BIBLIOTECA DE LA CULTURA PANAMEÑA

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

TOMO 15SEGUNDO VOLUMEN

CELESTINO ANDRES ARAUZ

p"AMAAMAY SUS

RELACIONESINTERNACIONALES

ESTUDIO INTRODUCTORIO,NOTAS Y ANTOLOGIA

PANAMÁ

BIBLIOTECA DE LA CULTURA PANAMEÑA

Con la edición de los volúmenes de la Biblioteca de laCultura Panameña, la Universidad de Panamá contribuye adifundir el acervo cultural de nuestro país, con el objetivo deque propios y extraños, especialistas y profanos, puedenaproximarse a las expresiones y testimonios representativosde lo que somos y hemos sido como nación .

Después de varios años de haberse suspendido laspublicaciones se reanuda esta labor, con la convicción de queel conocimiento de lo propio es imprescindible para llevar afeliz culminación cualquier proyecto vital, tanto en el ámbitoindividual cuanto en el colectivo .

La Universidad de Panamá, fiel a sus postulados,cumple así con una de sus funciones primordiales : poner alservicio y al alcance de los panameños los bienes de la culturay los instrumentos del conocimiento .

DR. CARLOS IVAN ZUÑIGA GUARDIARector

UNIVERSIDAD DE PANAMA

BIBLIOTECA DE LA CULTURA PANAMEÑA

TOMO 1

GEOGRAFIA DE PANAMA .TOMO 2

POBLACION, ECONOMIA Y SOCIEDADDE PANAMA.

TOMO 3

INSTITUCIONES JURIDICAS Y PENSAMIENTOURIDICO .

TOMO 4

LA EDUCACION EN PANAMA .TOMO 5

EL DESARROLLO DE L AS CIENCIAS SOCIALESEN PANAMA.

TOMO 6

EL PENSAMIENTO POLITICO EN LOS SIGLOSXIX Y XX .

TOMO 7

EL ENSAYO EN PANAMA .TOMO 8

ESCRITOS DE USTO AROSEMENA .TOMO 9

EL PENSAMIENTO Y LA ACCION DE BELISARIOPORRAS .

TOMO 10

EL PENSAMIENTO DE RICARDO . ALFARO .TOMO 11

LA LITERATURA PANAMEÑA .TOMO 12

LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS ENPANAMA.

TOMO 13

EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALESY LA MEDICINA EN PANAMA .

TOMO 14

PANAMA EN SUS USOS Y COSTUMBRES .TOMO 15

PANAMA Y SUS RELACIONESINTERNACIONALES .

TOMO 16

EL CANAL DE PANAMA .

CELESTINO ANDRES ARAUZ

P "AMAY SUS

RELACIONESINTERNACIONALES

ESTUDIO INTRODUCTORIO,NOTAS Y ANTOLOGIA

UPAN

Editorial UniversitariaPanamá, 1994

PANAMÁY SUS RELACIONESINTERNACIONALES

C Editorial Universitaria, 1994 .Estafeta Universitaria .Panamá, Rep . de Panamá .Tel. 64-2087

©Celestino Andrés Araúz, 1994 .

Sra. Mary Rosas de Natera .Editora de la Editorial Universitaria .

Levantado de texto :Mary Rosas de Natera

Prof. Efigenia Cedeño G .Mélida ohnston

Odeth 1. Kú R.

Revisión del texto :Rogelio B. Reyter Vogel

Prof Efigenia Cedeño G .Alfredo Figueroa Navarro

Celestino A . Araúz

Armado: Licda. Dafne Ramírez A .

Aprobado por el Consejo Editorial Universitario en junio de 1993 .Impreso en los Talleres de la Imprenta Universitaria .

TOMO 15Segundo Volumen

PAN-AMA

Y SUSRELACIONES

INTERNACIONALESESTUDIO INTRODUCTORIO,

NOTAS Y ANTOLOGIA

INDICE

EPILOGO: Del golpe militar del 11 de octubre de 1968 : ala invasión estadounidense del 20 de diciembrede 1989 1

NOTAS 79

ANTOLOGIA DE DOCUMENTOS

Instrucciones dadas a Pedrarias Dávila . (11 de agostode 1513) 179

Real Cédula sobre el establecimiento de la Real Audienciade Panamá. (26 de febrero de 1538)195

Decreto de Francisco de Paula Santander sobreorganización provisional del Departamento del lstmo .(Bogotá, 9 de febrero de 1822)197

Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación.(Mallarino-Bidlack) 12 de diciembre de 1846199

Nota de Pedro Alcántara Herrán, EnviadoExtraordinario y Ministro Plenipotenciario de la NuevaGranada al Secretario de Estado de los Estados Unidos(New York, diciembre 8 de 1856)201

El Laudo loubet.(Rambouillet, 8 de septiembre de1900) 203

Memorándum del Plenipotenciario Colombiano, Doc-tor Carlos Martínez Silva, ante el Gobierno de Wash-

IX

ington sobre la cuestión del Canal Istmico con losEstados Unidos . (Washington, junio 25 de 1901)221

El Memorándum Moore. (2 de agosto de 1903)235

Convención del Canal lstmico o Tratado Hay-Bunau-Varilla . (1 8 de noviembre de 1903)243

Exposición presentada al Secretario de Estado de losEstados Unidos de América por el EnviadoExtraordinario y Ministro Plenipotenciario dela República de Panamá, osé Domingo de Obaldía .(Washington, 11 de agosto de 1904)259

Nota Protesta del Secretario de Relaciones Exterioresde Panamá, Ernesto T. Lefevre al MinistroNorteamericano, William Price, sobre el desarme dela Policía Nacional en mayo de 1916275

Nota Protesta del Ministro de Panamá en Washington,Narciso Garay al Secretario de Estado Charles E .Hughes, sobre la pérdida de Coto en agosto de1921 279

Discurso pronunciado por Galileo Salís, PrimerDelegado de Panamá a la XVIl Asamblea de la Sociedadde las Naciones, en la reunión plenaria celebrada elsábado 26 de septiembre (1936) alas 10 .00 a.m285

Tratado de Límites entre Panamá y Costa Rica .(Sanosé , lo. d e mayo de 1941) 295

Memorándum que el Embajador de Panamá en Wash-ington D. C. (Carlos Brin) presenta el Excelentísimoseñor Presidente de los Estados Unidos de América

X

(Franklin D. Roosevelt).(Washington, 18 de febrero de1941) 301

Convenio sobre Arrendamiento de Sitios de Defensa dela República de Panamá.(Panamá, 18 de mayo de1942) 305

Proclama del Poder Ejecutivo, Resolución y Ley de laAsamblea Nacional de Panamá sobre existencia de unestado de guerra entre Panamá y apón, Alemania eItalia. (7, 8, y 10 de diciembre de 1941)315

Informe de la Comisión Investigadora sometido alConsejo de la Organización de los Estados Americanosactuando provisionalmente como órgano de consulta,en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 de laResolución del Consejo aprobada el 28 de abril de1959.(Invasión de los Mercenarios Cubanos aPanamá) 323

Informe de la Comisión Política Internacional (rendidoel 20 de septiembre de 1960 al Presidente electo de laRepública 1960-64, Don Roberto F . Chiari)343

Nota del Ministro de Relaciones Exteriores dePanamá, Galileo Solís, al Secretario de Estado de losEstados Unidos sobre el rompimiento de lasrelaciones diplomáticas (Panamá, 10 de enero de1964) 393

Nota del Embajador, Representante permanente dePanamá ante las Naciones Unidas, Aquilino Boyd,dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad . (10 deenero de 1964) 395

XI

Discurso pronunciado por Miguel Moreno .Ir.,Embajador, Representante de Panamá, en la sesiónextraordinaria del Consejo de la Organización delos Estados Americanos celebrada el 31 de enero de1964 397

Declaración Conjunta Moreno-Bunker (3 de abril de1964) 407

Discurso del Presidente del Consejo de Seguridad S .E.Aquilino Boya, Representante de Panamá en Relacióncon el Proyecto de Resolución presentado por Guinea,India, Indonesia, enia, Panamá, Perú, Sudán yYugoslavia . (Sesión 1704 a., Panamá, miércoles 21 demarzo de 1973) 408

Discursos del Presidente de los Estados Unidos, immyCarter y del efe de Gobierno Omar Torrijos Herrera,ante la organización de los Estados Americanos conmotivo de la firma de los Tratados del Canal de Panamá .(7 de septiembre de 1977) 427

Conclusiones y recomendaciones de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos. Resoluciónsobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá,44° período de sesiones, Washington, 22 de junio de1978 433

Tratado entre la República de Panamá y la República deColombia y Declaración de Montería . (Montería 22 y23 de agosto de 1979) 439

Carta del Presidente de Panamá, Aristides Royo alPresidente de los Estados Unidos, immy Carter.(Panamá, 9 de enero de 1980)449

XII

Asamblea Nacional de Representantes deCorregimientos, Resolución N° 10, 'por el cual sedeclara al país en estado de guerra y se adoptan medidaspara hacer frente a la agresión extranjera" .(Panamá, 15 de diciembre de 1989)463

Resolución N° 11, de 15 de diciembre de 1989, por lacual se otorgan poderes especiales al efe de Gobierno .(Panamá, 15 de diciembre de 1989)469

Estatuto de Retorno inmediato a la plenitud del OrdenConstitucional. (21 de diciembre de 1989)473

XIII

EPILOGO

Del golpe militar del 11 de octubre de 1968a la invasión estadounidense del 20 de diciembre

de 1989

Para concluir este estudio sobre las relaciones Interna-cionales de nuestro país, en particular con Estados Unidos,precisa realizar una somera descripción de la situaciónpolítica interna, durante el régimen militar . Ambas, enocasiones han estado estrechamente vinculadas y, comoveremos, desembocaron en la cruenta invasión del 20 dediciembre de 1989 .

Importa recordar que a raíz del golpe de cuartel del 11 deoctubre de 1968 que derrocó al Presidente constitucionalArnulfo Arias, asumió el mando una unta Provisional deGobierno presidida por el Coronel osé M . Pinilla e integradaademás por el Coronel Bolívar Urrutia . No obstante, lamisma actuó bajo las directrices del Estado Mayor de laGuardia Nacional encabezado por el Mayor Boris Martínez, elCoronel Omar Torrijos Herrera y los también Mayores Fede-rico Boyd, Amado Sanjur, Ramiro Silvera, Pantaleón de laGuardia, Nentzen Franco, Rodrigo García y HumbertoRamos, entre otros . En consecuencia, se gobernó durantevarios meses mediante los denominados "Decretos de Gabi-nete", toda vez que el Estado Mayor se convirtió en un cuerpocolegiado con funciones ejecutivas y legislativas, y si bienpermaneció el órgano judicial, el mismo no actuó con inde-pendencia ni se respetó su integridad . Aunque se designarona ciudadanos civiles como ministros de Estado del nuevoGobierno, estaba claro quien era el que tomaba las decisionesen el país .

Pese a que los militares golpistas se presentaron comolos restauradores de la "moral republicana" y los garantes del"orden constitucional", al tiempo que se autodenominaron"movimiento de restauración de la República , el gobierno deEstados Unidos, como dijimos, suspendió sus relaciones

1

diplomáticas con el régimen castrense de Panamá. ElSecretario de Estado Dean Rusk declaró : "Estamos profun-damente preocupados al saber que la Guardia Nacional haderrocado al gobierno recientemente inaugurado del DoctorArnulfo Arias y subrayó : "Tenemos estrechas relaciones conPanamá e interés en la estabilidad del Istmo, en vista denuestra presencia allí como administrador del Canal dePanamá. Este golpe de Estado debe igualmente preocupar anuestras repúblicas hermanas en el hemisferio" . No obstan-te, el 13 de noviembre, Washington reanudó las relacionesdiplomáticas reconociendo el régimen militar, mediante notaentregada por el Embajador Charles W . Adairr., al Ministrode Relaciones Exteriores Carlos Alfredo López Guevara . Enel Departamento de Estado oficialmente se anunció que sehabía tomado esta decisión "después de extensas consultascon otras naciones miembros de la Organización de EstadosAmericanos, conforme a lo estipulado en la Resolución XXVIde la Segunda Conferencia Especial Interamericana."Además se puntualizó : "En el desarrollo de estas consultashemos concedido cuidadosa consideración a la públicamen-te declarada intención del gobierno panameño de celebrarelecciones, regresar al gobierno constitucional, respetar losderechos humanos y observar las obligaciones internaciona-les de Panamá. El gobierno panameño ha dado los primerospasos hacia la realización de estas intenciones mediante laintegración de un tribunal que se encargará de preparar losprocedimientos y regulaciones para futuras elecciones, y larestauración de algunas de las garantías constitucionalesque fueron suspendidas a raíz del golpe de Estado . Tambiénhemos notado que el decreto restaurando estas garantíasreitera la primera intención del gobierno de restablecer latotalidad de los derechos constitucionales lo más prontoposible y celebrar elecciones libres" . (913)

Ya nos ocupamos del reconocimiento diplomático queotros países le dieron al régimen castrense panameño y de losprimeros postulados de éste con respecto a la política exte-rior . Pero precisa recordar que pese a que en un principiolos militares golpistas dieron la impresión de conformar un

2

sólido bloque, muy pronto surgieron graves fisuras en elmismo. Ya dijimos que si bien existía una unta Provisionalde Gobierno, era obvio que quien gobernaba era el EstadoMayor, cuyo jefe era el Mayor Boris Martínez, así como elCoronel Omar Torrijos, quien a partir del 5 de diciembre de1968 pasó a ser Comandante de la Guardia Nacional . Sesostiene que Martínez estuvo disconforme con la designacióndel primer Gabinete de Gobierno por lo que presionó paracambiar algunas de las figuras del mismo, tal como se hizoa principios de enero de 1969 . El 21 de febrero, en unacadena de radio y televisión, los militares comunicaron unvasto programa de expropiación e incorporación de tierras, laextinción de los partidos políticos existentes, el despido de losfuncionarios públicos que por omisión o comisión se desvia-ran de las "bases originarias de la revolución" y otra serie demedidas, al parecer aupadas por Boris Martínez . Tres díasdespués Torrijos en un comunicado al país anunció que porrecomendación de la Comandancia del instituto armado y delEstado Mayor, la unta Provisional de Gobierno había deci-dido "trasladar" a diversos cargos en el extranjero al entoncesCoronel Boris Martínez, a los Tenientes Coroneles FedericoBoyd y Humberto Ramos, al igual que al Mayor Humbertoiménez. En verdad, todos fueron hechos prisioneros y

deportados a Estados Unidos . Años después Martínez afirmóque la causa de su expulsión del poder fue por su afán deerradicar la corrupción en el país y por la actitud del gobiernoestadounidense que quena a toda costa, una comisiónnegociadora para concertar un nuevo Tratado del Canal yque en ese sentido se pulsó su opinión: "Contesté que elnuestro era un gobierno de facto, producto de un golpe deEstado, que no tenía representatividad para un negocio tanserio y tan fundamental para la República" . (914)

Aunque Torrijos se afianzó momentáneamente en elpoder con la expulsión de Boris Martínez y sus seguidores, amediados de diciembre de 1969 tuvo que afrontar un intentode golpe perpetuado dentro de la propia Guardia Nacional,aprovechando un viaje que el Comandante hizo a México .Encabezaron el movimiento cuartelario los entonces Corone-

3

les Amado Sanjur, Ramiro Silvera y Nentzen Franco con laanuencia de los miembros de la unta Provisional de Gobier-no, Coroneles Pinilla y Urrutia . Se desconocen los pormeno-res del frustrado movimiento castrense, si bien se esgrimiósu tendencia anticomunista, pero en verdad fue mal organi-zado y permitió que Torrijos retornara al país con el apoyo delos militares que le eran fieles como el efe de la Quinta Zonamilitar de Chiriquí, Manuel Antonio Noriega, por lo que aquélreasumió con firmeza el mando . Más aún, bajo la consignade "El General volvió", a partir del 16 de diciembre o "Día dela lealtad" corno se le llamó posteriormente, se acentuó lapresencia izquierdista en el gobierno . Como nuevo Presiden-te de la unta Provisional se designó a Demetrio BasilioLakas, un hombre de confianza de Torrijos, mientras queArturo Sucre P ., pasó a ser miembro de la misma . Para evitarmás fisuras en el régimen, Torrijos mantuvo a los miembrosdel Gabinete que actuaban antes del conato golpista .

Con el propósito de darle legitimidad al gobierno militar,se llamó a elecciones en 1972, sin la participación de lospartidos políticos que, como dijimos, habían sido suprimi-dos. De este modo se estableció una Asamblea Nacional deRepresentantes de Corregimientos integrada por 505 miem-bros. Esta nueva entidad reemplazaba a la antigua Asam-blea Nacional integrada por diputados y se le conoció comoel "Poder popular" . Más aún, en la nueva Constitución seabandonó la clásica división de los tres poderes y además dela mencionada Asamblea Nacional de Representantes, seestableció el Consejo Nacional de Legislación y el PoderEjecutivo a cargo de un Presidente para el que fue reelegidopor un período de seis años Demetrio Basilio Lakas y comoVicepresidente Arturo Sucre, quien después seria reempla-zado por Gerardo González. El órgano judicial pasó adepender del Ejecutivo y se crearon otras estructuras admi-nistrativas de carácter popular, como el Consejo Provincialde Legislación, el Consejo Municipal y las untas Comunalesy locales .

4

Todo este sistema "actuaría en armónica colaboraciónentre sí y con la fuerza pública", mientras que Omar Torrijosconcentró todos los poderes del Estado, según una disposi-ción transitoria de la nueva Constitución, que a la letraexpresaba :

"Artículo 277 Se reconoce como Líder Máximo de laRevolución panameña al General de Brigada Omar TorrijosHerrera, Comandante efe de la Guardia Nacional . Enconsecuencia, y para asegurar el cumplimiento de los obje-tivos del proceso revolucionario, se le otorga, por el términode seis años, el ejercicio de las siguientes atribuciones :Coordinar toda la labor de la Administración Pública; nom-brar y separar libremente a los Ministros de Estado y a losMiembros de la Comisión de Legislación ; nombrar al Contra-lor General y al Subcontralor General de la República, a losDirectores Generales de las entidades autónomas y semiau-tónomas y al Magistrado del Tribunal Electoral, que lecorresponde nombrar al Ejecutivo, según lo dispone estaConstitución y la Ley; nombrar a los efes y Oficiales de laFuerza Pública de conformidad con esta Constitución, la Leyy el Escalafón Militar; nombrar con la aprobación del Consejode Gabinete a los Magistrados de la Corte Suprema deusticia, al Procurador General de la Nación, al Procurador

de la Administración y a sus respectivos suplentes ; acordarla celebración de contratos, negociación de empréstitos ydirigirlas relaciones exteriores .

El General Omar Torrijos Herrera tendrá, además, facul-tades para asistir con voz y voto a las reuniones del Consejode Gabinete y del Consejo Nacional de Legislación, y partici-par con derecho a voz en los debates de laAsamblea Nacionalde Representantes de Corregimientos y de los Consejos Pro-vinciales de Coordinación y de las juntas Comunales" . (915)

Este artículo, pieza única en los anales de nuestrahistoria republicana, instauró una dictadura "constitucio-nal" que trató de atenuarse con el populismo paternalista delrégimen bajo las consignas de "dictadura con cariño", "revo-

5

lución diferente" y "lo que yo quiero para mis hijos lo quieropara mi pueblo", entre otras, según palabras del propioTorrijos. Por su parte, la oposición habló de "autocracia","reformismo burgués" y otros términos con connotacionespeyorativas .

Sin duda, la posición de los militares se robusteció conel auge económico que experimentó nuestro país a inicios delos años setenta cuando Panamá obtuvo la asistencia del go-bierno estadounidense y de la banca internacional, al puntoque se convirtió en un importante centro financiero. Sesuscitó, en consecuencia, una verdadera danza de los millo-nes y el régimen castrense jefaturado por Torrijos asumió elpapel de inversor y en el sector industrial desembolsó milla-res de dólares en proyectos tales como los ingenios, hidroe-léctricas, puertos pesqueros, minas para la extracción decobre y otros que propiciaron la corrupción y culminaron, ensu mayoría, en un rotundo fracaso .

No es el caso detallar los diversos actos de oposición quese dieron contra los militares, virtualmente desde el momen-to mismo en que llevó a cabo el golpe de cuartel del 11 deoctubre de 1968, al igual que la represión de que fueronobjeto. Más lo cierto es que ninguna de las protestas, inclusoarmadas como la guerrilla urbana del movimiento de Libera-ción Nacional 29 de Noviembre y las guerrillas arnulfistas enlas montañas de Chiriquí y Coclé, pusieron en peligro laestabilidad del régimen castrense y solo las nuevas condicio-nes creadas con la firma de los Tratados Torrijos-Carter,como dijimos, allanaron el camino para el surgimiento de unnuevo clima político interno, si bien con limitaciones y dentrode las reglas del juego impuestas por los militares .

Así las cosas, aunque la Asamblea Nacional de Repre-sentantes de Corregimientos le ofreció en 1978 la primeramagistratura al General Omar Torrijos, lo cierto es que estedeclinó la postulación y en su lugar impuso a Aristides Royocomo Presidente y a Ricardo De La Espriella como Vicepre-sidente. Respecto a la actitud de Torrijos y el denominado

6

"repliegue a los cuarteles" se tejieron diversas conjeturas, sibien en realidad, este continúo mandando en el país, aunqueen octubre de ese año expiraba la vigencia del artículo 277 .Pocos días antes de asumir Royo la Presidencia, el 5 deoctubre de ese mismo año, la Asamblea Nacional de Repre-sentantes de Corregimientos propuso la ley 81 que reglamen-taba la inscripción de los partidos políticos, elecciones direc-tas para Presidente y Vicepresidentes de la República a partirde 1984, la independencia plena entre el Organo Legislativoy Ejecutivo, el robustecimiento del poder popular comoOrgano Legislativo y las elecciones provinciales directas, a finde escoger a este último . Todo lo anterior representóenmiendas a la Constitución de 1972 y contó con el apoyo delnuevo Presidente de la República .

En verdad, el "repliegue a los cuarteles" estaba en con-cordancia con la fundación, en marzo de 1979, del PartidoRevolucionario Democrático (PRD) considerado como "elpartido del proceso" y soporte principal para la instituciona-lización del régimen en su apertura política . Participó en laselecciones de legisladores en 1980 obteniendo 12 de las 17curules, aunque en ese torneo no estuvieron presentes lospartidos políticos más representativos . No obstante, como el"poder real" prosiguió estando en los cuarteles, ningúnresultado formal cambió la situación . A lo anterior, debemosañadir, que si bien el 1° de octubre de 1979 entraron en vigorlos Tratados Torrijos-Carter, desde meses antes se suscita-ron controversias por la interpretación y aplicación de susclaúsulas, como fue el conocido caso de la ley 96-70 queprovocó las protestas del mandatario panameño, ya mencio-nadas. Asimismo, pese a que de la administración Royoformaban parte elementos del sector privado, se hizo eviden-te la inclinación del Presidente hacia la tendencia de izquier-da. En este sentido, su apoyo brindado al Frente Sandinistade Liberación Nacional, el acercamiento hacia Cuba y suidentificación con Argentina en la guerra de las Malvinas, nopodían ser vistos con buenos ojos por Washington . Encuanto a la situación interna del país, el descontento semanifestó en las huelgas de los educadores y de los médicos .

7

A lo anterior, hay que agregar el deterioro económico delrégimen ante el creciente endeudamiento externo, la corrup-ción administrativa y la aplicación de medidas impopulares,todo lo cual motivó las protestas, tanto de los propiossindicatos oficialistas encabezados por el Consejo Nacionalde los Trabajadores Organizados (CONATO), como la apari-ción del Frente Nacional de Oposición (FRENO) integrado pormiembros de los partidos de oposición .

En este panorama de desgaste, debemos resaltar la re-pentina muerte del General Torrijos acaecida en un acciden-te de aviación el 31 de julio de 1981, lo cual dejó un gran vacíoen poder y en situación de debilidad al Presidente Royo .Mientras tanto, en la Guardia Nacional asumió la Coman-dancia el Coronel Florencio Flórez, quien no mostró interésen los asuntos de carácter político. El 3 de marzo de 1982,algunos miembros del Estado Mayor, encabezados por losTenientes Coroneles Rubén Darío Paredes, Manuel AntonioNoriega, Roberto Díaz Herrera y Armando Contreras, despla-zaron a Flórez obligándolo a acogerse a retiro . El nuevoComandante Rubén Darío Paredes, no tardó en sustituir alPresidente Royo, ante el malestar reinante en el paísencabezado por los educadores y como una salida a la crisis .Al separarse de la Presidencia, Royo adujo padecer de doloresde garganta, por lo que este golpe pasó a conocerse como "elgargantazo" . Lo reemplazó el Vicepresidente Ricardo De LaEspriella.

A decir del Embajador de Estados Unidos en PanamáAmbler Moss los cambios efectuados en la cúpula de lasfuerzas armadas panameñas no eran motivo de preocupa-ción. Adujo que con Flórez se habían alentado esperanzas deuna Guardia Nacional apolítica y que el desplazamiento deéste era "otro caso de quítate tú para ponerme yo" . Predijoque habría rivalidad entre Noriega y Díaz Herrera, mientrasParedes lanzaría su candidatura presidencial y el primeroasumiría la Comandancia del instituto armado . No obstante,Moss se mostró optimista: "A corto término, las relacionesentre Estados Unidos y Panamá no se verán ( . . .) material-

8

mente afectadas, pues ambos, Paredes y Noriega, han cola-borado con Estados Unidos. Pero Paredes sería más efectivoque Flórez y, sobre todo, Panamá continuaría, si es que nola acentúa, su trayectoria con los países no alineados delTercer Mundo, sin dejar de cooperar con los Estados Unidosen las cuestiones fundamentales" . (916)

Mientras tanto, una vez que Rubén Darío Paredes obligóa renunciar a Aristides Royo, desde el cuartel central hizouna serie de "recomendaciones" entre las que estaban larenuncia del Procurador General de la Nación, del Contralorde la República, los Ministros y Viceministros de Estado, aligual que los directores de entidades autónomas, gobernado-res, alcaldes, cónsules y embajadores . Ordenó, asimismo, larenovación de los magistrados del Tribunal Electoral y que sedesignaran otros por el Ejecutivo, uno de los cuales seescogería de una terna presentada por la oposición. Igual-mente, dispuso que la unta Directiva de la Caja de SeguroSocial debería renunciar en pleno y que se procediera alarresto de los funcionarios implicados en las irregularidadesen el manejo de los fondos de esta institución . Hizo unllamado a los docentes en huelga para que llegaran a unacuerdo con el Ministerio de Educación en un término decinco días . Instó para que se estudiaran aumentos salarialesa los funcionarios públicos que devengaban sueldos nomayores de 350 balboas . Pidió que se invirtiera en el país,que los productores agropecuarios continuaran trabajandocon las fuerzas armadas y que se revisara la ley de vivienday el Código de Trabajo . Por último, mientras sostuvo que laGuardia Nacional se comprometía a mantener la democraciaen el país, ordenó el cierre de todos los periódicos duranteuna semana "desde ya". Poco después, los talleres de laPrensa, el principal diario de oposición, fueron destruidospor grupos progubemamentales, pero Paredes al tiempo queindicó que se sancionaría a los responsables afirmó quepodía ser "un auto sabotaje para desprestigiar a las fuerzasarmadas". Pese a lo anterior, el Departamento de Estado deEstados Unidos indicó que no se esperaban cambios en lasrelaciones con Panamá. Según Dinges, excepto la clausura

9

de los periódicos, todo lo demás del golpe fue bien recibidopor la Embajada de Estados Unidos, cuyos cables aseveraronque no se extrañaría la "retórica contra los Estados Unidos"de Royo, ni sus frecuentes quejas por la ejecución de losTratados Torrijos-Carter . (917)

Precisa recordar que el 8 de marzo de 1982, es decirpocos días después del retiro forzoso de Florencio Flórez, losaltos mandos de la Guardia Nacional suscribieron un pactosecreto denominado "Plan Torrijos", mediante el cual RubénDarío Paredes, Armando Contreras, Manuel Antonio Noriegay Roberto Díaz Herrera, se turnarían, sucesivamente, en laComandancia del Instituto armado hasta el 31 de 1988 . Enesencia, se contemplaban ascensos de los cuatro militares,en la medida en que se dieran los cambios. Así, Paredes "conel apoyo y lealtad de toda la Institución y en particular de todoel Estado Mayor (incluidos los miembros recién ingresados)"se comprometía a retirarse voluntariamente en el primertrimestre de 1983 . A su vez, el Estado Mayor adquiría elcompromiso de "trabajar para ayudar al entonces ciudadanoRubén Darío Paredes {jubilado) a activarse políticamente afin de que, de modo normal, altruista y sin que la instituciónse afecte con coacciones a actos criticables o inmorales,obtenga su postulación para ir a la contienda electoral conmiras a la Presidencia de la República. Todos, el Comandoy Estado Mayor de la institución, inspirados en los deseos delGeneral de División Omar Torrijos Herrera (q.e.p.d)

se uni-rían para que por medios lícitos, pero utilizando el prestigiode todos los miembros de nuestra institución se mantengavía el candidato presidencial Paredes, el proceso Torrijista,obteniendo el triunfo categórico en las elecciones de 1984,cuyo período normal terminaría en 1990" .

Según el "Plan Torrijos" el Coronel Armando Contrerasse encargaría de la Comandancia en el primer trimestre de1983 y ascendería a General y se mantendría en el mandohasta el primer trimestre del año siguiente, en vísperas de laselecciones "propiciando el mayor prestigio preelectoral parala institución que favorezca al candidato Paredes" . Acto

1 0

seguido, el entonces efe del Estado Mayor, Teniente CoronelManuel Antonio Noriega, con su nuevo rango correspondien-te, asumiría la Comandancia en el primer trimestre de 1984y estaría al frente de la misma hasta el 31 de julio de 1987cuando sería reemplazado por el Teniente Coronel RobertoDíaz Herrera, quien se desempeñaría en la Comandanciahasta el 31 de julio de 1988, "coordinando con su EstadoMayor y el que entonces debe ser Presidente Rubén DaríoParedes, a fin de ordenar conjuntamente la sucesión en losúltimos años de administración Paredes, para dejar organi-zado el mando de la Guardia Nacional desde entonces, con elúnico fin, nacionalista y patriótico, de que nuestro cuerpoarmado quede consolidado profesional y moralmente sir-viendo a los mejores intereses del país" .

Por su parte Paredes, en el "Plan Torrijos" quedaba com-prometido a "vincularse estrecha y determinantemente conlos comandantes sucesivos, a salvaguardarlos derechos, as-piraciones normales, ventajas factibles y privilegios éticos yrazonables de los miembros del Estado Mayor que vayansaliendo del servicio activo, en un gesto de compañerismo yhermandad". Finalmente se indicó que : "Este cronograma-compromiso histórico denominado "Plan Torrijos" en memo-ria de nuestro efe y Maestro, solo se alteraría por razonesimpostergables de sucesos inesperados (fallecimiento o inca-pacidades físicas o mentales graves) o por renuncias volun-tarias y libres de los involucrados, en cuyo caso se cumpliríaigualmente el plan doctrinal, con los relevos lógicos quecorrespondan constitucionalmente" . El documento lo firma-ron Rubén Darío Paredes, Armando Contreras, Manuel A .Noriega y Roberto Díaz Herrera (918) . Nos hemos detenido enel mismo porque pone de manifiesto como estos militares porsí y ante sí decidían los destinos del país en aras de susintereses personales o castrenses, aunque como veremos,muy pronto el "Plan Torrijos" pasó a ser letra muerta .

Mientras tanto, el gobierno presidido por Ricardo De LaEspriella y sostenido por Rubén Darío Paredes al frente de laGuardia Nacional, propició el acercamiento hacia la oposi-

1 1

ción . Se celebraron reuniones con algunos dirigentes de lospartidos adversos al régimen y se introdujeron reformas a laConstitución Nacional las cuales fueron aprobadas medianteun referéndum en abril de 1983, a fin de celebrar eleccionesgenerales en mayo del año siguiente .

Cuando el 12 de agosto de 1983, el General Rubén DaríoParedes, acorde con el "PlanTorrijos" se acogió a la jubilacióndel instituto armado en una pomposa ceremonia, su sustitu-to Manuel Antonio Noriega, en el discurso de transmisión demando, no solo se comprometió a garantizar unas eleccionesdemocráticas, sino que le auguró a su antiguo compañero dearmas y futuro candidato presidencial éxitos en sus aspira-ciones políticas. Lo hizo con una frase que ha quedadoconsignada en los anales de nuestra historia republicanacomo : "Buen salto, Rubén", aunque poco después le retiróel apoyo de la Guardia Nacional y, por ende, de los partidosoficialistas, lo que vino a significar un salto al vacío por partede Paredes . Por último, este solo pudo postularse comocandidato a la Presidencia de la República con el respaldo delPartido Nacionalista Popular (PNP), a finales de diciembre de1983 .

Ciertamente, el ascenso de Manuel Antonio Noriegamarcó el inicio de uno de los períodos más tenebrosos yaciagos de nuestra historia republicana, al punto que losaños comprendidos entre el 12 de agosto de 1983 al 20 dediciembre de 1989 se le han dado con razón el calificativo denarcodictadura . En efecto, el 29 de septiembre de 1983 elConsejo Nacional de Legislación, con el tratamiento de"urgencia notoria" aprobó en segundo debate la ley 20,orgánica de las Fuerzas de Defensa . De esta manera, enviolación al artículo 305 de la Constitución Política, elinstituto armado cambiaba su denominación y asumía fun-ciones que hasta ese momento no eran de su competencia .Así, se dispuso que la Fuerza Pública se desempeñaría "bajoun solo comando" con el nombre de Fuerzas de Defensaconstituido por la : Guardia Nacional: la Fuerza AéreaPanameña; la Fuerza de la Marina Nacional ; la Fuerza de la

12

Defensa del Canal de Panamá ; la Fuerza de la Policía ; laDirección Nacional de Tránsito ; el Departamento Nacional deInvestigaciones; el Departamento de migración y "cualquierotra dependencia análoga a las anteriores que en el futuro,se establezcan o le sea adscrita por ley o por Decreto" . Delmismo modo, se consignaron en la ley sobre las Fuerzas deDefensa claras violaciones a los derechos y garantías indivi-duales que posteriormente, el 29 de diciembre de 1983,fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Supremade usticia. Con todo, en entronizó, como nunca antes, unrégimen militar preponderante en el Estado . Según el diarioLa Prensa, como en su tiempo se dijo de Prusia ahora sepodía afirmar "que Panamá es un ejército con un Estado a suservicio". No obstante, las críticas contra el polémico docu-mento no suscitaron ningún efecto, excepto el fallo delmáximo tribunal de justicia muy específico y, por consi-guiente, de alcance limitado .

En otro orden de cosas, desde finales de 1983, fue unhecho publico y notorio que las Fuerzas de Defensa estabanen la búsqueda del candidato oficial para la Presidencia dela República en la elecciones de mayo del siguiente año . Eneste sentido, el mismo Noriega hasta llegó a trazar el perfil delque habría de resultar favorecido por el instituto armado : "Elpróximo Presidente( . ..) debe ser un gran administrador, unhombre con condiciones de economista, con contactos inter-nacionales para saber qué puertas debe tocar en los polos dedesarrollo económico del mundo, un hombre sobrio, joven,sin traumas del pasado". Este no fue otro que Nicolás ArditoBarletta, quien se había desempeñado como Ministro dePlanificación y Política Económica, negociador de los Trata-dos Torrijos-Carter y Vicepresidente del Banco Mundial . Enotras palabras, era bien visto por Estados Unidos. De allí queel 6 de enero de 1984, en el Cuartel de Tinajitas, la dirigenciadel PRD y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensaproclamaron como pre-candidato oficial a la Presidencia dela República a Ardito Barletta, aunque éste no pertenecía aaquel partido. Al mes siguiente, se anunció la nómina oficialde la Unión Nacional Democrática (UNADE) encabezada porArdito Barletta, Eric Arturo Delvalle y Roderick Esquivel, con

1 3

el respaldo del PRD, el Frente Amplio Popular (FRAMPO), elPartido Laborista Agrario (PALA), el Liberal, el Republicanoy el panameñista .

Cabe recordar que las fuerzas castrenses maniobraronpara lograr la división de los principales partidos de oposi-ción como ocurrió con el Liberal y el Panameñista. Más aún,el 13 de febrero de 1984, forzaron la renuncia del efe delEjecutivo Ricardo De la Espriella, quien al parecer abrigabaintenciones de prolongar su mandato, o bien, de comúnacuerdo con el Organo Ejecutivo, reformar la ley electoralpara luego lanzar su propia candidatura presidencial. Comoquiera que fuese, llama la atención la escueta carta queRicardo De La Espriella le envió al Presidente de la AsambleaNacional de Representantes de Corregimientos, LorenzoSotero Alfonso Govea, en los siguientes términos : "Le comu-nico que por este medio y para los fines pertinentes, que hetomado la decisión de renunciar a la Presidencia de laRepública a partir de hoy, 15 de febrero de 1984" .

sustituyó a De La Espriella el hasta entonces Ministrode Relaciones Exteriores y Vicepresidente de la República,orge Illueca, quien tres días más tarde sostuvo : "hay

estabilidad en el país y mi más fervoso empeño es que seconserve, estoy empeñado a que haya un respeto al sagradoejercicio del sufragio" . Mientras, en febrero de 1984, laIglesia Católica en su Carta Pastoral, pedía "una campañaelectoral limpia, de altura, sin fraudes, ni insultos", lo ciertoes que en la misma, la nómina oficialista de la UNADE contócon el apoyo de los recursos del Estado y los medios decomunicación social, a fin de enfrentarse con ventaja a laAlianza Democrática de Oposición (ADO), integrada por lospartidos Panameñista Auténtico, Demócrata Cristiano,Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) yel Liberal Auténtico, cuya nómina la encabezaba el veteranoy conocido caudillo Arnúlfo Arias, para la candidatura presi-dencial, en tanto que Carlos F . Rodríguez y Ricardo AriasCalderón optaron por la primera y segunda vicepresidencias,respectivamente .

1 4

Pese a la invitación al diálogo por parte de Arnulfo Ariasal General Manuel Antonio Noriega "con el único fin de mirarhacia el futuro desapasionadamente y asegurar la tranquili-dad del país en este proceso electoral que es una etapa vitalpara nuestro desenvolvimiento histórico", así como el llama-do del Comité Panameño de los Derechos Humanos a laimparcialidad del Gobierno y de las fuerzas armadas, laselecciones generales del 6 de mayo constituyeron el ejemplovívido de un escaloso fraude perpetrado por los militarescontra la voluntad popular que depositó en las urnas lamayoría de los votos a favor del veterano caudillo del partidopanameñista .

Al día siguiente de los comicios, un grupo paramilitar de-nominado "Comando Especial" del PRD, bajo las órdenes delsilverio Brown, un delincuente común, irrumpió en el recintode la unta Nacional de Escrutinios e incluso atacó conarmas de fuego a numerosos simpatizantes de la ADO que sehallaban en los predios del Palacio Legislativo . El trágicoresultado fue de dos muertos y cuarenta heridos . Por suparte, luego de seis días de labor la unta de Escrutinios, enmedio de las denuncias de fraude y de las manifestaciones deprotestas de los partidos oposicionistas, se declaró impedidapara continuar el conteo de los votos y, tras considerar unproyecto de resolución presentado por el jurado del PRD,entregó las cuarentas actas y otros documentos de impug-naciones al Tribunal Electoral .

Pese a que la ADO, encabezada por Arnulfo Arias,continuó ejerciendo presión en las calles reclamando sutriunfo y el líder panameñista indicó que si el gobiernoinsistía en perpetrar el fraude podía haber una huelgageneral, ala vez que presentó un recurso de reconsideración,el 17 de mayo al Tribunal Electoral declaró ganador a NicolásArdito Barletta por el escaso margen de 1713 votos . Tres díasdespués, cuando el máximo organismo electoral proclamó aArdito Barletta Presidente electo de la República y a EricArturo Delvalle y Roderick Esquivel, primer y segundo vice-presidentes, en su orden, se suscitaron otra vez actos de

1 5

violencia . Los antimotines de las Fuerzas de Defensa repri-mieron duramente a algunas partidarias de la ADO e irrum-pieron en el local de esta causando grandes destrozos . Contodo, continuaron las protestas y de nuevo el 10 de octubre,el día que Ardito Barletta tomo posesión como efe delEjecutivo, hubo otros actos de represión por parte de losmilitares contra los manifestantes del "Comité Cívico Patrió-tico contra el fraude" reunidos en la Plaza de la Independen-cia.

si bien el gobierno de Ronald Reagan, poco antes de laselecciones de mayo, advirtió veladamente a los militarespanameños que debían respetar el resultado de éstas y elsecretario Adjunto de Estado para Asuntos InternacionalesLanghorne Motley declaró que Estados Unidos estaría muypreocupado si se trastrocara el proceso democrático enPanamá, la verdad es que pese a las denuncias de fraude yla represión de los militares contra los manifestantes de laADO, Washington reconoció sin contratiempos al gobiernopresidido por Nicolás Ardito Barletta . Por su parte, elEmbajador estadounidense en Panamá Everett Briggs, quiendesde antes de las elecciones consideró que el fraude era muyimprobable y que, en todo caso, no afectaría el resultadofinal, si bien posteriormente tuvo evidencias del mismo,dilató el envío de esta información a Washington . Es más, ala toma de posesión de Ardito Barletta asistió el secretario deEstado George shultz. (919)

Pocos meses después de la controversiales elecciones,específicamente en julio de 1984, quedó en evidencia la par-ticipación del Teniente Coronel y secretario Ejecutivo delEstado Mayor de las Fuerzas de Defensa ulián Melo Borbúaen el narcotráfico, a raíz del descubrimiento de un laborato-rio para procesar cocaína en las selvas del Darién, así comotambién el decomiso de seis mil galones de eter etílico en elpuerto de Cristóbal dentro de la Zona Libre de Colón . si bienMelo fue destituido de su alto cargo y la cúpula de las Fuerzasde Defensa se apresuró a aclarar que se trataba de un casoaislado, la captura en Miami de un avión de INAIR cargado

1 6

de una tonelada y media de cocaína procedente de Panamá,demostró que nuestro país se había convertido en un impor-tante centro de procesamiento y distribución de narcóticos .Más aún, también era el refugio de los narcotraficantesinternacionales, cuando se dio a conocer en Colombia que elProcurador de este país Carlos iménez Gómez y el expresi-dente Alfonso López Michelsen se habían reunido en un hotelen Panamá, en mayo de 1984, con los narcotraficantes PabloEscobar, Gonzálo Rodríguez Gacha y orge Ochoa, entreotros. Todo ello con el visto bueno, si no con la participacióndirecta, de la alta oficialidad de las Fuerzas de Defensa. Conrazón, a principios de agosto de ese mismo año, los partidosde la ADO indicaron que "la corrupción del régimen hallegado a niveles alarmantes y compromete a las altasautoridades civiles y militares" . Además, denunciaron que"incluye la complicidad, actualmente demostrada, con elnarcotráfico internacional en todas sus dimensiones" . (920)

Al tomar posesión como nuevo Presidente de la Repúbli-ca, el 11 de octubre de 1984, Nicolás Ardito Barletta señalóentre otras cosas, que el país estaba en crisis y que había"desaliento, desconfianza e intranquilidad". Pero durante suefímera administración de poco más de 11 meses estasituación empeoró, sobre todo porque Ardito Barletta amediados de noviembre de ese año anunció una serie demedidas impositivas con carácter de "urgencia nacional" .Estas disposiciones fiscales recibieron de inmediato la repul-sa general, máxime cuando estaban destinadas a pagar ladeuda externa contraída con el Banco Mundial y el FondoMonetario Internacional . Aunque en el movimiento deprotesta participó hasta el progobiernista Consejo Nacionalde Trabajadores Organizados (CONATO), el peso de la repul-sa recayó en la Coordinadora Civil Nacionalista (COCINA)integrada por médicos, educadores, profesionales diversos yestudiantes. No solo se opuso a los nuevos impuestos, si noque demandó el saneamiento de la administración públicacon manifestaciones de masas y un paro nacional . Abogó,asimismo, por el no pago a las instituciones estatales deservicio público, la recuperación de los bienes mal habidos y

1 7

que se diera a conocer el presupuesto de las Fuerzas deDefensa, al igual que el inventario de todas sus propiedades,iniciándose así, de inmediato, una drástica reducción deambos. (921)

Aunque el gobierno presidido por Ardito Barletta, ante lapresión popular encabezada por COCINA dio marcha atrás ysuspendió las medidas fiscales "de urgencia", su posición sefue debilitando cada vez más desde el punto de vista político .A su vez, la actividad económica en el país continuódesmejorando. Deterioró más aún la imagen de la adminis-tración de Ardito Barletta el secuestro del dirigente deCOCINA, Dr. Mario Zúñiga, perpetrado el 21 de agosto de1985 por parte de elementos del G-2 de las Fuerzas deDefensa. Aunque Zúñiga fue posteriormente liberado trasrecibir una golpiza, este acto causó indignación y malestar enla opinión pública. Pero lo que precipitó la caída de ArditoBarletta fue el brutal asesinato del Doctor Hugo Spadafora,exviceministro de salud del régimen y posteriormente críticoacerbo de las Fuerzas de Defensa, principalmente de ManuelAntonio Noriega, a quien acusó de estar involucrado en eltráfico de armas y drogas. El cadáver decapitado y torturadoapareció el 14 de septiembre de 1985 en el Roblito, un puntosituado en Costa Rica muy cercano a la frontera con nuestropaís . Los familiares de Spadafora culparon al G-2 de lasFuerzas de Defensa y, concretamente a su jefe, el Coronelulio Ow Young, así como al General Noriega, de ser los

principales responsables del crimen . Aunque este último enese entonces estaba en Francia, investigaciones posterioresrevelaron que Spadafora había sido capturado por militarespanameños y luego ejecutado con sadismo . Este acto hastaentonces desconocido en nuestro país, convulsionó a laciudadanía y a las manifestaciones de repudio se sumó laexigencia de la familia Spadafora para que se creara unacomisión especial investigadora de conformidad con el artí-culo 216 de la Constitución Nacional . En un principio ArditoBarletta anunció que el crimen sería investigado por lasautoridades competentes, lo cual produjo desconfianza, peropoco después parece ser que convino en que se formara una

18

comisión para que colaborara con el fiscal general y elsistema judicial. (922)

A raíz del viaje de Ardito Barletta a la Asamblea Generalde la ONU en Nueva York, las Fuerzas de Defensa, a la sazónencabezadas por el Coronel Roberto Díaz Herrera, prepara-ron el terreno para su derrocamiento . Previamente DíazHerrera presentó a la ciudadanía a Manfred Hoffman, unsupuesto testigo del asesinato de Spadafora, cuyas declara-ciones crearon aún más dudas, por lo que pronto fuedescartado. Al parecer, en un principio, Díaz Herrera pensódarle el golpe de cuartel a Noriega, pero este retornó justo atiempo al país para disolver el movimiento . El 27 deseptiembre, Nicolás Ardito Barletta fue obligado a renunciara la Presidencia de la República, pese a que trató de obtenerapoyo del secretario de Estado estadounidense GeorgeSchultz .

En su carta de renuncia Ardito Barletta, afirmó que a suregreso al país se había encontrado conque los principalespartidos de la UNADE, los legisladores de esta alianza y lasFuerzas de Defensa, consideraban que ya no podían trabajarcon él. De allí que, como "una contribución al mantenimientode la paz" en el país, optó por separarse del cargo . Elpropósito fundamental de esta decisión era para que sebuscara "una solución adecuada que permita hacerle frentea las necesidades de nuestro pueblo con una fuerza políticalo suficientemente unida, preservando las institucionesdemocráticas en el país". (923)

A Nicolás Ardito Barletta lo sustituyó el primer vicepre-sidente Eric Arturo Delvalle . Era el tercer mandatario, enmenos de tres años, impuesto por las fuerzas armadas desdela caída de Aristides Royo en julio de 1982 . De inmediato,Delvalle denunció que existía un plan sedicioso por parte dela oposición para derrocar al gobierno "constitucionalmenteestablecido", cuya escalada cobró más ímpetu a raíz delsecuestro del Dr. Mario Zúñiga y el asesinato del Dr . HugoSpadafora. Adujo que él había solicitado ayuda alas Fuerzas

19

de Defensa para poder dar al traste con este movimientosubversivo. En cuanto al crimen de este último, afirmó encarta pública del 21 de octubre, que el gobierno nacionalreiteraba sus expresiones de pesar por el censurable homi-cidio de Spadafora y compartía el dolor que embargaba a sufamilia. No obstante, aclaró que la Constitución Política nofacultaba al Presidente de la República para nombrar oproponer el nombramiento de comisiones investigadoras,por lo que la violación de los mandatos constitucionales loharía incurrir en responsabilidad penal . En consecuencia,competía exclusivamente al Ministerio Público la investiga-ción de los delitos y el Ejecutivo no intervendría en estamateria que le correspondía a otro órgano del Estado, cuyaindependencia debía respetar . Por lo tanto, no podía accedera las solicitudes de crear una Comisión Investigadora Espe-cial . Finalmente, afirmó que el Gobierno Nacional deplorabaque la muerte del Dr . Spadafora hubiera adquirido un giropolítico y se aprovechara para llevara cabo "acciones de claray abierta sedición". El gobierno compartía, eso sí, el deseode toda la ciudadanía de que las investigaciones que adelan-taba el Ministerio Público condujeran "al esclarecimiento delos hechos y a la sanción de quien o quienes resultasenculpables" . (924)

En virtud de lo anterior, no resultó extraño que durantela presidencia de Eric A . Delvalle, finalmente se suspendierala investigación del caso Spadafora por el Ministerio Público,con el consiguiente repudio de la ciudadanía, y a pesar delparo nacional convocado por COCINA y otras manifestacio-nes de repudio . No obstante, este asesinato tuvo profundasrepercusiones tanto en el plano nacional como en el ámbitoexterno, al punto que la Convención Internacional de losDerechos de la OEA emitió una resolución posteriormente,en septiembre de 1987, responsabilizando del crimen alrégimen militar .

En otro orden de cosas, el gobierno presidido por Eric A .Delvalle prosiguió con la política del pago y refinanciamientode la deuda externa del país y, en consecuencia, las protestasno se hicieron esperar, incluso por parte de sectores progu-

20

bernamentales como el tantas veces mencionado CONATO yla Federación Nacional de servidores Públicos (FENASEP) .

Rasgo descollante de la administración de Delvalle fuesu sumisión y exaltación inicial alas Fuerzas de Defensa. Enefecto el 10 de octubre, se llevó a cabo una manifestaciónoficialista de apoyo al instituto armado. El acto culminó enel Cuartel Central y en esta iniciativa participó el propio Pre-sidente de la República, quien hizo uso de la palabra adulan-do a Noriega . Días después, según un artículo aparecido enel Miami Herald, el 19 de octubre, Delvalle declaró que laoposición panameña, tradicionalmente antimilitarista, de-seaba "destruir cualquier vinculo, y el cordón umbilical(existente) entre el Ejecutivo y las Fuerzas de Defensa" .Añadió, "somos amigos de las fuerzas armadas . Por qué lovamos a ocultar" ya que a su juicio, "éstas garantizaban laestabilidad institucional en Panamá" . Tampoco debemosolvidar que mediante Resolución del Consejo de Gabinete del4 de diciembre de 1986, se le otorgó la condecoraciónnacional Belisario Porras en grado de Gran Cruz a lasFuerzas de Defensa, la cual le fue impuesta al pabellón deguerra de la institución por el Presidente de la República .Asimismo, cabe recordar la condecoración militar "Orden delÁguila Arpía Precolombina" que el jefe del Ejecutivo estable-ció mediante el Decretó 89 de 3 de diciembre de 1987, paraconferirle al Comandante en efe de las Fuerzas de Defensael 16 de ese mismo año, fecha en la que se conmemoraba unaniversario más del denominado "Día de la Lealtad" . Tam-bién, por esas fechas, concretamente el 13 de noviembre delúltimo año mencionado, el Ministerio de Gobierno y usticiale reconoció personería jurídica a la "Asociación sin fines delucro Banco Institucional Patria de Ahorros y Préstamos dela Sociedad de Beneficencia de las Fuerzas de Defensa de laRepública de Panamá" . Más aún, a mediados de diciembre,La Prensa denunció que apesar de la aguda crisis económica,fiscal y financiera por la que entonces atravesaba el país, lasFuerzas de Defensa habían logrado incrementar su presu-puesto para 1986, de 94 a 104 millones de Balboas . (925)

21

Después del derrocamiento de Nicolás Ardito Barletta seinició una campaña contra Manuel A . Noriega, promovidapor sectores gubernamentales y los medios de comunicaciónen Estados Unidos, implicándolo en una conspiración comu-nista con Cuba y en el tráfico de drogas. No obstante, éstepudo hábilmente hacerle frente a tales ataques, en unprincipio. En consecuencia, el mismo Noriega estrechó mássus vínculos con la CIA para apoyar a la Contra en Nicaraguaen un viaje que hizo a Washington, al tiempo que colaborócon la DEA en la persecución contra el narcotráfico y ellavado de dinero . Esto último se demostró en la conocida"Operación Piscis" que culminó con el arresto de numerososnarcotraficantes internacionales, la confiscación de miles detoneladas de cocaína y otras tantas toneladas de marihuana,al igual que activos calculados en 49 millones de dólares .Además, se congelaron en Panamá, 52 cuentas en 18 bancossospechosos de lavar dinero . (926)

Con todo, el 24 de septiembre de 1986, por iniciativa delsenador por Carolina del Norte esse Helms, el senadoaprobó por estrecho margen de votos, una enmienda a la Leyde autorización de servicios secretos exigiéndole a la CIA uninforme sobre acusaciones contra las Fuerzas de Defensarespecto a drogas y armas, blanqueo de dinero, violación delos derechos humanos y su posible intervención en el asesi-nato de Hugo Spadafora . seis días después, el Consejo deGabinete encabezado por el Presidente de la República Eric .A. Delvalle, dio a conocer una resolución respaldando laacción de protesta del Ministerio de Relaciones Exterioresante el Gobierno de Estados Unidos por la enmienda Helms,al tiempo que reiteraba "el respaldo irrestricto a las Fuerzasde Defensa de la República de Panamá en sus accionesdirigidas a la represión, control y lucha abierta contra elnarcotráfico realizada en forma tal que ha recibido el caluro-so reconocimiento internacional" . Asimismo, indicaba quese mantendría en "estado vigilante contra aquellos actos quepueden socavar en forma irresponsable las relaciones conotros Estados y propiciar todas aquellas medidas que seanindispensables para preservar la soberanía, dignidad y segu-ridad de la República de Panamá como país independiente

22

frente a la intromisiones en sus asuntos internos" . Endefinitiva, a decir del Consejo de Gabinete, la EnmiendaHelms constituida una "afrenta al orden internacional" .(927)

El 6 de julio de 1987, el recién jubilado Coronel RobertoDíaz Herrera, resentido por haber sido desplazado de lajefatura de las Fuerzas de Defensa por el General Noriega,quien violó el denominado "Plan Torrijos" ya mencionado,hizo una explosivas declaraciones que estremecieron a laciudadanía . En efecto, afirmó que en las pasadas eleccionesde 1984, el fraude había sido organizado en su residencia poralgunos miembros del Estado Mayor entre los que figurabaél mismo, conjuntamente con los Magistrados del TribunalElectoral . sostuvo, igualmente, que el cuerpo armado habíaforzado la renuncia de Ardito Barletta y que algunos de susmiembros estaban implicados en el asesinato de Hugo Spa-dafora. Indicó además, lo que todo el mundo sabía, a saber:

que las Fuerzas de Defensa intervenían en la designación delos Magistrados de la Corte suprema de usticia y delTribunal Electoral, así como en el C .E.N. del PRD ; queNoriega había participado en un complot para asesinar aTorrijos ; que la institución militar traficaba con visas paraciudadanos cubanos en cuyo negocio él mismo había resul-tado beneficiado adquiriendo una millonaria casa . Tambiéndio a conocer que Torrijos había recibido 12 millones dedólares del sha de Irán, a fin de que le diera asilo en Panamá .Al día siguiente, Díaz, Herrera reveló que el fraude había sidoen el circuito 4-4 en Chiriquí y que Arnulfo Arias ganó laselecciones de mayo de 1984 . Afirmó que los Coronelesustines y Purcell "hicieron los números" . El 8 de junio,

puntualizó que Manuel A. Noriega, Luis Córdoba y Mario delCid habían organizado el asesinato de Hugo spadafora y diomás detalles sobre la muerte de Torrijos . implicando en lamisma a Noriega y al Coronel Alberto Purcell . (928)

A raíz de estas inesperadas e impactantes declaracionesse llevaron a cabo manifestaciones de repudio contra lasFuerzas de Defensa, exigiendo la renuncia de Noriega . El

23

punto central de las protestas fue frente a la emisora WContinente, en la Vía España y participaron alrededor de3,000 personas encabezadas por Arnulfo Arias Madrid. Losmanifestantes fueron duramente reprimidos por los "dober-man" con bastones, mangueras, gases lacrimógenos yperdigones, y los disturbios abarcaron distintos puntos de laciudad capital .

Tras las protestas masivas y la represión consiguiente,en la noche del 9 de junio, diversas organizaciones cívicas,profesionales, empresariales y religiosas, reunidos en la sedede la Cámara de Concreto, Industrias y Agricultura dePanamá, crearon la "Cruzada Civilista" con el propósito de"rescatar y reconstruir las instituciones que garanticen la

justicia y una verdadera democracia en nuestro país". En uncomunicado público, la "Cruzada Civilista" resolvió iniciaruna serie de medidas de "desobediencia civil", la primera delas cuales sería que "a partir de la fecha, se abstengan depagar Impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicosen general, hasta que los implicados en los bochornososhechos recientemente denunciados sean separados de suscargos". Asimismo, se repudió "la cobarde y brutal represiónsufrida por el pueblo panameño por parte de la FDP", a la vezque se exigió el respeto a la integridad física de Roberto DíazHerrera, su familia y acompañantes en su residencia . Porúltimo, pidió la separación de sus puestos de todos losfuncionarios involucrados, tanto civiles como militares,hasta tanto se aclararan los hechos y las acusacionesvertidas. (929)

Al aumentar la violencia contra la ciudadanía que se ma-nifestaba en las calles, la "Cruzada Civilista" hizo un llamadoa un paro general indefinido, en tanto que el Gobierno,mediante el Decreto 56 del 10 de junio, declaró el estado deurgencia y suspendió las garantías constitucionales .

A finales de junio, el senado de Estados Unidos emitióuna resolución sobre la situación de Panamá. Entre otrospuntos indicó que el Gobierno de Panamá debía "restaurar al

24

pueblo las garantías constitucionales suspendidas ; estable-cer la genuina autonomía de las autoridades civiles y buscarel efectivo y progresivo repliegue de las Fuerzas de Defensa delas actividades de las instituciones no militares ; propiciar unesclarecimiento público de las acusaciones formuladascontra ciertas autoridades de las Fuerzas de Defensa pana-meñas; adoptar medidas específicas para asegurar la credi-bilidad de una elecciones libres y honestas y la confianza enlas mismas ; hacer énfasis en un compromiso total en favordel pluralismo político que es necesario para evitar un climade violencia, inquietud, revancha o represalias" . Del mismomodo, el senado expresó que "los intereses vitales de losEstados Unidos en lograr el establecimiento de una democra-c

ia en la República de Panamá estarían mejor servidos por elestablecimiento pacífico de genuinas instituciones democrá-ticas de acuerdo con la Constitución panameña, inclusive lacelebración de elecciones libres y honestas, el establecimien-to de un sistema judicial Independiente y la garantía de unorganismo militar profesional, no político, bajo el controlcivil" . Igualmente, el senado pidió el acatamiento de losderechos humanos internacionalmente reconocidos, el le-vantamiento de la suspensión de garantías constitucionalessobre las acusaciones contra los altos funcionarios civiles ymilitares panameños, acorde con las solicitudes de la Cáma-ra de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá, laArquidiócesis de Panamá y la Cruzada Civilista de Panamá .Por último, indicó que conforme a las disposiciones delCódigo udicial de Panamá, el Comandante de las Fuerzas deDefensa y cualquier otro oficial implicado, debían separarsede sus cargos mientras se conociera el resultado de lainvestigación independiente. (930)

Contra esta resolución del senado estadounidense sepronunció el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa dePanamá, indicando que aquel organismo, durante las últi-mas semanas, se había convertido "en un centro de conspi-ración política contra la República de Panamá, contravinien-do todas las normas de Derecho Internacional y todas lasobligaciones contraídas por su país en distintos documentos

25

contractuales", en especial la Carta de la ONU, la OEA y elTIAR. Añadió que: "A base de calumnias, chantajes,difamaciones y amenazas los norteamericanos enemigos denuestro país, en contubernio con fuerzas políticas localesque responden a directrices y financiamiento Internaciona-les de obscuros objetivos, han utilizado contra la Repúblicade Panamá y sus autoridades civiles y militares los másinnobles procedimientos para causar su desprestigio inter-nacional". sostuvo que "la agresión contra Panamá" teníacomo propósito "romper el balance de ecuanimidad en el áreacentroamericana para convertirla en un gran teatro deguerra, y de crear las condiciones propicias para negar alpueblo panameño los derechos que legítimamente le corres-ponden según las estipulaciones de los Tratados Torrijos-Carter. Asimismo, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensadenunció que "la acción intervencionista" del Senado esta-dounidense había estado precedida "por un incremento en lapresencia militar norteamericana en la República de Pan-amá, sin la autorización de las autoridades panameñas y enabierta violación de los Tratados del Canal . . ." . Por último,declaró su rechazo "a la inaudita pretensión del senado de losEstados Unidos en la mencionada Resolución, de dictarpautas a las instituciones republicanas legítimamente cons-tituidas y, en particular, las Fuerzas de Defensa, sobre suorganización institucional, profesional y jerárquica, loscuales son de competencia exclusiva de nuestra institución,de acuerdo con la Ley orgánica con que se rige su funciona-miento" .

Como se ve, ahora el régimen militar que hasta hacíapoco había contado con el respaldo del gobierno de EstadosUnidos, esgrimía la bandera nacionalista como una salida asu difícil situación ante el repudio popular de que era objeto .Paradójicamente, invocaba los Tratados Torrij os-Carter, quecomo hemos visto permitían la intervención de EstadosUnidos en nuestro país, en particular por el significado yalcance de la Reserva De Concini . Tampoco debemos olvidarque, como poco después quedaría demostrado, el GeneralNoriega era desde los años setenta un estrecho colaborador

26

de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos(C .I .A) . (931)

Con todo, las manifestaciones de protestas en Panamácontinuaron, mientras que el Departamento de Estado envióuna Comisión Investigadora a conferenciar con el GeneralNoriega y la Cruzada Civilista . sin embargo, ésta gestión noprodujo los resultados esperados . Incluso, el Gobierno deEric A. Delvalle impuso censura a los periódicos de oposicióny organizó manifestaciones anti-imperialistas, con los em-pleados públicos y militantes de los partidos de la UNADE . Afinales de junio, las instalaciones del servicio informativo,(U.S .I .S .) el Consulado y la Embajada de Estados Unidosfueron apedreados y se ocasionaron daños a los autos allíestacionados, lo cual deterioró las relaciones entre los dospaíses. Poco después el gobierno de Panamá tuvo que pagarindemnizaciones por los daños causados a las instalacionesnorteamericanas .

Al aumentar las manifestaciones antigubernamentalesde repudio, el 7 de julio el Presidente de la República ordenóla suspensión de las mismas, así como las concentracionespolíticas convocadas para los días subsiguientes "por elInminente peligro que ellas entrañan para la integridad físicade los participantes, transeúntes y demás ciudadanos" . Pesea esta medida, el 10 de julio, la Cruzada Civilista llevó acabola "Gran Concertación Blanca por la Democracia", que fueviolentamente reprimida en una acción sin precedente en lahistoria republicana, por lo cual pasó a conocerse como el"Viernes Negro", con el saldo de alrededor de 600 detenidosy otros 600 heridos . La acción represiva de los "doberman"la dirigió el Coronel Eduardo Herrera y en ésta participaronhasta los helicópteros de las Fuerzas de Defensa . Noobstante, el Presidente Eric A . Delvalle le envió una carta dereconocimiento al General Noriega por el "profesionalismo"demostrado en aquella ocasión por las Fuerzas de Defensa .

A raíz del "Viernes Negro", la Cruzada Civilista anuncióla creación del Comité de Familiares de Presos y Desapare-

27

cidos", para confeccionar la lista de los mismos, las denun-cias y las torturas a que fueron sometidos en las cárceles afin de presentar sus casos en el ámbito internacional . secomprobaron numerosas violaciones a los derechos huma-nos, incluyendo abusos sexuales a hombres y mujeres .Incluso, el diario La Prensa publicó, el 21 de junio, unaseparata hecha por la Cruzada Civilista bajo el título "NuncaMás", denunciando las torturas a los detenidos en la CárcelModelo . Cabe añadir que ésta seria la nota característica delrégimen militar hasta su fulminante caída el 20 de diciembrede 1989. No obstante, fue en septiembre de 1987, cuando laComisión Interamericana de los Derechos Humanos de laOEA se pronunció sobre el caso del Dr . Hugo Spadafora,como ya apuntamos; y, en noviembre de 1989, sobre lasituación de los derechos humanos en Panamá. Por su parte,Amnistía Internacional haría lo mismo en marco de 1988, através de un documento titulado : Panamá, una agresión alos Derechos Humanos .

Al tiempo que se siguieron reuniendo pruebas en Esta-dos Unidos contra el General Noriega, implicándolo en eltráfico de drogas, se endureció la posición del gobierno deeste país respecto al régimen militar de Panamá, al punto queen septiembre de 1987, la administración de Ronald Reaganaplicó sanciones económicas y se concertaron planes paranegociar la salida de Noriega, los cuales culminaron en unrotundo fracaso. Ante este estado de cosas, en un acto sinprecedentes en la historia de las relaciones internacionales,el 5 de febrero de 1988, los grandes jurados federales deMiami y Tampa encausaron al General Noriega acusándolode tráfico de drogas, lavado de dinero y pandillerismo . (932)

Por otra parte, no debemos olvidar que desde finales de1987, el Presidente Eric A. Delvalle por su lado buscabamedidas conciliatorias con los sectores de la oposición, comofue la reapertura de los medios de comunicación que habíansido cerrados en julio de ese año y el indulto a los detenidospolíticos y otras disposiciones de carácter administrativorelacionadas con el Tribunal Electoral y la Corte suprema de

28

usticia. También por estas fechas, viajó a Estados Unidosdonde inició gestiones encaminadas a lograr la salida delGeneral Noriega .

Finalmente, el 25 de febrero de 1988, siguiendo las in-strucciones de Washington, Delvalle separó al General Norie-ga de su cargo de Comandante en efe de las Fuerzas deDefensa indicando que sus esfuerzos habían sido inútilespara convencer a éste que conviniera en ello en vista de lagrave situación que afrontaba el país, sobre todo porque sele había abierto un juicio en Estados Unidos. En reemplazode Noriega, el Presidente Delvalle nombró al Coronel Marcoustines . Pero esta medida recibió el rechazo de algunos

militares del Estado Mayor, entre éstos el Coronel LeonidasMacías, quien manifestó que el que debía irse era Delvalle .Convocada a sesiones urgentes la Asamblea Legislativa, en lamadrugada del 26 de febrero, consideró que la decisión delefe del Ejecutivo se había llevado a cabo sin observar

ninguna de las formalidades exigidas por la Constitución y laLey Orgánica de las Fuerzas de Defensa" . Por consiguiente,este acto de Delvalle violaba el Artículo 179 de la Constitu-ción Nacional que establecía que el Presidente de la Repúbli-ca sólo podía nombrar a los efes y Oficiales de la FuerzaPública "con arreglo al escalafón militar" . Es más, la Asam-blea Legislativa opinó que la conducta de Delvalle era con elobjeto de permitir la intervención de Estados Unidos en losasuntos internos de la República de Panamá", y "es lesiva ala soberanía nacional, pone en peligro la paz y la seguridaddel país, violando además la Constitución Política de laRepública" . Igualmente, se señaló que el VicepresidenteRoderick Esquivel había abandonado el cargo a partir del 8de septiembre de 1987 "en violación de la Constitución y lasleyes, desatendiendo sus obligaciones y el cumplimiento desus deberes". se declaró, asimismo, que la Asamblea Legis-lativa constituía "la más alta representación ciudadana y, enconsecuencia, en ella reside la soberanía popular" . Por todolo anteriormente considerado, el órgano Legislativo resolviódestituir de sus cargos de Presidente y Vicepresidente de la

29

República a Eric Delvalle y Roderick Esquivel, "por violaciónde la Constitución Nacional", al tiempo que instaba a losMinistros de Estado, a fin de que conforme al Artículo 184 dela Constitución, provean la designación del Ministro Encar-gado de la Presidencia de la República" . Para tal efecto, sedesignó al hasta entonces Ministro de Educación ManuelSolís Palma . Por último, la Asamblea Legislativa instruía alas Fuerzas de Defensa "a fin de que se tomen las providen-cias necesarias para garantizar la paz ciudadana y el ordenpúblico y la integridad de la República" . (933)

A partir de la destitución de Delvalle y Esquivel, la crisisde nuestro país se acentuó mucho más. Los bancos comen-zaron a registrar cuantiosos retiros de depósitos, especial-mente en efectivo, y esta situación empeoró cuando poracción judicial de Eric Arturo Delvalle, a quien el gobierno deEstados Unidos continuó reconociendo como el Presidentede la República, se congelaron los depósitos que el BancoNacional mantenía en el Banco de Reserva Federal y otrosbancos privados en aquel país, al tiempo que se bloqueó latransferencia de billetes de dólares estadounidenses a Pa-namá. A principios de marzo de 1988, la Comisión BancariaNacional ordenó el cese de todas las operaciones de losbancos de licencia general. se redujo, en consecuencia, elcirculante monetario y se produjo una virtual paralización delas actividades económicas . No fue hasta el 18 de abrilcuando se restablecieron los depósitos bancarios a puertacerrada aunque continuaron las otras restricciones durantevarios meses más.

Para 1988, la economía panameña funcionaba al 40% desu nivel normal de producción. Por su parte, la actividad delsector público era para entonces mínima, limitándose elEstado a pagar parte de la planilla . El número de desemplea-dos superó con creces por aquellos días al 20% de lapoblación activa.

En octubre de 1988, el Consejo Nacional de la EmpresaPrivada (CONEP) manifestaba : "Las causas más inmediatas

30

de la gran crisis que vivimos se encuentra en la pérdida deconfianza en las perspectivas económicas del país y susinstituciones, debido al claro y manifiesto conflicto entregrandes sectores de la población panameña y el régimen quegobierna el país, que causó el cese de Inversiones y retiromasivo de fondos del sistema bancario nacional . Sin embar-go, las razones más profundas se encuentran en la frustra-ción acumulada de vastos sectores ciudadanos ante unrégimen que conculca las libertades y los derechos indivi-duales y colectivos, que se sitúa por encima de la ley y quepermite la corrupción y el desgreño administrativo . Igual-mente, la crisis económica confirma el agotamiento delmodelo Torrijista, basado en el estímulo de la economíamediante el aumento del gasto público, a base del endeuda-miento masivo" . Asimismo, agregaba : "la recuperación de lacrisis requiere soluciones políticas, ya que es de naturalezapolítica". Por otra parte, el CONEP sostenía que las sancio-nes económicas de Estados Unidos habían tenido su mayorimpacto en las finanzas del sector público, puesto que el fiscodejó de recibir los pagos del Canal, Petroterminales y losImpuestos que pagaban las sociedades norteamericanas .Afirmaba el CONEP que la crisis había sido provocada, comoya dijimos, por el modelo económico del régimen basado enel aumento del gasto público y el endeudamiento externopara financiar el crecimiento de la burocracia estatal y"proyectos de Inversión mal concebidos y realizados. Alcarecer la economía de otras fuentes de crecimiento, se diocomo resultado el estancamiento experimentado en estadécada" . (934) Para entonces, como reconocía la empresaprivada, eran precarias las condiciones de la Caja de SeguroSocial, del IRHE, del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros .

Por estas fechas, es decir, el 6 de marzo de 1988, lospartidos políticos, encabezados por los Presidentes delPanameñista Auténtico, Democracia Cristiana, MovimientoLiberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), un miembrodel PRD, dos representantes independientes y un miembroprominente de la Cruzada Civilista Nacional, suscribieronuna declaración para encontrarle una salida a la crisis de

3 1

Panamá. Se afirmó que "a pesar de los cargos de interferenciaen el proceso electoral de mayo de 1989 y en los procesosconstitucionales de la República", apoyaban la decisión de

Eric Arturo Delvalle, Presidente de la República en ejerciciode sus funciones, en el "sentido de reemplazar al Comandan-te en efe de las Fuerzas de Defensa, y las medidas subsi-guientes que ha tomado para restablecer en nuestro país unorden civil y constitucional" . A continuación se indicó que losque suscribían el documento en mención, entendían que "envirtud de estas decisiones Eric Arturo Delvalle se ha compro-metido con los cambios hacia una democracia legítimapropuesta por la Cruzada Civilista Nacional y por los partidosde oposición democrática" . Se expresó que el principalobjetivo debía ser establecer conjuntamente "un Gobiernode Reconciliación Nacional que garantice justicia, un estadode derecho, libertad, la reconstrucción de las institucionesdemocráticas, orden fiscal y desarrollo económico, condicio-nes fundamentales de una democracia auténtica y de la ce-lebración de elecciones libres, abiertas y honradas" . Sereiteró "la incondicional unidad de propósitos y decisiónirreversible de apoyar los objetivos democráticos" proclama-dos, a la vez que se señaló que era "una tarea esencial delGobierno Nacional ( . ..) asegurarse que los compromisosadquiridos por los Estados Unidos de América en virtud delos Tratados Torrijos- Carter y reafirmados de manera con-sistente por el Gobierno de los Estados Unidos, se cumplanplenamente en el espíritu de nuestra cooperación y entendi-miento estipulado en dichos Tratados" . Por último, seexpresó que el Gobierno de Reconciliación Nacional habría de"incluir representantes de los partidos políticos y de otrafuerzas dedicadas al establecimiento en Panamá del ordendemocrático y buscará un entendimiento con las Fuerzas deDefensa para definir la función legítima que ha de cumplir lainstitución profesional de las fuerzas militares de acuerdocon la Constitución de la República de Panamá" . (935)

Como se ve, los principales partidos de la oposición, laCruzada Civilista y sectores independientes cerraron filas entorno a Eric Delvalle quien, como hemos visto, formaba parte

32

de la nómina de la UNADE que ascendió al solio presidencialpor el fraude de mayo de 1984 . No obstante, ahora se lereconocía como "Presidente en ejercicio de sus funciones", afin de lograr el reemplazo del General Manuel AntonioNoriega y preparar el terreno para las elecciones generalesdel año siguiente "libre, abiertas y normales", esto es, sinfraudes ni coacciones, para evitar lo ocurrido en 1984 .

Dentro de este contexto, el 16 de marzo de 1988, se llevóa cabo un frustrado golpe de cuartel contra Noriega, a cuyacabeza estaban los Coroneles Leonidas Macías y BernardoBarrera, junto con otros oficiales del instituto armado quehabían colaborado estrechamente con el Comandante enefe de las Fuerzas de Defensa . El suceso demostró que en

las mismas habían surgido graves fisuras, si bien Noriegaprocedió a realizar cambios destinados a mantenerse en elpoder. No está demás recordar que Leonidas Macías, apenas19 días antes, se había opuesto rotundamente a la decisióntomada por Eric Arturo Delvalle de separar a Noriega de sualto cargo en las fuerzas castrenses .

Dos días después del abortado golpe de cuartel . elConsejo de Gabinete declaró "el estado de urgencia en todala República", basándose en el Artículo 51 de la ConstituciónNacional . Entre las razones esgrimidas para la adopción deesta medida, se adujo que desde hacía varias semanas laRepública de Panamá estaba siendo objeto "de un ataque ensu economía por parte de los Estados Unidos de América, encoordinación con sectores políticos nacionales ávidos deapoderarse del gobierno por la fuerza, con el único propósitode anular las conquistas logradas por los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, cuya última manifestaciónha sido el congelamiento de fondos públicos del BancoNacional de Panamá y otras entidades estatales y paraesta-tales en los Estados unidos de América y en otros paíseseuropeos, la aplicación de otras sanciones económicas y deotra naturaleza por el gobierno norteamericano, y la adop-ción de otras medidas arbitrarias que afectan las finanzaspúblicas en una situación crítica y que, además, han produ-

33

cido su efecto negativo sobre toda la economía nacional,especialmente por la campaña encaminada a privar almercado interno panameño del circulante de dólares necesa-rio para el normal desenvolvimiento" .

Según el Consejo de Gabinete, existía entonces "una realsituación de guerra no declarada contra la República dePanamá, con un gravísimo impacto en las actividades econó-micas, en las finanzas públicas y en todas las estructuras dela vida nacional" . De este modo, el congelamiento de losfondos del Banco Nacional de Panamá y la gravísima situa-ción por ello ocasionada había provocado a su vez "unaprofunda alteración y perturbación del orden público eimpide el normal desenvolvimiento de las actividades econó-micas y productivas de toda la comunidad nacional" . A ellose agregaba, el hecho de que "los grupos políticos empeñadosen la alteración del ordenamiento jurídico nacional y a laperturbación del orden público, han puesto en ejecución unplan destinado a privar a la población civil de las fuentes deabastecimiento de artículos de primera necesidad y handesarrollado una amplia campaña para inducir a los ciuda-danos al no pago de impuestos, ni de tasa por serviciospúblicos prestados por entidades oficiales , a la cual hanañadido una acción coordinada para captar dólares y retirar-los de la circulación pública con el objeto de agravar lasituación de urgencia que vive el país" . Del mismo modo, elConsejo de Gabinete se refirió al cierre de establecimientoscomerciales e industriales, la alteración de los precios deservicios y artículos hechos por los adversarios del gobierno,así como el pago de salarios en parte con cheques y especiespor los empresarios, "lo cual crea más dificultades a la masaobrera que merece una especial protección del Estado". (936)

Pese a la tensa situación existente entre los gobiernos deWashington y Panamá, el Departamento de Estado decidiónegociarla posible renuncia y el exilio de Noriega . Al parecer,éste en un principio, convino con la propuesta. Se envió aPanamá a Michael ozak, quien coordinaría los detalles conRómulo Escobar Bethancourt, pero después de dos meses de

34

negociaciones las mismas se desplomaron cuando Noriegapidió más tiempo y adujo que algunos oficiales de las Fuerzasde Defensa le habían insistido que permaneciera en elmando. Hasta el Secretario de Estado George Shultz estuvoa la espera de la decisión de Noriega el 25 de mayo, e inclusopospuso un viaje a Moscú que tenía programado realizar enesta fecha . Lo cierto es que Noriega no tenía ningunaintención de renunciar al poder . Mientras tanto, las relacio-nes con Estados Unidos se deterioraron más aún y RonaldReagan continuó apoyando a la Presidencia fantasma de EricA. Delvalle poniendo a su disposición 375 millones de dólaresen cuentas de depósito abiertas a los pagos del gobiernoestadounidense y de las entidades privadas, al igual que a losactivos sustraídos al régimen castrense de Panamá. Estascuentas también se destinaron a financiar actividadesencubiertas de la C .I .A. para eliminar a Noriega o forzar susalida. (937) Incluso se dijo que de este dinero manejado porDelvalle, un total de diez millones de dólares sirvieron parafinanciar la campaña electoral de los partidos políticosaglutinados en la Alianza Democrática de Oposición Civilista(ADOC) .

Con este trasfondo, el 7 de mayo de 1989, se celebraronlas elecciones generales, después de tres meses de intensacampaña política . En agosto de 1988 murió Arnulfo Arias yel gobierno encabezado por el General Manuel AntonioNoriega y el Presidente encargado Solís Palma trataron desacar ventaja dividiendo a sus adversarios políticos . Noobstante, tras superar su deseo de abstenerse de participaren los comicios, el Partido Panameñista Auténtico, despojadode sus símbolos por maniobras oficialistas y bajo la banderadel Liberalismo Auténtico, se presentó al lado de una pode-rosa coalición con la Democracia Cristiana y el MOLIRENA,con el nombre de Alianza Democrática de Oposición Civilista(ADOC), cuya nómina la encabezaba Guillermo EndaraGalimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, paraPresidente y Vicepresidentes, respectivamente . Por el oficia-lismo se unieron el PRD, facciones del Partido LaboristaAgrario (PALA) y de los Partidos Liberal Republicano, al igual

35

que el Partido Panameñista Revolucionario (PPR), el Partidodel Pueblo, el Partido Democrático de los Trabajadores y elPartido Acción Nacionalista(PAN) . Todos estos grupos for-maron la Coalición de Liberación Nacional (COLINA), quepostuló al colaborador de Noriega Carlos Duque para laPresidencia de la República, en tanto que el cuñado delGeneral Ramón Sieiro y Aquilino Boyd aspiraron a la primeray segunda Vicepresidencia, en su orden. Por el PartidoPanameñista Auténtico se presentó como tercera opciónHildebrando Nicosia sin la menor posibilidad de triunfo .(938)

Con una asistencia masiva a las urnas por parte de lapoblación electoral, es incuestionable que la ADOC obtuvouna aplastante victoria en los comicios del 7 de mayo de1989 . Esto impidió que el gobierno repitiera el fraudeperpetrado cinco años antes y optara por anular las eleccio-nes tres días después . En efecto, el Tribunal electoral,mediante el Decreto N° 58, de 10 de mayo, expresó que laselecciones habían sido organizadas "en medio de la másaguda crisis fiscal y económica que sufre la República dePanamá con el ánimo de brindar al pueblo panameño laoportunidad de producir la renovación de sus principalesórganos de gobierno dentro de la legalidad y para demostraral mundo la voluntad de actuar dentro del marco de demo-cracia, a pesar de que el ejercicio electoral significó unenorme sacrificio económico y una distracción de esfuerzosante los constantes ataques del agresor" .

Advirtió , a renglón seguido que, terminadas las eleccio-nes a las 5:59 p .m., "se produjeron hechos que aún persisteny los cuales han alterado de manera significativa el resultadofinal de las elecciones en todo el país" . Agregó,"que eldesarrollo normal de las elecciones fue alterado por la acciónobstruccionista de muchos extranjeros llamados por fuerzaspolíticas nacionales y foráneas sin gozar de una invitacióndel Tribunal Electoral, cuyo evidente propósito era el deavalar la tesis del fraude electoral, proclamado al mundo porlas autoridades norteamericanas desde fecha muy anterior alas elecciones" .

36

Expuso, asimismo, que los informes recibidos en elTribunal Electoral daban cuenta "de la constante sustrac-ción de las boletas en los recintos electorales, compra devotos por parte de los partidos políticos y, especialmente, lafalta de actas y de otros documentos que hacen absoluta-mente imposible la proclamación de cualquiera de los candi-datos". De allí que conforme al Artículo 136 de la Constitu-ción Política y los Artículos 290 y 291 del Código Electoral, elTribunal Electoral estaba facultado para declarar la nulidadde las elecciones, como en efecto hizo . A su entender, ellocontribuiría "a devolver la tranquilidad al país y proteger lavida y bienes de todos los habitantes en el territorio nacio-nal". (939)

En verdad, una vez concluidas las elecciones se suscita-ron actos fraudulentos y de violencia, solo que no de lamanera imprecisa como lo exponía el Tribunal Electoral .Miembros de las Fuerzas de Defensa y grupos paramilitaresllevaron a cabo robos de actas y votos en diversas partes delpaís incluyendo la ciudad capital . Suplantaron dichas actascon otros documentos previamente alterados, si bien losjurados lograron conservar muchos expedientes legítimos .De allí que nada impidió que la ADOC ganara con ampliaventaja de votos y así lo reconocieron los propios observado-res internacionales que habían sido invitados a presenciar el

desenvolvimiento de los comicios . Y en cuánto a la represiónque se desató poco después, por parte de las Fuerzas deDefensa y los denominados Batallones de la Dignidad, loevidencian los hechos acaecidos en el Centro de Convencio-nes ATLAPA, así como frente a la residencia arzobispal y,particularmente, el 10 de mayo, en el Parque de Santa Ana,donde los paramilitares y terroristas libios y panameñosatacaron a 'los máximos representantes de la nómina oposi-cionista Endara, Arias Calderón y Ford, causándoles seriasheridas y golpes al primero y al último, al igual que la muertea Alexis Guerra, uno de los miembros del cuerpo de seguri-dad de Ford, mientras que Humberto Montenegro quedógravemente lesionado. Escenas de esta salvaje represiónfueron presenciadas en el extranjero y demostraron que en

37

Panamá imperaba una dictadura dispuesta a mantenerse enel poder por los medios que fuesen . (940)

Poco después de las elecciones de mayo de 1989, espe-cíficamente el 17 de ese mes, la OEA aprobó una enérgicaresolución en la que reafirmó que el sentido genuino de lasolidaridad americana y de la buena vecindad no podía serotro que el de consolidar en el continente americano, "dentrodel marco de las instituciones democráticas, un régimen delibertad individual y de justicia social, fundado en el respetode los derechos esenciales del hombre" . A la vez, recordó elprincipio de no intervención, directa o indirecta , de unEstado o grupos de Estados en los asuntos internos oexternos de otro . Asimismo, consideró: "Que los gravesacontecimientos y abusos del General Manuel Antonio Norie-ga en la crisis y el proceso electoral de Panamá podríandesatar una escalada de violencia con los consiguientesriesgos para la vida e integridad de las personas ; que talesacontecimientos han coartado el derecho del pueblo pana-meño a elegir libremente sus legítimas autoridades ; que losindignantes abusos perpetrados contra los candidatos de laoposición y contra la ciudadanía violan derechos humanos,civiles y políticos ; que la crisis, que tiene factores internos yexternos, tiende a acentuarse aceleradamente, lo que podríagenerar serias amenazas para la paz y la seguridad interna-cionales; que la solidaridad de los Estados Americanos y losaltos fines que con ella se persiguen requieren la organiza-ción política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivode la democracia representativa ; que todo Estado tienederecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema políti-co, económico y social, y a organizarse en la forma que másle convenga; que la Organización de los Estados Americanosdebe ofrecer su colaboración a fin de propiciar las medidasrequeridas para que la crisis panameña encuentre unaefectiva y urgente solución que preserve las normas de laconvivencia interamericana ; que es objetivo fundamental dela Organización de los Estados Americanos promover yconsolidar la democracia representativa dentro del respeto alprincipio de no intervención, objetivo que se ve seriamente

38

afectado en la actual coyuntura política panameña; y que lavigencia de los Tratados del Canal de Panamá de 1977 y sucumplimiento constituyen un compromiso fundamental detodos los Gobiernos de América que ha merecido la aproba-ción universal" .

En virtud de lo anterior, la OEA resolvió encomendar alos cancilleres de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobagopara que, asistidos por el Secretario General de este organis-mo, cumplieran "la misión de promover urgentemente fór-mulas de avenimiento para lograr un acuerdo nacional queasegure, dentro de mecanismos democráticos y en el másbreve plazo, la transferencia del poder con el pleno respeto dela voluntad soberana del pueblo panameño". Del mismomodo, se exhortaba al gobierno panameño a "brindar suplena colaboración para el cumplimiento de esta resolución"y se instaba a "las autoridades y a todas las fuerzas políticasde Panamá a que se abstengan a tomar cualquier medida oejecutar cualquier acto que pueda agravarla crisis", así comoa todos los Estados a que prestaran su colaboración para elcumplimiento de la resolución . Se encomendaba a la Misiónque presentara a la Reunión de Consulta de la O .E.A. uninforme sobre el cumplimiento de su mandato para serconsiderado el 6 de junio próximo, fecha en que quedabaconvocada a fin de determinar las medidas ulteriores quecorrespondiera adoptar. Por último, se exhortaba a todos losEstados "a abstenerse de cualquier acción que vulnere elprincipio de no injerencia interna de los Estados" y seindicaba que se mantendría abierta la Reunión de Consultade Ministros de Relaciones Exteriores mientras subsistiera lasituación entonces imperante . (941)

Cinco días después, el Consejo de Gabinete del Gobiernopresidido por Manuel Solís Palma, respondió a esta Resolu-ción de la OEA. Denunció, en primer término, que en los tresúltimos años, Estados Unidos no había tenido escrúpulos"para recurrir a actividades desestabilizadoras y a múltiplesmedidas coercitivas e intervencionistas contra la Repúblicade Panamá, que han ocasionado graves e irreparables daños

39

a la economía y a la sociedad y ni siquiera la existencia decompromisos Internacionales solemnemente pactados connuestro país han podido frenar su afán de depredación denuestra soberanía nacional" . A la vez, se refirió a "lasagresiones abiertas y encubiertas, las presiones y amenazasdel uso de la fuerza" contra el Estado panameño y susdirigentes, al Igual que "las medidas coercitivas militares,monetarias, financieras, económicas, comerciales, políticas,diplomáticas y de otra índole, incluyendo el embargo, laapropiación Indebida y el bloqueo que hacen retrocedernuestro desarrollo, la abierta injerencia en nuestros asuntosinternos; la obstaculización de nuestras actividades y rela-ciones ejercidas contra nuestro personal consular y diplomá-tico, constituyen acciones planificadas en el marco de unprograma diseñado para desestabilizar el Estado pana-meño" .

A decir del Consejo de gabinete, a tales "acciones crimi-nales del gobierno de Estados Unidos" se sumaban "opera-ciones psicológicas para manipular las conciencias" y"campañas de desinformación a nivel mundial que falseannuestra realidad nacional con el fin de desacreditar, arruinary anular a nuestro país en el concierto de naciones y crearescenarios que propician intervenciones más graves enPanamá y América Latina" .

A continuación el Consejo de Gabinete expuso que habíasido "evidente la intervención de funcionarios del Gobiernode los Estados Unidos de América en los asuntos políticosinternos de Panamá, organizando acciones populares de des-obediencia civil, participación en reuniones y manifestacio-nes, y organización y adoctrinamiento de fuerzas opositoras,suministro de fuertes sumas de dinero para variar losresultados del torneo electoral, declaraciones contrarias alGobierno de Panamá de parte de los más altos funcionariosnorteamericanos, incluidos el Secretario de Estado y elPresidente de los Estados Unidos de América" . De allí quecalificó estas acciones del gobierno estadounidense como"delitos de lesa humanidad" y sostuvo que semejante

40

conducta se inscribía "en una política de terrorismo estatalde parte de la potencia que irónicamente se autocalifica comopaladín de la democracia y la libertad" . A su juicio, toda estaestrategia no tenía "otro propósito que imposibilitar nuestraindependencia nacional e impedir que nuestro pueblo puedadesarrollarse y progresar de manera autónoma, digna ycompatible con su idiosincracia, y logre así erradicar resa-bios coloniales y neocoloniales en su actual etapa de desarro-llo para transitar hacia formas de vida más decorosas" .

Según el Consejo de Gabinete, el gobierno de EstadosUnidos pretendía "soslayar sus obligaciones con Panamá envirtud de los Tratados del Canal de 1977 que estipulan latransferencia de la vía interoceánica a Panamá y la salida desus fuerzas militares del territorio nacional panameño a mástardar el 31 de diciembre de 1999". Y con suma ironía, afirmóque: "En este curso de acción, Estados Unidos decidió noreconocer al Gobierno Constitucional de la República ycontinúa buscando su aislamiento, pretendiendo restarlelegitimidadPero como su estrategia contra Panamá no lerendía los frutos esperados, ahora Estados Unidos intentaba"aislar a Panamá y tenderle un cerco de presión a nuestropueblo con el objeto de profundizar e internacionalizar susplanes para desestabilizar y derrocar a nuestro Gobiernoconstitucional, sin descartar la eliminación de sus dirigen-tes" .

A renglón seguido, el Consejo de Gabinete afirmó que "laRepública de Panamá abrigó la esperanza de que la Organi-zación de Estados Americanos actuase con espíritu de usti-cia, ecuanimidad e imparcialidad, y examinase los aconteci-mientos acaecidos principalmente en los últimos dieciochomeses como resultado de los actos criminales de EstadosUnidos contra nuestro pueblo, que son la causa fundamentalde la crisis política que atraviesa la Nación panameña, y quedebieran merecer la atención prioritaria de la Reunión deConsulta" . Pero, a su criterio, "en lugar de explorar de modointegral y con espíritu justiciero la naturaleza internacionaldel conflicto entre Panamá y los Estados Unidos de América,

4 1

la Reunión de Consulta adoptó una Resolución que soloprestó atención a ciertos hechos aislados de las elecciones ycircunstancias importantes con repercusiones internacio-nales que rodearon las elecciones" .

Por todo lo anterior, el gobierno de Panamá estimaba quela resolución aprobada el 17 de mayo de 1989, durante laVigésimo primera Reunión de Consulta de Ministros deRelaciones Exteriores, contenía "criterios, afirmaciones,señalamientos y propósitos que no estaban contemplados enla Carta de la Organización de Estados Americanos o que sonirreconciliables con sus objetivos y principios ; contradicenconvenios interamericanos en vigor ; son incompatibles conla Carta de la organización de las Naciones Unidas y consti-tuyen ofensas inadmisibles a la dignidad nacional, talescomo la malintencionada mención al Comandante efe de lasFuerzas de Defensa de la República de Panamá . A pesar delo antes expuesto, y como la esencia de la Resolución implicauna mera gestión para promover la concordia entre lospanameños la delegación panameña no quiso impedir elconsenso para presentar este loable propósito" .

Finalmente el Consejo de Gabinete, advirtió que laRepública de Panamá "al reafirmar su apego a los propósitosde la Organización de Estados Americanos y su disposiciónde la mejor buena fe y con la mayor diligencia todas lasfórmulas de concordia que se le propongan", entendía que laCarta de la O .E.A. no la autorizaba ni la facultaba "paraconvertirse en un tribunal internacional de justicia, en unajunta internacional de escrutinios ni en una corte internacio-nal de apelaciones, ni mucho menos para cumplir funcionesque no le corresponden exclusivamente a un tribunal nacio-nal de justicia, a otra junta nacional de escrutinios, o a untribunal electoral nacional, y que dicho organismo regionalno puede, además, bajo la razón que fuese, intervenir en losasuntos que están al amparo de la soberanía nacional de laRepública; ni de contradecir, invalidar o desconocer lasdecisiones de sus tribunales" . De este modo, el Consejo deGabinete,

afirmó que el Gobierno Nacional daba la

42

bienvenida a cualquier iniciativa que, dentro de la estrictacompetencia de la Organización de Estados Americanos ycon el debido apego a la Carta de las Naciones Unidas y elDerecho Internacional, puede establecer la verdad de la crisiscomo un conflicto entre Panamá y los Estados Unidos, perola República de Panamá jamás aceptará ningún acto queconstituya una injerencia en la esfera de su soberaníanacional" . (942)

Encabezó la misión de la O .E.A. el Secretario General deeste organismo regional oao Clemente Baena Suárez ytambién formaron parte de la misma Diego Cordovez, Minis-tro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mario PalenciaLainfiesta, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemalay Sahadeo Basdeo, Ministro de Relaciones Exteriores deTrinidad y Tobago . La misión arribó a Panamá el 23 de mayoy durante los siguientes tres días que permaneció en nuestropaís se reunió con el Ministro Encargado de la PresidenciaManuel Solís Palma, con los candidatos a la Presidencia dela República en las elecciones del 7 de mayo, tanto delgobierno como de la oposición, al igual que con los magistra-dos del Tribunal Electoral y con el General Manuel AntonioNoriega . Además consideró conveniente reunirse con elNuncio Apostólico, con el Arzobispo de Panamá, con ladirección de la Conferencia Episcopal y con el Subadminis-trador de la Comisión del Canal de Panamá .

Poco después de la llegada de la misión de la OEA aPanamá, específicamente el 26 de mayo, el Ministro deRelaciones Exteriores orge E. Ritter le entregó una nota aoao Clemente Baena Suárez, refiriéndose a otra que tam-

bién le había dirigido al Secretario General del organismoregional el anterior canciller orge Abadía Arias con fecha 14de abril de 11988 . Ritter le solicitó que copia de la misma yde toda la documentación adjunta fuesen incluidas dentro delos documentos de la Vigésima primera Reunión de Consultade Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y queademás se enviaran copias íntegras de dicha comunicacióna los representantes de los Estados miembros . En la

43

mencionada nota de abril de 1988, a decir de Ritter, se hacíauna relación detallada "de acciones gravísimas ejecutadaspor el gobierno de Estados Unidos contra la República dePanamá" . Y como la conducta del gobierno estadounidenseno solo había continuado, si no "rebasado todos los ámbitosposibles de intromisión en los asuntos internos" de Panamá,al punto que hizo necesario que la República denunciaraante el Consejo de Seguridad de la ONU "la injerencia masiva,abierta y sistemática del gobierno de Estados Unidos y de susagentes en el proceso electoral de Panamá, así como lainminencia de una agresión militar estadounidense contrasu territorio . . .", Ritter solicitaba a Baena Suárez que lasactas de la reunión de dicho Consejo de 29 de abril de 1989y la exposición que le acompañaba a continuación tambiénformaran parte de la Vigésimo Primera Reunión de la Consul-ta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.

Respecto a la nota de Abadía Arias, ésta incluía lossiguientes puntos : "1- La amenaza de la fuerza con prepara-tivos de una invasión ;

2- violaciones al espacio aéreo soberano de la Repúblicade Panamá ;

3- violaciones de las aguas jurisdiccionales panameñas ;4- actos de provocación ;5- descripción de la situación actual y otras violaciones

de incidencia económica y6-consideraciones finales" . Por su parte, Ritter incluyó

puntos: "sobre la permanente amenaza del uso de la fuerza ;sobre la agresión económica ; sobre las consecuencias de laagresión económica; sobre la operación para impedir lacelebración ordenada de las elecciones del

7- de mayo de 1989 ; sobre la situación que motiva laanulación de las elecciones y sobre las proyecciones interna-cionales de la amenaza" . (943)

Apenas es necesario recordar que la misión conciliadorade la OEA en Panamá resultó un rotundo fracaso . Ello apesar de que en otras dos ocasiones, del 12 al 15 de junio ydel 14 al 18 de julio de ese mismo año de 1989, realizó otrasdos visitas a nuestro país . En verdad, le resultó imposible

44

lograr que el diálogo entre los representantes de la ADOC,COLINA y las Fuerzas de Defensa, se concretara en unacuerdo que tomara en cuenta los distintos y encontradosplanteamientos de las partes . Así, la ADOC solicitó, entreotras cosas, que se definiera lo que cada cual entendía por"transferencia de poder", que se abordara el tema de laselecciones del 7 de mayo, que el General Noriega renunciaraa la Comandancia de las Fuerzas de Defensa y que secumplieran las normas establecidas en la Constituciónnacional. Al mismo tiempo, denunció la violación de losDerechos Humanos y las garantías constitucionales y, porúltimo, planteó el punto de los "factores externos" . Mientrastanto, COLINA, el órgano Ejecutivo y las Fuerzas de Defensapresentaron temas como: el cese de la agresión y la amenazamilitar contra Panamá por parte de Estados Unidos ; el retirode las fuerzas armadas adicionales estadounidenses enPanamá; que terminara la agresión económica, el desconge-lamiento y la devolución de los fondos retenidos en EstadosUnidos, así como también demandaron el estricto cumpli-miento del espíritu y la letra de los Tratados Torrijos-Carterpor parte del gobierno de Washington y la no injerencia deéste en los asuntos políticos de Panamá . A lo anterior cabeañadir la posición asumida por el General Noriega de noparticipar en el diálogo porque ello era "incompatible con elcarácter institucional de las Fuerzas de Defensa", según loexpresó el propio canciller ecuatoriano Diego Cordovez . (944)

Entre tanto, el 26 de junio, Rodolfo Chiari De León,Ministro de Gobierno y usticia, a la sazón Encargado delMinisterio de Relaciones Exteriores, le comunicó a oaoBaena Suárez que la Corte Suprema de usticia, mediantesentencia dictada cuatro días antes había declarado que elartículo 1 del Decreto N° 58 del 10 de mayo de 1989, emitidopor el Tribunal Electoral sobre la anulación de las eleccionesno vulneraba el artículo 32 ni ningun otro de la ConstituciónPolítica de la República y, por lo tanto, no era inconstitucio-nal. Con ello, en opinión de Chiari De León se cerraba"definitivamente el debate sobre la legalidad de lo actuadopor el órgano Electoral" . (945)

45