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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Oficio: UAIPTCA/016/2016
Solicitud UAIP TCA-016- 00388916-2016
C. ************
Presente:
En atención a su solicitud con folio 00388916 remitida vía INFOMEX en
fecha 24 de mayo del presente año a esta Unidad de Transparencia. Con
fundamento en los artículos 47, 48 fracciones II y III, 82, 94, 95 y 99 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, se le contesta acorde al contenido del presente.
Su solicitud literalmente señala:
“Solicito 10 sentencias que hallan causado estado, donde se decreto la Nulidad
del Acto derivado de una Sanción Administrativa dentro del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa durante el año 2014.
Solicito 10 sentencias que hallan causado estado, donde se decreto la Nulidad del
Acto derivado de una Sanción Administrativa dentro del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa durante el año 2015.
Solicito 10 sentencias que hayan causado estado, donde se decreto la Nulidad del
Acto derivado de una Sanción Administrativa dentro del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa durante el año 2016” sic.
En atención al contenido de su petición, se le responde
conforme a lo siguiente:
De la información proporcionada por el área correspondiente, se
encontraron veinte resoluciones que cumplen con las características que
señaló en los términos de su solicitud referentes a los años 2014 y 2015. Por
lo anterior la información solicitada se desglosa en la siguiente tabla:
Versión
Pública
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Año
2014
Año
2015 1319/4ª Sala/2013 1705/2ª Sala/2014
1246/1ª Sala/2013 1205/4ª Sala/2014
1245/1ª Sala/2013 1194/1ª Sala/2014
1157/4ª Sala/2014 886/3ª Sala/2014
1067/1ª Sala/2013 810/4ª Sala/2014
1087/2ª Sala/2014 502/3ª Sala/2014
987/4ª Sala/2014 328/4ª Sala/2015
650/2ª Sala/2013 328/2ª Sala/2014
429/2ª Sala/2014 200/2ª Sala/2014
428/2ª Sala/2014 87/3ª Sala/2014
Por ello se envían al correo electrónico señalado en la solicitud,
correspondiente a ***********, las versiones públicas de las resoluciones
descritas en la tabla. Lo anterior es necesario debido a que la
infraestructura tecnológica del sistema INFOMEX, nos impide enviar la
respuesta y sus anexos, al sobrepasar el tamaño establecido en dicho
sistema para documentar la respuesta a su solicitud.
Aunado a lo anterior ésta Unidad le comunica que las versiones
públicas de las sentencias mencionadas, también se encuentran a su
disposición en la Unidad de Transparencia del Tribunal recopiladas en
formato PDF y podrá acudir a recogerlos mediante un dispositivo de
almacenamiento (CD, USB, etc.), al edificio sede del mismo ubicado en
calle Cantarranas número 6, planta baja, zona centro de la ciudad de
Guanajuato.
En relación a su petición respecto de 10 sentencias que hayan
causado estado donde se decretó la nulidad del acto derivado de una
sanción administrativa dentro del Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa durante el año 2016, es necesario comentarle que a la
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fecha no se cuenta con ninguna sentencia que cumpla con las
características señaladas en su solicitud, motivo por el cual no es posible
otorgar ninguna sentencia de ésta naturaleza.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración en el correo electrónico [email protected] o al
teléfono (01 473) 7321525, extensión 121.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
Respetuosamente,
Guanajuato, Guanajuato, a 31 de mayo de 2016
Licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez.
Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal.
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En proveído de 8 ocho de mayo de 2013 dos mil trece (foja 152), se
tuvo a la autoridad encausada por contestando la demanda y se
admitieron las pruebas que ofreció.
TERCERO. Audiencia final. El 13 trece de junio de 2013 dos mil trece
se desahogó la audiencia de alegatos (foja 165 del sumario); diligencia en
la cual se hizo constar que la parte actora formuló alegatos y se tuvieron
por desahogadas las pruebas admitidas.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es competente para
conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1,
2, 3, segundo párrafo, y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; así como 1,
fracción II, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. La existencia del acto
impugnado está plenamente acreditada con el original de la resolución de
25 veinticinco de octubre de 2013 dos mil trece (fojas 13 a 21), dictada por
el Director de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato dentro del procedimiento número PRA-612/2012; de
conformidad con lo previsto en los artículos 78 y 121 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
TERCERO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los
conceptos de impugnación expuestos por la parte actora, de conformidad
con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
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Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en
su fracción IV, establece como elemento de validez del acto administrativo,
que se encuentre debidamente fundado y motivado.
Ahora bien, para que se cumpla el imperativo legal de la
fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben, por un lado,
expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso
(fundamentación), así como las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto (motivación).
Pero, además, para que se cumpla con el requisito de la debida
fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los motivos
aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en
el caso concreto se configuran las hipótesis normativas en que se apoya el
acto de autoridad.
Sobre el tema, es ilustrativa la tesis de jurisprudencia número
I.6o.C. J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, visible a
página 2127, que dice:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y
CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida
fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia
total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias
especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión;
mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan
preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones
que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso
específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos
invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.
Por otro lado, los artículos 2, primer párrafo, 49, fracción II; y 60,
segundo párrafo, de Ley de Responsabilidades Administrativas de los
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Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
establecen:
Artículo 2. Son servidores públicos los mencionados en los artículos 122 y 126 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quienes deberán conducirse con
legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficacia en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones. Serán sujetos de responsabilidad
administrativa cuando incumplan las obligaciones o incurran en las conductas
prohibidas señaladas en esta ley, así como aquéllas que deriven de otras leyes y
reglamentos, con las salvedades establecidas en la presente ley.
[…]
Artículo 49. El acuerdo en el que se ordene dar vista al servidor público y citarlo
personalmente para que acuda a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo
de pruebas, y de alegatos, deberá contener lo siguiente:
[…]
II. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estiman violadas;
[…]
Artículo 60 […]
En la resolución se determinará la existencia o no de la responsabilidad
administrativa, y en su caso, se establecerá la sanción que corresponda en los
términos de esta ley.
De las normas jurídicas transcritas se desprende que en el acuerdo
con el cual se ordene el inicio del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá señalarse, entre otras cuestiones, la conducta que
se le impute al servidor público incoado, así como las disposiciones
legales que se estiman violadas; y en la resolución correspondiente, se
determinará la existencia o no de la responsabilidad administrativa, y en su
caso, se impondrá la sanción que corresponda en los términos de la
misma ley estatal de responsabilidades administrativas.
Es decir, al dictar la resolución con la que culmine un procedimiento
de responsabilidad administrativa, la autoridad competente dilucidará, en
primer lugar, si en la secuela procedimental se encuentra plenamente
acreditado que el servidor público incoado realizó la conducta que se le
indicó en el acuerdo de inicio del procedimiento; luego, si esa conducta
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instrumento; lo que resultaba relevante a fin de reprocharle la falta de
diligencia en el cumplimiento de esa función.
Así pues, en virtud de que los hechos atribuidos al actor no se
probaron es inconcuso que la resolución impugnada configura el supuesto
de ilegalidad previsto en la fracción IV del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato al no estar debidamente motivada y motivada.
Por tanto, ante la indebida fundamentación y motivación de la
autoridad que dictó la resolución impugnada, se declara su nulidad total,
con fundamento en el artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Para finalizar se precisa que ante lo fundado de uno de los
argumentos vertidos en el primer concepto impugnativo, es innecesario el
análisis de los disentimientos restantes, ya que aunque éstos resultaran
fundados, no variaría el criterio aquí sostenido.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número II.3o. J/5
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, correspondiente a la
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1992, página 89, bajo la voz:
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo
resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de
violación vertidos en la demanda de amparo.
QUINTO. Análisis de las pretensiones de reconocimiento de un
derecho. El actor solicita genéricamente que se reconozca su derecho
amparado en una norma jurídica.
Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que no existe
derecho alguno que deba reconocerse al actor pues la nulidad total
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NÚMERO: 200/2ª SALA/15
PROMOVENTE:
Guanajuato, Guanajuato; 12 doce de agosto de 2015 dos
mil quince.
V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del
proceso administrativo radicado en esta Segunda Sala con
el expediente número 200/2ª.Sala/15, y;
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Que mediante escrito presentado y recibido en
la Secretaría General de Acuerdos de este H. Tribunal el
día 30 treinta de enero de 2015 dos mil quince y turnado a
esta Segunda Sala el mismo día,
, por su propio derecho, promovió proceso
administrativo en contra de la autoridad y por el acto que a
continuación se señalan:
«II. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN:
Resolución de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2014
dos mil catorce, emitida en el procedimiento de
responsabilidad administrativa, expediente 24/2014 por
el Contralor General de la Universidad de Guanajuato.
Dicha resolución me fue notificada el día 01 primero de
diciembre del año 2014 dos mil catorce.
III. AUTORIDAD DEMANDADA: Contralor General
de la Universidad de Guanajuato.
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IV. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO CON
UN DERECHO INCOMPATIBLE CON MIS
PRETENSIONES:
No existe» (visible a partir de la foja 2 del sumario).
Asimismo, manifestó la parte accionante como
pretensiones de su intención –literalmente- las siguientes:
«V. PRETENSIONES QUE SE INTENTAN CON LA
PRESENTE DEMANADA DE NULIDAD EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS:
1. La nulidad total de la resolución que se impugna, toda vez en que
ella se actualizaron diversas causales de nulidad previstas en el
artículo 302 fracción IV, pues como demostrareén (sic) el presente
juicio, el procedimiento se realizó sin cumplir con formalidades que
establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, de
manera que carece de uno de los elementos de validez que
establece el artículo 137, por lo que debe ser sancionada con la
pretensión nulidad total de la resolución impugnada, tal como lo
determina el diverso 143, todos los artículos citados del Código de
procedimiento y justicia administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. Dicha nulidad deberá ser decretada
inclusive desde el acuerdo que dio inicio al procedimiento
administrativo en mi contra, de fecha 15 quince de septiembre de
2014;
2. Como consecuencia natural de la pretensión de la nulidad total
reclamada, demando la pretensión del reconocimiento de mi
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derecho a que no se me apliquen las sanciones impuestas por la
autoridad demandada, consistente en:
2.1 MULTA por la cantidad de $8,862.00 (Ocho mil ochocientos
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.);
2.2 DESTITUCIÓN del empleo, cargo o comisión de Técnico
Académico Profesional “C” con 40 cuarenta horas de servicio, con
funciones de coordinador en sistemas, adscrito al Departamento de
Estudio Organizacionales de la División de Ciencias Económico
Administrativas, campus Guanajuato de la Universidad de
Guanajuato, así como al cargo de profesor del tiempo parcial 04
cuatro horas definitivas y 04 cuatro horas temporales;
2.3 INHABILITACIÓN para volver a ejercer un empleo, cargo o
comisión públicos, durante un periodo de 5 CINCO AÑOS,
contados a partir de que la presente resolución quede firme;
2.4 LA OBLIGACIÓN QUE ME IMPONE DE RESARCIR LOS
DAÑOS OCASIONADOS A LA HACIENDA PÚBLICA, es decir
el reintegro de la cantidad de $148,770.00 (Ciento cuarenta y ocho
mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.); dentro de los 15 días
siguientes a aquél en que se notifique la presente resolución, y
2.4 A NO SER SANCIONADO NI INSCRITO EN EL
REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS.
3. Finalmente, y únicamente para el caso de que la autoridad
decida aplicar las sanciones que impone, se demanda la pretensión
del pleno restablecimiento de los derechos que se hayan violado,
como lo son:
3.1 El reintegro de la cantidad de $ 8,862.00 ( Ocho mil
ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), así como los
intereses que se generen desde la fecha en la haya realizado el
pago y hasta la fecha en la que la autoridad haga la devolución de
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la cantidad pagada, en los términos del artículo 38 párrafo cuarto
del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato;
3.2 La reinstalación del mismo empleo, asícomo (sic)el pago de
todas y cada una de las prestaciones que deje de percibir durante el
tiempo en que materialmente se aplique la ilegal DESTITUCIÓN
del empleo, cargo o comisión de técnico Académico Profesional
“C” con 40 cuarenta horas de servicio, con funciones de
Coordinador en Sistemas, adscrito al Departamento de Estudios
organizacionales de la División de Ciencias Económico
Administrativas, Campus Guanajuato de la Universidad de
Guanajuato, así como al cargo de Profesor de Tiempo Parcial 04
cuatro horas definitivas y 04 cuatro horas temporales, misma que
deberá aplicar desde el día en que la autoridad aplique la sanción
impuesta y hasta que se me establezca del empleo, Cargo o
Comisión. Lo anterior en los términos de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al servicio del Estado y los Municipios de
Guanajuato. Cantidad, a la que además deberán aplicarse los
intereses que se generen desde la fecha en la que haya realizado el
pago y hasta la fecha en la que la autoridad haga la devolución de
la cantidad pagada, en los términos del artículo 38 párrafo cuarto
del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.
3.3. El pago de todas aquellas remuneraciones que pudieran dejar
de percibir en virtud de la aplicación de la inhabilitación por oferta
de trabajo que se me retiren en virtud de la ilegal inhabilitación
decretada e inscrita en el Registro de Servidores Públicos
sancionados, por todo el tiempo en que se inscriba dicha sancione
disciplinaria. Cantidad a la que además deberán aplicarse los
interese que se generen desde la fecha de la que haya realizado el
pago y hasta la fecha en la que la autoridad haga la devolución de
la cantidad pagada, en los términos del artículo 38 párrafo cuatro
del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato;
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3.4 El reintegro de todas y cada una de las cantidades que llegue a
pagar con motivo del pago de los (sic) daños a que fui condenado
la ilegal resolución administrativa que se me impuso de manera
arbitraria por la cantidad de $ 148,770.00( Ciento cuarenta y ocho
mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N. Cantidad a la que demás
deberán aplicarse los interese que se generen desde la fecha en la
que ya realizado el pago y hasta la fecha en que la autoridad haga
la devolución de la cantidad pagada, en los términos del artículo
38 párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato,
y
3.5 Además deberáser (sic) condenada la autoridad demandada
emitir una disculpa pública, disculpa que deberáser (sic)
contundente para dejar en claro que no soy responsable de falta
administrativa que indebidamente me imputóla (sic) autoridad
demandada».
También narró los hechos y esgrimió los conceptos de
impugnación que estimó pertinentes (fojas 2 a 12, ídem).
SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. En
auto de 5 cinco de febrero de 2015 dos mil quince se
admitió a trámite la demanda, así como las probanzas
ofertadas por la parte actora. Se ordenó correr traslado del
escrito inicial y de sus anexos a la encausada (foja 91,
ibídem).
Mediante proveído de 9 nueve de marzo de 2015 dos mil
quince, se tuvo a la parte demandada,
, en su carácter de Contralor General de la Universidad
de Guanajuato, por dando contestación a la demanda. En
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mismo auto, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las
pruebas que adjuntó a su escrito de contestación de
demanda (foja 534, ibídem).
TERCERO. Audiencia de alegatos. Seguido el proceso
en sus trámites, el 5 cinco de mayo de 2015 dos mil quince,
se desahogó la audiencia final del proceso en términos del
acta visible a foja 547 del expediente que ahora se resuelve,
en la que se hizo constar la no asistencia de las partes, no
obstante que fueron legalmente notificadas. Asimismo, se
tuvo a la parte actora por haciendo uso de su derecho de
formular escrito de alegatos.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Es obligación de quien
resuelve, por tratarse de una cuestión de interés público, el
que previamente a adentrarse al estudio y resolución del
presente juicio, procede de oficio y petición de parte
además a analizar la competencia de este H. Tribunal en los
términos del artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato.
Al respecto, esta Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, sostiene la competencia para
conocer y resolver del juicio que nos ocupa, en atención a
las siguientes consideraciones:
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En primer término es menester precisar que la Universidad
de Guanajuato tiene personalidad jurídica y patrimonio
propio, así como la facultad y responsabilidad de
gobernarse a sí misma. Esto, pues realiza una función de
educar, investigar y difundir la cultura, teniendo para este
efecto la facultad de determinar sus planes y programas y
fijar los términos de ingreso y permanencia de su personal
académico, atento a lo dispuesto por el artículo 3, de su
Ley Orgánica, que versa:
«ARTÍCULO 3. La Universidad de Guanajuato es un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Por ello, tiene la facultad y la
responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines
de educar, investigar y difundir la cultura; determinar sus
planes y programas; así como fijar los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal y administrar su
patrimonio.
Para los efectos de esta Ley, la Universidad de Guanajuato
se identificará como la Universidad. »
De las anteriores características destaca –en lo que interesa
en esta causa- la de personalidad jurídica propia, que se
traduce en que esta institución resulta sujeto de derechos y
obligaciones, al contar con una existencia real y jurídica
que la distingue de los demás entes públicos, y cuya
personalidad nació con el acto legislativo de su relación, de
tal suerte que la Universidad de Guanajuato, al estar
constituida como un organismo autónomo de la
administración pública en el Estado, se encuentra también
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sujeta a una serie de derechos y obligaciones, es decir, su
actuar no escapa al régimen jurídico, dado que incluso
puede ser parte actora o demandada según sea el caso.
Ahora bien, cabe resaltar que en el caso a estudio, en la
resolución fecha 26 veintiséis de noviembre de 2014 dos
mil catorce, emitida por el Contralor General de la
Universidad de Guanajuato, se desprende que la
demandada invocó entre otros preceptos legales los
siguientes:
«[…] se le hizo saber que se inició en su contra el
procedimiento de responsabilidad administrativa […] por la
presunta violación a los artículos 11 once, fracciones I
primera, IV cuarta, XIII décimo tercera, XIX décimo novena y
XXI vigésimo primera y 12 doce fracción I primera, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios […]»
Con lo anterior, queda de manifiesto que con
independencia de la naturaleza jurídica de la Universidad
de Guanajuato, es un organismo autónomo y que cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propio; en la
especie, la parte actora, hace reclamaciones de índole de
responsabilidad administrativa, en virtud de que ésta fue
sancionada dentro de un procedimiento de responsabilidad
administrativa, procedimiento que se encuentra previsto en
un ordenamiento de carácter administrativo, como lo es, la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
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Municipios, en tal virtud, si el ahora accionante considera
que con la emisión del acto aquí reclamado se afecta su
esfera jurídica, quien resuelve estima que no existe
disposición legal que impida a este H. Tribunal para
conocer y resolver el presente litigio, al devenir de un
procedimiento administrativo.
No es óbice a lo anterior, que el artículo 3, fracción VII, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
determine que las universidades y demás instituciones de
educación superior tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas, pero no significa que puedan
conducirse con absoluta independencia, al grado de
suponer que la institución no está sujeta al régimen jurídico
del país.
Similar determinación se ha sostenido en la tesis aislada en
materia administrativa correspondiente a la novena época,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta; V, Febrero de 1997; visible en la Página: 809 e
identificada como I.4o.A.194 A; que es del rubro y texto
siguiente:
«UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. LA
AUTONOMIA DE QUE GOZA NO LA EXCLUYE DE LA
APLICACION DE LAS LEYES QUE CONFORMAN EL
ESTADO DE DERECHO. La autonomía de que goza la
Universidad Nacional Autónoma de México significa que queda
en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y
programas dentro de los principios de libertad de cátedra e
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investigación, así como administrar su patrimonio sin la
injerencia del Estado, pero tal albedrío no puede extenderse al
grado de suponer que la institución no está sujeta al régimen
jurídico del país, es decir, que pueda conducirse con absoluta
independencia, ya que ello podría provocar anarquía y
arbitrariedad; por lo que si entre la diversidad de actos emitidos
por los funcionarios universitarios se encuentran aquellos que
reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, como la
unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que se traducen en
la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares y aun
en contra de su voluntad imponer sus determinaciones, dichos
actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de
amparo, y la sentencia que se pronuncie, cualquiera que sea su
sentido, dejará intocada la autonomía de la Universidad, ya que
obviamente podrá continuar ejerciendo la libertad de
autodirigirse, con la única salvedad de que como ente integrante
de nuestra sociedad deberá respetar los derechos
constitucionales que rigen en nuestro país; consecuentemente, los
actos de la Universidad Nacional Autónoma de México que
ostentan las cualidades para considerarlos como actos de
autoridad para efectos del juicio de amparo, pueden ser
examinados a través de éste, sin perjuicio de la autonomía de que
goza tal institución”. (Subrayado añadido).
En atención a lo expuesto y, de una correcta interpretación
del artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato, que previene:
«Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer, en
primera instancia, de los procesos administrativos que se
promuevan en contra de:(...)
III.- Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
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Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios (...)».
Por lo que, del precepto legal anteriormente transcrito,
evidentemente se desprende que este Tribunal tiene
competencia para conocer de la ilegalidad del acto
impugnado, por lo tanto, esta Sala se declara
COMPETENTE, para conocer y resolver el presente
asunto, con fundamento además en los artículos 1º,
fracción II, 3° segundo párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues se
impugna la resolución definitiva emitida en el
procedimiento de responsabilidad administrativa número
24/2014, de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2014 dos
mil catorce.
Tiene aplicación en lo conducente, lo que establece por
analogía la siguiente jurisprudencia que reza:
«COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR
TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Y NO LA RELACIÓN JURIDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS
PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la
competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la
materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les
asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de
tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera,
y que cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos
relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un
conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo
exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente,
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se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las
prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas
aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda,
cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor
no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe
prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule
al actor y al demandado pues ese análisis constituye una cuestión
relativa al fondo del asunto que corresponde decidir
exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de
competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y
haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su
decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto.
Este modo de resolver el conflicto competencial trae como
consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su
jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda”. Novena
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
federación y su Gaceta, Tomo: VIII. Diciembre de 1998, Tesis:
P./J. 83/98, Página 28).
SEGUNDO. Certeza de la existencia del acto
impugnado. La certeza de la existencia de la resolución
impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos,
atento a la documental anexada por la parte actora a su
escrito inicial de demanda, visible a fojas 55 a 87 del
expediente original, así como por el reconocimiento
expreso de su existencia por la demandada en su escrito de
contestación a la demanda.
Con lo anterior se generó plena convicción en este
resolutor de su existencia al tenor de lo dispuesto en los
artículos 57, 78, 117, 119, 121 y 131 del mismo
ordenamiento.
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Aunado a lo anterior, es necesario señalar que no obra
medio de prueba alguno en el sumario que demuestre lo
contrario.
TERCERO. Fijación de los puntos controvertidos. En
cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo
299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Sala
procede a fijar clara y precisamente los puntos
controvertidos en el proceso administrativo que nos ocupa:
La parte actora en su escrito de demanda, esgrimió –
literalmente- los siguientes conceptos de impugnación:
«PRIMERO: El Código de Procedimientos y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato establece, en el artículo 137 fracción I que
son elementos de validez de un acto o resolución
administrativa, entre otros, ser emitidos por autoridad
competente.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, faculta únicamente a los organismos
autónomos, por conducto de sus órganos de control
internos, a instaurar y substanciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa respectivo y aplicar las
sanciones a que se refiere dicha ley, pues al respecto
establece:
“ARTÍCULO 7.- Los Organismos Autónomos, por
conducto de sus órganos de control, instaurarán y
sustanciarán el procedimiento de responsabilidad
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administrativa respectivo y aplicarán las sanciones a
que se refiere esta Ley, a los servidores públicos
adscritos a los mismos…”
Por otro lado, la Ley Orgánica de la Universidad de
Guanajuato, señala en su artículo 60 sesenta fracción
VIII octava que se faculta de la Contraloría General de
la Universidad de Guanajuato, sustanciar los
procedimientos disciplinarios por actos u omisiones de
los servidores públicos, comunicando al superior
jerárquico la imposición de las sanciones
correspondientes en los términos de la Ley de
Responsabilidad Administrativa de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
De los dos ordenamientos citados se deduce únicamente
tres atribuciones de la Contraría de la Universidad de
Guanajuato, a saber: instaurar, sustanciar y aplicar las
sanciones administrativas que correspondan, pero no se
encuentra la facultad de resolver el procedimiento de
responsabilidad administrativa.
En el caso que nos ocupa, la autoridad demandada
carece de competencia para emitir la resolución
administrativa impugnada, ya que en su artículo 60
sesenta fracción VIII octava de la Ley Orgánica de la
Universidad de Guanajuato, señala que es facultad de
la contraloría General de la Universidad de
Guanajuato, sustanciar los procedimientos
disciplinarios por actos u omisiones de los servidores
públicos, comunicando al superior jerárquico la
imposición de las Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin
embargo, no se encuentra establecida la facultad de
resolver el procedimiento disciplinario.
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De tal manera que, en el caso ocupa, la resolución
impugnada y emitida por el Contralor General de la
Universidad de Guanajuato, carece de uno de los
elementos de validez de toda resolución administrativa
que consiste en ser emitida por autoridad competente,
hipótesis prevista en el artículo 137 fracción I del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios. Dicho ordenamiento legal
previene en su artículo 143 que la omisión o
irregularidad de cualquier de los elementos de validez
del 137 produce la nulidad de la resolución
administrativa.
Por ende, con fundamento en lo dispuesto en los
diversos 255 y 302 fracción I Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, debe decretarse la nulidad
total de la resolución impugnada y otorgarse en mi
favor todas y cada unas las pretensiones demandadas.
SEGUNDO: El Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato establece, en el artículo 137 fracción VIII
que son elementos de validez de un acto o resolución
administrativa, entre otros, cumplir con las
formalidades del procedimiento administrativo que
establecen los ordenamientos jurídicos aplicables.
La Ley de Responsabilidad Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios establece en el artículo 49 fracción II que el
acuerdo en el que se ordene dar vista al servidor
público, deberácontener (sic), entre otras cosas, las
conductas que le imputan y las disposiciones legales que
se estiman violadas, incluyendo presuntamente si la
conducta se considera grave.
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Pues bien, entre los acuerdos determinados por la
autoridad demandada el día 15 quince de septiembre
del año 2014 dos mil catorce, no se encuentra alguno
que precise de manera clara las conductas por las que
me va seguir el procedimientos administrativo.
Es importante señalar que lo importante es que la
autoridad precise de manera clara cuál fue la conducta
o las conductas que me recriminaba, cosas que no
realizóen (sic) su acuerdo de inicio del caso que nos
ocupa. Pues como señaleén (sic) la descripción de
hechos en la determinación para iniciarme el
procedimiento de responsabilidad administrativa se
emitieron seis acuerdos, y en ninguno de esos acuerdos
se determinóla (sic) conducta imputada. Pues en el
primero señalóque (sic) procedía iniciar el
procedimiento administrativo, en el segundo el registro
del expediente, el tercero la notificación personal, el
cuarto que tendría que rendir un informe, en el quinto la
citación a la audiencia y en el sexto se solicitóinforme
(sic) a la Dirección de Recursos Humanos. Es decir, no
se acordósobre ( sic) cuáles condutas específicas se me
iniciaba el procedimiento de responsabilidad
administrativa y tampoco los supuestos jurídicos
violados y menos se (si) si considerarían.
Es cierto que en el documento entero y particularmente
en los antecedentes se describen hechos, pero en el
primer lugar ese no es el acuerdo, sino el antecedentes
del acuerdo, tal como lo señalóla(sic) autoridad
demandada; en segundo lugar, tampoco hay una
precisión concreta de hechos u omisiones imputadas, y
en el tercero lugar debe precisarse el hecho u omisión
de manera total, en sus circunstancias de tiempo, modo,
y lugar, cosa que en el caso nos ocupa no ocurrió,
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situación que me dejo en estado de indefensión al no
saber con precisión de quéhechos(sic) en concreto u
omisiones específicas debería defenderme.
En esas circunstancias, es evidente quela autoridad
demandada, imcumplióuna (sic) de las formalidades de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios establecidas en el artículo 49 fracción II y
que consistióen (sic) señalar las conductas que se le
imputan y las disposiciones legales que estiman
violadas, incluyendo presuntamente si la conducta se
considera grave. De ahíque (sic) al faltar una de las
formalidades específicas de la Ley que rige el
procedimiento disciplinario debe ser sancionado con
nulidad total de la resolución administrativa como
previene el diverso 143 con relación al 137 fracción
VIII, 255 y 302 fracción IV el Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los
municipios de Guanajuato. Por ende, debe, con
fundamento en mi pretensión de decretarse la nulidad
total de la resolución impugnada asícomo (sic) del
expediente 24/2104 y otorgarse en mi favor todas y
cada una las pretensiones señaladas.
Tercero: El Código de procedimiento y justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato establece, en el artículo 137 fracción VIII
que son elementos de validez de un acto o resolución
administrativa, entre otros, cumplir con las
formalidades del procedimiento administrativo que
establecen los ordenamientos jurídicos aplicables.
El procedimiento del que derivóla (sic) resolución
administrativa se inicióel (sic)día 15 quince se
septiembre de 2014 dos mil catorce, por ende, en dicha
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fecha se encontraba vigente las reformas de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
que se publicaron en el periódico oficial del Estado de
Guanajuato el día 18 dieciocho de octubre del año
2013, en los términos del artículo primero transitorio
del decreto de reforma, pues en el referido precepto se
establece que iniciarála(sic) vigencia de las reformas a
los noventa días siguientes al de su publicación. Es
decir, el día 17 diecsiete de enero del año 2014 dos mil
catorce.
Por otro lado, el artículo tercero transitorio del mismo
decreto de reforma de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios, establece : “Los
procedimientos de responsabilidad administrativa por
conductas cometidas con anterioridad a la vigencia del
presente decreto, continuarán con la normativa con la
se iniciaron, hasta su conclusión.”
Es decir, el artículo transitorio establece que los
procedimientos sobre conductas cometidas con
anterioridad a la vigencia del decreto de reforma,
continuarán con la normatividad con la que
iniciaron, hasta su conclusión, si el decreto mención con
la que iniciaron es evidente que se refiere a
procedimientos que ya hubiera iniciado al comenzar la
vigencia del decreto, lo anterior sin menoscabo que las
leyes de procedimiento no son retroactivas y aplican al
momento en que se sustancia el procedimiento.
De tal menara que en el caso que nos ocupa debióla
(sic) autoridad que sustancióel (sic) procedimiento
disciplinario sujetarse a la normativa con las reformas
publicadas el día 18 dieciocho de octubre del año 2013.
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Entre esas formalidades del procedimiento se
encuentran las establecidas en los artículos 53 parrafo
segundo, y 60 parrafo primero. La primera de dichas
formalidades establece que se le concederáal (sic)
sujeto a procedimiento el término de cinco días hábiles
para ofrecer pruebas, en tanto que la segunda de las
formalidades establece que se le consideráel término de
diez días hábiles para rendir alegatos.
En la audiencia de la Ley la autoridad que desahogóla
(sic) audiencia de let incumplimiento dichas
formalidades pues al respecto señalo después de haber
ofrecido las pruebas documentales, que dijo, ya se
encontraban agregadas al procedimiento y la
confesional a mi cargo, que: “… se concede el uso de la
voz al indiciado a efecto de que ofrezca pruebas… en
términos del segundo párrafo del artículo 54 … de la
Ley …” (hoja cuatro de la audiencia).
Mi abogado solicitó:
… con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53
cincuenta y tres párrafo segundo, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Público del Estado de Guanajuato y sus Municipios se
me conceda el término de 5 cinco días hábiles para las
pruebas … (hoja 6 de la audiencia).
A lo que la autoridad que substanciaba el disciplinario
manifestóque: (sic)
… en cuanto a la solicitud de diferimiento que realiza
resulta aplicable 54 cincuenta y cuatro de la Ley de
responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y
no el citado por el defensor… por lo que se ordena
continuar con la substanciación de la misma. “ ( hoja
22 de la audiencia)
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Caber hacer mención, que anteriormente la audiencia
había señalado que:
… en razón a que la ley de Responsabilidades
administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios no prevéla (sic)
existencia de medio de impugnación alguno en sede
administrativo por medio del cual puedan ser revocadas
o modificadas las determinaciones asumidas por la
autoridad por la autoridad sustanciadora del
procedimiento y mucho menos se prevécomo (sic)
facultad de la sustanciadora de revocar sus propias
determinaciones, consecuentemente se dejan a salvo los
derechos que al respecto considere tener para que
eventualmente los haga valer en medio de impugnación
que considere pertinente en sede jurisdiccional, si
conviene a los intereses de su defendido.(hoja 21 y 22)
Posteriormente, mi abogado le señalo la autoridad se
abstenía de ofrecer pruebas en ese momento a efecto de
no subsanarle una irregularidad a la autoridad
administrativa, en virtud de que la propia autoridad
había dejado a salvo mis derechos. (Véase hojas 23 de
la audiencia)
Acto seguido, la autoridad sustanciadora insistióen (sic)
que era el momento de ofrecer pruebas y me “amenazó
“que me dejaría en imposibilidad de ofrecer pruebas
(véase hojas23 y 24 de la audiencia)
Posteriormente, la autoridad sustanciadora ordenó “…
se declara formalmente cerrada para continuar el
desahogo de la presente audiencia en la etapa de
alegatos, a efecto de lo cual se concede uso de la voz al
servidor público sujeto a procedimiento…”(véase hojas
26y 27 de la audiencias)
A lo anterior mi abogado señaló:
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Que toda vez que este defensor particular considera que
no es el momento procedimental de rendir alegatos y en
virtud de que en el presente procedimiento se han
cometido diversas irregularidades que afectan
sustancialmente el acceso a una defensa justa y a un
debido procedimiento, me abstengo de rendir alegatos
pues la forma en que se ha substanciado este
procedimiento hace nugatoria cualquier defensa.”
(véase hoja 27 de la audiencia)
Acto seguido, la autoridad sustanciadora insistióen (sic)
que era el momento de rendir alegatos y me “amenazó”
que me dejaría en imposibilidad de rendir alegatos
(véase hoja 27 de la audiencia)
Con todo lo anteriormente dicho y con la copia de la
audiencia de fecha 8 ocho de octubre de 2014 dos mil
catorce se acredita fehacientemenete (sic) que:
1. La autoridad no aplicólas (sic) reforma del decreto
publicado en el Periódico Oficial número 167 ciento
sesenta y siete, tercera parte, de fecha 18 dieciocho de
octubre de 2013 dos mil trece, por el que se
reformóla(sic) Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
2. Que no siguióel (sic) procedimiento con las
formalidades establecidas en el artículo 53 párrafo
segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios y que básicamente consistióen (sic) que
se negóa (sic) concederme el término de cinco días
hábiles ñpara ofrecer pruebas;
3. Que no siguióel (sic) procedimiento con las
formalidaders establecidas en el artículo 60 párrafo
primera de la Ley de Responsabilidades
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4. Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato, y sus Municipios y que básicamente
consistióen (sic) que se negóa (sic) a concederme el
término de diez días hábiles para rendir alegatos;
5. Que no estuvo en disposición la autoridad de
regularizar el procedimiento, pues asílo(sic)
manifestóexpresamente (sic), con el argumento de que
no podía revocar sus propias resoluciones y que
posteriormente yo tendría medios de defensa que hacer
valer.
Por lo tanto, al faltar a las formalidades específicas de
la Ley que rige el procedimiento disciplinario debe ser
sancionada la resolución administrativa del
procedimiento disciplinario con la nulidad total como lo
previene del diverso 143 con relación al 137 fracción
VII, 255 y 302 fracción IV del Código de procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.
Por ende, debe, con fundamento en mi pretensión
decretarse la nulidad total de la resolución impugnada y
otorgarse en mi favor, todas y cada una las
presentaciones señaladas».
Por lo que se refiere a la parte demandada, Contralor
General de la Universidad de Guanajuato, al dar
contestación a la demanda señaló que es improcedente la
nulidad total intentada por su contraparte, toda vez que la
resolución impugnada sí cumple con los elementos de
validez exigidos por el numeral 137 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, de tal suerte que sostuvo la
legalidad y validez de ésta.
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Asimismo, expresó que el primer concepto de impugnación
es infundado pues la competencia de la Contraloría, en su
opinión, no emana deriva de una ley secundaria como lo es
la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, sino que
deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en sus diversos 108 y 109, así como en la
particular del Estado en el 122, de la que se desprende la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y por
tanto, la competencia de la Contraloría en los artículos 3,
fracción IV, 7 y 60, de tal suerte que consideró que la
facultad para determinar se encuentra implícita.
Por su parte, argumentó respecto al segundo concepto de
impugnación que la resolución impugnada sí cumplió con
las formalidades esenciales del procedimiento,
específicamente en el acuerdo de inicio de procedimiento,
pues consideró –a su parecer- errónea la apreciación de su
contraparte al considerar que de los puntos resolutivos no se
desprenden las conductas ni demás requisitos mínimos
procedimentales, toda vez que en la totalidad de la
resolución impugnada sí obran los mismos. Además, arguyó
que el acuerdo de inicio –en su opinión- es un acto
administrativo definitivo en contra del cual no está previsto
algún recurso o medio de defensa ordinario por medio del
cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, acorde a
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
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Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios.
Por lo que respecta al tercer concepto de impugnación
expresó que no le asiste la razón al argumentar que le causó
perjuicio que no se hayan aplicado a su favor las reformas a
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios de fecha 18 dieciocho de octubre de 2013 dos
mil trece, en virtud que las conductas imputadas datan del
año anterior (2012 dos mil doce).
Es así, que los aspectos precisados en los párrafos
precedentes, constituyeron los puntos controvertidos en la
presente causa administrativa.
CUARTO. Procedencia. Conforme a lo establecido por el
artículo 261, en íntima vinculación a lo dispuesto en el
diverso numeral 262 ambos del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, por cuestiones de orden público -previo al
estudio del fondo del asunto-, esta Sala procede al análisis
de las causales de improcedencia y de sobreseimiento
previstas en los preceptos normativos antes citados.
Lo anterior, acorde a la jurisprudencia número VI.2o. J/323
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto
Circuito, que es del tenor literal siguiente:
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«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por
ser esa cuestión de orden público en el juicio de
garantías».(Octava Época, Registro: 210784, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de
1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página: 87).
Así como también de conformidad a la tesis aislada de la
antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente a la Séptima Época, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación, 175-180, séptima
parte, materia común, página 438, con el rubro y texto que
a continuación se insertan:
«SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE. La configuración de
motivos de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica que
concurren causas de improcedencia, además de impedir el
examen del fondo del negocio, debe estudiarse oficiosa y
preferentemente, por referirse a una cuestión de orden público en
el juicio de garantías».
Así, quien resuelve no advierte la actualización de alguna
causal que impida el análisis del fondo de la presente causa
administrativa.
Por lo tanto, no es procedente sobreseer el proceso
administrativo en que se actúa.
QUINTO. Análisis de los conceptos de impugnación.
Antes del análisis de los conceptos de impugnación hechos
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valer por el promovente, se precisa que en el capítulo
séptimo titulado “De la sentencia”, relativo al Título
Tercero, del Libro Tercero, de Código de Procedimiento y
Justica Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en el que el legislador local estableció las
reglas para la impartición de justicia administrativa, no se
prevé disposición expresa sobre la manera como este
órgano resolutor debe proceder al estudio de los conceptos
de impugnación formulados en el escrito de la demanda
respectiva, empero tal circunstancia no redunda en la
inaplicabilidad del principio de mayor beneficio de quien
acude como actor ante este órgano jurisdiccional, pues en
términos del artículo 17 de la Constitución Federal, se tiene
la facultad de atender primero los argumentos que puedan
conducir a la nulidad del acto combatido, tal proceder es
acorde con la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en
particular con el principio de completitud establecido en el
numeral citado supralíneas, tal como lo dispone la tesis de
jurisprudencia número P./J. 3/2005 del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Febrero de 2005,
página 5, que reza:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN
DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO,
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE
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REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- De
acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo
directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de
Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el
estudio de los conceptos de violación que determinen su
concesión debe atender al principio de mayor beneficio,
pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados,
no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se
refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar
al prudente arbitrio del órgano de control constitucional
determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de
violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso
tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se
pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el
acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia,
esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de
los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente
aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para
el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final
deberá ser declarado inconstitucional».
Además resulta menester señalar que el estudio de éstos se
abordarán en forma diversa a la enunciada en el escrito de
demanda. Lo anterior, de conformidad con la
jurisprudencia con número de tesis VI.2o.C. J/304,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta correspondiente a la Novena Época, tomo XXIX, de
febrero de 2009 dos mil nueve, visible a página 1677, bajo
el rubro y texto:
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«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O
POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales
Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar
el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, empero no impone la
obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto
por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino
que la única condición que establece el referido precepto es que
se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede
hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio
orden de su exposición o en uno diverso».
Atento a lo anterior, esta Sala realizará el análisis del
concepto de impugnación señalado como «SEGUNDO»
por considerar que es el que mayor beneficio le traería a la
parte actora.
En el citado concepto de impugnación expresó que la
resolución impugnada no cumplió con el elemento de
validez contenido en el artículo 137, fracción VIII, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto, pues – a su
parecer – no se cumplieron con las formalidades del
procedimiento administrativo toda vez que no se aplicó lo
que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios establece en el artículo 49, fracción II, relativo
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a que el acuerdo en el que se ordene dar vista al servidor
público, deberá contener las conductas que le imputan y las
disposiciones legales que se estiman violadas.
Al respecto, este resolutor considera fundado el concepto
de impugnación en estudio por las consideraciones lógicas-
jurídicas que se expresan a continuación:
Para una mejor comprensión del asunto resulta menester
puntualizar que el artículo 49, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
establece:
«ARTÍCULO 49. El acuerdo en el que se ordene dar vista al
servidor público y citarlo personalmente para que acuda a la
audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de
alegatos, deberá contener lo siguiente:
I. El nombre del servidor público contra quien se instaure el
procedimiento;
II. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales
que se estiman violadas;
III. El requerimiento para que nombre defensor o persona de
su confianza para que lo asista, haciéndole saber que en
caso de no nombrarlo, se le designará de oficio;
IV. El señalamiento del término para que rinda el informe a
que se refiere esta ley;
V. La fecha, lugar y hora en que tendrá verificativo la
audiencia;
VI. El señalamiento del derecho que tiene el servidor público
para ofrecer pruebas y manifestar, en la audiencia, lo que
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a sus intereses convenga, así como para presentar
alegatos;
VII. El número de expediente, así como lugar y horario en el
que puede ser consultado;
VIII. El apercibimiento de que si no comparece a la hora y
fecha fijadas para la audiencia sin causa justificada, se
estará a lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley;
IX. El fundamento y motivación de la actuación de la
autoridad que emite el citatorio, y
X. El nombre, cargo y firma de la autoridad que ordenó la
vista y que emite el citatorio; así como la fecha y el lugar
donde se emitió». (Énfasis y subrayado añadido)
Del precepto legal antes reproducido, se aprecia que el
acuerdo, en el que se ordene dar vista al servidor público y
citarlo personalmente para que acuda a la audiencia de
ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como de
alegatos, deberá contener: el nombre del servidor; la
conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se
estiman violadas; el requerimiento para que nombre
defensor y en caso de no nombrarlo la designación de uno
de oficio; el término para que rinda el informe; fecha ,
lugar y hora de la audiencia; el señalamiento de ofrecer
pruebas y presentar alegatos; el número de expediente, así
como el lugar y hora para su consulta; el apercibimiento en
caso de no comparecer; el fundamento y motivación de la
autoridad que emite el citatorio; y, el nombre, cargo y firma
de la autoridad que ordenó la vista.
Ahora bien, el «Acuerdo de inicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa», visible a fojas 13 a 26
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del expediente original, al cual se le otorga valor probatorio
pleno de conformidad con lo establecido en los artículos
48, fracción II, 78, 79 y 121, del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, por tratarse de una documental pública, se
advierte que efectivamente el mismo se emitió en
contravención a lo dispuesto por el artículo 49, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, lo
que ocasionó un vicio en el procedimiento disciplinario
correspondiente que afectó gravemente la defensa del actor
y, trascendió en el sentido del fallo, toda vez que del
mismo se desprende lo siguiente:
«Contralaría General UG
Acuerdos de inicio de procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
Expediente número.- 24/2014
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 15
quince días del mes de septiembre del año 2014 dos
mil catorce.
VISTO el escrito de denuncia número 3175/2013, de
fecha 13 trece de diciembre de 2013 dos mil trece,
presentado por la Directora de Asuntos Jurídicos ante
esta Contraloría General y documentación que a la
misma anexa, mediante el cual solicita la intervención
de esta Contraloría a efecto de que se determine si
existen Responsabilidades Administrativas y quiénes
son presuntos responsables, con motivo del robo de 18
dieciocho equipos de cómputo, marca Samsung,
nuevos y en su empaque original, los que eran parte de
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los equipos adquiridos de la empresa Ingeniería en
Sistemas Avanzados S.A de C.V., a través de un
procedimiento de licitación pública, los cuales
desaparecieron del edificio administrativo de la
División de Ciencias Económico Administrativas del
Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.
Por tal razón la Contraloría General de la
Universidad de Guanajuato se dio a la tarea de
realizar una investigación por indicaciones del
Contralor General, citando para este efecto a las
personas involucradas en los hechos, sirviendo como
fundamento lo previsto por los numerales 2.9 dos
punto nueve, 3 tres, 3.13 tres punto trece, 3.14 tres
punto catorce, 3.15 tres punto quince, 3.16 tres punto
dieciséis y 3.17 tres punto diecisiete, de los
Lineamientos Generales de la Controlaría General
aprobados por la Comisión de Vigilancia del Consejo
General Universitario el 19 diecinueve de agosto de
2010 dos mil diez, mediante acuerdo número
CGU(CV)-100819-13.
ANTECEDENTES
[…]
A C U E R D O
PRIMERO.- Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo
en los artículos 3 tres fracción IV cuarta y 7 siete de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y
artículo 62 sesenta y dos de la Ley Orgánica de la
Universidad de Guanajuato, esta Contraloría General
tiene la facultad de iniciar el siguiente procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, en contra del servidor
público .
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SEGUNDO.- Por consiguiente fórmese el expediente
respectivo y regístrese bajo el número 24/2014 veinticuatro
diagonal dos mil catorce que le corresponde en el libro que
para tales efectos se lleva en esta Contraloría, expediente
que puede consultarse en […]
TERCERO.- Notifíquese personalmente al
el inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa que esta
Contraloría General instaura en su contra, así como a su
superior jerárquico, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 40 cuarenta, fracción I primera y 47 cuarenta
y siete de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, esto con la finalidad de que se respeten las
garantías de audiencia y legalidad consagradas en los
artículos 14 catorce y 16 dieciséis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- Hágasele saber al
que deberá rendir un informe en relación a los
hechos que se le imputan, dentro del término de 5 cinco
días hábiles contados a partir del día siguiente al en que
surta efectos la notificación del presente acuerdo;
asimismo deberá señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones […] y hágase saber que podrá designar
representante o abogado defensor, de conformidad con lo
previsto por los artículos 49 cuarenta y nueve, fracción III
tercera, y 50 cincuenta de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios; informándole que en el supuesto de que no
rinda el informe se le tendrá por negados los hechos u
omisiones que se le imputan y se continuará con la
sustanciación del procedimiento de responsabilidad
administrativa, como así lo prevé el artículo 51 cincuenta y
uno del ordenamiento legal mencionado.
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QUINTO.- Procédase a citar al
, a la audiencia de ofrecimiento, admisión y
desahogo de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo el
día […] en las oficinas que ocupa la Contraloría General
de la Universidad de Guanajuato, ubicadas en Lascuráin
de Retana número 5 cinco (planta alta del patio del Ex
Hospicio Jesuita), zona centro, de la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a las 10:00 diez horas,
apercibiéndolo de que si no comparecen a la hora y fecha
fijada para la audiencia sin causa justificada tal como lo
establece el artículo 52 cincuenta y dos de la Ley de la
Materia, se levantará constancia de ello y se resolverá el
asunto en un término de 5 cinco días hábiles, así mismo, se
le comunica que tiene derecho a ofrecer pruebas y
manifestar en la audiencia lo que a su interés convenga,
así como presentar alegatos, lo anterior con fundamento en
los artículos 49 cuarenta y nueve fracción VI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
SEXTO.- Solicítese información en la Dirección de
Recursos Humanos del servidor público
, la cual debe contener lo siguiente:
nombre del puesto que detenta, lugar de adscripción,
antigüedad, percepción salarial y Registro Federal de
Contribuyentes.
[…]
Así lo acordó y firma el C. P. ,
Contralor General de la Universidad de Guanajuato».
De la anterior transcripción, se advierte que la demandada
resolutora se apartó del contexto general de la fracción II,
del numeral 49, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, que reza:
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«ARTÍCULO 49. El acuerdo en el que se ordene dar vista al
servidor público y citarlo personalmente para que acuda a la
audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de
alegatos, deberá contener lo siguiente:
[…]
II. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales que
se estiman violadas;
[…]».
Lo anterior es así, pues aún y cuando se expresó un
capítulo de «ANTECEDENTES» en el que se aprecian una
serie de actos, contratos, facturas, actas administrativas y
declaraciones, lo cierto es que en ningún punto del acuerdo
transcrito se delimitó adecuadamente la conducta concreta
y las disposiciones legales violadas, por lo que de ninguna
manera la ahora autoridad encausada dio cumplimiento a la
fracción citada.
Ya que no basta que en el acuerdo de inicio del
procedimiento, se le dé a conocer al servidor público en
forma detallada la conducta concreta por la que se le está
encausando, sino que además se le deben de precisar todas
las disposiciones que se estimen violadas.
Aunado a esto, la encausada únicamente a manera de
antecedentes señaló lo siguiente:
«[…] que el C. ,
como empleado público de la Universidad de Guanajuato
tiene a su cargo las obligaciones de cumplir
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diligentemente y con probidad las funciones y trabajos
propios del cargo, así como aquéllas que le sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus
funciones; de cuidar y usar los recursos públicos con
probidad y en la forma prevista por las leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los
que les son asignados para el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, como aquellos a los que tenga acceso
por su función; de igual manera le es obligatorio
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin
perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales
establecidos en la Ley competente, o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión
público; y de resarcir los daños ocasionados a la
hacienda pública; según se advierte del artículo 11 once,
fracciones I primera, IV cuarta, XIX decimonovena y
XXI vigésimo primera de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores públicos del Estado de
Guanajuato en su texto vigente en la época que
acontecieron los hechos; ello con motivo de que el
era el responsable
directo del resguardo de los equipos mencionados […]».
(Énfasis y subrayado añadido) (visible a foja 23,
último párrafo, ibídem)
De tal suerte que la autoridad demandada como se puede
apreciar, no precisó adecuadamente la conducta imputada,
pues en cuanto a los antecedentes que narró omitió
precisar si lo señalado trasgredió la norma por la
realización de un acto específicamente, o bien, de una
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omisión, y tampoco precisó si este causó la suspensión de
un servicio público, o bien, la deficiencia, o bien, implicó
abuso o ejercicio indebido del cargo. Es decir, al no
precisar con toda claridad la conducta que le imputó
inicialmente en los puntos de acuerdo antes descritos, así
como las disposiciones legales que estimó violadas, dejó en
estado de indefensión al justiciable al iniciarse el
procedimiento que a la postre sancionó al hoy accionante.
Con base en lo anterior, es procedente decretar la
NULIDAD TOTAL de la resolución de 26 veintiséis de
noviembre de 2014 dos mil catorce, emitida dentro del
procedimiento de responsabilidad administrativa número
24/2014, al ser producto de un acto viciado de origen como
lo es, el acuerdo de inicio de procedimiento.
Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia correspondiente a la
Séptima Época, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126, sexta
parte, página: 280, con genealogía señalada como Informe
1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito,
Página 47. Informe 1979, tesis 13, página 39, cuyo rubro y
texto son del siguiente tenor:
«ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que
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de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal».
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
300, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; al actualizarse la causal de ilegalidad prevista
en el artículo 302, fracción IV, del mismo ordenamiento
legal.
Al haber realizado el estudio del «SEGUNDO» concepto
de impugnación que resultó ser fundado, es innecesario
realizar el análisis de los restantes, en atención a la tesis de
jurisprudencia que a la letra indica:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO
DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación
vertidos en la demanda de amparo». (Octava Época. Instancia:
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo
de 1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89).
SEXTO. Estudio de las pretensiones de reconocimiento
de un derecho y de condena. Además de la acción de
nulidad, la actora ejercitó la diversa de reconocimiento de
un derecho y la de condena, en los términos transcritos en
el primero de los resultandos de la presente sentencia.
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Al respecto y con el objeto de una mejor intelección de las
acciones intentadas por la actora, resulta importante
expresar y desglosar las pretensiones, en virtud de que las
mismas fueron solicitadas tomando como consideración la
situación jurídica que se actualiza al momento de dictar
sentencia, estas son, a saber:
1. El reconocimiento al derecho y condena para que no
sean aplicadas las sanciones impuestas por la
autoridad demandada, consistente en multa por la
cantidad de $8,862.00 (ocho mil ochocientos sesenta
y dos pesos, cero centavos, moneda nacional); la
destitución del empleo, cargo o comisión que
desempeñaba, así como al cargo de profesor del
tiempo parcial; la inhabilitación para volver a ejercer
un empleo, cargo o comisión pública, durante un
período de 5 cinco años, contados a partir de que la
presente resolución quede firme; la obligación de
resarcir los daños ocasionados a la hacienda
pública, por $148,770.00 (ciento cuarenta y ocho mil
setecientos setenta pesos, cero centavos, moneda
nacional). A su vez, solicitó el reconocimiento a su
derecho a no ser inscrito en el Registro de Servidores
Públicos Sancionados.
2. El reconocimiento a su derecho a que para el caso de
que la autoridad aplicara las sanciones que impone, se
le reintegren las cantidades pagadas por concepto de
multa y por el resarcimiento de daños ocasionados a
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la hacienda pública; además de la reinstalación de su
empleo junto con el pago de todas y cada una de las
prestaciones que haya dejado de percibir durante el
tiempo en que materialmente se hubiera aplicado la
destitución; y por último, el pago de todas aquellas
remuneraciones que pudieran dejar de percibir en
virtud de la aplicación de la inhabilitación por oferta
de trabajo que se le retiraran. Todo lo anterior junto
con los intereses que hayan generado hasta la fecha
en la que la autoridad haga la devolución de la
cantidad pagada, en los términos del artículo 38,
párrafo cuarto, del Código Fiscal para el Estado de
Guanajuato.
3. El reconocimiento a su derecho y la condena a una
disculpa pública que aclare que no fue responsable
de la falta administrativa que le fue imputada.
En primer término, es de precisarse que respecto de los
actos consistentes en que no sean aplicadas las sanciones
impuestas, consistente en la multa, destitución,
inhabilitación y el resarcimiento de los daños
ocasionados a la hacienda pública, tal pronunciamiento
resulta innecesario, porque es claro que los actos
declarados jurídicamente nulos no pueden producir ningún
efecto legal respecto de aquellos individuos contra quienes
se dicten, quedando en situación como si tales actos nunca
hubieran existido.
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Lo anterior obedece, a que al haberse decretado la nulidad
total de la resolución impugnada, se surtirán los efectos
establecidos en el párrafo segundo del diverso numeral 143
del propio ordenamiento, que literalmente se transcribe:
«Artículo 143. La omisión...
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en
sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá
legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que
pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad producirá efectos
retroactivos y los particulares no tendrán obligación de cumplir el
acto.
En caso... ». (El resaltado no es de origen)
Mayormente, no obra constancia alguna en el expediente
de la que se desprenda que dichas sanciones fueron
aplicadas y que, como consecuencia, se hayan realizado
pagos por conceptos de daños y multas que pudieran
generar algún interés en cuanto a lo dispuesto por el
Código Fiscal citado por la parte actora, además que tal y
como se aprecia en la foja 99 del sumario, la autoridad
demandada señaló que no se había llevado a cabo la
ejecución de la resolución impugnada, lo cual deberá
mantenerse así, pues resultaría ilegal ejecutar la hoy
resolución anulada.
Mismo caso acontece en cuanto al reconocimiento al
derecho a efecto de que no se inscribiera a la parte actora
en el Registro de Antecedentes Disciplinarios, pues no obra
constancia que muestre que esto se realizó, aunado a que se
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otorgó la suspensión en cuanto a este acto en el auto
admisorio de demanda.
Resultado de lo señalado en los párrafos que preceden, es
de concluirse que al no haber sido aplicada la sanción, las
pretensiones consistentes tanto en que no se apliquen las
sanciones como en aquellas de que para el caso de
haberse aplicado se restituyan a su persona las mismas,
así como las diversas de condena hechas valer en su escrito
inicial, son improcedentes en virtud de que no se actualizó
la aplicación de la sanción ni el registro de la misma, por lo
que deviene en inexistente dicha situación, por lo que no
ha lugar a reconocer el derecho ni a condenar a la
demandada, por los motivos señalados en los párrafos que
preceden.
Una vez analizado lo anterior, toca turno al estudio de las
pretensión de la parte accionante relativa al reconocimiento
al derecho y la condena a la autoridad demandada a emitir
una disculpa pública que aclare que no fue responsable de
la falta administrativa que le fue imputada por la
encausada.
Al respecto, esta Sala considera que no ha lugar a dicha
pretensión en virtud que una vez analizados los
documentos ofertados como probanzas en el sumario, este
resolutor considera que no obra relación directa con las
pretensiones de reconocimiento al derecho y condena
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solicitadas por la parte accionante como lo es una disculpa
pública, pues no se desprende que ésta haya sufridos daños
como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales que hayan sido resultado de una
acción u omisión de la hoy demandada.
Aunado a lo anterior, no obra en el expediente constancia
alguna que haga suponer lo contrario.
En conclusión, y como se adelantó, este resolutor considera
que NO HA LUGAR AL RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO de la actora NI A LA CONDENA solicitados
por la parte accionante.
Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 1, fracción II, 3, segundo párrafo, 143, 249, 298,
299, 300, fracción II, y 302, fracción IV, del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, se
R E S U E L V E
PRIMERO. Esta Sala, resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo expuesto
en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución.
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SEGUNDO Se decreta la NULIDAD TOTAL DE LA
RESOLUCIÓN de fecha 26 veintiséis de noviembre de
2014 dos mil catorce, emitida por el Contralor de la
Universidad de Guanajuato, dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa 24/2014, atentos a los
razonamientos jurídicos expresados en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta Sentencia.
TERCERO. NO SE RECONOCE EL DERECHO
RECLAMADO POR LA PARTE ACTORA, en los
términos de lo expresado en el CONSIDERANDO
SEXTO de esta resolución.
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el
presente expediente como asunto totalmente concluido y,
dése de baja del Libro de Gobierno de esta Sala.
Así, lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado Vicente de
Jesús Esqueda Méndez Magistrado Propietario que integra
la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, legalmente asistido de la
Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada Ma. Teresa
Solís Martínez quien da feRAA
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Guanajuato, Guanajuato, 26 veintiséis de febrero de 2015
dos mil quince. ------------------------------------------------------
VISTOS para resolver los autos de Juicio Contencioso
Administrativo número 328/2ª Sala/14; y,----------------------
R E S U L T A N D O S
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal el día 4 cuatro de
marzo de 2014 dos mil catorce y turnado a esta Segunda
Sala en fecha 5 cinco del mismo mes y año,
, por su propio derecho,
demandó la nulidad de:
La resolución de fecha 19 diecinueve de diciembre.de 2013 dos mil trece,
emitida con motivo d el procedimiento de responsabilidad administrativa
con número de expediente CM- 012/2013.
En la demanda se señaló como autoridad demandada a la
Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Asimismo, se ejercitaron las acciones de reconocimiento de
un derecho y de condena.------------------------------------------
SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 5 cinco de marzo de
2014 dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda y se
ordenó correr traslado de la misma y sus anexos a la
autoridad demandada. ----------------------------------------------
TERCERO. Mediante auto de 6 seis de junio de 2014 dos
mil catorce se tuvo a la autoridad encausada por
contestando la demanda. Asimismo, se señaló fecha y hora
para la audiencia de ley, misma que se realizó sin la
presencia de las partes.---------------------------------------------
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO. Esta Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo es competente para conocer y
resolver el presente proceso, en los términos de lo dispuesto
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2
por los artículos 82 de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, 1, 2, 3, 20 fracción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato, 1 fracción II, 249 y 250 del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, así como 243 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.------------
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se encuentra
debidamente acreditada en autos, tanto por la constancia que
obra a fojas 9 y 10 del expediente original, como por el
reconocimiento de la autoridad responsable al contestar, lo
cual hace prueba plena en términos del artículo 119 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.-------------------------
TERCERO. Por cuestiones de orden público, esta Sala,
previamente al estudio del fondo del negocio, procede al
análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento.
Al respecto, el Presidente Municipal solicita el
sobreseimiento porque la resolución impugnada no afecta el
interés jurídico del actor, sin embargo, es infundada esta
solicitud.--------------------------------------------------------------
Esto en atención a que el interés jurídico de la parte actora
deriva del hecho de que es la destinataria del acto
impugnado, lo cual implica la posibilidad de que dicho acto
infrinja en perjuicio de la parte actora las disposiciones
legales aplicables. Resulta aplicable el siguiente criterio de
este Tribunal:
INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES SON
DESTINATARIOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.- El interés
jurídico que funda la pretensión del actor deriva, de manera evidente, del
hecho de ser destinatario de un acto administrativo cuya existencia ha sido
debidamente acreditada en autos del presente juicio, y que, al ser dirigido a
dicho gobernado, pudiera infringir en su perjuicio las disposiciones legales
aplicables, por lo que no es atendible el razonamiento de la parte
demandada relativa al sobreseimiento.
EXP. NÚM. 19/954/994. SENTENCIA DE FECHA: 9 DE ENERO DE
1994. ACTOR: . Boletín 15. Enero-Junio de
1995. Pág. 89
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3
Por ello, al no configurarse la causal prevista por el artículo
261, fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato no es procedente sobreseer el presente proceso
conforme al artículo 262, fracción II, del Código citado.------
CUARTO. Esta Sala al no advertir la actualización de
alguna causal de improcedencia y sobreseimiento que se
actualice, procede al estudio de la controversia, para ello, es
conveniente precisarla previamente.------------------------------
Al respecto, el 29 veintinueve de abril de 2013 dos mil trece,
la Contraloría Municipal instauró procedimiento de
responsabilidad administrativa en contra de
, con el número de expediente CM-
012/2013, por la probable comisión de la conducta
consistente en:
A),- Formular, en su caso, los programas, correspondientes a su
competencia; al no establecer y aplicar los procesos de recaudación a fin de
depositar los ingresos a la hacienda Municipal para posteriormente ser
utilizados para la rehabilitación de los caminos rurales, así como del
registro de los mismos; falta administrativa tutelada por el artículo 11
fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
B).- Solicitar y recibir, por sí mismo, dinero, de representantes y delegados
de las comunidades San Rafael, El Álamo, El Saucito, Terreros de la
Sabana, La Colorada, El Galancillo, Don Pedro, Mesa de López, Arroyo
Seco, Sta. Lucía, Pañuelitos, San Francisco de la ERRRE, El Gusano,
Cuesta de Tanderos, San Antón de las Minas y El Masantro de este
Municipio dé Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,
Guanajuato, diversas cantidades que suman un Total de $152,250.00
(ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta peos 00/100 M.N.) a
cambio de realizar obras de rehabilitación de caminos con maquinaria
municipal en contravención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 12
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios; Así mismo, como lo establece
el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios., la
conducta, es considerada grave por causar daños a las personas o sus
bienes.
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4
El 3 tres de septiembre de 2013 dos mil trece se celebró la
audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas,
y de alegatos.--------------------------------------------------------
El 19 diecinueve de diciembre de 2013 dos mil trece la
Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato,
emitió resolución en el procedimiento de responsabilidad
administrativa CM-012/2013, en el que se impuso la sanción
de inhabilitación por un periodo de cuatro años para asumir
cargo público alguno.-----------------------------------------------
Esta resolución es el acto impugnado en el presente
proceso.---------------------------------------------------------------
Una vez precisada la controversia es de advertirse que no se
transcribirán, los conceptos de impugnación de la demanda.
Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción
de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de
2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor
literal siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para
el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
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5
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
valer.
Asimismo, es de señalarse que los conceptos de
impugnación hechos valer por la parte promovente, se
abordarán en forma diversa a la enunciada en la demanda.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia con
número de tesis VI.2o.C. J/304, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la
Novena Época, tomo XXIX, de febrero de 2009 dos mil
nueve, visible a página 1677, bajo el rubro:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.
El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados
de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de
violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin
de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la
obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el
quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los
puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno
diverso.
En relación a lo anterior, es de señalarse que los conceptos
de impugnación primero -en el cual se señaló que la
resolución impugnada es ilegal, ya que no se valoraron las
pruebas- segundo –en el cual se manifestó que la resolución
impugnada es ilegal, ya que está indebidamente fundada y
motivada- a criterio de este juzgador son fundados.-----------
Ello en atención a que de la atenta lectura de la resolución
impugnada, se aprecia que en la misma se aprueba una
recomendación emitida por la Contraloría Municipal dentro
del procedimiento de mérito, en la cual se determinó la
responsabilidad el actor, sin embargo, no obra en autos
ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo
48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
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para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que acredite
que la recomendación de la Contraloría Municipal fue
notificada al actor.--------------------------------------------------
En este contexto era necesario que la resolución impugnada
reprodujera literalmente la recomendación en la cual se basa,
lo cual no aconteció. Resulta aplicable a contrario sensu la
Jurisprudencia (Administrativa) de la Octava Época del
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito. Consultable en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Número 73, Enero de 1994.
Página 57. Con el rubro y texto siguientes:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. CUANDO PUEDE
CONSTAR EN DOCUMENTO DISTINTO AL QUE CONTENGA
EL ACTO RECLAMADO.
Una excepción a la regla de que la fundamentación y motivación debe
constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto, se da
cuando se trata de actuaciones o resoluciones vinculadas, pues, en ese
supuesto, no es requisito indispensable que el acto de molestia reproduzca
literalmente la que le da origen, sino que basta con que se haga remisión a
ella, con tal de que se tenga la absoluta certeza de que tal actuación o
resolución fue conocida oportunamente por el afectado, pues igual se
cumple el propósito tutelar de la garantía de legalidad reproduciendo
literalmente el documento en el que se apoya la resolución derivada de él,
como, simplemente, indicándole al interesado esa vinculación, ya que, en
uno y en otro caso, las posibilidades de defensa son las mismas.
Esto resulta violatorio del artículo 137, fracción VI, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios que señala:
ARTÍCULO 137. Son elementos de validez del acto administrativo:
I. Ser expedido por autoridad competente;
II. Tener objeto físicamente posible, lícito, determinado o determinable,
preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y estar previsto
por el ordenamiento jurídico aplicable;
III. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, motivo o fin del
acto;
IV. Ser expedido sin que medie dolo o violencia;
V. Constar por escrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la
firma autógrafa o electrónica del servidor público, salvo en aquellos casos
en que se trate de negativa o afirmativa fictas, o el ordenamiento aplicable
autorice una forma distinta de emisión, inclusive medios electrónicos;
VI. Estar debidamente fundado y motivado;
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VII. Cumplir con la finalidad de interés público, derivada de las normas
jurídicas que resulten aplicables, sin que puedan perseguirse otros fines,
públicos o privados, distintos de los que justifican el acto;
VIII. Ser expedido de conformidad con las formalidades del procedimiento
administrativo que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables y en
su defecto, por lo dispuesto en este Código; y
IX. Ser expedido de manera congruente con lo solicitado, resolviendo
expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por
las disposiciones jurídicas.
(El énfasis es propio)
De lo anterior se desprende que son elementos de validez de
cualquier acto administrativo, estar debidamente fundado y
motivado.-------------------------------------------------------------
Por otra parte, el artículo 143 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, consigna:
ARTÍCULO 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los
elementos de validez establecidos en el artículo 137 del presente Código,
producirá la nulidad del acto administrativo.
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede
administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni
ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro
acto. Declarada la nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares
no tendrán obligación de cumplir el acto.
En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de
hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la
responsabilidad del servidor público que lo hubiere emitido u ordenado y,
en su caso, a la indemnización para el afectado, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Esto implica que si un acto administrativo no cumplió con
alguno de los elementos del artículo 137 (como estar
debidamente fundado y motivado) producirá su nulidad. Por
lo tanto, se procede decretar la nulidad de la resolución
impugnada, conforme al artículo 143 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, ya que no cumplió con los
requisitos previstos por la fracción VI del artículo 137, del
mismo ordenamiento.-----------------------------------------------
En consecuencia, es procedente decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución impugnada, con base en lo
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dispuesto por el artículo 300, fracción II, del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios, al actualizarse la causal de
ilegalidad prevista por el artículo 302, fracción IV, del
mismo Ordenamiento.----------------------------------------------
Siendo suficientes los conceptos de impugnación primero y
segundo para decretar la nulidad total de la resolución
impugnada, resulta innecesario entrar al estudio del
concepto de impugnación tercero, que refuta la
individualización de la sanción, ya que de resultar fundada
dicha manifestación, no le traería un mayor beneficio a la
parte actora que la nulidad decretada en este fallo, en la cual
se declaró la ilegalidad de la fundamentación y motivación
de la resolución impugnada, de ahí que resulte innecesario el
estudio de los argumentado en el concepto de impugnación
tercero.---------------------------------------------------------------
Resulta aplicable la Jurisprudencia (Común) de la Octava
Época del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación;
Tomo IX, Marzo de 1992; Página 89. Con el rubro y texto
siguientes:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS.
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado,
uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los
demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.
QUINTO. En la demanda se ejerció además la acción de
reconocimiento de derecho en los siguientes términos:
1.- Una impartición de justicia expedita, pronta, completa e imparcial,
mediante el estudio integral de mi demanda y demás promociones y
escritos que incidan en la defensa de mis derechos conculcados a fin de
obtener una sentencia que resuelva el fondo decretando la nulidad total.
2. No ser inhabilitado, así como tampoco ser inscrito en el registro de
servidores públicos sancionados.
Derecho amparado en los artículos 1 primero, 14 catorce, 16 dieciseis (sic),
17 diecisiete, 109 ciento nueve fracción III tercera y 113 ciento trece de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 uno, 2 dos, 7
siete, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 1 uno, 2 dos, 3
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tres, 6 seis fracción l primera, 20 veinte fracción III tercera de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato.
Al respecto, ha lugar a reconocer el derecho del actor a no
ser inhabilitado, ni inscrito en el registro de servidores
públicos sancionados, mientras que no quede acreditado que
incurrió en alguna responsabilidad administrativa, a través
de una resolución debidamente fundada y motivada.----------
Esto, en atención a que en el considerando anterior se
decretó la nulidad de la resolución CM-012/2013, en la cual
se determinó la inhabilitación por cuatro años del actor.-----
Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 298, 300 fracciones III y V y VI, 302, fracción IV,
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato es de resolverse y
se----------------------------------------------------------------------
R E S U E L V E:
PRIMERO.- NO se SOBRESEE el presente proceso
conforme a lo manifestado en el CONSIDERANDO
TERCERO de esta sentencia.------------------------------------
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD TOTAL de los
actos precisados en el RESULTANDO PRIMERO de esta
sentencia, en los términos de lo manifestado en el
CONSIDERANDO CUARTO de la misma.------------------
TERCERO.- Ha lugar al RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO de la actora, en los términos manifestados en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta resolución.------------
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el
presente expediente como asunto totalmente concluido y
dese de baja del Libro de Registro de esta Sala.----------------
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Así, lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado Vicente de
Jesús Esqueda Méndez Magistrado Propietario que integra la
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado, legalmente asistido de la Secretaria de Estudio y
Cuenta Licenciada Ma. Teresa Solís Martínez quien da fe.---
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Guanajuato, Guanajuato, 15 (quince) de julio de 2015 (dos mil
quince).
V I S T O para resolver en definitiva los autos del Proceso
Administrativo número 328/4ªSala/15; y:
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado y recibido en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal el 19
(diecinueve) de febrero de 2015 (dos mil quince) y turnado a esta
Sala el día 20 (veinte) del mismo mes y año, compareció el
ciudadano
, por su propio derecho, promoviendo proceso
administrativo, demandando la nulidad contra el acto y la
autoridad que a continuación se señalan:
AUTORIDAD DEMANDADA:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IRAPUATO,
GUANAJUATO.
ACTO IMPUGNADO:
«La ilegal resolución dictada dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa CM-PARA-031-14, de 10 (diez) de
noviembre de 2014 (dos mil catorce), por el Presidente municipal de
Irapuato, Guanajuato, mediante la cual determina indebidamente en mi
contra, imponer la sanción económica de 167 salarios mínimos. »
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Pretensiones accesorias intentadas. Asimismo, el promovente
pretende el reconocimiento de su derecho a lo siguiente:
«a) Solicito que, con fundamento en los artículos 255, fracción I y 300,
fracción III del vigente Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para nuestra entidad federativa, se decrete la nulidad
total de la resolución impugnada al no haber sido emitida conforme a
derecho, atento a los argumentos jurídicos contenidos en los conceptos
de impugnación que se formulan más delante en este escrito; y
b) Solicito que con fundamento en los artículos 137, fracción VI; 255,
fracción II y 300 fracciones II, IV y V del vigente Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad federativa;
artículo 123, apartado B, fracción XIII y 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 y 132 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato; artículos 11, 12, 20, 21, 22, 23,
23 y 47 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios;
artículo 4 y 9 (a contrario sensu, pues la resolución no se encuentra
sustentada), de la Orgánica para el Estado de Guanajuato, se
reconozcan mis derechos amparados en las normas jurídicas precitadas,
en los términos siguientes:
1º Habiéndose quedado sin efectos la resolución impugnada, se
determine la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte
del suscrito;
2º Así mismo, se conmine a la demandada para que realice las gestiones
necesarias a fin de que se elimine la inscripción de la sanción en el
Registro Municipal de Antecedentes Disciplinarios, o bien, se abstenga
de inscribirla, si aún no lo hace, hasta en tanto se dicte sentencia que
cause ejecutoria e invalide la resolución combatida.
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c) Solicito que, con fundamento en los artículos 255, fracción I y 300,
fracción III del vigente Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para nuestra entidad federativa, se condene a la
autoridad demandada al pleno restablecimiento de mis derechos
violados.»
SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de fecha 20
(veinte) de febrero de 2015 (dos mil quince), se admitió a trámite
la demanda interpuesta y se ordenó correr traslado de la misma a
la autoridad demandada, para efectos de que en el término de ley
formulara su contestación de demanda.
TERCERO. Por proveído de fecha 26 (veintiséis) de marzo de
2015 (dos mil quince), se tuvo a la autoridad demandada
Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato, por dando
contestación a la demanda en tiempo y forma, en los términos de
su escrito exhibido. Procediéndose además a señalar fecha y hora
para la celebración de la AUDIENCIA DE ALEGATOS,
misma que tuvo verificativo sin la asistencia de las partes, no
obstante que de constancias de autos, se desprende que fueron
legalmente notificadas y citadas a la misma; formulando apuntes
de alegatos por escrito ambas partes.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el Estado, es competente para
conocer y resolver el presente proceso contencioso
administrativo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
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el artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, que dispone:
«Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer, en primera
instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra
de:(...)
III.- Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios (...)»
Por su parte, el numeral 61 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, establece que:
«La resolución en la que se imponga una sanción podrá impugnarse
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tratándose de
servidores públicos adscritos a la administración pública estatal o
municipal, en los términos de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Guanajuato.»
Por lo que de los preceptos legales anteriormente transcritos,
evidentemente se desprende que este Tribunal tiene competencia
para conocer de la ilegalidad del acto impugnado, y por ende,
proceder al estudio de los juicios que se inicien en contra de los
actos administrativos y resoluciones provenientes de la
administración pública del Estado o de los Municipios.
Por lo tanto, esta Sala se declara COMPETENTE, para conocer
y resolver el presente asunto, con fundamento además en los
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artículos 1º, fracción II, 3° segundo párrafo, 249, 255, 263, 265 y
266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues se impugna la
resolución definitiva emitida en el procedimiento de
responsabilidad administrativa número CM-PRA-031-14, de 10
(diez) de noviembre de 2014 (dos mil catorce).
SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia del
acto impugnado se encuentra debidamente acreditada en autos,
atento a la documental anexada por la parte actora a su escrito
inicial de demanda visible dentro del expediente original, así
como por el reconocimiento expreso de su existencia por la
autoridad demandada al dar contestación a la demanda.
TERCERO. Narración sucinta de los conceptos de
impugnación. Esta Sala aclara que no transcribirá los conceptos
de impugnación expuestos por el actor en su escrito inicial de
demanda, ni los argumentos usados por la autoridad demandada
tendientes a controvertir la eficacia de aquéllos; ello de
conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis
número 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente
a la Novena Época, tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez,
consultable a página 830, bajo el siguiente rubro:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
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EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNCESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN.
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate,
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión
de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
valer.»
CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento.
Respecto a lo establecido por el artículo 261, en íntima
vinculación a lo dispuesto en el diverso numeral 262 ambos del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Sala advierte que
no se actualizó causal de improcedencia o de sobreseimiento
alguna que impida el análisis del fondo de la presente causa.
QUINTO. Consideraciones previas. Antes de emprender el
análisis de los conceptos de impugnación hechos valer por el
promovente, se precisa que en el capítulo séptimo titulado “De la
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sentencia”, relativo al Título Tercero, del Libro Tercero, del
Código de Procedimiento y Justica Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, en el que el legislador local
estableció las reglas para la impartición de justicia
administrativa, no se prevé disposición expresa sobre la manera
como este órgano resolutor debe proceder al estudio de los
conceptos de impugnación formulados en el escrito de la
demanda respectiva, empero tal circunstancia no redunda en la
inaplicabilidad del principio de mayor beneficio de quien acude
como actor ante este órgano jurisdiccional, pues en términos del
artículo 17 de la Constitución Federal, se tiene la facultad de
atender primero los argumentos que puedan conducir a la
nulidad del acto combatido, tal proceder es acorde con la
garantía de acceso efectivo a la justicia, y en particular con el
principio de completitud establecido en el numeral citado
supralineas, tal como lo dispone la tesis de jurisprudencia
número P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, febrero de
2005, página 5, que establece:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE
ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO,
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO
POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- De acuerdo con la técnica
para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los
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Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de
que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su
concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose
omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya
alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a
constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente
arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia
en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia
que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo
anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real,
completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los
diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo
se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un
mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de
autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.»
Estudio de los conceptos de impugnación. Para efectos del
análisis integral de los conceptos de impugnación, esta Sala
considera menester precisar, que de los conceptos de
impugnación expresados en el escrito inicial de la actora, esta
Sala realizará el estudio, en primer término, del que considera
trascendental para emitir la presente resolución, como lo es el
señalado por la actora como «PRIMERO», con fundamento en la
tesis jurisprudencial número VI.2o.C.J/304, aplicable por
identidad sustancial, sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época,
tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto
dicen:
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«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El
artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los
Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los
conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de
las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero
no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden
propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad,
sino que la única condición que establece el referido precepto es que se
analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de
manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su
exposición o en uno diverso.»
Lo anterior no obstante que este órgano jurisdiccional se
encuentre constreñido a ocuparse de todos los motivos de
disenso en que se basa la pretensión anulatoria del accionante,
pues lo cierto es que preferentemente debe enfocarse al estudio
de los inclinados a obtener una nulidad lisa y llana del acto
debatido, pues de resultar éstos fundados se produciría un mayor
beneficio jurídico al justiciable dada la eliminación total de todos
sus efectos.
Máxime porque no existe una disposición expresa en el Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, que establezca el orden en que deben
analizarse los conceptos de impugnación.
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Por el contrario, el juzgador se encuentra compelido a hacer
efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia
contemplada en el numeral 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Ello al tenor del criterio sostenido
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y
de Trabajo del Decimosexto Circuito, contenido en la tesis
siguiente:
«CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE
AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD
LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR
UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 17 constitucional consagra
la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual se encuentra
encaminada a asegurar que las autoridades -órganos judiciales o
materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, completa,
gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios que consagra
dicha garantía es el de exhaustividad, entendiéndose por tal la
obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas
a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre
alguna. Por su parte, los numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la
existencia de dos requisitos que deben observarse en el dictado de las
resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si bien es
cierto que en la citada ley no existe una disposición expresa que
establezca el orden en que deben analizarse los conceptos de
anulación, también lo es que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado se encuentra constreñido a ocuparse de
todos los motivos de impugnación en que descansa la pretensión
anulatoria del actor, y preferentemente de los orientados a declarar la
nulidad lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se
producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se
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eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, con lo
que se respeta la garantía de acceso efectivo a la justicia y, en
particular, el principio de completitud que ésta encierra.». (Novena
Época, Registro: 166717, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis:
XVI.1o.A.T. J/9, Página: 1275.).
En esas condiciones, corresponde ahora adentrarse al estudio de
los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora.
Así tenemos que en el marcado como primero, en esencia se
establece que «La resolución impugnada me causa evidente agravio,
toda vez que actualiza en mi perjuicio la causal de ilegalidad contenida
en la fracción IV, del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa del Estado, ello porque los supuestos elementos de prueba
fueron valorados de manera indebida, por lo cual, se dictó el acto en
contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las
debidas.
Esta tesis se confirma, pues mi contraparte pretende acreditar la supuesta
responsabilidad administrativa del suscrito, relativa a las fracciones I, IV
y XIX del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, con diversos medios
de convicción que valora indebidamente, en mi entero perjuicio.
(…)»
Al respecto, quien resuelve estima que dichas alegaciones
resultan fundadas y suficientes para declarar la nulidad del acto
que se combate.
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En la especie, de constancias de autos se desprende que obra la
resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad
administrativa número CM-PRA-031-14, de fecha 10 (diez) de
noviembre de 2014 (dos mil catorce), de la cual se advierte que
al hoy actor se le instruyó un procedimiento de responsabilidad
administrativa por las conductas consistentes en:
«(…) por no cuidar los recursos públicos que le fueron asignados para
el desempeño de sus funciones que en su momento tenía encomendadas
realizar en la Dirección de Control Patrimonial, esto en razón de que al
revisar lo (sic) bienes muebles que tenía bajo su resguardo, se
detectaron los faltantes de una computadora HP Lap Top portátil negra
con numero de inventario 28027, la cual se encontraba en un archivero
bajo su resguardo el cual contaba con llave y cerrojo en buenas
condiciones; 52 anaqueles o estantes que no se tiene su ubicación los
cuales fueron reubicados y/o asignados a otras dependencias, no
realizándose el procedimiento de resguardo de dichos bienes al personal
del área a donde se asignaron; y una tarjeta de red inalámbrica (TP-
LINK MODELO TL-WN321G BLANCO/NEGRO), la cual tenía bajo su
resguardo comprometiéndose el ahora sujeto a procedimiento a
devolverla al personal de la Dirección de Control Patrimonial, si
haberlos hecho (…)»
Asimismo, como disposiciones infringidas se señaló lo
establecido en los numerales 2 y 11 fracciones I, IV, XIX y 21
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
que establecen:
« Artículo 2.- Son servidores públicos los mencionados en los artículos
122 y 126 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así
como todas aquellas personas que manejen, administren o apliquen
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Pública
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recursos públicos estatales, municipales, o federales, concertados o
convenidos por el Estado con la Federación o con municipios; quienes
deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Serán
sujetos de responsabilidad administrativa y resarcitoria cuando
incumplan las obligaciones o incurran en las conductas prohibidas
señaladas en esta ley, así como aquéllas que deriven de otras leyes y
reglamentos, con las salvedades establecidas en la presente ley.
(Párrafo reformado. P.O. 18 de octubre de 2013)
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como a las
personas que hubieren ocupado un empleo, cargo o comisión dentro del
servicio público, con las salvedades que esta ley establezca.
(…)
Artículo 11.- Son obligaciones de los servidores públicos:
I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos
propios del empleo, cargo o comisión, así como aquéllas que les sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades;
(Fracción reformada. P.O. 18 de octubre de 2013)
(…)
IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma
prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto
los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función;
(…)
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de sus
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derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público;
(…)
Artículo 21.- Se considerarán conductas graves, las contravenciones a
las disposiciones de esta ley que contengan obligaciones o prohibiciones
y que produzcan daños a las personas o a sus bienes, así como
beneficios de carácter patrimonial o económico, lucro o cualquier tipo
de ventaja para el servidor público o para cualquiera de las personas
señaladas en la fracción III del artículo 12, o que causen daños o
perjuicios a alguna de las autoridades previstas en el artículo 3.
Asimismo se considerará grave el incumplimiento a las obligaciones
previstas en el artículo 11 o por incurrir en las conductas prohibidas por
el artículo 12 de esta ley, cuando el servidor público haya sido
previamente declarado responsable por otra falta administrativa, dentro
del año anterior al día de la comisión de la conducta grave.»
Finalmente, la autoridad demandada determinó imponer al actor
como sanción administrativa la prevista en el artículo 22,
fracción IV, inciso a), en relación con el artículo 13, fracción II y
15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
consistente en sanción económica de 167 salarios mínimos.
Ahora bien, de la revisión que se hace a la resolución
controvertida, se advierte que como pruebas aportadas en el
procedimiento administrativo se tuvieron y valoraron entre otras:
«Conducta que igualmente se acredita mediante con los siguientes medios de
convicción:
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(…) Mediante citatorio de fecha 11 de Agosto de 2014, se
solicitó la presencia en la contraloría municipal a la C.
coordinadora administrativa de
la Dirección de Control Patrimonial, el día 20 de Agosto de
2014 a las 12:00 horas, a efecto de llevar acabo el desahogo
de la testimonial ofrecida por el servidor público municipal
sujeto a procedimiento. Misma que se llevó acabo en la fecha
y hora cita. (hace trascripción)
(…) Mediante citatorio de fecha 11 de Agosto de 2014, se solicitó
la presencia en esta contraloría municipal al C.
el día 20 de Agosto de 2014 a las
14:00 horas, a efecto de llevar el desahogo de la testimonial
ofrecida por el servidor público municipal sujeto a procedimiento.
Misma que se llevó acabo en la fecha y hora cita. (hace
trascripción) [lo subrayado y destacado es propio]
A las cuales la autoridad demandada les asignó el siguiente valor
probatorio:
«Valoración: A estas testimoniales se le da el valor probatorio pleno
dado que por la capacidad de quienes depusieron, por la factibilidad de
percibirse los hechos respecto de los cuales vertieron su a testo a través
de los sentidos así como por espontaneidad y coincidencia respecto de
los hechos materia del presente procedimiento que ahora se resuelve en
términos de los numerales 48, 96, 126 fracción I del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
(…)
Valoración: A estas testimoniales se le da el valor probatorio pleno dado
que por la capacidad de quienes depusieron, por la factibilidad de
percibirse atraves de los sentidos los hechos respecto de los cuales
vertieron su atesto, así como por espontaneidad y coincidencia respecto
de los hechos materia del presente procedimiento que ahora se resuelve,
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pues a manera de resumen y en cuanto a lo que a la causa interesa
coincidentemente refieren sobre los instrumentos faltantes en términos
de los numerales 48, 96, 126 fracción I del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.»
De la anterior trascripción se desprende claramente que la
autoridad demandada hizo una apreciación según lo establecido
en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, otorgándoles valor
probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 48, 96
y 126, fracción I, del mencionado Código.
En esa tesitura, la autoridad demandada hace un análisis de las
probanzas únicamente formal ya que a los medios probatorios les
otorgó un valor determinado, pero omitió el aspecto de fondo, en
el que se determina si la probanza en cuestión tiene relación con
la conducta imputada.
Ante la referida distinción, debe decirse que la circunstancia de
que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no
necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos
afirmados por su oferente.
Así, esta Sala considera que al entenderse por motivación el
razonamiento inherente a las circunstancias de hecho contenidas
en el texto del acto, para establecer la adecuación de la conducta
en el supuesto jurídico contenido en la norma, es evidente que
los testimonios valorados por la demandada resultan
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insuficientes ya que de los mismos no se desprende las
conductas imputadas al hoy actor.
Robustece lo anterior, el Criterio Jurisprudencial sustentado por
la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, consultable en 7a.
Época, volumen 151-156, Tercera Parte, página 225, bajo el
siguiente texto:
«MOTIVACION, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el
artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el
texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite
llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta
exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es
decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las
circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la
adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.»
En dicho contexto, de las testimoniales desahogadas no se
acredita en ningún momento que le hubieran asignado recursos
públicos para el desempeño de sus funciones en la Dirección de
Control Patrimonial, ni que tuviera facultades para designar
bienes muebles, ya que no se vertió razonamiento jurídico
alguno tendiente a determinar el alcance probatorio de las
testimoniales desahogadas en el procedimiento de
responsabilidad administrativa CM-PRA-031-14, ni mucho
menos el efecto de su evaluación, con lo cual evidentemente no
se puede tener por acreditada la conducta imputada al
impetrante, pues para ello, resulta necesario que las pruebas
deban ser objeto de un cuidadoso examen para arribar a la
conclusión de sí son o no eficaces para demostrar los hechos o la
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finalidad que con ellas se persigue, así como expresar en cada
caso la razón que justifique dicha conclusión –motivación-.
Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente tesis
jurisprudencial, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis
Comunes, visible en la página 2382, que reza:
«PRUEBAS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS. Para que puedan
considerarse debidamente analizadas y valoradas determinadas
pruebas, no es suficiente citarlas, sino que deben ser objeto de
cuidadoso examen con la conclusión de si son o no eficaces para
demostrar los hechos o la finalidad que con ellos se persigue, además de
expresarse, en cada caso, la razón que justifique la conclusión a que se
llegue.».
Así como la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte,
Salas y Tesis Comunes, visible en la página 2440, que reza:
«PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. El estudio de las pruebas no
debe ser aislado, considerándolas individualmente, sino que deben
coordinarse unas con otras, hasta llegar a establecer en el juzgador la
convicción de la verdad de los puntos a debate.».
De igual forma, sirve de apoyo por identidad sustancial, la tesis
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de
2004, página 1416, que a la letra prevé:
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«PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda
tenerse por acreditada alguna causa
de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito
indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación
se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente
sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos,
idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los
elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe
estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de
probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones
de responsabilidad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA.»
Consecuentemente, lo procedente es decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución, de fecha 10 (diez) de noviembre de
2014 (dos mil catorce), dictada en el procedimiento de
responsabilidad administrativa número CM-PRA-031-14, a
través de la cual se resolvió imponer a
la sanción económica de 167 salarios mínimos.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
300, fracción II y 302, fracción II del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Lo anterior encuentra sustento por similitud en la tesis
VI.2o.C.156 K, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, febrero
2003, página 975, bajo el rubro y texto siguientes:
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«AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE
SU ESTUDIO, CUANDO SE ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN
DE PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA.
Si el tribunal de alzada no se ocupó de los agravios en los que el
recurrente alega que en la sentencia de primer grado no se valoraron
adecuadamente las pruebas que obran en autos, ello necesariamente
implica que la Sala responsable también omitió analizar las citadas
probanzas, privando al apelante no sólo del derecho de que se analicen
sus agravios en relación con el fundamento esencial que sustenta la
sentencia recurrida, como lo sostiene este propio Tribunal Colegiado en
la jurisprudencia intitulada: "AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS
DEBE HACER LA RESPONSABLE.", sino además de que el recurrente
conozca las razones específicas por las que no se les otorgó valor
convictivo a las pruebas que obran en autos, por lo que la sentencia
reclamada resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad
jurídica consagradas en los artículos14 y 16 constitucionales.»
Así como en lo que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, en la siguiente tesis
publicada en el Semanario Judicial de la Federación; Octava
Época; Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, visible
en la página 44, que reza:
«ACTO RECLAMADO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN DEL. TIENE EFECTOS DISTINTOS AL CASO EN
QUE ESTAS SEAN INDEBIDAS. En efecto, cuando el acto reclamado
carece de fundamentación y motivación legales, es decir, cuando en el
mandamiento de autoridad no se invoca ningún precepto legal o
reglamentario en que se apoye, ni se expone ningún motivo para haberlo
emitido, en este caso se trata de violaciones formales, y la concesión de
la razón implicará la obligación de anular el acto reclamado, así como
todas sus consecuencias y efectos, sin perjuicio de que si así lo considera
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conveniente, la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones
legales, pueda emitir un acto nuevo frente al quejoso, con el mismo
sentido de afectación, pero señalando las normas legales en que se funda
y las razones para realizarlo. En el caso de un acto indebidamente
fundado y motivado, en el mandamiento escrito si se invocan
disposiciones legales o reglamentarias, pero éstas no se adecuan a la
situación concreta del quejoso, en este caso se está frente a una
violación material, y el juzgador deberá analizar las modalidades del
caso concreto para concluir que éste se encuentra dentro de los
supuestos normativos que adujo la autoridad que emitió el acto, en esta
hipótesis el otorgar la razón al afectado estriba en invalidar el acto
impugnado y sus efectos y consecuencias, sin que la autoridad emisora
deba dictar otro acto con igual sentido de afectación.».
SEXTO. Por lo que respecta a las acciones ejercitadas por la
parte actora, previstas en la fracciones II y III del artículo 255,
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, consistentes en el
reconocimiento de su derecho para que se determine la
inexistencia de responsabilidad administrativa del actor, así
como para no ser inscrito en el registro de antecedentes
disciplinarios de los servidores públicos municipal y se condene
al pleno restablecimiento de sus derechos violados.
Esta Sala estima que al haberse decretado la nulidad total del
acto impugnado, es evidente que le asiste el derecho al actor en
los términos peticionados.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento además en los
artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo, 249, 255, fracciones
I y III, 263, 265, 266, 279, 298, 299, 300, fracción II y 302,
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fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
es de resolverse y se.
R E S U E L V E
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y
resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el
CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD de la resolución de fecha
10 (diez) de noviembre de 2014 (dos mil catorce), dictada dentro
del procedimiento de responsabilidad administrativa número
CM-PRA-031-14, por las razones establecidas en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta resolución.
TERCERO. SE RECONOCE EL DERECHO reclamado por
la parte actora, de conformidad con lo señalado en el
CONSIDERANDO SEXTO de esta resolución.
CUARTO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, y en su
oportunidad procesal, archívese el expediente como asunto
concluido y dese de baja del Libro de Registro de esta Sala.
Así lo resolvió y, firma el C. Licenciado Alejandro Santiago
Rivera, Magistrado Supernumerario del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato,
convocado en sesión ordinaria de Pleno número 36, de fecha 1
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(uno) de octubre de 2014 (dos mil catorce), quien actúa asistido
legalmente con Secretaria licenciada Judith Barrera Robledo,
quien da fe.
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Guanajuato, Guanajuato, 5 (cinco) de agosto de 2014
(dos mil catorce).
V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del
Proceso Contencioso Administrativo expediente número
428/2ª.Sala/14, radicado en esta Segunda Sala y;
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado y recibido en
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal el día
19 (diecinueve) de marzo de 2014 (dos mil catorce) y
turnado a esta Segunda Sala el mismo día, compareció el
ciudadano ,
por su propio derecho promoviendo proceso
administrativo, demandando la nulidad contra el acto y la
autoridad que a continuación se señalan:
AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato.
ACTO IMPUGNADO:
Resolución, de fecha 16 (dieciséis) de diciembre de
2013 (dos mil trece), a través de la cual se resolvió
imponer a Ex
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2
Tesorero Municipal la sanción administrativa de
inhabilitación por seis meses para ejercer un
empleo, cargo o comisión pública por la probable
responsabilidad administrativa derivada de sus
funciones en relación con no realizar el registro
contable de los pasivos de manera oportuna durante
el ejercicio fiscal -2011-.
Asimismo, el promovente solicitó una impartición
de justicia expedita, pronta, completa e imparcial,
así como a no ser inhabilitado, ni inscrito en el
registro de servidores públicos sancionados.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 20 (veinte) de marzo
de 2014 (dos mil catorce), se admitió a trámite la
demanda y se ordenó correr traslado de la misma y de
sus anexos a la autoridad demandada el H.
Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato; y, se acordó
otorgar la suspensión del acto reclamado a efecto de
mantener las cosas en el estado en que se encontraban y
no se inscribiera a la actora en el registro de antecedentes
disciplinarios, así como para que la autoridad demandada
se abstuviera de registrar la sanción de inhabilitación por
seis meses en el registro de servidores públicos
sancionados, hasta en tanto se pronunciara la presente
resolución.
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3
TERCERO. Por proveído de fecha 15 (quince) de mayo
del año que transcurre, se tuvo a la autoridad demandada,
por dando contestación al escrito inicial de demanda en
tiempo y forma en los términos de su escrito exhibido;
procediéndose además a citar a las partes a la
AUDIENCIA DE ALEGATOS, la cual tuvo
verificativo sin la asistencia de las partes, no obstante
que de constancias de autos, se desprende que fueron
legalmente notificadas y citadas a la misma. No haciendo
uso de su derecho ninguna de las partes de formular
apuntes de alegatos por escrito; y.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Esta Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo es competente para conocer y resolver el
presente proceso contencioso administrativo. Lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2,
20 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo en el Estado; 263, 279, 286,
298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, así como en el numeral 243 primer párrafo
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado.
SEGUNDO. La existencia del acto impugnado se
encuentra debidamente acreditado en autos, atento al
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medio de prueba aportado por la parte actora en su
escrito de demanda, como se constata a fojas 10 a 19 del
sumario, así como por el reconocimiento expreso de su
existencia por la autoridad demandada al dar
contestación a la demanda, mismo que constituye un
documento público que merece valor probatorio pleno de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48,
fracción II 78 y 121 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
TERCERO. Esta Sala de manera oficiosa, acatando el
mandato legal y jurisprudencial y, a petición de parte
además procede al análisis de las causales de
improcedencia y de sobreseimiento que pudieran existir,
tal como lo establece la tesis jurisprudencial número 940,
publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis
Comunes, visible en la pág. 1538, que por analogía tiene
aplicación directa y que reza:
«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo,
por ser esa cuestión de orden público en el juicio de
garantías.»
Así como también de conformidad a la Tesis Aislada de
la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia
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5
de la Nación, correspondiente a la Séptima Época.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 175-180
Séptima Parte. Materia(s): Común. Tesis:. Página: 438,
con el rubro y texto que a continuación se insertan:
«SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE. La configuración de
motivos de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica
que concurren causas de improcedencia, además de impedir
el examen del fondo del negocio, debe estudiarse oficiosa y
preferentemente, por referirse a una cuestión de orden
público en el juicio de garantías.».
En la presente causa administrativa, la autoridad
demandada refirió que se actualiza la causal de
improcedencia señalada en la fracción IV del artículo
261, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, lo que indica en los términos siguientes:
« a) Se actualizan (sic) la causal de improcedencia señalada en
la fracción IV del artículo 261 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, lo cual a letra menciona:
ARTÍCULO 261. El proceso administrativo es improcedente
contra actos o resoluciones:
(…)
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IV. Respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o
tácito, entendiendo que se da este último únicamente cuando no
se promovió el proceso administrativo ante el Tribunal o los
Juzgados, en los plazos que señala este Código;
Esto derivado de que en el escrito inicial de demanda que
presenta la parte actora en el apartado de “RESOLUCION
QUE SE IMPGUNA (sic) Y FECHA EN QUE SE NOTIFICO”
el actor no hace referencia alguna al día en que fue notificada
la resolución que en estos momentos se impugna.
Aunado a lo anterior en la narrativa de su hecho “4” el actor
confiesa que: “Seguida la tramitación del procedimiento
disciplinario con fecha del día 16 dieciséis de diciembre de
2013 dos mil trece, me fue notificada la resolución en dos fojas
útiles por ambos lados.”
b) Se actualiza la causal de improcedencia señalada en la
fracción IV del artículo 261 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, específicamente para el inicio del procedimiento
de responsabilidad administrativa, ya que este nunca fue ni ha
sido impugnado por el actor.
Aunado a lo anterior, y suponiendo sin conceder que se tenga
al actor por impugnado el inicio de procedimiento, esto seria
incorrecto atendiendo a lo establecido por la fracción III del
artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, la cual menciona:
ARTÍCULO 20. Las Salas del Tribunal son competentes para
conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos
que se promuevan en contra de:
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(…)
III. Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios;
Por lo que solicito a su Señoría decretar el sobreseimiento en
lo que respecta al inicio de procedimiento de responsabilidad
administrativa.»
A juicio de este juzgador, la causal de improcedencia
resulta ser infundada y, por ende, insuficiente para
decretar el sobreseimiento del juicio en mérito de las
siguientes consideraciones:
En primer lugar es menester señalar que el
consentimiento tácito al que hace referencia el artículo
261 fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, se refiere a la posibilidad que tiene todo
gobernado de impugnar los actos administrativos y
promover su demanda dentro del plazo a que hace
referencia en el caso a estudio, el artículo 263 primer
párrafo del mismo cuerpo de ley, esto es, dentro de los
treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos
la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél
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en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su
ejecución, que textualmente establece:
«ARTÍCULO 263. La demanda deberá formularse por escrito
y presentarse ante el Tribunal o Juzgado respectivo dentro de
los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos
la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en
que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su
ejecución, con las excepciones siguientes (...)». (lo subrayado
es propio).
En segundo lugar, cabe precisar que conforme a lo
dispuesto por el artículo 33 fracción I, del referido
Código, que prevé:
«El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:
I.- Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta
efectos la notificación y se incluirán en ellos el día del
vencimiento que se considerara completo;
(...)».
De lo anterior se infiere que el término de los 30 treinta
días que tiene el actor para presentar su demanda ante
este H. Tribunal, comienzan a correr a partir del día
siguiente a aquel en que haya surtido efectos la
notificación del acto impugnado, esto es, dentro de los
treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos
la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél
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en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su
ejecución.
Ahora bien, el acto impugnado se notificó al actor el 5
(cinco) de febrero de 2014 (dos mil catorce), lo que
implica que los treinta días para presentar la demanda
comienzan a contar al día siguiente en que surta efectos
la notificación del acto impugnado.
De aquí que surtió efectos la notificación hasta el 6 (seis)
de febrero de 2014 (dos mil catorce), así comenzaron a
contar los treinta días hábiles, siendo el primer día el 7;
le continuaron los días 8 y 9 fueron inhábiles por ser
sábado y domingo, así continuaron los días 10 (2), 11
(3), 12 (4), 13 (5) y 14 (6); el 15 y 16 fueron inhábiles
por ser sábado y domingo, así le siguieron los días 17
(7), 18 (8), 19 (9), 20 (10) y 21 (11); el 22 y 23 fueron
inhábiles por ser sábado y domingo; así le siguieron los
días 24 (12), 25 (13), 26 (14), 27 (15) y 28 (16); en tanto
que 1 y 2 de marzo fueron inhábiles por ser sábado y
domingo; le continuaron los días 3 (17), 4 (18), 5 (19), 6
(20) y 7 (21); el 8 y 9 fueron inhábiles por ser sábado y
domingo; le siguieron los días 10 (22), 11 (23), 12 (24),
13 (25) y 14 (26); el 15 y 16 fueron inhábiles por ser
sábado y domingo; le siguió el día 17 mismo que fue
inhábil en conmemoración al natalicio de Benito Juárez.
De esta forma, le continuaron los días 18 (27) y 19 (28),
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este último día en que se presentó la demanda; según se
constata del sello que obra estampado por la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal, habiéndose
presentado ésta dentro de los treinta días hábiles
preceptuado por el artículo 263 primer párrafo, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.
De esta manera, es improcedente el sobreseimiento en el
presente proceso, ya que no se configura lo dispuesto en
los artículos 261, fracción IV del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
Finalmente, referente a su argumento «Aunado a lo anterior
en la narrativa de su hecho “4” el actor confiesa que: “Seguida la
tramitación del procedimiento disciplinario con fecha del día 16
dieciséis de diciembre de 2013 dos mil trece, me fue notificada la
resolución en dos fojas útiles por ambos lados.”», debe decirse
que es erróneo, ya que del punto VII del capítulo de
hechos del escrito inicial de demanda, no se desprende
ningún hecho cuatro.
CUARTO. No existiendo impedimento legal alguno,
esta Sala del conocimiento realizará el estudio de los
conceptos de impugnación que hizo valer el actor, sin
que sea necesaria su transcripción, así como tampoco la
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diversa de los argumentos esgrimidos por la autoridad
encausada tendientes a controvertir su eficacia.
Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por
contradicción de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena
Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez,
consultable a página 830, que es del tenor literal
siguiente:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del
capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas
generales", del libro primero "Del amparo en general", de
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en
su caso, los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos
a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito
de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la
cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.
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Pública
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12
Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, atendiendo a las características especiales
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.».
Para efectos del análisis integral de los conceptos de
impugnación, esta Sala considera menester precisar, que
de los conceptos de impugnación expresados en el
escrito inicial de la actora, esta Sala realizará el estudio,
en primer término, del que considera trascendental para
emitir la presente resolución, como lo es el señalado por
la actora como PRIMERO, con fundamento en la
siguiente tesis jurisprudencial número VI.2o.C.J/304,
aplicable por identidad sustancial, correspondiente a la
Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro
y texto dicen:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.
PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL,
CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de
la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de
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Pública
TCA
13
Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el
examen conjunto de los conceptos de violación o agravios,
así como los demás razonamientos de las partes, a fin de
resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no
impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el
orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito
de inconformidad, sino que la única condición que
establece el referido precepto es que se analicen todos los
puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de
manera individual, conjunta o por grupos, en el propio
orden de su exposición o en uno diverso.»
Lo anterior no obstante que este Órgano Jurisdiccional se
encuentre constreñido a ocuparse de todos los motivos de
disenso en que se basa la pretensión anulatoria del
accionante, pues lo cierto es que preferentemente debe
enfocarse al estudio de los inclinados a obtener una
nulidad lisa y llana del acto debatido, pues de resultar
fundados se produciría un mayor beneficio jurídico al
justiciable dada la eliminación total de todos sus efectos.
Mayormente porque no existe una disposición expresa en
el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que
establezca el orden en que deben analizarse los
conceptos de impugnación.
Por el contrario, el Juzgador se encuentra compelido a
hacer efectiva la garantía de acceso a la impartición de
Versión
Pública
TCA
14
justicia contemplada en el numeral 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello al tenor del criterio sostenido por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del
Décimo Sexto Circuito en la tesis de Jurisprudencia bajo
la voz:
«CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES
PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS
QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD
LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR
REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA
EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
GUANAJUATO). El artículo 17 constitucional
consagra la garantía de acceso a la impartición de
justicia, la cual se encuentra encaminada a asegurar
que las autoridades -órganos judiciales o
materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera
pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno
de los principios que consagra dicha garantía es el de
exhaustividad, entendiéndose por tal la obligación de
los tribunales de resolver todas las cuestiones
sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito
dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los
numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen
la existencia de dos requisitos que deben observarse en
el dictado de las resoluciones: el de congruencia y el
de exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la
Versión
Pública
TCA
15
citada ley no existe una disposición expresa que
establezca el orden en que deben analizarse los
conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado se
encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos
de impugnación en que descansa la pretensión
anulatoria del actor, y preferentemente de los
orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto
impugnado, ya que de resultar fundados se producirá
un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se
eliminarán en su totalidad los efectos del acto
administrativo, con lo que se respeta la garantía de
acceso efectivo a la justicia y, en particular, el
principio de completitud que ésta encierra.». (Novena
Época, Registro: 166717, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa,
Tesis: XVI.1o.A.T. J/9, Página: 1275.).
En esas condiciones, corresponde ahora adentrarse al
estudio de los conceptos de impugnación hechos valer
por la parte actora; y así tenemos que el marcado como
PRIMERO, donde en esencia hizo valer «carece de la
debida fundamentación y motivación, por lo que mi
contraparte no cumplió con los requisitos de validez de
los actos de autoridad», violándose en consecuencia, lo
establecido en el artículo 137, fracción VI del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
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Pública
TCA
16
Al respecto quien resuelve estima que dichas alegaciones
resultan fundadas y suficientes, para decretar la nulidad
del acto que se combate.
En esencia refirió la impetrante en el concepto de
impugnación que se estudia:
a) Que la resolución impugnada fue dictada
indebidamente fundada y motivada, en
consecuencia de conformidad con lo previsto en el
artículo 302 fracción IV del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, debe ser
decretada la nulidad total de sanción impuesta;
b) Que una lectura de la resolución impugnada
permite señalar que se encuentra indebidamente
motivada porque: No establece cuál fue el análisis
que se realizó de la conducta supuestamente
imputada, no hay evidencia de valoración y
ponderación de las pruebas;
c) No establece argumento alguno por el cual pueda
inferirse de que aspectos se valió para quedar
debidamente acreditada o quedar debidamente
establecida la responsabilidad administrativa; y
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Pública
TCA
17
d) No establece los motivos particulares que llevaron
a considerar la fuerza probatoria de las probanzas y
como éstas acreditaron la conducta atribuida, cómo
fue que la conducta imputada -11 fracción I de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato y
sus Municipios, en correlación con el artículo 130
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato-.
Se ha establecido en la fracción VI del artículo 137, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, como
elemento de validez del acto administrativo, estar
debidamente fundado y motivado.
Así, por fundar ha de entenderse la precisión de las
normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al
acto autoritario; y por motivar, la narración
pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle
circunstancias de tiempo, modo y lugar y, aunado a ello
la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué
el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la
norma.
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Pública
TCA
18
En la especie, de constancias de autos, se desprende que
la resolución dictada en el procedimiento de
responsabilidad administrativa número CM/PRA/09-
III/2012, de fecha 16 (dieciséis) de diciembre de 2013
(dos mil trece), -visible a fojas 10 a 19 del expediente
original-, que en esencia contiene la sanción
administrativa impuesta a ,
consistente en una inhabilitación por seis meses para
ejercer empleo, cargo o comisión pública, acusa una
indebida motivación, pues en efecto como lo esgrime el
actor en su concepto de impugnación en la siguiente
transcripción: «Toda vez que, únicamente establece que se
encuentra acreditada la conducta imputada, sin que establezca en el
mismo acto de molestia, cuáles fueron las pruebas con las que
comprobó los hechos que se me atribuyeron, siendo requisito
indispensable que en el mismo acto de molestia, la demandada debió
hacer el estudio respectivo, sin que lo haya hecho como era su
obligación de hacerlo, ya que no basta con que la demandada afirme
que la conducta que se me atribuyó dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa se encuentre acreditada, sino que,
además, debe demostrarse que no se trata de una simple afirmación
sino una conclusión derivada de un previo análisis»
Se sostiene lo anterior por lo siguiente:
Aún y cuando en la resolución que se revisa, visible a
fojas 10 a 19 del expediente original, se advierte que la
autoridad demandada refirió que las pruebas existentes
Versión
Pública
TCA
19
para determinar la conducta observada por el sujeto a
procedimiento de responsabilidad administrativa fueron
las siguientes documentales:
«La viabilidad de existencia de las conductas observadas a los
sujetos a este procedimiento de responsabilidad administrativa,
se determinó con base en los siguientes documentos:
Denuncia administrativa presentada por el C.P
, Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, derivada de
la Revisión de Cuenta Pública practicada a la administración
municipal de Abasolo, Guanajuato, por el periodo de enero a
junio del ejercicio fiscal de 2011, presentado ante este Órgano
de Control Municipal el día 20 de septiembre de 2012,
mediante oficio número OFS/1597/2012, así mismo, los
papeles de trabajos relativos a la observación 2.1.3. Creación
de Pasivos.» (lo subrayado es propio)
Y concluyera lo siguiente:
«Del análisis y concatenación de las documentales, se
estableció el hecho probable de que el C.P
y
, en el ejercicio de sus funciones como Tesorero
Municipal y Auxiliar Contable, respectivamente, al parecer
contravinieron lo establecido en la fracción I del artículo 11 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, razón
por la que se hizo necesario sujetar a procedimiento de
responsabilidad administrativa al C.P.
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Pública
TCA
20
y a
con el objeto de transparentar su
actuación.»
De la anterior transcripción, aparentemente se pudiera
inferir que la autoridad demandada en la resolución que
se revisa motivó su determinación con el análisis de los
medios de prueba que le sirvieron de base para
determinar la conducta imputada a quien demanda, sin
embargo, no menos verdad es también que como se
observa de las transcripciones que preceden, la
demandada solo menciona las pruebas documentales
existentes y concluye que con las mismas se establece el
hecho de que el C.P. , al
«parecer», contravino lo establecido en el artículo 11
fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, sin hacer una valoración
de las mismas con apoyo en el Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, de aplicación Supletorio a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en
los términos de su artículo 39, a fin de desentrañar el
significado de los mismos, aspectos que indudablemente
trascendieron en el sentido de la resolución impugnada.
Versión
Pública
TCA
21
Amén de que en forma alguna, resulta suficiente que se
haga mención de los medios de prueba existentes y
posteriormente se establezca que el C.P.
, en el ejercicio de sus funciones
contravino lo establecido en el artículo 11 fracción I, de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, habida cuenta de que no vertió razonamiento
jurídico alguno tendiente a determinar el alcance
probatorio correspondiente, ni mucho menos el efecto de
su evaluación; es decir, lo que se transcribió líneas
arriba, a criterio de quien resuelve, no son argumentos
suficientes para concluir que fueron analizados y
valorados los medios de convicción, en relación con las
obligaciones consignadas en las fracción I del artículo
11, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, con lo cual evidentemente no se puede tener
por acreditadas la conducta imputada a la impetrante.
Lo anterior es así, pues cabe añadir al respecto, que en el
apartado reseñado anteriormente referente a las pruebas
existentes para determinar la conducta observada por el
sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa
de acuerdo a la resolución impugnada, la autoridad
demandada simplemente hizo mención de las pruebas
existentes en el procedimiento de responsabilidad
Versión
Pública
TCA
22
administrativa, pero, la sola circunstancia de citarlas sin
mencionar el dispositivo a través del cual la demandada
les conceda valor probatorio pleno, no es suficiente para
que se tenga por satisfecho plenamente por valorada una
prueba, pues para ello, resulta necesario que las pruebas
deban ser objeto de un cuidadoso examen para arribar a
la conclusión de sí son o no eficaces para demostrar los
hechos o la finalidad que con ellas se persigue, así como
expresar en cada caso la razón que justifique dicha
conclusión –motivación-.
De donde, es dable inferir que la autoridad demandada
de la resolución que se revisa, no fundó ni motivó
debidamente la valoración de los medios de convicción a
que se ha hecho referencia en este considerando, dado
que únicamente se limitó a enlistarlos sin invocar
dispositivo legal alguno ni cuál era el efecto de dicho
valor probatorio.
Lo anterior, encuentra su sustento jurídico en la siguiente
tesis jurisprudencial, publicada en el Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988,
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la
página: 2382, que reza:
«PRUEBAS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS. Para
que puedan considerarse debidamente analizadas y valoradas
Versión
Pública
TCA
23
determinadas pruebas, no es suficiente citarlas, sino que deben
ser objeto de cuidadoso examen con la conclusión de si son o
no eficaces para demostrar los hechos o la finalidad que con
ellos se persigue, además de expresarse, en cada caso, la razón
que justifique la conclusión a que se llegue.».
Así como la tesis jurisprudencial publicada en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-
1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en
la página: 2440, que reza:
«PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. El estudio de las
pruebas no debe ser aislado, considerándolas individualmente,
sino que deben coordinarse unas con otras, hasta llegar a
establecer en el juzgador la convicción de la verdad de los
puntos a debate.».
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que
éstos aspectos resultan suficientes para estimar que la
demandada apreció equivocadamente los hechos y
consecuentemente aplicó indebidamente el derecho,
resultando en consecuencia, procedente decretar la
NULIDAD TOTAL de la resolución, de fecha 16
(dieciséis) de diciembre de 2013 (dos mil trece), dictada
en el procedimiento de responsabilidad administrativa
número CM/PARA/09-III/2012, a través de la cual se
resolvió imponer a Ex
Tesorero Municipal la sanción administrativa de
inhabilitación por seis meses para ejercer un empleo,
Versión
Pública
TCA
24
cargo o comisión. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 300 fracción II, del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; al actualizarse la causal
de ilegalidad prevista en el artículo 302 fracción IV, del
mismo ordenamiento legal, en virtud de que la
demandada apreció de manera incorrecta los hechos que
la llevaron a determinar la conducta infractora, lo que
originó la indebida aplicación de la fracción I de artículo
11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios y 130, de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, en que fundó la resolución
controvertida.
Lo anterior, encuentra su sustento legal por similitud en
la Tesis Aislada VI.2o.C.156 K, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XVII, febrero 2003, página 975,
bajo el robro y texto siguiente:
«AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS DE LA
OMISIÓN DE SU ESTUDIO, CUANDO SE ADUCE
LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN
PRIMERA INSTANCIA.
Si el tribunal de alzada no se ocupó de los agravios en los que
el recurrente alega que en la sentencia de primer grado no se
valoraron adecuadamente las pruebas que obran en autos, ello
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Pública
TCA
25
necesariamente implica que la Sala responsable también
omitió analizar las citadas probanzas, privando al apelante no
sólo del derecho de que se analicen sus agravios en relación
con el fundamento esencial que sustenta la sentencia recurrida,
como lo sostiene este propio Tribunal Colegiado en la
jurisprudencia intitulada: "AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE
ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE.", sino además de
que el recurrente conozca las razones específicas por las que
no se les otorgó valor convictivo a las pruebas que obran en
autos, por lo que la sentencia reclamada resulta violatoria de
las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en
los artículos14 y 16 constitucionales.»
Así como en lo que sostiene el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, en la siguiente tesis publicada en el Semanario
Judicial de la Federación; Octava Época; Tomo: V,
Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, visible en la
página: 44, que reza:
«ACTO RECLAMADO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
Y MOTIVACIÓN DEL. TIENE EFECTOS DISTINTOS AL
CASO EN QUE ESTAS SEAN INDEBIDAS. En efecto,
cuando el acto reclamado carece de fundamentación y
motivación legales, es decir, cuando en el mandamiento de
autoridad no se invoca ningún precepto legal o reglamentario
en que se apoye, ni se expone ningún motivo para haberlo
emitido, en este caso se trata de violaciones formales, y la
concesión de la razón implicará la obligación de anular el acto
reclamado, así como todas sus consecuencias y efectos, sin
perjuicio de que si así lo considera conveniente, la autoridad
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Pública
TCA
26
responsable en ejercicio de sus funciones legales, pueda emitir
un acto nuevo frente al quejoso, con el mismo sentido de
afectación, pero señalando las normas legales en que se funda
y las razones para realizarlo. En el caso de un acto
indebidamente fundado y motivado, en el mandamiento escrito
si se invocan disposiciones legales o reglamentarias, pero éstas
no se adecuan a la situación concreta del quejoso, en este caso
se está frente a una violación material, y el juzgador deberá
analizar las modalidades del caso concreto para concluir que
éste se encuentra dentro de los supuestos normativos que adujo
la autoridad que emitió el acto, en esta hipótesis el otorgar la
razón al afectado estriba en invalidar el acto impugnado y sus
efectos y consecuencias, sin que la autoridad emisora deba
dictar otro acto con igual sentido de afectación.».
QUINTO. Por lo que respecta a las acciones ejercitadas
por la parte actora, previstas en las fracciones II y III del
artículo 255, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, consistentes en el reconocimiento de su
derecho amparado en una norma jurídica a una
impartición de justicia expedita, pronta, completa e
imparcial, mediante el estudio integral de la demanda, a
no ser inhabilitada ni inscrita en el registro de
antecedentes disciplinarios de los servidores públicos.
Esta Magistratura, estima que al haberse decretado la
nulidad total del acto impugnado, es evidente que le
asiste el derecho al actor a no ser sancionado, así como a
Versión
Pública
TCA
27
no ser inscrito en el registro de antecedentes
disciplinarios de servidores públicos, toda vez que quedó
acreditado en autos, su ilegalidad.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento además
en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo, 249,
255, fracciones I y III, 263, 265, 266, 279, 298, 299, 300,
fracciones II y VI y 302 fracción II del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se,
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente juicio, atento a lo expuesto
en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta
resolución.
SEGUNDO. SE DECRETA LA NULIDAD TOTAL
del acto impugnado que se encuentra precisado en el
RESULTANDO PRIMERO de esta sentencia, en los
términos de lo manifestado en el CONSIDERANDO
CUARTO de la misma.
Versión
Pública
TCA
28
TERCERO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES y, en
su oportunidad procesal, archívese el presente expediente
como asunto totalmente concluido y, dése de baja del
Libro de Registro de esta Sala.
Así lo resolvió y firma el Licenciado
, Magistrado propietario que integra la
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, quien actúa asistido legalmente con
Secretaria Licenciada , quien
da fe.
Versión
Pública
TCA
Guanajuato, Guanajuato, 18 dieciocho de junio de 2014 dos
mil catorce. ----------------------------------------------------------
VISTOS para resolver los autos del proceso contencioso
administrativo número 429/2ª Sala/14; y, ----------------------
R E S U L T A N D O S
PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Secretaría
General de Acuerdos de este H. Tribunal el día 19
diecinueve de marzo de 2014 dos mil catorce,
, demandó la nulidad
de:
La resolución de 6 seis de febrero de 2014 dos mil catorce, emitida con
motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa con número
de expediente PRA. 1048/2012.
Señaló como autoridad demandada al Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas. Asimismo, ejercitó
las acciones de reconocimiento de un derecho, y de
condena.--------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 24 veinticuatro de
marzo de 2014 dos mil catorce, se admitió a trámite la
demanda, se otorgó la suspensión de la resolución
impugnada, y se ordenó correr traslado de la demanda y sus
anexos a la parte demandada.--------------------------------------
TERCERO. Por auto de fecha 30 treinta de abril de 2014
dos mil catorce se tuvo a la autoridad demandada por dando
contestación. Asimismo, se señaló fecha y hora para la
celebración de la audiencia de ley, misma que se celebró sin
la presencia de las partes, y teniéndose únicamente a la parte
demandada por presentando alegatos por escrito.--------------
C O N S I D E R A N D O S
Versión
Pública
TCA
2
PRIMERO. Esta Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo es competente para conocer y
resolver el presente proceso, en los términos de lo dispuesto
por los artículos 82 de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, 1, 2, 3, 20, fracción III, de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato, 1 fracción II, 249 y 250 del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.------------------------------------
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se encuentra
debidamente acreditada en autos, tanto por el documento
adjuntado por la parte actora que obra de fojas 11 a 21 del
expediente original, como por el reconocimiento de la
autoridad responsable al contestar, lo cual hace prueba plena
en términos del artículo 119 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.----------------------------------------------------------
TERCERO. Esta Sala, al no encontrar la actualización de
ninguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento
procede al análisis de la controversia, para ello, es
conveniente precisarla previamente. Al respecto,
, se desempeña como Médico
Internista, en el Hospital General Guanajuato de la
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.-----------------
El 7 siete de mayo de 2011 dos mil once,
emitió el documento denominado
recetario médico, con número de folio 2977435, cuya copia
obra a foja 137 del expediente original, en la cual prescribió
entre otros medicamentos, 3 tres cajas (presentaciones) de
Clonazepam.---------------------------------------------------------
Con motivo de lo anterior, la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas le instauró al ciudadano citado en el
párrafo anterior, el procedimiento de responsabilidad
administrativa con número de expediente PRA. 1048/2012,
bajo la siguiente conducta:
Versión
Pública
TCA
3
Haber prescrito más de dos presentaciones del mismo producto de
medicamentos que se consideran substancias psicotrópicas de conformidad
a los artículos 244 y 245 fracciones III de la Ley General de Salud; en la
receta con número de folio 2977435 de fecha 07 siete de mayo de 2011 dos
mil once, expedida por clonazepam 2 miligramos, al paciente
Conducta, que de comprobarse contravendría lo estipulado en el artículo
11 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en cuanto
al supuesto especifico de abstenerse de cualquier acto que implique el
ejercicio indebido del cargo, en relación a inobservar lo dispuesto por el
artículo 226 fracción II de la Lev General de Salud.
En la resolución de 6 seis de febrero de 2014 dos mil
catorce, recaída al procedimiento citado en el párrafo
anterior, se determinó la responsabilidad de
en la comisión de la conducta que se le
reprochaba, y se le aplicó la sanción de suspensión por tres
días.-------------------------------------------------------------------
Esta resolución se apoya en los artículos 11, fracción XIX de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, 226, fracción II, y 245, fracción III, de la Ley
General de Salud que señalan:
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios
Artículo 11.- Son obligaciones de los servidores públicos:
(…)
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la
deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de sus
derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público;
Ley General de Salud
Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se
consideran:
(…)
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que
deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de
control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el
capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos
presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su
Versión
Pública
TCA
4
contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la
fecha de elaboración de la misma.
Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que
deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se
clasifican en cinco grupos:
(…)
III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la
salud pública, y que son:
(…)
CLONAZEPAM
Esta resolución constituye el acto impugnado en el presente
proceso.---------------------------------------------------------------
Una vez precisada la controversia es de advertirse que no se
transcribirán, los conceptos de impugnación de la demanda.
Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción
de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de
2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor
literal siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para
el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
Versión
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TCA
5
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
valer.
Asimismo, es de señalarse que los conceptos de
impugnación hechos valer por la parte promovente, se
abordarán en forma diversa a la enunciada en el escrito de
demanda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia
con número de tesis VI.2o.C. J/304, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, tomo XXIX, de febrero
de 2009 dos mil nueve, visible a página 1677, bajo el rubro:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.
El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados
de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de
violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin
de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la
obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el
quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los
puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno
diverso.
En atención a lo anterior, es de señalarse que es fundado el
argumento del concepto de impugnación primero,
expresado por el actor en su demanda, en el cual en
esencia se manifestó que la resolución impugnada está
indebidamente fundada y motivada, ya que no quedaron
acreditadas las funciones que debía desempeñar el sujeto a
procedimiento.-------------------------------------------------------
Asimismo, es fundado el argumento del concepto de
impugnación tercero, expresado por el actor en su
demanda, de que la resolución impugnada está
indebidamente fundada y motivada, ya que de no haber
prescrito las tres presentaciones de clonazepam no habría
impartido atención profesional y ética, al recetar un
tratamiento incompleto, lo cual iría en contra del derecho a
la salud, el cual es uno de los derechos fundamentales de
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Pública
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todo ser humano tutelado por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de
la Ley General de Salud.-------------------------------------------
Esta Sala considera fundados estos motivos de disenso, ya
que los artículos 2 y 50 de la Ley de Salud del Estado de
Guanajuato, en relación con el artículo 51 de la Ley General
de Salud, señalan:
Ley de Salud del Estado de Guanajuato
ARTÍCULO 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes
finalidades:
I. El bienestar físico, mental y social del ser humano, para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades;
(Fracción reformada. P.O. 24 de diciembre de 2002)
II. La preservación, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la
vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan
al desarrollo social;
IV. El fomento de actitudes solidarias y responsables de la población en la
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan
eficaz y oportunamente las necesidades de la población;
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los
servicios de salud; y
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y
tecnológica para la salud.
ARTÍCULO 50. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los
profesionales, técnicos y auxiliares.
Ley General de Salud
Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente
responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales,
técnicos y auxiliares.
Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al
médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel
de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de
labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en
las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las
instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este
derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.
Versión
Pública
TCA
7
De esto se aprecia que el artículo 2 de la Ley de Salud del
Estado de Guanajuato, señala las finalidades del derecho a la
protección a la salud, y el artículo 50 consigna el derecho de
los usuarios del sistema de salud.---------------------------------
Dentro de este marco normativo es de señalarse que en el
procedimiento de responsabilidad administrativa que dio
origen a la resolución impugnada, no quedó acreditado que
el actuar del sujeto a procedimiento no se ajustó a los
artículos transcritos.-------------------------------------------------
No pasa desapercibido a esta Sala que el artículo 226,
fracción II, de la Ley General de Salud, señala:
Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se
consideran:
(…)
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que
deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de
control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el
capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos
presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su
contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la
fecha de elaboración de la misma.
De esto se deduce que la ley establece un límite para los
médicos de no prescribir más dos “presentaciones” (en el
presente caso cajas) de un medicamento controlado, sin
embargo, esto no cambia la conclusión de ilegalidad a que
ha llegado esta Sala.------------------------------------------------
Esto en atención a que el límite de referencia implica una
regulación administrativa, mas no una función que deba
desempeñar el médico, por ello, la transgresión al artículo
226, fracción II, de la Ley General de Salud, no actualiza el
ejercicio indebido de una función pública, prohibido por el
artículo 11, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, lo cual implica que la
Versión
Pública
TCA
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conducta reprochada al actor no fue debidamente tipificada
por la autoridad responsable.--------------------------------------
Resulta aplicable la Jurisprudencia (Constitucional,
Administrativa) de Novena Época del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Consultable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto
de 2006; Página 1667. Con el rubro y texto siguientes:
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE
REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el
núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y
precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En
otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una
predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en
todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente
grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden
de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas
ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda
conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de
adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales
que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación
legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el
derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones
de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la
interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente
referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y
sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición
administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta
realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis
normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por
analogía o por mayoría de razón.
La indebida tipificación de la conducta reprochada al actor
implica la indebida fundamentación de la resolución
impugnada, lo cual es violatorio del artículo 137, fracción
VI, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, que señala:
ARTÍCULO 137. Son elementos de validez del acto administrativo:
I. Ser expedido por autoridad competente;
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Pública
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II. Tener objeto físicamente posible, lícito, determinado o determinable,
preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y estar previsto
por el ordenamiento jurídico aplicable;
III. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, motivo o fin del
acto;
IV. Ser expedido sin que medie dolo o violencia;
V. Constar por escrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la
firma autógrafa o electrónica del servidor público, salvo en aquellos casos
en que se trate de negativa o afirmativa fictas, o el ordenamiento aplicable
autorice una forma distinta de emisión, inclusive medios electrónicos;
VI. Estar debidamente fundado y motivado;
VII. Cumplir con la finalidad de interés público, derivada de las normas
jurídicas que resulten aplicables, sin que puedan perseguirse otros fines,
públicos o privados, distintos de los que justifican el acto;
VIII. Ser expedido de conformidad con las formalidades del
procedimiento administrativo que establecen los ordenamientos jurídicos
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en este Código; y
IX. Ser expedido de manera congruente con lo solicitado, resolviendo
expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por
las disposiciones jurídicas.
(El énfasis es propio)
De lo anterior se desprende que son requisitos de validez de
cualquier acto administrativo, estar debidamente fundado y
motivado, por otra parte el artículo 143 del Código de
referencia, consigna:
ARTÍCULO 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los
elementos de validez establecidos en el artículo 137 del presente Código,
producirá la nulidad del acto administrativo.
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede
administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni
ejecutable, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro
acto. Declarada la nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares
no tendrán obligación de cumplir el acto.
En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de
hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la
responsabilidad del servidor público que lo hubiere emitido u ordenado y,
en su caso, a la indemnización para el afectado, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
De esto se aprecia que si un acto administrativo no cumplió
con alguno de los requisitos del artículo 137 (como estar
debidamente fundado y motivado) producirá su nulidad. Por
lo tanto, procede decretar la nulidad de la resolución
impugnada, conforme al artículo 143 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
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Municipios de Guanajuato, ya que no cumplió con el
requisito previsto por la fracción VI del artículo 137, del
mismo ordenamiento.-----------------------------------------------
En la contestación, la autoridad responsable sostuvo la
legalidad de la resolución impugnada, al manifestar que para
acreditar un incumplimiento al artículo 11, fracción XIX de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, de ninguna manera es necesario que se vincule
con una función específica.----------------------------------------
En relación a lo anterior, es de señalarse que es infundado
este argumento de la autoridad, ya que por lógica, para
acreditar el ejercicio indebido de una función pública
(prohibido por el artículo 11, fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios) es
necesario que se cite la función que el servidor público
ejerció indebidamente, y al no hacerse así, en la resolución
no se colman los supuestos del tipo previsto por la norma.---
Asimismo, en la contestación la autoridad responsable
argumentó que sí hay un ejercicio indebido de la función
pública, en atención a que el propósito de límite previsto por
el artículo 226, fracción II, de la Ley General de Salud, es
evitar la dependencia, lo que se suscitaría si la ministración
de los medicamentos se hiciera fuera de una estricta
regulación médica.--------------------------------------------------
Al respecto, esta Sala considera infundado este argumento
de la autoridad, en atención a que se está interpretando el
artículo 226, fracción II, de la Ley General de Salud, sin
embargo, este argumento no fue consignado en la resolución
impugnada, lo cual implica que con el mismo se está
cambiando la motivación de dicha resolución, lo cual está
prohibido por el artículo 282 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.----------------------------------------------------------
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11
Profundizando en lo anterior, es de señalarse que en la
resolución impugnada no se desahogó ningún medio
probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato (como pudiera ser la pericial),
que acredite que la prescripción de tres cajas de clonazepam
implica la inexistencia de regulación médica, o que
producirá dependencia en la paciente.----------------------------
En consecuencia, es procedente decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución impugnada en el proceso de
origen, con base en lo dispuesto por el artículo 300 fracción
II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al
actualizarse la causal de ilegalidad prevista por el artículo
302, fracción IV del mismo Ordenamiento.---------------------
Siendo suficiente el razonamiento expresado en el presente
considerando para decretar la nulidad total de la resolución
impugnada, resulta innecesario entrar al estudio de los
demás argumentos de la demanda. Al respecto, resulta
aplicable la Jurisprudencia (Común) de la Octava Época del
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación;
Tomo IX, Marzo de 1992; Página 89. Con el rubro y texto
siguientes:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS.
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado,
uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los
demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.
CUARTO. La parte actora también ejercitó las acciones de
reconocimiento del derecho y de condena en los siguientes
términos:
Con fundamento en los artículos 143 ciento cuarenta y tres,. 255
doscientos cincuenta y cinco fracciones 1 primera, II segunda y III tercera,
256 doscientos cincuenta y seis, 300 trescientos fracción IV cuarta, 302
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trescientos dos fracciones II segunda y IV cuarta del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, ejercito como acciones las siguientes:
a) La nulidad total, lisa y Ilana de la resolución impugnada y en
consecuencia de la' sanción impuesta.
b) El reconocimiento de mi derecho a:
1.- Una impartición de justicia expedita, pronta, completa e imparcial,
mediante el estudio integral de mi demanda y demás promociones y
escritos que incidan en la defensa de mis derechos conculcados a fin de
obtener una sentencia que resuelva el fondo decretando la nulidad total.
2. No ser suspendido, así como tampoco ser inscrito en el registro de
servidores públicos sancionados. Igualmente, para el caso de que la
demandada haga efectiva la sanción de multa, se demanda la acción de
condena al pago de daños y perjuicios que se me ocasionen
QUINTO. Al respecto, es de señalarse que ha lugar a
reconocer el derecho de la parte actora de no ser inscrito en
el registro de servidores públicos sancionados, dado que la
resolución impugnada resultó ilegal, en los términos citados
en el párrafo anterior.-----------------------------------------------
SEXTO. No ha lugar a la condena solicitada por el actor,
dado que no obra en autos algún elemento probatorio de los
enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, que acredite que se ha hecho efectiva la sanción
de suspensión de 3 tres días, ya que en el acuerdo de fecha
24 veinticuatro de marzo de 2014 dos mil catorce, se otorgó
la suspensión al actor.----------------------------------------------
Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 298, 300, fracciones II y V, y 302 fracción IV, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato es de resolverse y
se----------------------------------------------------------------------
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución precisada en el RESULTANDO PRIMERO de
esta sentencia, al tenor de lo expresado en el
CONSIDERANDO TERCERO de la misma. ----------------
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13
SEGUNDO.- Ha lugar al RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO de la parte actora, en los términos de lo
manifestado en el CONSIDERANDO QUINTO de esta
sentencia. ------------------------------------------------------------
TERCERO. NO ha lugar a la condena, en los términos de
lo manifestado en el CONSIDERANDO SEXTO de esta
sentencia. ------------------------------------------------------------
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el
presente expediente como asunto totalmente concluido y
dese de baja del Libro de Registro de esta Sala. ---------------
Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado
, Magistrado Propietario que integra
la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, legalmente
asistido de la Secretaria de Estudio y Cuenta licenciada
quien da fe. -------------------------------
Versión
Pública
TCA
PROCESO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 502/3ª SALA/14
PROMOVENTE:
MAGISTRADA: ARIADNA ENRÍQUEZ VAN DER KAM
Guanajuato, Guanajuato; 3 tres de junio de 2015 dos mil quince.
V I S T O S los autos para resolver el proceso administrativo radicado
en esta Tercera Sala con el expediente 502/3ª Sala/14; y:
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Secretaría General
de Acuerdos de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guanajuato el 31 treinta y uno de marzo de 2014 dos mil catorce y
turnado a esta Tercera Sala al día siguiente (fojas 1 a 9 de este
expediente); , por su propio derecho, promovió
proceso administrativo contra:
II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: La resolución de 11 once de
febrero de 2014 dos mil catorce, emitida con motivo del procedimiento de
responsabilidad administrativa PRA.1037/2012.
SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de 3 tres de abril de 2014 dos mil
catorce se admitió a trámite la demanda (foja 33 y 34). Se ordenó correr
traslado del escrito inicial y de sus anexos, como autoridad demandada, al
Director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato; se
admitieron las pruebas ofrecidas por la actora; se concedió la suspensión
para que no se ejecutara la sanción impuesta a la demandante.
Versión
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TCA
2
En proveído de 11 once de noviembre de 2014 dos mil catorce (foja
896), se tuvo a la autoridad encausada por contestando la demanda y se
admitieron las pruebas que ofreció.
TERCERO. Audiencia final. El 22 veintidós de enero de 2015 dos mil
quince se desahogó la audiencia de alegatos (foja 900); diligencia en la
cual se hizo constar que las partes no formularon alegatos y se tuvieron
por desahogadas las pruebas admitidas.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es competente para
conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1,
2, 3, segundo párrafo, y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; así como 1,
fracción II, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
SEGUNDO. Existencia del acto impugnado. La existencia del acto
impugnado está plenamente acreditada con el original de la resolución de
25 veinticinco de octubre de 2013 dos mil trece (fojas 11 a 25), dictada por
el Director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato dentro
del procedimiento de responsabilidades administrativas PRA.1037/2012;
de conformidad con lo previsto en los artículos 78 y 121 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
TERCERO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los
conceptos de impugnación expuestos por la parte actora, de conformidad
con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Versión
Pública
TCA
3
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página
830, que dice:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del
capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de
que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho
valer.
CUARTO. Estudio de los conceptos de impugnación y análisis oficioso
de la fundamentación de la competencia. Los disentimientos esgrimidos
por el actor son ineficaces para invalidar la resolución impugnada; sin
embargo, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que la autoridad
demandada no fundó debidamente su competencia para dictar la
resolución cuestionada, lo que resulta suficiente para decretar su nulidad.
Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, enseguida
se relatarán los antecedentes del caso que se desprenden de las
constancias que obran en el expediente.
Mediante oficio de 7 siete de diciembre de 2012 dos mil doce (foja
36), el Director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato
instauró de oficio el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA
612/2012 en contra de , con motivo de sus funciones
Versión
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TCA
4
como Médico Cirujano General por la probable responsabilidad
administrativa en virtud de haber prescrito más de dos presentaciones del
mismo producto de medicamentos considerados sustancias psicotrópicas
de conformidad con los artículos 244 y 245, fracciones III y IV, de la Ley
General de Salud, en las siguientes casos:
Receta con folio 2279320 de 4 cuatro de enero de 2011 dos mil
once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 23677 de 10 diez de enero de 2011 dos mil once,
expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 2973462 de 2 dos de mayo de 2011 dos mil once,
expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 2973463 de 2 dos de mayo de 2011 dos mil once,
expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 2981171 de 30 treinta de mayo de 2011 dos mil
once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 2979660 de 15 quince de junio de 2011 dos mil
once, expedida por fenobarbital sódico tabletas, a
.
Receta con folio 2981190 de 27 veintisiete de junio de 2011 dos mil
once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
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Receta con folio 6646483, sin fecha, expedida por clonazepam 2
miligramos, tabletas, a .
Receta con folio 6655221 de 8 ocho de noviembre de 2011 dos mil
once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 6655236 de 15 quince de noviembre de 2011 dos
mil once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Receta con folio 6659558 de 13 trece de diciembre de 2011 dos mil
once, expedida por clonazepam 2 miligramos, tabletas, a
.
Además, en el citado proveído se precisó que la referida conducta
probablemente contravenía lo establecido en el artículo 11, fracción XIX de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, en cuanto al supuesto específico
de abstenerse de cualquier acto que implique el ejercicio indebido del
cargo, en relación a inobservar lo dispuesto por el artículo 226, fracción II,
de la Ley General de Salud.
Concluidas las etapas procedimentales, el Director de
Responsabilidades e Inconformidades dictó la respectiva resolución (ahora
impugnada) el 11 once de febrero de 2014 dos mil catorce, en la que
determinó la responsabilidad administrativa del actor y le impuso como
sanción la suspensión por diez días sin goce de remuneración.
En contra de aquella determinación, promovió
este proceso administrativo.
Se precisa que por cuestión de método, primeramente se expondrán
las consideraciones en que se sustenta la ineficacia de los motivos de
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Pública
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disenso esgrimidos por el actor y después, las que justifican la indebida
fundamentación de la competencia de la autoridad demandada para dictar
la resolución impugnada.
Así pues, por un lado, el actor sostiene que la autoridad demandada
modificó la conducta que le atribuyó al inicio del procedimiento pues fue
hasta la resolución impugnada que señaló lo que debía entenderse por
presentación.
Es infundado el argumento anterior.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en sus artículos 2,
primer párrafo, 49, fracción II, y 60, segundo párrafo, establece:
Artículo 2. Son servidores públicos los mencionados en los artículos 122 y 126 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quienes deberán conducirse con
legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficacia en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones. Serán sujetos de responsabilidad
administrativa cuando incumplan las obligaciones o incurran en las conductas
prohibidas señaladas en esta ley, así como aquéllas que deriven de otras leyes y
reglamentos, con las salvedades establecidas en la presente ley.
[…]
Artículo 49. El acuerdo en el que se ordene dar vista al servidor público y citarlo
personalmente para que acuda a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo
de pruebas, y de alegatos, deberá contener lo siguiente:
[…]
II. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estiman violadas;
[…]
Artículo 60 […]
En la resolución se determinará la existencia o no de la responsabilidad
administrativa, y en su caso, se establecerá la sanción que corresponda en los
términos de esta ley.
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De las normas jurídicas transcritas se desprende que en el acuerdo
con el cual se ordene el inicio del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá señalarse, entre otras cuestiones, la conducta que
se le impute al servidor público, así como las disposiciones legales que se
estiman violadas; y en la resolución correspondiente, se determinará la
existencia o no de la responsabilidad administrativa, y en su caso, se
impondrá la sanción que corresponda en los términos de la misma ley
estatal de responsabilidades administrativas.
Es decir, al dictar la resolución con la que culmine un procedimiento
de responsabilidad administrativa, la autoridad competente dilucidará, en
primer lugar, si en la secuela procedimental se encuentra plenamente
acreditado que el servidor público incoado realizó la conducta que se le
indicó en el acuerdo de inicio del procedimiento; luego, si esa conducta
implicó transgredió las disposiciones legales que también se señalaron en
el proveído inicial, y si fuera así deberá razonar fundada y motivadamente
por qué considera que la conducta desplegada por el servidor público
actualiza el supuesto sancionado por la norma.
Ahora bien, como en el caso, la conducta atribuida al actor en el
acuerdo mediante el cual se le instauró el procedimiento, consistió en
haber prescrito más de dos presentaciones del mismo producto de
medicamentos considerados sustancias psicotrópicas de conformidad con
los artículos 244 y 245, fracciones III y IV, de la Ley General de Salud;
entonces, es correcto que la explicación del significado del concepto
“presentación” se haya incluido hasta la resolución con la que concluyó el
procedimiento pues es precisamente en ese estadio cuando la autoridad
está legalmente autorizada para dilucidar, entre otras cuestiones, si la
conducta implicó una falta administrativa, tema en el que debe incluirse
explicación del significado del concepto “presentación”, como de hecho
sucedió.
Por tanto, la autoridad ahora demandada no estaba obligada a
explicar desde el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad
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administrativa lo que debía entenderse por “presentación”, ya que se trata
de un tema relacionado con la subsunción de la conducta en la hipótesis
normativa, lo que es propio de la resolución con la que concluyó el
procedimiento.
En otro orden de ideas, el actor sostiene que para reprocharle el
ejercicio indebido de su cargo, la autoridad demandada estaba obligada a
demostrar las funciones y trabajos que como médico cirujano general le
correspondían; es decir, debía demostrar que al prescribir más de dos
presentaciones de un mismo producto ejerció indebidamente su cargo; lo
que dice, no sucedió
Asimismo, alega que la conducta reprochada no actualizó la
hipótesis descrita en el artículo 11, fracción XIX, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios en relación con el artículo 226, fracción II,
de la Ley General de Salud, ya que sólo prescribió una sola presentación
de los medicamentos considerados como sustancias psicotrópicas en cada
una de las recetas referidas en la resolución impugnada, que por
“presentación” debe entenderse el continente en que la forma farmacéutica
se encuentra contenida.
Los planteamientos anteriores son infundados.
Conforme al artículo 194 de la Ley General de Salud, el control
sanitario es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo,
verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones,
que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores,
comercializadores y consumidores, con base en lo que establecen las
normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.
El mismo precepto señala que el control sanitario del proceso,
importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración,
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compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del
potencial riesgo para la salud que estos productos representan.
Es decir, el legislador diferencia para el control sanitario entre
medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y materias
primas, los cuales, en forma conjunta, en términos del artículo 194 Bis de
la propia Ley General de Salud, se consideran insumos para la salud.
A su vez, el artículo 241 de la citada ley “La prescripción de
estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su
control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las
autoridades sanitarias estatales, en los siguientes términos: I. Las recetas
especiales serán formuladas por los profesionales autorizados en los
términos del artículo 240 de esta ley, para tratamientos no mayores de
treinta días, y II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día,
deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto.”
Las sustancias psicotrópicas, en términos del artículo 244 de la Ley
General de Salud, son las enlistadas en el diverso numeral 245 del propio
ordenamiento legal, así como las que determine específicamente el
Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud. El artículo citado,
en segundo término, es del tenor siguiente:
Artículo 245
En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las
autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso
indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública,
y son:
[…]
II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la
salud pública, y que son:
[…]
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III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud
pública, y que son:
[…]
CLONAZEPAM
IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la
salud pública, y son:
[…]
FENOBARBITAL
[…]
V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria,
mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
De lo anterior se aprecia que, tratándose de sustancias
psicotrópicas, el legislador las clasifica en grupos dependiendo del valor
terapéutico, el uso indebido o abuso que de ellos pueda hacerse y la
determinación del problema que represente para la salud pública, debido a
ello es que la regulación y control de cada una de esas sustancias
establecida en la Ley General de Salud, es diferente dependiendo del
grupo en que se localicen.
Así, tratándose de las enumeradas en la fracción I del referido
artículo 245, sólo pueden ser autorizadas para fines de investigación
científica (artículo 249); las contempladas en la fracción II, quedan sujetas,
en lo conducente, a la regulación establecida respecto de los
estupefacientes (artículo 250), es decir, la prescripción se hace en
recetarios especiales elaboradas por los profesionales establecidos en la
ley (médicos cirujanos, médicos veterinarios, cirujanos dentistas y
pasantes de medicina con sus limitaciones); en lo referente a las
sustancias reguladas en la fracción III, se requiere para su venta o
suministro público, receta médica que contenga el número de cédula
profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola
vez y retenerse en la farmacia que la surta (artículo 251); las incluidas en la
fracción IV, requieren para su venta o suministro público, receta médica
que contenga el número de cédula profesional del médico que la expida, la
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que podrá surtirse hasta por tres veces con una vigencia de seis meses
contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida
por la farmacia que la surta las primeras dos veces; y las restantes
reguladas en la fracción V, al no tener valor terapéutico y utilizarse
exclusivamente en la industria, su uso queda regulado en la
reglamentación secundaria que al efecto se expida.
El artículo 226 de la Ley General de Salud dice:
Artículo 226
Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido
por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de
este Título;
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá
retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al
efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este
título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto
como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de
treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá
surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de
control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el
establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el
número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se
puedan adquirir en cada ocasión.
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los
pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios
correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en
las farmacias;
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden
resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;
V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias,
y
VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden
expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.
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No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos
semifijos, módulos móviles o ambulantes.
Del precepto transcrito se destaca que en la fracción I se encuentran
los medicamentos que contengan estupefacientes y las sustancias
psicotrópicas de la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud;
en la fracción II, se regulan las sustancias psicotrópicas previstas en la
fracción III del referido artículo 245; y en la fracción III, se contienen las
sustancias psicotrópicas contempladas en la fracción IV del numeral 245 en
cita.
Lo hasta aquí expuesto evidencia que el artículo 226 de la Ley
General de Salud, es una disposición establecida por el legislador que
busca el control sanitario de productos, específicamente el de
medicamentos para su venta y suministro al público.
Resulta particularmente destacar que la fracción II del artículo 226 de
la Ley General de Salud, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 catorce de junio de 1991 mil novecientos noventa y
uno, disponía lo siguiente:
Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:
[...]
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica, que deberá
retenerse en la farmacia y ser registrada en los libros de control que al efecto se
lleven, de acuerdo a los términos señalados en el capítulo VI de este título.
Según se ve, para el control de los medicamentos a que se refiere la
fracción II del artículo transcrito, bastaba que la receta fuera retenida y se
registrara en los libros de control respectivo, lo que implicaba que el
médico tratante podría prescribir al paciente cualquier cantidad de
medicamentos, no obstante que contuvieran estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, pues no existía en la propia ley disposición alguna que
limitara ello.
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Sin embargo, en la iniciativa de reformas de junio de 1991 mil
novecientos noventa y uno, respecto de la modificación al citado artículo
226 de la Ley General de Salud se indicó: “En el capítulo de medicamentos
se precisan los conceptos de medicamentos en base a sus requisitos de
venta y suministro al público, se otorga autorización a los pacientes para
que por prescripción médica puedan adquirir anti‐convulsivos directamente
en los laboratorios correspondientes, cuando se requieran en cantidad
superior a la que se pueda surtir en las farmacias”, y se propuso su
redacción en los términos que actualmente subsiste, es decir, el siguiente:
Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:
[…]
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá
retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al
efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este
título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto
como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de
treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.
De lo anterior se advierte que la intención del legislador fue regular
la cantidad que de un mismo medicamento el médico tratante puede
prescribir a un paciente, tan es así, que la iniciativa menciona que
tratándose de pacientes que requieran anti‐convulsivos pueden adquirirlos
directamente en los laboratorios, cuando la cantidad requerida sea superior
a la permitida de expender en las farmacias. Tal afirmación se corrobora
con la circunstancia de que en la fracción III del propio artículo 226 en cita
(que también fue materia de modificación conforme a la misma iniciativa
que se tiene invocada), el legislador permitió que el médico tratante
determinara el número de presentaciones del mismo producto
(medicamento) que el paciente podría adquirir en cada ocasión.
Así, analizadas las fracciones II y III del artículo 226 de la Ley
General de Salud, se advierte que el legislador, en la primera, limita al
médico tratante para que prescriba sólo dos presentaciones del mismo
producto; en tanto que en la segunda, permite el que sea el médico
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tratante el que determine la cantidad respectiva; de ahí que se concluya
que la intención del legislador con las modificaciones a ambas fracciones
fue regular la cantidad que de un mismo medicamento puede prescribir un
médico a su paciente.
Desde esa perspectiva, la acepción que debe darse a la palabra
“presentación” empleada por el legislador, es la de una caja con
determinado número de pastillas, comprimidos, etcétera, lo cual es acorde
con la finalidad perseguida con motivo de aquellas reformas, que no es
otra que la de limitar las cantidades que de un mismo medicamento el
médico tratante puede prescribir a un paciente, y con la conceptualización
que de esta misma se establece en el Diccionario de Especialidades
Farmacéuticas, también conocido como PLM, que es el que habitualmente
los médicos utilizan para la prescripción de medicamentos.
En efecto, el referido diccionario contiene los medicamentos que los
médicos pueden prescribir con el nombre comercial que cada uno de los
laboratorios les asigna, así como con el nombre genérico. Se destaca
también que en ese diccionario se establecen como datos de los
medicamentos la “forma farmacéutica y formulación”; así como su
“presentación”, según el laboratorio que los produce.
Sólo para ilustrar el presente asunto, se tiene que en relación con la
sustancia psicotrópica conocida como clonazepam, en dicho diccionario se
indica que se producen medicamentos que contienen esa sustancia con los
nombres comerciales de clozer (laboratorios Sun Pharma), kenoket
(laboratorios Kendrick), kriadex (laboratorios Psicofarma), rivotril
(laboratorios Roche) y zimanta (laboratorios Asofarma). Asimismo, se
precisa que, por ejemplo, del medicamento conocido como clozer, en el
referido diccionario se indican, entre otros datos, los siguientes:
Clozer
Formulación:
Cada tableta contiene:
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Clonazepam 0.5 y 2.0 mg.
Excipiente, c.b.p. 1 tableta.
Presentaciones: Caja con 10, 20, 30 y 100 tabletas de 0.5 y 2.0 mg.
En el ejemplo recién transcrito, la presentación a que alude cada una
de esos medicamentos hace referencia a la caja y al número de tabletas o
comprimidos que cada una de esas cajas contienen, y si bien el referido
medicamento conocido como clozer, además alude a la cantidad de la
sustancia psicotrópica contenida en cada tableta, esto es, a 0.5 y 2.0
miligramos, ello es para clarificar que, respecto de cada una de esas
formulaciones, existen presentaciones de cajas de 10, 20, 30 y 100
tabletas, pero no implica que la formulación constituya en sí misma la
presentación, pues, de ser así, ningún caso tendría que el diccionario se
ocupara de indicar en estos medicamentos y en todos los ahí contenidos,
en forma separada, la fórmula farmacéutica y la presentación o
presentaciones, si finalmente ambos conceptos resultan ser lo mismo, lo
cual sería redundante o reiterativo; aspecto que se corrobora con la sola
lectura que se haga de los diversos medicamentos que contienen
clonazepam elaborados por los restantes laboratorios que se citan pues,
como se observa en todos y cada uno de ellos, en el rubro de presentación
se hace mención a la caja y al número de tabletas o comprimidos o al
frasco gotero, y sólo en los casos en que exista más de una formulación o
que el medicamento esté siendo elaborado para diversos sectores (venta
al público, exportación, sector salud, genérico intercambiable), es que en el
rubro de presentación se hace mención a la formulación, pero sólo para
clarificar la presentación que de cada una de ellas se elabora.
En ese contexto, si en el ámbito médico se entiende que es la caja
con el número de tabletas, comprimidos, frascos con gotas, etcétera, lo
que se entiende por presentación y en la legislación respectiva (Ley
General de Salud), se pretende llevar un control sanitario de todos los
medicamentos para su venta y suministro al público, es inconcuso que,
atento a la finalidad del referido ordenamiento legal y en especial
tratándose de aquellos que contienen estupefacientes y sustancias
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psicotrópicas, es que el legislador buscó llevar un control de éstos,
limitando la cantidad que de ellos puede prescribirse al paciente, en tanto
que, si bien pueden tener un valor terapéutico que coadyuve a la salud de
la persona, también lo es que su uso indebido o abuso puede en mayor o
menor medida constituir un problema grave para la salud pública, tan es
así que, tratándose de las sustancias psicotrópicas, el legislador establece
una clasificación atendiendo, como se dijo, al valor terapéutico y la
gravedad que representa para la salud pública su uso indiscriminado.
Así pues, la palabra “presentación”, empleada por el legislador en la
fracción II del artículo 226 de la Ley General de Salud, se entiende referida
a la caja con determinado número de tabletas, comprimidos, frasco con
gotero, etcétera, que contiene cada una de esas cajas, siendo de esta
manera que puede llevarse a cabo el referido control sanitario de los
medicamentos, en especial los que contienen estupefacientes y sustancias
psicotrópicas; por consiguiente, si el dispositivo legal en comento indica
que el médico tratante “podrá prescribir dos presentaciones del mismo
producto como máximo”, lo que está señalado, para efectos de control
sanitario, es que el médico sólo podrá prescribir (recetar) dos cajas del
mismo medicamento como máximo. En la inteligencia de que esta
conclusión no implica necesariamente que el máximo de cajas que de un
medicamento se pueden prescribir, deban ser exactamente iguales, pues
bien puede suceder que una caja se refiera a pastillas y la otra a una
solución inyectable, pero siempre que deriven de la misma sustancia
activa.
Lo anterior no implica que al paciente se le pueda estar vulnerando
su derecho a la salud, pues el médico debe establecer claramente el
tratamiento a seguir, previendo el tiempo que pueden durarle a la persona
esas dos cajas para, de esta manera, establecer nueva fecha para
verificación del paciente y de ser el caso continuar con su tratamiento.
Tales consideraciones fueron vertidas en la ejecutoria de la que
deriva la jurisprudencia PC.XVI.A. J/5 A (10a.) emitida por el Pleno en
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Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la página
1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, que dice:
CONTROL SANITARIO. SIGNIFICADO DE LA PALABRA "PRESENTACIÓN"
CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 226 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD, PARA EFECTO DE ESTABLECER SI UN MÉDICO TRATANTE
CONTRAVIENE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. De la interpretación del
artículo 226, fracción II, de la Ley General de Salud, que determina que el médico
tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo,
especificando su contenido, se colige que el significado de la palabra "presentación"
debe ser el de una caja con determinado número de pastillas o comprimidos, frasco o
envase con gotas, etcétera, pues sólo así se logra el control sanitario de los productos
que contienen estupefacientes y sustancias psicotrópicas; por lo que, atendiendo a
esa connotación, el servidor público en su carácter de médico tratante podrá prescribir
dos cajas del mismo medicamento como máximo, sin que ello implique que deban ser
exactamente iguales, pues bien puede ser que una se refiera a una caja de pastillas y
la otra a una solución inyectable, pero siempre que deriven de la misma sustancia
activa; interpretación con la cual puede determinarse si un médico contraviene o no lo
previsto en la fracción XIX del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, específicamente en lo concerniente a que el servidor público se abstenga
de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o comisión pública.
Ahora bien, como en el caso, en la receta 2279320, el actor
prescribió tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
23677, cuatro cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
2973462, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
2973463, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
2981171, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
2981190, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas, en la receta
6646483, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
6655221, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; en la receta
6655236, cuatro cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; y en la receta
6659558, tres cajas de clonazepam 2 miligramos, tabletas; entonces,
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atendiendo al significado de la palabra “presentación” en los términos
explicados en la jurisprudencia PC.XVI.A. J/5 A (10a.), prescribió en cada
receta más de dos presentaciones de una sustancia psicotrópica y con tal
conducta contravino lo dispuesto por el artículo 226, fracción II, de la Ley
General de Salud en relación con el artículo 11, fracción XIX, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
Por otro lado, como se adelantó, este órgano jurisdiccional
oficiosamente advierte que la autoridad demandada no fundó debidamente
su competencia para iniciar el procedimiento administrativo del que deriva
la resolución impugnada, como se explicará en este apartado.
El artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece los elementos de
validez del acto administrativo, es decir, aquéllos cuya omisión o
irregularidad impide que el acto surta efecto jurídico alguno respecto de
aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si
el acto nunca hubiera existido.
Conforme a fracción I del sobredicho artículo 137 uno de esos
elementos de validez es la competencia de la autoridad que emita el acto
administrativo; esto es, que la autoridad cuente con la atribución
previamente establecida en algún ordenamiento jurídico que le permita
emitir específicamente el acto con el cual resulten afectados los derechos
de los gobernados.
Otro elemento de validez es, según la fracción VI del mismo numeral
137, que el acto administrativo esté debidamente fundado y motivado, o
sea, que la autoridad administrativa exprese con precisión el precepto legal
aplicable al caso (fundamentación); señale, también con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y,
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos en el acto y las
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normas aplicadas, es decir, que las circunstancias de hecho encuadren en
las hipótesis de los preceptos invocados conforme su recta interpretación.
Luego, de la interpretación conjunta de los citados elementos de
validez se obtiene que dentro de los preceptos normativos que debe citar la
autoridad, debe incluirse aquellos que la faculten para dictar el acto, puesto
que precisamente la competencia es el primer presupuesto y punto de
partida para la emisión del acto administrativo, lo que significa que también
la competencia debe estar fundada en el mandamiento de autoridad.
Precisamente por lo anterior, el legislador estableció que en aquellos
casos en los que el acto o resolución impugnada en el proceso
administrativo no esté fundada o motivada, aun cuando la parte actora no
haya esgrimido concepto de impugnación en ese sentido, las salas podrán
declarar de oficio su nulidad, según se advierte del contenido del artículo
302, fracción II, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual se
transcribe, en su parte correlativa, para su mejor comprensión:
Artículo 302. Se declarará que un acto o resolución es nulo, cuando se demuestre
alguna de las siguientes causales:
[…]
II. Omisión de los requisitos formales exigidos en las leyes, inclusive por la ausencia
de fundamentación o motivación en su caso;
[…]
El juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de
la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o
motivación en el mismo.
Además, del numeral trasunto, se advierte que las Salas del Tribunal
también declararán la nulidad de la resolución administrativa impugnada en
el proceso, cuando se constate la falta de competencia de la autoridad que
haya dictado, ordenado o tramitado el acto o resolución impugnada, lo que
puede hacer incluso de oficio, por ser una cuestión de orden público.
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De ese modo, el legislador estatal estableció la anulación de toda
resolución administrativa afectada por un vicio de ilegalidad, como lo son la
carencia de competencia de la autoridad ordenadora o la falta absoluta de
fundamentación y motivación.
En consecuencia, el estudio oficioso de la competencia de la
autoridad que ordenó, emitió o ejecutó el acto o resolución impugnada en
el proceso administrativo, se entiende que implica todo lo relacionado con
la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la
ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o
insuficiente fundamentación de ésta, en virtud de que al tratarse de una
facultad oficiosa, las Salas de cualquier modo examinarán las facultades
de la autoridad para emitir el acto de que se trate; lo anterior, con
independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que se
invoque falta de competencia o simplemente se argumente una indebida,
insuficiente o deficiente fundamentación de aquélla.
Esto se explica, además, porque en el numeral que se analiza, el
legislador no distinguió entre ausencia del fundamento de la competencia o
su indebida o insuficiente fundamentación, sino que en general estableció
que el órgano jurisdiccional podrá hacer valer de oficio la incompetencia de
la autoridad; pero principalmente porque a fin de examinar dicha
competencia, las Salas necesariamente analizarán los ordenamientos
legales o reglamentarios que sustentaron la emisión de la resolución
impugnada en el proceso administrativo.
Por ende, las Salas están facultadas para analizar de oficio la
indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que ordenó,
dictó o tramitó el procedimiento del que deriva el acto o resolución.
Precisado lo anterior, como se adelantó, el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato no fundó su
competencia para iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa PRA.1037/2013 instruido en contra del actor.
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Lo anterior resulta así ya que el 18 dieciocho de septiembre de 2012
dos mil doce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, el decreto número 287 de la Sexagésima Primera Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el
cual se modificaron, derogaron y reformaron diversas disposiciones de Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, entre ellas, la
fracción X del artículo 13, así como el primer párrafo del artículo 32,
modificándose la denominación de la Secretaría de la Gestión Pública a
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Así pues, con motivo de la reforma en comento y de acuerdo con la
fracción el inciso a de la fracción VI del artículo 32, la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas es la autoridad competente para
conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir
responsabilidades de los servidores públicos, así como sustanciar el
procedimiento administrativo disciplinario que establece la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
Luego, en los artículos transitorios del citado decreto número 287 se
estableció lo siguiente:
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigencia el 26 de septiembre de
2012, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el
efecto de que se efectúen las transferencias y ajustes a las estructuras
administrativas y orgánicas.
Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigencia el 1 de enero de 2013, para
el ejercicio de las atribuciones contenidas en el mismo.
Artículo Tercero. Al personal de las dependencias y entidades que con motivo del
presente decreto deba ser reasignado, se les respetarán sus derechos laborales.
Artículo Cuarto. Las dependencias que por este decreto modifican su denominación o
adquieren atribuciones que tenía otra dependencia o entidad, se sustituyen en todos
los derechos, las obligaciones y compromisos adquiridos por la dependencia o
entidad que como consecuencia del presente Decreto se modifica o extinguirá, en la
materia que se le asigna.
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Artículo Quinto. La Secretaría de Gobierno transferirá a la Secretaría de Seguridad
Pública, el personal, mobiliario, equipo y recursos con que opera el personal operativo
de la Dirección General de Tránsito y Transporte.
Artículo Sexto. El Gobernador del Estado presentará ante el Congreso del Estado las
iniciativas de reforma a las leyes que resulte necesario para la debida congruencia
con el presente Decreto, en un término que no exceda de seis meses, contados a
partir de su entrada en vigencia, de conformidad con el Artículo Primero Transitorio.
Artículo Séptimo. El Gobernador del Estado adecuará los decretos de creación y
reglamentos interiores, y expedirá los reglamentos necesarios para el cumplimiento
de esta reforma, en un término que no exceda de seis meses, contados a partir de la
entrada en vigencia prevista en el Artículo Primero Transitorio del presente Decreto.
En tanto se expiden, continuarán vigentes los actuales en lo que no se opongan a la
presente reforma.
De las normas jurídicas antes reproducidas, resulta particularmente
relevante destacar que conforme al segundo artículo transitorio la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas inició el ejercicio
de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Guanajuato, el 1 uno de enero de 2013 dos mil trece.
Además, por disposición del artículo transitorio séptimo, el
Gobernador del Estado expedirá los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de esta reforma, en un término que no excederá de seis
meses, contados a partir de la entrada en vigencia prevista en el artículo
primero transitorio del mismo decreto 287, esto es, a partir del 26 veintiséis
de septiembre de 2012 dos mil doce, y, mientras ello sucede, continuarán
vigentes los ordenamientos actuales en lo que no se opongan a la reforma.
Así pues, de lo anterior se concluye que a partir del 26 veintiséis de
septiembre de 2012 dos mil doce, los preceptos que autorizan a la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y por ende, al
Director General de Asuntos Jurídicos, para conocer e investigar los actos
y omisiones que puedan constituir responsabilidades de los servidores
públicos, así como para sustanciar el procedimiento administrativo
disciplinario establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, son
los artículos transitorios primero, segundo y séptimo; por lo tanto, la cita de
Versión
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tales preceptos constituye un imperativo para la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas así como para la Dirección de
Responsabilidades e Inconformidades, a fin de fundar debidamente su
competencia para ordenar el inicio de los procedimientos de
responsabilidad administrativa mientras que el Gobernador del Estado de
Guanajuato expide el reglamento interior de esa secretaría.
Sin embargo, en el caso, del oficio de 7 siete de diciembre de 2012
dos mil doce (foja 30) se desprende que el Director de Responsabilidades
e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado de Guanajuato instauró de oficio el procedimiento de
responsabilidad administrativa PRA. 1037/2012 en contra de Juan
Cisneros Puga, con motivo de sus funciones como Médico Cirujano
General adscrito al Hospital General de Guanajuato, pero no citó el artículo
transitorio segundo del decreto número 287 de la Sexagésima Primera
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
publicado el 18 dieciocho de septiembre de 2012 dos mil doce en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato; lo que resultaba
necesario para fundar debidamente su competencia, habida cuenta que a
la fecha en la cual fue se dictó ese acuerdo de inicio aún no había sido
expedido el Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas1.
Por tanto, ante la indebida fundamentación competencia del Director
de Responsabilidades e Inconformidades para iniciar el procedimiento de
procedimiento de responsabilidad administrativa PRA. 1037/2012, lo
procedente es declarar la nulidad total de la misma, con fundamento en los
artículos 300, fracción II, y 302, fracción II, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Se precisa que aun cuando la indebida fundamentación de la
competencia constituye un vicio formal que implicaría que deba dictarse
1 El 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato el Decreto gubernativo número 51, mediante el cual el Gobernador del Estado
expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
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una nulidad para efectos; en el caso específico, la declaratoria de nulidad
no puede vincular a la autoridad demandada a que subsane esa
irregularidad; cuenta habida que esa autoridad actúo en ejercicio de
facultades discrecionales.
Por analogía se cita el criterio sustentado por el Pleno de este
órgano jurisdiccional, pronunciado con motivo de la ejecutoria dictada en el
toca 81/10 en fecha 5 cinco de mayo de 2010 dos mil diez el cual,
textualmente, dice:
NULIDAD PARA EFECTOS EN TRATÁNDOSE DE FACULTADES
DISCRECIONALES. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción II del
artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato origina el dictado de una nulidad para efectos. Sin
embargo, esta regla general tiene como excepción aquellos procesos en los que se
resuelva la ilegalidad de un acto o resolución dictados en uso de una facultad que la
ley establece como discrecional, ya que, por la naturaleza propia de esas facultades,
la Sala no puede obligar a la autoridad administrativa a que ejerza nuevamente esa
facultad discrecional de determinada manera, pero tampoco podrá resolver que la
demandada está impedida para volver a ejercerla.
QUINTO. Análisis de las pretensiones de reconocimiento de un
derecho y de condena.
El actor solicita que se reconozca a que se le imparta justicia
expedita, pronta, completa e imparcial, mediante el estudio integral de su
demanda, promociones y escritos que incidan en la defensa de sus
derechos conculcados a fin de obtener una sentencia que resuelva el fondo
decretando la nulidad lisa y llana; a no ser suspendido ni tampoco ser
inscrito en el registro de servidores públicos sancionados.
Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que tales
pretensiones quedaron satisfechas.
Lo anterior resulta así, en primer lugar, porque en el considerando
anterior, previo a decretar la nulidad total de la resolución ante la indebida
fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, se dio
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respuesta a cada uno de los conceptos impugnativos esgrimidos por el
actor.
Además, la sanción impuesta al actor en la resolución impugnada no
podrá inscribirse en el registro de antecedentes disciplinarios de servidores
públicos pues ante la declaratoria de nulidad total de la resolución
combatida no existe el soporte legal para que la sanción de suspensión
permanezca vigente y menos aún para inscribirlo en el registro de
antecedentes disciplinarios de servidores públicos.
Finalmente, la actora solicita que para el caso de que la demandada
hiciera efectiva la sanción de suspensión, se condene al pago de daños y
perjuicios que se le ocasionen.
Tampoco es procedente su pretensión ya que en el acuerdo que dio
trámite a la demanda se concedió la suspensión para que no se ejecutara
la sanción impuesta al actor en la resolución impugnada ni se inscribiera en
el registro de antecedentes disciplinarios de servidores públicos.
Por tanto, con dicha medida se impidió que, por virtud de la sanción
impuesta en la resolución impugnada se privara a de
recibir la remuneración íntegra por su trabajo; de ahí que la pretensión que
se analiza no resulte procedente.
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, primer párrafo, 20, fracción
I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Guanajuato; 1, fracción II, 249, 255, fracción I, 298, 299, 300,
fracción II, 302, fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es de
resolverse y se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Se decreta la nulidad total de la resolución impugnada, de
acuerdo a lo establecido en el considerando cuarto de este fallo.
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SEGUNDO. Se declara que ha quedado satisfecha la pretensión de
reconocimiento del derecho a que no se ejecute la resolución impugnada,
en los términos plasmados en el considerando quinto de este fallo.
TERCERO. No se condena al pago de los daños y perjuicios
ocasionados con motivo de la sanción impuesta en la resolución
impugnada, conforme a lo señalado en el quinto considerando de este
fallo.
Notifíquese.
En su oportunidad, archívese este expediente, como asunto
totalmente concluido y dese de baja en el libro de registro de esta Tercera
Sala.
Así lo acordó y firma la licenciada Ariadna Enríquez Van Der Kam,
Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, actuando legalmente asistida por
la Secretaria de Estudio y Cuenta habilitada por el Pleno de este Tribunal
en la sesión ordinaria número 12 celebrada el 25 veinticinco de marzo de
2015 dos mil quince, licenciada Viridiana Barajas Mendiola, quien da fe.
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Guanajuato, Guanajuato; 7 (siete) de abril de 2014 (dos
mil catorce).
V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del
Proceso Contencioso Administrativo 650/2ª.Sala/13,
radicado en esta Segunda Sala y;
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado y recibido en
la Guardia Vespertina-Nocturna de este H. Tribunal el 11
(once) de junio de 2013 (dos mil trece) y turnado a esta
Segunda Sala el día 13 (trece) del mismo mes y año,
compareció el ciudadano
, por su propio derecho
promoviendo proceso administrativo, demandando la
nulidad contra el acto y la autoridad que a continuación
se señalan:
AUTORIDAD DEMANDADA:
El Director General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado de Guanajuato.
ACTO IMPUGNADO:
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La resolución emitida en el procedimiento de
responsabilidad administrativa número PRA
30/2013, de 25 (veinticinco) de abril de 2013 (dos
mil trece), mediante la cual se impuso al actor
como sanción administrativa, la consistente en
suspensión por tres días.
Asimismo, el promovente pretende el reconocimiento de
su derecho amparado en una norma jurídica a efecto de
que se decrete la no responsabilidad administrativa y en
consecuencia a no ser inscrito en el registro de
antecedentes disciplinaros de los servidores públicos del
Estado de Guanajuato.
SEGUNDO. Por auto de 14 (catorce) de junio de 2013
(dos mil trece), se admitió a trámite la demanda y se
ordenó correr traslado de la misma y de sus anexos a la
autoridad demandada Director General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.
Asimismo, se concedió la suspensión solicitada para el
efecto de mantener las cosas en el estado en que se
encuentran, en tanto se pronuncia sentencia, es decir para
que la autoridad demandada se abstenga de hacer
efectiva la multa impuesta y se abstenga de ejecutar la
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sanción impuesta y no ser inscrita en el registro de
antecedentes disciplinarios de servidores públicos.
TERCERO. Por proveído de 1 (uno) de agosto de 2013
(dos mil trece), se tuvo a la autoridad demandada por
dando contestación a la demanda en tiempo y forma, en
los términos de su escrito exhibido; procediéndose
además a señalar fecha y hora para la celebración de la
AUDIENCIA DE ALEGATOS, misma que tuvo
verificativo con la asistencia de la parte actora material
así como de su autorizada legal. Formulando apuntes de
alegatos por escrito ambas partes; y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Está Sala del H. Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado, es competente para conocer
y resolver el presente proceso contencioso
administrativo. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado, que previene:
«Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer, en
primera instancia, de los procesos administrativos que se
promuevan en contra de:(...) III.- Las resoluciones definitivas
en materia de responsabilidad administrativa en los términos
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de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios (...)».
Por su parte, el numeral 61, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
establece que:
«La resolución en la que se imponga una sanción podrá
impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
tratándose de servidores públicos adscritos a la administración
pública estatal o municipal, en los términos de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.».
Por lo que, de los preceptos legales anteriormente
transcritos, evidentemente se desprende que este
Tribunal tiene competencia para conocer de la ilegalidad
del acto impugnado y por ende, proceder al estudio de
los juicios que se inicien en contra de los actos
administrativos y resoluciones fiscales provenientes de la
administración pública del Estado o de los Municipios.
Por lo tanto, esta Sala se declara COMPETENTE, para
conocer y resolver el presente asunto, con fundamento
además en los artículos 1º, fracción II, 3° segundo
párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
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SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada
se encuentra debidamente acreditada en autos, atento a la
documental anexada por la parte actora a su escrito
inicial de demanda visible a fojas 10 a 21 vuelta del
expediente original, así como por el reconocimiento
expreso de su existencia por la autoridad demandada al
dar contestación a la demanda.
TERCERO. Esta Sala, aclara que no transcribirá los
conceptos de impugnación expuestos por la parte actora
en su escrito inicial de demanda, ni los argumentos
usados por la autoridad demandada tendientes a
controvertir la eficacia de aquéllos; ello de conformidad
con la jurisprudencia por contradicción de tesis número
2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, de
mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830,
bajo el siguiente rubro:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA
Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.
De los preceptos integrantes del capítulo X "De
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro
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primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se
advierte como obligación para el juzgador que transcriba
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción,
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no,
atendiendo a las características especiales del caso, sin
demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos
de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan
hecho valer.»
CUARTO. Conforme a lo establecido por el artículo
261, en íntima vinculación a lo dispuesto en el diverso
numeral 262 ambos del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, por cuestiones de orden público -previo
al estudio del fondo del asunto-, esta Sala procede al
análisis de las causales de improcedencia y de
sobreseimiento previstas en los preceptos normativos
antes citados.
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Lo anterior, acorde a la Jurisprudencia número VI.2o.
J/323 aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente:
«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no,
debe examinarse previamente la procedencia del juicio de
amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de
garantías.».(Octava Época, Registro: 210784, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto
de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página:
87.).
Así como también de conformidad a la Tesis Aislada de
la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, correspondiente a la Séptima Época.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 175-180
Séptima Parte. Materia(s): Común. Tesis. Página: 438,
con el rubro y texto que a continuación se insertan:
«SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE. La configuración de
motivos de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica
que concurren causas de improcedencia, además de impedir
el examen del fondo del negocio, debe estudiarse oficiosa y
preferentemente, por referirse a una cuestión de orden
público en el juicio de garantías.».
En el caso a estudio, al no advertir esta Sala la
actualización de ninguna de las causales de
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improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio
del presente asunto, atendiendo a los conceptos de
impugnación expuestos por el actor en su ocurso de
cuenta.
QUINTO. Previamente al análisis de los conceptos de
impugnación hechos valer por el promovente, se precisa
que los mismos se abordarán en forma individual. Lo
anterior, de conformidad con la jurisprudencia con
número de tesis VI.2o.C. J/304, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, tomo XXIX, de
febrero de 2009 dos mil nueve, visible a página 1677,
bajo el rubro y texto:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O
POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales
Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o
agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no
impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el
orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de
inconformidad, sino que la única condición que establece el
referido precepto es que se analicen todos los puntos materia
de debate, lo cual puede hacerse de manera individual,
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conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o
en uno diverso.».
Atento a lo anterior; este Juzgador considera que es
momento de entrar al estudio del fondo del asunto; y así
tenemos que el concepto de impugnación marcado como
PRIMERO resulta fundado, atendiendo a los
razonamientos que a continuación se exponen:
Refirió el actor, que la resolución impugnada se
encuentra indebidamente fundada y motivada, ya que no
existe adecuación entre los hechos imputados y las
disposiciones legales y administrativas invocadas por la
demandada.
Sostuvo, que el fundamento utilizado en el acuerdo de
inicio del procedimiento disciplinario se sustentó en los
artículos 119, fracciones III y IV y 120 fracciones I, V y
VII del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
Aclaró, que el artículo 120, fracción VII, del Reglamento
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
establece al «Uso de la Bitácora», cosa diversa al
«llenado de la bitácora», motivo por el cual deberá ser
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anulada la resolución impugnada, toda vez que la
conducta reclamada no encuadra en el fundamento
utilizado por la demandada.
Como se adelantó, resulta fundado el concepto de
impugnación a estudio.
Se sostiene lo anterior, por lo siguiente:
Primeramente resulta conveniente puntualizar que en la
resolución a debate si bien es cierto, que quedó
perfectamente establecido el estatus del sujeto a
procedimiento, esto es, servidor público, el cual en su
acepción amplia se identifica como toda persona que
presta servicios al Estado, bajo una relación de especial
sujeción, que le obliga a cumplir con determinados
deberes y someterse a la potestad disciplinaria por el
incumplimiento de los mismos.
Asimismo, es menester mencionar que la autoridad
demandada además de determinar la calidad de servidor
público del sujeto a procedimiento de responsabilidad
administrativa, debe en todo momento en el ejercicio de
su función sancionadora como elemento del sistema
disciplinario o de responsabilidad administrativa,
encuadrar la conducta en la ley sancionada como falta o
infracción administrativa, de suerte que sólo seran
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sujetos de responsabilidad administrativa cuando
incumplan las obligaciones o incurran en las conductas
prohibidas señaladas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, así como los
ordenamientos relacionados.
Lo anterior asume una gran relevancia, dado que como
ya se precisó con anterioridad, la parte actora en el
concepto de impugnación primero que se estudia, se
duele del hecho de que la obligación establecida en el
artículo 120, fracción VII, del Reglamento de la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no tiene
relación alguna con la conducta que se le atribuyó y por
la que se le sancionó, pues dicho dispositivo legal, señala
las reglas para el uso de bitácoras.
En la especie, atento a lo establecido en la resolución
impugnada, se advierte que a
, se le imputó como probable conducta la
consistente en:
«incurrir en deficiencias en el llenado de la bitácora del
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo
determinado número GDI. OP.12-2011/183, celebrado entre el
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y la
empresa “
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” toda vez que las notas 75, 76, 77, 78 79, 80 y 81,
correspondiente al 29 de junio de 2012 dos mil doce (…) ». (lo
resaltado y subrayado es propio)
Y como disposición infringida el artículo 11, fracción
XIX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, en relación con los artículos 119 fracciones
III y IV y 120 fracciones I, V y VII del Reglamento de la
Ley de Obra Púbica y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
que prevén:
«ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los servidores públicos:
I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y
trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades
(...)
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio
del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley
competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión público (...)
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
Artículo 119. La bitácora de los contratos de obra pública deberá
contener como mínimo lo siguiente:
I.- Las hojas originales y sus copias, las cuales deben estar siempre
foliadas y referidas al contrato de que se trate;
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II.- Un original para la contratante y al menos dos copias, una para
el contratista y otra para el supervisor de obra;
III.- El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el cual
deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
IV.- El plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las
partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo; y
V.- La autorización y revisión de estimaciones, números generadores,
volúmenes excedentes o conceptos no previstos en el contrato, así
como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección
al ambiente que deban implementarse.
Artículo 120. Para el uso de la bitácora se deberán observar las
siguientes reglas:
I.- Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como
mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes
involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios
y teléfonos, datos que identifiquen el contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde
se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que
identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado
como representante de la contratante y del contratista, para la
utilización de la bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega
esa facultad;
II.- El contenido de cada nota deberá precisar, según las
circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha,
descripción del asunto y, en forma adicional, ubicación, causa,
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si
la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso,
a la nota que se contesta;
III.- Todas las notas o asientos deberán efectuarse de manera clara,
con tinta, letra legible y sin abreviaturas, las cuales, deberán
firmarse y numerarse en forma seriada y fecharse de manera
consecutiva, respetando el orden establecido;
IV.- Cuando se cometa algún error de escritura o redacción, la nota
deberá anularse por quien la emita, colocándola entre paréntesis,
abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le
corresponda y con la descripción correcta, anteponiendo la
expresión “Debe decir:”;
V.- Se prohíbe modificar las notas ya firmadas, así sea por el
responsable de la anotación original;
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VI.- Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o
especificarse que su solución será posterior, debiendo en este
último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé
origen;
VII.- Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al
completarse el llenado de las mismas;
VIII.- El cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por
terminados los trabajos, cancelando las hojas que no se hubieren
utilizado; y
IX.- Cerrada la bitácora, el supervisor la recogerá y la agregará al
expediente técnico de la obra.» (lo subrayado y resaltado es
propio)
Como se observa de los preceptos legales recién
transcritos, es claro que no se ve actualizada
debidamente la conducta que se le reprocha al
demandante, pues la obligación consignada en el artículo
120, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, refiere como obligación
«Para el uso de la bitácora» y no «llenado de bitácora».
De lo anterior, es claro advertir que la conducta que se
imputó a quien demanda no encuadra en la obligación
consignada en el artículo 120 la fracción I del
ordenamiento legal antes citado.
Ahora bien, dado que en derecho administrativo
sancionador la conducta imputada debe estar
previamente determinada en norma, ley o reglamento, ya
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que de acuerdo a nuestro sistema de derecho y, en razón
del principio de seguridad jurídica, la autoridad
demandada debió en la substanciación del procedimiento
de responsabilidad administrativa y en la resolución
controvertida adecuar la conducta que se le imputa con la
norma violada, aspecto que no aconteció así, es decir,
debió haber realizado una absoluta adecuación entre el
hecho realizado y el tipo descrito en la norma, ya que en
el Derecho disciplinario los tipos de las distintas
infracciones disciplinarias se forman con la descripción
sucinta de la acción u omisión considerada como
infracción, de modo que atento al principio de legalidad
que supone la necesidad de que las conductas infractoras
y las sanciones se encuentren contenidas en ley previa,
ello significa que la obligación imputada al demandante
debe estar previamente determinada en la norma.
Además atendiendo al derecho administrativo
sancionador el principio de reserva de ley se traduce en
que las conductas generadoras de responsabilidad
administrativa, deben estar contenidas en el texto de ley,
mientras que para observar el principio de tipicidad,
deberá ser en el texto de la ley donde se contemplan los
elementos y definición de la conducta, principios que se
encuentran recogidos en los artículos 109, fracción III y
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Principios rectores en el procedimiento de
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responsabilidad administrativa -legalidad y tipicidad-. Lo
anterior, encuentra su sustento además en el Criterio
emitido por el Pleno de este H. Tribunal, correspondiente
al periodo 2009, que reza:
«PRINCIPIOS RECTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS.- El procedimiento disciplinario de
nuestra Entidad se rige, entre otros, por los principios de
reserva de ley y de tipicidad, originalmente concebidos dentro
de la materia penal, pero que resultan aplicables, dada la
identidad ontológica que tiene con dicha rama jurídica, al ser
ambas expresiones de la potestad sancionadora del Estado. De
ahí que el legislador deba definir y describir dentro de la norma
los elementos constitutivos de las infracciones administrativas y
las sanciones aplicables, mientras que el poder ejecutivo habrá
de ceñirse a lo expresamente dispuesto en el texto de la ley,
quedando prohibido en consecuencia fincar responsabilidad
administrativa a los servidores públicos, por interpretación
analógica o por mayoría de razón, conforme al principio nullum
crimen sine lege y nulla poena sine lege, que apunta al respeto
de la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley,
recogida por los artículos 14, párrafo tercero, y 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como el artículo 135 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. (Toca 53/09. Recurso de
Reclamación interpuesto por Marcia Elizabeth Rodríguez
Balderas, autorizada del Director General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, autoridad
demandada. Resolución de 1º de julio de 2009).»
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De ahí que el legislador deba definir y descubrir dentro
de la norma, los elementos constitutivos de las faltas
administrativas y las sanciones aplicables, mientras que
el poder ejecutivo tendrá que ceñirse a lo que
expresamente quedó dispuesto en el texto de la ley,
quedando prohibido en consecuencia, en cuanto al
finamiento de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, la interpretación analógica, atento al
principio “nullum crimen sine lege y nulla poena sine
lege”, que apunta al respeto de la garantía constitucional
de exacta aplicación de la ley, recogida por el párrafo
tercero del artículo 14 y 16, párrafo primero de la
Constitución General de la República.
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que
éstos aspectos resultan suficientes para estimar que la
demandada apreció equivocadamente los hechos y
consecuentemente aplicó indebidamente el derecho, por
tanto, es procedente decretar la NULIDAD TOTAL de
la resolución de 25 (veinticinco) de abril de 2013 (dos
mil trece), dictada en el procedimiento de
responsabilidad administrativa número PRA 30/2013.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; al actualizarse la causal de ilegalidad
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prevista en el artículo 302 fracción IV, del mismo
ordenamiento legal, en virtud de que la demandada
apreció de manera incorrecta los hechos que le llevaron a
determinar la conducta infractora.
Sirve de soporte jurídico a lo expuesto lo que sostiene el
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, en la
siguiente tesis publicada en el Semanario Judicial de la
Federación; Octava Época; Tomo: V, Segunda Parte-1,
Enero a Junio de 1990, visible en la página: 44, que reza:
«ACTO RECLAMADO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
Y MOTIVACIÓN DEL. TIENE EFECTOS DISTINTOS AL
CASO EN QUE ESTAS SEAN INDEBIDAS. En efecto,
cuando el acto reclamado carece de fundamentación y
motivación legales, es decir, cuando en el mandamiento de
autoridad no se invoca ningún precepto legal o reglamentario
en que se apoye, ni se expone ningún motivo para haberlo
emitido, en este caso se trata de violaciones formales, y la
concesión de la razón implicará la obligación de anular el acto
reclamado, así como todas sus consecuencias y efectos, sin
perjuicio de que si así lo considera conveniente, la autoridad
responsable en ejercicio de sus funciones legales, pueda emitir
un acto nuevo frente al quejoso, con el mismo sentido de
afectación, pero señalando las normas legales en que se funda
y las razones para realizarlo. En el caso de un acto
indebidamente fundado y motivado, en el mandamiento escrito
si se invocan disposiciones legales o reglamentarias, pero éstas
no se adecuan a la situación concreta del quejoso, en este caso
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se está frente a una violación material, y el juzgador deberá
analizar las modalidades del caso concreto para concluir que
éste se encuentra dentro de los supuestos normativos que adujo
la autoridad que emitió el acto, en esta hipótesis el otorgar la
razón al afectado estriba en invalidar el acto impugnado y sus
efectos y consecuencias, sin que la autoridad emisora deba
dictar otro acto con igual sentido de afectación.».
Al haber realizado el estudio del primer concepto de
impugnación que resultó fundado, es innecesario realizar
el análisis del restante, en atención a la tesis de
jurisprudencia que por analogía se aplica y que a la letra
indica:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO
INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los
demás conceptos de violación vertidos en la demanda de
amparo.». Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de
1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89.
SEXTO. Por lo que respecta a la acción ejercitada por la
parte actora, prevista en la fracción II, del artículo 255, del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, consistente en el
reconocimiento de su derecho a no ser inscrito en el
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registro de antecedentes disciplinarios de servidores
públicos.
Quien juzga, estima que al haberse decretado la nulidad
total del acto impugnado, es evidente que le asiste el
derecho al quejoso a no ser inscrito en el registro de
antecedentes disciplinarios de servidores públicos, toda
vez que quedó acreditado en autos, su ilegalidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además
en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo, 249,
255, fracciones I, II y III, 263, 265, 266, 279, 298, 299,
300, fracción II y 302 fracción IV del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se;
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo
expuesto en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta
resolución.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL DE LA
RESOLUCIÓN, de 25 (veinticinco) de abril de 2013
(dos mil trece), emitida por el Director General de
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Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato, dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa PRA 30/2013, atento a
los razonamientos jurídicos expresados en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta Sentencia.
TERCERO. SE RECONOCE EL DERECHO
reclamado por la parte actora, atento a lo manifestado en
el CONSIDERANDO SEXTO de esta resolución.
CUARTO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES y en su
oportunidad procesal, archívese el presente expediente
como asunto totalmente concluido y, dése de baja del
Libro de Registro de esta Sala.
Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado
, Magistrado Propietario que
integra la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, legalmente
asistido de la Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada
quien da fe.
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PROCESO ADMINISTRATIVO: 810/4ª.Sala/14 PROMOVENTE:
MAGISTRADO: LIC. ALEJANDRO SANTIAGO RIVERA
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Guanajuato, Guanajuato, 18 (dieciocho) de febrero de
2015 (dos mil quince).
VISTO para resolver en definitiva los autos del Proceso
Administrativo número 810/4ªSala/14 y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal el día 4 (cuatro)
de junio de 2014 (dos mil catorce), y turnado a esta Cuarta Sala el
día 5 (cinco) siguiente, el ciudadano
, por su propio derecho, compareció a
efecto de demandar la nulidad de la resolución de fecha 21
(veintiuno) de marzo de 2014 (dos mil catorce), emitida dentro del
procedimiento de responsabilidad administrativa número
CM/PRA/001/2014, emitida por el Patronato de Explora del
Municipio de León, Guanajuato, en la que se le impone la sanción
de inhabilitación por un periodo de cuatro años, y condena reparar
el monto del beneficio obtenido y el daño o perjuicio ocasionado
con la falta.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 6 (seis) de junio de
2014 (dos mil catorce), se admitió a trámite la demanda
interpuesta y se ordenó correr traslado del mismo a la autoridad
emisora de la resolución controvertida, para efectos de que en el
término de ley formulara su contestación de demanda.
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TERCERO. Mediante oficio sin número, recibido en
esta Sala el día 2 de julio de 2014, las autoridades demandadas
formularon su contestación de demanda, sosteniendo en todo
momento la legalidad y validez de la resolución controvertida,
contestación que se admitió a trámite mediante proveído de fecha
5 (cinco) de septiembre de 2014, y a su vez, se señaló fecha
correspondiente para la celebración de la audiencia de juicio.
CUARTO. En la fecha y hora señalados, tuvo
verificativo la audiencia de juicio, sin la asistencia de las partes, no
obstante que de constancias de autos, se advierte que fueron
legalmente citadas y notificadas a las mismas; habiendo formulado
apuntes de alegatos ambas partes.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Competencia. Esta Cuarta Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es competente para
conocer y resolver el presente juicio de nulidad. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6 y 20,
fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en el Estado, en relación con los artículos 1,
fracción II, 3, segundo párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
SEGUNDO.- Certeza del acto impugnado. Que la
existencia del acto impugnado se encuentra debidamente
acreditada en autos, atento a la documental anexada por la parte
actora a su escrito inicial de demanda visible a foja 10 a 30 del
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sumario, así como por el reconocimiento expreso de su existencia
por la autoridad demandada al dar contestación a la demanda.
TERCERO. Si bien es cierto que el análisis de las
causales de improcedencia y sobreseimiento, son cuestiones de
orden público, así como que procede su estudio de manera
oficiosa o a petición de parte, en el caso a estudio, no se hizo valer
alguna causal de improcedencia, y al no advertir esta Cuarta Sala
la actualización de alguna de ellas, procede al estudio del presente
asunto, atendiendo a los conceptos de impugnación expuestos por
la actora.
CUARTO.- Se procede a continuación al estudio de los
conceptos de impugnación que hace valer el impetrante, sin que
sea necesaria la transcripción de los mismos, en tanto que ello no
constituye un requisito indispensable a efecto de cumplir con el
principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, tal
como lo refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXXI, mayo
de 2010, novena época, página 830 que precisa:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
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correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.» Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.
Se procede por cuestión de preferencia, al estudio del
tercer concepto de impugnación que hace valer el impetrante en
su escrito de demanda, en la parte en la que refiere que la
resolución controvertida se encuentra indebidamente fundada y
motivada.
Los argumentos expuestos por el actor resultan
fundados mismos que se estudiarán atendiendo a la causa de
pedir, y en virtud de que el actor alega en sus términos la indebida
motivación y fundamentación del acto controvertido, por lo que
este juzgador se adentrará al estudio del tema respecto de las
cinco conductas imputadas al servidor público, a efecto de
determinar si la resolución resulta apegada a derecho.
De la revisión que se hace al acto controvertido se
desprende que en fecha 28 de enero de 2014, la Contraloría
Municipal de León, Guanajuato, inició procedimiento de
responsabilidad administrativa al hoy actor, en virtud de su cargo
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como Director de Diseño y Museografía del Centro de Ciencias
Explora en el periodo comprendido del 19 de septiembre de 2011
al 17 de mayo de 2013, imputándosele las conductas consistentes
en:
1.- Omitir cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que le fueron encomendadas por su superior en ejercicio de sus facultades, al abstenerse de supervisar, inspeccionar y evaluar el estado de las exhibiciones en las salas que estaban bajo su responsabilidad, aunado a la presunta falta de seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros; 2.- Omitir cuidar y usar los recursos públicos con probidad, al haber extraído del Patronato de Explora, bienes y materiales que se encontraban bajo su resguardo y a los cuales tenía acceso por motivo de sus funciones; 3.- Haber omitido dar seguimiento a los siguientes contratos a) Muros Hidropónicos y Casa Ecológica, b) Cama de Clavos con sistema hidráulico y pinta lite con sistema interactivo y cañón de proyección, c) Fabricación de botarga mascota y d) Fabricación de soporte de señalética, esto a fin de dar continuidad y verificar el cabal cumplimento de los trabajos realizados por terceros; 4.- Omitir entregar todos los bienes que se encontraban bajo su resguardo en el proceso de entrega-recepción de su puesto y que eran propiedad de dicho Patronato, así como también haber omitido dar seguimiento a los contratos que celebraba en su carácter de Director de Área de la Dirección de Diseño y Museografía del Patronato de Explora y haber omitido informar al área de mantenimiento sobre los desperfectos que las exhibiciones tenían, a fin de asegurar la calidad en el estado y funcionamiento del acervo museográfico de Explora, para el mejor servicio del visitante y,
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5.- Haberse aprovechado del cargo que ostentaba, al haber solicitado, aceptado y recibido dinero por parte de contratistas o proveedores, absteniéndose de reportar la presunta cantidad que recibió a las cuentas del Patronato de Explora. Considerando que se actualizaban las conductas
imputadas y sancionando al impetrante con la inhabilitación por
cuatro años y condenando al pago del beneficio obtenido y del
daño o perjuicio causado.
Ahora bien, al momento de fundar la resolución en
comento, la autoridad indicó de manera expresa: “VISTO para resolver los autos que integran el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número CM/PRA/001/2014, instaurado por la Contraloría Municipal en contra del C.
, quien se desempeñó como Director de Diseño y Museografía del Centro de Ciencias Explora, por la probable comisión de las conductas consistentes en: 1.- Omitir cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que le fueron encomendadas por su superior en ejercicio de sus facultades, al abstenerse de supervisar, inspeccionar y evaluar el estado de las exhibiciones en las salas que estaban bajo su responsabilidad, aunado a la presunta falta de seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros; 2.- Omitir cuidar y usar los recursos públicos con probidad, al haber extraído del Patronato de Explora, bienes y materiales que se encontraban bajo su resguardo y a los cuales tenía acceso por motivo de sus funciones; 3.- Haber omitido dar seguimiento a los siguientes contratos a).- Muros Hidropónicos y Casa Ecológica, b).- Cama de Clavos con sistema hidráulico y pinta lite con sistema interactivo y cañón de proyección, c).- Fabricación de botarga mascota y d).- Fabricación de soporte de señalética, esto a fin de dar continuidad y verificar el cabal cumplimento de los trabajos realizados por terceros; 4.- Omitir entregar todos los bienes que se encontraban bajo su resguardo en el proceso de entrega-recepción de su puesto y que eran propiedad de dicho Patronato, así como también haber omitido dar seguimiento a los contratos que celebraba en su carácter de Director de Área de la Dirección de Diseño y Museografía del Patronato de Explora y haber omitido informar al área de mantenimiento sobre los
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desperfectos que las exhibiciones tenían, a fin de asegurar la calidad en el estado y funcionamiento del acervo museográfico de Explora, para el mejor servicio del visitante y 5.- Haberse aprovechado del cargo que ostentaba, al haber solicitado, aceptado y recibido dinero por parte de contratistas o proveedores, absteniéndose de reportar la presunta cantidad que recibió a las cuentas del Patronato de Explora. Conductas que de actualizarse contravendrían lo estipulado en el artículo 11 fracciones I, IV, XIII, XXI y 12 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.” (foja 10 del sumario) Ahora bien, al momento de adentrarse a acreditar las
conductas imputadas, la autoridad expone: “1.- Por lo que entrando al fondo de las faltas que se le reprochan al sujeto a procedimiento, este Cuerpo Colegiado se enfocará a analizar la conducta que se le imputa al Licenciado
con el numeral uno en el preámbulo de la presente determinación, la cual consiste en: 1.- Omitir cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que le fueron encomendadas por su superior en ejercicio de sus facultades, al abstenerse de supervisar, inspeccionar y evaluar el estado de las exhibiciones en las salas que estaban bajo su responsabilidad, aunado a la presunta falta de seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros. Conducta que de actualizarse contravendría lo dispuesto en el artículo 11, fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Al respecto es de señalar que dentro de las actualizaciones que obran glosadas al presente procedimiento que se resuelve, obran los siguientes elementos probatorios:… 2.- Omitir cuidar y usar los recursos públicos con probidad, al haber extraído del Patronato de Explora, bienes y materiales que se encontraban bajo su resguardo y a los cuales tenía acceso por motivo de sus funciones…. 3.- Haber omitido dar seguimiento a los siguientes contratos a).- Muros Hidropónicos y Casa Ecológica, b).- Cama de Clavos con sistema hidráulico y pinta lite con sistema interactivo y cañón de proyección, c).- Fabricación de botarga mascota y d).- Fabricación de soporte de señalética, esto a fin de dar continuidad y verificar el cabal cumplimento de los trabajos realizados por terceros…. 4.- Omitir entregar todos los bienes que se encontraban bajo su resguardo en el proceso de entrega-recepción de su puesto y
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que eran propiedad de dicho Patronato, así como también haber omitido dar seguimiento a los contratos que celebraba en su carácter de Director de Área de la Dirección de Diseño y Museografía del Patronato de Explora y haber omitido informar al área de mantenimiento sobre los desperfectos que las exhibiciones tenían, a fin de asegurar la calidad en el estado y funcionamiento del acervo museográfico de Explora, para el mejor servicio del visitante… 5.- Haberse aprovechado del cargo que ostentaba, al haber solicitado, aceptado y recibido dinero por parte de contratistas o proveedores, absteniéndose de reportar la presunta cantidad que recibió a las cuentas del Patronato de Explora...” De lo anterior transcrito se desprende fehacientemente
la indebida fundamentación y motivación de la resolución
sancionadora.
En efecto, se advierte que la autoridad demandada se
limita a indicar las conductas desplegadas por el accionante, y
posteriormente refiere que se infringió el contenido de los artículos
11, fracciones I, IV, XIII, XXI, y 12, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, mismos que a la fecha de
inicio del procedimiento precisaban: “Artículo 11.- Son obligaciones de los servidores públicos: (REFORMADA, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2013) I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del empleo, cargo o comisión, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; … IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función; … XIII. Supervisar el cumplimiento de los contratos y convenios, en materia de adquisiciones, obra pública y servicios relacionados con la misma y servicios profesionales en los términos estipulados; e informar su incumplimiento al órgano de control;
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XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y Artículo 12.- Se prohíbe a los servidores públicos: I. Solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, por cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien, que no estén previstos en leyes o reglamentos, aprovechándose del cargo que se ostente; la misma conducta se sancionará cuando se trate específicamente de la adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma;”
Sin embargo, la autoridad demandada omite
concatenar las imputaciones efectuadas al impetrante con las
fracciones en las que se contiene la infracción en concreto.
Esto es, correspondía a la autoridad sancionadora
indicar de manera puntual e individual por cada conducta
desplegada, cuál fracción del artículo 11 y 12 se actualizaba con
cada una de aquéllas, pues debe tenerse en cuenta que la
imputación de las infracciones se hizo de manera específica, por lo
que del mismo modo debió correlacionarse la conducta con la
fracción violentada por cada una de aquéllas.
Así, no bastaba el que por una parte la autoridad citara
las fracciones de los artículos infringidos por el actor, y por otra
parte las conductas desplegadas por el mismo, sin correlacionar
éstas con aquéllas, pues evidentemente resultaba indispensable
que se encuadrara el actuar del servidor público con la infracción
imputada.
Al no haberlo hecho de ese modo, queda claro que la
resolución controvertida se encuentra indebidamente fundada y
motivada, pues la demandada se limitó a indicar las conductas del
actor, pero no resolvió cuál infracción actualizó cada una de ellas.
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Sin que pase desapercibido para este juzgador el que
la autoridad hubiera pretendido encuadrar sólo algunas de las
conductas imputadas con las fracciones correspondientes de los
artículos 11 y 12 de la ley de la materia. En efecto, en el
considerando quinto de la resolución impugnada, la autoridad
indica:
“Quinto.- … Por lo que en las anteriores circunstancias, y del análisis de la documental antes referida, se presume la falta de probidad en el desempeño de sus funciones y trabajos propios de su cargo así como aquellos que le fueron encomendados por su superior en ejercicio de sus facultades según lo refiere el artículo 11 fracción I, por parte del , ocasionando con ello un presunto menoscabo en el patrimonio del Patronato de Explora, lo anterior toda vez que fue omiso en acatar la obligación que tenía propia al puesto que desempeñaba, consistente en que como director de área tenía la obligación de dar seguimiento a los contratos que solicitaba, esto a fin de dar continuidad y verificar el cabal cumplimiento de los trabajos realizados, para que en caso de existir alguna irregularidad, tenía que dar aviso a la persona responsable para que realizara en su caso la gestión necesaria para dar solución y cumplir según lo marca el artículo 11, fracciones I, IV y XIII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; conducta que puede presumirse como grave al tenor del artículo 21 de la ley citada en supralineas, en virtud de haber ocasionado al Patronato de Explora con sus omisiones daños y perjuicios en su patrimonio. Lo anterior toda vez que en atención al contenido de los correos descritos en la cláusula primera inciso e), se desprende que el
, tenía la obligación de realizar la supervisión y seguimiento de los contratos que la dirección a su cargo había realizado para las exhibiciones, además de que se presume que al 22 veintidós de Abril de 2013 dos mil trece, no había informado el estado en que se encontraba la exhibición, por lo tanto no se había terminado el servicio convenido en el contrato referente a la cama de clavos con sistema hidráulico y pinta light con sistema interactivo y cañón de proyección contraviniendo así las obligaciones administrativas consignadas en el artículo 11, fracciones I, IV y XIII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, conducta que como bien se mencionó en supralíneas puede ser
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considerada como grave, al tenor del artículo 21 de la Ley antes citada, en virtud de ocasionarle al Patronato de Explora daños y perjuicios…” De donde se advierte que la autoridad demandada
hace mención a la falta de probidad del actor “toda vez que fue
omiso en acatar la obligación que tenía propia al puesto que
desempeñaba, consistente en que como director de área tenía la
obligación de dar seguimiento a los contratos que solicitaba…”, lo
que resulta contradictorio a lo establecido por la propia autoridad al
inicio de la resolución sancionadora, en la que estableció que la
falta de probidad derivaba del hecho de “abstenerse de supervisar,
inspeccionar y evaluar el estado de las exhibiciones en las salas
que estaban bajo su responsabilidad…”.
Lo anterior evidencia la indebida motivación del acto,
pues la autoridad demandada confunde las propias imputaciones
que hace al impetrante, de donde deriva que la fundamentación de
la misma resulte también indebida.
De tal modo que aun cuando la autoridad hubiera
referido que la conducta desplegada por el actor infringía a su vez
el contenido del artículo 11, fracciones I, IV y XIII de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, ello crea convicción de la
indebida fundamentación del acto, pues se pretende fundar una
infracción diversa a las inicialmente imputadas.
Todo lo anterior se expone en tanto que la resolución
controvertida constituye un medio de prueba con valor probatorio
pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 48, fracción II, 78 y
121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, mismos que señalan:
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“ARTÍCULO 48. Este Código reconoce como medios de prueba: … II. Los documentos públicos y privados; …” “ARTÍCULO 78. Son documentos públicos aquéllos cuya formulación está encomendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a las personas dotadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos de sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en contrario.” “ARTÍCULO 121. Los documentos públicos hacen prueba plena.” Así mismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia
número P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la
Federal y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de 1996,
página 125, la cual a la letra dice: “PRUEBAS. SU VALORACION CONFORME A LAS REGLAS
DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA
DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.”
Ante ello, lo procedente es declarar la nulidad total de
la resolución impugnada, pues la autoridad demandada estaba
obligada a concatenar de manera correcta la fracción del artículo
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correspondiente que contuviera regulada la infracción cometida por
el servidor público, con la conducta que desplegara tal infracción.
Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la
siguiente jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la
Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI.
2º. J/31, que a la letra dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".
Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado el Sexto Circuito, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 64, abril de 1993,
Tesis VI.2º.J/248, página 43 que es del rubro y texto siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia
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administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". (lo subrayado es propio).
Por ende, lo procedente es decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución de fecha 21 (veintiuno) de marzo de 2014
(dos mil catorce), emitida dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa número CM/PRA/001/2014, emitida
por el Patronato de Explora del Municipio de León, Guanajuato, al
actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302,
fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por haberse
dictado en contravención de lo dispuesto por el artículo 137,
fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Apoya lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala
de este Tribunal, Segunda Época, derivada de la sentencia de
fecha 09 nueve de mayo de 2003, recaída al expediente número
4.509/02, mismo que a la letra indica: “INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÒN.- PROCEDE
DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados. (Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique).”
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Visto lo anterior, y al haber realizado el estudio del
tercer concepto de impugnación mismo que resultó ser fundado, es
innecesario realizar el análisis de los restantes conceptos de
violación, en tanto que los mismos no mejorarían el resultado del
presente fallo, en atención a la tesis de jurisprudencia que por
analogía se aplica y que a la letra indica: “CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de 1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89.” QUINTO.- Por lo que respecta a la pretensión del actor
consiste en que se decrete la nulidad del acto controvertido y se
deje insubsistente la sanción de inhabilitación, dado que ha sido
decretada la nulidad total del acto impugnado, es evidente que le
asiste el derecho al demandante a no ser sancionado mediante la
imposición de la sanción indicada, y en virtud de la ilegalidad de la
resolución sancionadora, por lo que se condena a la autoridad
demandada a no ejecutar la sanción impuesta.
De igual modo, respecto de la pretensión a no ser
inscrito en el registro de servidores públicos sancionados, la
misma también resulta procedente y se condena a la autoridad a
abstenerse de inscribir en el registro referido al accionante.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
además en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo, 249,
255, fracciones I, II y III, 298, 299, 300, fracciones II, y 302,
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fracción IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo expuesto en el
CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución. SEGUNDO.- Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución de fecha 21 (veintiuno) de marzo de 2014 (dos mil
catorce), emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número CM/PRA/001/2014, atento a lo precisado en
el CONSIDERANDO CUARTO de esta resolución. TERCERO. SE RECONOCE EL DERECHO reclamado
por la parte actora, y SE CONDENA a la demandada, al
cumplimiento de lo señalado en el CONSIDERANDO QUINTO de
esta resolución. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, y en su oportunidad
procesal, archívese el expediente como asunto concluido y dese
de baja del Libro de Registro de esta Sala.
Así lo proveyó, y firma el C. Licenciado Alejandro
Santiago Rivera, Magistrado Supernumerario del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, convocado
en sesión ordinaria de Pleno No. 36 de fecha 1 (uno) de Octubre
de 2014 (dos mil catorce), quien actúa asistido legalmente con
Secretaria Licenciada Judith Barrera Robledo, quien da fe.
L´Cmml.*
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PROCESO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 886/3ª SALA/14
PROMOVENTE:
MAGISTRADA: ARIADNA ENRÍQUEZ VAN DER KAM
Guanajuato, Guanajuato; 29 veintinueve de abril de 2015 dos mil
quince.
V I S T O S los autos para resolver el proceso administrativo radicado
en esta Tercera Sala con el expediente 886/3ª Sala/14; y:
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Promoción de demanda. Por escrito presentado en la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato el 18 dieciocho de junio de 2014
dos mil catorce y turnado a esta Tercera Sala el 19 diecinueve del mismo
mes y año; , por su propio derecho promovió proceso
administrativo en contra de las autoridades y por los actos que a
continuación se señalan:
ACTO IMPUGNADO
- La resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad
administrativa PRA 28/2014, emitida el 29 veintinueve de abril de
2014 dos mil catorce, mediante la cual se le impone una sanción
consistente en amonestación.
AUTORIDADES DEMANDADAS
- El Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato.
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SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Admisión de la
demanda. Mediante auto de 19 diecinueve de junio de 2014 dos mil
catorce (fojas 26 y 27) se admitió a trámite la demanda. Se ordenó correr
traslado como autoridad demandada, al Director de Responsabilidades e
Inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato. Se le tiene al actor por: a) señalando domicilio para recibir
notificaciones; b) autorizando personas; c) admitidas las pruebas que
ofreció en su demanda; c) se otorga la suspensión solicitada y; d) por
solicitando que manifestara si consiente o no que se proporcionen sus
datos ante una solicitud de acceso a la información.
Mediante acuerdo de fecha 12 doce de agosto de 2014 dos mil
catorce se tuvo a la actora por presentando diversas pruebas
supervenientes, las cuales no le fueron admitidas al no actualizarse las
causales previstas en las fracciones II y III del artículo 83 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por ser de fecha anterior a la presentación de la demanda y
no haber hecho alusión a que no los podía obtener.
TERCERO. Contestación de la demanda. En proveído de 15 quince
de septiembre de 2014 dos mil catorce (foja 102), se tuvo a la autoridad
encausada por: a) contestando la demanda; b) señalando dirección
electrónica y domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad capital;
c) autorizando personas; d) se admitieron las pruebas que ofreció en su
escrito; y e) se le tiene por cumpliendo el requerimiento formulado.
Finalmente, se citó a las partes a la audiencia final del proceso.
CUARTO. Audiencia final del proceso. El 12 doce de noviembre de
2014 dos mil catorce se desahogó la audiencia de alegatos (foja 116);
diligencia en la cual se hizo constar que las partes rinden alegatos por
escrito y se tuvieron por desahogadas las pruebas admitidas.
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C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es competente para
conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1,
2, 3, segundo párrafo, y 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; así como 1,
fracción II, y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia de la
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA
28/2013 de fecha 29 veintinueve de abril de 2014 dos mil catorce, emitida
por el Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, se
encuentra plenamente acreditada con el original de dicha resolución (fojas
16 a 24) que aporta la misma autoridad como parte integrante del
expediente de responsabilidad administrativa PRA 28/2013, de
conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
TERCERO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente
al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y,
por tanto, de estudio oficioso y preferente, se analizan las causales de
improcedencia.
Lo anterior con fundamento en el artículo 261 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, así como en la jurisprudencia con el número de tesis II. 1º.
J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia
común, página 553, bajo el rubro:
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IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las
causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben
estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la
instancia.
Al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas por los artículos
261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, quien juzga estima procedente el
estudio de fondo de la causa y no se sobresee el presente proceso
administrativo.
CUARTO. Argumentos de las partes. No se transcribirán los
conceptos de impugnación expuestos por el impetrante, ni los argumentos
tendientes a controvertir la eficacia de aquellos, esgrimida por las
encausadas.
Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción
de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justiciad de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época,
tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es
del tenor literal siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta,
la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin
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demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. Se procede al
análisis del ÚNICO concepto de impugnación vertido por la actora
En el mencionado concepto de impugnación, la actora señala que la
resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada, lo que
implica que se aprecia de forma incorrecta los hechos pues los motivos
expuestos por la demandada no configuran la hipótesis legal invocada,
ya que desconocía si dejaba el cargo,
además en ningún momento ha sido jefe inmediato ni superior jerárquico
de dicha persona.
Continúa señalando que si bien en el acta administrativa del 30
treinta de abril de 2013 dos mil trece se le señaló como jefe inmediato,
dicha acta no es la prueba idónea para acreditar que tenga dicho
carácter, ni tampoco ninguna de las probanzas a que hace referencia la
autoridad.
Por su parte la autoridad demandada al contestar la demanda
afirma que la actora era el jefe inmediato o superior jerárquico de
quien dejó el cargo de Jefe de Departamento A
«Médico Especialista», pues señala que ello se desprende de la
concatenación de los documentos a que se hace referencia en la
resolución.
Que se debe de atender a una interpretación lógica y sistemática del
artículo 14 del Reglamento para la Entrega-Recepción de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que refiere
que cuando el sujeto obligado no integre la información, entonces será el
superior jerárquico el encargado de efectuar la entrega, por lo que si en
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el acta de entrega se ostentó como jefe inmediato,
entonces la servidora pública aceptó el cargo con el cual se ostentó.
El argumento vertido por la actora resulta fundado y suficiente para
declarar la nulidad de la resolución que nos ocupa por las consideraciones
que a continuación se señalan.
Resulta pertinente remitirnos a lo señalado en los artículos 4, 5, 12 y
14 del Reglamento para la Entrega-Recepción de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
Artículo 4. Son sujetos obligados en términos de lo dispuesto por el
presente reglamento, a realizar la entrega-recepción:
I. Ordinaria y simplificada; Los servidores Públicos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
[…]
Artículo 5. Son deberes de los sujetos obligados:
I. Realizar la entrega-recepción de conformidad con la
normatividad aplicable;
[…]
Artículo 12. La entrega-recepción ordinaria se efectuará a más tardar
al día hábil siguiente de la separación del cargo del sujeto obligado,
independientemente de que exista o este por interponerse algún
procedimiento ante cualquier instancia judicial, laboral o administrativa, que
tenga por objeto dirimir alguna controversia relacionada con la separación del
cargo.
El servidor público obligado a realizar la entrega, podrá solicitar, por
causa justificada, a la autoridad que supervisa la entrega-recepción una
prórroga de hasta 5 días para iniciar o totalizar la entrega de la información
contenida en el Sistema.
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Artículo 14. Cuando el sujeto obligado no integre la información y por
consecuencia no se realice la entrega respectiva, el titular del área
administrativa de la dependencia o entidad correspondiente, deberá notificar
a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que debió realizarse el acto
de entrega-recepción a la Secretaría para los efectos de su competencia.
En este caso, el titular del área administrativa en coordinación con el
superior jerárquico del sujeto obligado, deberá integrar la información, siendo
este superior jerárquico el encargado de efectuar la entrega a más tardar
dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que ésta debió
realizarse. La supervisión del acto se efectuará en los términos del artículo 11
del presente ordenamiento, continuándose en lo procedente con lo dispuesto
en este capítulo.»
De lo anterior se observa que el sujeto obligado a realizar la
entrega-recepción deberá efectuarla a más tardar el día hábil siguiente de
la separación del cargo que ocupaba y en caso de no hacerlo será el
superior jerárquico el encargado de efectuar la entrega a más tardar
dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que debió de
realizarse.
En tal sentido, tenemos que el Reglamento para la Entrega-
Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado, determina claramente que a falta de la entrega por parte del sujeto
obligado será quien tenga el carácter de superior jerárquico quien adquiera
la obligación de realizar la entrega, por ello debe quedar plenamente
demostrado el carácter de «superior jerárquico».
Ello es así, ya que tal como en el caso la persona denominada
«superior jerárquico», adquiere una obligación más que una encomienda,
puesto que de no cumplir con dicha obligación se hace acreedor a una
sanción.
Por ende, las pruebas sobre las cuales sustenta su imputación la
autoridad demandada, -mismas que obran en el expediente administrativo
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del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA 28/2014-, son las
siguientes:
1. Memorándum número DGAG/156/2013 de fecha 14 catorce de
mayo de 2013 dos mil trece, suscrito por el Director General de
Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas.
2. Nombramiento como Jefe de Departamento A de
del 26 veintiséis de octubre de 2011, suscrito por
el Director General de la Paraestatal.
3. Oficio número INGUDIS/D.G./261/13 de 22 veintidós de abril de
2013 dos mil trece suscrito por el Director General del Instituto
Guanajuatense para las personas con Discapacidad.
4. Oficio INGUDIS/D.G./321/13 del 8 ocho de mayo de 2013 dos mil
trece suscrito por el Director General del Instituto Guanajuatense
para las personas con Discapacidad.
5. Acta administrativa de entrega-recepción ordinaria de
en sustitución de de 30
treinta de abril de 2013 dos mil trece.
6. Constancia de baja de con número
000683/2013 del 7 siete de mayo de 2013 dos mil trece, suscrito
por el Director del Instituto Guanajuatense para las personas con
discapacidad.
Por lo que de un análisis efectuado a dichas probanzas contrario a lo
concluido por la autoridad demandada no son suficientes para acreditar el
carácter de superior jerárquico de la actora.
Ello es así, ya que de ninguna de ellas se desprende el nombramiento
de la actora como superior jerárquico del sujeto obligado, como lo era
, pues si bien es cierto en el acta administrativa de
entrega-recepción, firmó como jefe inmediato, no
menos cierto es que ya había manifestado su deseo de no firmar dicha
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acta, aunado al hecho de que la simple suscripción de dicha acta no
acredita fehacientemente el carácter de superior jerárquico de la actora.
Además, no puede aducirse una adminiculación de probanzas, puesto
que las demás documentales solo prueban la remisión del expediente al
área de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas, el nombramiento del sujeto obligado, los informes a
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de que el sujeto
obligado no efectuó su entrega recepción y que se informa la celebración
de dicha entrega el 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece y finalmente la
constancia de baja del sujeto obligado, sin que de ellos pueda
determinarse que efectivamente la actora era la servidora pública que
ocupaba el lugar de superior jerárquico de al
momento de la baja de ésta.
Más aún, cuando en el propio expediente administrativo obra el oficio
INGUDIS/D.G./231/13 de 15 quince de abril de 2013 dos mil trece (foja
49), en donde se le notifica a –sujeto obligado- que
el 16 dieciséis de abril de 2013 dos mil trece, se verificaría el acto
protocolario de entrega-recepción del cargo que ocupaba como Jefe de
Departamento A y donde se establece de manera clara que ya fue
notificada del término de la relación laboral el día 10 diez de abril de 2013
dos mil trece por EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN DR.
.
Por consiguiente, es evidente que la autoridad demandada no valoró
todas las probanzas que obraban en el expediente administrativo, lo que
conllevó a que los hechos fueran apreciados de manera errónea, puesto
que el oficio anteriormente mencionado no fue tomado en consideración
por el Director de Responsabilidades e Inconformidades para la emisión
de su resolución, siendo que en dicho oficio se determina claramente que
el responsable del área de rehabilitación lo es el doctor
.
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Aunado a lo anterior, obra también en el expediente administrativo, el
oficio INGUDIS/CER/007/2014 del 5 cinco de marzo de 2014 dos mil
catorce, mediante el cual se envía diversa información laboral de la actora,
de donde se desprende que si bien el cargo ocupado por la demandante
es el de Coordinador General del Centro Estatal de Rehabilitación y
Unidades Municipales, no menos cierto es que se señala que el
nombramiento -a esa fecha- aún se encuentra en proceso de elaboración
sin que se determine a partir de cuándo fue designada en dicho cargo,
puesto que la antigüedad ahí señalada es por todo el tiempo que se ha
desempeñado en el servicio público y no únicamente como coordinadora.
Por tanto, no existe la certeza de que la actora al momento de la baja
de haya tenido el carácter de superior
jerárquico de ésta, más aun cuando como ya se dijo en el oficio
INGUDIS/D.G./231/13 de 15 quince de abril de 2013 dos mil trece, se
señala como responsable del área de rehabilitación al doctor
En conclusión, aun cuando la actora haya suscrito el acta de entrega-
recepción de la plaza de Jefe de Departamento A, en sustitución del sujeto
obligado, ello no es suficiente para imputarle el incumplimiento a la
obligación de no efectuar dicha acta-entrega en el plazo establecido en el
Reglamento de Entrega- Recepción, puesto que la autoridad no demuestra
fehacientemente que al momento de la baja del sujeto obligado,
haya fungido como superior jerárquico de éste.
No constituye óbice a lo anterior, el que la autoridad demandada señale
que la actora debió probar que no tenía el carácter de superior jerárquico,
ya que en todo momento la entonces sujeta a procedimiento negó haber
tenido dicho carácter, por lo que era la demandada quien estaba obligada
a probar su imputación, además, en aplicación del artículo 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios, se debió presumir la no
responsabilidad de la entonces sujeta a procedimiento y por tanto
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allegarse de pruebas suficientes y fehacientes que probaran plenamente el
hecho imputado, demostrando el carácter de superior jerárquico que dice
tenía la actora respecto de .
Por tanto, en el caso concreto hay incorrecta fundamentación y
motivación en la resolución definitiva del procedimiento de responsabilidad
administrativa PRA-28/2014, puesto que la autoridad demandada al no
analizar el total de las probanzas que obraban en el expediente
administrativo, incurre en una apreciación errónea de los hechos,
imputándole a la actora un carácter como superior jerárquico que no
estaba plenamente demostrado.
Se sostiene así, con apoyo en la tesis de jurisprudencia identificada
con el número I.3o.C. J/47 proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en
materia civil del primer circuito, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta en febrero de 2008 dos mil ocho, consultable a
página 1946, cuyo rubro y texto se leen:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una
violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16
constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los
gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se
hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida
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fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal,
sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas
de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el
caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por
lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado,
procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en
una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma
mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son
incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector,
sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para
llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva,
los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque
existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló
previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que
se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si
en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que
se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los
efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que,
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y
motivación, esto es, de la violación material o de fondo.”
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Así pues, dado que la hoy demandada no acreditó en el
procedimiento de responsabilidad administrativa que la conducta imputada
a la actora se encontrara dentro de sus funciones y sus argumentos fueron
sustentados en la apreciación errónea de los hechos, lo que procede es
declarar la NULIDAD TOTAL de la resolución administrativa del día 29
veintinueve de abril de 2014 dos mil catorce, emitida dentro del
procedimiento de responsabilidad administrativa identificado con el
número PRA-28/2014 instaurado en contra de , con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 300 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y la fracción II y IV del artículo 302 del mismo ordenamiento
legal.
SEXTO. Acción de reconocimiento de un derecho y de condena. Se
procede a continuación al estudio de la pretensión de la demandante,
consistente en que se decrete la nulidad lisa y llana de la resolución
impugnada, no se le inscriba en el registro de antecedentes disciplinarios
de los servidores públicos y se condene a la autoridad demandada al pago
de los daños que se le ocasionara a consecuencia de la aplicación de la
sanción de amonestación.
Al respecto este órgano jurisdiccional determina que esas
pretensiones han quedado satisfechas conforme a lo resuelto en el
considerando anterior.
Lo anterior resulta así, ya que al quedar insubsistente el acto por
medio del cual se le impone la sanción impugnada, en razón de la nulidad
decretada, evidente es que dicha amonestación carece de sustento y por
tanto no podrá ser inscrita. Además al no existir inscripción alguna no
existe el daño del que se duele la actora.
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, primer párrafo, y 20, fracción III
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guanajuato; 1, fracción II, 143, 249, 255, fracción I; 298, 299, 300, fracción
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II y 302, fracción II Y IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el
presente asunto, atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO PRIMERO de
este fallo.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL de la resolución impugnada,
al tenor de lo razonado en el CONSIDERANDO QUINTO de este fallo.
TERCERO. Se reconoce el derecho solicitado por el actor, con base
en lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de esta sentencia.
Notifíquese.
En su oportunidad, archívese este expediente, como asunto
totalmente concluido y dese de baja en el libro de registro de esta Tercera
Sala.
Así lo acordó y firma la licenciada Ariadna Enríquez Van Der Kam,
Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, actuando legalmente asistida
por la Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Viridiana Barajas
Mendiola por acuerdo de Pleno tomado en la sesión ordinaria número 12
doce, de 25 veinticinco de marzo de 2015 dos mil quince, quien da fe. Versión
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PROCESO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 987/4ª.Sala/13 PROMOVENTE:
MAGISTRADO: JOSÉ JORGE PÉREZ COLUNGA.
Guanajuato, Guanajuato, 02 (dos) de septiembre de
2014 (dos mil catorce).
V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del
Proceso Contencioso Administrativo expediente
987/4ª.Sala/13, radicado en esta Cuarta Sala y;
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Que mediante escrito presentado y recibido
en la Secretaría General de Acuerdos de este H. Tribunal el
02 (dos) de septiembre de 2013 (dos mil trece); y turnado a
esta Cuarta Sala el 03 (tres) del mismo mes y año,
compareció el ciudadano
, por su propio derecho promoviendo proceso
administrativo, demandado la nulidad contra el acto y las
autoridades que a continuación se señalan:
AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.
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P. A. 987/4ª Sala/13
ACTO IMPUGNADO:
La resolución de 04 (cuatro) de julio de 2013 (dos
mil trece), dictada dentro del procedimiento de
Responsabilidad Administrativa CM/PRA/003/2013,
mediante la cual se le impone al actor la sanción de
inhabilitación de 10 meses, por supuestas
irregularidades en las funciones que desempeñaba
como Director General de Desarrollo Urbano, por la
probable comisión de la conducta consistente en:
«…Haber emitido el oficio DU/DEU/33-6164/2012, mediante
el cual se autorizó la división de la fracción de terreno que
forma parte de la ex hacienda de la Joya con superficie de
215, 127.76 m2, sin previamente haber realizado la revisión
técnica y legal sobre la procedencia de la misma, así como
sin tener todos y cada uno de los requisitos establecidos en
el artículo 15, fracciones II y III, incisos e) y f), de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y el artículo 8, fracciones VIII y IX, del Reglamento
de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios…»
Y contravenir la obligación consignada en el artículo 11,
fracción I de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
Acciones accesorias intentadas. Asimismo el
promovente solicita:
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P. A. 987/4ª Sala/13
El pago de daños y perjuicios por la inhabilitación
que hoy combate y que le ha impedido laborar y
que ha dejado de percibir un sueldo de hasta la
cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos
00/100 m.n.), y la cantidad que se siga generando
por la inhabilitación genérica que huelga decir
que al no especificarla le causa daño y perjuicio.
SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de 19
(diecinueve) de septiembre de 2013 (dos mil trece), se
admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado de
la misma y de sus anexos, a la autoridad demandada el H.
Ayuntamiento de León, Guanajuato, para que dentro del
término de ley de contestación a la demanda, previo
requerimiento que se le formuló al actor para que exhibiera el
documento en que consta el acto impugnado, la constancia
de su notificación y las pruebas ofrecidas.
TERCERO. Que por proveído de 17(diecisiete) de
octubre de 2013 (dos mil trece), se tuvo a la autoridad
demandada por dando contestación al escrito inicial de
demanda, en tiempo y forma, en los términos de sus escritos
exhibidos. Procediéndose además a señalar fecha y hora
para la celebración de la AUDIENCIA DE ALEGATOS,
misma que tuvo verificativo sin la presencia de las partes, no
obstante que fueron legalmente citadas y notificadas a la
misma. Formulando apuntes de alegatos por escrito
únicamente la parte actora, y;
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P. A. 987/4ª Sala/13
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Que está Cuarta Sala del H.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, es
competente para conocer y resolver el presente proceso
contencioso administrativo. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 20, fracciones III y VII de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, publicada en el Periódico Oficial número 192 del 30
de noviembre del 2007, Segunda Parte, que previene:
«Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer, en
primera instancia, de los procesos administrativos que se
promuevan en contra de:(...)
III. Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios;
VIII. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los
Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en
agravio de los particulares...»
Por lo que, de los preceptos legales anteriormente
transcritos, evidentemente se desprende que este H. Tribunal
tiene competencia para conocer de la ilegalidad de las
resoluciones en que se impone sanciones administrativas a
los servidores públicos.
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P. A. 987/4ª Sala/13
Pues se impugna la resolución de 04 (cuatro) de julio
de 2013 (dos mil trece), emitida por el H. Ayuntamiento de
León Guanajuato, en la que se impone al actor una sanción
de inhabilitación de 10 (diez) meses, derivado de sus
funciones como Director General de Desarrollo Urbano, por
el supuesto de suscribir el oficio DU/DEU/33-6164/2012 en el
que se autoriza la división de la fracción de terreno que forma
parte de la ex hacienda la Joya.
SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. Que la
referencia y existencia de la resolución impugnada se
encuentra debidamente acreditado en autos, atento al medio
de prueba aportado por la parte actora al escrito de
demanda, como se constata a fojas 21 a 37 del sumario, así
como por el reconocimiento expreso de su existencia por las
autoridades demandadas al dar contestación a la demanda.
TERCERO. Narración sucinta de los conceptos de
impugnación. Se procede en primer término, a indicar lo que
las partes manifestaron en sus respectivos escritos. Así
tenemos que la actora, señala:
«PRIMERO.- Me causa agravio la resolución impugnada
atendiendo a que la misma se apoya en una indebida y parcial
valoración de los elementos que constituyen los antecedentes
que debieron valorarse para emitir su resolución, la autoridad da
inicio a un procedimiento sancionador en contra del suscrito bajo
la premisa de la supuesta inobservancia de lo que establece el
artículo 15 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus municipios señala: (…)
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P. A. 987/4ª Sala/13
Esta Contraloría Municipal determino que del artículo 15
de La Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y
sus Municipios se han infringido el INCISO E) DE LA
FRACCION III.- Constancia de suficiencia de servicios de agua
potable y alcantarillado, y de energía eléctrica expedida por los
organismos operadores correspondientes TRATANDOSE DE
PREDIOS URBANOS; y el inciso F) DE LA FRACCIÓN III.-
Plano de levantamiento topográfico que incluya las calles
colindantes, la infraestructura existe y la propuesta de división,
garantizando la servidumbre de paso a los predios resultantes de
una división de PREDIOS URBANOS.
En dicho dictamen se denota la descontextualización del
artículo en comento y no toma en cuenta elementos Técnico
Legales, así como otras disposiciones normativas esenciales y
necesarias para el desahogo y dictamen, solo se limita al ámbito
Interpretativo de el (sic) artículo 15 de la La Ley de
Fraccionamientos para el estado de Guanajuato y sus
Municipios, así como de la autorización de la división con
número DU/DEU/33-6164/2012.
Puesto que no toma en cuenta lo estipulado en EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORAL Y ECOLÓGICO PARA EL
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DE GUANAJUATO N°
98 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; (ANEXO 2), EN LA
FASE VI referente a las líneas Estratégicas punto 7 donde se
encuentra estipulada la Estrategia de ordenamiento territorial
urbano, en su párrafo 1 y 5 señala que:
1. El planteamiento de la estrategia se realizó tomando en
cuenta la establecida por el plan vigente para la
ocupación y uso del suelo, en sus diverso (SIC)
escenarios de crecimiento: a corto, mediano y largo plazo;
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con objeto de garantizar el desarrollo sustentable del
municipio…
5. EL LIMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA
CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, ESTÁ INTEGRADO
POR EL ÁREA QUE OCUPA LA ZONA URBANA ACTUAL
Y LAS ZONAS DE RESERVA PARA EL CRECIMIENTO
(ZRC).
En el punto 7.1 del mismo documento, referente al
Aprovechamiento urbano señala que:
CONFORMADA POR LA ZONA URBANA, EN DONDE
SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS LOS USOS Y
DESTINOS URBANOS, COMO ÁREAS PARA VIVIENDA,
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
Así mismo en el punto 7.8 referente a las Zonas Oriente y
Poniente, señala
Tomando en cuenta las características topográficas de la
ciudad, el crecimiento de la ciudad se realizará en etapas
progresivas de crecimiento, por lo que se MANTIENE LA ZONA
DE RESERVA PARA EL CRECIMIENTO (ZRC) Y, OTRA MÁS
DENOMINADA ZONA DE RESERVA PARA EL CRECIMIENTO
CONDICIONADA (ZRC-C), TENIENDO COMO OBJETIVO UN
CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE,
RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL IMPLAN Y
CRITERIOS DE URBANISMO.
Y en el punto 7.9 referente a las ZONAS DE RESERVA
PARA EL CRECIMIENTO señala que: ZONAS PREVISTAS
PARA EL CRECIMIENTO, tienen destino para usos mixtos
compatibles y densidades de acuerdo a los tipos de vías, en
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P. A. 987/4ª Sala/13
las que las compatibilidades, se irán marcando de acuerdo a
los usos que vayan siendo desarrollados, DEBERÁN DE
SER APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO.
Estas zonas se presentan al oriente y poniente, las cuales
deberán respetar los usos actuales y las políticas de uso de las
zonas de preservación; y serán destino para la adquisición de
reservas territoriales para el sistema vial, el equipamiento y
parques urbanos así como para la vivienda popular a largo
plazo.
De lo anterior se desprende la diferencia que existe entre la
ZONA URBANA (O PREDIO URBANO Y LA ZONA DE
RESERVA PARA EL CRECIMIENTO (ZRC); Por lo que en el
párrafo segundo del oficio DU/DEU-33-6164/2012 (ANEXO 3)
señala lo siguiente: Conforme al Plan de Ordenamiento
Territorial y Ecológico para el municipio de León,
Guanajuato, publicando en el periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato N° 98, de fecha 19 de junio de
2009…
Amén de que LA ZONA DONDE SE UBICA EL
TERRITORIO A DIVIDIR SE ENCUENTRA CLASIFICADO
COMO ZONA DE RESERVA PARA EL CRECIMIENTO (ZCR),
lo cual queda demostrado en la imagen del Sistema Integral de
Usos de Suelo de la página oficial de Desarrollo Urbano
(ANEXO 4).
De lo anterior queda probado de manera técnica y legal que
el predio objeto de la división bajo el número de control DU/DEU-
33-6164/2012 NO SE CONSIDERA COMO UN PREDIO
URBANO, puesto que de conformidad a el (sic) Plan de
Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de León
Guanajuato, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato N°98, De fecha 19 de junio 2009; dicho
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P. A. 987/4ª Sala/13
predio está clasificado como ZRC, ES DECIR COMO DE ZONA
DE RESERVA PARA EL CRECIMIENTO, y para poder tener los
usos de suelos y las autorizaciones necesarias para ser
considerado UN PREDIO URBANO deberán de ser primero
autorizadas primero por el Ayuntamiento, condición esencial que
al momento de la expedición de la división no se encontraba
algún tipo de autorización en ese sentido por parte del H.
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- La fundamentación de la autoridad es indebida,
toda vez que sobre la misma justifica la sanción impuesta en lo
que establece el artículo 20 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los servidores públicos del Estado y sus
Municipios, mismo que señala: (…)
Al tenor de lo transcrito y lo argumentando en la resolución que
se combate se debe decir lo siguiente:
A.- Como ha quedado acreditado no existe ninguna falta
cometida por el suscrito en mi carácter de servidor público, al
haber emitido un acto de autoridad que tuvo como sustento la
correcta aplicación de la normatividad aplicable al momento de la
emisión del acto.
B.- Por otra parte, y como lo señala la propias autoridad
en su resolución no se acredita de ninguna forma la existencia
de un beneficio obtenido ni tampoco que se haya generado
algún daño o perjuicio al emitir el oficio DU/DEU/33-6164/2012.
C.- En relación a lo argumentado por la hoy demandada,
en el sentido de la afectación a la presentación al desarrollo del
servicio público, no le asiste la razón a la autoridad atendiendo a
que el acto emitido y que da origen al procedimiento instaurado
se encuentra emitido con apego a las normas vigentes al
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P. A. 987/4ª Sala/13
momento de su emisión, por lo cual es falso que se haya violado
el principio de legalidad.
D.- Además de lo anterior, de los informes que fueron
solicitados en vía de prueba por el suscrito a las dependencias
requeridas para que informaran si la división autorizada
correspondía a un predio clasificado como urbano al momento
de la emisión del acto, me dan la razón al señalar que el artículo
15 de Ley de Fraccionamiento para el Estado de Guanajuato y
sus Municipios no le es aplicable al acto emitido.
TERCERO.- En consecuencia, la fundamentación y
motivación de la autoridad es indebida, atendiendo a la
imprecisión y vaguedad de la propia resolución, de la cual se
desprende en sus puntos resolutivos lo siguiente:
“…Primero. Una vez que ha quedado acreditada en autos la
responsabilidad administrativa del Ciudadano José Manuel
Villagómez Muñoz, se procede a imponerle la sanción
consistente en una “INHABILITACION DE 10 MESES”,
Atendiendo a lo señalado en los considerandos segundo al
séptimo de la presente resolución…”
Por lo cual dicho resolutivo, aún y cuando remite a los
considerandos señalados, tampoco precisa en dicha parte de la
resolución a qué tipo de inhabilitación se refiere o los posibles
efectos de la supuesta inhabilitación.
Lo anterior circunstancia pasa cualquier límite o criterio de
interpretación, y más aun atendiendo a la precisión con que
debió establecerse la sanción, ya que la resolución impugnada
no admite criterios de analogía ni comparación, y ante la
indebida apreciación del sustento que dio origen al oficio
DU/DEU/33-6164/2012 se evidencia que no existe
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P. A. 987/4ª Sala/13
fundamentación ni motivación para pretender imponer la sanción
ahora impugnada.
CUARTO.- Relacionado con el anterior concepto de
impugnación, señalo como concepto de impugnación la carencia
de validez del acto administrativo impugnado atendiendo a que
el mismo carece de los elementos de validez previstos en el
artículo 137 fracciones VI del Código de Procedimientos y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, al no estar debidamente fundado y motivado, lo cual
en esencia desvirtúa la validez del acto impugnado, ya que para
que un acto de autoridad sea válido debe reunir los requisitos del
citado artículo, que señala: (…)
Por lo tanto el acto impugnado se considera
indebidamente fundado y motivado ya que no señala las posibles
circunstancias que den lugar a su emisión, misma que además
de ser contrarias a lo que establece la Ley de la materia es
violatoria de garantías constitucionales, tales como la previstas
en el artículo 16 Constitucional, importa destacar que éste
regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya
finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos
personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus
relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen
sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las
reglas establecidas en la ley, con el objetivo de que el particular
este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni
arbitrario, sino apegado a la ley.
Para determinar el contenido y alcance de la garantía de
legalidad al que debe apegarse todo acto de autoridad
administrativa, los tribunales colegiados han sostenido lo
siguiente: (…)
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De las anteriores consideraciones se desprende que para
que un acto administrativo tenga efectos jurídicos, el mismo
debe encontrarse debidamente fundado y motivado, pues de lo
contrario resultaría violatorio al artículo 2 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato y más aún que la
resolución impugnada viola derechos adquiridos previamente
como es la autorización de un uso de suelo emitido con
anterioridad, y que el mismo se encuentra en proceso de
referendo.»
Por lo que respecta a la autoridad demandada, el H.
Ayuntamiento de León Guanajuato, al momento de dar
contestación a la demanda incoada en su contra, expreso:
«PRIMERO.- Es ineficaz e improcedente el agravio que expresa
la parte actora toda vez que hace manifestaciones vagas de que
el acto que impugna denota la descontextualización del artículo
15 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios, puesto que no se toma en cuenta lo estipulado
en el Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el
Municipio; ineficacia e improcedencia, derivada del fundamento
legal para otorgar las divisiones hasta antes del 2013, esto es
así ya que para otorgar las divisiones antes del 2013, como lo
fue el caso que nos atañe, MISMA QUE SE SOLICITO EN EL
AÑO 2012, sería el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano
para el Municipio de León, Guanajuato en sus artículos 137 y
138, concatenados con lo dispuesto en la extinta Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, en su artículo 15, así como el artículo 8 del
Reglamento de la citada Ley, misma que fue derogada con la
entrada en vigor el primero de enero del presente año 2013 del
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
ASÍ PUES PARA OTORGAR LAS DIVISIONES COMO LA
OTORGADA POR EL AHORA ACTOR EN EL OFICIO DU/DEU-
33-6164/2012, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
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URBANO, MISMA DE LA CUAL EL AHORA ACTOR ERA
TITULAR, DEBIO SOLICITAR AL CIUDADANO CUMPLIR CON
LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA HOY EXTINTA
LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS ASI COMO EL 8 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, Así pues, cabe señalar que en el
expediente que autoriza el ahora actor para la división, NO
OBRA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA CONSTANCIA DE
SUFICIENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y DE ENERGÍA ELECTRICA, EXPEDIDA
POR LOS ORGANISMOS OPERADORES
CORRESPONDIENTES TRATANDOSE DE LOS PREDIOS
URBANOS, NI TAMPOCO OBRA CONSTANCIA DE LA
EXISTENCIA DEL PLANO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO ADEMAS DE (SIC) OBSERVA EN LA
DEIVISON (SIC) AUTORIZADA, QUE SE GARANTIZO LA
SERVIDUMBRE DE PASO A LOS PREDIOS RESULTANTES Y
NO COMO INCONGRUENTEMENTE REFIERE QUE ATENDIO
AL CODIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS.
SEGUNDO.- Es inatendible. YA QUE COMO LO FUE,
TAL Y COMO SE REFLEJA EN LA RESOLUCIÓN QUE POR
ESTA VÍA SE IMPUGNA, LA SANCIÓN IMPUESTA AL AHORA
ACTOR ATENDIÓ A LA GRAVEDAD DE LA FALTA, esto es, se
consideró como conducta grave ya que contravino a las
disposiciones de la ley, A LA JERARQUÍA DEL SERVIDOR
PÚBLICO ahora actor, esto es, le correspondía ser un servidor
público de primera línea de mando, al haber sido titular de la
Dirección General de Desarrollo Urbano, a la CONDICIÓN
ECONÓMICA, misma que se consideró a un entorno económico
sin pertenecer a ninguno de los grupos vulnerables que
merecían una consideración especial, EL MONTO DEL
BENEFICIO OBTENIDO Y EL DAÑO O PERJUICIO
OCASIONADO, LA AFECTACIÓN EN LA PRESTACIÓN AL
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P. A. 987/4ª Sala/13
DESARROLLO DEL SERVICIO, del cual ocasiono una
afectación en el buen desarrollo DEL SERVICIO PÚBLICO.
Derivado de las anteriores consideraciones procedente
individualizar la sanción, esto es, por tratarse de una conducta
contenida en los términos del artículo 23 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, del texto vigente al
momento de haberse actualizado la conducta que se le reprocha
le correspondió una sanción de 10 MESES DE
INHABILITACIÓN, según lo señalado en la fracción I del artículo
23 por lo que tomando en consideración además que la
conducta que desplego el ahora actor fue de manera
CONSIENTE, lo procedente fue imponerle la sanción superior a
la media, e inferior a la máxima.
TERCERO.- Es improcedente e inatendible ya que, el ahora
actor refiere conceptos vagos y sin soporte jurídico legal al
manifestar que la resolución que por esta vía se impugna, en su
resolutivo remite a los considerandos sin precisar en dicha parte
de la resolución a qué tipo de inhabilitación se refiere o los
posibles efectos de la supuesta inhabilitación, lo que es por
demás ocioso sin sentido jurídico y más que refiera que se dio
una indebida apreciación del sustento que dio origen al oficio
DU/DEU/33-6164/2012. Concepto que debe ser inatendible ya
que en la resolución que por esta vía se impugna, se comprueba
de manera categórica LA CONDUCTA IRREGULAR Y LA
RESPONSABILIDAD DEL AHORA ACTOR, AUNADO A NO
EXISTIR ARGUMENTO, NI PROBANZA QUE LO EXIMA DE LA
RESPONSABILIDAD.
CUARTO.- Es ineficaz, inoperante e improcedente este
concepto, ya que el ahora actor, refiere que el acto de
impugnación carece de validez del acto administrativo esto es,
que carece de los elementos de validez previsto en el artículo
137 fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia
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Administrativa al no estar debidamente fundado y motivado, lo
cual es por demás improcedente, ya que el acto que por esta vía
se impugna cuenta con debida adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables es decir, que el AHORA
ACTOR ENCUADRO EN UNA CONDUCTA IRREGULAR DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS DEL TEXTO
VIGENTE AL MOMENTO DE HABERSE ACTUALIZADO LA
CONDUCTA QUE SE LE REPROCHA,
CORRESPONDIENDOLE UNA SANCIÓN DE 10 MESES DE
INHABILITACIÓN SEGÚN LO SEÑAÑADO (sic) EN LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 23..»
CUARTO. Causales de improcedencia. Si bien es
cierto, que el análisis de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, son cuestiones de orden público, así como
que se analizan de oficio ó a petición de parte, tal como lo
establece la tesis jurisprudencial número 940, publicada en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988,
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la pág.
1538, que por analogía tiene aplicación directa y que reza:
«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.».
Cierto es también, que en el caso a estudio, al no
advertir esta Cuarta Sala la actualización de ninguna de las
causales de improcedencia, se procede al estudio del
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presente asunto, atendiendo a los conceptos de impugnación
expuestos por el actor en su ocurso de cuenta.
QUINTO. Estudio de los conceptos de
impugnación. En esas condiciones, corresponde ahora
adentrarse al estudio de los conceptos de violación hechos
valer por la parte actora; y así tenemos que esta Sala estima
que el marcado como PRIMERO del escrito de demanda,
resulta fundado, para decretar la nulidad de la resolución
controvertida, como a continuación se expone:
En síntesis sostiene el actor en el concepto de
impugnación que se estudia que le causa agravio la
resolución impugnada atendiendo a que la misma se apoya
en una indebida y parcial valoración de los elementos que
constituyen los antecedentes que debieron valorarse para
emitir su resolución, la autoridad da inicio al procedimiento
sancionador bajo la premisa de la supuesta inobservancia de
lo que establece el artículo 15 de la Ley de Fraccionamientos
para el Estado de Guanajuato.
Sostiene además el impetrante que el predio objeto de la
división bajo el número de control DU/DEU-33-6164/2012, no
se considera como un predio urbano, puesto que de
conformidad al Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico
para el Municipio de León Guanajuato, publicado en el
periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
N°98, de fecha 19 de junio 2009; dicho predio está
clasificado como ZRC, es decir como de zona de reserva
para el crecimiento, y para poder tener los usos de suelos y
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las autorizaciones necesarias para ser considerado un predio
urbano deberán de ser primero autorizadas por el
Ayuntamiento, condición esencial que al momento de la
expedición de la división no se encontraba algún tipo de
autorización en ese sentido por parte del H. Ayuntamiento.
Y refiere que el artículo 15, en su fracción III incisos e)
y f), se aprecia una salvedad al hacer referencia a la
exigencia de dichos requisitos cuando se trata de predios
urbanos, siendo que mediante el oficio se autorizó la división
como un predio ubicado en la Zona de Reserva para el
Crecimiento y no como un predio urbano.
De la anterior síntesis, este resolutor advierte una
causa de pedir que en opinión de quien demanda le causa
agravio la resolución impugnada.
Alegaciones que como ya se adelantó resultan
fundadas y suficientes para decretar la nulidad de la
resolución controvertida.
A fin de justificar el anterior aserto, para su mejor
comprensión, este Juzgador considera oportuno señalar que,
de constancias de autos, emergen los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:
1°.- Que en el caso que nos ocupa, por así constar del
propio contenido de la resolución reclamada, al actor se le
impuso una sanción administrativa, con fundamento en la
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Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
específicamente la prevista en el artículo 13, fracción V en
relación con los numerales 18 y 23, fracción I de la abrogada
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios1,
consistente en amonestación;
2°.- Por la probable responsabilidad administrativa
derivada de sus funciones como Director General de
Desarrollo Urbano, por la probable comisión de la conducta
consistente en:
«…Haber emitido el oficio DU/DEU/33-6164/2012, mediante
el cual se autorizó la división de la fracción de terreno que
forma parte de la ex hacienda de la Joya con superficie de
215, 127.76 m2, sin previamente haber realizado la revisión
técnica y legal sobre la procedencia de la misma, así como
sin tener todos y cada uno de los requisitos establecidos en
el artículo 15, fracciones II y III, incisos e) y f), de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y el artículo 8, fracciones VIII y IX, del Reglamento
de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios…»
3°.- Y contravenir la obligación consignada en el
artículo 11, fracción I de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
1 Pero vigente al momento del dictado de la resolución que se analiza.
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El anterior antecedente adquiere gran relevancia, pues
si bien es cierto, que en la resolución que se revisa quedó
perfectamente establecido el estatus del sujeto a
procedimiento2, esto es, servidor público, el cual en su
acepción amplia se identifica como toda persona que presta
servicios al Estado, bajo una relación de especial sujeción,
que le obliga a cumplir con determinados deberes y
someterse a la potestad disciplinaria por el incumplimiento de
los mismos.
Empero también es menester que la sustanciadora
además de determinar la calidad de servidor público del
sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa,
debe en todo momento en el ejercicio de su función
sancionadora como elemento del sistema disciplinario o de
responsabilidad administrativa, encuadrar la conducta en la
ley sancionada como falta o infracción administrativa.
Lo anterior, atentos a que no debemos perder de vista
que las personas que desempeñan un cargo público se
pueden encontrar sujetas a distintos tipos de
responsabilidad: civil, penal, política, administrativa y laboral
o burocrática dependiendo del régimen jurídico que en
concreto se actualice, así como de la relación que se
establezca entre el sujeto y el Estado, sea éste último como
patrón o bien como autoridad.
De suerte que sólo seran sujetos de responsabilidad
administrativa cuando incumplan las obligaciones o incurran 2 Según considerando segundo de la resolución que se revisa.
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en las conductas prohibidas señaladas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
verbigracia artículos 11 y 12.
Lo anterior asume una gran preeminencia, dado que la
demandante principalmente en el concepto de impugnación
que se estudia, se duele del hecho de que la demandada en
la conducta que se le imputa3 realiza una interpretación
equivocada del artículo 15, en su fracción III, inciso e) y f) de
la entonces Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios, en tanto cuanto que se aprecia
una salvedad al hacer referencia a la exigencia de dichos
requisitos cuando se trata de predios urbanos, siendo que
mediante el oficio se autorizó la división como un predio
ubicado en la Zona de Reserva para el Crecimiento y no
como predio urbano.
En efecto, contrario a lo determinado en la resolución
que se combate, del propio oficio -DU/DEU/33-6164/20124-,
visible a foja 56 a 59 del sumario, medio de prueba a la cual
quien juzga le otorga valor probatorio pleno, de conformidad
con lo establecido en los artículos 48, fracción II, 78, 79 y 121
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, que respectivamente
rezan:
3 Haber emitido el oficio DU/DEU/33-6164/2012, sin haber realizado la revisión técnica y
legal sobre la procedencia 4 Que constituye el documento en que la demandada apoya la conducta que se reprocha al actor
y determina el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
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P. A. 987/4ª Sala/13
«ARTÍCULO 48. Este Código reconoce como medios de
prueba:(...) II.- Los documentos públicos y privados...»
«ARTÍCULO 78. Son documentos públicos aquéllos cuya
formulación está encomendada por la Ley, dentro de los límites
de su competencia, a las personas dotadas de fe pública y los
expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia
regular, sobre los documentos de sellos, firmas y otros signos
exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en
contrario.»
«ARTÍCULO 121. Los documentos públicos hacen prueba
plena.»
Así como lo que establece la tesis de jurisprudencia
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federal y
su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, Tesis P.
XLVII/96, Página 125, la cual a la letra dice:
«PRUEBAS. SU VALORACION CONFORME A LAS REGLAS
DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA
DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema
de libre apreciación en materia de valoración probatoria
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su
conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y
de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las
sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su
interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los
principios generales del derecho, no se viola esta garantía
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P. A. 987/4ª Sala/13
porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de
la valoración jurídica realizada y de su decisión.».
Se desprende, que la mencionada autorización de
división y fusión –ésta última que por cierto la demandada no
reprocha al actor, y que también se concedió en el
multimencionado oficio-, se realizó respecto de un terreno
que se encuentra clasificado como Zona de Reserva para el
Crecimiento (ZRC), en términos de lo previsto por los
artículos 137 y 138 del Código Reglamentario de Desarrollo
Urbano para el Municipio de León, Guanajuato, y no en zona
urbana, mismos que a la letra rezan:
Artículo 137.- Para el otorgamiento del permiso de fusiones de
inmuebles se exigirán, en lo conducente, los requisitos que para
las divisiones señala el Código Territorial. El tiempo de respuesta
al ciudadano, una vez que se presenten todos los requisitos, será
de hasta siete días hábiles.
Artículo 138.- En caso de que el solicitante no cumpla con todos
los requisitos establecidos, se le requerirá por escrito dentro de
los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, a fin
de que en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que
haya surtido efectos la notificación cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la
petición se tendrá por no presentada.
Se desprende en lo que en este punto interesa que, en
tratándose de los permisos de fusiones de inmuebles
correspondientes a una reserva para el crecimiento se
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P. A. 987/4ª Sala/13
exigirán, en lo conducente, los requisitos que para las
divisiones señala el Código Territorial.
Tal aspecto se encuentra robustecido con la documental
visible a foja 79 de sumario, consistente en el escrito de 16
de mayo de 2013, suscrito por la Arquitecta
Directora General del Instituto Nacional de
Planeación, mediante el cual da respuesta a la solicitud del
Contralor Municipal de León Guanajuato, a través del cual le
informa que la división del terreno autorizado no se
encuentra dentro del límite de la Zona Urbana, así como que
respecto de la clasificación de predios urbanos, suburbanos y
rústicos no se encuentran contemplados en ningún cuerpo
normativo en materia de planeación, sino que dicha
clasificación se encuentra en la normativa en materia
tributaria y fiscal.
Así como con el diverso escrito de 03 de mayo de 2013,
suscrito por la misma Directora General del Instituto Nacional
de Planeación, consultable a foja 74 del autos, mediante el
cual comunica al Contralor Municipal y en cumplimiento al
oficio número CM/DCS/1118/2013, relativo al procedimiento
de responsabilidad administrativo incoado al arquitecto
–aquí parte actora- que de
acuerdo a lo previsto en el artículo 2, fracciones VIII, IX y X
de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato,
para el ejercicio fiscal de 2013, define a los inmuebles
urbanos, suburbanos, rústicos, y que el uso asignado al
predio señalado en el anexo 4, que es de Zona de Reserva
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P. A. 987/4ª Sala/13
para el Crecimiento, se encuentra clasificado como
Suburbano.
Por tanto, es inconcuso que la demandada en la
resolución que se revisa indebidamente reprocha a
, como ya se precisó con
anterioridad la infracción al artículo 11, fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, esto es,
por la falta de diligencia en sus funciones porque emitió el
oficio DU/DEU/33-6164/2012, mediante el cual se autorizó la
división de la fracción de terreno que forma parte de la ex
hacienda de la Joya con superficie de 215, 127.76 m2, sin
previamente haber realizado la revisión técnica y legal sobre
la procedencia de la misma, así como sin tener todos y cada
uno de los requisitos establecidos en el artículo 15,
fracciones II y III, incisos e) y f), de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y el artículo 8, fracciones VIII y IX, del
Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios, que prevén:
De la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios5:
«ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los servidores públicos:
5 Vigente al momento del dictado de la resolución que se controvierte.
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P. A. 987/4ª Sala/13
I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos
propios del cargo, así como aquéllas que les sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus
facultades...»
De la Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios:
«ARTÍCULO 15. El trámite para otorgar un permiso de división
se sujetará a lo siguiente: (...)
II. La Dirección realizará la revisión técnica y legal de la solicitud;
y
III. La Dirección autorizará la división cuando se cumpla con los
siguientes requisitos: (...)
e) Constancia de suficiencia de servicios de agua potable y
alcantarillado, y de energía eléctrica, expedida por los
organismos operadores correspondientes tratándose de predios
urbanos; y
f) Plano de levantamiento topográfico que incluya las calles
colindantes, la infraestructura existente y la propuesta de
división, garantizando la servidumbre de paso a los predios
resultantes de una división de predios urbanos.» (el subrayado
no es de origen)
Del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios:
«Artículo 8.- A la solicitud de autorización de división de un
inmueble, se deberá anexar la siguiente documentación:
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P. A. 987/4ª Sala/13
VIII.- Constancia de suficiencia de servicios de agua potable y
alcantarillado, energía eléctrica, expedidas por los por organismos
operadores correspondientes, tratándose de predios urbanos;
IX.- Plano de levantamiento topográfico que incluya las calles
circundantes, la infraestructura existente y la propuesta de
división, garantizando la servidumbre de paso a los predios
resultantes de una división en predios urbanos...» (el subrayado
no es de origen)
Como se observa, es claro que no se ve actualizada
debidamente la conducta que se le reprocha al demandante,
pues como se ha visto la autorización de división del predio
tantas veces citado se hizo respecto de un terreno que se
encuentra clasificado como Zona de Reserva para el
Crecimiento (ZRC), siendo que los artículos en que se apoyó
la demandada en la conducta que se reprocha al sujeto a
procedimiento de responsabilidad administrativa son
respecto de predios en zona urbana, de ahí que la
demandada apreció incorrectamente los hechos.
Y por ende no adecuo la hipótesis legal en el precepto
legal aplicable al caso.
Pues la obligación consignada en la fracción I del
numeral en mención, refiere como obligación del servidor
público cumplir diligentemente y con probidad las funciones y
trabajos propios del cargo. De ahí, que resulte necesario
desentrañar el significado de las palabras diligencia y
probidad a fin de determinar si
actuó indebidamente en el ejercicio de sus funciones.
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Así pues el Diccionario de la Lengua Española define a
la palabra diligentemente, como:
1. adv. m. Con cuidado y prontitud.
En tanto que probidad es definida como:
(Del lat. probĭtas, -ātis).
1. f. honradez
De las anteriores concepciones, es claro advertir que la
conducta que se imputa a quien demanda no tipifica la
obligación consignada en la fracción I del artículo 11 que nos
ocupa, al referirse a aquél servidor público que en ejercicio
del cargo no actúa con cuidado u honradamente, siendo que
como se observa de los preceptos legales y reglamentarios
antes reproducidos que se reprochan a quien demanda en la
emisión del oficio DU/DEU/33-6164/2012, los mismos
refieren que para obtener el permisos de división de un
inmueble, la Dirección realizará la revisión técnica y legal, y
que éste se autorizará siempre y cuando el solicitante cumpla
determinados requisitos, de entre los cuales, según se
advierte de la resolución combatida, la autoridad demandada
refiere que no se cumplieron en la autorización que nos
ocupa:
e) Constancia de suficiencia de servicios de agua potable y
alcantarillado, y de energía eléctrica, expedida por los
organismos operadores correspondientes tratándose de predios
urbanos; y
f) Plano de levantamiento topográfico que incluya las calles
colindantes, la infraestructura existente y la propuesta de
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división, garantizando la servidumbre de paso a los predios
resultantes de una división de predios urbanos.»
Requisitos que como se ha visto, se encuentran
inmersos en las disposiciones legales y reglamentarias antes
transcritas.
Sin embargo, este Juzgador estima que contrario a la
determinación e interpretación que realiza la demandada
respecto de que el actor como Director General de Desarrollo
Urbano de León, Guanajuato, autorizó la división de la
fracción de terreno que forma parte de la ex hacienda de la
Joya con superficie de 215, 127.76 m2, sin previamente
haber realizado la revisión técnica y legal sobre la
procedencia de la misma, así como sin tener todos y cada
uno de los requisitos establecidos en el artículo 15,
fracciones II y III, incisos e) y f), de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y el artículo 8, fracciones VIII y IX, del
Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios, es el caso, que tales
disposiciones refieren que respecto a tales constancias
operan en tratándose de predios urbanos mas no así para
aquellos terrenos que se encuentran clasificados como Zona
de Reserva para el Crecimiento (ZRC), tal como y aconteció
en la autorización de división contenida en el oficio
DU/DEU/33-6164/2012.
Luego, con lo hasta aquí expuesto, queda de manifiesto
que la demandada apreció incorrectamente los hechos, en la
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medida de que con la emisión del oficio oficio DU/DEU/33-
6164/2012, mediante el cual se autorizó la división de la
fracción de terreno que forma parte de la ex hacienda de la
Joya con superficie de 215, 127.76 m2, no se contraviene el
artículo 15, fracciones II y III, incisos e) y f), de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y el artículo 8, fracciones VIII y IX, del
Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios, como erróneamente lo
pretende hacer valer la contestante en la resolución que se
revisa, pues quedó demostrado en la secuela procesal que la
autorización la división y fusión del terreno se encuentra
clasificado como Zona de Reserva para el Crecimiento, y que
el uso de suelo asignado se encuentra dentro de la
clasificación de suburbano.
De ahí, que sea dable inferir, que en derecho
administrativo sancionador la conducta imputada debe estar
previamente determinada en norma, ley o reglamento, ya que
de acuerdo a nuestro sistema de derecho, y en razón del
principio de seguridad jurídica, la autoridad demandada debió
en la sustanciación del procedimiento de responsabilidad
administrativa y en la resolución controvertida adecuar la
conducta que se le imputa con norma administrativa
puntualmente aplicable al caso.
Aspecto que no aconteció así, es decir, debió haber
realizado una absoluta adecuación entre el hecho realizado y
el tipo descrito en la norma, ya que en el Derecho
disciplinario los tipos de las distintas infracciones
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P. A. 987/4ª Sala/13
disciplinarias se forman con la descripción sucinta de la
acción u omisión considerada como infracción, de modo que
atento al principio de legalidad que supone la necesidad de
que las conductas infractoras y las sanciones se encuentren
contenidas en ley previa, ello significa que la obligación
imputada a la demandante debe estar previamente
determinada en la norma, siendo que en la especie, la
demandada apreció incorrectamente los hechos, y como
consecuencia, aplico indebidamente el derecho.
Por tanto, no se acredita la hipótesis consignada en la
fracción I del artículo 11 de la Ley de la Materia.
Pues además atendiendo al derecho administrativo
sancionador el principio de reserva de ley se traduce en que
las conductas generadoras de responsabilidad
administrativa, deben estar contenidas en el texto de ley,
mientras que para observar el principio de tipicidad, deberá
ser en el texto de la ley donde se contemplan los elementos y
definición de la conducta, principios que se encuentran
recogidos en los artículos 109, fracción III, y 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Principios rectores en el procedimiento de responsabilidad
administrativa (legalidad y tipicidad).
Lo anterior, encuentra su sustento además en el Criterio
emitido por el Pleno de este H. Tribunal, correspondiente al
periodo 2009, que reza:
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«PRINCIPIOS RECTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.- El procedimiento disciplinario de nuestra Entidad se
rige, entre otros, por los principios de reserva de ley y de tipicidad,
originalmente concebidos dentro de la materia penal, pero que
resultan aplicables, dada la identidad ontológica que tiene con
dicha rama jurídica, al ser ambas expresiones de la potestad
sancionadora del Estado. De ahí que el legislador deba definir y
describir dentro de la norma los elementos constitutivos de las
infracciones administrativas y las sanciones aplicables, mientras
que el poder ejecutivo habrá de ceñirse a lo expresamente
dispuesto en el texto de la ley, quedando prohibido en
consecuencia fincar responsabilidad administrativa a los
servidores públicos, por interpretación analógica o por mayoría de
razón, conforme al principio nullum crimen sine lege y nulla poena
sine lege, que apunta al respeto de la garantía constitucional de
exacta aplicación de la ley, recogida por los artículos 14, párrafo
tercero, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 135 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. (Toca 53/09. Recurso de Reclamación
interpuesto por , autorizada
del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Gestión Pública del Estado, autoridad demandada. Resolución de
1º de julio de 2009)»
De ahí que el legislador deba definir y descubrir dentro
de la norma, los elementos constitutivos de las faltas
administrativas y las sanciones aplicables, mientras que el
poder ejecutivo tendrá que ceñirse a lo que expresamente
quedó dispuesto en el texto de la ley, quedando prohibido en
consecuencia, en cuanto al fincamiento de responsabilidad
administrativa de los servidores públicos, la interpretación
analógica, atento al principio “nullum crimen sine lege y nulla
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P. A. 987/4ª Sala/13
poena sine lege”, que apunta al respeto de la garantía
constitucional de exacta aplicación de la ley, recogida por el
párrafo tercero del artículo 14 y 16, párrafo primero de la
Constitución General de la República.
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que
éstos aspectos resultan suficientes para estimar que la
demandada aprecio equivocadamente los hechos y
consecuentemente aplicó indebidamente el derecho, por
tanto, es procedente decretar la NULIDAD TOTAL de la
resolución de 04 (cuatro) de junio de 2013 (dos mil trece),
dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa
número CM/PARA/003/2013.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; al actualizarse la causal de ilegalidad prevista
en el artículo 302 fracción IV del mismo ordenamiento legal,
en virtud de que la demandada aprecio de manera incorrecta
los hechos que le llevaron a determinar la conducta
infractora, lo que originó la indebida aplicación de la fracción I
del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, ya que en tal fracción no se
consigna la hipótesis de la conducta imputada por la que se
instrumentó el procedimiento disciplinario, en que fundó la
resolución controvertida.
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P. A. 987/4ª Sala/13
Sirve de soporte jurídico a lo expuesto lo que sostiene
el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, en la siguiente
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación;
Octava Época; Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de
1990, visible en la página: 44, que reza:
«ACTO RECLAMADO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN DEL. TIENE EFECTOS DISTINTOS AL CASO
EN QUE ESTAS SEAN INDEBIDAS. En efecto, cuando el acto
reclamado carece de fundamentación y motivación legales, es
decir, cuando en el mandamiento de autoridad no se invoca
ningún precepto legal o reglamentario en que se apoye, ni se
expone ningún motivo para haberlo emitido, en este caso se
trata de violaciones formales, y la concesión de la razón
implicará la obligación de anular el acto reclamado, así como
todas sus consecuencias y efectos, sin perjuicio de que si así lo
considera conveniente, la autoridad responsable en ejercicio de
sus funciones legales, pueda emitir un acto nuevo frente al
quejoso, con el mismo sentido de afectación, pero señalando las
normas legales en que se funda y las razones para realizarlo. En
el caso de un acto indebidamente fundado y motivado, en el
mandamiento escrito si se invocan disposiciones legales o
reglamentarias, pero éstas no se adecuan a la situación concreta
del quejoso, en este caso se está frente a una violación material,
y el juzgador deberá analizar las modalidades del caso concreto
para concluir que éste se encuentra dentro de los supuestos
normativos que adujo la autoridad que emitió el acto, en esta
hipótesis el otorgar la razón al afectado estriba en invalidar el
acto impugnado y sus efectos y consecuencias, sin que la
autoridad emisora deba dictar otro acto con igual sentido de
afectación.»
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P. A. 987/4ª Sala/13
Al haber realizado el estudio del primero concepto
de impugnación que resultó fundado, es innecesario realizar
el análisis del restante, en atención a la tesis de
jurisprudencia que por analogía se aplica y que a la letra
indica:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación
vertidos en la demanda de amparo.». Octava Época. Instancia:
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo
de 1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89.
SEXTO. Acción de condena. Por lo que respecta a
la acción ejercitada por la parte actora, prevista en la fracción
III tercera del artículo 255 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y que es referente a:
El pago de daños y perjuicios por la inhabilitación que
hoy combate y que le ha impedido laborar y que ha dejado de
percibir un sueldo de hasta la cantidad de $75,000.00 (setenta y
cinco mil pesos 00/100 m.n.), y la cantidad que se siga generando
por la inhabilitación genérica que huelga decir que al no
especificarla le causa daño y perjuicio.
No ha lugar, pues no se encuentra debidamente
acreditado en el proceso contencioso administrativo en
estudio, que la autoridad demandada hubiera causado una
afectación económica al hoy actor por la cantidad de
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$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), por lo
tanto, no es procedente su reconocimiento.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
además en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo,
249, 255, fracciones I, II y III, 263, 265, 266, 279, 298, 299,
300, fracción II y 302 fracción IV del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, es de resolverse y se;
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Cuarta Sala, resultó
COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto,
atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO PRIMERO de
esta resolución.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL DE LA
RESOLUCIÓN, de 04 (cuatro) de junio de 2013 (dos mil
trece), emitida por el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato,
dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa
CM/PRA-003/2013, atentos a los razonamientos jurídicos
expresados en el CONSIDERANDO QUINTO de esta
Sentencia.
TERCERO. NO SE CONDENA a la demandada, en
los términos de la fracción III (tercera) del artículo 255 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, atento a lo
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P. A. 987/4ª Sala/13
manifestado en el CONSIDERANDO SEXTO de esta
resolución.
CUARTO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, y en su
oportunidad procesal, archívese el presente expediente como
asunto totalmente concluido, y dése de baja del Libro de
Registro de esta Sala.
Así lo resolvió, y firma el C. Licenciado José Jorge
Pérez Colunga, Magistrado propietario que integra la Cuarta
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien
actúa asistido legalmente con Secretaria licenciada Judith
Barrera Robledo, quien da FE.
L´JJGV
Versión
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PROCESO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 1018/2ª SALA/13
PROMOVENTE:
Guanajuato, Guanajuato, 7 siete de abril de 2014 dos mil
catorce.
V I S T O S los autos, para resolver el proceso
administrativo radicado en esta Segunda Sala con el
expediente número 1018/2ª SALA/13; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Promoción de demanda. Mediante escrito
recibido en la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, durante la guardia vespertina-nocturna, en fecha 6
seis de septiembre de 2013 dos mil trece y turnado a esta
Segunda Sala el día 9 nueve de mismo mes y año, el
ciudadano , por su
propio derecho, promovió proceso administrativo en contra
de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan,
visibles a foja 2 del expediente que ahora se resuelve:
«II.- EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA
Y FECHA DE SU NOTIFICACIÓN:
La resolución de fecha 04 de julio del año 2013, y
notificada el día 30 de julio del año 2013, emitida por
el Ayuntamiento del municipio de Irapuato, Gto., en el
cual se determinó la responsabilidad administrativa a
Versión
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
2
cargo del suscrito, por lo que se impone una
inhabilitación de 2 años.
III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PARTE
DEMANDADA:
- Ayuntamiento del Municipio de Irapuato Gto.
- Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias de la
Contraloría Municipal de Irapuato, Gto.
- Contraloría Municipal de Irapuato, Gto.»
Asimismo, la parte accionante solicitó como pretensiones la
nulidad absoluta del acto impugnado, el reconocimiento del
derecho a que omitan las demandadas a hacer efectiva la
sanción de inhabilitación por dos años que se le impuso, así
como a que dicha responsabilidad no sea inscrita en el
registro municipal o estatal. Además solicitó el
reconocimiento a la declaratoria de prescripción del
procedimiento instaurado en su contra y el reconocimiento
al derecho del pago de gastos y costas que se generen en el
presente juicio a cargo de las demandadas, y en particular, la
cantidad de $ por concepto de honorarios pagados
al abogado autorizado (foja 2 dos y 3 tres, ídem).
También narró los hechos y esgrimió en los mismos los
conceptos de impugnación que estimó pertinentes (fojas 3 a
12, ibídem).
SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo.
Mediante auto de fecha 10 diez de septiembre de 2013 dos
mil trece (foja 39, ibídem), se admitió a trámite la demanda,
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
3
así como fueron admitidas las probanzas documentales
ofertadas por la parte accionante. Se ordenó correr traslado
del escrito inicial y de sus anexos a la encausada.
En auto de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2012 dos
mil doce, se tuvo a las autoridades demandadas, Licenciada
, y
, en su carácter de apoderada
legal del Primer Síndico y representante legal del H.
Ayuntamiento; Directora de Quejas, Denuncias y
Sugerencias; y, Contralor Municipal de Irapuato,
Guanajuato, respectivamente, por contestando la demanda.
Además, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las probanzas
ofertadas (foja 83, ibídem).
TERCERO. Audiencia de alegatos. Seguido el proceso en
sus trámites, el 4 cuatro de noviembre de 2013 dos mil trece,
se desahogó la audiencia final del proceso, visible a foja 107
del expediente que ahora se resuelve, en la que se hizo
constar la no asistencia de las partes –no obstante que fueron
legalmente notificadas-. Además, se tuvo a las demandadas
por presentando el escrito de alegatos visibles a fojas 99 a
106 del expediente que ahora se resuelve.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Esta Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es
competente para conocer y resolver el presente proceso en
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
4
términos de lo dispuesto por los artículos 82 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2 y
20, fracciones III y X de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; 1,
fracción II, 249 y 256 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, así como 243, párrafo segundo, de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en virtud
de que se demanda la nulidad de una resolución en materia
de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
atribuido a una autoridad municipal.
SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada se
encuentra debidamente acreditada en autos con el original
del documento adjuntado por la parte actora (fojas 15 a 35,
ibídem), documento que, al no haber sido objetado en
términos del artículo 86 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, hace prueba plena de su existencia conforme a
lo dispuesto por los artículos 78, 117, 121 y 131 del mismo
ordenamiento.
Lo anterior, aunado al reconocimiento de su existencia que
realizaron las autoridades demandadas al emitir sus
respectivos escritos de contestación la demanda, aseveración
que hace prueba plena en términos de lo estipulado en las
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piezas articulares 57, 117, 119 y 131 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.
TERCERO. Fijación de los puntos controvertidos. En
cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo
299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Sala
procede a fijar clara y precisamente los puntos
controvertidos en el proceso administrativo que nos ocupa:
La parte actora en su escrito de demanda, esgrimió
conceptos de impugnación, argumentando, en esencia, lo
siguiente:
En el primero de los conceptos de impugnación expresó que
el procedimiento de responsabilidad administrativa se
encontraba caducado, puesto que ninguna de las partes lo
impulsó durante más de 120 días, aunado a que –en su
opinión- la demandada no fundó ni motivó su resolución que
le permitiera emitir una determinación de sanción fuera del
término de caducidad que se establece en el artículo 385 del
Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, aplicable
de conformidad con el 39 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
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Por su parte, en el segundo de los conceptos de impugnación
esgrimidos en su escrito inicial, argumentó que se vulneró
en su perjuicio la garantía de debido proceso. Esto pues
consideró que de la fecha en que se dio inicio al
procedimiento 4 cuatro de junio de 2010 dos mil diez, a la
fecha en que se determinó la sanción pasaron más de tres
años, de tal suerte que la facultad de la autoridad para
determinar la sanción estaba caduca acorde al artículo 219
que transcribió.
En el tercero de los conceptos de impugnación señaló que se
violó en su perjuicio el numeral 52 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, pues
no se resolvió en el término de cinco días hábiles después de
la celebración de la audiencia, sino que le fue resuelto y
notificado hasta 3 tres años después.
Continuó argumentando en el cuarto de los conceptos de
impugnación que se violaron en su perjuicio las
formalidades del procedimiento ya que en fecha 19
diecinueve de junio de 2012 dos mil doce giró promoción
solicitando la declaración de caducidad del procedimiento,
sin que a la fecha ninguna se hubiera pronunciado respecto
de la misma, por lo que se debe decretar la nulidad para el
efecto de que se reponga y previamente se resuelva mi
petición conforme a derecho.
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En el quinto de los conceptos de impugnación argumentó
que se actualizaron violaciones formales en la
individualización de la sanción pues consideró que no fundó
ni motivó debidamente lo contenido en las fracciones I a V
del diverso 20 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
En el sexto de los conceptos de impugnación expresó que la
resolución impugnada sufre de una indebida fundamentación
y motivación de la sanción aplicada en virtud de que
consideró que faltó adecuación entre el tipo establecido en
los artículos 11, fracciones I, XIX y XXII, así como 12,
fracción V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, con la supuesta conducta cometida, pues
expresó que:
«…en el ejercicio de sus funciones realizó el acto
consistente en la omisión por no haber dado debido
trámite y seguimiento, desde el momento en el que se hizo
sabedor del recurso de revocación interpuesto…»
De tal suerte que señaló que para una debida adecuación del
tipo a sancionar, la demandada tenía la obligación de fundar
y motivar de manera específica cuál disposición legal señala
que tenía que haber dado trámite y seguimiento al recurso de
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revocación desde el momento en el que se hizo sabedor del
mismo.
En el séptimo de los conceptos de impugnación argumentó
en el mismo sentido que la demandada al tener por
actualizada la conducta conforme a lo establecido por el
artículo 11, fracciones I, XIX y XXII, así como 12, fracción
V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, omitió fundar y motivar debidamente cómo se
actualizaron los tipos administrativos que contienen estas
fracciones, pues omitió señalar cuáles eran las funciones de
su cargo, toda vez que sólo hizo referencia a los artículos 2,
fracción V, y 129, párrafo segundo de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 19-A, fracción
VII, del Reglamento Orgánico de Irapuato, y en estos
instrumentos no se describen las funciones y trabajos
propios del cargo, sino que refieren a disposiciones distintas.
Además, expresó que en cuanto a la fracción XIX del
referido numeral 11 once de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, la demandada no señaló en la
resolución impugnada cuál de los dos supuestos que
contiene la citada fracción fue la que supuestamente
actualizó.
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De similar situación se dolió el impetrante en cuanto al
artículo 12, fracción V de la multireferida ley, pues expresó
que -en su opinión- la demandada fue omisa en expresar
cuál de las dos conductas que contiene la citada fracción fue
la que supuestamente actualizó, lo que se traduce en una
indebida fundamentación y motivación.
Por último, señaló en el octavo de los conceptos de
impugnación que para el caso de que resulten infundados los
demás conceptos de impugnación, solicitaba la declaración
de prescripción, pues consideró que la sanción impuesta se
encuentra prescrita.
Al respecto, las autoridades demandadas al emitir su
contestación, visibles a fojas 49 y 80 del expediente en
estudio, expresaron, esencialmente lo siguiente:
En primer término, la licenciada , en
su carácter de apoderada legal del Primer Síndico y
representante legal del H. Ayuntamiento de Irapuato,
Guanajuato sostuvo la validez de la resolución impugnada,
señalando que fue dictada conforme a derecho. Además
expresó que la prescripción fue interrumpida por el inicio
del procedimiento de responsabilidad aunado a que no era
procedente decretar la caducidad.
Por su parte, las demandadas y
, en su carácter Directora
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de Quejas, Denuncias y Sugerencias y Contralor Municipal
de Irapuato, Guanajuato, respectivamente, señalaron que
debe decretarse el sobreseimiento en cuanto a las
autoridades que cada uno representa, por considerar que –a
su parecer- se actualizó la causal de improcedencia relativa a
que no pueden ser autoridad demandada en virtud de que no
dictaron, ordenaron, ejecutaron ni trataron de ejecutar la
resolución impugnada, toda vez que fue emitida por una
autoridad superior: el Ayuntamiento de Irapuato.
Es así, que los aspectos precisados en los párrafos
precedentes, constituyeron los puntos controvertidos en la
presente causa administrativa.
CUARTO. Conforme a lo establecido por el artículo 261, en
íntima vinculación a lo dispuesto en el diverso numeral 262
ambos del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por cuestiones de orden público -previo al
estudio del fondo del asunto-, esta Sala procede al análisis
de las causales de improcedencia y de sobreseimiento
previstas en los preceptos normativos antes citados.
Lo anterior, acorde a la Jurisprudencia número VI.2o. J/323
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto
Circuito, que es del tenor literal siguiente:
«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser
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esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.».(Octava
Época, Registro: 210784, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.
J/323, Página: 87).
Así como también de conformidad a la Tesis Aislada de la
antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente a la Séptima Época. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. 175-180 Séptima Parte.
Materia(s): Común. Tesis: Página: 438, con el rubro y texto
que a continuación se insertan:
«SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE. La configuración de motivos
de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica que concurren
causas de improcedencia, además de impedir el examen del fondo del
negocio, debe estudiarse oficiosa y preferentemente, por referirse a
una cuestión de orden público en el juicio de garantías».
Al respecto, esta Sala del conocimiento no advierte la
actualización de alguna que impida, en lo general, el análisis
del fondo de la presente causa administrativa.
En el caso particular, la parte actora tiene el derecho -
derivado de la norma objetiva- de impugnar la resolución,
por considerar que no se dictó conforme a derecho, no
obstante que la licenciada , en su
carácter de apoderada legal del Primer Síndico y
representante legal del H. Ayuntamiento de Irapuato,
Guanajuato, consideró e intentó hacer valer la causal de
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improcedencia argumentando que no afectó los intereses
jurídicos del actor.
Sin embargo, en cuanto a la causal de improcedencia
señalada en los escritos de contestación de las demandadas
C. y
, en su carácter Directora de Quejas, Denuncias y
Sugerencias y Contralor Municipal de Irapuato, Guanajuato,
respectivamente, tal y como se mencionó en el considerando
que precede, quienes argumentaron que debe decretarse el
sobreseimiento en cuanto a las autoridades que cada uno
representa, por considerar que –a su parecer- se actualizó la
causal de improcedencia relativa a que no pueden ser
autoridad demandada en virtud que no dictaron, ordenaron,
ejecutaron ni trataron de ejecutar la resolución impugnada,
toda vez que fue emitida por una autoridad superior: el
Ayuntamiento de Irapuato.
Al respecto, esta Sala considera que les asiste la razón a las
citadas autoridades, en virtud de que al analizar la resolución
del expediente CM-DQ-PRA-007-10 de fecha 4 cuatro de
julio de 2013 dos mil trece –obrante a fojas 15 a 35 del
expediente original-, en específico en la foja 34, último
párrafo, se aprecia lo siguiente:
«ASÍ LO RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS
EL AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN LA SESIÓN 21
ORDINARIA DE ESTA FECHA, FIRMANDO PARA
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DEBIDA CONSTANCIA, ASISTIDO POR LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUIEN
AUTORIZA Y DA FE».
De tal suerte que aunque el actor les atribuyó -al Contralor
Municipal de Irapuato, Guanajuato y a la Directora de
Quejas, Denuncias y Sugerencias de la misma dependencia-,
el carácter de autoridades demandadas que dispone el
numeral 251, en su inciso a), del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, que expresa que podrán tener el carácter de
demandado las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o
traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada, lo cierto
es que resulta claro que lo realizó el Honorable
Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, tan es así, que en la
última parte de la citada foja 34, así como en la diversa 35,
se aprecian los nombres y firmas de los miembros del H.
Ayuntamiento, asistidos legalmente por la Secretaria del
mismo.
Lo anterior significa, que la resolución de mérito es
inexistente como acto emitido directamente por la
Directora de Quejas, Denuncias y Sugerencias y por el
Contralor Municipal de Irapuato, Guanajuato,
actualizándose así la causal de improcedencia contenida en
la fracción VI del artículo 261 del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
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Por tanto, con fundamento en el artículo 262, fracción II, en
vinculación íntima con el diverso 261, fracción VI, es
PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO en el presente
proceso en lo que corresponde únicamente al Contralor
Municipal de Irapuato, Guanajuato y a la Directora de
Quejas, Denuncias y Sugerencias de la misma
dependencia.
QUINTO. No existiendo impedimento legal alguno, esta
Sala del conocimiento realizará el estudio de los conceptos
de impugnación que hizo valer la parte actora, sin que sea
necesaria su transcripción, así como tampoco la diversa de
los argumentos esgrimidos por la autoridad encausada
tendientes a controvertir su eficacia.
Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción
de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo
de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del
tenor literal siguiente:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la
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Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la
cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer».
Para efectos del análisis integral de los conceptos de
impugnación, esta Sala considera menester precisar, que de
los conceptos de impugnación expresados en el escrito
inicial de la parte actora, esta Sala realizará el estudio
conjunto de los argumentos que se desprenden del concepto
de impugnación señalado como «SEXTO» y el señalado
como «SÉPTIMO», toda vez que refieren similares
argumentos en cuanto a la adecuación del tipo
administrativo contenido en la norma con la supuesta
conducta cometida.
Lo anterior con fundamento en la siguiente tesis
jurisprudencial número VI.2o.C.J/304, aplicable por
identidad sustancial, correspondiente a la Novena Época,
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de
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la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009,
página 1677, cuyo rubro y texto dicen:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados
de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen
conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión
efectivamente planteada, empero no impone la obligación al
juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o
recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única
condición que establece el referido precepto es que se analicen
todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de
manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su
exposición o en uno diverso».
En los conceptos de impugnación en estudio, la parte
accionante argumentó –esencialmente- que la resolución
impugnada sufre de una indebida fundamentación y
motivación toda vez que consideró que faltó adecuación
entre el tipo establecido en los artículos 11, fracciones I,
XIX y XXII, así como 12, fracción V, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la
supuesta conducta cometida. Esto pues señaló que la
demandada tenía la obligación de fundar y motivar de
manera específica cuál disposición legal señala que tenía que
haber dado trámite y seguimiento al recurso de revocación
desde el momento en el que se hizo sabedor del mismo.
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Continuó argumentando que la demandada omitió fundar y
motivar debidamente en cuanto a cómo se actualizaron los
tipos administrativos que contienen estas fracciones, pues
omitió señalar cuáles eran las funciones de su cargo, toda
vez que sólo hizo referencia a los artículos 2, fracción V, y
129, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, y 19-A, fracción VII, del Reglamento
Orgánico de Irapuato, y en estos instrumentos no se
describen las funciones y trabajos propios del cargo, sino
que se refieren a disposiciones distintas. A su vez, consideró
que en cuanto a la fracción XIX del referido numeral 11
once de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, la demandada no señaló en la resolución
impugnada cuál de los dos supuestos que contiene la citada
fracción fue la que supuestamente actualizó, y mismo caso
expresó el impetrante en cuanto al artículo 12, fracción V de
la multireferida ley, pues expresó que -en su opinión- la
demandada fue omisa en expresar cuál de las dos conductas
que contiene la citada fracción fue la que supuestamente
actualizó, lo que se traduce en una indebida fundamentación
y motivación.
En primer lugar, es de señalarse que en la resolución que
ahora se impugna, tanto en el proemio como en los
resultandos primero y segundo (visibles tanto a foja 15,
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como 16, ibídem), la ahora demandada le atribuyó a la hoy
parte accionante la probable conducta consistente en:
«VISTO Para resolver en definitiva por el Ayuntamiento en Pleno,
el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado por la
Contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, bajo número CM-
DQ-PARA-007-10, en contra de ,
Ex Director de Obras Públicas de este Municipio, en virtud del
contenido del escrito de queja, presentada ante la Contraloría
Municipal, por parte del Ciudadano ,
en su carácter de Administrador General único de la Sociedad
mercantil denominada CONSTRUCCUIONES GUISA Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.. mediante el cual ocurre a denunciar
hechos y omisiones que pueden ser constitutivas de responsabilidad
administrativa entre otras, de los servidores públicos involucrados
en la recepción, trámite y acuerdo correspondiente en relación al
recurso de Revocación en contra del Procedimiento de Licitación
Pública Nacional número MIG-DGOP-LPN-IF-09-008, al que
recayó la Adjudicación de la Obra 4 ° CINTURÓN VIAL,
URBANIZACIÓN DEL TRAMO BLVD. SAN ROQUE A
CAMINO A LA VIRGEN DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO,
GTO. (PRIMERA ASIGNACIÓN), a favor de la empresa EPSILON
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., que interpuso
ante el Director General de Obras Públicas, por conducto del
Presidente Municipal, el día 18 dieciocho de agosto de 2009, sin que
a la fecha de presentación de la presente queja, se haya realizado el
acuerdo sobre la admisión del recurso y el incidente de suspensión.
RESULTANDO
PRIMERO.- Con escrito de fecha 04 de octubre del año 2009,
suscrito por el C. Mario Alberto Guisa Vázquez, en su carácter de
Administrador General Único de la Sociedad mercantil denominada
CONSTRUCCINOES (sic) GUISA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,
mediante el cual ocurre a denunciar hechos y omisiones que pueden
ser constitutivas de responsabilidad administrativa entre otras, de
los servidores públicos involucrados en la recepción, trámite y
acuerdo correspondiente en relación al recurso de Revocación en
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contra del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número
MIG-DGOP-LPN-IF-09-008, al que recayó la Adjudicación de la
Obra 4° CINTURON VIAL, URBANIZACIÓN DEL TRAMO
BLVD. SAN ROQUE A CAMINO A LA VIRGEN DE ESTA
CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. (PRIMERA ASIGNACIÓN), a
favor de la empresa EPSILON CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA, S.A. DE C.V, que interpuso ante el Director General
de Obras Públicas, por conducto del Presidente Municipal, el día 18
dieciocho de agosto de 2009, sin que a la fecha de presentación de
la queja, se haya realizado el acuerdo sobre la admisión del recurso
y el incidente de suspensión.
SEGUNDO.- Con acuerdo de radicación de fecha 04 de junio del
año 2010, se dio inició al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa CM-DQ-PRA-007-10, en contra del C. ARQ.
; por la omisión al no haber
dado el debido tramite y seguimiento, al recurso de revocación en
contra de procedimiento de licitación pública nacional número
MIG-DG OP-LPN-IF-09-008, interpuesto por el C.
, en su carácter de Administrador General Único de
la Sociedad mercantil denominada CONSTRUCCIONES GUISA Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V. » (Subrayado añadido)
Imputaciones que la demandada en el considerando tercero
de la resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa CM-DQ-PRA-007-10 que nos ocupa (foja 21,
ibídem), consideró que de comprobarse estaría «… faltando
con ello a las obligaciones previstas en el Artículo (sic) 11
fracciones I, XIX, XXII, 12 fracción V de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, en relación con los
Artículos 2 fracción V y 129 párrafo segundo de la Ley de Obra
Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y artículo 19-A fracción VII del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de
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Irapuato, Guanajuato. (normatividad vigente al momento al
momento (sic) de en que se realizo (sic) la conducta del servidor
público y se realizó el desahogo del procedimiento de
responsabilidad Administrativa que ahora se resuelve)» (foja 22,
cuarta línea, ibídem).
En este sentido, una vez analizada la resolución impugnada
en relación con la supuesta conducta transcrita por las que se
le inició el procedimiento administrativo sancionador, es
inconcuso que la resolución que por esta vía se impugna
deviene fuera de contexto legal, por lo que los conceptos de
impugnación que se estudian resulta fundados por las
siguientes consideraciones:
Primeramente resulta conveniente puntualizar que en la
resolución a debate quedó perfectamente establecido el
estatus del sujeto a procedimiento, esto es, servidor público,
el cual en su acepción amplia se identifica como toda
persona que presta servicios al Estado bajo una relación de
especial sujeción, que le obliga a cumplir con determinados
deberes y someterse a la potestad disciplinaria por el
incumplimiento de los mismos.
Empero, también es menester señalar que la sustanciadora
además de determinar la calidad de servidor público del
sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa,
debe en todo momento en el ejercicio de su función
sancionadora como elemento del sistema disciplinario o de
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responsabilidad administrativa, encuadrar la conducta en la
ley, sancionada como falta o infracción administrativa de tal
suerte que sólo serán sujetos de responsabilidad
administrativa cuando incumplan las obligaciones o incurran
en las conductas prohibidas señaladas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en sus
diversos 11 y 12.
Al respecto, el Pleno del Alto Tribunal de nuestro país, ha
establecido que en el ámbito del derecho administrativo
sancionador pueden observarse ciertos principios penales
sustantivos, dada la similitud que guarda la pena
administrativa con la sanción penal, pero sólo en la medida
en que resulten compatibles con su naturaleza jurídica.
Uno de los principios que regulan la materia penal es el de
legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe
encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes
establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona;
principio que se subdivide en otros dos subprincipios, a
saber, el de reserva de ley y el de tipicidad.
El primero de estos se traduce en que determinadas
cuestiones deben estar respaldadas por la ley, o que ésta es
el único instrumento idóneo para regular su funcionamiento;
en tanto que el segundo se manifiesta como una exigencia de
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas
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ilícitas y de las sanciones correspondientes, esto es,
atendiendo al derecho administrativo sancionador, el
principio de reserva de ley se traduce en que las conductas
generadoras de responsabilidad administrativa, deben estar
contenidas en el texto de ley, mientras que el principio de
tipicidad, deberá obrar en el texto de la ley donde se
contemplan los elementos y definición de la conducta.
En materia administrativa sólo puede regir de manera plena
el principio de tipicidad, pues si alguna disposición
administrativa establece que debe sancionarse cierta
infracción, la conducta perpetrada por el administrado debe
encuadrar exactamente en la hipótesis normativa
previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por
analogía ni por mayoría de razón.
Las consideraciones anteriores fueron vertidas en la
ejecutoria que resolvió la acción de inconstitucionalidad
4/2006, de la cual derivó la tesis visible en la página 1667
del Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena
Época, de epígrafe: «TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO,
NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES
APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS».
Por tanto, es de observarse que el principio de tipicidad
significa fundamentalmente, que los caracteres esenciales de
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la conducta y la forma, contenido y alcance de la infracción
estén previstos de manera expresa en la ley, de tal manera
que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades
encargadas de su aplicación, sea cual fuere el pretexto con
que pretenda justificarse su aplicación.
Robustece lo anterior el Criterio sustentado por el Pleno de
este H. Tribunal, correspondiente a la tercera época -periodo
2009- que versa:
«PRINCIPIO RECTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. El procedimiento disciplinario de
nuestra Entidad se rige, entre otros, por los principios de reserva
de ley y de tipicidad, originalmente concebidos dentro de la
materia penal, pero que resultan aplicables, dada la identidad
ontológica que tiene con dicha rama jurídica, al ser ambas
expresiones de la potestad sancionadora del Estado. De ahí que
el legislador deba definir y describir dentro de la norma los
elementos constitutivos de las infracciones administrativas y las
sanciones aplicables, mientras que el poder ejecutivo habrá de
ceñirse a lo expresamente dispuesto en el texto de la ley,
quedando prohibido en consecuencia fincar responsabilidad
administrativa a los servidores públicos, por interpretación
analógica o por mayoría de razón, conforme al principio nullum
crimen sine lege y nulla poena sine lege, que apunta al respeto de
la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley,
recogida por los artículos 14, párrafo tercero, y 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como el artículo 135 del Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato (Toca 53/09. Recurso de Reclamación interpuesto
por Marcia Elizabeth Rodríguez Balderas, autorizada del
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato
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del Estado, autoridad demandada. Resolución de 1º de julio de
2009).
De ahí que en la materia sancionadora administrativa, el
legislador tiene como obligación definir y descubrir dentro
de la norma, los elementos constitutivos de las faltas
administrativas y las sanciones aplicables, mientras que el
poder ejecutivo tendrá que ceñirse a lo expresamente
dispuesto en el texto de la ley, quedando prohibida la
interpretación analógica para el efecto de fincar
responsabilidad administrativa de los servidores públicos,
atento al respeto de la garantía constitucional de exacta
aplicación de la ley, recogida por el párrafo tercero del
artículo 14 y 16, párrafo primero de la Constitución General
de la República.
Ahora bien, dado que en el derecho administrativo
sancionador la conducta imputada debe estar previamente
determinada en una norma, ley o reglamento, ya que de
acuerdo a nuestro sistema legal, y en razón del principio de
seguridad jurídica, la autoridad demandada debió adecuar la
conducta que se le imputa con la norma violada tanto en la
substanciación del procedimiento de responsabilidad
administrativa y en la resolución controvertida, aspecto que
no aconteció en la especie, esto es, debió haber realizado una
absoluta adecuación entre el hecho realizado y el tipo
descrito en la norma, ya que en el derecho disciplinario, los
Versión
Pública
TCA
PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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tipos de las distintas infracciones disciplinarias se forman
con la descripción sucinta de la acción u omisión realizada.
Así las cosas, y con el objeto de mejor intelección del asunto
que nos ocupa, es necesario plasmar el marco legal que este
resolutor considera como principal para puntualizar las
supuestas conductas y su debida o indebida fundamentación
y motivación, siendo éstas las que señaló la demandada en
resolución impugnada que se señalaron supra líneas.
Así, disponen las fracciones I, XIX y XXII del artículo 11, y
la fracción V del diverso 12, ambos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
vigentes al momento de la supuesta conducta, esto es,
antes de las reformas publicadas en fechas 11 once
septiembre de 2012 dos mil doce así como la del 3 tres de
septiembre de 2010 dos mil diez, lo siguiente:
«Artículo 11. Son obligaciones de los servidores públicos:
I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos
propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas
por sus superiores en ejercicio de sus facultades;
(…)
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del
ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley
competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o comisión público;
(…)
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Pública
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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XXII. Las demás que se deriven de ésta y otras leyes, reglamentos y
demás disposiciones normativas.
Artículo 12. Se prohíbe a los servidores públicos:
(…)
V. Utilizar cualquier medio que inhiba la formulación de quejas y
denuncias, o realizar cualquier conducta ilegal u omitir una debida
respecto de las quejas o denuncias presentadas, que lesione los
intereses de quienes las formulen o presenten.
(…)»
Por su parte, la demandada expresó en la resolución
impugnada a su vez el numeral 19-A, fracción VII, del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Irapuato, Guanajuato, establece que:
«La Dirección General de Obras Públicas, tendrá las facultades y
atribuciones:
(…)
VII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos
municipales, el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal, en uso
de sus atribuciones.»
De igual manera, la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, en los numerales señalados por la
demandada establece que:
«Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
(…)
V.- Dirección Municipal. La Dirección de Obras Públicas
Municipales o quien ejecute las acciones en materia de obra
pública.
(…)
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Pública
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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Artículo 129. Contra cualquier otro acto u omisión que con
fundamento en la presente ley emita la autoridad, procederá el
recurso de revocación, salvo disposición en contrario.
El interesado lo interpondrá ante la autoridad que emitió el acto
que le agravia, dentro del término de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente hábil al de la notificación del acto u
omisión.
La falta de acreditamiento de la personalidad del recurrente, será
causa de desechamiento.»
Lo anterior asume una gran relevancia, dado que como ya se
precisó con anterioridad, la demandante principalmente en el
concepto de impugnación que se estudia, se duele del hecho
de que las obligaciones establecida en las fracciones citadas
de los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios no fueron adecuados a la
supuesta conducta cometida por lo que la parte actora
consideró a su vez que derivado de esto –en su opinión- la
resolución impugnada no está debidamente fundada y
motivada.
En este orden de ideas y toda vez que la demandada al
resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa
CM-DQ-PRA-007-10 consideró que la supuesta conducta
contravino las diversas disposiciones normativas señaladas
supra líneas, este resolutor considera que –como se
adelantó- le asiste la razón a la accionante en cuanto a lo que
señaló en el concepto de impugnación en estudio y se
sintetizó en el párrafo que precede.
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Pública
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
28
Así, esta autoridad observa en el considerando cuarto, que la
demandada, a partir del último párrafo de la foja 23 del
expediente original señaló lo siguiente:
«(…)Por otra parte del contenido del artículo 11 fracciones I, XIX
y XXI (sic) de la ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, de lo que se
establece en el Dictamen emitido por la Contraloría Municipal,
que considera que existen elementos de prueba suficientes para
acreditar la responsabilidad administrativa en contra de
(sic), Ex Director de Obras
Publicas (sic) de este Municipio, en virtud del contenido del escrito
de queja, presentada ante la Contraloría Municipal, por parte del
Ciudadano , en su carácter de
Administrador General Único de la Sociedad mercantil
denominada CONSTRUCCUIONES GUISA Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.. mediante el cual ocurre a denunciar hechos y omisiones
que pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa
entre otras, de los servidores públicos involucrados en la
recepción, trámite y acuerdo correspondiente en relación al
recurso de Revocación en contra del Procedimiento de Licitación
Pública Nacional número MIG-DGOP-LPN-IF-09-008, al que
recayó la Adjudicación de la Obra 4 ° CINTURÓN VIAL,
URBANIZACIÓN DEL TRAMO BLVD. SAN ROQUE A
CAMINO A LA VIRGEN DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO,
GTO. (PRIMERA ASIGNACIÓN), a favor de la empresa
EPSILON CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,
que interpuso ante el Director General de Obras Públicas, por
conducto del Presidente Municipal, el día 18 dieciocho de agosto
de 2009, sin que a la fecha de presentación de la presente queja, se
haya realizado el acuerdo sobre la admisión del recurso y el
incidente de suspensión.
Es importante señalar que si bien es cierto el artículo 10 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece que siempre
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TCA
PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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se presumirá la no responsabilidad Administrativa del servidor
público, es aun más cierto que del informe rendido en su momento
por , no se desprendió alguna
causa que haga presumir la no responsabilidad administrativa,
ESTO EN RAZÓN DE QUE EN EL EXPEDIENTE QUE NOS
OCUPA EN LA FOJA 82 CONSTA EL OFICIO D.G.O.P.
3980/2009, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009,
SUSCRITO POR EL ARQ. , EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS, SEÑALÓ ENTRE OTRAS COSAS QUE FUE
HASTA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2009, QUE SE
ELABORÓ EL ACUERDO DE RADICACIÓN, MEDIANTE EL
CUAL SE LE DA ENTRADA AL RECURSO INTERPUESTO,
ASIGNANDOSE EL NUMERO DE EXPEDIENTE RR-
001/2009, LO ANTERIOR, LO ÚNICO QUE DEMUESTRA ES
LA OMISIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
PÚBLICAS DE MA URICIO (sic) , QUIEN
TENÍA LA OBLIGACIÓN LEGAL, DE DAR EL DEBIDO
TRAMITE Y SEGUIMIENTO, DESDE EL MOMENTO EN
QUE SE HIZO SABEDOR DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
INTERPUESTO POR ,
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCCIONES GUISA Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que se emplaza a
debidamente mediante el oficio
número CM/DQ/1085/2010, de fecha 04 de Junio del 2010,
suscrito por el entonces Contralor Municipal
, Contralor Municipal, (sic) de igual forma el sujeto a
procedimiento en fecha 17 diecisiete de Junio de 2010, se recibió
en la Contraloría Municipal, informe de los hechos que se le
imputan, a éste informe se le da el valor enunciando en el artículo
202 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuato, vigente en la sustanciación del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa que ahora nos ocupa.
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En conclusión y una vez analizadas y valoradas todas y cada una
de las pruebas ofrecidas por las partes, este Órgano Colegiado
considera que en base a las documentales, se infiere que el C.
, incumplió con sus
obligaciones como servidor público, debido a que con su actuar
violento el contenido del Artículo 11 fracciones I, XIX, XXII, 12
fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en
relación con los Artículos 2 fracción V y 129 párrafo segundo de la
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y artículo 19-A fracción
VII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Irapuato, Guanajuato (normatividad vigente al
momento de la admisión del exservidor público sujeto a
procedimiento), y que a la letra dicen:
(los transcribe)
por (sic) lo tanto, resulta procedente la individualización de la
sanción a la que se hizo acreedor a la luz del artículo 20 veinte de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado y sus Municipios, analizando para ello todas y
cada una de las fracciones del citado artículo:
(…)
PRIMERO.- ESTE AYUNTAMIENTO, CONSIDERA QUE LAS
ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA, CONSIDERA QUE LE RESULTA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A
…
(…)
POR LO ANTERIOR, ESTE AYUNTAMIENTO CONSIDERA
QUE LE RESULTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
AL ARQUITECTO ,
EXDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODA VEZ
QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES REALIZÓ EL
ACTO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN POR NO HABER
DADO EL DEBIDO TRÁMITE Y SEGUIMIENTO, DESDE EL
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MOMENTO EN QUE SE HIZO SABEDOR DEL RECURSO
DE REVOCACIÓN INTERPUESTO, POR
, ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
CONSTRUCCIONES GUISA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, EN
CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NUMERO MIG-DGOP-LPN-IF-09-008,
AL QUE RECAYÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 4 °
CINTURON VIAL, URBANIZACIÓN DEL TRAMO BLVD.
SAN ROQUE A CAMINO A LA VIRGEN DE ESTA CIUDAD
DE IRAPUATO, GTO. (PRIMERA ASIGNACIÓN), COMO LO
SEÑALA EN EL OFICIO NÚMERO D.G.O.P.3631/09, DE
FECHA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO
POR EL EX SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CITADO EN
SUPRALÍNEAS; POR LO ANTERIOR, SE DEMUESTRA LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ARQ.
, ACTUALIZÁNDOSE POR
LA CONDUCTA ANTES DESCRITA LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 11 FRACCIONES I, XIX, XXII, 12 FRACCIÓN
V DE LA LEY EN CITA, Y EN RELACIÓN A ÉSTOS, LOS
ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN V Y 129 PÁRRAFO SEGUNDO DE
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, Y ARTÍCULO 19-A FRACCIÓN VII DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
(NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA
OMISIÓN POR PATRE (sic) DEL EXSERVIDOR PÚBLICO
SIJETO (sic) A PROCEDIMIENTO).
A MAYOR ABUNDAMIENTO DE LO ANTERIOR, EN EL
EXPEDIENTE QUE NOS OCUPA, CONSTA LA FOJA
NUMERO 57, MISMA QUE CORRESPONDE AL OFICIO
D.G.O.P. 3631/09 … SUSCRITO POR EL ARQU.
, EN ESE ENTONCES DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CUAL
ENTRE OTRAS COSAS SE SEÑALA TEXTUALMENTE LO
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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SIGUIENTE “…SIN EMBARGO, HASTA EL DÍA 21 DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FUE REMITIDO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO …. EL
RECURSO DE REVOCACIÓN EN CITA, PARA QUE ESTA
DIRECCIÓN INICIE EL PROCEDIMIENTO AL MISMO….”,
“… POR TANTO FUE HASTA ESA FECHA, QUE SE TUVO
CONOCIMIENTO DE DICHO RECURSO; Y DEL CUAL ESTA
DIRECCIÓN ACTUALMENTE HA INICIADO EL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN TÉRMINOS DE LA
NORMA EN LA MATERIA Y CUYA ATENCIÓN Y
DESARROLLO LO LLEVA AL AREA JURIDICA…”. EN
BASE A LO ANTES SEÑALADO RESULTA EVIDENTE QUE
AL SERVIDOR PÚBLICO DE REFERENCIA SÍ SE LE
REMITIO EL RECURSO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO, Y
QUE SI BIEN ES CIERTO NO SE LE ENTREGÓ DE
MANERA DIRECTA POR EL QUEJOSO, EL MULTICITADO
RECURSO DE REVOCACIÓN
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE COMO CONSTA EN LA
FOJA 82 EL OFICIO D.G.O.P. 3980/2009, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2009, SUSCRITO POR EL ARQ.
, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEÑALÓ
ENTRE OTRAS COSAS QUE FUE HASTA EL DÍA 23
veintitrés DE OCTUBRE DEL 2009, QUE SE ELABORÓ EL
ACUERDO DE RADICACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE LE
DA ENTRADA AL RECURSO INTERPUESTO,
ASIGNANDOSE EL NUMERO DE EXPEDIENTE
RR001/2009, LO ANTERIOR, LO ÚNICO QUE DEMUESTRA
ES LA OMISIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
PÚBLICAS DE QUIEN TENIA LA OBLIGACION LEGAL, DE
DAR EL DEBIDO TRÁMITE Y SEGUIMIENTO, DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE HIZO SABEDOR DEL RECURSO
DE REVOCACIÓN INTERPUESTO, POR
, ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
CONSTRUCCIONES GUISA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V,.
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
33
En consecuencia y una vez analizados, todos y cada uno de los
elementos para la individualización de la sanción se concluye que
efectivamente si existe una omisión por parte del exservidor
público QUIEN OCUPÓ EL
CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS;;
(sic) lo anterior, como ha quedado señalado en el párrafo
inmediato anterior, AL NO HABER DADO EL DEBIDO
TRÁMITE Y SEGUIMIENTO, DESDE EL MOMENTO EN
QUE SE HIZO SABEDOR DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
INTERPUESTO, POR ,
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCCIONES GUISA Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V, sin que ello pueda concluirse que su
conducta se clasifica como grave, dado que no tiene antecedente
de procedimiento administrativo en su contra, ello en términos del
artículo 21 veintiuno de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios; por otro lado y dado el tiempo que
tiene laborando para el municipio, se le tuvo como sabedor de las
obligaciones y derechos que adquirió en su carácter de servidor
publico; siendo su condición económica de nivel alto y en virtud de
no haberse comprobado que existió un beneficio económico
personal y directo cuantificable, así como tampoco se acreditó que
con su omisión haya causado un daño o perjuicio patrimonial a
terceros y conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, la que establece de manera expresa la sanciones que
corresponden a la omisión…»
De la lectura y estudio de la totalidad de la resolución
impugnada, y en específico, de lo transcrito, esta Sala del
conocimiento no desprende en ninguno de sus
considerandos ni puntos resolutivos los argumentos lógico-
jurídicos ni la adecuación de la supuesta conducta al caso en
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concreto, violando así el principio de tipicidad y seguridad
jurídica que -como se ha mencionado- rige en materia
administrativa.
Esto, pues si bien es cierto, la demandada en múltiples
partes de la resolución impugnada señaló la supuesta
conducta imputada, así como los artículos que –a su parecer-
infringió el ahora accionante, en ninguna parte de la misma
adecuó la multicitada conducta con cada uno de los diversos
tipos administrativos que consideró que actualizó.
Además, ha sido criterio reiterado por este H. Tribunal al
respecto el siguiente:
«FALTA DE DILIGENCIA Y PROBIDAD, Y DEFICIENCIA EN
EL SERVICIO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA. FORMA DE ACREDITAR LA. Para que
exista una contravención a lo dispuesto por el artículo 11, fracciones
I, XIX y XXII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, debe una norma
establecer la obligación incumplida por el servidor público sujeto a
procedimiento, y estar consignada en el acto reclamado.» (Exp.
8.370/06. Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2006. Actor: Dalia
Ramírez Delgado).
Así que en cuanto a lo dispuesto por las fracciones I, XIX y
XXII del artículo 11, y la fracción V del diverso 12, ambos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios vigentes al momento de la supuesta conducta,
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la autoridad demandada –como se adelantó fue omisa- en
adecuar la conducta a la norma o normas supuestamente
infringidas.
Esto, toda vez que en cuanto a la fracción I del mutlicitado
numeral 11 aún y cuando señaló que no dio trámite, o bien
que no cumplió diligentemente, fue omisa en expresar los
elementos en que actualizó el tipo, pues no hizo referencia a
cómo el hoy actor no realizó con probidad las funciones y
trabajos propios del cargo, así como aquéllas que le hayan
sido encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus
facultades. Tan es así que la misma demandada aceptó –en
el párrafo final de lo transcrito, visible en la última parte de
la foja 31 del expediente que nos ocupa- que no comprobó
que existió un beneficio económico personal y directo
cuantificable en cuanto a la supuesta conducta realizada por
el impetrante, de tal suerte que no acreditó ese elemento del
tipo administrativo.
Lo mismo aconteció en cuanto a las fracciones XIX y XXII
del artículo 11, así como en la fracción V del diverso 12 de
la multireferida ley estatal de responsabilidades
administrativas, toda vez que en cuanto a la fracción XIX, se
desprenden varios tipos administrativos, y omitió adecuarlo
al mismo ya que no señaló si se trató de una abstención de
cualquier acto u omisión que causara la suspensión o bien la
deficiencia de un servicio público, o en su caso haya
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implicado abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión público.
Igualmente, le asiste la razón al accionante al señalar que la
demandada tampoco expresó en qué manera se relacionó la
fracción XXII con las demás disposiciones normativas que
invocó y que se transcribieron en párrafos anteriores, es
decir, con el numeral 19-A, fracción VII, del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de
Irapuato, Guanajuato y con los artículos 2 y el párrafo
segundo del 129 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, pues el primero de ellos señala facultades y
atribuciones genéricas que hacen referencia a otras leyes o
reglamentos o las que le deleguen, mientras que el segundo
menciona lo que se entenderá para efectos de esa ley,
mientras que el último señala el término para que el
interesado pueda interponer el recurso de revocación.
Por último, la demandada también fue omisa –como lo
argumentó el accionante- en expresar cuál de las
prohibiciones contenidas en la fracción V del artículo 12 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios fue la que supuestamente actualizó con su
conducta, es decir, si fue la relativa a utilizar algún medio
que inhibiera la formulación de quejas y denuncias, o bien si
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Pública
TCA
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realizó alguna conducta ilegal u omitió una debida respecto
de las queja o denuncia de mérito.
De tal forma, que la resolución que por esta vía se combate
no cumplió con el elemento de validez del acto
administrativo contenido en la fracción VI del artículo 137
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que resulta
claro para quien resuelve, que la autoridad enjuiciada al
momento de emitir la resolución materia de la presente
impugnación, lo hizo con una indebida fundamentación y
motivación de la misma, apreciando incorrectamente los
hechos y, por ende, aplicó de manera indebida el derecho, a
la luz de la Jurisprudencia bajo la voz:
«FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y
motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta
el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de
la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de
fundamentación y motivación que exige el artículo 16
constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de
garantías». (Novena Época, Registro: 194798, Instancia: Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Materia(s): Común,
Tesis: VI.2o. J/123, Página: 660. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo en revisión 383/88.
Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero de 1989. Unanimidad
de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez
Sánchez. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de
febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia
Versión
Pública
TCA
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38
Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo
directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela
Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón.
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. AMPARO EN REVISIÓN 578/97.
Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,
Tomo VI, Materia Común, página 175, tesis 260, de rubro:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”). (Énfasis añadido)
Consecuencia de lo anterior, no puede considerarse que se
incumplió la obligación estipulada en el artículo 11 fracción
I, XIX y XXII de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios pues no existe actualización de
la norma con la que la demandada incorrectamente intentó
relacionar la conducta imputada.
Por tanto, la demandada fue omisa en fundar y motivar
debidamente su resolución puesto que no motivó ni fundó
debidamente en las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas con la que se estipulara que la accionante
actualizó los tipos administrativos en estudio, vulnerando así
los principios de seguridad jurídica y tipicidad de la parte
justiciable.
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que
resulta procedente decretar la NULIDAD TOTAL de la
Versión
Pública
TCA
PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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resolución de fecha 4 cuatro de julio de 2013 dos mil trece,
emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa CM-DQ-PRA-007-10, instaurado contra
.
Lo anterior, además con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 300, fracción II, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en virtud de haberse actualizado la causal de
ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción IV, del mismo
ordenamiento legal, toda vez que la demandada aplicó
indebidamente el derecho al no determinar la conducta
infractora encuadrándola al tipo administrativo, como ya se
ha mencionado.
En virtud de que resultaron fundados los argumentos en
estudio de los conceptos de impugnación planteados y toda
vez que los mismos resultan suficientes para decretar la
nulidad total de la resolución impugnada, resulta innecesario
el estudio de los demás conceptos de impugnación
expresados por la parte actora, ya que de realizarlo
cualquiera que fuese el resultado, no variaría el sentido de
esta resolución.
Resulta aplicable al respecto, la Jurisprudencia número
V.20. J/7, correspondiente a la Novena Época, aprobada por
el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo
Versión
Pública
TCA
PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
40
VII, Abril de 1991, Página 86, Genealogía: Gaceta número
40, Abril de 1991, página 125, que a la letra dice:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES
INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación
ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario
analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese
estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia».
SEXTO. Además de la acción de nulidad, la actora ejercitó
la de reconocimiento de un derecho a que las demandadas
omitan hacer efectiva la sanción de inhabilitación por dos
años que se le impuso, así como a que dicha responsabilidad
no sea inscrita en el registro municipal o estatal. Además
solicitó el reconocimiento a la declaratoria de prescripción
del procedimiento instaurado en su contra y el
reconocimiento al derecho del pago de gastos y costas que
se generen en el presente juicio a cargo de las demandadas, y
en particular, la cantidad de $ por concepto de
honorarios pagados al abogado autorizado (foja 2 dos y 3
tres, ídem).
En primer término, es de precisarse que respecto de la
pretensión relativa a que las demandadas omitan hacer
efectiva la sanción de inhabilitación por dos años que se le
impuso, así como a que dicha responsabilidad no sea inscrita
en el registro municipal o estatal y a la declaratoria de
prescripción del procedimiento instaurado en su contra, tal
pronunciamiento resulta innecesario, porque es claro que los
Versión
Pública
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
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actos declarados jurídicamente nulos no pueden producir
ningún efecto legal respecto de aquellos individuos contra
quienes se dicten, quedando en situación como si tales actos
nunca hubieran existido.
Lo anterior obedece a que al haberse decretado la nulidad
total del mismo, dada la omisión de los elementos de validez
previstos en la fracción VI del artículo 137 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, se surtirán los efectos
establecidos en el párrafo segundo del diverso numeral 143
del propio Ordenamiento, que literalmente se transcribe:
«Artículo 143. La omisión...
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en
sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se
presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin
perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad
producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán
obligación de cumplir el acto.
En caso... ». (Resaltado añadido)
Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la parte accionante
en cuanto al reconocimiento al derecho del pago de gastos y
costas que se generen en el presente juicio a cargo de las
demandadas, y en particular, la cantidad de $ por
concepto de honorarios pagados al abogado autorizado, este
resolutor considera que es improcedente en virtud que el
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
42
Estado y los Municipios de Guanajuato no contempla dicha
figura.
Esto, pues, sin perjuicio a lo estipulado por otras leyes y
mediante otras vías, ya que el Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en su libro tercero, título primero, capítulo
único, al referirse a las Disposiciones Generales de la
Justicia Administrativa, señala expresamente en su diverso
254 que en materia contenciosa administrativa no habrá
lugar a la condena de costas, porque cada parte deberá
hacerse responsable de sus propios gastos, así como de los
que se originen de las diligencias que se promuevan.
No obstante lo anterior, esta Sala del conocimiento
considera que es procedente dejar a salvo los derechos de
la parte actora para que los haga valer por la vía que
considere pertinente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los
artículos 1, fracción II, 3, segundo párrafo, 143, 249, 254,
298, 299, 300, fracción II, y 302, fracción IV, del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, se
R E S U E L V E
PRIMERO. Es PROCEDENTE EL
SOBRESEIMIENTO en el presente proceso en lo que
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PROCESO ADMINISTRATIVO 1018/2ª Sala/13
43
corresponde únicamente al Contralor Municipal de
Irapuato, Guanajuato y a la Directora de Quejas,
Denuncias y Sugerencias de la misma dependencia, de
acuerdo a lo expresado en el CONSIDERANDO CUARTO
de la presente resolución.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución precisada en el RESULTANDO PRIMERO de
esta sentencia, en los términos de lo expresado en el
CONSIDERANDO QUINTO de la misma.
TERCERO.- No ha lugar al RECONOCIMIENTO AL
DERECHO de pago de gastos y costas pretendido por la
parte actora, por las razones expuestas en el
CONSIDERANDO SEXTO de esta sentencia, dejando a
salvo los derechos del accionante para que los haga valer por
la vía que considere pertinente.
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívese este
expediente, como asunto totalmente concluido y dese de
baja en el libro de registro de esta Segunda Sala.
Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado
, Magistrado Propietario de la
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado de Guanajuato, quien actúa legalmente asistido
de la Secretaria de Estudio y Cuenta licenciada
que da fe.
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L´ARMCh
Guanajuato, Guanajuato; 29 veintinueve de abril de 2014 dos
mil catorce.
ASUNTO
Sentencia del proceso administrativo 1067/1ª Sala/13,
promovido por por su propio
derecho en contra de la resolución emitida el 4 cuatro de julio de 2013
dos mil trece en el procedimiento de responsabilidad administrativa
PRA 1044/2012 por el Director de Responsabilidades e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impuso la sanción de
suspensión por tres días.
ANTECEDENTES
Primero. Por escrito recibido en la Secretaría General de
Acuerdos el 12 doce de septiembre de 2013 dos mil trece, turnado a
esta Sala el mismo día a esta Primera Sala, compareció
, por su propio derecho, a demandar la nulidad de la
resolución descrita anteriormente.
Segundo. En actuación de 17 diecisiete de septiembre de 2013
dos mil trece se requirió al promovente a fin de que completara su
escrito inicial agregando el acuerdo de inicio del procedimiento
disciplinario cuya resolución impugnó; la receta médica especificada en
el proveído que se reseña y copia certificada del Manual de
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Prescripción Pediátrica 11ª edición, año 2005 dos mil cinco,
únicamente en cuanto a las páginas que contienen la información que
citó en su escrito de demanda y que por ende se requiere en el proceso;
lo anterior en virtud de que fueron ofrecidos como prueba mas no se
anexaron al escrito inicial de demanda.
Tercero. Mediante acuerdo emitido el 7 siete de octubre de
2013 dos mil trece se tuvo al promovente por cumpliendo el
requerimiento que se le practicó y en consecuencia se admitió a trámite
la demanda y se ordenó correr traslado de la misma y de sus anexos al
Director de Responsabilidades e Inconformidades de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de
Guanajuato, a fin de que diera contestación.
Asimismo, se admitieron las pruebas documentales presentadas
por el actor. Además, se le tuvo por designando autorizados legales y
por señalando domicilio para recibir notificaciones.
También se indicó a la parte actora que podría recibir
notificaciones por vía electrónica previo cumplimiento de los
requisitos correspondientes y se requirió a la autoridad demandada
para que señalara dirección de correo electrónico para la práctica de
notificaciones.
Por otra parte, se concedió la suspensión solicitada respecto de
la ejecución de la sanción impuesta al actor en la resolución combatida,
consistente en suspensión por tres días; lo anterior hasta en tanto se
resolviera el proceso.
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Finalmente, se requirió a las partes que manifestara su parecer
respecto de la publicación de sus datos personales en caso de
presentarse una solicitud de acceso a la información que incluyera
alguna de carácter confidencial.
Cuarto. En actuación de 13 trece de enero de 2014 dos mil
catorce se tuvo a la autoridad demandada por contestando en tiempo y
forma y se admitieron las pruebas documentales que aportó.
Por otra parte, se tuvo a la autoridad por designando
autorizados legales y correo electrónico para recibir notificaciones.
En el mismo acuerdo, se señalaron las 14:00 catorce horas del 6 seis de
febrero 2014 dos mil catorce para la celebración de la audiencia de
alegatos. En su desahogo, fueron presentados por ambas partes.
CONSIDERACIONES
Primera. Esta Primera Sala es competente para conocer y
resolver el proceso, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 primer
párrafo y 20 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato; así como en los artículos 1
fracción II y 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
Segunda. A fin de acreditar la existencia de la resolución
impugnada, el demandante ofreció la prueba documental que se
localiza en las fojas 14 a 26 del expediente del proceso en estudio;
consistente en la resolución emitida el 4 cuatro de julio de 2013 dos
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mil trece en el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA
1044/2012 por el Director de Responsabilidades e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, mediante la cual se le impuso la sanción de
suspensión por tres días.
El documento público aportado por el actor reviste valor
probatorio pleno y así se reconoce de conformidad con los artículos
78, 117, 121 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Tercera. Las causales de improcedencia se analizan de oficio o
a petición de parte por ser cuestiones de orden público. En este caso,
la autoridad demandada no hizo valer alguna de las contenidas en el
artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como tampoco alguna causal de
sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del mismo
ordenamiento legal, razón por la que se procede al estudio del fondo
del asunto.
Cuarta. Se precisa a las partes que no se transcribirán los
conceptos de impugnación expuestos por el accionante y lo
respondido por las autoridades. Lo anterior de conformidad con la
jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 58/2010,
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez,
consultable a página 830, que dice:
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes
del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte
como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo,
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
Quinta. Se procede en primer término, al estudio oficioso de la
fundamentación de la competencia de la autoridad emisora de la
resolución controvertida, en tanto que este juzgador se encuentra
obligado a efectuar dicho estudio, al tratarse de una cuestión de orden
público, tal y como lo establece la jurisprudencia 99/2006, sentada por
contradicción de tesis 44/2006/SS, aplicable por analogía con el tema
y cuyo contenido es:
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL
JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS
CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
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ADMINISTRATIVA.- El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo
contenido sustancial reproduce el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), establece que el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de
oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar
la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o
motivación en dicha resolución. En esa virtud, se concluye que el Tribunal
citado debe, en todos los casos, examinar esos aspectos y declarar que la
resolución no adolece de alguno de ellos, lo cual no requiere de
consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso se surte la causal de
nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, de manera fundada y
motivada, las consideraciones que den sustento a su decisión.
En efecto, es un elemento de validez previsto en la fracción I
del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y un derecho fundamental
consignado en el artículo 16 de la Carta Magna y requisito mínimo del
acto administrativo, que los actos de autoridad sean emitidos por la
competente para ello, señalando el fundamento legal que da
atribuciones a la autoridad para emitir su acto, citando de manera
correcta el precepto legal, fracción, inciso, subinciso o transcribiendo
el apartado correspondiente que legitime su actuación.
Con relación a lo anterior resulta aplicable también la tesis
jurisprudencial, publicada en el Informe rendido por el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1998 mil
novecientos noventa y ocho, Tercera Parte, página 1037, que es del
rubro y texto siguiente:
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COMPETENCIA. NECESIDAD DE FUNDARLA EN EL TEXTO
MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA. La garantía consagrada por el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
prescribe que los actos de molestia, para ser legales, requieren entre otros
requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad
competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia
jurídica; lo que significa que cada acto de autoridad necesariamente debe
emitirse por quien está legitimado para ello, expresándose en el texto del
mismo, el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, pues
en caso contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión para
examinar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro del ámbito
competencial respectivo, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo.
Lo anterior se ve apoyado con la jurisprudencia 115/2005 de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXII, correspondiente al mes de septiembre de 2005 dos mil
cinco, página 310, cuyo texto es al tenor literal siguiente:
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo
dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12,
con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de
las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la
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garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de
exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al
atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que
es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a
los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla
con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se
concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar
en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le
permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado
por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo
ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas
que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de
fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es
necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por
razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el
apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el
ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja,
habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de
especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado
tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la
autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene
competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que
lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las
normas legales que integran el texto normativo es la específicamente
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia,
grado y territorio.
(El subrayado no es de origen)
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De las tesis antes citadas, queda claro que esta Sala se encuentra
obligada a analizar de oficio la competencia de la autoridad emisora del
acto impugnado y su respectiva fundamentación, así como de aquélla
que ordenó, tramitó o ejecutó el procedimiento administrativo del cual
deriva la resolución en debate, y la falta, indebida o total ausencia de
fundamentación y motivación de dicho acto.
Las afirmaciones que anteceden tienen sustento en la diversa
Jurisprudencia 2a./J. 201/2004, de la propia Segunda Sala, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo
XXI, del mes de enero de 2005, página 543, y que refiere lo siguiente:
NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS
PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA
DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O
TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.
De la interpretación armónica y relacionada del artículo 238 del Código
Fiscal de la Federación, se concluye que las Salas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para analizar oficiosamente
la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada
en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del
cual deriva aquélla. Ello es así, porque la competencia de las autoridades es
una cuestión de orden público, como lo establece el penúltimo párrafo del
referido precepto, por lo cual no sería factible que de una interpretación
estricta y literal se sostuviera que los mencionados órganos sólo están
facultados para analizar de oficio la incompetencia de la autoridad emisora
de la resolución impugnada, pues en el supuesto de carecer de competencia
legal el funcionario que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual
derivó la resolución definitiva, ésta estaría afectada desde su origen y, por
ende, sería ilegal, al incidir el vicio de incompetencia directamente en la
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resolución emanada de un procedimiento seguido por autoridad
incompetente. Esto es, admitir una postura contraria y sostener que las
mencionadas Salas sólo están facultadas para analizar oficiosamente la
incompetencia de la autoridad emisora, propiciaría la subsistencia de
resoluciones que derivan de un procedimiento viciado en virtud de haberlo
iniciado o instruido una autoridad sin competencia legal.
De acuerdo con la anterior jurisprudencia, es claro que las
actuaciones de la autoridad deben fundamentarse de manera precisa
por cuanto hace a la competencia, citando para ello los numerales,
fracción, inciso y subincisos en donde se contenga la misma, siendo
relevante enfatizar que tratándose de procedimientos instaurados en
contra de alguna persona, los actos que se lleven a cabo en el mismo,
deben contener también los fundamentos competenciales para su
emisión, tomando en cuenta que la competencia debe fundamentarse
tanto en el aspecto de materia como en los de grado y territorio.
A mayor abundamiento, la competencia material o por materia
de la autoridad, se determina por la naturaleza de la pretensión
procesal y por las disposiciones legales que la regulan, esto es, se toma
en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la
demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al caso
concreto, a fin de que la autoridad actuante ejerza sus facultades que al
efecto corresponden.
Por cuanto hace a la competencia por razón de territorio, incide
en la circunscripción territorial de la autoridad actuante, límites que
habrá de respetar según las disposiciones que le rigen, para el
desempeño específico de las funciones que le son encomendadas, en
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otras palabras, es el área geográfica en la que legalmente la autoridad
puede ejercer sus atribuciones como tal.
Por último, respecto de la competencia por grado, en materia de
distribuciones de atribuciones para los actos administrativos, como en
el caso resulta, el Capítulo Segundo del Título Tercero del otrora
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública, preveía la
organización jerárquica y el orden de grados y escalas de los entes
inferiores para el desempeño de las atribuciones de la otrora Dirección
General de Asuntos Jurídicos –actual Dirección General Jurídica de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas–.
A su vez, el título Segundo, Capítulo Tercero de dicho
ordenamiento, concretamente en su artículo 10, contempla la
competencia del Director General; y en su apartado 2 se establecía la
atribución de grado del superior, ″Director General″, para ejercer en
forma directa las atribuciones que el reglamento confiera a las unidades
administrativas a su cargo, por lo que en el contexto que nos ocupa,
podría dictar la resolución que correspondiente a diversas unidades
adscritas a la Dirección, razón por la cual debía motivarse en todos los
casos la facultad correspondiente, en tanto que cada uno de ellos debía
sostenerse en su legalidad por sí mismo, sin necesidad de depender de
la emisión o existencia de algún otro.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, en fecha 4 cuatro de
julio de 2013 dos mil trece, el Director de Responsabilidades e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, emitió resolución dentro del procedimiento
disciplinario número PRA 1044/2012, en contra del hoy actor
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, en virtud de la probable infracción a lo
dispuesto por el artículo 11, fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios.
En dicha resolución, cuya constancia obra a fojas 14 a 26 del
sumario en estudio, a fin de fundar la competencia de la autoridad
actuante se indicó:
«PRIMERO.- Competencia. La Dirección de Responsabilidades e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es competente para
resolver el presente asunto, de conformidad a lo establecido por los
artículos 108 párrafo cuarto, 109 fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 77 fracciones II y III, 79,
80, 122 y 123 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de
Guanajuato; 1, 2 segundo párrafo, 3, 6, 9, 13 único párrafo fracción X, 17
quinto párrafo y 32 fracciones VI, inciso a) y VII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 2, 3 fracciones I y VI, 4
primer párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en relación
con los artículos 1, 2 y 3 fracción I inciso b) numeral 2, 11 fracción III, 13
fracción II y 17 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de la
Gestión Pública, acorde con lo dispuesto en los artículos Primero, Cuarto y
Séptimo transitorios del Decreto Legislativo número 287, mediante el cual
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 150,
segunda parte , de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2012 dos mil doce.»
Al respecto, se cita el contenido literal de los siguientes
preceptos legales:
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato
Artículo 13.- Constituyen la Administración Pública Centralizada del
Poder Ejecutivo: […]
X.- La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas;
(Fracción reformada. P.O. 18 de septiembre de 2012)
Artículo 32.- La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
es la dependencia encargada de llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y
evaluación de las dependencias y entidades, promoviendo la participación
ciudadana en dichas funciones, así como de la prevención de conductas
constitutivas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y
en su caso, la aplicación del derecho disciplinario, y le competen las
siguientes atribuciones: […]
(Párrafo reformado. P.O. 18 de septiembre de 2012)
VI.- En materia de derecho disciplinario:
(Fracción adicionada con los incisos que la componen. P.O. 21 de
noviembre de 2003)
a) Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir
responsabilidades de los servidores públicos, así como substanciar el
procedimiento administrativo disciplinario que establezca la Ley de la
materia; y […]
(El destacado con subrayado es agregado.)
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios
Artículo 2.- Son servidores públicos los mencionados en los artículos
122 y 126 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quienes
deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, transparencia,
imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando
incumplan las obligaciones o incurran en las conductas prohibidas señaladas
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en esta ley, así como aquéllas que deriven de otras leyes y reglamentos, con
las salvedades establecidas en la presente ley.
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como a las personas
que hubieren ocupado un empleo, cargo o comisión dentro del servicio
público, con las salvedades que esta ley establezca.
Artículo 3.- Son autoridades para aplicar la presente ley en el ámbito de
sus respectivas competencias: […]
VI. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal o
municipal.
Artículo 4.- A los servidores públicos de la administración pública
estatal se les instaurará y sustanciará el procedimiento de responsabilidad
administrativa previsto en esta ley y se les aplicarán las sanciones que
correspondan, por conducto de la Secretaría de la Gestión Pública, con las
salvedades establecidas en este artículo.
De la anterior transcripción se advierte que la autoridad
demandada expone diversos preceptos constitucionales y legales para
fundar su competencia, no obstante, la facultad específica para resolver
un procedimiento de responsabilidad administrativa la apoya en el
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.
En efecto, los artículos 109, fracción III y 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan lo
relativo a que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias,
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las
demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, siendo que la comisión de delitos
por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en
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los términos de la legislación penal; así como a que las leyes sobre
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones, y las sanciones aplicables por
los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y
las autoridades para aplicarlas, y el tipo de sanciones que se pueden
imponer.
Por otro lado, el artículo 122 de la Constitución Política del
Estado de Guanajuato, refiere quiénes se reputan como servidores
públicos en la Entidad para efectos de la responsabilidad
administrativa. Igualmente, con base en el artículo 32, fracción VI,
inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, la demandada sustenta la facultad de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas, en materia de derecho
disciplinario, de conocer e investigar los actos y omisiones que puedan
constituir responsabilidades de los servidores públicos, así como
substanciar el procedimiento administrativo disciplinario que
establezca la Ley de la materia.
Por su parte, los artículos 2 y 4 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios, determinan, respectivamente, quiénes tienen el
carácter de servidores públicos, la forma en que deberán conducirse en
el desempeño de su empleo o cargo, y que serán objeto de
responsabilidad administrativa cuando incumplan sus obligaciones o
incurran en conductas prohibidas; así como que la Secretaría citada
será la encargada de instaurar y sustanciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa y de aplicar las sanciones que
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correspondan a los servidores públicos de la administración pública
estatal.
Por último, la autoridad demandada, como parte del
fundamento de su competencia, fija también preceptos legales que
otorgan a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas la
facultad para sustanciar los procedimientos instaurados en contra de
los servidores públicos infractores, aludiendo al Reglamento Interior
de la Secretaria de la Gestión Pública, como parte de su
fundamentación.
Lo anterior es así, pues la demandada hace referencia como
parte de su fundamento legal a los artículos Primero, Cuarto y Séptimo
transitorios del decreto legislativo 287, mediante el cual fue reformada
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato,
numerales que instituyen la procedencia de la aplicación del
Reglamento Interior de la otrora Secretaría de la Gestión Pública a las
actuaciones de la ahora denominada Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato.
En particular el Artículo Séptimo Transitorio, prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO SÉPTIMO. El Gobernador del Estado adecuará los decretos de
creación y reglamentos interiores, y expedirá los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de esta reforma, en un término que no exceda de seis meses,
contados a partir de la entrada en vigencia prevista en el Artículo Primero
Transitorio del presente Decreto, en tanto se expiden, continuaran vigentes los
actuales en lo que no se oponga a la presente reforma.»
De lo anterior, se advierten dos aspectos: primero, que se
contaría con un término que no excedería de seis meses para la
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emisión de los reglamentos necesarios para el cumplimiento de la
reforma; y segundo, que en tanto se expiden dichos reglamentos
continuarían vigentes los actuales.
Abundando, el numeral transitorio referido establece que durante
el término de seis meses el Gobernador del Estado deberá emitir los
reglamentos correspondientes, a fin de adecuarlos a las reformas,
continuando vigentes –exclusivamente durante ese término– los
reglamentos anteriores. Se hace hincapié en que una vez transcurrido el
término de seis meses, automáticamente quedan sin vigencia ni
aplicación dichos reglamentos.
Por tanto, si la autoridad demandada fundamentó su competencia
material en un reglamento que no es vigente al momento de su
aplicación, se debe considerar que dicha fundamentación es indebida.
Como hecho notorio, tenemos que el decreto publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato número 150, Segunda
Parte, de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2012 dos mil doce,
mediante el cual fue reformada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
para el Estado de Guanajuato, entró en vigor a partir del 26 veintiséis
de septiembre de 2012 dos mil doce, de ahí que el día 26 veintiséis de
marzo de 2013 dos mil trece, era el último día con el que se contaba
para la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas.
En torno a los elementos señalados, resulta evidente que a la
fecha de emisión de la resolución controvertida (4 cuatro de julio de
2013 dos mil trece), aún no había sido emitido el Reglamento Interior
de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas; del mismo
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modo, también ya había fenecido el plazo de seis meses para la
emisión de los reglamentos correspondientes.
Lo anterior resulta ser así porque es un hecho notorio que hasta
día 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el Decreto Gubernativo
número 51, por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaria
de la Transparencia y Rendición de Cuentas; razón por la que al dictar
la sanción impugnada de 4 cuatro de julio de 2013 dos mil trece, el
Director de Responsabilidades e Inconformidades de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato ya no podía sustentar
su competencia material en el artículo Séptimo Transitorio, al haber
fenecido el plazo de seis meses que se concedió para adecuar los
reglamentos anteriores a las reformas.
Por consiguiente, es indudable que esa omisión colocó al
afectado en estado de indefensión, pues al no informársele el apoyo
legal que facultó a la autoridad a emitir la resolución combatida,
ciertamente le impidió examinar correctamente si la actuación se
verificó o no dentro del ámbito competencial respectivo, o si fue o no
conforme a la ley; de ahí que proceda declarar la nulidad total de la
resolución dictada por el Director de Responsabilidades e
Inconformidades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa número PRA-1044/2012, de fecha
4 cuatro de julio de 2013 dos mil trece; ello, con fundamento en los
artículos 300, fracción II y 302, fracción I, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Como se adelantó, es innecesario el análisis de los conceptos de
impugnación esgrimidos por la parte actora, al resultar bastante el
estudio oficioso de la falta de competencia de la autoridad, a fin de
decretar la nulidad de la resolución definitiva con que culminó el
procedimiento disciplinario.
Sobre el tema, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de
este órgano jurisdiccional, pronunciado con motivo de la resolución de
18 dieciocho de septiembre de 2009 dos mil nueve, dentro del toca
89/09 PL, correspondiente a la Tercera Época, que dice:
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. ES INNECESARIO SU
ESTUDIO CUANDO SE DECRETA LA INCOMPETENCIA DE
LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO. No es necesario el análisis
de los demás conceptos de violación que esgrime el actor en contra del acto
impugnado, al haber resultado bastante el estudio de la incompetencia de la
autoridad, en virtud de que la competencia es un requisito de validez del
acto administrativo, de acuerdo con lo que establece el artículo 137, fracción
I, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, lo que es suficiente para decretar la nulidad
total de la resolución administrativa impugnada, con fundamento en la
fracción I del artículo 302 del Código citado.1
Al haberse realizado el estudio oficioso de la debida
fundamentación de la competencia de la autoridad mismo que resultó
ser fundado, es innecesario realizar el análisis de los conceptos de
impugnación establecidos en el escrito de demanda, en tanto que los
1 Toca 89/09.PL. Recurso de Reclamación interpuesto por Patricia Cabrera Hidalgo, en su
carácter de Directora de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial y encargada de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Gestión Pública. Resolución de
fecha 18 de septiembre de 2009.
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mismos no mejorarían el resultado del presente fallo, en atención a la
tesis de jurisprudencia que por analogía se aplica y que a la letra indica:
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo
solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio
de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.2
Sexta. Además de la declaración de nulidad de la resolución
impugnada, el actor solicitó el reconocimiento del derecho a que se
dejara insubsistente la sanción de suspensión por tres días y se
reconociera la improcedencia de su inscripción.
Al respecto, se determina ha lugar a reconocer el derecho
solicitado por el actor con fundamento en el artículo 300 fracción V
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, toda vez que la resolución en comento ha sido
anulada en la Consideración Quinta de este fallo, razón por la que no
hay sanción a ejecutar ni a inscribir en los registros conducentes.
En cuanto a la pretensión relativa a la condena a la autoridad
demandada para que realice el reintegro de salario y demás
prestaciones económicas eventualmente vulneradas por la autoridad
demandada en caso de ejecutar la sanción de suspensión de tres días,
se declara no ha lugar a declararla, toda vez que mediante acuerdo de
fecha 7 siete de octubre de 2013 dos mil trece se concedió la
suspensión respecto de la aplicación de la sanción en comento, sin que
2 Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de 1992. Tesis: II. 3o. J/5.
Página: 89.
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en la causa procesal se haya demostrado que la autoridad contrarió
dicha medida cautelar y en consecuencia se hubiera producido el
menoscabo que refiere el demandante, por lo que al no haberse
actualizado la hipótesis en cuestión, no se generó materia sobre de la
cual conceder la pretensión de condena a la autoridad demandada.
Con base en lo anteriormente expuesto y en derecho
fundamentado se:
RESUELVE
Primero. Esta Sala resultó competente para tramitar y resolver
el proceso administrativo 1067/1ª Sala/13, de conformidad con lo
asentado en la consideración Primera.
Segundo. No se sobresee el proceso por las razones expuestas
en el la consideración Tercera.
Tercero. Se declara la nulidad total de la resolución emitida
el 4 cuatro de julio de 2013 dos mil trece en el procedimiento de
responsabilidad administrativa PRA 1044/2012 por el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, de acuerdo con
los motivos y fundamentos expuestos en la Consideración Quinta.
Cuarta. Ha lugar al reconocimiento del derecho solicitado por
el actor en cuanto a la insubsistencia de la sanción y la improcedencia
de su registro, no así respecto de la condena pretendida a cargo de la
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autoridad al no haberse ejecutado dicha sanción, según se expuso en la
Consideración Sexta de este fallo.
Notifíquese.
En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente
como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta
Primera Sala.
Así lo resolvió y firma el doctor ,
Magistrado Propietario de la Primera Sala, quien actúa asistido en
forma legal de la licenciada , Secretaria de
Estudio y Cuenta, que da fe.
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PROCESO ADMINISTRATIVO: 1157/4ª. Sala/14 PROMOVENTE:
MAGISTRADO: LIC.
1
Guanajuato, Guanajuato, 2 (dos) de diciembre de 2014
(dos mil catorce).
VISTO para resolver en definitiva los autos del Proceso
Administrativo número 1157/4ªSala/14; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal el día 14 (catorce) de agosto
de 2013 (dos mil trece), y turnado a esta Cuarta Sala el día 15
(quince) siguiente, el ciudadano
por su propio derecho, compareció a efecto de demandar la nulidad
de la resolución de fecha 16 (dieciséis) de junio de 2014 (dos mil
catorce), emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número PRA.1036/2012, suscrita por el Director de
Responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de
Guanajuato, en la que se le impone la sanción de multa en cantidad
de $ ( m.n.).
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 15 (quince) de agosto
de 2014 (dos mil catorce), se admitió a trámite la demanda
interpuesta y se ordenó correr traslado del mismo a la autoridad
emisora de la resolución controvertida, para efectos de que en el
término de ley formulara su contestación de demanda.
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TERCERO. Mediante oficio sin número, de fecha 2 (dos)
de septiembre del año en curso, el Director de Responsabilidades e
inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad
demandada en el presente juicio, formuló su contestación de
demanda, sosteniendo en todo momento la legalidad y validez de la
resolución controvertida, contestación que se admitió a trámite
mediante proveído de fecha 8 (ocho) del mismo mes y año, y a su
vez, se señaló fecha correspondiente para la celebración de la
audiencia de juicio.
CUARTO. En la fecha y hora señalados, tuvo verificativo
la audiencia de juicio, sin la asistencia de las partes, no obstante
que de constancias de autos, se advierte que fueron legalmente
citadas y notificadas a las mismas; sin que ninguna de las partes
hubiere formulado apuntes de alegatos.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Cuarta Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de nulidad. Lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6 y 20, fracción III, de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
Estado, en relación con los artículos 1, fracción II, 3, segundo
párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. Que la
existencia del acto impugnado se encuentra debidamente
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acreditada en autos, atento a la documental anexada por la parte
actora a su escrito inicial de demanda visible a fojas 10 a 32 del
sumario, así como por el reconocimiento expreso de su existencia
por la autoridad demandada al dar contestación a la demanda.
TERCERO.- Si bien es cierto que el análisis de las
causales de improcedencia y sobreseimiento, son cuestiones de
orden público, así como el hecho de su análisis de manera oficiosa
o a petición de parte, en el caso a estudio no se hizo valer ninguna
causal de improcedencia y al no advertir esta Cuarta Sala la
actualización de ninguna de ellas, procede al estudio del presente
asunto, atendiendo a los conceptos de impugnación expuestos por
la actora.
CUARTO.- Se procede a continuación al estudio de los
conceptos de impugnación que hace valer el impetrante, sin que
sea necesaria la transcripción de los mismos, en tanto que ello no
constituye un requisito indispensable a efecto de cumplir con el
principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, tal como
lo refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXXI, mayo
de 2010, novena época, página 830 que precisa: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o
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del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.» Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Sentado lo anterior, se procede en primer término al
estudio y resolución del primer concepto de impugnación de la
impetrante, en el que indica que la resolución controvertida es
ilegal, en tanto que la autoridad asevera que la presentación de un
medicamento es el envase o caja que lo contiene, y que sin
embargo, a consideración de la impetrante la presentación de un
medicamento es la forma farmacéutica de éste, por lo que la
autoridad incurre en error al confundir la presentación del
medicamento con la cantidad del medicamento, argumentos que
resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de la
resolución a debate.
Mediante acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2012, se
inició procedimiento administrativo sancionador al servidor público
, indicando las siguientes causas:
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“Haber prescrito más de dos presentaciones del mismo producto
de medicamentos que se consideran substancias psicotrópicas de conformidad a los artículos 244 y 245 fracciones III y IV de la Ley General de Salud, en las recetas con número de folio…, a los pacientes…, respectivamente.” Seguido el procedimiento en todas sus etapas, se dictó
resolución de fecha 16 (dieciséis) de junio de 2014 (dos mil
catorce), emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número PRA.1036/2012, suscrita por el Director de
Responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de
Guanajuato, en la que se le impone la sanción de multa en cantidad
de $1,077.30 (mil setenta y siete pesos 30/100 m.n.).
Dentro de la parte considerativa de la resolución, la
autoridad sancionadora razonó: “Conforme a lo anterior es un hecho notorio que la presentación de un medicamento consiste en el continente en que la forma farmacéutica se encuentra contenida, es decir: - La forma farmacéutica “Tabletas” de la sustancia denominada
“Clonazepam”, se encuentra contenida en una presentación de
“Caja con 10, 20, 30 y 100 tabletas de 0.5 y 2.0 mg” - La forma farmacéutica “Gotas” de la sustancia denominada
“Clonazepam”, se encuentra contenida en una presentación de
“Caja con frasco con gotero pipeta con 10 ml (1ml=2.5 mg. 1
gota0 0.1 mg)” - La forma farmacéutica “Tabletas” de la sustancia denominada
“Diazepam”, se encuentra contenida en una presentación de “Caja con 20 tabletas de 10 mg”
De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que en un contexto medico farmacéutico la presentación del medicamento es la caja, envase frasco que lo contiene. De tal suerte, al encontrarse lo anterior especificado en el diccionario de especialidades farmacéuticas, es inconcuso que los aludidos significados de medicamento, pueden ser comprendidos por aquellas personas que ejercer de manera profesional la medicina, como lo es el caso del Doctor
. …
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Siguiendo esta línea de ideas, quien resuelve colige que presentación se entiende como envase, caja o frasco. Partiendo de esta premisa efectivamente el sujeto a procedimiento prescripción más de dos presentaciones de los mismos medicamentos. Cabe señalar que los medicamentos denominados “Clonazepam”
son considerados como psicotrópicos, los cuales se encuentran estipulados en el grupo II del artículo 226 de la Ley General de Salud, así como en los artículos 244 y 245 fracción III de la Ley General de Salud vigente al momento de cometerse la conducta que se imputa, dispositivos normativos que señalan:… Por otro lado se desprende que prescribió más de dos presentaciones de los medicamentos antes señalados, pues tal como previamente se señaló, la presentación de los productos prescritos es un frasco o caja. Del mismo modo se acredita que los medicamentos prescritos fueron surtidos por la farmacia al descargarse del libro de registros de los medicamentos controlados de la farmacia del Hospital General de Guanajuato de la Secretaria de Salud del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, del año 2011 (dos mil once), en las cantidades de medicamente prescrito por el Dr. . En consecuencia, con los anteriores elementos probatorios, se considera que ha quedado acreditada la conducta imputada al implicado, pues se comprobó que en el ejercicio del cargo de Médico Psiquiatra en el Hospital General Guanajuato de la Secretaria de Salud del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, prescribió más de dos presentaciones del mismo medicamento psicotrópico, en las recetas aludidas con anterioridad.” (fojas 17 a 22 del sumario)
Se advierte entonces que la causa real por la cual se
sanciona al hoy actor es por haber recetado a pacientes más de dos
presentaciones de medicamentos, acreditando ello con el cúmulo
de recetas médicas que refirió en la resolución en controversia.
A este respecto, es preciso resaltar que la autoridad
demandada al momento de formular su resolución correspondiente,
indicó que el término “presentación” es la caja, envase frasco que lo
contiene, de donde concluyó que el médico
recetó por paciente más de dos presentaciones, esto es,
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más de dos cajas, envases o frascos de un solo producto, y con ello
violentó lo establecido en los artículos 226 de la Ley General de
Salud, relacionado con los artículos 244 y 245 fracción III de la
misma Ley.
Considerando la autoridad que lo anterior actualizaba la
infracción a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, mismo que a la letra
precisa:
“Artículo 11.- Son obligaciones de los servidores públicos: XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público;”
Ahora bien, la parte actora refiere en sus argumentos del
primer concepto de impugnación, que la “presentación” es la forma
farmacéutica de los medicamentos, esto es, tabletas, jarabe, etc., y
no como lo aprecia la autoridad, respecto de las cajas, frascos, etc.
A efecto de dilucidar los argumentos anteriores, resulta
preciso tener en consideración el contenido de los artículos 226 de
la Ley General de Salud, así como en los artículos 244 y 245
fracción III de la misma Ley, los que rezan: “Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: … II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto
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como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. Artículo 244.- Para los efectos de esta Ley, se consideran substancias psicotrópicas las señaladas en el Artículo 245 de este ordenamiento y aquellas que determine específicamente el Consejo de Salubridad General o la Secretaría de Salud. Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son: BENZODIAZEPINAS: ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA) ALPRAZOLAM AMOXAPINA BROMAZEPAM BROTIZOLAM CAMAZEPAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORACEPATO DIPOTASICO CLORDIAZEPOXIDO CLOTIAZEPAM CLOXAZOLAM CLOZAPINA DELORAZEPAM DIAZEPAM EFEDRINA ERGOMETRINA (ERGONOVINA) ERGOTAMINA ESTAZOLAM 1- FENIL -2- PROPANONA FENILPROPANOLAMINA FLUDIAZEPAM FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM HALAZEPAM HALOXAZOLAM KETAZOLAM LOFLACEPATO DE ETILO LOPRAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM
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OXAZEPAM OXAZOLAM PEMOLINA PIMOZIDE PINAZEPAM PRAZEPAM PSEUDOEFEDRINA QUAZEPAM RISPERIDONA TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZIPEPROL ZOPICLONA Y sus sales, precursores y derivados químicos. Otros: ANFEPRAMONA (DIETILPROPION) CARISOPRODOL CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA) ETCLORVINOL FENDIMETRAZINA FENPROPOREX FENTERMINA GLUTETIMIDA HIDRATO DE CLORAL KETAMINA MEFENOREX MEPROBAMATO TRIHEXIFENIDILO”
De donde se desprende que la Ley General de Salud
establece que tratándose de medicamentos que tienen valor
terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, el
médico solo podrá prescribir “dos presentaciones”, del mismo.
Ahora bien, tenemos que la autoridad demandada
exhibió junto con su escrito de contestación, diversas recetas
médicas que obran a fojas 141 a 234 del sumario, expedidas por
diversos médicos, entre ellos el hoy actor, documentos de los
cuales se analizarán tres de las tantas correspondientes al
impetrante, con el único fin de advertir su contenido.
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Así, tenemos que a fojas 154, 155 y 162, obran las
recetas médicas de fechas 22, 24 de marzo y 8 de abril, todas de
2011, en las que se contienen los siguientes datos: 22 de marzo de 2011
Nombre Genérico
Presentación Cantidad Recetada
Cantidad Surtida
Indicaciones
Diazepam 10 mg
Tab Cuatro cajas
4 ---
24 de marzo de 2011
Nombre Genérico
Presentación Cantidad Recetada
Cantidad Surtida
Indicaciones
Diazepam 10 mg
Tab tres cajas 20 c/u
-- ---
8 de abril de 2011
Nombre Genérico
Presentación Cantidad Recetada
Cantidad Surtida
Indicaciones
Clonazepam 2 mg
Tab Cuatro cajas 30 c/u
4 ---
De las anteriores recetas se evidencia que en las
mismas se consignan los datos de “presentación”, en los cuales el
médico tratante indicó “tabletas”, mientras que en el apartado de
“cantidad surtida” se consigna el número de cajas a entregar al
paciente.
Todo lo anterior referido permite concluir que tal como lo
aprecia la parte actora, la palabra “presentación” en términos
médicos refiere al hecho de si el medicamento se contiene en
tabletas, cápsulas, jarabe, gotas, etc., y no así si se entrega en
cajas, frascos o algún otro medio que lo contenga.
Lo anterior encuentra apoyo en la definición que el
Diccionario de la Real Academia Española, consultable en la página
web http://lema.rae.es/drae/?val=presentaci%C3%B3n, otorga de
dicha palabra:
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“6. F. Med. Forma farmacéutica de los medicamentos, como las cápsulas, los jarabes, los inyectables, etc.",
De donde resulta coincidente el significado de la palabra
“presentación” con la interpretación que el impetrante realiza de la
disposición normativa contenida en el artículo 226 de la Ley General
de Salud, esto es que la presentación hace referencia a las tabletas,
el jarabe, las ampolletas, o la forma farmacéutica en cómo se
presenta la sustancia médica.
Sin que pase desapercibido para este juzgador el que el
concepto relativo a la “presentación” de un medicamento, puede
referirse no solo a la referida forma farmacéutica de los
medicamentos (tabletas, jarabe, etc.) sino también puede
interpretarse como el medio en que se contiene (frasco, caja,
ampolleta), sin embargo, ante dos opciones de interpretación, este
Juzgador debe atender al criterio gramatical al interpretar el artículo
226, fracción II, de la Ley General de Salud, en observancia a lo
dispuesto en el artículo 2 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
De donde se sigue, que en atención al criterio gramatical
de la ley, y a la acepción otorgada por el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española ya referido, resulta concluyente
que el concepto "presentación” de un medicamento debe
entenderse conforme a la fórmula farmacéutica con la que se
distribuye al público, de tal suerte que si la forma del producto es de
tabletas contenidas en caja, ésta última constituye únicamente el
medio o envase que contiene el medicamento, pues de no
entenderlo de este modo, pudiera llegarse al absurdo de considerar
que tanto las cápsulas, las tabletas, los jarabes, y otros, como las
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cajas, envases, ampolletas, y los miligramos o gramos de las
sustancias, constituyan una presentación diferente del producto, lo
que no es dable.
En todo caso, entre estas dos apreciaciones es evidente
que debe atenderse a la más favorable para el particular, siendo
ésta el criterio gramatical que se contiene en el diccionario aludido y
en la propia ley, lo cual lleva a considerar que la aquí quejosa no
procedió de manera dolosa al prescribir el referido producto en la
cantidad indicada en las recetas médicas.
De todo lo anterior expuesto, queda claro que el servidor
público no actuó en contravención a lo dispuesto por el artículo 11,
fracción XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en
tanto que, aun cuando prescribió más de dos cajas de diversas
sustancias controladas, lo cierto es que no prescribió más de dos
presentaciones de las mismas, cuestión que resultaba trascendente
para efecto de considerar actualizada la trasgresión a lo dispuesto
por los artículos 244, 245 fracción III y 226 de la Ley General de
Salud.
Se desprende que la autoridad demandada incurrió en
una indebida apreciación de los hechos, en tanto que interpretó de
manera incorrecta las disposiciones últimas referidas y junto con
ello, consideró infractor al servidor público, sancionándole por tal
virtud.
Así pues, la resolución que sanciona al impetrante
carece de una debida motivación, pues se apoya en hechos
apreciados indebidamente, lo que trae aparejada la ilegalidad de la
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determinación que se combate, al no haberse actualizado infracción
alguna por parte del servidor público a las disposiciones aplicables
Por lo que este juzgador no puede más que precisar que
la conducta atribuida a la ahora actora, no encuadra en la hipótesis
prevista en la parte final de la fracción XIX del artículo 11 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios de Guanajuato y sus Municipios.
Visto lo anterior, se advierte que la autoridad
demandada sanciona una infracción no actualizada por parte de la
actora, en tanto que la supuesta infracción del artículo 11, fracción
XIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, no
es imputable a la accionante, lo que implica que la determinación se
encuentra indebidamente fundada y motivada y ante ello, lo
procedente es declarar la nulidad total de la resolución impugnada.
Apoya lo anterior, el Criterio emitido por la Primera Sala
de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato, Segunda Época, derivada de la sentencia de fecha 09
nueve de mayo de 2003, recaída al expediente número 4.509/02,
mismo que a la letra indica:
“INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÒN.- PROCEDE
DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados. (Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique).”
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De igual modo resulta aplicable la Jurisprudencia,
sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV,
Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra
dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".
Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado el Sexto Circuito, publicado en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 64, abril de 1993,
Tesis VI.2º.J/248, página 43 que es del rubro y texto siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales
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y preceptos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". (lo subrayado es propio). Por todo lo anterior, en virtud de que el acto reclamado,
fue emitido apreciando indebidamente los hechos, e imputando a la
actora una conducta infractora que no se actualizó, lo que conlleva
una indebida fundamentación de la resolución, siendo en
consecuencia, procedente decretar la NULIDAD TOTAL de la
resolución de fecha 16 (dieciséis) de junio de 2014 (dos mil
catorce), emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número PRA.1036/2012, suscrita por el Director de
Responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de
Guanajuato, en la que se le impone la sanción de multa en cantidad
de $ ( m.n.).
Al haber resultado fundado el primer concepto de
impugnación hecho valer por el accionante, es innecesario realizar
el análisis de los restantes conceptos de violación, en tanto que los
mismos no mejorarían el resultado del presente fallo, en atención a
la tesis de jurisprudencia que por analogía se aplica y que a la letra
indica:
“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo.
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Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de 1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89.” SEXTO.- Por lo que respecta a la pretensión del actor,
respecto de que se condene a la autoridad para que no ejecute la
resolución impugnada, consistente en la sanción pecuniaria por
cantidad de $ ( m.n.) así
como para que no sea inscrito en el registro de servidores públicos
sancionados, y la condena a la autoridad por los daños y perjuicios
que se le causen con motivo de la ejecución de la sanción.
Por cuanto hace a la ejecución de la sanción pecuniaria,
de la revisión que se hace a las constancias que obran en autos, no
se advierte que, a la fecha de emisión de la presente resolución se
hubiese ejecutado el cobro del monto impuesto a cargo del actor,
por lo que se condena a la autoridad demanda para que se
abstenga de ejecutar la sanción correspondiente en perjuicio del
ciudadano .
De igual modo, se condena a la autoridad para que no
inscriba al servidor público, al registro de servidores públicos
sancionados.
Por último, por lo que respecta al pago de los daños y
perjuicios sufridos con motivo de la imposición de la sanción, se
reitera que en el caso, no existe constancia que acredite que ya fue
ejecutada la sanción, por lo que este juzgador concluye que no
existe daño o perjuicio a reparar a favor del actor.
Aunado a ello, el impetrante no acredita con medio
convictivo alguno, que hubiese sufrido detrimento en su esfera
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patrimonial, o bien, alguna afectación posible de reparar a cargo de
la autoridad, por lo que no ha lugar a dicha condena.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
además en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo, 249,
255, fracciones I, II y III, 298, 299, 300, fracción II y 302 fracciones II
y IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo expuesto en el
CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución.
SEGUNDO.- Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución de fecha 16 (dieciséis) de junio de 2014 (dos mil
catorce), emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número PRA.1036/2012, atento a lo precisado en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta resolución.
TERCERO.- SE RECONOCE PARCIALMENTE EL
DERECHO reclamado por la parte actora, y SE CONDENA a la
demandada, al cumplimiento de lo señalado en el
CONSIDERANDO SEXTO de esta resolución.
NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, y en su oportunidad
procesal, archívese el expediente como asunto concluido y dese de
baja del Libro de Registro de esta Sala.
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Así lo proveyó, y firma el C. Licenciado
, Magistrado Supernumerario del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, convocado
en sesión ordinaria de Pleno No. 36 de fecha 1 (uno) de Octubre de
2014 (dos mil catorce), quien actúa asistido legalmente con
Secretaria Licenciada , quien da fe.
L´Cmml.*
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L’ JKY
Guanajuato, Gto., a 26 veintiséis de marzo de 2015 dos mil quince.
ASUNTO
Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo,
expediente número 1194/1ªSALA/14 promovido por el C.
.
ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 27 veintisiete de agosto de 2014 dos mil catorce,
fue presentada en este Tribunal y turnada a este Primera Sala, una
demanda suscrita por quien se indica en el proemio de la presente
resolución, dentro de la cual fue impugnado el siguiente acto:
“…la resolución definitiva que recayó al procedimiento de responsabilidad
administrativa en el expediente PRA-35/2014. Dicha resolución afecta mis
derechos porque se determinó indebidamente que el suscrito soy responsable de la
causa que se me imputó, determinando una sanción correspondiente a inhabilitación
por un año. Además de que se me impuso una multa por la cantidad de veinticinco
días de salario mínimo, por lo que se me asignó la obligación de pagar por ese
concepto, el monto total de $1,534.50 (mil quinientos treinta y cuatro pesos con
cincuenta centavos).”
La parte actora, como pretensiones intentadas, solicitó la nulidad total
de la resolución impugnada y el reconocimiento al derecho de no ser
sancionado.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha 27 veintisiete de agosto de
2014 dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda; se ordenó
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correr traslado de la misma y de sus anexos al Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas del Estado de Guanajuato, para efecto de que diera
contestación a la misma, en el término legal.
Se admitieron las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas por la
parte actora; la presuncional en su doble aspecto y el Informe a cargo
de la autoridad demandada.
TERCERO. Por Acuerdo de fecha 19 diecinueve de noviembre
de 2014 dos mil catorce, se tuvo a la señalada autoridad, por
contestando la demanda en tiempo y forma legales.
Se admitieron las pruebas documentales ofrecidas; se tuvo por
rendido el informe de autoridad admitido y se señaló fecha y hora para
la celebración de la audiencia de alegatos.
CUARTO.- Citadas legalmente las partes, a las 11:05 once horas
con cinco minutos del día 20 veinte de enero de 2015 dos mil quince,
fue celebrada la audiencia de alegatos, mismos que fueron presentados
por la autoridad demandada, y no así por la parte actora; y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo es competente para conocer y resolver el
presente juicio, con fundamento en lo establecido por los artículos 1º,
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fracción II, 249, 251, 255, 256, 263, 268, 298, 299, 300 y 301 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, 1, 2, 3 y 20 fracción III de la Ley Orgánica
del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO.- Se encuentra debidamente acreditada la existencia
del acto impugnado, mediante prueba documental consistente en la
resolución original de fecha 1º uno de julio de 2014 dos mil catorce,
recaída al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
PRA.35/2014, exhibida por parte del accionante.
Dicha documental reviste valor probatorio suficiente para
acreditar la existencia de la resolución impugnada, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 78, 117, 121 y 123 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.
TERCERO.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento se
analizan de oficio o a petición de parte por ser cuestión de orden
público. No obstante, dado que no se actualiza alguna de las causales
de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 261 y
262, ambos del referido Código, ni encontrarse causal alguna que
impida el estudio del presente asunto, NO SE SOBRESEE EL PRESENTE
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Por ende, se procede al estudio de fondo de la controversia
planteada.
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CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán los
conceptos de impugnación expuestos por el accionante. Lo anterior de
conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis número
2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, de mayo de
2010 dos mil diez, consultable a página 830, que dice:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias",
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción,
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
En su escrito de demanda, la parte actora, esencialmente expuso los
siguientes conceptos de impugnación:
“PRIMERO.- La resolución impugnada afecta el derecho del suscrito porque fue
emitida con sustento en una causa de responsabilidad administrativa que se
encuentra indebidamente fundada y motivada-
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Tal y como lo señalé en el hecho ocho de ésta demanda, al suscrito se me imputó como
causa de responsabilidad: (…)
Sostengo que la causa e responsabilidad se encuentra indebidamente fundada y motivada,
porque se formuló o imputó en mi contra al partir de una percepción diversa a
la finalidad de la figura de la entrega recepción.
Al respecto refiero que es un hecho conocido que conforme al artículo 11 fracción XII de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, es una obligación de los servidores públicos realizar la
entrega recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad
administrativa a su cargo.
No obstante lo anterior, también es un hecho notorio que la finalidad de la entrega
recepción que regula la ley, tiene una finalidad u objeto específico. Dicha finalidad es
garantizar la continuidad en las funciones y prestación de servicios
públicos en el caso en que exista la separación de un servidor público por cualquier
motivo.
Lo anterior, no es un criterio o percepción personal del suscrito que utilizo para
defenderme en el caso concreto. Por el contrario tiene sustento en la intención del
legislador al regular la entrega recepción.
Me apoyo para afirmar lo anterior, pues así se establece en el considerando que sirvió de
sustento al Gobernador del Estado de Guanajuato para emitir el Reglamento para la
Entrega –Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
Mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del 16 de marzo de 2012. (…)
Como puede observarse, ciertamente la finalidad de la existencia de la obligación de
realizar la entrega recepción es la de garantizar la continuidad en las funciones y
prestación de servicios públicos en el caso en que exista la separación de un servidor
público por cualquier motivo.
Tan es así que al establecer la obligación de la entrega recepción, la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
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Guanajuato y sus Municipios no instituye un término como obligatorio, ni regula
literalmente respecto del plazo respectivo en el que deberá llevarse a cabo la entrega
recepción, para que dicha disposición sea reglamentada.
Pues insisto que lo que se busca regular en relación a la figura de la
entrega recepción es garantizar la continuidad en las funciones y
prestación de servicios públicos, esto es, que no se cause ninguna
afectación, daño o trascendencia que impidiera el funcionamiento
regular o continuidad en las actividades administrativas
gubernamentales, funciones y prestación de servicios públicos.
(…)
SEGUNDO. Para mayor abundamiento, en el presente caso demostraré como la
autoridad demandada ejecutó la resolución que se impugna sin analizar que la sujeción a
procedimiento, la determinación o individualización de la sanción de inhabilitación y
multa fueron injustas y violatorias de mis derechos humanos.
Para demostrarlo iniciaré diciendo que la demandada no consideró que en el año 2006
se emitió el reglamento para el Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo del Estado, que se publicó el 20 de enero de 2006 en el periódico
Oficial del Estado y que al mismo se le hicieron reformas, que se publicaron en el
periódico oficial el 11 de diciembre de 2007. Recientemente, el 16 de marzo de 2012 fue
publicado otro reglamento.
(…)
Pero debió estudiar que el artículo 10 de dicho Reglamento para la Entrega Recepción
de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado sí señala que “los
titulares de las dependencias y entidades designarán, dentro del personal a su cargo, un
coordinador administrativo y a un coordinador informático, quienes realizarán las
acciones necesarias para coadyuvar a la debida instrumentación…” situación que la
demandada no observó o no se percató o no quiso percatarse ya que evidentemente son
requisitos técnicos especializados necesarios para la entrega-recepción, además, nunca se
me notificó al respecto ni mucho menos se me indicó quién sería el funcionario que
recibiría.
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La autoridad demandada sólo se limitó a transcribir la resolución dando por cierto que
es causa de sanción administrativa el hecho de que la entrega recepción no se llevó a cabo
al día siguiente de mi separación temporal (comisión) del cargo de Registrador Público
del Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de León, Gto. El día hábil
siguiente al que fui comisionado (insisto pero no por cuestiones imputables a mí, incluso
diría yo que a nadie en particular por lo confuso e incompleto del reglamento en cita).
Parece obvio que se me debió ejecutar la sanción administrativa por ese hecho, dado que
en estricto y de manera legaloide no cumplí con la entrega recepción en el plazo máximo
que se establece en el Reglamento en cita (es decir al día siguiente).
Sin embargo, es injusto que la demandada se haya limitado a transcribir la resolución
sancionatoria sin que haya analizado que la estricta aplicación del Reglamento para el
Entrega Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado
vigente a la fecha de mi separación del cargo, es fuente de los vicios que se dieron en el
procedimiento derivado de las siguientes conclusiones
(…)
La única manera en que pudiera iniciarse procedimiento de responsabilidad
administrativa por no realizar la entrega recepción, sería dándose el caso de que se haya
convocado al acto de entrega recepción a todos los participantes en el mismo y que el
servidor público saliente se hubiere negado a realizar la entrega o que habiendo acudido
se hubiere retirado de la misma sin terminar la entrega.”
Aunado a los conceptos de impugnación transcritos en
supralíneas, el actor solicitó que operara en su favor la suplencia
de la queja deficiente en los siguientes términos:
“Previo a adentrarme en la expresión de conceptos de impugnación, solicito que se me
supla la deficiencia de la queja, por estar determinada una cuantía en el presente asunto,
porque la sanción que se me determinó en el procedimiento PRA-35/2014 lo fue la
multa por la cantidad de $1,534.50 (mil quinientos treinta y cuatro pesos con cincuenta
centavos). Frente a esa cuantía se está en el supuesto establecido en el artículo 301
fracción III del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.”
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Como bien lo establece el impetrante, dado que la resolución
impugnada le impuso una multa por la cantidad de $1,534.50 (Mil
quinientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.); efectivamente se
surtiría el supuesto previsto por el artículo 301 fracción III del Código
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, que a la letra cita:
“ARTÍCULO 301. El juzgador deberá suplir la queja deficiente planteada en la
demanda, cuando:
(…)
III. El asunto planteado no rebase la cantidad de multiplicar por ciento cincuenta el
salario mínimo general diario vigente en el Estado.”
De esta manera, dado que el producto de multiplicar por ciento
cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado
(66.45*150) da como resultado $9,967.5 (Nueve mil novecientos
sesenta y siete pesos 5/100 M.N.); de ahí que resulte evidente que la
cuantía de la multa impuesta al actor, no rebase dicha cantidad.
No obstante lo anterior, no puede omitirse que la sanción
impuesta no tuvo un contenido puramente económico, pues le
fue impuesta además la inhabilitación para ejercer empleo, cargo o
comisión en el servicio público por un año. Por ello, si bien el Código
procesal mencionado no prevé como supuesto para la procedencia de
la suplencia de la queja deficiente, el caso de sanciones no económicas;
sin embargo, dicha sanción, de ser injustificada constituiría una
transgresión al derecho fundamental del actor a ejercer la
profesión que desee, en este caso, la prestación de un empleo, cargo
o comisión en el servicio público.
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Tal derecho fundamental se encuentra protegido por el primer
párrafo del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero,
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo,
sino por resolución judicial. (…)”
Así, la procedencia de una suplencia de la queja deficiente en el
presente proceso, más que fundarse en razones de cuantía de la multa
impuesta, se sustenta en la potencial vulneración a un derecho
fundamental amparado por nuestra Carta Magna, de conformidad con
lo dispuesto por la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2000, sustentada
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo XII, de octubre de 2000 dos mil, consultable a
página 189, que a la letra cita:
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.
Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de
amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos
de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere
que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos
que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además,
una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular
recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella
actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras)
que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales
del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a
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las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la
defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben
admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el
acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del
promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o
bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se
estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al
quejoso o agraviado.”
Por todo lo anterior, este juzgador, realizará un estudio
acerca de la prescripción de las facultades de la autoridad
demandada para fincar responsabilidad administrativa en el presente
asunto. Considerando para ello, que la transgresión a las normas
procedimentales contenidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios (en las que se prevé la
prescripción de las facultades para fincar responsabilidad
administrativa); indudablemente constituiría una violación manifiesta a
la ley, que vulneraría un derecho fundamental en perjuicio del actor.
En esta tesitura y para un mayor esclarecimiento de la litis, es de
señalarse que al actor se le impuso la sanción de una multa económica
y un año de inhabilitación por haber omitido realizar la entrega-
recepción simplificada de los recursos, documentación, bienes y
asuntos en trámite, del cargo que ostentaba en el Registro Público de la
Propiedad de León, Gto., a más tardar al día siguiente de la separación
temporal de su cargo.
Dicha separación temporal, se materializó en fecha 07 de
diciembre de 2012 dos mil doce, de acuerdo con lo expuesto por el
demandado en el cuarto Considerando de la resolución impugnada
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(foja 16). En ese mismo considerando se hizo constar además, que
dicha entrega- recepción se realizó hasta el día 02 dos de octubre de
2013 dos mil trece.
Situación con la cual -a juicio de la demandada- el accionante
incumplió con la obligación contenida en la fracción XII del artículo
11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, dado que la
entrega recepción no se realizó de conformidad al diverso numeral 10
del Reglamento para la Entrega-Recepción de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, esto es, a más tardar el día
hábil siguiente al de la separación de su cargo. Se transcriben a
continuación dichos numerales:
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
“ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los servidores públicos:
(…)
XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en
trámite de la unidad administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes en la materia;”
Reglamento para la Entrega-Recepción de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
“Artículo 10.- La entrega-recepción ordinaria se efectuará a más tardar el día hábil
siguiente al de la separación del cargo del servidor público, independientemente de que
exista o esté por interponerse algún procedimiento ante cualquier instancia judicial,
laboral o administrativa, que tenga por objeto dirimir alguna controversia relacionada
con la separación del cargo.
El término para la realización de la entrega-recepción se prorrogará, por una sola vez,
hasta por cinco días hábiles, previa solicitud que por escrito realice el servidor público
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saliente ante el órgano de control encargado de supervisar el acto en términos del artículo
7o., fracción III, de este Reglamento.”
De los hechos contenidos en la resolución impugnada
(particularmente, la fecha en que se notificó la baja por comisión y
aquella en que realizó su entrega- recepción), se acredita que
ciertamente, el actor incumplió con la obligación de realizar su entrega-
recepción, dentro del plazo establecido en los ordenamientos
transcritos en supralíneas; pues no existe medio de prueba alguno en el
sumario que acredite que la obligación de mérito se efectuara en el
periodo señalado en el artículo 10 del Reglamento para la Entrega-
Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado.
Es claro entonces, que el actor incumplió con la obligación
prevista en la fracción XII del artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios; esto es, de realizar su entrega-
recepción de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en
la materia. Más aún, porque obra en el expediente en que se actúa el
acta donde se consigna la entrega recepción efectuada por el hoy
impetrante, con la cual se demuestra que fue realizada en fecha
posterior a la legalmente exigida.
Sin embargo, se aprecia que al haber instaurado y sustanciado el
procedimiento de responsabilidad administrativa y resuelto la
imposición de una sanción al hoy accionante; la autoridad demandada
vulneró en su perjuicio lo previsto en los ordinales 27 fracción I y 28
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, toda vez que ello
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implica el ejercicio de la facultad para fincar una responsabilidad
administrativa.
Resulta que la facultad sancionadora de la autoridad no es
imprescriptible, sino que la misma se extingue en los plazos previstos
en la multicitada Ley de Responsabilidades Administrativas.
En efecto, señala el artículo 27 de la ley responsiva lo siguiente:
“ARTÍCULO 27. La facultad para fincar la responsabilidad administrativa
prescribirá en los siguientes plazos:
I. En un año, tratándose de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII, XIV, XVI y
XVIII del artículo 11 y del primer supuesto de la fracción V del artículo 12 de esta ley;
El resaltado no es de origen.
De manera que, si como quedó definido en los párrafos
precedentes de este Considerando, la autoridad emplazada tuvo por
acreditado el incumplimiento –por parte del actor- de la obligación
contenida en la fracción XII del numeral 11 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, el plazo de prescripción de
su facultad sancionadora es de un año, acorde a lo previsto en el
numeral transcrito en supralíneas.
Ahora bien, el numeral 28 de la ley responsiva en cita dispone el
momento a partir del cual comenzarán a computarse los plazos de
prescripción, tal y como se visualiza:
“ARTÍCULO 28. Los plazos de la prescripción comenzarán a contar a partir del
día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta administrativa o a partir del
momento en que haya cesado, si fue de carácter continuado.
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La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento de responsabilidad
administrativa que regula la presente ley.”
Resaltado añadido.
De la transcripción se infiere, que si en el caso particular se
demostró que el cumplimiento de la obligación que tenía el justiciable
de realizar la entrega recepción de su cargo era –a más tardar- el día 10
diez de diciembre de 2012 dos mil doce, tal y como lo expresó la
demandada en la propia resolución controvertida; es claro para quien
resuelve que el incumplimiento se actualizó en esa fecha y por ende, la
falta administrativa.
Lo anterior obedece a que el reglamento de la materia –en su
artículo 10- alude al día hábil siguiente al de la separación del cargo
(que en el asunto que nos ocupa, aconteció el día 07 siete de diciembre
de 2012 dos mil doce), sin hacer distinción respecto de la habilitación
de las horas que lo comprenden; por lo que el día se entiende de 24
horas. De tal forma que es hasta el primer instante del día hábil
siguiente –al diverso del cumplimiento de la obligación- cuando la
autoridad está en plena posibilidad de verificar si se efectuó o no la
entrega recepción.
En ese sentido, una vez configurada la falta administrativa –
incumplimiento- el día 10 diez de diciembre de 2012 dos mil doce, el
plazo de prescripción de un año comenzó el 11 once de igual mes y
año para concluir justamente el diverso 11 once de diciembre del
siguiente año, esto es, del 2013 dos mil trece.
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No obstante, del acuerdo de inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa número PARA.35/2014 se advierte que
la autoridad encausada ejerció su facultad sancionadora el 18 dieciocho
de marzo de 2014 dos mil catorce (fojas 112 a 115), mismo que fue
notificado el subsiguiente día 20 veinte de igual mes y año (foja 116);
esto es, un año, tres meses y nueve días después de que se
actualizó la falta.
Lo que significa que la enjuiciada instauró, sustanció y resolvió
ilegalmente -en contra del hoy actor- un procedimiento de
responsabilidad administrativa, a pesar de estar impedida por
encontrarse prescrita dicha potestad.
Cabe precisar en este punto, que de acuerdo con lo contenido
en el Considerando cuarto de la propia resolución impugnada (foja 15),
lo que se sancionó es fue el no formalizar la entrega del cargo el
día hábil siguiente al diverso en que aquél se deja, no así el hecho
de que se realice en fecha posterior; toda vez que existe la posibilidad
de que el servidor público saliente no se presente a efectuarla en
ningún momento, tal y como lo prevé la propia reglamentación de la
materia en sus artículos 16 y 17:
“Artículo 16.- Cuando el servidor público saliente no realice la entrega de la unidad
administrativa a su cargo en los términos señalados en el artículo 10 de este Reglamento,
el superior jerárquico notificará inmediatamente dicha circunstancia al órgano de control
que corresponda para los efectos de su competencia.
Artículo 17.- Ante la omisión del servidor público saliente para realizar la entrega-
recepción en los términos señalados en el artículo 10 de este Reglamento, o en caso de
muerte o incapacidad del mismo, el titular del área administrativa en coordinación con el
superior jerárquico del servidor público saliente se encargarán de integrar la información y
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de efectuar la entrega en sustitución del servidor público saliente, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse el acto, aplicando en lo conducente lo
previsto por los artículos 10 y 12 de este ordenamiento y dando aviso de ello a la
Secretaría.”
De ahí la imposibilidad jurídica de tomar como punto de
partida, para efectos del cómputo del plazo de prescripción, el día en
que se dio cumplimiento a la obligación de manera extemporánea.
Más aún porque el artículo 28 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios, es muy claro al preceptuar que el plazo de prescripción
comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en que se haya
cometido la falta administrativa.
En esas condiciones, es inconcuso que la resolución que por
esta vía se impugna deviene fuera de contexto legal, pues no existió
justificación jurídica alguna para que la autoridad impetrada haya
determinado que el actor incumplió con lo dispuesto en la fracción XII
del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y
menos aún sancionarle por una falta administrativa cuando su facultad
para tal efecto, se encontraba prescrita.
Tal ilegalidad, se traduce en que, al momento de emitir la
resolución materia de la presente impugnación, la demandada apreció
incorrectamente los hechos y, por ende, aplicó de manera indebida el
derecho. Lo que se traduce en una indebida fundamentación y
motivación de la misma, a la luz de la Jurisprudencia siguiente:
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE
CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE
SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado,
de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un
proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se
cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16
constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías.». Novena Época,
Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.
J/123, Página: 660.”
Resulta también aplicable por analogía, la siguiente tesis aislada:
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. LA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA
SANCIÓN IMPUESTA, TRASCIENDE EN UNA
INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU ASPECTO MATERIAL
QUE CONDUCE A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y
LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA1.
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además
de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular. Así, puede
actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de razones impide
conocer los criterios fundamentales de la decisión al expresar ciertos argumentos
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar,
bien una violación formal tal que impida defenderse, o una irregularidad en el
aspecto material, que si bien permite al afectado impugnar tales razonamientos,
éstos resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados
por la autoridad en la decisión administrativa. Por otra parte, puede configurarse
también una indebida motivación, cuando las razones de la decisión
administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que
1 Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultado en la
liga: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Tesis.aspx; número de registro: 174179
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tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no
aplicable o se interpreta incorrectamente, es decir, no hay justificación de la
actuación que sea acorde con los hechos apreciados. En ese tenor, una motivación
que no considera la totalidad de los elementos para decidir o aprecia
equivocadamente los hechos, aunque permita al particular cuestionar tal
insuficiencia en juicio, trasciende en una indebida motivación en su aspecto
material o de contenido; lo anterior se actualiza cuando una resolución en materia
de responsabilidades de los servidores públicos determina imponer una sanción sin
especificar ni aplicar la totalidad de las causas y requisitos necesarios para ello,
tanto desde el punto de vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta
ilícita), como del subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente; es
decir, a las características propias del servidor público, circunstancia que deriva en
una motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente, aunque se haya
permitido cuestionarla en juicio, trasciende en una indebida motivación en su
aspecto material, porque fue emitida expresando insuficientes argumentos, en
cuanto no se consideró la totalidad de elementos de juicio y los hechos se apreciaron
equivocadamente, razón por la cual, el vicio de ilegalidad actualiza el supuesto de
nulidad lisa y llana, previsto en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de
la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005.”
Por lo tanto, es de concluirse que la resolución que por esta vía
se combate NO CUMPLIÓ CON EL ELEMENTO DE VALIDEZ DEL ACTO
ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO
137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
Al resultar fundada la causa analizada en suplencia de la queja
deficiente, es innecesario realizar el análisis de los conceptos de
impugnación expuestos por el accionante, en atención a la tesis de
jurisprudencia número II. 3o. J/5, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación correspondiente a la Octava Época, Tomo IX, de
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marzo de 1992 mil novecientos noventa y dos, visible a página 89, que
por analogía se aplica y que a la letra indica:
“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno
de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de
violación vertidos en la demanda de amparo.”
En consecuencia, es procedente decretar la NULIDAD TOTAL
de la resolución de fecha 1º uno de julio de 2014 dos mil catorce,
emitida por el Director de Responsabilidades e Inconformidades
adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
la Transparencia y Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al
actualizarse la causal de ilegalidad prevista por el artículo 302 fracción
IV del mismo ordenamiento.
QUINTO.- Por lo que respecta a las pretensiones intentadas por
la parte actora, consistentes en que sea decretada la nulidad total de la
resolución impugnada y que no se le sancione por la imputación que se
le formuló; este juzgador resuelve que al quedar demostrada la
ilegalidad de la resolución impugnada y, por ende, decretarse su
nulidad, QUEDAN SATISFECHAS LAS PRETENSIONES DEL
ACCIONANTE.
Lo anterior es así, dado que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 143 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, un acto administrativo
declarado nulo, no puede ya surtir efectos; esto es, la multa e
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inhabilitación impuestas no pueden ser ejecutadas, ni puede ser inscrito
el accionante en el registro de servidores públicos sancionados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en derecho, es de
resolverse y se;
R E S U E L V E
PRIMERO.- Esta Primera Sala resultó competente para conocer y
resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto en el
Considerando Primero de esta sentencia.
SEGUNDO.- SE DECRETA LA NULIDAD TOTAL de la resolución
impugnada, de acuerdo a lo plasmado en el Considerando Cuarto de
esta sentencia.
TERCERO.- SE TIENE POR RECONOCIDO EL DERECHO solicitado por
el actor, según los términos precisados en el Considerando Quinto.
CUARTO.- Notifíquese a las partes.
QUINTO.- En su oportunidad procesal, archívese el presente
expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de
Registro de esta Primera Sala.
Así, lo resolvió y firma el Doctor Arturo Lara Martínez, Magistrado
Propietario de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, quien actúa legalmente
asistido de la Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada Mariana
Martínez Piña, quien da fe.
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PROCESO ADMINISTRATIVO: 1205/4ª. Sala/14 PROMOVENTE:
MAGISTRADO: LIC. ALEJANDRO SANTIAGO RIVERA.
1
Guanajuato, Guanajuato, 27 veintisiete de mayo de
2015 dos mil quince.
VISTO para resolver en definitiva los autos del Proceso
Administrativo número 1205/4ªSala/14 y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Mediante escrito presentado en la guardia
vespertina - nocturna de este Tribunal el día 25 veinticinco de
agosto de 2014 dos mil catorce y turnado a esta Cuarta Sala el
día 27 veintisiete siguiente, el ciudadano
por su propio derecho, compareció a demandar la
nulidad de la resolución de fecha 17 diecisiete de junio de 2014
dos mil catorce emitida dentro del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa número PRA.523/2012, suscrita
por el Director de Responsabilidades e Inconformidades de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, en la que se le impone la sanción de
inhabilitación por tres años.
SEGUNDO. Por acuerdo de 28 veintiocho de agosto de
2014 dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda interpuesta
y se ordenó correr traslado del mismo a la autoridad emisora de la
resolución controvertida para efectos de que en el término de ley
formulara su contestación de demanda.
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P.A. 1205/4ª. Sala/14
2
TERCERO. Mediante oficio sin número de fecha 30
treinta de septiembre de 2014 dos mil catorce, el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado
de Guanajuato, autoridad demandada en el presente juicio
formuló su contestación de demanda, sosteniendo en todo
momento la legalidad y validez de la resolución controvertida,
contestación que se admitió a trámite mediante proveído de fecha
1° primero de octubre del mismo año y a su vez se señaló fecha
correspondiente para la celebración de la audiencia de alegatos.
CUARTO. En la fecha y hora señalados tuvo verificativo
la audiencia de alegatos sin la asistencia de las partes, no
obstante que de constancias de autos se advierte que fueron
legalmente citadas y notificadas a las mismas; habiendo
formulado apuntes de alegatos únicamente la autoridad
demandada.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Cuarta Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer y
resolver el presente proceso contencioso administrativo. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,
fracción II, 3 segundo párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; 1, 2, 3, 6, fracción I y 20 fracción
III de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
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P.A. 1205/4ª. Sala/14
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SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO IMPUGNADO. Que la
existencia del acto impugnado se encuentra debidamente
acreditada en autos, atento a la documental anexada por la parte
actora a su escrito inicial de demanda visible a fojas 12 a la 20 del
sumario, así como por el reconocimiento expreso de su existencia
por la autoridad demandada al dar contestación a la demanda.
TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y
SOBRESEIMIENTO. Si bien es cierto que el análisis de las causales
de improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden
público, así como el hecho de su análisis de manera oficiosa o a
petición de parte, en el caso a estudio, no se hizo valer ninguna
causal de improcedencia y al no advertir esta Cuarta Sala la
actualización de ninguna de ellas, procede al estudio del presente
asunto atendiendo a los conceptos de impugnación expuestos por
la actora.
CUARTO. NARRACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE
IMPUGNACIÓN. Se procede a continuación al estudio de los
conceptos de impugnación que hace valer el impetrante, sin que
sea necesaria la transcripción de los mismos, en tanto que ello no
constituye un requisito indispensable a efecto de cumplir con el
principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, tal
como lo refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXXI,
mayo de 2010, novena época, página 830 que precisa:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
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P.A. 1205/4ª. Sala/14
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integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.»
Así, en el concepto de impugnación marcado como
primero del escrito de demanda, refiere el actor que la
demandada varió los hechos y fundamentos en tanto que
introdujo como hecho novedoso al indicar hasta la emisión de la
resolución sancionadora que la conducta es calificada como
grave, de la cual no se le dio vista.
En su segundo concepto de impugnación, refirió que
a la fecha de emisión de la resolución sancionadora, la facultad de
la autoridad se encontraba prescrita.
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Cuestiones que a consideración de este Juzgador,
resultan fundadas y suficientes para decretar la nulidad del acto
sancionatorio en virtud de lo siguiente.
En primer término, es conveniente precisar que la
actora comparece a efecto de demandar la nulidad de la
resolución de 17 diecisiete de junio de 2014 dos mil catorce,
emitida dentro del Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa número PRA.523/2012, suscrita por el Director de
Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
en la que se le impone como sanción la inhabilitación por tres
años.
La conducta que le fuera imputada al accionante de
conformidad al contenido del acuerdo de inicio de procedimiento
de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2012 dos mil doce, obrante
a fojas 40 a 41 del sumario, así como de la propia resolución
impugnada, obrante a foja 12 reverso del expediente, es la
siguiente:
«Omitir vigilar que el pago por la cantidad $31,150.00 (Treinta y un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuestos Sobre la Renta de Honorarios Asimilados correspondientes a IMPUESTOS DE JULIO DE 2010, hubiera sido el correcto, pues sólo se debía de haber pagado $21,410.42 (Veintiún mil cuatrocientos diez pesos 42/100 M.N.) lo que generó una diferencia de pago demás (sic) por la cantidad de $9,739.58 (Nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.). Acto en el cual se condujo con falta de diligencia y probablemente se vulneró lo dispuesto por el artículo 11, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios…»
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Derivado de lo anterior, la autoridad demandada al
momento de dictar resolución definitiva dentro del expediente
disciplinario, concluyó:
«…es de tomarse en cuenta, que la conducta imputada trae inmersa la generación de una daño al erario público por la cantidad de $9,739.58 (nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.), toda vez que dicho monto fue pagado en exceso, sin ser procedente, razón por la cual estamos en presencia de una conducta considerada como grave en términos del artículo 21 de la multicitada Ley de Responsabilidades, y en consecuencia el término de prescripción es de 3 (tres) años según se observa en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios…(foja 17 del expediente) En virtud de que se acreditó que derivado del ejercicio del cargo de Director Administrativo de
la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
Guanajuato, se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa atribuida, de acuerdo al artículo 60, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y de sus Municipios, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer. Ahora bien, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y de sus Municipios, que establece los criterios de individualización de la sanción… (Foja 18 del expediente) es pertinente destacar que la falta cometida y acreditada al C.
, derivado del ejercicio del cargo Director Administrativo de la Procuraduría de Protección al
Ambiente del Estado de Guanajuato, que generó el incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 11 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con base en lo determinado en la Quinta y Sexta Consideraciones de la presente resolución, es de considerarse
como grave. Lo anterior fundado en el hecho de que, como ha quedado acreditado, la omisión de vigilancia que llevó a cabo el sujeto a procedimiento, trajo como consecuencia la actualización del supuesto contenido en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
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Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, ya que el incoado, con la ejecución de su conducta causó un detrimento al erario público por la cantidad total de $9,739.58 (nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.) al no haber vigilado que el pago por concepto de Impuesto Sobre la Renta de Honorarios Asimilados Correspondientes al mes de julio de 2010 (dos mil diez) hubiera sido el correcto; por lo anterior el presente criterio será tomado en contra para el incoado.» (Reverso de la foja 18 del expediente)
Se advierte de lo anterior, que la conducta infractora
imputada al actor es la contenida en el artículo 11, fracción I, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, misma que a
la letra indica:
«ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los servidores públicos: I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades;»
Ahora bien, en correlación con el anterior precepto, los
diversos artículos 27, fracción I, y 28 de la ley de la materia, en su
texto en vigor al momento del inicio del procedimiento
textualmente disponían:
«ARTÍCULO 27. La facultad para fincar la responsabilidad administrativa prescribirá en los siguientes plazos: I. En un año, tratándose de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII, XIV, XVI y XVIII del artículo 11 y del primer supuesto de la fracción V del artículo 12 de esta ley; II. En dos años, tratándose de las fracciones II, III, V, VI, VIII, XI, XIII, XV, XVII, XIX y XX del artículo 11 y de las fracciones III, IV, el segundo supuesto de la fracción V, VII y VIII del artículo 12 de esta ley, y III. En tres años, tratándose de la fracción XXI del artículo 11 y de las fracciones I, II, VI y IX del artículo 12 de esta Ley, así como aquéllas que sean consideradas como graves en los términos del artículo 21.»
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(Fracción reformada. P.O. 03 de septiembre de 2010). «ARTÍCULO 28. Los plazos de la prescripción comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si fue de carácter continuado. La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que regula la presente ley.»
De lo anterior se desprende que, por cuanto hace a la
comisión de la conducta infractora del artículo 11, fracción I, de la
ley de la materia -que es por la que se inicia el procedimiento- la
facultad de la autoridad para fincar responsabilidad prescribirá en
el término de un año, por lo que transcurrido tal estará impedida
para iniciar cualquier procedimiento o más aún, para emitir
sanción alguna al respecto.
Sin que pase desapercibido para este juzgador, la
aplicación que de la fracción III del numeral 27 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios, hace la autoridad
demandada al momento de formular su contestación de demanda,
artículo que precisa:
«Artículo 27.- La facultad para fincar la responsabilidad administrativa prescribirá en los siguientes plazos: III. En tres años, tratándose de la fracción XXI del artículo 11 y de las fracciones I, II, VI y IX del artículo 12 de esta Ley, así como aquéllas que sean consideradas como graves en los términos del artículo 21. (Fracción reformada. P.O. 03 de septiembre de 2010) …»
De donde se desprende que tratándose de casos
considerados como graves, el término de prescripción de la
facultad de la autoridad será de tres años.
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Sin embargo, resulta fundado el argumento del actor
relativo a la calificación de la conducta que se hace en la
resolución impugnada como «grave», lo que a su consideración
afectó sus defensas e impidió que éste conociera desde el
acuerdo de inicio del procedimiento sancionatorio la conducta real
que se le imputaba.
Lo anterior, en tanto que contrario a lo que indica la
autoridad al formular su contestación de demanda, no sólo se
valoró en los términos del artículo 21 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas respecto de la gravedad de la
falta, como se hace constar en la resolución controvertida, sino
que tal estudio pudo haberse efectuado desde el acuerdo de inicio
del procedimiento correspondiente, lo que permitiera al actor
conocer efectivamente de las imputaciones que se elevaban en su
contra.
En efecto, si bien puede considerarse que la
calificativa de la gravedad de la falta, es un elemento
perteneciente a la individualización de la sanción de acuerdo al
contenido del artículo 21 de la ley de la materia, también es cierto
que dicha calificación es susceptible de efectuarse desde el inicio
del procedimiento, en tanto que el trámite de éste no modifica la
gravedad de la misma y por el contrario, dicha calificación sí
modifica las posibilidades de la autoridad de ejercer facultades o
bien, de imponer una u otra sanción al servidor público.
De ahí la necesidad de indicar desde el acuerdo de
inicio del procedimiento, la gravedad de la infracción imputada,
ello a efecto de proveer al actor de todos los elementos
necesarios a fin de entablar una debida defensa.
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Máxime si se toma en consideración el contenido del
artículo 49, fracción II, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, que reza:
«ARTÍCULO 49. El acuerdo en el que se ordene dar vista al servidor público y citarlo personalmente para que acuda a la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de alegatos, deberá contener lo siguiente: … II. La conducta que se le imputa y las disposiciones legales que se estiman violadas...»
Del precepto legal recién transcrito, se advierte que no
basta que en el acuerdo de inicio del procedimiento, se le dé a
conocer al servidor público en forma detallada la conducta
concreta por la que se le está iniciando un procedimiento, sino
que además se le deben de precisar todas las disposiciones que
se estimen violadas con dicha conducta.
Lo anterior, a efecto de que el ahora actor estuviera en
condiciones de plantear adecuadamente su defensa, en tanto que
queda claro que la conducta que la autoridad imputa al sujeto a
procedimiento, transgrede según su juicio más disposiciones
aparte de la única referida dentro del acuerdo de inicio de
procedimiento, por lo que, en estricto acatamiento al artículo 49
de la ley de la materia, estaba constreñida a citar todas y cada
una de las disposiciones que la demandada consideraba
violentadas, máxime que la autoridad se avocó al estudio de las
mismas al momento de pronunciarse en definitiva.
Por tanto, si en el acuerdo de inicio del procedimiento
de responsabilidad administrativa número PRA-523/2012, visible a
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foja 12 a la 20 del sumario, la autoridad demandada únicamente
se limitó a señalar que la conducta reprochada al ciudadano
, infringió el artículo 11, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, sin especificar que
con la misma infringió otras disposiciones legales, entonces
contrario a lo aseverado por la demandada al momento de
contestar la demanda e incluso en la propia resolución
sancionadora, se ocasiona un perjuicio inminente al sujeto a
procedimiento, en tanto que es hasta la resolución del
procedimiento administrativo en que se le da a conocer tal
calificativa, lo que conlleva una afectación a la defensa del actor.
Establecido lo anterior y considerando entonces que la
calificación de grave resulta ilegal al no haberse efectuado desde
el acuerdo de inicio del procedimiento sancionatorio, queda claro
entonces que la facultad con que actuó la autoridad sí se
encontraba prescrita, en tanto que el cómputo para determinar tal,
se rige conforme a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I de la
Ley de referencia y no así con la fracción III del mismo, como lo
pretende hacer valer la demandada.
De igual modo y con apoyo a lo anteriormente
señalado, la actora indica que al no haberse precisado en el
acuerdo de inicio del procedimiento que la conducta resultaba
grave, por ende, deben considerarse prescritas las facultades
sancionatorias de la autoridad.
Esto es, la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, consagra en el capítulo quinto la figura
jurídica «de la prescripción de la responsabilidad administrativa»,
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por medio de la cual se indican los plazos a los cuales se debe
sujetar la autoridad para iniciar un procedimiento administrativo
disciplinario a un servidor público.
En la especie, al demandante se le instruyó el
procedimiento de responsabilidad administrativa número
PRA.523/2012, por contravenir la obligación contenida en el
artículo 11, fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios y de acuerdo a lo establecido en el
artículo 27, fracción I, y 28 de la ley de la materia, la facultad
sancionadora de la autoridad prescribía en el término de un año.
De lo anterior se desprende que las personas que
dejan de pertenecer al servicio público pueden ser sujetas a
procedimiento de responsabilidad administrativa dentro de un año
tratándose de la fracción I del artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas, siendo muy clara la ley al
manifestar «siempre y cuando no hayan operado los plazos de la
prescripción.»
Esto es, si el servidor público actualiza la conducta
establecida en la fracción I del artículo 11 de la ley invocada, la
autoridad tendrá un año para fincar la responsabilidad
correspondiente, por lo que si transcurrido ese plazo la autoridad
no le instaura el procedimiento de responsabilidad administrativa
respectivo, prescribirán sus atribuciones para tal efecto.
Lo anterior, en tanto que no se puede dejar al arbitrio
de la autoridad el emitir una resolución en el tiempo que ésta
desee, de ser así, se dejaría en un evidente estado de
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inseguridad jurídica al ex servidor público incoado, de ahí que
ante la falta de establecimiento en la propia ley de la caducidad
del procedimiento, sea permisible que el término de prescripción
se interrumpe una vez que ha sido notificado al incoado el
acuerdo de inicio de procedimiento y se reinicia dicho término
una vez notificada la citación para la audiencia.
Apoya lo anterior, la tesis aislada número
XVI.1o.A.T.21 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, página 2829, misma
que a la letra indica:
«RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y SUS MUNICIPIOS. LOS PLAZOS PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA
AUTORIDAD QUE SE INTERRUMPEN CON EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, REINICIAN A PARTIR DE
QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN
PARA LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48 DE
LA LEY RELATIVA. Del análisis de los artículos 27 y 28 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios se advierte que la potestad sancionadora del Estado no es indefinida, sino susceptible de prescripción, con sujeción a diversos plazos, dependiendo de la falta, que se interrumpen con el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, aunque no se prevé expresamente que esos plazos reinicien, en el proceso legislativo que dio origen a la citada ley se indicó que la consecuencia de la indicada interrupción sería: "... la pérdida del tiempo transcurrido, sin perjuicio de que éste pueda comenzar a correr de nuevo."; de ahí que deba admitirse esa posibilidad. Ahora bien, como tampoco se previó el momento a partir del cual los plazos respectivos deben volver a computarse, cabe interpretar que es a partir de que surte efectos la notificación de la citación para la audiencia establecida en el artículo 48 del propio ordenamiento, cuenta habida que es el único acto procesal que se celebra en fecha
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cierta, pues las restantes etapas podrían ser alargadas a capricho de la autoridad, particularmente al estar prevista la eventualidad de que se ordene la práctica o ampliación de diligencias probatorias; de suerte que dejar el reinicio de los plazos para que opere la comentada prescripción para una fase posterior como la de alegatos, iría en perjuicio del servidor público, a quien le asiste un derecho de certeza al tenor de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO Amparo directo 94/2008. Ana Laura Calleja Gómez. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González Escalante.
Así mismo resulta aplicable por analogía la
jurisprudencia número 2a./J. 203/2004, emitida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI,
enero de 2005, Novena Época, página 596, misma que es del
tenor literal siguiente:
«RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS
DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA
NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de
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que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios. SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. Tesis de jurisprudencia 203/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro.»
Así las cosas, en la especie la resolución impugnada
es la dictada el 17 diecisiete de junio de 2014 dos mil catorce, por
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el Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa
número PRA. 523/2012, visible a fojas 12 a la 20 del sumario, la
cual constituye un documento público de conformidad con lo
establecido en los artículos 78 y 79, misma que merece valor
probatorio pleno acorde a su vez con los numerales 117 y 121,
todos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como lo que
establece la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el
Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, Novena Época,
tomo III, abril de 1996, tesis P. XLVII/96, página 125, la cual a la
letra dice:
«PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS
DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA
DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.»
Documento público con el que se tiene por acreditado
ante esta Sala que la facultad de la autoridad demandada para
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sancionar al actor, por lo que hace al incumplimiento de la
obligación consignada únicamente en la fracción I del artículo 11
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, se
encuentra prescrita.
Lo anterior es así, pues de acuerdo a lo ya referido
anteriormente, el cómputo del término de prescripción -un año- se
reinicia al día siguiente de surtir efectos la notificación al incoado
del acuerdo de 24 de agosto de 2012 en el que se le cita a la
audiencia correspondiente, notificación que se efectuó el día 27
de agosto de 2012, por lo que a partir del día 28 del mismo mes y
año se comienza a computar, de nueva cuenta, el término de un
año con que contaba la autoridad, esto es, dicho término precluía
el día 28 de agosto de 2013; mientras que la resolución
sancionadora de 17 de junio de 2014, se notificó hasta el día 27
del mismo mes y año, por lo que es evidente que a tal fecha ya
habían prescrito las facultades sancionadoras de la autoridad, al
haber transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 27,
fracción I, y 28 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios antes analizados.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis VI.3o.A.79 A,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, tomo XV, mayo 2002, página 1284, que es del
rubro y texto siguiente:
«SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL
ORDENAMIENTO ESPECIAL QUE LOS RIGE, EL PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLOS
ADMINISTRATIVAMENTE INICIA A PARTIR DEL DÍA
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SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE LA CONDUCTA SE HAYA
GENERADO O DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA CESÓ, SI ES
CONTINUA, Y NO DEL QUE LAS AUTORIDADES TENGAN
CONOCIMIENTO DE LA MISMA. El artículo 78, fracciones I y
II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, contempla los plazos de prescripción para que las
autoridades administrativas estén en aptitud de imponer
sanciones a los servidores públicos, los cuales pueden ser de
uno o tres años, dependiendo de los montos a que ascienda el
beneficio obtenido o el daño causado por la infracción cometida,
empero, sobre todo, establece que el inicio de los citados
plazos son a partir del día siguiente a aquel en que se haya
generado la conducta, cuando es de naturaleza instantánea, o
del momento en que ésta cesó, si es continua. Entonces, es
irrelevante para computar el plazo respectivo la fecha en que
las autoridades hayan tenido conocimiento del tal conducta, en
tanto el precepto en cita no prevé ese supuesto.»
No escapa a este juzgador el hecho de que la fracción
I del artículo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, fue objeto de reforma, según decreto publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 11 de septiembre de
2012, mediante la cual el plazo de prescripción se duplicó, sin
embargo, debe tenerse en cuenta el artículo segundo transitorio
de esa reforma que reza:
«ARTÍCULO SEGUNDO.- Las responsabilidades y sanciones
administrativas por conductas cometidas con anterioridad a la
vigencia del presente decreto, prescribirán de conformidad con
las reglas de prescripción vigentes al momento de la comisión
de la conducta...»
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De dicho transitorio se desprende que las sanciones
administrativas cometidas con anterioridad a la vigencia de la
mencionada reforma se regirán con la reglas de prescripción
vigentes al momento de la comisión de la conducta, siendo que
como se ha visto, la conducta reprochada al demandante,
consistente en la infracción a lo dispuesto por el artículo 11,
fracción I, de la ley de la materia, tuvo su origen el 28 de octubre
de 2011, fecha en que se remitió el informe de la auditoría
practicada y que es prueba suficiente para considerar que la
comisión de la infracción se actualizó antes de la entrada en vigor
de la reforma al artículo 27, fracción I, de la ley que rige el
procedimiento de responsabilidad administrativa, por ende, es que
al caso resulta procedente aplicar el término de prescripción de un
año.
Por ende, lo procedente es decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución de fecha 17 diecisiete de junio de 2014
dos mil catorce, emitida dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa número PRA.523/2012, suscrita
por el Director de Responsabilidades e Inconformidades adscrito a
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
en la que se le impone la sanción de inhabilitación por tres años.
En tal tenor y al haber realizado el estudio de los
argumentos vertidos en el primer y segundo conceptos de
impugnación, mismos que resultaron ser fundados, es innecesario
realizar el análisis del restante, en tanto que el mismo no
mejoraría el resultado del presente fallo, en atención a la tesis de
jurisprudencia que por analogía se aplica y que a la letra indica:
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«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación
vertidos en la demanda de amparo.»
Octava Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación. Tomo: IX, Marzo de 1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página:
89.
QUINTO. ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO Y
DE CONDENA. Por lo que respecta a la pretensión del actor para
que se declare la nulidad de la resolución impugnada, se
reconozca su derecho a que se decrete la no responsabilidad
administrativa y en consecuencia no sea inscrito en el registro de
antecedentes disciplinarios de los servidores públicos, así como la
condena a la autoridad por los daños y perjuicios que se le
causen con motivo de la ejecución de la sanción; visto que ha sido
decretada la nulidad total del acto impugnado, es evidente que le
asiste el derecho al impetrante a no ser sancionado mediante
inhabilitación por tres años.
Por lo que hace a la pretensión de no ser inscrito en el
registro de antecedentes disciplinarios de los servidores públicos,
toda vez que quedó acreditado en autos la ilegalidad de la
resolución sancionadora y tomando en consideración que
mediante acuerdo de admisión de la demanda de 28 veintiocho de
agosto de 2014 dos mil catorce, se otorgó al actor la suspensión
del acto respecto a que no fuera inscrito en el registro de
antecedentes disciplinarios, por lo que se CONDENA a la
autoridad demandada para que no inscriba al servidor público en
el registro indicado.
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Por lo que hace al pago de los daños y perjuicios que
le pudieran ser ocasionados derivado de la ejecución de la
inhabilitación determinada por la autoridad, se advierte que en
autos no obra constancia ni manifestación de ninguna de las
partes por las cuales se desprenda que la ejecución de la
infracción ya fue realizada, esto es, la inhabilitación por tres años,
por lo que en esa tesitura, la autoridad demandada habrá de
abstenerse de ejecutar la sanción.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
además en los artículos 1, fracción II, 3 segundo párrafo, 249,
255, fracciones I, II y III, 298, 299, 300, fracciones II, V y VI y 302,
fracción IV del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo expuesto en el
CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución.
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución de fecha 17 diecisiete de junio de 2014 dos mil catorce,
emitida dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número PRA.523/2012, atento a lo precisado en el
CONSIDERANDO CUARTO de esta resolución.
TERCERO. SE RECONOCE PARCIALMENTE EL
DERECHO reclamado por la parte actora y SE CONDENA a la
demandada al cumplimiento de lo señalado en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta resolución.
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NOTIFÍQUESE A LAS PARTES y en su oportunidad
procesal, archívese el expediente como asunto concluido y dese
de baja del libro de registro de esta Sala.
Así lo proveyó y firma el Licenciado Alejandro Santiago
Rivera, Magistrado Supernumerario del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, convocado
mediante sesión ordinaria del Pleno número 36 de fecha 1°
primero de octubre de 2014 dos mil catorce, quien actúa asistido
legalmente con Secretaria Licenciada Judith Barrera Robledo,
quien da fe.
L´Jvg.
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L´ARMCh
Guanajuato, Guanajuato; 30 treinta de mayo de 2014 dos mil
catorce.
ASUNTO
Sentencia del proceso administrativo 1245/1ª Sala/13,
promovido por por su propio derecho en
contra de la resolución emitida el 6 seis de septiembre de 2013 dos mil
trece en el procedimiento de responsabilidad administrativa CM-
DQPRA-016-12 por el Presidente Municipal de Irapuato, mediante
la cual se le impuso la sanción de inhabilitación por dos años para
volver a ejercer un empleo, cargo o comisión.
ANTECEDENTES
Primero. Por escrito recibido en la Secretaría General de
Acuerdos el 15 quince de octubre de 2013 dos mil trece, turnado a esta
Sala el mismo día mediante oficio número 4596/2013, compareció
, por su propio derecho, a demandar la nulidad
de la resolución descrita anteriormente.
Segundo. En actuación de 16 dieciséis de octubre de 2013 dos
mil trece se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado
de la misma y de sus anexos al Presidente Municipal de Irapuato a
fin de que diera contestación.
Asimismo, se admitieron las pruebas documentales presentadas
por el demandante y por ofreciendo el cotejo y compulsa de aquellas
que aportó en copia simple en caso de ser objetadas. También se le
tuvo por designando autorizados legales y correo electrónico para
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recibir notificaciones. A su vez, se le tuvo por manifestando que no
era su deseo que se publicaran sus datos personales en caso de
presentarse alguna solicitud de acceso a la información pública que los
involucrara.
En el mismo proveído se requirió a la autoridad demandada
para que señalara correo electrónico para la práctica de notificaciones.
Cuarto. En actuación de 29 veintinueve de enero de 2014 dos
mil catorce se tuvo a la autoridad demandada por contestando en
tiempo y forma y se admitieron las pruebas documentales que aportó,
así como la presuncional legal y humana.
Por otra parte, se le tuvo por designando autorizados legales y
correo electrónico para recibir notificaciones. En el mismo acuerdo,
se señalaron las 13:00 trece horas del 25 veinticinco de febrero de 2014
dos mil catorce para la celebración de la audiencia de alegatos. En su
desahogo, sólo la parte actora los presentó.
CONSIDERACIONES
Primera. Esta Primera Sala es competente para conocer y
resolver el proceso, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, primer
párrafo y 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato con relación al artículo 243
párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
así como en los artículos 1, fracción II y 249 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Segunda. A fin de acreditar la existencia de la resolución
impugnada, el demandante ofreció la prueba documental que obra de
la foja 12 a la 20 del expediente en estudio; consistente en la resolución
emitida el 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece en el
procedimiento de responsabilidad administrativa CM-DQPRA-016-12
por el Presidente Municipal de Irapuato, mediante la cual se le
impuso al ahora demandante la sanción de inhabilitación por dos años
para volver a ejercer un empleo, cargo o comisión.
Dicho documento público reviste valor probatorio pleno y así se
reconoce de conformidad con los artículos 78, 117, 121 y 131 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, razón por la que se encuentra acreditada la
existencia del acto impugnado.
Tercera. Las causales de improcedencia se analizan de oficio o
a petición de parte por ser cuestiones de orden público. En este caso,
la autoridad demandada no hizo valer alguna de las contenidas en el
artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como tampoco alguna causal de
sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del mismo
código, razón por la que se procede al estudio del fondo del asunto.
Cuarta. En su escrito de demanda, el actor estableció los
siguientes conceptos de impugnación:
« VII. Los conceptos de impugnación del acto o resolución que
se combate:
Primero. La resolución impugnada me causa evidente agravio, toda vez
que actualiza en mi perjuicio la causal de ilegalidad contenida en la fracción
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IV, del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administración
del Estado, ello porque los hechos que lo motivaron el (sic) procedimiento
de responsabilidad administrativa no se realizaron, por lo cual, se dictó en
contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas.
Esta tesis se confirma, pues la conducta que supuestamente se me
atribuye, jamás se realizó, y la misma no fue acreditada como la señala la
misma autoridad resolutora al momento intentar individualizar la sanción.
Para mayor compresión de lo expuesto se transcribe para ese fin, la
supuesta conducta atribuida al suscrito, visible a foja 4 y 5 […] que
establecen:
"Cabe destacar los hechos denunciados por parte de la Ciudadana
, la cual recibió el apoyo para maquinaria de carpintería y que a
cambio del favor que le había hecho el C. , le
solicitó y exigió la elaboración de una mesa de centro y una puerta de madera, la
cual fue entregada en la casa particular del Ing. (sic) , así
mismo, la C. , de la Comunidad Rivera de Guadalupe,
solicitó apoyo de la rehabilitación de la calle acceso del Centro de Salud de la
comunidad en comento, solicitándole la cantidad de dinero de $ […]
por las máquinas que realizaron la rehabilitación de la calle por lo que se
desprende presunta responsabilidad administrativa grave en su actuar como
servidor público y se señalan (sic) como presunto responsable al C.
en ese entonces Director de Desarrollo Rural, Adscrito
(sic) a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano".
En seguimiento a ese orden de ideas, en un intento por individualizar la
sanción en mi contra, arguya la demandada a manera de confesión expresa,
a foja 6 […] lo siguiente:
"En cuanto a la CONDICIÓN ECONÓMICA del servidor público, resulta
intrascendente al caso particular, que como se ha señalado, en el caso particular
no existe daño objetivo que permita asumir válidamente la entrega de
numerario alguno, si existen elementos suficientes que acreditan el hecho de
pedir sumas de dinero a cambio de beneficios o asignación d (sic) estos
beneficio (sic)…"
"Por lo que hace al monto del BENEFICIO OBTENIDO y el DAÑO O
PERJUICIO OCASIONADO con la falta, si existe circunstancia que indique
que mediante la conducta del sujeto a procedimiento este (sic) haya pedido un
beneficio, no así que se haya dado, lo cual en estricto derecho y atendiendo a
que 'daño' es toda afectación que sufre una persona en su patrimonio, y
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'perjuicio', es la privación de toda ganancia lícita, resulta inaplicable pues al
respecto como se ha señalado no existen datos objetivos que indiquen la
entrega de numerario alguno y por ende no se acredita la afectación al
patrimonio, mucho menos la privación de una ganancia lícita que sería el
perjuicio."
Con lo transcrito, se demuestra que la propia resolutora no tuvo
elementos que le permitan concluir que, por parte del suscrito se actualizara
alguna conducta de las que pretende imputarme la autoridad demandada.
Menos aún, cuando no refiere cuáles elementos de prueba valoró para
sancionar, pues los hechos que se me imputan, antes y en este momento
han sido negados lisa y llanamente. Con lo cual, se actualiza en mi perjuicio
la causal de ilegalidad contenida en la fracción IV, del artículo 302 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del estado, ello porque
los hechos que lo motivaron el procedimiento de responsabilidad
administrativa no se realizaron, por lo cual, se dictó en contravención de las
disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas.
Segundo. La resolución impugnada me sigue causando evidente
agravio, toda vez que actualiza en mi perjuicio la causal de ilegalidad
contenida en la (sic) fracción (sic) II y IV, del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativo del Estado, ello porque no existe
ningún elemento que demuestre o advierta que hubo una valoración de las
supuestas pruebas que motivaron y dieran materia para emitir la resolución
impugnada, ello se afirma así, pues la autoridad con potestad sancionadora
~Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato~, únicamente se limitó a
mencionar la existencia de probanzas que obran en el sumario sin
mencionar ni tomar en consideración ningún elemento que integrara el
expediente de mérito.
Se afirma lo anterior, pues de la lectura a la resolución impugnada, la
demanda se limita a señalar en el considerando CUARTO, (a foja 5), lo
siguiente:
"Cabe referir que para acreditar las conductas que se atribuyen a los CC.
, y
atenderemos a las probanzas que obran en el sumario que a continuación se
exponen, estableciendo en cada una de ellas los motivos y fundamentos en que
se basa esta autoridad para su justipreciación, estimando que endicha (sic)
valoración de dichas probanzas se estará a los (sic) establecido en el Código de
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Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, vigente al inicio del
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, ordenamiento legal
supletorio de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, conforme a su artículo 39
en tanto no se oponga a la naturaleza del procedimiento que ahora se resuelve."
"VISTO EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE
OBRAN EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y AL RECABAR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS ELEMENTOS PROBATORIOS, SE OBTUVIERON ELEMENTOS
CIRCUNSTANCIALES DE MODO, TIEMPO Y LUGAR SOBRE LA MANERA DE
COMO OCURRIERON LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE LOS QUE SE ADVIRTIÓ
LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, MATERIA DE ESTE
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR ELLO FUE
QUE SE DETERMINO INSTAURAR LA PRESENTE ACCION DISCIPLINARIA, DE
DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE”.
"Las conductas consistentes en anomalías presentadas en la operatividad de
programas sociales, Fogones Ahorradores de Leña 2010, 2011 y 2012,
programa de apoyo al emprendedor 2001 y 2012, activos productivos
manejados en el área de Desarrollo Rural, derivado de las denuncias
presentadas de manera verbal y escrita por delegados y ciudadanos de las
comunidades rurales".
"POR TANTO EL SUSCRITO CONSIDERA QUE EXISTEN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE
LOS CC: , Y
; EN ESE ENTONCES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL."
"POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE RESULTA LA (SIC)
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES , Y
".
En ese contexto, es concluyente que la autoridad demandada no valoró
ninguna pruebas (sic) que obraban en el expediente obviado lo dispuesto en
los artículos 91, 202, 204, 205 y 223 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato, acorde a lo ordenado en el numeral 57 de la
ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ni
siquiera señala cuales (sic) tomo (sic) en consideración para emitir su
determinación.
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Es de explorado conocimiento jurídico que el sistema de libre tasación
de pruebas, recogido por (sic) código de procedimiento (sic) civiles reclama
extender las pericias del razonamiento ~obligación a cargo del Presidente
Municipal al momento de resolver ~, porque éste para prescribir si las
pruebas son válidas o no a los efectos pretendidos por el contralor
municipal, estaba ineludiblemente obligado a estudiar una serie de aspectos
concomitantes a ellas, no ceñidos de forma exclusiva a la calidad de la
autoridad sustanciadora, sino extendidos a todo el contexto de lo actuado
por él; de manera que sería la credibilidad que arroje la concatenación de
todos los elementos, de donde dependía el valor de las actuaciones del
contralor , de esta manera al valorar en su conjunto los medios de prueba
que constaban en el expediente de responsabilidad, debió exponer
cuidadosamente los fundamentos de la valoración efectuada.
La valoración de las probanzas debe estar demarcada por la lógica y la
experiencia, así como por el vínculo de ambas, con el fin de que la decisión
sea lo suficiente contundentemente para justificarla y así rechazar la duda y
el margen de subjetividad, situación que no se vislumbra haber ocurrido,
pues no existe conclusión en la que se logre apreciar que la autoridad
demandada en uso de sus facultades y al momento de emitir la resolución
recurrida cumplió tales extremos.
Además, en observancia a los principios de legalidad y seguridad
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que pueda tenerse por acreditada alguna
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito
indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se
adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada
en la Ley, por lo que ante la inexistencia de elementos de prueba aptos,
idóneos bastantes y concluyentes para tener por demostrados todos los
elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse
que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas
no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad.
A ese respecto vuelvo a señalar, que la demandada hace una
confesión expresa al manifestar en el considerado QUINTO, lo siguiente:
"En cuanto a la GRAVEDAD de la falta…" "…por el otorgamiento de
beneficios es totalmente contrario a la ley, lo cual si bien es cierto no existe
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elemento objetivo que permita asumir válidamente la entrega de numerario
alguno…"
De lo que resulta aplicable el Criterio emitido por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado que a la letra se transcribe:
SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PRUEBA DE LOS HECHOS, PARA QUE
PROCEDA UNA.- Por lo que respecta a la mención del artículo 109 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que
“los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente”, es erróneo concluir que el término
autónomamente sea equivalente a una autorización o atribución de competencia
para sancionar, en que llegue a prescindirse de los elementos, procediendo a
sancionar sin haber constatado que en efecto se dieron los hechos en la forma
que se hayan atribuido al servidor; siendo necesario reiterar que no basta con
que se invoquen los elementos doctrinarios que se enuncian con relación al
principio de legalidad, pues es necesario que se aplique éste sin excepción. […]
Tercero. La resolución impugnada incide coetáneamente en las
fracciones IV y V del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues soslayó que en
tratándose de la imposición de sanciones, el principio elemental de
fundamentación y motivación de los actos administrativos, implica la
obligación de las autoridades, de expresar pormenorizadamente los factores
que influyeron en su ánimo sancionador, ponderando las circunstancias
externas de la infracción y las particularidades del infractor.
Bajo este tenor, en los ordenamientos jurídicos de la materia vigentes
en nuestra Entidad Federativa, la potestad sancionadora del poder público,
no implica una libertad absoluta en la fijación de sanciones, pues su arbitrio
se constriñe al resultado de la valoración de los elementos previstos en el
numeral 20 de la Ley de Municipios, mismos que consisten en: a) La
gravedad de la falta; b) La jerarquía del servidor público y su antigüedad en
el puesto, así como la responsabilidad que estas impliquen; c) La condición
económica del servidor público; d) El monto del beneficio obtenido y el
daño o perjuicio ocasionado con la falta, y e) Las circunstancias de
ejecución de la falta.
Conforme a lo anterior, se afirma que la demandada se encuentra
compelida a pormenorizar los elementos que influyeron en su ánimo para
detener su arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que
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oscila la sanción legalmente prevista, sin que sea suficiente hacer referencia a
ellos, pues es menester que se haga un razonamiento lógico jurídico sobre
cada uno de los criterios, de modo tal que se precise de qué modo fueron
ponderadas por la autoridad, más aun cuando en el caso que nos ocupa me
han impuesto una amonestación (sic).
Así mismo, hay un claro soslayo en mi contra al determinar que mi
conducta resulta subsumible en las fracciones VII y IX del artículo 11 de la
Ley (sic) Responsiva (sic). De igual forma, no se logra apreciar ningún
beneficio para el suscrito de las acciones supuestamente efectuadas.
Por todo esto, al presente concepto de impugnación resultan
coincidentes los Criterios emitidos por este honorable Tribunal de lo
Contencioso Administrativo siguientes:
GRAVEDAD DE LA CONDUCTA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LA. 9. GRAVEDAD DE
LA CONDUCTA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LA. Cuando la autoridad sancionadora
se limita a expresar que se trata de una ―conducta grave‖, no realiza el análisis a
que se encuentra obligada por el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dado que dicha frase se trata
es una expresión subjetiva y omite considerar situaciones objetivas, como
pudiera serlo la afectación a terceros, la intencionalidad, etc., por lo que se
configura en la especie, la casual prevista en la fracción II del artículo 88 de la
Ley de Justicia Administrativa, por omitir requisitos formales que afectan las
defensas de la parte actora. […]
SANCIÓN. ILEGALIDAD DE LA.- Son inatendibles los argumentos de la parte
demandada, en virtud de que no se demostraron los hechos constitutivos de la
infracción, ni tampoco se acreditó la instauración del correspondiente
procedimiento sancionatario, por lo que es ilegal el decomiso ordenado por la
enjuiciadas, por configurarse en la especie la causal prevista en la fracción II del
artículo 88 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. […]
EX-SERVIDORES PÚBLICOS. SANCIONES APLICABLES. INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS
MUNICIPIOS.- El artículo 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, prevé textualmente que
las sanciones aplicables a ex-servidores públicos serán las de multa e
inhabilitación; sin embargo, esa conjunción no implica que indefectiblemente
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deberán aplicarse ambas sanciones para el caso de que se determine la
responsabilidad administrativa a quienes hayan dejado de pertenecer al servicio
público, pues de una revisión de las disposiciones legales aplicables se concluye
que la facultad del órgano de control no sólo radicará en definir el monto de la
multa y la duración temporal de la inhabilitación sino, además, siguiendo lo
previsto en la ley, decidir cuándo se sancionaría con una, con otra o con ambas.
De sostenerse lo contrario, se iría en contra del principio de individualización
de la sanción contenido en el artículo 20 de la citada Ley, al sancionar con las
mismas en todos los procedimientos disciplinarios instaurados a ex-servidores.
[…]
En otra tesitura, pero íntima (sic) relación con la indebida
fundamentación y motivación que priva en la resolución confutada, es
oportuno recordar que la discrecionalidad es la posibilidad que tiene la
autoridad administrativa de dictar un acto dentro de los parámetro que la
Ley aplicable determine, pero esos actos deben respetar y observar en todo
momento la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con la finalidad de que
dicho acto no sea emitido arbitrariamente, considerando que las facultades
discrecionales se establecen para garantizar que la actividad administrativa
sea eficaz conveniente y oportuna, así como acorde a las circunstancias ante
las cuales se dictara el acto con cierto margen de libertad.
Ahora bien, una limitante más, por (sic) en cuanto hace al ejercicio de
las facultades discrecionales es la buena fe, siendo que esta parte de la
confianza debe prevalecer en la actuación administrativa; sin embargo, en el
asunto de mérito, se puede decir que la autoridad actuó de mala fe, al hacer
uso indebido de una facultad discrecional, sin fundar y motivar
adecuadamente su actuación.
En consecuencia, se corrobora que hubo un desvío de poder, ya que la
demandada al hacer uso de una facultad discrecional no justifico, fundada y
motivadamente, la sanción que excesivamente me fue aplicada, circunstancia
que evidentemente sobrepasa los límites para el ejercicio de una facultad
discrecional. De esta forma se acredita que la autoridad extralimitó su
potestad sancionadora, al valorar las pruebas, individualizar la sanción
incorrectamente concluyendo la responsabilidad administrativa de mi parte,
en consecuencia, la resolución impugnada configura los supuestos de
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ilegalidad contenidos en las fracciones IV y V del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios.»
Por su parte, el Presidente Municipal de Irapuato, respondió
en su defensa lo siguiente:
«EN CUANTO AL CAPÍTULO DE CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN
PRIMERO.- Es errónea la percepción del actor al manifestar que los
hechos en los que funda su demanda le causan algún agravio ya que la
resolución combatida, fue emitida bajo la norma jurídica establecida y
sustentada como lo he expuesto líneas arriba, en (sic) base al cúmulo de
actuaciones que conforman el expediente sustanciado por el Órgano de
Control Interno, basado en hechos en los cuales quedo demostrada la falta
de cuidado y diligencia en el desempeño de las funciones que como
Dirección de Desarrollo Rural, dentro de la administración Pública tiene
que desempeñar. Luego entonces, al quedar debidamente acreditada la falta
administrativa en la que incurrió la parte actora, contenida en la fracción I,
IV, XIX y XXII del artículo 11 de la propia Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, le deviene por ende la resolución respecto de la cual se
inconforma.
SEGUNDO.- De igual forma, no le irroga agravio lo manifestado por el
actor en su segundo concepto de impugnación, en razón de que la
resolución de fecha 06 de septiembre de 2012, se emitió de acuerdo a (sic)
lo actuado en dicho proceso y a lo establecido en el dictamen que realizo la
Contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, misma que cumple las
exigencias de formalidad de la que deben estar investidos los actos de
autoridad, como es la debida fundamentación y motivación; y al
desprenderse que lo único que realiza el actor material son meras
apreciaciones subjetivas, las mismas deberán ser desatendidas, pues como
podrá observar, del contenido de la resolución, está plasmado en forma
categórica la fracción infringida y consecuencia legal, que fue la sanción
impuesta en dicha resolución, contenida en el resultando Tercero,
considerando cuarto y quinto.
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TERCERO.- El correlativo que se contesta, tampoco le depara agravio al
actor, en razón de que en la resolución impugnada, sí se realizó la valoración
de las pruebas ofrecidas, lo cual podrá corroborarse con el contenido de
dicha resolución, específicamente en considerando (sic) cuarto y quinto de
la misma, por ello deviene infundado el agravio esgrimido por el actor en
dicho apartado.
A efecto de desvirtuar lo manifestado por la actora, la resolución
cumple con lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y lo fundamental
consignado en el artículo 16 de la Carta Magna y requisito mínimo del acto
administrativo, que los actos sean emitidos por la (sic) competente para ello,
señalando el fundamento legal que da atribuciones a la autoridad para emitir
su acto, citando de manera correcta el precepto legal, fracción, inciso,
subinciso o transcribiendo el apartado correspondiente que legitime su
actuación.
Así como la Tesis Jurisprudencial, publicada en el informe rendido por
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro
y texto siguiente:
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EL MANDAMIENTO
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARIDADES DEBE
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. […]
No obstante lo anterior, el actor pretende equiparar un procedimiento
de responsabilidad netamente administrativa con un proceso penal, pues es
de explorado derecho que regulan conductas punitivas distintas, luego
entonces, el hecho de que un Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa sustanciado ante Contraloría Municipal, no implica que los
argumentos lógicos jurídicos que conllevaron a determinar que
, resultó aplicarle la sanción consistente en la
INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS. Lo anterior, en razón de que la norma legal
que rige el actuar de los servidores públicos es la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, como lo dispone el artículo 1 que reza: […]
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Bajo este tenor, es evidente que el actor pretende la nulidad de la
impugnada, sin fundamento legal alguno, Por (sic) lo tanto, el suscrito solo
emitió dicha resolución de acuerdo a las actuaciones que constituyen el
expediente sustanciado por el Órgano de Control Interno, en contra de la
parte actora material, y a lo establecido por el dictamen que realizo la
Contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, considerando que de
acuerdo a dicha investigación y determinación todo funcionario público
debe cumplir diligentemente con su obligación, es decir, debe realizar todo
lo necesario para que el trabajo que de acuerdo a sus facultades debe realizar
sea apegado a derecho, ya que el actor cuando se sustancio el Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa en su contra no desvirtuó los hechos
imputados en su contra, por lo que dicha determinación se realiza en (sic)
base a lo que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado y sus Municipios señala y no a cuestiones
subjetivas, como en el caso particular efectuó el actor. La afirmación
anterior, se realiza en virtud de que tanto en la parte de resultandos,
considerandos y resolutivos se contienen con precisión las normas
infringidas por el actor material, que derivaron en el inicio del
procedimiento y en la resolución que concluye imponiéndole la sanción que
ameritó su conducta, conforme a las probanzas especificadas y valoradas en
la resolución impugnada. Apoya lo anterior en siguiente criterio del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
8.- PRINCIPIOS RECTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- El procedimiento
disciplinario de nuestra Entidad se rige, entre otros, por los principios de
reserva de ley y de tipicidad, originalmente concebidos dentro de la materia
penal, pero que resultan aplicables, dada la identidad ontológica que tiene con
dicha rama jurídica, al ser ambas expresiones de la potestad sancionadora del
Estado. De ahí que el legislador deba definir y describir dentro de la norma los
elementos constitutivos de las infracciones administrativas y las sanciones
aplicables, mientras que el poder ejecutivo habrá de ceñirse a lo expresamente
dispuesto en el texto de la ley, quedando prohibido en consecuencia fincar
responsabilidad administrativa a los servidores públicos, por interpretación
analógica o por mayoría de razón, conforme al principio nullum crimen sine lege y
nulla poena sine lege, que apunta al respeto de la garantía constitucional de exacta
aplicación de la ley, recogida por los artículos 14, párrafo tercero, y 16, párrafo
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primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el
artículo 135 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. […]
Bajo ésta tesitura, y máxime que el acto impugnado se encuentra
debidamente fundado y motivado, por el correcto estudio que al efecto se
realizó sobre el caso en particular, por las argumentaciones y
fundamentaciones vertidas en la resolución de referencia, resultan
totalmente improcedentes las pretensiones del actor, pues de manera dolosa
acude a este Honorable Sala con el solo objetivo de evitar asumir la sanción
a la cual se hizo acreedor por las conductas de omisión en cumplir con
probidad sus funciones y que claramente obran en las actuaciones que
integran el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en
su contra, motivo por el cual solicito desde estos momentos que a efecto de
mejor proveer y en aras de que cuente con los elementos suficientes para
determinar la validez del acto impugnado (sic).»
Con esta cita concluye el planteamiento de la materia de
controversia del proceso, a cuyo análisis se procede a continuación.
Quinta. Le asiste la razón al impetrante, pues de la sola lectura
de la resolución materia de debate –consultable de fojas 12 doce a 20
veinte del expediente original- claramente se advierte la indebida
fundamentación y motivación con la cual fue dictada.
Se afirma lo anterior porque la autoridad demandada, a efecto
de imponer al actor la sanción administrativa consistente en la
inhabilitación de dos años para volver a ejercer un empleo, cargo o
comisión públicos, se limitó a señalar lo siguiente:
«CUARTO.- Ahora bien, del estudio de las conductas que
presumiblemente fueron (sic) en contravención a las obligaciones y deberes
de los servidores públicos sujetos al presente Procedimiento de
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Responsabilidad Administrativa, y que se encuentran previstas por el artículo
11 fracciones I, IV, XIX y XXII y artículo 12 fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, las cuales literalmente establecen:
[…]
- Cabe destacar los hechos denunciados por parte de la
Ciudadana , la cual recibió el apoyo para
maquinaria de carpintería y que a cambio del favor que le había hecho el C.
, le solicitó y exigió la elaboración de una
mesa de centro y una puerta de madera, la cual fue entregada en la casa
particular del Ing. […], así mismo, la C. , de la
Comunidad Rivera de Guadalupe, solicitó apoyo de la rehabilitación de la
calle acceso del Centro de Salud de la comunidad en comento, solicitándole
la cantidad de dinero de $ 0 […] por las máquinas que realizaron la
rehabilitación de la calle por lo que se desprende presunta responsabilidad
administrativa grave en su actuar como servidor público y se señalan (sic)
como presunto responsable al C. en ese
entonces Director de Desarrollo Rural, Adscrito (sic) a la Dirección General
de Desarrollo Social y Humano.
[…]
Cabe referir que para acreditar las conductas que se atribuyen a los CC.
, […] y […] atenderemos a las probanzas que obran en
el sumario y que a continuación se exponen, estableciendo en cada una de
ellas los motivos y fundamentos en que se basa esta autoridad para su
justipreciación, estimando pertinente señalar que en la valoración de dichas
pruebas se estará a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Guanajuato, vigente en el momento del inicio del Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa, ordenamiento legal supletorio de la Ley
de Responsabilidades Administrativas […] conforme a su artículo 39 […]
VISTO EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE
OBRAN EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y AL RECABAR LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS ELEMENTOS PROBATORIOS, SE OBTUVIERON ELEMENTOS
CIRCUNSTANCIALES DE MODO, TIEMPO Y LUGAR SOBRE LA MANERA DE CÓMO
OCURRIERON LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE LOS QUE SE ADVIRTIO (sic) LA
COMISION (sic) DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, MATERIA DE ESTE
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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR ELLO FUE
QUE SE DETERMINO (sic) INSTAURAR LA PRESENTE ACCIÓN DISCIPLINARIA,
DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE.
Las conductas consistentes en anomalías presentadas en la operatividad
de programas sociales, Fogones Ahorradores de Leña 2010, 2011 y 2012,
programa de apoyo al emprendedor 2011 y 2012, activos productivos
manejados en el área de Desarrollo Rural, derivado de las denuncias
presentadas de manera verbal y escrita por delegados y ciudadanos de la (sic)
comunidades rurales.
POR LO TANTO EL SUSCRITO CONSIDERA QUE EXISTEN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE
LOS CC. , […] Y […]; EN ESE ENTONCES ADSCRITOS
A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE RESULTA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA A LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
, […]
QUINTO.- Establecida como ha quedado la responsabilidad
administrativa de los CC , […] y […] resulta
procedente individualizar la sanción a la que se harán acreedores,
atendiendo para ello a los criterios previstos por el artículo 20 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios mismo que refiere: […]
I. En cuanto a la GRAVEDAD de la falta; es de referir que a
consideración del suscrito es importante el no pasar por (sic) desapercibida la
conducta reprochable ya que en el momento de pedir algún beneficio, por el
otorgamiento de beneficios es totalmente contrario a la ley, lo cual si bien es
cierto no existe elemento objetivo que permita asumir válidamente la entrega
de numerario alguno, lo cierto es que los sujetos al presente procedimiento de
responsabilidad administrativa exigieron o pidieron sumas de dinero, bajo la
premisa de obtener un beneficio a cambio por parte del municipio, ya sea
mediante la realización de obras o asignación de recursos para la generación
de servicios , conducta que no puede ni debe pasar por desapercibida y que
por ende debe sancionarse mediante le presente procedimiento.
II. En cuanto a la JERARQUÍA del servidor público y su
ANTIGÜEDAD en el puesto, así como la responsabilidad que éstas impliquen,
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en relación a este punto si (sic) se debe puntualizar que los CC.
, […] Y […] ocupan el cargo de Director de Desarrollo Rural
[…] respectivamente, cargos que implican una mayor responsabilidad.
III. En cuanto a la CONDICIÓN ECONÓMICA del servidor público,
resulta intrascendente al caso particular, que como se ha señalado, en el caso
particular no existe dato objetivo que permita asumir válidamente la entrega
de numerario, si (sic) existen elementos suficientes que acreditan el hecho de
pedir sumas de dinero a cambio de beneficios o asignación de estos
beneficios.
IV. Por lo que hace al monto del BENEFICIO OBTENIDO Y EL DAÑO
O PERJUICIO OCASIONADO con la falta, si (sic) existe circunstancia que
indique que mediante la conducta del sujeto a procedimiento este haya pedido
un beneficio, no así que se haya dado, lo cual en estricto derecho y
atendiendo a que "daño", es la afectación que sufre una persona en su
patrimonio, y "perjuicio", es la privación de toda ganancia licita (sic), resulta
inaplicable pues al respecto como se ha señalado no existen datos objetivos
que indiquen la entrega de numerario alguno y por ende no se acredita la
afectación al patrimonio, mucho menos la privación de una ganancia licita
(sic) que sería el perjuicio.
V. Finalmente y en cuanto a las CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN
de la falta, y tomando en cuenta la naturaleza propia de la conducta, la cual
para su ejecución exige necesariamente la conciencia del hecho perjudicial o
nocivo, circunstancia que se toma en consideración para la individualización
de la sanción.
En las relatadas consideraciones, toda vez que de los criterios en estudio
sólo operan como atenuante la gravedad y el relativo al monto del beneficio
obtenido y el daño o perjuicio ocasionado con la falta, resulta congruente
imponer a los CC. […], […] y […], con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 22, fracción III, en relación con el artículo 18,
todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios , se determina como
sanción de naturaleza administrativa la consistente en (sic) respecto a los CC.
[…], […] y […], Inhabilitación de 2 dos años para
volver a ejercer un empleo, cargo o comisión público, por haber transgredido
con su actuar lo establecido en el artículo 11 fracciones I, IV, XIX y XXII y
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artículo 12 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
[…]».
(El destacado con subrayado es adicional).
De la anterior transcripción claramente se advierte que la
autoridad demandada, a fin de tener por acreditado el incumplimiento
de las obligaciones del impetrante y, por ende, la actualización una
responsabilidad administrativa, consideró lisa y llanamente el cúmulo
de constancias y elementos probatorios recabados por la Contraloría
Municipal.
Y si bien tal situación –hacer suyas las constancias y los
elementos probatorios recabados por una autoridad diversa- no se
encuentra prohibida por la normativa de la materia, lo cierto es que
soslayó en perjuicio del actor las reglas de valoración de la prueba
contenidas en los numerales 91, 202, 204, 205 y 223 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, circunstancia que en
forma alguna se encuentra legalmente permitida dado que de
conformidad a lo dispuesto en el ordinal 2 de la Constitución Política para
el Estado de Guanajuato la autoridad únicamente puede hacer lo que la
Ley le permite.
Lo anterior se corrobora, porque la autoridad enjuiciada omitió
detallar con toda exactitud las probanzas que –a su juicio- recabó el
Contralor Municipal, así como tampoco señaló -del cúmulo- cuáles
fueron las que tomó en consideración para arribar a la determinación
de existencia de la falta cometida y su particular subsunción dentro de
cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 11, fracciones I,
IV, XIX y XXII con relación al numeral 12, fracción I, todos ellos de
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la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
Lo anterior con mayor razón si se observa que la impetrada no
estableció argumento lógico jurídico ni fundamento alguno que
evidenciaran una real valoración de pruebas.
En efecto, la autoridad omitió expresar con toda precisión los
factores que ponderó así como su debida valoración, a fin de poder
establecer cómo fue que concatenó las circunstancias que le sirvieron
de base para poder decidir que el actor solicitó cierta cantidad de
dinero a cambio de otorgar un beneficio brindado en su calidad de
servidor público.
De manera que, en los términos en que la autoridad arribó a la
conclusión de que el actor actualizó una falta administrativa y que
además era responsable por ello, es dable colegir la ilegalidad con la
que se condujo, pues previo a la imposición de una sanción, el
Presidente Municipal estaba obligado a constatar a través de los
diversos medios de prueba aportados por las partes que efectivamente
se realizaron los hechos en la forma en que fueron atribuidos al actor,
pues sólo a partir de los hechos probados, puede generarse certeza
plena de la responsabilidad del infractor, más aún si se toma en cuenta
que se le atribuyeron al hoy justiciable no sólo una, sino diversas
conductas.
Dado lo anterior, resulta insuficiente que la encausada se
limitara a señalar que tuvo a la vista elementos probatorios –sin
especificar a cuáles se refiere- y que de ellos advirtió la existencia de la
comisión de faltas administrativas por parte del hoy actor, así como la
acreditación de su responsabilidad en la actualización de las mismas.
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Tampoco basta que la impetrada asevere lisa y llanamente que
con su conducta el actor contravino lo dispuesto en los ordinales 11
fracciones I, IV, XIX y XXII, y 12 fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, sino que era menester –además- que
precisara cómo estableció la adecuación entre los motivos aducidos y las
normas legales aplicadas; esto es, que en el caso concreto se actualizaron todas y
cada una de las hipótesis normativas invocadas, situación que en la especie no
aconteció.
En ese sentido, si no se encuentran plenamente acreditadas las
conductas imputadas al accionante, no existe justificación legal alguna
para que la enjuiciada haya determinado que incumplió con lo
dispuesto en las fracciones I, IV, XIX y XXII del artículo 11, y 12
fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y menos aún,
sancionarle por faltas administrativas cuya existencia no demostró.
De esta manera, quedó demostrado que la autoridad encausada,
al emitir la resolución controvertida partió de hechos inexistentes,
situación que provocó que se dictara en contravención de las
disposiciones aplicadas, dejando de emplear las disposiciones de ley
conducentes.
Lo anterior se traduce en una indebida fundamentación y
motivación de la misma, a la luz de la jurisprudencia que se cita a
continuación:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.
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Pública
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21
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de
manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para
dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que
pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y
motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto
reclamado es violatorio de garantías.1
De aquí que resulte fundado el primer concepto de
impugnación establecido por el actor en su escrito de demanda.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que el justiciable negó
la existencia de las imputaciones que le hizo la autoridad y que –a
juicio de ésta- motivaron el incumplimiento de sus deberes, dando
lugar a una responsabilidad administrativa, revirtiendo la carga de la
prueba a la demandada de conformidad a lo preceptuado en el artículo
47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, que a la letra reza:
Artículo 47. Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo,
las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven
cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa
implique la afirmación de otro hecho.
En efecto, correspondía a la enjuiciada –al no implicar la
negativa del actor la afirmación de otro hecho- demostrar con las
pruebas idóneas para tal efecto, las causas por las cuales procedía su
inhabilitación.
Situación que en la especie no aconteció, toda vez que la
autoridad encausada se limitó a referir simplemente que con las
1 Tesis: VI.2o. J/123. Novena Época. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, página: 660.
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constancias que integraron el expediente de responsabilidad
administrativa CM-QPRA-016-12 se tuvo por acreditada una
responsabilidad administrativa a cargo del actor.
Empero, si tomamos en cuenta que la fundamentación implica
la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto, señalando la
fracción, inciso o párrafo en la que se encuentre contenida dicha
norma; y la motivación alude razonamiento inherente a las
circunstancias de hecho contenidas en el texto del acto, para establecer
la adecuación de la conducta del gobernado en el supuesto jurídico
establecido por la norma, resulta claro que en la resolución impugnada
se debió expresar con claridad -en principio- la cita del ordenamiento
legal correspondiente al precepto que se consideró actualizado con el
actuar del actor –precisando con exactitud el apartado, párrafo,
fracción o fracciones, incisos o sub-incisos que en la especie resultaron
aplicables-.
Asimismo, debió enunciar las circunstancias de hecho que
describieran las conductas realizadas u omitidas por el particular y que
las mismas se encuadraran perfectamente en las hipótesis normativas
aplicables.
Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido
por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor
literal siguiente:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o
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causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en
comento previene que nadie puede ser molestado en su persona,
propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando
de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al
mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para
poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es
necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén
aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se
encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos,
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que
otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en
agravio del gobernado.2
Sin embargo, la autoridad demandada se limitó a invocar
disposiciones legales por cierto inaplicables al actor al no existir prueba
fehaciente de los hechos, con las cuales intentó justificar su proceder.
De igual forma, y como ha quedado establecido anteriormente,
omitió externar los argumentos lógico-jurídicos que le permitieron
arribar a la conclusión de que el hoy actor no cumplió diligentemente y
con probidad las funciones propias de su cargo, ni cuidó y usó los
recursos públicos con probidad y en la forma prevista en los
ordenamientos legales, que tampoco se abstuvo de realizar un acto u
omisión que causara la suspensión o deficiencia del servicio público y
2 Tesis: VI. 2o. J/248. Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, página 43. Con registro 216534.
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que –además- solicitó, exigió o recibió prestaciones, servicios, dinero o
cualquier otro bien aprovechándose de su cargo público, más aún, que
dichas conductas se encuentran sancionadas por la normativa vigente.
Tampoco estableció las consideraciones de hecho que le
llevaron a decidir que con tales situaciones el hoy actor incumplió con
las obligaciones previstas en las fracciones I, IV, XIX y XXII del
artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, pues del texto de la
resolución controvertida no se advierten las circunstancias, razones
especiales o causas inmediatas que le sirvieron de base para arribar a
tan arbitraria conclusión.
Sirve de apoyo al respecto, el criterio contenido en la tesis
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA
MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA,
TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU
ASPECTO MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. La
motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que,
además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular.
Así, puede actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de
razones impide conocer los criterios fundamentales de la decisión al
expresar ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de
intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que
impida defenderse, o una irregularidad en el aspecto material, que si bien
permite al afectado impugnar tales razonamientos, éstos resultan exiguos
para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la
autoridad en la decisión administrativa. Por otra parte, puede configurarse
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también una indebida motivación, cuando las razones de la decisión
administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los
hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente, es
decir, no hay justificación de la actuación que sea acorde con los hechos
apreciados. En ese tenor, una motivación que no considera la totalidad de
los elementos para decidir o aprecia equivocadamente los hechos, aunque
permita al particular cuestionar tal insuficiencia en juicio, trasciende en una
indebida motivación en su aspecto material o de contenido; lo anterior se
actualiza cuando una resolución en materia de responsabilidades de los
servidores públicos determina imponer una sanción sin especificar ni aplicar
la totalidad de las causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el
punto de vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita),
como del subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente; es
decir, a las características propias del servidor público, circunstancia que
deriva en una motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente,
aunque se haya permitido cuestionarla en juicio, trasciende en una indebida
motivación en su aspecto material, porque fue emitida expresando
insuficientes argumentos, en cuanto no se consideró la totalidad de
elementos de juicio y los hechos se apreciaron equivocadamente, razón por
la cual, el vicio de ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa y llana,
previsto en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005.3
Mayormente porque -tal y como lo adujo el justiciable- la
impetrada no realizó una valoración ni ponderación de las probanzas
obrantes en el procedimiento disciplinario, pues las limitadas
manifestaciones de la autoridad demandada resultaron insuficientes
para tener por demostradas las conductas atribuidas, y más aún exiguas
para tener por acreditada plenamente la responsabilidad del hoy
accionante, por lo que no se encuentra cubierto en este caso el
3 Tesis: I.4o.A.538 A. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XXIV, Septiembre de 2006, página 1532. Con registro 174179.
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principio de tipicidad que impera en materia de responsabilidad
administrativa.
Para mayor abundamiento, resulta oportuno citar la tesis
jurisprudencial P./J. 100/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIV de agosto de 2006, página 1667,
que a la letra dice:
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE
REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El
principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras,
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia
de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe
afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar
de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad
de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que
lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la
norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el
derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y
dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios
del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio
de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo
a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la
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hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta
por analogía o por mayoría de razón.
En ese sentido, era indispensable que la enjuiciada le señalara –al
impetrante- con toda exactitud, las hipótesis normativas que
establecieran las conductas que le atribuyó, con la finalidad de
brindarle certeza jurídica y respetarle su derecho de alegar lo que a su
interés conviniese; situación que en el caso particular no sucedió.
De esta forma, resulta inconcuso que las referencias y los
dispositivos normativos asentados en la resolución materia de la
presente impugnación, de ninguna manera reflejaron certeza al
justiciable, menos aún la adecuada motivación que debe prevalecer en
todo acto de autoridad; pues en esas condiciones no es dable inferirse
la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables,
además de que no obra prueba alguna en el expediente en que se actúa
que acredite las conductas que le fueron imputadas a la accionante.
Se afirma lo anterior, porque no obstante que obran en el
sumario las copias certificadas de diversos escritos privados, que si
bien no fueron objetados en cuanto a la autenticidad de su contenido y
firma, lo cierto es que únicamente revisten valor probatorio para
acreditar que existen sus originales pero en similares términos, acorde a
lo establecido en el ordinal 123 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En efecto, los escritos de denuncia de los particulares
únicamente generan convicción de que diversos ciudadanos hicieron
del conocimiento los hechos que en ellos se consignan, pero de
ninguna manera constituirán prueba fehaciente de que los mismos
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hayan acontecido en los términos en que fueron aseverados por sus
autores, de conformidad a lo estipulado en las piezas articulares 81,
117, 123, 124 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
De aquí que igualmente resulten fundados el Segundo y
Tercero conceptos de impugnación en estudio, dado que igualmente la
encausada omitió realizar una debida individualización de la sanción,
pues del texto de la resolución debatida no se aprecia el estudio y
ponderación de cada uno de los criterios previstos en el numeral 20 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios, que le permitieran decidir que la
inhabilitación era la sanción que correspondía al justiciable y no una
diversa, o en su defecto, que resultara absuelta de toda responsabilidad
administrativa.
En ese contexto es dable concluir, que le asiste la razón al
impetrante, dado que la resolución que por esta vía se combate reviste
indebida fundamentación y motivación, lo cual se traduce en un vicio
de fondo, al no cumplirse con el elemento de validez del acto
administrativo contenido en la fracción VI del artículo 137 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Lo anterior, a la luz de la Jurisprudencia número I.30.C. J/47,
correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII,
Febrero de 2008, Página 1964, bajo la voz:
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL
ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La
falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la
indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una
violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la
existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe
hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece,
en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención
al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de
autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal
aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que
el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En
cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las características específicas de éste que
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero
aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que
la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un
desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos,
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo
que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado,
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procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en
una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del
contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada
incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente
diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea,
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la
fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que
aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso
se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que,
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y
motivación, esto es, de la violación material o de fondo.
Por lo tanto, al haber controvertido el actor la resolución
combatida, y quedar demostrado que adolece de una indebida
fundamentación y motivación, es dable concluir la ilegalidad con que
fue emitida.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, es procedente decretar la nulidad
total de la resolución de fecha 6 seis de septiembre de 2013 dos mil
trece, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número CM-DQPRA-016-12, mediante la cual se
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determinó la sanción de inhabilitación en contra de
, al actualizarse las causales de ilegalidad previstas en las
fracciones II y IV del diverso numeral 302 del propio Código.
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Sexta. Además de la acción de nulidad, el actor ejerció la de
reconocimiento de un derecho para que se determine la inexistencia de
responsabilidad administrativa de su parte, y la diversa de condena de
la autoridad para que se abstenga de inscribirlo en el Registro
Municipal de Antecedentes disciplinarios, o bien, para que realice las
gestiones necesarias a fin de que se elimine la inscripción de la sanción
en caso de haberla registrado.
Al respecto, esta Sala considera que al haberse declarado la
nulidad total de la resolución impugnada dada la omisión del elemento
de validez previsto en la fracción VI del artículo 137 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, resultan procedentes en los términos peticionados por
la justiciable. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las
fracciones II y III del artículo 255 del mismo ordenamiento.
Igualmente, conforme al Criterio emitido por el Pleno de este
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, visible en el boletín de
Criterios 2003–2004, -que si bien se refiere a la abrogada Ley de
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato–, cobra
aplicación por analogía en cuanto al tema en estudio– que dicta:
ACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II Y III DEL
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
GUANAJUATO. NATURALEZA ACCESORIA DE LAS.- De las tres
acciones precisadas en el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de
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Guanajuato, la correspondiente a la fracción I resulta ser principal respecto
a las de reconocimiento de un derecho e indemnización de daños y
perjuicios contemplados en las restantes fracciones. Ello es así, porque para
hacer procedentes las accesorias o secundarias (fracciones II y III del
numeral en cuestión) se requiere inexorablemente la declaratoria de nulidad
de un acto o resolución. Ahora bien, habiendo prosperado ésta, puede
conllevar ello al reconocimiento de un derecho amparado en una norma
jurídica y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento e incluso la
indemnización por daños y perjuicios causados por el acto demandado que
fue declarado nulo; de tal suerte que de reconocerse la validez del acto
reclamado, por encontrarse apegado a derecho, es incuestionable que las
restantes acciones perderían su razón de ser.». (Toca 55/03. Recurso de
reclamación promovido por Ricardo Sánchez Acebedo e Isidro Sánchez
Rangel. Resolución de fecha 13 de agosto de 2003).
Así, esta Sala resolutora determina la inexistencia de
responsabilidad administrativa alguna derivada de la resolución
anteriormente anulada sobre las conductas que ilegalmente le fueron
atribuidas, conforme a lo expresado en el Considerando Quinto de
esta sentencia.
Respecto de la cancelación solicitada de la inscripción de la
sanción se precisa, que al no obrar constancia fehaciente en el
expediente que demuestre su registro, se conmina a la autoridad
emplazada para que se abstenga de realizar la inscripción de la
inhabilitación hoy anulada, y sólo para el supuesto de que a la fecha se
haya registrado, se ordena a la autoridad para que realice las gestiones
necesarias a efecto de que se cancele su inscripción.
Por lo tanto, el Presidente Municipal demandado deberá
acreditar de manera fehaciente con las pruebas idóneas lo precisado en
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el párrafo que precede, a fin de tenerle por cumpliendo cabalmente
con la sentencia que se dicta.
Debiendo la autoridad enjuiciada informar sobre el
cumplimiento otorgado a la condena a que quedó compelida, en un
término de quince días hábiles contados a partir de aquél en que cause
ejecutoria esta sentencia, según lo dispuesto en el artículo 322 Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Con base en lo anteriormente expuesto y en Derecho
fundamentado se:
RESUELVE
Primero. Esta Sala resultó competente para tramitar y resolver
el proceso administrativo 1245/1ª Sala/13, de conformidad con lo
asentado en la consideración Primera.
Segundo. No se sobresee el proceso por las razones expuestas
en el la consideración Tercera.
Tercero. Se declara la nulidad total de la resolución
impugnada, de acuerdo con los motivos y fundamentos expuestos en
la Consideración Quinta.
Cuarta. Ha lugar al reconocimiento de los derechos solicitados
por el actor, de acuerdo con lo asentado en la Consideración Sexta.
Notifíquese.
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En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente
como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta
Primera Sala.
Así lo resolvió y firma el doctor ,
Magistrado Propietario de la Primera Sala, quien actúa asistido en
forma legal de la licenciada , Secretaria de
Estudio y Cuenta, que da fe.
Versión
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TCA
L´ARMCh
Guanajuato, Guanajuato; 2 dos de junio de 2014 dos mil
catorce.
ASUNTO
Sentencia del proceso administrativo 1246/1ª Sala/13,
promovido por por su propio derecho en
contra de la resolución emitida el 6 seis de septiembre de 2013 dos mil
trece en el procedimiento de responsabilidad administrativa CM-
DQPRA-016-12 por el Presidente Municipal de Irapuato, mediante
la cual se le impuso la sanción de inhabilitación por dos años para
volver a ejercer un empleo, cargo o comisión.
ANTECEDENTES
Primero. Por escrito recibido en la Secretaría General de
Acuerdos el 14 catorce de octubre de 2013 dos mil trece, turnado a
esta Sala el mismo día mediante oficio número 4597/2013, compareció
, por su propio derecho, a demandar la
nulidad de la resolución descrita anteriormente.
Segundo. En actuación de 16 dieciséis de octubre de 2013 dos
mil trece se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado
de la misma y de sus anexos al Presidente Municipal de Irapuato a
fin de que diera contestación.
Asimismo, se admitieron las pruebas documentales presentadas
por el demandante y por ofreciendo el cotejo y compulsa de aquellas
que aportó en copia simple en caso de ser objetadas. También se le
tuvo por designando autorizados legales y correo electrónico para
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Pública
TCA
2
recibir notificaciones. A su vez, se le requirió para que manifestara si
era su deseo o no que se publicaran sus datos personales en caso de
presentarse alguna solicitud de acceso a la información pública que los
involucrara.
En el mismo proveído se requirió a la autoridad demandada
para que señalara correo electrónico para la práctica de notificaciones.
Cuarto. En actuación de 29 veintinueve de enero de 2014 dos
mil catorce se tuvo a la autoridad demandada por contestando en
tiempo y forma y se admitieron las pruebas documentales que aportó,
así como la presuncional legal y humana.
Por otra parte, se le tuvo por designando autorizados legales y
correo electrónico para recibir notificaciones. En el mismo acuerdo,
se señalaron las 11:00 trece horas del 3 tres de marzo de 2014 dos mil
catorce para la celebración de la audiencia de alegatos. En su
desahogo, sólo la parte actora los presentó.
CONSIDERACIONES
Primera. Esta Primera Sala es competente para conocer y
resolver el proceso, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, primer
párrafo y 20, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato con relación al artículo 243
párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
así como en los artículos 1, fracción II y 249 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Pública
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Segunda. A fin de acreditar la existencia de la resolución
impugnada, el demandante ofreció la prueba documental que obra de
la foja 12 a la 20 del expediente en estudio; consistente en la resolución
emitida el 6 seis de septiembre de 2013 dos mil trece en el
procedimiento de responsabilidad administrativa CM-DQPRA-016-12
por el Presidente Municipal de Irapuato, mediante la cual se le
impuso al ahora demandante la sanción de inhabilitación por dos años
para volver a ejercer un empleo, cargo o comisión.
Dicho documento público reviste valor probatorio pleno y así se
reconoce de conformidad con los artículos 78, 117, 121 y 131 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, razón por la que se encuentra acreditada la
existencia del acto impugnado.
Tercera. Las causales de improcedencia se analizan de oficio o
a petición de parte por ser cuestiones de orden público. En este caso,
la autoridad demandada no hizo valer alguna de las contenidas en el
artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como tampoco alguna causal de
sobreseimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del mismo
código, razón por la que se procede al estudio del fondo del asunto.
Cuarta. En su escrito de demanda, el actor estableció los
siguientes conceptos de impugnación:
« VII. Los conceptos de impugnación del acto o resolución que
se combate:
Primero. La resolución impugnada me causa evidente agravio, toda vez
que actualiza en mi perjuicio la causal de ilegalidad contenida en la fracción
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IV, del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administración
del Estado, ello porque los hechos que lo motivaron el (sic) procedimiento
de responsabilidad administrativa no se realizaron, por lo cual, se dictó en
contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas.
Esta tesis se confirma, pues la conducta que supuestamente se me
atribuye, jamás se realizó, y la misma no fue acreditada como la señala la
misma autoridad resolutora al momento intentar individualizar la sanción.
Para mayor compresión de lo expuesto se transcribe para ese fin, la
supuesta conducta atribuida al suscrito, visible a foja 4 y 5 […] que
establecen:
"Y por lo que respecta al otro incoado derivado de la denuncia de la C.
, de la Comunidad Rivera de Guadalupe, la cual recibió
el apoyo a través del programa social 'Emprendedores 2011', el equipamiento
para proyecto cocina económica, el cual la primera aportación fue de $
[…] del porcentaje que correspondía y así mismo le solicitó y exigió aparte la
cantidad de $ […] para que se lo entregara a la Ingeniero (sic)
, quien fue quien elaboró el proyecto y el apoyo le saliera
favorable, obteniendo así un beneficio propio, aprovechándose de su cargo y/o
comisión que tenía encomendada en ese momento, por lo que se desprende
presunta responsabilidad administrativa grave en su actuar como servidor
público y se señala como presunto responsable al C.
, en ese entonces Coordinador D-1,en la Dirección de Desarrollo
Rural, adscrito a la Dirección de Desarrollo Social y Humano".
En seguimiento a ese orden de ideas, en un intento por individualizar la
sanción en mi contra, arguya la demandada a manera de confesión expresa,
a foja 6 […] lo siguiente:
"En cuanto a la GRAVEDAD de la falta…" "…ya que al momento de pedir
algún beneficio, por el otorgamiento de beneficios es totalmente contrario a la ley,
lo cual si bien es cierto no existe elemento objetivo que permita asumir
válidamente la entrega de numerario alguno, lo cierto es que los sujetos al presente
procedimiento de responsabilidad administrativa exigieron o pidieron sumas de
dinero…"
Asimismo, arguye la demandada a manera de confesión expresa, a foja
7 […] lo siguiente:
"En cuanto a la CONDICIÓN ECONÓMICA del servidor público, resulta
intrascendente al caso particular, que como se ha señalado, en el caso particular
no existe daño objetivo que permita asumir válidamente la entrega de
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numerario alguno, si existen elementos suficientes que acreditan el hecho de
pedir sumas de dinero a cambio de beneficios o asignación d (sic) estos
beneficio (sic)…"
"Por lo que hace al monto del BENEFICIO OBTENIDO y el DAÑO O
PERJUICIO OCASIONADO con la falta, si existe circunstancia que indique
que mediante la conducta del sujeto a procedimiento este (sic) haya pedido un
beneficio, no así que se haya dado, lo cual en estricto derecho y atendiendo a
que 'daño' es toda afectación que sufre una persona en su patrimonio, y
'perjuicio', es la privación de toda ganancia lícita, resulta inaplicable pues al
respecto como se ha señalado no existen datos objetivos que indiquen la
entrega de numerario alguno y por ende no se acredita la afectación al
patrimonio, mucho menos la privación de una ganancia lícita que sería el
perjuicio."
Con lo transcrito, se demuestra que la propia resolutora no tuvo
elementos que le permitan concluir que, por parte del suscrito se actualizara
alguna conducta de las que pretende imputarme la autoridad demandada.
Menos aún, cuando no refiere cuáles elementos de prueba valoró para
sancionar, pues los hechos que se me imputan, antes y en este momento
han sido negados lisa y llanamente. Con lo cual, se actualiza en mi perjuicio
la causal de ilegalidad contenida en la fracción IV, del artículo 302 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del estado, ello porque
los hechos que lo motivaron el procedimiento de responsabilidad
administrativa no se realizaron, por lo cual, se dictó en contravención de las
disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas.
Segundo. La resolución impugnada me sigue causando evidente
agravio, toda vez que actualiza en mi perjuicio la causal de ilegalidad
contenida en la (sic) fracción (sic) II y IV, del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativo del Estado, ello porque no existe
ningún elemento que demuestre o advierta que hubo una valoración de las
supuestas pruebas que motivaron y dieran materia para emitir la resolución
impugnada, ello se afirma así, pues la autoridad con potestad sancionadora
~Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato~, únicamente se limitó a
mencionar la existencia de probanzas que obran en el sumario sin
mencionar ni tomar en consideración ningún elemento que integrara el
expediente de mérito.
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Se afirma lo anterior, pues de la lectura a la resolución impugnada, la
demanda se limita a señalar en el considerando CUARTO, (a foja 5), lo
siguiente:
"Cabe referir que para acreditar las conductas que se atribuyen a los CC.
, y
atenderemos a las probanzas que obran en el sumario que a continuación se
exponen, estableciendo en cada una de ellas los motivos y fundamentos en que
se basa esta autoridad para su justipreciación, estimando que endicha (sic)
valoración de dichas probanzas se estará a los (sic) establecido en el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, vigente al inicio del
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, ordenamiento legal
supletorio de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, conforme a su artículo 39
en tanto no se oponga a la naturaleza del procedimiento que ahora se resuelve."
"VISTO EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE
OBRAN EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y AL RECABAR LA CONTRALORIA
MUNICIPAL LOS ELEMENTOS PROBATORIOS, SE OBTUVIERON ELEMENTOS
CIRCUNSTANCIALES DE MODO, TIEMPO Y LUGAR SOBRE LA MANERA DE
COMO OCURRIERON LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE LOS QUE SE ADVIRTIÓ
LA COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, MATERIA DE ESTE
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR ELLO FUE
QUE SE DETERMINO INSTAURAR LA PRESENTE ACCION DISCIPLINARIA, DE
DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE”.
"Las conductas consistentes en anomalías presentadas en la operatividad de
programas sociales, Fogones Ahorradores de Leña 2010, 2011 y 2012,
programa de apoyo al emprendedor 2001 y 2012, activos productivos
manejados en el área de Desarrollo Rural, derivado de las denuncias
presentadas de manera verbal y escrita por delegados y ciudadanos de las
comunidades rurales".
"POR TANTO EL SUSCRITO CONSIDERA QUE EXISTEN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE
LOS CC: , Y J
; EN ESE ENTONCES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL."
"POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE RESULTA LA (SIC)
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES , Y
".
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En ese contexto, es concluyente que la autoridad demandada no valoró
ninguna pruebas (sic) que obraban en el expediente obviado lo dispuesto en
los artículos 91, 202, 204, 205 y 223 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato, acorde a lo ordenado en el numeral 57 de la
ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ni
siquiera señala cuales (sic) tomo (sic) en consideración para emitir su
determinación.
Es de explorado conocimiento jurídico que el sistema de libre tasación
de pruebas, recogido por (sic) código de procedimiento (sic) civiles reclama
extender las pericias del razonamiento ~obligación a cargo del Presidente
Municipal al momento de resolver ~, porque éste para prescribir si las
pruebas son válidas o no a los efectos pretendidos por el contralor
municipal, estaba ineludiblemente obligado a estudiar una serie de aspectos
concomitantes a ellas, no ceñidos de forma exclusiva a la calidad de la
autoridad sustanciadora, sino extendidos a todo el contexto de lo actuado
por él; de manera que sería la credibilidad que arroje la concatenación de
todos los elementos, de donde dependía el valor de las actuaciones del
contralor , de esta manera al valorar en su conjunto los medios de prueba
que constaban en el expediente de responsabilidad, debió exponer
cuidadosamente los fundamentos de la valoración efectuada.
La valoración de las probanzas debe estar demarcada por la lógica y la
experiencia, así como por el vínculo de ambas, con el fin de que la decisión
sea lo suficiente contundentemente para justificarla y así rechazar la duda y
el margen de subjetividad, situación que no se vislumbra haber ocurrido,
pues no existe conclusión en la que se logre apreciar que la autoridad
demandada en uso de sus facultades y al momento de emitir la resolución
recurrida cumplió tales extremos.
Además, en observancia a los principios de legalidad y seguridad
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que pueda tenerse por acreditada alguna
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito
indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se
adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada
en la Ley, por lo que ante la inexistencia de elementos de prueba aptos,
idóneos bastantes y concluyentes para tener por demostrados todos los
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elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse
que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas
no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad.
A ese respecto vuelvo a señalar, que la demandada hace una confesión
expresa al manifestar en el considerado QUINTO, lo siguiente:
"En cuanto a la GRAVEDAD de la falta…" "…por el otorgamiento de
beneficios es totalmente contrario a la ley, lo cual si bien es cierto no existe
elemento objetivo que permita asumir válidamente la entrega de numerario
alguno…"
De lo que resulta aplicable el Criterio emitido por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado que a la letra se transcribe:
SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PRUEBA DE LOS HECHOS, PARA QUE
PROCEDA UNA.- Por lo que respecta a la mención del artículo 109 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que
“los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente”, es erróneo concluir que el término
autónomamente sea equivalente a una autorización o atribución de competencia
para sancionar, en que llegue a prescindirse de los elementos, procediendo a
sancionar sin haber constatado que en efecto se dieron los hechos en la forma
que se hayan atribuido al servidor; siendo necesario reiterar que no basta con
que se invoquen los elementos doctrinarios que se enuncian con relación al
principio de legalidad, pues es necesario que se aplique éste sin excepción. […]
Tercero. La resolución impugnada incide coetáneamente en las
fracciones IV y V del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues soslayó que en
tratándose de la imposición de sanciones, el principio elemental de
fundamentación y motivación de los actos administrativos, implica la
obligación de las autoridades, de expresar pormenorizadamente los factores
que influyeron en su ánimo sancionador, ponderando las circunstancias
externas de la infracción y las particularidades del infractor.
Bajo este tenor, en los ordenamientos jurídicos de la materia vigentes
en nuestra Entidad Federativa, la potestad sancionadora del poder público,
no implica una libertad absoluta en la fijación de sanciones, pues su arbitrio
se constriñe al resultado de la valoración de los elementos previstos en el
numeral 20 de la Ley de Municipios, mismos que consisten en: a) La
gravedad de la falta; b) La jerarquía del servidor público y su antigüedad en
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el puesto, así como la responsabilidad que estas impliquen; c) La condición
económica del servidor público; d) El monto del beneficio obtenido y el
daño o perjuicio ocasionado con la falta, y e) Las circunstancias de
ejecución de la falta.
Conforme a lo anterior, se afirma que la demandada se encuentra
compelida a pormenorizar los elementos que influyeron en su ánimo para
detener su arbitrio en cierto punto entre el mínimo y el máximo en que
oscila la sanción legalmente prevista, sin que sea suficiente hacer referencia a
ellos, pues es menester que se haga un razonamiento lógico jurídico sobre
cada uno de los criterios, de modo tal que se precise de qué modo fueron
ponderadas por la autoridad, más aun cuando en el caso que nos ocupa me
han impuesto una amonestación (sic).
Así mismo, hay un claro soslayo en mi contra al determinar que mi
conducta resulta subsumible en las fracciones VII y IX del artículo 11 de la
Ley (sic) Responsiva (sic). De igual forma, no se logra apreciar ningún
beneficio para el suscrito de las acciones supuestamente efectuadas.
Por todo esto, al presente concepto de impugnación resultan
coincidentes los Criterios emitidos por este honorable Tribunal de lo
Contencioso Administrativo siguientes:
GRAVEDAD DE LA CONDUCTA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LA. 9. GRAVEDAD DE
LA CONDUCTA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LA. Cuando la autoridad sancionadora
se limita a expresar que se trata de una ―conducta grave‖, no realiza el análisis a
que se encuentra obligada por el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dado que dicha frase se trata
es una expresión subjetiva y omite considerar situaciones objetivas, como
pudiera serlo la afectación a terceros, la intencionalidad, etc., por lo que se
configura en la especie, la casual prevista en la fracción II del artículo 88 de la
Ley de Justicia Administrativa, por omitir requisitos formales que afectan las
defensas de la parte actora. […]
SANCIÓN. ILEGALIDAD DE LA.- Son inatendibles los argumentos de la parte
demandada, en virtud de que no se demostraron los hechos constitutivos de la
infracción, ni tampoco se acreditó la instauración del correspondiente
procedimiento sancionatario, por lo que es ilegal el decomiso ordenado por la
enjuiciadas, por configurarse en la especie la causal prevista en la fracción II del
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artículo 88 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. […]
EX-SERVIDORES PÚBLICOS. SANCIONES APLICABLES. INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS
MUNICIPIOS.- El artículo 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, prevé textualmente que
las sanciones aplicables a ex-servidores públicos serán las de multa e
inhabilitación; sin embargo, esa conjunción no implica que indefectiblemente
deberán aplicarse ambas sanciones para el caso de que se determine la
responsabilidad administrativa a quienes hayan dejado de pertenecer al servicio
público, pues de una revisión de las disposiciones legales aplicables se concluye
que la facultad del órgano de control no sólo radicará en definir el monto de la
multa y la duración temporal de la inhabilitación sino, además, siguiendo lo
previsto en la ley, decidir cuándo se sancionaría con una, con otra o con ambas.
De sostenerse lo contrario, se iría en contra del principio de individualización
de la sanción contenido en el artículo 20 de la citada Ley, al sancionar con las
mismas en todos los procedimientos disciplinarios instaurados a ex-servidores.
[…]
En otra tesitura, pero íntima (sic) relación con la indebida
fundamentación y motivación que priva en la resolución confutada, es
oportuno recordar que la discrecionalidad es la posibilidad que tiene la
autoridad administrativa de dictar un acto dentro de los parámetro que la
Ley aplicable determine, pero esos actos deben respetar y observar en todo
momento la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con la finalidad de que
dicho acto no sea emitido arbitrariamente, considerando que las facultades
discrecionales se establecen para garantizar que la actividad administrativa
sea eficaz conveniente y oportuna, así como acorde a las circunstancias ante
las cuales se dictara el acto con cierto margen de libertad.
Ahora bien, una limitante más, por (sic) en cuanto hace al ejercicio de
las facultades discrecionales es la buena fe, siendo que esta parte de la
confianza debe prevalecer en la actuación administrativa; sin embargo, en el
asunto de mérito, se puede decir que la autoridad actuó de mala fe, al hacer
uso indebido de una facultad discrecional, sin fundar y motivar
adecuadamente su actuación.
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En consecuencia, se corrobora que hubo un desvío de poder, ya que la
demandada al hacer uso de una facultad discrecional no justifico, fundada y
motivadamente, la sanción que excesivamente me fue aplicada, circunstancia
que evidentemente sobrepasa los límites para el ejercicio de una facultad
discrecional. De esta forma se acredita que la autoridad extralimitó su
potestad sancionadora, al valorar las pruebas, individualizar la sanción
incorrectamente concluyendo la responsabilidad administrativa de mi parte,
en consecuencia, la resolución impugnada configura los supuestos de
ilegalidad contenidos en las fracciones IV y V del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios.»
(El destacado con subrayado no es de origen).
Por su parte, el Presidente Municipal de Irapuato, respondió
en su defensa lo siguiente:
«EN CUANTO AL CAPÍTULO DE CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN
PRIMERO.- Es errónea la percepción del actor al manifestar que los
hechos en los que funda su demanda le causan algún agravio ya que la
resolución combatida, fue emitida bajo la norma jurídica establecida y
sustentada como lo he expuesto líneas arriba, en (sic) base al cúmulo de
actuaciones que conforman el expediente sustanciado por el Órgano de
Control Interno, basado en hechos en los cuales quedo demostrada la falta
de cuidado y diligencia en el desempeño de las funciones que como
Coordinador D-1, adscrito a la Dirección de Desarrollo Rural, dentro de la
administración Pública tiene que desempeñar. Luego entonces, al quedar
debidamente acreditada la falta administrativa en la que incurrió la parte
actora, contenida en la fracción I, IV, XIX y XXII del artículo 11 de la
propia Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, le deviene por ende la
resolución respecto de la cual se inconforma.
Cabe hacer mención que de conformidad con la propia Ley de
Responsabilidades […] el suscrito solo (sic) se dedicó a dictar la Resolución
(sic) y no substanciación de dicho procedimiento, lo cual deberá de (sic) ser
tomado en cuenta por este Tribunal al momento de dictar la respectiva
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resolución ya que el ahora actor solo (sic) interpone su demanda en contra
de la Resolución (sic) y no así del Procedimiento (sic) en sí. Dos situaciones
muy distintas, aunque una dependa de la otra.
SEGUNDO.- De igual forma, no le irroga agravio lo manifestado por el
actor en su segundo concepto de impugnación, en razón de que la
resolución de fecha 06 de septiembre de 2012, se emitió de acuerdo a (sic)
lo actuado en dicho proceso y a lo establecido en el dictamen que realizo la
Contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, misma que cumple las
exigencias de formalidad de la que deben estar investidos los actos de
autoridad, como es la debida fundamentación y motivación; y al
desprenderse que lo único que realiza el actor material son meras
apreciaciones subjetivas, las mismas deberán ser desatendidas, pues como
podrá observar, del contenido de la resolución, está plasmado en forma
categórica la fracción infringida y consecuencia legal, que fue la sanción
impuesta en dicha resolución, contenida en el resultando Tercero,
considerando cuarto y quinto.
TERCERO.- El correlativo que se contesta, tampoco le depara agravio al
actor, en razón de que en la resolución impugnada, sí se realizó la valoración
de las pruebas ofrecidas, lo cual podrá corroborarse con el contenido de
dicha resolución, específicamente en considerando (sic) cuarto y quinto de
la misma, por ello deviene infundado el agravio esgrimido por el actor en
dicho apartado.
A efecto de desvirtuar lo manifestado por la actora, la resolución
cumple con lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y lo fundamental
consignado en el artículo 16 de la Carta Magna y requisito mínimo del acto
administrativo, que los actos sean emitidos por la (sic) competente para ello,
señalando el fundamento legal que da atribuciones a la autoridad para emitir
su acto, citando de manera correcta el precepto legal, fracción, inciso,
subinciso o transcribiendo el apartado correspondiente que legitime su
actuación.
Así como la Tesis Jurisprudencial, publicada en el informe rendido por
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro
y texto siguiente:
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COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EL MANDAMIENTO
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARIDADES DEBE
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. […]
No obstante lo anterior, el actor pretende equiparar un procedimiento
de responsabilidad netamente administrativa con un proceso penal, pues es
de explorado derecho que regulan conductas punitivas distintas, luego
entonces, el hecho de que un Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa sustanciado ante Contraloría Municipal, no implica que los
argumentos lógicos jurídicos que conllevaron a determinar que
, resultó aplicarle la sanción consistente en la
INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS. Lo anterior, en razón de que la norma legal
que rige el actuar de los servidores públicos es la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, como lo dispone el artículo 1 que reza: […]
Bajo este tenor, es evidente que el actor pretende la nulidad de la
impugnada, sin fundamento legal alguno, Por (sic) lo tanto, el suscrito solo
emitió dicha resolución de acuerdo a las actuaciones que constituyen el
expediente sustanciado por el Órgano de Control Interno, en contra de la
parte actora material, y a lo establecido por el dictamen que realizo la
Contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, considerando que de
acuerdo a dicha investigación y determinación todo funcionario público
debe cumplir diligentemente con su obligación, es decir, debe realizar todo
lo necesario para que el trabajo que de acuerdo a sus facultades debe realizar
sea apegado a derecho, ya que el actor cuando se sustanció el Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa en su contra no desvirtuó los hechos
imputados en su contra, por lo que dicha determinación se realiza en (sic)
base a lo que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado y sus Municipios señala y no a cuestiones
subjetivas, como en el caso particular efectuó el actor. La afirmación
anterior, se realiza en virtud de que tanto en la parte de resultandos,
considerandos y resolutivos se contienen con precisión las normas
infringidas por el actor material, que derivaron en el inicio del
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procedimiento y en la resolución que concluye imponiéndole la sanción que
ameritó su conducta, conforme a las probanzas especificadas y valoradas en
la resolución impugnada. Apoya lo anterior en siguiente criterio del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
8.- PRINCIPIOS RECTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- El procedimiento
disciplinario de nuestra Entidad se rige, entre otros, por los principios de
reserva de ley y de tipicidad, originalmente concebidos dentro de la materia
penal, pero que resultan aplicables, dada la identidad ontológica que tiene con
dicha rama jurídica, al ser ambas expresiones de la potestad sancionadora del
Estado. De ahí que el legislador deba definir y describir dentro de la norma los
elementos constitutivos de las infracciones administrativas y las sanciones
aplicables, mientras que el poder ejecutivo habrá de ceñirse a lo expresamente
dispuesto en el texto de la ley, quedando prohibido en consecuencia fincar
responsabilidad administrativa a los servidores públicos, por interpretación
analógica o por mayoría de razón, conforme al principio nullum crimen sine lege y
nulla poena sine lege, que apunta al respeto de la garantía constitucional de exacta
aplicación de la ley, recogida por los artículos 14, párrafo tercero, y 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el
artículo 135 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. […]
Bajo ésta tesitura, y máxime que el acto impugnado se encuentra
debidamente fundado y motivado, por el correcto estudio que al efecto se
realizó sobre el caso en particular, por las argumentaciones y
fundamentaciones vertidas en la resolución de referencia, resultan
totalmente improcedentes las pretensiones del actor, pues de manera dolosa
acude a este Honorable Sala con el solo objetivo de evitar asumir la sanción
a la cual se hizo acreedor por las conductas de omisión en cumplir con
probidad sus funciones y que claramente obran en las actuaciones que
integran el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa instaurado en
su contra, motivo por el cual solicito desde estos momentos que a efecto de
mejor proveer y en aras de que cuente con los elementos suficientes para
determinar la validez del acto impugnado (sic).»
Con esta cita concluye el planteamiento de la materia de
controversia del proceso, a cuyo análisis se procede a continuación.
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Quinta. Le asiste la razón al impetrante, pues de la sola lectura
de la resolución materia de debate –consultable de fojas 12 doce a 20
veinte del expediente original- claramente se advierte la indebida
fundamentación y motivación con la cual fue dictada.
Se afirma lo anterior porque la autoridad demandada, a efecto
de imponer al actor la sanción administrativa consistente en la
inhabilitación de dos años para volver a ejercer un empleo, cargo o
comisión públicos, se limitó a señalar lo siguiente:
«CUARTO.- Ahora bien, del estudio de las conductas que
presumiblemente fueron (sic) en contravención a las obligaciones y deberes
de los servidores públicos sujetos al presente Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, y que se encuentran previstas por el artículo
11 fracciones I, IV, XIX y XXII y artículo 12 fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, las cuales literalmente establecen:
[…]
"Y por lo que respecta al otro incoado derivado de la denuncia de la C.
, de la Comunidad Rivera de Guadalupe, la cual
recibió el apoyo a través del programa social 'Emprendedores 2011', el
equipamiento para proyecto cocina económica, el cual la primera aportación
fue de $ […] del porcentaje que correspondía y así mismo le solicitó
y exigió aparte la cantidad de $ […] para que se lo entregara a la
Ingeniero (sic) , quien fue quien elaboró el proyecto
y el apoyo le saliera favorable, obteniendo así un beneficio propio,
aprovechándose de su cargo y/o comisión que tenía encomendada en ese
momento, por lo que se desprende presunta responsabilidad administrativa
grave en su actuar como servidor público y se señala como presunto
responsable al C. , en ese entonces
Coordinador D-1,en la Dirección de Desarrollo Rural, adscrito a la Dirección
de Desarrollo Social y Humano". […]
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Cabe referir que para acreditar las conductas que se atribuyen a los CC.
, […] y […] atenderemos a las probanzas que obran en
el sumario y que a continuación se exponen, estableciendo en cada una de
ellas los motivos y fundamentos en que se basa esta autoridad para su
justipreciación, estimando pertinente señalar que en la valoración de dichas
pruebas se estará a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Guanajuato, vigente en el momento del inicio del Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa, ordenamiento legal supletorio de la Ley
de Responsabilidades Administrativas […] conforme a su artículo 39 […]
VISTO EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS QUE
OBRAN EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y AL RECABAR LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL LOS ELEMENTOS PROBATORIOS, SE OBTUVIERON ELEMENTOS
CIRCUNSTANCIALES DE MODO, TIEMPO Y LUGAR SOBRE LA MANERA DE CÓMO
OCURRIERON LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE LOS QUE SE ADVIRTIO (sic) LA
COMISION (sic) DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, MATERIA DE ESTE
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, POR ELLO FUE
QUE SE DETERMINO (sic) INSTAURAR LA PRESENTE ACCIÓN DISCIPLINARIA,
DE DONDE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE.
Las conductas consistentes en anomalías presentadas en la operatividad
de programas sociales, Fogones Ahorradores de Leña 2010, 2011 y 2012,
programa de apoyo al emprendedor 2011 y 2012, activos productivos
manejados en el área de Desarrollo Rural, derivado de las denuncias
presentadas de manera verbal y escrita por delegados y ciudadanos de la (sic)
comunidades rurales.
POR LO TANTO EL SUSCRITO CONSIDERA QUE EXISTEN ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE
LOS CC. […], […] Y ; EN ESE ENTONCES
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LE RESULTA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA A LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES […]
.
QUINTO.- Establecida como ha quedado la responsabilidad
administrativa de los CC […], […] y resulta
procedente individualizar la sanción a la que se harán acreedores,
atendiendo para ello a los criterios previstos por el artículo 20 de la Ley
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de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato y sus Municipios mismo que refiere: […]
I. En cuanto a la GRAVEDAD de la falta; es de referir que a
consideración del suscrito es importante el no pasar por (sic) desapercibida la
conducta reprochable ya que en el momento de pedir algún beneficio, por el
otorgamiento de beneficios es totalmente contrario a la ley, lo cual si bien es
cierto no existe elemento objetivo que permita asumir válidamente la entrega
de numerario alguno, lo cierto es que los sujetos al presente procedimiento de
responsabilidad administrativa exigieron o pidieron sumas de dinero, bajo la
premisa de obtener un beneficio a cambio por parte del municipio, ya sea
mediante la realización de obras o asignación de recursos para la generación
de servicios , conducta que no puede ni debe pasar por desapercibida y que
por ende debe sancionarse mediante le presente procedimiento.
II. En cuanto a la JERARQUÍA del servidor público y su
ANTIGÜEDAD en el puesto, así como la responsabilidad que éstas impliquen,
en relación a este punto si (sic) se debe puntualizar que los CC. […], […] Y
(sic) ocupan el cargo de […] y Coordinador
D-1 de la Dirección de Desarrollo Rural respectivamente, cargos que
implican una mayor responsabilidad.
III. En cuanto a la CONDICIÓN ECONÓMICA del servidor público,
resulta intrascendente al caso particular, que como se ha señalado, en el caso
particular no existe dato objetivo que permita asumir válidamente la entrega
de numerario, si (sic) existen elementos suficientes que acreditan el hecho de
pedir sumas de dinero a cambio de beneficios o asignación de estos
beneficios.
IV. Por lo que hace al monto del BENEFICIO OBTENIDO y el DAÑO
O PERJUICIO OCASIONADO con la falta, si (sic) existe circunstancia que
indique que mediante la conducta del sujeto a procedimiento este haya pedido
un beneficio, no así que se haya dado, lo cual en estricto derecho y
atendiendo a que "daño", es la afectación que sufre una persona en su
patrimonio, y "perjuicio", es la privación de toda ganancia licita (sic), resulta
inaplicable pues al respecto como se ha señalado no existen datos objetivos
que indiquen la entrega de numerario alguno y por ende no se acredita la
afectación al patrimonio, mucho menos la privación de una ganancia licita
(sic) que sería el perjuicio.
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V. Finalmente y en cuanto a las CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN
de la falta, y tomando en cuenta la naturaleza propia de la conducta, la cual
para su ejecución exige necesariamente la conciencia del hecho perjudicial o
nocivo, circunstancia que se toma en consideración para la individualización
de la sanción.
En las relatadas consideraciones, toda vez que de los criterios en estudio
sólo operan como atenuante la gravedad y el relativo al monto del beneficio
obtenido y el daño o perjuicio ocasionado con la falta, resulta congruente
imponer a los CC. […], […] y , con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 22, fracción III, en relación con el artículo 18,
todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios , se determina como
sanción de naturaleza administrativa la consistente en (sic) respecto a los CC.
[…], […] y , Inhabilitación de 2 dos años para
volver a ejercer un empleo, cargo o comisión público, por haber transgredido
con su actuar lo establecido en el artículo 11 fracciones I, IV, XIX y XXII y
artículo 12 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
[…]».
(El destacado con subrayado es adicional).
De forma previa a resolver el fondo de la controversia, es de
precisarse que el señalamiento de la autoridad demandada en cuanto a
que el actor atacó únicamente la resolución –y no expresamente la
secuela procedimental del que deriva– no resulta un impedimento para
el estudio de la resolución impugnada, habida cuenta de que proviene
de un procedimiento seguido en forma de juicio. Por tal motivo, las
violaciones que en su caso se hubieran cometido dentro del mismo
pueden ser combatidas en la presente causa al atacar la resolución
correspondiente sin que haya lugar a la división de una y otra actuación
administrativa, lo anterior de acuerdo con la tesis que, por analogía con
el tema, se cita a continuación:
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PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR
AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO
SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO
COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES
CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU
RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL
PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos
dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es
que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva,
ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de
las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la
expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha
Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de
ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus
artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el
segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que
cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de
juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe
interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de
juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una
controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos
en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva,
aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si
en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de
aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación
literal de dicho párrafo.1
1 Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 22/2003; sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, glosada en la Novena Época del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta; Tomo XVII de abril de 2003; página 196. Con registro número
184435.
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Delimitado lo anterior, y retomando la parte anteriormente
transcrita de la resolución combatida, se advierte claramente que la
autoridad demandada, a fin de tener por acreditado el
incumplimiento de las obligaciones del impetrante y, por ende, la
actualización una responsabilidad administrativa, consideró lisa y
llanamente el cúmulo de constancias y elementos probatorios
recabados por la Contraloría Municipal.
Y si bien tal situación –hacer suyas las constancias y los
elementos probatorios recabados por una autoridad diversa- no se
encuentra prohibida por la normativa de la materia, lo cierto es que
soslayó en perjuicio del actor las reglas de valoración de la prueba
contenidas en los numerales 91, 202, 204, 205 y 223 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, circunstancia que en
forma alguna se encuentra legalmente permitida dado que de
conformidad a lo dispuesto en el ordinal 2 de la Constitución Política para
el Estado de Guanajuato la autoridad únicamente puede hacer lo que la
Ley le permite.
Lo anterior se corrobora, porque la autoridad enjuiciada omitió
detallar con toda exactitud las probanzas que –a su juicio- recabó el
Contralor Municipal, así como tampoco señaló -del cúmulo- cuáles
fueron las que tomó en consideración para arribar a la determinación
de existencia de la falta cometida y su particular subsunción dentro de
cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 11, fracciones I,
IV, XIX y XXII con relación al numeral 12, fracción I, todos ellos de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
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Ello con mayor razón si se observa que la impetrada no
estableció argumento lógico jurídico ni fundamento alguno que
evidenciaran una real valoración de pruebas.
En efecto, la autoridad omitió expresar con toda precisión los
factores que ponderó así como su debida valoración, a fin de poder
establecer cómo fue que concatenó las circunstancias que le sirvieron
de base para poder decidir que el actor solicitó cierta cantidad de
dinero a cambio de otorgar un beneficio brindado en su calidad de
servidor público.
De manera que, en los términos en que la autoridad arribó a la
conclusión de que el actor actualizó una falta administrativa y que
además era responsable por ello, es dable colegir la ilegalidad con la
que se condujo, pues previo a la imposición de una sanción, el
Presidente Municipal estaba obligado a constatar a través de los
diversos medios de prueba aportados por las partes que efectivamente
se realizaron los hechos en la forma en que fueron atribuidos al actor,
pues sólo a partir de los hechos probados, puede generarse certeza
plena de la responsabilidad del infractor, más aún si se toma en cuenta
que se le atribuyeron al hoy justiciable no sólo una, sino diversas
conductas.
Dado lo anterior, resulta insuficiente que la encausada se
limitara a señalar que tuvo a la vista elementos probatorios –sin
especificar a cuáles se refiere- y que de ellos advirtió la existencia de la
comisión de faltas administrativas por parte del hoy actor, así como la
acreditación de su responsabilidad en la actualización de las mismas.
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Tampoco basta que la impetrada asevere lisa y llanamente que
con su conducta el actor contravino lo dispuesto en los ordinales 11
fracciones I, IV, XIX y XXII, y 12 fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, sino que era menester –además- que
precisara cómo estableció la adecuación entre los motivos aducidos y las
normas legales aplicadas; esto es, que en el caso concreto se actualizaron todas y
cada una de las hipótesis normativas invocadas, situación que en la especie no
aconteció.
En ese sentido, si no se encuentran plenamente acreditadas las
conductas imputadas al accionante, no existe justificación legal alguna
para que la enjuiciada haya determinado que incumplió con lo
dispuesto en las fracciones I, IV, XIX y XXII del artículo 11, y 12
fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y menos aún,
sancionarle por faltas administrativas cuya existencia no demostró.
De esta manera, quedó demostrado que la autoridad encausada,
al emitir la resolución controvertida partió de hechos inexistentes,
situación que provocó que se dictara en contravención de las
disposiciones aplicadas, dejando de emplear las disposiciones de ley
conducentes.
Lo anterior se traduce en una indebida fundamentación y
motivación de la misma, a la luz de la jurisprudencia que se cita a
continuación:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO
EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.
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Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de
manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para
dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que
pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y
motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto
reclamado es violatorio de garantías.2
De aquí que resulte fundado el primer concepto de
impugnación establecido por el actor en su escrito de demanda.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que el justiciable negó
la existencia de las imputaciones que le hizo la autoridad y que –a
juicio de ésta- motivaron el incumplimiento de sus deberes, dando
lugar a una responsabilidad administrativa, revirtiendo la carga de la
prueba a la demandada de conformidad a lo preceptuado en el artículo
47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, que a la letra reza:
Artículo 47. Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo,
las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven
cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa
implique la afirmación de otro hecho.
En efecto, correspondía a la enjuiciada –al no implicar la
negativa del actor la afirmación de otro hecho- demostrar con las
pruebas idóneas para tal efecto, las causas por las cuales procedía su
inhabilitación.
2 Tesis: VI.2o. J/123. Novena Época. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, página: 660.
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Situación que en la especie no aconteció, toda vez que la
autoridad encausada se limitó a referir simplemente que con las
constancias que integraron el expediente de responsabilidad
administrativa CM-QPRA-016-12 se tuvo por acreditada una
responsabilidad administrativa a cargo del actor.
Empero, si tomamos en cuenta que la fundamentación implica
la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto, señalando la
fracción, inciso o párrafo en la que se encuentre contenida dicha
norma; y la motivación alude razonamiento inherente a las
circunstancias de hecho contenidas en el texto del acto, para establecer
la adecuación de la conducta del gobernado en el supuesto jurídico
establecido por la norma, resulta claro que en la resolución impugnada
se debió expresar con claridad -en principio- la cita del ordenamiento
legal correspondiente al precepto que se consideró actualizado con el
actuar del actor –precisando con exactitud el apartado, párrafo,
fracción o fracciones, incisos o sub-incisos que en la especie resultaron
aplicables-.
Asimismo, debió enunciar las circunstancias de hecho que
describieran las conductas realizadas u omitidas por el particular y que
las mismas se encuadraran perfectamente en las hipótesis normativas
aplicables.
Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido
por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor
literal siguiente:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS
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ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en
comento previene que nadie puede ser molestado en su persona,
propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando
de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al
mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para
poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es
necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén
aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se
encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos,
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que
otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en
agravio del gobernado.3
Sin embargo, la autoridad demandada se limitó a invocar
disposiciones legales por cierto inaplicables al actor al no existir prueba
fehaciente de los hechos, con las cuales intentó justificar su proceder.
De igual forma, y como ha quedado establecido anteriormente,
omitió externar los argumentos lógico-jurídicos que le permitieron
3 Tesis: VI. 2o. J/248. Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, página 43. Con registro 216534.
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arribar a la conclusión de que el hoy actor no cumplió diligentemente y
con probidad las funciones propias de su cargo, ni cuidó y usó los
recursos públicos con probidad y en la forma prevista en los
ordenamientos legales, que tampoco se abstuvo de realizar un acto u
omisión que causara la suspensión o deficiencia del servicio público y
que –además- solicitó, exigió o recibió prestaciones, servicios, dinero o
cualquier otro bien aprovechándose de su cargo público, más aún, que
dichas conductas se encuentran sancionadas por la normativa vigente.
Tampoco estableció las consideraciones de hecho que le
llevaron a decidir que con tales situaciones el hoy actor incumplió con
las obligaciones previstas en las fracciones I, IV, XIX y XXII del
artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, pues del texto de la
resolución controvertida no se advierten las circunstancias, razones
especiales o causas inmediatas que le sirvieron de base para arribar a
tan arbitraria conclusión.
Sirve de apoyo al respecto, el criterio contenido en la tesis
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA
MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA,
TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU
ASPECTO MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. La
motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que,
además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular.
Así, puede actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de
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razones impide conocer los criterios fundamentales de la decisión al
expresar ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de
intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que
impida defenderse, o una irregularidad en el aspecto material, que si bien
permite al afectado impugnar tales razonamientos, éstos resultan exiguos
para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la
autoridad en la decisión administrativa. Por otra parte, puede configurarse
también una indebida motivación, cuando las razones de la decisión
administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los
hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente, es
decir, no hay justificación de la actuación que sea acorde con los hechos
apreciados. En ese tenor, una motivación que no considera la totalidad de
los elementos para decidir o aprecia equivocadamente los hechos, aunque
permita al particular cuestionar tal insuficiencia en juicio, trasciende en una
indebida motivación en su aspecto material o de contenido; lo anterior se
actualiza cuando una resolución en materia de responsabilidades de los
servidores públicos determina imponer una sanción sin especificar ni aplicar
la totalidad de las causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el
punto de vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita),
como del subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente; es
decir, a las características propias del servidor público, circunstancia que
deriva en una motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente,
aunque se haya permitido cuestionarla en juicio, trasciende en una indebida
motivación en su aspecto material, porque fue emitida expresando
insuficientes argumentos, en cuanto no se consideró la totalidad de
elementos de juicio y los hechos se apreciaron equivocadamente, razón por
la cual, el vicio de ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa y llana,
previsto en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005.4
4 Tesis: I.4o.A.538 A. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XXIV, Septiembre de 2006, página 1532. Con registro 174179.
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Mayormente porque -tal y como lo adujo el justiciable- la
impetrada no realizó una valoración ni ponderación de las probanzas
obrantes en el procedimiento disciplinario, pues las limitadas
manifestaciones de la autoridad demandada resultaron insuficientes
para tener por demostradas las conductas atribuidas, y más aún exiguas
para tener por acreditada plenamente la responsabilidad del hoy
accionante, por lo que no se encuentra cubierto en este caso el
principio de tipicidad que impera en materia de responsabilidad
administrativa.
Para mayor abundamiento, resulta oportuno citar la tesis
jurisprudencial P./J. 100/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIV de agosto de 2006, página 1667,
que a la letra dice:
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE
REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El
principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo
duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como
una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras,
dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación
inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia
de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las
conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe
afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar
de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y
significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad
de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que
lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la
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norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el
derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y
dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios
del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio
de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo
a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta
por analogía o por mayoría de razón.
En ese sentido, era indispensable que la enjuiciada le señalara –al
impetrante- con toda exactitud, las hipótesis normativas que
establecieran las conductas que le atribuyó, con la finalidad de
brindarle certeza jurídica y respetarle su derecho de alegar lo que a su
interés conviniese; situación que en el caso particular no sucedió.
De esta forma, resulta inconcuso que las referencias y los
dispositivos normativos asentados en la resolución materia de la
presente impugnación, de ninguna manera reflejaron certeza al
justiciable, menos aún la adecuada motivación que debe prevalecer en
todo acto de autoridad; pues en esas condiciones no es dable inferirse
la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables,
además de que no obra prueba alguna en el expediente en que se actúa
que acredite las conductas que le fueron imputadas a la accionante.
Se afirma lo anterior, porque no obstante que obran en el
sumario las copias certificadas de diversos escritos privados, que si
bien no fueron objetados en cuanto a la autenticidad de su contenido y
firma, lo cierto es que únicamente revisten valor probatorio para
acreditar que existen sus originales pero en similares términos, acorde a
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lo establecido en el ordinal 123 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En efecto, los escritos de denuncia de los particulares
únicamente generan convicción de que diversos ciudadanos hicieron
del conocimiento los hechos que en ellos se consignan, pero de
ninguna manera constituirán prueba fehaciente de que los mismos
hayan acontecido en los términos en que fueron aseverados por sus
autores, de conformidad a lo estipulado en las piezas articulares 81,
117, 123, 124 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
De aquí que igualmente resulten fundados el Segundo y
Tercero conceptos de impugnación en estudio, dado que igualmente la
encausada omitió realizar una debida individualización de la sanción,
pues del texto de la resolución debatida no se aprecia el estudio y
ponderación de cada uno de los criterios previstos en el numeral 20 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios, que le permitieran decidir que la
inhabilitación era la sanción que correspondía al justiciable y no una
diversa, o en su defecto, que resultara absuelta de toda responsabilidad
administrativa.
En ese contexto es dable concluir, que le asiste la razón al
impetrante, dado que la resolución que por esta vía se combate reviste
indebida fundamentación y motivación, lo cual se traduce en un vicio
de fondo, al no cumplirse con el elemento de validez del acto
administrativo contenido en la fracción VI del artículo 137 del Código de
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Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Lo anterior, a la luz de la Jurisprudencia número I.30.C. J/47,
correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII,
Febrero de 2008, Página 1964, bajo la voz:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA
ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE
AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL
ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La
falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la
indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una
violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la
existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe
hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece,
en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención
al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de
autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal
aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que
el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En
cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las características específicas de éste que
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero
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aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y
motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que
la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un
desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos,
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo
que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado,
procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en
una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del
contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada
incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente
diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea,
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la
fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que
aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso
se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que,
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y
motivación, esto es, de la violación material o de fondo.
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Por lo tanto, al haber controvertido el actor la resolución
combatida, y quedar demostrado que adolece de una indebida
fundamentación y motivación, es dable concluir la ilegalidad con que
fue emitida.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, es procedente decretar la nulidad
total de la resolución de fecha 6 seis de septiembre de 2013 dos mil
trece, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad
administrativa número CM-DQPRA-016-12, mediante la cual se
determinó la sanción de inhabilitación en contra de
, al actualizarse las causales de ilegalidad previstas en las
fracciones II y IV del diverso numeral 302 del propio Código.
Sexta. Además de la acción de nulidad, el actor ejerció la de
reconocimiento de un derecho para que se determine la inexistencia de
responsabilidad administrativa de su parte, y la diversa de condena de
la autoridad para que se abstenga de inscribirlo en el Registro
Municipal de Antecedentes disciplinarios, o bien, para que realice las
gestiones necesarias a fin de que se elimine la inscripción de la sanción
en caso de haberla registrado.
Al respecto, esta Sala considera que al haberse declarado la
nulidad total de la resolución impugnada dada la omisión del elemento
de validez previsto en la fracción VI del artículo 137 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, resultan procedentes en los términos peticionados por
la justiciable. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las
fracciones II y III del artículo 255 del mismo ordenamiento.
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Igualmente, conforme al Criterio emitido por el Pleno de este
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, visible en el boletín de
Criterios 2003–2004, -que si bien se refiere a la abrogada Ley de
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato–, cobra
aplicación por analogía en cuanto al tema en estudio– que dicta:
ACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES II Y III DEL
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE
GUANAJUATO. NATURALEZA ACCESORIA DE LAS.- De las tres
acciones precisadas en el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de
Guanajuato, la correspondiente a la fracción I resulta ser principal respecto
a las de reconocimiento de un derecho e indemnización de daños y
perjuicios contemplados en las restantes fracciones. Ello es así, porque para
hacer procedentes las accesorias o secundarias (fracciones II y III del
numeral en cuestión) se requiere inexorablemente la declaratoria de nulidad
de un acto o resolución. Ahora bien, habiendo prosperado ésta, puede
conllevar ello al reconocimiento de un derecho amparado en una norma
jurídica y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento e incluso la
indemnización por daños y perjuicios causados por el acto demandado que
fue declarado nulo; de tal suerte que de reconocerse la validez del acto
reclamado, por encontrarse apegado a derecho, es incuestionable que las
restantes acciones perderían su razón de ser.». (Toca 55/03. Recurso de
reclamación promovido por Ricardo Sánchez Acebedo e Isidro Sánchez
Rangel. Resolución de fecha 13 de agosto de 2003).
Así, esta Sala resolutora determina la inexistencia de
responsabilidad administrativa alguna derivada de la resolución
anteriormente anulada sobre las conductas que ilegalmente le fueron
atribuidas, conforme a lo expresado en el Considerando Quinto de
esta sentencia.
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Respecto de la cancelación solicitada de la inscripción de la
sanción se precisa, que al no obrar constancia fehaciente en el
expediente que demuestre su registro, se conmina a la autoridad
emplazada para que se abstenga de realizar la inscripción de la
inhabilitación hoy anulada, y sólo para el supuesto de que a la fecha se
haya registrado, se ordena a la autoridad para que realice las gestiones
necesarias a efecto de que se cancele su inscripción.
Por lo tanto, el Presidente Municipal demandado deberá
acreditar de manera fehaciente con las pruebas idóneas lo precisado en
el párrafo que precede, a fin de tenerle por cumpliendo cabalmente
con la sentencia que se dicta.
Debiendo la autoridad enjuiciada informar sobre el
cumplimiento otorgado a la condena a que quedó compelida, en un
término de quince días hábiles contados a partir de aquél en que cause
ejecutoria esta sentencia, según lo dispuesto en el artículo 322 Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Con base en lo anteriormente expuesto y en Derecho
fundamentado se:
RESUELVE
Primero. Esta Sala resultó competente para tramitar y resolver
el proceso administrativo 1246/1ª Sala/13, de conformidad con lo
asentado en la consideración Primera.
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Segundo. No se sobresee el proceso por las razones expuestas
en el la consideración Tercera.
Tercero. Se declara la nulidad total de la resolución
impugnada, de acuerdo con los motivos y fundamentos expuestos en
la Consideración Quinta.
Cuarta. Ha lugar al reconocimiento de los derechos solicitados
por el actor, de acuerdo con lo asentado en la Consideración Sexta.
Notifíquese.
En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente
como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Registro de esta
Primera Sala.
Así lo resolvió y firma el doctor ,
Magistrado Propietario de la Primera Sala, quien actúa asistido en
forma legal de la licenciada , Secretaria de
Estudio y Cuenta, que da fe.
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PROCESO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 1319/4ª.Sala/13 PROMOVENTE:
MAGISTRADO:
. PROYECTISTA:
.
Guanajuato, Guanajuato, 01 (uno) de abril de 2014
(dos mil catorce).
V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del
Proceso Contencioso Administrativo expediente
1319/4ª.Sala/13, radicado en esta Cuarta Sala y;
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Que mediante escrito presentado y recibido
en la Secretaria General de Acuerdos de este H. Tribunal el
28 (veintiocho) de octubre de 2013 (dos mil trece); y turnado
a esta Cuarta Sala en la misma fecha, compareció el
ciudadano , por su propio
derecho promoviendo proceso administrativo, demandado la
nulidad contra el acto y las autoridades que a continuación se
señalan:
AUTORIDADES DEMANDADAS:
a) El Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato;
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b) Dirección de Quejas, Denuncias y Sugerencias de la
Contraloría Municipal de Irapuato Guanajuato, y
c) Contraloría Municipal de Irapuato Guanajuato.
ACTO IMPUGNADO:
La resolución dictada dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa CM-DQ-PRA-012-10 y
sus acumulados CM-DQ-PRA-008-10 y CM-DQ-PRA-
010-10, emitida por el Presidente Municipal de
Irapuato, Guanajuato, de fecha 27 (veintisiete) de
agosto de 2013 (dos mil trece), en la que se le impone
al actor la sanción de inhabilitación hasta por un año,
por supuestas irregularidades en las funciones que
desempeñaba como Coordinador General de
Administración Interna.
Acciones accesorias intentadas. Asimismo, la
promovente pretende el reconocimiento de su derecho,
para que:
a) Las autoridades omitan hacer efectiva la sanción de
inhabilitación por un año que se me impone en el
procedimiento CM-DQ-PRA-012-10 y sus acumulados
CM-DQ-PRA-008-10 y CM-DQ-PRA-010-10;
b) Como consecuencia de lo anterior y habiendo quedado
sin efectos la resolución impugnada, se dicte otra
donde se determine la NO EXISTENCIA de
responsabilidad por parte del suscrito, y en
consecuencia, la NO INHABILITACIÓN a que se me
condena;
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c) Asimismo, se conmine a la demandada para que
realice las gestiones necesarias a fin de que se elimine
la inscripción correspondiente en el registro municipal
de antecedentes disciplinarios.
d) El reconocimiento a la declaratoria de prescripción
instaurada al suscrito.
SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de 29
(veintinueve) de octubre de 2013 (dos mil trece), se admitió a
trámite la demanda y se ordenó correr traslado de la misma y
de sus anexos, a la autoridad demandada el C. Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato, para que de contestación
dentro del término legal. Asimismo, se acordó respecto a las
autoridades demandadas Dirección de Quejas y sugerencias
de la Contraloría Municipal y Contraloría Municipal de
Irapuato, Guanajuato, sobre tal acto no se actualiza en la
especie el presupuesto señalado en el artículo 20 fracción III
de la Ley Orgánica del tribunal de lo Contencioso
administrativo del estado de Guanajuato, dado que se trata
de actos intraprocesales que no ponen fin al mismo, por lo
tanto no constituyen resoluciones definitivas, lo que implica
que el proceso contencioso administrativo se hace
improcedente.
TERCERO. Que por proveído de 27 (veintisiete) de
noviembre de 2013 (dos mil trece), se tuvo a la autoridad
demandada por dando contestación al escrito inicial de
demanda, en tiempo y forma, en los términos de su escrito
exhibido.
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P. A. 1319/4ª Sala/13
CUARTO. Por proveído de 13 (trece) de diciembre de
2013 (dos mil trece), se tuvo a la Contraloría Municipal de
Irapuato, Guanajuato, por remitiendo copia certificada del
procedimiento de responsabilidad administrativa CM-DQ-
PRA-012-10 y sus acumulados CM-DQ-PRA-008-10 y CM-
DQ-PRA-010-10. Procediéndose además a señalar fecha y
hora para la celebración de la AUDIENCIA DE ALEGATOS,
misma que tuvo verificativo sin la presencia de las partes, no
obstante que fueron legalmente citadas y notificadas a la
misma. No haciendo uso de su derecho ninguna de las
partes de formular apuntes de alegatos por escrito, y;
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Que está Cuarta Sala del H.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, es
competente para conocer y resolver el presente proceso
contencioso administrativo. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 20, fracciones III y X de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, publicada en el Periódico Oficial número 192 del 30
de noviembre del 2007, Segunda Parte, que previene:
«Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer, en
primera instancia, de los procesos administrativos que se
promuevan en contra de:(...)
III.- Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios (...)
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X.- Los demás actos y resoluciones que señalen las
disposiciones legales...».
En relación con lo establecido por el artículo 243
segundo párrafo de la nueva Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, publicada mediante Decreto número
278, de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Guanajuato, publicado el 11 (once) de
septiembre de 2012 (dos mil doce), mediante el cual, entró
en vigor el 15 (quince) de septiembre de 2012 (dos mil doce);
que reza:
«Artículo 243. (...) Los actos y resoluciones administrativas
dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y
entidades de la administración pública municipal podrán ser
impugnados optativamente ante los juzgados administrativos
municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción
ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el
mismo acto...».
Y por su parte, el numeral 61 sesenta y uno de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
establece que:
«La resolución en la que se imponga una sanción podrá
impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
tratándose de servidores públicos adscritos a la administración
pública estatal o municipal, en los términos de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato.».
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Por lo que, de los preceptos legales anteriormente
transcritos, evidentemente se desprende que este H. Tribunal
tiene competencia para conocer de la ilegalidad de las
resoluciones en que se impone sanciones administrativas a
los servidores públicos del Estado o de los Municipios.
Pues se impugna como acto la resolución dictada
dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa
CM-DQ-PRA-012-10 y acumulados CM-DQ-PRA-008-10 CM-
DQ-PRA-010-10, de 27 (veintisiete) de agosto de 2013 (dos
mil trece), por el Presidente del Municipio de Irapuato,
Guanajuato, mediante la cual determina imponer al actora
como sanción administrativa la de Inhabilitación hasta por un
año, por supuestas irregularidades en las funciones que
desempeñaba como Coordinador General de Administración
Interna.
SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. Que la
referencia y existencia de la resolución impugnada se
encuentra debidamente acreditado en autos, atento al medio
de prueba aportado por la parte actora, como se constata a
fojas 39 a 47 del sumario, así como por el reconocimiento
expreso de su existencia por la autoridad demandada al dar
contestación a la demanda.
TERCERO. Narración sucinta de los conceptos de
impugnación. Este Juzgador estima precisar
sustancialmente lo que las partes expresaron en sus
respectivos escritos y así tenemos que la parte actora
señala:
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«PRIMERO.- Me causa agravio la resolución de fecha 27
veintisiete de agosto de 2013, ya que la autoridad demandada
no toma en consideración que el procedimiento de
responsabilidad administrativa CM-DQ-PRA-012-010 y sus
acumulados CM-DQ-PRA-008-010 y CM-DQ-PRA-010-010, se
encontraba caducado, esto resulta así, pues como se
desprende de autos y de la propia ley de la materia aplicable,
dicho procedimiento quedo sin impulso procesal, por más de 120
días. Lo anterior resulta así pues lo artículo 53, 60 y demás
procedentes y aplicables de la Ley de responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, y que como se observa de los
preceptos legales invocados, la última actuación dentro del
procedimiento que nos ocupa, ocurrió el día 30 treinta de abril de
2010 dos mil diez, y la fecha de la resolución es de fecha 27 de
agosto de 2013, lo que establece que en exceso han
transcurrido 120 días sin que las partes hayan dado impulso
procesal al procedimiento que nos ocupa y siendo que la ley
aplicable supletoriamente al momento de inicio del procedimiento
en comento lo era el Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Guanajuato, debió la autoridad antes de emitir su
indebida resolución, haber declarado la caducidad del mismo,
esto atendiendo a los artículos 39 y 385 del ordenamiento legal
en cita, con lo que encuadra fielmente a caducidad del
procedimiento en comento.
Luego entonces, de lo anterior, es importante señalar que
si después de la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo
de pruebas y alegatos, nunca se cito a las partes a oír sentencia
y pasaron más de 120 ciento veinte días sin ningún impulso
procesal. Por ende, todo acto posterior a los 120 días sin dicho
impulso se entendería nulo, ya que en caso contrario se estaría
violentando en mi perjuicio lo consignado en los artículo 14 y 17
constitucional, en consecuencia la demandada es omisa en
fundamentar los preceptos legales en que se sustenta para
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emitir una sanción fuera del término de la caducidad, lo que se
robustece con lo establecido por el artículo 39 de la Ley de
Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
SEGUNDO.- Así pues y en base a lo anterior, es
importante mencionar que acto impugnado y revestido
absolutamente de nulidad; contraviene lo dispuesto en artículo
14 constitucional, en relación con el artículo 219 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, ya que desde que se inicio el
procedimiento en comento, el 25 veinticinco de marzo de 2010
dos mil diez, a la fecha en que se determino un sanción, el 27
veintisiete de agosto de 2013, ya pasaron 03 tres años y medio,
por lo que al determinar una inhabilitación a cargo del suscrito en
un término de un año, se está violentando el debido, proceso, ya
que tal y como lo establece el precepto legal antes citado, la
facultad de autoridad para determinar sanciones administrativas
caduca en dos años.
De lo anterior debo señalar, que la facultad de la autoridad
para determinar la sanción caduca en un término de 02 dos
años, es decir que si dicho procedimiento inicio el 25 veinticinco
de marzo de 2010 dos mil diez, y la última audiencia se llevó a
cabo el 30 de abril de 2010, el termino máximo conforme al
precepto legal invocado, determina que la autoridad debió haber
emitido su resolución a mas tardar el 30 de abril de 2012 y no
como equivocadamente lo hace, ya que incluso el propio término
mencionado resulta excesivo, por lo tanto el acto debe
declararse nulo ya que dicha resolución se emitió de manera
extemporánea y además ya cargaba una caducidad a cuestas.
TERCERO.- La resolución impugnada me ocasiona
agravios, porque existe discordancia entre los fundamentos
aducidos y la conducta infractora, así como en lo valorado,
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probado y determinado por parte del C. Presidente Municipal del
Municipio de Irapuato, Guanajuato, dentro del expediente CM-
DQ-PRA-012-10, y sus amulados CM-DQ-PRA-008-10 y CM-
DQ-PRA-010-10, es decir, que dicha resolución se encuentra
indebidamente fundada y motivada, configurando así el supuesto
contenido en la fracción IV del artículo 302 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato
Así pues, debo mencionar como primer concepto de
violación la falta de valoración de las pruebas y criterios que se
realizan por parte del Presidente Municipal de Irapuato,
Guanajuato, para imponerme la sanción Inhabilitación que se
menciona en la resolución que se combate. Lo anterior, en virtud
de que considero que el mismo no realiza una adecuada
valoración a las pruebas ofrecidas, y mucho menos fundamenta
y motiva su determinación, no obstante que como autoridad,
tiene la obligación de valorar las pruebas ofrecidas en su
conjunto, para posteriormente con fundamento y argumentos
emitir una determinación, Es decir, que para poder emitir su
resolución dentro del caso que nos ocupa, el Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato, debió emitir la misma con
CONGRUENCIA, que no es otra cosa que la armonía o
concordancia que debe existir en la resolución misma, es decir,
que no existan afirmaciones que se contradigan entre sí, para en
base a la motivación y fundamentación por la cual se exponen
los argumentos de hecho y de derecho, le permitan tomar una
determinación justa y aplicable a derecho, esto para exponer con
claridad las argumentaciones pertinentes que le hubieren
conducido a establecer la decisión correspondiente y, con ello,
resolver todas las peticiones de las partes, ya sea a favor o en
contra, situación que considero no se realizó por parte del
Presidente Municipal del Municipio de Irapuato, Guanajuato, y
cuya omisión genera una trasgresión relacionada con la
ausencia de presupuestos de esa índole y que se cometieron
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durante todo el procedimiento generador de los actos
reclamados, lo que nos lleva a que se hayan lesionado las
normas que regulan la actuación de los sujetos jurídicos
procesales y que son el juzgador, las partes y los terceros
auxiliares en su caso, ya que se debe entender como
presupuesto procesal aquellos requisitos o condiciones que
deben cumplirse para la iniciación o el desarrollo válido de un
proceso o, en su caso, para que pueda pronunciarse sentencia
de fondo, situación en que el presente caso no ocurre, por lo que
me permito mencionar como antecedente al correspondiente
concepto de violación, el hecho de que de acuerdo con lo que
señala la LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, en su
artículo 86 (…)
La misma Ley, en ese mismo artículo, señala como otro
caso de excepción a la Licitación Pública, en su fracción III, lo
siguiente: III (…)
Este es otro argumento que: refuerza aún más la manera
en que se procedió en este proceso de adjudicación, en donde
Microsoft, es la única empresa que posee los Derechos de
Propiedad intelectual sobre el software que se utilizan en todas y
cada de las computadoras propiedad del municipio de Irapuato,
Guanajuato y, por lo tanto, sólo se pueden adquirir a través de
sus socios (distribuidores autorizados) y que en Irapuato, Sólo
existía una empresa con esas características, y que también
estaba registrada en el Padrón de Proveedores del Municipio.
Con esos argumentos, es como en su Sesión
Extraordin8ria del día 10 de octubre de 2009, se expusieron
todas estas circunstancias que quedaron incorporadas en el
cuerpo de la Minuta de dicha Sesión, la cual se agrega al,
presente escrito como ANEXO No. 1 y, con base en ello, el
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Comité de Adquisiciones aprobó, mediante el Procedimiento de
Adjudicación Directa, la compra de 550 Licencias Office
Estándar para Gobierno 2007.
Es decir, en ningún momento se tomó una decisión
unilateral ni personal ya que fue una decisión colegiada y con
respaldo en dicha Ley, tal y como lo señala su artículo 29 que a
la letra dice (…)
Como se ve, la autoridad responsable, no valoró
adecuadamente la ley, misma que paso por alto o no quiso
interpretar y consecuentemente valorar, emitiendo por tal efecto
una sentencia a todas luces incongruente y carente de legalidad,
lo que conlleva a la existencia de un proceso irregular, ya que
medite los pro Constitucionales, es por lo cuales se puede iniciar
y seguir en juicio, es decir, las condiciones de la acción que son
los requisitos formales necesarios para que el actor pueda
obtener una sentencia que declare procedente su acción y no se
violente el procedimiento, situaciones que no son revisadas por
parte del Presidente Municipal del Municipio de Irapuato,
Guanajuato, violentando con ello los artículos 14 y 17
Constitucional, mediante los cual se garantiza a favor de los
gobernados el acceso efectivo a la justicia, ya que el juzgador
tiene obligación, ante cualquier otra cosa el analizar, la acción,
prestaciones, pruebas que se presentan para determinar su
resolución con apego a la norma y a las cuestiones materia de la
misma.
Lo anterior resulta así, pues la supuesta conducta
desplegada por el suscrito, de ninguna manera constituye una
trasgresión a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
ya que por parte del suscrito en todo momento, mientras presté
mis servicios a la administración municipal de Irapuato
Guanajuato durante el periodo del 16 de marzo de 2009 al 15 de
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octubre de ese mismo año, siempre y en todo momento cumplí
diligentemente mis obligaciones de acuerdo a las funciones que
me correspondían y no como quiere hacerlo creer la autoridad
demandada, quien ni siquiera remotamente señala, en qué
consiste dicho incumplimiento de obligación de parte del
suscrito. Lo anterior en virtud de que la obligación consignada en
la fracción I del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, refiere "Cumplir
diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios
del cargo, así como aquéllas que les sean encomendadas por
sus superiores en ejercicio de sus facultades"; luego entonces,
es obligación de quien instaura, sustancia y resuelve el
procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa,
señalar con precisión, en qué consiste dicho incumplimiento. En
otras palabras, cuál función y/o deje trabajo de cumplir
diligentemente y con probidad, o bien cuál función o trabajo que
me encomendó el Tesorero Municipal, mi superior jerárquico no
llevé a cabo, por lo que la autoridad responsable (Presidente
Municipal del municipio de Irapuato, Guanajuato) deja en
consecuencia, el no motivar y fundamentar su resolución, ya que
únicamente se limita a señalar la fracción, pero sin especificar
y/o clarificar en qué consiste dicho incumplimiento, lo que sin
duda alguna me deja en un total estado de indefensión para
alegar al respecto y vulnera mis garantías constitucionales
consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo anterior cobra mayor importancia,
que se debió de precisar y/o especificar en concreto, cuáles son
esas funciones que no cumplí o cuáles son esas funciones que
fueron encomendadas por los superiores jerárquicos, fechas,
etc.
CUARTO.- Ahora bien, por lo que respecta a la obligación
consignada en la fracción XIX del artículo de la citada Ley de
Responsabilidades Administrativas, mencionada en el punto
inmediato anterior y que a la letra dice: (…) al respecto debo
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señalar, que la fracción anteriormente transcrita y que se
encuentra plasmada en la Ley de la materia, quiero pensar que
con mi supuesto actuar ocasioné, una suspensión o deficiencia
en el servicio público, o peor aún, abusé de mi cargo y en
consecuencia ejercité indebidamente mi empleo, cargo o
comisión, lo que aún no me queda claro, pues primeramente
dicho precepto legal refiere dos supuestos, sin referirse por parte
de la autoridad a que supuesto referimos en mi supuesto actuar
indebido, en otras palabras, cuál fue esa suspensión o
deficiencia ocasionada de mi parte, pues la resolución en
comento, no se desprende la misma, no obstante que es
obligación de la autoridad establecer tales criterios, ya que ni
siquiera realiza la supuesta imputación de manera concreta y
sustentada con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo
que sin duda alguna violenta mis derechos de audiencia y debido
proceso, y me deja en total estado de indefensión.
QUINTO.- Por lo que hace a la fracción XXII del artículo
11 de la citada Ley, que a la letra dice: "Las que se deriven de
ésta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones
normativas", debo mencionar, que el Presidente Municipal del
Municipio de Irapuato, Guanajuato, es omiso en referir qué leyes
o normas violenté, lo cual no realiza, pues como se puede
apreciar de la propia resolución que se combate, no se expresa
ni siquiera mínimamente, qué obligación incumplí, siendo
oportuno mencionar que dicha fracción no amerita sanción
alguna, lo que quiero suponer que la misma sólo fue utilizada
como relleno, y maliciosamente para tratar de imputarme un
incumplimiento no probado; lo que conlleva a reiterar que la
sentencia de mérito, carece de fundamentación y motivación.
Así pues, cuando se determina procedente aplicárseme
como sanción la Inhabilitación, debo mencionar que dicha
determinación es aplicable indebidamente, vulnerando con ello
mis garantías de Audiencia, Legalidad, Debido Proceso,
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Seguridad Jurídica, Congruencia, e Imparcialidad, aunadas a la
falta de Fundamentación y Motivación en la resolución que se
combate, ya que del propio expediente y de la resolución materia
del presente recurso, se demuestra que en la misma NO
EXISTEN, los elementos mínimos necesarios para la condena
señalada, además de que tampoco se cuenta en la misma con
los elementos necesarios de pruebas razonables y suficientes
para encuadrar mi supuesta conducta, en las hipótesis
contenidas en las fracciones I, XIX y XXII, del artículo 11 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, aunado al hecho de que la autoridad demandada
apreció incorrectamente los hechos y en, consecuencia aplicó
indebidamente disposición legales y reglamentarias, e incluso
otros preceptos legales y mucho menos los apreció para estar en
posibilidad de emitir su resolución, la cual es a todas luces
violatoria de mis derechos fundamentales, Esto resulta así, en
virtud de que la autoridad (Presidente Municipal del Municipio de
Irapuato, Guanajuato), dejó de realizar una correcta adecuación
de los motivos aducidos y las normas legales invocadas, sin
expresar los motivos, causas o circunstancias especiales y
pruebas que le llevaron a determinar que mi caso, encuadra en
los supuestos previstos por las normas que citan lo relativo al
caso que nos ocupa, y por lo tanto, sin fundamento y motivación
alguna, decide imponerme una sanción administrativa en mi
contra, lo cual resulta por demás ilógico e incongruente y por
supuesto, fuera de todo contexto legal, ya que no demuestra con
medio alguno que efectivamente el suscrito haya incurrido en las
faltas administrativas que ni siquiera indiciariamente el suscrito
haya cometido dichas faltas, violentando con ello lo que
establece y refiere el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
Asimismo debo de referir, que en observancia a los
principios de legalidad y seguridad jurídica previstas en los
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artículos 14 y 16 Constitucionales, para que pueda tenerse por
acreditad alguna causa de responsabilidad administrativa de un
servidor público, es requisito indispensable que las pruebas lo
demuestren plenamente, que la actuación se adecua a la
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada
en la ley, por lo que ante la inexistencia de elementos de prueba
aptos, idóneos bastantes y concluyentes para tener por
demostrados todos los elementos que configuran la causa legal
de responsabilidad, debe en consecuencia estimarse que existe
prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas,
si es que podemos señalar que se valoraron pruebas en el caso
que nos ocupa, no se llega a la certeza plena de las
imputaciones de responsabilidad que se me señalan. En otras
palabras, se puede apreciar dentro del expediente que nos
ocupa y de la resolución emitida y que ahora se recurre, que en
los mismos existe una total ilegalidad, parcialidad e
incongruencia entre lo aportado, lo valorado y lo resuelto,
estableciendo entonces que por parte de la autoridad emisora de
la resolución que se combate, se está actuando de mala fe, y sin
fundamento y motivación legal alguna en contra del suscrito,
pues como ya lo mencione y se corrobora con lo transcrito, ya
que NO EXISTE una acreditación comprobada de mi supuesto
incumplimiento de obligaciones, llegando la autoridad a emitir su
determinación en base a conclusiones subjetivas no acreditadas.
Lo anterior resulta, de esta manera, en virtud de que cualquier
sanción que se emita en contra de un servidor público, debe de
estar debidamente fundada y motivada y basada en hecho
acreditados y no en meras suposiciones y presunciones sin
sustento, como suceden el presente caso, además de que dicha
resolución debe de contener todos los elementos que acrediten
que efectivamente se cometió la irregularidad, lo anterior para
estar en posibilidades reales de sancionar al servidor público,
situación que no ocurre con el suscrito, y que no se desprende
tampoco de la determinación que realiza la autoridad
demandada, quien en todo momento maneja cuestionamientos
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sin sustento y base legal alguna, lo que sin duda alguna me
ocasiona una violación a mis derechos.
SEXTO.- Asimismo, debo mencionar que la resolución
impugnada, incide coetáneamente en las fracciones IV y V del
artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
pues soslayó que, tratándose de la imposición de sanciones, el
principio elemental de la fundamentación y motivación de los
actos administrativos, implica la obligación de las autoridades, de
expresar pormenorizadamente los factores que influyeron en su
ánimo sancionador, ponderando las circunstancias externas de
la infracción y las particulares del infractor, aunado a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, para no caer en meras
presunciones, son que es menester que dicha resolución
contenga todos los elementos necesarios que acrediten
fehacientemente la irregularidad cometida, en otras palabras,
existe una indebida valoración de pruebas.
Bajo este tenor de ideas, en los ordenamientos jurídicos
de la materia vigente en nuestra entidad Federativa, la potestad
sancionadora del poder público, no implica una libertad absoluta
en la fijación de sanciones, pues su arbitrio se constriñe al
resultado de la valoración previstas en el numeral 20 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, mismos que
consisten en: (se transcribe).
De lo anterior, la autoridad demandada se encuentra
compelida a pormenorizar los elementos que influyeron en su
ánimo para detener su arbitrio en cierto punto, entre el mínimo y
el máximo en que oscila la sanción legalmente prevista, sin que
sea suficiente hacer referencia a ellos, pues es menester que se
haga un razonamiento lógico sobre cada uno de los criterios, de
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modo tal que se precise de qué modo fueron ponderadas por la
autoridad, esto depende desde luego sin estar plenamente
acreditada la presunta irregularidad del suscrito, ya que no se le
dio una debida motivación, con razonamientos lógico-jurídicos a
cada una de las fracciones mencionadas en el punto inmediato
anterior, así como a las pruebas, lo cual tampoco realiza la
autoridad demandada, no satisfaciendo en consecuencia, el
elemento principal para emitir la sanción imputable al suscrito.
Es decir, la motivación, pues es evidente que no analiza la
supuesta conducta irregular que se me imputa, con los
parámetros el articulo ya citado, e incluso dejando de valorar
otros preceptos legales del propio artículo y de otros preceptos
legales aplicables, pues como lo ha sostenido el propio Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que si la actuación de
la autoridad al imponer las sanciones es omisa en la fijación de
elementos objetivos a los que debe ajustarse para decidir qué
tipo de sanción corresponde a la infracción cometida en cada
caso concreto, será motivo suficiente de nulidad, pues deja al
servidor público en estado de incertidumbre sobre las
consecuencias jurídicas de su conducta. Lo anterior resulta así,
pues toda irregularidad de algún servidor público, debe cumplir
con los requisitos que la ley les impone, pues la consecuencia de
las mismas es la imposición de un sanción, por lo tanto, es
evidente que deben estar fundadas y motivadas, pues de lo
contrario, se violan los principios de legalidad y seguridad
jurídica de todo gobernado y por ello, no es suficiente que en la
resolución se señalen solo el artículo de la ley en comento,
emitiendo para el caso particular una sanción a todas luces
maliciosa, infundada e inmotivada.
En otras palabras, al emitir su resolución en los términos
referidos, se me deja en un total estado de indefensión, dejando
de lado lo mencionado en los artículos referidos en inserto de
este recurso, así como las leyes aplicables al caso concreto, y
que plasman las obligaciones de la autoridad, obligaciones que
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como ya se menciono, van mas allá de la voluntad del mismo,
aunado a las pruebas aportadas, de las que se puede
claramente justificar en derecho solicitado, cuestionamientos que
deja de lado el juzgador al emitir su determinación lo que sin
duda alguna me ocasiona un agravio, ya que al realizar, si es
que se puede mencionar que se realiza una valoración de
probanzas, este deja de lado la norma jurídica y su obligación de
análisis a las mismas, para poder emitir su fallo, situación como
ya se dijo, la responsable tiene la OBLIGACION DE VALORAR
LAS PRUEBAS OFRECIDAS en su conjunto, para
posteriormente con fundamento y argumentos emitir una
determinación, lo cual dejo de realizar, ocasionado con ello, una
violación a las garantías del suscrito. Esto resulta así, en virtud
de que toda sentencia debe cumplir con requisitos sustanciales
de legalidad para que se considere justa la sentencia emitida,
entre otros LA CONGRUENCIA, que consiste en la armonía o
concordancia que debe existir en la propia sentencia, para que
no existan afirmaciones que se contradigan entre sí;
MOTIVACION Y FUNDAMENTACION, que resulta en la
decisión judicial en la que se exponen los argumentos de hecho
y de derecho que hayan conducido al juzgador a tomar esa
decisión. En consecuencia, el juzgador debe exponer con
claridad las argumentaciones pertinentes que le hubieran
conducido a establecer la decisión correspondiente y LA
NORMA JURIDICA APLICABLE, que pueden ser desde las
leyes mismas, hasta los tratados internacionales en que apoyo
su decisión. En otras palabras, la valoración probatoria exige
atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y
justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios
elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no
contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de
los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la
justifican con una finalidad persuasiva, actividad que a todas
luces no fue realizada por el C. Presidente Municipal del
Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Por todo esto, al presente concepto de violación, le
resultan coincidentes los Criterio emitidos por este H. Tribunal de
lo contencioso Administrativo: (se transcribe)
En otra tesitura, pero en intima relación con la indebida
fundamentación y motivación, de que reviste la resolución que se
combate, es oportuno recordad que la discrecionalidad en la
posibilidad que tiene la autoridad administrativa de dictar un acto
dentro de los parámetros que la Ley aplicable determine, tiene
límites, los cuales se deben de respetar y observar en todo
momento. Lo anterior es así, en virtud de que la garantía de
Legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, esto para
evitar que dichos actos sean emitidos arbitrariamente,
considerando que las facultades discrecionales se establecen
para garantizar que la actividad administrativa sea eficaz,
conveniente y oportuna, así como que la misma debe ser acorde
a las circunstancias ante las cuales se dictara el acto con cierto
margen de libertad, peno no sobrepasando dicha atribución,
como en el caso especifico sucede.
Ahora bien, una limitante más que me permito mencionar
y que adolece a la resolución que se combate, es por cuanto
hace al ejercicio de las facultades discrecionales de la buena fe,
siendo que esta parte de la confianza debe prevalecer en la
actuación administrativa. Sin embargo, en el asunto de merito,
se puede decir, que la autoridad actuó de mala fe, al hacer uso
indebido de una facultad discrecional, sin fundar y motivar
adecuadamente su actuación y, lo más lamentable, dejando de
lado disposiciones legales, que para la falta atribuida, tiene que
concederle derecho, para determinar la gravedad de la falta y la
sanción aplicable, y no solamente emitir su libre criterio
arbitrario, sin adecuar la misma a lo que verdaderamente pudiera
corresponder.
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En consecuencia, se corrobora que en la resolución que
se combate hubo un desvío de poder, ya que la demandada al
hacer uso de su facultad discrecional, no justifico fundada y
motivadamente, la sanción que excesivamente me fue aplicada,
circunstancia que evidentemente sobrepasa los límites para el
ejercicio de su facultad discrecional.
No menos importante resulta establecer que la autoridad
demandada, confunde lo que es el estudio de los medios
probatorios, los conceptos de las palabras y por supuesto las
propias normas, pues basta observar lo que el mismo refiere al
supuestamente individualizar la sanción, esto lógicamente
atendiendo al artículo 21 que a la letra dice: (se transcribe).
De lo antes transcrito y atendiendo a dicha determinación,
debo señalar que la palabra atenuante, de acuerdo al
diccionario, lo consideramos como aquello que se aplica a la
circunstancia que hace que disminuya la gravedad de un
delito, no a contrario sensu, en consecuencia se demuestra
con esto, la violación del principio de legalidad que ha venido
reiterando, ya que se me aplica
SÉPTIMO.- Ahora bien y suponiendo sin conceder que
este Tribunal considerara infundados los conceptos de
impugnación mencionados en los puntos anteriores, se solicita la
declaración de prescripción del mismo en base a los mencionado
en los artículo 23, 27 y 28 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas, señala sin conceder derecho alguno, ya que no
refiere en que sustenta dicha temporalidad y más aun en que
basa el sustento de dicha sanción, estando ya prescrita, pues
solo basta observar lo que dice la fracción I bajo la que se
sanciona para determinar su prescripción.».
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Por lo que respecta a la autoridad demandada el
Licenciado , Presidente
Municipal de Irapuato, Guanajuato al proceder a dar
contestación a la demanda esencialmente expreso:
«PRIMERO.- Es errónea la percepción del actor al
manifestar que los hechos en los que funda su demanda le
causan algún agravio ya que la resolución combatida, fue
emitida bajo la norma jurídica establecida y sustentada como lo
he expuesto líneas arriba, en base al cumulo de actuaciones
que conforman el expediente sustanciado por el Órgano de
Control Interno, basado en hechos en los cuales quedo
demostrada la falta de cuidado y diligencia en el desempeño de
las funciones que como coordinador general de Administración,
dependiente de la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato,
dentro de la administración pública tiene que desempeñar.
Luego entonces, al quedar debidamente acreditada la falta
administrativa en la que incurrió la parte actora, contenida en la
fracción I, IV, XIX y XXII del artículo 11 de la propia ley de
Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato , mismo que dice: (…).
De igual manera, se manifiesta que no causa agravio al actor
lo manifestado en su primer concepto de impugnación, al ser
totalmente equivocada la apreciación de la parte actora al
manifestar que se violan en su perjuicio garantías individuales en
su perjuicio, por lo que desde estos momentos solicito que se
desatiendan sus conceptos por considerar que los mismo son
totalmente infundados e inoperantes. Ello, en razón de que los
artículos 14 catorce y 17 diecisiete de la Constitución Política de
los estados Unidos Mexicanos, estipulan que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de escrito de la autoridad competente.
Por consiguiente, la Constitución distingue y regula de manera
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diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia,
pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto
la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho
del gobernado, situación que en la especie no acontece,
careciendo entonces, de un derecho adquirido.
SEGUNDO.- De igual forma, no le irroga agravio lo
manifestado por el actor en su segundo concepto de
impugnación, en razón de que la resolución de fecha 27 de
agosto del 2013, se emitió de acuerdo a lo actuado en dicho
proceso y a lo establecido en el dictamen que realizo la
contraloría Municipal de Irapuato, Guanajuato, misma que
cumple las exigencias de formalidad de la que deben estar
investidos los actos de autoridad, como es la debida
fundamentación y motivación; y al desprenderse que lo único
que realiza el actor material son meras apreciaciones subjetivas,
las mismas deberán ser desatendidas, pues como podrá
observar, del conocimiento de la resolución, está plasmado en
forma categórica la fracción infringida y su consecuencia legal,
que fue la sanción impuesta en dicha resolución, contenida en el
resultando tercero.
Además de lo anterior, la resolución notificada es solo hecho
de que no se respete dicho plazo, no implica su nulidad, es este
sentido, de actualizarse tal supuesto, cada órgano administrativo
o jurisdiccional deberá determinar las consecuencias jurídicas
que produzca tal determinación.
TERCERO.- El correlativo que se contesta, tampoco le
depara agravio al actor, en razón de que en la resolución
impugnada, si se realizo la valoración de las pruebas ofrecidas,
lo cual podrá corroborarse con el contenido de dicha resolución,
específicamente en considerando quinto de la misma, por ello
deviene infundado le agravio esgrimido por el actor en dicho
apartado.
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No obstante lo anterior, el actor pretende equivocadamente
equiparar un procedimiento de responsabilidad netamente
administrativa con un proceso penal, pues es de explorado
derecho que regulan conductas punitivas distintas, luego
entonces, el hecho de que en un Procedimiento de
Responsabilidad administrativa sustanciado ante Contraloría
Municipal, no implica que los argumentos lógicos jurídicos que
conllevaron a determinar que ,
resulto aplicarle la sanción consistente en la INHABILITACION
DE UN AÑO. Lo anterior en razón de que la norma legal que rige
el actual de los servidores públicos es la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, como lo dispone el
artículo 1 que reza: (…).
Bajo este tenor, es evidente que el actor pretende la nulidad
de la resolución impugnada, sin fundamento legal alguno. Por lo
tanto, el suscrito solo emitió dicha resolución de acuerdo a las
actuaciones que constituyen el expediente sustanciado por el
Órgano de Control Interno, en contra de la parte actora material,
y a lo establecido por el dictamen que realizó la Contraloría
Municipal de Irapuato, Guanajuato, considerando que de
acuerdo a dicha investigación y determinación todo funcionario
debe cumplir diligentemente con su obligación, es decir, debe
realizar todo lo necesario para cumplir diligentemente su
obligación, es decir, debe realizar todo lo necesario para que el
trabajo que de acuerdo a su facultades debe realizar sea
apegado a derecho, ya que el actor cuando se sustancio el
Procedimiento de Responsabilidad administrativa en su contra
no desvirtuó los hechos imputados en su contra, por lo que dicha
determinación se realiza en base a lo que la propia Ley de
Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos
del Estado y sus Municipios señala no a cuestiones subjetivas,
como en el caso particular efectuó el actor. La afirmación
anterior, se realiza en virtud de que tanto en la parte de
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resultandos, considerandos y resolutivos se contienen con
precisión las normas infringidas por el actor material, que
derivaron en el inicio del procedimiento y en la resolución que
concluye imponiéndole la sanción que amerito su conducta,
conforme a las probanzas especificadas y valoradas en la
resolución impugnada. Apoya lo anterior el siguiente criterio del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo: (se transcribe).
Bajo esta tesitura, y máxime que el acto impugnado se
encuentra debidamente fundado y motivado, por el correcto
estudio que al efecto se realizo sobre el caso en particular, por
las argumentaciones y fundamentaciones vertidas en la
resolución de referencia, resultan totalmente improcedentes las
pretensiones del actor, pues de manera dolosa acude a este
Honorable Sala con el solo objetivo de asumir la sanción a la
cual se hizo acreedor por las conductas de omisión en cumplir
con probidad sus funciones y que claramente obran en las
actuaciones que integran el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa instaurado en su contra, motivo por el cual solicito
desde estos momentos que a efecto de mejor proveer y en aras
de que cuente con los elementos suficientes para determinar la
validez del acto impugnado.».
CUARTO. Causales de improcedencia. Si bien es
cierto, que el análisis de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, son cuestiones de orden público, así como
que se analizan de oficio ó a petición de parte, tal como lo
establece la tesis jurisprudencial número 940, publicada en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988,
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la pág.
1538, que por analogía tiene aplicación directa y que reza:
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«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.».
Cierto es también, que en el caso a estudio, al no
advertir esta Cuarta Sala la actualización de ninguna de las
causales de improcedencia, se procede al estudio del
presente asunto, atendiendo a los conceptos de impugnación
expuestos por el actor en su ocurso de cuenta.
QUINTO. Consideraciones previas. Antes de
emprender el análisis de los conceptos de impugnación
hechos valer por la promovente, se precisa que en el capítulo
séptimo titulado “De la sentencia”, relativo al Título Tercero,
del Libro Tercero, del Código de Procedimiento y Justica
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en el que el legislador local estableció las reglas
para la impartición de justicia administrativa, no se prevé
disposición expresa sobre la manera como este órgano
resolutor debe proceder al estudio de los conceptos de
impugnación formulados en el escrito de la demanda
respectiva, empero tal circunstancia no redunda en la
inaplicabilidad del principio de mayor beneficio de quien
acude como actor ante este órgano jurisdiccional, pues en
términos del artículo 17 de la Constitución Federal, se tiene
la facultad de atender primero los argumentos que puedan
conducir a la nulidad del acto combatido, tal proceder es
acorde con la garantía de acceso efectivo a la justicia, y en
particular con el principio de completitud establecido en el
numeral citado supralineas, tal como lo dispone la tesis de
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jurisprudencia número P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 5, que dice:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL
ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE
ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO,
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO
POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- De acuerdo con la
técnica para resolver los juicios de amparo directo del
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con
independencia de la materia de que se trate, el estudio de los
conceptos de violación que determinen su concesión debe
atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de
aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya
alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a
constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente
arbitrio del órgano de control constitucional determinar la
preeminencia en el estudio de los conceptos de violación,
atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que
se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el
derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real,
completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que
en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los
tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas
cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el
gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá
ser declarado inconstitucional.»
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Estudio de los conceptos de impugnación. Atento a
lo anterior; este Juzgador considera que es momento de
entrar al estudio del fondo del asunto; y así tenemos que las
alegaciones esgrimidas en los conceptos de impugnación
marcados como PRIMERO y SEGUNDO, se advierte una
causa de pedir y una lesión jurídica que en opinión del actor
le causa el acto combatido, argumentos que permiten
establecer la existencia de conceptos de impugnación, tal
como lo exige, el artículo 265, fracción VII séptima del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, resultando suficiente
que el recurrente exprese los motivos en que se funda para
estimar ilegal dicho acto. Lo cual además encuentra su
sustento por identidad de razón y analogía, en la
jurisprudencia 2ª./J. 63/98 de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la que establece que basta
que se exprese la causa de pedir para que se analice la
cuestión planteada, porque la ley no precisa de fórmulas
sacramentales para ello. Dicha jurisprudencia aparece
impresa bajo el número 109, en las página 323, Tomo: VIII,
Septiembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, que reza:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN,
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA
DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio
formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto
Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3ª./J.
6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la
página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es “CONCEPTOS
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DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURIDICOS QUE
DEBEN REUNIR.”, en la que, en lo fundamental, se exigía que el
concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto
constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas,
demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los
actos reclamados. Las razones de la separación radican en que,
por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como
requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los
conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y
solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y,
por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse
por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es
razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos
los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la
demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no
guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino
que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese
con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o
agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley
impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el
Juez de amparo deba estudiarlo.».
Resultan ser en parte infundadas, pero en otra
fundados, para decretar la nulidad de la resolución
impugnada, en mérito de las siguientes consideraciones
lógico jurídicas:
De constancias de autos se desprende, que en el caso
que nos ocupa, por así constar del propio contenido de la
resolución impugnada, visible a fojas 39 a 47 del sumario,
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medio de prueba que al tenor de lo dispuesto por los
artículos 48 cuarenta y ocho, fracción II, 78 setenta y ocho y
121 ciento veintiuno del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, que respectivamente rezan:
«ARTÍCULO 48. Este Código reconoce como medios de
prueba:(...) II.- Los documentos públicos y privados...»
«ARTÍCULO 78. Son documentos públicos aquéllos cuya
formulación está encomendada por la Ley, dentro de los límites
de su competencia, a las personas dotadas de fe pública y los
expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia
regular, sobre los documentos de sellos, firmas y otros signos
exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en
contrario.»
«ARTÍCULO 121. Los documentos públicos hacen prueba
plena.»
La que constituye un documento público al ser emitida
por servidor público en ejercicio de sus funciones, que
merece valor probatorio pleno para tener por acreditado ante
esta Sala en lo que interesa en este apartado, que: al actor
se le impuso una sanción administrativa, con fundamento en
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, específicamente la prevista en la fracción V del
artículo 13, en relación con los diversos 18 y 23 fracción I
consistente en Inhabilitación de 1 año, para volver a ejercer
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, por
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contravenir lo establecido en las fracciones I, XIX y XXII del
artículo 11 del ordenamiento legal antes citado.
Así como que al C. al momento
de instaurarle el procedimiento administrativo disciplinario
número CM-DQ-PRA-012-10 y sus acumulados CM-DQ-
PRA-008-10 y CM-DQ-PRA-010-10, lo fue en su calidad de
Coordinador General de Administración Interna, en la ciudad
de Irapuato, Guanajuato, en síntesis por incongruencias
respecto a la adjudicación, falta de contratos, falta de
cuadros comparativos respecto de los demás proveedores,
falta de revisión de los documentos presentados por los
proveedores, inconsistencias propias del encargo que tenía
el incoado.
Por contravenir las obligaciones contenidas en las
fracciones I, XIX y XXII del artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que
establecen:
«Son obligaciones de los servidores públicos:
I.- Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos
propios del cargo, así como aquellas que les sean
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus
facultades; (...)
XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio
del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley
competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,
cargo o comisión público; (...)
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XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes,
reglamentos y demás disposiciones normativas.».
Ahora bien, cabe precisar para el resultado del fallo que
en materia de responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, la prescripción se presenta como un
presupuesto temporal habilitante del ejercicio de la potestad
sancionadora del Estado, cuya inobservancia, trae como
consecuencia la imposibilidad de su posterior realización y,
por ende, la extinción de la responsabilidad administrativa.
En otras palabras, la figura de la prescripción se refiere
a dos momentos:
1°.- Al establecimiento de una condición objetiva
necesaria para el ejercicio de la facultad sancionadora de la
autoridad administrativa, concretamente la sujeción al plazo
fijado por la ley; el transcurso de ese plazo sin que se ejerza
la facultad sancionadora determina la imposibilidad legal de
efectuarlo con posterioridad; y
2°.- La facultad legal para imponer a los servidores
públicos una sanción administrativa por incumplimiento a sus
obligaciones.
Tales facultades deben aplicarse por parte de las
autoridades encargadas de su aplicación, de acuerdo a los
tiempos establecidos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos que consagra en
el Capítulo Quinto la figura jurídica de la prescripción de la
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responsabilidad administrativa, por medio de la cual nos
indica los plazos a los cuales se debe sujetar la autoridad
como ya se precisó con anterioridad en un primer momento
para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un
servidor público.
Así pues, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a los
artículos 23, 27, fracción III y 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que
establecen:
Artículo 23.- La persona que hubieren dejado de pertenecer al
servicio público, podrán ser sujeta a procedimiento de
responsabilidad administrativa, dentro de los dos años
tratándose de las fracciones I y II de este artículo, y dentro de los
tres años en los casos a que se refiere la fracción III del presente
artículo, posteriores a su separación del cargo y le podrán ser
aplicables las sanciones de multa e inhabilitación, siempre que
no hayan operado los plazos de prescripción, sin perjuicio de la
responsabilidad resarcitoria a que se haga acreedor...
Artículo. 27.- La facultad para fincar la responsabilidad
administrativa prescribirá en los siguientes plazos:
I. En un año, tratándose de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII,
XIV, XVI y XVIII del artículo 11 y del primer supuesto de la
fracción V del artículo 12 de esta ley;
II. En dos años, tratándose de las fracciones II, III, V, VI, VIII, XI,
XIII, XV, XVII, XIX y XX del artículo 11 y de las fracciones III, IV,
el segundo supuesto de la fracción V, VII y VIII del artículo 12 de
esta ley...
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Artículo 28.- Los plazos de la prescripción comenzarán a contar
a partir del día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta
administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si fue
de carácter continuado. La prescripción se interrumpirá por el
inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que
regula la presente Ley.
De las anteriores transcripciones se desprende, lo
siguiente:
Las personas que dejan de pertenecer al servicio
público, pueden ser sujetas a procedimiento de
responsabilidad administrativa, dentro de dos años
tratándose de las fracciones I y II del artículo 11 de la Ley de
responsabilidades administrativas, siendo muy clara la Ley al
manifestar que siempre y cuando no hayan operado los
plazos de la prescripción, esto es sí el servidor o ex servidor
público actualiza alguna de las conductas establecidas en las
fracciones I y II del artículo 27, y en uno y dos años la
autoridad no le instaura el procedimiento de responsabilidad
administrativa respectivo, prescribirá su acción para hacerlo.
Así las cosas, en la especie, de constancias de autos,
es especial de la documental anexa en autos a fojas 112 a
115, la cual constituye un documento público de conformidad
con lo establecido en los artículos 78 y 79, mismo que
merece valor probatorio pleno acorde a su vez con los
numerales 117 y 121, todos del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, para tener por acreditado ante esta Sala que la
facultad para iniciar el procedimiento de responsabilidad
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administrativa al actor por parte de la autoridad
sustanciadora, no se encuentra prescrita.
Lo anterior es así, pues si se le
imputó que en el ejercicio de sus funciones como
Coordinador General de Administración Interna
irregularidades detectadas como resultado de la revisión al
proceso de adquisiciones de 550 licencias de Office Estándar
2007 para Gobierno, según orden de compra número 1441,
de fecha 01 de octubre de 2009, es el caso, que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que
prevé:
“Los plazos de la prescripción comenzarán a contar a partir del
día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta
administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si fue
de carácter continuo. La prescripción se interrumpirá por el inicio
del procedimiento de responsabilidad administrativa que regula
la presente ley”;
Contaba con uno y dos años para iniciar el
procedimiento disciplinario correspondiente, contados a partir
del 2 de octubre de 2009; de acuerdo a lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios (es decir, un día después a
aquél en que se cometió la falta administrativa); que
comenzó a correr el término para que prescribiera la facultad
de la autoridad, para fincarle responsabilidad administrativa
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al actor, indudablemente que considerando la fecha en que
se le imputa la conducta reprobable -01 de octubre de 2009-,
y la de inició al procedimiento administrativo disciplinario a
, que se originó el día 26 de marzo de
2010, es que la facultad de la autoridad para iniciar el
procedimiento correspondiente no se encuentra prescrita. De
aquí, lo infundado del argumento que nos ocupa. Lo anterior
encuentra su apoyo legal, en la siguiente Tesis: VI.3o.A.79 A,
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, XV, Mayo de 2002, Materia(s): Administrativa,
Página: 1284, que es del rubro y texto siguiente:
«SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL
ORDENAMIENTO ESPECIAL QUE LOS RIGE, EL PLAZO DE
PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLOS
ADMINISTRATIVAMENTE INICIA A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE LA CONDUCTA SE HAYA
GENERADO O DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA CESÓ, SI ES
CONTINUA, Y NO DEL QUE LAS AUTORIDADES TENGAN
CONOCIMIENTO DE LA MISMA. El artículo 78, fracciones I y II,
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, contempla los plazos de prescripción para que las
autoridades administrativas estén en aptitud de imponer
sanciones a los servidores públicos, los cuales pueden ser de
uno o tres años, dependiendo de los montos a que ascienda el
beneficio obtenido o el daño causado por la infracción cometida,
empero, sobre todo, establece que el inicio de los citados plazos
son a partir del día siguiente a aquel en que se haya generado la
conducta, cuando es de naturaleza instantánea, o del momento
en que ésta cesó, si es continua. Entonces, es irrelevante para
computar el plazo respectivo la fecha en que las autoridades
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P. A. 1319/4ª Sala/13
hayan tenido conocimiento del tal conducta, en tanto el precepto
en cita no prevé ese supuesto.».
Sin embargo, tocante al segundo de los momentos en
que opera la prescripción tenemos que en opinión de este
Juzgador la facultad legal para imponer a los servidores
públicos una sanción administrativa por incumplimiento a sus
obligaciones, resulta ser fundado y suficiente para decretar la
nulidad de la resolución controvertida, pues como se verá a
la fecha de notificación de la resolución a debate se
encontraban prescritas las facultades de la autoridad, como a
continuación se expone:
En cuanto a la interrupción del plazo de prescripción, el
artículo 28, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, prevé lo siguiente:
«La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento
de responsabilidad administrativa que regula la presente ley.».
En este precepto, el legislador previó que el inicio del
procedimiento sancionador interrumpe el plazo de
prescripción, en cuyo caso se inicia de nuevo el cómputo
relativo. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y del Trabajo, sustentó la tesis
número XVI.1o.A.T.21 A, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena
Época, tomo XXIX, enero de 2009 dos mil nueve, consultable
a página 2829, que es del rubro y texto siguiente:
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«RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y
SUS MUNICIPIOS. LOS PLAZOS PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA
AUTORIDAD QUE SE INTERRUMPEN CON EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, REINICIAN A PARTIR DE
QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN
PARA LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48 DE LA
LEY RELATIVA. Del análisis de los artículos 27 y 28 Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Guanajuato y sus Municipios se advierte que la
potestad sancionadora del Estado no es indefinida, sino
susceptible de prescripción, con sujeción a diversos plazos,
dependiendo de la falta, que se interrumpen con el inicio del
procedimiento respectivo. Sin embargo, aunque no se prevé
expresamente que esos plazos reinicien, en el proceso
legislativo que dio origen a la citada ley se indicó que la
consecuencia de la indicada interrupción sería: "... la pérdida del
tiempo transcurrido, sin perjuicio de que éste pueda comenzar a
correr de nuevo."; de ahí que deba admitirse esa posibilidad.
Ahora bien, como tampoco se previó el momento a partir del cual
los plazos respectivos deben volver a computarse, cabe
interpretar que es a partir de que surte efectos la notificación de
la citación para la audiencia establecida en el artículo 48 del
propio ordenamiento, cuenta habida que es el único acto
procesal que se celebra en fecha cierta, pues las restantes
etapas podrían ser alargadas a capricho de la autoridad,
particularmente al estar prevista la eventualidad de que se
ordene la práctica o ampliación de diligencias probatorias; de
suerte que dejar el reinicio de los plazos para que opere la
comentada prescripción para una fase posterior como la de
alegatos, iría en perjuicio del servidor público, a quien le asiste
un derecho de certeza al tenor de los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.».(lo
remarcado y subrayado no es de origen).
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Del criterio antes transcrito se obtiene, que el plazo de
prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad
se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo,
lo que acontece con la notificación de la citación que se hace
al servidor público a la audiencia a que se refiere el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, por ser éste, el acto que genera certeza en el
desenvolvimiento del referido procedimiento sin que exista
riesgo de su prolongación indefinida en perjuicio del servidor
público, y que una vez que surte efectos la referida
notificación, se inicia nuevamente el cómputo del plazo de
prescripción, sin que ello deje en estado de indefensión a la
autoridad sancionadora, ya que antes de iniciar el aludido
procedimiento tuvo tiempo de allegarse de los elementos
necesarios para resolver lo conducente.
Conviene aclarar, que la tesis número XVI.1o.A.T.21 A,
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Administrativa y del Trabajo que se invocó con antelación,
resulta aplicable en la especie, porque resuelve el problema
relativo al cómputo de los plazos para que opere la
prescripción de la potestad sancionadora de la autoridad,
además de que no existe jurisprudencia específica
sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, sus Salas o por Tribunales Colegiados
de Circuito; por tanto, es correcta su aplicación en lo que al
caso concierne. Resulta aplicable la jurisprudencia por
reiteración de criterios número I.6o.C. J/27, sustentada por el
Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo XIII, marzo de 2001 dos mil uno, visible a
página 1684, publicada que reza:
«TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON
INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR JERARQUÍA
DE AQUELLOS QUE LAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU
FALLO. El hecho de que en una resolución se invoque una tesis
que no constituye jurisprudencia en los términos del artículo 192
de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, ello no
impide que los tribunales de inferior categoría de aquellos que
sustentan el criterio, puedan tomarlo en consideración para
ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la cuestión
planteada y acatarlo si es aplicable al caso de que se trate.».
Puesto que la tesis número XVI.1o.A.T.21 A, al
interpretar la aplicación de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, a un caso análogo al que se
estudia, resolvió el problema relativo al cómputo de los
plazos para que opere la prescripción de la potestad
sancionadora de la autoridad.
En tal sentido, retomando el criterio sustentado por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del
Trabajo en la tesis número XVI.1o.A.T.21 A; si la audiencia
de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de
alegatos, a que se refiere el artículo 48 de la ley, citándola
para que acudiera el día 30 (treinta) de abril de 2010 (dos mil
diez), y la resolución combatida se dictó el 27 (veintisiete) de
agosto de 2013 (dos mil trece), notificada el 17 (diecisiete)
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septiembre de la misma anualidad, aunado a que las
conductas imputadas al actor se encuadraron en los
supuestos previstos en las fracciones I, XIX y XXII del
artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios: se colige que ha prescrito la potestad
sancionatoria de la autoridad demandada al haber
transcurrido en exceso el término de uno y dos años a que se
refieren las fracciones I y II del artículo 27 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; que
prevé:
«Artículo. 27.- La facultad para fincar la responsabilidad
administrativa prescribirá en los siguientes plazos:
I.- En un año, tratándose de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII,
XIV, XVI y XVIII del artículo 11 y del primer supuesto de la
fracción V del artículo 12 de esta Ley;
II.- En dos años, tratándose de las fracciones II, III, V, VI, VIII, XI,
XIII, XV, XVII, XIX y XX del artículo 11...»; (lo subrayado es
propio);
Pues la resolución combatida se notificó al actor hasta
el 17 (diecisiete) de septiembre de 2013 (dos mil trece),
sobrepasó en exceso el término de la facultad sancionatoria
de la demandada, de uno y dos años a que se refieren las
fracciones I y II del artículo 27 de la Ley de la materia a
efecto de imponer la sanción administrativa correspondiente
al mediar entre la fecha de celebración de la audiencia y
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notificación de la sanción más de tres años y medio. Estimar
lo contrario conllevaría a eximir a las autoridades
sancionadoras de sujetarse a las normas que regulan su
actuación, en clara contravención al principio de legalidad
que las rige.
Dicho en otras palabras, el perjuicio o consecuencia de
la nulidad de la resolución combatida en este proceso, debe
soportarlo la autoridad, por ser quien transgredió el marco
legal que rige su actuación y no el servidor público
investigado que impugnó dicho acto y obtuvo resolución
favorable. De otra suerte, la autoridad podría iniciar cualquier
cantidad de procedimientos, y aun cuando se declaren nulos,
iniciarlos nuevamente de manera indefinida, lo que
evidentemente hace nugatoria la institución jurídica de la
prescripción, pues no debe soslayarse que aun cuando
existe un interés de la sociedad por evitar y, en su caso,
sancionar las conductas infractoras de los servidores
públicos, resulta inadmisible que las autoridades
sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier
tiempo, dando lugar a incertidumbre jurídica para el
gobernado respecto de la posibilidad de sanción, por
supuestos actos realizados en el desempeño de su cargo.
Sirve de sustento a los argumentos anteriormente
vertidos, la Tesis: V-TASS-102, Época: Quinta, Instancia:
Pleno, Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo II.
No. 40. Abril 2004. Página: 443, que reza:
PRESCRIPCIÓN.- EL TÉRMINO RESPECTIVO, EMPEZARÁ A
CORRER DE NUEVO DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA
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NOTIFICACIÓN DEL CITATORIO PARA LA AUDIENCIA DE
LEY.- Del artículo 78, fracción II, y último párrafo de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se
desprende con toda claridad que las facultades de la Secretaría
para imponer las sanciones que la misma Ley prevé,
prescribirán en tres años, cuando el beneficio obtenido o el daño
causado por el infractor, exceda de diez veces el salario mínimo
mensual correspondiente al Distrito Federal; agrega que el plazo
de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en
que se hubiera incurrido en la responsabilidad, o a partir del
momento que se hubiese cesado, si fuera de carácter continuo;
asimismo señala que la prescripción se interrumpirá al iniciarse
el procedimiento administrativo previsto en el artículo 64. Ahora
bien, si la interrupción implica computar de nueva cuenta el
término de prescripción, debe concluirse que dicho plazo debe
volverse a computar de nuevo a partir del día siguiente al de la
notificación del citatorio para la audiencia de ley, porque fue con
dicho acto cuando el mismo se interrumpió. (5)
Juicio No. 15640/99-11-02-4/226/00-09-01-7/31/00-PL-04-04.-
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de marzo de
2002, por mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra.- Magistrado
Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César
Edgar Sánchez Vázquez.
Consecuentemente, lo procedente es decretar la
NULIDAD TOTAL de la resolución dictada dentro del
procedimiento de responsabilidad administrativa CM-DQ-
PRA-012-10 y sus acumulados CM-DQ-PRA-008-10 y CM-
DQ-PRA-010-10, emitida por el Presidente Municipal de
Irapuato, Guanajuato, de fecha 27 (veintisiete) de agosto de
2013 (dos mil trece), en la que se le impone al actor la
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P. A. 1319/4ª Sala/13
sanción de inhabilitación hasta por un año, por supuestas
irregularidades en las funciones que desempeñaba como
coordinador General de Administración Interna, al
actualizarse la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302
fracción IV del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, al haberse dictado, en contravención de lo
dispuesto por las fracciones I y II del artículo 27 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Dado el sentido del fallo, es innecesario que se
analicen los restantes conceptos de impugnación que se
hicieron valer en el escrito de inicial de demanda, pues ello a
nada práctico conduciría, si de cualquier manera la
resolución impugnada ha de quedar insubsistente en virtud
del agravio que resultó fundado. Sirve de apoyo la
jurisprudencia número II.3o. J/5 Tercer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito, correspondiente a la Novena Época,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo IX, marzo de 1992, página 89, que reza:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE
LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación
vertidos en la demanda de amparo.».
QUINTO. Acción de reconocimiento de un derecho.
Por lo que respecta a la acción ejercitada por la parte actora,
prevista en la fracción II segunda del artículo 255 del Código
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de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y que es referente al
reconocimiento de su derecho, para que:
a) Las autoridades omitan hacer efectiva la sanción de
inhabilitación por un año que se me impone en el
procedimiento CM-DQ-PRA-012-10 y sus acumulados
CM-DQ-PRA-008-10 y CM-DQ-PRA-010-10;
b) Como consecuencia de lo anterior y habiendo quedado
sin efectos la resolución impugnada, se dicte otra
donde se determine la NO EXISTENCIA de
responsabilidad por parte del suscrito, y en
consecuencia, la NO INHABILITACIÓN a que se me
condena;
c) Asimismo, se conmine a la demandada para que
realice las gestiones necesarias a fin de que se elimine
la inscripción correspondiente en el registro municipal
de antecedentes disciplinarios.
d) El reconocimiento a la declaratoria de prescripción
instaurada al suscrito.
Al respecto, quien juzga, estima que al haberse
decretado la nulidad total del acto impugnado, es evidente
que le asiste el derecho al quejoso a no ser sancionado ni
inscrito en el libro de servidores públicos sancionados, en
virtud de que quedó acreditado en el presente juicio, la
ilegalidad del acto combatido.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
además en los artículos 1°, fracción II, 3° segundo párrafo,
249, 255, fracciones I, II y III, 263, 265, 266, 279, 299, 300,
fracción II, y 302 fracción IV del Código de Procedimiento y
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P. A. 1319/4ª Sala/13
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, es de resolverse y se,
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta Sala resultó COMPETENTE para
conocer y resolver el presente asunto, atento a lo
manifestado en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta
resolución final.
SEGUNDO. SE DECLARA LA NULIDAD TOTAL de la
resolución dictada dentro del procedimiento de
responsabilidad administrativa CM-DQ-PRA-012-10 y sus
acumulados CM-DQ-PRA-008-10 y CM-DQ-PRA-010-10,
emitida por el Presidente Municipal de Irapuato, Guanajuato,
de fecha 27 (veintisiete) de agosto de 2013 (dos mil trece),
atento a los razonamientos jurídicos expresados en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta Sentencia.
TERCERO. SE RECONOCE EL DERECHO reclamado
por la parte actora, atento a lo manifestado en el
CONSIDERANDO SEXTO de esta resolución.
NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, y en su oportunidad
procesal, archívese el presente expediente como asunto
totalmente concluido, y dése de baja del Libro de Registro de
esta Sala.
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P. A. 1319/4ª Sala/13
Así lo resolvió, y firma el C. Licenciado
, Magistrado propietario que integra la Cuarta
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien
actúa asistido legalmente con Secretaria licenciada
, quien da FE.
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PROCESO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 1705/2ª SALA/14
PROMOVENTE:
Guanajuato, Guanajuato; 20 veinte de octubre de 2015 dos
mil quince.
V I S T O S los autos, para resolver el proceso
administrativo radicado en esta Segunda Sala con el
número de expediente 1705/2ª SALA/14; y,
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Promoción de demanda. Mediante escrito
recibido en la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal el 18 dieciocho de noviembre de 2014 dos mil
catorce y turnado a esta Segunda Sala el 20 veinte de igual
data, por su propio
derecho, promovió proceso administrativo en contra de la
resolución y la autoridad que a continuación se señalan y
que es visible a partir de la foja 2 del sumario:
«II.-ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y, EN
SU CASO, LA FECHA DE NOTIFICACIÓN:
La resolución de fecha 07 de julio de 2014, emitida por el
Ayuntamiento el Municipio de Irapuato Gto., en la cual se
resolvió el procedimiento administrativo número CM-
DQPRA-026-11, en el que se determinó la
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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responsabilidad administrativa a cargo del suscrito, por
lo que se me impone una inhabilitación de 3 años; acto
del cual bajo protesta decir verdad manifiesto que tuve
conocimiento el día 18 de noviembre de 2014, al no
haberme sido notificado personalmente en mi domicilio
señalado para ello.
III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PARTE
DEMANDADA:
Ayuntamiento del Municipio de Irapuato Gto., con
domicilio conocido en el Palacio Municipal de la Ciudad
de Irapuato Gto.
IV.- EL NOMBRE Y EL DOMICILIO DEL TERCERO
QUE TENGA UN DERECHO INCOMPATIBLE CON LA
PRETENSIÓN DEL ACTOR:
En el presente asunto no tengo conocimiento de que exista
tercero perjudicado».
De igual manera, la parte justiciable solicitó como
pretensiones de su intención las siguientes:
«V.1.- En términos de la fracción I, la nulidad absoluta
del acto impugnado al no haber sido emitido conforme a
derecho.
V.2.- El reconocimiento del derecho del suscrito a que la
autoridad demanda omita hacer efectivo la sanción de
inhabilitación por tres años que se me impone en el
procedimiento CM-DQPRA-026-11.
V.3.- El reconocimiento del derecho del suscrito a que las
autoridades demandadas omitan registrar en su sistema o
en el estatal único, la responsabilidad administrativa a
cargo del suscrito.
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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V.4.- El reconocimiento a la declaratoria de prescripción
del procedimiento instaurado al suscrito, la pena
impuesta y las facultades de la autoridad para imponer
sanciones.
V.5.- El reconocimiento al derecho del pago (sic) de
gastos y costas que generen el presente juicio cargo de
las demandadas, y en particular, la cantidad de
$114,522.12 (ciento catorce mil quinientos veintidós
12/100 M.N.), por concepto de honorarios pagados al
abogado autorizado» (foja 2, ídem).
También narró los hechos y esgrimió los conceptos de
impugnación que estimó pertinentes en el escrito mediante
el cual dio cumplimiento al requerimiento formulado por
esta Sala (fojas 10 a 19, ibídem).
SEGUNDO. Trámite del proceso administrativo. Se
admitió a trámite la demanda en auto de 19 diecinueve de
diciembre de 2014 dos mil catorce, visible a foja 84 del
expediente que ahora se resuelve, así como las probanzas
ofertadas por la parte accionante. Se ordenó correr traslado
del escrito inicial y de sus anexos a la encausada.
Mediante proveído de 13 trece de febrero de 2015 dos mil
quince, se tuvo a la autoridad demandada, licenciado
, en su carácter de
Síndico Primero y representante legal del H. Ayuntamiento
de Irapuato, Guanajuato, por contestando la demanda.
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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Además, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las
probanzas ofertadas de su parte (foja 159, ibídem).
TERCERO. Ampliación y contestación a la ampliación
de demanda. En acuerdo de 23 veintitrés de marzo de 2015
dos mil quince, se tuvo a la parte demandante de este
proceso, por ampliando su demanda en contra del Síndico
así como del Secretario del H. Ayuntamiento de Irapuato,
Guanajuato y contra los actos que señaló no conocer sino
hasta el momento en que se le notificó la contestación de la
demanda consistentes en el citatorio de fecha 3 tres de
octubre de 2014 dos mil catorce, la constancia de
notificación del día 6 seis del mes y año citados y la
determinación de la sanción del 7 siete de julio de 2014 dos
mil catorce, esgrimiendo conceptos de impugnación en
contra de éstos. Así, se ordenó correrle traslado a las
demandadas para que dieran contestación a la misma (foja
171, ibídem).
Por proveído de 21 veintiuno de mayo de 2015 dos mil
quince, se tuvo a la parte demandada, Síndico y Secretario
del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, por dando
contestación a la ampliación a la demanda. Asimismo, se
señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia final
(foja 201, ibídem).
CUARTO. Audiencia de alegatos. Seguido el proceso en
sus trámites, el 2 dos de julio de 2015 dos mil quince se
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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desahogó la audiencia final del proceso en los términos del
acta visible a foja 221 del expediente que ahora se resuelve,
en la que se hizo constar la no asistencia de las partes.
Asimismo, se tuvo por presentando escrito de alegatos a la
parte actora así como a la autorizada de las demandadas.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato
es competente para conocer y resolver el presente proceso
en términos de lo dispuesto por los artículos 82 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2 y
20, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, así
como el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios y los artículos 1, fracción II,
3, segundo párrafo y 249 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
A mayor abundamiento, dispone el señalado artículo 20 en
su fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, lo siguiente:
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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«ARTÍCULO 20. Las Salas del Tribunal son competentes para
conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos
que se promuevan en contra de:
[…]
III. Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad
administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios […]».
Además, expresa el diverso 61 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que:
«ARTÍCULO 61. La resolución en la que se imponga una sanción
podrá impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo tratándose de servidores públicos adscritos a la
administración pública estatal o municipal, en los términos del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato».
De los preceptos legales anteriormente transcritos,
evidentemente se desprende que este Tribunal tiene
competencia para conocer la presente controversia en virtud
de que se demanda la nulidad de una resolución en materia
de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
SEGUNDO. Certeza de la existencia de los actos y de la
resolución impugnada. La existencia de la resolución
impugnada de fecha 7 siete de julio de 2014 dos mil catorce
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
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identificada como la resolución definitiva dictada dentro del
expediente número CM-DQPRA-026-11 se encuentra
debidamente acreditada en autos con el original del
documento adjuntado por la parte actora, visible a fojas 49
a 83, documento que, al no haber sido objetado en términos
del artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, hace prueba plena de su existencia conforme a
lo dispuesto por los artículos 78, 117, 121 y 131 del mismo
ordenamiento.
Así también, con el reconocimiento de la autoridad
responsable –emisora de la misma- al contestar la demanda,
aseveración que hace prueba plena en términos de lo
estipulado en las piezas articulares 57, 117, 119 y 131 del
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
En lo tocante a los actos impugnados por la parte justiciable
en la ampliación de demanda consistentes en el citatorio de
fecha 3 tres de octubre de 2014 dos mil catorce y la
constancia de notificación del día 6 seis del mes y año
visibles a fojas 108 y 137, respectivamente, su existencia
también se encuentra plenamente acreditada en autos en
tanto que la parte demandada los ofertó como probanzas de
su intención en original y copia certificada,
respectivamente, y la parte accionante los hizo suyos en vía
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1705/2ª SALA/14
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de ampliación, lo que les otorga la calidad de documentos
públicos con valor probatorio pleno atento a los numerales
del código administrativo de nuestro Estado vigente y
señalados con antelación en este considerando.
TERCERO. Fijación de los puntos controvertidos. En
cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo
299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, esta Sala
procede a fijar clara y precisamente los puntos
controvertidos en el proceso administrativo que nos ocupa:
La parte actora en su escrito de demanda, esgrimió –
literalmente- los siguientes conceptos de impugnación en su
escrito inicial de demanda (específicamente en el
cumplimiento al requerimiento formulado por esta Sala)
respecto a la resolución impugnada dictada en el
procedimiento administrativo número CM-DQPRA-
026-11:
«PRMERO.- Me causa un agravio la resolución de fecha
07 de julio del año en curso ya que la autoridad
demandada no toma en consideración que el
procedimiento de responsabilidad administrativa se
encontraba caducado, puesto que ninguna de las partes
dentro de dicho procedimiento habían dado impulso
procesal durante más de 120 días.
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1705/2ª SALA/14
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Se confirma lo anterior ya que desde el día 27 de
septiembre de 2011, fecha en que se llevó a cabo la
audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de
pruebas y alegatos la fecha en que se resolvió dicho
procedimiento no se había dado ningún impulso procesal
por ninguna de las partes.
Y de acuerdo con el artículo 385 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato de
aplicación supletoria de conformidad con el artículo 39
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios se debería de haber decretado la caducidad a
los 120 días después del último acto que diera impulso al
procedimiento.
Para una mejor comprensión se permite traducir los
artículos en mención:
ARTÍCULO 39.- (lo transcribe)
ARTÍCULO 385. (lo transcribe)
Ahora bien, cabe señalar que tal y como lo menciona el
artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato, la caducidad solo podrá operar
dese el momento en que se presente la demanda hasta
antes de que las partes sean citadas para oír sentencia.
Y toda vez que después de la audiencia de ofrecimiento
admisión (sic) y desahogo de pruebas y alegatos nunca se
citó al suscrito a oír sentencia, se aprecia que el supuesto
para que opere la caducidad encuadra fielmente en este
caso en concreto puesto que después de dicha audiencia
no hubo acto procesal el cual diera impulso al
procedimiento.
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Aunado a lo anterior es importante señalar que si después
de la audiencia de ofrecimiento admisión (sic) y desahogo
de prueba y alegatos nunca se citó a las partes a oír
sentencia y pasaron más de 120 días sin ningún impulso
procesal por ende todo acto posterior a los 120 días sin
dicho impulso se entenderá como nulo. Ello es así, porque
la consecuencia de la inactividad de las partes se
actualiza con el solo vencimiento del plazo indicado,
incluso si no se presenta la solicitud respectiva, pues al
haber prelucido su derecho para impulsar el
procedimiento, es evidente que cualquier actuación
posterior al transcurso del término legal será anulable,
ya que ni siquiera el consentimiento de las partes puede
revalidar la instancia.
Asimismo, se debe señalar que la demandada en su
determinación no funda ni motiva los preceptos legales
que le permitan emitir una determinación de sanción
fuera del término de caducidad que se establece en el
artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles de
Guanajuato, aplicable de conformidad con el 39 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
SEGUNDO.- Se debe decretar la nulidad del acto
impugnado toda vez que vulnera la garantía de debido
proceso ya que dicha resolución contraviene lo dispuesto
por el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo
219 del Código de Procedimientos y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, ya que desde la fecha en que se dio inicio al
procedimiento de responsabilidad administrativa (11 de
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11
agosto de 2011), a las fechas en que se resolvió la
determinación de responsabilidad (7 de julio de 2014), y
en la que tuve conocimiento de la determinación de la
sanción (18 de noviembre de 2014) pasaron tres años,
tres meses y siete días.
Por lo que al determinar la sanción hacia el suscrito en
un término de más de dos años se está violentando el
debido proceso, toda vez que la autoridad debió de
abstenerse a emitir resolución alguna que sancionara al
suscrito, ya que tal y como lo establece el precepto del
código antes mencionado, la facultad de la autoridad
para determinar sanciones administrativas caduca en dos
años.
“ARTÍCULO 219. (lo transcribe.)
Tal y como lo menciona el artículo antes citado, la
facultad que la autoridad demandada tenia [sic] para
determinar cualquier sanción de tipo administrativa al
suscrito caducó en el término de dos años; ahora bien, ya
que el procedimiento de responsabilidad administrativa
hacia el suscrito dio inicio el 11 de agosto de 2011, la
facultad del Ayuntamiento de Irapuato para determinar la
sanción administrativa caducó el 11 de agosto de 2013,
por lo que si no fue hasta el 7 de julio del año en curso
que se determinó la sanción hacia el suscrito, por lo
tanto, resulta claro que el acto debe declararse nulo,
puesto que como quedó demostrado, la resolución
combatida se emitió de manera extemporánea.
No pasa desapercibido el que la autoridad nunca emitió
acuerdo en el cual se decretara la caducidad, sin
embargo esto no es impedimento para que la caducidad
surtiera sus efectos, ya que al ser un acto que se consuma
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con el transcurso del tiempo, y además un acto el cual se
puede decretar de oficio, se debe de entender que
posteriormente a la fecha en la que se hiso (sic) presente
la caducidad todos los actos tienden a ser nulos.
Ahora bien, al ser la caducidad un acto que opera de
pleno derecho trae como consecuencia que las
autoridades jurisdiccionales tienen obligación de
examinar de oficio la actualización de dicha figura, y de
constatar su existencia, concluir la ilegalidad de la
sentencia de primera instancia, considerando que el
juicio terminó por inactividad de las partes.
TERCERO.- Se objeta la resolución de fecha 07 de julio
de 2014, emitida por el Ayuntamiento del Municipio de
Irapuato Gto., conjuntamente con el inicio del
procedimiento de inicio del procedimiento contenido en el
oficio CM/DQ/1611/11 de fecha 11 de agosto de 2011,
toda vez que en este último, la autoridad instauradora es
omisa en señala (sic) específicamente respecto de qué
supuestos o conductas de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios se estarían enjuiciando
al suscrito, lo que es violatoria de la garantía de defensa
del suscrito, ya que desde el inicio del procedimiento me
vi impedido a saber respecto de qué conductas me tendría
que defender, por lo que tuve la necesidad de intentar
atinar a cuáles se refería la autoridad.
No es óbice para lo anterior, el hecho de que en el inicio
del procedimiento se diga que la Dirección de Evaluación
y Control efectuó una revisión y mencioné una serie de
anexos del 1 al 12, y que de éste último se informó a la
Dirección General de los puntos incisos B), C), D), E), F),
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G), H), I) y J), en los que se dice que no se solventaron las
observaciones; ya que en primer lugar dichos
documentos o anexos no fueron notificados o
acompañados como pruebas en contra del suscrito en el
inicio del procedimiento, por lo que no pude objetarlos, y
por otra parte, no participé en la confección de los
mismos, ni mucho menos en la solventación de las
observaciones incisos B) y J). Lo que sin lugar a dudas
dejó mermadas mis posibilidades de defensa en el inicio
del procedimiento.
Además, las conductas anteriores de la autoridad son
violatorias del artículo 47, 48 y 49, de la Ley de la
matera, ya que en estos se obliga a lo siguiente:
“ARTÍCULO 47. (lo transcribe)
ARTÍCULO 48. (lo transcribe)
ARTÍCULO 49. (lo transcribe)
Por otra parte, se debe de señalar a manera de resumen
que como materia de la defensa del suscrito, en el informe
previo afirmé que las conductas que se me imputaban no
formaban parte de las atribuciones del suscrito, sino de la
supervisión externa de la obra a cargo de la empresa “R
& B Grupo S.A. de C.V.”, en los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, otras
más eran parte de la Dirección de Construcción y
Administración de Obra, y supervisores de obra de la
administración municipal, etc., tan es así, que en el
procedimiento constan como indiciados el director de
construcción y de administración de obra, así como el
supervisor de obra.
Por otra parte, se debe de decir que el día 27 de
septiembre de 2011, en el procedimiento de
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responsabilidad el suscrito a petición de la contraloría
municipal desahogó prueba de posiciones.
Asimismo, y toda vez que como ya se dijo, muchas de las
conductas que se me atribuían consideraba que habían
sido materia de las responsabilidad de otras personas,
ofrecí la prueba testimonial a cargo del Ing.
, administrador único de la empresa
consultora “R & B Grupo S.A. de C.V.”, empresa que
llevaba a cabo la supervisión externa en la obra,
llevándose a cabo a misma el día 05 de octubre de 2011,
en la que éste testificó lo siguiente:
En la posición Quinta: Si sabe y consta el objeto del
contrato ODM-SUPCAL-211-08-12, AJ-III-C4-OP-110-
2008…”… se encomienda a la consultora supervisión
externa de la primera etapa de construcción del edificio
de tesorería municipal…”
En la séptima pregunta el testigo señala que fue la
empresa “R & B Grupo S.A. de C.V.”, quien llevó a cabo
los servicios de supervisión externa de la primera etapa
de construcción del edificio de la tesorería municipal.
En la octava pregunta afirma que fue a la empresa
consultora “R & B Grupo S.A. de C.V.”, a quien le
correspondió llevar a cabo contralar (sic), vigilar y
supervisar los trabajos de la primera etapa de
construcción del edificio de la tesorería municipal.
En la novena señala que fue la empresa consultora “R &
B Grupo S.A. de C.V.”, a quien le correspondió llevar a
cabo la recopilación de la información básica y
complementaria del proyecto necesario para lograr los
alcances necesarios de la propuesta de la primera etapa
de construcción del edificio de la tesorería municipal.
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En la décima señala que fue la empresa consultora “R &
B Grupo S.A. de C.V.”, a quien le correspondió llevar a
cabo la comprensión y revisión del proyecto ejecutivo
(conceptos de obra, especificaciones de la obra y normas,
volumetría del proyecto, matrices de precios unitarios,
planos constructivos, etc., de la propuesta de la primera
etapa de construcción del edificio de la tesorería
municipal.
En la décima primera, que a la consultora le
correspondió elaborar las minutas de revisión de los
proyectos, comparando planos, presupuestos y
especificaciones, etc.
En la décima segunda, que a la consultora le
correspondió LA OBTENCIÓN DE VOLUMETRÍAS DE
LAS OBRAS, INFORMANDO AL CONTRATISTA
PREVIAMENTE LAS POSIBLES DESVIACIONES CON
LOS VOLUMENES DEL PROYECTO.
En la décima tercera señaló que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012,AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió OBTENER
CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA LOS
AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS
QUINCENALES, CON EL OBJETO DE REVISAR Y
AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS
QUE SEAN PRESENTADAS, YA SEA DE
VOLÚMENES EJECUTADOS DE CONTRATO,
EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS.
En la décima cuarta señaló que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió prevenir, participar y
proponer soluciones a los cambios o modificaciones del
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proyecto ejecutivo que sean necesarias implementar
durante el proceso de obra.
En la décima quinta señaló que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió llevar la historia de cada una
de las obras mediante bitácora, en la cual se asienten
todas y cada una de las ordenes, modificaciones,
certificaciones, etc., referentes a la misma.
En la décima sexta señalo que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió participar en la elaboración
junto con el contratista de cada una de las obras, del
proyecto de finiquito, así como verificar y dar
seguimiento a su entrega en el área correspondiente.
En la décima séptima señaló que los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió participar en la elaboración
junto con el contratista del finiquito de cada una de las
obras.
En la décima octava señaló que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió elaborar la documentación
necesaria para la elaboración de convenios, acuerdos,
FINIQUITOS, ENTREGA-RECEPCIÓN O CUALQUIER
OTRO ASUNTO CONTRACTUAL, etc.
En la décima novena señaló que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008,a la
consultora le correspondió ANALIZAR Y APROBAR LAS
ESTIMACIONES FORMALES DE LA OBRA QUE PARA
SU COBRO PRESENTE LA CONTRATISTA, haciéndose
responsable en cuanto a que la obra estimada se haya
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ejecutado realmente y conforme a los proyectos y en su
caso a las especificaciones de construcción autorizadas.
En la vigésima señalo que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió asumir la responsabilidad
técnica necesaria, para coordinar la ejecución material
de la obra a supervisar, y el debido cumplimiento de las
obligaciones que de carácter TÉCNICO Y LEGAL deban
realizar los contratistas de los trabajos a supervisar.
En la vigésima primera que de los contratos ODM-
SUPCAL-211-08-012, AJ-III-C14-OP-110-2008, a la
consultora le correspondió que cuando por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
adquiere en virtud de la celebración del contrato citado,
causare daños y perjuicio a tercero, estará obligado a
resarcirlos en los términos de ley.
Como se puede observar de la prueba testimonial, la
empresa consultora “R & B Grupo S.A. de C.V.”, era la
responsable de muchas de las conductas que se atribuyen
al suscrito.
Sin embargo, de la prueba testimonial, la declaración del
suscrito y lo manifestado por el Director de Construcción
y Administración de Obra, así como el supervisor de obra
del municipio de Irapuato, Gto., NO REALIZÓ
MENCIÓN NI VALORACIÓN ALGUNA AL MOMENTO
DE EMITIR SU DETERMINACIÓN, lo que implica
violaciones al procedimiento en perjuicio de las defensas
del suscrito.
Pero además, si el origen de la determinación del
Ayuntamiento de Irapuato, Gto., partió de la indebida
instauración del procedimiento administrativo al no
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haberse acompañado las pruebas en el inicio del
procedimiento, ni habérseme dicho las conductas que se
imputaba, así como la falta de valoración de prueba, es
insoslayable que la determinación debe ser declarada
nula.
CUARTO.- Se debe decretar la nulidad de la
determinación de sanción al suscrito, toda vez que la
facultad de la autoridad para determina [sic] la misma ya
encontraba [sic] prescrita conforme a los artículos 27, 28
y 48 de la Ley de la materia, por las siguientes razones:
Conforme al artículo 27 de la ley de la materia, la
facultad de la autoridad para fincar la responsabilidad en
el caso de las fracciones XIII y XXI del artículo11,
prescribe en dos años, y conforme al artículo 21, de
considerarse graves dichas conductas, la facultad de
fincar responsabilidades prescribe en tres años.
Es el caso que, suponiendo sin conceder, que la sanción
de inhabilitación de 3 tres años impuesta al suscrito fuera
correcta, lo cierto es que la potestad sancionatoria del
Ayuntamiento de Irapuato, Gto., para fincarla ya se
encontraba prescrita por lo siguiente:
El martes 27 de septiembre de 2011 se celebró la
audiencia a que refiere el artículo 48 de la ley de la
materia; y el 05 cinco de octubre de 2011, fecha en que se
llevó a cabo el desahogo de la prueba del Ing. Humberto
Rosiles Álvarez, al finalizar la misma, se fijó audiencia de
alegatos para el día13 de Octubre de 2011.
De lo anterior, es incuestionable que si el martes 27 de
septiembre de 2011 se celebró la audiencia a que refiere
el artículo 48 de la ley de la materia, y la notificación
para la audiencia de alegatos se llevó a cabo el día 05 de
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Octubre de 2011, a partir de esta última fecha iniciaba la
prescripción de la facultad sancionatoria del
Ayuntamiento de Irapuato, Gto., por lo que si de la
notificación de la determinación de responsabilidad
administrativa en mi contra tuve conocimiento de ella
hasta el día 18 de noviembre del año 2014, a esa fecha ya
habían transcurrido más de 3 tres años contados a partir
del 05 de octubre de 2011, por lo que el financiamiento de
la determinación de sanción se realizó pasados los tres
años que la autoridad tenía para realizar la notificación
conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la ley de la
materia en relación con el 27, 28 y 48. Y por supuesto
reitero, suponiendo sin conceder la validez de la sanción.
No es obstáculo para la conclusión anterior, el hecho de
que la determinación de sanción tenga como fecha de
elaboración el día 7 de julio de 2014, pues es de
reconocido derecho que las consecuencias de los actos
administrativos perjudiciales a los particulares tienen su
vigencia y validez a partir de su notificación, por lo que si
de la misma tuve conocimiento hasta el 18 de noviembre
de 2014, se debe declarar que la facultad de fincar
sanciones para la demandada ya había prescrito al estar
fuera de los tres años que se me inhabilita, por lo que se
debe decretar la prescripción de la sanción y por ende, su
nulidad absoluta.
Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente
jurisprudencia:
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. LOS PLAZOS
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA
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POTESTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD
QUE SE INTERRUMPEN CON EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, REINICIAN A
PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA
AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48 DE LA
LEY RELATIVA.
(…)
CUARTO.- [sic] Señala la demandada que :
“TERCERO.- Se decreta en base a lo dispuesto por los
artículos 11 de la fracción XIII y XXI, 13 fracción V, 21 y
23, fracción III, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios, la imposición de una
INHABILITACION de 3 años al ex servidor público
, QUIEN OCUPÓ EL
CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS en la inteligencia de que la citada
inhabilitación deberá anotarse en su expediente.”
De la narración anterior, en cuanto a la tipificación de
las fracciones XIII y XXI del artículo 11 de la ley de la
materia, se debe señalar que la misma no se hace de
manera debida por lo siguiente:
Conforme a las fracciones XIII y XXI del artículo 11, la
demandada tendría que haber realizado una debida
adecuación del texto de las fracciones, con las
atribuciones del suscrito descritas en el artículo 19-A del
Reglamento Orgánico de la Administración Publica de
Irapuato, Gto., con las conductas que me atribuye.
Es el caso que en la determinación que se impugna, de la
demandada sólo se desprenden afirmaciones genéricas,
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pero nunca realiza la adecuación o tipificación de las
conductas atribuidas al suscrito en las fracciones XIII y
XXI del artículo 11, con las atribuciones que se tenga o
pudiera tener conforme a los reglamentos municipales de
Irapuato u otras disposiciones legales.
En efecto, si esta autoridad observa, se dará cuenta que
al realizar el estudio de la CONDUCTA (página 18)
descrita en las fracciones I, XIII y XXI del artículo 11, de
manera genérica se limita a señalar que: “derivado de la
contravención a las obligaciones que en su momento tenía
que observar Mauricio… de conformidad a las
atribuciones previstas… en el Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Irapuato, Gto.,
así como las contenidas en la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma… ocasionando un
daño a la hacienda pública de Irapuato…”
De lo transcrito, se desprende una indebida
fundamentación y motivación del estudio de la conducta,
ya que si bien se menciona el Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Irapuato, Gto.,
así como las contenidas en la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, no menciona específicamente
a qué artículos o fracciones de ellas se refiere.
Además, menciona que hay un daño a la hacienda
pública, sin decir si se refiere a un daño material, físico o
económico y en el caso de que fuera este último, no
refiere a cuánto asciende, ni cuáles son los conceptos
específicos que lo contienen, lo que implica indebida
motivación del acto, y que me deja en un estado de
indefensión pues por la falta de especificidad no puedo
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atacar debidamente el acto, lo que violenta las garantías
del debido proceso.
De lo que además, se debe concluir que no se acredita el
supuesto del daño a a [sic] hacienda pública que refiere
la demandada conforme al artículo 21 de la ley de la
materia.
Finalmente, se debe señalar que la autoridad manifiesta a
foja 21 de su determinación que:
“la conducta reprochable, se encuentra acreditada con
los elementos probatorios que integran la presente causa
y que resultan suficientes para determinar que fue omiso
en cumplir con sus obligaciones…contenidas en el
artículo 11, fracciones I, XIII y XXI de la ley…”
De lo anterior, se ratifica que la demandada no realiza
una adecuación de las conductas que atribuye al suscrito,
en relación con los tipos descritos en las fracciones I,
XIII y XXI de la Ley de la materia, y las obligaciones que
el suscrito pudiera tener conforme a la legislación vigente
al momento de los hechos (cosa que ni siquiera
menciona), y antes bien, se circunscribe en supuestamente
acreditar las conductas con los elementos documentales
probatorios que existen en el expediente, los cuales
tampoco relaciona con las fracciones I, XIII y XXI de la
Ley.
De un estudio más a fondo de lo que implica la necesaria
fundamentación y motivación del procedimiento y del acto
que se impugna, podría decir que para cumplir con la
garantía de fundamentación y motivación, al examinar los
elementos normativos de la descripción típica, es
necesaria la valoración de la autoridad de los siguientes
requisitos:
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a) Deberá identificar si en la descripción típica se
contiene elementos normativos, donde lo decisivo para
determinarlos es verificar cuál es su naturaleza
ponderante (el conocimiento a través de la valoración de
los sentidos);
b) Una vez realizado lo anterior es necesario que se
establezca la norma en que habrá de realizarse la
valoración, ya sea jurídica o ética-social, siendo
necesario que en este último caso se justifique su
elección, y
c) Efectuar la valoración con apoyo de dichas
normas dotando de contenido a los conceptos para
determinar si están o no acreditados en autos.
Por tanto, si el juzgador se constriñe a concluir que se
encuentran probados, sin identificarlos, omitiendo
mencionar en que norma están determinados y sin
realizar su juicio de valor al caso concreto, incumple con
las invocadas garantías de fundamentación y motivación
[…]
Por lo anterior, se debe decretar la nulidad absoluta del
acto impugnado.
QUINTO.- Por otro lado y según se aprecia en el escrito
de demanda que la actora se duele que no hay
razonamiento que soporte la distinción que hacen dichas
normas, y que por ende se debe declarar su ilegal
imposición y aplicación, a la luz de los artículos 1 y 17
de la Constitución (sic) Federal (sic), ya que causan un
grave perjuicio en contra de quién , por la razón que sea
ya no labore en el servicio público; En (sic) este sentido,
es claro que la actora se duele del texto o de la literalidad
del contenido de los artículos 23 y 24 de la Ley de
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Responsabilidades Administrativas de mérito, y
argumenta que dichos preceptos no contemplan
razonamientos para hacer una distinción, por lo que se
debe declarar su ilegal imposición y aplicación, de tal
manera que no es dable atender dicho agravio, pues al
respecto el propio actor sabe o debe de saber que por el
solo (sic) hecho de seguir proceso legislativo formal,
dichos preceptos gozan de validez legal y por ende de
constitucionalidad, de tal manera que su aplicación
corresponde al órgano competente para ello, cuestión que
en un ejercicio de subsunción normativa efectúa en este
caso el Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato.
Ahora bien, no existen argumentos bastantes que soporten
una supuesta inconstitucionalidad de los preceptos
legales anteriormente citados, y se reduce la quejos (sic)
de argumentar una posible afectación al artículo (sic) 1 y
17 Constitucional (sic), lo que en el caso nos ocupa,
impide configurar verdaderos agravios que afecten la
esfera jurídica personal y directa del actor, por lo que
insiste en la legalidad y constitucionalidad del acto
emitido por el Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato»
(fojas 11 a 18, ibídem) .
Por lo que respecta a la autoridad demandada, licenciado
, en su carácter de
Síndico Primero y representante legal del H. Ayuntamiento
de Irapuato, Guanajuato, al momento de dar contestación a
la demanda incoada en su contra, sostuvo la validez y
legalidad de la resolución impugnada, señalando
esencialmente lo siguiente:
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En lo que respecta al PRIMERO de los conceptos de
impugnación expresó que no se le causa agravio a su
contraparte en virtud que el 14 catorce de julio de 2014 dos
mil catorce se impulsó el procedimiento con el escrito de la
parte accionante mediante el cual se revocó el mandato de
un abogado, se nombró uno nuevo y se señaló nuevo
domicilio para oír notificaciones, por lo que no operó –en
su opinión- la caducidad.
En contestación al SEGUNDO concepto de impugnación lo
tachó de improcedente en virtud que –a su parecer- no
operó la prescripción ni se violó la garantía de debido
proceso.
Argumentó en contestación al TERCERO de los conceptos
de impugnación que la apreciación de su contraparte es
errónea en virtud que de las constancias del expediente se
desprenden claramente las conductas que se le imputaron y
se le hicieron saber en la notificación del inicio del
procedimiento, por lo que no se violó la garantía de
audiencia ni de legítima defensa por lo que deviene en
inoperante este concepto de impugnación en su opinión.
En el concepto de impugnación identificado como
CUARTO enfatizó que la parte actora duplicó la
identificación de dicho concepto de impugnación toda vez
que obran dos conceptos de impugnación nombrados
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26
CUARTO, por lo que en cuanto al primero de ellos reiteró
que no operó la prescripción de la facultad sancionadora y
en cuanto al segundo concepto de impugnación identificado
también como CUARTO expresó que no le irroga agravio a
la parte accionante el hecho que no se hayan vaciado el
texto de las fracciones por las que se le sancionó pues –en
su dicho- en las fojas 12 y 13 de dicha resolución se aprecia
que se transcribieron literalmente en sus contenidos y se
adecuó la conducta a la hipótesis legal referida
estableciendo cuáles son los elementos exigidos por la
norma y los elementos probatorios que sustentaron su
acreditamiento.
Finalmente, en lo que respecta al QUINTO concepto de
impugnación expresó que es errado lo manifestado por su
contraparte en virtud que existe una clara distinción de las
conductas atribuibles, los elementos probatorios que
sustentaron y su respectiva valoración.
Como se señaló en el resultando tercero de la presente, en
acuerdo de 23 veintitrés de marzo de 2015 dos mil quince,
se tuvo a la parte demandante de este proceso, por
ampliando su demanda en contra del Síndico así como del
Secretario del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato y
contra los actos que señaló no conocer sino hasta el
momento en que se le notificó la contestación de la
demanda consistentes en el citatorio de fecha 3 tres de
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octubre de 2014 dos mil catorce, la constancia de
notificación del día 6 seis del mes y año citados y la
determinación de la sanción del 7 siete de julio de 2014 dos
mil catorce, esgrimiendo conceptos de impugnación en
contra de éstos, en los que esgrimió esencialmente lo
siguiente:
En el concepto de impugnación identificado como primero
del escrito de ampliación, señaló que el citatorio y la
constancia de notificación referidas en el párrafo que
precede viola la garantía de audiencia y debido
procedimiento por no haber sido notificadas en el domicilio
señalado para este efecto toda vez que se realizó en el
interior con
.
Además, señaló que la constancia de notificación no se
llevó a cabo legalmente pues se dejó en poder de una
persona que no conoce mientras que el citatorio no fue
llevado a cabo conforme al Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato supletorio a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
En el segundo concepto de impugnación del escrito de
ampliación, reiteró que la facultad de la autoridad
demandada para determinar la sanción se encontraba
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prescrita de conformidad con lo dispuesto en los artículos
27, 28 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios.
Por su parte, en vía de contestación a la ampliación de la
demanda, se tuvo tanto al Síndico como Secretario del H.
Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, por dando
contestación en términos de sus escritos visibles a fojas 180
a 189 y 190 a 198, respectivamente, en los que coincidieron
en señalar en cuanto al concepto de impugnación
PRIMERO del escrito de ampliación que resulta inoperante
e infundado en virtud que el notificador sí se constituyó en
el domicilio correcto pues dicho despacho 603-4 se
encuentra ocupado por el licenciado
, autorizado de la parte actora, por lo que aún y
cuando el escrito de cambio de domicilio se señale
únicamente el número 603, del cercioramiento realizado se
desprende que también el 604 es del autorizado de la parte
accionante. Asimismo, expresó que dicha notificación se
realizó de conformidad con lo que dispone la legislación
aplicable.
En lo que respecta al SEGUNDO concepto de impugnación
vertido en vía de ampliación de demanda, las autoridades
demandadas coincidieron en argumentar que resulta
incongruente el dicho de la parte actora en virtud que el
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segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
establece que la prescripción se interrumpe por el nicio del
procedimiento.
Es así, que los aspectos precisados en los párrafos
precedentes, constituyeron los puntos controvertidos en la
presente causa administrativa.
CUARTO. Procedencia. Conforme a lo establecido por el
artículo 261, en íntima vinculación a lo dispuesto en el
diverso numeral 262 ambos del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por cuestiones de orden público -previo al
estudio del fondo del asunto-, esta Sala procede al análisis
de las causales de improcedencia y de sobreseimiento
previstas en los preceptos normativos antes citados.
Lo anterior, acorde a la Jurisprudencia número VI.2o. J/323
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto
Circuito, que es del tenor literal siguiente:
«IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por
ser esa cuestión de orden público en el juicio de
garantías.».(Octava Época, Registro: 210784, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente:
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de
1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/323, Página: 87.).
Así como también de conformidad a la Tesis Aislada de la
antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente a la Séptima Época y publicada en
el Semanario Judicial de la Federación. 175-180, Séptima
Parte, materia común, página: 438, con el rubro y texto que
a continuación se insertan:
«SOBRESEIMIENTO, MOTIVOS DE. La configuración de
motivos de sobreseimiento, como sucede cuando se justifica que
concurren causas de improcedencia, además de impedir el examen
del fondo del negocio, debe estudiarse oficiosa y preferentemente,
por referirse a una cuestión de orden público en el juicio de
garantías».
Al respecto, esta Sala advierte que la parte demandada no
hizo valer causal de improcedencia o de sobreseimiento
alguna y del análisis oficioso de las mismas esta Sala del
conocimiento tampoco advierte la actualización de alguna
causal que impida el análisis del fondo de la presente causa
administrativa.
Por lo tanto, no es procedente sobreseer el proceso
administrativo en que se actúa.
QUINTO. Estudio de los conceptos de impugnación. No
existiendo impedimento legal alguno, esta Sala del
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conocimiento realizará el estudio de los conceptos de
impugnación que hizo valer la parte actora, sin que sea
necesaria su transcripción, así como tampoco la diversa de
los argumentos esgrimidos por la autoridad encausada
tendentes a controvertir su eficacia.
Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por
contradicción de tesis número 2a./J. 58/2010, sustentada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época,
Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a
página 830, que es del tenor literal siguiente:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general",
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso,
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador
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realizarla o no, atendiendo a las características especiales del
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan
hecho valer».
Para efectos del análisis integral de los conceptos de
impugnación, esta Sala considera menester precisar, que de
los conceptos de impugnación expresados en el escrito
inicial de la parte justiciable, esta Sala realizará el análisis
individual iniciando por el señalado como CUARTO,
haciendo la aclaración que se analizará el primero de los
identificados con ese número en lo que respecta a que la
facultad de la autoridad para determinar la sanción ya se
encontraba prescrita conforme a los artículos 27, 28 y 48 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios vigente en ese momento.
No pasa desapercibido que en vía de ampliación de
demanda señaló como actos impugnados el citatorio de
fecha 3 tres de octubre de 2014 dos mil catorce y la
constancia de notificación del día 6 seis del mes y año, sin
embargo, este resolutor considera que al analizar el
concepto de impugnación señalado que versa sobre la
prescripción en general conllevaría a un mayor beneficio –
de resultar fundado- a la parte justiciable atento a la
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garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Robustece lo señalado, la siguiente tesis jurisprudencial
número VI.2o.C.J/304, aplicable por identidad sustancial,
correspondiente a la Novena Época, sustentada por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1677,
cuyo rubro y texto dicen:
«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales
Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar
el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación
al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el
quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la
única condición que establece el referido precepto es que se
analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede
hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio
orden de su exposición o en uno diverso».
Primeramente es de aclarar que la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
vigente tanto al momento de la conducta como al momento
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del inicio del procedimiento de responsabilidad
administrativa, lo era la anterior a las reformas publicadas
en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato en fecha
11 once de septiembre de 2012 dos mil doce.
Es decir, la legislación aplicable es la anterior a estas
reformas, esto es, la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Guanajuato el día 10 diez de mayo del
2005 dos mil cinco, con sus respectivas reformas
publicadas el 15 quince de septiembre del 2005 dos mil
cinco, así como la publicada el día 3 tres de septiembre del
2010 dos mil diez, con la que se hará el estudio y análisis
de todos los conceptos de impugnación esgrimidos por la
parte accionante.
Señalado lo anterior, este resolutor estima que el concepto
de impugnación señalado como CUARTO (el primero de
los identificados con ese número) del escrito de demanda,
resulta fundado para decretar la nulidad de la resolución
controvertida, como a continuación se expone:
La parte actora sostuvo en dicho concepto de impugnación
que le causa agravio la resolución impugnada pues –en su
opinión- al haberse celebrado el 27 veintisiete de
septiembre de 2011 dos mil once la audiencia a que refiere
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el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios vigente en ese momento y que
posteriormente la notificación para la audiencia de alegatos
se llevó a cabo el 5 cinco octubre del mismo año, a partir de
esta última fecha iniciaba la prescripción de la facultad
sancionatoria del Ayuntamiento, por lo que a la fecha en
que tuvo conocimiento ya habían transcurrido más de 3 tres
años contados a partir del citado día 5 cinco de octubre.
Primeramente, es de señalarse que el capítulo V intitulado
“De la prescripción de la responsabilidad administrativa”,
en su artículo 27 de la entonces vigente Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
señalaba:
«Artículo 27. La facultad para fincar la responsabilidad
administrativa prescribirá en los siguientes plazos:
I. En un año, tratándose de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII,
XIV, XVI y XVIII del artículo 11 y del primer supuesto de la
fracción V del artículo 12 de esta ley;
II. En dos años, tratándose de las fracciones II, III, V, VI, VIII, XI,
XIII, XV, XVII, XIX y XX del artículo 11 y de las fracciones III,
IV, el segundo supuesto de la fracción V, VII y VIII del artículo 12
de esta ley; y
III. En tres años, tratándose de la fracción XXI del artículo 11 y
de las fracciones I, II, VI y IX del artículo 12 de esta Ley, así
como aquéllas que sean consideradas como graves en los
términos del artículo 21 veintiuno». (Énfasis y subrayado
añadido).
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En el mismo capítulo de la legislación en cita se establecía
en la pieza articular 28 la forma en que se empezaban a
contar los plazos de la prescripción referida, señalando a la
letra:
«Artículo 28. Los plazos de la prescripción comenzarán a contar
a partir del día siguiente a aquél en que se haya cometido la falta
administrativa o a partir del momento en que haya cesado, si fue
de carácter continuado.
La prescripción se interrumpirá por el inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa que regula la presente ley».
Ahora bien, el artículo 48 de la referida legislación también
señalado por la parte actora, a la letra expresaba:
«Artículo 48. Presentada una queja o denuncia, la autoridad
acordará sobre su admisión y ordenará dar vista con ésta al
servidor público para que rinda un informe, dentro del término de
cinco días hábiles. Igualmente se dará vista al servidor público
por el mismo término, cuando la autoridad acuerde que existen
elementos para instaurar de oficio un procedimiento de
responsabilidad administrativa.
En el mismo acuerdo a que se refiere el párrafo anterior se
señalará día y hora para la celebración de una audiencia de
ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de alegatos la
que se llevará a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes al
vencimiento del término para rendir el informe». (Énfasis y
subrayado añadido).
Plasmado lo anterior podemos apreciar que la figura de la
extinción de las facultades de la encausada para sancionar
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al sujeto a procedimiento, por su inactividad procedimental
por el simple transcurso del tiempo, conocida como
prescripción, se encuentra ajustada a derecho; pues si bien,
a primera impresión, de los artículos 27 y 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios,
pareciere que la figura de prescripción únicamente corre del
momento del hecho irregular o reprochable al que se inicia
el procedimiento, tal aspecto no atiende a la naturaleza
propia de la institución de prescripción, que es sancionar,
sino también al descuido de la autoridad para ejercer sus
facultades sancionadoras.
Se afirma lo anterior dado que en la exposición de motivos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, respecto a los preceptos legales antes referidos,
se acotó:
‹‹EXPOSICIÓN DE MOTIVOS… II.17. CAPÍTULO VII DE LA
PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA. Este capítulo regula lo correspondiente a la
prescripción, figura que tiene por objeto extinguir la
responsabilidad administrativa por el simple transcurso del
tiempo… La prescripción se interrumpirá por el inicio del
procedimiento administrativo disciplinario. Su efecto es la
pérdida del tiempo transcurrido, sin perjuicio de que éste pueda
comenzar a correr de nuevo…››.
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Esto es, si de conformidad con lo antes transcrito, una vez
interrumpido el plazo de prescripción, el tiempo
originalmente transcurrido se pierde, con la posibilidad de
que vuelva a comenzar a correr de nuevo, entonces, aceptar
el argumento de la parte demandada relativo a que la
prescripción fue interrumpida con el inicio de
procedimiento notificado el 25 veinticinco de agosto de
2011 dos mil once, implicaría conceder a la autoridad un
plazo indefinido para dictar la resolución correspondiente,
con lo cual se dejaría en estado de indefensión e
incertidumbre jurídica al servidor público sujeto a
procedimiento, ya que las atribuciones de la autoridad para
emitir la resolución correspondiente en los procedimientos
de responsabilidad administrativa no pueden ser irrestrictas,
esto es, las facultades sancionadoras de la autoridad no
pueden estar vigentes por tiempo indefinido, sino que deben
estar sujetas a los plazos y términos fijados por la propia
ley.
Por tanto, la interpretación correcta de los artículos 27 y 28
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios, debe ser en el sentido de que el cómputo de la
prescripción se realiza en dos momentos: el primero, del
hecho o conducta irregular reprochable a aquel en que
inicia el procedimiento; y el segundo, que ha de computarse
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a partir de que surta efectos la notificación de la citación
para la audiencia a que refería el transcrito numeral 48.
El anterior criterio fue sostenido por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del
Décimo Sexto Circuito, en la tesis aislada tesis
XVI.1o.A.T.21 A, en la que refirió que si bien en la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, no se
prevé el momento a partir del cual debe reiniciar el
cómputo del plazo de prescripción, debe concluirse que la
única etapa del procedimiento que ofrece certeza para ese
propósito, es la citación a la audiencia de ley, de manera
que el momento a partir del cual debe volver a computarse
el plazo de la prescripción es a partir de que surte efectos la
notificación de la citación para la audiencia a la que se
refiere el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
La tesis aislada antes referida se encuentra publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo XXIX, enero de 2009, página 2829 y es del
tenor literal siguiente:
«RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Y SUS MUNICIPIOS. LOS PLAZOS PARA QUE OPERE LA
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PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE
LA AUTORIDAD QUE SE INTERRUMPEN CON EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, REINICIAN A
PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE
LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA. Del análisis de los
artículos 27 y 28 Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios se
advierte que la potestad sancionadora del Estado no es indefinida,
sino susceptible de prescripción, con sujeción a diversos plazos,
dependiendo de la falta, que se interrumpen con el inicio del
procedimiento respectivo. Sin embargo, aunque no se prevé
expresamente que esos plazos reinicien, en el proceso legislativo
que dio origen a la citada ley se indicó que la consecuencia de la
indicada interrupción sería: "... la pérdida del tiempo
transcurrido, sin perjuicio de que éste pueda comenzar a correr
de nuevo."; de ahí que deba admitirse esa posibilidad. Ahora bien,
como tampoco se previó el momento a partir del cual los plazos
respectivos deben volver a computarse, cabe interpretar que es a
partir de que surte efectos la notificación de la citación para la
audiencia establecida en el artículo 48 del propio ordenamiento,
cuenta habida que es el único acto procesal que se celebra en
fecha cierta, pues las restantes etapas podrían ser alargadas a
capricho de la autoridad, particularmente al estar prevista la
eventualidad de que se ordene la práctica o ampliación de
diligencias probatorias; de suerte que dejar el reinicio de los
plazos para que opere la comentada prescripción para una fase
posterior como la de alegatos, iría en perjuicio del servidor
público, a quien le asiste un derecho de certeza al tenor de los
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos».
En esa tesitura, la figura de prescripción contenida en los
multicitados artículos 27 y 28 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
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Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, fue
prevista por el legislador local, en su doble aspecto, es decir
como inactividad para ejercer sus atribuciones de iniciar el
procedimiento, y como la pérdida de facultades para emitir
la sanción correspondiente en el mismo.
Ahora bien, del cúmulo probatorio que obra en el sumario y
en especial con la documental pública identificada como
oficio CM/DQ/1611/11 fechado el 11 once de agosto de
2011 dos mil once que contiene el acuerdo de inicio de
procedimiento de responsabilidad administrativa registrado
con el número CM-DQPRA-026-11 (fojas 119 a 136,
ibídem) esta Magistratura tiene por acreditado que dicho
acuerdo fue notificado el 25 veinticinco de agosto de 2011
dos mil once, según se aprecia en la esquina superior
izquierda de la foja 119, aclarando que en cuanto a esta
notificación no existe controversia entre las partes.
Asimismo, se tiene por acreditado que en dicho acuerdo se
realizó la citación a la audiencia, tal y como se aprecia en el
tercer párrafo de la foja 135, al señalarse que «[…] cito para
que se presente el día 06 de Septiembre de 2011 dos mil once a las
12:00 horas, fecha en la que se llevará cabo [sic] la audiencia de
ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, y de alegatos […]».
La citada documental pública fue presentada en copia
certificada por la autoridad demandada y a la que se le
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otorga valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto por los
artículos 78, 117, 121 y 131 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
De ahí, que conforme a lo señalado en el presente
considerando, con el acuerdo de inicio de procedimiento de
responsabilidad administrativa registrado con el número
CM-DQPRA-026-11 notificado el 25 veinticinco de agosto
de 2011 dos mil once, y en el que se realizó la citación a la
audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de
pruebas, y de alegatos, se reinició el plazo que señala la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus
Municipios al día siguiente hábil de que surtió efectos la
notificación, esto es el lunes 29 veintinueve de agosto de
2011 dos mil once, por haber surtido efectos el día viernes
26 veintiséis de igual data y descontándose los días 27
veintisiete y 28 veintiocho por tratarse de sábado y
domingo.
De tal suerte que el plazo de la facultad sancionadora en lo
que respecta al contenido de la fracción XIII del artículo
11, según la fracción II del artículo 27 de la multicitada
ley, prescribió a los 2 dos años contados a partir de esa
fecha, es decir, el día 29 veintinueve de agosto de 2013 dos
mil trece.
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Por su parte, el plazo de la facultad sancionadora en lo que
respecta a la fracción XXI del artículo 11, según la
fracción III del artículo 27 de la multicitada ley,
prescribió a los 3 tres años contados a partir de esa
fecha, es decir, el día 29 veintinueve de agosto de 2014 dos
mil catorce.
Por lo anterior, es fundado el concepto de impugnación.
No pasa desapercibido que resulta inexacto lo señalado por
la parte actora en cuanto a que haya prescrito hasta el 5 de
octubre de 2014 dos mil catorce, toda vez que como ha
quedado demostrado, la facultad sancionadora por cada una
de las conductas prescribió en fechas anteriores (29
veintinueve de agosto de 2013 dos mil trece y de 2014 dos
mil catorce, respectivamente), de tal suerte que resulta
innecesario analizar si el citatorio de fecha 3 tres de octubre
de 2014 dos mil catorce y la constancia de notificación de 6
seis de octubre de igual año impugnados en vía de
ampliación de demanda resultan válidos o nulos, pues nada
cambiaría el sentido de la resolución, al haber prescrito 1 un
mes y 8 ocho días antes a estas notificaciones y no hasta
antes el 5 cinco de octubre de dicho año como lo pensó la
parte actora.
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Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que al
encontrarse prescrita la facultad sancionadora de la
autoridad demandada, es procedente decretar la NULIDAD
TOTAL de la resolución de 7 siete de julio de 2014 dos mil
catorce, dictada en el procedimiento de responsabilidad
administrativa número CM-DQPRA-026-11.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
300, fracción II, del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; al actualizarse la causal de ilegalidad prevista
en el artículo 302, fracción IV..
Al haber realizado el estudio del primer concepto de
impugnación que resultó fundado, es innecesario realizar el
análisis del restante, en atención a la tesis de jurisprudencia
que por analogía se aplica y que a la letra indica:
«CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO
DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación
vertidos en la demanda de amparo.». Octava Época. Instancia:
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, Marzo de
1992. Tesis: II. 3o. J/5. Página: 89.
SEXTO. Estudio de las demás pretensiones hechas valer
por la parte accionante. Además de la acción de nulidad,
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la parte actora ejercitó la de reconocimiento de derecho a
que las demandadas omitan hacer efectiva la sanción de
inhabilitación por 3 tres años que se le impuso, así como a
que dicha responsabilidad no sea inscrita en el registro
municipal o estatal. Además solicitó el reconocimiento a la
declaratoria de prescripción del procedimiento instaurado
en su contra y el reconocimiento al derecho del pago de
gastos y costas que se generen en el presente juicio a cargo
de las demandadas, y en particular, la cantidad de
$114,522.12 (ciento catorce mil quinientos veintidós
12/100, moneda nacional), por concepto de honorarios
pagados al abogado autorizado (foja 2, ibídem).
En primer término, es de precisarse que respecto de la
pretensión relativa a que la parte demandada omita hacer
efectiva la sanción de inhabilitación por 3 tres años que se
le impuso, así como a que dicha responsabilidad no sea
inscrita en el registro municipal o estatal y a la declaratoria
de prescripción del procedimiento instaurado en su contra,
tal pronunciamiento resulta innecesario, porque es claro que
los actos declarados jurídicamente nulos no pueden
producir ningún efecto legal respecto de aquellos
individuos contra quienes se dicten, quedando en situación
como si tales actos nunca hubieran existido.
Lo anterior obedece a que al haberse decretado la nulidad
total del mismo, en los términos del considerando que
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precede, se surtirán los efectos establecidos en el párrafo
segundo del diverso numeral 143 del propio Ordenamiento,
que literalmente se transcribe:
«Artículo 143. La omisión...
El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en
sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se
presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanarse, sin
perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad
producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán
obligación de cumplir el acto.
En caso... ». (Resaltado añadido)
Ahora bien, en cuanto a lo pretendido por la parte
accionante en cuanto al reconocimiento al derecho del pago
de gastos y costas que se generen en el presente juicio a
cargo de la parte demandada, y en particular, la cantidad de
$114,522.12 (ciento catorce mil quinientos veintidós
12/100, moneda nacional), por concepto de honorarios
pagados al abogado autorizado, este resolutor considera que
es improcedente en virtud que el Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato no contempla dicha figura.
Esto, pues, sin perjuicio a lo estipulado por otras leyes y
mediante otras vías, ya que el Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en su libro tercero, título primero, capítulo
único, al referirse a las Disposiciones Generales de la
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Justicia Administrativa, señala expresamente en su diverso
254 que en materia contenciosa administrativa no habrá
lugar a la condena de costas, porque cada parte deberá
hacerse responsable de sus propios gastos, así como de los
que se originen de las diligencias que se promuevan.
No obstante lo anterior, esta Sala del conocimiento
considera que es procedente dejar a salvo los derechos de
la parte actora para que los haga valer por la vía que
considere pertinente.
En mérito de lo expuesto con antelación, con fundamento
en los artículos 1, 2, 3, primer párrafo, de la Ley Orgánica
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Guanajuato; 1, fracción II; 249, 298, 299, 300, fracción
II, y 302, fracción IV, del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, es de resolverse y se:
R E S U E L V E
PRIMERO. No se sobresee el proceso, de acuerdo a lo
expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO del presente
fallo.
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Pública
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PROCESO ADMINISTRATIVO
1705/2ª SALA/14
48
SEGUNDO. Se decreta la NULIDAD TOTAL de la
resolución impugnada por las razones expuestas en el
CONSIDERANDO QUINTO de esta sentencia.
TERCERO. NO SE RECONOCE EL DERECHO NI
SE CONDENA A LA DEMANDADA, en los términos
señalados en el CONSIDERANDO SEXTO de esta
resolución.
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívese este
expediente, como asunto totalmente concluido y dese de
baja en el libro de registro de esta Segunda Sala.
Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Vicente de
Jesús Esqueda Méndez, Magistrado Propietario de la
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, quien actúa
legalmente asistido de la Secretaria de Estudio y Cuenta
licenciada Ma. Teresa Solís Martínez que da fe.
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