participación y sostenibilidad: el papel de los movimientos ciudadanos
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INTRODUCCIÓN
EL desafío de la participación ciudadana, en el marco de un
Estado democrático de derecho, equivale en esencia, al compromiso
social y político de fortalecer una ciudadanía activa y responsable con
el medio ambiente y su interacción sustentable en el entorno
geográfico. El avance en esta dirección está condicionado por las
características de la sociedad civil, en tanto espacio de articulación y
construcción de la diversidad de actores, con sus propias debilidades y
fortalezas, y cuya interacción, en un juego de fuerzas y conflictos, van
a permitir la emergencia del Estado democrático y la fortaleza
institucional que se logre en cada régimen democrático particular.
La ciudadanía, más que un atributo predefinido e inamovible, es
una realidad o una práctica en construcción y está en la evolución de
los Estados democráticos, ha ido ampliándose a partir del
reconocimiento de los derechos individuales o civiles, para abarcar los
derechos políticos y más recientemente los derechos sociales incluido
el derecho a la protección y conservación de los servicios ambientales.
Esta ampliación de derechos ha dependido y depende del
fortalecimiento de los actores que conforman la sociedad civil, así
como de los avances en su inclusión como ciudadanos, de sectores o
grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. En consecuencia, la
construcción de ciudadanía ha ido aparejada al reconocimiento de los
derechos de sectores sociales que no gozaban de ellos y que han
conquistado su reconocimiento y con ello ampliado el concepto de
ciudadanía.
1. PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS CIUDADANOS.
La participación ciudadana en la configuración de un modelo de
desarrollo sostenible es un derecho fundamental y un mecanismo
imprescindible de cambio y un modelo que satisfaga nuestras
necesidades sin comprometer y poner en riesgo las necesidades de
las generaciones futuras exigen cambios estructurales en el modelo de
producción y consumo actual. La transformación del modelo de
desarrollo necesita de una participación activa, real y efectiva de la
sociedad civil, tanto para legitimar las decisiones, como para
garantizar la eficiencia de las mismas.
El Desarrollo Sostenible implica la modificación de valores,
actitudes y conductas de todos los agentes de nuestra sociedad:
administración, empresa y consumidores. Todos tenemos el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado, y el deber y la
responsabilidad (responsabilidad compartida, aunque diferenciada) de
protegerlo.
El papel de los ciudadanos, grupos, tanto para ejercitar sus
derechos como para asumir sus responsabilidades en este camino,
derivan, en gran medida, de los mecanismos que la Ley les ofrezca
para su participación. Sin olvidar que el Desarrollo Sostenible exige la
interrelación de las políticas sociales, económicas y ambientales.
Los mecanismos públicos institucionales de participación
ciudadana para la protección del medio ambiente y los mecanismos
públicos institucionales de participación ciudadana no son los únicos
existentes. De hecho, existen mecanismos complementarios (no
sustitutivos ni planteados como alternativa de desregularización) de
participación privada voluntaria del mundo de la empresa: sistemas
voluntarios de autogestión y auditoría; acuerdos voluntarios; buenos
códigos de conducta ambiental; participación sindical; participación
derivada de la responsabilidad social corporativa, etc. De hecho, la
tendencia de implicar al sector privado con el desarrollo sostenible, en
su triple dimensión, es creciente en un mundo cada vez más
globalizado, interrelacionado y privatizado.
Otros mecanismos de participación no institucionales existentes
que utilizan los movimientos ciudadanos, sociales, ecologistas y
ONGs: foros sociales, manifestaciones, concentraciones, acciones
directas, etc. que, aun pudiendo ser mecanismos ilegales en
determinadas circunstancias, puedan ser vías legítimas alternativas de
participación y movilización ciudadana. De hecho, los movimientos
sociales y ecologistas están reflexionando sobre las vías de
participación y acción a emprender en la protección del medio
ambiente. Parece existir una tendencia a la institucionalización del
movimiento ecologista, más abierto a la colaboración con las
administraciones públicas. Sin embargo, persiste el temor de que esta
participación institucional no sea realmente considerada en los
resultados y sea utilizada, más bien, para dar una imagen de
participación plural y consensuada.
2. PAPEL DEL MUNICIPIO EN LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
El municipio es considerado un actor fundamental dentro del
Sistema Nacional Ambiental del estado y la base institucional y
territorial de la organización política administrativa del país. El
municipio como entidad territorial con autonomía en la orientación y
gestión del desarrollo territorial en el área de su jurisdicción, es la
unidad básica no sólo de la planeación y el ordenamiento, sino
también de la gestión ambiental como parte de la gestión pública. Para
tal fin, requiere coordinar e interactuar con otras instancias y entidades
del Estado, municipios vecinos, municipios que ofertan o demandan
bienes y servicios ambientales; como también hacer participar la
sociedad civil y los actores económicos, culturales y sociales
(empresas, industrias, ONG, gremios, centros de investigación
científica y tecnológica, entre otros), para el cumplimiento de su
objetivo.
Los municipios tienen una responsabilidad hacia el medio
ambiente directa, inmediata e ineludible. Hasta hace pocos años los
estos entes entendían su responsabilidad hacia el medio ambiente
como una cuestión adicional a sus funciones que tenían relativamente
poca significación. Tal vez consideraban que no era mucho lo que ese
nivel de gobierno podía aportar en dicha materia y todavía hoy algunos
municipios y sus consejos municipales no han caído en la cuenta que,
de los tres órdenes de gobierno, ellos están directamente en contacto
con la geografía y el medio ambiente de su territorio. Sin embargo, el
impacto de los problemas ambientales sobre nuestra vida cotidiana se
deja sentir cada vez con mayor intensidad, porque siempre será en el
territorio de algún municipio donde se desarrolle.
Este trabajo se concentra en las responsabilidades que la
Constitución Nacional impone de manera exclusiva a los municipios,
mismas que por su naturaleza tienen hondas consecuencias
ambientales. No se comentan otras obligaciones que se comparten
con las autoridades estatales o federales. Varios servicios públicos
que la Constitución asigna como facultades y obligaciones municipales
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los
habitantes. Los municipios deben revisar sus prioridades de gobierno y
privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes.
Los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de
aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados son de aquellos
que inciden sobre el bienestar y sobre el estado del medio ambiente.
No deben mantenerse en segundo plano porque el precio que paga el
ciudadano y la naturaleza es inconmensurable. En otras palabras,
debemos cambiar el paradigma de la administración municipal hacia el
propósito del desarrollo sostenible.
3. PAPEL DE LAS AGRUPACIONES DENTRO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
La gestión ambiental ciudadana es propiciada por la sociedad
civil a través de las ONG y demás organizaciones ciudadanas. La
competencia de la organización ciudadana es aglutinar a toda la
comunidad en general y tiene como responsabilidad velar por un
medio ambiente sano, siendo partícipe y veedora del cumplimiento del
cumplimiento de los objetivos, tanto de la organización pública como
de la empresarial. De ésta manera, la sociedad civil como aquella que
aglutina a todos los individuos en general, incluyendo las ONG y
organizaciones comunitarias de todo tipo, no incluye en la sociedad
civil al sector empresarial.
Entre las funciones ambientales básicas de la gestión ambiental
ciudadana bajo el enfoque sistémico, aquellas derivadas de la gestión
ambiental pública y de sus áreas de acción, introduciendo en cada una
de ellas el componente de participación social y comunitaria. Estas
funciones son: la participación para la política y la planificación
ambiental, la participación para el fomento al desarrollo sostenible y la
veeduría y control ciudadano.
En la función de la participación para la política y planificación
ambiental, la sociedad civil debe participar en la toma de decisiones
sobre la concepción, formulación y armonización de la política
ambiental a nivel estatal y en los procesos colectivos de ordenamiento
y planificación territorial, de tal manera que se representen las
aspiraciones, valores e ideas de la sociedad para avanzar al desarrollo
sostenible. En esta función, las ONG y los grupos organizados, entre
otros, desempeñan un papel fundamental a través de su experiencia
en la capacitación y aplicación de la democracia participativa.
4. DEFICIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A pesar de que la Administración ha buscado, y sigue buscando,
medios para mejorar su relación con la ciudadanía aportando más
información y fomentando la participación, existe una mayor demanda
por parte de los ciudadanos de incidir en la toma de decisiones
concretas.
Las propias instituciones han mostrado una baja capacidad de
respuesta a esta demanda debido a la complejidad creciente y
continua de la realidad. Paradójicamente, en los aspectos de la vida
cotidiana, existe una mayor dificultad para las Administraciones en dar
respuesta inmediata a problemas habituales, como las reparaciones
en un parque o en la resolución y ejecución de una gran obra
urbanística.
Un análisis de esta cuestión, como se apunta en varias
ocasiones en la Mesa de “Participación e integración de los agentes
sociales en la gestión ambiental”, lleva a concluir que la baja
capacidad de respuesta de la Administración es debida a las
siguientes razones:
• Estructuras y procedimientos rígidos y jerárquicos característicos de
la Administración pública.
• Un elevado número de Administraciones en interacción con intereses
muy diversos y con una distribución difusa de competencias entre
ellas, que provoca una deslocalización de las causas y efectos de los
problemas ambientales.
• La existencia de una vida política profesionalizada tiene como
inconveniente la supremacía de las lógicas de partido por encima de
las lógicas sociales.
• Falta de credibilidad general en la voluntad de los poderes públicos
de resolver, especialmente, las problemáticas ambientales.
• Ausencia de sistemas adecuados para que los ciudadanos expresen
sus opiniones y preferencias sobre cuestiones concretas, ya que su
rango de opciones en el momento de las elecciones se limita a
diversos agregados ideológicos representados por los partidos. Esto
cuestiona la transferencia de legitimidad a los representantes en
relación con problemas concretos, como pueden ser muchos de los
problemas ambientales.
5. DIFICULTADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
De forma tradicional los gestores públicos han evitado procesos
de participación social esgrimiendo diversas razones como las que se
enumeran a continuación:
• El gran público es ignorante y/o apático.
• El coste del tiempo que hay que invertir en el proceso de
participación es desproporcionado respecto a los beneficios
esperables
• Los gestores suelen considerar que son los que tienen la
responsabilidad de emitir un juicio profesional.
• Se tiende a considerar que las instituciones gubernamentales
tienen obligaciones legales que no pueden ser transferidas a
nadie.
• Posibilidades de manipulación de los foros que se constituyan
por grupos de intereses particulares.
Estos argumentos muestran los temores que poseen los propios
gestores ante estos procesos de participación que, unidos al
desconocimiento e incertidumbre de las Administraciones respecto a
las metodologías de participación social que emplear, la falta de
antecedentes cercanos y posibles malas experiencias semejantes en
otros campos, provocan el miedo, por parte de los representantes
políticos, al fracaso.
6. FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cambio, existen muchas razones que justifican por sí mismas
la participación ciudadana, debido a que las resoluciones de muchos
de los problemas ambientales tienen como consecución ciertos
aspectos que requieren necesariamente, en parte, de la participación
ciudadana para ser superados. A modo general se consideran los
siguientes:
Cambio de actitudes cotidianas y por tanto de mentalidad . No se puede llevar a cabo reformas de actitudes, con la agilidad
y detalle que requiere cada caso, exclusivamente mediante
medidas legislativas, fiscales, políticas, ni campañas informativas
y educativas, sino que requiere de la implicación de la
ciudadanía en el diseño, decisión, consecución y vigilancia de
los planes, programas y acciones que se decida emprender.
Para obtener ciertas actitudes deseables se necesita que la
sociedad, además de ser consciente de los problemas locales y
globales, adquiera una verdadera conciencia y para ello se requiere
una implicación y un compromiso ético. Es precisamente, mediante
esta participación ciudadana por donde puede encauzarse esta
implicación de la ciudadanía en los problemas ambientales.
Comprender lo global mediante la implicación local. Es cierto
que la implicación de la ciudadanía en los problemas
ambientales sólo puede llevarse a cabo en aquellos asuntos que
le afectan directamente (locales) o excepcionalmente en
aquellos asuntos de gran repercusión, normalmente motivados
por algún tipo de catástrofe. Se ha argumentado en ocasiones
que esta dedicación local impide la visión global, pero la
experiencia confirma todo lo contrario.
Sólo es posible una verdadera implicación, no meramente
ideológica, con los problemas globales o los acaecidos en otras
regiones, más o menos alejadas, por analogía a los problemas de la
experiencia local. Por ello, sin una verdadera experiencia local es
difícil una sólida conciencia global. No puede haber conciencia sin
experiencia y la participación ciudadana permite a los ciudadanos
obtener esa experiencia como un servicio público más, que le alimente
como persona y ciudadano, como es la propia educación primaria o el
servicio de bibliotecas públicas, por citar sólo algunas.
Obtención de información precisa . La obtención de
información precisa, a pesar de los grandes avances
tecnológicos e informáticos que permiten grandes aplicaciones y
un gran ahorro de costes, no puede darse sin la participación.
Los programas y actuaciones que se realicen no tendrán el éxito
esperado si no poseen una información particularizada sobre las
necesidades reales de la población y sus problemas concretos.
Desarrollo endógeno . La tesis de la sostenibilidad afirma que
parte de los pilares del desarrollo sostenible de muchas regiones
debe basarse en un desarrollo endógeno, que no puede
articularse sin un sistema eficaz de participación ciudadana en el
propio desarrollo de la región. Mediante el desarrollo endógeno
es posible el aprovechamiento eficiente de los recursos y la
minimización de residuos, así como activar mecanismos eficaces
de reutilización y reciclaje y mantener el tejido social necesario
para llevar a cabo este desarrollo.
Mantenimiento y vigilancia . La participación ciudadana es
indispensable para el desarrollo de un eficaz sistema de
vigilancia y mantenimiento, ya que los habitantes y ciudadanos
son los primeros que van a detectar irregularidades, fallos,
averías, inconvenientes, desperfectos, etc. que podrán
solucionar mediante los mecanismos que estén previstos, así
como alertar a los responsables adecuados. Un desarrollo de la
participación ciudadana provoca que los planes y políticas
emprendidas se sientan como propios y, por tanto, que los
ciudadanos hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios,
etc. como si fueran propios, así como alertar a tiempo de los
posibles contratiempos o desperfectos.