PAUTA DE DISCUSIÓN PARA LAS ASAMBLEAS DE BASE DE LAS UNIVERSIDADES DE LA CONFECH

I. INTRODUCCIÓN.

Ante el escenario de cambio de Gobierno, la CONFECH, reunida el 9 de marzo de 2014 en el Hogar Pelontuwe en la ciudad de Temuco, reafirma políticamente la necesidad del Movimiento Estudiantil de transformar los pilares de la actual educación de mercado a un modelo educativo que responda a las necesidades de los pueblos. Esta voluntad transformadora no se ve expresada en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, por lo cual es necesario ratificar las diferencias ya expresadas en materia de gratuidad, fin al lucro y democratización de las instituciones educativas.

Ante el anuncio del Gobierno de presentar la “Reforma Educativa” dentro de los primeros 100 días de gobierno, resulta imperativo reactivar desde ya las asambleas y generar discusión en las bases estudiantiles. Para esto se decide que el Centro de Estudios de la FECH (CEFECH) en conjunto a la Mesa Ejecutiva de la CONFECH, elaboren una pauta de discusión sobre los puntos más conflictivos del programa de la Nueva Mayoría, y que a su vez, esta pauta sea acompañada de insumos que permitan una profundización del programa del Movimiento Estudiantil.

No obstante que la construcción del proyecto educativo ya está en curso en el seno de nuestras asambleas de base, esta pauta incluirá sólo dos secciones. La primera de ellas dice relación con la profundización del programa del movimiento estudiantil, basada en los tópicos de: (i) Lucro; (ii) Democratización; (iii) Financiamiento y (iv) Calidad. La segunda sección dice relación con una pauta de discusión que defina las “Estrategias y Tácticas del Movimiento Estudiantil” para este año 2014.

II. PROFUNDIZACIÓN DEL PROGRAMA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.

i) Lucro.

En primer lugar, cabe aclarar el concepto de lucro. “El lucro no es la ganancia, no es el flujo de energía, no es la distribución monetaria por una labor bien hecha; el lucro es orientar el quehacer de uno al enriquecimiento y hacer cosas con dicho fin u objetivo. En materia educacional implicaría subordinar el quehacer educacional a la lógica de la ganancia y al dinero” 1. Es decir, cuando estamos hablando de una prohibición efectiva del lucro en la educación significa que todas las utilidades generadas por un establecimiento educacional deben ser reinvertidas en cumplir los fines de la institución, entre los cuales no se encuentra la posibilidad de enriquecimiento personal. Esta prohibición de lucro no dice relación con las remuneraciones que recibe un trabajador y además, no se trata simplemente de las ganancias excesivas, sino de toda ganancia que sea destinada a fines distintos a los educacionales.

1 http://www.theclinic.cl/2009/02/06/la-verdadera-droga-dura-es-la-pobreza / [11-03-14]

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Bajo este paradigma del concepto de lucro, el desafío en nuestro sistema educativo y la postura del Movimiento Estudiantil es lograr una prohibición absoluta del lucro en todos sus niveles educativos y no sólo en las Universidades, como lo establece nuestra legislación actual, sino también en los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Por otro lado, se deben buscar mecanismos idóneos para lograr una verdadera erradicación del lucro en la educación.

El lucro reorienta los objetivos de las instituciones de educación desde el ánimo de educar a todos y todas, a la búsqueda de beneficios económicos para los dueños de dichas instituciones. Esto genera lógicas perversas en que dichos dueños, siempre estarán preocupados por reducir los recursos entregados a las instituciones de educación para mejoras de infraestructura, materiales de apoyo, mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores y educativas de sus estudiantes, en función de maximizar sus ganancias. Asimismo, es el mercado el que guía la creación y cierre de carreras profesionales, sin considerar las necesidades reales de los pueblos de Chile.

Por otra parte, el lucro instala una lógica empresarial en el funcionamiento de dichas instituciones. Esto significa que la educación, que debería ser un derecho, pasa a ser un bien de consumo, es decir, un bien transable en el mercado. PREGUNTA 1. ¿Existiría algún plazo de vacancia para que los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales se adecúen a esta prohibición de lucro? ¿Cuál sería ese plazo?

PREGUNTA 2. Bajo el paradigma que no deberían existir instituciones de educación superior que lucren: ¿Qué pasaría con los estudiantes de las Universidades que actualmente lucran una vez que se declare el cierre de la institución? ¿Cómo seguiría siendo administrada la Universidad?

PREGUNTA 3. ¿Cómo hacer efectiva la prohibición de lucro en el sistema universitario2?

ii) Democratización.

La demanda de democratización ha sido una de las principales banderas levantadas por el Movimiento Estudiantil, el cual ha planteado la necesidad de que existan espacios donde las prácticas cotidianas reflejen y modelen ejercicios de ciudadanía activa, y donde se contribuya a la solución de los problemas definidos en deliberación democrática, mediante la generación y apertura del conocimiento. No es posible pensar siquiera en tener una sociedad democrática si es que en la educación dichos principios de inclusión y participación no están incorporados. Frente a esta demanda, el programa de la Nueva Mayoría no se pronuncia.

2 Se debe considerar diferentes posibilidades, por ejemplo, el establecimiento de una legislación especial para regular los contratos entre partes relacionadas, establecer una prohibición absoluta de realizar contratos de leasing para obtener la utilización de un inmueble, regulación en el arrendamiento de mobiliario, en la contratación de servicios de outsourcing y similares por los cuales se retiran utilidades fraudulentamente.

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Si bien en el Gobierno de Piñera hubo una posición favorable a derogar los artículos 56 y 67 del DFL N°2 del 2010 del MINEDUC, los cuales prohíben expresamente el cogobierno y la participación de los estudiantes y funcionarios en la elección de las autoridades universitarias, tanto en las Universidades Privadas como en CFTs e IPs, esta derogación nunca se realizó.

Sin embargo, para avanzar efectivamente no solo es necesario la derogación de dichos artículos, sino también consagrar la participación de toda la comunidad en la elección de las autoridades universitarias y avanzar en la creación de una estructura de democratización que permita cumplir con los fines del movimiento estudiantil, los cuales corresponden a disputar desde esos espacios la gestión universitaria y la generación de conocimiento, el cual debe estar direccionado a las necesidades de los pueblos y no del mercado.

PREGUNTA 1. ¿Qué institucionalidad debería crearse para hacer efectiva la participación de la comunidad educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES)? ¿Cómo garantizamos el derecho de asociación de estudiantes y funcionarios en todas las IES? ¿Qué sanciones deberían tener aquellos establecimientos que coarten la libertad de asociación de sus estudiantes y funcionarios?

PREGUNTA 2. ¿Debiese existir cogobierno? ¿Paritario o proporcional? ¿Qué sectores debiesen participar? ¿Sólo estudiantes, profesores y funcionarios?

PREGUNTA 3. ¿La existencia de una institucionalidad democrática debiese ser un requisito de existencia de las Instituciones de Educación Superior?

PREGUNTA 4. ¿En qué niveles debiese darse el cogobierno? (Senados Universitarios, Consejos Universitarios, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela, Consejos de Departamento).

iii) Financiamiento.

Actualmente, las Universidades según su naturaleza jurídica se diferencian entre Universidades Estatales y Universidad Privadas. Sin embargo, no existe un financiamiento que sea otorgado a estas Universidades por su naturaleza jurídica.

La categorización de las Universidades que permite que ciertas Universidades reciban financiamiento mediante Aportes Fiscales Directos a las instituciones, es su pertenencia o no al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), donde coexisten Universidad Estatales y Universidades Privadas sin distinción alguna. La pertenencia al CRUCH está delimitada por un criterio histórico, pues aquellas Universidades que existían antes de 1981, sin importar su naturaleza privada o estatal, pasaron a ser llamadas Universidades Tradicionales, a las cuales después se les atribuyó el carácter de Universidades Públicas.

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Además, conforme al Decreto Ley N°4 de 1981 del MINEDUC, el 95% de los Fondos asignados por AFD son entregados en proporciones distintas a las Universidades pertenecientes al CRUCH en un orden de prelación fijado en dicho decreto. El otro 5% de los fondos del AFD asignados por la Ley de Presupuesto, son asignados a las Universidades conforme a criterios que año a año establece el MINEDUC.

El AFD corresponde al mecanismo de financiamiento que es conocido como Fondos Basales de Libre Disposición, pues una vez entregados a la Universidad, sus autoridades, amparados en la autonomía universitaria, determinan en qué actividades esos recursos serán utilizados, tal como en investigación, docencia o extensión (u otros fines).

Actualmente, el AFD cubre menos del 7%3 del presupuesto total de la Universidad de Chile, siendo ésta la Universidad del CRUCH que más recursos recibe por esta vía4, obligando a las Universidades a autofinanciarse por medio del cobro de aranceles.

El Movimiento Estudiantil ha manifestado un fin al financiamiento de la educación mediante subvención a la demanda y a favor de un financiamiento directo a las instituciones y sus proyectos educativos por medio de los presupuestos anuales de las Universidades. A su vez, ha planteado la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, el cual es recibido por las Universidad que “captan” a los mejores 27.500 puntajes PSU, indistintamente si son estatales o privadas, o si pertenecen al CRUCH. También ha sido un consenso la eliminación del Crédito con Aval del Estado y la condonación de las deudas a los estudiantes que han estudiando mediante créditos universitarios.

Sin embargo, aún queda pendiente una definición respecto a cuáles son las Universidades que deben ser financiadas por el Estado y cómo se debe realizar este financiamiento.

PREGUNTA 1. ¿Qué define a una Universidad Pública? ¿Su naturaleza jurídica es un requisito mínimo para considerar que estamos hablando de una Universidad Pública? ¿O sólo importa la función que desarrolla? ¿Puede ser una Universidad confesional considerada como pública?

PREGUNTA 2. ¿Qué Universidades deberían ser financiadas con Aportes Fiscales de Libre Disposición? ¿Su naturaleza jurídica (estatal o privada) importa al momento de recibir fondos de libre disposición por parte del Estado?

3 Cálculo realizado por CEFECH, en base al presupuesto presentado para transparencia por la Universidad de Chile para el 2013: http://web.uchile.cl/transparencia/archivos/Presupuesto2013.pdf4 En el sitio del Mineduc existe una lista con la asignación del AFD para cada Universidad del CRUCH hasta el año 2010: http://www.mineduc.cl/usuarios/1234/File/Aporte%20fiscal%20directo/Decreto%20167.pdf

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PREGUNTA 3. En el caso de decidir que sólo las Universidades Estatales deben ser financiadas. ¿Qué sucedería con el financiamiento a las Universidades Privadas? ¿Sus estudiantes seguirían recibiendo becas y créditos (subsidio a la demanda)? ¿Se financiaría a las Universidades Privadas bajo convenios de desempeño (mediante proyectos específicos de estructura o investigación, por ejemplo)?

PREGUNTA 4. En el caso de decidir que las Universidades deberían ser financiadas independiente de su naturaleza jurídica. ¿Qué criterios deben cumplir las Universidades para ser financiadas por el Estado (por ejemplo, estándares de investigación, docencia, extensión, democratización, infraestructura, o bien, toda institución acreditada)?

PREGUNTA 5. ¿En qué plazo debiese establecerse la gratuidad? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para alcanzarla?

iv) Acreditación y Calidad.

La discusión sobre el concepto de calidad se encuentra en disputa, pues no hay una definición clara respecto a lo que se entiende por calidad de la educación y cómo establecer una regulación de acuerdo a su contenido.

Los requisitos necesarios para la creación de las universidades privadas son insuficientes para favorecer la creación de instituciones universitarias que cumplan con altos estándares de calidad, pues su único requisito es el otorgamiento de la personalidad jurídica por parte del MINEDUC, la cual se logra con el solo hecho de depositar en las oficinas del mismo los estatutos que regirán a la corporación sin fines de lucro. Esto impide un control ex ante de cuestiones elementales en materia de calidad, como son una revisión del proyecto educativo; el establecimiento de metas y planificación en el desarrollo de la institución (por ejemplo, en torno a las carreras que impartirá, los planes de estudio con que contará, entre otros).

El responsable de fiscalizar, tanto política como jurídicamente, es el MINEDUC. Sin embargo, bajo el modelo de regulación actual, este órgano de la Administración del Estado descentraliza su responsabilidad en una multiplicidad de órganos auxiliares que tienen hoy una serie de atribuciones cruzadas, que difuminan su responsabilidad fiscalizadora y reguladora, reduciendo la acción de los mismos a una cuestión de mera voluntad política. Esto ha sido evidente en la falta de fiscalización del MINEDUC en el caso de contratos entre partes relacionadas de las Universidad de las Américas y Andrés Bello con el Grupo Laureate.

El sistema de acreditación, bajo el modelo regulatorio actual, cuenta con dos graves problemas: (i) permite la existencia de potenciales conflictos de interés en los directores de la Comisión Nacional de Acreditación, según la composición y estructura que esta presenta, y; (ii) la acreditación permite concluir procesos de verificación que terminan acreditando a ciertas instituciones por un número de

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años que no está basado en criterios sistemáticos para otorgar la acreditación, traduciéndose en una plantilla de instituciones acreditadas por un número dispar de años, que van entre 1 año y 6 años.

El actual sistema no contempla mecanismos claros de reclamo para los estudiantes, debiendo muchas veces recurrir al Servicio Nacional del Consumidor (en adelante “SERNAC”), cuestión no regulada y que reconoce solo un catálogo de derechos de los estudiantes como “consumidores” de la “prestación de servicios educacionales”. Sin embargo, las potestades del SERNAC no alcanzan a cubrir una serie de problemáticas que se originan a propósito de una mala prestación de la educación, como cuestiones de administración frente a instituciones cuyo reconocimiento oficial del Estado ha sido revocado (como el reciente y paradigmático caso de la Universidad del Mar).

PREGUNTA 1. ¿Qué entenderemos por calidad de la educación? ¿Qué elementos comprende?

PREGUNTA 2. ¿Cómo se regula la calidad de la educación superior? ¿Control indirecto (mediante acreditación) o control directo (fiscalización de normas)?

PREGUNTA 3. ¿Cuáles son los requisitos de existencia de una Universidad?

III. Estrategia y Táctica de la Movilización Social para el año 2014.

La llegada de la Nueva Mayoría al Gobierno representa un cambio importante en la definición táctica y estratégica que ha adoptado el movimiento estudiantil en los últimos años. De un Gobierno de

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Piñera que se manifestaba contrario a todo el programa del movimiento estudiantil y asumía una oposición clara en la “vereda del frente”, pasamos a un Gobierno que en su programa para lograr su triunfo electoral intenta cooptar las demandas estudiantiles, adoptando sus eslóganes pero sin mostrar claridad respecto al contenido efectivo al momento de implementar su programa de Gobierno.

Esto ha generado una necesidad en el movimiento estudiantil de ir más allá de las máximas programáticas, tal como resultó ser una demanda por educación gratuita, pública y de calidad, sino se hace necesario realizar una profundización programática que de elementos para dilucidar las diferencias existentes con el programa de la Nueva Mayoría, más aun cuando el Ministro de Educación ha realizado una invitación para dialogar con la CONFECH.

En este contexto político, urge que los estudiantes de base definan una táctica y estrategia para enfrentar el nuevo ciclo político.

PREGUNTA 1. ¿Debe aceptarse la invitación a dialogar realizada por el Ministro de Educación? En el caso de ser aceptada, ¿bajo qué términos?

PREGUNTA 2. ¿Cuándo debe realizarse el hito de unificación con los otros actores de la educación? ¿Qué características debiese tener ese hito?

PREGUNTA 3. ¿Cuáles deben ser los siguientes pasos para realizar una profundización programática y continuar la construcción del Proyecto Educativo?

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