ordenamiento territorial y participación social: problemas

Ordenamiento territorial y participación social: problemas y posibilidades

MIGUEL AGUILAR ROBLEDO, ENRIQUE DELGADO LÓPEZ, V ALENTE VÁZQUEZ SOLÍS Y OSCAR REYES PÉREZ

( EDITORES)

Ordenamiento territorialy participación social:problemas y posibilidades

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)Escuela de Ciencias Sociales y HumanidadesUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA)Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Miguel Aguilar Robledo, Enrique Delgado López,Valente Vázquez Solís y Oscar Reyes Pérez (editores)

ISBN: 978-607-7856-66-5Impreso y hecho en México

Primera edición: 2013

Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA)Campus Morelia de la UNAMAntigua carretera a Pátzcuaro 8701Col. Ex Hacienda de San José de la HuertaC.P. 58190, Morelia, Michoacán, Méxicowww.ciga.unam.mx/ciga

Instituto de GeografíaUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Circuito de la Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.www.igg.unam.mx/sigg/

Universidad Autónoma de San Luis PotosíEscuela de Ciencias Sociales y HumanidadesAv. Industrias 101-AFraccionamiento Talleres, C.P. 78494San Luis Potosí, Méxicowww.uaslp.mx

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-Semarnat)Periférico sur 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530. México, D.F. www.inecc.gob.mx

Coordinación editorial y formación: Raúl Marcó del Pont LalliDiseño portada: Álvaro FigueroaFoto de la portada: Claudio Contreras KoobEdición para internet: Susana Escobar MaravillasRevisión y cuidados editoriales UASLP: Heidi Cedeño Gilardi

D.R. ©

Los capítulos de este libro fueron arbitrados por pares académicos. El texto en su conjunto se privilegia con el aval de las instituciones editoras.

Disponible en la sección editorial de las páginas del Instituto de Geografía: www.igg.unam.mx/sigg/, del CIGA: www.ciga.unam.mx y en la de publicaciones del INECC: http://www2.inecc.gob.mx/

Índice

Presentación 7Antonio Vieyra

Introducción 9Miguel Aguilar-Robledo, Enrique Delgado-López, Valente Vázquez-Solís y Oscar Reyes-Pérez

Cooperación y conflicto entre empresas, 15comunidades y gobierno: nuevos movimientos sociales en el caso de Cerro de San Pedro, MéxicoJosé G. Vargas Hernández

De la zonificación ecológica-económica al ordenamiento 51 territorial: desafíos y perspectivas de gestión territorial participativa en la amazonía brasileñaJosé Fernandes Barros, María do Carmo Neves dos Santos yRegina Gloria Pinheiro Cerdeira

El ordenamiento ecológico territorial participativo, 65instrumento para el desarrollo rural sustentable: el caso del municipio de Álamos, Sonora, MéxicoAdán Guillermo Ramírez García, Marta Concepción Cervantes Ramírez, Pastor Sánchez García, Alejandro Ismael Monterroso Rivas, Jesús David Gómez Díaz

El relieve, los paisajes físico-geográficos y la aptitud 87 natural de las unidades de gestión en el ordenamiento ecológico territorial José Ramón Hernández Santana, Manuel Bollo Manent, Ana Patricia Méndez Linares y José Manuel Figueroa Mah Eng

El reto del ordenamiento territorial de las localidades 115 urbanas del estado de San Luis Potosí: tendencias recientes del período 2000-2005 Ricardo Villasís Keever, Miguel Aguilar Robledo, Adrián F. Moreno Mata, Pedro Medellín Milán y Guadalupe Vázquez Rodríguez

El saber tradicional y el desarrollo rural sustentable, 153visto desde una perspectiva cultural como premisas para una ruralidad alternativa Lucio Noriero Escalante, María Almanza Sánchez y Guillermo Torres Carral

La experiencia de un ordenamiento territorial local: 177el caso del municipio de Zapopan, Jalisco, México Javier Rentería Vargas, María Evangelina Salinas Escobar y Armando Chávez Hernández

La geoecología y el ordenamiento ecológico territorial 203de la zona petrolera Región V Norte de Chiapas Manuel Bollo Manent, José Ramón Hernández Santana, Ana Patricia Méndez Linares y José Manuel Figueroa Mah Eng

La participación social en el ordenamiento territorial. 241Participación o representación un dilema legal y metodológico Rubén Alfonso Rodríguez Vera y Gustavo Saavedra de la Cruz

La percepción social del ruido como contaminante 271José Manuel Romo Orozco y Adoración Gómez Sánchez

Prólogo 7

Bajo los crecientes y agudos problemas que actualmente aquejan a la huma-nidad en el plano social, económico, ambiental, y que se presentan a diversas escalas (mundial, nacional, regional y local), es urgente discutir, reflexionar y proponer estrategias derivadas de diagnósticos y estudios a profundidad que establezcan propuestas e instrumentos de política pública encaminadas a la resolución de las cuestiones mencionadas.

La creciente desigualdad en la distribución de la población, donde las ciudades se convierten en los espacios con mayores oportunidades para al-canzar una mejor calidad de vida, ha contribuido, por un lado, al constante despoblamiento de los espacios rurales, cada vez con mayores carencias de oportunidades, y por otro, al crecimiento demográfico y la expansión cons-tante de las áreas urbanas. Dicho paradigma de desarrollo han generado importantes desequilibrios territoriales que poco a poco han agudizado in-finidad de problemáticas, tanto entre ambos contextos territoriales como al interior de cada uno de ellos.

Es común la falta de oportunidades en muchas regiones para obtener un ingreso y medios que garanticen la manutención familiar, así como el acce-so a bienes y servicios básicos como salud, educación, agua, vivienda, entre otros. El aprovechamiento irracional de los recursos naturales, la prolifera-ción de actividades devastadoras como la minería, la tala de bosques y la so-breexplotación y contaminación de suelos y agua, son algunos de los grandes

Prólogo

Antonio Vieyra Medrano1

7

1 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM, México.

8 Ordenamiento territorial y participación social

problemas que derivan en la inequidad de la distribución de los beneficios. Los altos costos sociales y ambientales que esto genera recaen en un sector amplio de la población rural, lo que muchas veces se transforma en verdade-ros detonantes de conflictos.

La constante migración de la población de ámbitos rurales o urbanos de jerarquías menores a ciudades de mayor tamaño, también ha contribuido a la proliferación y mayor complejidad de las problemáticas urbanas y periurba-nas. Las ciudades se vuelven cada vez más vulnerables y menos sustentables, ya que están sometidas a una fuerte y constante presión de su crecimiento. Y dichos ritmos son más altos que la capacidad para atender las demandas que requieren la población originaria y la nueva. Actualmente, en ellas se ob-servan patrones de segregación espacial y polarización social cada vez más marcados, que evidencian espacios diferenciados en el acceso a servicios, in-fraestructura, equipamiento, empleo, entre otros, y que determinan niveles de pobreza y marginación en constante aumento. Además, las ciudades no suelen ser autosuficientes en el uso de sus recursos, por lo que han generado una aguda problemática en el abasto de agua, el tratamiento de desechos, la demanda de suelo, lo que ha implicado cambios constantes en los usos y la degradación ambiental, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el entorno periurbano.

Por lo anterior, las contribuciones expuestas en el presente libro son apor-taciones relevantes que buscan nuevas alternativas en el ejercicio de la parti-cipación social y el ordenamiento territorial. Visto éste como un instrumento que permita no sólo la existencia de la normatividad sino de estrategias que garanticen su implementación y seguimiento para alcanzar las metas pro-puestas en un tiempo y lugar determinados.

Introducción 9

Ordenamiento territorial y participación social: problemas y posibilidades re-coge las experiencias de autores de diversas instituciones de investigación y de educación superior sobre el estado del conocimiento teórico y práctico en el ámbito del ordenamiento territorial en México y en el extranjero; en particu-lar, incluye casos que incorporan enfoques participativos a nivel comunitario, municipal, estatal, nacional e internacional, que han llevado a cabo institucio-nes académicas del sector público y privado vinculadas a la gestión territorial.

Este libro está animado por un interés colectivo incluyente, diverso y ar-ticulado, que reúne los esfuerzos y la participación activa de especialistas con el único objetivo de intercambiar puntos de vista y resultados de inves-tigación de uno de los temas emergentes en la sociedad contemporánea: el ordenamiento territorial.

Ante los acelerados cambios que se suscitan en el espacio geográfico mundial, es reconocida la necesidad de caracterizar y explicar los procesos que motivan, acompañan, derivan y se asocian con la organización de los territorios en distintas escalas geográficas. Los dieciocho capítulos que se presentan en este volumen substancian la diversidad temática y las perspec-tivas bajo las que se examina la necesaria relación entre el ser humano y la naturaleza en su expresión territorial.

Esta obra inicia con el trabajo de José G. Vargas-Hernández, quien de-sarrolla el tema “Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades y gobierno: nuevos movimientos sociales en el caso de Cerro de San Pedro, México”. El objetivo de este capítulo es analizar las relaciones de coopera-

Introducción

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ción y conflicto entre una compañía minera y las comunidades asentadas en el municipio potosino mencionado, los nuevos movimientos sociales y orga-nizaciones no gubernamentales (ONG) con los gobiernos municipal, estatal y federal.

El segundo capítulo, de José Fernandes Barros, Maria do Carmo Neves dos Santos y Regina Gloria Pinheiro Cerdeira, se titula “De la zonificación ecológica-económica al ordenamiento territorial: desafíos y perspectivas de gestión territorial participativa en la Amazonía Brasileña”. Este capítulo aborda la experiencia de ordenamiento territorial que se viene desarrollando en el Estado del Amazonas, en el norte de Brasil, por medio de instrumen-tos de planificación y participación social como la Zonificación Ecológico-Económica Participativa (ZEEP), puestos en ejecución por la Secretaría del Medio Ambiente y del Desarrollo Sustentable (SDS), que ha desarrollado di-versas acciones para la gestión sustentable de este territorio brasileño.

El tercer capítulo, intitulado “El ordenamiento ecológico territorial par-ticipativo, instrumento para el desarrollo rural sustentable: el caso del mu-nicipio de Álamos, Sonora, México”, de Adán Guillermo Ramírez García, Marta Concepción Cervantes Ramírez, Pastor Sánchez García, Alejandro Ismael Monterroso Rivas y Jesús David Gómez Díaz, presenta una propuesta fundamentada en el modelo comunitario de desarrollo sustentable, evalua-ción rural participativa y ordenamiento ecológico territorial. Estos autores proponen un modelo de planeación de desarrollo local validado en campo que propicie el uso adecuado de los recursos naturales para beneficio comu-nitario.

El cuarto capítulo, de José Ramón Hernández Santana, Manuel Bollo Manent, Ana Patricia Méndez Linares y José Manuel Figueroa MahEng, “El relieve, los paisajes físico-geográficos y la aptitud natural de las unidades de gestión en el ordenamiento ecológico territorial”, presenta un enfoque geomorfológico integral (morfología, morfometría, morfotectónica y mor-foestructura, categorías y subcategorías geomorfológicas, cronomorfogéne-sis y exodinámica actual del relieve) para la determinación de las unidades de síntesis natural, como unidades de gestión dentro de los planes de orde-namiento ecológico territorial en México, particularmente en la región no-roeste del Estado de Chiapas.

El quinto capítulo, que presentan Ricardo Villasís Keever, Miguel Agui-lar Robledo, Adrián F. Moreno Mata, Pedro Medellín Milán y Guadalupe Vázquez Rodríguez, denominado “El reto del ordenamiento territorial de las localidades urbanas del estado de San Luis Potosí: tendencias recientes del período 2000-2005”, documenta las tendencias generales del fenómeno de la distribución espacial de la población en el ámbito urbano del estado de San Luis Potosí, en el período comprendido entre el año 2000 y el 2005. El

Introducción 11

capítulo también identifica los cambios desde la perspectiva demográfica en la relación urbano-rural; primero, a nivel de los 70 centros de población que constituyen el sistema urbano estatal; luego, a nivel micro región; y final-mente, en las cuatro grandes regiones del estado en el período mencionado. Los autores también hacen un recuento de ciudades con planes de desarrollo urbano y de los centros de población; también resaltan el reto de la planea-ción urbana sin atender en términos de política pública y de ordenamiento territorial.

Lucio Noriero Escalante, María Almanza Sánchez, Guillermo Torres Ca-rral presentan “El saber tradicional y el desarrollo rural sustentable, visto desde una perspectiva cultural como premisas para una ruralidad alternati-va”, capítulo que efectúa un primer acercamiento a las perspectivas de la so-ciología de la cultura con el fin de identificar aquellas dimensiones teóricas y conceptuales implicadas y relacionadas al concepto de saber tradicional.

Acto seguido, Javier Rentería Vargas, María Evangelina Salinas Escobar y Armando Chávez Hernández presentan “La experiencia de un ordenamien-to territorial local: el caso del municipio de Zapopan, Jalisco, México”, en el que desarrollan diferentes opciones metodológicas en la delimitación de unidades de gestión ambiental, con el objetivo de asignar los usos del suelo desde el enfoque del ordenamiento territorial. Además de esa metodología, este séptimo capítulo asocia áreas de igual aspecto con los sistemas territo-riales (análisis integrado del paisaje). Primero se reconocieron e identificaron unidades de paisaje, posteriormente se procedió a cumplimentar las fases de caracterización y diagnóstico sobre esas unidades espaciales identificadas.

En “La geoecología y el ordenamiento ecológico territorial de la zona pe-trolera Región V Norte de Chiapas”, Manuel Bollo Manent, José Ramón Her-nández Santana, Ana Patricia Méndez Linares y José Manuel Figueroa Mah Eng nos ofrecen los resultados más importantes de la etapa IV, formulaci-ón del Modelo de Ocupación del Territorio, del Proyecto de investigación “Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Petrolera Región V Norte de Chiapas”, y retoman como Unidades de Gestión Ambiental (UGA) a los paisajes físico-geográficos del territorio. La evaluación de la compatibilidad del uso, la caracterización de los problemas ambientales naturales, sociales y económicos, y la determinación de la situación ambiental del territorio, permitieron elaborar el modelo en cuestión y definir las estrategias, las polí-ticas, los criterios ecológicos, los programas y planes, así como los modelos tendenciales, a 12 y 24 años, con la implementación o no del modelo de orde-namiento ecológico territorial.

El noveno capítulo, de Rubén Alfonso Rodríguez Vera y Gustavo Saavedra de la Cruz, “La participación social en el ordenamiento territorial. Participa-ción o representación: un dilema legal y metodológico”, revisa el marco legal


existente en materia de ordenamiento ecológico, urbano y de planificación económica para detectar las inconsistencias legales y los problemas metodo-lógicos que podrían enfrentar los especialistas al tratar de dar cabal cumpli-miento a las leyes sobre la obligación de involucrar a las comunidades enla resolución o mitigación de sus problemas.

José Manuel Romo Orozco y Adoración Gómez Sánchez son los autores del décimo capítulo, “La percepción social del ruido como contaminante”. Parten de la premisa de que, no obstante que el ruido es actualmente uno de los principales contaminantes a nivel urbano, no por ello es valorado en su justa dimensión, por lo que se hace necesario estudiar las condiciones actu-ales de nuestras ciudades para tomar las decisiones pertinentes. Con base en las experiencias de otros países, los autores diseñaron la encuesta “Percepci-ón social del ruido como contaminante”, que fue aplicada, como prueba pilo-to, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma e San Luis Potosí (UASLP), y cuyos resultados evidencian que el ruido es percibido como un problema de salud pública. Los resultados fue-ron procesados con un análisis estadístico simple, siguiendo los conceptos ya establecidos en los estudios consultados, lo que permitirá establecer un comparativo con éstos o con futuros estudios similares.

El onceavo capítulo, de Raúl Salas, Beatriz Fidalgo, José Gaspar y Paulo Morais, aborda el “Monitoreo de la biodiversidad en el planeamiento del uso del suelo, contribución de diferentes usos del suelo en la riqueza de especies en áreas forestadas”. Sus autores sostienen que la evaluación de la biodiver-sidad en paisajes cultivados es un aspecto esencial de los protocolos actuales de manejo, como los programas de certificación, que han acrecentado el in-terés en el manejo sustentable para la preservación de la biodiversidad. Por ello, este capítulo sugiere que deben ser investigados dos aspectos de moni-toreo: 1) cómo el patrón de las especies cambia a través de una escala espa-cial; 2) cómo la contribución de los componentes del paisaje considerando todas las especies puede ser evaluada. Los autores estudiaron los componen-tes de la diversidad dentro y entre comunidades a diferentes escalas (parcela, población forestal, hábitat y paisaje) con tres métricas: riqueza de especies, índice de Shannon e índice de Simpson.

El mismo grupo de investigadores, encabezados ahora por Beatriz Fidal-go, Raúl Salas, José Gaspar y Paulo Morais, presenta el capítulo décimo se-gundo, “Monitoring Land Cover Change in a Forested Landscape in Central Portugal. The Role of Structural Indices”, donde ponen a prueba la utilidad de un conjunto de métricas de paisaje para ser usados como indicadores para el monitoreo de los cambios del uso del suelo en un paisaje ocupado con pequeños propietarios no industriales. Los autores identifican los requisitos de las métricas para detectar cambios espaciales y temporales así como los

Introducción 13

procedimientos para valorizar estas métricas con el fin de detectar los cam-bios. El estudio, realizado en un área de 138 km2 en el centro de Portugal, analizó mapas de ocupación derivados de la fotointerpretación de los años 1954, 1974 y 1995.

Aída Olivera de los Santos, Richar Arnoldo Gallardo Méndez, Juan Ma-nuel Villareal Fuentes e Ivone Carmona Muñoz, presentan el treceavo ca-pítulo, “Ordenamiento agroecológico del estado de Chiapas para producir caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)”, abocado a determinar áreas con potencial para el cultivo de la especie mencionada, en el estado de Chiapas, utilizando el Sistema de Información Geográfica ARC/INFO.

El décimo cuarto capítulo, “Ordenamiento ecológico territorial del mu-nicipio de Zapopan, Jalisco: reflexiones sobre el proceso y los resultados”, de Hirineo Martínez Barragán y Susana Urzúa Soto, valora los alcances del documento “técnico” (2006) que comprendió la caracterización, diagnósti-co, el modelo de ordenamiento y los escenarios tendenciales del municipio de Zapopan. Este texto fue elaborado por académicos del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, de la Universidad de Guadalajara, en co-ordinación con autoridades municipales, diversas instituciones y el público en general.

En el quinceavo capítulo, Ana María Sedevich, Caren Becerra y Diego Bombal presentan el “Ordenamiento territorial versus “tendencias espontá-neas”: el caso de la Cuenca del Jarillal, ciudad de Mendoza, Argentina”, que detalla una propuesta de ordenamiento territorial para dicha cuenca, un am-biente natural degradado por sucesivas fases de urbanización espontánea no planificada en la ciudad de Mendoza, asumiendo nuevas funciones, asocia-das con el cambio posicional y la valorización de los terrenos. Estos autores proponen restaurar sectores degradados y recuperar la función natural de la cuenca aprovechando su potencial paisajístico y lograr que su integración al tejido urbano se realice como espacio público.

Luis Miguel Espinosa Rodríguez y Dulce Vences Sánchez presentan el décimo sexto capítulo, denominado “Propuesta conceptual y metodológica para la evaluación del riesgo”, que incluye un planteamiento para la evalua-ción de riesgos a partir del análisis de variables de las diferentes áreas invo-lucradas en el desarrollo de procesos perturbadores. La propuesta se vincula con procesos de ordenación del territorio, al integrar valores cuantitativos y cualitativos de los geosistemas perturbadores, de la vulnerabilidad espacial, de la vulnerabilidad global y de la capacidad de respuesta.

El penúltimo capítulo, de Rafael Monroy y Rafael Monroy Ortiz, se intitu-la “Retos administrativos del ordenamiento territorial a escala municipal en Morelos, México”. Este capítulo discute la inconsistencia práctica del marco normativo para los ordenamientos territoriales en el estado de Morelos en tér-


minos de criterios administrativos. Los autores también plantean un esquema de análisis multidimensional que integra variables próximas a las condiciones sociales y económicas de la población, subrayando su pertinencia para abordar la vulnerabilidad local con medidas específicas de atención.

Por último, María Teresa Rentería Rodríguez presenta el décimo octavo capítulo, con el título “Tipos y modos de la participación ciudadana en los proceso de ordenación del territorio: Dos casos para su ilustración”. Esta au-tora considera a la participación ciudadana como un elemento clave, tanto en los procesos de desarrollo local, como en los de ordenación territorial. El trabajo presenta dos casos distintos en los que se obtienen resultados de di-versa incidencia en el ordenamiento territorial, que corresponden a las moti-vaciones y los modos de llevar a cabo la participación ciudadana.

En suma, los lectores de este texto sobre ordenamiento territorial y par-ticipación social encontrarán aquí diversas problemáticas relacionadas con la teoría y la práctica del ordenamiento territorial así como posibles cami-nos para solucionarlas. El ámbito del ordenamiento territorial es complejo y multivariado y, por lo mismo, demanda diversas formas de abordaje, según consta en estas páginas. Por ello, además del ordenamiento territorial, el tex-to aborda la participación –y sus variantes: la participación social, la parti-cipación ciudadana,la participación públicay la participación comunitaria, tema que aún requiere de mayor profundización–, los retos administrativos, las propuestas conceptuales y metodológicas; los conflictos entre diferentes actores y los paisajes físico-geográficos como variables en el ordenamiento -territorial y ecológico.

Por último, vale destacar que este texto es fruto de la colaboración aca-démica entre varias instituciones que, por lo demás, están comprometidas a generar insumos para la reflexión y el trabajo en el ámbito del ordenamiento territorial. Esperamos que los capítulos de este libro cumplan su cometido de alimentar el debate sobre cómo relacionar el ordenamiento territorial con las diversas modalidades de la participación.

Miguel Aguilar-Robledo, Enrique Delgado-López, Valente Vázquez-Solís y Oscar Reyes-Pérez, editores

Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades y gobierno 15

LocaLización geográfica

Cerro de San Pedro es un pueblo históricamente minero semi – abandonado, localizado en el centro de México, en el estado de San Luis Potosí. Cerro de San Pedro es un pequeño pueblo a 18 kilómetros hacia el Este de la ciudad de San Luis Potosí, la capital del estado de San Luis Potosí. Cerro de San Pedro está localizado en la parte alta del valle de San Luis Potosí y es parte de un área clave para el valle y sus ciudades importantes. El valle es la fuente de un 73% de agua para el área.

Cerro de San Pedro es un pueblo fantasma que contiene tiendas en ruinas, iglesias, fincas y un hospital. El día de hoy hay un poco más de 100 personas viviendo en el Cerro. El fundo Real de la aldea cubre las colinas en ambos lados del cañón con grandes y pequeñas casas a un costado de las estrechas calles (Cordero de Enciso, 1997). Los restos de 400 años de antigüedad del pequeño pueblo todavía están ahí, solos entre una iglesia activa y una oficina municipal. Cerro de San Pedro está situado en un alto desierto y en el cora-zón de México, el tipo de lugar con muchos corre caminos y grandes cactus.

Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades y gobierno: nuevos movimientos sociales en el caso de Cerro de San Pedro, México

José G. Vargas Hernández*

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* Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Gua-dalajara.


400 años de minería no alteraron la apariencia original del fundo Real, la cual es irregular y cuyo centro es la parroquia de San Pedro. El desarrollo artístico y urbano en el siglo decimoséptimo está representado en Cerro de San Pedro. Hay dos estructuras particularmente importantes de perspectiva patrimonial histórica. La iglesia de San Nicolás Tolentino del siglo XVII y San Pedro Apóstol la cual data del siglo XVIII.

Los indios tarascos se situaron alrededor de la iglesia de San Pedro y la adoptaron como su santo patrón. La avenida enfrente de la iglesia fue usada como un intercambio y un lugar de socialización (Cordero de Enciso, 1997). Las dos iglesias construidas en Cerro de San Pedro fueron atendidas por el clero laico auxiliado por los monjes Franciscanos, y después los Agustinos quienes eran capaces de hablar tarasco. Las dos iglesias construidas en la primera mitad del siglo XVII son idénticas, aunque la iglesia de Cerro de San Pedro fue después modificada. La iglesia de Cerro de San Pedro es un raro ejemplo de iglesia del siglo diecisiete y su color es en una estética armonía con la colina atrás de ella. La iglesia de San Nicolás de Tolentino está cons-truida en un lado de un cañón y se ha convertido en un área urbana. La igle-sia de San Nicolás mantiene su primitiva apariencia con sólo una nave y una bóveda en forma de barril.

Hay además, numerosos y diversos monumentos históricos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Una zona del pueblo es conocida como “La Colonia de los Gringos”, y contiene lo que una vez fueran oficinas y viviendas de la compañía American Smelting and Refining.

Antecedentes legales

Desde los tiempos prehispánicos en México, la minería ha jugado un papel im-portante en la historia política y económica. De 1986 a 1990 el Banco Mundial concedió créditos para apoyar los ajustes estructurales de las políticas econó-micas. El crédito 3359 apoyó el ajuste estructural del sector minero catalogado como B para eliminar los requerimientos ambientales y audiencias públicas (Proyecto de Frontera Ecológica, 1994). Bajo una política económica neolibe-ral, las enmiendas del Artículo Constitucional 27, una nueva ley agraria, una ley minera (1993) y una ley de inversión extranjera durante los años noventa, permitió a los ejidatarios, a los originales dueños limitados de los derechos de


la tierra, a tener la facultad para cambiar y enajenar su propiedad. Los inversio-nistas ahora pueden asociarse con ejidatarios, explotar los recursos de la tierra sin comprarlos. El Libre Tratado de América del Norte o sus siglas en inglés NAFTA, ofreció ventajas y oportunidades a los inversionistas.

La ley minera de 1993 junto con la regulación de la ley minera (1999) abrieron al capital extranjero áreas que fueron reservadas para los inversio-nistas mexicanos y fueron definidas por las nuevas reglas para el desarrollo nacional, exploración de inversiones extranjeras y explotación de minerales como actividades de utilidad públicas. El proceso de subvención de conce-siones de minería no requiere audiencias públicas y la mayoría del tiempo las afectadas comunidades son las ultimas en enterarse acerca del proyec-to. Existen algunas referencias acerca de estas oportunidades consideradas y otras “ventajas competitivas” que ofrece México en comparación con sus socios en NAFTA (Bardake, 1993). Una concesión minera no puede ser can-celada por contaminar el ambiente y sólo puede ser multada, por ejemplo.

Antecedentes históricos

Los Guachichiles habitaron las colinas del área de Cerro de San Pedro antes que los españoles llegaran. El primer plan urbano original de Cerro de San Pedro data de 1412. Un par de misioneros visitaron el área alrededor del año de 1570, pero el mineral no fue encontrado en las colinas. Cerro de San Pedro solía ser uno de los más grandes pueblos mineros de la colonia de la Nueva España hace cien años atrás, los conquistadores españoles repartieron la tierra saqueando y enviando la mayoría de los tesoros de regreso a Europa. En marzo de 1592. Don Miguel Caldera, un mestizo y comandante del ejército español, envió a un grupo de mineros a reconocer la tierra en las colinas del valle de San Luis Mexquitic y registrar las minas de oro llamadas Real de San Luis Potosí.

Alrededor de algunos 60 descubrimientos fueron registrados con vetas ricas en metales. Los más ricos minerales fueron localizados cerca de la su-perficie. Después de 40 años de lucha con los Guachichiles durante la última década del siglo dieciséis, los conquistadores convencieron a los indios de de-dicarse al cultivo y plantación y tener una vida sedentaria. Real de Minas de Cerro de San Pedro fue fundado en 1583 después de que varias minas loca-lizadas en la región iniciaron operaciones, aunque se ha establecido que fue


en 1592, antes que la capital de San Luis Potosí, descubierta en el siglo XVI, debido a esta riqueza fue bautizada en español como Potosí. Martín Pérez fue uno de los descubridores de las minas de Cerro de San Pedro, el cuatro de marzo de 1592 (P.F.V:Col.Doc., Vol. I, p. 254, citado por Del Hoyo, 1979).

Cerro de San Pedro data del siglo XVI y fue la localidad original de la capital del estado de San Luis Potosí, pero en las colinas de Cerro de San Pedro no ha-bía suficiente agua que suministrara al pueblo y para lavar los metales, así que los pobladores terminaron trasladándose. Los españoles fundaron el pueblo de San Luis Potosí en el valle. El escudo de las armas de la ciudad de San Luis Poto-sí tiene a la colina de Cerro de San Pedro en azul y fondo de oro con dos bandas de plata y oro, sobre la cual posa el Santo Rey Luis de Francia, testimoniando sus orígenes minerales. La montaña es el símbolo de su patrimonio.

Algunas familias de mestizos, mulatos e indios fundaron Real de Cerro de San Pedro más adelante en la sierra la cual tenían sus propios gobernadores y uniones. Tlaxcaltecas, Tarascos y Otomíes fueron llevados a trabajar en las mi-nas y en el ganado de los ranchos. El distrito minero de Cerro de San Pedro ha soportado varios periodos de significante actividad minera y ha visto muchas producciones de campañas mineras desde su descubrimiento en los pasados 500 años. No hay evidencias de producción durante el periodo comprendido de 1574 a 1660 de actividad minera en Cerro de San Pedro. Las minas produjeron abundancia en los primeros treinta años y algunos 62 millones de pesos que fueron pagados en derechos sólo durante sus primero 60 años de existencia, que son, algunos 10 millones de pesos por año (Cordero de Enciso, 1997).

En 1613, el alcalde, Pedro de Salazar construyó el famoso Socavón del Rey, un túnel horizontal queda acceso a profundas venas de materiales, las cuales produjeron alrededor de treinta toneladas de plata mezclada con oro en un año. Después de 15 años de minería, la cantidad de metales preciosos se redujo aunque hubo una época de problemas con el oro que dio revuelo a la codicia entre un grupo de hombres, quienes estaban coludidos en un enorme fraude y los dueños de las minas de Briones perdieron su propiedad, Finalmente, en 1628 las casas principalmente habitadas de San Luis Potosí fueron desalojadas. La última mina rica, San Cristóbal, fue cerrada en 1656 aunque ha habido algunas bonanzas en el Cerro.

El 1690, el alcalde, Alonso Muñóz Castiblanque, abrió paso en la monta-ña con ayuda de un préstamo que le hicieron por medio del Virrey, el Conde


de Gálvez y la producción incrementó en una quinta parte de lo que era en 1620. En 1740, cientos de hornos y setenta moledores de mineral aún existían en la región.

En el siglo dieciocho, la región tuvo una reputación de malos tratos a la gente indígena y de su enojo. La pobreza creciente de los habitantes de las colinas y sus alrededores fue aún peor en 1767. Las donaciones de oro dadas a las reparaciones de la iglesia se perdieron. La expulsión de los jesuitas resultó en un alzamiento en 1767. Cerro de San Pedro en 1767 fue el centro de aten-ción de una insurrección popular en contra de los excesos de las reformas Borbónicas. Los serranos hicieron demandas y se opusieron a la eliminación de los Jesuitas pero tuvieron que rendirse. El Marqués Virrey de Croix envió a Don José de Gálvez con 400 soldados a castigar a los rebeldes y a sus fa-milias cruelmente, pero los serranos se manejaron para tener sus impuestos reducidos y la iglesia fue reparada y mejorada.

A la mitad del siglo dieciocho, después de doscientos años de industria minera, bajó su desarrollo y tuvo poca productividad debido a la falta de capital, insuficiencia tecnológica, limitada capacidad de trabajadores espe-cializados y una escasez de provisiones y mano de obra laboral, entre otras cosas (Villalba, 2000). Unos años más tarde, Don José de la Castilla y Loae-za, un caballero de Santiago, fundó la Compañía Patriótica en la que se le invirtieron 20,000 pesos y usaba técnicas pasadas de moda. En 1773, San Luis Potosí tuvo alrededor de veinte comunidades mineras en un estado de improductividad deplorable. Por el año de 1774, Cerro de San Pedro tuvo que continuar luchando para restaurar la explotación de las minas locales (López Miramontes y Urrutia, 1980).

En 1816 se construyó un túnel horizontal en la colina Pópulo y en el So-cavón Aventurero de la Victoria. El túnel de aventura y victoria, reinició 60 años después. La compañía Metalúrgica Mexicana adquirió el ferrocarril que se extendía hacia Río Verde y que transportaba el mineral de San Pe-dro a San Luis Potosí. Un importante periodo de actividad minera empezó en 1870 y continuó a principios de los años cincuenta. En 1930, la America Smelting Company (ASARCO) trabajó en el túnel horizontal y el trabajo continuó hasta 1948 cuando la huelga estalló y la mina fue cerrada. En 1933, la región de Cerro de San Pedro fue declarada área ecológicamente protegida.


Al final de los años cuarenta, los depósitos de oro, plomo, hierro, magne-sio y mercurio finalmente empezaron a desaparecer. A principios de los años cincuenta está estimado que aproximadamente 2.5 millones de onzas de oro y 40 millones de onzas de plata habían sido producidas del distrito de Cerro de San Pedro. Compañías locales continúan extrayendo limitadas cantidades de mineral de las minas. Visitantes pueden entrar a La Descubridora, la pri-mera mina del pueblo. Están disponibles servicios de guías.

Minera San Xavier (MSX) Proyecto de Desarrollo en Cerro de San Pedro

Un nuevo interés en el distrito minero de Cerro de San Pedro comenzó a principios de los años setenta con evaluaciones de varias compañías para determinar el potencial del depósito mineral como de baja graduación. En 1971, a Las Cuevas, una compañía minera no le fue permitida reactivar las minas. Cuando NAFTA entró en vigor en 1994, la compañía canadiense Me-tallica Resources comenzó a explorar la vieja mina del pueblo con intención de explotar sus recursos en oro y plata. En 1995, Metallica adquirió en opción a compra un proyecto en Cerro de San Pedro que empezó con programas de exploración para expandir el trabajo a recientes programas de exploración conducidos por otras compañías. Minera San Xavier (MSX) en Cerro de San Pedro está desarrollando un proyecto de minería de oro.

Otras piedras preciosas, como la orfimenta cuya existencia se reporta en muy pocas localidades mexicanas, entre las cuales, han sido encontradas con moderación en los depósitos de oro de Cerro de San Pedro. Los colores en es-tas miniaturas de piedras que se encuentran en Juárez, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, están muy relacionados con piromorfina verde, wulfenite amarilla, galena gris, y barita blanca, que son realmente hermosas.

En febrero de 1997 el estudio de factibilidad realizado mostró reservas probadas y probables estimadas en 77.3 millones de toneladas con gradua-ciones promedio de 0 .60 g/t oro y 24.8 g/t plata, con una proporción total de desperdicio de mineral de 1.51:1. La reserva estimada fue preparada por la Asociación de Reservas de Mina, y fue calculada usando un precio del oro de $400 por onza de oro y un precio de $5.00 por onza de plata. Metallica eligió buscar un socio para llevar a cabo operaciones en joint venture o riesgo


compartido, para el desarrollo de la propiedad a finales de 1997, y en enero de 1998 entró en un acuerdo con la compañía Cambior, para adquirir el 50% del interés en MSX. El acuerdo resultó en la expedición de acciones MSX adicional a Cambior de tal forma que poseería 50% de las acciones de MSX expedidas y vigentes. La capacidad de Cambior con su 50% de sus acciones fue contingente en el gasto de 20 millones de dólares en el desarrollo del pro-yecto para diciembre 31, 2000 (Metallica Resources, Inc. 2005).

El estudio de factibilidad de Cambior, incluyó una reserva probada y proba-ble estimada de 63.5 millones de toneladas con graduaciones en 0.62 g/t de oro y 24.5 g/t de plata, con una proporción total de desperdicio de 1.57:1. La esti-mación de la reserva fue hecha por Cambior, y fue calculada usando el precio del oro de $300/ la onza y el precio de la plata de $5.50/ onza. El desarrollo de la mina, el capital de trabajo y el costo de los equipos de minería tuvieron un costo estimando de $68 millones (Compañía Metallica Resources, 2005).

En mayo de 2000, Cambior vendió el 50% de sus intereses en Cerro de San Pedro al proyecto Gladis Gold LTD. En noviembre de 2000, Gladis pu-blicó una revisión de un estudio de factibilidad para el proyecto que incluía una reserva probada posible, estimada de 49.2 millones de toneladas gradua-das en 0.57 g/t oro y 23.0 g/t plata, con una proporción total de desperdicio de 1.45:1. La reserva estimada fue preparada por la compañía Mine Reserve Associates, Inc., y fue calculada usando el precio del oro de $275/ la onza y el precio de la plata de $5.25/ la onza. El desarrollo de la Mina, capital de tra-bajo y el costo del equipo para la minería fue de un estimado de 45 millones (Compañía Metallica Resources Inc., 2005).

El 4 de febrero de 2003, la compañía consultora WLR preparó un reporte técnico sobre el proyecto de Cerro de San Pedro que incluía una reserva po-sible y estimada de 61.1 millones de toneladas graduadas en 0.59 g/t de oro y 24.0 g/t de plata con una total de proporción de desperdicio de 1.21:1. La reserva estimada fue preparada por William L. Rose de WLR y fue calculada usando el precio del oro de $325/ la onza y de la plata a $4.62/ la onza. Mr. Rose es una persona calificada, término definido en el Canada National Ins-trument 43-101. El 12 de febrero de 2003, Metallica compró el 50% de intere-ses del proyecto de Glamis en Cerro de San Pedro por $18 millones más una escala descendiente de retornos netos de derechos de fundición (Compañía Metallica Resources, 2005).


En febrero de 2003, Metallica actualizó el estudio de factibilidad de Gla-mis del actual plan de desarrollo de la mina para preparar el contrato de la minería. El uso del contrato de la mina reducirá el costo de capital del proyecto aproximadamente en $25 millones, como resultado de eliminar la necesidad de comprar la flota de la mina. Metallica también actualizó la re-serva de mineral estimada en un precio más alto de oro debido a la conso-lidación del oro en el mercado. Basado en $325 el precio del oro por onza y $4.62 el precio de la plata, las reservas del mineral se hallan en 61.1 millones de toneladas graduadas en 0.59 gramos por toneladas de oro y 24.0 gramos por tonelada de plata representando 1.8 millones de onzas equivalentes en oro. Las equivalencias de las reservas de oro se incrementaron de 2.1 millo-nes de onzas a $350 por onza de precio de oro y $5.00 por onza de precio de plata (Compañía Metallica Resource, 2005).

La producción anual fue proyectada en 90,400 onzas de oro y 2.1 millones de onzas de plata, las cuales equivalen a 120,000 onzas de oro por año duran-te la vida de la mina que es aproximadamente de 8.5 años. El efectivo del cos-to de operación y el neto de créditos de plata, están estimados a ser de $177 por onza. En septiembre de 2003, se actualizó el estudio del capital y del cos-to de operación para el proyecto de Cerro de San Pedro. Metallica Resources (MR) pretendió construir lo que había anunciado en la bolsa de valores, una de las más grandes minas a cielo abierto de oro y plata del mundo.

Actores

La compañía Minera

Minera San Xavier (MSX) en una subsidiaria mexicana de la compañía cana-diense Metallica Resources involucrada en desarrollar la Mina de San Xavier en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México. El proyecto de la compañía Minera San Xavier (MSX) está localizado a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí, la capital del Estado con una pobla-ción de aproximadamente un millón de personas.


Comunidad y movimientos sociales involucrados

En Cerro de San Pedro se ha formado una alianza entre grupos civiles, orga-nizaciones políticas partidarias en una coalición llamada Alianza Ciudadana Opositora a Minera San Xavier, la cual está formada por movimientos socia-les. Entre los grupos, los más involucrados son:

Educación y Defensa Ambiental A.C.•Pro San Luis Ecológico A.C.•Patronato Pro-Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro San •Pedro, A.C.Asociación de Vecinos de Cerro San Pedro •

Otros miembros de la alianza son:

Central Independiente de Obreros Libres y Campesinos•Frente Cívico Potosino•Frente Cívico de Soledad de Graciano Hernández•Signo y Tierra•ICOMOS de México•Escuela de Capacitación Cívica•Parlamento Indígena•Comerciantes de la Central de Abastos•Vecinos de la Colonia La Florida•Frente Zapatista de Liberación Nacional•Tangamanga Branco•Frente Cívico de Teotihuacán•Frente Popular Zacatecas•Greenpeace•Hermano Hombre•Movimiento Huasteco Democrático•Movimiento Pueblo Libre•Partido Verde Ecologista de México, Consejo Estatal•Partido de la Revolución Democrática, Consejo Estatal•Red Todos los Derechos para Todos•


Revolucionarte•Nava Partido Político•UCD•UNTA•Colectivo Azul•

La alianza también cuenta con el apoyo de la iglesia Católica y su arzo-bispo en la región.

El grupo de ciudadanos opositores al proyecto, Frente Amplio Opositor (FAO), es el movimiento de ciudadanos que han tenido una larga lucha para prevenir la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro por la compañía canadiense que está planeando operar en una mina a cielo abierto. La Uni-versidad Autónoma de San Luis Potosí ha conducido una revisión del estudio de impacto ambiental. Compas, este es uno de los movimientos de resisten-cia de la sociedad civil de San Luis Potosí.

Gobierno

El Presidente Municipal de Cerro de San Pedro se opuso al proyecto de mina de Cerro de San Pedro y no dio la autorización del pueblo al gobierno del es-tado. Están implicados también el gobernador del Estado de San Luis Potosí y el actual Presidente de México, con sus respectivos Secretarios.

El conflicto

De acuerdo con la compañía MSX, tiene la propiedad del 100% del montón de terrenos donde se localiza el proyecto de oro y plata de Cerro de San Pe-dro que está situado en el histórico distrito minero de Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, México.

La presencia de MSX en Cerro de San Pedro ha causado un severo con-flicto entre los habitantes de San Pedro, Soledad y San Luis y han llamado la atención de cuantos están preocupados por el patrimonio histórico cultural y del medio ambiente.

MSX alega que sus operaciones podrían traer algunos beneficios: 40 mi-llones de pesos en impuestos que serán pagados a la federación en ocho años


y que podrían ser por medio de materiales y provisiones para proveedores locales. Sin embargo, estos beneficios serían el mínimo porque la mayoría de los proveedores son extranjeros. Nunca la compañía se refirió al proyecto de operación de minería como un eco suicidio, contaminación de mantos acuí-feros, contaminación del aire y destrucción del patrimonio histórico. Los ha-bitantes de estas comunidades apoyados por grupos ambientalistas sin fines de lucro, argumentan que el proyecto contaminará las fuentes de los alrede-dores de agua, perturbando el medio ambiente y la ecología de la región.

En el centro de la controversia está la barata y eficiente tecnología. Es alarmante el uso de cianuro y su impacto en los pozos de agua, el medio am-biente y la salud humana. La lixiviación consiste en sacar el mineral de una pila mezclado con cianuro sobre la plataforma de tal manera que quedarán los residuos del oro. El cianuro es usado para la extracción de metales desde 1887 como un químico reactivo para disolver el oro en agua (Logsdon et al., 2003). 20 por ciento de la producción global es usado en proceso de lixivia-ción para obtener oro. Casi el 99% del oro es separado de la roca y es rentable gastar una tonelada de cianuro para extraer 6 kilos de oro (Roco, 2002).

Estudios hechos por la MSX para evaluar el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos del valle de San Luis y cuantificar el uso de millones de metros cúbicos de agua y su evaporación son insuficientes y con una tenden-cia marcada. La carta hidrológica del INEGI de las aguas subterráneas de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro muestra que están en la misma zona geográfica. El uso diario de 16 toneladas de cianuro y 32,000 toneladas de material de roca que podrían requerir de un millón de metros cúbicos de agua por año podrían tener residuos de cianuro, metales pesados, materiales tóxicos y mercurio que pueden contaminar los mantos freáticos favorecidos por la inclinación de la tierra poniendo en riesgo a la población.

El proceso implica 16 toneladas de cianuro mezclado con 32 millones de litros de agua. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental pre-sentado por la MSX, debería haber una erosión por la deforestación, una al-teración de los patrones de drenaje, cancelación de actividades productivas, contaminación causada por los depósitos tóxicos residuales y severos, y da-ños irreversibles y permanentes. La Manifestación de Impacto Ambiental de la Compañía considera que “El impacto es significativo e irreversible por la extracción del agua” (Página 16) 90% de la composición del agua proviene del


valle de San Luis la cual puede ser contaminada por el cianuro usado en el proceso de lixiviación (Martínez Ramos, 2004).

En los últimos 25 años, la mayoría de las causas por las que el cianuro se llega a derramar han sido con un 76% debido a las causas de imperfecciones en los patios de lixiviación, un 18% debido a las pipas y un 6% debido a acci-dentes en el transporte (Fuente Instituto Estatal del Medio Ambiente, 2004). Las compañías mineras han causado catástrofes ecológicas que han provocado reacciones de grupos de la sociedad civil y gobiernos de alrededor del mundo. Gobiernos de muchos países han prohibido la explotación de minería a cielo abierto por el uso del cianuro (Oficina del Gobernador, 2003; Amigos de la Tierra y Oxfam America, con apoyo de Mineral Policy Center, 2003).

La Compañía ha comprado edificios en el pueblo para ser usados como oficinas. El área para el plan de mina a cielo abierto de plata y oro tendría un dramático efecto y está siendo retado en varios Juzgados y Cortes por los am-bientalistas, los cuales han librado una larga batalla en contra de la Minera San Xavier (MSX), subsidiaria canadiense de Metallica Resource que planea construir una mina abierta de oro y plata para decapitar una montaña que se encuentra detrás del pueblo de Cerro de San Pedro. En prototipo de modelo desarrollado por la Compañía, el área parece un paisaje lunar. La planta de proceso de mineral, donde los tóxicos serán usados, se sitúa a sólo 20 minutos de la capital de San Luis Potosí, la casa de cerca de un millón de personas.

Las excavaciones de la mina tomarán lugar en un área de 67.7 hectáreas, cavando un cráter de cerca de 400 metros (1,150 pies) de profundidad y de 800 metros de ancho para tener el acceso a 90,500 onzas de oro y 2.1 millo-nes de onzas de plata que la montaña podría dar cada año por la próxima década. La montaña será demolida y en su lugar habrá un grande y profundo hoyo lleno con los residuos del proceso de minería. La cubierta y humus de la tierra se habrán perdido en una área de aproximadamente 500 hectáreas.

El hoyo estaría a sólo 600 metros desde el centro del pueblo y los túneles hasta el viejo pueblo que va debajo de la iglesia y de la plaza del centro. Si el proyecto de la mina progresa, el cráter será hecho de volar el terreno en lo alto de la montaña que se sitúa atrás del pueblo de San Pedro, México. La propuesta de la mina destruiría los restos del viejo pueblo y el medio ambien-te debido al cianuro que se llevará y potencialmente envenenará el agua de San Luis Potosí. Greenpeace sostiene que es alto el riego del uso del cianuro


en los planes de minería por la compañía canadiense en el distrito mexicano de Cerro de San Pedro. La compañía Cambior ha sido involucrada en dos de los más desastrosos derrames de cianuro en la historia de la minería. Millo-nes de litros de agua fueron contaminados.

El proyecto conllevaría mover una parte del pueblo y sus históricos edifi-cios, pero la gente no quiere desplazarse. Para evitar el daño de los edificios, la Compañía planea mover el edificio municipal y la iglesia de siglos de anti-güedad a una distancia alejada de 600 metros. La Compañía destruirá el me-dio ambiente para una cosecha de 6 a 8 años solamente. MSX sólo resumió el reporte del impacto ambiental y cómo planea resarcir los daños. Establece cómo sería restaurado lo alto de la montaña, limpiar las masivas pilas de desperdicios demolidos, proteger a las plantas extrañas y la fauna como el cactus llamado biznaga y la tortuga del desierto y la seguridad de estructuras del siglo dieciséis del pueblo. El actual beneficio de la explotación será por debajo en comparación de la cantidad de destrucción y el permanente daño ecológico que podría resultar.

La Compañía tuvo más problemas cuando no dejó claro el plan para la ad-ministración y disposición de los tóxicos, incluyendo el cianuro, que es usado en la mina de oro. El uso diario de 13 toneladas de explosivos compuestos por el dañino nitrato producirá grandes cantidades de polvo que puede causar daños irreversibles. 640 millones de metros cúbicos de materia de cianuro serán residuos cubriendo la superficie de 178 hectáreas las cuales no permi-tirán la agricultura ó las actividades de ganado para las generaciones futu-ras. El potencial daño de envenenamiento de los mantos acuíferos tendría dramáticas consecuencias para los habitantes de San Luis Potosí (Chambel, 2004). Sin embargo, MSX argumenta que esto ha sido aclarado en sus planes y ha implementado los 100 cambios sugeridos por el grupo de académicos mexicanos quienes han estudiado el reporte de impacto ambiental.

A pesar del hecho de que los permisos se han cancelado, la Compañía ha comprado grandes camiones, grandes estanques y situado a trabajadores, la tierra ha sido limpiada para su futuro uso y protegida ambientalmente en un área, así que la limpieza es obviamente ilegal. Una prueba de perforación en la calle resultó colapsada, por los túneles debajo de la calle y la Compañía pagó el daño por medio de desechar una carga de grava. Si el proyecto con-tinúa sumaría cerca de 170 empleos a su equipo existente de 34 trabajadores


que ya están en la mina, pero los nuevos trabajos requerirán educación y entrenamiento que la gente de Cerro de San Pedro frecuentemente carece. Algunos residentes calificados podrían recibir temporalmente habitación a unos cuantos kilómetros del pueblo. Otros habitantes podrían escoger que-darse ahí o recibir mensualmente un pago basado en el salario típico de aquí, para que la MSX pueda ser usada para fortalecer sus casas y protegerlos de las explosiones.

La Compañía ha violado leyes estatales y federales. Entre las leyes fede-rales se encuentra:

Decreto presidencial del 2 de junio de 1961, el cual prohíbe la extracción •de agua del valle de San Luis Potosí.Artículo 35 de la Ley Federal de armas de fuego y explosivos. Compra y •consumo de explosivos es sólo a 50 metros del pueblo cuando es requeri-do hacerlo al menos a un kilómetro de distancia.La Ley Agraria establece la obligación a la autoridad agraria para el ase-•soramiento y protección de los ejidatarios. La Compañía arrendó tierras ejidales a falsos ejidatarios.

Las leyes estatales fueron violadas:

Artículo 7 de la Ley del Medio Ambiente de San Luis Potosí, la cual no •da la facultad al Gobernador de autorizar licencias de uso de suelo. El Gobernador excedió su autoridad al conceder la autorización de uso de suelo en mayo de 2000.Artículo 15 de la Constitución del Estado de San Luis establece el derecho •de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente saludable y prevenir y com-batir la contaminación ambiental.

Relaciones de cooperación y conflicto entre los actores

Un decreto en septiembre de 1993 protege a las áreas municipales de Cerro de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí de cualquier agresión en contra del medio ambiente. El Plan de Ordenación de San Luis Potosí y sus alrededores,


lanzado por el gobierno en 1993, incluye Cerro de San Pedro con prevencio-nes y restauraciones ecológicas previas durante los siguientes 20 años. En septiembre de 1993, el gobierno de San Luis Potosí otorgó el plan, estable-ciendo que tres cuartos del territorio municipal deberían ser orientados ha-cia el desarrollo de la vida salvaje, señalando la falta de agua como problema fundamental, la necesidad de un recargamiento de mantos freáticos y dando prioridad a las industrias con menor consumo de agua y que no contaminen (Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 1993).

En 1994 MSX concibió el proyecto de mina para explotar Cerro de San Pedro en un proceso de mina a cielo abierto a sólo 50 metros del pueblo. Des-de 1995, información y cartas han sido enviadas por opositores a este pro-yecto a muchos funcionarios. Los ciudadanos del grupo opositor al proyecto, Frente Amplio Opositor (FAO) han ganado un número de batallas legales. Sin embargo, alguna gente a favor del proyecto argumenta que la minería es parte de la historia de su pueblo y de su legado económico. El 5 de mayo de 1996 fue fundado el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histó-rico del Municipio de Cerro de San Pedro, A.C.

El proyecto de la mina nació en 1997, cuando MSX recibió autorizaciones de las autoridades locales. La Compañía argumentó que el proyecto de Cerro de San Pedro generaría casi 2,000 millones de pesos en inversiones, trabajos para la gente local y un 74% de compra a proveedores locales (Europa Press, 2004). Con el anuncio del proyecto también nació la oposición formada por la conservación arquitectónica y ambiental. MSX suscribe un contrato de arrendamiento de tierra en marzo de 1997 por un periodo de 15 años con fal-sos ejidatarios que no tienen derechos sobre los terrenos del ejido. La decla-ración de impacto ambiental al proyecto de Cerro de San Pedro fue emitida por autoridades mexicanas federales en octubre de 1997.

Desde ese entonces, el trámite de permisos ha incluido, en marzo de 1998, una revisión técnica de los permisos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como un mandato del gobierno del Estado. En 1998, una opinión técnico-científica de la Comisión Supervisora del Proyecto de Cerro de San Pedro y Minera San Xavier de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establecieron que los componentes ambientales sólo previenen el monitoreo del agua pero no del aire y el suelo donde el cianuro puede dañar (1998). In-vestigadores aceptaron la invitación con la condición que los resultados de


estudios deberían ser publicados antes de ser mostrados a la Compañía y a la SEMARNAT. El estudio ambiental realizado por los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no ha sido considerado como se-rio, completo y profesional, pero si fue considerado como un instrumento de la expresión de los intereses de la Compañía.

En marzo de 1998, el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro fue en-contrado muerto por una bala en la cabeza. El motivo podría ser que el Pre-sidente Municipal pidió una auditoría y acción penal en contra del antiguo Presidente Municipal por haber vendido ilegalmente fincas abandonadas a MSX. Un día antes de su asesinato, representantes de la Compañía dieron una presentación del proyecto en el Hotel Westin y después de almorzar en el Saucito él discutió con William Copeland Dodge, gerente de la MSX. El por-tafolio conteniendo documentos se perdió y el Gobernador recomendó a las personas interesadas acerca de las motivaciones, tener cuidado de ellos mis-mos debido a que representantes de la Compañía podrían hacer cualesquiera cosas con tal de conseguir lo que quieran. Otro empleado de la Compañía fue acusado de robar una pintura del siglo XVII.

Un oficial del Consejo de Monumentos y Sitios (ICOMOS), una orga-nización de la UNESCO declaró que el proyecto de la Minera San Xavier destruye el patrimonio cultural de Cerro de San Pedro, y considera que el Gobernador del Estado de San Luis Potosí será recordado en la historia como un irresponsable (La Jornada San Luis, 20 de febrero, 1999). Grupos con-servacionistas y ambientalistas han solicitado al gobierno estatal y federal no autorizar el proyecto. Recomiendan que el gobierno debiera encontrar el equilibrio entre la conservación de los valores culturales y la explotación de los recursos minerales de tal manera que la solución garantice la integridad histórica de los monumentos.

En 1999 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-MARNAT) autorizó el proyecto y su impacto ambiental a pesar de las serias violaciones de la Ley de Equilibrio General de Ecología y Protección al Me-dio Ambiente. En febrero de 1999, el Instituto Nacional de Ecología (INE) concedió permisos ambientales a las operaciones de MSX en contra de lo establecido en el plan de 1993 pero estableciendo 100 condicionantes, entre las cuales, la 12 establece la reubicación de las comunidades de Cerro de San Pedro y la Zapatilla. La condicionante 68 establece que la Compañía debería


considerar el propósito de limitar el uso del agua a través de un tratado y otras alternativas (Instituto Nacional de Ecología, 1999).

El 26 de febrero de 1999, el Instituto Nacional de Ecología concedió la au-torización del cambio de uso de suelo en Cerro de San Pedro. En el año 2000, el grupo cívico Pro San Luis Ecológico presentó una apelación en contra de la autorización de la explotación de mina concedida en 1999 a la Minera San Xavier por el Instituto Nacional de Ecología. El 5 de mayo de 2000, el Gobier-no de San Luis Potosí y el Municipio de Cerro de San Pedro concedieron una autorización condicional de uso de suelo para la explotación de mina.

Desde el 2001 el Comité de Justicia Social de Montreal, Mining Watch Canada y la organización no gubernamental mexicana FUNDAR Centro para análisis e investigación, fundado por IDRC, estuvieron envueltos en el proyecto para determinar el impacto de operaciones de la minera canadien-se en México, y dar apoyo a las comunidades afectadas. Investigaciones de campo fueron realizadas en Cerro de San Pedro. Las relaciones entre com-pañeros mexicanos y canadienses se mantienen, se cuidan y se profundizan las conexiones entre las comunidades, y ONG s con grupos similares. Un se-minario sobre las actividades mineras en comunidades mexicanas tuvo lugar como caso de estudio (Mining Watch Canada, 2002).

En abril de 2002, de acuerdo con información de la Compañía, las últi-mas de las enmiendas de los permisos mineros que han sido emitidos por los gobiernos federal y estatal, fueron recibidas por la MSX. Minera San Xavier adquirió de forma ilícita derechos del agua de ejidatarios y pequeños propietarios, quienes han demandado a la Compañía. La Compañía obtuvo ilegalmente y en contra de la condicionante 68, 992,000 metros cúbicos de agua por medio de intermediarios de seis concesiones. Una orden de aprehensión a uno de los representantes de la Compañía fue emitida (La Jornada San Luis, 2002).

En agosto de 2002, el Tribunal del Centro Internacional para la Resolu-ción de Disputas en Inversiones estableció un laudo a favor de la empresa estadounidense Metalclad, una multa de 16 millones de dólares al gobierno mexicano por trato discriminatorio, después de que las autoridades cerraron un terreno para residuos y basura en Guadalcázar (San Luis Potosí, México). Este fue un peligroso antecedente en el que la lógica comercial y de negocios está por encima de la salud y bienestar de las comunidades.


En octubre de 2003, el Estado mexicano, las agencias federales, y la Ar-quidiócesis de la Iglesia Católica de San Luis Potosí, autorizaron la estabili-zación estructural y la instalación y el monitoreo del equipo de explosión en la iglesia de Cerro de San Pedro Apóstol. Metallica Resources Inc., se com-placía en anunciarlo en octubre de 2003 (OTC Bulletin Borrad, 2003). El 24 de noviembre de 2003, el Tribunal Unitario Agrario, emitió un acuerdo para detener las operaciones de la compañía transnacional, solicitada por los eji-datarios para mantener la integridad de la tierra en conflicto.

Aproximadamente $2.0 millones de dólares se gastaron en el desarrollo inicial del proyecto durante el 2003. La construcción de la mina empezó en el primer cuarto del 2004 con la comisión en agenda para el último cuar-to del 2004. La unidad de explotación comenzó a construirse en febrero de 2004 con el reacomodo y replantación de 21,000 cactus protegidos, al mismo tiempo que la MSX afirmó estar en proceso de certificación de la norma de calidad ISO 14001. El reporte topográfico incluye planes de geoposición o localización del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI) declarando que la explotación de la mina es en un área que abarca la colina del Cerro y el pueblo. El 11 de febrero, cinco años después, presen-tó el impacto en temas de salud y la Compañía no dio ninguna información con respecto a las áreas de conservación de las cinco especies de cactus a la SEMARNAT. Además de la arquitectura histórica, existen cinco especies de flora incluidas en la norma 059 como peligro de extinción.

Al comienzo del 2004 un grupo de cerca de 20 grupos ambientalistas y cívicos acusaron al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de ilegalmente sellar en 1999 el reporte de impacto ambiental de la MSX. Cruz Camarena (2004) registra una temprana confrontación en marzo entre 60 activistas ambientalistas de la comunidad y representantes de la Minera San Xavier, el Jefe de la Unidad de Protección Civil del Estado, Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), El Secretario de Eco-logía y Organización Ambiental.

El 17 de marzo de 2004, el Tribunal Unitario Agrario rechazó el contrato de las rentas entre MSX y los falsos ejidatarios. El Gobernador del Estado de San Luis Potosí presionó al Presidente Municipal de Cerro de San Pe-dro para conceder los permisos agrarios correspondientes. Él también fingió cancelar el decreto que protege la zona ecológica. La Secretaria de Gobierno


del Estado también presionó y quiso sobornar al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro para conceder los permisos de uso de suelo y apoyar la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que permite el uso de explosivos. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí tiene tierras vecinales a las rentadas por MSX y cedió 65% de los derechos del agua. El presidente de la Cámara de Minería de México, en un conflicto de intereses, apoyó las explosiones de la MSX aún sabiendo que estaba en contra de las decisiones judiciales.

MSX ha establecido programas dedicados a la conservación del medio ambiente. MSX ha formado una fundación sin fines de lucro para supervi-sar y administrar los fondos de los donativos de Metallica para preservar el pueblo de Cerro de San Pedro y asistir a comunidades circundantes. El 12 de abril de 2004, una protesta en contra de la minera en Cerro de San Pedro fue organizada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 11 de mayo de 2004, Fred H. Lightner, Director General de la Mine-ra San Xavier, envió una carta a Herrera Muñoz, insistiendo en el permiso de uso de explosivos, advirtiendo que Metallica Resources anunciaría pú-blicamente en Estados Unidos que la Compañía se encuentra sin ninguna posibilidad de continuar con la construcción de la mina debido que no se ha contado con el permiso general correspondiente al uso de explosivos. Él continuó diciendo que los inversionistas potenciales en otros proyecto en México podrían empezar a cuestionar con respecto a los riesgos de inversión (Cruz Martínez, 2004).

El 18 de mayo de 2004, la Corte del Segundo Distrito emitió una suspen-sión como parte de la apelación 564/2004 promovida por los habitantes de Cerro de San Pedro para parar los permisos que autorizan la construcción y el funcionamiento de MSX. Sin embargo, estos permisos fueron liberados el 7 de agosto en la sesión del cabildo.

En junio de 2004, la coalición anti minas, Pro San Luis Ecológico, ganó el fallo de la Corte Federal en común acuerdo con ambientalistas para la anulación efectiva del permiso ambiental de la MSX, el cual detuvo sus ac-tividades. El 23 de junio, el Supremo Tribunal de Justicia Fiscal y Adminis-trativa canceló el permiso ambiental concedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en febrero de 1999. El 23 de junio, el Noveno Tribunal Colegiado en Temas Administrativos del Primer


Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que el cambio de licencia de uso de suelo y que el proyecto de tajo a cielo abierto concedido a MSX por el Instituto Nacional de Ecología violó la Ley General de Equilibrio Ecológico del Medio Ambiente y el Decreto de Planeación del Estado de San Luis Potosí.

El 22 de junio, la Presidencia Municipal fue tomada por la MSX una se-mana antes de que el empresario intentara sobornar al Presidente. La Secre-taría de Economía de México declaró en agosto que MSX era un proyecto de ganar - ganar autorizando el 28 de julio una ocupación temporal de la tierra en contra del artículo 20 de la Ley de Mina que prohíbe la explotación de mi-nas donde existe población o reservas ecológicas. Los permisos de operacio-nes del medio ambiente de la MSX fueron cancelados el 28 de julio de 2004, el mismo que fue concedido por el Instituto Nacional de Ecología (INE). Por más de un año, Fox visitó el Estado una vez por mes y promovió a la MSX. El presidente Fox visitando Canadá cuestionó las decisiones judiciales que afectaban las operaciones de minería de la Compañía.

El 29 de julio cuando visitaba San Luis conoció al Presidente Munici-pal de Cerro de San Pedro y le recomendó la aprobación de los permisos municipales aún en contra de las resoluciones del poder judicial. Loredo, el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro argumenta que Fox le dijo que estaba preocupado por conseguir el proyecto de mina y que él (El presiden-te de México) recomendó su aprobación para abrir la mina de la Compañía que es generadora de 300 empleos con salarios mínimos, por sólo ocho años. Loredo criticó al Presidente Fox por tener una doble moral. Mientras que él promovía desobediencia a la ley de la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro, él había acusado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la misma falta. El Presidente Municipal reconoció que él autorizó las operacio-nes de mina de la Compañía porque tenía miedo de su vida y la de su familia. En 1999, el entonces Presidente Municipal, el papá de Loredo, fue asesinado por su oposición.

En 7 de agosto el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro aprobó los permisos para construir la mina y conformidad con respecto a la seguridad y a la localización en contra del acuerdo previo de no - aprobación del 28 de mayo, basado en la apelación 564/2004 y las resoluciones agrarias y del medio ambiente que prohíben este permiso. Loredo reconoció que el permiso era ile-


gal, pero no había otra manera de enfrentar la presión. Sin embargo, la sesión fue grabada en vídeo, donde el presidente municipal declara que él estaba bajo presión por el Presidente Vicente Fox y por el Gobernador del Estado. El Presi-dente Municipal declaró que era sabido de antemano que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal están en común acuerdo y que son más potentes, por lo que no se puede estar en contra de ellos, “ellos tienen la mano sobre nuestro cuello” y hubo algunas advertencias. Cuando esta decisión fue cuestionada, él respondió preguntando si su vida no era importante.

El 9 de agosto, el Segundo Distrito de la Corte admitió otra apelación presentada por los ejidatarios y el siguiente día declaró suspensión a fin de que la SEDENA no pudiera autorizar la compra y uso de explosivos. El 10 de agosto, la misma Corte concedió otra suspensión como parte de la apelación 909/2004, para detener las acciones de la SEDENA de liberar los permisos a la Compañía de comprar y usar explosivos, pero la licencia fue emitida el 12 de octubre por la Secretaria de la Defensa. El 18 de agosto, la Diputada Eliana García, presentó a la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuer-do para solicitar al Poder Judicial la investigación a oficiales federales y del Estado envueltos en la desobediencia a la ley.

El 21 de agosto, opositores al proyecto de MSX cerraron las oficinas y de-mandaron una salida inmediata de la Compañía de Cerro de San Pedro. En-tre estos opositores estaban el movimiento Pro-Cerro de San Pedro, Frente Cívico Potosino, Greenpeace, Frente Zapatista de Liberación Nacional y del Movimiento “Ya Basta”, habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad y la patrulla de seguridad pública.

El 1 de septiembre de 2004, una decisión de la Sala Superior del Tribu-nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), ha llamado por la revocación de permisos a la Compañía concedidos en febrero de 1999 para operar condicionalmente la mina, por su falla en el cumplimiento con los procedimientos apropiados con respecto al estudio de impacto del medio ambiente. La resolución establece que debido a que la biodiversidad está en peligro, el proyecto no debería ser autorizado. El comienzo de operaciones de la mina fue anticipado para el último periodo cuatrimestral del 2004, con el fin de proteger las finanzas de la Compañía.

En una resolución de fecha del 1 de septiembre, el TFJFA dio sustancia a un caso llevado en el 2000 por la unión cívica Pro San Luis Ecológico, opo-


niéndose a la autorización concedida a la Compañía un año antes por el Ins-tituto Nacional de Ecología (INE). El Delegado de la SEMARNAT en San Luis Potosí (2002-2004) creó y presidió la Fundación Potosí bajo el propósito declarado por la Minera San Xavier de cumplir las condiciones establecidas por el Instituto Nacional de Ecología para autorizar la Manifestación del Im-pacto Ambiental y proveer las compensaciones del costo ecológico. La Com-pañía necesita más de tres años para realizar sólo 32 de las 100 condiciones impuestas por la SEMARNAT mientras que esta Secretaría sólo necesitó un mes para aceptarlas.

La Corte detuvo operaciones a San Luis Potosí Proyecto de Oro, propie-dad de la Minera San Xavier (MSX), una subsidiaria de la Compañía Cana-diense Metallica Resources. La resolución de la Corte Federal fue basada en la necesidad de preservación ecológica de la colina de Cerro de San Pedro, donde algunas especies de animales están en peligro de extinción, al igual que los riesgos derivados por el uso de cianuro en la mina, lo cual pondría en peligro la biodiversidad del área. Además, con respecto a este punto, la TFJFA reitera que la responsabilidad por la preservación y regeneración del medio ambiente recae en las autoridades federales. Esto concluye que el per-miso emitido no se ajusta a “leyes aplicables”.

Los oponentes a la Minera San Xavier consideran que “el proyecto está muerto”, desde cualquier acción que pueda minar la decisión de la justicia fe-deral “podría implicar falta de respeto y transgresión a la ley”. La Compañía ha replicado que la decisión carece de bases científicas y eso puede dañar a los inversionistas canadienses en el país. El Segundo Distrito de Justicia del Poder Judicial de la Federación dictaminó una suspensión del plan como parte de la apelación 909/2004, promovida por los ejidatarios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para suspender los permisos de compra y uso de explosivos por parte de la Compañía. MSX apeló la resolución y, en septiembre, perdió otra vez. Porque la apelación de la Compañía fue rechazada, ellos están tratando de recurrir al Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio con Norte América para demandar al gobierno mexicano por pérdida de ganancias potenciales. El 27 de septiembre, el Frente Amplio Opositor requirió a la Sub Dirección de Dere-chos de Mina ordenar la cancelación de la concesión a la Minera San Xavier.

El 7 de octubre, personal de la Secretaría de Economía solicitó a los ejida-tarios retirarse de la tierra pero un juez suspendió la acción. En contra de los


dueños de la tierra, durante el primer periodo del proyecto, más de 100 hec-táreas protegidas fueron ilegalmente desnudadas de las especies protegidas cortando la flora y expulsando a la fauna. El Presidente Municipal, quien bajo presión emitió el permiso, confronta a la ley por desacato porque el permiso municipal fue suspendido el 16 de marzo de 2004. El 6 de febrero de 2004, MSX no reconoció algunos de los compromisos adquiridos y desestimó las obligaciones para cumplir las condicionantes.

La Compañía también ha cometido fraudes en contra de los tres niveles de gobierno que emitieron los respectivos permisos al proyecto de mina asu-miendo que la tenencia de la tierra no estaba viciada. Con un falso contrato, MSX tomó posesión de las tierras causando destrucción a viejos edificios y a la flora y fauna protegida, una pérdida para el ecosistema. También cerró caminos de la colonia que habían sido usados por los habitantes de la Zapati-lla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin ningún permiso. Invadieron tierras propiedad de la nación que fue el antiguo camino del tren Potosí – Río Verde e instalaron una cerca de varios kilómetros para evitar el acceso de los habitantes a las tierras municipales (Montemayor, 2004).

El 26 de octubre, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrati-va determinó que la autorización del uso condicionado de tierra emitido en 1999 para proteger a la MSX estaba en contra de las normas federales y no consideraba la existencia de un Plan de área protegida para Cerro de San Pe-dro y sus alrededores. En un discurso público el 28 de octubre, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluó las resoluciones del Tribu-nal como de lo peor y habló a favor de la Compañía por haber cumplido el requerimiento y consideró como absurda la oposición de sus habitantes.

El 15 de noviembre de 2003, el Comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí consideró que la autorización del permiso de uso de explo-sivos podía afectar negativamente a la SEDENA. Después de que la SEDENA emitió el permiso para el uso de explosivos, el 18 de noviembre, se promovió un incidente a la violación de la suspensión otorgada a la apelación promovi-da por los ejidatarios el 9 de agosto. El 22 de noviembre, la SEDENA autorizó a la MSX el uso de explosivos. El 22 de noviembre, SEMARNAT promovió una revisión en contra de la resolución que cancela el permiso condicionado de operación de la apertura de la mina a MSX y SEDENA autorizó a MSX el uso de explosivos.


El 29 de noviembre de 2004, el director de Minería del Estado de San Luis Potosí, declaró que en los siguientes días la Compañía tendría su primera ex-plosión para preparar operaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional el 30 de noviembre de 2003, acordó suspender los permisos de uso de explosivos emitidos a la compañía minera, ya que el 12 de octubre de 2004 en contra de las resoluciones del juez, firmó y concedió los permisos de uso de explosivos. El Comandante de la Zona Militar que se opuso a otorgar los permisos fue removido de su cargo. El 30 de noviembre de 2004, la Cámara de Senadores pasó una “urgente resolución” para detener el programa de operaciones de la MSX.

El 1 de diciembre, el Tribunal Unitario Agrario defendió su clamor de que el contrato de la MSX excluye a un grupo de propietarios de las tierras. El Tribunal Agrario Unitario ordenó obedecer la sentencia derivada de la apela-ción 807/202 la cual determinaba la ilegalidad del contrato de arrendamiento suscrito en marzo de 1997 por un periodo de 15 años por falsos ejidatarios que no tienen derechos de la tierra en el ejido (Cruz Martínez, 2004). La Corte canceló la renta de contratos suscritos entre la Compañía y los falsos ejidatarios. La resolución congela los derechos de tierra de la MSX a pesar de que la compañía construyó una cerca de alambre de espino alrededor de la tierra de la que la Compañía no es propietaria.

El Tribunal Unitario Agrario ha anulado los contratos de renta de tie-rra donde se localizan partes importantes de la mina– en el ejido donde las personas que rentan las tierras ejidales (socialmente dueños) a la compañía no son de hecho miembros del ejido, eso es decir que sus acciones fueron fraudulentas. Acerca del uso de tierra, la Compañía declaró que el arrenda-miento del ejido es Cerro de San Pedro cuando pertenece al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La intención es evitar permisos en áreas que son legalmente protegidas por el medio ambiente. También ejidatarios de la Palma de la Cruz arrendaron 136 hectáreas para que la MSX la usara como talleres, pero la Compañía las está usando para desechar material sulfuroso que no es lixiviable.

El 13 y 14 de diciembre, la Compañía realizó explosiones en el área de la Zapatilla incrementando la tensión entre los habitantes de la región. El 14 de diciembre, empezó excavando una montaña. Los habitantes del pueblo de la Zapatilla fueron reacomodados al mismo tiempo que la compañía inició ope-


raciones. Cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supo acerca de las voladuras, solicitó a la Compañía detuviera tales activi-dades argumentado la defensa de alrededor de 115 edificios que databan del siglo XVII y XIX. Desde 1998, el INAH ha advertido el daño que representa para el patrimonio histórico la activación de la mina. Con la oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la reticencia para el permiso de uso de explosivos utilizados en la montaña por la Secretaría de Defensa (SEDENA), la Compañía comenzó operaciones. La Compañía apeló, pero el juez no concedió la suspensión en contra de la decisión del INAH.

El 18 de diciembre, intelectuales, artista y cerca de 50 organizaciones ci-viles, ambientalistas y de Derechos Humanos fuertemente exigieron al Pre-sidente Fox respetar y hacer cumplir la ley en Cerro de San Pedro para que la Minera San Xavier suspenda sus actividades basados en las resoluciones judiciales y veredictos. Los argumentos de las organizaciones, entre otros, Frente Amplio Opositor, la Asociación Nacional de Abogados Democráti-cos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), fueron a favor de la defensa del medio ambiente, la cultura, la herencia histórica y los inminentes riesgos de salud de más de un millón de personas.

El 18 de diciembre el presidente municipal de Cerro de San Pedro avisó la siguiente detonación. Los ejidatarios continuaron con la línea de seguridad frente a la entrada de la mina, sin embargo, hubo el anuncio de la Secreta-ria de Economía que concedería el permiso temporal de derecho de uso de tierra, en el núcleo agrario de Cerro de San Pedro en respuesta a la solicitud hecha por la MSX el 28 de junio de 2005 (Cruz Martínez, 2004a). Así, la Compañía y el gobierno fueron buscando otras opciones para la propiedad de la tierra, tales como la expropiación o la ocupación temporal. Pero la ex-propiación es solamente por causa de utilidad pública.

El 20 de diciembre, el Juzgado del Tercer Distrito recibió una apelación presentada por la Compañía en contra de la decisión del INAH. La Compa-ñía canadiense Metallica Resources sufrió la segunda reducción en el año del 16 % en el valor de las acciones el 21 de diciembre, después de informarles a los accionistas de la resolución del Tribunal Agrario Unitario que anula el contrato de arrendamiento de 200 hectáreas en Cerro de San Pedro. Metalli-ca Resources respondió con una apelación y la búsqueda de otra solución a la


tenencia de la tierra para tener acceso a la fuente de los minerales. La prime-ra disminución en sus acciones en el año, fue de alrededor del 20% ocurrida a mitad de 2004.

Los miembros del Christian Science Monitor, fueron los primeros cana-dienses en venir y ser testigos del daño que ya ha ocurrido y del potencial por más daño. El 22 de diciembre de 2004, bajo una acción estratégica, un grupo de ciudadanos mexicanos buscaron detener la mina de propiedad canadien-se, en respuesta a una urgente petición departe de un grupo de Canadá para desafiar la legalidad de las operaciones. SEDENA admitió la participación en el control y vigilancia de la explosión que la Compañía realizó, confirmando la violación a la suspensión dictada por el juez en agosto de 2004 ordenan-do la no liberación del permiso de uso de explosivos (Cruz Martínez, 2004). Otra ronda de explosiones fue programada el 31 de diciembre.

Sin embargo, el 24 de diciembre cuando las autorizaciones ya habían sido publicadas, los permisos fueron suspendidos pero no cancelados. La Secre-taria de la Defensa Nacional (SEDENA), suspendió el permiso 3762-San Luis Potosí emitido a la MSX para comprar material explosivo bajo el argumento que la licencia de la Compañía estaba alterando la paz, tranquilidad y orden público entre las personas que vivían en la región de Cerro de San Pedro, aunque los habitantes habían negado la alteración del orden público (Cruz Martínez, y Balboa, 2004).

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) arremetió en contra de los directivos de la trasnacional por la destrucción y demolición de la Finca Guadalupe, que databa del siglo XVIII. El Frente Amplio Opositor envió una carta a la Embajada canadiense solicitando la intervención para detener las operaciones de la Compañía extranjera quienes están chanta-jeando y presionando a los habitantes de Cerro de San Pedro usando como argumentos fragmentos del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-te (Román, 2004).

Los dos últimos días de diciembre de 2004, el abogado de la Compa-ñía firmó con varios ejidatarios falsos de Cerro de San Pedro y la Zapatilla, quienes estarían de acuerdo en el uso de los explosivos (La Jornada, enero 2, 2005). El Secretario del Medio Ambiente ha tomado medidas legales para rechazar las resoluciones previas de la Corte en contra de Compañía. La Co-misión de Gobernabilidad, Temas Constitucionales y Justicia de la Comisión


Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para solicitar in-formación a la SEMARNAT acerca del estado legal de la Minera San Xavier y aceptar la resolución de la Corte para cancelar el permiso de operación de apertura de la Mina. Una Comisión plural fue designada al Cerro de San Pe-dro (La Jornada, enero 12).

La destrucción de un edificio histórico catalogado como un monumento de patrimonio del siglo XVIII en el municipio de Cerro de San Pedro por la Minera San Xavier, fue reportado por la Jornada San Luis y Triunfo Elizalde (2005). La Finca o Casa de Guadalupe está incluida dentro del Catalogo Nacio-nal de Monumentos Históricos. El 17 de enero, manifestantes del Frente Am-plio Opositor (FAO) demandaron información del INAH (Enciso, 2005e).

Los dueños de la Casa de Guadalupe, un bien raíz declarado histórico y demolido por la MSX, demandaron a la Compañía por despojo y daños. El edificio está en el Catálogo de Construcciones Histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Personal de INHA ordenó detener la de-molición el 15 de enero. El Patronato pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio de Cerro de San Pedro, demandó la cancelación de las concesiones a MSX por no cumplir con la Ley de Minería (Enciso, 2004d).

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Minera San Xavier ha cumplido con 180 condicionantes es-tablecidas a favor del desarrollo sustentable (Enciso, 2005c). El 20 de enero de 2005, el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier dirigió una carta abierta al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí para denunciar los daños causados por la explosión, y los riesgos y de las ope-raciones planeadas por la mina. El argumento del Gobernador fue de que se trataba de “un tema entre particulares” es severamente criticado (Anexo C).

Minera San Xavier demandó por difamación a los miembros del Frente Amplio Opositor, a dos ejidatarios de Cerro de San Pedro y al líder la orga-nización civil Pro Defensa de Cerro de San Pedro (Cruz Martínez, 2005a) por la publicación de un artículo en la Jornada (Masiosare, 29 de agosto de 2004). La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos por los Derechos Humanos, empezó a circular una carta que apoyaba a los tres acusados, como una acción urgente. Minera San Xavier perdió otro proceso judicial cuando el Tercer Juzgado de Distrito del Estado negó la ape-lación en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)


quien solicitó el pasado diciembre una suspensión de usos de los explosivos que dañaba el patrimonio histórico (Enciso, 2005b).

En un mensaje público, el FAO sostuvo que en un acto vergonzoso de ci-nismo e impunidad, Cárdenas Jiménez ha recomendado a la Minera para ir a los tribunales sin conocimiento del proceso legal (La Jornada, 13 de febre-ro). El Frente Amplio Opositor anunció a mediados de febrero de 2005 que promovería una demanda política por negligencia en contra del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales que ha apoyado a la Compañía en audiencia pública del 11 de febrero (La Jornada, 14 de febrero). El Senado promovió un acuerdo solicitando a la SEMARNAT y a la SEDENA explicar su participación en el caso de la Minera San Xavier (Cruz Martínez, 2005).

El 4 de marzo de 2005, la conferencia/foro Cuarto Concierto Cultural por la Defensa de Cerro de San Pedro tuvo lugar para la defensa por el medio ambiente del pueblo y los derechos de Cerro de San Pedro, patrocinado por el Patronato Pro Defensa Cerro de San Pedro, enmarcando el 413 aniversario de su fundación, el 4 de marzo de 1592.

El 17 de marzo, una delegación de KAIROS formada por siete líderes de diferentes iglesias Anglicanas, Luteranas, Presbiterianas, Católica Romanas e Iglesia Unida fueron a Cerro de San Pedro a investigar la operación de la minera propiedad de Metallica Resources, una compañía canadiense situa-da en Ottawa, y que se encuentra acusada por extracción de minería de oro ilegal en México. La compañía amenaza con destruir tanto el pueblo histó-rico como la frágil ecología de los alrededores. Los visitantes canadienses se encontraron con sus socios mexicanos de KAIROS y con la gente de la localidad para ser testigos de los apuros de su lucha y para llevar los detalles a su casa en Canadá, incluyendo videos y otra documentación. “La minería extranjera en México es otro de los productos del Tratado de Libre Comercio con Norte América y de las políticas de liberación del tratado que afectan a los pobres”, dijo el Obispo Nacional Luterano Ray Schitz, un delegado del programa KAIROS. “Cuando nuestros compañeros mexicanos aumentaron sus preocupaciones acerca de esta mina de propiedad canadiense sentimos que teníamos que investigar” (Kairos, 2004).

Los representantes de Kairos, organización formada por un grupo de instituciones canadienses religiosas, expresaron su preocupación acerca del conflicto de la comunidad de Cerro de San Pedro y la Compañía canadiense


considerando que las prácticas de la Minera San Xavier viola las Leyes Cana-dienses en territorio mexicano (Muñoz, 2005). Previamente, un miembro del Frente Amplio Opositor ha recorrido y realizado una campaña en Canadá para presionar a los líderes de opinión y legisladores. El 18 de marzo de 2004, el Obispo Auxiliar Daniel Bohan de Toronto llamó a la Compañía canadien-se para que abandone las operaciones de oro y la plata de la minería mexica-na usando cianuro que atemoriza a los habitantes locales de ser envenenados con su propia agua. Con un incremento en los precios del oro, ejecutivos de la MSX quieren continuar hacia delante y están buscando en un proceso le-gal que le permita a la MSX empezar la excavación y reanudar operaciones a mediados del 2005 (Campbell, 2004).

Bajo un procedimiento irregular, la compañía Canadiense promovió dos apelaciones, pero fueron denunciadas por el grupo Pro Ecológico. El 6 de abril de 2005, un Tribunal Administrativo en materia del Primer Circuito informó que la MSX había perdido la apelación. Legisladores canadienses y organizaciones de derechos humanos y parlamentarios, formaron un comité de seguimiento y análisis para investigar las acciones de la Metallica Resour-ces, propietario de un proyecto de la Minera San Xavier. La organización canadiense de Derechos Humanos ha visitado previamente la comunidad de Cerro de San Pedro (Enciso, 2005a).

El Embajador canadiense en México se entrevistó con el Frente Amplio Opositor a la MSX el 4 de mayo y expresó la preocupación del gobierno ca-nadiense por el conflicto entre le Compañía y la comunidad de Cerro de San Pedro. Un grupo de 30 organizaciones ambientalistas acusó al Secreta-rio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de beneficiar al corporativo de la transnacional aprobando proyectos tales como la apertura de la mina en Cerro de San Pedro en contra de la voluntad de la comunidad y la demanda al cambio en la política ambiental (Enciso, 2005). Los opositores también de-nunciaron que el Secretario ha procesado a activistas ambientales.

Grupos opositores ganaron el juicio en contra de la MSX después de que el Juzgado del Primer Distrito ha rechazado la apelación 503/2005, la cual fue el último recurso de la defensa (La Jornada, 9 de mayo de 2005). El gobernador del estado de San Luis Potosí, ordenó secuestrar una edición completa del papel de la Jornada de San Luis para evitar hacerse pública en el diario oficial la maniobra de presión para tomar la decisión de instalar a la Compañía Minera San Xavier


(Hernández López, 2005). El 13 de mayo de 2005 se reporta que después de que Metallica Resources presentó sus pérdidas en un reporte del año, los propieta-rios de la MSX planean retirar el proyecto de Cerro de San Pedro y demandar en el panel de controversias de NAFTA (Cruz Martínez Ángeles, 2005a).

Observaciones finales y conclusiones

Las actividades mineras son percibidas como el principal factor de las re-giones marginales y zonas deprimidas económicamente. La concesión de permisos de minería es una función centralizada por el gobierno mexicano, breve y sin audiencias públicas, de tal manera que sí afecta a grupos y comu-nidades que no pueden reaccionar inmediatamente y movilizarse en contra de los potenciales riesgos y peligros ó negociar derechos e intereses.

Las operaciones de la compañía canadiense Metallica Resource a través de su filial Minera San Xavier, representa la destrucción de una parte del medio ambiente, la cultura y el patrimonio histórico de una comunidad, a pesar de que existen tres resoluciones judiciales para detener las concesiones de las operaciones por medio de diferentes autoridades sobre las que recae la responsabilidad. Los ejidatarios, quienes tienen derechos de propiedad de las tierras han sido despojados. Ellos asumen que las operaciones de la Com-pañía fueron en complicidad con el gobierno federal, estatal y municipal. La contaminación del medio ambiente y los riesgos de salud podrían afectar a más de un millón de gente en las localidades de Cerro de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí. Las normas y leyes han sido violadas por la transnacional desde que inició operaciones sin obtener legalmente el permiso de construc-ción, operación y manejo y administración para comprar explosivos.

La extracción del oro de las minas mediante la técnica de cielo abierto que usa el cianuro conduce a la destrucción del medio ambiente y una irreversi-ble alteración geológica, distorsiones de los mantos acuíferos, reducción de la calidad de agua potable, transportación de sustancias peligrosas y derramas durante la explotación, destrucción irreversible del escenario natural y gene-ración de depósitos de alto riesgo de materiales contaminantes que tienen im-pacto social, cultural y en el medio ambiente a corto, mediano y largo plazo.

La agenda de negociación y movilizaciones internacionales alrededor del debate sobre el concepto del desarrollo sustentable y la defensa del medio


ambiente es un paradigma presentado como un modelo de cooperación y consenso donde las necesidades de todos son incorporadas y donde los me-jor desarrollados adquieren el compromiso de apoyar a los débiles o menos desarrollados. El Estado y la comunidad internacional intervinieron para be-neficiar al interés público y al bien común y controlar las fuerzas del Estado y lograr más equidad entre poblaciones con la implementación de una produc-ción sustentable y patrones de consumo.

Es evidente la falta de sensibilidad de las compañías mineras extranjeras ha-cia las consecuencias de sus actividades sobre las comunidades y el medio am-biente. Para ser exacto, estamos en desacuerdo con Sánchez-Mejorada (2000), quien argumenta que los hechos no convencen a los activistas ambientales marginales, por lo que la mejor defensa es direccionar todas las preocupacio-nes ambientalistas y tener un programa agresivo de relaciones con las comu-nidades que pondrán los hechos ante la población en general que sea afectada por el proyecto. Mantener un bajo perfil raramente funcionará cuando se es agredida por activistas en todos los aspectos. Pero un programa agresivo de relaciones con la comunidad, sólo contribuirá a intensificar el conflicto.

Este caso también muestra la falta de negociación entre las compañías, comunidades, nuevos movimientos sociales y la importancia del rol del go-bierno. Información acerca de las externalidades y los costos futuros de la compañía es crucial, pero más crucial es la formulación e implementación de políticas más sensibles para evitar el daño al medio ambiente, la biodi-versidad y la salud de la población. Instituciones gubernamentales deben ser conscientes que sus decisiones pueden afectar a la calidad de vida actual de la comunidad y de futuras generaciones sólo por un pequeño incremento en el crecimiento económico y un largo incremento de los beneficios privados de un pequeño grupo de inversionistas.

Los ciudadanos más informados tienden a ser opositores activos. Tal es el caso de los estudiantes de San Luis. Contactos entre individuos más informa-dos de diversos grupos y organizaciones ayuda al intercambio de experiencias y a crear una opinión pública en favor de las movilizaciones. La participación de la comunidad y el involucramiento en una decisión del plan de desarrollo de la comunidad es muy limitada cuando falta la información crítica. Este factor es crítico cuando el gobierno local no puede proveer la correcta información porque existen otros intereses que afectan el proceso. El impacto de las activi-


dades mineras no es parte de la agenda del debate nacional.

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De la zonificación ecológica-económica al ordenamiento territorial 51

Introducción

Desde los años setenta, la sociedad civil organizada viene tratando de es-tablecer consensos a través de acuerdos internacionales sobre la necesidad de crear formas de desarrollo a largo plazo, que incorporen las dinámicas sociales y ecológicas en sus bases productivas.

En la Conferencia Mundial de Medio Ambiente de 1972, en Estocolmo, ya es reconocida la necesidad de inserción de las poblaciones al desarrollo económico y social como condición “sine qua non” para el uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, a pesar de eso, durante mucho tiempo esta pauta permaneció relegada a un segundo plano en las agendas políticas locales.

En la Amazonía, los gobiernos militares posteriores a 1964, negaron a las poblaciones tradicionales la continuidad de sus modelos históricos de adap-tación al ambiente ecológico, priorizando la ocupación de la región a través de programas de desarrollo, cuyo interés se volcaba principalmente para el control geopolítico de la región.

De la zonificación ecológica-económica al ordenamiento territorial: desafíos y perspectivas de gestión territorial participativa en la amazonía brasileña

José Fernandes Barros,* María do Carmo Neves dos Santos* yRegina Gloria Pinheiro Cerdeira*

51

* Universidade Federal do Amazonas.


Esos procesos de ocupación y de “desarrollo impuesto” a través de la ac-ción política de las agencias gubernamentales como la “Superintendência de Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM), Superintendência de Desenvol-vimento da Pesca (SUDEPE), Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)”, entre otros, dejaron marcas deletéreas sobre el espacio y los pueblos amazónicos, cuyos impactos pueden ser notados en la calidad am-biental y en las formas de ocupación de la región.

En este trabajo abordamos aspectos de la experiencia de orden territorial que viene siendo desarrollado en el (Departamento) Estado de Amazonas (ubicado al norte de Brasil) por medio de instrumentos de planificación y participación social como la zonificación ecológica – económica participati-va (ZEE-P), implemetado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido (SDS), que desde la década del 90 viene desarrollando diversas ac-ciones rumbo a la gestión sostenible de su territorio.

La actualidad del tema por sí sólo justifica su importancia ya que en los tiempos de problemas ambientales generalizados, se torna necesaria la dis-cusión sobre las estrategias que están siendo experimentadas con la perspec-tiva de crear nuevos modelos de desarrollo que garanticen el mantenimiento de la biodiversidad y socio-diversidad en la tierra.

Discutiendo el concepto de gestión territorial

A lo largo de la historia el concepto de gestión asumió diversos significados, utilizado para diferentes fines. Inicialmente sirvió para definir los procedi-mientos de explotación de las florestas sometidas a un régimen jurídico espe-cífico, denominado régimen forestal. Después se le llamó la acción del Estado volcado a la realización de trabajos planeados y de gran porte, teniendo en cuenta la reorganización de ciertos espacios naturales, tales como: pantanos o áreas litorales (Godard, 2002).

A partir de los años 50 fue introducido en Francia el concepto de gestión de territorio, volcado a designar la acción del Estado y de las comunidades locales, con el objetivo de corregir los desequilibrios regionales tanto en tér-minos poblacionales como del ejercicio de las actividades económicas (Go-dard, 2002). A partir de ese momento el concepto de gestión tomó en cuenta los aspectos demográficos, económicos y espaciales. Esto permitió ampliar


el concepto de gestión para una visión más compleja, que de acuerdo con Godard (2002), puede entenderse a partir de dos vertientes:

A La primera designa la gestión cotidiana de los elementos del medio del cual son considerados en un sentido o en otro, como recursos naturales. En esta perspectiva la gestión tiene por objetivo satisfacer los diversos tipos de demandas con el menor costo posible, además que debe deli-mitar ciertos efectos negativos o excesivos y tener en cuenta los diversos intereses de los actores sociales o institucionales en su peso social o en sus posibilidades de acción. Este concepto articula dos niveles de gestión: Uno relacionado con las acciones y decisiones orientadas a un uso inde-terminado de los recursos naturales y el otro a los mecanismos orienta-dos para la amortización de conflictos y contradicciones entre diferentes formas de uso de un mismo conjunto de recursos.

B El segundo concepto de gestión está relacionado con un contexto más amplio y complejo de gestión permanente de recursos, de espacio y de calidad del medio natural y construido, buscando aprender el grado de compatibilidad entre las condiciones de reproducción ecológica y las necesidades de desarrollo a largo plazo. Con esta visión, la gestión debe tener en cuenta las diversas preocupaciones relacionadas con esta inter-vención pública, las preferencias de sus consumidores y usuarios, y no puede determinarse con base en un fundamento apenas sectorial, sino debe entrar en varias esferas políticas con decisiones (científicas, tecno-lógicas, industrial, espacial, modo de vida, etc.).

Con todas estas consideraciones podemos afirmar que las corrientes que dan soporte teórico al concepto de gestión territorial tienen en común una idea de acción colectiva voluntaria, orientado al control del desarrollo del te-rritorio, desde el punto de vista simultáneamente espacial y relacionado a la explotación de los recursos naturales. Se percibe que la gestión del territorio y de los recursos naturales envuelve un conjunto de factores que no pueden ser vistos y evaluados aisladamente sino de forma integrada, ya que son el resultado de la articulación de mecanismos institucionales que incluyen la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre modalidades de uso y ocupación territorial.


La estrategia de desarrollo que se basa en la gestión integrada del territo-rio y de los recursos naturales conlleva una revalorización de la cultura y del conocimiento, incluyendo el respeto por la organización social y de las cul-turas locales, y teniendo en cuenta que se producen en un contexto histórico y en una relación con su ambiente (Marulanda, 2000).

El territorio puede ser pensado también desde la perspectiva del poder. Los procesos sobre el territorio no son determinados solamente por el Es-tado, las diferentes formas de organización social actuantes relacionadas a cuestiones territoriales son importantes en los procesos de gestión territo-rial. Becker (1983) considera la multidimensionalidad del poder en diferentes niveles espaciales como determinante del concepto de territorio, no sola-mente como Estado sino también de la sociedad civil organizada actuante sobre determinada área. Raffestin (1993) en “Por una geografía del poder”, también comparte la idea del territorio como producto de acciones sociales del Estado considerando el individuo en todas las organizaciones.

Premisas de gestión territorial participativa

Según Godard (2002) en la segunda mitad del siglo pasado, dos movimien-tos simultáneos convergían en la manera de emplear el concepto de gestión territorial y de los recursos naturales. Por un lado, se observó un enfoque orientado al orden territorial y por el otro, para la protección de la natu-raleza. En el orden territorial se consolidó la idea de control y sujeción del medio ambiente a las necesidades humanas, a través de técnicas y de cono-cimiento. Según este autor, a pesar de que este proyecto haya conseguido su legitimidad, quedó marcado por dos limitaciones. La primera con respecto a las formas de intervención sobre determinados medios sometidos al proceso de orden al privilegiar algunos tipos de recursos sobre otros. La segunda se refiere a la insuficiencia de la organización de los recursos naturales a nivel local, por carecer de algún tipo de gestión global de los medios organizados a fin de evitar alteraciones o efectos negativos sobre el balance del proceso de organización.

Con respecto a la protección de la naturaleza se observaron dos tenden-cias simétricas para la gestión integrada de los recursos naturales. La prime-ra busca un tipo de protección basada en el uso restrictivo de la naturaleza o


preservacionista. La segunda está volcada a la conciliación de la protección de los recursos naturales con las necesidades de la intervención humana so-bre el medio y sobre un enfoque del conservacionismo.

A partir de la década de 1980, ganó consenso la idea de que la no partici-pación de la intervención humana podría engendrar efectos perversos para la naturaleza y para las poblaciones usuarias de los recursos.

Por lo tanto, un enfoque más activo, denominado conservación, surgió como una alternativa para la administración de los recursos naturales, ad-mitiendo la posibilidad de una intervención selectiva del hombre destinada a regular las dinámicas naturales.

Un concepto bastante usado, pero poco aplicable es la conservación vista como “El manejo de uso humano de organismos y ecosistemas, con la fina-lidad de garantizar el uso sostenido que incluye protección, mantenimien-to, rehabilitación, restauración y mejoramiento de las poblaciones naturales y ecosistemas” (Diegues, 2000). Este enfoque ganó espacio en las agendas políticas nacionales e internacionales; por ejemplo en la publicación de la Estrategia Mundial para la Conservación por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Recursos Naturales (UICN) en 1980. Este documento enfatiza la necesidad de proteger la diversidad biológica, ge-nética e incorporar los conocimientos de las poblaciones locales que se en-cuentran en un íntimo contacto con los ecosistemas de especies animales y vegetales así como saber cómo aprovecharlos de manera sostenible.

En el ámbito de esta discusión la gestión territorial aparece como un punto de convergencia donde se confrontan y se reencuentran los objetivos asociados al desarrollo, al ordenamiento y de aquellos orientados a la conser-vación de la naturaleza y la preservación ambiental.

Esa extensión de la categoría de gestión a objetos más complejos no dejó de generar problemas, involucrando conflictos de apropiación y control de territorios entre grupos sociales. Esto exigió posturas más amplias que según Godard (2002) consideró como posiciones indispensables a la implementa-ción de un tipo de gestión integrada de territorio y de los recursos naturales, con las siguientes premisas:

A Participación. La gestión de territorio y de los recursos naturales sola-mente podrá ser implementada con la participación de los diferentes


actores sociales que, directa o indirectamente, actúan en el proceso de utilización de los recursos naturales. Antes de pretender establecer con-sensos sociales a cualquier costo, las instituciones deben estar definidas de manera que permitan la expresión plural de los diversos grupos socia-les relacionados con el esfuerzo de la gestión.

B Diseminación y acceso a la información- Para llevar a cabo esa participa-ción es necesario que las informaciones del ejercicio de la gestión puedan ser adaptadas a los diferentes públicos a los que son destinados, creando así las condiciones de comunicación necesarias al entendimiento de los medios y de los objetivos de la gestión pretendida.

C Descentralización- Esto significa, en la práctica, crear espacios de opor-tunidades para que las soluciones de los problemas puedan ser encausa-das local y regionalmente. Se trata de permitir que agentes de gobiernos locales, con poder de decisión, asuman, en conjunto con los agentes so-ciales, la elaboración de una pauta de actividades que lleve a una gestión sustentable de territorio y de los recursos naturales. Asimismo que exista la necesidad de una estructura institucional explícita, capaz de promover e implementar un tipo de gestión global e integrada pudiendo así garan-tizar la multiplicidad de actores participando en el proceso de gestión.

La gestión territorial sostenible permite una mejor articulación entre el Poder Público y la Sociedad Civil, de esta forma facilitando el desarrollo de programas de inclusión social y desarrollo sostenible. La gestión sostenida compartida permite a los actores locales ser responsables también por la ges-tión de los recursos naturales.

En términos generales se percibe que la gestión territorial y de los re-cursos naturales involucra una estructura integrada de acciones, donde los actores sociales, tomando decisiones y accediendo a información, caminan juntos. Estos elementos constituyen la parte esencial para la construcción de un modelo de gestión territorial sostenible, siendo ellos los que están dando las bases de los principios teóricos y prácticos del actual concepto que viene siendo implementado en la gestión territorial en el Estado de Amazonas.


Gestión territorial en el estado de Amazonas

Durante los gobiernos militares, la Amazonía sufrió la acción de varios pro-yectos de integración y desarrollo que ignoraron las peculiaridades regiones. La principal estrategia de estos gobiernos para integrar y desarrollar la Ama-zonía fue la construcción de carreteras de estas regiones al resto del país y la implementación de proyectos de asentamientos humanos y pecuarios. Se des-taca, como consecuencia de esta fase, una serie de trastornos sociales y am-bientales. Por ejemplo la desenfrenada deforestación realizada para instalar la reforma agraria y de las grandes haciendas, la caza y la pesca predatorias, el exterminio de grupos indígenas para asentar siringueras, explotación de madera de forma desordenada y conflictos resultantes de disputa de tierras.

El proceso de expansión de la frontera agrícola se dio, principalmente, a lo largo de las carreteras y de forma intensa en Pará, Mato Grosso, Rondônia y Acre. En este proceso de desarrollo, ocurrido en la segunda mitad de la dé-cada de 1970 entre los varios programas de desarrollo para la región, se des-taca el Pol amazonia. Este programa fue basado en polos de desarrollo como proyectos de minería y ganadería, estimulados por subsidios fiscales y tierras a bajo precio. Las iniciativas pecuarias se redujeron debido a la cancelación de los incentivos fiscales y la degradación de los pastos (Kohlepp, 2005).

En el estado de Amazonas, el proceso de ocupación territorial y conse-cuentemente, las políticas de uso de los recursos ocurrieron de modo di-ferenciado en relación a los otros Estados de la región. La construcción de carreteras no fue intensificada y la inconclusa carretera BR 230 llamada de Transamazónica dificultó la migración de las poblaciones de otras regiones del país a través de los proyectos de asentamientos del Gobierno Federal, li-mitando este proceso de forma alarmante a la parte sur del estado, incluidas las municipalidades de Apuí, Lábrea, Humaitá, Manicoré y Novo Aripuanã. Actualmente, la ocupación de esta región del Estado viene causando presio-nes ambientales en relación a la biodiversidad.

La política de gestión territorial del estado de Amazonas, implementa-da a partir de la década del 70, se ha basado en procesos de desarrollo de políticas agrarias y ambientales. Los proyectos de asentamiento desarrolla-dos en el sur del estado realizado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria – INCRA – vislumbraban la demarcación de tierras en


áreas de frontera y a lo largo de las carreteras federales como indispensables para la seguridad nacional y desarrollo nacional, de acuerdo con el Decreto Ley 1164/71. Los proyectos integrados de Colonización (PIC’s) fueron la gran estrategia del Gobierno Federal para territorializar el estado, ya que estable-ciendo la reglamentación fusionaría la posesión de las tierras (Schweickardt, 2001). Estos proyectos continúan hasta hoy, siendo desarrollados ahora por una visión conservacionista en el aspecto de los recursos ambientales como los PDS’s – Programa de Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el proceso de gestión territorial en el Estado de Amazonas está relacionado principalmente con la creación e implantación de Unidades de Conservación, buscando el desarrollo de las poblaciones locales y la con-servación de la biodiversidad, manteniendo así sus procesos ecológicos. Esta política está fundamentada en la Ley 9.985/2000, que rige el artículo 225 (incisos I, II, III y IV) de la constitución federal, estatal y municipal. Recien-temente el Estado de Amazonas publicó su propia ley, Ley Complementar 53 del 05 de junio de 2007, creando el Sistema Estadual de Unidades de Conser-vación de Amazonas –SEUC. En relación a la ley de SNUC, la ley estatal es innovadora en la creación de categorías de Unidades de Conservación como Carreteras, Parques, Río Escénico y Reservas Particulares de Desarrollo Sos-tenible, como unidades de uso directo y sostenible.

Además del objetivo de proteger y conservar los recursos naturales, la política de creación de Unidades de Conservación como un instrumento de gestión territorial en el Amazonas busca también frenar el proceso de des-atamiento, principalmente en la región sur del estado que viene sufriendo por razón del avance agropecuario y la consecuente expansión de la frontera agrícola. A pesar de tener un número reducido de carreteras por cuenta de este proceso de apertura de las carreteras iniciado por el Gobierno Federal en la década de 1970, y a pesar de no haber tenido continuidad, lo que difi-culta la integración de esta región con el resto del territorio amazonense, hay que reconocer el esfuerzo del gobierno estatal en combatir el desatamiento y la preservación de la biodiversidad como fruto de la principal política de gestión territorial ahora implantada.

Desde 2002 hasta el presente el área protegida en el estado solamente por medio de Unidades de Conservación estatales pasó de 7.4 millones de hec-táreas a 16.9 millones de hectáreas de tierras indígenas, siendo que cerca del


85% ya fueron demarcadas. Sumando las Unidades de Conservación federa-les, el área protegida es de 22% de la superficie del Estado. Aproximadamente 98% de la selva continua conservada con tasas de desatamiento decreciendo de 12.1% en 2003 para 4.7% en 2006 (CEPAL, 2007).

Con relación a las Unidades creadas, el esfuerzo del Estado es implemen-tarlas efectivamente. Las acciones de implementación se refieren principal-mente a la creación de Consejos Gestores, Planes de Gestión, levantamientos fundados con el objetivo de regularizar las áreas en cuestión y también po-demos destacar el esfuerzo en el sentido de monitoreo de la utilización de recursos naturales además de la implementación de proyectos que generen empleo y renta a los pobladores locales. A pesar de todo el esfuerzo empren-dido, el desafío es grande en el sentido de implementar las 41 Unidades de Conservación estatales ya creadas. Los recursos financieros que viabilizan esta efectuación provienen principalmente del ARPA – Programa Áreas Pro-tegidas de la Amazonía, del Ministerio del Medio Ambiente y del Proyecto Moore, financiado por la Fundación Gordon & Beth Moore, bajo responsabi-lidad del Gobierno Estatal.

Además de la política de creación de las Unidades de Conservación como estrategia para la gestión territorial, se destaca el proyecto de corredores bioló-gicos como los Corredores Centrales de la Amazonía; el Programa Zona Fran-ca Verde, creado a partir de las informaciones y demandas identificadas en la Zonificación Ecológica- Económica, que ha contribuido a la orientación de estrategias de acción del Gobierno para la preservación y control de la defores-tación en esta región. Estos proyectos son propuestas de articulación entre va-rios sectores públicos y privados, entre ellos la sociedad civil organizada como parte responsable también de la conservación de los recursos naturales.

La zonificación ecológica – económica – ZEE en la región sudeste-sur del estado de Amazonas

Desde el inicio de la década de 1980, cuando la zonificación ecológica-eco-nómica – ZEE fue institucionalizada como instrumento estratégico de pla-neación y gestión territorial en Brasil, muchos esfuerzos han sido realizados para transformarlo en un instrumento práctico de políticas públicas para el desarrollo regional sostenible, especialmente en la Amazonía brasileña.


El Estado de Amazonas dio inicio al proceso de ZEE de su territorio en 1996, cuando fue instituido el Grupo de Trabajo – GT/IPAAM, a través del Decreto 16.948 con fecha de 10 de enero de 1996. Este grupo de trabajo discu-tió y elaboró las principales orientaciones en el Plan Ambiental del Estado de Amazonas –PAEA, que fue el documento síntesis de la política y de las direc-trices relativas al medio ambiente para el trienio 1996 – 1999, dando énfasis al ZEE como herramienta para el ordenamiento y gestión territorial del Estado.

De la misma forma fue creada en 1996, la Comisión Estadual de Zoni-ficación Ecológica-Económica – CEZEE, a través del Decreto 17.199 del 22 de mayo de 1996, publicado en la misma fecha, con el nombramiento de sus miembros el 15 de abril de 1997, en el Diario Oficial del Estado de Amazo-nas, indicando la composición de 16 representantes de instituciones y enti-dades públicas de investigación y enseñanza y representantes de la sociedad civil organizada, con la atribución de planear, coordinar, evaluar, ejecutar y aprobar los proyectos prioridades y acciones en el ámbito de Ordenamiento Territorial estando responsable por las directrices del ZEE.

En el periodo comprendido entre 1998 y 2000 el ZEE pasó a ser ejecutado con recursos del Subprograma de Recursos Naturales – SPRN, integrante del Programa Piloto para Protección de las Florestas Tropicales de Brasil - PPG7, en el ámbito de Proyecto de Gestión Ambiental Integrada de Amazonas – PGAI/AM y pasó a representar el primer paso de este proyecto en dirección al establecimiento de directrices para el Ordenamiento Territorial del Esta-do de Amazonas.

Considerando principalmente el área territorial de la Amazonía, cerca de 1.5 millones de km2, fue seleccionada un área prioritaria, ubicada en la región sureste del Estado, principalmente en función de la expansión de la frontera agrícola, conocida como el “arco de deforestación”, donde los traba-jos de ZEE deberían ser desarrollados de forma piloto, para posteriormente, ser extendidos para todo el Estado.

Definida el área prioritaria, se dio inicio a los levantamientos de informa-ción para la composición de diagnósticos para la ejecución de ZEE SITEMÁ-TICO, siguiendo una metodología ampliamente discutida por investigadores, empresas, consultores y otros especialistas en el asunto.

En esta ejecución se tuvo dos abordajes: La Macro-zonificación y la Zo-nificación (sistemático y participativo). En el caso de la Macro-zonificación


el área alcanzada fue la totalidad del Estado (1.570.940,80 Km2), siendo rea-lizado a una escala de 1:1.000.000 y teniendo como objetivo sistematizar los datos ya disponibles, resultando en productos como:

Mapas de Unidades de Conservación (Federales y Estatales)•Mapas de Cobertura Vegetal y Ocupación Actual•Mapas de Tierras Indígenas•Mapas de Ocurrencia de Campos Naturales•Mapas de Aéreas Potenciales de Biodiversidad•Mapas de Geología, Geomorfología y Pluviosidad•Mapas de situación territorial• Después de la elaboración de los diagnósticos por instituciones y cola-

boradores especializados como la Empresa Brasilera de Investigación Agro-pecuaria – EMBRAPA, Compañía de Investigación de Recursos Minerales – CPRM, Instituto de Tecnología de la Amazonía – UTAM, Universidad Federal de Amazonas – UFAM, Ministerio Público Estadual – MPE y World Wildlife –WWF le correspondió al Instituto de Protección Ambiental de Amazonas – IPAAM, órgano ejecutor de la política ambiental del Estado y coordinador del ZEE, la tarea de consolidar los diagnósticos y sintetizar los principales resultados en un lenguaje accesible para la mayoría de las perso-nas e instituciones involucradas.

Uno de los desafíos metodológicos más importantes fue evaluar los datos presentados por los ejecutores de los diagnósticos, no sólo por los temas es-tudiados sino por las interrelaciones existentes. El levantamiento de los da-tos fue realizado para diferentes “unidades territoriales” con informaciones de origen diferenciada. Delante de estos datos, se optó por realizar talleres que reunieron en enero de 2001, a los principales autores de los estudios específicos, especialistas de la región amazónica, miembros de la Comisión Estadual de ZEE y del GT/PGAI, además de técnicos del órgano coordinador IPAAM, para una consolidación y valoración de los datos obtenidos.

El resultado del taller fue el documento denominado “Diagnósticos Pre-liminares para un Ordenamiento Ecológico-económico del Sudeste-sur del Estado de Amazonas” que presenta algunos resultados de las primeras discu-siones y de los primeros escenarios de desarrollo sostenible para la región.


En la segunda fase del proceso fue aplicada la metodología de Zonifica-ción Ecológico Económico Participativo – ZEE-P, cuyas etapas pueden ser divididas en cuatro momentos independientes, de las que destacamos las siguientes:

1 Articulación. Consiste en una amplia discusión con las autoridades y representantes de la sociedad civil sobre los objetivos y utilidades de la zonificación, con la finalidad de construir un consenso mínimo sobre el proceso y resultados esperados.

2 Diagnóstico. Disponibilidad los conocimientos necesarios para construir posibles escenarios de desarrollo sostenible. En esta etapa las investiga-ciones y levantamientos son dirigidos y orientados por medio de la par-ticipación de una comisión de zonificación y de un grupo de técnicos/ investigadores.

3 Pronóstico. Se inicia con la elaboración de escenarios por parte de técni-cos y consultores especializados. Los escenarios deben ser discutidos con todos los involucrados, buscando un consenso e incentivando negocia-ciones entre grupos de interés divergentes. Los escenarios consolidados deben ser traducidos en planos de desarrollo, programas de gobierno y otros;

4 Implementación. Fase en que planes y programas reciben la aprobación legislativa. De esta forma, el poder público se obliga a seguir en todas sus acciones las reglas establecidas. Para el sector privado, los planes sirven como orientación, por ejemplo, para direccionar inversiones de acuerdo con la zonificación y para el poder público definir las necesidades de au-torización y licencias compatibles con el ZEE.

Con el producto del ZEE-P fue elaborado un documento síntesis contem-plando los estudios diagnósticos de las municipalidades de Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã y Borba. Este documento sirvió de subsidio para las discusiones con los órganos gubernamentales y con instituciones representa-tivas de la sociedad civil organizada para las principales tendencias y para la estructuración de los primeros escenarios para el desarrollo sostenible local.

En esta etapa de la discusión y presentación de los diagnósticos fueron realizadas actividades direccionadas a la divulgación de los principales re-


sultados obtenidos en el ZEE, tanto en los medios de comunicación como en conferencias, reuniones temáticas y participativas con la sociedad civil. En esta etapa fue imprescindible la participación de diversos segmentos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el ejercicio de la discusión y en el establecimiento de consensos negociados teniendo en cuen-ta la prospección de escenarios de ordenamientos para la región.

Aunque los datos obtenidos en las actividades del ZEE todavía no estén consolidados, las demandas identificadas en los procesos de construcción de los diagnósticos del ZEE y en los talleres participativos fueron atendidas como la creación del Mosaico de Unidades de Conservación Estadual en el sur del Estado, alcanzando las municipalidades de Apuí y el sur de Manico-ré; la creación de la Reserva de Desarrollo Sostenible de Juma en Novo Ari-puanã y la elaboración de propuestas para la creación de nuevas Unidades de Conservación en las municipalidades de Borba y Lábrea, las cuales están en proceso avanzado de creación. De la misma forma, los productos de los diag-nósticos servirían de orientación para la elaboración de los Planes Directores de las municipalidades levantadas.

Consideraciones finales

La aplicación de la Zonificación en la Amazonía brasileña, mostró una se-rie de desafíos. En la propia metodología del ZEE sistemático faltó una des-cripción clara de los pasos operacionales para partir de la zonificación (en el sentido restricto) a la formulación de las directrices públicas, planes de desarrollo sostenido en los niveles macro (Federación/Estado) y micro (Mu-nicipalidad/Cuencas hidrográficas) y finalmente un ordenamiento territorial compatible con los principios de desarrollo sostenible para la región.

Los instrumentos de gestión territorial que vienen siendo implantados en la Amazonía se presentan promisores en primer análisis, pero hay que consolidarlos para poder alcanzar el desarrollo sostenible. En este sentido es fundamental la continuidad de estas políticas en los próximos gobiernos y principalmente fortalecer los recursos humanos y financieros y las institu-ciones ambientales competentes.

Una cuestión esencial a todo esto es la verticalización en las relaciones políticas que posibilite la implementación de los programas a nivel estatal


como a nivel del Gobierno Federal, así como también fortalecer una relación estrecha con los usuarios de los recursos naturales, capacitándolos para la co-responsabilidad inherente a la gestión territorial participativa e incenti-vando a la aproximación del saber científico a los conocimientos tradiciona-les en las acciones del desarrollo del uso de los recursos naturales.


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El ordenamiento ecológico territorial participativo 65

Introducción

A más de 30 años de que se iniciara formalmente la discusión sobre los pro-blemas ambientales y los esfuerzos para resolverlos, se observa que dicha problemática, lejos de resolverse, se ha agravado hasta alcanzar niveles crí-ticos en ciertas áreas del planeta y en aspectos de carácter global. Ante esta situación, una propuesta que ha generado mayor conciencia y apoyo de los diferentes sectores de la sociedad es el desarrollo sostenible, a partir de la publicación del Informe Brundtland en 1987 (Fundación Ebert, s.f.).

No obstante, prevalece la discusión acerca de cómo utilizar un concepto tan abstracto y que implica relacionar aspectos naturales y socioeconómicos. Por ello, es prioritario realizar investigaciones que permitan aplicar la soste-nibilidad en los diversos ámbitos de la actividad humana (Barkin, 1998; Leff, 2000; Masera et al., 1999; Gliessman, 2002), superando la visión disciplinaria

El ordenamiento ecológico territorial participativo, instrumento para el desarrollo rural sustentable: el caso del municipio de Álamos, Sonora, México

Adán Guillermo Ramírez García,* Marta Concepción Cervantes Ramírez,**Pastor Sánchez García,*** Alejandro Ismael Monterroso Rivas,**** Jesús David Gómez Díaz****

65

* Centro Regional Universitario del Noroeste de la Universidad Autónoma de Chapingo. ** Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.*** Centro Regional Universitario del Noroeste de la Universidad Autónoma de Cha-pingo. **** Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo.


en favor de una visión holística, sin ignorar todo lo demás, es decir, el entorno del fenómeno estudiado.

En México, generalmente las comunidades rurales, debido a las condi-ciones de pobreza en que se encuentran, se ven obligados a realizar una ex-plotación intensiva de sus recursos y a utilizar en determinadas actividades predios que no tienen el potencial adecuado (Carabias et al., 1994). Por ello, se considera que las comunidades rurales dependen en gran medida de sus recursos naturales, lo que demuestra su importancia para resguardarlos, ya que ellas pueden operar como aliadas de la protección biológica y la diversi-dad genética in situ (Bocco et al., 2000).

En este sentido Negrete y Bocco (2003) señalan que el ordenamiento eco-lógico es un instrumento de la política ambiental diseñado para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización del territorio y de sus recursos naturales, bajo el enfoque de uso racional, diversificado y participativo.

En cuanto al enfoque participativo éste se fundamenta en el supuesto de que la participación de los interesados en los programas, los encargados de tomar decisiones en las instancias centrales, los encargados de la implemen-tación a nivel local y las comunidades beneficiadas por el programa en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los programas, mejora la calidad de los programas y ayuda a responder a las necesidades lo-cales de desarrollo. Aumenta el sentido de la propiedad local respecto de las actividades de los programas y aumenta la probabilidad de que esas activida-des y sus efectos sean sostenibles (CONANP, 2004).

Desarrollo sustentable

Al hablar de desarrollo sustentable implica tomar una posición al respecto, por lo que después de revisar el trabajo de Tetreault (2004), se determina que el más adecuado para lo que aquí se persigue es el denominado modelo comunitario de desarrollo sustentable (MCDS), dado que, los principios que constituyen son eclécticos.

El MCDS, se basa en la recuperación y el fortalecimiento de las culturas tradicionales y las economías de autosubsistencia, primero para satisfacer las necesidades básicas de las mismas comunidades, y luego para producir un excedente para el mercado.


En este contexto, propone que la ciencia puede desempeñar un papel importante en este proceso. Las proposiciones normativas que lo consti-tuyen son:

Las causas principales de la pobreza y la degradación ambiental se en-•cuentran en las estructuras socioeconómicas, en la explotación de las grandes empresas capitalistas y en el uso de la tecnología inapropiada.Es necesario realizar cambios estructurales radicales. •La comunidad debería ser el enfoque del desarrollo.•La comunidad debería ser autodependiente. •Es preferible usar y desarrollar tecnología tradicional. •La diversidad (productiva, cultural, biológica, genética, etcétera) brinda •ventajas. La sustentabilidad ecológica es imprescindible. •La participación debe venir de abajo y de adentro. •

El MCDS no es un modelo global; es decir, no abarca todos los sectores de la sociedad, más bien, es un modelo diseñado para las comunidades rurales. Si bien no hay un solo punto de referencia que exponga todos estos principios de una manera exhaustiva, sí hay lecturas que presentan el modelo de una manera coherente, las cuales incluyen a Toledo (1996), Leff (1995) y Sevilla-Guzmán y Woodgate (1997).

Ordenamiento ecológico territorial

Dado que primero se definieron de manera separada al ordenamiento eco-lógico y al territorial y después de concluir que son complementarios, para fines de este trabajo cuando se hace referencia al ordenamiento ecológico o territorial, se debe de entender como ordenamiento ecológico territorial.

El ordenamiento territorial es una actividad relativamente nueva en el mundo y con unos alcances, objetivos, métodos y contenidos no muy bien delimitados aún (Pujadas y Font, 1998); de hecho, no existe un criterio uni-ficado entre los distintos países en cuanto a su conceptualización y ello se refleja en las distintas definiciones existentes (Massiris, 2003; Méndez, 1990).


Se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una or-ganización del uso y la ocupación del territorio, acorde con las potencialida-des y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (Palacio y Sánchez, 2003).

Se concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cua-les se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo (IGAC, 1996; Consejo de Europa, 1993; Gómez Orea, 2001; Massiris, en Palacio y Sánchez, 2003).

En México, en 1988 entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), donde se define al ordenamiento eco-lógico como: [...] el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sus-tentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, Título Primero, Art. 3, Fracción XXIII, D.O.F., 28 de enero de 1988).

Los principios rectores o los soportes conceptuales y normativos en los que descansa el ordenamiento ecológico y territorial (SEDESOL, 2005), son los siguientes:

1 Integralidad: Porque concibe las estructuras territoriales bajo un enfoque holístico.

2 Participación: Es un recurso que otorga legitimidad y propicia viabilidad en su aplicación, asegurando corresponsabilidad en las decisiones.

3 Prospectiva: Anticiparse al futuro, al diseñar escenarios sobre los cuales se gestionará el desarrollo territorial local.

4 Equilibrio territorial: Debe reducir los desequilibrios espaciales al inte-rior del territorio y mejorar las condiciones de vida de la población.

5 Sostenibilidad ambiental: Buscan que el uso actual de los recursos no comprometa ni la disponibilidad ni la calidad de los mismos para las fu-turas generaciones.

6 Adaptativo: Plantea un esquema flexible que permite adecuar la propuesta de ordenamiento territorial a los cambios experimentados por el territorio.


Además, implica la conjugación del conocimiento técnico con el tradicio-nal, el manejo del territorio comunitario con el manejo del territorio regio-nal, la administración comunitaria de los usos del suelo y la tenencia de la tierra con las políticas de uso y manejo del territorio así como la visión y el manejo de datos a la escala comunitaria y a la escala regional.

Evaluación rural participativa

La evaluación rural participativa (ERP) estima que la colaboración social es un ingrediente fundamental para elaborar proyectos, impulsar un mejora-miento sustantivo en la calidad de vida local y conservar los recursos natura-les. El método de ERP derivó de la evaluación rural rápida (ERR) y se utilizó por primera vez a comienzos de la década de los ochenta (Chambers, 1983).

Constituye un enfoque participativo o un marco metodológico para obte-ner, evaluar y analizar, en un periodo corto, información relevante sobre las realidades rural y urbana.

Su propósito es dar prioridad a los problemas esenciales, identificar y plani-ficar posibles acciones concretas y estimular la discusión (Chambers, 1994).

Este enfoque involucra a la población local en la investigación y análi-sis, considera el conocimiento de la población local como punto de partida y pone énfasis en el aprendizaje mutuo entre la población. De acuerdo con Geertz (1994), cada grupo social tiene una manera de interpretar la realidad y relacionarse con ella; desde esta dimensión (subjetiva de la vida social) da sentido y orientación a sus acciones, por lo que se considera imprescindible ubicar y reconocer el conocimiento local.

La ERP se basa en la premisa de que es frecuente que la solución a los problemas sobre el manejo de recursos se encuentre en la propia comunidad, por lo que definir tales problemas requiere del consenso entre los diferentes grupos de usuarios, tanto para priorizar las dificultades como para proponer posibles soluciones; es decir, la evaluación-planeación en conjunto sobre el uso de los recursos naturales en el ámbito local (Pretty et al., 1995).

La ERP sólo podrá ser útil cuando se den estas condiciones fundamenta-les para la negociación, donde las comunidades están convencidas de parti-cipar (Leewis, 2000).


Las herramientas participativas y el trabajo comunitario son procesos que permiten crear espacios para compartir el conocimiento local (Centro Internacional para el Ambiente y el Desarrollo, 1993), el ordenamiento eco-lógico territorial da el sustento necesario para que las propuestas de los pro-yectos detonadores además de estar consensuadas, respondan a necesidades sentidas y tenga un componente técnico que avala las decisiones tomadas.

De acuerdo con Geilfus (2001), el desarrollo es un estado dinámico en el que la participación hace posible pasar gradualmente de una pasividad casi completa (ser beneficiarios) al control de su propio proceso (ser actor del au-todesarrollo).

En este contexto, el presente artículo corresponde a los resultados de la propuesta teórico-metodológica elaborada en la investigación “Planeación participativa del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos natura-les del municipio de Álamos, Sonora, México”.

Se pretende contribuir a la construcción de un marco teórico metodoló-gico alternativo que permita diseñar un modelo de planeación de desarrollo local a partir de proyectos detonadores en comunidades rurales, conside-rando su entorno regional. Teórica y metodológicamente se respalda en la sustentabilidad, la evaluación rural participativa y el ordenamiento ecológi-co territorial, lo que permitió generar las unidades de gestión territorial, las políticas ambientales y formular los proyectos detonadores.

Materiales y métodos

Localización y descripción del área de estudio

Álamos es un municipio del estado de Sonora, con importante rezago pro-ductivo y un alto índice de marginación, lo que ha provocado una fuerte presión en el aspecto ambiental, económico y social, por lo que se requiere planear de manera ordenada y sustentable su crecimiento y desarrollo fu-turo; para ello se deben considerar variables como tiempo, recursos y ne-cesidades de los habitantes del municipio, así como el contexto en el que se desarrolló el presente trabajo.

Sus alcances se plantearon desde el punto de vista técnico, reforzado con la participación de diferentes actores sociales del municipio para elaborar


una propuesta objetiva y factible, apegada a las características ecológicas, sociales y culturales con el objetivo elevar el nivel y calidad de vida de sus ha-bitantes con el menor deterioro de sus recursos naturales (Ramírez-García, A. G., 2005).

El estudio se realizó en el municipio de Álamos, ubicado al sureste del es-tado de Sonora, entre los paralelos 27°46.2’ y 26°23.4’ de latitud norte y entre los 108°25.2’ y 109°15.6’ de longitud oeste, tiene una extensión en superficie de 6,947.47 km2 (Figura 1).

Subsistema ambiental

Orografía. El 70% de la superficie total del municipio es zona accidentada, localizándose en la región noreste y zonas aisladas donde el terreno está sur-cado por las derivaciones de la Sierra Madre Occidental. La altura sobre el nivel del mar en esta área varía de 500 a 2,000 metros.

Hidrología. El río Mayo cruza de oriente a poniente el municipio pro-cedente del estado de Chihuahua. La cuenca de capacitación del Río Mayo

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio


tiene 11,130 kilómetros cuadrados, su longitud es de 350 kilómetros; es la principal fuente de agua superficial con sus escurrimientos controlados por la presa Adolfo Ruiz Cortines.

Climas. Álamos presenta cuatro grupos climáticos, de los cuales los cli-mas secos ocupan la mayor proporción de la superficie municipal abarcando el 52.44%, seguido por los semicálidos subhúmedos 41.90%, templados sub-húmedos 5.26% y por último el de los cálidos subhúmedos 0.40%.

Edafología. En el municipio de Álamos se encuentran ocho unidades de suelo, que en orden de importancia son Regosol (45%), Litosol (27%), Cambi-sol (17%), Feozem (4%), Vertisol (3%), Xerosol (2%), Yermosol (1%) y Fluvisol (1%).

Uso del suelo y vegetación. La selva baja caducifolia abarca cerca del 60% del total municipal, el pastizal cubre el 18%, bosque pino encino tiene el 9% de la superficie y con proporciones inferiores a 9% la agricultura, el matorral y las áreas sin vegetación aparente, comprendidas en cuerpos de agua, asen-tamientos humanos y áreas sin vegetación.

Subsistema social

Demografía. De acuerdo con INEGI (2005) el municipio está conformado por 321 localidades, con una población total censada en el año 2005 de 24,493 habitantes, de los cuales 12,800 son hombres y 11,693 son mujeres; ocupan-do el lugar número 15 respecto a la población total del estado y equivalente al 1.02%. Bajo estas consideraciones Álamos tiene una densidad de 3.5 hab/km2. La tendencia poblacional en el municipio, ha registrado tasas de creci-miento negativas de acuerdo con los últimos censos generales de población y vivienda y el II Conteo de Población (Cuadro 1).

Del total de la población se considera rural al 67% (16,292 hab.) mientras que la urbana es del 33% (8,201 hab.) toda ubicada en la cabecera municipal. Por otro lado el número de localidades con una vivienda es de 406 y el núme-ro de localidades con dos viviendas es de 298 y 269 localidades cuentan con menos de 100 habitantes.

Distribución de la PEA. La población económicamente activa en el mu-nicipio de Álamos, en el período de 1980 al 2005 ha disminuido significati-vamente al pasar de 9,027 a 6,785, situación que se explica al analizar lo que


pasa con la situación migratoria y la mínima oferta de empleo que se da en todo el municipio (Cuadro 2).

Subsistema productivo

Producción pecuaria. La ganadería es la principal actividad productiva en el área. A nivel municipal, se desarrolla en 648,414 ha de las cuales 607,017 ha son de agostadero y 41,397 son praderas de zacate buffel. Se caracteriza por una explotación de tipo extensivo (libre pastoreo) donde su productividad depende de las lluvias.

Agricultura. La agricultura se desarrolla en 56,687 ha, de éstas 56,383 son de temporal, 149 de riego y 155 mixtas. En lo que se refiere a los cultivos, los principales son el sorgo, maíz, frijol, ajonjolí y cacahuate de los cuales, éstos dos últimos son los que tienen mayor potencial productivo. Existen también otras actividades como la fruticultura, sin embargo no se tienen datos confiables.

Cuadro 1. Tasa de crecimiento poblacional del municipio

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1980-1990 y 2000; II Conteo de Población y Vivienda.

Población Tasa de crecimiento (%)1980 1990 2000 2005 1980-

19901991-2000

2001-2005

29,091 25,564 25,152 24,493 -1.3 -0.16 -0.44

Cuadro 2. Actividades por sector en el municipio de Álamos

Fuente: INEGI, 2005. XII Censo General de Población y Vivienda.

Sector de actividad Número % Álamos (% del estatal)Población ocupada 7,223 100% 0.89Sector primario 2,886 39.96 2.24Sector industrial 1,809 25.04 0.008Sector servicios 2,325 32.19 0.006No especificado 203 2.81 0.73


Forestal. El área forestal estimada para el municipio de Álamos es de 25,002 ha, de las cuales 10,215 son área maderable con bosque pino–encino y 1,478 ha son área de no maderables. Los principales productos no madera-bles son vara blanca, postes de diferentes especies y carbón de mezquite.

Pesca y acuacultura. La actividad pesquera ha sido convertida en el sus-tento económico para un gran número de familias que habitan en las co-munidades cercanas a la presa del Mocúzarit. En diversas ocasiones se ha tratado de impulsar a la acuacultura con el establecimiento de programas de administración de embalses para apoyar el repoblamiento de las principales especies, la dotación de equipo de pesca y capacitación en el manejo de coo-perativas, estas acciones han favorecido en mucho al productor.

Metodología para el trabajo de gabinete y campo

El presente estudio es un trabajo con enfoque multidisciplinario donde se utilizaron metodologías de investigación cualitativas, básicamente herra-mientas y técnicas usadas en la ERP (talleres, recorridos de campo, entrevis-tas semiestructuradas).

Además se hicieron observaciones directas en campo. Las fuentes prima-rias y documentales fueron los principales medios para obtener información, se hicieron revisiones bibliográficas y cartográficas.

Para llevar a cabo el POET fue necesario apegarse estrictamente a los términos de referencia establecidos en el Manual de ordenamiento ecológico del territorio (SEDUE,1988), los términos de referencia para la elaboración del programa municipal de ordenamiento ecológico y territorial (SEMAR-NAT-INE-SEDESOL, 2005), los términos de referencia generales para la elaboración del programa estatal de ordenamiento territorial (SEMARNAT–SEDESOL–CONAPO–INEGI, 2001) y los indicadores que propone Palacio Prieto, J.L., et al., (2004), así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente actualizada a febrero 2005 (Figura 2).

Resultados y discusión

Primero se presentan los resultados del ordenamiento ecológico territorial, posteriormente los de la evaluación rural participativa, a continuación los


proyectos detonadores y finalmente el modelo comunitario de desarrollo sustentable. Los resultados del ordenamiento ecológico del territorio que aquí se presentan para los fines prácticos de éste documento son las unida-des de gestión territorial y las políticas ambientales. Las unidades de gestión territorial (UGT) se caracterizaron por su homogeneidad en los atributos naturales y/o su problemática socioambiental. Se obtuvieron a partir de la sobreposición de los mapas de regionalización ecológica, principales comu-nidades vegetales presentes, diagnóstico ambiental (condición actual de la vegetación y conflictos de uso) y potencialidad de uso (Figura 3).

Toda vez que fue analizada dicha sobre posición cartográfica, se delimi-taron un total de 30 UGT, sin embargo fue necesario hacer subdivisiones de estas para lograr una mejor distribución espacial. El resultado final de las subdivisiones arrojó un total de 51 UGT. De acuerdo con los talleres de orde-namiento ecológico territorial participativo del municipio de Álamos (Ramí-rez-García, A. G., 2005a), relatoría forestal (Ramírez-García, A. G., 2005b) y

Figura 2. Metodología

Modelo comunitario de desarrollo sustentable en el sur de Sonora

Proyectos detonadores

Ordenamiento ecológico territorial

Escenarios• Tendencial• Alternativo• EstratégicoUnidades de gestión territorialPolíticas ambientales


Talleres con:• Instituciones• Organizaciones• Comunidades• De validaciónEntrevistas semiestracturadasRecorridos de campo

Levantamiento fisiológicoSistemas de información geográficaRevisión documental y bibliográficaAnálisis estadísticoElaboración de indicadoresRecorridos de campo


Figura 3. Unidades de gestión territorial

relatoría ganadera (Ramírez-García, A. G., 2005c), se identificaron por cada UGT las principales problemáticas en los sectores sociales, pecuario y fores-tal. Para cada UGT se propusieron las políticas ambientales, las cuales son:


Aprovechamiento. Se aplica en zonas donde existen usos productivos ac-tuales o potenciales, así como áreas con características adecuadas para el desarrollo urbano. En general se aplica cuando el uso del suelo es congruente con su vocación natural. El criterio fundamental de esta política es promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio. Esta política se propone para un 20% de la superficie del municipio y comprende 14 UGT.

Protección. Se propone para las zonas donde actualmente se cuenta con decreto de área de protección de flora y fauna natural a nivel federal. El cri-terio fundamental de esta política es la de preservar los ambientes naturales con características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la conti-nuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Es la política que mayor su-perficie comprende para el municipio al considerar un 53%. Se encuentran 16 UGT dentro de esta política.

Conservación. Aplica para áreas donde el uso del suelo actual está repre-sentado por paisajes relativamente poco modificados y están siendo utiliza-dos racionalmente en algún grado. Como criterio fundamental se considera no cambiar el uso actual del suelo, lo que permitirá mantener el hábitat de muchas especies de animales y plantas. Esta política es la tercera en superfi-cie propuesta al cubrir un 15% del municipio y comprende 10 UGT.

Restauración. Dirigida a las áreas con procesos acelerados de deterioro ambiental, enfocada a revertir los problemas ambientales identificados o bien su mitigación, la recuperación de tierras no productivas y el mejoramiento, con fines de aprovechamiento, protección y conservación. Es la de menor área que se propone para el municipio con un 12%y considera 10UGT.


A continuación se muestran los resultados obtenidos en los talleres parti-cipativos realizados con Instituciones, productores forestales y ganaderos (Cuadro 3).

Si bien los resultados del proceso de evaluación rural participativa son mucho más amplios, para fines de este trabajo sólo se hace referencia a los que se obtuvieron en los talleres participativos. Después de priorizar los pro-blemas más importantes y considerar su posible alternativa se consensuaron


Cuadro 3. Problemática y alternativas consensuadas en los talleres participativos

Problemática AlternativasSocioeconómica

DesempleoPobreza y marginaciónMigración Infraestructura mínimaFalta de planeación y coordina-ción entre los sectores sociales y de gobierno

Socioeconómica

Aprovechar el potencial turístico de la regiónImpulsar el sector agropecuario en áreas cer-ca de ríos, arroyos y presas para comercioDesarrollar proyectos productivosTrazar carreteras que comuniquen a Sinaloa y a ChihuahuaPromover la autogestión de proyectos

Ambiental

Escasez en la disponibilidad del aguaExtracción ilegal de plantas y animalesCaza furtivaDeforestaciónErosión

Ambiental

Captación de aguas de lluvia Extender la superficie de la APFFPermisos, vigilancia y seguimiento a la ex-tracción de plantas y animalesConstrucción de obras de conservación de suelo y agua

Ganaderos

La actividad ganadera no es ren-tableEn verano escasez de agua y pas-turaBajo porcentaje de paricionesDeficiente manejo de potreros Abigeato

Ganaderos

Ganadería doble propósitoEstablecimiento de praderasConstrucción de bebederosAsesoría técnica

Forestal

No hay diversificaciónSobre explotación

Forestal

Sistemas agroforestales Reforestación en áreas criticas


los cuatro proyectos detonadores. A continuación se describen brevemente.

Proyectos detonadores

Turismo alternativo. El proyecto está referido a una nueva forma de obte-ner beneficios directos de la naturaleza, estos pueden ser económicos, de conocimiento, deportivos, de esparcimiento, viaje, cultura, relajamiento y diversión dentro del propio concepto de turismo. El turismo alternativo debe cumplir con algunas características como el ser sustentable, incluye algunas ecotecnias dentro del proyecto y el uso de energías alternativas tomadas en cuenta en la construcción de instalaciones necesarias para el hospedaje de los turistas.

Captación de agua de lluvia. El proyecto va dirigido a cosechar el agua de lluvia a través de los techos de las viviendas para subsanar las necesidades de consumo doméstico, es decir la limpieza de la casa, el lavado de la ropa, el consumo animal, etc. Para ello se tomaron en cuenta cuatro factores im-portantes en su diseño que son: precipitación pluvial (cantidad, frecuencia y distribución), áreas de captación, capacidad de almacenamiento y demanda de agua.

Ganadería de doble propósito. La cual se realiza considerando el factor técnico, ambiental, social y económico, los que a su vez presentan diferentes

Cuadro 3. Continúa

Problemática AlternativasForestal

No hay diversificaciónSobre explotación Plagas y enfermedadesActividad extractivaActividad poco redituable

Forestal

Sistemas agroforestales Reforestación en áreas criticas Elaboración de planes de manejoPermisos, vigilancia y seguimiento en aprove-chamiento de recursos forestales

Otros

Narcotráfico


elementos que marcan los requerimientos a cubrir para obtener un aprove-chamiento sustentable de los recursos naturales necesarios en el desarrollo de la actividad pecuaria.

Sistemas Agroforestales. Este proyecto se refiere a formas de combinar especies arbóreas y arbustivas, con cultivos agrícolas y animales, en un dise-ño que permita un manejo eficiente de tiempo y espacio, donde existen inte-racciones ecológicas y económicas. El objetivo es diversificar la producción del sistema, respetando el principio de sistema sostenido. Las fichas técni-cas de cada uno de estos proyectos se encuentran en Ramírez-García, A. G. (2005d).

Modelo comunitario de desarrollo sustentable

El modelo comunitario de desarrollo sustentable (Figura 4), está compuesto por cinco elementos: 1. Visión, se refiere a la meta final a la cual se desea llegar, responde a las preguntas ¿por qué?, ¿para qué?, ¿para quién? y ¿qué? 2. Estratégicos y tácticos, hace referencia al cómo estratégico, es decir la ma-nera en que se alcanzará el elemento de visión. 3. Organización, se refiere al cómo organizativo, tratando de definir quién o quiénes son los actores involucrados en el desarrollo del municipio. 4. Ejecución, trata de responder al cómo ejecutivo, especificando los proyectos, acciones y actividades pro-puestos según las unidades de gestión ambiental y las políticas ambientales y; 5. Evaluación, se trata de llevarla a cabo desde tres perspectivas relación beneficio-costo, satisfacción del cliente y evaluación de impactos donde tiene que resaltar la relevancia, utilidad y pertinencia de los proyectos (Ramírez-García, A. G., 2005e).

Conclusiones

La característica fundamental de la investigación y que la distingue de otras es el esfuerzo que se hace por integrar aspectos teóricos con los prácticos. Se contrasta teoría con realidad en un proceso dialéctico, lo que permite el continuo replanteamiento de ambas. Intenta aportar elementos para la construcción de un paradigma que analice, comprenda, proponga y evalué soluciones integrales a partir de la conjugación de métodos y técnicas que se

El ordenamiento ecológico territorial participativo 81Fi

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consideran complementarias que, a su vez, nos dirijan hacia la construcción de paradigmas alternativos.

Si bien es cierto que los términos de referencia para la elaboración de ordenamientos, incluyen el componente participativo, este se ve más como un agregado y muchas veces se toma como un anexo al documento. Dado el tiempo, los recursos económicos y sobre todo los procesos de autogestión que se pueden generar, en muchas ocasiones no se involucra a los actores locales en todo el proceso de planeación.

La aportación de este trabajo, como instrumento de planeación y desa-rrollo regional, contempla como pilar para la construcción de las propuestas la participación de actores del sector público, privado y social, de tal forma que se conjuguen sus visiones bajo la óptica del manejo sostenible de los re-cursos naturales en un mismo esfuerzo para decidir el quehacer regional, por lo que la utilización de la evaluación rural participativa, en este caso, permitió la construcción robusta del modelo aquí presentado.


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REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

(28 de enero de 1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Am-biente. Diario Oficial de la Federación (DOF).

El relieve, los paisajes físico-geográficos y la aptitud natural 87

introducción

El análisis geomorfológico de un territorio posee un carácter multifactorial, en el cual intervienen tanto los procesos endógenos como exógenos de la formación del relieve, estos últimos modeladores, no sólo de la superficie terrestre, sino además, determinantes en la formación de los restantes com-ponentes del paisaje físico-geográfico. De cualquier manera, en el contexto del sistema territorial, y en específico, de su subsistema natural, el estudio de las condiciones geólogo-geomorfológicas constituye uno de los principales pasos en la investigación geoecológica del medio ambiente y en sus evalua-ciones con fines de ordenamiento ecológico territorial. Estos dos geocompo-nentes (constitución geológica y condiciones geomorfológicas) determinan, de manera general, el comportamiento y el estado de los restantes factores naturales, tanto de carácter zonal como azonal, e incluso controlan la dis-tribución y extensión de muchas de las actividades socioeconómicas de un territorio.

El relieve, los paisajes físico-geográficos y la aptitud natural de las unidades de gestión en el ordenamiento ecológico territorial

José Ramón Hernández Santana,* Manuel Bollo Manent,** Ana Patricia Méndez Linares* y José Manuel Figueroa Mah Eng*

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* Instituto de Geografía, UNAM. ** Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, sede Morelia, UNAM.


Partiendo de dichas premisas, el objetivo central del presente trabajo es ofrecer, desde el punto de vista metodológico y a través de su aplicación en el territorio noroccidental del Estado de Chiapas, México, una secuencia geomorfológica alternativa para la determinación de las unidades de síntesis natural, en este caso de paisajes físico-geográficos, como unidades de ges-tión (UGAs) que permitan la evaluación de la aptitud natural de uso, en el contexto de la corriente actual de los ordenamientos ecológicos territoriales (OETs), como parte de las concepciones por alcanzar modelos de desarrollo sostenible.

Este enfoque parte de la metodología general de las investigaciones geomorfológicas y de su cartografía, como plataforma básica de la estruc-tura y distribución de las unidades de paisajes, tomadas en el caso chiapa-neco como unidades de gestión de su modelo de ordenamiento ecológico territorial. En general, los resultados alcanzados enriquecen, desde el punto de vista metodológico, las aplicaciones mexicanas sobre los ordenamientos ecológicos territoriales, todos sujetos a las disposiciones y reglamentacio-nes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA).

El análisis geomorfológico y su cartografía, a escala 1:100 000, abarcan las ópticas morfológica, morfométrica, morfotectónica y morfoestructural, morfocronogenética y exodinámica, destacando tanto los resultados locales en el noroeste de Chiapas, como su importancia para satisfacer cada una de las fases de la secuencia metodológica relieve-paisajes físico-geográficos-aptitud natural de uso-unidades de gestión. Por supuesto, que la complejidad del análisis y de la integración del sistema territorial (subsistemas natural, social, económico y urbano regional) en un OET es mucho más amplia e in-terrelacionada, pero en este trabajo sólo se persigue como objetivo, ponderar el papel de la geomorfología en la conformación paisajística y en el recono-cimiento de las potencialidades y limitaciones de uso de las unidades de ges-tión territorial, aplicado al noroeste del Estado de Chiapas.

Área de estudio

El entorno regional del territorio de estudio, se corresponde con la provin-cia geomorfológica denominada Tierras Elevadas de Chiapas-Guatemala


(High Land), según la clasificación de Raisz (1964), aunque su extensión específica ocupa el extremo noroccidental de dicha provincia y del Estado de Chiapas, México; limitada al Oeste y al Este, por las cuencas de los ríos Grijalva y Pichucalco respectivamente; al Norte, por la planicie lacustre de las lagunas La Ceiba, Limón y Santuario; y al Sur, por las estribaciones montañosas del volcán El Chichón y la presa Peñitas. La extensión total del territorio estudiado para el ordenamiento ecológico territorial es de 2 456.88 km2, estando limitado entre los 17º 17’ 00’’ y 17º 59’ 00’’ de Latitud Norte, y los 93º 00’ 00’’ y los 93º 33’ 00’’ de Longitud Oeste. Dentro del te-rritorio están involucrados los municipios Pichucalco, Ostuacán, Reforma, Juárez y Sunuapa (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio en el noroeste del Estado de Chiapas. Municipios involucrados: 1. Reforma, 2. Juárez, 3. Pichucalco, 4. Sunuapa y 5. Ostuacán


La constitución geológica refleja diferentes eventos durante la evolución geotectónica regional, como son una gran acumulación de sedimentos ma-rinos, deformaciones plicativas y disyuntivas, emplazamientos de intrusivos y actividad volcánica en determinadas épocas, incluso hasta el presente. Las unidades sedimentarias se dividen, de forma general, en calcáreas y epiclásti-cas; las primeras corresponden a sedimentos depositados durante el Cretácico, mientras que las segundas son rocas cuya edad varía del Paleoceno al Mioceno tardío. El Plioceno y el Holoceno se caracterizan por depósitos de planicies fluviales y lacustres, así como por depósitos piroclásticos y rocas volcánicas del volcán activo Chichonal o El Chichón, este último asociado con sistemas de fallas transcurrentes de izquierda (García-Palomo et al., 2004), en la zona tectónica de interplacas Norteamericana, Cocos y Caribe (Nixon, 1982).

Análisis del relieve y cartografía geomorfológica: enfoques aplicados al ordenamiento territorial

Un estudio geomorfológico, con fines de caracterización analítica del relieve y con aplicaciones físico-geográficas sintéticas de determinación de unidades de gestión ambiental (UGAs) para satisfacer las primeras etapas de un orde-namiento ecológico territorial, debe contemplar valoraciones morfológicas, morfométricas, morfoestructurales, cronomorfogenéticas. Estos aspectos geomorfológicos se representan cartográficamente en los mapas hipsomé-tricos, de los ángulos de inclinación de las laderas, de la disección vertical, de la densidad de disección, de la morfotectónica y la morfoestructura, de la cronomorfogénesis o geomorfológico general.

La clasificación y análisis de los restantes factores naturales, como el cli-ma, las aguas, los suelos, la vegetación y el uso del suelo, y la flora y la fauna, siempre sobre una base geólogo-geomorfológica, como la presentada en este trabajo, constituye la plataforma de definición taxonómica de los paisajes físico-geográficos, como unidades de síntesis natural, que pueden adoptarse como unidades de gestión espacial en el contexto del ordenamiento ecológi-co territorial, donde conceptualmente los alcances están dirigidos a satisfa-cer el desarrollo armónico de la economía y las expectativas de la vida social, pero con mayor énfasis a la organización del espacio con fines de manejo sostenible y de conservación del patrimonio natural.


En el extremo noroeste de la Sierra Norte de Chiapas, un papel impor-tante en la conformación endógena del relieve lo desempeñó la etapa de los movimientos neotectónicos mioceno-cuaternarios de la corteza terrestre; sus ascensos diferenciados en el territorio formaron y consolidaron los esca-lones morfoestructurales del relieve actual (montañas bajas, premontañas, lomeríos y los pisos de planicies de distinta génesis), y densificaron y profun-dizaron la disección del relieve, delinearon la red hidrográfica actual y esta-blecieron el patrón de azonalidad de todos los factores naturales, así como la diferenciación de los paisajes físico-geográficos.

Análisis morfométrico del relieve chiapaneco noroccidental

Los rasgos morfológicos y morfométricos externos del relieve del territo-rio estudiado, se expresan claramente en los mapas topográficos digitales, a escala 1:50 000 (INEGI, 2005) y en la base topográfica específica para su análisis geomorfológico, preparada por Méndez Linares (2005); pero para definir los umbrales cuantitativos de la interpretación, se requiere de la eva-luación de sus características morfográficas y de la aplicación de los indica-dores morfométricos, los cuales nos muestran las dimensiones numéricas de los rasgos morfológicos básicos del relieve, entre ellos se encuentran, la hipsometría, los ángulos de inclinación de las laderas, la disección vertical y la densidad de disección. Estas cualidades de carácter geométrico permiten diferenciar rápidamente, bajo un análisis integrado, los espacios de mayor o menor actividad tectónica en la formación del territorio, los focos de relevan-te energía geomorfológica, las diferencias litológicas del substrato a través de la expresión en el relieve del modelado exógeno, e identificar, en una primera aproximación, los escalones geomorfológicos básicos, que constituyen las ca-tegorías (montañas, lomeríos y planicies) y subcategorías básicas del relieve emergido (montañas muy altas, altas, medias, bajas y premontañas; lomeríos grandes, medianos y pequeños; planicies muy altas, altas, medianas, bajas y muy bajas) (Figura 2).

Estas categorías y subcategorías controlan, en gran medida, el desarrollo de los restantes componentes físico-geográficos, y vistos como el todo y no como las partes, representan a los diferentes tipos de paisajes físico-geográ-


ficos. A su vez, la composición de las diferentes unidades de paisaje puede emplearse en los ordenamientos ecológicos territoriales como unidades de síntesis natural para la propuesta de unidades de gestión, sobre las cuales se pueden formular los modelos de ocupación, así como sus modelos tenden-ciales. En otras palabras, los paisajes físico-geográficos representan una de las diversas concepciones espaciales y sintetizadoras de la naturaleza, inclu-so de sus modificaciones antrópicas, que permiten la gestión, por parte de las entidades político-administrativas, de cada uno de los usos propuestos para su eficiente y sostenible organización o reorganización territorial.

Hipsometría

En el territorio las características hipsométricas del relieve reflejan un gran núcleo montañoso, compuesto por la edificación volcánica de El Chichón, con una altitud de 1 260 m y las cúspides de los cerros El Cucayo, El Zopilote, y otros, en la zona centro-meridional, con altitudes entre 900 y 1 100 m. Ro-deando este núcleo sobresalen las áreas premontañosas con altitudes máxi-mas entre 400 y 800 m. Hacia el norte de estas estructuras, se extienden áreas periféricas de lomeríos con altitudes entre 200 y 300 m. Ocupan la zona axial del territorio y hacia el norte, amplias planicies de tipo estructuro-tectónico, se extienden hasta las planicies septentrionales de tipo lacustre, bordeadas, a su vez, tanto al oeste como al este, por las planicies fluviales planas, todas ellas con altitudes inferiores a 200 m.

Ángulos de inclinación de las laderas

Los principales escalones hipsométricos del relieve, reflejan también una notable influencia en el comportamiento y la distribución de las inclinacio-nes de las laderas, en cada una de las categorías geomorfológicas (monta-ñas, lomeríos y planicies). Los intervalos seleccionados de pendientes fueron los siguientes: 0º-2º, 2.1º-6º, 6.1º-12º, 12.1º-18º, 18.1º-30º, 30.1º-45º y mayor de 45º. En este sentido, las mayores pendientes (mayor a 45º), se presentan en la edificación volcánica de El Chichón, en las premontañas de Maspac (al oeste de El Chichón), en las montañas bajas de los cerros El Zopilote y El Cucayo, en las laderas de la estructura circular de Manchas Blancas (al


suroeste de Pichucalco) y en las laderas periféricas de las premontañas de El Azufre. Las pendientes con valores entre 18.1º-30º y 30.1º-45º, se presentan en las premontañas y en los lomeríos altos, que las circundan por el norte; así como muy aisladamente en los lomeríos bajos, y en las planicies altas y muy altas, colinosas y muy diseccionadas. Finalmente, en las planicies medias, de colinosas a onduladas y ligeramente diseccionadas, situadas al norte y al este del territorio predominan los valores entre 6.1º-12º y 12.1º-18º; y en las bajas, planas la inclinación general alcanza valores inferiores a los 2º.

Disección vertical o energía del relieve

Como disección vertical del relieve, otro de los indicadores morfométricos, se tomó el criterio de la amplitud de oscilación de las altitudes del relieve en una unidad de área, que en este caso se adoptó la cuadrícula de 1 km2.

Al confrontar los resultados morfométricos de la energía del relieve, se aprecia una clara correspondencia entre las categorías y subcategorías geomorfológicas, derivadas de la actividad neotectónica diferenciada, y los niveles de profundidad máxima de disección. Así, en las zonas montañosas se presentan los valores máximos de profundidad de encajamiento erosivo del relieve, con valores entre 500 y 600 m; la parte más elevada es la lade-ra suroccidental de El Chichón, entre 600 y 700 m. Con valores entre 300 y 500 m de disección vertical, se encuentra la mayor extensión del escalón montañoso y premontañoso. El escalón geomorfológico correspondiente a los lomeríos presenta valores de disección vertical entre los 100 y los 200 m. Hacia el norte, en las planicies muy altas, altas y medias, los valores oscilan, de manera general, entre 50-100 y 20-50 respectivamente, mientras que en las bajas (fluviales y lacustres planas) entre 0 y 20.

En general, el relieve de las planicies del territorio estudiado posee bajos valores de la energía del relieve, lo que se traduce en una baja a moderada intensidad de los procesos erosivos y denudativos con su consiguiente mo-derado transporte sedimentario. En las zonas montañosas y premontaño-sas existe una energía potencial elevada para el desarrollo de los procesos erosivos y para el transporte sedimentario, por lo que su uso de suelo debe orientarse a las categorías de conservación y forestal, mediante planes de reforestación con especies autóctonas del territorio y en función de la voca-


ción edáfica y climática del mismo. El empleo de este indicador morfomé-trico es vital como atributo durante la evaluación de la aptitud natural de uso agrícola, ganadero, forestal, de conservación y de plantaciones, como el cacao.

Densidad de disección del relieve

Otro de los índices morfométricos básicos del relieve para el ordenamiento ecológico territorial es la intensidad de su disección horizontal, que permite valorar el grado de influencia de la litología del substrato geológico, la inten-sidad y tendencia de los movimientos neotectónicos y de las características espacio- temporales del clima, entre otros factores, en la formación, el diseño y el desarrollo de la red fluvial erosiva, condición determinante para la defi-nición del tipo de uso de suelo.

La disección horizontal del relieve depende, en gran medida, del tipo lito-lógico del substrato y de su altitud. En el caso que nos ocupa, los mayores va-lores se concentran hacia las laderas noroccidentales del volcán El Chichón y los núcleos de las montañas de los cerros El Cucayo y El Zopilote (4.0-5.0 km/km2), donde el relieve posee elevada energía y el substrato de materiales piroclásticos y de areniscas contribuye a densificar la red de drenaje. Otras zonas con alta densidad de disección (3.0-4.0 km/km2) están al oeste de la localidad de Nuevo Xochimilco, también sobre los materiales extrusivos, y el sector de planicies al suroeste de Reforma, donde las areniscas terrígenas facilitan, a que las redes fluviales se encuentren ampliamente ramificadas.

Para gran parte del territorio, las premontañas, los lomeríos y las plani-cies, los valores de densidad de disección alcanzan entre los 2.0-3.0 km/km2, ocupan fundamentalmente el relieve elaborado sobre substratos terrígenos y carbonatados. Hacia las planicies periféricas (fluviales y lacustres) los valores predominan entre los 0.5-1.0 km/km2.

Análisis morfotectónico y morfoestructural del relieve

Dentro de este enfoque estructuro-geomorfológico se persigue revelar la in-fluencia del diseño geológico-estructural en la conformación de las “raíces” del


relieve moderno. En general, se aprecian tres zonas morfotectónicas notables, en función de sus patrones estructuro-tectónicos y del diseño del relieve:

1 El núcleo montañoso central, conformado por la edificación volcánica de El Chichón y las estribaciones montañosas de los cerros El Cucayo, El Zopilote, y otros, con una notable orientación NNW-SSE, siguiendo las estructuras transcurrentes de izquierda (García-Palomo et al., 2004).

2 El escalón premontañoso periférico al núcleo montañoso anterior, donde gran parte de los bloques morfoestructurales poseen una dirección NW-SE, y que también están diseñados por el sistema de transcurrencias. Es-tas unidades premontañosas conjugan el mismo estilo tectónico que los lomeríos, e incluso, que algunos de los bloques de planicies estructurales altas y muy altas. Este patrón general, controlado por las transcurrencias, posee además, una estructuración escalonada y basculada producto de los ascensos verticales diferenciados.

3 Hacia las planicies centrales altas y colinosas, y medias y onduladas, se dis-tingue el control téctonico de un sistema más joven, de orientación N-S.

De manera muy general, el análisis morfoestructural ofrece los rasgos geomorfológicos determinados por los procesos endógenos durante la for-mación y la consolidación del relieve actual, mientras que el análisis mor-focronogenético del mismo evalúa la génesis de las superficies esculturales, generadas por el modelado exógeno, y que resultan de gran valor para cono-cer las tendencias del mismo, su influencia en las modificaciones del relieve y su repercusión sobre los usos de suelo específicos para cada espacio, según el modelo de ordenamiento ecológico territorial o de ocupación futura del territorio.

Morfogénesis y edad del relieve

La caracterización geomorfológica general sintetiza los aspectos morfomé-tricos, estructurales, genéticos y cronológicos del relieve, mediante la distin-ción de tipos del relieve, considerando su morfología, su génesis y su edad.

Para la caracterización general del relieve es indispensable la integración de los resultados de la aplicación de los métodos morfométricos y del análisis


estructuro-geomorfológico, lo cual nos permite identificar y clasificar las ca-tegorías y subcategorías del relieve, aspecto vital para establecer la primera aproximación de la geoecología del paisaje y finalmente de las unidades de gestión, para la evaluación de su aptitud natural de uso como oferta natural del espacio, dentro de la óptica del ordenamiento ecológico del territorio. En la Figura 2, se presenta el espectro de estos escalones geomorfológicos que determinan la distribución azonal del clima, el volumen de la escorrentía superficial y de la infiltración hídrica, las cualidades morfopedológicas de los suelos, los pisos de vegetación y sus asociaciones florístico-faunísticas, todo ello como elementos para la identificación de los diferentes tipos de paisajes físico-geográficos. Esta clasificación de categorías y subcategorías del relieve constituyó la base para la clasificación geomorfológica general del territorio y de sus paisajes físico-geográficos.

En el mapa de tipos morfogenéticos del relieve (Figura 3), se presenta la estructura de la clasificación y la representación cartográfica de la misma. La clasificación posee los niveles jerárquicos siguientes: categorías (montañas, lomeríos y planicies) y las subcategorías del relieve, con sus pisos altitudina-les; la diferenciación petromórfica con tres clases de basamento geológico; el carácter de la intensidad de los movimientos neotectónicos; la edad relativa de formación del tipo de relieve; la génesis, la morfología, el nivel de disec-ción vertical y el substrato geológico.

Atendiendo a la diferenciación del basamento geológico, de las categorías geomorfológicas del relieve y de los procesos geomórficos recientes, el terri-torio se puede dividir en varias regiones geomorfológicas principales (Figu-ra 6): I. Montañas bajas y premontañas, consolidadas durante el Plioceno al Cuaternario (N2-Q), divididas en siete tipos morfogenéticos; II. Lomeríos, consolidados durante el Plioceno superior- Cuaternario (N2

3-Q), divididas en tres tipos morfogenéticos; yIII. Planicies, consolidadas durante el Cuater-nario (Q), integradas por siete tipos morfogenéticos. El complejo de formas del relieve, como morfoelementos cartografiables, se divide en nueve grupos genéticos (Tectónicas, Volcánicas, Litoestructurales o Petromórficas, Flu-viales, Denudativas, Kársticas, Seudokársticas, Lacustres y Antrópicas). Es-tos grupos reportaron, de manera general, un total de 34 formas del relieve. Estas últimas geoformas no se presentan en la figura 3, por la imposibilidad de su representación cartográfica a la escala presentada.


Figura 2. Espectro de categorías básicas del relieve. 1. Montañas bajas, 800 < H ≤ 1 260 m; 2. Premontañas, 300 < H ≤ 800 m; 3. Lomeríos, 200 < H ≤ 300 m; 4. Planicies muy colinosas, 60 < H ≤ 200 m; 5. Planicies onduladas a colinosas, 40 < H ≤ 60 m; 6. Planicies onduladas, 20 < H ≤ 40 m; 7. Planicies mesiformes, 20 < H ≤ 40 m; y 8. Planicies planas, H <20 m. (H, altitud en metros).


Figura 3. Tipos geomorfológicos del relieve, bajo un enfoque cronomorfogenético


Montañas: 1. Montañas bajas con superficies esculturales de tipo vol-cánico, con predominio de intensa modelación erosiva-denudativa, con un substrato constituido por derrames lávicos y materiales piroclásticos de composición media, presentando densa y profunda disección vertical o pro-fundidad de encajamiento; 2. Montañas bajas con superficies esculturales erosivo-denudativas, sobre areniscas terrígenas miocénicas, con aislada co-bertura piroclástica plio-cuaternaria y afloramientos dispersos de rocas cal-cáreas con procesos erosivo-kársticos; profundamente diseccionadas, con desarrollo de cortezas de intemperismo; 3. Montañas bajas con superficies esculturales erosivo-kársticas, formadas sobre secuencias calcáreas oligoce-no-miocénicas (margas, areniscas y calizas); moderadamente diseccionadas y con moderado nivel de karstificación, ocupando cadenas y crestas estruc-turales; 4. Premontañas con superficies esculturales kárstico-denudativas, con restos areales mesiformes y parteaguas, principales rectilíneos, con-trolados tectónicamente, con notable disección erosivo-kárstica; formadas sobre margas, calizas y areniscas calcáreas paleoceno-miocénicas; 5. Pre-montañas con superficies esculturales kárstico-erosivas, formadas en cali-zas detríticas y arrecifales y areniscas oligocénicas, en estructuras anulares o semicirculares, de carácter escalonado, moderadamente diseccionadas, karstificadas en cadenas cuculiformes; 6. Premontañas con superficies es-culturales erosivo-denudativas, en superficies escalonadas y escarpadas, mo-deradamente diseccionadas, formadas en areniscas terrígenas miocénicas, con frecuente litomorfoesculturas de contacto con calizas oligocénicas y extrusivos plioceno-cuaternarios; 7. Premontañas con superficies escultura-les denudativo-erosivas, en cadenas mesiformes volcánicas y estructurales, escalonadas en niveles, poco diseccionadas, periféricas, de articulación con lomeríos y planicies, formadas en areniscas, pelitas y argelitas oligocénico-eocénicas, con cobertura de derrames andesítico-dacíticos y piroclásticos plioceno-cuaternarios. Lomeríos: 8. Lomeríos con superficies esculturales erosivo-denudativas, diseccionadas, con restos escalonados aislados de su-perficies de planación, elaboradas sobre areniscas terrígenas miocénicas, con desarrollo de cortezas de intemperismo; 9. Lomeríos con superficies escultu-rales denudativo-erosivas, en cadenas mesiformes volcánicas y estructurales, escalonadas en niveles, poco diseccionadas, con baja densidad erosiva, con


relictos areales y lineales de superficie de planación, formadas en zócalo mio-cénico de areniscas terrígenas, cubiertas por derrames andesítico-dacíticos y piroclásticos plioceno-cuaternarios; 10. Lomeríos con superficies escultura-les kárstico-erosivas, moderadamente diseccionadas, karstificadas en cum-bres lineales en forma de aristas y en cadenas cupuliformes, formadas sobre calizas detríticas y arrecifales, margas y areniscas paleoceno-oligocénicas; planicies: 11. Planicies estructuro-denudativas, con superficies esculturales erosivo- denudativas, muy altas y altas, escalonadas y colinosas, con pen-dientes inclinadas entre 10º y 25º, fuertemente diseccionadas, formadas so-bre areniscas terrígenas miocénicas; en localidades cubiertas porderrames andesítico-dacíticos y piroclásticos plioceno-cuaternarios, con desarrollo de cortezas de intemperismo; 12. Planicies estructuro-denudativas, con super-ficies esculturales denudativo-erosivas y denudativas, medianas, onduladas a colinosas, mediana a fuertemente diseccionadas, con pendientes de ligera a medianamente inclinadas entre 7º y 20º, sobre cortezas de intemperismo en areniscas miocénicas y sobre depósitos aluviales diferenciados, en aisladas ocasiones sobre calizas y margas eocénicas; 13. Planicies estructuro-denuda-tivas con superficies esculturales denudativo-erosivas, ligeramente ondula-das, bajas a medianas, con pendientes suaves entre 0º y 7º, sobre cortezas de intemperismo en areniscas terrígenas miocénicas; 14. Planicies estructuro-denudativas con superficies esculturales denudativo-acumulativas, planas a ligeramente onduladas, muy poco diseccionadas, formadas en areniscas cuarcíticas miocénicas, con desarrollo débil de cortezas de intemperismo; 15. Planicies fluviales con superficies esculturales erosivo-acumulativas, en depresiones de falla y estructura compleja, en ocasiones de contacto lito-lógico, elaboradas en zócalo terciario indiferenciado y con acumulaciones de depósitos cuaternarios; 16. Planicies fluviales con superficies escultura-les denudativo-acumulativas, de llanuras y planos de inundación, planas, en cuencas de graben y semigraben, constituidas por depósitos fluviales cua-ternarios, sin diferenciación de niveles; 17. Planicies fluvio-lacustres con su-perficies esculturales acumulativas, muy bajas, planas, pantanosas, formadas sobre sedimentos lacuno-palustres holocénicos (arcillas, limos, arenas); de-presiones: 18. Con superficies esculturales erosivo-acumulativas, en valles colgados, con amplios niveles fluviales erosivo-acumulativos, como testigos de épocas de estabilidad tectónica; y 19. Estructurales con superficies escul-


turales erosivo-acumulativas, en depresiones de graben y semigraben, am-plias, con niveles indiferenciados de terrazas erosivas.

Desde el punto de vista genético y general del territorio, los principales procesos exógenos que han modelado las edificaciones geomorfológicas son la erosión, la denudación, la disolución kárstica, las acumulaciones fluviales y lacustres, y los procesos gravitacionales al pie de las escarpas más inclinadas. También bajo la influencia antrópica, se desarrollan procesos erosivo-gravi-tacionales, favorecidos por el transporte automotor, en algunas carreteras del territorio.

Paisajes físico-geográficos y aptitud natural de las unidades de gestión en el ordenamiento ecológico territorial

En los trabajos e investigaciones dentro del ordenamiento ecológico para ca-racterizar y diagnosticar el sistema territorial, y en específico, su subsistema natural, el estudio de las condiciones geólogo-geomorfológicas constituye uno de los ejes cardinales, dado que determinan, de manera general, el com-portamiento y el estado de los restantes factores naturales, tanto de carácter zonal como azonal. Entre sus repercusiones ambientales se pueden relacio-nar la distribución espacio-temporal del régimen hidroclimático, las diferen-cias territoriales del espectro de los pisos altitudinales de la vegetación, las condiciones de estabilidad de las laderas para la expansión urbana, el tipo y la intensidad del modelado exógeno del relieve y su influencia en el desarrollo natural y socioeconómico, entre múltiples aspectos.

Paisajes físico-geográficos

Como resultado de la caracterización parcial e integración de la informa-ción geólogo-geomorfológica, en las etapas I (Caracterización del sistema territorial) y II (Diagnóstico integrado del sistema territorial) del OET, y de su síntesis con el estado actual de los restantes componentes naturales, se establecieron las bases para la identificación y la clasificación de los paisa-jes físico-geográficos. Durante el levantamiento cartográfico de los paisajes del área de estudio, a escala 1:100 000, se delimitaron 5 Localidades, 11 Co-


marcas y 43 Subcomarcas (Figura 4). En este trabajo se presenta una versión cartográfica reducida, en la cual fueron excluidas de la representación las unidades físico-geográficas de menor orden, las subcomarcas, relacionadas con las geoformas y morfoelementos del relieve de menor orden, que respon-den a una escala de carácter puntual y más detallada, imposible de reprodu-cir por limitaciones de tipo editorial.

Unidades de gestión. 1.1. Valle fluvio-acumulativo del Río Grijalva (0 - 20 m), con planos de inundación poco estables, con amplias llanuras o planos de inundación de nivel más bajo que el río, con pendientes de0º a 6º, sobre depósitos aluviales recientes, texturalmente diferenciados, presencia de bor-dos o diques, con suelos Fluvisoles y Gleysoles, con potreros, plantaciones (platanares) y restos de selva alta perennifolia y humedales (tulares y popa-les); 2.1. Valle fluvio-acumulativo (0 - 20 m), del Río Pichucalco, con plano de inundación amplio, con pendiente suave(0° - 6°), con sedimentos aluvia-les de origen fluvio-palustre, inundada en parte es permanente, y en otras estacionalmente, con suelos Fluvisoles, Gleysoles, y Vertisoles, y vegetación de potreros, selva mediana perennifolia inundable (de Canacoite), humeda-les y plantaciones de plátano; 3.1. Llanura baja (menos de 20 m), en forma de planicie lacustre, en depresión de contacto, en parte permanentemente inundada, pantanosa, con pendientes de 0° a 2°, sobresedimentos fluviales y palustres, con abundantes lagunas (eutroficadas) y meandros abandonados, corrientes intermitentes de conexión entre lagunas, suelos Gleysoles y abun-dante vegetación acuática e hidrófila (humedales); 4.1. Llanura ondulada baja a media (20 - 40 m), estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo-erosivas, con pendientes suaves (0º - 6º), denudativas-erosivas, con baja disección vertical (0 - 20 m), disección horizontal media(de 2 a 3 km/km2), en cortezas de intemperismo sobre areniscas, suelos Acrisoles, poco erosionados, pastizales y arboledas, cultivos de subsistencia y planta-ciones (maíz, plátano) en pequeñas parcelas y focos aislados de selva alta pe-rennifolia con vegetación secundaria; 4.2 Llanura ondulada, media (40 - 60 m), estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo-erosivas y denudativas, con disección vertical media (20 - 50 m) y disección horizon-tal media (de 3 a 4 km/km2), denudativo-erosiva, de ligera a medianamente inclinada (6° - 12°), con cortezas de intemperismo sobre areniscas, con sue-los Acrisoles y Cambisoles, desde poco hasta fuertemente erosionados, con


Figura 4. Paisajes físico-geográficos del territorio


potreros, plantaciones de plátano aisladas, pequeñas parcelas ocasionales de cultivos de subsistencia (maíz) y restos aislados de selva alta perennifolia con vegetación secundaria; 4.3 Llanura ondulada a colinosa, media (40 - 60 m), estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo - erosivas y denudativas, con disección vertical media (20 - 50 m) y disección horizontal media (de 3 a 4 km/km2), denudativo-erosiva, de ligera a medianamente in-clinada (6° - 18°), con cortezas de intemperismo sobre areniscas, con suelos Acrisoles y Cambisoles, fuertemente erosionados, con potreros, plantacio-nes de plátano aisladas, pequeñas parcelas ocasionales de cultivos de sub-sistencia (maíz) y restos aislados de selva alta perennifolia con vegetación secundaria; 4.4 Llanura muy colinosa, media a muy alta (60 - 200 m), estruc-turo- denudativa, con superficies esculturales erosivo-denudativas, con di-sección vertical alta (50 - 100 m), disección horizontal media (3 a 4 km/km2), con pendientes hasta medianamente inclinadas (12° - 30°), en cortezas de intemperismo sobre areniscas, con suelos Acrisoles, erosionados, potreros, vegetación de selva alta perennifolia y vegetación secundaria y plantaciones de plátano; 5.1. Alturas bajas colinosas, en forma de lomeríos (200 - 300 m), con superficies esculturales erosivo denudativas, con disección vertical me-dia, entre 100 y 200 m y disección horizontal media de 2.0 a 3.0 km/km2, con pendientes fuertes (18° a 30°), sobre rocas areniscas y pelitas, con suelos Acri-soles, y Cambisoles y en menor grado Nitosoles, de mediana a fuertemente erosionados, con potreros, selva alta perennifolia con vegetación secundaria y pequeñas y ocasionales parcelas de cultivos o parcelas sin vegetación apa-rente; 5.2 Alturas premontañosas (300 - 800 m), con superficies escultura-les erosivo-denudativas, kárstico-erosivas, con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con pendientes muy fuertes (desde 18ºamayores de 45º), en general en forma de monoclinales, con cimas en forma de crestas o cupulares, en ocasiones en estructuras anu-lares, en rocas calizas arrecifales, margas, riolitas, y areniscas y lutitas, con suelos Cambisoles, Regosoles y Acrisoles, y en menor medida, Leptosoles y Luvisoles, muy fuertemente erosionados, con selva alta perennifolia con y sin vegetación secundaria, potreros y plantaciones aisladas de cacaotales; 5.3. Montañas bajas (800 - 900 m), (El Cucayo-Zopilote), con superficies escultu-rales erosivo-kársticas y erosivo-denudativas, fuertemente inclinadas, (30º a más de 45º), sobre areniscas y afloramientos de calizas arrecifales aisladas,


con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con suelos Cambisoles, Regosoles y Leptosoles, muy fuertemen-te erosionados, y vegetación de selva alta perennifolia en diferente grado de conservación y potreros aislados; y 5.4 Montañas bajas, con superficies es-culturales de tipo volcánica (800 - 1 260 m) (Volcán el Chichonal o Chichón), con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con pendientes escarpadas (más de 45°), sobre rocas volcánicas andesíticas, derrames lávicos y materiales piroclásticos, con suelos Ando-soles, Regosoles, Cambisoles y Leptosoles, áreas sin vegetación, potreros y vegetación de selva alta perennifolia.

Bajo la óptica del desarrollo sostenible, los programas de ordenamiento ecológico territorial constituyen una herramienta para el establecimiento de patrones espaciales de organización de actividades humanas, en función de las potencialidades y de las debilidades del territorio y la distribución de sus recursos naturales. En este sentido, la evaluación de la aptitud natural de uso persigue, en dependencia de la disponibilidad u oferta cuantitativa y cua-litativa de los recursos del subsistema natural, así como de la información existente al respecto, ofrecer criterios objetivos para el aprovechamiento económicamente eficiente y ambientalmente viable de la oferta natural.

Para una evaluación más real de las potencialidades y limitantes del terri-torio es necesario recurrir a la síntesis de unidades espaciales, que reflejen la singularidad de las condiciones naturales y de sus recursos disponibles. Por supuesto, estas unidades espaciales no poseen ningún tipo de vínculo con las unidades de la división político-administrativa, por lo cual es indispensable seleccionar un enfoque o criterio de síntesis natural, ya sea ecosistémico, geosistémico o paisajístico. Una de las vías idóneas para el establecimiento de dichas unidades es la identificación, la clasificación y la evaluación de los paisajes físico-geográficos, enfoque que fue seleccionado en este trabajo (Fi-gura 4).

Aptitud natural de uso del suelo

La evaluación del uso del territorio se realiza a partir de varias fases claves: la evaluación de la aptitud natural de uso del territorio y la evaluación de los conflictos de su uso y sus tendencias, y las prioridades de su selección, estos


últimos aspectos desarrollados durante la etapa de formulación del modelo de ordenamiento ecológico o modelo de ocupación territorial.

El análisis de la aptitud natural de uso del suelo provee la información necesaria para conocer las reales vocaciones naturales de las diferentes uni-dades de paisaje físico-geográfico (como unidades espaciales de análisis geo-gráfico y de evaluación de vocaciones específicas, adoptadas en este estudio), y en función de dichas cualidades, establecer la selección priorizada de usos, que reduzca los conflictos ambientales entre los distintos sectores socioeco-nómicos. Estas unidades sintéticas funcionan en la etapa de implementación del modelo de OET como unidades de gestión (UGAs).

La aptitud natural de uso puede definirse como la oferta o vocación de los recursos naturales de un territorio, en función de los atributos de los proce-sos geomórficos modeladores del relieve, de las cualidades morfométricas del mismo, de la características físicas y químicas de los suelos y de sus niveles de degradación, de las virtudes del régimen hidrotérmico, y muchos otros aspectos físico-geográficos. Una vez determinada esa oferta y conociendo los insumos necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades pro-ductivas, se procede a la adecuación de un particular uso del suelo para cada unidad de paisaje ecogeográfico. Es por ello, que las aptitudes de uso deben definirse por grupos interdisciplinarios de expertos, atendiendo a las carac-terísticas de cada territorio, con miras a obtener evaluaciones integradas con mayor y mejor objetividad.

De acuerdo con las características del territorio estudiado, se selecciona-ron cinco tipos fundamentales de uso de suelo, a saber: agrícola, cacaotero, pecuario, forestal y de conservación. Los usos asignados a cada unidad de paisaje dependen de las aptitudes de uso de su espacio geográfico, y siempre deberán ser establecidos de acuerdo con las condiciones (potencialidades y limitaciones) de los recursos naturales del territorio.

Uso agrícola

El potencial natural agrícola es la capacidad del paisaje para la actividad agropecuaria, determinada por sus propiedades y características naturales generales (fertilidad, pendientes, erodabilidad del suelo, presencia de inun-daciones, etc.), con altos niveles de productividad y eficiencia, sin que ello


conlleve a su degradación o pérdida de cualquiera de sus valores y atributos (Mateo et al., 1994).

Para determinar el potencial natural agrícola de los paisajes, se parte de la evaluación de un conjunto de indicadores de las peculiaridades naturales de los mismos (oferta o vocación), los cuales se relacionan con las necesida-des (demanda) de la agricultura, como tipo de uso de un territorio, de forma tal, que esa relación permita un desarrollo sostenible de la actividad. Entre los atributos considerados se encuentran la fertilidad del suelo, el ángulo de inclinación de las pendientes, el grado de pedregosidad del suelo, la suscepti-bilidad a los procesos erosivos, el grado de inundabilidad y la acidez del suelo. La evaluación final del potencial o de la aptitud agrícola, se alcanzó median-te la sumatoria de los puntos dados a cada indicador para cada unidad de paisaje, y se establecieron tres categorías de potencial natural agrícola (alto, medio, bajo o no apto), según la puntuación obtenida.

Las unidades de gestión con mayor potencial agrícola fueron los paisajes 1.1, 2.1 y 3.1 (Figura 4), correspondientes a las planicies planas fluvio-acumu-lativas y fluvio-lacustres; las de potencial medio fueron los 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.1, relacionadas con las planicies estructurales desde planas y onduladas hasta colinosas y muy colinosas, así como los lomeríos; y finalmente, las me-nos aptas para este uso fueron los 5.2, 5.3 y 5.4, es decir, las premontañas y montañas bajas.

Uso cacaotero

Para la evaluación de las potencialidades del subsistema natural, dirigidas al fomento cacaotero, no se tomaron en cuenta las condiciones climáticas, ya que las mismas son favorables en todo el territorio, con temperaturas medias entre 21º y 25º C, y precipitaciones entre los 1 500 y los 2 500 mm anuales, e incluso mayores, y una lámina mensual de 100 mm (http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/cacao4.asp). En este caso, se consideraron los indicadores siguientes: ángulo de inclinación de las pendientes, fertilidad del suelo, inundabilidad, acidez del suelo y altimetría. Además, para categorizar el indicador, en el caso del cultivo del cacao, se tomó como requerimiento, que las pendientes no debían ser superiores a los 25º, ni en relieves planos, donde se produce el estancamiento del agua, con inundaciones perennes. Al


mismo tiempo, es necesaria una profundidad del suelo mayor de 100 cm. Se evalúa teniendo en cuenta las características de los suelos en la “Descripción de la leyenda de la carta edafológica” (Detenal, 1979). La altura óptima para el cultivo del cacao oscila entre los 0 a 800 m, siempre que el suelo mantenga una profundidad adecuada y no se produzcan estancamientos de agua ni inundaciones durante largos y cortos períodos de tiempo respectivamente (http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/cacao4.asp).

La evaluación final del potencial o de la aptitud natural para el cultivo ca-caotero, fue estimada por la sumatoria de los puntos dados a cada indicador para cada unidad de paisaje, y se establecieron tres categorías de potencial natural cacaotero (alto, medio, bajo o no apto), según la puntuación obteni-da. Resultaron con alto potencial las unidades de paisaje ecogeográfico 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 y 5.2 (Figura 4), correspondientes a los cuatro escalones de las planicies estructurales, los lomeríos y las premontañas.

Uso pecuario

En relación con este potencial es necesario atender ciertas cualidades en las diferentes unidades como: la fertilidad, el ángulo de inclinación de las pendientes, la disección horizontal, el área de la unidad, la pedregosidad, la accesibilidad y la inundabilidad (Mateo, 1994). En el territorio estudiado se emplearon los indicadores de fertilidad del suelo, el ángulo de inclinación de las laderas, la disección vertical del relieve, la pedregosidad y la susceptibili-dad a la erodabilidad del suelo, la inundabilidad y la acidez del suelo. La eva-luación final del potencial o de la aptitud natural pecuaria, se obtuvo por la sumatoria de los puntos dados a cada indicador para cada unidad de paisaje, y se establecieron tres categorías de potencial natural (alto, medio, bajo o no apto), según la puntuación obtenida.

En este sentido, los paisajes 1.1, 2.1 y 3.1 (Figura 4), relacionados con las planicies fluvio-acumulativas y fluvio-palustres resultaron con mayor aptitud de uso pecuario; mientras que los paisajes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.1, desarrolla-dos en los escalones de las planicies estructurales denudativas y erosivo-de-nudativas, y en los lomeríos, alcanzaron valores medios de aptitud pecuaria. Por supuesto, los paisajes premontañosos y montañosos bajos son incompa-tibles con este tipo de uso de suelo.


Uso forestal

El potencial forestal viene dado por la calidad de las especies maderables existentes y su cantidad. Para determinar los paisajes de más alto poten-cial para las diferentes actividades forestales evaluadas, se realizó el cálculo, multiplicando la calidad de la formación vegetal, según su carácter extracti-vo, ya fuera como madera o como leña, por la superficie de estas formaciones en cada paisaje, así se obtuvo el potencial extractivo.

Los paisajes de más alto potencial para la actividad forestal de extracción son el 5.2 (pendientes de las alturas premontañosas entre 300-800 m de al-titud, fuertemente inclinadas hasta escarpadas, desde 18º hasta mayores de 45°); el 5.1 (pendientes de las alturas colinosas, entre 200-300 m de altitud, fuertemente inclinadas, de 18° a 30°); el 2.1 (plano de inundación, de 0° a 2° de pendiente, bajo, de 10 a 15 m de altura relativa); y el 5.3 (pendientes de las montañas bajas entre 800-900 m de altitud, muy fuertemente inclinadas, entre 30º y más de 45º).

Uso de conservación

La potencialidad de conservación se encuentra en aquellos paisajes que por sus valores de geo y biodiversidad, exclusividad, singularidad, naturalidad, rareza, etc., se consideran como patrimonio natural de elevado valor para las actuales y futuras generaciones. También aquellos paisajes relacionados con los anteriores y que se constituyan en zonas de transición y amortigua-miento, necesarias para conservar y mantener el equilibrio ecológico de los paisajes anteriores.

Para evaluar el potencial de conservación es necesario determinar la calidad y cantidad de los territorios para la conservación. Para determinar la calidad, se diferenciaron dos tipos de aproximaciones: los valores por las característi-cas de las especies y los que emanan de las características de las formaciones naturales. Para la primera es necesario determinar la singularidad y los valores de la biodiversidad, mientras que para la segunda el grado de modificación del paisaje. Para determinar la cantidad, es necesario establecer el porcentaje de superficie natural o seminatural de cada unidad de paisaje.


La superficie natural o seminatural se calcula al dividir la superfi-cie de bosque natural de las formaciones vegetales con mayores valores de endemismo, de amenaza o peligro de extinción y con un estado natural o seminatural de conservación (en el caso chiapaneco presentado, la selva me-diana perennifolia, la selva alta perennifolia y la selva alta perennifolia con vegetación secundaria), entre la superficie total del paisaje que se evalúa. La modificación antrópica se determinó a partir del criterio de expertos y los recorridos de campo realizados. Tomando en consideración estos criterios, el potencial de conservación alto se localizó sólo en la unidad paisajística 2.1 (Figura 4) del valle fluvio-acumulativo del Río Pichucalco, con vegetación de selva mediana perennifolia inundable (de Canacoite), donde existen 3 endé-micas y 17 especies amenazadas, y extensiones de humedales.

Los paisajes físico-geográficos: su aptitud natural de uso y su papel en el ordenamiento ecológico territorial

En el proceso de ordenamiento ecológico del territorio noroeste de Chiapas, su primera etapa, de caracterización del sistema territorial, proveyó los in-sumos naturales, sociales, económicos y urbano-regionales necesarios para conocer la oferta existente para la planeación de su desarrollo sustentable. En el subsistema natural, dentro de la segunda etapa de diagnóstico se con-solidó su síntesis, estableciéndose las unidades de análisis territorial, para lo cual se generó la tipología de los paisajes físico-geográficos, con su taxono-mía de localidades, comarcas y subcomarcas, según la escala cartográfica de representación para este territorio.

Una vez establecidas las unidades de análisis territorial, a partir de la sín-tesis físico-geográfica de sus paisajes, fue imprescindible determinar las po-tencialidades y limitaciones naturales de las mismas, es decir, conocer cuál era su aptitud natural para determinados tipos de uso de suelo, sobre la base de sus atributos naturales. Con esta evaluación, en el contexto del proceso de ordenamiento ecológico territorial, se formularon, de manera optimizada y jerarquizada, las propuestas de uso de suelo para cada unidad de análisis territorial (paisaje físico-geográfico). De esta manera, se procedió a la ejecu-ción de la tercera etapa del ordenamiento ecológico, de participación comu-nitaria y democrática, donde se debatieron los resultados de los expertos y se


determinaron las propuestas adecuadas a los intereses sociales y económicos de la sociedad. Finalmente, se confeccionó el modelo de ordenamiento eco-lógico territorial (MOET) o de ocupación del territorio de la cuarta etapa de propuesta, con la presentación de sus lineamientos y estrategias ecológicas, programas y proyectos, responsables y plazos, todo ello de vital importancia para la etapa de implementación.

El proceso metodológico empleado en el noroeste chiapaneco permitió establecer con claridad las unidades de síntesis natural, mediante el análisis geomorfológico y su rigor para la diferenciación de las localidades y comar-cas físico-geográficas, dado que el relieve constituye conjuntamente con el substrato geológico la plataforma principal de la diferenciación espacial de los demás componentes naturales. El empleo de los paisajes como unidades de análisis territorial facilitó, a partir de las condiciones adecuadas para cada tipo de uso de suelo, la evaluación de su aptitud natural, como base para esta-blecer el nivel de compatibilidad entre dicha aptitud y el uso de suelo actual. Este procedimiento permitió distinguir las unidades territoriales compati-bles de las no compatibles y contribuir a su reordenamiento, en función de niveles de optimización de uso.

Conclusiones En las investigaciones previas al ordenamiento ecológico territorial, incluso dentro del subsistema natural, es indispensable la caracterización, la clasifi-cación y la evaluación de los múltiples atributos geomorfológicos, debido a su marcada influencia en el papel de la azonalidad geográfica territorial. En este sentido, el esqueleto taxonómico de la geoecología del paisaje descansa sobre las condiciones geólogo-geomorfológicas territoriales y, en especial, del gra-diente energético de la azonalidad generada por los movimientos tectónicos y expresada en los escalones morfoestructurales del relieve.

Para la identificación de las unidades de paisajes físico-geográficos es in-dispensable la delimitación espacial de la dimensión geométrica del relieve (hipsometría, disección vertical y horizontal, ángulo de inclinación de las laderas, entre otros parámetros morfométricos) y la definición de sus cate-gorías y subcategorías geomorfológicas, estas últimas nos indican los princi-pales pisos altitudinales de grupos de paisajes, diferenciados posteriormente,


en el horizonte hipsométrico por la variabilidad espacial del substrato lito-estratigráfico.

La evolución y constitución geológica del territorio del noroeste chiapane-co determinaron su azonalidad, y con ello, la distribución de los tipos de pai-sajes físico-geográficos (localidades, comarcas y subcomarcas) su extensión y su variabilidad, los cuales muestran una fuerte dependencia de los procesos endógenos, tales como, la diferenciación de los movimientos neotectónicos de la corteza terrestre y la consolidación de contrastes del relieve actual. Esta situación orográfica, unida a las relativas condiciones homogéneas del régi-men climático e hídrico, generó una mayor incidencia del substrato litoes-tratigráfico en el desarrollo y consolidación de la cobertura edáfico-biótica, y con ello, de la gama paisajística del territorio.

Las categorías y subcategorías del relieve, sus tipos morfogenéticos y su constitución litoestratigráfica constituyen el basamento de la diferenciación espacial de las regiones y de los paisajes físico-geográficos (localidades y co-marcas), mientras que las subcomarcas, como taxones de menor orden, deben su variabilidad y distribución a la diversidad genética de los morfoelementos y formas del relieve de rango inferior. A su vez, las cualidades morfométri-cas y morfogenéticas de su microrelieve determinan el patrón distributivo de topoclimas, de facies edáficas, de hábitats florísticos y faunísticos, y de las condiciones abióticas indispensables para el desarrollo de comunidades vegetales, todo ello a una escala local. A partir de esta consideración, es im-portante destacar, que en los planes de ordenamiento regional el papel rec-tor de la clasificación geoecológica del paisaje lo poseen las categorías, las subcategorías y los tipos morfogenéticos del relieve, mientras que en los pla-nes municipales o a escala local, son las geoformas y los morfoelementos de rango inferior los componentes determinantes para tomar decisiones de uso puntual del suelo, que desde una óptica regional son imposibles de abordar con precisión.

La elección de los paisajes físico-geográficos en los estudios de orde-namiento ecológico territorial permite identificar los rasgos más sobre-salientes de la oferta natural de los recursos naturales contenidos en su espacio, lo que unido a la determinación de su aptitud natural de uso o de sus potencialidades naturales, las resalta como áreas de síntesis natural apropiadas para su gestión sustentable por parte de las entidades político-


administrativas, tanto regionales como municipales. Esta esencia de sínte-sis, tanto de la oferta como de la vocación para determinados usos de suelo, la convierte en uno de los pilares para la reorganización económica terri-torial, la implementación adecuada de programas sociales y el desarrollo de nuevos asentamientos rurales, en función de un patrón sustentable de desarrollo regional o local.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer a los árbitros anónimos la revisión del ma-nuscrito. Este trabajo fue financiado por el Instituto de Historia Natural y Ecología del Estado de Chiapas, bajo el proyecto “Ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera de la región V norte de Chiapas”, y realizado por el Instituto de Geografía de la UNAM durante los años 2005 y 2006.


Detenal. (1979). Descripción de la leyenda de la carta edafológica. México: D. F.García Palomo, A., Macías J. L. y Espíndola J. M. (2004). Strike-slip faults and K-

alkaline volcanism at El Chichón volcano, southeastern Mexico. Journal of Vol-canology and Geothermal Research, (136), 247-268.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2005). Mapas topográficos digitales a escala 1:50 000. México: INEGI. 6 Hojas.

Mateo, J., et al. (1994). Analise da paisage como base para estrategio de Organiza-cao Geoambiental: Corumbatai cspl Colectario 004 Planeamiento Ambiental (pp. 57-105). Brasil: Universidad de Sao Paulo.

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Nixon, G. T. (1982). The relationship between Quaternary volcanism in central Mexico and the seismicity and structure of the subducted ocean lithosphere. Geol. Soc. Am. Bull, (93), 514-523.

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Referencias electrónicas

http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/cacao4.asphttp://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Leyes%20del%20sector/lgeepa_.pdf

El reto del ordenamiento territorial de las localidades urbanas 115

Antecedentes

El análisis del cambio demográfico se refiere aquí al ámbito urbano del esta-do de San Luis Potosí, en el período comprendido entre el año 2000 y el 2005, y las variables revisadas son aquéllas que reflejan la tendencia de urbaniza-ción en este período. El Plan de Desarrollo Urbano 2001-2020 (PDU_SLP 2001) definió el Sistema Urbano Estatal (SUE) con un total de 70 localidades urbanas, distribuidas en los 58 municipios de estado de San Luis Potosí, aun-que existen más de 7,000 localidades rurales. Para este estudio las unidades de análisis son las ciudades, las micro regiones y las regiones. La clasificación de los centros de población considerados en el SUE, seleccionó aquellos que tienen 2,500 o más habitantes, o bien que son capital de su municipio. Con base en la caracterización anterior, el propósito fue identificar las estadísti-cas de población urbana en el intervalo mencionado, por otra parte se hizo

El reto del ordenamiento territorial de las localidades urbanas del estado de San Luis Potosí: tendencias recientes del período 2000-2005

Ricardo Villasís Keever,* Miguel Aguilar Robledo,** Adrián F. Moreno Mata,*** Pedro Medellín Milán**** y Guadalupe Vázquez Rodríguez*****

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* Facultad del Hábitat de la UASLP.** Coordinador de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP.*** Facultad del Hábitat de la UASLP.**** Coordinador de la Agenda Ambiental de la UASLP.***** Maestra en Ciencias Ambientales por el PMPCA de la UASLP.


un balance de ciudades que cuentan con planes de desarrollo urbano. La relevancia del tema reside en documentar la evolución de las localidades ur-banas potosinas en el contexto de las regiones estatales. Para abordar el tema del sistema de ciudades y la tendencia de urbanización, se revisó la literatura disponible, los documentos especializados, así como las bases de datos del ITER_INEGI para el período seleccionado.

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (SE-DESOL, 2001), se refiere al concepto de desarrollo urbano como la adecua-ción y orientación ordenada y planificada del proceso de urbanización y ocupación del espacio urbano en sus aspectos físico, económico y social, que implican la transformación espacial y demográfica. Proceso que tiende al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la conservación del me-dio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en condiciones de funcio-nalidad. Por su parte el ordenamiento estatal denominado Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí1 define al desarrollo urbano como el conjunto armónico de acciones que se realicen para ordenar, regular y ade-cuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población y sus relaciones con el medio ambiente natural y sus recursos.

Para este caso, la tendencia de urbanización se entiende como la dinámica de la población que tiende a hacerse más urbana que rural en un período de-terminado. De acuerdo con Gustavo Garza (2002: 19) y Luis Unikel (1976: 70) los parámetros que deben tomarse en cuenta para el desarrollo urbano desde la perspectiva demográfica se refieren a la tasa de urbanización (Tu), y el grado de urbanización (Gu). Donde Tu se refiere al número de habitantes por millar, que anualmente se incorporan a la ciudad en un año y Gu describe la relación de la población urbana vs. población rural en un territorio determinado. Por otra parte, para tener una visión sobre los periodos de medición, se aporta el concepto de tasa de crecimiento total, que se refiere al crecimiento por cada cien habitantes en un año determinado (CONAPO, 2000).

Una las discusiones importantes sobre las ciudades es la de su tamaño, la referencia numérica más conocida en nuestro país es la del INEGI, que estable-ce una ciudad a partir de 2,500 habitantes. Por otra parte, desde la dimensión

1 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, Decreto 577, publicada en el POE con fecha 7 de octubre de 2000, última modificación el 20 de diciembre de 2003.


demográfica, se considera una ciudad a partir de 15,000 habitantes, (Sobrino, 1998; citando a Unikel, 1978). Este mismo enunciado se utiliza en el Sistema Urbano Nacional (SUN) como el límite básico inferior, pero para sus paráme-tros consideran a la ciudad a partir de 50,000 habitantes. Desde la perspectiva de la teoría económica (Begovic, 1991:116, citado por Sobrino, 1998) la ciudad se define de acuerdo con las siguientes variables: a) tamaño de la población, b) número de empleos demandados u ofrecidos; c) potencial de la población; y d) densidad de la población, donde la más utilizada es la primera.

Para el concepto de Sistema de Ciudades utilizado en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, se han propuesto varias definiciones que tienen como común denominador las interrelaciones o interdependen-cias existentes entre las localidades (Graizbord y Garrocho, 1987:37-39), por lo que se puede mencionar que el sistema de ciudades alude a un conjunto de asentamientos urbanos, más los atributos y relaciones entre ellos (Racionero, 1978: 16).Según Sobrino (1998), al abordar el tema de las ciudades desde pun-to de vista económico se entiende que las ciudades son por naturaleza eco-nomías abiertas en el sentido que producen y exportan una serie de bienes y servicios. Existen discusiones recientes sobre de lo que debe ser la ciudad y la forma de abordar su problemática, Munizaga (2001) plantea que la compren-sión del fenómeno urbano contemporáneo está caracterizada por aspectos éticos, tecnológicos, ambientales y sociales cada vez más complejos.

Otra dimensión de las ciudades, se refiere al fenómeno de lo que se cono-ce como la metropolización. Las ciudades que ocupan superficie de dos o más municipios reciben el nombre de áreas metropolitanas, y la totalidad de los te-rritorios municipales que abarca un área metropolitana se denomina zona me-tropolitana (Sobrino, 1998). Como área urbana se conoce a la ciudad y su zona contigua. Para el caso que nos ocupa en el SUN, existen dos zonas metropoli-tanas para el estado potosino: San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez y Ríoverde-Ciudad Fernández. Aquí se aborda el sistema urbano estatal (SUE) con diversas variables, a partir de las cifras del año 2000 (XII Censo) en comparación con el 2005 (II Conteo), de acuerdo con las siguientes categorías de análisis:

La perspectiva demográfica urbano-rural.•La distribución de las localidades urbanas en el territorio potosino en el •contexto del sistema urbano estatal, y


El grado de urbanización y metropolización.•

Para efecto de lo anterior se analizan los antecedentes de los sistemas ur-banos nacional y estatal (Cuadro 1).

El Sistema Urbano de San Luis Potosí en el marco del Sistema Urbano Nacional El SUN definido por la SEDESOL en el año 2000, está compuesto por 364 ciudades, con un total de 64’943,514 habitantes, que representaron en ese año el 66.62 por ciento de la población total del país. En este contexto, el es-tado de San Luis Potosí, está considerado en la zona V del SUN, denominada Centro Norte, sus relaciones más importantes están en sus zonas limítrofes; I, II, III y IV, en términos de relaciones económicas, de sus sistemas de en-laces, el medio físico que comparte con las demás entidades federativas, así como las relaciones políticas.

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006, estableció las regiones con la finalidad de ubicar las ciudades en su contexto geo-político y aporta el concepto interurbano de “red de ciudades” donde la ciudad es el elemento básico del sistema, bajo la premisa que en cualquier sistema urbano de un país o región, las ciudades manifiestan carac-terísticas diferenciales que permiten agruparlas en orden sucesivo de impor-tancia. Asimismo, el tamaño de la población es el factor indiscutible según el cual los sistemas urbanos pueden jerarquizarse (Unikel et al., 1976: 93).

Clasificación Número de ciudades Población año 2000Zona metropolitana 14 35,820,628Aglomeración urbana 32 14,080,737Ciudad 75 10,051,316Subtotal 121 59,952,701Menor de 50,000 habitantes 226 5,639,909Total 347 65,592,590

Fuente: SEDESOL. 2000. SUN.

Cuadro 1. Sistema Urbano Nacional


Esta ponderación se entiende como la importancia relativa de las ciudades de acuerdo con su jerarquía urbana. Otra característica dentro del sistema de ciudades, son los subsistemas, que para fines analíticos, determinan sub-conjuntos de ciudades que se integran por complementación de actividades o proximidad física. En 1976, una de las primeras clasificaciones que se hicie-ron en el país, consideró a la ciudad de San Luis Potosí dentro del subsistema El Bajío, agrupada con León, Silao, Irapuato, Celaya y Aguascalientes. Para el 2000, el sistema de ciudades ubicó a la capital potosina en la Región Noreste, dentro del área de influencia de Monterrey como ciudad predominante en el subsistema. En el último ejercicio del SUN en 2001, se eliminaron las regio-nes y se configuró la red de ciudades sin el predominio de las regiones.

En el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, integraron un grupo de trabajo encargado de formular una delimitación ex-haustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. Este interés sur-gió de la necesidad de contar con un referente territorial común para hacer coincidir objetivos y esfuerzos institucionales:

SEDESOL, conducción de la política nacional de desarrollo urbano y or-•denación del territorio; INEGI, generación de información estadística y geográfica relevante para •la planeación del desarrollo; CONAPO, formulación de políticas que armonicen el crecimiento demo-•gráfico y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable.

Bajo estos lineamientos se plantearon y documentaron las zonas metro-politanas, para el estado de San Luis Potosí este estudio determinó dos zonas metropolitanas: San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez (SLP-SDGS) y Rioverde-Ciudad Fernández (RV–CF).

El ámbito del presente caso de estudio es el Sistema Urbano del estado de San Luis Potosí (SUE), que según el PDU_SLP, incluye 70 centros de pobla-ción distribuidos en los 58 municipios del estado que tuvieran 2,500 o más habitantes, o bien que fueran capital municipal. La organización obtenida de acuerdo con los rangos de población, se describe en el cuadro 2.


El plan urbano estatal generó dos instrumentos para entender las rela-ciones interurbanas; por una parte se generó un concepto abstracto llama-do árbol-sistema que agrupa a los centros de población por sus relaciones, funcionalidad, regionalización (región y micro-región) y sus jerarquías. La segunda, hace una representación espacial de la distribución en el territorio de los centros de población y sus enlaces.

Para focalizar la estrategia de regionalización al interior del estado, los planteamientos del PDU_SLP, estuvieron en función de la micro regiona-lización, partiendo de la división generalmente aceptada de cuatro grandes regiones en el estado: Huasteca, Media, Altiplano y San Luis (centro). El Plan

Clasificación Rango de población (ha)

No. de centros de población

Localidades urbanas

Regional 500,001 en adelante

2 San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.

Estatal 100,001 a 500,000

1 Ciudad Valles.

Intermedio 50,001 a 100,000 3 Rioverde-Ciudad Fernández, Matehuala.

Medio 10,001 a 50,000 9 Cárdenas, Cerritos, Ébano, Tamuín, Tamazunchale, Santa María del Río, Cedral, Salinas, Charcas.

Básico 5,001 a 10,000 15 San Ciro de Acosta, Ponciano Arriaga, Ciudad del Maíz, Tan-quián, San Vicente, Axtla, El Naranjo, Xilitla, Tierra Nueva, Villa de Arista, El Zacatón, Ve-nado, Villa de Reyes, Zaragoza, La Pila.

Cuadro 2. Sistema Estatal de Centros de Población del Estado de San Luis Potosí


Estatal de Desarrollo Urbano definió diez micro regiones funcionales, que fueron generadas mediante los siguientes criterios: fisiografía, trayectoria económica, integración actual y potencial, y sus tendencias demográficas. El resultado de la micro regionalización a nivel municipal se presenta en el cuadro 3.

En la revisión normativa (Cuadro 4), se advierte que el Plan Estatal de De-sarrollo Urbano, particularmente en el Subprograma de Planeación Urbana, estableció que los centros de población deberían contar con instrumentos de

Clasificación Rango de población (ha)

No. de cen-tros de po-blación

Localidades urbanas

Concentra-ción rural

2,501 a 5,000 22 Rayón, Villa Juárez, Aguabue-na, Tamasopo, Rascón, Tam-baca, Pujal-Coy, Coxcatlán, Tancanhuitz, Matlapa, San Martín, Chapulhuacanito, Va-negas, Villa de la Paz, El Barril, Dulcegrande, Salitral de Ca-rrera, Moctezuma, Ahualulco, Villa de Arriaga, Escalerillas, Villa Hidalgo.

Rural Menos de 2,500 18 Santa Catarina, Lagunillas, Alaquines, Guadalcázar, San Antonio, Tanlajas, Aquismón, Huehuetlán, Tampamolón, Tampacán, Real de Catorce, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos, Santo Domingo, Mex-quitic, Armadillo, Cerro de San Pedro, San Nicolás Tolentino.

Fuente: PDU_SLP 20001-2020, pp. 66 y elaboración propia.

Cuadro 2. Continúa


Cuadro 3. Micro regionalización a nivel municipal del estado de San Luis Potosí

Micro región MunicipioAltiplano Oeste Salinas, Villa de Ramos, Santo Domingo.Altiplano Centro Charcas, Venado, Moctezuma, Villa de Arista, Villa Hi-

dalgo. Altiplano Este Matehuala, Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de la Paz, Vi-

lla de Guadalupe, Guadalcázar. Centro San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mex-

quitic, Cerro de San Pedro, Armadillo, Villa de Arriaga, Ahualulco, Zaragoza.

Centro Sur Santa María del Río, Villa de Reyes, Tierranueva. Media Oeste Rioverde, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Villa

Juárez, Cerritos, San Nicolás Tolentino. Media Este Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón, Santa Ca-

tarina, Lagunillas. Huasteca Norte Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo, El Naranjo,

Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab. Huasteca Centro Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tampamolón, San An-

tonio, Aquismón, Huehuetlán. Huasteca Sur Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán,

Matlapa, Xilitla, Axtla de Terrazas, Coxcatlán.

Fuente: PDU_SLP y elaboración propia.

planeamiento urbano de acuerdo con las siguientes condiciones espaciales y temporales:

Para el año 2002, deberán entregarse los planes municipales de desarrollo •urbano de Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Ciudad Valles, Santa María del Río, Charcas, Cerritos, Cárdenas, Ciudad de Maíz, El Naranjo, Matlapa, Tamazunchale, Rioverde y Ciudad Fernández.Para este mismo año, se deberán entregar los Planes de Centro de Po-•blación de Santa María del Río, Charcas, Cerritos, Cárdenas, Ciudad de


Maíz, El Naranjo, Matlapa y Cerro de San Pedro.Para el 2003, el resto de los municipios deberán entregar su correspon-•diente Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Plan de Centro de Pobla-ción.

Cuadro 4. Localidades con los planes de ordenamiento urbano vigente del SUE_SLP

Centro de población Vigencia OrdenamientoSan Luis Potosí, S.L.P.

Decreto Gubernamental del 24 de junio de 1993, publicán-dose en el Periódico Oficial del Estado el 24 de septiem-bre de 1993

Plan de Centro de Pobla-ción de la Ciudad de San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez

2003 Plan de Desarrollo Urba-no de Soledad de Gracia-no Sánchez

Rioverde y Ciudad Fernández

2000

Mexquitic Diciembre de 1999 Plan de Desarrollo Ur-bano del Centro de Po-blación de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Ciudad Valles Decreto Gubernamental del 24 de junio de 1993, publicán-dose en el Periódico Oficial del Estado el 24 de septiem-bre de 1993

El Plan de Centro de Po-blación de Ciudad Valles

Tamazunchale 2000 POT Matehuala-Villa de la Paz- Cedral

2001 PDU de la zona conur-bada


De acuerdo con el análisis anterior, se concluye que no se ha avanzado significativamente en la elaboración de los planes, ya que de las metas pro-puestas, en el período estudiado 2000-2005, sólo se ha entregado y publicado el plan urbano de Villa de Reyes. Cabe señalar que este ordenamiento legal está estrechamente vinculado a los proyectos del Gobierno del Estado en ma-teria de inversión y promoción de la zona industrial de San Luis Potosí hacia el sur-oriente de la capital del estado, con la llegada de la empresa automotriz General Motors a partir del 2007.

Otra de las observaciones que se derivan de estos ordenamientos, parti-cularmente el de SLP-SDGS, es que los planes de centro de población fueron decretados en forma independiente, no obstante que el SUN los define como zona metropolitana, y que también están considerados en el PDU-SLP 2001-2020 como una zona conurbada.

Los resultados de este análisis cualitativo, indican que para el año 2007 de 70 centros de población, sólo 11 están regulados. La población urbana contabi-lizada en el SUE en año 2005 y su relación con planes de ordenamiento urbano, se estudia cuantitativamente en dos vertientes, la primera por centro de pobla-ción y la segunda por número habitantes en esa condición (Cuadro 5).

Según las cifras anteriores, quedan por resolver los planes del centro de población de 59 localidades urbanas en el estado, es decir, el avance ha sido limitado. Sin embargo, si la variable de estudio es el número de habitantes que tienen instrumentos de ordenamiento urbano, la cobertura es del 72.69 %. Esta cifra también representa la apuesta oficial por la planeación urbana de los centros de población más grandes y la falta de instrumentos de gestión del territorio urbano en el resto del sistema, es pues en resumen, una política urbana mono-céntrica o centralista.

Fuente: Planes de Desarrollo Urbano en el estado de SLP.

Centro de población Vigencia OrdenamientoVilla de Reyes P.O.E. 15 de marzo del 2006 Plan Municipal del desa-

rrollo urbano de Villa de Reyes.

Cuadro 4. Continúa


Los resultados analizados en el período 2000-2005

En el marco de referencia anterior, el trabajo estadístico se ha formulado con los resultados de las variaciones de la población de las localidades urbanas en el territorio potosino, partiendo de la conformación del Sistema Urbano Estatal y la base de datos de población urbana reportada en el Censo del año 2000, esta misma variable se compara con los datos aportados por el Conteo del año 2005 (Cuadro 8). Por otra parte, la información obtenida se relaciona en su distribución municipal para obtener la diferencia urbana-rural en el período analizado. Asimismo, se agregan los datos de la población urbana por micro región para explicar el patrón de distribución de la población. El análisis se representa en el cuadro 6.

Por otra parte, al analizar en forma cualitativa el sistema urbano estatal dentro del contexto nacional, uno de los problemas localizados es la falta de instrumentos sectoriales que establezcan parámetros para ligar políticas pú-blicas urbanas de los diferentes niveles de gobierno. En este sentido, se revi-saron los niveles de avance en planeación urbana, donde se observó que ésta se encuentra en etapa muy elemental para el período estudiado y que sólo se incorporó el plan de Villa de Reyes, además de que no se logró avance en términos de planeación urbana en las dos zonas metropolitanas reconocidas en el estado. Se puede agregar que existen dificultades en las evaluaciones y seguimiento de los planes. Algunos argumentos apuntan a la falta de coor-dinación institucional en los tres niveles de gobierno, sin embargo, también al escaso interés de las presidencias municipales en ordenamiento territorial (particularmente de las localidades urbanas de sus municipios).

Fuente: elaboración propia con cifras INEGI 2000 y 2005.

Cuadro 5. Planes de centros de población del SUE_SLP.

Centros de población del SUE_SLP

Porcentaje de centros de población que cuentan con planeación urbana

Porcentaje de población urbana que cuenta con niveles de ordenación

70 11/70 = 1,094,115 / 1,505,080 100 % 15.71% 72.69 %


Como resultado del análisis estadístico de la información, se encontró que existen algunas condiciones sociales y económicas, y otros factores de políticas públicas que explican los resultados obtenidos (Cuadros 8, 9 y 10). Para comprobar el incremento anual de las tasas de población, se obtuvieron los siguientes resultados: tasa anual de crecimiento poblacional bruto del es-tado del 0.97%; el crecimiento de la población urbana se reportó en un ritmo del 2.01% anual; la población rural tuvo un crecimiento negativo a razón de una tasa anual de -0.57%; el grado de urbanización estatal creció en una tasa anual del 5.94%. El crecimiento bruto de la población estatal fue de 111,054 habitantes, mientras que la población urbana creció en un total de 137,548 habitantes, es decir el crecimiento de la población urbana fue mayor que el propio crecimiento total estatal.

Estas cifras se explican mejor si consideramos que la tasa de crecimiento estatal fue del 4.8% en el período 2000-2005; y que la tasa de crecimiento ur-bano fue del 10.06% con relación al mismo período. La población rural tuvo una tasa de negativa total del -2.8%, se observa que es menor a la tasa total estatal y a la tasa de crecimiento urbano, esto explica entonces que existe una reducción de la población rural y una concentración en las ciudades, ya

Fuente: INEGI, con base en Censo 2000, Conteo 2005 y OUL_SLP.

Cuadro 6. Cifras totales de la población estatal de San Luis Potosí, periodo 2000-2005.

Año Población to-tal del estado de SLP

Población ur-bana

Población ru-ral

Grado de ur-banización

2000 2,299,360 1,367,532 931,828 59.472005 2,410,414 1,505,080 905,334 62.44Total 111,054 137,548 26,494 2.97

Tasa 0.0483 0.1006 0.0284 2.9700Período en años

5 5 5 5

Tasa anual 0.0097 0.0201 0.0057 0.5940


que la población rural disminuyó en 26,494 habitantes en el lapso de tiempo estudiado. Por lo anterior, se puede concluir que se incrementó el grado de urbanización del estado, pasando de un 59.47% en el año 2000, para situarse en un 62.44% en el año 2005, con un incremento bruto del 2.97%. Resulta pues evidente que las zonas urbanas ganaron en población y que los habitan-tes de las zonas rurales están disminuyendo.

Según los movimientos observados en el período 2000-2005, arrojan como resultado que la población de la región centro creció más que las otras tres regiones, es así que se interpreta la tendencia de urbanización en las cuatro grandes regiones del estado. De esta forma, la región centro se incre-mentó en 12.50 %; el altiplano 7.13%; la huasteca 6.03% y la región media con 4.83%. En el análisis se consideró una media estatal del 7.3%, de tal manera que, el resultado refleja que sólo la región centro creció por arriba de la me-dia estatal. Lo anterior repercute en la zona metropolitana de SLP-SGDS que sigue siendo el gran polo de atracción de población urbana en el estado, con-tribuyendo a un patrón de alta concentración en la capital del estado.

En el análisis del crecimiento de la población urbana de las 10 micro re-giones del estado, se determinó que sólo cuatro de ellas están por arriba de la media estatal del 7.3%, (centro, huasteca centro, altiplano este y altiplano centro). La región centro presenta un incremento en la tasa de crecimiento urbano del 12.85% y un crecimiento de población urbana de 106,063 habi-tantes, que representan el 77.10% del total del crecimiento de la población urbana estatal. De esta forma, el crecimiento de la población urbana con menores rangos a la media estatal fueron: huasteca norte con 6.19%; media oeste con 5.67%; huasteca sur con 4.79%; altiplano oeste con 3.72%; media este con 1.35% y centro sur con 0.81%. Con estas cifras, es posible argumen-tar que las micro regiones con menores rangos de crecimiento aportaron población a los grandes centros urbanos. Como parte de un análisis poste-rior, habrá de revisarse la migración interestatal o internacional, ya que los resultados de este estudio se refieren a cifras cuantitativas comparando los centros urbanos estatales.

Esta tendencia se refleja mejor al interpretar los datos de las mayores tasas de crecimiento en las localidades urbanas del estado. Así, es posible asumir que la tendencia de urbanización en los centros de población más grandes presentaron la siguiente variación: Tamazunchale 4.42%; Rioverde 5.50%;


Tamuín 5.52%; San Luis Potosí 9.02%; Ciudad Fernández 9.29%; Matehuala 9.26%; Ciudad Valles 9.97%; Soledad de Graciano Sánchez 27.36% (represen-tando esta última el valor más alto del sistema), donde esta ciudad tuvo un incremento de 46,394 habitantes en sólo cinco años.

Por otra parte, se observó que de las 70 localidades urbanas del estado, 23 de ellas tuvieron tasas de crecimiento negativas, es decir en el balance, fue mayor la emigración en estos casos. Los datos de estas localidades se repre-sentan en la micro regionalización y se considera que son las “perdedoras” en cuanto a población urbana.

Por lo que concierne a la población de las dos zonas metropolitanas del estado San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez y Rioverde-Ciudad Fer-nández (Cuadro 7), las variaciones fueron: para el caso de SLP-SDGS que contaba en el año 2000 con 798,782 habitantes reportó para el 2005 un to-tal de 901,902, es decir un incremento de 103,120 personas, lo que significó un aumento del 12.91%; y que por otro lado, siendo la localidad urbana más grande del estado, representa un 69.92% del total de la población urbana es-tatal. Para las cifras de la conurbación del RV-CF, tomando como base el año 2000 con 73,707 habitantes, tuvo un incremento de un 6.89% mayor para el año 2005, para llegar a 78,674 personas; de tal manera que esta zona metro-politana aporta el 5.23 % de la población urbana estatal.

Conclusiones y reflexiones finales

Con un avance tan escaso en materia de planeación urbana del sistema ur-bano estatal, es conveniente replantear las políticas públicas en esta materia, a fin de considerar el nicho de oportunidad para el ordenamiento territorial del estado en materia urbana. De acuerdo con los resultados observados, se puede interpretar de poco interés para el sector público en los tres niveles de gobierno, sin embargo también para el sector privado y social. Por lo ante-rior es rescatable la revalorización del municipio como rector del desarrollo armónico de su territorio e incidir en este sentido como el gestor de las accio-nes de planeamiento urbano necesarios con una visión desde lo local.

Se advierte que se sigue con un patrón de alta concentración en las ciuda-des grandes del estado y que el centro sigue siendo el principal punto de atrac-ción para la redistribución de la población. Otro elemento que no se puede


Cuadro 7. Población urbana en zonas metropolitanas en San Luis Potosí 2000-2005

Fuente: Observatorio Urbano Local_SLP, con datos del INEGI: Censo 2000 y Conteo 2005.

Zona Metro-politana (Clasifi-cación-SUN)

2000 2005 Creci-miento no. de habitan-tes 2000-2005

Tasa de creci-miento 2000-2005

Región y Microre-gión

Participa-ción de ZM respecto del total de la pobla-ción urbana del estado de SLP en el 2005: 1,505,080 hab.

Rioverde 46,621 49,183 2,562 5.50 R=Media Ciudad Fernán-dez

27,066 29,581 2,515 9.29 MR= Media Este

Sub-total 73,687 78,764 5,077 6.89 5.23_%San Luis Potosí

629,208 685,934 56,726 9.02 R= cen-tro

Soledad de Gra-ciano S.

169,574 215,968 46,394 27.36 MR = centro

Sub-total 798,782 901,902 103,120 12.91 59.92_%Totales 872,469 980,666 108,197 12.40 65.15_%

soslayar es el crecimiento de la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, ya que el incremento observado fue de más del 25% en cinco años, con un crecimiento de esta magnitud, difícilmente se alcanza el incremento de los servicios públi-cos en la misma proporción. El énfasis económico casi unidireccional hacia la gran zona industrial de la capital del estado puede generar problemas para


soportar el crecimiento de la población de la ciudad capital en un corto plazo, se advierte que se aproximan dificultades propias de un crecimiento urbano inequitativo e ineficiente, por lo que deberán potenciarse las inversiones en los municipios cercanos para buscar el equilibrio regional.

La eficacia en el ordenamiento territorial requiere de un instrumento que permita evaluar el desempeño de las ciudades, misma que es una premisa que deberá incluir un sistema de indicadores, toda vez que el Plan Estatal Urbano incluye esta vertiente, pero hasta ahora sin cumplimiento. Cabe agregar que el desarrollo urbano, tal como se concibe en el PDU_SLP, prevé la realización de los planes ecológicos de ordenación del territorio al mismo tiempo que los planes de desarrollo urbano. De acuerdo con los datos obtenidos, no hay avan-ces en el planeamiento urbano, y se concluye que el ordenamiento territorial, sigue siendo una asignatura pendiente. En este sentido, observan réplicas de modelos de planeación sin instrumentos de gestión y sin cumplimiento de las metas, lo que implica decisión cupulares sin la observancia de los objetivos de planeación, no obstante que estos ya están establecidos para el sistema urbano estatal en sus capítulos correspondientes. Un ejemplo claro es el programa de gestión urbana sustentable y programa de uso urbano de recursos naturales; en términos generales, las directrices están planteadas en los apartados de es-trategia de programas y acciones así como de instrumentación. De acuerdo con lo anterior, es deseable replantear las metas incumplidas, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las localidades urbanas.

La investigación sobre el fenómeno de la distribución espacial de la pobla-ción urbana en el territorio potosino, como eje central de este trabajo, arroja resultados que no son diferentes a la tendencia nacional y puede identificarse dentro de los conceptos formulados por Sobrino (1995: 10) y que se caracte-rizan a través de los siguientes conceptos:

1 Concentración de la población en localidades urbanas (o concentración urbana), disminuyendo progresivamente el porcentaje de población que residen en núcleos rurales diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional.

2 Concentración urbana en localidades cada vez mas grandes (o concen-tración jerárquica), por lo que el desarrollo urbano ha estado comandado por el desempeño de las ciudades de mayor tamaño.


3 Multiplicación relativa en el número de localidades pero con elastici-dad inferior respecto al crecimiento poblacional (dispersión espacial relativa).

4 Localización preferente de las actividades económicas en las ciudades, particularmente en las más grandes (concentración económica dentro de la concentración demográfica).

5 Conformación de centros de población que han rebasado limites políti-co-administrativos para constituir zonas metropolitanas (concentración metropolitana).

Cuadro 8. Localidades urbanas, población urbana y tasa de crecimiento 2000-2005.

Microregión Población urbana 2000

Población urbana 2005

Crecimiento urbano 2000-2005

Tasa de creci-miento urba-no 2000-2005

Altiplano cento 28,142 30,299 2,157 7.66Altiplano este 82,663 89,600 6,937 8.39Altiplano oeste 34,966 36,266 1,300 3.72Centro 825,179 931,242 106,063 12.85Centro sur 25,230 25,434 204 0.81Huasteca centro 9,204 10,071 867 9.42Huasteca norte 186,055 197,577 11,522 6.19Huasteca sur 48,676 51,006 2,330 4.79Media este 24,584 24,917 333 1.35Media oeste 102,833 108,670 5,835 5.67Estatal 1,367,532 1,505,080 137,548 10.06

Existen aún elementos pendientes de análisis sobre esta temática, que pue-den incorporarse en otros estudios, como una agenda de investigación donde habrán de identificarse los componentes –por ejemplo- de carácter económico y ambiental que han determinado algunas condiciones para los asentamien-tos humanos. Por otra parte queda pendiente la revisión de la política pública contenida en los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal así como las


inversiones públicas y privadas para el desarrollo urbano, pero también la par-ticipación de los actores sociales. Se debe considerar de particular relevancia las evaluaciones externas del sector público que permitan identificar algunos parámetros de desempeño urbano, asimismo, el análisis de las causas de la movilidad de la población intraurbana e interurbana.

Cuadro 9. Base de datos de población urbana por micro región y gráficos, 2000-2005

Clave Nom_loc Pobla-ción total 2005

Pobla-ción total 2000

Creci-miento

Tasa de cre-cimiento de la ciudad 2000-2005

240010001 Santa Catarina 159 195 -36 -18.46240020001 San Nicolás

Tolentino621 716 -95 -13.27

240030001 Ponciano Arriaga

6,065 6,673 -608 -9.11

240040001 Villa Juárez 3,369 3,701 -332 -8.97240050001 Lagunillas 485 529 -44 -8.32240060001 Salitral de

Carrera3,671 3,991 -320 -8.02

240070001 Santo Domingo 667 712 -45 -6.32240080001 Villa de

Guadalupe957 1,019 -62 -6.08

240090001 Tierra Nueva 4,918 5,154 -236 -4.58240100001 San Martín

Chalchicuautla2,799 2,918 -119 -4.08

240110001 Tancanhuitz 2,813 2,921 -108 -3.70240120001 Villa de la Paz 3,497 3,627 -130 -3.58240130001 El Zacatón 5,485 5,684 -199 -3.50240130162 Rascón 2,411 2,494 -83 -3.33240140001 Agua Buena 3,334 3,438 -104 -3.03240150001 Tambaca 3,497 3,598 -101 -2.81



Pobla-ción total 2000

Creci-miento

Tasa de cre-cimiento de la ciudad 2000-2005

240160001 Guadalcázar 1,154 1,184 -30 -2.53240160005 San Vicente

Tancuayalab5,541 5,684 -143 -2.52

240160091 Chapulhuaca-nito

3,318 3,402 -84 -2.47

240170001 Cárdenas 14,458 14,738 -280 -1.90240180001 Armadillo de los

Infante325 328 -3 -0.91

240190001 Ahualulco del Sonido 13

3,673 3,695 -22 -0.60

240200001 Ebano 22,105 22,133 -28 -0.13240210001 Alaquines 1,191 1,188 3 0.25240220001 Vanegas 2,478 2,468 10 0.41240230001 Dulce Grande 5,250 5,216 34 0.65240240001 Villa de Reyes 8,514 8,447 67 0.79240250001 San Ciro de

Acosta6,574 6,509 65 1.00

240260001 Pujal Coy 3,164 3,127 37 1.18240270001 El Naranjo 9,370 9,092 278 3.06240280001 Santa María del

Río12,002 11,629 373 3.21

240370001 Tamazunchale 21,614 20,699 915 4.42240150001 Charcas 11,414 10,925 489 4.48240290001 Real de Catorce 1,105 1,051 54 5.14240300001 Rioverde 49,183 46,621 2,562 5.50240310001 Tamuín 14,959 14,177 782 5.52240320001 Cerro de San

Pedro95 90 5 5.56

Cuadro 9. Continúa


Clave Nom_loc Población total 2005

Población total 2000

Creci-miento

Tasa de creci-miento de la ciudad 2000-2005

240330001 Xilitla 6,001 5,677 324 5.71240340001 Tanquián

de Escobedo

9,364 8,845 519 5.87

240350001 Rayón 5,395 5,093 302 5.93240360001 El Barril 3,915 3,677 238 6.47240360003 Cerritos 13,786 12,932 854 6.60240360064 Matlapa 3,540 3,312 228 6.88240370001 Villa de

Ramos2,412 2,254 158 7.01

240370033 Villa Hidalgo

2,522 2,356 166 7.05

240380001 Aquismón 1,895 1,764 131 7.43240390001 Villa de

Arista6,747 6,262 485 7.75

240400001 Ciudad del Maíz

8,783 8,129 654 8.05

240410001 Tamasopo 4,096 3,763 333 8.85240420001 San Luis

Potosí685,934 629,208 56,726 9.02

240430001 Matehuala 70,150 64,206 5,944 9.26240440001 Ciudad

Fernández29,581 27,066 2,515 9.29

240450001 Villa de Zaragoza

8,732 7,975 757 9.49

240460001 Ciudad Valles

116,261 105,721 10,540 9.97

240470001 Coxcatlán 2,457 2,234 223 9.98

Cuadro 9. Continúa




Creci-miento


240480001 Tanlajás 1,266 1,144 122 10.66240490001 Salinas de

Hidalgo14,866 13,432 1,434 10.68

240490005 Venado 5,270 4,754 516 10.85240490012 Mexquitic

de Carmona1,025 924 101 10.93

240490028 Axtla de Terrazas

6,988 6,270 718 11.45

240490043 Escalerillas 4,422 3,964 458 11.55240500001 Huehuetlán 583 521 62 11.90240510001 Cedral 10,259 9,108 1,151 12.64240520001 Moctezuma 4,346 3,845 501 13.03240530001 Villa de

Arriaga5,094 4,471 623 13.93

240540001 Tampacán 1,699 1,474 225 15.26240550001 San Anto-

nio637 530 107 20.19

240560002 La pila 5,974 4,950 1,024 20.69240570001 Tampamo-

lón Corona2,877 2,324 553 23.80

240580001 Soledad de Graciano Sánchez

215,968 169,574 46,394 27.36

Total estatal 1,505,080 1,367,532 137,548 10.06

Cuadro 9. Continúa


Crecimiento de la población por micro-región 2000-2005 del SUE_SLP

Tasa de recimiento urbano por micro-región 2000-2005 del SUE_SLP

Alti

plan

oce

ntro

Cen

tro1,000,000

Población urbana por mico región 2000

Población urbana por mico región 2005

Crecimiento urbano por mico región 2000-2005

Tasa media del crecimiento urbano del SUE_SLP 2000-2005 (7.63%)

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

14.00

8.00

12.00

7.00

2.00

10.00

4.00

0.0

0

Alti

plan

oes

teH

uaste

ca ce

ntro

Alti

plan

ooe

steA

ltipl

ano

este

Cen

troA

ltipl

ano

cent

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Cen

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orte

Hua

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cent

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edia

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Hua

steca

nor

te

Hua

steca

sur

Hua

steca

sur

Alti

plan

o oe

ste

Med

ia es

te

Med

ia es

te

Med

ia o

este

Cen

tro su

r


Cuadro 10. Base de datos de población urbana por región, tasa de crecimiento y gráficos. 2000-2005

Region Población ur-bana 2000

Población ur-bana 2005



Altiplano 145,771 156,165 10,394 7.13Centro 850,409 956,676 106,267 12.50Huasteca 243,935 258,654 14,719 6.03Media 127,417 133,585 6,170 4.84Estatal 1,367,532 1,505,080 137,548 7.63

1,600,000

Población urbana por región 2000

Población urbana por región 2005

Crecimiento urbano por región 2000-2005

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

Alti

plan

o

Cen

tro

Hua

steca

Med

ia

Esta

tal

Población urbana por región 2000-2005 del SUE_SLP


Bases de datos y gráficos

Sistema Urbano NacionalClasificación Número de ciudades PoblaciónAño 2000Zona metropolitana 14 35,820,628Aglomeración urbana 32 14,080,737Ciudad 75 10,051,316Subtotal 121 59,952,701Menor de 50,000 habi-tantes

226 5,639,909

Total 347 65,592,590

Cuadro 1. Sistema Urbano Nacional

Tasa de crecimiento urbano por región 2000-2005 del SUE_SLP

Alti

plan

o

Hua

steca

Cen

tro

Med

ia

14.00

8.00

12.00

6.00

2.00

10.00

4.00

0.00

Tasa media de crecimiento urbano del SUE_SLP (7.63%)


Cuadro 2. Sistema Estatal de Centros de Población del estado de San Luis Potosí

Clasificación Rango de población (ha.)

No. centros de población

Localidades urbanas

Regional 500,001 en ade-lante

2 San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.

Estatal 100,001 a 500,000

1 Ciudad Valles.

Intermedio 50,001 a 100,000 3 Rioverde-Ciudad Fernández, Matehuala.

Medio 10,001 a 50,000 9 Cárdenas, Cerritos, Ébano, Tamuín, Tamazunchale, Santa María del Río, Cedral, Salinas, Charcas.

Básico 5,001 a 10,000 15 San Ciro de Acosta, Ponciano Arriaga, Ciudad del Maíz, Tan-quián, San Vicente, Axtla, El Naranjo, Xilitla, Tierra Nueva, Villa de Arista, El Zacatón, Ve-nado, Villa de Reyes, Zaragoza, La Pila.

Concentra-ción Rural

2,501 a 5,000 22 Rayón, Villa Juárez, Aguabue-na, Tamasopo, Rascón, Tam-baca, Pujal-Coy, Coxcatlán, Tancanhuitz, Matlapa, San Martín, Chapulhuacanito, Va-negas, Villa de la Paz, El Barril, Dulcegrande, Salitral de Ca-rrera, Moctezuma, Ahualulco, Villa de Arriaga, Escalerillas, Villa Hidalgo.


Cuadro 2. Continúa

Clasificación Rango de población (ha.)

No. centros de población

Localidades urbanas

Rural Menos de 2,500 18 Santa Catarina, Lagunillas, Alaquines, Guadalcázar, San Antonio, Tanlajas, Aquismón, Huehuetlán, Tampamolón, Tampacán, Real de Catorce, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos, Santo Domingo, Mex-quitic, Armadillo, Cerro de San Pedro, San Nicolás Tolen-tino.

Cuadro 3. Micro regionalización del estado de San Luis Potosí


dalgo. Altiplano Este Matehuala, Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de la Paz,

Villa de Guadalupe, Guadalcázar. Centro San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mex-



Juárez, Cerritos, San Nicolás Tolentino. Media Este Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón, Santa

Catarina, Lagunillas. Huasteca Norte Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo, El Naranjo,

Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab.


Cuadro 3. Continúa


dalgo. Altiplano Este Matehuala, Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de la Paz,

Villa de Guadalupe, Guadalcázar. Centro San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mex-



Juárez, Cerritos, San Nicolás Tolentino. Media Este Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón, Santa

Catarina, Lagunillas. Huasteca Norte Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo, El Naranjo,

Tanquián de Escobedo, San Vicente Tancuayalab.

Centro de población Vigencia OrdenamientoSan Luis Potosí, S.L.P. Decreto Gubernamental

del 24 de junio de 1993, publicándose en el Pe-riódico Oficial del Esta-do el 24 de septiembre de 1993

Plan de Centro de Pobla-ción de la Ciudad de San Luis Potosí.

Soledad de Graciano Sánchez

2003 Plan de Desarrollo Urba-no de Soledad de Gracia-no Sánchez.

Rioverde y Ciudad Fer-nández

2000

Cuadro 4. Localidades con los planes de ordenamiento urbano vigente en el SUE_SLP.


Centro de población Vigencia OrdenamientoMexquitic Diciembre de 1999 Plan de Desarrollo Ur-

bano del Centro de Po-blación de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

Ciudad Valles Decreto gubernamental del 24 de junio de 1993, publicándose en el Pe-riódico Oficial del Esta-do el 24 de septiembre de 1993

El Plan de Centro de Po-blación de Ciudad Valles.

Tamazunchale 2000 POT Matehuala-Villa de la Paz- Cedral

2001 PDU de la zona conurba-da.

Villa de Reyes P.O.E. 15 de marzo del 2006

Plan Municipal del desa-rrollo urbano de Villa de Reyes.

Cuadro 4. Continúa

Cuadro 5. Planes de centros de población del SUE_SLP.

Centros de población del SUE_SLP

Porcentaje de centros de población que cuentan con planeación urbana

Porcentaje de población urbana que cuenta con niveles de ordenación

70 11/70 = 1,094,115 / 1,505,080 100 % 15.71% 72.69 %

Cuadro 6. Cifras totales de población estatal de San Luis Potosí en el período 2000 2005.


Población urbana

Población rural

Grado de urbanización

2000 2,299,360 1,367,532 931,828 59.47


Cuadro 6. Continúa


Población urbana

Población rural

Grado de urbanización

2005 2,410,414 1,505,080 905,334 62.44Total 111,054 137,548 26,494 2.97Tasa 0.0483 0.1006 0.0284 2.9700Período en años

5 5 5 5

Tasa anual 0.0097 0.0201 0.0057 0.5940

Cuadro 7. Población urbana en zonas metropolitanas en San Luis Potosí 2000-2005


2000 2005 Creci-miento (no. de habi-tantes) 2000-2005




Rioverde 46,621 49,183 2,562 5.50 R=Media Ciudad Fernán-dez

27,066 29,581 2,515 9.29 MR= Media Este

Sub-total 73,687 78,764 5,077 6.89 5.23_%San Luis Potosí

629,208 685,934 56,726 9.02 R= cen-tro


Cuadro 7. Continúa


2000 2005 Creci-miento (no. de habi-tantes) 2000-2005




Soledad de Gra-ciano S.

169,574 215,968 46,394 27.36 MR = centro

Sub-total 798,782 901,902 103,120 12.91 59.92_%Totales 872,469 980,666 108,197 12.40 65.15_%

Cuadro 8. Localidades urbanas, población urbana y tasa de crecimiento 2000-2005




Tasa de creci-miento urbano 2000-2005

Altiplano centro 28,142 30,299 2,157 7.66Altiplano este 82,663 89,600 6,937 8.39Altiplano oeste 34,966 36,266 1,300 3.72Centro 825,179 931,242 106,063 12.85Centro sur 25,230 25,434 204 0.81Huasteca centro 9,204 10,071 867 9.42Huasteca norte 186,055 197,577 11,522 6.19Huasteca sur 48,676 51,006 2,330 4.79Media este 24,584 24,917 333 1.35


Cuadro 8. Continua




Tasa de creci-miento urbano 2000-2005

Media oeste 102,833 108,670 5,835 5.67Estatal 1,367,532 1,505,080 137,548 10.06

Cuadro 9. Base de datos de población urbana por micro región y gráficos. 2000-2005



Creci-miento


240010001 Santa Cata-rina

159 195 -36 -18.46

240020001 San Nicolás Tolentino

621 716 -95 -13.27

240030001 Ponciano Arriaga

6,065 6,673 -608 -9.11

240040001 Villa Juárez 3,369 3,701 -332 -8.97240050001 Lagunillas 485 529 -44 -8.32240060001 Salitral de

Carrera3,671 3,991 -320 -8.02

240070001 Santo Do-mingo

667 712 -45 -6.32

240080001 Villa de Gua-dalupe

957 1,019 -62 -6.08

240090001 Tierra Nueva 4,918 5,154 -236 -4.58240100001 San Martín

Chalchi-cuautla

2,799 2,918 -119 -4.08


Cuadro 9. Continúa



Creci-miento


240110001 Tancanhuitz 2,813 2,921 -108 -3.70240120001 Villa de la

Paz3,497 3,627 -130 -3.58

240130001 El Zacatón 5,485 5,684 -199 -3.50240130162 Rascón 2,411 2,494 -83 -3.33240140001 Agua Buena 3,334 3,438 -104 -3.03240150001 Tambaca 3,497 3,598 -101 -2.81240160001 Guadalcázar 1,154 1,184 -30 -2.53240160005 San Vicente

Tancuayalab5,541 5,684 -143 -2.52

240160091 Chapulhua-canito

3,318 3,402 -84 -2.47

240170001 Cárdenas 14,458 14,738 -280 -1.90240180001 Armadillo de

los Infante325 328 -3 -0.91

240190001 Ahualulco del Sonido 13

3,673 3,695 -22 -0.60

240200001 Ebano 22,105 22,133 -28 -0.13240210001 Alaquines 1,191 1,188 3 0.25240220001 Vanegas 2,478 2,468 10 0.41240230001 Dulce Gran-

de5,250 5,216 34 0.65

240240001 Villa de Re-yes

8,514 8,447 67 0.79

240250001 San Ciro de Acosta

6,574 6,509 65 1.00

240260001 Pujal Coy 3,164 3,127 37 1.18


Cuadro 9. Continúa



Creci-miento


240270001 El Naranjo 9,370 9,092 278 3.06240280001 Santa María

del Río12,002 11,629 373 3.21

240370001 Tamazunchale 21,614 20,699 915 4.42240150001 Charcas 11,414 10,925 489 4.48240290001 Real de Ca-

torce1,105 1,051 54 5.14

240300001 Rioverde 49,183 46,621 2,562 5.50240310001 Tamuín 14,959 14,177 782 5.52240320001 Cerro de San

Pedro95 90 5 5.56

240330001 Xilitla 6,001 5,677 324 5.71240340001 Tanquián de

Escobedo9,364 8,845 519 5.87

240350001 Rayón 5,395 5,093 302 5.93240360001 El Barril 3,915 3,677 238 6.47240360003 Cerritos 13,786 12,932 854 6.60240360064 Matlapa 3,540 3,312 228 6.88240370001 Villa de Ramos 2,412 2,254 158 7.01240370033 Villa Hidalgo 2,522 2,356 166 7.05240380001 Aquismón 1,895 1,764 131 7.43240390001 Villa de Arista 6,747 6,262 485 7.75240400001 Ciudad del

Maíz8,783 8,129 654 8.05

240410001 Tamasopo 4,096 3,763 333 8.85240420001 San Luis Potosí 685,934 629,208 56,726 9.02240430001 Matehuala 70,150 64,206 5,944 9.26


Cuadro 9. Continúa



Creci-miento


240440001 Ciudad Fernán-dez

29,581 27,066 2,515 9.29

240450001 Villa de Zaragoza 8,732 7,975 757 9.49240460001 Ciudad Valles 116,261 105,721 10,540 9.97240470001 Coxcatlán 2,457 2,234 223 9.98240480001 Tanlajás 1,266 1,144 122 10.66240490001 Salinas de Hi-

dalgo14,866 13,432 1,434 10.68

240490005 Venado 5,270 4,754 516 10.85240490012 Mexquitic de

Carmona1,025 924 101 10.93

240490028 Axtla de Terrazas 6,988 6,270 718 11.45240490043 Escalerillas 4,422 3,964 458 11.55240500001 Huehuetlán 583 521 62 11.90240510001 Cedral 10,259 9,108 1,151 12.64240520001 Moctezuma 4,346 3,845 501 13.03240530001 Villa de Arriaga 5,094 4,471 623 13.93240540001 Tampacán 1,699 1,474 225 15.26240550001 San Antonio 637 530 107 20.19240560002 La Pila 5,974 4,950 1,024 20.69240570001 Tampamolón

Corona2,877 2,324 553 23.80

240580001 Soledad de Gra-ciano Sánchez

215,968 169,574 46,394 27.36

Total Estatal 1,505,080 1,367,532 137,548 10.06


Region Población ur-bana 2000

Población ur-bana 2005



Altiplano 145,771 156,165 10,394 7.13Centro 850,409 956,676 106,267 12.50Huasteca 243,935 258,654 14,719 6.03Media 127,417 133,585 6,170 4.84Estatal 1,367,532 1,505,080 137,548 7.63

Lista de acrónimos utilizados

CONAPO Consejo Nacional de Población.INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.OUL_SLP Observatorio Urbano Local de San Luis Potosí.POE Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.PDU_SLP Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.PNDU y OT Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.SUE Sistema Urbano Estatal.SUE_SLP Sistema Urbano Estatal de San Luis Potosí.SUN Sistema Urbano Nacional.SLP-SDGS San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.RV-CF Rioverde-Ciudad Fernández.


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El saber tradicional y el desarrollo rural sustentable 153

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un primer acercamiento a las perspectivas de la sociología de la cultura con el fin de identificar aquellas principales dimensiones teóricas y conceptuales implicadas y relacionadas al concepto saber tradicional. Su delimitación tiene una alta complejidad, ya que se significa mediante múltiples relaciones con hechos o fenómenos sociales y culturales de diferente naturaleza. Por ejemplo, sólo la enunciación del concepto saber tradicional, presupone una cierta diferenciación con lo que, de manera preliminar podría reconocerse como conocimiento “vigente” o “moderno”.

En primer lugar hay que apuntar la contribución que brida para la am-pliación de las perspectivas prevalecientes en torno a este campo de estudio y de acción; también aporta en la tarea de la reflexión crítica sobre las visio-nes predominantes, ya que al incluir los saberes o conocimiento tradicional,

El saber tradicional y el desarrollo rural sustentable, visto desde una perspectiva cultural como premisas para una ruralidad alternativa

Lucio Noriero Escalante,* María Almanza Sánchez** yGuillermo Torres Carral**

153

* Departamento de Estudios Educativos de la Unidad de Planeación Organización y Mé-todos de la Universidad Autónoma Chapingo.** Departamento de Investigación y Servicio en Sociología Rural y del Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo.


se incorporan los sujetos que los portan, los transforman, desarrollan o, uti-lizan; así como las condiciones sociales, culturales y productivas en los que se opera la producción y reproducción social de sus modos de vida. En un segundo lugar, la importancia de la incorporación del conocimiento tradi-cional en las perspectivas del Desarrollo Rural Sustentable se vincula a una dimensión de incuestionable vigencia –la globalización, caracterizada, entre otros aspectos, por lo vertiginoso de los cambios que trastocan prácticamen-te todos los ámbitos del quehacer social y que se expresa con particular evi-dencia en los siguientes procesos:

Tendencia a la homogeneización de la producción mediante la incorpo-•ración de innovaciones científico-tecnológicas, con fuerte impacto en la producción agrícola; La relocalización de las actividades productivas y las nuevas articulacio-•nes territoriales que se operan entre campo-ciudad.

En relación con lo anterior, se abren interrogantes que necesariamente deberán tener un espacio en el desarrollo de proyectos de investigación ya que aluden a las siguientes problemáticas: 1. ¿Hasta dónde y cómo las políti-cas públicas del sector y las relativas al desarrollo rural le asignan a los sabe-res tradicionales alguna función? 2. La crisis civilizatoria y ambiental, pone de manifiesto la búsqueda de acciones para un nuevo trato entre el campo y la ciudad. En ese sentido, ¿Cuáles son las dimensiones y aspectos que debe-mos considerar para dar la marcha hacia una ruralidad alternativa?

En ese marco, este trabajo pretende abrir la problemática conceptual, im-plicaciones y revaloración del saber tradicional, para generar las condiciones de un nuevo trato entre el campo y la ciudad, puesto que consideramos ne-cesario una ruralidad alternativa, donde hombres y mujeres, la naturaleza, la sociedad y la cultura sean compatibles para potencializar un desarrollo que genere mejores condiciones y oportunidades de sobrevivencia.

Saberes tradicionales y agricultura

Partimos del consenso de que los saberes tradicionales como procesos y pro-ductos humanos, se encuentran insertos en la cultura de los pueblos; de ahí


que reconozcamos que las comunidades indígenas, los campesinos y los pro-ductores a pequeña escala sean importantes puesto que durante años han trasmitido oralmente sus saberes, innovaciones y prácticas tradicionales de producción, ruta por la que han preservado la agricultura tradicional. Con-sideramos que el habitus, término acuñado por Bourdieu, contribuye a la reflexión sobre la importancia de los saberes tradicionales en la actualidad.

De acuerdo con Comboni, (2006), el habitus recoge la interacción entre la historia social y la del individuo, la historia de cada hombre puede ser leí-da como una especificación de la historia colectiva de su grupo o su clase y como la historia de la participación en la lucha del campo. A manera de acotación podemos decir que, el habitus se construye en forma permanente, es decir, se da a partir de la interiorización de lo que “soy como sujeto”, por tanto, explica y define nuestra forma de ser. Por ello el habitus une nuestras identidades, actitudes e inclinaciones para percibir y sentir nuestro entorno; el lugar del cual somos oriundos y nos hace identificarnos con el terruño, con la vida cotidiana, entendida ésta como el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, con todo lo que conforma nuestras condiciones objetivas de vida (Heller, 1987). Por tanto, se agregan elementos como acción, historia y pensamiento, ello se refleja en la práctica y posteriormente en el habitus.

La comprensión de los saberes tradicionales, conocimiento tradicional, autóctonos o locales, como también se les denomina; requiere un análisis tanto en las relaciones prácticas como del sistema de creencias de la cultura o el grupo humano al que pertenecen. Además están basados en una rela-ción emotiva y directa con la naturaleza, son conocimientos construidos en el lugar; están localizados o territorializados porque dependen de culturas profundamente arraigadas en su propio entorno (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

En relación con la agricultura, no hay que perder de vista que en los espa-cios locales-comunitarios, el sector primario ya no es la principal fuente de ingreso para la sobrevivencia de sus pobladores; debido a la reducción de la importancia relativa del sector agrícola y la desagrarización del campo. Sin embargo, el capital cultural de estos espacios está eminentemente estableci-do por la agricultura, por eso es importante la reflexión en una comunidad sobre sus saberes, prácticas, usos y el valor simbólico que le otorgan a la refe-


rida actividad, así como a la tierra. Ésta última para los campesinos pobres de México, según Warman (2001), “entre sus bienes el más valioso y casi único es su tierra, es su seguro y pensión. Se resisten a arriesgarla en aventuras tec-nológicas o con créditos y financiamientos que puedan comprometerla. La conserva hasta su muerte”.

La tierra, es un medio para acumular bienestar, un vehículo para la inver-sión y permite desarrollar ingresos de actividades agrícolas y no agrícolas. La tierra también es parte del patrimonio cultural y medioambiental de las zonas rurales, donde su valor supera lo económico y cumple además funcio-nes sociales, entre ellas históricas y antropológicas. Lo anterior, en relación con los planteamientos bourdianos, quiere decir que las prácticas sociales siempre son culturales si se les considera bajo la dimensión de los procesos de significado; como pautas de comportamiento tienen su principio genera-dor en el habitus. Lo que sirve para dar cuenta de las prácticas individuales y colectivas, como las empleadas en la agricultura, cuando las observamos dentro de un mismo grupo o comunidad.

La agricultura, es el “arte de cultivar la tierra” (Hernández, 1989) cita-do por Mariaca, (1997), describe la agricultura como un arte, pero también como una ciencia, y ambos términos implican la producción de satisfactores bióticos que son necesarios para las sociedades. Por arte, entiende a las acti-vidades de saber hacer las actividades con destreza y elegancia; por ciencia, se refiere a que en esta actividad se pretende definir las leyes que determinan el comportamiento de los fenómenos involucrados como el clima y los suelos.

Por su parte, la agricultura tradicional, posee algunas características en-tre las que cabe destacar: a) prolongada experiencia empírica que ha conduci-do a configurar los actuales procesos de producción y la prácticas de manejo utilizadas; b) en un íntimo conocimiento físico biótico del medio por parte de los productores; c) en la utilización apoyada por una educación no formal para la transmisión de los conocimientos y las habilidades requeridas; y de un acer-vo cultural en las mentes de la población agrícola (Hernández, 1985: 420).

Ligado a lo anterior, (De Pina, 2005), clasifica el conocimiento tradicional en el ámbito de la agricultura por tipo de conocimiento: calendarios agríco-las; selección de semillas y esquejes; prácticas agrícolas -métodos de siembra, fertilización, combate de plagas y enfermedades, cosecha, etc.-; instrumen-tos y herramientas agrícolas; productos orgánicos; desarrollo sustentable


-agroforestería, manejo integrado de agricultura y forestería- y ritos mágico-religiosos. Tanto las características de la agricultura tradicional como la clasi-ficación señaladas, son aspectos que integran los saberes tradicionales, al que le damos reconocimiento y hacemos énfasis en su rescate y preservación.

No obstante, la agricultura, ha transitado de las formas tradicionales de producción, donde generalmente prevalecen condiciones de temporal, baja productividad y el destino de la producción es mayor proporción para la uni-dad familiar, a sistemas modernos agrícolas, donde predomina: una inten-sa inversión en capital financiero, empleo masivo de productos químicos, instrumentos de riego y maquinarias; uso de tecnologías de información y comunicación, así como la aplicación de biotecnologías y organismos genéti-camente modificados, bajo el control de las grandes empresas transnaciona-les agroalimentarias. Situación que conlleva paradojas: riesgo que representa para alcanzar la soberanía alimentaria de los países del tercer mundo. En esa perspectiva, Bartra (2010), señala que nos encontramos ante una crisis/colapso multidimensional, donde la carestía de alimentos, pone en riesgo la soberanía alimentaria en México, cuya dependencia en 1980, fue de 15%, y para el 2008, la cifra se incrementó considerablemente al pasar a un 92%. Lo que coincide con Rubio (2010), ya que la dependencia alimentaria en granos como maíz, trigo, arroz y soya, durante el 2009, fue alta: 26%, 52%,75%, y 98% respectivamente.

Además, es un hecho que vivimos permeados por la globalización,1 la cual está originando una serie de transformaciones económicas, ambienta-les, sociales, tecnológicas, políticas y culturales, que tienen en los grandes centros urbanos a sus principales protagonistas. En ese sentido, el avance de la globalización impone a los centros metropolitanos nuevas formas de do-minio de organizaciones físico-territoriales, capaces de controlar y articular los procesos productivos de amplios territorios circundantes. Dichas trans-formaciones generan importantes cambios socioculturales, principalmente en lo referido a las formas de compartir y concebir los espacios tanto urbanos

1 Según Hans (1997:220), la globalización para la OCDE “es el proceso por el que los mercados y la producción de diversos países se hallan cada vez más interrelacionados debido al dinamismo del comercio de bienes y servicios y al movimiento de capitales y tecnologías”.


como los rurales, a los habitantes de dichas zonas. Asimismo, destacan otros factores que contribuyen a acelerar los procesos de globalización: la revolu-ción digital con nuevas formas de comunicación; la robótica, la aparición de nuevos materiales para el diseño de nueva maquinaria e insumos, y la ingeniería genética (biotecnología). Este tipo de tecnologías son cada vez más cercanas en los ámbitos locales y por tanto, implican repensar y redefinir conceptos y formas para alcanzar un desarrollo alternativo.

Adicionalmente, surgen nuevos interrogantes de tipo bioético en este campo: hasta dónde, hasta cuándo, cómo, quién, con qué fines se usa la tec-nología genética para alterar la capacidad de procreación de plantas, anima-les e incluso del mismo hombre. En relación a la agricultura se pretende la homogenización de la producción agropecuaria, ya que 90% de los alimentos se obtienen de 15 plantas (especies) y 8 animales. A ese ritmo en los próximos 10 años se perderá el 90% de las variedades de semillas. Lo que necesaria-mente nos conduce a pensar en que es impostergable mantener y preservar la biodiversidad tanto nacional como la que aún queda en el resto del pla-neta, a fin de garantizar la sobrevivencia en el mismo, ya que de no hacerlo prácticamente nos condenamos como especie a vivir irremediablemente las enfermedades del progreso que De la Rosa (2001) denomina la tercera guerra mundial, donde predomina: estrés, obesidad, hipertensión, diabetes, trastor-nos del sueño, cansancio, depresión, ansiedad, pero sobre todo pérdida de valores éticos, ante la exacerba crisis social y ecológica.

Por otra parte, el proceso de globalización presupone una homogeniza-ción en todas las formas de actuar, pensar y sentir y hasta de comer. Es una realidad, nadie está exento sobre los cambios vertiginosos a los que estamos expuestos como individuos y como sociedades: tecnológicos, económicos, mediáticos, relaciones interpersonales y de comunicación virtual. Aspectos que nos orillan a ser seres obedientes, a vivir un modo de vida individuali-zado, carente de emociones y de relaciones verdaderas, más aún, aspectos tan simples como la alimentación, pasan a ser desplazados por la comida rápida empaquetada y fácil de abrir y de preparar, siendo que la agricultura desempeña un papel fundamental, para la sobrevivencia no sólo de quienes viven de ella, sino también por su singularidad en la forma cómo se produce y qué se produce. Como por ejemplo, la persistencia de la siembra del maíz relacionado con el sabor y la textura para el nixtamal, entre otras cosas; si-


tuación que es eminentemente cultural. Incluso, emociones y sentimientos de los productores agrícolas, ligados a la tierra que los vio nacer. No menos importante es que en México, son 56 etnias distribuidas en la mayor parte del territorio nacional, que tienen diferentes forma de aprecio a la tierra, de folclor, de relaciones sociales, y modos de vida.

En ese contexto, es importante hacer mención de otro de los conceptos que maneja Bourdieu (1984), nos referimos al campo, ya que una de las carac-terísticas importantes de éste concepto es que en él se encuentran individuos que comparten una misma forma de entender lo que sucede a su alrededor; por tanto, algunas comunidades indígenas y campesinas, pueden resistirse ante las imposiciones de un agente externo -en este caso, del modo de vida urbano-industrial-, cuya producción está soportada en el uso de combusti-bles fósiles, consumismo e individualismo. Situación que obliga a reconocer los errores de quienes diseñan y ejecutan los programas y/o proyectos de desarrollo rural, al no comprender las formas en que opera la producción y reproducción social en las comunidades rurales. Sobre todo las conformadas por campesino e indígenas, que tienen diferentes formas de percepción sobre la vida –saberes, tradiciones, costumbres-, difíciles de entender para quienes viven de acuerdo con las reglas, modos y patrones de vida que impone el mo-delo de desarrollo occidental.

Haciendo un poco de historia, los pueblos mesoamericanos, se caracte-rizaron por practicar una agricultura tradicional basada en la asociación de cultivos: calabaza, chile-maíz, situación que desencadenó la base de su de-sarrollo económico y social. De ellos podemos rescatar sus prácticas tradi-cionales de producción basadas con una visión de respeto y armonía con los elementos que hacen posible la producción: tierra y agua; pero sobre todo, el uso de fertilizantes de origen natural u orgánico -conocidos actualmente como agricultura ecológica o agroecológica-, como ha sido documentado en la agricultura chinampera en México.

La agricultura ecológica o agroecológica merece especial atención, por la época de cambios en que vivimos: los dueños del capital financiero invaden nuestros pensamientos para ser altamente competitivos y productivos, abo-lir las referencias colectivas como los sindicatos, incluso la seguridad social de los trabajadores, mediante esquemas de flexibilización laboral y técnicas de responsabilidad que pesan en una sola persona. Al final: individuos escla-


vos del hábito, maquinas parlantes, individualistas, insensibles y sin conduc-ta solidaria.

En contraparte, sin ser bucólico por la cultura mesoamericana, -la colecti-vidad, solidaridad y apoyo mutuo, la cohesión, la identificación con el otro y el terruño-, fueron el impulso para alcanzar su desarrollo. Aunque en la actua-lidad están atomizadas las referencias colectivas y persiste una complejidad ambiental, es un hecho que a través del entrecruzamiento de saberes,2 entre los diversos actores sociales e instituciones públicas y privadas, se pueden desen-cadenar procesos de organización para el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y alcanzar mejores condiciones de desarrollo en nuestras sociedades, principalmente las que comparten espacios rurales. En el fondo se trata de revalorar la vida comunitaria-local, y transitar de una agricultura convencional, hacia una agroecológica. Después de todo, los campesinos e in-dígenas, son los más proclives a producir bajo este tipo de agricultura, que no requiere de altos insumos e inversiones de capital financiero.

De ahí que reconozcamos que las comunidades indígenas, los producto-res a pequeña escala, y los campesinos son importantes puesto que duran-te años han trasmitido sus saberes, costumbres, innovaciones y prácticas, que han diversificado, preservado y enriquecido la agricultura tradicional. No obstante, reconocemos que los saberes tradicionales de los indígenas y campesinos, pueden sufrir transformaciones una vez que comparten otros espacios, como ejemplo: cuando emigran a las ciudades en busca de “mejo-res oportunidades de sobrevivencia”, lo que puede crear un biculturalismo, puesto que el nuevo modo de vivir les exigirá un nuevo estilo de vida, que dependiendo del grado de pertenencia a su grupo étnico o racial, conservará o bien con el paso del tiempo modificará sin que ello lo conduzca necesaria-mente a la pérdida de su identidad cultural (Esteva, 1984).

2 En ese reconocimiento, el entrecruzamiento de saberes arraigan en nuevas identi-dades. Enfatizando que en el principio de este saber no existe ni conocimiento último ni saber privilegiado. La complejidad ambiental se va construyendo en una dialéctica de posiciones sociales antagónicas, pero también en el entrelazamiento de reflexiones colectivas, de valores comunes y acciones solidarias frente a la reapropiación de la na-turaleza. Incluido el proyecto de transdisciplinariedad que plantea la articulación de los paradigmas científicos establecidos y las formas de complementariedad del conoci-miento objetivo, la complejidad ambiental emerge de la inscripción de nuevas subjetivi-dades y la apertura hacia un diálogo de saberes como apunta Enrique Leff (2000).


Al estudiar las relaciones interculturales que se producen en contextos urbanos, García (1989:331-332), señala que

[...] todos reformulan sus capitales simbólicos en medio de cruces e in-tercambios. La sociabilidad híbrida que inducen las ciudades contem-poráneas nos lleva a participar en forma intermitente de grupos cultos y populares, tradicionales y modernos. La afirmación de lo regional o nacional no tiene sentido ni eficacia como condena general de lo exó-geno: debe concebirse ahora como la capacidad de interactuar con las múltiples ofertas simbólicas internacionales desde posiciones propias.

Es decir, independientemente del lugar en el que se encuentren los individuos originarios de pueblos indígenas y/o comunidades ru-rales, “resguardan” sus saberes tradicionales, en virtud de que los transmiten de generación en generación de tal manera que los inte-riorizan y difícilmente olvidarán sus tradiciones y costumbres.

Habitus y saber tradicional

Ahora bien, resultado de lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿cómo es que se da esa transmisión de saber de una generación a otra? ¿cómo se conservan o se modifican esos saberes? Para ello retomaremos el concepto de habitus planteado por Bourdieu.

El habitus es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo (la posición en la estructura social) y lo subjetivo (la interiorización de ese mundo objetivo). Comboni (2006), señala que:

El habitus es un sistema de disposiciones durables interiorizados por los individuos a partir de sus condiciones objetivas de existencia, y que funciona como principio (esquemas) inconsciente de acción, de percepción y de reflexión. Las disposiciones son actitudes, inclinacio-nes, para percibir, sentir, hacer y pensar, interiorizadas por los indivi-duos desde sus condiciones objetivas de existencia, y funcionan como principios inconscientes de su acción, percepción y reflexión.


Asimismo, el habitus demanda ser comprendido como una gramáti-ca generadora de prácticas acordes a las estructuras objetivas de las que es producto; la circularidad que preside su formación y su funcionamiento da cuenta por una parte, de la producción de regularidades objetivas de com-portamiento y, por otra, de la modalidad de las prácticas que descansan so-bre la improvisación (Pinto, 2002).

Giddens (1995), complementa lo señalado por Bourdieu mediante el con-cepto de estructura y entiende a ésta como conjuntos de reglas y de recursos organizados de manera recursiva, está fuera del tiempo y del espacio. Los sistemas sociales en los que está recursivamente implícita una estructura, por el contrario, incluyen las actividades situadas de agentes humanos, re-producidas por un tiempo y un espacio. Analizar la estructuración de siste-mas sociales significa estudiar los modos en que esos sistemas, fundados en las actividades inteligentes de actores situados que aplican reglas y recursos en la diversidad de contextos de acción, son producidos y reproducidos en una interacción.

En efecto, Bourdieu describe al habitus como una estructura modificable debido a su conformación permanente en los cambios de las condiciones ob-jetivas. Es decir, en las relaciones sociales tenemos una cierta regularidad, son formas de identificación, pero también de diferenciación puesto que en cada campo se van formando conglomerados sociales, de ahí que el papel del so-ciólogo también sea distinguir las actividades humanas en un nivel social, ya que el habitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo, garantiza su coherencia al desarrollo social más que cualquier con-dicionamiento (Bourdieu, 1984). Asimismo, el habitus recoge la interacción entre la historia social y la del individuo, la historia de cada hombre puede ser leída como una especificación de la historia colectiva de su grupo o su clase y como la historia de la participación en la lucha del campo (Bourdieu, 1984).

A manera de acotación podemos decir, que el habitus, se construye en forma permanente, es decir, este se da a partir de la interioridad de lo que “soy como sujeto”, por tanto, explica y define nuestra forma de ser. De ahí que el habitus, une nuestras identidades, actitudes e inclinaciones para percibir y sentir nuestro entorno; es decir, el lugar del cual somos oriundos y nos hace identificarnos con el terruño, con la vida cotidiana, entendiendo a ésta según Heller (1987) como al conjunto de actividades que caracterizan la reproduc-


ción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social de la comunidad, es decir, con todo lo que conforman nuestras condiciones objetivas de vida.

Por tanto, se agregan otros elementos como son acción, historia y pensa-miento, ello se refleja en la práctica y posteriormente en el habitus. Esta en los individuos y en los grupos (Comboni, 2006). En ese sentido, los saberes tradicionales están integrados por todo lo que un grupo social que en éste caso los campesinos e indígenas, han creado a lo largo del tiempo, lo que los identifica con los demás grupos sociales de otros pueblos, ese patrimonio es un proceso creativo y dinámico a través del cual una sociedad protege, en-riquece y proyecta su cultura. De ahí que estemos de acuerdo en considerar el saber tradicional, como patrimonio cultural, porque en ese saber se inclu-yen prácticas y usos, representaciones, expresiones, habilidades, actitudes, instrumentos y todo tipo de utensilios de trabajo; así como los espacios co-munitarios-locales, donde interactúan los grupos sociales e individuos que comparten esa riqueza cultural.

Comunidad local es:

Aquel agregado de grupos domésticos que estando asentados sobre un territorio especifico, mantiene sus formas de vinculación por di-ferentes tipos de relaciones sociales, entre las cuales el parentesco, la vecindad y la amistad tienen una consideración significativa en cali-ficación como grupo social; es decir, aquel agregado de grupos domés-ticos […]

Que generalmente están cohesionados o

Unidos por un sistema de lazos y relaciones; por intereses comunes; pautas compartidas de normas y valores aceptados; por la conciencia de ser distintos de los demás grupos, definidos de acuerdo con el mis-mo principio (Boguslaw, 1972, citado por Sevilla, 1993).

En la perspectiva anterior, se torna evidente considerar que los saberes tradicionales también conforman parte de la vida cotidiana de los poblado-res de determinada comunidad, localidad o región. A pesar de ello, se en-


cuentran en desuso ante el envejecimiento de la población del campo y por el poco valor que los jóvenes le asignan a la agricultura por considerarla como una actividad de poco prestigio, tal como lo manifestaron en un estudio re-ciente jóvenes de unas comunidades de la región Atenco-Texcoco, del estado de México (Noriero, E., L, 2010). Además el proceso de mecanización de la agricultura cuya producción es altamente tecnificada y a gran escala, ha re-ducido la fuerza de trabajo, que en la agricultura tradicional, representa un factor clave dentro de la unidad familiar, en virtud de que en este tipo de agricultura, la mayoría de los productores produce bajo el minifundio, no cuentan con subsidios para la producción y la mano de obra empleada en las actividades agrícolas sigue siendo familiar. Es del conocimiento general el escaso financiamiento que hay para los proyectos de desarrollo rural, sobre todo si tomamos en cuenta lo señalado por Rubio (2010), respecto a la dis-ponibilidad del crédito que existe en las instituciones del país e incluso en la banca privada: sólo 4% de las productores tienen acceso al crédito, de los cuales la Financiera Rural otorga el 17%, la Banca Comercial 9%, Uniones de Crédito 9%, Sofol 1% y otras fuentes de financiamiento el 64%. Sobresa-le que del 17% otorgado por la financiera rural, el 39% se destina a un solo estado: Sinaloa, lo que favorece la gran concentración de la producción. El 96% restante de los productores, acude con usureros y agiotistas. Por ello los productores minifundistas quedan fuera de los contextos de competitividad e innovaciones científicas tecnológicas.

Este mosaico de disparidades nos hace ver la realidad en otra perspectiva, ya que la modernización de la agricultura, ha implicado dejar a un lado a los productores considerados ineficientes e impulsar al sector empresarial como eje rector de la agricultura, -situación que no se ha dado-, esto ha provocado una caída de la rentabilidad en todos los sectores, y ha propiciado una fuga de capitales hacia sectores más rentables como el financiero y el de servicios. De ahí que estemos de acuerdo en que las transformaciones suscitadas a raíz del proceso de modernización de la agricultura, trae consigo un riesgo potencial de pérdida del saber tradicional y por tanto, procesos de transculturización en las comunidades rurales ante lo vertiginoso de los cambios que trae con-sigo el modelo de desarrollo dominante. Fundamentalmente, estas transfor-maciones tienen profundas repercusiones en los modos de pensar, sentir y actuar de los sujetos sociales.


De ahí que sea pertinente hacer mención de las siguientes interrogantes que hiciera Lefebvre (1980), hace unas décadas pero vigentes al momento que vivimos: “¿es posible afirmar que la mundialización de la industria y la industrialización mundial van hacia una homogeneidad, hacia estructuras análogas, por ser racionales, en todos los países? ¿Van agudizarse las dife-rencias o van a desaparecer?” Si bien los defensores de la globalización in-dican que hacia ello vamos, puesto que lograremos mejores oportunidades de bienestar por el desarrollo económico y social que produce el desarrollo de la industria, la libertad de los mercados, las innovaciones tecnológicas y la apertura democrática en las naciones. Lo cierto, es que en nuestros países latinoamericanos, y específicamente en México, aún nos encontramos ante una incertidumbre, producto de las malas acciones o decisiones de los res-ponsables de las políticas de desarrollo rural, a la hora de planear el futuro de las diferentes regiones y localidades que conforman el país.

Ruralidad alternativa: hacia estrategias de revaloración del saber tradicional

Para el caso de nuestros países latinoamericanos y específicamente México, que se encuentran ante una situación donde se está gestando, configurando y redefiniendo una serie de concepciones y transformaciones sobre el papel del Estado en la sociedad y la producción, así como todo lo referente a lo que su tejido productivo implica, se requieren de un nuevo modelo agríco-la de producción. Sobre todo porque aún a pesar del adelanto científico y tecnológico como el hecho de poder reproducir (duplicar) a una oveja en los campos de Escocia, poder tener imágenes de la existencia de mares (en estado de congelación) en la luna o de la conquista del planeta Marte. Es un hecho que prevalece un estado de pobreza y grandes desigualdades en nuestras sociedades. De ahí que sea importante tomar en consideración la concepción de una ruralidad alternativa como premisa fundamental para revertir el proceso de deterioro de los recursos humanos y de la naturaleza. Ello dará inicio a que se consoliden nuevos mecanismos de organización y participación entre los productores, así como todos aquellos que tienen que ver con el proceso productivo, para que sean ellos mismos los sujetos de su propio destino.


Las premisas de las que debe partir el modelo agrícola alternativo tienen que ser a través de reglas compatibles, y que además sean asumidas por los pobladores de las comunidades. Entre ellas consideramos importante: 1. Re-conocer la necesidad de cambiar la forma de cultivar la tierra, recuperar todo lo que el hombre ha deteriorado como son los bosques, tierras y ríos. 2. Los suelos agrícolas han perdido su potencial de productividad por el uso desme-dido de agroquímicos y semillas mejoradas y esto afecta no sólo al suelo, el agua y la planta, sino también al hombre. No debemos forzar a que los suelos produzcan ya que no hay compatibilidad fija entre la producción y el ecosis-tema, además de que creamos un desequilibrio energético y material en la misma unidad geo-ambiental. Se debe producir mediante una agricultura ecológica que revierta el proceso de deterioro y proteja los recursos naturales y al hombre. 3. Como nos enseña la ecología social, la restauración del equili-brio no sólo debe ser ecológico sino también social (Torres, C. G., 1998).

La propuesta de la ecología social busca un manejo humanista del medio ambiente, implica revalorar la naturaleza y al hombre, ante la explotación exacerbada que no respeta ideologías, culturas, ni fronteras territoriales; le apuesta al logro de una mejor calidad de vida, restaurando y conservando todo lo que el hombre ha destruido en su afán de conquista de la naturaleza; de tal manera que se logre un equilibrio, entre la sociedad y la naturaleza. Desde luego, ello exige el compromiso de principios éticos, democráticos y emancipadores, que como habitantes de este planeta, debemos construir; sin ello, simplemente no habría un progreso real en nuestras sociedades.

En el caso de México, tiene que transitar hacia modelos alternativos de producción donde se reconozca lo diferente, nos referimos a las tradiciones y costumbres de los pueblos y comunidades, ámbitos golpeados por los pro-cesos de modernización, ya que en la actualidad priva un rechazo a las prác-ticas tradicionales, de ahí que surja una interrogante ¿Qué es éticamente necesario conservar y que es lo que queremos como ciudadanos? Todos los días se pierden tradiciones. Por tanto tenemos que revalorar y reconocer lo que los indígenas y campesinos, desean para su propio desarrollo. No se trata sólo de obtener grandes volúmenes de producción agrícola, se trata de reco-nocer además qué es lo que quiere consumir la gente, ya que ahí está el valor cultural de algunos cultivos agrícolas, que incluso en la actualidad la deman-da de los consumidores está asociada con la calidad, que exigen productos


sin el uso de plaguicidas y fertilizantes y sobre todo el origen ligado con el terruño. Por tanto, hay que pensar en otro tipo de producción que se base en energías limpias para la producción, en mecanización pero racionalizada, ya que tampoco se tiene que continuar sembrando con el azadón, la coa e invirtiendo un gran número de horas. De ahí que a continuación hacemos referencia a lo siguiente:

Alternativas de desarrollo: enfoque agroecológico

Se ha demostrado a través de diversos estudios de corte socioecológico que el actual modelo de producción se basa en la aplicación de tecnologías moder-nas, que requiere de un alto consumo de combustibles fósiles, lo cual resulta inviable, puesto que afecta los recursos naturales como al mismo hombre. A diferencia de “las prácticas agroecológicas que resultan más eficientes, segu-ras y sanas que las de carácter agroindustrial, en términos del uso de energía y de los recursos naturales, el transporte y la salud de los consumidores” (Toledo, 2004: 549-550). De ahí que consideremos importante el estudio de la agroecología ya que se desprende el principio de la biodiversidad, que ad-quiere gran importancia porque a partir de éste se puede asegurar la auto-rregulación y sostenibilidad de los recursos naturales, trayendo consigo una serie de beneficios según Altieri (2000:23), entre los que destacan:

1. Cubierta vegetal como medida efectiva de conservación del suelo y el agua, mediante el uso de prácticas de labranza cero, cultivos con mulches, uso de cultivos de cobertura, etc.

2. Suplementación regular de materia orgánica mediante la incorporación continúa de abono orgánico y composta y promoción de la actividad bió-tica del suelo.

3. Mecanismos de reciclado de nutrientes mediante el uso de rotaciones de cultivos, sistemas de mezclas cultivos/ganado, sistemas agroforestales y de intercultivos basados en leguminosas, etc.

4. Regulación de plagas asegurada mediante la actividad estimulada de los agentes de control biológico, alcanzada mediante la manipulación de la biodiversidad y por la introducción y conservación de los enemigos naturales.


Sin embargo, a pesar del consenso por grupos de ambientalistas y de instituciones de investigación agrícola así como de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobre los beneficios del enfoque agroecológico. Es evidente que para que ello se logre se requiere del interés de todos aquellos que tienen que ver con el proceso productivo; de igual manera deben esta-blecerse vínculos con las universidades e instituciones comprometidas con la preservación de los recursos naturales para que, en conjunto con el estado, impulsen una producción agroecológica puesto que ésta:

Ha surgido como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola más sen-sible a las complejidades de las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y criterios agrícolas para abarcar propiedades de sustenta-bilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos y equidad junto con el objetivo de una mayor produc-ción. El objetivo es promover tecnologías de producción estable y de alta adaptabilidad ambiental (Altieri, 2000:29).

El marco anterior implica revalorar la agricultura, ya que representa:

a) Una actividad económica y sociocultural fundamental en la que el hombre, específicamente la sociedad humana, trabaja con la natura-leza y no sobre ella; b) Está directamente vinculada con los ecosiste-mas y su destrucción o bien su necesaria recuperación; c) Constituye la base de la sociedad y la cultura rural, en la cual lo rural tiene un sentido polisémico; pero sin la revaloración de la agricultura no hay manera de revalorar lo rural (Torres G., 2006: 190).

Asimismo, es necesario repensar el papel que juega la magnitud del saber tradicional en la agricultura y dentro de los proyectos de desarrollo rural. Desde luego, también hay que cuestionar lo que nos aportan, qué queremos rescatar, y lo más importante cómo los vamos a introducir dentro de las políticas de desarrollo sustentable.3 Ya que la crisis ambiental, puesta de

3 La Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo 1987, lo


manifiesto en “La Primavera Silenciosa” de Rachel Carlson (1962), una de las primeras denuncias ecológicas que abrió las puertas a un mundo de es-tudios que ponían al descubierto la irracionalidad económica y los límites del crecimiento. Así como el reporte “Los Límites del Crecimiento” (Mea-dows, 1972), ponen en claro que el tipo de desarrollo actual no será posible sostenerlo indeterminadamente en el tiempo ni en el espacio. Si éste conti-núa con las mismas formas de apropiación -irracional y desmedida- de los recursos naturales para uso del crecimiento poblacional e industrial.

Situación percibida ya desde mediados de los años setenta del siglo pasa-do. Las conclusiones en las que coinciden expertos climatólogos y científicos que estudian el medio ambiente, es que el planeta Tierra se encuentra en fa-ses iniciales de importantes modificaciones del clima, una tendencia global al calentamiento que puede afectar a toda la vida terrestre. Lo cierto, de esta alarmante situación es que no es resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino de la intervención del hombre. Puesto que ha logrado alterar el clima del planeta, modificando así la dinámica de los ecosistemas y las perspectivas de habitabilidad para los milenios venideros (Rifkin, 1990).

Por tanto, el reconocer que el hombre es responsable de la actual crisis am-biental y civilizatoria nos conduce a pronunciarnos por otras prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Ya que “los seres humanos tie-nen la obligación de preservar la naturaleza en la mayor medida posible, de forma que aquellos que todavía han de nacer -tanto personas como cualquier otro animal- puedan disfrutar de la vida cuando llegue su momento” (Rifkin, 1990:250). En ese sentido las actuales condiciones de deterioro que prevalecen en nuestro entorno económico, político y social, obligan a cuestionar el mode-lo de desarrollo vigente, haciendo necesaria la adopción e incorporación de al-ternativas de desarrollo orientadas por criterios de sustentabilidad ambiental y con acciones de política pública que en el corto, mediano y largo plazos logren una mejoría en el nivel y calidad de vida en nuestras sociedades.

En suma, más allá de lo que cada quien piense, crea o sienta, estamos obligados a avanzar hacia una responsabilidad globalmente compartida

define como: “el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones contem-poráneas sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Wackernagel, 1995:2).


para revertir la crisis social y ambiental planetaria, y por lo mismo hacia el encuentro de una ética de la solidaridad y de la supervivencia. Ya que por todos es sabido que los cambios realizados a nivel mundial y nacional en materia económica, política y social, han obedecido a los intereses de los países desarrollados, lo cual es inoperante e inviable para los países de América Latina. De ahí que la oportunidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes ya no debe supeditarse a un proyecto o programa de los dic-tados del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, sino a las necesidades, demandas y exigencias de los individuos de cada comunidad o localidad, región o nación, en donde se debe y tienen que optimizar y apro-vechar los recursos naturales y humanos racionalmente para contribuir a un desarrollo que en términos del desarrollo sustentable sea viable econó-micamente y socialmente justo.

Necesariamente hay que reconocer que la ruralidad alternativa que ha-cemos referencia debe incluir aspectos cognoscitivos, valorativos, religiosos y emocionales. En el fondo subyace una mayor comprensión de lo que es un ser humano, ya que trasciende lo meramente socioeconómico al acumular las experiencias históricas, sin dejar de lado la cuestión tecno económica y ambiental, pero también y con mayor peso incorpora las que tienen relación con el conocimiento y la parte afectiva, puesto que nos encontramos ante la posibilidad de elegir lo que se desea, desde luego, con apego a información, a fin de alcanzar el desarrollo a escala humana. Esta situación la consideramos importante porque pretendemos revalorar la parte humana inserta en las prácticas culturales locales, pero sin desvincularnos de la cuestión global, puesto que incide, y la vez condiciona, la producción, distribución y consumo tanto en el ámbito rural como en el urbano. Por tanto, señalamos algunos su-puestos que deben sustentar las experiencias de desarrollo alternativo a nivel de las diversas realidades locales:

1. El desarrollo es algo esencial y fundamentalmente humano e integral. 2. Lo económico es importante, pero constituye un aspecto más en el con-

texto de los factores que intervienen para lograr el desarrollo: sociocultu-rales -tradiciones, costumbres, cosmovisiones-, políticos y ambientales.

3. El hombre es el sujeto del desarrollo y por tanto, es él quien debe asumir la responsabilidad del proceso de cambio.


4. El desarrollo no consiste solamente en resolver técnica y económicamen-te los problemas y carencias de las localidades menos desarrolladas, para aspirar y alcanzar únicamente una prosperidad. Se trata de involucrar en los procesos de desarrollo a todos los agentes que intervienen para que este se logre (Estado, universidades, organizaciones), pero también a quienes viven en las ciudades, puesto que se entremezclan: prácticas, nor-mas, valores, saberes, espacios, formas de vida que, al final, le dan sentido a la misma, y que por tanto, exigen nuevos tratos para poder alcanzar un desarrollo que respete tanto al hombre como a la naturaleza. A final de cuentas, se trata de entender al hombre como responsable de la produc-ción y las estrategias que han adoptado como sujetos sociales en la vida cotidiana, y el papel de la cultura en dichas estrategias que les permiten la sobrevivencia como comunidad.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos argumentado la necesidad de revalorar los saberes tradicionales y la agricultura, para establecer propuestas de desarrollo rural alternativas e incluyentes que permitan identificar la perspectiva de las comunidades indígenas y de los productores rurales ante los acelerados cam-bios que trae consigo el proceso de modernización de la agricultura. Asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de rescatar y preservar los recursos naturales, ya que nos enfrentamos a una crisis ecológica planetaria donde resulta nece-sario transitar del patrón de producción basado en combustibles fósiles, por energías menos dañinas con el ambiente. En ese sentido la producción basada en la perspectiva agroecológica brinda una opción de desarrollo más viable en términos económicos, socialmente justa y ambientalmente sana. Se trata en el fondo de mejorar y garantizar condiciones óptimas de sobrevivencia para las generaciones actuales y para aquellas que están por venir.

El habitus, retomado de la vasta obra de Pierre Bourdieu, permite com-prender los factores que interaccionan y determinan el comportamiento de los sujetos en determinados contextos. Para el caso que nos ocupa, la agricultura es una forma de vida que requiere ser comprendida en cuanto a la diversidad de prácticas, por los diseñadores de los programas y proyectos de desarrollo rural. Asimismo, resulta importante inmiscuirse en los procesos productivos


y reproductivos al interior de las comunidades, ya que al tratar de imponer modelos diferentes de producción, en parte son una de las principales causas de su ineficiencia y por tanto, rotundo fracaso. De ahí que la búsqueda del de-sarrollo rural para los habitantes de una región depende, principalmente, de las condiciones locales, es decir, de las características tangibles -los recursos naturales y las instituciones locales-; e intangibles -actividades, prácticas, sa-beres, costumbres, creencias, mitos, religión-, todo ello implica una gama de relaciones entre los actores sociales e instituciones, que delinean la produc-ción. De ahí que el trabajo que subyace en este documento pretendió revelar la centralidad de un adecuado balance entre todas esas facetas, poniendo énfasis en la revaloración de los saberes tradicionales y la agricultura, para ir más allá de buenas intenciones que se conviertan en el motor de impulso al desarrollo y crecimiento humano de los habitantes de las comunidades rurales.

Consideramos que el planteamiento anterior tiene vigencia, ya que tan-to la agricultura como el saber tradicional, tienen que revalorarse debido a las crisis múltiples: alimentaria mundial, ambiental, social, política y econó-mica, que pone en riesgo la soberanía alimentaria de los países con econo-mías emergentes. Siendo que en países como México, la mayor parte de los productores pueden ser autosuficientes debido a que poseen tanto el cono-cimiento como pequeñas extensiones de terrenos aptos para la producción agropecuaria. Es un hecho, que existe un cuestionamiento sobre la posibili-dad de producir en pequeñas cantidades de terrenos, la realidad ha mostrado que existe un alto grado de productividad bajo condiciones de minifundio, siempre y cuando existan mecanismo favorables para la producción: orga-nización de los productores, capacitación, asistencia técnica y sobre todo fi-nanciamiento a la producción. Esto significa subsidiar la producción agrícola como lo hacen los países europeos, incluso los EE.UU; además se deben ge-nerar políticas públicas que realmente se adapten a las condiciones y necesi-dades de los productores y las comunidades donde habitan.

Finalmente señalamos algunas incertidumbres que nos quedan de este trabajo como pautas para incursionar en estudios posteriores sobre aspectos socioculturales: ¿Qué mundo futuro nos espera sin la diversidad cultural? ¿Qué mundo nos espera sin la historia ante la pérdida potencial de las raíces culturales, puesto que la pérdida del saber tradicional, nos hace perder la distinción?, es decir; ¿Cómo nos vamos a distinguir dentro de México como


país y como nosotros mismos? Ya que en el discurso hablamos de tolerancia, pero ¿sí no estamos salvaguardando las diferencias? ¿Hacia dónde nos diri-gimos? Porque México, no es lo mismo que Venezuela u otro país del globo terráqueo; no se trata de nacionalismos arcaicos, se trata de ser lo que quie-res ser como individuo y como sociedad. Este es el vínculo de este estudio, el llamado a la diversidad, a la pluralidad, a la inclusión de las cuestiones cultu-rales en las políticas de desarrollo rural sustentable.


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La experiencia de un ordenamiento territorial local 177

Introducción

En los ordenamientos en México concurren dos marcos legales y reglamen-tarios, así como dos secretarías responsables de la planeación territorial y ecológica. En las últimas dos décadas han aparecido metodologías que gra-dualmente han regulando el procedimiento que elaboran los modelos de or-denamiento ecológico del territorio general, especial, local y marino; a través de los “Términos de referencia del ordenamiento ecológico”, las “Guías me-todológicas de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial” y el “Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial”.

En la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco (POETZAPOPAN), México, se aplicaron tanto los lineamientos establecidos en la Ley General del Equi-librio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, las metodologías propuestas por SEMARNAT y SEDESOL y, los instrumentos teóricos-metodológicos disponibles desde la academia. Los re-

La experiencia de un ordenamiento territorial local: el caso del municipio de Zapopan, Jalisco, México

Javier Rentería Vargas,* María Evangelina Salinas Escobar* y Armando Chávez Hernández*

177

* Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadala-jara.


sultados de tal ejercicio de planeación son satisfactorios en la medida en que se identificaron 96 unidades de paisaje (unidades de gestión ambiental) que contienen criterios e indicadores ambientales y territoriales, se explica su dinamismo y permite proponer un modelo territorial que organiza el uso del suelo con base al potencial y limitaciones del territorio.

El municipio de Zapopan tiene una superficie de poco más de 1,200 km2 y una población de 1’155,790 según el conteo de población de 2005, el área ur-bana forma parte de la segunda zona conurbada más importante de México con 4’060,531 habitantes. En buena medida, Zapopan constituye el soporte de la metrópoli ya que capta la mitad de la población que se incrementa año con año a la conurbación. Sobre su territorio se localizan una áreas naturales protegidas y dos áreas que se encuentran en proceso de declaratoria (sistema de barrancas del Río Santiago y Bosque Nixticuil), áreas que cuentan con una dotación privilegiada con valores ambientales y naturales.

La revisión crítica del proceso de construcción del POETZAPOPAN, per-mite ajustar las metodologías de que se dispone, facilitando su aplicación y mejorando sus resultados, sin comprometer la finalidad del estudio.

En este trabajo demostraremos que aplicando una metodología selectiva enfocada a la identificación de los problemas territoriales como de las poten-cialidades de los atributos del espacio, produce resultados eficientes, para la toma de decisiones en el modelo territorial de uso del suelo, en lugar de se-guir en forma exhaustiva lo establecido en las metodologías existentes, que demandan mayor tiempo esfuerzo y recursos humanos.

¿Conflicto ambiental o territorial en el municipio de Zapopan?

Zapopan es uno de los once municipios con una población superior al millón de habitantes en México; forma parte de la Zona Metropolitana Guadalajara, segunda ciudad en importancia del país. En el conteo de población del año 2005 el municipio registró una población de un millón 155 mil 790 habitan-tes que lo sitúa en el lugar número nueve de la lista de municipios con más de un millón de habitantes. Sin embargo, al considerar la velocidad de cambio de la población, Zapopan se ubica en el segundo lugar de esos municipios, con una tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de 2.57% para el perio-


do 2000-2005, por abajo del municipio de Tijuana localizado en la frontera norte de México (TCMA de 2.73%) y, del municipio de León Guanajuato en el centro del país (TCMA de 2.12%). A ese ritmo de crecimiento la población de Zapopan ha incrementado su volumen en el último lustro a razón de poco más de 31 mil habitantes por año.

Del incremento de población en el conjunto de los municipios que con-forman la Zona Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tla-quepaque y Tonalá), se estima que de cada 10 nuevos residentes, cinco se incorporan al municipio de Zapopan, mientras que Tlaquepaque y Tonalá captan al resto; al mismo tiempo el municipio de Guadalajara (núcleo cen-tral de la ZMG) manifiesta una pérdida neta para el periodo de 45 mil 379 habitantes. La descentralización demográfica y económica que experimen-ta el municipio de Guadalajara, ha sido capitalizada por los municipios que integran la metrópoli, especialmente Zapopan que se ha convertido en el relevo del cambio urbano al captar los flujos de población, inversión, activi-dad económica; que incluso para autores como Fausto, el municipio compite con brazos agigantados por la centralidad de la metrópoli (Fausto, 2005: 42). La materialización de la inversión y que se refleja en la infraestructura es el mejor indicador del protagonismo municipal. Se estima que 2/3 partes de las plazas comerciales en la ZMG se localizan en el área urbana del municipio de Zapopan (POETZAPOPAN, 2006, p. 290), centros comerciales que no sólo son más modernos, también ocupan superficies más amplias; el municipio destaca en 15 de los 19 subsectores de la economía jalisciense más dinámi-cos en cuanto al valor de la producción bruta total de 2004, en tres de ellos se ubica entre los tres primeros lugares, al tiempo que en otros tres subsec-tores (Industria de bebidas y tabaco, telecomunicaciones y servicios educati-vos) es el líder en el estado (POETZAPOPAN, 2006, p. 359). En el municipio se ubican 17 de los 48 parques industriales registrados en la Secretaría de Promoción Económica del estado de Jalisco y el municipio destina 1/3 de la superficie dedicada a la actividad industrial de la metrópoli (Asociación In-termunicipal, 2008; p.115-117).

En los últimos cincuenta años el municipio ha adquirido un perfil urbano, su proximidad al núcleo central de la aglomeración, las funciones urbanas que desempeña, el dinamismo demográfico y por supuesto la existencia de factores específicos del municipio –suelo urbano a bajo costo- ha promovido


la expansión física de la ciudad y las expectativas económicas de los agentes respecto a la rentabilidad de la inversión en el mercado inmobiliario formal e informal. Mientras que el área urbanizada cubre 164 Km2 de la superficie municipal total; la mancha urbana sobre el municipio ocupa sólo el 15.2% de una superficie total municipal de 1,228.8 Km2 (POETZAPOPAN, 2006).

Sobre esa fracción del territorio acontecen procesos de concentración y diferenciación provocados por la aglomeración urbana. El 94% de la pobla-ción municipal se concentra en aquella fracción de territorio, la ciudad refleja los extremos de opulencia y precariedad en todas sus formas y manifesta-ciones, tanto en lo que se refiere a la distribución del ingreso, el acceso a los servicios de salud, educación, recolección de basura, agua potable, alcantari-llado, como la posibilidad de disponer de paisajes con valor escénico y condi-ciones ambientales aceptables para la población.

La lógica urbana deja una profunda huella sobre el territorio municipal, que se refleja en la infraestructura vial, sus edificios de acero, concreto y cris-tal, los parques industriales destinados a la industria electrónica, sus mega centros comerciales con amplias áreas de estacionamiento y los contrastes entre barrios tradicionales populosos y zonas residenciales exclusivas de baja densidad; a pesar de ello, el municipio mantiene todavía una fracción margi-nal de población cercana a 70 mil habitantes que residen en alguna de las 235 localidades que dan cuenta de su pasado rural.

Un relicto vivo de esa herencia rural del municipio lo constituye el deno-minado Valle de Tesistán localizado en la estribación noroeste del Valle de Atemajac, en el que se asienta la mancha urbana y hacia donde se dirige la tendencia urbanizadora de la ZMG. Una llanura con una superficie cercana a las 227 mil hectáreas que eran consideradas el granero de México hasta la década de los ochenta, debido a los elevados rendimientos de maíz por uni-dad de superficie. Las 14 toneladas por hectárea de maíz se sustentaban en el “modo de producción zapopano” que aprovechaba la humedad residual del suelo en el periodo de estiaje, obteniendo una cosecha adicional en terrenos destinados a la producción agrícola de temporal.

No sólo se superpone el paisaje urbano sobre la vocación agrícola y los modos de vida rural de la llanura. La presión urbana sobre el territorio no se reduce a los nichos de negocio en que se constituyen las jugosas y abun-dantes bolsas de suelo para el desarrollo urbano, en 2005 alcanzaban las re-


servas urbanas declaradas por el municipio alcanzaban las 8,400 hectáreas, éstas sobre el denominado cinturón agrícola de Zapopan.1 El valle ofrece las posibilidades de suministro de agua para la ciudad, se estima que el 20% del agua para consumo doméstico e industrial proviene de una red de pozos pro-fundos que afectan las zonas de recarga de acuíferos del municipio, los que muestran un abatimiento de 2 metros por año en su nivel estático provocado por la demanda de nuevos residentes en las últimas dos década (PEOTZAPO-PAN, 2006).

Otros temas abordados por el ordenamiento adquieren la misma priori-dad que el agua y suelo urbano. En la agenda de los problemas que enfrenta el municipio está la contaminación de ríos y arroyos los que en su totalidad pre-sentan diferentes grados de contaminación causada por vertidos domésticos e industriales. La pérdida de suelo y las áreas sujetas a erosión ocasionadas por prácticas agrícolas en laderas, la explotación de bancos de material para cons-trucción de vivienda y la pérdida de vegetal son fuentes causales de activar los procesos de erosión; se estima en 8 mil hectáreas solamente por pérdida de vegetación natural de 1970 a 2003. Estos son también temas que concentran la atención de autoridades y organizaciones no gubernamentales.2

No obstante los conflictos y contradicciones que supone el modelo de apropiación y transformación de las estructuras del territorio, Zapopan goza del beneficio del bono territorial. Esto es, a pesar de la explosión demográfica de los últimos cuarenta años en el municipio, de una expansión de la ciudad sobre 9 mil 834 hectáreas entre 1970 y 2003, una demanda de agua que oscila entre 3 y 7 mts3/segundo, que la aglomeración genera más de 1,200 toneladas de basura diarias y una pérdida de más de 13 mil hectáreas dedicadas a la agricultura en las tres últimas décadas; el territorio municipal cuenta con la capacidad para la recuperación del equilibrio medioambiental, a condición de que se establezca una estrategia que permita dosificar la presión sobre los recursos naturales y se programe un aprovechamiento sustentable de los re-

1 La estimación de la reserva urbana corresponde a los planes parciales de desarrollo urbano del municipio de 2001; mientras que la denominación “cinturón agrícola de Zapopan” se constituyó en la propuesta de reordenamiento del valle de Tesistán ante el embate de la urbanización en terrenos agrícolas.2 Los datos provienen del diagnóstico del sub-sistema físico biótico del POETZAPOPAN 2006.


cursos. Los instrumentos de política ambiental como el ordenamiento eco-lógico territorial ofrece esa posibilidad.

Armazón institucional en que opera el ordenamiento ecológico y territorial

La década de los setenta se constituye en un punto de inflexión en la historia de la planeación en México. En esos años alcanza un punto importante la transformación económica, política y social del país que trastoca las formas hasta entonces prevalecientes en la interacción sociedad naturaleza. Con-flictos inéditos y preocupaciones focalizadas en el fenómeno de la explosión demográfica habían comenzado a incorporar nuevos temas en la agenda na-cional relacionados con la dinámica del territorio y su urbanización y por tanto, la concentración de actividades, la contaminación ambiental, la explo-tación de los recursos naturales y los usos de suelo.

El uso indiscriminado de los recursos conformó un intrincado en-tramado institucional que al menos formalmente y en el papel contrarresta-ría los efectos de la acción humana sobre la naturaleza. El marco normativo y el conjunto de instituciones gubernamentales necesarias para cumplir con lo establecido en la ley, consolidó desde aquellos años un estilo de planificar y ejecutar planes, al tiempo, que se han arrastrando una serie de dificultades que la propia ley introdujo. Wario lo denomina “efectos perversos de la pla-nificación que no se hubieran presentado sin la existencia de la planificación y el marco legal en que ésta descansa” (Wario, 1995: 264-267). En el siguiente apartado se presentan una serie de reflexiones que muestran el entorno en que opera el instrumento de política ambiental del ordenamiento ecológico y territorial.

Carácter sectorial de la planificación

Al enumerar la legislación sobre los distintos temas que incorporan la dimen-sión territorial se percibe que a pesar del enfoque temático y parcial de los problemas, existe una creencia arraigada del sobredimensionamiento de los efectos de la ley y la conciencia de relaciones de causa-efecto de los problemas. En 1973 se aprobó la Ley General de Población enfatizando en el control del


crecimiento y la distribución de la población como instrumento de contención de la explosión demográfica y su influencia en los programas de desarrollo económico; en 1976 y luego la reforma en 1993 de la Ley General de los Asen-tamientos Humanos (LGAH), introdujo por primera vez el término de orde-namiento territorial aplicado al ordenamiento y la regulación de los centros de población, que dicho sea de paso considera la planificación física como un re-quisito para el mejoramiento de las condiciones de la población urbana y rural, al mismo tiempo que incorporó disposiciones para el desarrollo sustentable. Heredera de la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982,reformada en 1984, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEE-PA) se aprobó en 1988, para luego ser reformada en 1996, introdujo el concepto de ordenamiento ecológico como instrumento para la asignación de los usos de suelo a partir de las capacidades de los ecosistemas como la clave para esta-blecer el equilibrio entre las actividades productivas de la economía y el man-tenimiento de la calidad de los recursos naturales. Como puede colegirse de la enumeración de los objetivos de esas leyes vigentes, basta que la norma exista y lo diga para que las condiciones del país mejoren al menos formalmente. Por otro lado, cada norma identifica un segmento de la realidad (lo urbano, la población, el ambiente); pero que sin embargo, los objetivos rebasan los límites del enfoque sectorial al traslaparse con el estilo de desarrollo económico y los efectos sobre la calidad de vida de la población.

De la norma a su operación y ejecución

Resulta lógico que la ley y su reglamento establezcan las responsabilidades de las instituciones encargadas de su ejecución, aspecto que se refleja en la legisla-ción en materia urbana, demográfica y ambiental del último tercio del siglo XX. Lo que ya no lo es tanto es la costumbre arraigada en el sistema de planeación mexicano, de anclar su aplicación y supervisión a una secretaría. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es responsable de que se observe la LGEEPA, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) hace lo propio con la LGHA y en cierta forma del Consejo Nacional de Población (CONAPO) lo hace con la Ley de Población. Sobre ese estilo particular de ope-rativo del marco legal, también lo es la práctica institucional de sobreponer, por ejemplo, los objetivos ambientales sobre los temas económicos y sociales,


como a la inversa. Cada secretaría se afana en hacer prevalecerlo que establece la ley. SEDESOL tiene la responsabilidad de los asuntos urbanos, los progra-mas de vivienda y el combate a la pobreza, la SEMARNAT atiende la política ambiental. Parece que aunque las competencias son claras, no lo son tanto los desencuentros que genera la realidad del país sobre esos asuntos.

El esfuerzo que se invierte en perfilar, delimitar atribuciones, competen-cias y la articulación entre instituciones y niveles de gobierno, ha tenido re-sultados magros. Un tercio del articulado en la ley ambiental y urbana, hace referencia a la coordinación entre instancias gubernamentales y los límites que éstas tienen en el ejercicio de las funciones que realizan; no obstante, en la práctica aparecen discrepancias derivadas de contradicciones en la ley. Como botón de muestra basta señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna la responsabilidad de la aprobación de los usos de suelo a los gobiernos municipales; mientras que la declaratoria de áreas naturales protegidas y su administración corresponde de acuerdo con la LGEEPA a la SEMARNAT y sus delegaciones estatales. Tema que por lo general resulta conflictivo entre las instancias federales, las delegaciones es-tatales y los gobiernos municipales.

Planeación en cascada y niveles de integración de la ley

La subordinación de los niveles de gobierno municipal al estatal y estos a su vez al federal es la arquitectura básica en que se organiza la legislación y el ejercicio del gobierno que involucra los aspectos relativos al territorio en asuntos urbanos y ambientales. El carácter vinculante y la observancia de la planeación federal tanto del Programa de Medio Ambiente 2001-2006, como del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2001-2006, son los instrumentos operativos que sujetan al gobierno estatal y municipal y es la regla en el sistema de planeación. Aún más, en la mayoría de los casos, objetivos y esquemas metodológicos también vienen en paquete y aparecen o en la propia ley y sus reglamentos y reglas operativas oficiales.

La LGEEPA plantea como principio básico el carácter integral del aborda-je de los problemas ambientales. Por tanto, la determinación de la capacidad de carga y la identificación de indicadores del equilibrio de los ecosistemas, por si mismo impulsen a la economía y se traduzcan en un incremento de la


calidad de vida y bienestar de los habitantes. Por su parte la LGAH, conside-ra que el ordenamiento y la regulación de los centros de población, son una condición indispensable de la salvaguarda de la calidad del ambiente sobre el área de influencia de la ciudad.

Más que discutir la idoneidad de objetivos y la amplitud de estos en un contexto institucional barroco como el de la legislación en materia territo-rial, que por lo general dispone de recursos limitados para la ejecución y gestión de los planes en los distintos niveles de gobierno; conviene por el contrario, explorar los aspectos metodológicos establecidos en el logro de la política ambiental y urbana en nuestro país.

En escenario de reforma de la legislación territorial en materia de asenta-mientos humanos en 1993 y ecológico-ambiental en 1996, donde las secreta-rías de SEDESOL y SEMARNAT encabezan respectivamente esas carteras; la planeación en cascada es el factor que desencadena el vínculo y las determi-nantes tanto entre niveles de gobierno como entre planes.3 El desarrollo de una metodología para el ordenamiento primero ecológico y luego territorial a una escala que consideraba la nación en su conjunto adquirió prioridad, provocada sin duda por la cantidad de contradicciones y conflictos ambientales.

El esfuerzo por delinear una metodología para el conjunto del territorio lo reflejó en su momento el Manual para la elaboración de los Planes de Or-denamiento Ecológico del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE, 1988). De alguna manera, tanto la estructura metodo-lógica constituida de seis fases y el énfasis por analizar todos los aspectos del territorio en forma exhaustiva,4 marcaron las propuestas metodológicas siguientes del ordenamiento tanto ecológico como territorial.

3 Por planeación en cascada se entiende como un ejercicio de planeación territorial que crea una cadena de planes jerarquizado, con determinaciones para aquellos del nivel inferior (cfr. Pujadas y Font, 1998; p. 191-103). 4 El objetivo último de la metodología consiste en asignar un uso de suelo a una divi-sión particular del territorio que garantice prácticas sustentables, con base en el análi-sis de indicadores ambientales que muestran la capacidad de carga, resiliencia y aptitud del territorial. La configuración de esa división o unidades de gestión ambiental es el resultado. El carácter exhaustivo de la metodología presente en la fase de caracteriza-ción y diagnóstico, implica que el territorio es isotrópico, uniforme, continuo y que el traslape de variables físico-bióticas, económicas y demográfico-sociales arrojará frag-mentos de territorio con atributos predominantes.


Al respecto la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología han he-cho hincapié en la prioridad que guardan los aspectos metodológicos y pro-cedimentales del ordenamiento ecológico. Algunos lineamientos han sido incorporados en la ley desde 1996 y descritos en forma pormenorizada en el reglamento correspondiente. De los 71 artículos del reglamento, 51 están dedicados entre otras cosas a enunciar los lineamientos y criterios ecológi-cos y la descripción detallada de las fases de caracterización, diagnóstico, pronóstico, prospectiva, propuesta e instrumentación, de los subsistemas físico-biótico, demográfico-social, económico-productivo, urbano-regional y legal-administrativo. También se detalla en forma pormenorizada los orde-namientos: Ecológico General del Territorio que considera el territorio na-cional y sus entidades federativas; el Ecológico Espacial-Regional que refiere ámbitos de especial interés de los estados o áreas entre estados; el Ecológico Marino y para zonas costeras; y los programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de ámbito local o municipal.

Esa metodología y los términos de referencia asociados han sido desarro-llados a un nivel de detalle fino; pero, como es de suponer, cubre la metodo-logía del ordenamiento ecológico general del territorio. Lo que se comprende al ser ésta la responsabilidad de la SEMARNAT y del INE.5

Por su parte, SEDESOL ha trabajado desde el año 2000 en los Planes Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT), utilizando una metodolo-gía que ha venido perfeccionando junto con el Instituto de Geografía de la UNAM (Sánchez y Palacios 2003). El esfuerzo ha prosperado al grado que en la actualidad se dispone de las Guías Metodológicas para la Elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (Primera y Segunda Generación).6

En lo general los marcos metodológicos de los ordenamientos ecológico y territorial que promueven la SEMARNAT y la SEDESOL discrepan no sólo en los objetivos y principios que están atrás del ordenamiento, las diferencias

5 La responsabilidad del gobierno Federal además del ordenamiento ecológico general del territorio son también los ordenamientos ecológicos marinos, que a la fecha en que se escribía este artículo, la metodología había sido poco desarrollada.6 El Instituto de Geografía de la UNAM participó en la elaboración de las fases III y IV de la primera generación de guías metodológicas, y la responsabilidad completa en la segunda generación de guías.


son más profundas respecto a detalles específicos de las fases de caracte-rización, diagnóstico sectorial e integrado, la construcción de escenarios y prospectiva, y por supuesto en el procedimiento para la configuración del modelo de uso del suelo. Las diferencias también son evidentes en los crite-rios y lineamientos utilizados en la asignación de los usos de suelo en el mo-delo de ordenamiento. Mientras que la capacidad de carga y resiliencia de los ecosistemas tienen un importante peso y define la planeación ecológica; será el dinamismo territorial, la aptitud de la fuerza de trabajo y las condiciones de desarrollo los factores determinantes en el ordenamiento territorial.

Más que las diferencias, nuestro argumento descansa en los aspectos que comparten; el compromiso irrestricto por entender la planeación como un proceso constituido de etapas secuenciales actualización permanente de la información y del análisis de la dinámica del territorio; las fases que organi-zan el análisis e integración de la información; el énfasis integrador de la pla-neación territorial y ambiental; el objetivo de que el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial sean los instrumentos de política territorial que configure un modelo que asigne los usos de suelo en forma sustentable; y por supuesto, una metodología con un carácter exhaustivo en el tratamiento de las variables e indicadores de los subsistemas territoriales.

En la elaboración del ordenamiento ecológico territorial del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco, era evidente la posibilidad de llegar a los mismos resultados plantados en las guías metodológicas -división del te-rritorio municipal en 96 unidades espaciales- utilizando una metodología basada en el análisis integrado del paisaje que cuenta con una tradición im-portante en los estudios geográficos.

Las fases de caracterización y diagnóstico responden a las preguntas ¿qué hay y en qué condiciones se encuentra? Para ello se recopila, analiza e inter-preta información del área de estudio, se determina el estado de los ecosis-temas, el deterioro de los recursos naturales e identifica los problemas que enfrenta en su desarrollo. Al mismo tiempo que se configura una división del territorio en unidades de gestión ambiental en las que se asignan los usos de suelo.

De las fases de caracterización y diagnóstico del ordenamiento ecológico territorial del municipio de Zapopan, resultó un documento de 1,019 pá-ginas con 14 capítulos, un Resumen Ejecutivo de 95 páginas, ocho anexos


y 162 mapas; documento en el que se describe e identifica la problemática municipal en lo concerniente a los subsistemas físico-biótico, demográfico-social, económico-productivo, urbano-regional y político-administrativo, sus interrelaciones a partir de tres escalas de análisis: regional, municipal e intramunicipal.

La elección de esas escalas respondió a las características particulares del municipio. La inserción de éste a la región centro de Jalisco, para formar par-te de la segunda metrópoli en el país y enfrentar un conjunto de problemas expresamente endógenos. Los resultados muestran el carácter dominante de la impronta urbana del municipio, la dotación privilegiada de recursos y constituirse en protagonista del proceso de urbanización en una zona me-tropolitana y la influencia que refleja el municipio en el contexto regional.

El ajuste a la metodología propuesta en las guías, la especificidad del terri-torio municipal y la aplicación del enfoque del análisis integrado de paisaje, que nos permitió configurar la división del territorio de Zapopan, antes de la elaboración de las fases de caracterización y diagnóstico; y no la resultan-te de esa fase abrió la posibilidad de tener una comprensión de las lógicas que operan en la escala municipal y regional. El análisis integrado de paisaje ofreció la posibilidad de configurar una división interna del municipio en cinco unidades funcionales del territorio, 12 complejos paisajísticos y 96 uni-dades de gestión ambiental. El ajuste metodológico resultó exitoso al ofrecer una división territorial consistente y congruente de acuerdo con los objetivos establecidos en el ordenamiento ecológico territorial, las unidades de gestión ambiental –unidades de paisaje- son piezas con una dinámica propia, que comparten procesos territoriales de unidades espaciales de mayor jerarquía –la metrópoli, la región- que los actores municipales identifican en forma clara.

El paso de una metodología exhaustiva a una selectiva

El ordenamiento territorial exige la aplicación de acciones encaminadas a la identificación y cuantificación de los recursos existentes en un área, la valoración de sus potencialidades y limitaciones, la detección de problemas y procesos territoriales, así como, develar las formas de organización y diná-mica del territorio (Troitiño, 1992; Pujadas,1998), de lo que se colige la asig-


nación de usos de suelo alcanzará los objetivos que se proponen en la medida en que las acciones y estrategias estén alineadas a la capacidad del medio.

El éxito del ejercicio radica en cómo se concibe e interpreta la metodo-logía y en último término, la reflexión que suscita a la luz de la realidad que se pretende asir. La metodología que describe las fases de caracterización y diagnóstico no es un formulario o receta multipropósito aplicable en todos los casos; a lo sumo se constituye en una ruta que facilita la aproximación al objeto de estudio,7 a su complejidad. Ello significa que necesariamente la me-todología de trabajo se adapte a la realidad territorial y no a la inversa.

El análisis territorial propuesto por Pujadas y Font (1998), se constituye en la primera etapa de los trabajos de la ordenación del territorio y el funda-mento del modelo de ordenación. Su papel es crucial porque

Genera el conocimiento detallado del sistema territorial en toda su complejidad, además permite identificar y comprender los procesos y problemas territoriales que en él acontecen. El análisis territorial por su propia naturaleza exige un conocimiento teórico interdisciplinar y por ende la diversificación de instrumentos de análisis (Font, 1998: 36)

Ello significa la participación de especialistas de diversas disciplinas cien-tíficas en su elaboración; pero a la vez plantea un doble reto: por un lado, abordar el estudio de los diferentes componentes del sistema territorial con la misma profundidad lo cual no sólo depende de la experiencia del profesio-nal, sino también de los recursos -económicos y tiempo- como de las carac-terísticas y especificidades de las fuentes de información existentes; por otro lado, demanda integrar el análisis territorial con todas las variables estudia-das que determinan el estado del territorio, ofreciendo los elementos básicos de una primera aproximación del territorio sujeto a ordenamiento.

Esta etapa cubre la mayor parte del tiempo y los recursos del ejercicio de planeación territorial. Genera un detallado análisis de los componentes del

7 Los aportes metodológicos recientes utilizan el concepto de “términos de referencia” para denotar los objetivos, estructura, especificaciones técnicas y resultados del orde-namiento; si se quiere es la carta de navegación del ordenamiento que señala el rumbo, pero no que los determina.


sistema territorial al cubrir las dimensiones de los subsistemas biótico-físico, económico-productivo, demográfico-social, urbano-regional y político-ad-ministrativa, que las guías metodológicas para la elaboración de los Progra-mas Estatales de Ordenación del Territorio como los términos de referencia de los Ordenamientos Ecológicos describen en forma exhaustiva en el análi-sis territorial de la fase de caracterización y diagnóstico.

En lo general la metodología del OT se sustenta en dos principios opera-tivos básicos. Lo que tiene que ver con el manejo sectorial del territorio por subsistemas; y, el análisis exhaustivo de los componentes que integran dichos subsistemas. Esta forma de proceder no siempre conduce a diagnósticos ade-cuados y por tanto, a formular metas y objetivos congruentes con la realidad natural, económica, social y política. Esta es una opción metodológica am-pliamente difundida, pero no es la única ni por supuesto la mejor. Generar y disponer de información abundante no implica precisión y objetividad en la caracterización y el diagnóstico del territorio, pero si puede producir por el contrario, dispersión y confusión al identificar los problemas territoriales.

Metodologías alternas para la elaboración de OT y el establecimiento de estrategias y directrices territoriales, han sido puestas en marcha en el contex-to europeo en la última década. En éstas el análisis integrado de paisaje se con-sidera como elemento central en los procedimientos y métodos de ordenación (Zoido, 2002), en particular en la identificación de unidades territoriales.

El término paisaje puede concebirse desde dos perspectivas: la que procede del lenguaje común referido a “un espacio territorial más o menos bien defini-do” (De Bolós, 1992:5), la otra, relacionada al arte pictórico, entendida como la representación en tela o papel de un fragmento de la naturaleza (De Bolos, 1992). En geografía el concepto ha sido utilizado frecuentemente con variacio-nes en su interpretación, como “el conjunto de <<formas>> que caracterizan un sector determinado de la superficie terrestre” a principios del siglo XIX; o su concepción moderna que además de la parte material y formal de la super-ficie terrestre incluye elementos de “índole valorativo, […] que se refieren a la atribución, eminentemente cultural, de cualidades y significados del conjunto (ordenado) de esos rasgos geográficos superficiales” (Ortega, 2004: 9).

Esa doble interpretación que la geografía moderna atribuye al paisaje –la natural y lo cultural-, propone dos tipos de visiones complementarias y si-multáneas: la científica que describe y explica, y la artística y estética que


siente y comprende (Ortega, 2004). Ello significa una doble intención ex-plicativa y comprensiva a la vez, donde el paisaje es “la expresión del orden natural [que se plantea] en dos ámbitos inseparables: el ámbito de las for-mas, de la materialidad visible de los hechos objetivables; y el ámbito de las cualidades y los significados, del orden interno, de la atribución subjetiva de sentido” (Ortega, 2004:28).

Esta misma visión complementaria es recogida por la Convención Euro-pea del Paisaje que los define como “cualquier parte del territorio tal como es percibido por las poblaciones cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Zoido, 2002: 24). Concep-ción concreta y objetiva con énfasis en el territorio, pero sin abandonar el componente perceptivo, ni los elementos causales.

Es el paisaje en donde se integran las partes, es decir, se conforma no sólo por la suma de elementos que lo componen, sino también por su estructura específica derivada de la interacción de dichos componentes. El paisaje pre-senta un funcionamiento y dinámica propia, que permite diferenciarlo de otros, como también la posibilidad de reconocer matices internos, que em-pujan a identificar unidades de paisaje en su interior.

Zoido (2002) considera al paisaje como un instrumento útil a la ordena-ción del territorio en tres variantes:

A “A la correcta localización, disposición y usos del territorio, así como de las estructuras o sistemas que lo conforman”,

B Ayuda en el diagnóstico territorial, “pues contiene y muestra en sus for-mas los aciertos y disfunciones en el uso del espacio geográfico” es decir, permite comprender y explicar las causas de dichas formas; y,

C Apoya la participación ciudadana, ya que auxilia en la elección de alter-nativas de ordenación territorial propuestas por los ciudadanos involu-crados (los que viven y conviven con dicho espacio), de acuerdo con la percepción y valoración que del paisaje tienen.

Estos aspectos, acorde con los objetivos y metodología propia de los or-denamientos, incentivan la utilización del paisaje como elemento base que permite identificar áreas homogéneas de tipo morfoestructural y por los me-canismos de apropiación humana reconocibles en el territorio.


Notas para el análisis integrado de paisaje

El ordenamiento territorial adquirió en México el adjetivo ambiental o eco-lógico, quizás como respuesta a la preocupación derivada de los evidentes excesos en el uso de recursos y la transformación insensata de la naturaleza, situación que acontece cotidianamente en nuestro país. También cabe la po-sibilidad de un enfoque ciertamente sectario, que con el tiempo quid pro quo, se hizo un uso indistinto y que en cualquier caso, primaba lo sectorial por sobre una perspectiva integral del espacio.

Sea cual sea el motivo de las interpretaciones del ordenamiento para adaptarlo a nuestro ámbito, lo cierto es que consideramos que este sesgo desnaturalizó el ordenamiento territorial, le ocasionaron a nuestro juicio, un pérdida conceptual y metodológica, derivado del afán “verde” o conser-vacionista. En el discurso pareciera que se aboga en esencia por un análisis integral, en la práctica domina la idea que al ser ambiental o ecológico debe inclinarse hacia visiones naturalistas conservadoras, aderezadas eso sí, con el rescate de las visiones comunitarias

Pudo influir la propuesta metodológica que surgió de la antigua SEDUE (1988). En esos primeros esbozos se trató de establecer un cuerpo conceptual y metodológico con serias deficiencias, de las cuales aun no se han podido des-prender del todo las nuevas propuestas. Nos referimos al intento de realizar una fusión entre conceptos y métodos de las llamadas escuela rusa del geosistema, el land system australiano y algunas aportaciones de francés como Tricart y Ber-trand. Se avanzó de manera notoria sin que las guías metodológicas hubieran superado la recopilación de un catálogo amplio de técnicas de cuya conjunción no necesariamente se obtiene un ordenamiento integral. Estas circunstancias reproducen ciertos vicios que la geografía misma padeció durante diferentes lapsos a lo largo de los dos siglos anteriores (Frolova y Bertrand, 2006).

En las propuestas metodológicas iniciales las intenciones eclécticas se extraviaron en confusiones conceptuales producto del intento de fusión. Mezclaron taxonomías que cada escuela proponía, sin comprender que los caminos eran distintos, mientras unos partían de concepciones formales y del reconocimiento de las diferencias territoriales expresadas en ellas, otros llegan al espacio discreto después de mediciones exhaustivas sin apenas re-


ferentes formales (Muñoz, 1998 y 2004).Ambas posiciones sin embargo han abonado en los avances que hoy día aparecen en las propuestas de la geoeco-logía o ecología de paisaje.

Las guías metodológicas son un excelente apoyo, sin embargo, presentan a nuestro entender, dos puntos flacos que a la postre pueden ser fundamen-tales. La base del reconocimiento de las llamadas unidades de gestión am-biental se centran en la geomorfología únicamente, lo cual presenta al menos dos problemas: primero, las reducen al terreno de los iniciados, lo cual causa no pocos problemas para su definición entre los diferentes actores que están abordando los estudios del ordenamiento; y segundo, aunque la geomorfo-logía implica un nivel de síntesis, éste es insuficiente desde un enfoque in-tegral, ya que desconoce, el pretendido acercamiento a las comunidades a través de sus experiencias de vida y de sus filtros culturales.

El otro aspecto débil, está relacionado con la taxonomía territorial em-pleada para denominar las unidades, la cual se resuelve con códigos, más o menos elaborados que dicen poco o nada. Si bien favorecen la visión gestora de los administradores del territorio, carecen de poder de comunicación y con ello de posibilidades de ser acogidas y mostrar signos de identidad para la generalidad de los actores del territorio.

Las propuestas metodológicas sólo se comprometen superficialmente con el concepto integrador de paisaje ya que lo reducen al ámbito geomorfo-lógico, cuando sus intenciones y sobre todo sus posibilidades permiten una aproximación integral que no ha quedado patente ni en las guías y por su-puesto ni en los resultados. Con mucha frecuencia se ha mantenido la con-fusión de que paisaje es igual al ecosistema y así lo trasladan los biólogos y ecólogos a los resultados en los trabajos de ordenamiento.8

Las bases para el entendimiento integral del espacio geográfico hunden sus raíces en los aportes de los precursores de la geografía moderna, donde el paisaje se concibe como el instrumento condensador de elementos y pro-cesos (Martínez, 1998), esa concepción han sido enriquecida paulatinamente hasta llegar a los planteamientos renovadores de Carl Troll (1971).

8 Como muestra puede consultarse el Ordenamiento Ecológico Territorial de Tomat-lán (2009), municipio de la costa jalisciense, en que se perfila en forma clara el enfoque ecológico.


Quizás la necesidad de darle actualidad a ciertos temas llevaron en Méxi-co a la denominación del ordenamiento como ambiental, desde nuestro punto de vista no es otra cosas que enfatizar algún aspecto ya de por si con-siderado como una de las dimensiones que atiende el ordenamiento territo-rial de amplia tradición en la Europa de postguerra. Esta necesidad no sólo es local, también existen “nuevas propuesta” que en realidad abrevan en la tradición geográfica y que reinicia con los geógrafos modernos del siglo XIX (Bailey, 2009).

Estas propuestas establecen los procedimientos y la base conceptual para reconocer las diferencias espaciales y sus niveles jerárquicos, no sólo con fi-nes cartográficos, si no con la intención eminentemente práctica de realizar una gestión eficiente de los recursos y de la preservación de los valores terri-toriales. En el entendido de que las diferencias son producto de la distribu-ción desigual de los elementos y los procesos asociados que otorgan recursos potenciales y capacidades diferenciadas al territorio.

Desde luego que los implementos conceptuales y metodológicos han sido transformados de manera constante desde hace 200 años (Bolos, 1992; Rou-gerie y Beroutchachvili, 1991; Frolova y Bertrad, 2006), se han renovado, se les adosan nuevos conceptos. Así el reconocimiento de la necesidad de con-siderar de manera integrada el espacio geográfico, se ha apoyado con la teo-ría general de sistemas de Bertalanfy y con el holismo de Smuts; y antes que ellos, con los conceptos de la ecología, con la finalidad de proveer al concepto de mayor y mejores artilugios de aproximación y análisis.

Fundamentos del análisis de paisaje aplicados en el ordenamiento ecológico territorial de Zapopan

El Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Zapopan (PEOTZA-POPAN) se presentó a las autoridades municipales en 2006. Los resultados del ejercicio son consistentes con el marco metodológico establecido en los términos de referencia del Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial contemplados en la legislación correspondiente, con el apoyo de la segunda generación de Guías Metodológicas para la Elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento, cuyo criterio básico consiste en rea-lizar un análisis completo y exhaustivo de los subsistemas: i) físico-biótico,


ii) demográfico-social, iii) económico-productivo, iv) urbano-regional, v) político-administrativo; en las diferentes escalas regional, municipal e intra-municipal. Tarea que resultó ardua, vasta y no libre de escollos, debido entre otras cosas a la escasa disponibilidad de información en algunas variables en la escala intramunicipal, la ausencia de inventarios detallados, así como la existencia de información no georeferenciada.

La metodología si bien produce resultados convincentes para las etapas de caracterización y diagnóstico, en realidad ésta se dirige hacia la identifica-ción de áreas espaciales que sean homogéneas, en alguno de sus elementos o conjunto de elementos predominantes en el área. Esta metodología pertene-ce a la tipología “analítica” (Muñoz, 2002:108), ya que consiste en superponer capas de información de diferente naturaleza. La técnica revela entonces, los sensibles vínculos entre elementos comunes que permiten su agregación hacia dentro del área y por ende la heterogeneidad manifiesta con respecto a las áreas que le rodean.

Sobre esta forma de delimitar áreas homogéneas, también denominadas “unidades ambientales integradas” Muñoz ha señalado tanto sus ventajas como las dificultades que traen consigo, dado nuestro interés, destacamos entre sus desventajas el carácter exhaustivo que compromete recursos eco-nómicos y tiempo en la organización, sistematización y codificación de la información requerida (Muñoz, 2002:109).

En forma paralela a la aplicación de la metodología con el carácter ex-haustivo de la propuesta que hacen las guías metodológicas elaboradas por SEMARNAT-INE, se trabajó en la identificación de unidades o áreas que denominamos complejos paisajísticos y unidades de paisaje, con un interés eminentemente lúdico y experimental. La metodología híbrida y de natura-leza cartográfica se encuentra entre los “mapas de áreas isofenas” y los “ma-pas de geofacies” descritos por Muñoz (2002:108). La técnica se basa en el análisis cartográfico de datos vectoriales e información proveniente de cen-sos generales de población y vivienda, así como el análisis y tratamiento es-tadístico de la imagen Quick Bird 2003.

De esas fuentes se procedió a la delimitación tanto de unidades como complejos paisajísticos a partir de la apreciación visual del paisaje mediante el reconocimiento y levantamiento de campo, enfatizando en el análisis del uso de suelo predominante de las unidades. De esta forma se reconocieron


aquellos elementos físicos, bióticos y antrópicos del territorio, indispensables para la determinación de unidades territoriales integradas.

Su configuración consistió en primer lugar en identificar los componen-tes estructurales del territorio, definido por la morfoestructura y el clima; luego se consideró el componente mesoestructural abiótico, determinando la geomorfología y la hidrología; finalmente se incluyó el análisis de la mi-croestructura al abordar aquellos elementos bióticos y antrópicos que pre-sentan la organización de actividades humanas, la cobertura vegetal y el uso de suelo.

Del análisis de las características de los 12 complejos paisajísticos y las 96 unidades de paisaje resultante, se procedió a su agrupación a partir de las tendencias y procesos reconocidos sobre el terreno. La competencia y con-flicto entre usos de suelo en el municipio en el nivel del espacio urbano, ru-ral y natural, derivó en la concreción de esas divisiones en cinco unidades funcionales que fueron determinadas a partir del uso dominante en cada área. Resultando así unidades funcionales con lógicas específicas para cada unidad y por ende en una formulación de política municipal diferencial. El cuadro 1 enumera los complejos paisajísticos por unidad funcional.

En la columna en que se presenta la clasificación funcional, la denomina-ción de cada una de esas áreas muestra procesos y problemas dominantes en el municipio. Áreas que poseen todavía una naturaleza prístina, espacios ru-rales con una presión urbana diferencial y la mancha urbana. El valor nomi-nal de la clasificación funcional también ofrece con la simple denominación las estrategias de política para el manejo de esas áreas. Por su parte, en la columna relativa a los complejos paisajísticos, presenta los elementos estruc-turales del territorio, reconocidas como áreas objetivas que son reconocidas y apropiadas por los habitantes. Esos complejos paisajísticos a su vez se frag-mentan en 96 unidades de gestión ambiental que reflejan la microestructura del territorio y los sistemas de apropiación humana.

Esta particular forma de agrupar las unidades y complejos paisajísticos contribuyó a la comprensión de los procesos que operan en el municipio. El intenso e incesante crecimiento urbano del municipio de Zapopan le ha permitido constituirse en uno de los once municipios con más de un millón de habitantes en la República Mexicana y el tercero que tienen la tasa de crecimiento medio anual más elevada de ese conjunto de municipios, lo que


provoca que cada año se agregue a la conurbación metropolitana de Guada-lajara poco menos de 40 mil habitantes, sólo en el municipio de Zapopan. No obstante lo anterior; el proceso urbanizador está concentrado en 164 km2 que representa sólo el 15% de la superficie municipal.

A pesar de la intensidad del proceso urbano municipal, el territorio za-popano dispone aún hoy de un acervo importante de espacios naturales que dotan de valor escénico, contribuyen a la calidad ambiental y generan ser-vicios ambientales para la recreación, el ocio para los habitantes de la aglo-meración urbana tapatía; existe también un capital sin parangón en lo que se refiere a las actividades agropecuarias, todavía arraigada a la tradición ru-ral que configuran un modo de vida y una cultura rural generadora de una economía y organización local. Preservar uno y otro, además de contener el incesante proceso urbanizador elevará sin duda la calidad de vida en general del municipio.

Cuadro 1. Unidades funcionales y complejos paisajísticos identificados en el municipio de Zapopan, Jalisco, México

Fuente: Universidad de Guadalajara y H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 2006.

Unidades funcionales Complejo paisajístico1. Natural con vocación de protección y conservación

01. Bosque La Primavera02. Río Santiago

2. Natural fragmentado por la impron-ta rural

03. Bailadores04. Sierra Tesistán05. Serranía Jacal de Piedra y Mesas de Ixcatán

3. Rural consolidado 06. Santa Cruz del Astillero07. Mesas Marginales08. Serranía El Rincón y El Chicha-rrón

4. Rural fragmentado por la impronta urbana

09. San Esteban y San Isidro10. Llanura de Tesistán11. Bajío de La Primavera

5. Urbano consolidado 12. Expansión Urbana


Conclusiones

De la experiencia del POETZAPOPAN pueden identificarse algunas leccio-nes. Unas de orden metodológico, otras respecto a la comprensión de los procesos actuantes en el territorio.

Es necesario recalcar que no obstante los diferentes planteamientos meto-dológicos existentes, al tratarse del pretendido estudio integral del territorio como base para su ordenamiento, no debe considerarse en ningún caso como recetas infalibles y rígidas, ya que el llamado carácter territorial que proviene de las peculiaridades de los espacios diferenciados, obliga a adaptaciones que adecuen los planteamientos de método del territorio que se trate.

En este caso, dentro de las variantes de aproximación integral al terri-torio, utilizamos el paisaje como instrumento de acercamiento al complejo ensamblaje de elementos y factores. Partimos de la identificación de com-plejos y unidades, en el entendido de que los procesos se proyectan a través de la expresión material que captan nuestros sentidos; esto constituyó una hipótesis de trabajo que puede o no modificarse a la luz de la acumulación de conocimiento. Lo anterior tiene la ventaja de que partimos de diferenciar espacios que se suponen engarzados por contenidos y procesos dentro del holos general.

Así las posibles modificaciones de los límites son en todo caso matices que no implicaran cambios radicales de las configuraciones territoriales. De tal manera que de principio a fin el ejercicio de comprender el interior de las unidades y sus relaciones de y hacia el exterior, permite ir contextualizando los problemas, entendiendo su evolución, sus limitaciones y diseñar con base en ello las mejores soluciones y acciones con base a la aptitud territorial.

En lo que respecta al conocimiento del territorio municipal es claro que las presiones ejercidas sobre esta porción de la zona metropolitana de Gua-dalajara son, pese a las posiciones más optimistas, desmedidas respecto a las posibilidades reales de continuar absorbiendo la mayor parte del crecimiento metropolitano. Además, el capital natural que para el caso de Zapopan es el de mayor calidad y valor de la región, no tiene futuro de no efectuarse las acciones de contención establecidas en el ordenamiento. Cabe apuntar que otros territorios municipales (Tlajomulco de Zúñiga) de la metrópoli están atrayendo la especulación inmobiliaria y que el tratamiento municipal es con


mucho insuficiente para dar respuesta a los enormes retos de la dinámica urbana de Guadalajara. De cualquier modo, la metodología resultante del ejercicio lúdico basada en el análisis del paisaje, demostró su efectividad tan-to en la lógica constructiva del armazón de las áreas homogéneas, como en la caracterización y diagnóstico de la problemática municipal.


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La geoecología y el ordenamiento ecológico territorial 203

Introducción

La formulación de la plataforma teórico-conceptual y del tránsito por di-ferentes propuestas metodológicas disciplinarias e interdisciplinarias, desa-rrolladas a lo largo del proceso de caracterización (Etapa I), de diagnóstico integrado (Etapa II) y de talleres participativos municipales y sectoriales (Etapa III), así como sus resultados, constituyeron la base científica y permi-tieron lograr el cumplimiento del objetivo de la investigación: el desarrollo de la etapa IV y final de la formulación del modelo de ocupación del territorio o del modelo de ordenamiento ecológico territorial (MOET), como escenario deseable viable para la reorganización socio-productiva sobre bases susten-tables del territorio de los cinco municipios (Reforma, Pichucalco, Juárez, Ostuacán y Sunuapa) de la zona petrolera de la Región V Norte del Estado de Chiapas.

En la primera etapa del proyecto se obtuvieron las caracterizaciones cualitativas y cuantitativas de cada uno de los tres subsistemas territoria-les (natural o biofísico, social y económico), que facilitaron, desde posicio-

La geoecología y el ordenamiento ecológico territorial de la zona petrolera Región V Norte de Chiapas

Manuel Bollo Manent,* José Ramón Hernández Santana,** Ana Patricia Méndez Linares** y José Manuel Figueroa Mah Eng**

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* Dirección de Posgrado, UNAM.** Instituto de Geografía, UNAM.


nes analíticas de investigación, el avance por el diagnóstico integrado, de carácter interactivo entre los diferentes componentes de los tres subsistemas territoriales, y a su vez, de una esencia sintética, donde en el caso del subsis-tema natural fueron reveladas y clasificadas las unidades de paisajes físico-geográficos, como soporte de las unidades de gestión, indispensables en la preparación, tanto del modelo de uso actual como en el modelo de ocupación del territorio.

Estas unidades de paisajes físico-geográficos, no siempre de continuidad territorial, sino en algunos casos de extensión fragmentaria, fueron asimila-das como espacios de análisis geográfico integrado y compatibilizadas con los estudios sociales, de expresión estadístico-regional, y con las investiga-ciones económico-productivas, de valoración municipal, bajo el criterio de la superposición cartográfica preponderante de cada uno de los atributos e indicadores adoptados para la integración de la información y evaluación te-rritorial básica para comprender y proponer, de la forma más simple y preci-sa posible, el complejo modelo de ocupación actual del territorio de los cinco municipios del norte chiapaneco.

Área de estudio

El entorno regional del territorio de estudio, se corresponde con la provin-cia geomorfológica denominada Tierras Elevadas de Chiapas-Guatemala (High Land), según la clasificación de Raisz (1964), aunque su extensión específica ocupa el extremo noroccidental de dicha provincia y del estado de Chiapas, México; limitada al Oeste y al Este, por las cuencas de los ríos Grijalva y Pichucalco respectivamente; al Norte, por la planicie lacustre de las lagunas La Ceiba, Limón y Santuario; y al Sur, por las estribaciones montañosas del volcán El Chichón y la presa Peñitas. La extensión total del territorio estudiado para el ordenamiento ecológico territorial es de 2, 456.88 km2, estando limitado entre los 17º 17’ 00’’ y 17º 59’ 00’’ de Latitud Norte, y los 93º 00’ 00’’ y los 93º 33’ 00’’ de Longitud Oeste. Dentro del te-rritorio están involucrados los municipios Pichucalco, Ostuacán, Reforma, Juárez y Sunuapa (Figura 1).


Paisajes físico-geográficos: conceptos y alcances en el ordenamiento ecológico territorial

El paisaje geográfico, geosistema, landshaft, landscape, unidades del terreno, etc., puede ser concebido como:

Una categoría científica general de carácter transdisciplinario. De-finida como un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y evoluciona en la interfase naturaleza-sociedad, en un

Figura 1. Área de estudio en el noroeste del estado de Chiapas. Municipios involucrados: 1. Reforma, 2. Juárez, 3. Pichucalco, 4. Sunuapa y 5. Ostuacán


constante estado de intercambio de energía, materia e información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución reflejan la interacción entre los componentes naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socio-culturales (Mateo, 1994).

Los paisajes pueden ser considerados entonces, como una fuente de re-cursos, soporte de actividades (espacio), hábitat, fondo genético y laboratorio natural, fuente de percepciones y emociones, y receptor de residuos. En to-dos los casos, se produce una apropiación y ocupación que está íntimamente relacionada con el desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de pro-ducción, la cultura, la historia y las tradiciones. De esta consideración se pue-de, entonces destacar, el carácter histórico del concepto (Mateo, 1994).

Las ventajas de la concepción integradora del paisaje para las tareas de la planificación ambiental y el ordenamiento territorial pueden resumirse, según Salinas (1999) en que: Refleja la interrelación de los fenómenos que ocurren en un territorio de forma objetiva, lo que se manifiesta en una se-rie de regularidades de diferenciación espacial. Puede considerarse al paisaje como una unidad de “común denominador”, mediante la cual se puede cal-cular, analizar, comparar y evaluar el potencial de recursos naturales de un territorio, asociado espacialmente y subordinado a las regularidades de su formación y diferenciación. Posibilita la obtención de resultados concretos al analizar a la sociedad y a la naturaleza, como sistemas constituidos por la asociación de condiciones, potenciales y recursos. Permite la jerarquización y taxonomía de las unidades delimitadas, que se manifiestan como unidades de diverso tamaño, complejidad y nivel de organización, que pueden ser es-pacialmente diferenciadas y cartografiadas.

Como sistemas naturales y antropo-naturales, los paisajes están subor-dinados a una serie de leyes y regularidades generales, tanto naturales como sociales y económicas, que tienen un carácter objetivo y que pueden usarse como principios en el proceso propio de la planificación y del ordenamiento de los territorios.

La diferenciación, clasificación y cartografía de las unidades del paisaje constituyen la base para el diagnóstico y la ordenación del territorio. El pro-ceso de esclarecimiento de las unidades debe responder, entonces, a las regu-laridades de formación, desarrollo y diferenciación de los mismos. Durante


el levantamiento cartográfico de los paisajes físico-geográficos del área de estudio, a escala 1: 100 000, se delimitaron cinco Localidades, 11 Comarcas y 43 Subcomarcas (Figura 2, página siguiente).

La información y la cartografía en el ordenamiento ecológico territorial

Uno de los principales problemas actuales del proceso de ordenamiento eco-lógico territorial, tanto en México como en la mayoría de los países, es la incompatibilidad espacial de la información geográfica, del cual el territorio estudiado no es excepción, coexisten:

A El subsistema natural con su expresión sintética, a través de los paisajes físico-geográficos (existiendo además, otros criterios como geosistemas, ecosistemas, y otros conceptos de unidades de síntesis natural, no abor-dados en este proyecto);

B El subsistema social, basado fundamentalmente en registros censales por municipios u otras unidades de esencia político-administrativa y por en-trevistas locales, que en el caso abordado, se apoyó de un procedimien-to estadístico-cartográfico, que posibilitó la generalización y síntesis de toda la información social y demográfica en siete u ocho regiones, según el tipo de integración; y

C El subsistema económico-productivo, cuyo análisis y síntesis es de esencia municipal y sectorial. Lamentablemente los registros catastrales, inexis-tentes en muchos casos e incompletos en su mayoría, no ofrecen este tipo de información productiva, de manera puntual, por lo que la expresión municipal diluye el contenido real de lo local.

En estas condiciones de expresión espacial tan diversas, con tres sistemas de representación cartográfica de la información, sólo fue posible el análisis sintético para la elaboración del modelo de uso actual del territorio, recu-rriendo a una selección de indicadores y atributos básicos de los tres subsis-temas, cuyo agrupamiento fue posible mediante el método de sobreposición cartográfica predominante, tomando como eje de expresión al paisaje físico-geográfico. Cabe recordar, que los paisajes físico-geográficos son la expre-


1.1. Valle fluvio-acumulativo del Río Grijalva (0 - 20 m), con planos de inundación poco estables, con amplias llanuras o planos de inundación de nivel mas bajo que el río, con pendientes de 0º a 6º, sobre depósitos aluviales recientes, texturalmente diferen-ciados, presencia de bordos o diques, con suelos Fluvisoles y Gleysoles, con potreros,

Figura 2. Paisajes físico-geográficos del territorio, como unidades de gestión


plantaciones (platanares) y restos de Selva alta perennifolia y humedales (tulares y popales); 2.1. Valle fluvio-acumulativo (0 - 20 metros), del Río Pichucalco, con plano de inundación amplio, con pendiente suave (0° - 6°), con sedimentos aluviales de ori-gen fluvio-palustre, inundada en partes permanentemente, y en otras estacionalmente, con suelos Fluvisoles, Gleysoles, y Vertisoles, y vegetación de potreros, selva media-na perennifolia inundable (de Canacoite), humedales y plantaciones de plátano; 3.1. Llanura baja (menos de 20 m), en forma de planicie lacustre, en depresión de contac-to, en parte permanentemente inundada, pantanosa, con pendientes de 0° a 2°, sobre sedimentos fluviales y palustres, con abundantes lagunas (eutroficadas) y meandros abandonados, corrientes intermitentes de conexión entre lagunas, suelos Gleysoles y abundante vegetación acuática e hidrófila (humedales); 4.1. Llanura ondulada baja a media (20 - 40 m), estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo-ero-sivas, con pendientes suaves (0º - 6º), denudativas-erosivas, con baja disección vertical (0 - 20 m), disección horizontal media (de 2 a 3 km/km2), en cortezas de intemperismo sobre areniscas, suelos Acrisoles, poco erosionados, pastizales y arboledas, cultivos de subsistencia y plantaciones (maíz, plátano) en pequeñas parcelas y focos aislados de selva alta perennifolia con vegetación secundaria; 4.2 Llanura ondulada, media (40 - 60 m), estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo-erosivas y denuda-tivas, con disección vertical media (20 - 50 m) y disección horizontal media (de 3 a 4 km/km2), denudativo-erosiva, de ligera a medianamente inclinada (6° - 12°), con cor-tezas de intemperismo sobre areniscas, con suelos Acrisoles y Cambisoles, desde poco hasta fuertemente erosionados, con potreros, plantaciones de plátano aisladas, peque-ñas parcelas ocasionales de cultivos de subsistencia (maíz) y restos aislados de selva alta perennifolia con vegetación secundaria; 4.3. Llanura ondulada a colinosa, media (40 - 60 m),estructuro-denudativa, con superficies esculturales denudativo - erosivas y denudativas, con disección vertical media (20 - 50 m) y disección horizontal media (de 3 a 4 km/km2), denudativo-erosiva, de ligera a medianamente inclinada (6° - 18°), con cortezas de intemperismo sobre areniscas, con suelos Acrisoles y Cambisoles, fuerte-mente erosionados, con potreros, plantaciones de plátano aisladas, pequeñas parcelas ocasionales de cultivos de subsistencia (maíz) y restos aislados de selva alta perennifo-lia con vegetación secundaria; 4.4. Llanura muy colinosa, media a muy alta (60 - 200 m), estructuro - denudativa, con superficies esculturales erosivo - denudativas, con di-sección vertical alta (50 - 100 m), disección horizontal media (3 a 4 km/km2), con pen-dientes hasta medianamente inclinadas (12° - 30°), en cortezas de intemperismo sobre areniscas, con suelos Acrisoles, erosionados, potreros, vegetación de selva alta peren-nifolia y vegetación secundaria y plantaciones de plátano; 5.1. Alturas bajas colinosas, en forma de lomeríos (200 - 300 m), con superficies esculturales erosivo denudativas, con disección vertical media, entre 100 y 200 m, y disección horizontal media de 2.0 a 3.0 km/km2, con pendientes fuertes (18° a 30°), sobre rocas areniscas y pelitas, con suelos Acrisoles, y Cambisoles y en menor grado Nitosoles, de mediana a fuertemente erosionados, con potreros, selva alta perennifolia con vegetación secundaria y peque-ñas y ocasionales parcelas de cultivos o parcelas sin vegetación aparente; 5.2 Alturas premontañosas (300 - 800 m.), con superficies esculturales erosivo-denudativas, kárs-tico-erosivas, con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con pendientes muy fuertes (desde 18º a mayores de 45º ), en general


sión de la distribución, en condiciones diferenciadas de materia y energía, de los recursos naturales, de sus condiciones de yacencia (sic), de abundancia y de deterioro; y que la trama de asentamientos, de su población y de sus acti-vidades económico-productivas ha estado sujeta, en casi todos los casos, a la cercanía, disponibilidad, tenencia y viabilidad de aprovechamiento de dichos recursos. Desde tiempos históricos, la localización geográfica de los asenta-mientos ha estado sujeta a la base económica territorial, claro casi nunca con una visión de sustentabilidad, sino de explotación ilimitada e inapropiada de dichas riquezas, situación que conduce, en la actualidad, a investigaciones y aplicaciones similares a la presente, en aras de retornar a un estado de equili-brio en el progreso humano, basado en la conjugación de las eficiencias, eco-lógica (poco considerada, en general, hasta el presente) y la socioeconómica.

En este sentido, la administración y el manejo de los recursos naturales del territorio, tanto municipal como estatal, han de estar regidos por la rea-lidad de la disponibilidad natural de recursos, y sobre todo por la verdadera vocación u oferta de los paisajes, como expresión sintética de la naturaleza (condiciones geomorfológicas, climáticas, hídricas, edafológicas y otros), con vistas a encaminar el progreso humano sobre bases sustentables. De hecho, esta cualidad de síntesis natural de los paisajes físico-geográficos permitió que en los análisis de los modelos de uso actual y la propuesta de

en forma de monoclinales, con cimas en forma de crestas o cupulares, en ocasiones en estructuras anulares, en rocas calizas arrecifales, margas, riolitas, y areniscas y lu-titas, con suelos Cambisoles, Regosoles y Acrisoles, y en menor medida, Leptosoles y Luvisoles, muy fuertemente erosionados, con selva alta perennifolia con y sin vege-tación secundaria, potreros y plantaciones aisladas de cacaotales; 5.3. Montañas ba-jas (800 - 900 m), (El Cucayo-Zopilote), con superficies esculturales erosivo-kársticas y erosivo-denudativas, fuertemente inclinadas, (30º a más de 45º), sobre areniscas y afloramientos de calizas arrecifales aisladas, con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con suelos Cambisoles, Regosoles y Lep-tosoles, muy fuertemente erosionados, y vegetación de selva alta perennifolia en dife-rente grado de conservación y potreros aislados; y 5.4. Montañas bajas, con superficies esculturales de tipo volcánica (800 - 1 260 m) (Volcán el Chichonal o Chichón), con disección vertical entre 300 y 500 m y disección horizontal fuerte de 4 a 5 km/km2, con pendientes escarpadas (más de 45°), sobre rocas volcánicas andesíticas, derrames lávicos y materiales piroclásticos, con suelos Andosoles, Regosoles, Cambisoles y Lep-tosoles, áreas sin vegetación, potreros y vegetación de selva alta perennifolia.


ocupación futura, los atributos e indicadores naturales estuviesen, en gran medida, resumidos en la diferenciación espacial de dichas unidades de in-tegración natural.

Esta cuarta etapa del MOET consideró la problemática ambiental de los municipios por paisajes físico-geográficos, como óptica de emprender pro-puestas preventivas o correctivas durante la formulación de los diferentes escenarios de reorganización del espacio, pero sobre todo en la formulación y diseño del escenario deseado viable, como modelo de ocupación del terri-torio. Por supuesto, esta problemática ambiental debe hallar eco en la expre-sión del modelo de uso actual, donde se presentan los conflictos principales de la interacción multidireccional naturaleza-sociedad. Por ello, fue funda-mental la realización de los talleres participativos municipales y sectoriales con las comunidades de los cinco municipios involucrados, criterios reto-mados para la ejecución de esta última etapa del proceso. Vale recordar, que esta percepción de las comunidades, no sólo es rica en la objetividad de la detección de los problemas y situaciones de conflicto, sino que constituye uno de los requisitos y divisas cardinales de un estudio de ordenamiento ecológico territorial, donde la satisfacción de las expectativas de la población del territorio estudiado, se convierte en uno de los objetivos clave del éxito de la propuesta del modelo.

Compatibilidad entre los usos actual y potencial del suelo

Un aspecto esencial, valorado con precisión en el estudio, es el grado de com-patibilidad del uso de suelo actual con la aptitud o potencial natural de uso del territorio. Para ello, se consideraron las propuestas de aptitudes naturales (agrícola, ganadera, cacaotera, forestal y de conservación) presentadas en los resultados de la segunda etapa de diagnóstico integrado y se compararon con los porcentajes espaciales del uso actual del suelo, con vistas a determinar los diferentes niveles de compatibilidad o no, entre la vocación natural y la explotación real por las comunidades. A partir del análisis realizado, se pro-ponen los usos primario y secundario en cada unidad de paisaje.

Para establecer la compatibilidad entre el uso de suelos actual de los pai-sajes y su potencial natural para diversas actividades, se confeccionó la ma-


triz correlativa (Cuadro 1). Para establecer la compatibilidad entre el uso del paisaje y sus potenciales naturales, se establecieron tres categorías: compati-ble, parcialmente compatible e incompatible.

El uso en potreros con ganadería extensiva es pecuario.El uso forestal es equivalente a uso en la protección, pues cumplen ambas

funciones, si el manejo de la explotación forestal es adecuado. Se nombra en ocasiones Forestal de Protección, es decir, combina la extracción de madera con la protección de los suelos y las aguas. El uso de selva alta perennifolia con vegetación secundaria, en algunos paisajes no se puede separar del uso en cultivo del cacao, por utilizar este cultivo la sombra de la selva alta peren-nifolia. Se trata en estos paisajes de una vegetación de selva alta perennifolia con vegetación secundaria y plantación ocasional de cacao.

Al mismo tiempo, independientemente de la categoría de compatibilidad del paisaje, se pudo determinar que algunos paisajes están sobreexplotados, y para indicar este proceso se definieron las categorías de: sobreuso alto, so-breuso medio o sobreuso bajo.

Del cuadro 1 se puede establecer que no se manifiestan paisajes con usos incompatibles, el 52% de la superficie de los paisajes del territorio es compa-tible, mientras que el 48% está en la categoría de parcialmente compatibles. Sin embargo, el 74.66% de la superficie de los paisajes presenta sobreuso, de ella, el 43.35% tiene un sobre uso alto, el 26.88% un sobreuso medio y el 4.43% un sobre uso bajo.

Propuesta de modelo de ocupación territorial (MOET)

Objetivos del modelo

El Ordenamiento ecológico de la zona petrolera de la de la Región V Norte de Chiapas tiene como objetivos generales:

Regular las actividades productivas en relación a la aptitud del suelo en el •territorio a partir de intereses de los sectores productivos, evaluando los problemas ambientales que sus actividades producen. Identificar y prevenir los problemas ambientales resultado de una política •de desarrollo histórico en el territorio.


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Resolver, prevenir y minimizar, a través de análisis interdisciplinarios, los •conflictos ambientales determinados por las actividades de los diferentes sectores socioeconómicos.Establecer las estrategias, lineamientos, políticas ambientales y acciones •generales para la resolución de dichos conflictos ambientales, en las uni-dades espaciales de gestión.

Modelo de Ocupación o Zonificación Funcional

Para la propuesta de Modelo de Desarrollo Territorial o Modelo de Ocupa-ción del Territorio que se propone para la zona de estudio, se tomó en cuen-ta la metodología propuesta por el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México (Instituto de Geografía, UNAM, 2002), así como las experiencias metodológicas el Grupo de Geoecología y Paisajes de la Facul-tad de Geografía de la Universidad de la Habana, los cuales han trabajado en diversos Proyectos de Ordenamiento Ecológico y de Ordenamiento Territo-rial en México y otros países latinoamericanos.

Según Gómez Orea (1994) el Modelo de Desarrollo Territorial, es la pro-yección espacial de una estrategia de desarrollo económico y social que con-tribuye al diseño del sistema territorial futuro y la forma en que se puede llegar a conseguirlo. Anteriormente, este mismo autor planteó, que el Modelo de Ocupación del Territorio, constituye la forma de concretar espacialmente los objetivos ambientales propuestos para el territorio, siendo el marco en el que se inscriben las acciones necesarias para la consecución del conjunto de estos objetivos y representa la proyección espacial de las actividades, usos e infraestructuras básicas.

Según Massiris (1997a y b), es un proceso técnico-político, mediante el cual se determinan líneas maestras del orden territorial enmarcado en las finalidades del modelo de desarrollo y en el escenario alternativo adoptado como escenario deseado.

Teniendo en cuenta estos postulados, se planteó realizar la propuesta del Modelo de Ocupación del territorio de estudio. De tal manera, la estructura básica del modelo se construyó a partir de las unidades territoriales naturales que explicamos anteriormente y las cuales nombramos unidades de paisajes físico-geográficos, de carácter sintético, teniendo en cuenta, en ellos, las activi-


dades humanas que soportan y dan cauce al desarrollo, la localización espacial de las mismas y las regularidades de su comportamiento, así como la situación ambiental que determinan en el fondo geográfico natural. Así, el modelo se convierte en una propuesta de gestión, a partir de la historia de desarrollo del territorio, al asignar a cada área, por medio de estrategias generales y políticas específicas, una función específica y un régimen de explotación y transforma-ción, junto a las medidas de conservación de las potencialidades naturales del territorio. El objetivo particular es entonces, disminuir desigualdades socio-espaciales y lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, asig-nando usos al territorio que permitan lograr este objetivo preservándolo, al mismo tiempo, para las futuras generaciones.

El modelo por tanto deberá incluir la denominada: zonificación funcional o propuesta de usos para el territorio, acorde con sus potencialidades y limi-tantes, así como el esclarecimiento de la intensidad de dicha utilización y el sistema de políticas y criterios ambientales de aprovechamiento, protección, conservación y restauración, que garanticen la explotación racional y la con-servación a mediano y largo plazo de los recursos naturales y humanos en cada territorio, a partir de determinadas estrategias.

Problemas ambientales

Para la identificación de los problemas ambientales en las unidades de pai-sajes físico-geográficos del territorio, se denotaron, ante todo, la actividades sociales o económicas que pueden generar dichos problemas; entre las acti-vidades económicas aparecen la agricultura intensiva o de plantaciones, la agricultura extensiva de comercialización o de subsistencia, la actividad de extracción y perforación de petróleo y de gas natural, la actividad pecuaria, en particular la ganadera, la actividad forestal de extracción y la actividad agrícola de producción de cacao en plantaciones; y entre las actividades de carácter social, se consideró el proceso de urbanización en cada unidad de paisaje físico-geográfico.

Para cada actividad económica en el paisaje físico-geográfico, se deter-minaron las acciones que generan problemas ambientales sobre el mismo, anteriormente se identificaron la limitantes naturales y, en algunos casos, socioeconómicas que presentan las unidades de paisaje físico-geográfico


para la actividad económica en cuestión. Una vez identificados los proble-mas ambientales en cada unidad de paisaje, se determinó la intensidad del problema en categorías de Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta.

Si superponemos a la evaluación de la compatibilidad, las superficies que presentan problemas ambientales y degradación de los paisajes por la ac-tividad de extracción y procesamiento de hidrocarburos, encontramos que del 52% de la superficie de los paisajes con uso compatible, el 26.36 % está afectado por problemas ambientales. En particular, ello se manifiesta con mayor intensidad en los paisajes de las lagunas del norte y las llanuras plana y ondulada, que además de una intensa actividad petrolera, tienen sobreusos medios. En el cuadro 2 se muestran las principales actividades económicas, los problemas ambientales del medio natural más frecuentes y los problemas socio-ambientales más frecuentes:

Actividades económicas: - Agricultura intensiva o de plantaciones.- Agricultura extensiva, de comercialización o de subsistencia.- Extracción y perforación de petróleo y gas natural.- Pecuaria, en particular ganadera extensiva.- Forestal. - Producción de cacao en plantaciones. - Urbanización. Problemas ambientales del medio natural más frecuentes:- Pérdida de fertilidad natural.- Compactación del suelo por exceso de ganado o mecanización.- Deforestación por extensión de la frontera pecuaria o agrícola.- Quimización de las aguas subterráneas y superficiales por actividad agrícola intensiva.- Contaminación química y biológica de las aguas superficiales y subterráneas por residuales domésticos líquidos (aguas negras) o por falta de regulación en el manejo de residuos sólidos.

Cuadro 2. Principales actividades económicas, problemas ambientales del medio natural y problemas socio-ambientales más frecuentes


- Eutrofización de los sistemas lagunares.- Contaminación química y biológica de la atmósfera por falta de regulación y manejo de residuos sólidos o por aplicación de pesticidas por vía aérea.- Desaparición de la Biodiversidad faunística y florística, por sobreexplotación forestal de la selva y ausencia de reforestación.- Aumento de la superficie de humedales por tala indiscriminada de las selvas inundables.Problemas socio-ambientales más frecuentes:- Tasa baja a media de alfabetismo.- Grado medio de escolaridad de cuarto a sexto grado. - Tasa de mortalidad infantil media a alta.- Tasa media a alta de morbilidad general.- Tasa media de derechohabiencia de servicios médicos.- Déficit de servicios en la vivienda medio.- Nivel medio de hacinamiento.- Acceso medio a carreteras pavimentadas. En localidades pobladas, hasta muy bajo.- Niveles de marginación por localidades, de medio a alto.- Agricultura extensiva con productividad de baja a media, con predominio de maíz y plátano.- Desarrollo agrícola actual en condiciones de poca competitividad.- El sector terciario no se encuentra muy diversificado.- Bajo nivel de ingresos en el territorio.- Baja productividad de leche y carne, reflejo de la escasa tecnificación e inver-sión en la mayoría de las explotaciones ganaderas. - Bajos precios de productos ganaderos en el mercado.- Insuficiencia financiera en el apoyo a proyectos agropecuarios y sociales.- Reducción o desaparición del volumen de pesca en cuerpos lagunares producto de la contaminación de hidrocarburos.- Pérdida del sentido de pertenencia a la tierra, migraciones con repercusión en la economía local.

Cuadro 2. Continúa


Situación ambiental

Para definir la situación ambiental de cada paisaje se asumieron las siguien-tes categorías: Estable, Medianamente estable, Inestable, Crítico y Muy crí-tico o catastrófico.

Por situación ambiental (estado geoecológico), se considera la situación del sistema ambiental dado, determinado por el tipo y grado del impacto antropogénico, y la capacidad de reacción y absorción de los geosistemas. Se distinguen las siguientes clases de estado geoecológico o situación ambiental de los geosistemas (Mateo, 1994).

La situación ambiental actual, resultado de los conflictos provocados por la actividad socioeconómica del hombre, es la siguiente:

El 5% de la superficie de los paisajes del territorio se encuentra en estado •crítico con tenencia a pasar al estado muy crítico.El 83% de la superficie de los paisajes del territorio se encuentra en estado •inestable, de ese valor el 32% tiende al estado crítico.El 6,8% de la superficie de los paisajes del territorio se encuentra en esta-•do medianamente estable con tendencia a inestable.El 5% de la superficie de los paisajes del territorio se encuentra en estado •estable, y de ella, el 4 % tiende al estado medianamente estable.

Propuesta de uso: fundamentación y expresión espacial

Uno de los análisis empleados para la determinación de las propuestas de uso por paisajes físico-geográficos (Figura 3) fue la interpretación espacial

- Desarrollo agrícola actual en condiciones de poca competitividad, específica-mente del cacao.- Problemas de precios, “intermediarismo” y mercados, falta de cultura empre-sarial y de organización.- Ausencia de infraestructura de preelaboración de la cosecha cacaotera.- Reducción del volumen de pesca en embalses.

Cuadro 2. Continúa


de diferentes indicadores sociales y económicos de las etapas I y II del pro-yecto de ordenamiento ecológico territorial. Estos indicadores con expresión cartográfica a nivel municipal (económicos y algunos sociales) y a nivel de regiones estadístico-probabilísticas (sociales) fueron cruzados automatiza-damente con las unidades de paisajes (Cuadro 3).

La selección de los valores de los indicadores para cada unidad de pai-saje partió del criterio del valor espacialmente preponderante en el mu-nicipio o la región con respecto al paisaje. En algunos casos, el análisis incluyó una interpretación valorativa con respecto a la influencia de una cualidad social o económica a nivel municipal y el peso que pudiera te-ner o no dentro del paisaje. Vale recordar, que los cartogramas sociales o económicos generalizan valores a nivel municipal, que por supuesto no son homogéneos para todo el municipio, enmascarando el valor real de lo local en el contexto de la generalidad promedio municipal. Además, la matriz fue vital en la determinación de los problemas socioeconómicos por unidades de paisajes.

Recomendaciones para la implementación del MOET. Estrategias y lineamientos para ejecutar el ordenamiento

Estrategia de Ordenamiento Territorial

Las estrategias son las políticas territoriales y líneas de acción con las cuales se pretende lograr los objetivos propuestos, atacar los problemas y acercar la realidad actual a la imagen objetivo o modelo territorial que se desea alcan-zar (Instituto de Geografía, UNAM, 2002).

Metodológicamente la estrategia de ordenamiento territorial comprende estrategias generales, a partir de las cuales se establecen lineamientos espe-cíficos para su cumplimiento por Unidad de Gestión Territorial, en nuestro caso el paisaje físico-geográfico.

Una de las estrategias utilizadas en particular, dado el carácter de Or-denamiento Ecológico del Territorio, es la estrategia de Sustentación Am-biental del Territorio, en ella, se establecen los lineamientos y acciones para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, así como el


Figura3. Propuesta del modelo de ordenamiento ecológico territorial.


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La geoecología y el ordenamiento ecológico territorial 225C

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desarrollo económico sustentable, teniendo en cuenta, además, el sistema de áreas naturales protegidas.

Otra estrategia es la denominada Mejoramiento del Sistema Social e Infra-estructura Urbana. Se establecen los lineamientos para el desarrollo entre el sistema de ciudades y localidades, con el entorno o ambiente, los esquemas de necesidades de equipamiento y vialidad para la sustentación del territorio.

La última estrategia, denominada Fortalecimiento de la Gestión Terri-torial y la Coordinación Institucional, establece los ajustes que demanda la legislación y la normatividad para el ordenamiento ecológico territorial, así como los posibles esquemas de promoción y financiamiento del desarrollo.

Políticas y criterios ecológicos. Recomendaciones para el uso propuesto

En la propuesta del modelo de ordenamiento ecológico territorial para el área de estudio se siguen los principios recomendados en la metodología del Instituto de Geografía de la UNAM (2002) y otras experiencias tomadas de ordenamientos de otros estados y territorios del País, definiendo los criterios ecológicos en cada una de las cuatro políticas ambientales propuestas para el territorio. Ellas son: Protección, Conservación, Aprovechamiento y Res-tauración.

Los criterios ecológicos y recomendaciones, definen junto a las estrategias y los lineamientos, las acciones específicas que se realizarán para alcanzar los objetivos del plan. En tal sentido, se refieren a actividades que procuran:

Orientar el uso de la tierra, considerando la aptitud y los conflictos de •usos existentes. Desestimular las actividades productivas no sostenibles e incentivar las •sostenibles, considerando el contexto global. Planear la localización de industrias, parques y zonas industriales, consi-•derando su impacto ambiental y su compatibilidad con otros usos. Corregir los problemas ambientales asociados al uso no sostenible de los •recursos naturales y a la ocupación de áreas protegidas. Identificar nuevas áreas que ameriten ser incorporadas al sistema de •áreas protegidas.


Promover la descentralización y autonomía administrativa, como forma •de contrarrestar el efecto concentrador del poder municipal y de acercar las políticas públicas a las necesidades locales. Incorporar y estimular la participación social en la implementación del •plan.

Una vez determinados los usos propuestos, las políticas y criterios eco-lógicos, se dictaron las recomendaciones para su implementación en cada unidad de gestión (paisaje físico-geográfico).

Principales escenarios en el ordenamiento ecológico territorial

La formulación del MOET está complementada con la propuesta de estrategias, de lineamientos y acciones de desarrollo territorial, para lograr una adecuada implementación técnico-administrativa del mismo. Se establecen los escena-rios tendenciales, con y sin la aplicación de la propuesta del modelo de ocupa-ción del territorio para varios plazos temporales, lo cual destaca la agudización de todos los conflictos del modelo de uso actual, en el caso de mantenerse la inercia del presente, y de las ventajas sustentables de la implementación del modelo de ocupación, donde se superarían los conflictos existentes y se avan-zaría por una vía de explotación racional y de preservación ecológica de los sistemas naturales. La implementación del MOET, en plazos de 12 años (Figu-ra 4) y de 24 años (Figura 5) repercutiría muy positivamente en el desarrollo socioeconómico del territorio y en la calidad de su medio ambiente. Además, si comparamos los resultados con las expectativas de la población y de los secto-res económicos, contenidas en la Etapa III, se aprecia un adecuado nivel de sa-tisfacción de las mismas. Los primeros años en el proceso de implementación se corresponderían con las etapas de formulación de los programas y planes, y con la organización de las acciones respectivamente.


El estado actual del medio ambiente y el grado de desarrollo socioeconómico del territorio de la zona petrolera de la Región V Norte de Chiapas presentan


Figura 4. Modelo tendencial a 12 años con la implementación del MOET.


Figura 5. Modelo tendencial a 24 años con la implementación del modelo de ordenamiento ecológico territorial (MOET)


un nivel de deterioro notable, debido al proceso histórico de deforestación, al fomento de la ganadería y su expansión, a la presencia de plagas en las plantaciones de cacao, al pésimo manejo del uso del suelo, al sobreuso de los sistemas naturales y a la sobreposición, a partir de los años 70, de la infraes-tructura petrolera y de gas natural.

Este desarrollo histórico y la falta de visión ecologista y sustentable, a lo largo de la evolución socioeconómica local y regional, han determinado una situación ambiental de gran inestabilidad con tendencias palpables ha-cia un estado crítico y muy crítico de los sistemas naturales, reflejado en el empobrecimiento del suelo, en la baja productividad de los mismos, en la contaminación real y potencial de los suelos, las aguas y el aire por la activi-dad gaso-petrolífera, en el avance de la frontera agrícola y ganadera hacia los territorios con los únicos valores de conservación existentes en el territorio, entre muchos aspectos de degradación activa y creciente.

El grado de desarrollo social y económico presenta, a manera de una generalización municipal, tres grandes zonas: la norte, representada por el municipio Reforma, en los paisajes físico-geográficos de llanuras bajas, los sistemas lagunares y los valles de los ríos Grijalva y Pichucalco, con los valo-res más altos en los indicadores sociales y productivos, en términos relativos, de todo el territorio; la central, ocupada por los municipios de Juárez y Pi-chucalco, en los paisajes físico-geográficos de llanuras medianamente ondu-ladas a colinosas, con un estadio intermedio entre Reforma y los municipios meridionales; y la sur, constituida por Ostuacán y Sunuapa, en los paisajes físico-geográficos de lomeríos, y alturas premontañosas, que contrasta con las dos anteriores y alberga la situación más marcada de pobreza y margi-nación social. Precisamente, esta es la zona que aun posee algunos valores bióticos que merecen ser protegidos o aprovechados óptimamente, de una manera más racional, pero las condiciones socioeconómicas de la población están marcando el camino de una fuerte modificación antrópica e incluso de su desaparición en el corto plazo, como vía de subsistencia y de solución ante el problema de las plagas en el cacao o de expansión de la ganadería, más rentable en comparación con los rendimientos agrícolas.

Cabe recordar, que la no aplicación del MOET en el territorio, bajo las tendencias actuales, traerá aparejado el agravamiento de la situación ambien-tal, por cierto, inestable con tendencias a grados críticos, y que la aplicación


de la propuesta conducirá a nuevas condiciones ambientales entre mediana-mente estables y estables (en secuencia recuperativa) y socioeconómicas, con lo cual mejoraría la calidad de vida y el bienestar social de la población de estos territorios. Por supuesto, la implementación del MOET es un proceso largo, siempre lleno de obstáculos, pero sólo con la voluntad y el seguimiento sistemático se podrán satisfacer los objetivos y alcances contemplados en el financiamiento de esta investigación, de carácter orientado y aplicado.


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La participación social en el ordenamiento territorial 241

La participación social

En los últimos veinticinco años el tema de la participación social en proyec-tos de ordenamiento comenzó a cobrar relevancia. La Ley General de Asen-tamientos Humanos publicada en 1976 introdujo nuevas competencias para el Estado en materia de desarrollo urbano además de reconocer la participa-ción social como un elemento importante dentro de la planeación urbana. Posteriormente en 1993 la nueva Ley introdujo nuevas figuras, entre ellas la de ordenamiento territorial. En Jalisco las Leyes de Desarrollo Urbano, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Planeación, le dieron relevancia, al menos en teoría, a la participación social. En el 2003 el Regla-mento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue más directo, al señalar que era necesaria la incorporación de las comuni-dades desde inicio del proceso de planeación ecológica.

Como señala Pintaudi (2005) “la participación ciudadana en el poder lo-cal presupone distribución de poder entre todos los integrantes de una co-

La participación social en el ordenamiento territorial. Participación o representación un dilema legal y metodológico

Rubén Alfonso Rodríguez Vera* y Gustavo Saavedra de la Cruz*

241

* Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara.


munidad”, esto en buena parte es recogido en diversas leyes en México, pero en la mayoría de las veces es ignorado por las autoridades encargadas de apli-carlas. El poder no se comparte, la posibilidad de participar en algunas de las etapas del proceso de planeación (sobre todo, cuando ya se la elaboraron los planes, es cuando se ponen a consideración de los habitantes) se ha abierto a los grupos organizados, más no señala qué peso pueden tener esas opiniones para la autorización de los mismos.

Cuando se convoca a los ciudadanos a participar en la elaboración de los planes y programas, la autoridad la hace con conocimiento de que lo que puedan aportar los ciudadanos y sus organizaciones puede ser considerado o no y en ocasiones estas propuestas no cambiaran el sentido de la planeación del Estado.

Hoy el territorio se ha convertido en un bien escaso y por lo tanto sujeto de especulación: es una mercancía puesta al mejor postor, regulada por los grupos de poder político y financiero (no estoy seguro si es correcto el orden) y que evidentemente responden a los intereses de los sectores poderosos eco-nómicamente.

En los últimos veinte años, la Zona Metropolitana de Guadalajara ha cre-cido de manera desorganizada, no por falta de planes de control urbano, sino por falta de conciencia y compromiso social de los funcionarios municipales y estatales encargados de hacer efectiva esa planeación, basta observar los asen-tamientos humanos en zonas de recarga de acuíferos, en pendientes poco ap-tas para el crecimiento urbano, en áreas con vocación agrícola y forestal, en zonas ejidales y federales, en áreas de riesgo. Cabe preguntarse, ¿estos asenta-mientos surgieron de la noche a la mañana? ¿Quién es responsable de haberlos autorizado o haberse hecho de la vista gorda? ¿No debió haber participado la sociedad en la elaboración de los planes de desarrollo urbano? Entonces quizá el fondo del asunto vaya más en el sentido de que la participación social llegue hasta la etapa de gestión y no solamente de la elaboración de los planes.

Al revisar algunos planes urbanos y ecológicos nos encontramos que la participación social es mínima y algunas autoridades argumentan que invo-lucrar a los interesados en planes municipales sería muy costoso y difícil de llegar a acuerdos. En la Ley de Planeación Estatal se llega a limitar la partici-pación de organismos legalmente constituidos por la incapacidad de trabajar con demasiados representantes.


Ante esto surge la inquietud ¿para qué hablar tanto de participación so-cial si al final las mismas autoridades y algunas leyes se contradicen en cuan-to al fomento de la misma? Bajo esta pregunta entonces qué será mejor para el ordenamiento territorial ¿una participación social o una representación social?

El Diccionario de la Lengua Española (2000) define la participación como “la acción y efecto de participar y ésta a su vez como tomar uno parte en una cosa o compartir, tener las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona”. Representar está definido como “sustituir a uno o hacer sus veces, desempe-ñar su función o la de una entidad o empresa”.

En este sentido lo ideal sería la figura de la participación, la realidad es que la figura utilizada en la planeación es la representación. Las instancias de participación que contemplan las leyes urbanas en México son: Consejos de Colaboración Municipal, Juntas de Vecinos, COPLADE, COPLADEMUN, organizaciones obreras, de empresarios, de profesionistas, de industriales, entre otras.

Pintaudi (2005) menciona que la democracia participativa es distinta a la representativa porque:

Amplia las bases de discusión en la toma de decisiones, a través de la consulta a la sociedad civil, organizada en consejos y/o entidades de representación popular […] El Estado además de reconocer los dere-chos del ciudadano divide con ellos el poder de establecer criterios para las políticas públicas.

En Jalisco, en algún sentido, se ha cumplido en parte con lo señalado por la autora, pero cuando comparamos la definición de participación y repre-sentación que ofrece el Diccionario de la Lengua Española, nos damos cuenta que no son congruentes, pues en la primera, uno toma parte directa y en la segunda se sustituye, se toman decisiones por otros. Lo importante de la de-finición de Pintaudi es que a través de la consulta a la sociedad civil se ponen bases para la toma de decisiones, ¿eso pasa en nuestros municipios?

Son tan ambiguas las leyes en México que el artículo 48 de la Ley General de Asentamientos Humanos señala que “La Federación, las entidades fede-rativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores


público, social y privado, que propicien la participación social en la funda-ción, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”. Mientras que el 49 dice que la participación social comprenderá:

La formulación, modificación, evaluación y vigilancia del cumplimiento •de los planes o programas de desarrollo urbano, en los términos de los artículos 16 y 57 de esta ley;La determinación y control de la zonificación, usos y destinos de áreas y •predios de los centros de población;La construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular;•El financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestruc-•tura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos;El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habita-•cionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos;La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conser-•vación de zonas populares de los centros de población y de las comunida-des rurales e indígenas;La protección del patrimonio cultural de los centros de población;•La preservación del ambiente en los centros de población, y•La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales •y urbanos en los centros de población.

Si en todas esas cosas puede participar la sociedad, entonces ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué tenemos el caos territorial, si la sociedad puede par-ticipar en tantas cosas? ¿Será porque desconocemos nuestros derechos en materia urbana?

La llegada de la planeación estratégica al sistema de planificación es-tatal acompañada de conceptos como descentralización, desarrollo local, capital social, gobernanza, empoderamiento, entre otros, ha permitido que la sociedad y los gobiernos locales comiencen a cobrar mayor relevancia y jueguen un papel más protagónico en la resolución de los problemas de sus territorios.

El artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco señala que son organismos públicos de participación ciudadana, vecinal y de con-sulta los siguientes:


El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano;•Los consejos regionales de desarrollo urbano;•Los consejos de colaboración municipal;•Las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones de •la ley en materia de administración pública municipal; yLas asociaciones que se constituyan para la conservación y mejoramiento •de sitios y fincas afectos al Patrimonio Cultural del Estado, conforme las disposiciones de ésta Ley.

Ahora bien el artículo 28 especifica que el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano es un organismo de promoción, participación ciudadana, vecinal y de consulta del Poder Ejecutivo Local, para impulsar el desarrollo urbano en la Entidad. Se integrará en forma permanente por:

I. El Gobernador del Estado, quien será el presidente;II. El Titular de la Secretaría, quien será el secretario técnico;III. Un Consejero por cada uno de los siguientes organismos representativos

de la población del estado de Jalisco: a. La Cámara Nacional de Comercio; b. Las Cámaras de Industria especializadas con sede en el estado; c. La Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-

ción; d. La Delegación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría; e. La organización mayoritaria de peritos valuadores en el estado de Jalisco; f. La organización mayoritaria de propietarios urbanos en el estado; g. El Colegio de Notarios del estado; h. El colegio mayoritario de arquitectos del estado de Jalisco; i. El colegio mayoritario de ingenieros civiles del estado de Jalisco; j. El Centro Bancario Local; k. La organización mayoritaria de industriales promotores de la vivienda; l. El sindicato patronal registrado ante la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje; m. Las dos organizaciones obreras mayoritarias en el estado, según de-

termine la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conforme al registro correspondiente;


n. Las dos organizaciones mayoritarias de asociaciones de vecinos en el estado, conforme las disposiciones que reglamenten su constitución;

o. Las asociaciones civiles especializadas en materia de monumentos y sitios históricos;

p. La organización mayoritaria de los ejidatarios, comuneros y trabajado-res agrícolas en el estado de Jalisco;

q. La organización mayoritaria de propietarios rurales en el estado; y r. El Consejo de Peritos en Supervisión Municipal;IV. El Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congre-

so del Estado;V. Un representante de la Dependencia del Poder Ejecutivo Federal compe-

tente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;VI. Un representante por cada una de las dependencias y organismos del

Poder Ejecutivo Estatal en materia de: a. Planeación económica y social; b. Vías de comunicación y transporte; c. Equilibrio ecológico y la protección del ambiente; d. Reservas territoriales y promoción de la vivienda; yVII. Un representante por cada consejo regional de desarrollo urbano.

Habrá que preguntarse al ver a los representantes de la población del esta-do de Jalisco ¿nos sentimos representados por esos organismos? En muchos casos los representantes poco saben de la planeación del desarrollo urbano, entonces ¿Qué hacen ahí? Y al mirar las atribuciones que dicho Consejo tie-ne pues habrá nuevamente que plantear la necesidad de que la sociedad civil organizada no burocratizada ni partidizada se involucre en los procesos de planeación y toma de decisiones de los espacios urbanos.

Los Organismos de la Sociedad Civil encabezan ahora proyectos de de-sarrollo en comunidades pobres; participan activamente para presionar a los gobiernos cuando consideran que algunas obras y proyectos representan un riesgo para la comunidad (el caso concreto de la pretendida construcción de la Presa de Arcediano en la Barranca de Oblatos y la del Zapotillo que han sido objetadas por grupos ecologistas que han aprovechado todos los recur-sos legales para detener el proyecto, el cual consideran puede ser nocivo para la salud de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara por sus al-


tos niveles de contaminación); se movilizan para presionar a las autoridades a que les proporcionen los servicios que por la vía formal, respetuosa y por escrito, duermen el sueño de los justos en sus archivos, pero por medio de un plantón, un cierre de calles, avenidas o carreteras consiguen en pocas horas lo que no habían podido hacer en meses.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara la implementación de obras de infraestructura o la autorización para la construcción de edificios de 11 pisos o desarrollos inmobiliarios como el de la Ciudadela en terrenos donde antiguamente estaba instalado MOTOROLA, son obras autoriza-das por las autoridades, pero rechazadas por los vecinos. En algunos ca-sos (como la construcción de edificios en la zona poniente, de carácter residencial de baja densidad) se autorizaron a pesar de la oposición de los vecinos por la modificación de manera unilateral de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, o simplemente porque algún funcionario munici-pal expidió la licencia de construcción y el dictamen de compatibilidad de usos de suelo en franca violación a las normas y a los planes vigentes. El caso de la Ciudadela es el ejemplo más claro de la manipulación de la información por parte de las autoridades del municipio de Zapopan que han llegado inclusive a negar la información del Plan Parcial de Urbani-zación que el empresario está obligado a entregar, bajo el argumento de ser información confidencial.

En ese sentido entonces cabe preguntarse nuevamente ¿representación o participación? ¿Qué será más adecuado para la ordenación del territorio?

La ordenación del territorio

La ordenación del territorio en Latinoamérica es relativamente reciente, se remonta a los inicios de la década de los ochenta. Desde su origen ha sido asociado apolíticas ambientales, urbanísticas, de desarrollo económico re-gional y de descentralización. Hoy predomina la idea de la ordenación como instrumento o estrategia para lograr el desarrollo sustentable, entendido en términos de política plurisectorial y horizontal.

Como concepto es frecuente que se cite a la Carta Europea de Ordena-ción del Territorio aprobada en 1984 por el Consejo de Europa, que si es o no la mejor de las definiciones no es materia del trabajo, sino citarlo como


un referente importante dentro de los trabajos de ordenamiento territorial. Dicha Carta lo define como

La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector (Gómez, 1994:2).

Gómez Orea señala que “la Ordenación del Territorio es la proyección en el espacio de las políticas, social, cultural, ambiental y económica de una sociedad y responde a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la física” (Gómez, 1994:1).

La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) publicada en el Dia-rio Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, introduce el concepto de ordenamiento territorial asociado a los asentamientos humanos. En su artí-culo 2 fracción XIV lo define como “el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional”.

El Grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial conformado por SEDESOL, INEGI, SEMARNAT y CONAPO, definieron el ordenamien-to territorial como “estrategia de desarrollo socioeconómico que, median-te la adecuada articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio” (SEDESOL, 2000).

Massiris (2005) citando a Aguilar sintetiza en cinco los puntos centrales de una acción de ordenación territorial:

Se trata de una política de Estado •Está contemplada como política a largo plazo•Su instrumento básico es la planificación•Debe conciliar el proceso de desarrollo económico con distintas formas •de ocupación territorialTiene como fin último elevar el nivel de vida de la población •

En materia de planificación territorial Pujadas señala que en la definición de la ordenación del territorio se distinguen dos tipos de planificación: la económica y la física, donde la primera se entiende como:

El conjunto de políticas económicas con incidencia territorial, sobre todo las políticas sectoriales y la política regional dirigida a corregir desequilibrios territoriales y al desarrollo de regiones atrasadas: la segunda, es el proceso de ordenación de los usos de suelo, de los edi-ficios y de los asentamientos urbanos encaminado a satisfacer las exigencias públicas de estándares más elevados de diseño y eficiencia. (Pujadas, 1998: 30).

De estrada hay que señalar que en México no existe un marco legal de or-denamiento territorial como tal, la división que menciona Pujadas (1998) la tenemos en nuestro derecho vigente. Para la planificación económica a nivel federal, se utilizan como referente principal el artículo 25 y 26 constitucional y la Ley de Planeación. A nivel estatal, la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus municipios y su Reglamento.

En materia de planificación física, ésta se divide en dos: la regulación de los asentamientos humanos y el ordenamiento ecológico. El marco legal urbano es el artículo 27 y 73 de la Constitución Mexicana y la Ley General de Asentamien-tos Humanos (LGAH) y para todo el país; a nivel estatal es la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación de manera directa. Para la materia ambiental su marco legal parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a nivel estatal la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA). A nivel Municipal las facul-tades en dichas materias se desprenden del artículo 115 Constitucional y de las leyes ya mencionadas, debiendo plasmarlas en sus Reglamentos respectivos.

De la descripción anterior hay que señalar que existe un marco legal com-plementario, tanto constitucional como de otras leyes, reglamentos y decre-tos que tienen que ver con la temática, en esta descripción sólo se señala el marco legal más directo, de manera enunciativa más no limitativa.

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las leyes que conside-ramos están directamente vinculadas con la planeación en el estado, los ins-


En materia de planificación territorial Pujadas señala que en la definición de la ordenación del territorio se distinguen dos tipos de planificación: la económica y la física, donde la primera se entiende como:

El conjunto de políticas económicas con incidencia territorial, sobre todo las políticas sectoriales y la política regional dirigida a corregir desequilibrios territoriales y al desarrollo de regiones atrasadas: la segunda, es el proceso de ordenación de los usos de suelo, de los edi-ficios y de los asentamientos urbanos encaminado a satisfacer las exigencias públicas de estándares más elevados de diseño y eficiencia. (Pujadas, 1998: 30).

De estrada hay que señalar que en México no existe un marco legal de or-denamiento territorial como tal, la división que menciona Pujadas (1998) la tenemos en nuestro derecho vigente. Para la planificación económica a nivel federal, se utilizan como referente principal el artículo 25 y 26 constitucional y la Ley de Planeación. A nivel estatal, la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus municipios y su Reglamento.

En materia de planificación física, ésta se divide en dos: la regulación de los asentamientos humanos y el ordenamiento ecológico. El marco legal urbano es el artículo 27 y 73 de la Constitución Mexicana y la Ley General de Asentamien-tos Humanos (LGAH) y para todo el país; a nivel estatal es la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación de manera directa. Para la materia ambiental su marco legal parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a nivel estatal la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA). A nivel Municipal las facul-tades en dichas materias se desprenden del artículo 115 Constitucional y de las leyes ya mencionadas, debiendo plasmarlas en sus Reglamentos respectivos.

De la descripción anterior hay que señalar que existe un marco legal com-plementario, tanto constitucional como de otras leyes, reglamentos y decre-tos que tienen que ver con la temática, en esta descripción sólo se señala el marco legal más directo, de manera enunciativa más no limitativa.

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las leyes que conside-ramos están directamente vinculadas con la planeación en el estado, los ins-


trumentos de ordenamiento y planeación, así como la participación social que contemplan dichas leyes.La planificación física. El ordenamiento urbano

Fuente: Elaboración propia con las leyes federales y estatales respectivas.

Marco legal del ordenamiento territorial

Federal

Urbana

Federal

Estatal

Municipal

Estatal y municipal

Ecológica

Artículos 25 y 26 CPEUM

Ley de planeación

Artículos 2, 4, 27, 73 y 115 CPEUM

LGAH, LGEEPA, reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico

Ley de planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios y su reglamento

Ley de desarrollo urbano y reglamento de zonificación

LGEEPA

Planificación económica

Planificación física


Es de resaltar el hecho que el ordenamiento ecológico de alguna manera ex-cluye las áreas urbanas, por lo que la idea del manejo integral del territorio se ve cortada. El artículo 20 Bis 5 de la LGEEPA muestra las bases para modifi-

Ley Instrumentos de Ordenamiento

Participación Social

Ley General de Asentamientos Humanos

PNDU, PEDU, POZC, PMDU, PDUCP, PDU deri-vados de los ante-riores

Los tres niveles de gobierno promo-verán acciones concertadas entre los sectores público, privado, y social que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de pobla-ción.

Ley de Desarro-llo Urbano

PEDU, PMDU, PDUCP, POEL, PPDU, PPU, PRDU, PDUZC, POER

Organización de foros con los sectores organizados de la sociedad para recoger opiniones e integrarlas al diagnóstico. En el Plan Parcial de Desarrollo Urbano se harán consultas con los titulares y habitantes de inmuebles, grupos orga-nizados de la sociedad.

LGEEPA Ordenamiento Ecológico General, Regional, Local y Marino

Se debe promover la participación de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental. Se deben convocar a secto-res organizados para que manifiesten su opinión y propuestas. Señala que se deben establecer mecanismos que garanticen por lo menos la difusión y consulta de los programas respecti-vos y las leyes locales establecerán las formas en que los particulares podrán participar en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de orde-namiento. Prevé la creación de órganos de consulta que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.




Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico

Ordenamiento Ecológico General, Regional, Local y Marino

Hace más específica la participación social al señalar que ésta debe ser co-rresponsable de los grupos y sectores interesados. Se da participación social en la etapa de caracterización cuando se identifican los intereses sectoriales y atributos ambientales a través de meca-nismos de participación social corres-ponsable (Art. 42 Fracc. III), así como talleres de planeación.

Ley de Planea-ción

Sistema Nacio-nal de Planeación Democrática. Plan Nacional de De-sarrollo y Progra-mas derivados del mismo

Se prevé la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, ac-tualización y ejecución del Plan y de los programas a través de Foros de Consul-ta Popular.

Ley de Planea-ción para el es-tado de Jalisco y sus municipios

Sistema Estatal de Planeación De-mocrática. Plan Estatal, Regional y Municipal de De-sarrollo y los pro-gramas derivados de los mismos

Se prevé la participación y consulta de la sociedad para que intervenga di-rectamente en la elaboración, instru-mentación, control y evaluación de los planes y programas así como sus ac-tualizaciones. El artículo 66 señala que TODOS los particulares pueden par-ticipar con sus opiniones y propuestas en las distintas etapas de la planeación a través de las mesas de trabajo y foros de consulta convocados para ello. Pero en el segundo párrafo dice que SOLO las organizaciones privadas y sociales LEGALMENTE constituidas pueden participar directamente en el proceso de planeación integradas a los COPLA-DES, COPLADEMUM y Subcomités regionales.


car losprogramas de ordenamiento ecológico y en su fracción III señala que las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de po-blación (subrayado del autor). Pero intenta enmendar el asunto al establecer que cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de po-blación o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento que establezca la legislación local en la materia. La fracción IV indica que:

Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecoló-gico del territorio y la ordenación y regulación de los asentamien-tos humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en los planes o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables.



Reglamento de la Ley de Pla-neación para el estado de Jalisco y sus municipios

Se prevé la participación social activa y permanente en todo el proceso de planeación. Se sugiere que dado que se dificulta la operación eficiente de los subcomités por el alto número de orga-nizaciones privadas y sociales se parti-cipe a través de Consejos Ciudadanos de Carácter Consultivo electos demo-cráticamente y que lleven la voz y de-cisiones con mayor consenso a dichos subcomités.

En el municipio la participación social se hace a través de Con-sejos Comuni-tarios.


El artículo 12 de la LGAH menciona que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de pobla-ción se llevarán a cabo a través de:

El programa nacional de desarrollo urbano; •Los programas estatales de desarrollo urbano;•Los programas de ordenación de zonas conurbadas; •Los planes o programas municipales de desarrollo urbano; •Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y•Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las •fracciones anteriores y que determinen esta ley y la legislación estatal de desarrollo urbano. Dichos instrumentos tienen como característica que son de carácter ver-

tical, centralista y poco democráticos, ya que la propia ley señala que los programas de menor jerarquía siempre deberán considerar lo previsto por el superior y ser congruentes con lo previsto en ellos.

Resulta importante conocer cómo participa la sociedad en la elaboración de los ordenamientos y qué instrumentos se utilizan para ordenar el terri-torio desde la perspectiva física ya mencionada. Como lo señala Leeuwen el objetivo del ordenamiento territorial, no es la elaboración de un documento como Plan de Ordenamiento, sino un proceso vivo y continuo de análisis, discusión, proyección y programación[...] basado en un desarrollo verda-deramente desde abajo hacia arriba, en forma democrática, que puede ini-ciarse con un proceso participativo de ordenamiento territorial municipal” (Leeuwen, 2002:3).

De la revisión del marco legal de la ordenación del territorio de los asen-tamientos humanos y el ordenamiento ecológico en México, resalta el hecho que en materia urbana la participación social de conformidad con el artículo 74 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado (LDU) se da

A través de los sectores organizados de la sociedad desde la etapa del diagnóstico y la evaluación del programa anterior. Una vez formula-dos los planes o programas de desarrollo urbano se someten a consul-ta pública, pudiendo los interesados consultar una versión abreviada


y disponer de hasta un mes para realizar observaciones. Se envían a las autoridades respectivas para que éstas revisen y consideren las opiniones recibidas y en respuesta.

El artículo 16 de la LGAH señala que “dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa [...] difundiéndolo ampliamente”.

Esto muestra que, al menos desde la perspectiva legal en materia urbana, la participación social se contempla principalmente hasta la parte final, una vez que se tiene elaborado el proyecto del programa y no se involucra a la comuni-dad en la elaboración del mismo desde las primeras etapas, salvo el Plan Par-cial de Desarrollo Urbano, que sí considera la participación de los propietarios, inquilinos de inmuebles, así como grupos sociales y asociaciones de vecinos, a los cuales el artículo 92 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano les otorga la posibilidad de que se hagan consultas de acuerdo con el área de aplicación del plan o a las acciones urbanísticas propuestas; en la fracción III se señala que una vez formulado el proyecto se hace una consulta pública para que presenten sus propuestas por escrito en un plazo de 20 días a partir de su recepción.1

Pero en esta materia el Plan Parcial de Desarrollo Urbano se contempla para ser elaborado en centros de población con más de diez mil habitantes y donde por su extensión, densidad de población e intensidad de usos y desti-nos se requiera. En este caso el Censo de Población y Vivienda del año 2000 mostró que en Jalisco de 8,731 localidades sólo 46 tienen más de 10,000 habi-tantes (menos del 0.6%) y de ellas habrá que recalcar que la gran mayoría son cabeceras municipales pero que no reúnen los requisitos de densidad de po-

1 Cabe recordar que en la administración 2001-2004 el Ayuntamiento de Guadalajara se vio envuelto en una controversia con los vecinos de Providencia los cuales no esta-ban de acuerdo en que se cambiaran usos de suelo para permitir la construcción de edificios habitacionales de hasta 11 pisos, argumentando que las autoridades no habían hecho el trabajo adecuado para medir los impactos que iban a tener dichas construc-ciones en el drenaje, la disponibilidad de agua potable, la incremento de la carga vehi-cular y en materia de mecánica de suelos. Este no es el único caso ya que vecinos de Chapalita por años se han opuesto a las instalación de negocios y oficinas de servicios profesionales en sus calles, pero a pesar de esa oposición hoy la realidad muestra que en Jalisco todo se puede a pesar de la oposición de los vecinos, salvo que se trate de zonas donde habiten los funcionarios públicos.


blación e intensidad de usos de suelo, por lo que no sería necesario elaborar los planes parciales y por lo tanto no se aprovecharían las ventajas que ofrece el artículo 92 de la LDU en materia de participación social.

El ordenamiento ecológico

En materia ambiental la LGEEPA en su artículo 3 fracción XXIII define al Ordenamiento Ecológico como:

El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamien-to sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

El artículo 19 Bis señala que este ordenamiento deberá hacerse a través de los programas de ordenamiento ecológico General, Regional, Local y Marino.

Referente a la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento ecológico la LGEEPA dispone en al artículo 20 Bis 5 fracción VII que se

Establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán, por lo menos, pro-cedimientos de difusión y consulta pública de los programas respec-tivos. Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que los particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere este precepto.

El Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico Ge-neral del Territorio hace más específica esta participación social, ya que en varios de sus artículos señala la necesidad de una participación social corres-ponsable de los grupos y sectores interesados (artículo 6 fracción II), ¿cómo? A través de la identificación de los intereses sectoriales y atributos ambienta-


les, de la firma de convenios de concertación con grupos y sectores privado y social para realizar acciones conjuntas para aplicar de manera efectiva el ordenamiento correspondiente; de promover la participación social en la vi-gilancia de los procesos de ordenamiento ecológico y a través del análisis de la propuesta del programa de ordenamiento.

La SEMARNAT tiene la obligación de promover el acceso a la informa-ción y la participación social en cada etapa del proceso del ordenamiento, por lo que en términos formales la participación durante la elaboración del programa quedaría asegurada. Además los habitantes estarían integrados a los Comités de Ordenamiento Ecológico, a través de personas, organizacio-nes, grupos e instituciones del sector público, privado y social. El asunto es que la redacción es ambigua, porque al promover esa participación quedaría en todo caso definir cómo se realiza y qué alcance legal podría tener, ya que en una metodología presentada por Alvarado para la elaboración del ordena-miento ecológico, dentro de las siete etapas previstas se habla de 3 consultas públicas: cuando se elabora la información base donde se presenta el orde-namiento y se obtiene información; cuando se obtiene el diagnóstico para retroalimentar el proyecto; y cuando se presentan las propuestas al gobierno y ciudadanosa través de los COPLADES.2

Pero ¿qué peso específico tendrían las aportaciones de las comunida-des y qué tanta obligación de las autoridades de tomarlas en cuenta? Y en caso de no tomarlas en cuenta ¿podrían los ciudadanos detener el proceso del decreto del ordenamiento hasta obtener el visto bueno de la sociedad? ¿Cómo chocarían los intereses de los empresarios, de la comunidad, de los agricultores, madereros y los ambientalistas con las políticas ambientales generadas bajo el principio de sustentabilidad y donde los intereses serían encontrados?

2 Esta información fue tomada del curso sobre ordenamiento territorial impartido por el M en C Miguel Alvarado Cardona del CIEMAT. Gerardo Bocco presenta, en una plá-tica impartida durante el Encuentro México-Cuba. Teoría y practica del ordenamiento ecológico, otro proceso consistente en 5 etapas: descripción, diagnóstico, prospección, propósitiva e instrumental y señala a su vez la necesidad de fortalecer la participación social en todo el proceso de ordenamiento ecológico. El artículo 42 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico reconoce 4 etapas: caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta.


Los procesos de consulta indicados en dicho Reglamento para el ordena-miento ecológico general, regional y marino, apuntan que la participación social al final del proceso de elaboración de los programas de ordenamiento será a través de procesos de consulta pública organizando foros regionales. Las observaciones resultantes de esos foros se analizan para considerarlas dentro del programa o desecharlas, argumentando las razones técnicas o ju-rídicas que apoyen dicho rechazo. Pero el artículo 42 fracción III indica que dentro de la etapa de caracterización del ordenamiento ecológico regional una de las acciones a realizar es “identificar los intereses sectoriales y atribu-tos ambientales a través de mecanismos de participación social corresponsa-ble” pero no hay descripción de cómo involucrarlos en el resto de las etapas salvo una vez elaborados. ¿Cuáles serían los mecanismos de participación social? ¿Qué pasaría entonces ante la falta de consensos? ¿Se detiene el pro-ceso de ordenamiento?

En materia local queda en manos de las autoridades estatales y munici-pales definir esa participación social. La LEEEPA en sus artículos 18 y 19 indica que:

Terminados los trabajos de elaboración de los ordenamientos eco-lógicos regional del estado o locales, estos deberán ser sometidos a consulta pública, previo a su declaratoria y expedición correspon-dientes[...] El gobierno del estado y los gobiernos municipales deberán promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la partici-pación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, institu-ciones académicas y de investigación y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en esta ley, así como en las demás disposiciones aplicables.

La Ley Estatal no ha sido reglamentada en la materia de ordenamiento ecológico, por lo que aún queda muy general su redacción y se tendría que complementar con otros artículos, realizar una interpretación que se aco-mode a las necesidades que se tienen en materia de ordenamiento y al final dejar en manos de autoridades judiciales la validez del razonamiento.

Para corroborar lo anterior basta checar el artículo 104 de la ley mencio-nada que establece que “Toda persona tiene la obligación de participar en la


gestión ambiental e intervenir activamente en su comunidad para la defensa y conservación del medio ambiente en los términos de esta ley, haciendo uso de los derechos que la misma le confiere” mientras que en el 105 menciona que “Toda persona con el interés jurídico que tiene de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, podrá intervenir, de conformidad a las disposi-ciones de la presente ley, en la regulación de las actividades que afecten o pue-dan afectar el medio ambiente”, nuevamente podemos observar que la Ley es ambigua, prevé la posibilidad de que las personas puedan participar y defender sus recursos, así como vigilar las actividades que puedan dañarlos, el proble-ma es ¿Cómo? ¿A través de qué instrumentos? ¿Cómo se puede garantizar este derecho? ¿Realmente la autoridad estaría dispuesta a restringir y sancionar a aquellas personas que dañan el ambiente con actividades incompatibles? ¿Qué pensarían los grupos de poder (económico y político) de que un simple ciuda-dano o grupo de ciudadanos les impida realizar sus actividades económicas?

Es conocido que en México cuando se vulneran las garantías individuales se puede hacer uso del recurso de amparo y bajo esa concepción se podrían impugnar los actos de autoridad que los ciudadanos consideren les están afectando sus derechos. En ese sentido si las comunidades se sienten agra-viadas porque no se les toma en cuenta en el proceso de planeación podrían impugnar ese acto y reponer el proceso.

Enlazando la planificación física y la económica esta última se realiza a través del marco legal relacionado con la planeación. Recordemos finalmente que los programas de ordenamiento ecológico y urbano forman parte de los instrumentos que se desprenden del Sistema Nacional de Planeación Demo-crática (Plan Nacional de Desarrollo) y son considerados como programas de carácter sectorial.

La planeación económica

El artículo 20 de la Ley de Planeación Federal prevé la participación y con-sulta de los grupos sociales organizados con el propósito de que expresen sus opiniones para elaborar, actualizar y ejecutar el Plan y los Programas deriva-dos de él. Por lo regular esta participación se da en la campaña del candidato presidencial, cuando éste realiza una gran cantidad de foros de opinión y consulta pública con los sectores sociales para detectar su problemática y así


cumplir con su obligación de entregar el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los seis meses después de haber tomado posesión.

La Ley de Planeación para el estado de Jalisco, vigente a partir del 20 de di-ciembre de 2000, en su artículo 65 establece la posibilidad de que la sociedad intervenga directamente en la elaboración, instrumentación, control y eva-luación de los planes, programas y sus actualizaciones. Subraya que los par-ticulares podrán participar con sus opiniones y propuestas en las distintas etapas de la planeación, en sus diversas escalas a través de mesas de trabajo y foros de consulta. Pero el artículo 66 aclara que “sólo las organizaciones pri-vadas y sociales legalmente constituidas podrán participar directamente en el proceso de planeación a través de su integración a los respectivos Comités de Planeación para el Desarrollo del Estado y de los Municipios y de los Sub-comités Regionales.” El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Planeación señala que en donde no existan esos organismos se podrán invitar “personas relevantes de acreditada solvencia moral, benefactores y en general, aquellas personas humanistas y comprometidas con la sociedad.” En buena medida en un gran número de municipios del estado se carece de representantes for-malmente constituidos, salvo los ejidos y comunidades agrarias.

En la Exposición de Motivos del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios en su considerando X establece que:

Los correspondientes subcomités del COPLADE y de los COPLADE-MUN, como también los Subcomités de Planeación Regional, serán los espacios para una participación social más directa y permanente, destacando en el ámbito municipal la figura de los consejos comu-nitarios como la alternativa de organización y participación social, plural, incluyente, corresponsable y democrática de la comunidad para la planeación del desarrollo.

Señala en su artículo 55 que los objetivos de los Consejos Comunitarios serán:

I Lograr, mediante la participación activa, el mejoramiento integral de las condiciones generales de vida de la comunidad, así como las del entorno ocupado por ella;


II Procurar que se modifiquen actitudes y prácticas que han actuado como obstáculo al desarrollo integral de la comunidad, promoviendo que la dis-posición al cambio sea el factor que articule la verdadera interacción de toda la comunidad;

III Despertar, en cada miembro y entre los grupos que lo integran, el interés para que en forma organizada actúe, participe y se comprometa en la percepción, la proposición de soluciones y la elección de alternativas para resolver, en conjunto con las autoridades municipales, la problemática que lo afecta;

IV Constituir una organización comunitaria que infunda la unidad, la so-lidaridad, la subsidiaridad, la corresponsabilidad y la democracia entre sus miembros y su entorno; y

V Formar un verdadero instrumento de vinculación y concertación entre la sociedad y gobierno municipal.

Como se puede apreciar en estos instrumentos legales estatales que da-tan del año 2000 y 2001 respectivamente, la participación social es tratada de manera diferente a lo que prevé la Ley de Planeación Federal, que data del año 1983 y que responde a tiempos políticos diferentes. En Jalisco se vivía en el 2000 la parte final del sexenio del primer gobierno panista, al cual comen-zó una nueva forma de hacer las cosas, entre ellas la planeación estatal. El Re-glamento de la Ley es expedido por el segundo Gobernador panista y le dio continuidad al proyecto que se generó en el sexenio de Alberto Cárdenas.

Dicho Reglamento le da mayor especificidad a la participación social a través de diversas figuras entre las que destacan los Consejos Comunitarios, una forma de acercarse a las comunidades y de tratar de modificar conductas y percepciones que estaban anquilosadas en ellas.

La nueva Secretaria de Planeación Estatal creada por Decreto número 21825 que reforma el Artículo 23 y adiciona el Numeral 31 Bis de la Ley Or-gánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, publicado el 22 de febrero del año 2007, en el Periódico Oficial del estado de Jalisco, contribuyó al fortale-cimiento del Sistema Estatal de Planeación, al dársele por primera vez en la historia el rango de secretaría especializada al proceso de planeación.

En la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007-2030 se se-ñala que:


Desarrollaron una serie de ejercicios con los sectores económicos y so-ciales más representativos del Estado, con los cuales se identificaron necesidades y recabaron propuestas para mejorar la calidad y las con-diciones de vida de la población. En este mecanismo de participación ciudadana se desarrollaron 23 foros en los que intervinieron 2,645 personas (PED, 2007:19).

Los mecanismos de participación ciudadana que se usaron para elaborar el PED se presentan en el cuadro de la página siguiente.

Pese a todas las bondades que se plantean en el PED como participa-ción social, esto no hace más que confirmar que la Planeación se hace con representaciones de la sociedad, basta ver las siguientes cifras: las 2,645 personas que participaron en los 23 foros en relación a los 6’752,113 habi-tantes que arrojó el Conteo de Población del 2005, representan el 0.039% de dicha población, ¿Habrá estado representada la sociedad jalisciense en esos foros? ¿Los trabajos de dichos foros representarán la problemática real del estado?

En promedio acudieron a cada foro 115 personas, quienes han organiza-do talleres participativos señalan que trabajar con un grupo de ese tamaño resulta complicado, pues se hace necesario funcionar por mesas temáticas y hacer una sesión final plenaria donde se presentan los resultados de cada mesa y se trata de llegar a acuerdos y consensos que muestren el trabajo de todos los participantes, situación que en ocasiones se complica por la serie de intereses particulares o colectivos que representa cada quien.

Para el caso de los ordenamientos ecológicos resulta complejo poner en acuerdo los intereses de los empresarios inmobiliarios, de los agricultores, madereros, pescadores, cazadores y los grupos ecologistas para aceptar los criterios de aprovechamiento que podrían limitar la posibilidad de construir viviendas, de realizar actividades agrícolas, ganaderas, forestales con tal de implementar aéreas de conservación o de restauración.

En este sentido existe una experiencia cercana en el Departamento de Geografía que elaboró el Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Zapopán, generó varios talleres participativos (casi todos en la cabecera mu-nicipal), recogió comentarios, fomento (en teoría) la participación social y generó el programa señalado. Se entregó en el 2006 al ayuntamiento y hasta


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junio de 2009 aún no ha sido decretado por los conflictos de intereses que resultaron al darlo a conocer de manera preliminar.

Conclusiones

Como ya se observó la participación social como tal, pese a estar contempla-da en las leyes, es poco eficaz debido a la problemática que implica trabajar con grupos numerosos de personas; debido a eso los ejercicios, cuando son numerosos, no deben de pasar de 100 individuos y eso procurando que se dividan por mesas, si no aquello se puede convertir en un caos.

Por otro lado, aunque algunas leyes prevén la participación social en todas las etapas de la planeación, esto normalmente no se cumple y sólo se convoca a los ciudadanos cuando se tiene el documento final y se les pone a su considera-ción pudiendo (en el caso de la planeación urbana) consultarla en los estrados del municipio y enviar las observaciones y propuestas que considere pertinen-tes, siendo evidente que la valoración de dichas aportaciones difícilmente mo-dificarán las propuestas generadas por las autoridades respectivas.

En este sentido en el anteproyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible de Uruguay de 2006 en su artículo 27 señala que “La omisión de las instancias obligatorias de participación ciudadana acarreará la nulidad del instrumento de ordenamiento territorial pertinente.”

El 29 menciona que “Los instrumentos de ordenamiento territorial con-forme a la presente Ley deberán prever mecanismos de seguimiento, control y evaluación técnica y monitoreo ciudadano durante el período de vigencia con independencia de sus determinaciones para la revisión total o parcial”, mientras que el artículo 26 prevé la audiencia pública que “será obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes instrumentos.”

En su artículo 6 declara que los Derechos territoriales de las personas son:

Derecho a un ordenamiento territorial adecuado a los intereses gene-•ralesDerecho a la participación en la elaboración de los planes•Derecho a la acción pública en defensa del ordenamiento territorial•


Derecho a la información sobre el ordenamiento territorial•Derecho a uso y accesibilidad territorial•Pero así como concede derechos también señala • obligaciones entre ellas: Deber de respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colabo-•rar con las instituciones públicas en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y adecuado de sus derechosDeber de proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el patrimo-•nio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los espacios y bienes públicos territoriales

Este ejemplo muestra el peso legal que se le puede dar a las opiniones de la sociedad civil y a hasta dónde puede llegar el ignorar esos derechos: anular el ordenamiento territorial.

¿No sería conveniente anexar una figura similar en nuestras leyes mexi-canas?, pues no existe en nuestro marco legal un medio que asegure que la participación de los ciudadanos deba ser obligatoriamente tomada en cuenta y que impida que sus derechos y propuestas sean ignoradas, además que no quede a criterio de la autoridad respectiva valorar la pertinencia de las su-gerencias ciudadanas sino que si la sociedad no valida los instrumentos de planeación, estos no pudieran decretarse. Si no se considera esta parte, los ciudadanos deberán de hacer uso de los recursos legales previstos en las leyes pero que le implican ya el desembolso de recursos económicos para pagar su defensa jurídica.

Es necesario aclarar que existen recursos previstos por las leyes mexica-nas como el juicio de amparo o los recursos administrativos tal como el de revisión contemplado en la LGEEPA donde en su artículo 180 señala que:

Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposicio-nes de esta Ley […] las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos co-rrespondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones nece-sarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o activi-dades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida.


En relación a esto, el 181 refiere los casos de nulidad cuando se otorguen licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, y que serán nulas por lo que no producirán efecto legal alguno. ¿En qué caso podemos insertar la falta de participación de la comunidad en los planes de ordenamiento?

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco prevé la posibilidad de interponer recursos administrativos contra actos considerados como re-gulativos3 como la autorización de los planes o programas municipales de desarrollo urbano y la zonificación contenida en los mismos, donde se de-terminan los usos, destinos y reservas de áreas y predios de los centros de población, cumpliendo con el procedimiento administrativo. En este sentido hay ejemplos de ciudadanos que se inconformaron con el contenido de los planes parciales (caso de Proyecto Ciudadela, donde los vecinos se oponen a la construcción de un complejo comercial y habitacional; residentes de la Colonia Providencia, donde los planes parciales autorizaron la construcción en su colonia de edificios de hasta 11 pisos en zonas incompatibles por el uso de suelo predominante), pero que la parte medular del recurso no es la falta de consulta sino que la autoridad no tomó en cuenta su opinión y que ha sido parte de la discusión planteada en el trabajo ¿qué peso tienen las propuestas ciudadanas en los procesos de planeación?

También existen recursos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo pero Lucero (1998) advierte que “los actos de declaratoria de […] asentamientos humanos, en rigor no constituyen actos administrativos, ya que en los términos del tercer párrafo del artículo 27 constitucional tales cuestiones constituyen modalidades a la propiedad los cuales sólo pueden imponerse a través de una Ley,” queda entonces el juicio de amparo aducien-do violaciones a las garantías individuales.

La participación social en los procesos de ordenamiento territorial para Gómez Orea (1994: 41) principalmente en la elaboración del análisis territo-

3 La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 9 fracción b indica que los actos definitivos pueden ser regulativos y estos son “aquellos por virtud de los cuales la autoridad administrativa permite a un administra-do determinado el ejercicio de alguna actividad que se encuentra regulada por la ley o reglamento; tales como: permisos, licencias, autorizaciones o análogos.”


rial consiste en “conversar con la población de manera más o menos informal para conocer como percibe la situación real, los problemas y las oportuni-dades, su disposición al cambio, su capacidad para llevarlo a cabo, etc.”, esa conversación informal no encaja totalmente con lo que se requiere que se involucre la gente en el control de su espacio.

Desde la perspectiva metodológica resulta difícil realizar los talleres par-ticipativos con grupos numerosos o dividiéndolos por sectores de interés, dado que, por un lado, es complicado escuchar y hacer participar a los acto-res locales en grupos numerosos y por otro, en caso de dividirlos resultaría quizá sesgada la información recolectada. Además, otro problema que los técnicos comentan, es lo costoso que resulta organizar dichos talleres, que en caso de llevarse a cabo, absorben una gran parte del presupuesto que se tiene para la realización de los proyectos de ordenamiento.

Es indudable que la participación en los procesos de ordenamiento for-zosamente debe ser representativa, dado que pensar en trabajar con decenas o cientos de personas es, metodológicamente hablando, una locura. Pero no sólo es eso, sino que la falta de compromiso de la mayoría de la población con su espacio provoca una apatía notable por los problemas que tiene su comu-nidad desde la perspectiva territorial.

Habría que trabajar sobre la concientización y educación de la comunidad sobre la importancia de participar en los procesos de elaboración de políticas públicas, tratando de que se involucren no sólo en la elaboración de los pla-nes sino en la etapa de instrumentación de los mismos.

Encontrar soluciones a los problemas metodológicos planteados no es punto central del trabajo, pero ciertamente es necesario encontrar formas innovadoras para incentivar la participación social. El uso de las nuevas tecnologías pudiera ser un instrumento auxiliar el proceso de consulta, sobre todo en espacios ur-banos y metropolitanos donde el internet podría ser un excelente colaborador dentro del proceso de consulta pública. Las encuestas telefónicas, de campo, en-trevistas, los mismos talleres participativos llevados a los espacios rurales (en el caso del ordenamiento ecológico), la consulta con expertos a través de medios electrónicos, para el caso de la planeación urbana permitiría un ahorro conside-rable de recursos económicos y de tiempo a los planificadores territoriales.

La participación social cada vez es más fuerte a través de la moviliza-ción para demandar la satisfacción de sus carencias en materia de equi-


pamiento e infraestructura. Solicitar agua potable, drenaje, alumbrado público, servicios de salud, puentes peatonales, etc., une a la gente, se movilizan, presionan y muchas veces consiguen sus demandas. La pobla-ción en materia de planeación urbana se moviliza, presiona, pero rara vez consigue lo que quiere.

Finalmente, se debe señalar que quizá la democracia representativa es la manera más económica y factible para participar en procesos de planeación. El asunto es elegir actores sociales e individuales realmente representativos de la sociedad, que además de ser conocedores de la problemática que en-frenta el territorio, tengan los suficientes conocimientos técnicos para tomar las mejores decisiones en relación con la problemática espacial y aportar las soluciones más pertinentes.

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La percepción social del ruido como contaminante 271

Introducción

El ruido es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. La Organización Mundial de la Salud (Berglund, 1999) lo denomina ruido ambiental y lo relaciona con las fuentes que lo emiten; también es conocido como ruido residencial o ruido doméstico. La Directiva Europea de ruido ambiental, lo define como “sonido no deseado o nocivo generado por la activi-dad humana en el exterior, incluido el ruido emitido por medios de transpor-te, tráfico de carretera, tráfico ferroviario, tráfico aéreo y por zonas o edificios industriales” (DOCE, 2002).

El ruido ha sido común en la vida cotidiana de las ciudades y parecería que nuestras actividades exigen vivir en un entorno en el cual los sonidos se vuelven agresivos para el medio ambiente. En la actualidad, el ruido es una de las principales fuentes de contaminación en las grandes ciudades en el mundo; se calcula que alrededor del 40% de la población de la Unión Europea está expuesta a niveles sonoros procedentes del tráfico rodado superiores a 55 dB(A) en el día y 20% están expuestos a más de 65 dB(A) (Berglund, 1999)

La percepción social del ruido como contaminante

José Manuel Romo Orozco* y Adoración Gómez Sánchez*

271

* Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la UASLP.


y que los costos relacionados con la contaminación acústica oscilan entre el 0,2 y 2% del PIB de la Unión Europea (Arce R. y otros, 2003).

Por lo anterior, el tratamiento del ruido es uno de los problemas más pre-ocupantes de la sociedad actual, y dado que nuestras infraestructuras y acti-vidades cotidianas son sus principales fuentes, su estudio ha adquirido gran importancia en el ordenamiento territorial.

Marco de referencia

Los sonidos son una forma de energía mecánica que se propaga a través de movimientos ondulatorio y se traduce en una sensación auditiva al causar cambios en la presión del aire. El ruido es un sonido, o la mezcla de varios, que nos resultan molestos; se le puede definir como un sonido molesto e intempestivo que produce efectos fisiológicos y psicológicos no deseados en una persona; dado que no todos poseemos el mismo grado de sensibilidad, existen diversas posturas con respecto a él debido a que pueden o no ser considerados como una perturbación, esto dependerá de las condiciones del receptor y del contexto en el que se encuentre.

Independientemente de la percepción, el ruido generado en las ciudades es molesto y causa daños, a pesar de que no se tenga conciencia de ello y se deben considerar las siguientes condiciones al tratarlo:

Puede no molestar pero sí dañar fisiológicamente,•Aunque los niveles no consigan afectar la capacidad auditiva, puede mo-•lestar y dañar, siendo de tipo emocional el daño producido.

Además de las circunstancias que contraponen y cuestionan los soni-dos como ruido, los niveles registrados y sus características hacen de él un caso grave de “contaminación ambiental” en las áreas urbanas. En Méxi-co se han realizado estudios de percepción social de ruido, en la ciudad de Guadalajara (1995-1996) (Orozco Medina, 2001) cuyos objetivos fueron conocer los principales síntomas percibidos por los pobladores en relación con la molestia a causa de ruido debido a las denuncias sobre ruido de los ciudadanos a las autoridades ambientales. En Colima, se realizaron 532 en-cuestas sobre la percepción que tienen los encuestados resultando que no


reconocieron al ruido ambiental como un contaminante, y señalaron que los principales problemas son el tráfico vehicular y la basura, dejando al ruido en tercer lugar. Sobre los resultados, Abarca Cedeño (Universidad de Colima, 2010) señala: “las autoridades deben estar pendientes sobre es-tos pequeños focos de alarma y actuar con legislaciones claras al respec-to, pero sobre todo trabajar para concientizar a la población de este tipo de contaminación también genera un ambiente de malestar y demerita la calidad de vida”. En 1991 personal de las Facultades de Trabajo Social y de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó una investigación (SEMARNAP, et al., 1997) para conocer la relación existente entre variables sociodemográficas y la percepción y opi-nión de la población del área Metropolitana de Monterrey con respecto al ruido. En cuanto a fuentes de ruido, los datos arrojados por una encuesta realizada a 5000 habitantes señalaron que: un 52% de la población del área metropolitana se queja principalmente del ruido producido por el tránsito de vehículos, que es calificado como frecuente e intenso; un 34.4% de los entrevistados se quejan del ruido producido por los radios, del cual ase-veran que además de frecuente es intenso; un 27.4% señala que la música ocupa el tercer lugar como ruido frecuente e intenso; contrario a lo que pudiera suponerse debido a que el área analizada es predominantemente industrial, es muy bajo el porcentaje de personas que aluden al ruido de fábricas como frecuente e intenso.

Para estudiar al ruido como contaminante, es necesario al menos tener en cuenta los siguientes conceptos básicos

Causas y fuentes de la contaminación por ruido

Las causas que motivan el ruido pueden ser múltiples y podemos señalar como las más significativas las siguientes:

Falta de planeamiento urbanístico adecuado. •Planeamiento inadecuado en el trazado de las vías. •Falta de aislamiento acústico en los elementos de un edificio.•Aislamiento acústico inadecuado en locales generadores de ruido, resul-•tando en la transmisión de niveles excesivos al exterior.


Falta de normalización de los niveles máximos de emisión sonora en las •distintas zonas.Proximidad de los aeropuertos a las zonas o núcleos urbanos.•

Por lo que hace a las fuentes, cabe distinguir entre las que producen altos niveles capaces de dañar el órgano auditivo y aquellas que con niveles más bajos pueden molestarle y afectar a la salud psicosomática del individuo. En-tre las primeras se encuentran las originadas por la industrial y el transporte, mientras que entre las segundas están el tráfico urbano y las propias de aglo-meraciones humanas. Tomando en consideración lo anterior, los principales tipos de contaminación por ruido se pueden clasificar en:

Originados por industrias y obras públicas. • Con el crecimiento desor-denado de las ciudades, el ruido industrial que en un principio afectaba exclusivamente a los trabajadores, actualmente se presenta en los núcleos de población; en este apartado se incluyen las actividades de pequeñas industrias y comercios, situaciones de megafonía incontrolada como las que se dan especialmente los días festivos y por parte de vendedores de todo tipo de productos o sistemas de publicidad callejera.Las obras públicas son, posiblemente, una de las fuentes que más quejas •genera; sin embargo su repercusión se ve atenuada por el hecho de que, salvo en casos especiales, se produce durante el día y en el transcurso de jornadas laborables. El crecimiento urbano y la necesidad de dotarle de infraestructuras han incrementado la actividad de las obras públicas, generando la sensación de que las obras en la calle son algo permanente en las ciudades.Originados por tráfico rodado. Se ha convertido en uno de los grandes •problemas que afecta principalmente en las grandes y medianas ciu-dades. Se caracteriza por ser cambiante dada su condición de fuente móvil; presenta variaciones con el tiempo, tipo y estado de conserva-ción del vehículo, condiciones de las vías, disposiciones del tránsito y con la conducta del conductor. En el caso de los transportes y servicios públicos urbanos, el envejecimiento de la flota, su mal estado de mante-nimiento y en ocasiones su conducción son las causas más importantes del problema.


Con el desuso en que ha caído el ferrocarril como medio de transporte •en nuestro país, el ruido ocasionado por él no suele consignarse como molestia grave; en otros países su impacto suele neutralizarse enterrando la parte de las vías cuando atraviesan las ciudades, sin embargo, aún sub-terráneas transmiten vibraciones a edificios próximos.Originados por la aviación. El ruido producido por los aviones está consi-•derado entre los más molestos; su impacto no se limita a las proximidades de los grandes aeropuertos, sino que afecta también a un gran número de zonas urbanas y rurales en todos los países del mundo. La popularización del avión como medio de transporte y su uso en el movimiento de mer-cancías ha producido un aumento exponencial del tráfico aéreo en las últimas décadas. Originados por locales o espacios públicos. Las discotecas, bares, salones •de fiesta, etc., generan un gran volumen de molestias acústicas que de manera frecuente tienen su origen en:

- Ruidos provocados por los clientes en el exterior de las instalaciones.- Equipos reproductores de música, juegos y video.- Trabajos propios de los locales, realizados generalmente tras la hora de cierre.- Aparatos ruidosos como extractores de humos.- Impacto de la música del local pues aun contando con insonorización, no suele existir control del umbral de superación del ruido en esos sis-temas.

Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado la relación del •ruido con el consumo de bebidas alcohólicas. Las altas frecuencias se al-macenan en el estómago y producen mayor ansiedad, que induce a beber más, lo que potencia el consumo y el consecuente negocio (De Esteban Alonso, 2003).Otros ruidos. Al hablar de contaminación acústica, no suelen valorarse •en su magnitud real los ruidos producidos en la vida cotidiana vecinal pese a tenerla. Las quejas más frecuentes tienen su origen en:

- Ruidos debidos al uso, sin consenso, de instrumentos de música.- El uso de la radio y televisión a volumen inadecuado.- Uso de aparatos electrodomésticos ruidosos: lavadoras, aspiradoras, etc.- Pasos repetitivos, traslado de muebles, caída de objetos, etc.


- Ruidos de equipos individuales de aire acondicionado.- Molestias causadas por infraestructuras tales como ascensores y dre-najes.- Perros y otros animales, siendo el caso más frecuente el de los perros que ladran en ausencia de su amo. - Alarmas y sirenas instaladas en locales, fachadas, etc., aunque su efica-cia es puesta en duda por los profesionales de la seguridad.

b) Efectos del ruido

Son muchas las afecciones que se pueden sufrir a causa del ruido, y van de lo fisiológico a lo psicológico. Además interfiere de manera importante en la comunicación interpersonal, aumenta la siniestralidad laboral y los acci-dentes de tráfico. En el cuadro siguiente se presenta la escala numérica de decibeles así como los posibles efectos que esos niveles produce sobre las personas para dar una idea de lo obsoleto que resulta nuestra legislación en materia de límites máximos permitidos y valorar los niveles a los que día a día estamos expuestos los ciudadanos.

Dba Características especiales130 Es el nivel percibido a unos 10 metros de distancia de un avión, el ruido

es absolutamente insoportable y doloroso. 120 Se hace muy peligroso y se necesita alguna protección del oído. Este

ruido es el emitido por el reactor de un avión volando a 50 metros.110 Resultan peligrosos y muy molestos. Son habituales en una discoteca,

en un concierto de rock y a 100 metros de un avión aterrizando.90 Representa un ambiente muy ruidoso y resultan peligrosos si la expo-

sición se produce por largo tiempo. Es el nivel de ruido característico de un vehículo pesado circulando a 60 km/h y percibido a unos 10 metros.

80 Corresponde a ambientes bastante ruidosos, como el de una calle con tránsito intenso o algunos electrodomésticos como aspiradoras o la-vadoras.

Cuadro sobre los niveles de ruido y sus efectos


Abundando en el tema, a continuación se describen algunos de sus efectos.

Efectos fisiológicos

I Efectos auditivos: la exposición a niveles de ruido intenso da lugar a pérdidas de audición que, si en un principio son recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo llegan a hacerse irreversibles convirtiéndose en sordera.

II Efectos no auditivos: el ruido actúa negativamente en otras partes del or-ganismo donde se ha comprobando que bastan de 50 a 60 dB para que existan enfermedades asociadas al estímulo sonoro. En presencia de rui-do, el organismo adopta postura defensiva y hace uso de sus mecanismos de protección, y al llegar al rango comprendido entre los 95 y 105 dB se producen las siguientes afecciones:

Afecciones en el riego cerebralAlteraciones en la coordinación del sistema nervioso centralAlteraciones en el proceso digestivo

Dba Características especiales80 Corresponde a ambientes bastante ruidosos, como el de una

calle con tránsito intenso o algunos electrodomésticos como aspiradoras o lavadoras.

70 Suponen un ambiente ruidoso, habitual en zonas comerciales y muchos bares, en el interior de un tren o de un coche.

60 Equivalen a un ambiente poco ruidoso y es el nivel habitual de sonido de la voz en una conversación normal.

50 Representa un ambiente tranquilo, aunque todavía interfie-ren en el sueño. Es el nivel habitual en una sala de estudio.

40 Son propios de un ambiente de calma y admisibles para man-tener el sueño.

Menor o igual a 30

Ambiente silenciosos.

Cuadro sobre los niveles de ruido y sus efectos. Continúa

Fuente: García Saenz, 2003.


Cólicos y trastornos intestinalesAumento de la tensión muscular y presión arterialCambios de pulso en el encefalograma

Efectos psicológicos

I Efectos sobre el sueño: El ruido puede provocar dificultades para conci-liar el sueño y también despertar a quienes están ya dormidos. Se ha com-probado que sonidos del orden de los 60 dB(A) reducen la profundidad del sueño.

II Efectos sobre la conducta: La aparición súbita de un ruido puede produ-cir alteraciones en la conducta que, al menos momentáneamente, puede hacerse más indiferente, más agresiva o irritable.

III Efectos en la memoria: En tareas donde se utiliza la memoria, se observa un mejor rendimiento en las personas que no han estado sometidas al ruido, ya que con el ruido crece el nivel de activación del sujeto y esto, que en un principio puede ser ventajoso en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, resulta que lo que produce es una sobre activación que conlleva un descenso en el rendimiento.

IV Efectos en la atención: El ruido repercute sobre la atención, focalizándola hacia los aspectos más importantes de la tarea, en detrimento de aquellos otros aspectos considerados de menor relevancia.

Efectos en el embarazo

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde el prin-cipio en una zona muy ruidosa tienen niños que no sufren alteraciones, pero sí, si se han instalado en estos lugares después de los 5 meses de gestación.

Hipótesis de la investigación

El ruido es actualmente uno de los principales contaminantes a nivel urbano, pero en algunas ocasiones no se le considera como tal, por lo que se hace ne-cesario estudiar las condiciones actuales de nuestras ciudades para tomar las decisiones pertinentes para reducir sus niveles y mitigar sus efectos.


Justificación

Para que el ruido exista como contaminante, es necesario que haya un re-ceptor sensible, por lo que la valoración que el mismo haga del ruido es fun-damental en cualquier estudio de esta naturaleza. Con este fin, y teniendo como modelo las experiencias de otros países, se elaboró la encuesta “Per-cepción social del ruido como contaminante”, misma que fue aplicada como prueba piloto en el Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Objetivo

El objetivo de la investigación se centra en conocer la percepción social del ruido como contaminante.

Con éste fin, se realizó una prueba piloto destinada a conocer la opinión de los estudiantes, catedráticos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media sobre el tema; en este momento, después de analizar su pertinencia, la encuesta se aplica a la población de la conurbación y con los resultados obtenidos elaborar un instrumento para conocer y evaluar la percepción del ruido de los receptores afectados en la ciudad de Rioverde divididos en po-lígonos.

Metodología

En este apartado se describe la metodología empleada para elaborar el es-tudio La percepción social del ruido como contaminante, llevado a cabo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Media de la UASLP. Como se ha comentado, este estudio se enmarca dentro del proyecto titulado Elabora-ción de Mapas de ruido en la Zona Conurbada Rioverde-Ciudad Fernández. Primera Etapa.


Diseño de la investigación

De manera específica, en la primera fase del proyecto se elaboró el ins-trumento para la evaluación de la percepción del ruido. Las preguntas del instrumento son principalmente de opción múltiple, están basadas en el aplicado en la ciudad de Bilbao, España (Ayuntamiento de Bilbao, 2002) y fueron adaptadas a nuestro contexto social y ambiental. Poste-riormente se realizó una prueba piloto a dicha encuesta en el Unidad Zona Media con alumnos, maestros, administrativos, para probar su pertinencia; actualmente, una vez hecha la prueba piloto, la encuesta se aplica en el polígono que ha sido elegido para la realización de medicio-nes con sonómetro.

El instrumento fue elaborado por el equipo de trabajo encabezado por la Ing. Adoración Gómez Sánchez y el Ing. José Manuel Romo Orozco a partir de la encuesta utilizada en los estudios de evaluación de impacto del ruido ambiental en poblaciones residenciales de España. El diseño del instrumento recoge datos en un momento temporal y examina las relaciones entre varia-bles agrupadas en las siguientes áreas:

1. Impacto general del ruido ambiental: se refiere al sentimiento de mo-lestia experimentado por las personas en su entorno residencial.

2. Percepción del nivel de ruido en la colonia: se refiere a la evaluación que hacen los residentes del ruido que procede de la calle y que oyen en su vivienda.

3. Efectos psicosociales del ruido ambiental: se refieren a las interferen-cias ocasionadas por el ruido en las actividades diarias desarrolladas en la vivienda.

4. Impacto específico de las fuentes de ruido ambiental: se refiere a las molestias asociadas a diferentes fuentes de ruido. Se incluyen fuentes re-lacionadas con el transporte, la industria, los servicios de la comunidad y las sociales.

5. Impacto diferencial día-noche: se diferencia la molestia por ruido du-rante el periodo diurno (6:00-22:00) y el nocturno (22:00-6:00).

6. Impacto diferencial estacional: se analiza si existe algún periodo tem-poral en el que el ruido resulta más molesto.


7. Medidas dirigidas a reducir el impacto del ruido ambiental: se refiere tanto a las acciones individuales para reducir el impacto del ruido al inte-rior de las viviendas (cierre de ventanas, colocación de dobles ventanas o instalación de aislamiento acústico en la vivienda), como a intervenciones más globales que son responsabilidad de las autoridades.

8. Calidad ambiental percibida: se contemplan aspectos de la colonia o comunidad, como son el transporte público, parques, contaminación, servicios educativos, sanitarios, comerciales, etc., y entre los que se inclu-ye el nivel de ruido.

9. Sensibilidad hacia el ruido: se refiere a la susceptibilidad de las perso-nas en relación con el ruido.

10. Adaptación al ruido: se refiere a la reducción de los efectos nocivos del ruido conforme aumenta la experiencia con este contaminante ambiental.

11. Creencias ambientales hacia el ruido: se refiere al conocimiento y opi-niones que poseen las personas en relación con el ruido.

12. Variables residenciales: se contemplan algunas características del mu-nicipio, colonia y vivienda donde reside el entrevistado.

13. Variables socio-demográficas: se consideran las principales variables como son la edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, lugar de procedencia, etc.

Estas variables, a su vez, fueron agrupadas como se indica a continua-ción:

I Datos generalesII Grado de satisfacción generalIII Fuentes de ruidoIV Interferencia del ruidoV Molestias ocasionadas por el ruidoVI Aislamiento acústicoVII Sensibilidad y creencias sobre el ruido

Las escalas de medida utilizadas en los apartados son la escala ordinal, las escalas dicotómicas y las preguntas abiertas. Los resultados que a continua-ción se presentan son los obtenidos en la Unidad Zona Media.


Población-muestra

En el diseño del estudio se establecieron las siguientes especificaciones para la muestra y la población:

1 Ser miembro de la Unidad Zona Media 2 El tamaño de la muestra fue de 60 personas3 La muestra tuvo una distribución semejante en cada programa educativo

y se incluyeron estudiantes, académicos y personal administrativo que labora en la Unidad Zona Media

Análisis de los datos y resultados

Datos generales: La edad es un factor relevante en el estudio psicosocial del ruido; se pudo apreciar que los grupos de edad más numerosos están com-prendidos entre 15-24 años (73%) y en menor cantidad el rango de los 55-64 años de edad (3%), lo que se verá reflejado en los resultados obtenidos (Gráfi-ca 1). Debido a que la mayoría de los encuestados es gente joven, su tolerancia al ruido será mayor y las fuentes sonoras que les afectan serán diferentes a las que perciben las personas adultas.

Gráfica 1. Edades de la muestra

15-24

80

70

60

50

40

30

20

10

0

25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

El 72% de los encuestados se encuentra en el rango de los 15-24 años


Grados de satisfacción: En relación con el tiempo de residencia en la vi-vienda (Gráfica 2), la mayor parte de los encuestados (36%) la han habitado entre 3-10 años; lo anterior tiene explicación en que la mayoría de ellos son es-tudiantes y tienen su lugar de origen en otra población. Con respecto al tiempo de residencia en la colonia, se encontraron resultados semejantes (36% para el rango de 3-10 años). La importancia de ésta información radica en el grado de adaptabilidad y sensibilidad que las personas pueden presentar ante ciertos es-tímulos que resultan característicos de algunas zonas de la comunidad.

La satisfacción residencial se ha evaluado en función de tres dimensiones globales: colonia, vivienda y relaciones sociales (vecinos). El caso general de la satisfacción residencial (Gráfica 3) resulta ser regular, pues el 46% lo está con sus relaciones vecinales, el 41% con su barrio/colonia y el 39% está bas-tante satisfecho con su vivienda. El porcentaje que se encuentra nada satisfe-cho con su lugar de residencia es bajo pues representa menos del 5%.

La satisfacción que manifiestan los encuestados con la mayoría de los as-pectos considerados del barrio/colonia (Gráfica 4) es baja, situándose entre poco y regular: zonas verdes 34%, ruido 41%, zonas peatonales 41%, conta-minación 46%, seguridad y vigilancia, lugares de recreo 32%, servicios de limpieza 47%, agua y drenaje 36% y 34% respectivamente. Poco menos del 15% se encuentra muy satisfecho con estos aspectos.

Gráfica 2. Tiempo de residencia en la vivienda

1-2

Porc

enta

je (%

)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

3-10 11-20 21-30 30 o más

El 36% de los encuestados tiene entre 3-10 años de residir en la vivienda


Gráfica 3. Satisfacción general

Nada

Nada

Porc

enta

je (%

)Po

rcen

taje

(%)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

50

40

30

20

10

0

Poco

Poco

Regular

Regular

Bastante

Bastante

Mucho

Mucho

No contestó

No contestó

Barrio/Colonia

Vivienda

Vecinos

Más del 35% está regularmente satisfecho con su residencia

Zonas verdes

Ruido

Zonas peatonales

Gráfica 4. Satisfacción residencial

Contaminación

Seguridad y vigilancia de las calles

Lugares de recreo

Servicio de limpieza

Agua

Drenaje


Más del 40% opinó que los bares, cantinas y discotecas no son fuente importante de ruido

Gráfica 5. Fuentes fijas de ruido

En cuanto a la infraestructura del barrio/colonia se obtuvo que entre los aspectos que resultan moderadamente satisfactorios están los centros esco-lares (42%), el transporte público (41%), y el comercio (37%); menos del 25% de los encuestados se encuentra nada satisfecho con la infraestructura del barrio/colonia en la cual reside.

Fuentes de ruido: Entre las fuentes de ruido que genera mayor im-pacto destaca el comercio en 39%, mientras que el 47% no ve a las ins-talaciones de edificios ni a los bares, cantinas y discotecas (42%) como una fuente de alto impacto; lo anterior se debe a que la mayor parte de los encuestados son jóvenes y poseen una percepción diferente del ruido y sus fuentes.

En la gráfica 6 se puede observar que la motocicleta es considerada como una fuente de alto impacto, ya que aparece en 4 de las categorías de respues-tas. La recolección de basura también genera un alto impacto acústico en los encuestados, presentando un rango medio de 37%.

Interferencia del ruido: Las interferencias ocasionadas por el ruido en las actividades desarrolladas en la vivienda son diversas (Gráfica 7); las más afectadas son la lectura/estudio (25%) y el sueño la (22%); la menos interfe-

Más del 35% está regular-mente satisfecho con su re-sidencia

Porc

enta

je (%

)

50

40

30

20

10

0

Comercio

Talleres y fábricas

Instalaciones de edificios

Bares, cantinas, discotecas

Construcción y obras

Nada Poco Regular Bastante Mucho No contestó


Gráfica 7. Actividades que se ven interferidas por el ruido

Gráfica 6. Fuentes móviles de ruido

En todos los casos la motocicleta es considerada fuente de ruido

Nada

Nada

Porc

enta

je (%

)Po

rcen

taje

(%)

60

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

Poco

Poco

Regular

Regular

Bastante

Bastante

Mucho

Mucho

No contestó

Fuentes socialesCoches

Motos

Recolección de basura

Vehículos pesados

Bocinas y sirenas

Animales domésticos

Ver TV

Oir radio/música

Conversar

Leer/Estudiar

Trabajar en casa

Inicio del suelo

Durante el sueño


Gráfica 8. Molestias ocasionadas por el ruido

Gráfica 9. Grado de satisfacción con el aislamiento de la vivienda

Durante el día las molestias son mayores

Nada

Nada

Porc

enta

je (%

)Po

rcen

taje

(%)

50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0

Poco

Poco

Regular

Regular

Bastante

Bastante

Mucho

Mucho

No contestó

Casa

Barrio/Colonia

Ocupación

Diurno

Nocturno

Grado de satisfacción

Instalación


rida es ver televisión (51%). Destaca que el ruido interfiere más al inicio del sueño (22%) que durante el mismo (14%).

Molestias ocasionadas por el ruido: El impacto del ruido es mayor en el barrio (42%) y son mayores las molestias durante el periodo diurno (41%).

Aislamiento acústico: El 47% de los encuestados se encuentra nada sa-tisfecho al respecto y sólo menos del 15% se encuentra bastante o muy satis-fecho con él.

La principal estrategia a la que recurren para reducir el ruido ambiental es el cierre de ventanas; solamente el 7% contestó que no realizaba con fre-cuencia esta medida, el otro 93% lo hace regular o frecuentemente.

Cuando se pregunta a los encuestados si han pensado en alguna vez en la posibilidad de instalar aislamiento acústico en su vivienda, el 39% señala que este pensamiento ha sido regular y 15% dice que nunca lo ha tenido.

Creencias sobre el ruido: Los resultados obtenidos sobre las creencias de ruido ambiental son las siguientes:

En relación con la creencia de que el ruido es “progreso”, el 53% de los encuestados están totalmente en desacuerdo con dicha afirmación; la gran mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo con la creencia de que el ruido afecta a la salud (56%).

Gráfica 10. Percepciones sobre el ruido

El 56% de los encuestados creen que el ruido afecta la salud

Porc

enta

je (%

)

60

50

40

30

20

10

0Total

desacuerdoTotal

acuerdoNo lo había

pensadoNo

contestóDesacuerdo Acuerdo

Progreso

Somos ruidosos/as

Afecta a la salud

Algo bueno

Inevitable


Por otro lado, el 42% está de acuerdo con la creencia de que somos ruido-sos; en cuanto a que el ruido es algo inevitable, las opiniones se encuentran divididas al tener porcentajes similares en las diversas escalas.

Resultados finales y soluciones propuestas por los encuestados

Los principales resultados obtenidos en el estudio psicosocial se pueden re-sumir en lo siguiente:

Podemos señalar que los encuestados se encuentran regularmente satisfe-•chos con los servicios que les proporciona su actual lugar de residencia.Según los encuestados, la principal fuente de ruido proviene de la movili-•dad, destacando las motocicletas como el vehículo que más les afecta.Las actividades que se ven más afectadas por el ruido ambiental son aque-•llas que requieren de la memorización y la concentración (leer/estudiar).Durante el día, el ruido afecta más a la población y resulta más molesto al •exterior que en el interior de la vivienda.

Podemos señalar que la población universitaria posee una sensibilidad tolerante frente al ruido pese a que algunos lo consideran un contaminante ambiental, no equivalente al progreso y que afecta a la salud; en general se le considera como algo negativo.

En cuanto a las propuestas para disminuir los efectos del ruido, és-tas se pueden resumir en:

Que debe atacarse mediante medidas preventivas y campañas de con-•cientizaciónIdentificar las fuentes que afectan a nuestra ciudad•Tener normativas o reglamentos en materia de ruido en las cuales se fijen •los niveles de ruido aceptablesLa ordenación del uso del suelo •Tener equipamientos suficientes para la recreación•La utilización de materiales constructivos como técnica de aislamiento•


Conclusiones

La prueba piloto realizada permitió comprobar la posición que aún guardan algunas personas sobre no considerar al ruido como contaminante; algunas personas mostraron extrañeza al descubrir que lo es y por lo tanto un pro-blema de salud pública.

Se constató que la poca cultura de planeación y ordenación territorial no contribuyen de manera positiva en la mejora del medio ambiente urbano.

Se comprueba que la percepción del ruido como contaminante tiene una estrecha relación con la edad y la sensibilidad del receptor, ya que lo que mo-lesta a las personas mayores no lo hace de igual forma con los jóvenes.

El ruido es una contaminación localizada; es decir, afecta a un entorno li-mitado, principalmente en la proximidad de la fuente o de las áreas urbanas.

Se debe trabajar en diagnosticar las condiciones ambientales de nuestras ciudades para poder realizar intervenciones que resulten oportunas.


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Monitoreo de la biodiversidad en el planeamiento del uso del suelo 295

Introducción

Tal como en otros países de Europa, en Portugal el uso intensivo de los bosques provocó la fragmentación del paisaje, reduciendo hábitats muy an-tiguos en pequeñas manchas remanentes. El último gran episodio de des-trucción de los bosques en este país fue en la Edad Media, dando origen al uso extensivo de la agricultura, de la ganadería, a la producción de carbón. Los recursos maderables fueron también utilizados en la construcción na-val (da Silveira, 2001).

Durante el siglo XX, con el crecimiento de la producción leñosa en Por-tugal, fueron realizadas extensas plantaciones de Pinus pinaster (pino marí-timo), más tarde, en las últimas décadas, con el desarrollo de las industrias de celulosa, grandes superficies fueron plantadas con Eucalyptus globulus, sometidas a una producción intensiva. Estas dos especies dominan el paisaje forestal, particularmente en la región Centro y Norte del país, ocupando el

Monitoreo de la biodiversidad en el planeamiento del uso del suelo, contribución de diferentes usos del suelo en la riqueza de especies en áreas forestadas

Raúl Salas,* Beatriz Fidalgo,** José Gaspar* y Paulo Morais*

295

* Instituto Politécnico de Coimbra; Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, Escola Superior Agrária, Coimbra, Portugal.**Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Centro de Estudos Florestais.


30% y 25% respectivamente del área forestal total (DGF, 2001). En algunas de las áreas forestales públicas y atendiendo a razones de manejo, se promo-vió la creación de hábitats antiguos constituidos con especies de latifoliadas nativas, localizadas en pequeñas manchas dispersas, con claro valor de con-servación.

De acuerdo con Saunders y Hobbs (1994) y Hernández (2006) son las ca-racterísticas de las manchas, tales como la forma, la edad, el tamaño, la co-nectividad entre ellas, lo que permite la sobrevivencia de las especies y la diversidad de las comunidades. De este modo, cambios en los hábitats, en la composición, en la estructura y en si, alteraciones y valores observados en la diversidad de las plantas vasculares, son un indicador importante del estado de conservación (“salud”) de las poblaciones forestales. Son estos aspectos, así como la frecuente introducción de especies, algunos de los criterios reco-nocidos internacionalmente para evaluar la sustentabilidad de las prácticas del manejo forestal (Salas et al., 2005). De acuerdo con Waldhardt (2003), la evaluación de la biodiversidad en paisajes humanizados presenta dos grandes dificultades: 1) la evaluación de la biodiversidad es fuertemente dependiente de la escala espacio-temporal seleccionada; 2) la relación entre biodiversidad y uso del suelo son muy complejas.

Desde el punto de vista de un modelo jerárquico de organización, el pai-saje puede ser visto como un conjunto de niveles anidados, de este modo, los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo están anidados en una población forestal, a su vez un conjunto de poblaciones forestales están anidadas en manchas de un tipo de vegetación que constituyen habitats, estando estos habitats anidados a su vez a un nivel mayor, o sea, a nivel del paisaje.

La biodiversidad de un paisaje dependerá así, de sus características y de su relación con el uso de suelo. El impacto de ese uso del suelo probablemen-te podrá variar conforme a la escala espacio-temporal y al nivel de (α, β, γ di-versidad, Whittaker, 1977). En este sentido, se debe realzar la importancia de los siguientes dos aspectos: 1) la cantidad de la diversidad regional que puede ser adjudicada a sus componentes ambientales o espaciales; 2) la posibilidad de detectar una preferencia de la distribución individual de las especies hacia un tipo de hábitat o de alguna región geográfica (Couteron, 2004). Los mode-los de la diversidad partitiva son una propuesta metodológica que intenta dar respuesta a estas dos cuestiones. Lande (1996) demostró analíticamente que


el número total de especies en una región (γ) puede ser dividida en compo-nentes aditivos que representan la diversidad dentro de las comunidades (α) y la diversidad entre comunidades (β), donde la diversidad puede ser medida con los índices de Simpsom, de Shannon o simplemente con la riqueza de especies (S). Este método ha sido aplicado en áreas agrícolas, en la evalua-ción de la diversidad de insectos (Wagner et al., 2000; Ricotta, 2003; Gering, 2003). A pesar de esto, pocos ejemplos existen en el análisis de la biodiversi-dad particularmente en poblaciones forestales con claros indicios de huma-nización. El objetivo del presente trabajo es presentar un modelo partitivo que cuantifique la contribución de los diferentes componentes del paisaje en la diversidad, aplicado a bosques templados en la región Centro de Portugal. Estas poblaciones forestales fueron creadas en su inmensa mayoría por me-dios artificiales y tienen diferentes objetivos de gestión, entre ellas la produc-ción leñosa y en menor proporción la conservación de especies nativas.

Materiales y método

Área de estudio

Este trabajo fue realizado en el municipio de Lousã localizado a 33 km. al sureste de la Ciudad de Coimbra, en la región Centro de Portugal, cuenta con una superficie total de 13,841 hectáreas, de las cuales 7,875 ha tienen uso de suelo forestal, donde el régimen de propiedad privada es dominante, la propiedad forestal pública alcanza el 40% del área forestal en este municipio (Figura 1).

Caracterización de las poblaciones forestales y método de muestreo

Se realizó la fotointerpretación integral en pantalla de fotografías aéreas de infrarrojos de falso color del año 1995, utilizando el programa Arcgis v9.2 y usando una escala de 1:25000, con el objeto de caracterizar los diferentes tipos de uso del suelo, estableciendo para ello dos niveles de foto-interpre-tación (uso), el primero correspondió a los grandes usos del suelo (domi-nio): agrícola, forestal, incultos, social, etc.; y el segundo, correspondió a los


tipos de poblaciones forestales, identificando cada tipo por la(s) especie(s) dominante(s) en cada polígono o mancha (o población). En este trabajo se presentan exclusivamente los análisis realizados en áreas forestales y en áreas actualmente no cultivadas.

Una vez establecida la carta de ocupación y calculando las respectivas áreas, se decidió el número de parcelas a efectuar para la estimación de la diversidad, considerando así los estratos reconocidos en la fotointerpreta-ción, en consecuencia, el muestreo fue proporcional a la superficie ocupada por cada uno de estos tipos. De esta manera, 74 parcelas de muestreo fueron casualmente seleccionadas para la evaluación de la diversidad, procurando que el tamaño y distribución de la muestra permitiera obtener un buen es-timador (Rondeux, 1993), en este caso, de la diversidad en los habitats estu-diados. Las parcelas del inventario forestal fueron circulares de 500 m2, y la

Figura 1. Área de estudio, municipio de Lousã, región Centro de Portugal


cuantificación de la regeneración se efectúo en una parcela circular de 80 m2. A partir de las parcelas del inventario forestal, fue también evaluada la bio-diversidad de los estratos arbustivo y herbáceo, utilizando el método del área mínima, estimando el grado de cobertura según la escala Braun-Blanquet (Salas et al., 2005; Simmering et al., 2006).

En resumen, en la evaluación de la biodiversidad efectuada en cada par-cela se incluyen los tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. El inventario forestal tuvo lugar en el invierno de 2005 y la evaluación del estrato arbustivo y herbáceo fue realizada en tres colectas: en agosto y noviembre de 2005 y en marzo de 2006.

Análisis de los datos

Diversidad alfa e beta

A fin de describir la α-diversidad en las poblaciones forestales y en áreas no cultivadas fueron estimados: la riqueza de especies (S), el índice de Shannon-Weaner (H) y el índice de Simpsom (D). Estos índices fueron seleccionados debido a la facilidad con que son calculados e interpretados, dando impor-tancia según el tipo de índice, a todas las especies encontradas (Magurran, 1988), no obstante como señala Peet (1974), el índice de Shannon es sensible a las especies raras y a su vez, el índice de Simpsom es más sensible a cambios de las especies más abundantes. Así, las ecuaciones de los índices utilizados para calcular la diversidad a diferentes escalas de agregación son:

S = número total de especies

Índice de Simpsom: D = 1 - ∑ (pi )2

Índice de Shannon-Wiener: H’ = - ∑ (pi )(ln p1)

pi = n

= abundancia relativa de la iema especie ni

n= número total de individuos

s

i-1s

i-1


Análisis de varianza

Así, para evaluar si la diversidad entre los tipos de poblaciones forestales -con interés comercial y con interés de conservación- y las áreas no cultivadas, fue efectuado un análisis de varianza con los índices de α-diversidad estimados en los tipos de habitat, en el caso que existieran diferencias significativas se utilizó la prueba de T para la comparación de las medias.

Partición aditiva de la diversidad

Allan (1975) y Lande (1996) demostraron que cualquier medida de la diversi-dad puede ser dividida en componentes a condición de que ellas exhiban un comportamiento cóncavo, por lo tanto, la diversidad regional será la suma de la alfa y beta diversidad, considerando que alfa es la diversidad media dentro de las unidades muestrales en una región y beta, es la diversidad en-tre esas unidades muestreales, lo que permite dividir la diversidad total en una región en componentes a una escala determinada. De este modo, en el contexto del presente estudio, se mantiene esta interpretación clásica de la diversidad (diversidad media en las muestras y diversidad media entre las muestras) para una escala específica. Para ello, proponemos utilizar los índi-ces calculados para ilustrar su utilidad suponiendo, que tales índices pueden ser expresados como una varianza. De esta manera, la diversidad total de un conjunto de comunidades puede ser dividido en componentes aditivos con valor positivo, dentro y entre las comunidades.

Definiendo la terminología de los componentes de la diversidad conside-rados en este trabajo, se introduce el término, tipo de habitat (tipo forestal) que será un nivel intermedio entre paisaje y población forestal. A su vez, en esta población forestal, distinguiremos tres niveles, a saber: estrato arbóreo, estrato arbustivo y estrato herbáceo, todo esto implica una unión aditiva de los componentes de la diversidad (Gering et al., 2003). Como refiere Begon et al. (1996), una comunidad puede ser definida en cualquier tamaño, escala o nivel, dentro de una jerarquía de habitats. La figura 2, muestra los com-ponentes a una escala específica de la diversidad para los niveles: parcela (estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo), población forestal, tipo de habitat y paisaje.


Asumiendo que de la diversidad total fue estimada del mismo modo para la riqueza de especies, para el índice de Shannon y para el índice de Simpsom, a continuación se representa a título de ejemplo con el índice de Simpsom, el desarrollo del conjunto de ecuaciones utilizadas para estimar la diversidad en cada nivel de agregación:

DT = D dentro_habitat + D entre_habitats

Dhabitat = D dentro_bosques + D entre_bosques

Dbosques = D dentro_parcelas + D entre_parcelas

Resultados

Características generales de la comunidad

Como puede apreciarse en el cuadro 1, el uso del suelo forestal presenta la mayor superficie de ocupación (7,875 ha) en el municipio de la Lousã (ca. 57%), los datos de los últimos 40 años mostraron una cierta estabilidad de este uso del suelo, con alguna fluctuación, pero con valores de representa-

Figura 2. Cuatro niveles anidados considerados en la partición de la diversidad de especies


tividad relativamente próximos (Fidalgo et al., 2007). En seguida están las áreas no cultivadas, con un 26% del área total (3,598 ha), estas áreas son áreas agrícolas abandonadas, áreas forestales cortadas a matarraza o son áreas perturbadas por incendios, donde aún no hubo trabajos posteriores de regeneración y se incluyen también áreas donde los matorrales son muy antiguos (da Silveira, 2001). El área agrícola está representada apenas con el 14.5% o sea, 2,010 ha, perdiendo en los últimos 40 años cerca del 50% de su extensión (Fidalgo et al., 2007) y finalmente, el área social ocupa 358 ha (2.6%) de la superficie total del municipio (Figura 3).

Como se puede observar en el cuadro 1 el área forestal puede ser caracte-rizada de la siguiente manera: un área significativa ocupada con plantaciones con especies de rápido crecimiento, en particular nos referimos a E. globulus (23%), creación de poblaciones forestales mixtas de coníferas introducidas (4.4%) y desde luego, un uso extensivo del pino marítimo cuyo objetivo de gestión es la producción leñosa (66.6%). La superficie ocupada con las espe-cies de latifoliadas nativas sólo representa el 5.3% del área total, a pesar de su valor económico y ecológico (Cuadro 1). En el muestreo fueron colectadas un total de 184 especies de los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo.

Cuadro 1. Caracterización del uso del suelo, municipio de Lousã

Dominio Ocupación Código Área (ha) (%)Agrícola Cultivos permanentes 1 1310 9.5

Cultivos de temporal 2 700 5.1Subtotal Agrícola 2010 14.5Forestal Pino marítimo 3 5246 37.9

Eucaliptos 4 1818 13.1Latifoliadas nativas 5 462 3.3Coníferas diversas 6 349 2.5

Subtotal Forestal 7875 56.9No cultivadas 9 3598 26.0Social 7 358 2.6Total 13841 100.0


Curva de acumulación de especies

Dado que la curva de acumulación de especies presenta una aproximación a una asíntota (Gráfica 1), se sugiere que el muestreo fue capaz de estimar correctamente la riqueza total de especies en el área de estudio, es probable que el esquema de muestreo diferido en tiempo y espacio permitiera obtener un número significativo y representativo de las plantas vasculares del muni-cipio de Lousã.

Los resultados del ajuste de la regresión no linear con los datos adquiridos en campo son mostrados en el cuadro 2. El modelo ajustado fue:

Especies_acumuladas = a* exp (-b/parcela)

Figura 3. Carta con la ocupación forestal y áreas no cultivadas

imagen con mala calidad


El modelo propuesto se comporta bien y la distribución de los residuales fue completamente casual, en el ajuste de los parámetros se observa que fue-ron estimados con un error relativamente pequeño.

Análisis de la diversidad entre tipos de habitat

El análisis de varianza mostró diferencias significativas en la riqueza de es-pecies (S) entre los tipos de habitat, como consecuencia de las especies en-

Gráfica 1. Curva de acumulación de especies

Cuadro 2. Resultados del análisis de regresión no linear, para la predicción de especies acumuladas

Fonte g.l. CM F Pr>FModelo 2 3932.6 122.37 <0.0001Error 72 32.1372

Parámetro Estimacióna 10.7180b 0.6818

Núm

ero

de e

spec

ies a

cum

ulad

as

12

10

8

6

4

2

00 10 20 30 40 50 60 70 80

Número de muestras


contradas en los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo en cada uno de estos tipos (Cuadro 3). Aplicando la prueba de t para la comparación de medias, se destaca que este índice de la α-diversidad, fue significativamente superior en los bosques de latifoliadas nativas en relación a las plantaciones de eucalipto y a las plantaciones mixtas de coníferas.

Cuadro 3. Efecto del tipo de habitat en los indicadores α de la diversidad

S= Riqueza de Especies, H= Índice de Shannon, D= Índice de Simpsom. Las letras dife-rentes indican diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de hábitat.

Variable explica-da

Efecto g.l. F Pr>F Media

S Tipo de habitat

4 3.31 0,0111 P. marítimo 10.0 abc

Eucalipto 7.8 abLatif. Nativas 12.0 acConíferas div. 4.0 abd

No cultivadas 9.5 abcdH Tipo de

habitat4 2.95 0.0127 P. marítimo 1.65 a

Eucalipto 1.38 bLatif. nativas1.89 cConíferas div. 1.27 abcNo cultivadas 1.66 abc

D Tipo de Habitat

4 1.96 0.0839 P. marítimo 0.69

Eucalipto 0.61Latif. Nativas 0.76Coníferas div. 0.66No cultivadas 0.71


A su vez, con el índice de Shannon también fueron halladas diferencias significativas entre habitats, en este caso, a través en la comparación de me-dias con la prueba de t, se establecieron diferencias entre los bosques de pino marítimo, de eucaliptos y de latifoliadas nativas (Cuadro 3). Con el índice α-diversidad, índice de Simpsom no hubo aparentemente ningún efecto por el tipo de habitat, en relación a la diversidad estimada, no obstante, se advier-te una mayor diferencia entre los valores registrados en el bosque de latifolia-das nativas y las plantaciones de eucalipto (Cuadro 3).

Partición aditiva de la diversidad

En la partición aditiva de la diversidad en los cuatro niveles anidados (pai-saje, tipo de habitat, tipo de población forestal y parcela), se encontró que en conjunto el habitat: bosques o poblaciones forestales presentaron valores superiores de los α indicadores de diversidad en relación a las áreas no culti-vadas (Cuadro 4).

A nivel del tipo de bosque fue observado que las latifoliadas nativas mos-traron una diversidad más elevada que los restantes grupos, seguida por los bosques de pino marítimo, siendo la diversidad más baja en las áreas de las plantaciones de eucalipto y en las áreas de las plantaciones mixtas de coní-feras (esto se debe en gran medida a la utilización de especies tolerantes, en

S= Riqueza de Especies, H= Índice de Shannon, D= Índice de Simpsom.

Cuadro 4. Partición aditiva de la diversidad

Nivel S H DTipo de P. marítimo 95 3,559 0,942Bosque Eucalipto 49 3,168 0,924

Latifoliadas nativas

135 4,045 0,969

Coníferas diversas

25 1,650 0,793

Habitat Bosques 174 3,978 0,963No cultivado 65 3,626 0,962


donde debido a las altas densidades la cantidad de luz que llega al suelo es muy escasa y en consecuencia hay un pobre desarrollo de la vegetación de los estratos inferiores de este tipo de bosques), como se puede constatar en la gráfica 2.

Con excepción del nivel parcela en el índice de riqueza de especies (S), los valores de la media de la diversidad de las parcelas fue inferior a la media de la diversidad entre las parcelas (Gráfica 3). Como consecuencia, se pue-de considerar que las poblaciones forestales no son muy similares entre si, como ya había sido demostrado en el análisis de varianza. En los restantes niveles la componente β-diversidad siempre fue menor que la α-diversidad, sin que por eso, no se deje de señalar que en el caso de los tipos de habitat, la semejanza entre ellos no es estrecha, habiendo valores que muestran una variabilidad notable de la diversidad de los bosques, para las áreas no culti-vadas, en particular con los bosques de pino marítimo, de eucaliptos y de las latifoliadas nativas, como fue mostrado en el análisis de varianza (Cuadro 4, gráfica 3).

Gráfica 2. Partición de la diversidad en bosques y a nivel de paisaje: alfa 1= dentro de las parcelas, beta 1= entre parcelas, beta 2= entre tipos de bosque, beta 3= entre tipos de hábitat

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 pb eg fd rd Paisaje

beta 3beta 2beta 1alfa 1


Discusión

En relación al muestreo practicado en el estrato forestal creemos que tene-mos una buena cobertura de las situaciones existentes en el municipio, aun-que puede parecer un muestreo pobre en los bosques mixtos de coníferas, se debe señalar que en estas plantaciones se utilizaron comúnmente, especies tolerantes, lo que a priori, puede sugerir, que en nuevas muestras se pueda encontrar valores de diversidad parecidos a los registrados en este estudio, ya que la escasa luz que llega al suelo limita el establecimiento de especies en los tres estratos estudiados, además estos bosques, en la práctica, tienen una muy baja representatividad en el área forestal total (4.4%). Por otro lado, como se constató en la curva de acumulación de especies, se verifica que las tres colectas realizadas en épocas distintas del año (entre agosto de 2006 y

Gráfica 3. Partición de la diversidad en función de los índices de Shannon y Simpsom: alfa 1= dentro de las parcelas, beta 1= entre parcelas, beta 2= entre tipos de bosque, beta 3= entre tipos de hábitat

Div

ersi

dad

tota

l (%

)


marzo de 2007), permitieron captar una alta representatividad de las plantas vasculares encontradas en los habitats estudiados en el municipio, de este modo, con la curva ajustada, se consiguió caracterizar la riqueza especifica del área de estudio, esto da una clara indicación sobre el esfuerzo en térmi-nos de muestreo para colectas futuras (Soberón y Llorente, 1993; Moreno y Halffter, 2000).

La forma en que fue observada la partición de la diversidad, muestra que las características del habitat tienen un efecto decisivo en la riqueza y distri-bución de las especies, el habitat como fue ya fue referido en otros estudios, determina la abundancia y distribución de las especies (Wagner et al., 2000; Fournier y Loreau, 2001).

Esta distribución depende de varios aspectos, uno de ellos se refiere a los procesos de perturbación por agentes naturales (i.e., incendios), otros debido a la intervención humana, y en este sentido, cabe mencionar los cortes por matarrazas practicados en los bosques en el área de estudio. Por esto, es no-torio que los valores más bajos de diversidad fueron encontrados en bosques de eucaliptos, bosques que en su mayoría son puros, con altas de densidades y que son cortados en revoluciones promedio de 10 años, estos son bosques sometidos a un proceso de producción continuo e intensivo, lo que permite apenas un pobre establecimiento de especies en los estratos arbustivo y her-báceo. Este comportamiento será por lo tanto observado en extensas super-ficies del área forestal del municipio (1,817.6 ha), o sea, el 23% del área total, en el caso de las coniferas mixtas que presentan los valores más bajos de diversidad sólo representan el 4.4% del área forestal. En cambio, los bosques de pino marítimo que también son puros en su mayor parte, tienen una edad de corte final superior a los 50 años, permitiendo en este lapso de tiempo la instalación de diversas especies en los tres estratos, por eso, como fue mos-trado en el cuadro 4, esta especie alcanza valores de diversidad entre los más elevados, siendo sólo superados por los bosques de latifoliadas nativas. No obstante, este último tipo de bosque, tiene una representatividad espacial muy baja y su falta de conectividad a una escala de paisaje puede limitar los beneficios de su alta diversidad observada, tal como es referido por Fournier y Loreau (2001). Como fue mencionado anteriormente (Cuadro 4), los valo-res de diversidad estimados con el índice de Shannon fueron elevados para este tipo de bosque, lo que hace suponer que puede deberse a la existencia


de especies raras (Peet, 1974). Esto, desde el punto de vista de programas de conservación y manejo despierta interés para la región, como señalan Gering et al. (2003), es por lo tanto importante formular una lista con las especies raras y de algún modo intentar establecer múltiples sitios dentro del área forestal para preservar estas especies que pueden eventualmente tener un elevado valor biológico.

Conclusiones

Una primera conclusión será que en términos de riqueza y de los índices de di-versidad calculados en las áreas forestales de este estudio, fueron comparables a otros bosques templados en Europa. En este trabajo fue posible reconocer la contribución de cada componente del paisaje en la diversidad de especies, dejando claro que a nivel de paisaje, el uso forestal en promedio contribuye con una mayor diversidad de especies que las áreas no cultivadas. Dentro de los tipos forestales, fue evidente también que las poblaciones manejadas con silvicultura intensiva presentaron los valores más bajos de diversidad, un ejem-plo de ello, son las plantaciones de corta rotación de E. globulus. A su vez, las poblaciones de pino marítimo que dominan el paisaje mostraron valores ele-vados de diversidad, sólo superados por las poblaciones de latifoliadas nativas. En consecuencia, de la discrepancia de valores (contribución) en los diferentes componentes del paisaje (i.e. tipos de hábitat y tipos de bosque), fue notable el elevado valor de la diversidad de los componentes beta1 (entre parcelas), beta2 (entre tipos de bosque) y beta3 (entre hábitats).

Por último, el tamaño de la muestra se reveló suficiente para una estima-ción adecuada de la diversidad, según mostró el modelo de la curva de acu-mulación de especies propuesto.


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Monitoring land cover change in a forested landscape 313

Introduction

Rural areas in Portugal, as in other European and Mediterranean coun-tries, have experienced quite dramatic land use/ cover changes over the past century.

These are cultural landscapes bearing the impact of human activity since pre-historical times, and having agriculture as the main land use. All the forests are planted forests belonging to small non industrial forest owners (NIFO), and in a smaller proportion, common lands managed by the local public forest services in behalf of the community.

Nowadays, agriculture and forestry are no longer the main activity nor the source of income of farmers and forest owners (Baptista and Santos 2005). The majority of them work in the urban areas located near this area. As in other areas of central Portugal, rural areas are being abandoned (Baptista 2001). Depopulation is thus a major driving force for landscape change.

Monitoring land cover change in a forested landscape in central Portugal. The role of structural indices

Beatriz Fidalgo,* Raúl Salas,** José Gaspar** & Paulo Morais**

313

* Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia.Centro de Estudos Florestais; Escola Superior Agrária.** Instituto Politécnico de Coimbra; Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, Escola Superior Agrária, Coimbra, Portugal.


In the last decades, forest wild fires and the intensification of forest man-agement with the introduction of fast growing species in privately-owned forests, have also contributed to change both locally and regionally the char-acteristics of Portuguese rural landscapes (Fidalgo and Páscoa 2007).

The fragmented-ownership pattern in areas with non-industrial private forest ownership (NIPF), in combination with these new forestry practices, have created fragmented forests with relatively low proportions of habitat types that are important for many species such as the native broadleaved, and, at the same time, large areas of other species such as pine stands. Thus, changes in species composition and structure of forests may possibly affect the overall biodiversity value of forest areas (Wear et al., 1996; Carlsson, 1999).

Landscape analysis has been used to access the overall effect of landscape change in forest’s biodiversity. However, landscape studies have been devel-oped for areas with homogenous ownership patterns and not for areas with fragmented ownership as it is the case of this paper.

Landscape monitoring usually relies only on land-use statistics which show the quantitative distribution of broad categories of land use/land cover types, but landscape pattern should also be considered, if the functioning of landscapes is to be understood as well (Formam and Godron, 1986). Metrics are quantitative indices that address the spatial heterogeneity of the land-scapes, and can be very helpful in this context. They are commonly used to describe structural landscape characteristics, to document landscape change or its relation to the occurrence of several species or groups of species (Turn-er et al., 2001; Olsen et al., 2007). The number of measures used as landscape pattern metrics is extremely large (Formam and Godron, 1986; Gustafson and Parker, 1992) and considering that metrics can be calculated either on the overall landscape, on a specific land cover classes or on each polygon or land cover unit, the number of metrics that can be computed turns out to be extremely large. One focus of the research has, therefore, been to find a sub-group of metrics that represents the issue under consideration.

Literature review showed the use of two main approaches for metrics se-lection: (1) based on expertise and past experience or (2) based on statistical approaches. The majority of the approaches are concerned with redundancy in landscape metrics and with the identification of metrics that do not dupli-


cate the same pattern information, i.e. metrics that are not correlated with other metrics in the study (Baskent and Jordan, 1995; Gustafson, 1998; Rob-erts et al., 2000, among others).

PCA is one of the methodological approaches used to reduce redundancy in landscape metrics. Fundamental axis can be used to represent either land-scape structure instead of landscape metrics themselves, or to select the land-scape metrics that have the major contribution for the principal axes (Riitters et al., 1995; Griffith et al., 2000; Lausch and Herzog, 2002; Hahs and McDon-nell, 2006). For authors defending the first approach, landscape metrics selec-tion should not rely only on statistical analysis because: (1) statistical inference is seriously compromised when patter analysis is applied to only one landscape (Li and Wu 2004); (2) some of the correlated metrics represent distinct compo-nents of landscape structure linked to different processes in landscape func-tioning (Gustafson, 1998); (3) the usefulness of a metric to landscape planning also depends on the range of values found in a particular situation. If the mea-sured values for different situations fall within a narrow range, discrimination between land use/cover in the same landscape will be difficult to assess and changes along a time or space gradient, will not be detected.

The selection should also be done according to the potential relevance for the problem that is being investigated (Trani and Giles, 1999; De Clercq et al., 2006).

The aim of this study was to investigate the temporal dynamics of these culturally forested landscapes that are common in central Portugal. Thus it specifically rose the questions of: how has the spatial distribution of land use/cover changed from 1954 to the 1974 to the 1994 and, whether it is possi-ble to find a sub-set of metrics capable of capturing the changes in landscape pattern over space and time in order to identify trends in landscape spatial configurations that could be related with changes in ecological conditions.

Material and methods

Study area

The study was conducted in a central region of Portugal, in the council of Lousã with an area of 138 Km2 (Figure 1). This study area is representative


of the socio economic and biophysical context that was mentioned above regarding the rural areas in central Portugal.

In the studied area variation in land cover occurs along a topographic gradient (altitude and slope), ranging from the low valley, where the main settlements and agricultural areas are located, to the top hills, where uncul-tivated land and forests are the dominant land cover types.

Data acquisition and methods

For land cover/use change study, several methodological steps were followed, starting with the generation of the baseline geometry, and ending with the actual calculations and evaluation of the metrics.

Figure 1. Location of the area under study


A time period of nearly forty years was analyzed based on land cover maps derived by interpretation of aerial photographs of the years 1954, 1974 and 1995. Since the results of landscape metrics depend on the thematic resolution and the classification scheme used, it is of crucial importance to ensure the quality and consistency of the baseline geometry derived from the land cover map produced (Riitters et al., 1995; Gustafson, 1998). For the years 1954 and 1974, the baseline material consisted in digitized land cover maps (scale 1: 25000) produced by manual aerial photo interpretation. For the year 1995, the baseline material was produced by on-screen aerial photo interpretation of infrared false color photographs using ARCGIS v9.2 soft-ware and a scale of 1:25000.

To compare landscape structure over different time periods, a classifi-cation key, employed by the National Forest Inventory in past surveys, was used (Table1). This classification has a hierarchical structure of two level of land cover definition. In this study the second level was only used for forest and agricultural classes.

In the second level forest areas were stratified according to their main occupation. Agriculture areas were only stratified in permanent and tempo-rary crops. Other land cover classes, such as settlements and uncultivated areas, were considered without further stratification.

Landscape metrics were calculated based on raster files with a 5 m x 5 m grid cell, using the public domain software package FRAGSTATS v3.0.

Table 1. Land use/cover classification used in the study

Land use/cover domain Land cover type CodeAgriculture Permanent crops 1

Temporary crops 2Forest Pines 3

Eucalypts 4Native broadleaved 5Other conifers 6

Settlements 7Uncultivated land 9


Landscape metrics were calculated for each time period (1954; 1974; 1995) at patch, and class (land cover types) levels.

Principal component analysis (PCA) was performed using the software package SAS v9 for the class and patch levels over all the three map-years in order to identify the major components and the metrics dominating them.

Before PCA a pre-selection of landscape metrics, based on Pearson cor-relation coefficients, was performed. For each level (patch and class) all the pair-wise correlation coefficients were calculated among the metrics. Groups of metrics were formed, so that all within group correlations were 0.9 or more (Riitters et al., 1995). Within the group, the selection followed the gen-eral rule of choosing the metric that had less correlation with other metrics (Riitters et al., 1995), and ensure that the final set could describe the distinct and fundamental components of the spatial pattern (Gustafson, 1998). The initial set of calculated metrics was of 77 at class level and 28 at the patch level. A set of 27 metrics for class level and 11 metrics for patch level were retained for PCA analysis.

To increase interpretability, an orthogonal varimax rotation, which main-tained non-correlation between the components, was performed on the re-sulting component scores.

Results and discussion

Land use and major land use changes

As shown in table 2, the study area has always been an agricultural landscape. With a proportion of occupation above 55%, cultivated forests have been the dominant use in the study area along the whole period of analysis. The major shifts in land use have been the loss of agricultural areas, more than 12%, and the correspondent increase in uncultivated land. Social or urban areas (settle-ments) had a small expansion mainly in the second period of analysis.

The global pattern of land use change was different in the first period of analysis (from 1954 to 1974) from the second period (1954-1974). The most relevant feature in the first period was the expansion of the forest area with pine forests and the correspondent decrease in uncultivated land, and, in a far less proportion (about 1%) in agricultural area.


Table 2. Land use in 1954, 1974 and 1995 for the study area

Land Cover Year 54 Year 74 Year 95Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) %

Forests (FL) 7867 56,8% 8506 61,5% 7875 56,9%Agricu lture (AG)

3645 26,3% 3503 25,3% 2010 14,5%

Uncultivated (IC)

2119 15,3% 1603 11,6% 3598 26,0%

Sett lements (SC)

209 1,5% 228 1,7% 358 2,6%

Total 13841 100,0% 13841 100,0% 13841 100,0%

In this period the overall stability of the land cover (patches that did not change their use/cover) was 69.8%. The major changes between classes were from uncultivated (4.76% of the landscape area), from broadleaved (3.15%), and from agricultural crops to pine forests (3.7%).

The most striking feature in the second period was the dramatic decrease in agriculture (with a loss of about 40% of the agricultural area in the begin-ning of the period) and the expansion of uncultivated land. The forest area also decreased to the reported level of 1954 which corresponds to the begin-ning of the analysis period.

The urban area started with a small increase in the first period that ac-celerated in the second one. However, the proportion of urban area in the landscape was still relatively low (2.6%).

In this second period the overall stability of the land cover was 46.6%. The major changes between classes were from pine forests to uncultivated land (15.1% of the landscape area), to eucalypts forests (10.2%), and, in a far less proportion, from agricultural crops to pine forests (4.7%).

During the whole period of analysis the value of the forest area had a fluctuation of about 5% of the whole landscape. Changes in forest area also showed different trends in the first and second period, as opposed to what happened in agriculture and settlements classes where trends in change were the same in both periods.


Forest areas had experienced important and quite challenged transfor-mation in regarding their composition.

Pine plantations had already dominated almost exclusively the landscape in the beginning of the analysis period (about 86% of the whole forest area and 50% of the landscape area). With the overall increase in forest areas dur-ing the first period, pine plantations achieve more than 90% of the forest area, which corresponds to 57% of the landscape area.

The main driving force for change in forest areas in this period was, ac-cording to Gaspar (2005), public investments in forest plantations in public and communal lands. The trend was inverted to the opposite direction in the second period with pine plantation areas decreasing in more than 16% of the whole forests and more than 12% of the whole landscape. In 1994, forest pine plantation accounted only for 38% of the landscape area (5246 ha).

But the most relevant feature in forests change was probably the rise of a new forest land use type, the eucalypts plantations that, in less than twenty years (second period), expanded to more than 1800 ha, which represents 20% of the forest area and about 13% of the whole landscape area.

Graphic 1. Proportion of forest types in forest area (%) along the analysis period

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Pine Eucalypts Native broadleaves Other conifers


Native broadleaves had always a small occupation. Starting with less than 4% of the landscape area (596 ha), those almost disappeared in the first peri-od (less than 1%), they recovered in the second period to levels close to those which were registered in the beginning of the period (420 ha, approximately 3% of the landscape area).

As in other rural areas of Portugal, in the second period the landscape has being reshaped by large forest wildfires which started to occur around 1975 (Gaspar, 2005) and by small pattern of private forest land owners’ inter-ventions and their rational for planting trees (Fidalgo and Páscoa, 2007).

Structural changes and landscape metrics selection

PCA results at patch level

Table 3 shows the eigenvalues and cumulative proportion of the amount of variation found for the eleven variables included in PCA analyses at patch level for the three data sets.

Following the above-mentioned rule, the axes or components with an eigenvalue greater than one were retained. A set of four components for year 54 was found, and thus the fourth factor was also retained in years 74 and 95 for comparative purposes.

The total amount of variance explained was higher for years 74 and 95 than for year 54.

For these two years, the first three components accounted for more than 85% of the total amount of variation, and thus these three axes were consid-ered enough to explain the whole data set.

In the year 1954, the first three axes explain 78% of the whole data varia-tion. The first component explains 39%, the second and third had similar proportions (20 and 18% respectively) and the fourth 11%.

In the year 1974, the first component accounts for 43%, the second for 29%, the third for 17% and the fourth less than 10 %.

In the year 1995, the first component explains more than a half of the variance, the second about 17%, the third 13% and the fourth 10%.

Table 4 shows the rotated component matrices for each year and the load-ing of different metric on each component. Its analysis shows that, in gen-


eral, the behaviour of the metrics was very similar for the years 1974 and 1995. Shape measures, shape area index (SHAPE) and the standard deviation for the class average of the same index (SHAPE_CSD), showed the highest positive association with the first component. A measure of fragmentation, i.e. the number of core areas (NCORE) and its standard deviation for the landscape average loaded highly in the second component. In the third com-ponent emerges again a fragmentation measure, a standard deviation of core area index (CAI_CSD) loaded highly in year 74 and nearest neighbouring distance (ENN) in the year 1995.

Metrics with loads above 0.81 are in bold and metrics loading highly are underlined. AREA_Patch area; SHAPE- Shape patch index; FRAC-Fractal dimension; NCORE-Number of core areas; PARA- Perimeter area ratio; CAI-Core area index; ENN Nearest neighbouring distance (CSD-Standard deviation for class average; LSD-Standard deviation for landscape average).

Table 3 Eigenvalues and amount of variance explained by the first five factors of the PCA (patch level)

Factors or components 1 2 3 4Year 54Eigenvalue 3.68 1.89 1.73 1.02Difference 1.79 0.16 0.70 0.14Cumulative proportion of variance explained

0.39 0.59 0.78 0.89

Year 74Eigenvalue 3.86 2.54 1.49 0.82Difference 1.33 1.05 0.67 0.34Cumulative proportion of variance explained

0.43 0.72 0.89 0.98

Year 95Eigenvalue 5.48 1.71 1.34 0.98Difference 3.77 0.36 0.36 0.26Cumulative proportion of variance explained

0.55 0.72 0.85 0.95

Monitoring land cover change in a forested landscape 323Ta

ble

4. R

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12

34

12

34

12

34

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090.

65-0

.02

-0.0

40.

50-0

.05

0.10

-0.0

40.

650.

27-0

.02

0.02

PAR

A-0

.22

-0.2

00.

030.

72-0

.09

-0.2

7-0

.87

-0.0

7-0

.03

-0.1

6-0

.06

0.90

SHA

PE-0

.06

0.16

0.95

0.07

0.94

0.14

0.00

0.00

0.85

0.41

-0.0

7-0

.13

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PE_C

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200.

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140.

03-0

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0.85

0.36

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7-0

.17

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220.

17-0

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800.

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600.

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-0.2

0C

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_CSD

0.08

0.80

0.00

-0.0

70.

72-0

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0.18

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70.

800.

11-0

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8

NC

ORE

0.97

0.07

-0.1

5-0

.12

0.09

0.99

0.06

0.07

0.34

0.93

-0.0

2-0

.05

NC

ORE

_CSD

0.84

0.25

0.05

-0.0

50.

070.

920.

170.

070.

360.

83-0

.02

-0.1

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960.

06-0

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20.

090.

990.

060.

070.

350.

93-0

.02

-0.0

4C

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CSD

0.03

0.41

-0.2

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0.11

0.00

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10.

19-0

.02

0.02

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N0.

03-0

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0.19

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0.04

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10.

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_CSD

-0.0

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0.58

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.08

0.07

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20.

63-0

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-0.0

20.

90-0

.04

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rics

with

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0.81

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ave

rage

).


The pattern for year 54 was slightly different as shown in Tables 3 and 4. The set of metrics loading highly was quite similar to year 95, but they appear in different components. The number of different core areas (aver-age (NCORE) and its standard deviation at landscape level (NCORE_LSD) loaded highly in the first component, in shape index in the second and third and a new form metric, and in the perimeter area ratio (PARA) in the forth.

PCA results at class level

Eigenvalues and the amount of variation explained by each component in PCA for the sixteen variables at class level are shown in Table 5. A set of five axes for years 54 and 74 was found at this level and thus, the fifth factor, was also retained in year 95 for the afore-mentioned reason.

Table 5 Eigenvalues and amount of variance explained by the first five factors of the PCA (class level)

Component 1 2 3 4 5Year 54Eigenvalue 13.51 5.06 3.68 2.45 1.18Difference 8.45 1.39 1.23 1.28 0.52Cumulative proportion of variance explained

0.50 0.69 0.82 0.91 0.96

Year 74Eigenvalue 14.24 7.03 2.41 1.93 1.38Difference 7.21 4.62 0.49 0.55 1.38Cumulative proportion of variance explained

0.53 0.79 0.88 0.95 1.00

Year 95 Eigenvalue 13.54 8.25 2.36 1.10 0.85Difference 5.29 5.89 1.26 0.25 0.18Cumulative proportion of variance explained

0.50 0.81 0.89 0.94 0.97


The proportion explained by the first three components is 82% in year 54, 88% in year 74 and 89% in year 95. These are the amounts of expected variance that are considered acceptable by the literature in similar analyses (Griffith et al., 2000 among others), which suggests that it might suffice to retain three axes in the PCA analysis at the class level.

The first component explains more than 50% of the variance of the data for all the three data years, the second component explains between 19% in year 54 and 31% in year 95, and the third component between 14% in year 54 and less than 10 % in years 74 and 95.

The rotated component matrices for each year and the loading of dif-ferent metric on each component are shown in Table 6. Its analysis showed differences in the three data sets regarding to the major loading metric con-tribution in the different components.

In year 54, the first axis was manly associated with configuration and fragmentation measures, the Splitting Index (SPLIT) was associated with a negative association and nearest neighbouring distance (ENN) with a posi-tive association.

The Splitting Index is based on the cumulative patch area distribution and measures the degree of division of the landscape types in patches, in-creasing as the landscape types are increasingly subdivided into smaller patches (McGarial and Marks 1995).

In year 74, a shape measure: the range of variation of the perimeter area ration (PARA_RA) presents the higher loading, but the large shape index (LSI), a measure of aggregation or clumpiness, has also a highly positive association. The first component, in year 95, presents a larger number of metrics with a positive association when compared with the same component in the other years. Here, the positive association with LSI is even higher, closely followed by a shape measure, the range of vari-ation of fractal dimension (FRAC_RA). In this axis, other shape metrics, such as the coefficient of variation of fractal dimension (FRAC_CV) and the range of variation of the shape Index (SHAPE_RA), have also a high loading.

Moreover, fragmentation measures, such as the average of core area in-dex (CAI_MN) and nearest neighbouring distance (ENN_CV), had loadings above 0.87.


Table 6. Rotated component matrices showing factor loadings for all three data years (class level)

Components year 54 Components year 74 Components year 95Metrics 1 2 3 1 2 3 1 2 3CA 0.06 0.02 0.85 0.36 -0.21 0.90 0.55 -0.75 0.18NP 0.40 0.08 -0.08 0.80 0.44 -0.28 0.65 -0.27 -0.46ED 0.29 0.09 0.53 0.84 -0.17 0.45 0.72 -0.61 0.08LSI 0.50 0.16 0.09 0.90 0.11 -0.10 0.96 0.13 0.01AREA_MN 0.06 -0.04 0.98 -0.11 -0.41 0.90 -0.68 -0.57 0.40AREA_CV 0.52 0.19 0.21 0.18 0.10 0.21 0.82 -0.46 -0.22SHAPE_AM

0.46 0.22 0.46 0.43 -0.33 0.50 0.72 -0.41 0.48

SHAPE_MD

0.81 0.13 0.09 0.33 -0.56 0.36 -0.57 0.38 0.61

SHAPE_RA 0.41 0.73 0.34 0.77 -0.20 0.32 0.91 -0.01 0.34SHAPE_SD 0.38 0.78 0.44 0.48 -0.36 0.49 0.83 0.22 0.44FRAC_MN 0.82 0.02 0.05 0.64 -0.30 0.08 -0.04 0.73 0.57FRAC_RA 0.44 0.78 0.18 0.78 0.20 0.00 0.96 0.27 0.02FRAC_CV 0.27 0.94 0.10 0.37 -0.14 0.15 0.90 0.40 -0.03PARA_AM -0.40 -0.09 -0.87 0.29 0.80 -0.48 0.32 0.93 0.10PARA_MD -0.02 0.63 -0.21 0.38 0.82 -0.34 0.80 0.48 -0.21PARA_RA 0.20 0.53 0.04 0.94 -0.01 0.05 0.67 -0.63 -0.03PARA_SD 0.08 0.83 0.05 0.76 -0.03 0.10 0.58 -0.47 -0.14PAFRAC 0.57 -0.37 -0.23 0.15 0.27 -0.17 0.83 0.45 -0.10DCORE_SD 0.08 0.01 0.93 0.00 -0.32 0.94 0.30 -0.80 0.47CAI_MN 0.06 -0.96 0.20 -0.50 -0.73 0.09 -0.87 -0.34 0.19ENN_AM -0.61 -0.24 -0.43 -0.65 -0.05 -0.41 -0.80 0.52 -0.04ENN_MD -0.78 -0.38 -0.28 -0.68 0.11 -0.35 -0.88 0.12 -0.14ENN_RA 0.14 0.09 -0.31 -0.74 -0.43 -0.36 0.48 0.75 -0.29ENN_CV 0.87 0.44 0.09 0.40 -0.19 0.00 0.83 0.52 0.01IJI 0.41 0.52 0.72 0.51 0.21 0.62 0.87 -0.01 0.32COHESION 0.74 0.23 0.61 0.11 -0.89 0.32 -0.01 -0.98 0.00


Thus, in the first component, the same aspects of landscape structure were found for years 74 and 95: dominance and shape. However for LSI, the orders of importance are inverted. For shape measures, different metrics were found, but the range of variation is the form presenting the highest positive association in both of them.

The pattern of the first axis was far more complex in year 95, with a high-er number of metrics showing a positive association with it. This is partic-ularly true for structural aspects such as configuration and fragmentation measures.

In the second component of year 54, a measure of fragmentation had al-ready been identified as being important for the first axis of year 95, the mean core area index (CAI_MM) had the higher loading, followed again by the shape metric perimeter area ration (PARA_MA), which had already been identified as being important in year 74.

For the second component of year 74, the major positive association came from the SPLIT index, a configuration metric that had already been identi-fied as being positively associated with the first axis of year 54. Another con-figuration measure showed a high negative association with this axis, namely the patch cohesion index (COEHSION). Patch cohesion index measures the physical connectedness of the corresponding patch type, which increases as the patch type becomes more clumped or aggregated in its distribution; hence, more physically connected (McGarial and Marks, 1994). This associa-

Metrics with loads above 0.87 are in bold and metrics loading highly are underlined. CA-Class area; NP-Number of patches; ED-Edge density; LSI-Landscape shape index; AREA-Area of the class; SHAPE-Shape index; FRAC-Fractal dimension; PARA-Perim-eter area ratio; PAFRAC-Perimeter area fractal dimension; DCORE-Disjunctive core area; CAI-Core area index; ENN-Nearest neighbouring distance; IJI-Interspersion and juxtaposition index; COHESION-Patch cohesion index; SPLIT-Splitting index; (MN-average; AM-area-weighted average; MD-median; SD-standard deviation; RA-range of variation; CV-coefficient of variation).

Table 6. Continues

Components year 54 Components year 74 Components year 95Metrics 1 2 3 1 2 3 1 2 3SPLIT -0.91 -0.11 -0.30 -0.30 0.92 -0.08 -0.05 0.91 0.33

OJO: “are in bold and metrics loading highly are underlined”No aparecen así en el original


tion was not unexpected because these two indexes showed a moderate neg-ative correlation in the analyses done before PCA (-0.74, Pearson correlation coefficient). However, they represent different structural aspects; division in number of patches, and an agglomeration of these patches.

The second axis of year 94 presented a similar pattern to that of year 74, i.e. SPLIT and COEHSION presenting higher loadings.

As mentioned above, the contribution of the third axis for the explana-tion of the data variation was less than 10% for year 74 and 94 and about 14% for year 54. Years 54 and 74 had the same pattern with metrics related to the dimension of the patches (average area of patches AREA_MN and class area (CA)) and disjunctive core areas (DCORE) having higher loadings. In year 95, the median of shape Index (SHAPE_MD) loaded highly.

Structural changes and pca results across the years

Results at the patch level seem to be consistent, showing the same pattern of metrics in the first two components of the PCA across the years (Table 7).

SHAPE index and the NCORE can be selected to represent the spatial structure at the patch level since they are present in the two first components of the PCA for all the years.

Table 7. Most highly correlated metrics with each principal component in each year (patch level)

NCORE-Number of core areas; SHAPE-Shape patch index; PARA-Perimeter area ra-tio; CAI-Core area index; ENN-Nearest neighbouring distance (CSD-standard devia-tion for class average: LSD-standard deviation for landscape average).

Component 1 2 3 4Year 54 NCORE; NCO-

RE_LSDSHAPE_CSD PARA PARA

Year 74 SHAPE; SHA-PE_CSD

N C O R E ; NCORE_LSD

CAI_CSD ENN

Year 95 SHAPE; SHA-PE_CSD

N C O R E ; NCORE_LSD

ENN PARA


NCORE appeared to be more relevant for year 54 than SHAPE because, patches are more similar in form than in years 74 and 95. On the other hand, some of the land use/cover types, namely forest uses such as native broad-leaved species were quite fragmented in year 54.

In year 74 and 95, the shape of the patches became more diverse for all the forest types, excluding perhaps eucalypts stands. Wildfires and small non-industrial-forest-owners’ management are responsible for the coexistence of two forms of origins of pine stands (natural and plantation), which over time generate different patterns in shape and size of the patches.

Another important result is the fact that among all the available met-rics, the standard deviation for the class or landscape average were the once which were selected. This is coherent with the high variation found in all the indices for almost all the land use/cover classes, and it is particularly true for forest types in general and for pine forests in particular. Again, this result seems coherent with the two drivers of change that had already been identi-fied and their effects on the structural features of the landscape.

Nearest neighbouring distance and an additional form measure, emerged as additional useful information for patch characterization in 95 when land-scape achieved a far more complex structure.

Landscape class metrics are helpful for understanding landscape develop-ment. Hence, figure 2, shows the maps of the land use/cover classes considered in the analysis for the three years. The profound modifications in landscape structure occurred during the analysis period are then quite evident.

From year 54 to year 74, the structure of the landscape became less complex, decreasing the number of patches and increasing the average patch size. The proportion of land cover classes became more unevenly distributed due to pine forest dominance of the landscape, and given that the structural metrics were being largely influenced by what happened to pine forests (Figure 2).

From 74 to 95, the number of patches increased, and the area occupied by other forest cover types became more relevant (see diversity measures of the landscape in graphic 2 specially Shannon index). This could be also due to some differences in classification procedures.

The two most highly correlated metrics in the first three principal com-ponents at the class level are presented in Table 8.


Figure 2. Land use/cover in years 1954, 1974 and 1995.

Graphic 2. Diversity measures and number of patches for the landscape

Shannon Index (SHDI) Simpson Index (SIDI) NP

Diversity landscape indices Number of patches

1.81.61.41.21.00.80.60.40.20.0

700

600

500

400

300

200

100

0 54 74 95

Year 54 74 95

Year


Its analysis shows that the initial set of 26 metrics could be substantially reduced for landscape characterization at the class level. The same metrics appear to be relevant in all the three data years, but their importance varies from year to year.

In year 54, shape, neighbouring and other fragmentation measures such as core area index were more relevant. For years 74 and 95, the relevance of aggregation or clumpiness and division measures at class level, appeared as fundamental dimensions in structure characterization.

This fact was not surprising given the pre-identified existence of a large number of small forest patches in the two dominant forest types (eucalypts and pine forests, see graphic 3).

This trend was already identified for other landscapes in the same region of Portugal and similar biophysical and social contexts (Fidalgo and Gaspar 2001; Fidalgo 2005). Clumpiness, on one hand, and fragmentation, on the other, are processes that could be additionally described by core area met-rics, namely disjunctive core area and core area index which are metrics that were found relevant in PCA analysis.

Mean patch area for the class is also a metric that played a relevant con-tribution in landscape structure characterization in years 54 and 74.

Table 8. The two most highly correlated metrics with the first three principal components in each year (class level)

Component 1 2 3Year 54 ENN_CV; SPLIT CAI_MN; FRAC_

CVAREA_MN; DCO-RE_SD

Year 74 LSI; PARA_RA C O E H S I O N ; SPLIT

AREA_MN; DCO-RE_SD

Year 95 LSI; FRAC_RA C O E H S I O N ; SPLIT

SHAPE_MD

SI-Landscape shape index; AREA-Area of the class; SHAPE-Shape index; FRAC-Frac-tal dimension; PARA-Perimeter area ratio; DCORE-Disjunctive core area; CAI-Core area index; ENN-Nearest neighbouring distance; COHESION-Patch cohesion index; SPLIT-Splitting index; (MD-median; RA-range of variation; SD-standard deviation; CV-coefficient of variation).


Conclusion

In this type of landscape changes in land use/cover occur in relatively short periods of time and the intensity and magnitude of changes is increasing over time.

The nature of changes is significantly different in both periods, in the first period the main changes are in the creation a more homogeneous land-scape due to pine forests. In the second period, there are more significant changes between different land cover types, which increases the diversity of the landscape. However, the change trends show an increase of the area of exotic species such as eucalypts, and a decrease of the area of native species. These trends will diminish the overall biodiversity value of forests. On the other hand, the overall decrease in agricultural areas has a negative impact in landscape stability and visual diversity/quality.

The results found in this work support the need of selecting a set of a few metrics for landscape characterization and monitoring, as was already rec-ommended in other works.

Graphic 3. Evolution of mean patch area and landscape shape index for land cover types and landscape


The main features of landscape structural characteristics are similar to others in the inland of central Portugal were landscapes are shaped by driv-ers of change that have, quite different consequences on their structural characteristics. One of the outstanding consequences is the creation of large variations within land cover/use classes. Measures expressing the amount of variation are then preferred over the average or even area-weighted aver-ages that are referred in many other studies. Another distinctive feature in this landscape is the importance that some configuration measures such as clumpiness and division have at class level.

At patch level SHAPE and NCORE are the most relevant metrics for landscape characterization. Additional characterization of shape is needed at class level yielding to the use of other shape metrics such as PARA and FRAC.

The nearest neighbouring measures, such as NNN, are potential metrics of interest since the structural landscape evolution shows a trend for certain land cover classes to become less represented, as in the past with native broa-dleaves (between years 54 and 74).

The fast and quite large changes in landscape structure point out the need for considering a large number of metrics in order to capture the real dimen-sion of change across years and to better understand their consequences.

The methodological approach used to select the set of metrics, combines statistical analysis with expert knowledge to evaluate changes and interpret the specific conditions of the landscape. On one hand, however, certain steps such as the pre-selection of metrics are still based in the experts’ sensibility and, thus, are not totally objective. On the other hand, all the metric calcu-lations are very dependent on land classification schemes and resolution of the data sets used. Being so, it seems to be very important to enlarge this exploratory study to other similar landscapes, in order to depict more sound conclusions.

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Prólogo 337

Introducción

La caña de azúcar (Saccharum officinarun L.) es uno de los cultivos de ma-yor importancia económica a nivel mundial, nacional y estatal. De la caña de azúcar se generan 450 mil empleos directos y 2.1 millones de empleos indi-rectos, siendo la agroindustria que mayor numero de empleos proporciona en el campo mexicano.

Chiapas contribuye con el cuatro por ciento de la producción nacional de azúcar, siendo superado ampliamente por Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí (IMPA, 1984). Este cultivo ocupa el cuarto lugar de superficie sembrada en el estado con 27,496 ha después del maíz, café y fríjol. También ocupa el cuarto sitio en cuanto a ingresos con $613,633,462.00 por encima del fríjol, cacao y mango y por debajo del café, maíz y plátano (IMPA, 1984).

Uno de los factores más importantes para el desarrollo de las actividades agrícolas, es el conocimiento de las áreas aptas y con potencial para obtener la mayor producción de los cultivos, es decir, la regionalización de éstos,

Ordenamiento agroecológico del estado de Chiapas para producir caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)

Aída Olivera de los Santos,* Richar Arnoldo Gallardo Méndez,* Juan Manuel Villareal Fuentes** e Ivone Carmona Muñoz*

337

* Campo Experimental Rosario Izapa INIFAP.** Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV, Universidad Autónoma de Chiapas.


buscando resolver las preguntas ¿dónde sembrar?, ¿qué sembrar? y ¿cuánto sembrar?; aunque aún existirán riesgos en cuanto al rendimiento esperado, la rentabilidad,la oferta y demanda, es decir el mercado, sin embargo en una primera fase es necesario conocer los requerimientos edafoclimáticos de los cultivos a fin de garantizar al menos desde este punto de vista resultados exitosos (Olivera, 1993).

En el cuadro 1 se muestran los requerimientos edafoclimáticos para el cultivo de caña de azúcar.

Cuadro 1. Requerimientos edafoclimáticos para el desarrollo y producción de la caña de azúcar en el estado de Chiapas

Nivel de ProductividadParámetro U n i d a -

desBueno Mediano No apto

Temperatura °C 29-32 32 -35 > 3525-29 < 25

pH 5.5-8 4-5.5 < 48.0-9.0 > 9

Altitud msnm 0-800 800-1100 >1100Precipitación mm 1000-1500 800-1000 < 800

1500-1700 >1700Pendiente % 0-20 20-30 >30Tipo de suelo Francos, franco arcilloso,

franco limosoTodos los demás

A través de los estudios del potencial productivo utilizando como herra-mienta los Sistemas de Información Geográfica (GIS) se cuenta con la capa-cidad para adaptarse a diferentes objetivos de producción en cuanto al tipo de cultivo y obtener resultados más rápidos en cuanto a los sitios potenciales (Olivera y Meléndez, 1997).

Ordenamiento agroecológico del estado de Chiapas 339

Materiales y métodos

Para determinar los requerimientos del cultivo se usó la base de datos geo-referenciadas desarrollada por el INIFAP y descrita por Olivera et al., (1994). El presente estudio se realizó en el año 2004 en el estado de Chiapas que se encuentra ubicado geográficamente al norte 17° 59 , al sur 14° 32´ de latitud norte; al Este 90°22 , al oeste 94°14´ de longitud oeste. Chiapas ocupa el 3.8% de la superficie del país y colinda al norte con Tabasco, al sur con la república de Guatemala y el Océano Pacífico, al este con la República de Guatemala y al oeste con el Océano Pacifico, Oaxaca y Veracruz (Figura 1).

Para determinar el potencial productivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas, se ubicaron geográficamente los factores no controlables de la producción: clima y suelo. Estos dos factores se clasificaron y correlaciona-ron con los requerimientos edafoclimáticosde la caña de azúcar mismos que fueron obtenidas de Fauconnier y Bassereau (1975) y Meagher S. (2001). El resultado de esta correlación se expresó en un mapa con zonas que varían en potencial de Bueno, Mediano y No Apto. Para ubicar los factores no con-trolables de la producción se capturó en forma digital información georefe-renciada para formar tres bases de datos primarios: 1. Modelo de elevación digital, 2. Información climática y 3. Información edáfica. Las fuentes y ca-racterísticas de esta información se describen a continuación:

Cuadro 2. Clasificación del potencial productivo de acuerdo con el nivel de requerimiento.

Potencial productivo CaracterísticasBueno Todos los parámetros o requerimientos se encuentran

en los niveles óptimos (Cuadro 1)Mediano Todos los parámetros o requerimientos se encuentran

en los niveles óptimos excepto uno (Cuadro 1)No apto Dos o más de los parámetros o requerimientos se en-

cuentran en niveles sub-óptimos o uno o mas paráme-tros o requerimientos edafoclimáticos no se encuentran (Cuadro 1)


Modelos de elevación digital. El modelo proviene de INEGI y contiene información de altura sobre el nivel del mar cada 900 metros comprendien-do la extensión total del estado de Chiapas.

Información climática. La información utilizada proviene de las nor-males climatológicas para estaciones de los años 1951 a 1980, que utiliza el Servicio Metereológico Nacional e incluye datos mensuales de precipitación, evaporación así como temperaturas máximas y mínimas.

Información edáfica. Esta base de datos de suelo proviene de la digita-lización de cartas edafológicas de INEGI a escala 1: 250,000. Se utilizó el Sistema de Información Geográfica (SIG) ARC/INFO e incluye para cada polígono suelo primario y secundario, textura, así como fases físicas y quími-cas. Una cuarta base de datos se obtuvo de la revisión bibliográfica y contiene los requerimientos edafoclimáticos para lacaña de azúcar.

En forma general, las variables utilizadas para construir la base de datos georeferenciados fueron climáticas (temperatura y precipitación), edáficas (unidad de suelo según clasificación de FAO textura y fases) y topografía (elevación y pendientes); la informaciónfue analizada con el SIG IDRISI y mediante la aplicación de operaciones boleanas, se generaron los diferentes mapas de interés, los cuales fueron combinados para obtenerlas áreas que

Figura 1. a) Descripción geográfica del área de estudio b) Localización del sitio de estudio de operación y manejo de la información


reúnen en forma natural los requisitos para el desarrollode caña de azúcar en el estado de Chiapas (Olivera et al., 1995).

La metodología que se utilizó para determinar áreas potenciales para caña de azúcaren el estado de Chiapas se resume en la figura 2.

Figura 2. Metodología resumida del proceso de determinación de áreas potenciales

En los mapas impresos se indica la superficie donde existe mayor pro-babilidad de encontrar áreas con el potencial indicado, sin embargo, se carece de una certeza de un cien por ciento; por ejemplo, si un área está señalada como con buen potencial productivo ésto indica que tiene de un 40 a un 100% de tierras con esa calidad y que los parámetros climáticos, a pesar de su variabilidad, presentan una esperanza favorable para el desa-rrollo de la caña de azúcar. Con base en estas consideraciones se estimó


estadísticamente y para cada categoría una aproximación a la superficie en hectáreas.

Resultados y discusión

Topografía

a) Altitud

Según IMPA (1999), los mayores rendimientos de cańa de azúcar se obtienen en regiones localizadas a una altura de entre 1000 a 1500 m.s.n.m. Tomando en consideración solamente la variable de altitud, se observa en la figura 3 que el estado de Chiapas presenta más del 50% de su superficie con estas condiciones para el desarrollo del cultivo. Las áreas con buen potencial se en-cuentran en la parte norte y sur del estado haciendo un total de 4`357,893.67 ha considerando también 1 901,685.99 ha de mediano potencial.

Tomando en consideración los requerimientos edafoclimáticos, lás áreas más aptas se localizan de 0 a 800 m.s.n.m. y las de mediano potencial de 800 a 1100 m.s.n.m. de acuerdo con lo representado en los cuadros 1 y 2.

b) Pendiente

Agronómicamente la caña de azúcar debe de cultivarse en cualquier pen-diente considerando como máximo el 40%, sin embargo, se recomienda que las pendientes aptas para este cultivo sean menores al 30% debido a las difi-cultades que se presenta para la cosecha y transporte.

De acuerdo con la figura 4, más del 70% de la superficie tiene pendientes menores de 30%, y aunque no es posible asumir que todo el estado de Chia-pas es apto para sembrar caña de azúcar si es factible considerar que una buena parte será apta para el desarrollo del cultivo.

De acuerdo con a la pendiente requerida, las áreas que presentan condi-ciones aptas abarcan un 77% de la superficie total del estado que correspon-de a 5`709,255.90 ha; para la categoría de mediano potencial se consideran 859,844.16 ha que representan el 12% de la superficie del estado, mientras que el 11% restante corresponde a las áreas no aptas.


Figura 3. Clasificación de altitudes para el cultivo de caña de azúcar en el Estado de Chiapas CERI-INIFAP.

Figura 4. Clasificación de pendientes óptimas para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas. CERI-INIFAP.


Variables climáticas

Temperatura Conociendo la importancia de la temperatura y tomando como refe-rencia el rango que se muestra en los cuadros 1 y 2 para el desarrollo del cultivo, el 44% de la superficie del estado de Chiapas presenta aptitudes para el desarrollo del cultivo, de acuerdo con la figura 5 las temperaturas adecuadas se localizan principalmente en los límites norte y sur del estado así como también en parte de la zona centro,en los alrededores de estas regiones se tienen áreas de mediano potencia que representan el 40%, las restantes (16%) se clasificaron como no aptas para el cultivo.

Figura 5. Clasificación de temperatura para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas en el CERI-INIFAP.


b) Precipitación

En relación a esta variable, (Figura 6) el estado de Chiapas presenta un total de1 382,573.06 ha con características de buen potencial para el desarrollo del cultivo, las cuales se encuentran ubicadas en la parte central del estado, alrededor de las cuales se ubican las áreas de mediano potencial que cubren una superficie de 1 184,289.55 ha, mientras que en las porciones norte y sur se encuentran las clasificadas como no aptas (65%).

Variables edáficas

En relación a los suelos, para el cultivo de caña de azúcar el estado de Chia-pas presenta el 37.5% de su superficie con buena aptitud para el desarrollo de este cultivo; el 18% de la superficie restante presenta condiciones de mediano

Figura 6. Clasificación de precipitación para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas. CERI-INIFAP


potencial, quedando el 44.5% restante como áreas no aptas. En la figura 7 se muestra que la mayor parte de los suelos con buena aptitud se encuentran en la zona norte y sur del estado con un total de 2`776,159.09 ha de buen potencial y 1 349,385.48 ha de mediano potencial, el resto de la superficie se clasifica como no apta.

Áreas potenciales

Como resultado del empalme de los mapas de temperatura, precipitación, altitud, pendiente y suelos se obtuvo el mapa de la figura 8 que caracteriza las áreas con potencial productivo para el cultivo de caña de azúcar, obte-niéndose 2`546,919.61 ha de buen potencial que representa el 34.5% del total de la superficie del estado, 1 075,296.81 ha corresponden a la categoría de mediano potencial (14.5%) y 3`759,890.35 ha que se encuentran clasificadas como no aptas y constituyen el 51% de la superficie total.

Figura 7. Clasificación de suelos para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas CERI-INIFAP


Figura 8. Áreas potenciales para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas en el CERI-INIFAP

En la gráfica 1 se representa la superficie total y el potencial productivo para la caña de azúcar. Según Díaz (2003), los factores no controlables como el clima y el suelo se clasifican y correlacionan con los requerimientos edafo-climáticos del cultivo: altitud, temperatura, precipitación pluvial y unidades de suelo.

Gráfica 1. Representación gráfica de áreas potenciales para el cultivo de caña de azúcar en el estado de Chiapas en el CERI-INIFAP

BuenoMedianoNo aptoSuperficie del estado2,546,919.61

1,075,296.81

3,759,890.35

7382106.77


En el siguiente cuadro se muestran los principales municipios que tienen áreas potenciales para el cultivo de la caña de azúcar en sus diferentes cate-gorías.

Cuadro 3. Municipios que representan las áreas de bueno y mediano potencial así como las no aptas

Bueno Mediano No aptoAcacoyagua Pantelhó Aldama Todos los demásAcapetahua Simojovel Amatenango del

ValleArriaga Sitala Benemérito de las

AméricasBerriozábal Sn. Fernando ChalchihuitánChenalhó Sn. Lucas ChanalChicomuselo Socoltenango El BosqueFrontera Comalapa Suchiapa Las RosasHuitiupan Suchiate Marquéz de Co-

millasHuixtla Tuxtla Gtz. OcosingoJiquipilas Tapachula PijijiapanLa Concordia Totolapa Sn. Cristóbal de

las CasasLa Trinitaria V. Carranza TeopiscaLas Rosas Villa Comaltitlan TilaMazatán Villaflores TonaláOcosingo ZinacantánOcozocoautla

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que en el estado de Chiapas se cuentan 2`546,919.61 ha de buen potencial productivo para el cultivo de caña de azú-car, así como también 1 075,296.81 ha de mediano potencial que represen-


tan 34.5% y el 14.5% del total de la superficie estatal, asimismo, se tienen 3`759,890.35 ha clasificadas como no aptasy que representan el 51% de la superficie.


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Ordenamiento ecológico territorial del municipio de Zapopan 351

Introducción

Entre octubre de 2005 y noviembre de 2006, se desarrollaron los trabajos concernientes al Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Za-popan Jalisco (OETMZ), los cuales fueron impulsados y estuvieron coordi-nados por el Director General de Ecología y Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento zapopano 2004-2006.

Para desarrollar el proyecto en sus diferentes aristas, se formaron tres grupos de trabajo: Uno formado principalmente por académicos del Depar-tamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, encargado de ela-borar el “Documento técnico” que incluía la caracterización, el diagnóstico, el modelo de ordenamiento y los escenarios tendenciales del territorio zapo-pano en conjunto y en sus partes; otro grupo de consultores estuvo forma-do por académicos del Tecnológico de Monterrey quienes se encargaron de realizar y sistematizar la consulta pública, además de modelar los escenarios alternativo y estratégico; el tercer grupo los formaron un reducido grupo de

Ordenamiento ecológico territorial del municipio de Zapopan, Jalisco: reflexiones sobre el proceso y los resultados

Hirineo Martínez Barragán* y Susana Urzúa Soto*

351

* Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Cien-cias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.


académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el cual tenía la encomienda de elaborar la instrumentación del modelo de ordenamiento, es decir, debería elaborar el documento de acuerdo para que se revisara y aprobara en el pleno del ayun-tamiento.

Además, el proceso de elaboración del plan de OETMZ, estuvo acompa-ñado por la participación de dos figuras fundamentales: una que se constitu-yó en el Comité Directivo y la otra en el Comité Técnico Consultivo. Ambas figuras, le dieron seguimiento y supervisaron el proceso durante los trece meses que duró el ejercicio, haciendo comentarios y aportaciones que fueron muy relevantes en la conclusión de dicho proyecto.

En el presente ensayo se verterán reflexiones principalmente al proceso metodológico que se siguió, en el sentido de poder mejorar desde diferentes ángulos el desarrollo de proyectos similares, reorientando acciones, antici-pando problemas y ofrecer algunas ideas sobre la manera de capitalizar me-jor las acciones exitosas.

En principio, podemos afirmar que la experiencia técnico-académica re-sultó muy enriquecedora, por eso estimamos conveniente externar nuestras reflexiones, sobre todo en cuanto a la organización y funcionamiento del equipo de trabajo, así como en el resultado de los estudios que conformaron el documento técnico. No obstante, la trascendencia social y los alcances políticos del documento y del proyecto, a nuestro juicio fueron limitados y cortos de alcance; es decir, ha sido muy reducida la trascendencia de los re-sultados técnicos-académicos hacia los ámbitos de gobierno y toma de de-cisiones, en el sentido de su aplicación en la planeación del desarrollo y la prevención en la solución de problemas relacionados con la ocupación y uso del territorio.

El texto que aquí se presenta a la consideración de los interesados, como se dijo, se enfocará a valorar los alcances y trascendencia del documento “técni-co”, el cual comprende la caracterización, el diagnóstico, el modelo de orde-namiento; las otras partes del proyecto: la consulta pública, la construcción de escenarios y la instrumentación del plan de ordenamiento, serán referidos contextualmente, pero también considerados como factor fundamental en la trascendencia y puesta en práctica de los planes de ordenamiento.


Desarrollo del proyecto

Los trabajos relacionados con el “Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan, Jalisco” (OETMZ), fueron realizados a iniciativa de la autoridad municipal, concretamente del director en turno de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente (2004-2006), quien a principios del año 2005 inició pláticas con el Jefe del Departamento de Geografía y Orde-nación Territorial de la Universidad de Guadalajara, para explorar la posibili-dad de desarrollar el proyecto en cuestión. A mediados de 2005 se acordaron los términos de referencia.

En mayo de 2005 se instaló el Comité Directivo y tuvo lugar la primera reunión para iniciar formalmente los trabajos del OETMZ, el comité estuvo integrado por autoridades en la materia de los tres niveles de gobierno, es decir: municipal, estatal y federal. El convenio entre la Universidad de Gua-dalajara y el Ayuntamiento de Zapopan, para realizar dicho proyecto, se for-malizó en octubre del año 2005, fecha en que arrancaron oficialmente los trabajos, aunque ya se disponía de algunos avances.

En diciembre de 2005 se realizó la primera reunión pública con carácter informativo sobre el proyecto y sus avances, la cual estuvo dirigida princi-palmente a miembros de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, pertenecientes al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (CO-PLADEMUN) de Zapopan; esta comisión desde años atrás, venía insistiendo en la necesidad de que el municipio de Zapopan contara con un programa de ordenamiento territorial.

A finales de enero de 2006 se realizó la primera presentación del proyecto y sus avances al público en general, en la cual además de integrantes de la Co-misión de Ecología del COPLADEMUN, también participaron asociaciones civiles y profesionales, así como autoridades de los tres niveles de gobierno; el registro de asistentes fue de 122, además del personal del ayuntamiento e integrantes de los equipos de trabajo, que como en los demás casos, no com-putaron asistencia.

A mediados de febrero también mediante convocatoria abierta se realizó un taller sobre la fase de caracterización del territorio municipal, la parti-cipación fue de 130 asistentes que representaban diferentes instituciones y organismos no gubernamentales.


Durante el mes de marzo se realizaron seis reuniones de trabajo con el Comité Técnico; el propósito era presentar avances, construir escenarios, identificar las variables claves, así como los actores clave del ordenamiento te-rritorial; además se hicieron las modelaciones estructurales y presentación de resultados para su discusión. En abril hubo otra reunión de este mismo tipo.

A partir de que se construyeron los escenarios tendenciales y se realiza-ron las modelaciones estructurales, se integró el equipo formado por acadé-micos del Tecnológico de Monterrey, para trabajar de manera conjunta en el proyecto, teniendo ellos bajo su responsabilidad los aspectos que se referían a la consulta pública y la participación de los actores sociales en la construc-ción de escenarios alternativos; después se trabajó en la construcción de es-cenarios estratégicos.

En mayo (2006) hubo dos reuniones para presentar y discutir los avances existentes sobre las fases de caracterización y diagnóstico, primero con el Comité Técnico y después en una reunión de convocatoria abierta, donde fueron registradas 118 personas como asistentes. Hacia finales de ese mismo mes (mayo) tuvo lugar la segunda reunión del Comité Directivo, en la cual se discutieron aspectos metodológicos y legales del proyecto.

Durante junio (2006), en dos reuniones sucesivas se presentaron y dis-cutieron con el Comité Técnico aspectos de la prospectiva del OETMZ; los resultados de este ejercicio, sirvieron para preparar y desarrollar los talleres de consulta pública, respecto a los avances en general del proyecto, incluida la prospectiva. Los talleres de consulta pública en total fueron cinco, todos durante el mes de julio, dos en ámbitos rurales y tres en ámbito urbano en distintas áreas geográficas. La reunión también permitió recabar informa-ción para perfilar los escenarios alternativos.

Para el 27 de octubre de ese año de 2006, se tuvo la décimo primera reunión con el Consejo Técnico, donde les fueron presentados los resultados de la con-sulta ciudadana hecha a través de los cinco talleres de prospectiva que fueron realizados por zonas geográficas del municipio (no por sectores socioeconó-micos como era una de las propuestas); asimismo, se expuso y discutió sobre el sistema de indicadores empleados y también se presentó para su análisis y discusión el modelo de ordenamiento territorial propuesto; las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s), ya tenían propuesta la política recomendada y se estaban realizando las matrices de acciones y compatibilidad.


Recibidas e incorporadas las últimas observaciones, tanto el documento técnico, como los resultados de la consulta pública y el modelo de ordena-miento territorial,1 además del SIG, todo el paquete fue entregado en un evento público al presidente municipal por parte del Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el 23 de noviembre de 2006. Al evento de entrega-recepción asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, ONG’s, asociaciones vecinales, colegios profesio-nales y público en general; para este acto no se contó con registro de asistencia, pero se calcula una concurrencia de más de 150 personas. También por parte de representantes del Tecnológico de Monterrey fue entregado el documento concluyente de la consulta pública y la construcción de escenarios.

A partir del 23 de noviembre de 2006 sólo restaba concluir el proyec-to de instrumentación, el cual se venía trabajando desde hacía un par de meses (septiembre de 2006). Dicho de otra manera, sólo faltaba terminar el documento de “acuerdo”, para que el cabildo declarara legal y obligatorio la aplicación de dicho Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan; al respecto, según versión del propio Director General de Ecolo-gía y Desarrollo Agropecuario, se hicieron consultas y cabildeos al interior del Ayuntamiento y sobre esa base se optó por dejar al gobierno entrante (a partir del uno de enero de 2007), la responsabilidad de instrumentar dicho ordenamiento, lo cual no ocurrió a pesar de diversos intentos. Algunos datos resultantes del estudio

La superficie territorial del municipio calculada para este estudio2 fue de 1,222.1 km2, el cual hacia el año 2005 registró una población de 1’155,790 habitantes, distribuidos en aproximadamente 194 localidades, aunque la gran mayoría de la población, desde hacía un par de décadas, estaba agre-

1 El modelo de ordenamiento consistió en el mapa de políticas públicas y dos matrices: una de acciones y otra de compatibilidades.2 Al respecto debe decirse que existen varias versiones de límites para el territorio municipal de Zapopan, con lo cual la superficie resultante varía en función del límite considerado. Para resolver esta indefinición, se optó por definir un límite en los tra-mos donde razonablemente se podía proceder de esa manera y así definir el “Área de estudio”.


gada como un continuo a la mancha urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para proceder a la realización del documento de caracterización, el terri-torio municipal fue dividido en 96 unidades de paisaje que a su vez se agru-paron en 12 complejos paisajísticos, mismos que se tomaron como base para elaborar el diagnóstico, pronóstico y la prospectiva. A los complejos se les aplicó una clasificación funcional diferenciada en cinco categorías: 1). Na-tural con vocación de protección y conservación (Bosque la Primavera y Río Santiago); 2). Natural fragmentado por impronta rural (Bailadores, Sierra de Tesistán y Serranía Jacal de Piedra y Mesa de Ixcatán); 3). Rural consolidado (Santa Cruz del Astillero, Mesas marginales y Serranía El Rincón y El Chica-rrón); 4. Rural fragmentado por impronta urbana (Llanura de Tesistán y San Esteban y San Isidro); 5. Urbano Consolidado (Ciudad conurbada).

En el mapa siguiente, los Complejos de paisaje se delimitan con trazos más gruesos (en color rojo), mientras que las Unidades de paisaje al interior de los Complejos, se delimitan con líneas más delgadas (en color negro),3 es-tas últimas constituyeron la unidad territorial básica de análisis del munici-pio. Ver imagen 1 (Unidades y complejos de paisaje).

Al transitar del análisis a la propuesta del Modelo de Ordenamiento Eco-lógico del Territorio para el Municipio de Zapopan (MOETMZ), las Unida-des de Paisaje se tradujeron en Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s). Así, con el análisis y la propuesta del Modelo de Ordenamiento, se procedió a hacer la consulta pública y se proporcionó la información necesaria para la preparación del documento de la instrumentación del plan. El Modelo carto-gráfico propuesto se muestra en la imagen 2 (Modelo cartográfico del Orde-namiento Ecológico del Territorio para el municipio de Zapopan).

Aunque la propuesta del modelo estuvo planteado a nivel de UGA’s, és-tas se mantuvieron agrupadas a los complejos paisajísticos originales; en la imagen cartográfica anterior con línea más gruesa se señala la división entre

3 Para la identificación y delimitación de las unidades de paisaje primero se hizo una aproximación visual con imágenes de satélites, cartografía temática escala 1:50,000 y la delimitación de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s). Durante la primera etapa de la caracterización y con la verificación de campo, se realizaron algunos ajustes y co-rrecciones para quedar como unidades de análisis de paisaje (para el estudio) y UGA’s (para la gestión).


Imagen 1. Unidades y complejos de paisaje

complejos y con línea más delgada la división entre UGA’s. A cada UGA le fue asignada una clave para significar el complejo y la unidad a la que pertenece, además de la cobertura de uso predominante y la política propuesta; asi-mismo, las políticas propuestas están diferenciadas por un color específico según se ilustra en la mencionada imagen anterior.


Imagen 2. Modelo cartográfico del Ordenamiento Ecológico del Territorio para el municipio de Zapopan


Para llegar al MOETMZ propuesto, se hizo un riguroso y exhaustivo tra-bajo tanto en gabinete como en campo, a efectos de lograr la caracteriza-ción, diagnóstico, pronóstico y prospectiva, además de tomar en cuenta las sugerencias y recomendaciones del Comité Técnico, así como observaciones hechas a la consulta pública, todo lo cual está detallado y sustentado en la Memoria Técnica, la cual como ya se mencionó incluye dos matrices comple-mentarias: una de compatibilidad y otra de políticas y acciones.

Adicionalmente resulta conveniente mencionar dos aspectos relevantes del proceso que en los últimos años está siguiendo el territorio del municipio de Zapopan además de las altas tasas de crecimiento demográfico, uno es el pa-trón de cambio de usos de suelo que se pormenoriza en el cuadro siguiente y, las abundantes reservas urbanas que han sido decretadas para el municipio (en 2005 disponía de 8,740 ha de reserva urbana), las cuales parecen excesivas, lo cual al mismo tiempo abonan a la especulación inmobiliaria, misma que ha resultado muy problemática para toda la ciudad de Guadalajara (Cuadro 1).

Cuadro 1. Uso de suelo y vegetación

Global municipal Superficie (Ha)1971 % 2003 % Cambio %

Cuerpo de agua 373.56 0.30 655.87 0.53 0.23Bosque mixto de pino-encino

26159.44 21.29 24624.20 20.04 -1.25

Bosque mixto de pino-encino con vegetación se-cundaria

43.51 0.04 2631.12 2.14 2.10

Bosque de encino 17530.93 14.27 10906.04 8.88 -5.39Bosque de encino con ve-getación secundaria

942.40 0.77 9107.32 7.41 6.64

Bosque tropical caduci-folio

11197.41 9.11 4403.33 3.58 -5.53

Bosque tropical caducifo-lio con vegetación secun-daria

32.55 0.03 5939.56 4.83 4.80


Nótese en el cuadro anterior que los grandes perdedores en el uso del suelo entre 1971-2003, fueron el Pastizal inducido, el Bosque Tropical Cadu-cifolio y el Bosque de Encino; mientras que los ganadores han sido las Áreas Urbanas, el Bosque de Encino con Vegetación Secundaria y el Bosque Tropi-cal Caducifolio con Vegetación Secundaria.

Más allá de los datos y las representaciones cartográficas, un modelo de ordenamiento territorial cualquiera, rebasa con mucho la cuestión me-ramente técnica, pues lleva implícitas muchas cuestiones de índole econó-mica y social, que llegado el momento, la propuesta toma una dimensión política, que pocas veces se toma en cuenta de antemano, siendo esta una de las razones fundamentales por las cuales los planes de ordenamiento no llegan a instrumentarse, o ponerse en práctica, como un instrumento de políticas públicas.

Las discusiones y acuerdos metodológicos

Una discusión que se presentó desde el principio del proyecto, fue respec-to a la metodología que debería emplearse, en ese sentido se adoptaron dos posturas: una que defendía el apego a la normatividad vigente de las me-todologías de Ordenamiento Ecológico del Territorio, la cual se defendía principalmente por los representantes de SEMADES (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable) y de SEMARNAT (Secretaría de Me-dio Ambiente y Recursos Naturales), entendida ésta por el resto del Comi-té Técnico y el Comité Directivo, como una postura más conservacionista. La otra postura defendía la idea de priorizar el desarrollo socioeconómico

Cuadro 1. Continúa

Global municipal Superficie (Ha)1971 % 2003 % Cambio %

Pastizal inducido 33087.11 26.93 22445.45 18.27 -8.66Agropecuario 29655.04 24.14 27414.65 22.32 -1.82Asentamientos huma-nos

3824.55 3.11 14719.52 11.98 8.87

Totales 122846.52 100.00 122847.06 100.00


aunque con sustentabilidad; en ese sentido, se inclinaban más por aplicar los “Términos de referencia para la Elaboración del Programa Municipal del Ordenamiento Ecológico y Territorial”, difundida en mayo de 2005 por la agenda de transversalidad, misma que fue acordada por un comité interins-titucional con representantes de SEMARNAT-INE-SEDESOL; la defensa de esta propuesta estaba encabezada por el grupo de académicos consultores del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Finalmente, se optó por seguir los términos de referencia de la Agenda Transversal, pero sin violentar la normatividad vigente de los planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio.

Otro aspecto importante de debate en el seno de este proyecto, fue el hecho de adoptar las unidades de paisaje como espacios de análisis diferen-ciados del territorio. Así pues, con fundamento en ese acuerdo, se identifica-ron y delimitaron 96 unidades de paisaje, las cuales fueron agrupadas en 12 complejos paisajísticos, según ya se había dicho en el apartado anterior; estas unidades en que fue delimitado el territorio municipal, fueron definidas en función de criterios ambientales y socioeconómicos del territorio, evitando en la medida de lo posible dividir AGEB’s (Áreas Geoestadísticas Básicas). Al final, debidamente valoradas y ajustadas, las unidades de paisaje se convir-tieron en Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s), según se muestra en los mapas correspondientes, presentados en los apartados anteriores.

De acuerdo con las características predominantes de los complejos pai-sajísticos, éstos fueron clasificados funcionalmente en cinco categorías, como ya se hizo mención en el apartado anterior. Esta clasificación permite deducir a primera instancia lo altamente contrastado del territorio munici-pal zapopano, tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico.

Un tercer factor de amplia discusión entre consultores, Comité Técnico y Comité Directivo, fue referente a la consulta pública, tanto en su técnica como en su método; en cuanto a este último se discutía principalmente en dos vertientes: una en el sentido de si la convocatoria fuera abierta y se tra-bajara con quien respondiera o si, se tocaban puertas para presentar los ob-jetivos y resultados individualmente a aquellos actores claves del OET como por ejemplo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cá-mara de la Industria, la Cámara de Comercio, etc. Finalmente se adoptó por la primera opción, aunque sin el pleno convencimiento de la contraparte. La


agenda de la convocatoria general era de aproximadamente 122 asociaciones e instituciones públicas y privadas, las cuales en su mayoría estuvieron repre-sentadas e incluso en promedio acudieron más personas que las asociaciones e instituciones convocadas, debido a que, por el interés despertado acudía más de un representante por institución o asociación convocada, aunque por otro lado, la presencia de las cámaras de la construcción, industria, comer-cio, etcétera, fue escasa y esporádica.

La otra vertiente de discusión fue en el sentido de que la propuesta se apegara más a criterios técnicos o políticos, en función a las características del medio ambiente, o en función de las tendencias socioeconómicas. Con apego a técnicas y políticas ambientales, la propuesta debía de concluirse con base en los indicadores previamente acordados y después presentarse para su análisis y discusión con los sectores interesados y con el público en general; la contraparte proponía que sobre lineamientos generales los sectores intere-sados definieran las principales pautas del ordenamiento. Finalmente se optó por la primera opción, aunque sin el pleno consenso entre los miembros del Comité Técnico.

Colaboradores y productos entregados

En la elaboración de la caracterización, diagnóstico, pronóstico y perspec-tiva, así como la propuesta, participaron un grupo interdisciplinario de aproximadamente 60 personas, sin contar al grupo técnico del Tecnológico de Monterrey quienes hicieron la consulta pública y coordinaron los trabajos para el diseño de los escenarios estratégico y escenario alternativo.

Este grupo de 60 colaboradores -la mayoría eran geógrafos de formación profesional-, fueron coordinados por Javier Rentaría Vargas e Hirineo Mar-tínez Barragán; además, el Subsistema Natural estuvo coordinado por Luis Valdivia Ornelas y Armando Chávez Hernández, el subsistema social estuvo coordinado por María Evangelina Salinas Escobar; el subsistema Urbano Re-gional estuvo coordinado por Javier Rentaría Vargas; el subsistema Produc-tivo estuvo coordinado por Hirineo Martínez Barragán; asimismo, el área de geomática e integración del SIG estuvo coordinado por Ruth Miranda Gue-rrero (quien además hizo el maquetado), Ma. del Rocío Castillo Aja y Juan Pablo Corona Medina.


Algunos de los productos impresos entregados, fueron la Memoria Técni-ca sobre Caracterización y Diagnóstico que constó de 1,116 cuartillas, un do-cumento ejecutivo de 99 páginas; 40 mapas seleccionados a escala 1:250,000 y 1:50,000, además de las matrices sobre indicadores, acciones y compati-bilidad del uso del suelo. En formato digital se entregaron los documentos antes referidos, un conjunto de anexos a la memoria técnica entre los cuales se incluían otros mapas (en formato PDF) y el SIG (Sistema de Información Geográfica) del ordenamiento.

Por su parte, el grupo consultor del Tecnológico de Monterrey, entregó la memoria documental sobre la consulta pública y los diferentes modelados referentes a los escenarios alternativo y estratégico.

Todos estos documentos fueron entregados formalmente el 23 de no-viembre de 2006. La instrumentación a pesar de que se venía trabajando desde hacía algunas semanas, ya no fue posible llevarla al Pleno del Ayunta-miento para su aprobación antes de que terminara la gestión de esa admi-nistración el 31 de diciembre de 2006. Al respecto, el sentir de los miembros del Consejo Técnico, era en el sentido que lo más conveniente sería esperar a que la nueva administración municipal retomaran el proyecto y fueran ellos quienes lo adoptaran e instrumentaran.

Todos los documentos antes referidos, pueden ser consultados en el De-partamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Gua-dalajara y en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, aunque no se pueden reproducir sin previo consentimiento del Ayuntamien-to de Zapopan.

Aspectos políticos a considerar

Durante los primeros meses del nuevo gobierno municipal (enero-marzo 2007), el tema no fue ventilado públicamente por las autoridades, inclusive pasado dos meses de la nueva administración, se acudió por parte del Depar-tamento de Geografía y Ordenación territorial, con el nuevo Director Gene-ral de Ecología y Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento, para proponer que se retomara el proyecto y se instrumentara el plan de ordenamiento; ante ellos, la respuesta fue que se desconocían los términos en que estaba elabora-do y solicitó unas semanas para revisarlo y poder emitir una opinión.


Por otro lado, los miembros del Comité Técnico y algunos representantes de organismos públicos y ONG’s, comenzaron a hacer presión para que el proyecto se retomara e instrumentara, inclusive el asunto estuvo siendo ven-tilado públicamente, de tal suerte que generó noticia en diferentes medios locales de prensa hablada y escrita.

Fuente: Periódico El Informador, 17 y 18 de abril de 2007.

Producto de la presión ejercida hacia el Ayuntamiento y en particular ha-cia la Dirección de Ecología por diferentes sectores zapopanos, el proyecto de ordenamiento tuvo que ser retomado por las autoridades, quienes ava-laban el documento técnico, pero no así la consulta pública realizada; por tanto, después de varios meses de debate la autoridad determinó realizar una nueva consulta pública, ante lo cual se definieron los términos de referencia para licitar esa parte del proyecto. Estas nuevas acciones de gobierno ocu-rrieron hasta octubre de 2007, fecha en que se concluyó el seguimiento del proceso para efectos de este ensayo.4

4 Meses después fue asignada a otros consultores la tarea de realizar una nueva consul-ta pública, pero a pesar de ello el mutireferido plan no se instrumentó. Además por otro lado, hubo peticiones de urbanizadores para que se cambiara la política previamente asignada a determinada unidad de paisaje, inclusive para legitimar determinadas pe-


El asunto es que, si bien fueron decisiones políticas las que impulsaron la realización del POETMZ, también fueron las mismas causas que impidieron su puesta en práctica. Los trabajos técnico-científicos se realizaron durante aproximadamente trece meses y los resultados en principio fueron califica-dos como satisfactorios; sin embargo, las coyunturas y tendencia políticas no fueron debidamente calculadas, además de que los consensos sociopolíticos fueron insuficientes para garantizar la continuidad del proyecto y la puesta en práctica del Plan.

La reflexión que resulta, es que desde la academia y la técnica, se debe poner más atención en las esferas y relaciones de poder, así como en las co-yunturas y tendencia políticas, pues la posibilidad de que el plan llegue a ejecutarse, en el supuesto de que técnicamente esté bien, depende funda-mentalmente de cuestiones políticas y relaciones de poder.

Un plan de ordenamiento, por tanto debe ser más integral, en sus cuatro esferas fundamentales: técnico-científica, socioeconómica, jurídica y política. Este tipo de proyectos debe verse como un proceso y no como una obra rea-lizada durante un determinado ayuntamiento, que se inserta en el desarrollo de la entidad territorial, como un timón o parte del mismo, que le da rumbo a la nave del desarrollo y garantía de mantenerla a flote. Por tanto, debe conce-birse como un proyecto social, más que un proyecto de gobierno.


Ahora podemos considerar o calificar, como un error haber dejado como asunto pendiente la instrumentación del Ordenamiento Ecológico Territo-rial del Municipio de Zapopan en noviembre de 2006; pues las nuevas au-toridades, como es frecuente, primero atendieron lo urgente y proyectos importantes como POETMZ, tuvieron que esperar el momento político “más adecuado”.

Después de un par de meses con las nuevas autoridades al frente del mu-nicipio, algunos miembros del Comité Técnico comenzaron a cuestionar al nuevo Director General de Ecología y Desarrollo Territorial sobre el segui-

ticiones de los urbanizadores y acciones de los gobernantes, se comenzó a calificar de deficiente el documento técnico.


miento del proyecto de Ordenamiento, en respuesta a lo cual se agendaron algunas reuniones a partir del mes de marzo, tanto para conocer el proyecto como para tomar acuerdos sobre el método para una nueva consulta pública. Dicho sea de paso, el nuevo Director mostraba un profundo desconocimien-to sobre el proyecto y sus resultados, inclusive sobre las bondades de estudios de este tipo.

La prensa también comenzó a participar del debate, además de que el in-terés fáctico de algunos sectores comenzó a hacerse manifiesto; por su parte, los regidores también manifestaron desconocer el proyecto de Ordenamien-to Ecológico. Todo esto hacia marzo y abril del año 2007.

Hacia octubre de 2007, hasta donde fue posible saber, el proyecto ha sido “manoseado” y abandonado de manera recurrente, pero no fue retomado de manera sistemática. La hipótesis que ahora se puede plantear, es que el ejer-cicio ahí quedó como una buena experiencia académica, técnico-científica, pues se han venido realizando acciones como la creación de nuevas reservas urbanas y modificaciones a los planes parciales de desarrollo urbano, al mar-gen e incluso contraviniendo algunas recomendaciones del proyecto de Or-denamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Finalmente dos cuestiones, una en el sentido de alinear la información, el método, la técnica y la política para ser más efectivos en los proyectos de ordenamiento; es decir, las lógicas de la ciencia y de la política aún no logran empatarse para que se pueda aspirar a tener éxito en proyectos de este tipo. La otra cuestión, es en el sentido de darle más peso a los comités de eva-luación y seguimiento, como instancias permanentes del los Ordenamientos Ecológicos Territoriales, para garantizar que el desarrollo y aplicación del proyecto trascienda los tiempos y cambios políticos.

El debate seguirá sobre los abordajes más adecuados a este tema, sobre los intereses que se deben sobreponer, básicamente los ambientales o los económicos, y sobre de ellos diseñas políticas de desarrollo; esto último es fundamental porque en función de ellos se jerarquiza la consideración de los actores.

En estas tareas y temas, no debemos olvidar que el territorio es un lugar de convergencia de conflictos y que las personas a título individual o colec-tivo, se la pasan disputándose los espacios “mejor ubicados” y los territorios “más ricos”.



Ayuntamiento del Municipio de Zapopan. (2006). Bitácora del Programa de Orde-namiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan, Jalisco. México.

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guada-lajara. (2006). Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Zapopan, Jalisco. México.

Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. (2006). Documento de consulta pública, escenarios tendenciales y alternativos.


(17 de abril de 2007). El Informador. Periódico de Guadalajara. (18 de abril de 2007). El Informador. Periódico de Guadalajara.

Ordenamiento territorial versus “tendencias espontáneas” 369

Introducción1

El presente trabajo resume los aspectos principales de una propuesta técni-ca para el Ordenamiento Territorial (OT) de la “Cuenca del Jarillal”.2 Así se denomina un espacio relativamente pequeño que cumple funciones y con-serva en parte características propias de un ambiente natural del que aún

1 El desarrollo del presente trabajo tuvo lugar durante el cursado de la Maestría en Or-denamiento del Territorio con Orientación en Planificación Estratégica, dictada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, entre los años 2002 y 2004. Una versión preliminar se presentó en el Seminario Internacional CIFOT 2005, bajo el titulo “Cuenca del Jarillal. Propuestas de Ordenamiento Territorial y Desarro-llo Local para su Integración al Gran Mendoza”. La presente versión ha sido mejorada, ampliada y actualizada.2 La Cuenca del Jarillal y el área de estudio pueden visualizarse con resolución acep-table en una escena de imagen satelital del año 2007 en Google Earth, buscando las coordenadas del centroide del área: 32°57´09,05” S / 68°53´39,97” W. También introdu-ciendo en el buscador el nombre de un lugar ubicado sobre el ángulo SE: “La Puntilla”.

Ordenamiento territorial versus “tendencias espontáneas”: el caso de la cuenca del Jarillal, ciudad de Mendoza, Argentina

Ana María Sedevich,* Caren Becerra** y Diego Bombal***

369

* Dirección de Planificación, municipio de Godoy Cruz y adscrita al Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, Cct-Conicet-Mza.** Profesora y Licenciada en geografía.*** Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.


hoy forma parte. Actualmente sobre este microespacio se despliega uno de los varios frentes de (la) expansión de la ciudad de Mendoza. Cabecera de la provincia del mismo nombre y con poco menos de un millón de habitantes, esta ciudad se encuentra transitando por lo que varios observadores consi-deran la etapa de expansión metropolitana. De continuar el ritmo actual de crecimiento en poco menos de 20 años la Cuenca del Jarillal quedará com-pletamente integrada a la trama urbana de la ciudad.

Ahora bien, si la incorporación a la trama urbana parece ser una tenden-cia irreversible, cabe preguntarse acerca de la modalidad con que habrá de producirse tal integración. Para responder a la interrogante planteada re-sulta necesario indagar en el campo de fuerzas de integración actuantes, así como también en la direccionalidad de las tendencias resultantes.

La idea central de la investigación parte de considerar que la ciudad de Mendoza no ha seguido las directrices de un plan de ordenamiento urbano integral –ni la legislación sectorial vigente - en ninguna de las etapas de su crecimiento. En la actualidad tampoco cuenta con un plan para anticipar y controlar los efectos no queridos, vinculados a la fase de incipiente metro-polización que comenzó a transitar la ciudad a mediados de los años 90. Son bien conocidos en la bibliografía especializada los problemas de segregación y fragmentación socio espacial que acompañan a este proceso, impactando sobre la morfología urbana, generando deseconomías de escala y un abani-co de externalidades negativas cuya distribución geográfica y socialización inequitativa suele ser la causa de conflictos de diversos tipos y distinta gra-vedad. Estos efectos normalmente se ven agravados en contextos de crisis económicas cíclicas y gobiernos urbanos débiles y fragmentados, tal como sucede desde hace muchos años en Argentina y en Mendoza.

Cabe aclarar que al decir tendencias espontáneas de crecimiento no se pretende vaciar de contenido social el proceso de expansión urbana, donde participan diferentes actores con lógicas, finalidades e intereses perfectamen-te identificables. Más bien se procura indicar, que el proceso de expansión física de la ciudad se desarrolla por fuera de los marcos de previsibilidad que otorga un plan de ordenamiento urbano, como parte de la gestión del gobierno de una ciudad. Lo dicho tampoco implica que la expansión se haya desarrollado bajo un modelo anárquico o de completa anomia. Algunos es-tudiosos han propuesto entender el crecimiento de la ciudad como una suce-


sión o alternancia entre dos modelos dominantes de organización: inducidos (políticas públicas sectoriales predominantes) y espontáneos (dominio del mercado) (Gray de Cerdan, 1992:23).

La reciente sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial en la provincia de Mendoza renueva expectativas en cuanto a la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, puedan revertirse las actuales tendencias de urbaniza-ción excluyente que acompañan el proceso de metropolización de la ciudad capital. El marco legal es una condición necesaria de importancia capital, aunque no suficiente para que ello se concrete. Frente al escenario plantea-do la importancia del tema radica en que muchas veces el problema se en-cuentra en la falta de propuestas técnicas de OT que formulen alternativas a las tendencias de organización espontánea impulsadas por las fuerzas del mercado. El objetivo del presente trabajo adquiere cabal sentido en este par-ticular contexto porque procura ofrecer una opción de intervención técnica-mente fundada para revertir las fuerzas actuantes que tienden a integrar la Cuenca del Jarillal al tejido urbano bajo un modelo que fragmenta su unidad ambiental y favorece la apropiación y disfrute privado de su valor natural y paisajístico.

En líneas generales para la realización del presente trabajo se adoptó el esquema metodológico propuesto por Gómez Orea para el OT desde la pers-pectiva del medio físico-natural. Se aplicaron variados procedimientos (aná-lisis de riesgo, FODA, capacidad portante del medio, árbol de problemas, escenarios) y se contó con el apoyo de un SIG especialmente diseñado para el área de estudio. Sin embargo, faltó incorporar la perspectiva de los diversos actores y la participación de la población, para completar la presente pro-puesta técnica.

La Cuenca del Jarillal: unidad natural de un ambiente en transformación

Las alternativas que ofrece el sitio de la ciudad de Mendoza para el creci-miento actual y futuro del área metropolitana son apenas dos: la urbaniza-ción de los espacios agrícolas (al este, noreste y sur), o bien la urbanización del pie de monte (al oeste). Dichas opciones han suscitado largos y encontra-dos debates entre distintos especialistas, pero la disyuntiva aún no ha sido


resuelta en el plano de la gestión (Mendoza, 2000: 1994; Gray de Cerdan, 2006). Además, numerosos estudios técnicos ya han evaluado las ventajas y desventajas, aunque sigue postergándose -por falta de voluntad política e interese sectoriales encontrados-la elaboración de un plan de ordenamiento integral para el área metropolitana de la ciudad de Mendoza. Entretanto, la expansión urbana continúa ocupando desordenadamente ambos ambientes y a un costo futuro difícil de estimar.

La elección del área de estudio se inscribe justamente en el mar-co de esta problemática de avance de la urbanización hacia el pie de monte y de búsqueda de alternativas a tendencias actuales co-mandadas sólo por la fuerza e intereses de los agentes del mercado.3

A continuación se efectúa una rápida presentación del área de estudio, men-cionando los criterios tenidos en cuenta para la delimitación, los elementos del sitio y los cambios recientes en la posición relativa, en el contexto de la metropolización de la ciudad de Mendoza.

La cuenca como área de estudio: breve caracterización de sus elementos fijos

La Cuenca del Jarillal se localiza aproximadamente 8 Km. al suroeste del centro de la ciudad de Mendoza. La superficie total del área de estudio suma 13 km2, de los cuales solamente el 20% se encuentra urbanizado o afectado por otros usos, principalmente sobre el ángulo noreste más próximo y conti-guo a la ciudad. Puede decirse que la mayor parte de la superficie se mantiene libre de otros usos, conservando su estado “natural”; muy degradado en al-gunos sectores, con edificaciones incipientes y puntuales localizadas sobre el borde este que aprovechan las nuevas ventajas de localización.

Desde el punto de vista político-administrativo se divide entre tres de los seis municipios que integran la “región metropolitana” del Gran Mendoza (Figura 1). La mayor parte de la superficie (norte y centro, casi en un 70%)

3 Entre otras opciones, la propuesta de estudiar el frente de crecimiento hacia el su-roeste de la ciudad de Mendoza fue sugerida inicialmente por profesores del “Taller de trabajo” de la Maestría en OT, mientras que la elección y delimitación del área corrió por cuenta de quienes suscriben


Figura 1. Posición geográfica del área de estudio Cuenca del Jarillal, Mendoza, Argentina


Figura 2. Elementos del sitio del área de estudio Cuenca del Jarillal


pertenece al municipio de Godoy Cruz. El sector sur de la cuenca se la dispu-tan los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras, en el marco de un conflicto limítrofe mucho más extenso y que excede el área de estudio, confiriendo interesantes ingredientes políticos a los problemas que la afectan.

Para la delimitar el área de estudio se tuvo en cuenta un criterio hi-drográfico (Figura 2). De esta manera los límites quedaron bien acotados por la divisoria de aguas, a excepción del límite oriental que requirió de un criterio de demarcación alternativo: en dicho sector la red de drena-je se torna difusa en su contacto con la playa y además se trata del sector de la cuenca mas alterado por actividades de extracción de áridos y por el avance de la urbanización. Finalmente se optó por fijar el límite orien-tal sobre el viaducto recientemente construido, el que de alguna ma-nera ya está generando nuevas divisiones entre las zonas que separa.4

En términos comparativos el tamaño de la cuenca abarca un espacio de redu-cido tamaño. En sentido estricto se trata de una subcuenca que forma parte de un sistema de escurrimiento mucho más amplio y complejo. El sistema se despliega hacia el oeste de la ciudad articulando sucesivamente ambientes de sierra-glacis-playa. El clima semiárido continental determina un régimen hí-drico de tipo estacional de activación esporádica y estival. Las lluvias torren-ciales de verano generan grandes avenidas de agua y barro que constituyen una amenaza permanente, tanto para los terrenos inestables del lugar como así también para las zonas más bajas al nordeste de la ciudad. Por ambos motivos el pie de monte plantea serias dificultades para modalidades con-vencionales de urbanización, mientras que en otros sectores se recomienda no hacerlo bajo ninguna circunstancia.

A su vez, la Cuenca del Jarillal reúne un conjunto de sub-cuencas que drenan la cerrillada de la Puntilla, integrada por una serie de lomadas bajas que alcanzan su mayor altura en el cerro Puntilla con 1.100 metros y con

4 Los límites resultantes son los siguientes: al norte la cuenca del Río Maure y al sur la cuenca del Río Tejo, configurando un área triangular cuyo borde este termina en el contacto entre la playa y el pedimento local. En este borde, el límite se define por tres vías de comunicación: Calle Chuquisaca (NE), Avenida Arturo Ilia (E) y el Corredor del Oeste-Panamericana (SE). El límite occidental del área esta conformado por la di-visoria de aguas de la formación mogotes, correspondiente a la cerrillada de La Puntilla (Figura 2).


desniveles locales que no superan los 200 metros. La cerrillada se interpone entre dos subcuencas de mayor extensión que drenan amplios sectores del piedemonte distal (Tejo al sur y del Maure al norte), modificando la direc-ción general del escurrimiento y encauzándolo hacia canales bien definidos. Por tal motivo se considera que la cerrillada cumple una función de dique natural que protege a un amplio sector de la ciudad de los peligrosos aluvio-nes estivales.

Desde el punto de vista geomorfológico pueden distinguirse dos grandes unidades: sobre la mitad oeste, un conjunto de lomadas bajas y aplanadas, modeladas sobre conglomerados plegados y disectados correspondiente a la formación Mogote. Sobre la mitad este, un talud local de erosión, surcado por una densa red de drenaje con dirección dominante suroeste-noreste, es-pecialmente sobre el sector centro y norte del área.

Expansión metropolitana y reciente cambio posicional: rearticulación y nueva centralidad de un área periférica y marginal

En términos muy generales la metropolización implica cambios en la función de las ciudades que se ven reflejados de distinto modo a nivel de la morfolo-gía y estructura urbana. Guardando las diferencias de rigor entre múltiples contextos y variadas escalas, existe cierto acuerdo en señalar algunos tópicos morfológicos comunes a dicho proceso: múltiples centralidades, discontinui-dad, heterogeneidad, bajas densidades, segregación socio espacial, expansión de las redes y flujos.

Varios de los rasgos señalados ya pueden identificarse con cierta claridad también a escala de la ciudad de Mendoza, y algunos ayudan a explicar las transformaciones que actualmente se observan en la Cuenca Jarillal. En re-lación con lo dicho interesa destacar ahora el importante cambio posicional asociado con la construcción de un viaducto que recorre longitudinalmente toda la zona (re)definiendo modalidades y tendencias de crecimiento futuro (Figura 3).

La accesibilidad global desde y hacia el área aumentó significativamente a partir de la construcción del corredor vial -Corredor del Oeste- especial-mente diseñado para la circulación de automóviles a gran velocidad. Antes


Figura 3. Cuenca del Jarillal. Red vial y accesibilidad. Posición relativa del área en relación al Gran Mendoza


del viaducto no existía una buena conexión con el centro (administrativo, co-mercial y financiero) de la ciudad. La orientación predominante era en sen-tido este-oeste mediante dos ejes que apenas permitía una débil conexión; especialmente entre el sector noreste de la cuenca y la cabecera departamen-tal. En tanto, la circulación dentro del área se limitaba a unas pocas huellas de ripio, ligadas a una intensiva extracción de leña y de áridos para la cons-trucción.

El aumento global de la accesibilidad ha comenzado a transformar la posi-ción relativa de toda la cuenca dentro del área metropolitana del Gran Mendoza. En efecto, ya se observan transformaciones a nivel de uso del suelo indicativas de las nuevas relaciones de posición que terminarán cambiando la condición de área periférica y crecientemente marginal que le cupo a la cuenca en las etapas de crecimiento y expansión de la ciudad: extracción de leña, de ripio en cante-ras, dique para la protección aluvional, basurales a cielo abierto, villas miseria, grandes complejos habitacionales subsidiados por el estado para sectores popu-lares, etc. Por cierto, el cambio aludido fluye mucho más de prisa en las áreas sin ocupación que en los extensos complejos habitacionales populares, donde se territorializaron desigualdades socioeconómicas difíciles de variar.

El corredor también ha transformado en zona de paso a un amplio sec-tor de la cuenca (sur y centro este), interponiéndose entre el centro y los su-burbios residenciales de clase media-alta y alta, que a partir de este enlace crecen mucho mas aceleradamente, ocupando valiosas tierras agrícolas en el sur de la ciudad de Mendoza (Chacras de Coria, Vistalba y Las Compuertas en Lujan de Cuyo).

Sin embargo, el acortamiento del tiempo de desplazamiento hacia el cen-tro de la ciudad no ha resultado uniformemente distribuido entre todos los lugares; lógicamente que depende de la cercanía al acceso principal, pero mucho más de la interconexión local con los colectores primarios, en general bastante escasos. De manera semejante el beneficio no ha sido el mismo para todos los habitantes de la cuenca, especialmente para quienes utilizan otros medios de comunicación diferentes al automóvil.

Desde los lugares más favorecidos el tiempo de recorrido hasta el centro de la ciudad se redujo drásticamente; en promedio, la duración de los viajes para vehículos particulares se acortó de 30 a poco más de 5 minutos. En otros sectores del área, las condiciones no mejoraron tan significativamente,


debido a su alejamiento respecto de los conectores secundarios y también porque la conectividad interna del área es muy baja. En efecto, mientras la accesibilidad externa aumentó, la conectividad interna se mantuvo sin cam-bios o incluso disminuyó; básicamente debido al efecto barrera que ejerce el mismo viaducto, como así también por la clausura de alternativas de inter-conexión, resultante de la modalidad de urbanización cerrada tipo country que se va imponiendo sobre el centro y sur del área.

Resumiendo puede afirmarse que el corredor vial ha introducido nuevos elementos de diferenciación entre los distintos lugares y sectores del área, un fenómeno que, por otra parte, tiende a fragmentar aún más la unidad na-tural de la cuenca. La traza del viaducto y su área de influencia, han servido para reconfigurar la estructura espacial previa; por ejemplo, acotando los populosos barrios surgidos de operatorias de vivienda del estado provincial para clases medias-bajas y bajas, cuando se trataba de un espacio periférico y marginal de la ciudad poli céntrica jerarquizada.5 En su estratégico recorrido por la zona sur, el viaducto ha fraccionado, conectado y dado frente a una amplia zona correspondiente al talud y las lomadas, que de esta manera han pasado a revistar como nuevas parcelas de terrenos baldíos en los registros de la propiedad inmueble.

Tendencias espontáneas e inducidas en la cuenca del Jarillal: desarticulación e integración a la ciudad de Mendoza

En la introducción se adelantó que para la realización del presente trabajo se adoptó el esquema metodológico propuesto por Gómez Orea, especialmen-te para la etapa del análisis orientado al diagnóstico territorial. El énfasis puesto por dicho el autor sobre el medio físico se consideró adecuado a las características que presenta el área de estudio, donde todavía predominan factores y procesos naturales (Gómez Orea, 1993). Además, la accesibilidad y

5 La incorporación de la vía de circulación interdepartamental “Corredor del Oeste” generó un incremento inmediato del valor inmobiliario de las parcelas del lugar y una explosión en el crecimiento habitacional, especialmente en el sector sur, con tendencia a Barrios privados de alto nivel, colindantes con asentamientos clandestinos antiguos y barrios de clase media-baja construidos por el Estado Provincial.


reducido tamaño de la cuenca facilitaron la ejecución del trabajo en terreno; básicamente permitieron utilizar escalas de detalle y simplificaron enorme-mente la aplicación de una metodología empleada más frecuentemente en sistemas territoriales de mayor extensión y complejidad.

Elementos de análisis y diagnostico territorial

No se presentan aquí detalles de los variados aspectos y desarrollos ana-líticos que suscitó la elaboración del trabajo. Tampoco se incluyen los re-sultados parciales obtenidos a partir de las relaciones internas y externas detectadas entre los componentes de los cuatro subsistemas estudiados: medio físico-natural, actividades, espacios adaptados y marco legal e insti-tucional. En cambio, resultará de mayor interés focalizar la atención sólo en los procedimientos y resultados que permitieron arribar al diagnóstico situacional, ajustado a escala de toda la cuenca y también a subconjuntos espaciales menores.

Los procedimientos seleccionados -de generalizada utilización en ins-tancias del análisis orientado al diagnóstico situacional- fueron básicamente cuatro: análisis de la capacidad portante del medio, análisis de riesgos, análi-sis FODA y diagrama de relación problema-causa-efecto. A continuación se presenta una relación sumaria de los resultados más relevantes.

Capacidad portante del medio natural y análisis de riesgos

Se evaluaron 5 unidades ambientales, resultantes del análisis del medio físi-co, en relación a 6 tipos de actividad (recreacional, conservación, explotación de recursos naturales no renovables, residencial, infraestructuras y otras ins-talaciones) a su vez divididas en 29 modalidades y contemplando 2 órdenes de valoración en materia de admisibilidad de usos y condiciones asociadas. Resulta imposible sintetizar aquí los resultados obtenidos mediante la matriz de acogida potencial. Entre varios aspectos hay que destacar: una muy baja a baja capacidad de acogida que en general presenta toda la cuenca para la ocupación urbana de tipo convencional y las dificultades que se presentan para la apertura de nuevas canteras –frente a la calidad del material y bajos


costes de localización- debido a su incompatibilidad con los nuevos usos en expansión y la nueva función posicional dentro de la ciudad.

Con respecto al análisis de riesgo se mapearon los peligros múltiples (amenazas naturales) en relación con las instalaciones criticas y se elaboró un mapa que identifica y tipifica posibles escenarios de daño y, finalmente, una zonificación de riesgos de la que resultaron tres categorías (riesgo muy alto, alto y medio) en correspondencia con las grandes unidades geomorfoló-gicas, los peligros naturales y la densidad de ocupación residencial.

Se detectó que la limitante a la urbanización convencional se encuentra amplificada en algunos sectores por riesgos potenciales derivados de un equi-librio difícil entre condiciones ambientales y elementos residuales de una ocu-pación desordenada y pasivos ambientales. La mitigación de riesgos en el área y aguas abajo del área (como saldo de caudal no infiltrado localmente) abre alternativas, pero también requiere de la construcción de obras públicas cuya conveniencia debe sopesarse detenidamente con otras alternativas de ocupa-ción residencial del suelo, contemplando criterios de justicia distributiva.

Análisis FODA y árbol de problemas

También se utilizaron procedimientos de análisis y evaluación, tales como el árbol de problemas y el análisis FODA. En el primer caso, utilizando como insumo resultados derivados de los diagnósticos parciales para los cuatro componentes del sistema territorial; por ejemplo, la detección de causas y efectos asociados con la problemática ambiental del medio físico-natural re-veló su condición de problema derivado o dependiente de la problemática social y por tanto, la necesidad de proyectar acciones estratégicamente coor-dinadas para las dos áreas.

El análisis FODA no contempló la participación de la población y estuvo limitado sólo a los miembros del equipo técnico. Se aplicó a objetivos gene-rales, pensados a escala de toda el área de estudio y orientados a dar solución a problemas. Para elaborar respuestas y propuestas de contenido estratégico se puso el acento en la detección de oportunidades y fortalezas, aprovechán-dolas para superar o neutralizar limitantes y amenazas. Como se verá más adelante, este ejercicio permitió confirmar presunciones que fueron toman-do cuerpo a lo largo del desarrollo del trabajo. Una de ellas transformada en


una limitación casi insalvable: la imposibilidad de que el ámbito geográfico de la cuenca pueda ser también una unidad operativa de gestión territorial y mucho menos un “lugar” capaz de moldear un sentido de pertenencia comu-nitario. Como es sabido ambos aspectos son claves para asegurar la viabili-dad y éxito de un plan de OT.

Tendencias de diferenciación socio territorial y pérdida de la unidad natural de la cuenca

A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico territorializado para el conjunto de la Cuenca del Jarillal, el cual distingue un total de 11 unidades areales o áreas-problema de acción prioritaria; 8 unidades incluidas dentro de la zona de estudio y 3 unidades adyacentes a ella (Cuadro 1 y figura 4). Las primeras se integran -a la vez que se diferencian- por aspectos relevantes derivados de las instancias previas de análisis y diagnóstico. Las segundas, si bien están fuera del área de estudio, no pueden desconocerse porque proyec-tan su influencia sobre buena parte de la cuenca. Sobre la base de este mapa diagnóstico luego se definieron las unidades ambientales de integración, en la parte propositiva del plan.

El diagnóstico a escala de toda la cuenca (imposible dar detalle de las unidades definidas) llama la atención sobre las modalidades que asume el proceso de diferenciación socio-espacial en curso, siendo uno de sus efectos morfológicos más evidentes la fragmentación de la cuenca en múltiples blo-ques y su consiguiente rearticulación bajo una nueva lógica organizacional.

Lo dicho resulta muy claro en el sector norte y noreste, en donde coexisten y potencian problemas asociados con la histórica marginalidad socio-espa-cial de la zona. En este sentido, la traza del viaducto ha contribuido a acelerar primero y sellar después, su diferenciación como una “nueva unidad”, donde coexisten problemas socio-ambientales acuciantes que resolver.6

En el borde sur y sureste ya se observa una incipiente orientación comer-cial en el uso del suelo. Dicha vocación se asocia con la nueva centralidad que

6 Cabe acotar que se practicó una encuesta a la población en todos los barrios “no ile-gales del sector” con el propósito de complementar y actualizar información censal y a la vez contar con información de opinión.


Cuadro 1. Unidades areales para el diagnóstico situacional

A1) Borde extremo noreste: Unidad residencial periférica en consolidación, con servicios básicos en fricción con área “B”. Surgida de operatorias habitacionales del Estado para sectores de clases “medias-bajas” a “baja” y relocalización de asentamientos inestables (“villas miseria”), entre 1980-1995. Localizada sobre terrenos con alta pendiente, nivelados y rellenados, con crecientes problemas de seguridad, contaminación y escasa vinculación E-W y N-S, e integración a la trama urbana del municipio. Accesibilidad y posición relativa impactada por el viaducto.A2) Estrecha franja adosada al oeste de unidad “A1”: Unidad de ocupación re-sidencial inminente, entre área residencial y bode de defensa aluvional, sobre suelos desmontados, nivelados y rellenados.B) Borde norte: Fuente de contaminación. Unidad “consolidada”, con deterioro ambiental muy acusado y situación social límite. Basural municipal (“ilegal”) a cielo abierto, inundable, en profundos pozos de ripieras abandonadas (“ilegal”) con varios asentamientos (“villas miseria”), ilegales cuya población se integra en torno a un circuito de economía informal, basado en la explotación del vertede-ro, en la recolección (“ilegal”) y procesamiento de residuos, en la cría de cerdos, además de otras actividades vinculadas.C1) Cuña relicto norte del talud medio-proximal, no urbanizado: Sector con alta degradación ambiental, tránsito de actividades de ripiera sur, de reciente ocupa-ción por un “cementerio parque” sin protección aluvional.C2) Extenso borde del centro y sureste del glasis proximal, rearticulado por via-ducto: Afectado por una rápida transformación, hacia usos comerciales y resi-denciales de sectores sociales “medianos altos” y “altos”, en el marco de una fuerte valorización inmobiliaria de terrenos de media capacidad portante para nuevos usos residenciales. Escaso control de la ocupación, indefinición de jurisdicciones de competencia municipal (conflicto de límites). Expansión de nuevos usos del suelo por actividades comerciales y de servicios ligadas a la demanda de barrios cerrados en crecimiento, más el desborde de funciones por consolidación resi-dencial del distrito de Charcas de Coria.


comienza a asumir el área por efecto de la convergencia de vías de comuni-cación rápidas e incipientes funciones de comercio y servicio: las primeras, materializadas en un amplísimo nudo vial que enlaza y valoriza terrenos, y las segundas, por el desborde del ex distrito rural de Chacras de Coria, como consecuencia de la demanda creciente de servicios locales proveniente de ba-rrios residenciales de clases medias-altas y altas, que desde hace dos décadas comenzaron a abandonar los distritos centrales de la ciudad.

Entre ambos espacios se despliega (abarcando talud y cerrillada) una am-plia zona central sin uso, que todavía mantiene un aspecto “natural”. Aquí se ha concentrado (y también repartido) la mayor parte de la plusvalía urbana generada por la construcción –como obra pública- del viaducto de vincula-

Cuadro 1. Continúa

D) Sector centro de extracción intensiva de áridos: Unidad de explotación mine-ra. Ripiera (“ilegal”) de intensa actividad en la explotación de materiales para la construcción. Fuente de contaminación y degradación ambiental severa (remo-ción y excavación de suelos) sobre el borde occidental de pedimento serrano. E) Estrecha franja meridiana sobre línea de falla y de contacto entre unidades morfológicas: Unidad con severa restricción para usos urbanos (pendiente, alu-viones, riesgos) con un creciente impacto por desmonte, picadas de acceso a que-bradas y otras actividades recreativas.F) Franja de la vertiente oriental de la cerrillada de mogotes con vacío poblacio-nal: Unidades con severa restricción ambiental (además de legal) para la ins-talación de usos urbanos, con creciente degradación por desmonte y traza de caminos privados ante la ausencia de controles por indefinición de jurisdiccio-nes municipales. Unidad diferencialmente influenciada por actividades y diná-mica de las unidades contiguas del borde este: basural (F1 norte), ripieras (F2 centro), valorización y proyectos de urbanización privados (F3 sur).Borde externo centro sur con urbanizaciones residenciales privadas cerradas con-solidadas y en expansión. Borde externo noreste. Residencial en consolidación, rearticulación e impactado recientemente por la traza del viaducto de acceso rápido a la ciudad de Mendoza. Borde externo centro este. Cuña de urbanización privada cerrada inminente sobre pedimento local distrital en áreas valorizadas de media aptitud para uso residencial.


Figura 4. Cuenca del Jarillal. Unidades areales para diagnóstico situacional


ción rápida con la ciudad. Sobre esta zona se proyecta con fuerza la tendencia proveniente de áreas contiguas (principalmente desde el este y noreste) hacia urbanizaciones cerradas tipo country. Uno de estos proyectos de urbaniza-ción ya ha incorporado a su estrategia de distinción -respecto de otros coun-try de la ciudad con los que compite por la atracción de clientes- el contar en su interior con lomadas, vistas, valles y amplios espacios naturales.

En síntesis, la desarticulación creciente de la unidad funcional natural de la cuenca responde en buena medida al efecto combinado de las tres ten-dencias descritas. La constatación de esta realidad obligó a un replanteo del esquema metodológico. La fragmentación también se verifica a nivel políti-co-administrativo entre tres gobiernos municipales que mantienen disputas limítrofes, no coordinan criterios de zonificación de usos del suelo o bien ad-miten y administran excepciones. De esta manera la gestión territorial mu-nicipal resulta muy débil, una situación que termina favoreciendo tendencias espontáneas impuestas por la fuerza de intereses sectoriales. Como se verá a continuación en este contexto la búsqueda de una imagen objetivo para la “Cuenca del Jarillal” carece de un sentido práctico.

La cuenca del Jarillal: un modelo territorial difícil de armar

El diagnóstico ha revelado la dificultad para integrar realidades, problemas y tendencias tan disímiles dentro de una imagen objetivo común para toda la Cuenca del Jarillal. Hasta la propia unidad material, derivada de la función hidráulica desempeñada por la cuenca dentro del sistema local de drenaje, se encuentra hoy afectada por un rápido proceso de desarticulación que ge-nera pequeñas subcuencas independientes, reconectadas en un sistema de colectores aluvionales que surca la ciudad con dirección general suroeste y noreste.

Por lo demás, tampoco existe -ni pareciera haber existido nunca- un co-rrelato de tal unidad en el imaginario de la población que habita en algunos sectores de la cuenca; la dispersión geográfica de los lugares de origen de los adjudicatarios de viviendas, en los barrios surgidos de las operatorias del es-tado, parece haber dificultado la construcción (espontánea o por inducción política) de un sentido de pertenencia territorial por encima de la escala veci-


nal o barrial. En cambio, un fuerte sentido de pertenencia al lugar existe en-tre quienes habitan las numerosas “villas miseria” -integrantes de un circuito informal de recolección y tratamiento de residuos domiciliarios- generado a partir de una prolongada relación de apropiación, defensa y sustento atribui-da al territorio vivido y a sus recursos, pero desligado del nombre y el ámbito espacial correspondiente a la “Cuenca del Jarillal”.

De manera tal que no se verifican para la “Cuenca del Jarillal” las condiciones mínimas de partida -materiales, político-administrativas, fun-cionales y culturales- como para formular una imagen objetivo o bien un modelo territorial deseado por la población, capaz de transformarse en prin-cipio fundante del plan de OT. Una debilidad difícil de revertir, que termina siendo funcional a la acción de las fuerzas disgregadoras, y que también im-pone serias limitaciones a uno de los objetivos técnicos de partida del pre-sente trabajo, explícitamente orientado a conservar la función natural de la cuenca.

Propuesta e instrumentos de ordenamiento territorial

Por los motivos ya expuestos, en la propuesta de OT no se plantea el alcance de un modelo territorial como objetivo deseado. Más propiamente consis-te en un conjunto articulado de propuestas de intervención encaminadas a cumplir con una serie de objetivos formulados con base a problemas locali-zados que se procura solucionar.

Las actuaciones propuestas son de dos tipos: 1) Actuaciones de regula-ción orientadas a la prevención mediante normativa nueva y adecuación de la existente. 2) Actuaciones de intervención orientadas corregir problemas apuntando a sus causas (a veces de muy difícil detección o modificación) mediante proyectos y acciones.

Las propuestas de intervención se articulan en torno a un plan compues-to por tres ejes principales: a) Definición y zonificación de las categorías de ordenación. b) Plan de intervención, compuesto por una relación integrada de programas, subprogramas, proyectos y o acciones a desarrollar. c) Marco para el encuadre legal de las propuestas (zonificación que regula las activi-dades dentro de cada categoría de ordenación). A continuación una apretada síntesis sólo de los dos primeros ejes.


Zonificación de las categorías de ordenación

Las categorías generales de ordenación propuestas son empíricas, resultantes del análisis técnico, con intervención de los siguientes criterios principales: unidades ambientales, capacidad portante del medio, accesibilidad, oportu-nidades de intervención, afecciones normativas vigentes, tendencias de cre-cimiento urbano, situación dominial del suelo, usos actuales y potenciales, factibilidad y costos de oportunidad. A través de las categorías se plasman las líneas de acción prioritaria. Las 5 categorías se vinculan con usos actuales o favorecidos, contemplan mecanismos, grados y condiciones de admisión, dando lugar a varias subcategorías en el marco de una estructura flexible. A su vez, las categorías se vinculan con una o con varias de las ocho unidades ambientales y no son espacialmente excluyentes entre si (Figura 5). Algunas categorías o subcategorías encuentran respaldo legal en la legislación vigente a nivel municipal (Godoy Cruz) o de la provincia y otras requerirán de nue-vos instrumentos para su aplicación.

Estructura y contenido del plan de OT propuesto

En su faz propositiva el Plan de OT consta de un conjunto de 9 programas, 26 subproyectos y 83 proyectos. Las líneas de acción prioritaria se plasman en todos los niveles de formulación y apuntan a: prevenir, corregir, poten-ciar, valorizar y desarrollar. En el diseño y secuenciación del plan también se tuvo en cuenta el efecto multiplicador y combinado entre proyectos de acción, para así dar solución a problemas complejos. Tres programas bien pueden considerarse programas de acompañamiento (involucramiento de la población, fortalecimiento de autoridades de aplicación y vinculación) y podrían rediseñarse conforme al contexto real de aplicación. El resto apunta a dar solución a problemas concretos, creando mejores condiciones de vida y de calidad ambiental para la población. Los programas son los siguientes (Cuadro 2):


Figura 5. Cuenca del Jarillal. Unidad de integración para zonificación de categorías de ordenación


Reflexiones finales: ¿“Cuenca del Jarillal” versus “Palmares Valley”?

Existe convicción entre los integrantes del equipo técnico en cuanto a que la viabilidad de muchas de las propuestas aquí formuladas dependerá, tanto de la voluntad política de las instituciones que tienen algún tipo de jurisdicción sobre el área, como del compromiso de la población involucrada. Se conci-be al OT como una práctica de gestión que, en determinados contextos, no puede prescindir de la perspectiva de los actores ni de la participación ciuda-dana. Sin embargo, la presente propuesta ha sido formulada sin contemplar dicha perspectiva; esto habría requerido de una segunda etapa de trabajo, con la colaboración de profesionales capacitados en el manejo de grupos en situaciones de marginalidad social extrema, tal como se presenta en varios

SP:Sub programa; P: Programa

Programas SP P1 Programa para la erradicación y relocalización del vertedero

municipal2 5

2 Programa de apoyo y asistencia social para la población afecta-da.

3 8

3 Programa de mejoramiento barrial. 3 154 Programa para la recuperación de los espacios degradados y sa-

neamiento ambiental.3 10

5 Programa para el mejoramiento de infraestructura y provisión de servicios

3 9

6 Programa para la puesta en valor de recursos ociosos o mal apro-vechados.

4 8

7 Programa para la participación y compromiso de la población en proyectos específicos.

3 12

8 Programa de fortalecimiento institucional de las autoridades de aplicación.

3 10

9 Programa de promoción “exterior” e “interior” del Plan de Or-denamiento.

2 5


sectores del área de estudio. El plan ha previsto un programa especial para inducir a la participación ciudadana en el marco de las instituciones veci-nales existentes, un aspecto que de llevarse a la práctica, requeriría de un importante replanteo desde el punto de vista de su factibilidad política.7

La dinámica de crecimiento de la ciudad hacia el sur y sur oeste, responde a fuertes tendencias (por cierto, tendencias que son comandadas por agen-tes que terminan naturalizándolas, en plena coincidencia con sus intereses) que difícilmente puedan modificarse, aunque a futuro deberán ajustarse a un plan de ordenamiento para el crecimiento de la región metropolitana. El estudio ha demostrado la imposibilidad de recuperar la unidad natural de la cuenca del Jarillal en su conjunto, lo cual no impide hacer aquí una reflexión final más próxima a la Geografía Humana que al Ordenamiento Territorial y que extiende un puente cada vez menos transitado entre ambos campos.

Se denomina “jarillal” a una formación vegetal endémica, integrada por un conjunto de ejemplares de “jarilla”, una especie arbustiva y xerófita au-tóctona típica de zonas áridas. De allí deriva el nombre que toma la cuenca, aunque los grandes arbustales hayan desaparecido desde hace mucho tiem-po. En cambio, “Palmares Valley” es el nombre elegido por una empresa in-mobiliaria para un emprendimiento tipo country cerrado, que ha proyectado construir sobre una extensa zona de la cuenca, incluyendo buena parte de la cerrillada de La Puntilla. Los “palmares” no son formaciones vegetales pro-pias del lugar, por lo cual las palmeras deberán trasladarlas ya crecidas desde otras latitudes. En sentido estricto, tampoco existe un valle en el sitio donde

7 En términos generales puede decirse que en la República Argentina y en Mendoza, se habla y escribe sobre Ordenamiento Territorial, mucho más de lo que en realidad se practica. Tal desbalance entre lo dicho y lo hecho, se comprende mejor a la luz de la todavía incipiente institucionalización del OT como práctica real en el ámbito de los tres niveles del gobierno y de la gestión público-territorial. Una nueva etapa se vislum-bra en la provincia de Mendoza luego de la reciente sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Actualmente el municipio de Godoy Cruz se encuentra desarrollando algunos proyec-tos puntuales, orientados a recuperar sectores ambiental y socialmente muy degrada-dos coincidentes con su jurisdicción sobre el ángulo NE de la cuenca: construcción de una planta para el tratamiento de residuos domiciliarios, el cierre del basurero a cielo abierto y el relleno y parquización de los pozos se encuentran entre las acciones más importantes.


proyectan trasplantar las palmeras, aunque dicho en otro idioma pareciera atenuarse la distancia entre lo real y lo nombrado.

En verdad, ninguno de los dos nombres encuentra su correlato en el “te-rritorio real”; en el caso de la Cuenca del Jarillal, porque parecieran no ha-berse dado en este caso las condiciones necesarias para transitar el largo y a veces incierto camino, que lleva a que un recocerte (sic) espacial, nacido en el ámbito técnico o académico, se transforme en un toponímico con poder simbólico e identitario o con sentido práctico para la gestión territorial de al-gún tipo; en el caso de Palmares Valley, porque todavía permanece como una idea proyectada, en el marco de un negocio inmobiliario –y un modelo de ciudad- de largo aliento, que ha ido sorteando con éxito varias etapas y que ahora se encuentra esperando habilitaciones (¿y “excepciones”?) municipa-les y de la provincia. De lograrlas, es muy probable que dentro de muy poco tiempo, el poder nominativo del marketing conjugado con el poder económi-co, hayan trasmutado una cuenca en un valle, y un jarillal en un palmar, en un nuevo lugar que el Google Earth localizará en una fracción de segundos, tecleando simplemente el nombre correcto: “Palmares Valley”.

¿Acaso es dable imaginar una evolución diferente? Es lo que se intenta con la presente propuesta de OT, que se sitúa con realismo entre aquellos dos opuestos, igualmente utópicos pero que cuentan con diferentes posibilidades de realización: mientras que la “Cuenca del Jarillal” muestra la imposibilidad de recuperar una unidad ya inexistente, “Palmares Valley” ya tiene sus to-padoras en el lugar. El 5 de mayo de 2009 la Cámara Alta de la provincia de Mendoza dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Es probable que, una vez reglamentada, se avance hacia la creación de una instancia de planificación y ordenamiento territorial a nivel de toda la “región metropolitana”, con capacidad para proyectar el futuro crecimien-to de la ciudad de Mendoza. Entonces, el momento del OT habrá llegado y también la condición de posibilidad para que estas propuestas puedan im-plementarse.


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Propuesta conceptual y metodológica para la evaluación del riesgo 397

Introducción

El concepto de ordenamiento refiere a identificar, distribuir, organizar, y re-gular las actividades humanas para conducir en este territorio de acuerdo con criterios y propiedades del territorio. Éste se constituye como una es-trategia para elevar el nivel y la calidad de vida de la población utilizando de manera congruente los recursos naturales y el territorio.

Existen diferentes estudios que abordan el problema del modelo terri-torial y las características que éste tiene, de tal forma que se particulariza el estudio del medio físico y usos primarios del suelo; el análisis del sistema de asentamientos y los canales de relación – infraestructura del transporte, así como de otros elementos notables como la geomorfología, el clima y las etnias entre otros.

En la metodología oficial para la realización de estudios de ordenamien-to territorial se considera en la fase de diagnóstico el desarrollo de tema de riesgos naturales; sin embargo, no existen consideraciones ni referencias me-todológicas sugeridas para la evaluación del mismo.

Propuesta conceptual y metodológica para la evaluación del riesgo

Luis Miguel Espinosa Rodríguez* y Dulce Vences Sánchez*

397

* Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México.


Es por ello que este trabajo tiene como objetivo central presentar un mo-delo teórico conceptual y metodológico que coadyuve en la solución de la etapa referida en los lineamientos del ordenamiento territorial.

El estudio del riesgo

La mayor parte de los desastres que se generan y afectan a la humanidad se propician en la interacción hombre-naturaleza y de forma principal en el desconocimiento que existe por parte de la humanidad hacia los procesos naturales.

Es por eso que a partir de los años noventas la Organización de las Na-ciones Unidas (ONU), acordó el establecimiento del “Decenio Internacio-nal para la Reducción de Desastres” (1990-1999) y a través de éste facilitar y resaltar la importancia a la investigación de este género con el propósito de mejorar la capacidad para mitigar los efectos negativos de los desastres naturales (Delgadillo, 1996).

Diferentes autores y puntos de vista han abordado el problema de inves-tigar las posibles causas que generan los desastres naturales y otros más, han justificado los desenlaces a través de teorías demográficas tales como la malthusiana, la de la transición demográfica, la epidemiológica y la de la movilidad y transición urbana entre otras.

Otros más se han avocado a describir el origen del problema interesándo-se en la génesis de los mismos, tal y como lo exhiben algunas clasificaciones de riesgos como la de CENAPRED y la de SEDESOL en nuestro país; mien-tras que existen tendencias ligadas a la evaluación económica de daños y cálculo de seguros entre otras variables.

No obstante a los esfuerzos académicos, personales e institucionales, aún las preguntas básicas que se generan en torno al estudio de los riesgos siguen sin respuestas satisfactorias, por lo menos en el campo de la integración de las variables que componen al riesgo.

Entre tanto, algunas cuestiones como el entendimiento de las condiciones que provocan cambios radicales en el territorio, la peligrosidad en el ámbito regional y local, la magnitud y fuerza de los procesos así como de las formas de expresión territorial y afectación entre otras variables continúan evaluán-dose en diferentes escalas de trabajo alcanzando resultados parciales.


Asociado al problema del origen, otras cuestiones relacionadas con la in-tensidad, las relaciones espacio-temporales, la generación de recursos para prevención, mitigación y ayuda son algunos de los tópicos que aún requieren de atención especializada.

En nuestro país las cifras oficiales muestran tendencias hacia la ocurren-cia permanente y estacional de procesos que modifican el entorno de manera súbita. Es así que el 33% de la superficie del país se encuentra ligada a por lo menos un tipo de geosistema perturbador, afectando en promedio a 20.5% de la población total.

La siguiente gráfica representa la comparación entre el porcentaje de co-bertura propenso a la ocurrencia de geosistemas perturbadores y el porcen-taje promedio de población afectada en cada uno de ellos.

Aunado a las condiciones que propician riesgos, existen otros factores que inciden de forma directa en la ocurrencia, afectación y capacidad de res-puesta ante la presencia de procesos perturbadores.

Entre otras variables se destacan las familias monoparentales y disfuncio-nales; el rompimiento en la secuencia de estructura por edad en las familias, la baja y deficiente escolaridad, problemas asociados con salud y nutrición, la desigualdad económica y social y la carencia de sistemas de protección civil preparados entre otras.

Gráfica 1. Porcentaje de territorio (cobertura) que es afectado por procesos perturbadores y porcentaje de habitantes afectados en México. Construida con datos de CENAPRED 2009

Cobertura

Habitantes afectados

Sismos Heladas Sequías


Antecedentes

A partir de diferentes sucesos que han generado daños así como pérdidas humanas y económicas en diferentes partes del mundo, se ha investigado cómo generar y mantener estrategias de seguridad en diferentes ámbitos (Delgadillo, 1996).

El mismo autor establece que en los estudios sobre desastres naturales, se destaca el impacto que éstos suelen tener hacia los asentamientos humanos, dejando en su mayoría un panorama devastador, obteniendo indicadores como; heridos, damnificados, viviendas dañadas o destruidas y cuantiosas pérdidas económicas; razón por la cual se vio la necesidad de instrumentar acciones a nivel internacional para atender situaciones de desastre, creán-dose así en 1972 la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastre, por sus siglas en inglés UNDRO.

Dos años después la ONU designó el “Decenio Internacional para la Reduc-ción de Desastres”, solicitando a todos los gobiernos del mundo que realicen un esfuerzo extraordinario para poner en marcha investigaciones multidisci-plinarias en colaboración entre las naciones, encaminadas a estudiar las cau-sas, reducir los daños y si es posible, predecir la ocurrencia de las catástrofes naturales (Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, 2004).

Con base en la propuesta de Naciones Unidas y en las necesidades inter-nas de diferentes países se han desarrollado diferentes modelos teóricos y conceptuales que plantean diferentes posturas ante el estudio sistemático y la comprensión de los riesgos.

Por su parte, las metodologías y puntos de vista que se asocian con el es-tudio de los riesgos desde la perspectiva geográfica muestran dos tendencias básicas:

La anglosajona que se centra en lograr un estudio de la relación entre el •hombre y el medio ambiente. Los geógrafos Gilbert White, lan Burton y Robert Kates (1964; en Calvo, 1984) concuerdan en que los riesgos repre-sentan la situación resultante de la exposición de la población a un medio peligroso; asimismo se interesan en conocer los procesos que en un mo-mento dado pueden generar daños a la sociedad, así como por localizar y determinar la distribución espacial de éstos.


La tendencia francesa por su parte, se basa en dos aspectos que deter-•minan si una región es más o menos dañada por un desastre natural: el número de habitantes y el nivel económico de los mismos.

Según Tricart (1982), los geógrafos franceses abordan la cuestión de los riesgos como resultado de la relación estímulo-respuesta del medio social ante su medio físico, responsable de las víctimas y los daños: mientras que Foucher (1982) considera que la Geografía humana de los riesgos debe basar-se en dos aspectos fundamentales: la aprehensión histórica de los catástrofes acontecidos en un lugar basado en la localización del lugar afectado, la iden-tificación de los eventos y el número de víctimas y daños económicos- y en el análisis de los riesgos que incluye la definición de las zonas de riesgo, de acuerdo con la peligrosidad.

Para el caso de nuestro país, fue hasta después de los sismos de 1985, cuando el Gobierno Federal creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), para prevenir y mitigar desastres naturales y antropogénicos (Toscana, 2006), y en 1988 con el propósito de apoyar a este organismo y coordinar acciones en los ámbitos municipal, estatal y federal fue creado el CENAPRED.

Este órgano cuenta con personal académico impulsado por la Universi-dad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se dedica a la investigación y desarrollo en prevención de desastres. El enfoque del trabajo tiende al estu-dio técnico en el cual se analizan riesgos que han sido previamente recono-cidos por la ciencia, las posibles consecuencias en términos de intensidad y extensión; y por último, promueve recomendaciones para la población según el tipo de riesgo al que está expuesta.

En el ámbito estatal se han creado diferentes direcciones generales de pro-tección civil, las cuales definen la pertinencia como el conjunto de acciones que dan respuestas a las demandas de seguridad colectiva ante la existencia o actualización de riesgos, es una actividad que integra a las dependencias, organismos y entidades del sector público en tres ámbitos: federal, estatal y municipal y a los sectores social y privado en el objetivo común de proteger y salvaguardar a la comunidad (Gobierno del Estado de México, 1994).

Por último, el Grupo de investigación interdisciplinaria sobre desastre posee un esquema de trabajo en el que se basan los investigadores, es el es-


tudio de la relación causa-efecto propuesta por Gelman y Sierra (1985; en Rojas, 1988).

El enfoque en el que se fundamenta este grupo se basa en la interacción del sistema perturbador y el sistema afectable; entendida ésta como una re-lación recíproca.

Para determinar la vulnerabilidad de los sistemas, este grupo ha desarro-llado métodos matemáticos; y para determinar las medidas de prevención o mitigación y restauración en caso de daño, requiere de conocer la mecánica del sistema perturbador (origen, frecuencia en el tiempo, localización en el espacio, magnitud y daños), distinguir y entender el funcionamiento de los sistemas involucrados, y por último correlacionarlos con el fin de elaborar pronósticos confiables que permitan planear las actividades antes y después de un desastre.

La terminología del riesgo

Se pueden citar numerosas definiciones de riesgos y desastres, pero sin lugar a duda cada una se encuentra orientada de acuerdo con la ciencia que la abor-da o bien, la connotación puede variar según la línea teórica de la persona que la define.

Con el fin de evitar inconsistencias y confusiones, en 1972 por iniciati-va de la UNESCO se llevó a cabo una reunión de expertos sobre el estudio estadístico de los riesgos naturales (Foumier, 1979). En ésta se elaboró una ecuación conceptual que incluye tres elementos: peligrosidad, valor y vulne-rabilidad. La interpretación de la ecuación considera las siguientes ideas:

1 La peligrosidad estudia la agresividad del proceso en términos absolutos, es decir, su magnitud física, su ocurrencia y su cobertura espacial, sin considerar aún su afectación al entorno cultural.

2 El valor estima cuantitativamente la susceptibilidad al daño y/o pérdida de vidas humanas, infraestructura y capacidad productiva por los efectos destructivos del fenómeno, dándole al estudio de la peligrosidad un ca-rácter aplicado.

3 La vulnerabilidad considera las posibilidades técnicas y económicas de prever o mitigar los varios efectos destructivos del proceso y la capacidad


de la propia naturaleza para absorber el avance del mismo. Por lo tanto permite evaluar los grados de exposición de las zonas ocupadas por gru-pos humanos susceptibles de ser afectados por el proceso.

La unión de los dos niveles (perceptivo y aplicado) se desarrolla más allá de los componentes de enlace. Es el resultado de sensibilizar las apreciacio-nes científicas; de convertir algo abstracto en algo intangible. Es una inte-gración que define los límites y alcances de los estudios geográficos sobre riesgos naturales porque los ubica en un contexto real.

Algunos autores han decidido hacer estudios de riesgo desde una pers-pectiva integradora; por ejemplo Macías, (1994) establece que en el caso de los desastres provocados por fenómenos naturales, se puede apreciar una conexión clara entre la naturaleza y la sociedad, afirmando con esto que una situación de desastre se suscribe como una manifestación de fuerzas de la naturaleza que induce condiciones críticas de corto, mediano y largo plazo hacia las estructuras sociales.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos orientados en el proceso de uni-ficación de criterios, aún existen diferencias teórico-conceptuales de cómo entender el riesgo, por lo que, hoy en día se distinguen dos grupos enfocados a resolver la problemática de la terminología.

Con base en esta idea, Toscana (2006) define que el primero de ellos está integrado por la ingeniería, la geofísica, la geología, la geografía física, la economía, la medicina, la epidemiología y la psicología. Así, los objetivos de investigación, se centran en identificar los riesgos y sus causas, construir modelos de predicción de respuesta ante el riesgo, proponer medidas de mi-tigación y elaborar mapas; mientras que el segundo, se encuentra integrado por las ciencias políticas, la sociología, la antropología y la geografía humana; ciencias que sostienen la idea de que los riesgos son construcciones sociales que dependen de factores socioculturales vinculados a estructuras sociales.

Propuesta conceptual

De acuerdo con las ideas anteriores y al encontrarnos aún en un marco con-ceptual que divaga entre diferentes posturas teóricas y de aplicación, se ha diseñado un concepto de riesgo desde una perspectiva conceptual que reto-


ma las mejores ideas propuestas hasta el momento por diferentes autores. De esta manera, el concepto de riesgo que se integra por la suma e inte-

gración de cuatro variables básicas, las cuales son:

Geosistema perturbador (GP)Vulnerabilidad espacial (VE)Vulnerabilidad global (VG)Capacidad técnico-científica (CR)Cr1 = Capacidad de respuesta ante el GPCr2 = Capacidad de respuesta ante la VECr3 = Capacidad de respuesta ante la VG

La integración de éstas se expresa en la siguiente ecuación:

R = GP + VE + VG

CR1 CR2 CR3

Una de las razones que fundamentan la propuesta, corresponde al siste-ma complejo que multiplica los efectos encadenados del geosistema pertur-bador y que incide de forma directa en la resilencia y desarrollo de efectos encadenados que a su vez generan problemáticas específicas.

La figura 1 da cuenta de este tipo de relaciones perjudiciales en un so-ciosistema afectado. Se observa en ésta el geosistema disparador seguido de algunos encadenados y la serie de consecuencias que trae cada uno de ellos, considerando que éstas aún pueden multiplicarse.

Geosistema perturbador

Palacio (1995) lo define como el estudio específico de todos los procesos de origen natural, social o mixto que generan cambios en el funcionamiento de un territorio.

Éstos se definen como la ocurrencia de procesos de origen físico y antró-pico que modifican al espacio en el cual se desenvuelven de forma súbita y con diferentes patrones de comportamiento temporal y espacial. Ejemplo de


Figura 1. (falta título)

Sismo

Remoción en masa

Incendios

Colapso de edificaciones

Colapso en sistemas de

abasto y comunicaciones

Daños en caminos

Daños en infraestructura

Víctimas mortales

Lesionados

Pérdida de infraestructura para el empleo

Daños psicológicos

Daños en infraestructura de agua potable

Daños en infraestructura de sistemas de drenaje

Daños en sistemas de distribución de gas

Daños a sistemas de telefonía e internet

Pérdidas horas hombre

Pérdidas económicas

Pérdidas de equipo

Pérdida de información

Pobreza

Marginación

Descontento social

Migración

Angustia

Miedo

Síndromes

Reacciones psicosomáticas

Problemas de higiene

Problemas de alimentación

Daños químicos

Fugas / exposiciones

Incendios

Pérdida de comunicación

Pérdidas financieras

GS disparador GS encadenado Consecuencias prim. Consecuencias sec.

CRISIS / CAOS


ellos son los procesos que se asocian con la dinámica interna y externa de la Tierra tales como los sismos, inundaciones, deslizamientos; así como, los de carácter socio organizativo, químico y sanitario, entre otros.

Es importante establecer que éstos de forma común encuentran entre sí, sistemas de enlace que impactan en la forma y el espacio de manifestación de los mismos, y que además, pueden ser calificados de manera cualitativa y cuantitativa.

El siguiente cuadro muestra el sistema descrito por medio del cual los geosistemas perturbadores manifiestan procesos de enlace, los cuales en ocasiones resultan más perjudiciales que aquellos que les dieron origen.

Cuadro 1. Geosistemas perturbadores y sistemas de encadenamiento de origen natural asociados a los riesgos

Geosistemas perturbadores y sistemas de encadenamiento de origen naturalGeosistema perturbador

Peligro encade-nado 1

Peligro encade-nado 2

Ejemplos

Sismos Rompimiento de tuberías de agua

Aumento de in-fecciones

Sismo del 19 y 20 de septiembre en la ciudad de México, 1985

Fallas aactivas Sismo Caída de bloques de roca en zonas escarpadas

Movimiento de la falla de Acambay, Estado de México, 1912

Erupciones vol-cánicas

Lluvias torren-ciales

Desarrollo de fan-glomerados

Erupción del volcán Santa Elena, 1980

Hundimientos y agrietamientos

Rompimiento de tuberías de agua y gas

Explosiones San Pedro Totol-tepec, Estado de México, 1999

Sedimentación acelerada

Sepultura de co-munidades vege-tales

Pérdida de biodi-versidad

Llanuras de Tabas-co, tiempo presente


Cuadro 1. Continúa

Geosistemas perturbadores y sistemas de encadenamiento de origen naturalErosión acele-rada

Pérdida de terri-torio

Afloramiento de tuberías y estruc-turas de construc-ciones

Delta de los ríos Bal-sas y San Pedro en Michoacán y Tabasco respectivamente

Remoción en masa

Destrucción de casas y caminos

Pérdidas econó-micas y de vidas humanas

Pijijiapan, Oaxaca, 1989

Subsidencia Inestabilidad de suelos

Inundaciones Curso bajo del río Ler-ma, tiempo presente

Inundaciones Obturación de vías de comuni-cación

Pérdidas econó-micas

Ciudad de Villaher-mosa, 2007 y tiempo presente

Avenidas Destrucción de vertientes

Inundaciones Arroyo el Zaguán, Nevado de Toluca, en diferentes ocasiones

Ciclones Inundaciones Daños a equipo e infraestructura

Huracanes Paulina, Roxane y Wilma entre otros

Sequías Incendios Contaminación atmosférica

Bosques del estado de México y Michoacán, 1997

Granizadas Destrucción de cultivos


Campos de cultivo del Bajío

Nevadas Obturación de vías de comuni-cación

Accidentes en vías de comuni-cación

Proceso frecuente en Europa y Canadá en la última década

Tornados Destrucción de infraestructura


Proceso frecuente en Wyoming y Kansas


Vulnerabilidad espacial

Corresponde a la valoración económica, social, política y administrativa en-tre otras variables de un territorio susceptible a la ocurrencia de un geosis-tema perturbador.

Es decir, refiere a las características físicas del espacio en el cual se ma-nifiestan los procesos perturbadores, éste define el “sobre” o “qué es lo que se afecta de manera puntual al ocurrir un proceso perturbador”; tal como: casas, campos de cultivo, bases militares y diversos espacios con un deter-minado uso de suelo. En este tipo de vulnerabilidad se clasifica el espacio de acuerdo con los atributos sociales y económicos que posee.

La parte social comprende al número de personas que pueden ser afecta-das de manera directa o que se localizan sobre o, en las proximidades de las zonas de catástrofe y que por tanto son sujetas a ser perturbadas; mientras que parte económica refiere al valor económico de los socioespacios afecta-dos, que se manifiesta desde el punto de vista catastral, de construcción o productivo; asimismo puede integrar el valor histórico, cultural, religioso, administrativo, arqueológico, natural o endémico entre otros.

La valoración de la complejidad tiende a ser compleja debido entre otras co-sas a la diversidad conceptual y operativa de la misma, ejemplo de ello son las referencias de distintos autores como los que se presentan a continuación:

Alexander (2000): Explica un círculo vicioso, en el que interactúan procesos de diferentes tipos y escalas, en especial políticos (corrupción y negligen-cia) relacionados con la localización de los asentamientos.

Bolin y Stanfrd (1999): Consideran como causas: la localización de los asen-tamientos, el grado de exposición al peligro, la capacidad de la gente de adaptarse a su medio, preparación de la comunidad y la habilidad de las estructuras políticas para organizar y prever recursos durante el desastre.

Cuny (1993) y Wiljkman y Timberlake (1984): Notaron que la distribución de los desastres depende de la pobreza y desigualdad, de la degradación ambiental y del rápido crecimiento demográfico.

Di John (2001): Ha observado que las deficiencias institucionales en los pro-cesos de urbanización, producen un aumento de la vulnerabilidad ante los desastres, proporcional a sus efectos devastadores.


Ermoliev et al. (2000): Retoman las diversas perspectivas ya mencionadas sobre vulnerabilidad y propone distinguir la vulnerabilidad en ex ante y ex post- son producto de las acciones de diversos agentes, que ocupan en un entramado institucional reglas y normas que articulan y organizan la interacción de las personas en sociedad.

Fothergrill (1996): Considera que las mujeres son más vulnerables a los de-sastres, por varias razones entre ellas: tienen menos posibilidad de movi-lidad, la pobreza es mayor en hogares con jefatura femenina, y no se van de sus hogares hasta que no esté la familia completa.

Maskrey (1994): Distingue variables económicas, sociales, culturales e insti-tucionales para medir el nivel de vulnerabilidad.

Nilsson et al. (2001): Consideran que la vulnerabilidad es la suma o resulta-do del riesgo y la habilidad de la comunidad para superar las situaciones emergentes, internas y externas, así como para controlar las situaciones externas que produce en un tiempo dado.

Oliver-Smith y Bankoff (1999, 2003-2004): Rescatan el valor del conocimien-to del espacio que con el tiempo se va acumulando y las consecuencias que aparecen cuando se carece de este conocimiento y se subestima o ignora el potencial peligroso del espacio.

Wilches-Chaux (1993): Define diferentes ángulos: física, técnica, económica, social, cultural, política, institucional, educativa e ideológica; para facili-tar su identificación y estudio.

Vulnerabilidad global

Se integra por la valoración paramétrica de los elementos propuestos por Wilches-Chaux (1993) y se encuentra constituida por elementos como la cul-tura, la educación, la política entre otros.

Ésta se conceptualiza este término como a todas aquellas variables que en distinta proporción coadyuvan o frenan los efectos y pérdidas que traen consigo los subsistemas perturbadores.

Este tipo de vulnerabilidad es difícil de cuantificar debido a la compleji-dad de las variables que la conforman y a los problemas que éstas presentan para cuantificarse; y los relacionados con la fluidez y los sistemas de comuni-cación de las instituciones que poseen la información.


Por último, la capacidad de respuesta refiere a la valoración de aspectos científicos, técnicos, sociales, políticos y sectoriales que pueden amortiguar o aminorar los efectos generados por los geosistemas perturbadores. Ésta representa los elementos que proporcionan información, investigación y tec-nología adecuada para mitigar, controlar o eliminar el origen y/o efectos de los peligros que se desarrollan sobre los espacios.

Un ejemplo de ellas se muestra en la figura 2 que representa la concurren-cia y la pertinencia de la legislación de desarrollo urbano y protección civil en el estado de México.

Como podrá advertirse, dentro de la matriz existen superficies sin infor-mación, ello representa las lagunas legales que favorecen condiciones para el desarrollo de procesos relacionados con el riesgo y aunque en algunos espa-cios existe información, ello no garantiza que las leyes coadyuven en la pre-vención, mitigación y recuperación.

Metodología

A continuación se presentan los criterios esenciales que se considera perti-nente emplear para realizar la valoración de cada una de las variables pro-puestas.

Cálculo del Geosistema perturbador

De acuerdo con los conceptos vertidos por Palacio (1995), para determinarlo es necesario analizar la Génesis y comportamiento del proceso, de acuerdo con las condiciones del terreno y a la consistencia del material, basado en la consulta bibliográfica; la Magnitud física, considerada como la medida del tamaño del proceso de acuerdo con la energía que se libera; la Intensidad entendida como la fuerza con que se presenta determinado proceso natural en un sitio; el Análisis temporal de acuerdo con las condiciones del lugar determinando así la frecuencia del proceso; el Modo de desplazamiento (mo-vimiento y estado físico de la materia); la Expresión territorial (tránsito) y la Estructura geosistémica.

De este modo la estimación de la peligrosidad se obtiene mediante la ge-neración de un cuadro sintético que contiene la descripción de los rubros

Propuesta conceptual y metodológica para la evaluación del riesgo 411Fi

gura

3. M

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anteriores, asignándole valores cualitativos y cuantitativos, obteniendo el promedio de los datos cuantitativos y asignando el valor a la peligrosidad.

La evaluación de cada una de las variables, en lo consecutivo, se realiza asignado valores entre los rangos de 0 a 1 entendiendo que el valor medio es 0.5; en este sentido, el más cercano a uno (0.99) es el valor alto y el más ale-jado de uno (0.01) representa el valor mínimo; modificado de la metodología propuesta por el CENAPRED (2004).

El siguiente cuadro presenta un concentrado retomado del trabajo de Pé-rez (2008) con el cual se validó parte de la metodología propuesta.

A continuación se presenta una matriz de geosistemas basada en la pers-pectiva sistémica del geosistema perturbador. La información que se repre-

Descripción física Condición de peligro

Valor asignado

Existen las condiciones propicias para la generación del proceso y se presentan de forma constante

Muy Alto 0.99

Existen las condiciones propicias para la generación del proceso y se presentan de forma variable

Alto 0.75

Existen condiciones mínimas para la ge-neración del proceso

Medio 0.5

Se pueden generar las condiciones propi-cias para la generación del proceso

Bajo 0.25

No existen las condiciones propicias para la generación del proceso

Muy Bajo 0.01

Fuente: Elaborado con base en la metodología propuesta por CENAPRED 2004.

Cuadro 2. Evaluación de la Peligrosidad, 2004

senta en éste refiere a un torrente en el Nevado de Toluca en la cuenca del río Verdiguel:


Cuadro 3. Registro de características sistémicas de un geosistema perturbador

Características sistémicas

Evidencias

Límites A partir del parteaguas, lecho de crecidas máximas y cono de deyección.

Entrada Materia Precipitación extraordinariaEnergía Caída de 350 mmInformación Tiempo de precipitación 90

minutosSalida Materia Escorrentía fluvial en cauce

de corta longitudEnergía Flujos torrenciales de alta

concentraciónInformación Velocidad de salida aproxi-

mada de 3m/sTransformación de energía

Física Liberación de energía cinética de forma súbita

Química No se observaTransformación de materia Fragmentación de la carga

Estado homeos-tático

Se logra entre 16 y 48 ho-ras después de ocurrido el evento

Autorregulación (variaciones)

Entradas y salidas Salida violenta del flujo de agua que impide desborda-miento en cuenca alta y me-dia

Materia contenida Aumento súbito del volumen de agua en el sistema; inunda-ción en curso bajo

Rompimiento de autorregulación No se observa


Cálculo de la Vulnerabilidad espacial

La tipología del subsistema expuesto se obtiene con los siguientes elemento:

Descripción Socioeconómica de la comunidad, de forma detallada para la •identificación y valuación del potencial humano.Descripción del medio ambiente natural, obteniendo el valor biótico y •valor funcional de los recursos.Descripción del medio ambiente transformado, enfocado a conocer el va-•lor económico y el desarrollo de actividades económicas, agrícola, gana-dera, comercial entre otras.

La primera parte de la metodología consiste en realizar un diagnóstico previo de los tipos de sociosistemas afectables como se presentan en el si-guiente cuadro, la cual refiere al Cerro de Coatepec en Ciudad Universitaria en Toluca, Estado de México.

Cuadro 4. Registro preliminar del subsistema afectable

Subsistema socio-afectable

Presencia Porcentaje de ocupación

Valor

Agrícola No 0.0 0.0Forestal No 0.0 0.0Ganadero No 0.0 0.0Población Si 70.6 0.8Cultural Si 30.6 1.0Educativo Si 70.6 0.9Histórico Si 12.0 0.3

Las condiciones de vulnerabilidad de los elementos considerados se defi-nen de manera cualitativa y cuantitativa, de acuerdo con la aplicación de la metodología propuesta por el CENAPRED 2006 en la cual se utilizan dife-rentes tipos de indicadores como los de población, salud, educación, vivienda y empleo entre otros.


El cuadro siguiente presenta los valores establecidos para indicadores de educación.

Cuadro 5. Indicadores de población

Fuente: Modificado de CENAPRED 2006.

Indicador Variable Intervalos Condición de vulnerabili-dad

Valor

Educación

Porcentaje de analfabetismo

De 1.07 a 15.85 De 15.86 a 30.63 De 30.64 a 45.41 De 45.42 a 60.19 60.20 o más

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

0.01 0.25 0.5 0.75 0.99

Porcentaje de la demanda en edu-cación básica

De 42.72 a 54.17 De 54.18 a 65.62 De 65.63 a 77.07 De 77.08 a 88.52 88.53 o más

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

0.99 0.75 0.5 0.25 0.01

Grado promedio de escolaridad

De 1 a 3.2 De 3.3 a 5.4 De 5.5 a 7.6 De 7.7 a9.8 De 9.9 a más

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

0.99 0.75 0.5 0.25 0.01


Cálculo de la vulnerabilidad global

Después de analizar y realizar ciertos balances para cada uno de los ángulos que integran la vulnerabilidad global se determina mediante una matriz sin-tética la condición de vulnerabilidad existente, a partir de la cual se asigna el valor promedio.

Cuadro 6. Evaluación de Vulnerabilidad global

Fuente: Elaboración propia, con base en la metodología propuesta por CENAPRED 2006.

Interacción de condicio-nes internas y externas

Condición de vulnerabi-lidad global

Valor asignado

Las condiciones tanto internas como externas incrementan el grado de vulnerabilidad

Muy alta 0.99

Existen condiciones que disminuyan la vulne-rabilidad y otras que la incrementen

Media 0.5

Las condiciones internas y externas permiten dis-minuir el nivel de vulne-rabilidad

Muy baja 0.01

Para poder llenar el cuadro anterior, el primer paso requerido se centra en establecer las variables que generan o inhiben el impacto de un geosiste-ma perturbador. En el cuadro 7 se ejemplifica esta primera valoración obte-nida en un estudio en el municipio de Acambay, en el Estado de México.

Por último, se realiza una estimación paramétrica en donde el valor igual o próximo a 0.0 indica que la variable a pesar de estar presente, no posee un peso determinante que coadyuve a incrementar la vulnerabilidad; toda vez que el valor de 1.0 indica las condiciones contrarias. Los valores mostrados


Cuadro 7. Caracterización de la vulnerabilidad global a partir de indicadores generales

fueron obtenidos a través de trabajo de campo y por medio de encuestas en la población de Tixmadejé en el municipio de Acambay, estado de México.

Factor Variable Agrava Reduce No diferen-ciado

Sistema pre-ventivo

Sistemas de detección xSistemas de alarma xAtención sanitaria x

Legislación Normas ambientales Normas de construc-ción

x

Desarrollo urbano xProtección civil x

Condiciones ambientales

Desarrollo ecológica-mente sostenible

x

Explotación de los re-cursos

x

Educación Desarrollo educativo (nivel académico)

x

Comprensión de los riesgos

x

Comprensión de ame-nazas

x

Procesos so-ciales

Edad de la población xTipo de familias domi-nantes

x

Estructura familiar do-minante

x

Tasas de natalidad xProcesos eco-nómicos

Urbanización x


Cuadro 8. Cuadro de evaluación paramétrica de la vulnerabilidad global

Cuadro 7. Continúa

Factor Variable Agrava Reduce No diferen-ciado

Migraciones xIndustrialización xMarginación xPobreza xDependencia económica x

Tecnología Dependencia xConstrucción xInfraestructura caduca xMantenimiento x

Vulnerabilidadglobal

Existen-cia

Calificación Sistemas de conexión o encadena-miento

De origen Si 0.9 Se relaciona con caída de bloquesProgresiva Si 0.1 La infraestructura es caducaLocalizacional Si 0.9 Se relaciona con caída de bloquesEconómica Si 0.6 Se destaca la marginación y po-

brezaPolítica Si 1.0 Los grupos de poder adolecen de

conocimientos básicosIdeológica No 0.0 No se encontraron evidenciasCultural No 0.0 No se encontraron evidenciasEducativa Si 1.0 No existen programas ni personal

docente preparadoEcológica Si 0.6 Se observa degradación del com-

ponenteInstitucional Si 0.3 El gobierno no considera prioridadReligiosa No 0.0 No se encontraron evidencias


Cálculo de la Capacidad de respuesta

Se consideran los programas, acciones y herramientas de mitigación, de ca-rácter técnico y científico implementadas para la reducción o modificación de las tres variables anteriores; geosistema perturbador, vulnerabilidad es-pacial y vulnerabilidad global, o la preparación de una población ante un evento de desastre.

La valoración de la Cr se realiza a través de la aplicación de encuestas en donde las respuestas afirmativas eran valoradas con 0.99 puntos y las nega-tivas con 0.01.

En el cuadro 9 se muestra un ejemplo de aplicación desarrollado en el tra-bajo de Pérez (2008) y la propuesta de CENAPRED de 2006, en donde fueron encuestadas 60 viviendas de una comunidad localizada en el Volcán de Fuego de Colima que está amenazada por la ocurrencia de lahares.

Cuadro 9. Evaluación de la capacidad de respuesta

Cuadro 8. Continúa

Vulnerabilidadglobal

Existen-cia

Calificación Sistemas de conexión o encadena-miento

Técnica Si 0.3 La infraestructura no está dise-ñada vs. Procesos de remoción y sismicidad

Otro tipo --- ---

Pregunta Respuesta¿El estado cuenta con una institución encargada de realizar investi-gaciones vulcanológicas y llevar a cabo un monitoreo volcánico?

0.99

¿Cuentan con acervos de información históricos de desastres ante-riores y las acciones que han llevado a cabo para atenderlos?

0.99

¿Cuentan con información actualizada sobre la actividad del vol-cán de fuego de Colima y con instrumentos para el monitoreo?

0.99

¿Se tiene conocimiento de la formación y origen de lahares y se rea-lizan proyectos de investigación referentes al mismo?

0.99


El proceso de integración de resultados consiste en evaluar cada una de las variables que componen el riesgo, mediante los elementos analizados, de forma que se sustituyen los valores cuantitativos obtenidos para cada una de las variables dentro de la fórmula citada, llegando así a un sólo valor que de-signe la situación de riesgo que presenta la comunidad de la Becerrera en el municipio de Comala, resaltando las características que manifiestan rezago y sobre las que se recomienda enfatizar.

Conclusiones

La metodología propuesta y la concepción teórica conceptual utilizada para la evaluación de riesgos ha sido aplicada de manera experimental en dife-rentes casos de estudio en territorio perteneciente a los estados de México y Colima respectivamente.

Los resultados obtenidos hasta este momento han permitido entender y calificar de manera objetiva diferentes territorios que presentan geosistemas diferentes y condiciones de vulnerabilidad espacial y global particulares.

Cabe hacer la aclaración que la instrumentación de esta metodología so-lamente puede aplicarse en ámbitos locales, lo que brinda una oportunidad para el estudio sistemático del riesgo.

Con la información obtenida, además de difundirla y ponerla a disposi-ción de las autoridades y la población, es posible acceder a las acciones que propone Gelman y Macias (1983; cfr. Rojas, 1988):

Cuadro 9. Evaluación de la capacidad de respuesta

Pregunta Respuesta¿Cuenta con mapas de peligrosidad, para los diferentes procesos que se presentan a causa de la actividad volcánica?

0.01

¿Elaboran documentos para difundir la información científica como trípticos o folletos?

0.99

¿Cuentan con un sistema de alarma para identificar el nivel de dis-paro del proceso de lahares?

0.01

¿Se realizan estudios específicos sobre las comunidades en estado de peligro?

0.99


Prevención y mitigación, son acciones que requieren de una asidua evalua-•ción geomorfológica que siente las bases de la dinámica del relieve y de la zonificación del territorio en áreas de diferente estabilidad de vertientes.Pronósticos de tipos, intensidades y posibles daños provocados por ries-•gos naturales.Pronósticos en zonas que por sus condiciones físicas son potenciales para •desarrollar riesgos naturales.Rescate y reconstrucción, acciones posteriores al riesgo, es decir, se reali-•zan cuando el riesgo se ha traducido a su vez en desastre natural y por lo tanto, la solución directa al problema depende de esfuerzos no geomor-fológicos.

Por último, se considera que el análisis del riesgo desde la perspectiva planteada no sólo cumple con los objetivos de la metodología establecida por la legislación vigente en ordenamiento territorial, sino que ésta fundamenta la tercera fase de prospección indicando áreas con potencialidad sujetas a diferentes tipos de riesgo.

Asimismo, los resultados deben ser contrastados como parte de la proble-mática y caracterización de uso de suelo que fundamente la propuesta for-mal de las unidades de gestión ambiental y de las políticas correspondientes al ordenamiento del territorio.


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Retos administrativos del ordenamiento territorial 425

La sociedad moderna produce, consume y desecha a ritmos crecientes y acumulativos, pero no necesariamente indispensables y equitativos. El des-equilibrio de tal racionalidad económica tiene diversas interpretaciones, entre ellas que los sistemas urbanos son la expresión territorial de la so-ciedad moderna y el origen de la mayor demanda ambiental. De hecho, la aglomeración humana de mayor dimensión física o funcional alcanza cierta eficiencia económica, pero incrementa proporcionalmente su dependencia ambiental.

En este sentido, las mayores concentraciones productivas, de mano de obra o consumo también están asociadas a patrones de vulnerabilidad; eco-nómica, social o ambiental. Las dimensiones de la vulnerabilidad urbana tie-nen múltiples costos; los sistemas urbanos han sustituido alrededor de 19.5 millones de hectáreas de suelo agroforestal, demandan un promedio anual de 4,000 km³ de agua y genera el 78% de contaminantes atmosféricos cau-santes del cambio climático (Rosegrant, Cai y Cline, 2002) que a su vez tiene efectos de frecuencia e intensidad creciente, por los que se pagan millones de

Retos administrativos del ordenamiento territorial a escala municipal en Morelos, México

Rafael Monroy* y Rafael Monroy Ortiz*

425

* Laboratorio de Ecología. Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad Autónoma de Morelos.


dólares al año por resarcimiento de daños (Comisión Económica para Amé-rica Latina, 2009).1

En la proyección de escenarios para las siguientes décadas se estima un incremento de la predominancia urbana; el 75% de ésta población es uno de ellos (United Nations Human Settlements Programme, 2009). Ante un escenario planetario dependiente del sistema urbano que genera 50% del producto interno bruto mundial y concentra al 50% de la población total (Organization for Economic Cooperation and Developement, 2006); las pro-yecciones esperadas también significan una agudización de la dependencia ambiental y la vulnerabilidad de los costos del cambio climático.

Se advierte que las posibilidades de mitigación tienen al menos tres pla-nos de intervención: la modificación de la racionalidad política-económica predominante (United Nations Human Settlements Programme, 2006), el incremento de la corresponsabilidad social, previas políticas de educación y concientización y finalmente la intervención más rigurosa del estado en las políticas territoriales y ambientales (R. Monroy-Ortiz y R. Monroy, 2007). Las escalas de intervención estatal para mitigar la vulnerabilidad son mul-tidimensionales. En lo referente estrictamente al territorio, pero no por ello independiente de políticas económicas se encuentran las políticas regiona-les, urbanas y ambientales.

El ordenamiento ecológico es un instrumento de organización del te-rritorio útil para orientar la planeación del desarrollo (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2005). Sin embargo, en el sentido práctico las políticas económicas han demostrado su papel en el condicionamiento el uso y la intensidad del suelo (Ruiz, 2008). La industrialización y el incremen-to de los servicios en lo urbano ejemplifican tal situación. La falta de presu-puesto para el sector agrícola es otra de ellas. Por lo tanto, el ordenamiento ecológico es frágil en su propuesta e instrumentación, cuando su propuesta no tiene tal consistencia con las políticas macroeconómicas.

En este marco, el criterio economicista de las políticas de estado también permea la elaboración misma de un estado óptimo del territorio, si ésta no integra una serie de indicadores que resulten contraciclícos a la política ma-

1 Los costos de mitigación para América Latina registran un promedio de 0.75% del PIB, equiparable a la inversión en educación pública.


croeconómica. Es decir, que resulten en un equilibrio económico de escala social; en la distribución del ingreso o la participación social.

En este trabajo se discute precisamente la inconsistencia práctica del mar-co normativo para los ordenamientos territoriales en el estado de Morelos. En términos de criterios administrativos entre las dependencias y actores vinculados al documento, y que transitan desde los términos de referencia hasta la operación del mismo. Al mismo tiempo, se plantea un esquema de acercamiento participativo, pero también multidimensional; integrando va-riables próximas a las condiciones sociales y económicas de la población para subrayar su relevancia en la vulnerabilidad local, así como en las posibles medidas de atención. Es decir, no sólo se limita a un ejercicio técnico de aná-lisis territorial.

Precisiones contextuales

Antecedentes normativos

La elaboración e instrumentación del ordenamiento ecológico se ciñe a un marco normativo que encuentra algunas inconsistencias nacional y local-mente; de ahí que representen retos administrativos. Para sistematizar dichos retos se plantea un análisis de dos momentos: el planteamiento conceptual del proyecto con su consecuente procedimiento de aprobación y la justifi-cación analítica del documento propiamente en un contexto macroeconó-mico general. Con base en ambos aspectos se plantean medidas de ajuste operativo, pero principalmente se subraya la relevancia de la generación de información local que haga pertinentes económica y socialmente las políti-cas territoriales.

En México las políticas ambientales están dispuestas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), incluyendo el ordenamiento ecológico territorial a diferentes escalas (Secretaría de Me-dio Ambiente y Recursos Naturales, 1988).2 En general, el propósito principal

2 En el artículo 20 bis 2 se indica que “Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Fe-deral, en los términos de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir pro-gramas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del


de tal instrumento consiste en determinar criterios de regulación ecológica para realizar actividades productivas y ubicar asentamientos humanos. La atención se centra en la actividad económica multisectorial, pero enfatizan-do el contexto urbano.

El crecimiento urbano en particular es considerado central para la polí-tica territorial nacional dada su relevancia para la reproducción de condicio-nes económicas (Secretaría de Desarrollo Social, 2001).3 En este sentido, la LGEEPA regula las políticas establecidas en los programas urbanos, pero se demuestra una inconsistencia estructural dado que la política urbana impul-sa el crecimiento de las ciudades por su relevancia económica, en contraste con la inversión de presupuesto federal a aspectos ambientales que son en menores proporciones.

En consecuencia lo urbano tiene una racionalidad y un marco normativo que confrontan el marco ambiental planteado en la LGEEPA. De hecho no existe una actualización sistemática de los programas urbanos (R. Monroy-Ortiz y R. Monroy, 2007).4

En este caso el reto administrativo consiste en plantear criterios de regu-lación ecológica; asociados al contexto urbano del municipio, y enfatizando el papel de las aglomeraciones humanas.

Por otro lado la elaboración de ordenamientos municipales encuentra su regulación en un decreto del congreso local (Declaración de reservas estatales “La Sierra Monte Negro” y “Las Estacas” en el Estado de Morelos, 1998) en el Estado de Morelos. El gobierno federal financia su elaboración a través del programa hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-SOL) y establece términos de referencia (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2005). Sin embargo, la SEDESOL no interviene en su evaluación; quien cumple este cometido es la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) que también plantea sus propios términos de

territorio de una entidad federativa”.3 En México particularmente, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordena-miento del Territorio plantea al fortalecimiento del espacio urbano como factor pro-veedor de desarrollo económico.4 Alrededor del 5% de 365 ciudades del sistema urbano mexicano cuentan con un pro-grama de desarrollo urbano. De las ciudades capitales solamente 37.5% han actualizado sus políticas después del 2000.


referencia (Gobierno del Estado de Morelos, 2005), confrontando dos lógi-cas administrativas.

El reto administrativo en la elaboración y la operación tiene que ver con cumplir dos términos de referencia que no son necesariamente similares, ni complementarios. De manera importante resulta el cumplimiento de los términos locales porque de ello depende su aprobación e instrumentación. Aunque, destaca la falta de términos administrativos para complementar observaciones y correcciones técnicas. En el estado ésta situación ha llevado a que sólo el 1% de los municipios tenga ordenamientos en operación.

Condiciones económicas regionales

En México el sector económico terciario genera el mayor porcentaje del PIB nacional y ocupa la mayor proporción de población económicamente acti-va. Los esquemas territoriales derivados de ello incluyen la construcción de vivienda, equipamiento y servicios (Monroy-Ortiz y Martínez, 2008). Las aglomeraciones bajo estos esquemas territoriales intensivas en términos de ocupación del suelo y generación de efectos negativos en la población y el ambiente. En el centro del país se observa esta intensidad de ocupación del suelo (Figura 1).

El sistema urbano de Morelos (SUM) en particular, se compone por dos zonas metropolitanas consolidadas en Cuernavaca y Cuautla, y otra en pro-ceso de consolidación en Jojutla. El crecimiento urbano de las dos primeras está asociado a la proximidad con el Distrito Federal, lo cual ha llevado a la población a buscar habitación en la entidad; distribuyéndose en las principa-les ciudades, ver figura 2.

Esta estructura urbana estatal genera una demanda agregada de agua y un volumen de desechos de carácter extrarregional; afectando a los munici-pios localizados en el sur del estado y en la cuenca de rio Grande Amacuzac de la que forman parte. Al mismo tiempo las condiciones económicas de la región demuestran una extensión limitada de sus beneficios; poniendo en evidencia las desventajas del despliegue espacial urbano, y el contexto que se tiene que diagnosticar.

En términos generales el Sistema Urbano de Morelos expresa una con-centración del mayor PIB per cápita del estado, en el centro norte de la en-


Figura 1. Intensidad de ocupación del suelo en el centro del país. Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999)

Figura 2. Estructura urbana del estado de Morelos. Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999)


Figura 3. Distribución de la población con un ingreso de hasta dos salarios mínimos en Morelos Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999) e INEGI (2000a)

tidad, incluyendo Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Temixco. Sin embargo, también se observa lo siguiente: el 73.53% de los municipios tienen un predominio de población con un nivel de ingreso de hasta dos salarios mínimos ver figura 3, el 44.26% de las viviendas registran algún nivel de ha-cinamiento, y finalmente el 7% de la población no cuenta con acceso a servi-cio sanitario (INEGI, 2000a).

Estrategia metodológica

Las particularidades económicas tienen efectos concretos en lo territorial que condicionan el análisis y el planteamiento de los ordenamientos terri-toriales en una forma estructural. Por lo tanto, se plantea una estrategia metodológica para abordar las condiciones prevalecientes en Tlaltizapan,


Morelos; utilizada en la elaboración del ordenamiento municipal por el per-sonal del Laboratorio de Ecología del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor).

Tlaltizapan se localiza en el corazón del estado; en la confluencia de las dos zonas metropolitanas estatales, ver figura 4. Esta localización lo hace susceptible a tres procesos: a) los flujos de agua subterránea que surten al municipio son contaminados por las zonas urbanas afectando la actividad agrícola y los asentamientos humanos, b) el mercado del suelo para la insta-lación de capital inmobiliario habitacional se ha intensificado; llevando una densificación de construcción sobre áreas naturales y desarticulando al sec-tor agrícola, c) el desarrollo humano de las áreas recientemente urbanas y de los mayores centros urbanos tienen una distribución inequitativa de condi-ciones básicas.

Figura 4. Municipio Tlaltizapan. Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999)


En estas condiciones la modificación del uso del suelo y las condiciones de vida de la población cumplen un papel básico en la elaboración de políti-cas de ordenamiento ecológico.

Por lo tanto, la construcción de la regionalización ecológica municipal se integra con base en el análisis del medio natural, transformado, social-urba-no. La intención es determinar las particularidades de la ocupación del suelo, y al mismo tiempo estimar los efectos sociales y ambientales; derivados de la fragilidad o vulnerabilidad ambiental ocasionada por la fragmentación te-rritorial. Se considera que las políticas ecológicas deben atender particulari-dades inmediatas; reconociendo que el ordenamiento sistémico es un estado óptimo, pero producto de un proceso participativo continuo y perfectible ergo inacabable (Fals-Borda, 1986). En consecuencia la atención inmediata de la sociedad y de las externalidades negativas es prioritaria.

Debido a ello la estrategia metodológica se simplifica en tres aspectos; tratando de dejar solamente los elementos centrales menos complejos, pero técnicamente apropiados. Sin que ésto signifique menos rigor analítico.

Medio natural

En Tlaltizapan el medio natural está formado principalmente por selva baja caducifolia primaria (sbc) (Miranda y Hernández, 1985), ver figura 5, la cual registra sitios de aclareo que forman islas funcionales o fragmentos signifi-cativos para el desarrollo. En este sentido el medio natural es considerado como el área de atención prioritaria para la conservación y el manejo sus-tentable de los recursos naturales debido a que aporta productos y servicios ambientales a la población.

Los criterios utilizados para determinar la relevancia de los fragmentos conservados de sbc, y la propuesta de políticas al respecto, son sistematiza-dos en cinco categorías, ver cuadro 1.

Estos criterios pueden desagregarse en múltiples indicadores. La idea es ponderar aquellos donde la diversidad refleja un peso económico y social. Es decir que se vuelven pertinentes como estrategias de ordenamiento ecológico para resolver problemas inmediatos de alimentación o salud, por ejemplo.

La conservación de la diversidad biológica se explica en los siguientes in-dicadores: a) la cubierta vegetal primaria formada por sbc alcanza 44.43% de


Figu

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Cuadro 1. Criterios determinantes de fragmentos conservados de sbc

Conservación de la diversidad biológicaMantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemasMantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemasConservación y mantenimiento de las funciones de protección y producción de sbcMantenimiento y mejoramiento de los múltiples beneficios socioeconómicos

Fuente: Elaboración propia.

territorio; registrando una tasa de sustitución de 1.12% en 25 años en los que se afectó 27.07% de la cubierta original, b) la continuidad de la vegetación,5 indica que 55.8% de la cubierta original se ha mantenido, c) no existen es-pecies de plantas amenazadas,6 d) al menos una especie de vertebrados te-rrestres se ve amenazada por la sustitución de la cubierta vegetal.7 A pesar de la sustitución de usos agroforestales y su consecuente pérdida de poten-cial como proveedor de servicios ambientales (De Groot, Wilson y Boumans, 2002), el manejo de la cubierta restante se vuelve central toda vez que existe una presión inmediata de la concentración urbana en la cabecera de la mis-ma cuenca.

El mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas8 es in-terpretado por las formas de apropiación de productos maderables y no ma-derables, las cuales se sintetizan en 21 categorías de uso. Para la zona de estudio se reportan 41 familias botánicas, 119 especies con significado cul-tural, (Cuadro 2). Toda vez que el nivel de ingreso de la población es insu-

5 Indicador de continuidad de la vegetación (TCCV), estimado con base en TCCV=SCCV/ST x 100 = 11070/19833 x 100= 55.8 %, donde SCCV es ST. 6 Indicador de especies amenazadas de plantas (IPA), estimado con base en IPA= 1-EAP/ECP, donde EAP= especies de plantas amenazadas, ECP= especies conocidas de plantas, lo que resulta en IPA= 1-119/119=0.7 Indicador de especies amenazadas de vertebrados terrestres (ECA), IEVT= 1- EVTA/ECVT, donde ECA= especies conocidas de vertebrados terrestres en la región, ECTV= especies ubicadas en la norma NOM E 059, IEVT=1-14 /108, IEVT=1-0.13, IEVTA= 0.87.8 El cual puede consignarse también de forma indirecta como el mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas.


Cuadro 2. Relación del número de especies por familia y categorías de uso

Familia No de especies

Categorías de uso

Acanthaceae 2 OrnamentalAmaranthaceae 2 MedicinalAnacardiaceae 4 Alimento, medicinal, forrajero, cerca viva, me-

dicinal, energéticoAnnonaceae 3 Alimento, cerca vivaApocynaceae 5 Insecticida, ornamental, medicinal, uso perso-

nal, artesanalArecaceae 1 Artesanal, construcción, alimentoAsclepiadaceae 4 MedicinalAsteraceae 6 Medicinal, ornamental, postes, tutores, alimen-

toBignoniaceae 3 Medicinal, artesanal, cerca vivo, energético,

talabartería, uso personal, construcción, medici-nal, ornamental, herramientas de trabajo

Bombacaceae 4 Alimento, artesanal, alimento para animales silvestres, ornamental, sombra y juego

Boraginaceae 2 Medicina, leña, sombra, cerca viva Bromeliaceae 1 Alimento, cerca vivaBurseraceae 13 Cerca viva, medicinal, místico-religioso, cere-

monialCactaceae 4 Alimento, cerca viva, leña, construcción, medi-

cinal, energético, ornamentalCaricaceae 1 Alimento, medicinal, ornamentalConvolvulaceae 2 Alimento para animales silvestres, ornamental,

producción de hongos, medicinal para gente y ganado, ornamental

Chrysobalana-ceae

1 Medicinal

Euphorbiaceae 7 Cercado, ornamental, medicinal, energético, cerca viva, leña


Cuadro 2. Continúa

Familia No de especies

Categorías de uso

Fabaceae 18 Cerca viva, forrajero, leña, medicinal, postes, som-bra, alimento, artesanal, medicinal para ganado, construcción, insecticida, ornamental, energético

Hernandiaceae 1 Insecticida, cerca viva, postes, leñaJulianaceae 1 Medicinal, cerca viva, leñaLemnaceae 1 Ornamental, refugio de pecesMalpighiaceae 3 Medicinal, alimento, leña, construcción, cerca vivaMeliaceae 4 Construcción, cerca viva, postes, medicinal, leña,

alimentoMoraceae 5 Medicinal, sombra, ornamentalMyrtaceae 2 Alimento, medicinal, energético, artesanal, leñaOnagraceae 1 MedicinalPapaveraceae 1 Medicinal, postes, leña, construcciónPiperaceae 1 Medicinal, ornamentalPoaceae 1 Construcción, artesanal, forrajeroRubiaceae 2 Medicinal, leñaSalicaceae 1 Medicinal, artesanal, cerca vivaSapindaceae 3 Construcción, tutores, medicinal, leñaSapotaceae 1 Alimento, sombra, herramientas de trabajo, arte-

sanalSolanaceae 1 Uso personal, leñaSterculiaceae 1 Forrajero, medicinal, leñaTaxodiaceae 1 Sombra, medicinalTiliaceae 1 Leña, postes, construcción, medicinalTiliaceae 1 Leña, postes, construcciónTyphaceae 1 ArtesanalVerbenaceae 1 Medicinal, leña41 119 21



ficiente para completar la canasta básica (Boltvinik y Hernández, 1999), las estrategias de complementariedad provienen principalmente del aprovecha-miento de la diversidad; se subraya las especies vegetales útiles que resuelven alimentación, salud, materiales constructivos; recreación y ornamentales.

En este sentido la conservación y mantenimiento de las funciones am-bientales de protección y producción, incluyen de forma directa el área de reserva estatal Montenegro en 14% del territorio municipal, destacando que el 20.29% del suelo forestal ha modificado las condiciones del suelo, en tér-minos de materia orgánica, propiedades químicas y físicas debido a las acti-vidades humanas.

Los beneficios económicos de la lista florística reportada se pueden de-mostrar en 33% de las especies, 2% de la superficie municipal es manejada para recreación y turismo, 1.6 % de la reserva Montenegro es manejada para proteger los valores culturales y finalmente 21 categorías de apropiación de los recursos florísticos y faunísticos demuestran valores de uso cultural, so-cial y espiritual (C. Monroy-Ortíz y R. Monroy, 2006).

Medio transformado

El medio transformado ocupa el segundo lugar en prioridad de atención para la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales. Lo ante-rior, porque es el área con mayor potencialidad de restauración de los bienes y servicios ambientales que son usufructuados por el medio urbano, además de que allí es donde se lleva a cabo la producción primaria tradicional más importante del municipio.

El medio transformado está constituido por dos subunidades: a) la selva baja caducifolia (sbc) secundaria fragmentada por actividades productivas como agricultura de temporal, donde se conservan los policultivos con base en maíz pero con una fuerte tendencia a los monocultivos, b) la agricultura de riego con especies industriales, agricultura de temporal y ganadería po-trerizada semi extensiva (Figura 6).

Las políticas para la selva baja caducifolia (sbc) secundaria fragmentada encuentra las siguientes condicionantes:

La fragmentación derivada de actividades productivas como la agricul-tura de temporal equivale al 20.29% de la superficie municipal, registrando


un índice de deforestación anual del 1.4%. No obstante, la estructura de la comunidad vegetal se conserva, el grupo de categorías de uso, además de componentes florísticos con significado cultural inducidos, tolerados y culti-vados en cultivos anuales y bianuales.

El porcentaje de fragmentación dispone de posibilidades físicas y bioló-gicas para ser restaurada y por tanto de recuperar y mantener los recursos suelo y agua, así como otras funciones productivas. La restauración es útil para recuperar los subsidios que aporta el medio natural.

La agricultura de riego y temporal muestra una tendencia a lo monoes-pecífico, principalmente la producción de caña de azúcar. No obstante la resistencia cultural de lo poliespecífico es importante como estrategia de restauración porque introduce un significado económico de la diversificación productiva; complementa el ingreso de las comunidades (Toledo, 1980). De

Figura 6. Agricultura de riego Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999) e INEGI (2000b)


hecho la diversificación productiva agrícola, la reconversión de la ganadería vacuna y de la avicultura, la acuacultura, los servicios turísticos y la restau-ración de áreas sujetas a extracción de arena y tezontles pueden garantizar el mantenimiento y diversificación de los sistemas productivos, así como sus beneficios ambientales y socioeconómicos. Incluso se vuelve relevante el ma-nejo de especies con potencialidad industrial derivadas de las categorías de uso etnobotánico, particularmente las del género Bursera.

El principal ejemplo de la agricultura tradicional es la milpa que permite manejar la diversidad biológica cultivada y especies toleradas como los que-lites, las verdolagas, el epazote criollo y los berros en las áreas inundadas; todos ellas de importancia alimenticia. Al mismo tiempo, se observa la exis-tencia de huertos frutícolas tradicionales que son relevantes por su manejo sustentable y su producción anual sostenida.

El uso del suelo agrícola susceptible de esta política implica 31% del terri-torio municipal. El principal riesgo del sector es la desincorporación produc-tiva y su sustitución por usos urbanos, la cual se estima 99.5 ha/año.

Medio urbano

El medio social y urbano está integrado por comunidades urbanas antiguas con bases culturales y por áreas recientemente urbanas, marginales y perifé-ricas a la cabecera municipal, las cuales forman un continuo urbano definido sobre las vialidades regionales (Figura 7).

Como se menciona antes, el despliegue urbano condiciona la escala e in-tensidad de las externalidades negativas, por lo que el medio urbano cum-ple la dualidad de impactar al medio natural y al mismo tiempo demuestra dependencia ambiental; convirtiéndose en el principal beneficiario de las políticas propuestas. No obstante la instrumentación de políticas públicas pertinentes ambientalmente está condicionada por la reconsideración del papel de los diferentes niveles de gobierno y por la participación activa de la sociedad organizada.

En general el sistema urbano ocupa 6.39% del territorio municipal, du-plicando su área en 20 años. La población económicamente activa (PEA) es 43.61% del total, 17.11% del cual está ocupada en el sector terciario. Por lo tanto, existe una tasa de crecimiento urbano menor a las zonas metropoli-


tanas del centro del estado (Cuernavaca, Cuautla), pero ha dado lugar a una tercera zona metropolitana con cabecera en Jojutla, observando una tenden-cia a la terciarización.

Precisiones normativas

La instrumentación de políticas ambientales cuenta con un marco normati-vo, se plantean algunos criterios considerados centrales.

La conservación y el manejo sustentable de la sbc primaria y particu-lar, tienen diversas condicionantes: a) la clarificación de los derechos de pro-piedad y la tenencia de la tierra, reconociendo los derechos tradicionales y consuetudinarios de los pueblos campesinos; b) la revisión periódica de la planificación, la evaluación y las políticas relativas los recursos naturales que

Figura 7. Medio social y urbano. Fuente: Elaboración propia basado en CONABIO (1999) e INEGI (2000b)


consideren los valores provenientes de éstos; c) la participación de la socie-dad civil en la toma de decisiones públicas y en la generación de políticas re-lativas a la selva baja caducifolia; d) la aplicación de recomendaciones sobre las mejores prácticas para el manejo sustentable; y e) el manejo del medio natural para conservar valores culturales, sociales y científicos.

El grado de apoyo a la conservación y el manejo sustentable provisto por el marco institucional implica: a) proveer la participación pública, los pro-gramas de educación, extensión y la publicación de información; b) revisar periódicamente la planificación y evaluar las políticas ambientales; c) capa-citar a los recursos humanos municipales; y d) aplicar las leyes, reglamentos e instrucciones.

El grado de apoyo a la conservación y el manejo sustentable establecido en el marco económico tiene que ver con la generación de capacidades para reconocer la naturaleza de largo plazo de las inversiones que permitan el flujo de capital hacia el sector ambiental en respuesta a señales sociales y de mercado.

La capacidad para medir y evaluar periódica y sistemáticamente los cam-bios en la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales depende de la disponibilidad y cantidad de datos actualizados, estadísticas y otra información importante para medir o describir los indicadores.

La capacidad para investigar respecto al manejo integrado de recursos y la generación de bienes y servicios ambientales, depende del desarrollo de una comprensión científica de las características y funciones de los ecosiste-mas, del desarrollo de métodos para medir e integrar los costos y beneficios ambientales y mejorar la predicción de impactos de las intervenciones hu-manas sobre los recursos naturales.

En general las unidades territoriales cuentan con diversos usos del suelo con potencial de manejo y conservación. La instrumentación de políticas ambientales específicas está condicionada por un marco normativo que las agiliza o bloquea. La idea es cumplir con las ventajas que la normatividad existente provee, pero también establecer mecanismos de ajuste o adecua-ción continuos. Se reconoce que la conservación o aprovechamiento susten-table, según la unidad territorial, requiere una visión multidimensional que reconozca el estado de la propiedad, el papel del estado y la población, la ca-pacidad para analizar, sistematizar y evaluar las particularidades locales.


Reflexiones preliminares

En México las políticas ambientales determinadas en el ordenamiento terri-torial permiten establecer criterios de regulación ecológica para realizar ac-tividades productivas y ubicar asentamientos humanos. Esta propuesta lleva implícita una reconfiguración del uso del suelo que se ve confrontada con la predominancia económicamente estratégica del suelo urbano.

El presupuesto del estado es aplicado en una distribución inequitativa urbana y ambiental, con preferencia al primero. La reconfiguración del suelo bajo un esquema ambientalmente pertinente es poco rentable y por tanto, poco atendido. En esta medida el reto administrativo de los ordenamientos ecológicos consiste en plantear criterios de regulación ecológica, asociados a los crecientes contextos urbanos.

Sobresale además el procedimiento mismo de elaboración y operación del instrumento cuyos múltiples términos de referencia (de instancias administra-tivas diferentes) genera disimilitud y falta de complementariedad. Actuando sobre la aprobación misma, muestra de ello es que sólo el 1% de los municipios en Morelos cuenta con ordenamientos territoriales en operación.

Los ordenamientos territoriales tienen un reto que se considera concep-tual. Es decir el sector económico terciario genera el mayor porcentaje del PIB nacional, ocupa la mayor proporción de población económicamente activa, y determina los patrones territoriales intensivos y la generación de efectos negativos en la población y el ambiente. Por lo tanto las particulari-dades económicas tienen efectos concretos en lo territorial y condicionan el análisis y el planteamiento de los ordenamientos territoriales en una forma estructural, a pesar de considerarse un estado óptimo.

En esta medida es que se plantea el ejercicio analítico para Tlaltizapan en Morelos. Se reconocen los procesos extraterritoriales del sistema urbano del estado, las tendencias de ocupación del suelo y la distribución inequitativa de las condiciones de vida que esto genera. En consecuencia la atención inmedia-ta de la sociedad y de las externalidades negativas se considera prioritaria.

En este sentido los ejes de la política reconocen las condiciones prevale-cientes y plantean un esquema de adecuación según las unidades territoria-les analizadas.


Para el caso de estudio pueden considerarse diversos aspectos: a) la cu-bierta vegetal primaria (selva baja caducifolia) es considerada el área de aten-ción prioritaria para la conservación y el manejo sustentable por su capacidad para proveer bienes y servicios ambientales. Si bien se manejan indicadores concretos para determinar tal potencial ambiental, éstos se concentran en aspectos pertinentes económica y socialmente como las plantas útiles; b) la agricultura de riego y temporal es relevante para restaurar lo poliespecífico como estrategia diversificación productiva y complementariedad del ingreso en la población; c) lo urbano está condicionado por su papel en la generación de externalidades negativas, pero de manera importante es de reconsiderar el papel de los diferentes niveles de gobierno, y por la participación activa de la sociedad organizada; d) la instrumentación de políticas ambientales espe-cíficas está condicionada por un marco normativo que las agiliza o bloquea. La idea es cumplir con las ventajas que la normatividad existente provee, pero también establecer mecanismos de ajuste o adecuación continuos.

Los retos administrativos de los ordenamientos ecológicos municipales se pueden sintetizar en tres condiciones:

1 La predominancia del despliegue económico en las políticas de estado hacen que el principal deterioro del ambiente se reproduzca de forma continua. Al mismo tiempo la vulnerabilidad que ello implica se agudiza, es decir se generan costos crecientes y acumulativos derivados de la ra-cionalidad de la sociedad moderna, pero se está en condiciones muy limi-tadas para preverlos o mitigarlos. El ordenamiento territorial representa una posibilidad.

2 La vulnerabilidad tiene dos facetas, el área fragmentada limita el poten-cial ambiental, y la restauración de los fragmentos se vuelve central para la mitigación de las tendencias. En la estrategia de restauración es indis-pensable la lectura de las condiciones sociales, culturales y económicas. De ello la necesidad de conservar para seguir aprovechando, plantas úti-les por ejemplo.

3 La elaboración del instrumento puede alcanzar importantes niveles de precisión técnica. El aspecto tal vez más relevante consiste en entender el proceso económico del deterioro y los esquemas de resistencia cultural puestos en práctica. En un segundo momento viene la precisión de pixel y


aptitud, a los que se recurre con frecuencia. Es decir se elaboran estudios fríamente técnicos pero poco pertinentes socialmente.


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Tipos y modos de la participación ciudadana 447

Introducción

La participación ciudadana constituye uno de los nuevos consensos en el que toman parte los organismos de más alto nivel internacional, después de superar una etapa en la que se consideraba una utopía. Así, el Banco Mun-dial en su libro “maestro” de 1996, resalta que “la gente afectada por inter-venciones para el desarrollo debe ser incluida en los procesos de decisión” (Kliksberg, 1998); por su parte, Naciones Unidas desde años atrás, hablaba de la participación como un eje vertebrador de sus programas de cooperación técnica en los campos económico y social. Desde 1990 todos los informes sobre Desarrollo Humano señalan a la participación como una estrategia imprescindible a la hora de abordar los diversos problemas de variada índole, destacando la importancia de los actores sociales y las tramas colectivas en la consecución del desarrollo llegando a la conclusión de que “el desarrollo sólo es posible y sustentable en la medida que la sociedad o los grupos socia-les sean los diseñadores y actores de ese proceso” (Güell y Márquez, 2001). A estas declaraciones se suman otras de organismos regionales, subregionales

Tipos y modos de la participación ciudadana en los procesos de ordenación del territorio: Dos casos para su ilustración

María Teresa Rentería Rodríguez*

447

* Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, Universidad de Guadalajara.


y nacionales, así como de entidades gubernamentales a nivel estatal y muni-cipal (Kliksberg, 1998). Como se ve, es una reacción en cascada en la que el discurso privilegia la participación ciudadana que sin embargo, en la prácti-ca no tiene todavía un correlato amplio. Entre las principales causas de que esto suceda, podemos citar, en primer lugar, el limitado concepto de partici-pación ciudadana que tienen los funcionarios de los gobiernos municipales –con contadas excepciones-, el cual se reduce a informar a la ciudadanía los proyectos de ordenamiento territorial y en algunos casos –pocos- a someter-los a su consideración a través del voto. La escasa presencia de las organiza-ciones de la sociedad civil en los temas de ordenamiento territorial se debe también en buena parte a que tradicionalmente el Estado ha asumido la pla-nificación –entendida como una herramienta propia del Estado para llevar adelante sus programas tendientes a la consecución del desarrollo- sin dar lugar a la participación de los grupos sociales. Sin embargo, la planificación y el ordenamiento territorial, con el que está ineludiblemente ligada, deben ser también reflejo y expresión de las aspiraciones de la gente a quienes se dirige. El error en el que aún se sigue cayendo, es que muchas veces estos planes se hacen de espaldas a los miembros de una comunidad; es decir, que el Estado ha interpretado sus necesidades y el modo de satisfacerlas y ha actuado en consecuencia sin saber si dichas acciones efectivamente satisfacen sus aspi-raciones, debido a que los planificadores de las instancias gubernamentales no han tomado en cuenta a los miembros de la comunidad en cuestión –des-de el inicio del proceso- en la identificación de los problemas locales y en sus posibles soluciones, en su concepción del desarrollo, en lo que consideran deseable, etc., asumiendo en la práctica –quizá inconscientemente-, que los miembros de esa comunidad son simples espectadores y no auténticos acto-res en la configuración de su entorno, pese a que en el discurso gubernamen-tal la participación ciudadana ha venido a ser un elemento importante.

En segundo lugar, los obstáculos de la propia sociedad para organizarse, para estar bien informada, para pensar estrategias e integrarse eficazmente en los procesos de participación y para vencer la prueba más difícil que es la de la resistencia en el tiempo, manteniendo la tensión de la lucha, frente a estructuras institucionales que parecen inconmovibles.

El propósito de este trabajo es mostrar algunas de las múltiples formas que se dan en la participación ciudadana que pueden llegar a incidir en los


procesos de ordenación territorial, los cuales obtienen resultados diversos en función de las fortalezas y las debilidades de los grupos de la sociedad civil involucrados, a través de dos casos de participación ciudadana: una en San Salvador Atenco y otra en Zapopan, con resultados también diversos en cuanto a su incidencia en el territorio. Este trabajo nos muestra la dia-metralidad de los resultados dependiendo de las motivaciones de los acto-res y de los modos de llevar a cabo el proceso. La diversidad metodológica empleada en estos casos –tan distinta entre sí- se debe a la lejanía espacio-temporal de la autora con relación al primer caso en el momento de realizar este trabajo; mientras que en el segundo caso –el de Zapopan- se trata de una experiencia más cercana en el tiempo y en el espacio, ya que la autora tuvo la oportunidad de participar más directamente en el proyecto del Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Zapopan. Estos recursos metodológicos tan diferentes no obstaron, sin embargo, para la rea-lización de un análisis comparativo –basado en los hechos recopilados- de las motivaciones de los actores, desarrollo y resultados de estos dos casos, seleccionados precisamente por su contraste, que permitieran poner de ma-nifiesto que la participación ciudadana puede llegar a incidir de forma eficaz –si se organiza debidamente- en la ordenación territorial; que éste no es un fenómeno homogéneo existiendo, aún dentro de un universo social deter-minado, formas diferentes de entender y llevar a cabo la participación, que, como todo quehacer humano, es susceptible de mejorar.

La heterogeneidad de la participación ciudadana

La participación ciudadana dista mucho de ser un fenómeno generalizado en las sociedades latinoamericanas -aunque ha tenido un desarrollo innegable en las últimas décadas-, homogéneo y exento de limitaciones, e incluso, de deficiencias: no es pues, la panacea del desarrollo. Esto es así, en primer lugar porque la sociedad no es un ente homogéneo, un todo que se mueve por los mismos intereses, sino que se constituye de personas que piensan de formas diversas y persiguen muchas veces cosas distintas, lo que no obsta para que algunas veces compartan ciertos valores y motivos, que precisamente, per-miten que se organicen formando grupos o redes sociales. La heterogeneidad de la participación responde a los tipos de participación ciudadana y a los


diversos modos de ser de las comunidades, lo cual tiene que ver con multitud de variables como son los niveles de escolarización, los antecedentes históri-cos, el tipo de comunidad, los móviles para participar, etc., cuestiones todas que tienen que ver con el tema del capital social. Se dan pues, de esta manera, diferencias en el origen, en el desarrollo y en los resultados de ésta.

Tipología de la participación

Existen diversas tipologías que tratan de sistematizar diferentes aspectos de la participación, ya sea por su origen, ya por sus características, ya por sus resultados, etc. Ziccardi (1998) presenta una tipología que se podría decir, atiende su relación con las instituciones gubernamentales:

Ésta es una primera aproximación que ayuda a distinguir la naturaleza de la participación; sin embargo, la primera dificultad que ofrece es que el concepto de institucionalización es manejado como sinónimo de legalidad, y por tanto, viene dado por la iniciativa del gobierno, lo cual no necesariamente ocurre así,

Fuente: Elaboración propia con base en Ziccardi (1998).

Tipo de participación CaracterísticasInstitucionalizada Está reglamentada para que la ciudadanía participe

en los procesos decisorios del gobierno local.No institucionalizada Participación informal o formal pero que no está re-

glamentada.Autónoma La ciudadanía participa a través de algún tipo de aso-

ciación no gubernamental que, aunque participe en instancias de gobierno, no depende ni es controlada por éste.

Clientelística La autoridad y los individuos o grupos se relacionan a través de un intercambio de favores o cosas.

Incluyente o equitativa Se promueve la participación de toda la ciudadanía, independientemente de la pertenencia o identidad partidaria, religiosa o de clase social.

Cuadro 1. Tipos de participación con relación a la dependencia gubernamental


pues puede haber participaciones no legales en cuanto que no están compren-didas en la ley; pero sí institucionalizadas por la costumbre. Otra dificultad es que estas categorías no son del todo independientes, pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, la participación clientelística nunca será una práctica legal, pero puede estar institucionalizada de manera informal sin perjuicio de su poder; o bien, la participación puede ser a la vez autónoma e incluyente. Así de entrada, se dificulta un poco su sistematización o su relación con otras categorías.

Una interesante tipología es la de Serra Vázquez (2007), la cual se mues-tra en la cuadro 2. Ésta ofrece diferentes niveles o tipos de praxis según el grado de desarrollo de sus aspectos objetivos y subjetivos, de acuerdo con el grado de su interrelación y al carácter de la transformación de la realidad.

Tomando ocasión de este cuadro, partiremos de que esas categorías –par-ticipación espontánea, mecánica, reflexiva y creativa-pueden ser formales o informales. En el primer caso se refieren al hecho de que estén consideradas en los planes de desarrollo –o cualquier otro instrumento gubernamental-, los cuales se elaboran a partir de leyes; las segundas, son las que no están

Fuente: Serra Vázquez. Participación ciudadana y movimientos sociales.

Participación espontánea Se caracteriza por una débil interre-lación entre lo ideal y lo material, una mínima elaboración subjetiva (fines, conocimiento de la realidad, auto-conciencia de valores) y una actividad práctica errática.

Participación reflexiva Se define por tener una interrelación fuerte entre lo ideal y lo material, una máxima elaboración subjetiva y una práctica coherente con el discurso.

Participación mecánica Se define por una transformación de la realidad que reproduce lo existente. La actividad subjetiva es mínima en rela-ción a la práctica aceptándose acrítica-mente el status quo.

Praxis creativa Se define por la producción de algo nue-vo con una actividad subjetiva dinámi-ca en íntima relación con la actividad práctica, resultando en un proceso de autoconstrucción integral del sujeto.

Cuadro 2. Tipología de la participación según aspectos objetivos y subjetivos, interrelaciones e incidencia sobre la realidad


consideradas en éstas. Agregando algunas otras categorías que tienen qué ver con el capital social como son las características de la participación y los valores en los que se apoya, además de la consideración de los resultados ob-tenidos, se puede llegar a el cuadro 3.

Cuadro 3. Tipos de participación, capital social y resultados

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de Serra Vázquez.

Tipos de partici-pación

Capital socialCaracterísticas

Valores Resultados

Participación es-pontánea (formal o infor-mal)

No hay claridad en los objetivos, relación casual y/o muy débil entre los participantes. Indiferencia

Vagos deseos de “hacer algo” por la sociedad. Partici-pación aleatoria o casual

Nulos

Participación me-cánica (formal o infor-mal)

Reproducción de los mismos mode-los. Relación débil entre los partici-pantes.Postura acrítica

Seguridad perso-nal. Imposición del propio punto de vista

Escasos

Participación re-flexiva (formal o infor-mal)

Claridad en los objetivos. Interre-lación fuerte de los miembros.Actitud crítica

Solidaridad respe-to, apertura

NotablesImpacto positivo en el territorio

Praxis creativa (formal o infor-mal)

Claridad de obje-tivos. Horizontes amplios. Pro-puestas nuevas propuestas cohe-rentes e inclusi-vas.

Bien común, res-peto, diálogo, consenso,

SobresalientesImpacto positivo en el territorio In-cidencia benéfica en los niveles de bienestar


Evidentemente, cualquier tipo de clasificación termina siendo una simplifi-cación de la realidad, ya que ésta es mucho más compleja, y se pueden presen-tar rasgos de diferentes categorías en una participación determinada, como de hecho se ve claramente en el caso de San Salvador Atenco que se presenta más adelante. Tal como se ha dicho, las características y los valores predominantes forman parte del capital social, dentro de los cuales está implícito el modo de llevar a cabo la participación social. El cómo –es decir, el modo en el que se lle-va a cabo la participación, determinados por el capital social- no es irrelevan-te, pues determina muchas veces los resultados. Si se toma la violencia como recurso para convencer, aunque se emplee para una causa justa, los resultados pueden ser nulos o escasos, o bien, a un costo social alto. Si en cambio se privi-legian el respeto y la apertura, se propicia el diálogo y con él, mayor probabili-dad de llegar a un entendimiento y a mejores resultados. Verdad es que muchas veces el interlocutor de la sociedad –el Estado- no tiene la menor intención de llegar a consensos, sino que de antemano ha adoptado una decisión que no está dispuesto a modificar; entonces el diálogo se convierte en una conversa-ción de sordos y, agotados los recursos del diálogo, la sociedad puede recurrir a otros medios de presión, pero siempre dentro de los límites de la civilidad.

El caso de San Salvador Atenco

Los casos aquí presentados nos muestran luces y sombras; fortalezas y de-bilidades que hemos de reconocer para potenciar en lo posible las primeras y tratar de superar las segundas. El caso de San Salvador Atenco nos ilustra sobre la participación autónoma de la sociedad con un fuerte sentido comu-nitario y no exento de limitaciones y deficiencias en el modo de llevarla a cabo, pero que finalmente consigue su objetivo y resulta determinante para la ordenación territorial. La metodología utilizada consistió en el rastreo de notas periodísticas tomadas textualmente en su mayoría a través de Internet para su análisis y elaboración de un cuadro de fortalezas y debilidades.

Datos generales

El municipio de Atenco, está ubicado al oriente del Estado de México. Su superficie comprende 94.67 km2. Su localización geográfica está entre los


19° 29’20” y 19° 36’34” de latitud norte y 98° 53’38” y 99° 00’47” de longitud oeste, a una altura de 2,250 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Acolman y Tezoyuca, al sur con Texcoco, al este con Chiautla y Chiconcuac y al oeste con Ecatepec (Enciclopedia de los municipios de México).

En San Salvador Atenco viven 45 mil habitantes que se distribuyen en diez comunidades (Reséndiz y Vidal, 2006),

Su principal actividad es la agricultura y en el municipio sólo se ha insta-lado una empresa de carrocería que da empleo a 400 personas. Además hay sectores en menor cantidad que se dedican a la costura y la elabora-ción de merengues. En este municipio hay 2 mil 200 ejidatarios y un total de 40% de la extensión territorial son predios dedicados a la siembra del maíz y la alfalfa, principalmente. […] Ante la falta de empresas 60% de los pobladores en edad de trabajar salen de la demarcación para ofrecer sus servicios a diferentes fábricas de la zona metropolitana o el Distrito Federal o a emplearse en otras actividades. San Salvador Atenco está a tiro de piedra de Texcoco, el municipio más importante de la zona por su desarrollo económico y sus 220 mil habitantes, donde convergen po-bladores de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Papalotla, Teotihuacán, Chalma, Chinconcuac, Los Reyes y Chimalhuacán para trabajar, ofrecer servicios o hacer escala en su viaje a otro municipio. (Reséndiz y Vidal, 2006)

La gente de San Salvador Atenco

La difusión de los hechos –en este caso, violentos- por los medios de comu-nicación masiva suelen impactar en la opinión pública, dejando un prece-dente por el cual, la gente tiende a confundir el todo por la parte, y a poner, consecuentemente, una etiqueta de “bueno” o “malo” a una comunidad com-pleta. En el caso de los pobladores de San Salvador Atenco

la mayoría pobre, son trabajadores y amables con el extraño, se dis-tribuyen en 10 comunidades, pero los conflictos que han encabezado algunos de sus miembros han logrado que fuera del pueblo sean ca-talogados como violentos y conflictivos, que no les den trabajo o los rechacen en las escuelas (Islas y Gutiérrez, 2002).


Esto es así porque desde que se formó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, caracterizado por el machete, se ha difundido una imagen agresiva de todos los pobladores de Atenco. “Según relatan los pobladores, cuando acuden a pedir trabajo o el ingreso a una escuela, se los niegan por el simple hecho de vivir en San Salvador Atenco, el lugar de los <<macheteros>>” (Re-séndiz y Vidal, 2006). Y en otro lugar “Ya queremos que todo acabe porque cuando nuestros esposos o hijos van a pedir trabajo y dicen que son de Aten-co, simplemente les dicen que no hay y que no se los darán porque somos unos <<peleoneros>>, comentó indignada Margarita Moreno, habitante de esta localidad” (Reséndiz y Vidal, 2006). Sin embargo, muchos sectores de la comunidad se sienten respaldados por esta organización, la cual es de armas tomar, como queda constatado en el testimonio de

José Luis Magaña, regidor perredista de Atenco, Roberto Acevedo, vocero del municipio de Texcoco, coinciden en que cada vez que ha-bía un problema con alguno de los miembros del Frente de Pueblos los <<macheteros>> prácticamente asfixiaban la región con cierre de vialidades y si eso no funcionaba secuestraban a funcionarios. Re-cuerdan los conflictos más fuertes de los últimos dos años: uno por el transporte de Santa Catarina que llevó a que entraran violentamente al palacio municipal de Texcoco, el desalojo de un vendedor de tama-les del centro de Texcoco, y su demanda de apoyo a una escuela de discapacitados. En esta última tomaron como rehenes a un funciona-rio municipal y a otro estatal, les colocaron cohetones en el cinturón y rociaron gasolina en sus pantalones. Los golpearon. <<Si no hacen lo que queremos no hay negociación, eran sus argumentos, se sentían invencibles por lo de aeropuerto y hacían lo que querían>>, coinciden los funcionarios. (Reséndiz y Vidal, 2006)

El detonador: un aeropuerto

Pero fue la oposición a ultranza de sus habitantes a la construcción del aeropuer-to alterno de la ciudad de México lo que lanzó a Atenco al escenario nacional. Desde hace más de dos décadas la ciudad de México demanda una nueva ter-


minal aérea. El aeropuerto internacional Benito Juárez ha llegado al límite de su capacidad y los problemas que enfrenta son tan serios como constantes.

Sin embargo, por lo menos dos presidentes priístas rehusaron involucrar-se en la construcción de una nueva terminal aérea, advirtiendo las posibles implicaciones políticas de semejante iniciativa. En 1998 el gobierno de Er-nesto Zedillo consideró dos alternativas para la ubicación de la nueva termi-nal aérea de la ciudad de México: el vaso del lago de Texcoco, en el Estado de México y Tizayuca, en Hidalgo.

La organización de los grupos sociales en San Salvador Atenco

A finales de la década de los 70 surgió la asociación civil Habitantes Unidos por San Salvador Atenco (HAUSA). La construcción del aeropuerto dividió las opiniones y a la propia HAUSA. Algunos ejidatarios lucharon en favor del proyecto, otros, decidieron luchar contra él y crearon el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) (Reséndiz y Vidal, 2006).

El 22 de octubre de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox el gobierno federal anunció que en Texcoco se ubicaría la nueva terminal aérea de la ciu-dad México. Ese día fue emitido el decreto expropiatorio correspondiente, el cual afectaría el patrimonio de 4 mil 375 familias. Al parecer, el gobierno del presidente Fox no reparó en las implicaciones políticas de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, pues nunca hizo una consulta popular para conocer el grado de aceptación de ese nuevo proyecto (Islas y Gutiérrez, 2002). El 23 de octubre de 2001, los habitantes de San Salvador Atenco salieron a las calles con machetes, palos y varillas, dispuestos a bloquear la carretera Texcoco-Le-chería en protesta de la decisión de construir en Texcoco el nuevo aeropuerto. Con la asesoría de un jurista, los ejidatarios de San Salvador Atenco decidieron promover un amparo al decreto expropiatorio. La razón era que San Salvador Atenco había sido despojado de mil cuatrocientas hectáreas que significaban el 90 por ciento de su territorio y había sido fijada la sorprendente cantidad de $7.20 pesos mexicanos (alrededor de medio dólar norteamericano) por metro cuadrado de indemnización (Islas y Gutiérrez, 2002).

A los reclamos sociales de los habitantes de San Salvador Atenco, el go-bierno federal respondió con indiferencia, desestimando el poder de las comu-


nidades afectadas, a las cuales se les unieron diferentes organizaciones de la sociedad civil y otras de distinta naturaleza y mayor relevancia como el famoso Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), miembros del Movimiento del ’68, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, e inclu-so, se pudo identificar la presencia de extranjeros en las marchas y manifesta-ciones. Al final del conflicto, se logró impedir la construcción del aeropuerto, al menos por el momento. Resultado que obviamente puede ser discutido en términos de ordenación territorial: la suspensión de este proyecto impidió la organización de un territorio en una forma determinada, con independencia de las implicaciones benéficas o perjudiciales para los habitantes de ese terri-torio. Este caso nos muestra en resumidas cuentas, hasta dónde se puede llegar cuando se hace presente la población a través de una participación más que ac-tiva, si bien es cierto que haría falta una discusión aparte para definir si se trató de una movilización auténticamente ciudadana. Las debilidades y fortalezas de la participación ciudadana encontradas en éste quedan patentes a través de los cuadros que se presentan en cada uno de los casos.

Cuadro 4. Fortalezas y debilidades de la participación ciudadana de San Salvador de Atenco

Fortalezas DebilidadesFuerte sentido comunitarioGran poder de convocatoria de la organización aglutinadoraClaridad en los objetivos a conse-guirAlto grado de participación ciuda-danaLogros pequeños y grandes en la consecución de los objetivos

Poca apertura al diálogoFácil recurso a la violenciaProyección negativa de la comunidad que afecta a todos sus miembrosDivisión dentro de la comunidad a causa de los métodos utilizadosRelativo debilitamiento de la unidad de la principal organización aglutinadoraEfectos negativos en los aspectos económi-co y social



El caso de Zapopan

Este caso nos muestra un tipo de participación ciudadana, muy diferente del caso presentado con anterioridad, ya que se trata de un caso de participación formal e institucional, promovida desde el Ayuntamiento de Zapopan du-rante la última administración priísta comprendida en el periodo 2003-2006 referida desde la Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario (DGEFA) en dos de los Subcomités del Comité de Planeación para el Desa-rrollo Municipal de Zapopan, Jalisco (Coplademun) que dependen de esta Dirección: el de Desarrollo Rural y el de Ecología; por lo tanto, sólo refleja una experiencia limitada al universo de los actores sociales involucrados en esos dos subcomités y con temas de su interés y que en buena medida es-tán ligados a la discusión y ejecución del presupuesto del año en cuestión, además de una participación más abierta a la ciudadanía llevada a cabo a través de esta misma Dirección, mediante varios talleres participativos con motivo del Proyecto de Ordenamiento Ecológico planteado para Zapopan. La metodología utilizada fue la realización de una entrevista a profundidad realizada al Director General de Ecología y Fomento Agropecuario, el Arq. Javier de Alba y Góngora; la observación participante de la autora en una de las sesiones abiertas a la participación ciudadana con motivo del Proyecto de Ordenamiento Ecológico del municipio de Zapopan, y las conversaciones informales con otros académicos que participaron en el proceso.

Datos generales

Las coordenadas extremas de Zapopan son: 20° 35 16” y 20° 59´ 46” de latitud norte, y 103° 18´ 23” y 103° 39´ 39” de longitud oeste, mismas que lo ubican en la parte central del Estado de Jalisco (Departamento de Geografía y Orde-nación Territorial, 2007). La extensión territorial es de 1,229.1 Km2. Colinda con los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tala, Arenal, Amatitán, Tequila, San Cristóbal de la Barranca e Ixtlahuacán del Río. Zapopan es el segundo municipio en cuanto a su importancia económica y demográfica en el estado de Jalisco, después de la capital, Guadalajara.

Las principales actividades económicas del municipio (de acuerdo con la población ocupada) son en primer lugar las de servicios, seguida de la activi-


dad manufacturera del sector industrial, en tercer lugar comercio del sector terciario y en cuarto lugar construcción del sector secundario; en los últimos lugares se encuentra el sector primario, electricidad y agua y la actividad de extracción del sector industrial.1

La participación en el Subcomité de Ecología

En el caso de la participación en el Subcomité de Ecología (SE), la partici-pación ciudadana no se identifica con una causa común y no tiene mayores motivaciones que la de llevarse una parte del presupuesto de ese año para su colonia porque no ha surgido como una necesidad sentida en su propia comunidad, sino como una circunstancia de la que hay que sacar algún pro-vecho; pero un provecho limitado por la estrechez de la visión de los partici-pantes, por la inexistencia de un sentido comunitario.

Así de entrada, la participación en las discusiones sobre la partida presu-puestal –en palabras del Director- se convierte en “un gravísimo error […] porque esto ha generado cotos de poder en el sector ciudadano, cosa que me parece que es un error fundamental porque entonces los supuestos repre-sentantes de las colonias en realidad se convierten es aspirantes a gestión de otra naturaleza”.2 De hecho, algunos de esos representantes de colonia o de distrito, terminan luego como candidatos para algún puesto público. La asistencia a las reuniones es baja cuando se trata de discutir cosas relativas al ordenamiento ecológico; pero cuando se trata de discutir el presupuesto vienen todos o casi todos. En estas reuniones es muy difícil llegar a consen-sos, cada uno tiene una visión demasiado particular de lo que debería hacer-se con el dinero, limitada a la circunscripción de su colonia, perdiendo de vista el conjunto, los beneficios de invertir en proyectos mayores que aunque no se encontraran en su colonia les reportarían un beneficio también, pero no sólo a ellos, sino a un grupo de colonias debido a una mayor alcance de

1 Esta información fue extraída textualmente del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Zapopan [http://www.zapopan.gob.mx/].2 Entrevista al Arq. Javier de Alba y Góngora, Director General de Ecología y Fomento Agropecuario, en el periodo 2004-2006 realizada el 6 de diciembre de 2006, en la Di-rección General de Ecología, Ayuntamiento de Zapopan. En adelante, todas las citas corresponden a esta entrevista.


los proyectos. Cada uno ve la forma de quedarse con la mayor parte de los ingresos sin atender a las prioridades del conjunto “[…] el dinero de alguna manera vino a romper el ideal de la participación ciudadana desinteresada o interesada en el bien común”. Se da entonces “una visión terriblemente frag-mentada, irreconciliable” entre los participantes, “inclusive hay rivalidades entre los propios ciudadanos” quienes disputan por el presupuesto y por las obras. Las partidas presupuestales no suelen ser muy cuantiosas: de tres a cuatro millones de pesos al año para toda la ciudad de Zapopan, los cuales terminan repartiéndose en doce o trece colonias o distritos, sin importar que les toque “de a 250,000 y tengan necesidades diez veces mayores” y con eso lo único que consiguen

[…] es hacer la décima parte de lo que se tiene que hacer […] es decir, se ponen 4 bancas en un parque donde se necesitaban 40 […] lo cual, en palabras del Director General es <<una vergüenza>>, y entonces nunca se acaban las obras y siempre hay insatisfacción […] Yo percibo mucha insatisfacción de los ciudadanos en general […] cuando por fin les va a tocar una obra y resulta que la obra es muy baja respecto a la expectativa que tienen.

Así las cosas, la invitación a participar en proyectos comunes no tiene acogida entre los participantes que son los representantes de su distrito, pre-valeciendo una actitud individualista. Por otro lado, los colonos parecen no involucrarse mucho en las actividades de mejoramiento de su propia colonia, aún cuando ellos mismos demandaban ayuda, por ejemplo, para limpiar su colonia. Cuando por fin se concretaba una fecha para hacer labores de lim-pieza, y se formaba un grupo como de cuarenta funcionarios públicos para esas tareas, al final acudían diez o veinte colonos en poblaciones muy gran-des.

El modo en que se llevan a cabo esas reuniones, es decir, el cómo, acusa también algunas deficiencias porque los participantes no están bien infor-mados de lo que acontece en el conjunto del municipio, ni aún de sus propios derechos, y por lo tanto, no los ejercen cabalmente, o sencillamente, no los ejercen; no están bien organizados y menos aún unidos y sus participaciones suelen no ser respetuosas con su interlocutor: “tenemos muchos ciudadanos


que gritan y exigen, pero no saben de qué están hablando, o gritan y exigen cuando en realidad están defendiendo solamente las bancas de su parque […]”. Para el Arq. de Alba, esto se debe a dos cosas: no existe una “cultura real de participación ciudadana” y por otro lado, tampoco el gobierno se ha preocupado por fomentarla. El análisis de este tipo de participación nos da como resultado el cuadro 5.

La participación en el Subcomité de Desarrollo Rural

En el caso del Subcomité de Desarrollo Rural, participan pequeños propie-tarios, ganaderos, agricultores, etc., los principales representantes de las co-munidades rurales, aunque también se hacen invitaciones a las Cámaras: de la Construcción de la Vivienda, la Confederación Patronal de la República Mexicana (coparmex), la Cámara Nacional del Comercio (canaco) y se re-úne cada mes. La experiencia reportada para este Subcomité no obstante tratarse de una participación formal ya que igualmente es convocada por el gobierno municipal, es bastante mejor que la tenida para el Subcomité de Ecología: se tiene un mayor sentido comunitario y solidario y eso se refleja en el planteamiento de los problemas, pero sobre en las soluciones propuestas. El desarrollo de las sesiones se hace de manera ordenada y se convierte en una ocasión para el diálogo de los representantes de las comunidades rurales entre sí, y entre éstos y las autoridades y los diversos invitados, lo que les

Cuadro 5. Fortalezas y debilidades de la participación ciudadana en el Subcomité de Ecología de Zapopan

Fuente: elaboración propia.

Fortalezas DebilidadesSe ha llegado a algunos acuerdos Poca claridad en los objetivos

Estrechez de mirasEscasa colaboraciónActitud individualistaPostura acríticaDivisión dentro de la sociedadRivalidad entre algunos miembros


permite llegar más fácilmente a acuerdos; se discuten las tareas pendientes, se reparten las funciones y las actividades y se levantan las actas correspon-dientes a la reunión.

El Subcomité de Desarrollo Rural funciona de manera mucho más or-denada (que el Subcomité de Ecología): hacen minutas, tienen acuer-dos, se reparten funciones, hay colaboraciones interinstitucionales interesantes, hay muchísimos más mayores acuerdos, lo puedes ver a través de las actas; parece que en ese sentido son un modelo.

Muy probablemente uno de los factores que han influido en esta mayor integración e identificación es que se empezaron a realizar estas reuniones hacia 1997 o 1998; es decir, son anteriores a la creación del Coplademun; por lo tanto, llevan varios años de ventaja respecto al Subcomité de Ecología. Pero probablemente existe algo más que tiempo, pues el tiempo por sí solo no dice demasiado. Quizá sea el mismo estilo de vida rural lo que ha facili-tado un mayor sentido comunitario y una mayor comunicación y entendi-miento que han reforzado el capital social, o bien, los problemas comunes a los que han tenido que enfrentarse han facilitado una mayor comprensión de la situación y un mayor cooperativismo:

No sólo no ven sólo hacia su parcela, sino que hay una conciencia más equilibrada de cuándo el apoyo debe ir para las vacunas, para los hatos de ganado o cuando el apoyo debe ir hacia las granjas de cerdos […] se reparten las decisiones y las actividades. Lo que le hace falta desde mi punto de vista a ese Subcomité es una visión de más largo plazo en proyectos más consistentes; pero los cimientos están muy fuertes: se conocen entre ellos sus fortalezas y sus debilidades […] eso ayuda mucho […]

La experiencia participativa en los Talleres de Ordenamiento Ecológico

Otra lectura de la participación ciudadana en Zapopan es la que aporta la respuesta generada por ésta ante la convocatoria del Ayuntamiento para


participar en los Talleres de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Za-popan. No obstante que la asistencia en términos generales fue baja si se compara con el universo de quienes fueron convocados, se puede calificar como muy buena la experiencia habida en estos Talleres Ciudadanos, sobre todo, si se considera que coincidió con una época post-electoral en la que el pri perdió las elecciones frente al pan.

El registro me reporta más de 800 asistentes en todo el procesote enero a noviembre, lo cual, es mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho en esta Administración y probablemente en otras. Para darte un parámetro en el área protegida del Nixticuil, también tuvimos consulta pública, sesiones de carácter público y las que más logramos reunir fueron sesenta, en total logramos un grupo de alrede-dor de 100 personas y en el de ordenamiento […]

En estas reuniones participaron diversos grupos organizados de la socie-dad civil que en su mayor parte tenían que ver con cuestiones ecológicas. El tema ambiental ha ido generado un interés creciente en los diferentes estra-tos de la población: cada vez existe una mayor consciencia de que los recur-sos son escasos y de que se debe hacer algo para no acabar con ellos.

Cuadro 6. Fortalezas y debilidades de la participación ciudadana en el Subcomité de Desarrollo Rural de Zapopan


Fortalezas DebilidadesFuerte sentido comunitarioExistencia de logros de diversa importancia en la consecución de los objetivosParticipación reflexiva que impacta positivamen-te en el territorio y en los niveles de bienestarFuerte interrelación entre los miembrosCapital social identificable en la capacidad de diálogo y de consensos

Escasa visión de largo plazo


Los temas que han generado consensos son el ordenamiento ecológico, está firmemente arraigado el convencimiento de que hay que prote-ger una parte de nuestro territorio, el convencimiento de que hay que reformar el sistema de manejo de residuos, la ubicación del tiradero de basura “Picachos”, conservación de áreas verdes […]

El desarrollo de estos talleres consistió en la exposición de la fase de diag-nóstico de los aspectos físicos, sociales y económicos del municipio por parte de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, involucrados en el Proyecto de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Zapopan; después se daba tiempo para hacer preguntas. Posteriormente se hacían grupos de trabajo en los que los que se mezclaban los investigadores y los miembros de las diferentes organizaciones civiles, identificando los problemas de diversa índole que percibían en el municipio. Finalmente, se abría un espacio para la participación general abierta a todo el que quisiera aportar algo de viva voz.

El desarrollo de las sesiones significó intensas tardes de trabajo que se de-sarrollaron con orden, según el plan previsto. Sin embargo, no se trataba en esta ocasión de llegar a acuerdos, sino de realizar propuestas a los problemas planteados. La gente se mostró receptiva, y en buena medida, con un amplio conocimiento de la problemática local, aportando ideas -algunas de ellas con mucho sentido-, que quedaron recogidas en las actas. Uno de los grandes in-convenientes es que estos talleres se realizaron al término de una administra-ción que además no fue seguida por otra del mismo partido, lo que congeló por el momento, el análisis y discusión de esas propuestas para ponerlas por obra.

Esta experiencia reveló que, por lo menos en las cuestiones de tipo ecoló-gico, existe una representación de la sociedad con un buen nivel de informa-ción y con iniciativa, además de una gran sensibilidad para las cuestiones que tienen una incidencia directa en la ordenación territorial, concretamente, las cuestiones ecológicas, con una visión crítica y a la vez, propositiva, lo que apunta más bien a un tipo de participación reflexiva y creativa.

Análisis comparativo

Como se ve, los casos aquí presentados muestran grandes diferencias refe-ridas a la participación ciudadana, tanto en su origen –los motivos que las



Cuadro 7. Fortalezas y debilidades de la participación ciudadana en los Talleres Ciudadanos de Ecología de Zapopan

Fortalezas DebilidadesGran interés por la problemática eco-lógicaBuen nivel de información y conoci-miento de la problemática ambientalActitud reflexiva y crítica en torno a los problemasPropuestas válidas encaminadas a la solución de los problemasNo se dio seguimiento a las propuestas emanadas de estas reuniones

Poco conocimiento de los participan-tes entre sí

concitaron-, así como en su desarrollo –los modos o estilos de participación- y en los resultados obtenidos, dándose también diferentes tipos.

Motivación

El primero de estos aspectos marca en buena medida la diferencia: en San Salvador Atenco los grupos sociales participan para defenderse de lo que perciben como una amenaza a sus tierras, a su patrimonio, lo que constituye un motivo poderoso, capaz de aunar a un gran número de habitantes, dán-dose un tipo de participación autónoma. En tanto que en el caso de Zapopan, la iniciativa parte del Ayuntamiento, por lo que se trata de una participación institucionalizada, si bien es cierto que se observan tres maneras distintas de participar dentro de un mismo tipo institucional: la primera corresponde a la participación en el subcomité de Ecología del coplademun en la que los ciudadanos acuden a las reuniones de manera más o menos rutinaria por ser presidentes de colonos. Su motivación carece de la fuerza –y hasta de la pasión- que se observa en el primer caso al responder más a una formalidad que a una necesidad sentida, mientras que la participación en el Subcomité de Desarrollo Rural existe una motivación mayor por tratarse del apoyo en


aspectos sustanciales de los que depende la fuente de sostenimiento de su fa-milia. Por otro lado, la motivación generada en los Talleres de Ordenamiento Ecológico está dada por la posibilidad de poderse manifestar acerca de los problemas ecológicos que perciben en su entorno y la esperanza de que se tomen en cuenta sus denuncias para solucionar los problemas presentados.

Desarrollo

En tanto que el desarrollo de la participación, considerado no sólo en los mo-mentos en los que interactúan con su interlocutor principal –las autoridades municipales, estatales, federales u otras instituciones-,sino todas las accio-nes que se dan en el proceso desde su origen, son un aspecto fundamental de análisis.

En el caso de San Salvador Atenco si bien es cierto que existía un fuerte sentido comunitario que aglutinó a una gran parte de la población para par-ticipar manifestándose en contra de la construcción del aeropuerto; también es cierto que el FPDT mediatizó la participación imprimiéndole su propio estilo caracterizado por la violencia y la prepotencia y no sin una buena dosis de politización e ideologización que les llevó a establecer nexos con movi-mientos como el EZLN y otros grupos, circunstancia que lleva a cuestionar sobre la autenticidad de la participación ciudadana. Atendiendo al modo de realizarse, la participación fue más bien de tipo mecánico, al reproducir el estilo del FPDT. El diálogo, el respeto y la tolerancia estuvieron ausentes en el proceso.

En el caso de Zapopan, el desarrollo tuvo una tónica diversa dependien-do de los grupos con los cuales interactuó la DGEFA. Las sesiones con el SE fueron más bien rutinarias, dándose una participación mecánica, sin llegar a interesarse realmente por los planteamientos de los otros; en cambio en las sesiones con el SDR, se podía observar una participación más reflexi-va, propiciando acuerdos entre los participantes, e incluso creativa, dándo-se propuestas diversas de solución a los problemas planteados, en un clima de respeto y solidaridad. La participación de la ciudadanía en los Talleres Ecológicos, aunque no estaban exentos de posturas individualistas de los participantes, se podía observar una participación reflexiva, creativa y hasta entusiasta algunas veces. Es evidente que, aunque en todo proceso partici-


pativo existen tensiones y fricciones, las habidas en estos dos casos se ubican casi en las antípodas, ya que la participación social de los zapopanos, carecía del nivel de tensión y angustia ocasionadas en el primer caso.

Resultados

Como se ha podido ver, en el caso de San Salvador Atenco, el objetivo prin-cipal se consiguió, pero representó un alto costo social y económico no sólo porque se obstruían las principales carreteras que conectaban al municipio, con sus consecuentes resultados que afectaban directamente a los habitantes del municipio y lugares aledaños al no poder desplazarse fácilmente a sus lu-gares de trabajo; problemas de abastecimiento, alteración del comercio, la in-dustria, etc., sino por el fortalecimiento y difusión de la imagen de violencia de los miembros de esta comunidad que les afectó negativamente a la hora de intentar ser contratados o ingresar a centros educativos, por ejemplo.

Así pues, una gran fortaleza es el sentido de comunidad que les ha llevado a unirse en la lucha por objetivos comunes, adoptando la postura comunita-ria. No obstante, como señalan algunos autores con relación a esta postura, la principal crítica consiste en “la ambigüedad de sus efectos para el desarro-llo económico y político de la existencia de organizaciones locales tradicio-nales con fuerte grado de integración interna” (Güel, s/f), tal como de hecho ha sucedido en San Salvador Atenco.

Para el análisis referido a Zapopan, los resultados obtenidos por la partici-pación ciudadana son muy diversos, como es de esperarse. En el caso del SE, la incidencia de la participación de la sociedad en espacios locales es mínima y en lo que se refiere a las cuestiones del ordenamiento territorial, inexisten-te. Esto se explica en buena medida porque los habitantes de estas colonias tienen resueltos servicios públicos básicos y no perciben ninguna amenaza en su territorio, en su patrimonio o en sus vidas, ni identifican ninguna otra causa con suficiente peso que los invite a participar más activamente. Los sectores de la población involucrados en esta participación formal ostentan serias carencias en cuanto a cultura de participación, lo que produce el reple-gamiento de la sociedad a los ámbitos privados sin importarle mucho lo que sucede en torno a los problemas sociales de mayor envergadura. A diferencia del SE, los resultados obtenidos en el SDR tienen un impacto bastante más


positivo y amplio en las comunidades a las que pertenecen y por tanto, en el ordenamiento territorial, debido al mayor conocimiento e interacción que tienen entre sí, lo que propicia la integración de las comunidades y mejores acuerdos que impactan positivamente las cuestiones del ordenamiento terri-torial, beneficiándose ellas mismas. En el caso de los Talleres, los resultados obtenidos sólo pueden cuantificarse en términos de propuestas de ordena-miento territorial, al tratarse de una experiencia participativa que se ha dado al final de una administración municipal, que sin duda, más que alguna con-tribuyó al enriquecimiento del Proyecto.

Conclusiones

Para que la participación ciudadana sea cada vez más reflexiva y creativa y llegue a incidir en realidad en las cuestiones de ordenamiento territorial en orden a la consecución del desarrollo, se necesita –entre otras cosas- promo-ver y facilitar el establecimiento de tiempos y espacios de interlocución que favorezcan la comunicación, el diálogo y el consenso entre los principales actores sociales y políticos –los grupos sociales organizados y el gobierno, fundamentalmente. En el caso de San Salvador Atenco, una buena parte del origen del problema fue la postura autoritaria del gobierno y su falta de sen-sibilidad ante los problemas de las comunidades de Atenco, lo que propi-ció en buena medida su respuesta agresiva. En contrapartida, el problema se agravó por la actitud intolerante y violenta de la participación de los grupos organizados de estas comunidades que terminaron por eliminar las escasas disposiciones para el diálogo.

En el caso de Zapopan, ante la apatía presentada en algunos tipos de par-ticipación ciudadana, parte de la solución podría ser que el gobierno muni-cipal implementara algunas estrategias para imprimir una nueva dinámica en las sesiones, para fomentar un mayor espíritu comunitario. Una de ellas podría ser el planteamiento por parte de expertos de los problemas sociales y ecológicos más acuciantes en el municipio para que los participantes –los representantes de los distritos, presidentes de colonia, etc.- estudiaran los problemas y los jerarquizaran, proponiendo además, soluciones que estuvie-ran al alcance del presupuesto, todo ello, supervisado por los expertos. Otra estrategia podría ser la promoción de cursos en torno a temas de capital


social, valores comunitarios, etc., dirigidos tanto a los representantes comu-nitarios como a la sociedad civil en general, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en temas relevantes y de generar inquietudes de participación en un mayor número de miembros de la sociedad civil.


Alba y Góngora, J., de. Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2006, en la Direc-ción General de Ecología, Ayuntamiento de Zapopan al Director General de Ecología y Fomento Agropecuario, en el periodo 2004-2006.

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Con el libro Ordenamiento territorial y participación social:

problemas y posibilidades, el lector podrá reconocer las ex -

periencias investigativas de diversos especialistas, proceden-

tes de diferentes regiones de México y el extranjero; todos ellos

comprometidos en la generación de insumos para la reflexión y el

trabajo en el ámbito geográfico. La propuesta del libro se origina

en el año 2007, en el marco de la Cuarta Reunión Internacional de

Ordenamiento Territorial, celebrada en la ciudad de San Luis Potosí,

cuyo tema central fue la participación social en los procesos de or -

ganización espacial. Por ello mismo, los autores han privilegiado los

enfoques participativos en sus diferentes escalas: local, municipal,

regional y nacional, con lo que los marcos de análisis ecológico y

territorial adquieren el matiz transdisciplinario, hoy por demás ne -

cesario.

Centro deInvestigacionesen GeografíaAmbiental

ordenamiento territorial y participación social: problemas

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