octubre 2003 ya tiene a siete sentenciados

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EspecialOCTUBRE 2003MIRCOLES31 DE AGOSTO DE 2011 / 8 PGINASAPG

Dos de los ex comandantes, Osvaldo Quiroga y Juan Veliz, y el ex ministro Kuajara son subidos a un vehculo que los llev a la crcel San Roque, de Sucre.

Octubre 2003 ya tiene a siete sentenciados

l FALLO El mximo tribunal de justicia de Bolivia sentenci ayer a penas de entre tres a 15 aos de crFamiliares celebran, aunque la sentencia les sabe a poco, queran 30 aos de crcel. Un fiscal anuncia que ahora impulsar la extradicin de Gonzalo Snchez de Lozada.

cel a dos ex ministros y cinco jefes militares del Gobierno del ex presidente Gonzalo Snchez de Lozada.

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Pgina SIETE Mircoles 31 de agosto de 2011 [email protected]

Especial

Octubre 2003

2003, el ao de la cada de Gonzalo Snchez de Lozada

Los mineros, octubre negro y los ltimos das de Gonil CRNICA Tras el impuestazo y la guerra del gas, los mineros celebraron la derrota del MNR en La Paz, saldando una deuda de 17 aos.Jos Luis Quintana / Pgina Siete

Las vctimas de octubre negroJos Luis Atahuichi Ramos (44), Ramiro Vargas Astilla (22), Demetrio Coraca Castro (62), Simael Marcos Quispe (20), Juan Cosme Apaza (44), Marlene Nancy Rojas (8), Sergio Vargas Castro (19), Arturo Mamani Mamani (42), Marcelo H. Cussi Vargas (21), Domingo Mamani Mamani (32), Jacinto Bernab Roque (61). dgar Lecoa Amaru (20), Jaime V. Quispe Zacaras (30), Braulio Callizaya Dorado (38), Benita Ticona (45), Florentino Poma Flores (34), Rosendo Riolobos Alba (43), Ral Huanca Mrquez (70), Juan Carlos Barrientos (32), Germn Carvajal Valencia (36), Vctor Arcani Ticona (36), Filomena Len Mendoza (36). Serapio Arnada Calle (40), Wlter Huanca Choque (25), lex Llusco Mollericona (5), David Salinas Mallea (29), Juan Carlos Gutirrez Tinta (23), Marcelino Cuty Mamani (sin dato), Nicols Morales Choque (24), Luis Reynaldo Cusi Quispe (22), Francisco Ajllahuanca Alanoca (43), Luis Fernando Quelca (16), Manuel Yanarico Janco (35). Damin Luna Palacios (30), Efran Mita Quispe (22), Edmundo Charcas Choque (41), Marcelino Carvajal Lucero (59), Roxana Apaza Cutida (19), Constancio Quispe Mamani (43), Mximo Vallejos Caiza (21), Augusto Hilari Pari (50), Juan Ticona Mamani (68), Damina Larico Maquera (22), Richard Charca Chana (23). Flix Bautista Paco (26), Wilson Hugo Chuquimia Durn (32), Jos Masas Quispe (30), Jos Miguel Prez Cortez (40), Flix Javier Quispe Tacco (23), Enrique Hctor Marn Limachi (40), Marcelo Chambi Mollinedo (sin dato), Teodocia Morales Mamani (38). Jhonny Sunavi Quispe (28), Narciso Colque Mamani (26), Lucio Santos Gandarillas Ayala (33), Carmelo Mamani Patzi (47), Eduardo Hino Baltasar (35), Roberto Huanca Porce (34), Vidal Pinto Blanco (21) y Wiler Ortiz Crdoba (35).

Boris Miranda / La Paz as columnas de mineros que venan desde Oruro y Potos, anunciadas por estruendosos dinamitazos, llegaron hasta la plaza San Francisco y se plegaron a la multitud que ya festejaba la inminente cada de Gonzalo Snchez de Lozada. Era el 17 de octubre de 2003, casi a las cuatro de la tarde. Mucho antes, en 1986, algunos de esos marchistas, o sus padres, cantaron los mineros volveremos, cuando retornaban a sus casas despus de ser derrotados en Calamarca por uniformados y tanques que impidieron su paso hacia La Paz, donde pretendan luchar contra el 21060. Diecisiete aos despus, esas mismas Fuerzas Armadas cedieron y los policas no estuvieron dispuestos a mantener el cerco a La Paz. La columna minera super la barrera y en la sede de Gobierno cumpli con su antigua promesa. Los trabajadores de los socavones volvieron para derrotar -aunque tarde- a ese MNR que les trajo el 21060 y la relocalizacin. Poco antes de que caiga el sol de aquel viernes, Goni abandon la residencia presidencial en una vagoneta blindada; dej La Paz en un helicptero y resign la Presidencia de Bolivia cuando abord un vuelo directo a Miami. El ao 2003 fue bastante movido. Febrero fue la antesala de la revuelta definitiva de octubre. El detonante a principios de ese ao fue un impuesto al salario que la administracin de Snchez de Lozada (MNR) decret por consejo del Fondo Monetario Internacional. Bastaron unas horas para que se produzcan las primeras movilizaciones. Un motn policial deriv en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y la muerte de uniformados de ambos bandos. Mientras tanto la gente descarg su bronca en las sedes de partidos polticos y la Vicepresidencia. Ocho aos despus, la ex sede de ADN en la avenida Montes (expropiada por el Estado) an tiene las paredes negras por el fuego de aquella tarde. Las oficinas de la UCS son parte de un complejo de salas de cine y la casa del MIR se volvi un centro comercial. La Casa Rosada fue reacondicionada a medias hace un par de aos, pero nunca recuperar la opulencia que ostentaba en los aos mejores.

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Los mineros ingresan a la ciudad de La Paz, fue el 17 de octubre de 2003.

Poco antes de que caiga el sol de aquel viernes, Goni abandon la residencia presidencial en una vagoneta blindada; dej La Paz en un helicptero y resign la Presidencia de Bolivia cuando abord un vuelo directo a Miami.

El MNR apenas llevaba seis meses en Palacio de Gobierno cuando se produjo el levantamiento de febrero, que provoc la salida de Carlos Snchez Berzan del Ministerio de la Presidencia y, por supuesto, el retroceso del Ejecutivo en el mentado impuestazo. Pero El Zorro volvi al gabinete unos meses despus, nada menos que a comandar la represin contra El Alto, Sorata y Warisata, desde la cartera de Defensa. La cada de Goni comenz en el altiplano, en septiembre. Un bloqueo de caminos impidi el retorno de turistas estadounidenses e ingleses; intervinieron sus embajadas y de inmediato se instruy el operativo para levantar la movilizacin. Una nia en Warisata fue una de las primeras vctimas en la avalancha de violencia que dur cerca de 30 das, entre septiembre y octubre. 59 murieron en aquellas jornadas, 400 resultaron heridos y otros nueve fallecieron por las heridas, tiempo despus. El convoy de la muerte, operativo de Snchez Berzan para asegurar el abastecimiento de combustible para La Paz, sembr la mayora de las muertes en El Alto. Los ltimos das, un obstinado Goni repiti hasta el cansancio que no convocara una Asamblea Constituyente y que no nacionalizara los hidrocarburos. Mi mujer no quiere dejar de ser primera dama, lleg a decir. Un da despus, volvieron los mineros.

Cronologau 20 de septiembre Las Fuerzas Armadas intervienen el bloqueo a la altura de Warisata para permitir que salgan los turistas estadounidenses e ingleses que quedaron atrapados. Muere una nia, es una de las primeras vctimas. u 7 de octubre El Alto determina no permitir que el Gobierno de Snchez de Lozada exporte gas por un puerto chileno y anuncia movilizaciones y un paro indefinido. u 10 de octubre Comienzan las movilizaciones en la urbe altea y los primeros enfrentamientos con la Polica.

frentamiento deriva en muertes; El Alto decide cerrar los accesos a La Paz. Los campesinos se unen a la movilizacin.u 12 de octubre La represin se vuelve ms dura. Snchez Berzan decide asegurar el abastecimiento de combustible y provoca decesos con el convoy de la muerte. u 13 de octubre El vicepresidente Carlos Mesa rompe con las decisiones que tome el Gobierno. u 17 de octubre Despus de das con la ciudad paralizada, Gonzalo Snchez de Lozada abandona el pas. Desde entonces est en EEUU.

u 11 de octubre El en-

Archivo APG

Un manifestante en las jornadas de octubre.

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Especial


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La retardacin de justicia marc el juicio del caso octubre

Octubre 2003

AnalistaMARCELO ANTEZANA Senador, ex jefe del Ejrcito

Ocho largos aos para que un juez diga culpablesl PROCESO La denuncia fue presentada el 22 de octubre de 2003; sin embargo, el primer fallo lleg recin ocho aos despus de lo sucedido.APG

Se criminaliz el accionar de las FFAAor la presin social y la mala voluntad del Gobierno, y con la abierta intencionalidad de manipular al Estado -del que forman parte el Ministerio Pblico y el rgano Judicial como mano izquierda-, han atropellado a la mano derecha, que es el Poder Ejecutivo. De esta forma se criminaliz, de aqu en adelante, el accionar de las Fuerzas Armadas, como institucin fundamental de la patria en el cumplimiento de su misin constitucional. Las FFAA no actuaron de oficio, salen cumpliendo una misin constitucional y acatan la orden del capitn general, que es la cabeza del poder poltico nacional. En 2003 hubo una conmocin interna, una revuelta. En El Alto, en Warisata, no se enfrentaron a nios de knder. La sociedad en su conjunto sabe que haba infiltrados, francotiradores y gente que us armamento. Los responsables directos: el Presidente, el ministro de Defensa, de la Presidencia, estn fuera del pas, mientras que el Vicepresidente -de entonces- camina tranquilo por las calles. Lo cierto es que todos estn libres. Yo quiero ver al capitn general, al presidente Evo Morales, con los problemas sociales que se le vienen por delante, enfrentndose a una situacin de convulsin interna o de revuelta nacional, a ver si va a poder echar mano de las FFAA. De repente a sus cogobernantes, a los jefes del Alto Mando los podr obligar, pero quiero ver que el personal subalterno cumpla con una orden que venga del poder poltico sabiendo que luego cualquier otro gobierno que venga los va a encarcelar. Se debe redactar, con urgencia, un proyecto de ley para aclarar y establecer la misin que deben cumplir los cobardes que manejan la cabeza del poder pblico, porque ellos son los que utilizan todo el tiempo a las FFAA, luego se lavan las manos y, como lo estn haciendo hoy, criminalizan la misin de los uniformados. ste es un tema que no se puede repetir, por el bien del pas y de la institucin, que lo nico que hace es preservar la integridad del Estado.

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Boris Miranda / La Paz

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os familiares de las vctimas de octubre de 2003 se abrazaron ayer en La Paz, segundos despus de escuchar por radio el fallo del Tribunal de Sentencia en Sucre. Ocho aos tuvieron que esperar para que cinco ex altos oficiales militares y dos ex ministros fueran declarados culpables por la muerte de sus seres queridos, y condenados a cumplir penas de entre tres y 15 aos de crcel. En Sucre sucedi algo parecido. Petardos y msica se escucharon en la plaza 25 de Mayo, donde los familiares expresaron su satisfaccin, an parcial pues saben que falta juzgar a los principales responsables de aquellos hechos. Luego de improvisar una marcha por las principales calles sucrenses, decenas de representantes del sector vieron culminar una fase larga y extenuante en su bsqueda de justicia. Ocho aos despus. Dos ex ministros y cinco militares condenados por los 69 muertos y 400 heridos. se es el saldo inicial, el primero, de un proceso que arranc das despus de la huida de Gonzalo Snchez de Lozada: el 22 de octubre de 2003, cuando la Fiscala General de la Repblica present la primera denuncia. Desde entonces el avance del juicio fue un va crucis. De hecho, el juicio oral como tal se abri recin en 2009. El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernndez fue imputado por retardacin de justicia en el caso. La Cmara de Diputados lo acus y perdi su cargo. En los ocho aos fallecieron nueve de los heridos, dos de ellos por las complicaciones que surgieron de sus lesiones. Uno de los acusados tambin perdi la vida, pero por otras causas. Yerko Kukoc, el ex ministro de Gobierno de Snchez de Lozada, falleci hace dos meses en EEUU. Una de las caractersticas que marcaron el juicio fue la retardacin y las chicanas. En ocho aos fueron incontables las veces que los familiares protagonizaron movilizaciones exigiendo mayor premura. La vigilia final en dos departamentos cierra estos episodios. Por eso los abrazos, por eso las lgrimas. Los familiares de las vctimas comenzaron ayer a derrotar a la impunidad.

Fin, el Tribunal de Sentencia hace conocer su fallo y el juez de la Corte Suprema de Justicia dispone la condena.

Los hitos en el juicio de octubre negro22 de octubre de 2003: el proceso se inici con la primera denuncia por los hechos de octubre, presentada por la Fiscala General de la Nacin. Por su parte, la bancada del Movimiento Al Socialismo, encabezada por Evo Morales, empez los trmites para el juicio de responsabilidades en el Congreso. 14 de octubre de 2004: el Congreso autoriz el juicio por dos tercios de votos del total de miembros. En aquel entonces la mayora de los diputados y senadores eran parte de la extinta coalicin MNR-MIR-MBL-NFR, que llev a la presidencia a Gonzalo Snchez de Lozada. 20 de diciembre de 2005: la Sala Penal Primera de Sucre impuso medidas cautelares a los ex ministros. 10 de abril y 5 de septiembre de 2006: El fiscal general de la Repblica ampli la imputacin formal contra el Alto Mando militar de 2003. 19 de octubre y 12 de diciembre de 2006: la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los miembros del Alto Mando militar de 2003. 18 de diciembre de 2006: la Fiscala General del Estado imput formalmente a Gonzalo Snchez de Lozada, Carlos Snchez Berzan y Jorge Berindoague. 28 de marzo de 2007: la Sala Penal Primera declar rebeldes a Gonzalo Snchez de Lozada, Carlos Snchez Berzan y Jorge Berindoague. 17 de octubre de 2007: a los cuatro aos de su cada, la Fiscala acus formalmente por la masacre de octubre de 2003 a Goni, sus ministros y al Alto Mando militar. 26 de noviembre de 2008: la parte civil acusadora present una denuncia por retardacin de justicia contra el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. 25 de marzo de 2009: la Corte Suprema de Justicia determin comenzar las audiencias pblicas del juicio de responsabilidades. 19 de mayo de 2009: empez el juicio oral por el caso octubre negro en la ciudad de Sucre. Gonzalo Snchez de Lozada y los ministros que abandonaron el pas no fueron juzgados, puesto que fueron declarados en rebelda. 30 de agosto de 2011: finalmente, ocho aos despus, el Tribunal de Sentencia ley las condenas para dos ex ministros de Snchez de Lozada y cinco miembros del Alto Mando militar de 2003.

En los ocho aos que transcurrieron hasta esta condena fallecieron nueve de los heridos. Dos de ellos por las complicaciones que surgieron de sus lesiones.

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Especial

Octubre 2003

OpininWILFREDO CHVEZ Viceministro y abogado

Los primeros siete sentenciados por el mximo tribunal de justicia de Bolivia

Sentencia incompletae ha conocido la sentencia del Tribunal organizado para el caso y hay que destacar que se ha reconocido el delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta. ste era el tema ms peleado, en la medida de que si este tipo penal no era admitido por el Tribunal, hubisemos estado ante un escenario en el que sera mucho ms fcil para quienes evadieron la justicia, y son sometidos a juicio tambin, merecer penas incluso indulgentes. Creemos que el Tribunal ha emitido un fallo muy complejo. No se ha ledo la integridad, solamente la parte resolutiva, habra que revisar todo el documento para ver qu fundamentos se tuvieron, por ejemplo, para dar tres aos a los dos ministros. Hay que tomar en cuenta que hay un juicio pendiente contra quienes se han escapado del pas, que estn en Per, Espaa y tambin en Estados Unidos. Entiendo que es una sentencia incompleta. Tiene veredictos contra ex militares, que ya deben estar cumpliendo esa condena porque no presentaron apelaciones. Se trata de un proceso que lucha contra la impunidad, contra el abuso del Estado. No creo que la sentencia contra los militares provoque que el Gobierno ya no pueda sacarlos en situaciones de conflicto, porque ante la convulsin, el Gobierno de entonces poda recurrir, por ejemplo, a un Estado de Sitio, que genera facultades extraordinarias para actuar en estas situaciones. Ellos no han usado, y por el contrario, sacaron un decreto supremo firmado por los dos ministros sentenciados, en el cual autorizan y acuden a la fuerza pblica de manera absolutamente inconstitucional e irregular. Autorizaba a utilizarla de la forma en la que lo han hecho, para despejar algunas vas. Esta violencia de Estado no est permitida por la ley, y cuando hay convulsin interna, se usa el Estado de Sitio, previsto en la Constitucin. Por qu no lo han hecho?, sa es la pregunta que todava no han contestado. Ese punto es clave para determinar la responsabilidad penal de esas personas y, por supuesto, un Estado democrtico tiene medidas de defensa, que pueden ser usadas, para usar la fuerza pblica apropiadamente.

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Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe de las FFAA. Condenado a 15 aos y 6 meses de prisin.

Juan Veliz Herrera, ex comandante del Ejrcito. Sentenciado a 15 aos y seis meses de crcel.

Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Area. Condenado a 11 aos.

Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval. Pasar 11 aos en la crcel.

Go co de m

La Fiscala anuncia que ahora gestionar la extradicin de Snch

Ex militares van a la crcel pJuan Pedro Debreczeni /Sucre istrico. Ex autoridades del alto mando militar y ex ministros de Estado fueron declarados autores mediatos y cmplices por el delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, en el marco del juicio por octubre 2003. Con penas de entre tres y 15 aos, se trata de la culminacin de un proceso que se extendi por ms de dos aos en los estrados judiciales. Coincidiendo con el plazo otorgado por los familiares y las vctimas para que las autoridades judiciales condenen a los acusados por los vejmenes y muertes durante la guerra del gas en El Alto en octubre de 2003, el tribunal de sentencia dictamin reclusin en la crcel de San Roque de Sucre para las ex autoridades implicadas en el caso. Ayer, luego de instalada la sesin, al promediar las 13:00, el tribunal dio lectura a la sentencia contra los siete acusados; cinco militares del ex mando militar que fungan como tales hasta antes del 17 de octubre de 2003 y dos ex ministros de Estado. El presidente del tribunal del

l SENTENCIA Roberto Claros, ex comandante de las FFAA, y Juan Vliz, ex coma neral Oswaldo Quiroga y el almirante Luis Aranda recibieron 11 aos. El general Gojuicio de responsabilidades, ngel Irusta, ley el fall: declarar al general Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y al general Juan Veliz Herrera, ex comandante general del Ejrcito, autores mediatos del delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenndoles a la pena de presidio de 15 aos y seis meses a cada uno, condena que ser computada para el primero del 30 de agosto de 2011 hasta el 2 de marzo del 2027, mientras que en el segundo la pena ser computada desde la fecha de su detencin preventiva, es decir el 2 de marzo de 2011, y correr hasta el 2 de septiembre de 2026. Se declar al general Jos Osvaldo Quiroga Mendoza, ex comandante general de la Fuerza Area, y al almirante Luis Alberto Aranda Granados, ex comandante general de la Fuerza Naval, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenndoles a la pena de presidio de 11 aos a cada uno, condena que ser imputada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022. En el caso del general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, ex comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas, se lo declar autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, recibiendo una condena de presidio de diez aos, sentencia que se pone en vigencia a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2021. Irusta aclar que se aplic sentencia condenatoria en contra de los acusados, adems de habilitarse el procedimiento especial para la reclamacin de los daos y perjuicios que correspondan. Es importante explicar adems que durante la sesin se procedi a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, mientras que la lectura de los fundamentos de la misma est prevista para este viernes, en una audiencia pblica a partir de las 14:30, para lo cual se cit a las partes. Se conoce que se trata de un folio de entre 1.000 y 1.500 pginas, por lo que se infiere que la lectura podra extenderse hasta la prxima semana. Concluida la sesin, uno de los principales acusadores dentro del proceso, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, expres su satisdaccin.

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Juez

NGEL IRUST Presidente Trib

Fue desig en julio d

tra Ju Iru de rid lec cia del juicio por naci en Oruro 1945. Tiene 27 a la profesin de a a la sentencia p senso de los mie nal de sentenci ngel Irusta P Hugo Surez C nistro), Elizab Loayza (conjuez Alurralde (con Arteaga River Freddy Lupa (c

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El ex presidente Gonzalo Snchez de Lozada est prfugo, al igual que otros nu

Gonzalo Snchez de Lozada, ex presidente.

Carlos Snchez Berzan, Defensa.

Jorge Berindoague, Hidrocarburos.

Guido ez, Asuntos Campesinos.

Mirtha Quevedo, Participacin Popular.

Javier TrrezGoitia, ex ministro de Salud

Especial


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Ahora exigirn extradicin de Gonzalo Snchez de Lozada

Octubre 2003

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onzalo Rocabado, ex omandante en jefe acciental de las Fuerzas Armadas, 10 aos de crcel.

Adalberto Kuajara, ex ministro de Trabajo. Sentenciado a tres aos de presidio.

Erick Reyes Villa, ex ministro de Desarrollo Sostenible. Condenado a tres aos de crcel.

hez de Lozada y de sus otros 9 colaboradores

a condena a siete procesados en el caso octubre 2003, cinco ex jefes militares y dos ex ministros abre las puertas para una extradicin del ex presidente Gonzalo Snchez de Lozada, anunci el fiscal Milton Mendoza. Dijo que hasta ayer Snchez de Lozada, que gobern entre los aos 2002 y octubre de 2003, era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el mximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso. Explic que la sentencia por crmenes de lesa humanidad y genocidio a ex altos mandos militares y dos ex ministros dar mayor peso a las solicitudes de extradicin de Snchez de Lozada y sus colaboradores que se encuentran en EEUU, Per y Es-

paa, para que se sometan a la justicia boliviana. se es el criterio coincidente de varios juristas que, desde distintos roles y funciones, han seguido el juicio octubre negro durante los dos aos y tres meses de proceso. Para Mendoza, ser importante que en el dilogo que se tenga entre gobiernos (EEUU-Bolivia) se logre la extradicin y se pueda aclarar que no se trata de una persecucin poltica, sino que se trata de delitos de lesa humanidad. Para el abogado de las vctimas, Rogelio Mayta, hemos venido reclamando que en septiembre y octubre de 2003 se ha cometido una masacre aqu en Bolivia, el Tribunal nos ha dado la razn y ahora podemos pedir la extradicin de Goni.

por octubre 2003Condenan a dos ex ministros pero no permanecern recluidosl Tribunal Supremo de Justicia conden ayer a tres aos de crcel a dos ex ministros de Gonzalo Snchez de Lozada: Erik Reyes Villa, ex ministro de Desarrollo Sostenible, y Adalberto Kuajara, de Trabajo. Fueron acusados de complicidad en el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Sin embargo, la defensa de ambas ex autoridades anticip que podrn obtener la suspensin condicional de la condena debido a que la misma no supera los cinco aos, segn reporte de ANF. En este momento (ayer) ya estn en San Roque cumpliendo la condena. Obviamente tendrn los beneficios que les da la ley como a cualquier otro ciudadano, vamos a analizar y seguramente lo vamos a hacer valer, afirm Ariel Coronado, abogado defensor de las ex autoridades en declaraciones a radio Panamericana. Tambin anticip que la permanencia de sus defendidos en la cr-

Punto de vistaBRUNO APAZA Dirigente de la COB DENIS RACICOT DDHH de la ONU-Bolivia

andante del Ejrcito, recibieron 15 aos de crcel. El geonzalo Rocabado, diez aos de condena penal.

La pena es benevolente

Una lucha contra la impunidad

TA PREZ bunal de Juicio

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gnado de 2007

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l Congreso nombr magisado de la Corte de usticia a ngel usta el 24 de julio e 2007. Esta autodad, que ayer dio ctura a la sentenr octubre de 2003, el 2 de agosto de os de ejercicio en abogado. Se lleg por el voto y conembros del tribuia compuesto por rez (presidente), Calvimontes (mibeth Maldonado z), Daysi Careaga njuez), Eduardo ra (conjuez) y conjuez).

cel de San Roque ser corta. Coronado explic que se desconocen los fundamentos de la sentencia y esperarn que el tribunal haga pblica la sentencia para determinar futuras acciones jurdicas. Por otro lado, los ex ministros Erick Alberto Reyes Villa Basigalupi y Adalberto Kuajara Arandia fueron declarados autores mediatos en grado de complicidad del delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, y sus condenas responden a la pena de presidio de tres aos, a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto del 2014. Por otro lado, el presidente de la Comisin de Constitucin de la Cmara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), pidi la revisin de la sentencia de octubre 2003, en el que se dictamin tres aos de presidio para dos ex ministros de Estado. Debe ser revisada esta sentencia que ha sido dictada, sobre todo para dos ex ministros, dijo.

enas inexplicablemente benevolentes a personas que han estado en primer nivel en el espacio de decisiones durante septiembre y octubre de 2003, con tres aos para dos ex ministros y de diez hasta 15 aos para jefes militares que ordenaron disparar contra ciudadanos hombres y mujeres que protestaban, pedan justicia y reclamaban sus derechos durante las luctuosas jornadas de octubre de 2003, afirm el dirigente de la COB, Bruno Apaza. Hay mensaje por debajo que habr que fortalecer, que ningn hecho delictivo de lesa humanidad quede impune en el pas, subray el dirigente cobista. GRAL. JUAN VLIZ Ex comandante del Ejrcito

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s muy importante en la lucha contra la impunidad y para las vctimas en cuanto a la verdad judicial, es muy importante tambin para el pas, para la verdad judicial, hoy en da (se) clarifican esos hechos que haban sido muy trgicos y muy sombros en 2003, afirm el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denis Racicot. Afirm que es una gran hazaa para los familiares de las vctimas. Por otra parte es muy importante para las vctimas, decimos que hay que insistir en cuanto a la prxima etapa a que haya reparacin de daos para las vctimas de estos hechos muy trgicos. ROBERTO DE LA CRUZ Activista octubre 2003

El Gral. Vliz no plane genocidiooy vuelvo a reiterar mi inocencia y continuar proclamndola hasta que mi corazn deje de latir. El general Juan Vliz no jal del gatillo ni encendi la mecha. Vliz jams orden matar. El comandante del Ejrcito inculpado no planific ni particip en ninguna accin para producir el genocidio o muerte de compatriotas, dijo el excomandante general del Ejrcito, Juan Vliz Herrera. Los responsables de la muerte de soldados, lesiones gravsimas a efectivos militares y policiales, y culpables del delito de sedicin no fueron investigados ni procesados, aadi.

Es una sentencia cariosaealmente la sentencia es cariosa, una decepcin para la justicia boliviana, ste es un mal antecedente incluso a nivel internacional, slo se hace justicia para unos cuantos y no para todos, se nota con el fallo que los ministros de Goni todava tienen amiguitos en la justicia, dijo Roberto De la Cruz, ex dirigente vecinal de El Alto, actual asamblesta departamental y activista en octubre 2003. Maana (hoy), cuando lleguen los dems (familiares de las vctimas), nos reuniremos para que determinemos qu medidas tomaremos respecto a esta situacin, inclusive apelaremos.

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ueve ex ministros que conformaron su gabinete

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d.

Jorge Torres, Desarrollo Econmico.

Hugo Carvajal, ex ministro de Educacin.

Dante Pino, Asuntos Financieros.

Yerko Kukok, Gobierno, fallecido.

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Especial

Octubre 2003

Piden que el resto de implicados reciba condenas de 30 aos Punto de vista

Familiares celebran aunque la sentencia les sabe a pocol LUCHA Los familiares de las vctimas ahora apuntan a realizar acciones para que el ex presidente Snchez de Lozada sea extraditado de EEUU.Jos Luis Quintana/Pagina Siete

GERMN QUIROZ Abogado del Gral. Juan Vliz

Hoy se ha criminalizado a las FFAAl que dio las rdenes fue el capitn general de la Repblica en ese entonces, Gonzalo Snchez de Lozada. l, constitucionalmente, tena la obligacin de restablecer el orden pblico. As se lo mandaba la Constitucin Poltica del Estado y l dio la orden a la institucin armada. Es decir, empez por los comandantes de las diferentes fuerzas. El capitn general puede dar rdenes verbales y puede dar rdenes escritas, indistintamente. La orden que recibi el general Juan Vliz Herrera de su comandante en jefe en ese entonces no fue la orden de matar a nadie. La instruccin que recibi fue restablecer el orden pblico y restituir los derechos que estaban siendo afectados por los bloqueadores. Gonzalo Snchez de Lozada debera estar ac para explicarle al pas por qu tom esa decisin, porque las Fuerzas Armadas son un arma en las manos del Presidente. Cuando el Mandatario dispone que salgan las FFAA, stas no van a las calles a hacer msica y tampoco a hacer una alegora cvica. Cuando las Fuerzas Armadas salen por orden del Presidente a restablecer el orden pblico, no salen a dialogar, no salen a negociar, salen a restablecer el orden pblico. Esa es su misin constitucional y por eso Snchez de Lozada debera venir a dar la explicacin de por qu orden que salgan las Fuerzas Armadas en octubre de 2003. Hoy se ha criminalizado a las FFAA. Con esta sentencia han ganado los bloqueadores, los vndalos, quienes tomaban vehculos, quienes tomaban la planta de Senkata, quienes hicieron la emboscada en Warisata, quienes tomaron los rehenes en Sorata, quienes -finalmente- desabastecieron a la ciudad de La Paz de combustibles. Con esta sentencia ellos han ganado frente a las FFAA y su funcin constitucional de restablecer el orden pblico. Un juicio de responsabilidades es para juzgar las decisiones polticas que tom el Presidente. Los militares, las FFAA eminentemente acataron la orden de su capitn general porque desde la fundacin de este pas han sido las defensoras de la institucionalidad.

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Pablo Peralta / La Paz a sentencia contra siete acusados por los hechos de octubre negro mitiga en algo el dolor de los familiares de las vctimas. Pero nada ms. Por eso Claudia Flores, una de las afectadas, seala con un llanto quebrantado y agridulce que se les ha abierto una luz en el camino, pero que para que esa luz sea una claridad total es necesario que Gonzalo Snchez de Lozada -a quien con rabia llama asesino- sea extraditado al pas y sentenciado a la pena mxima. Ms all de esa meta que no se pierde de vista, muchos de los familiares expresaron ayer su descontento por la reducida sentencia dictada contra los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara. Desde tempranas horas de la maana, un grupo de deudos de algunos de los ms de 60 muertos en aquellas jornadas, junto a heridos y sobrevivientes, se apost en la puerta del Ministerio Pblico de la ciudad de La Paz, en una tensa espera. Carteles con leyendas como Los derechos humanos se respetan o epitafios que colgaron al lado de una de las ventanas, con la dedicatoria A los cados por las secuelas de la masacre de septiembre y octubre de 2003, matizaron la pacfica manifestacin. Finalmente, al medioda, la noticia del fallo lleg desde Sucre y los estallidos de alegra se confundieron con llantos y clamores por justicia. Rogelio Mayta, abogado de las vctimas, asegur que esta sentencia viene a contribuir a la construccin democrtica, ya que se trata de un precedente muy importante para que no existan violaciones de derechos humanos. Mayta considera que en un futuro los gobernantes lo pensarn dos veces para sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas sociales y espera que en adelante todo conflicto sea resuelto mediante la poltica. La lucha contina Ahora nosotros vamos a empezar a luchar, vamos salir a las calles pidiendo la extradicin de Gonzalo Snchez de Lozada, el asesino! La masacre de octubre no puede quedar en la impunidad, asegur Flores. La mujer record con dolor todo el calvario que tuvieron que pa-

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Familiares de las vctimas de octubre negro hacen vigilia en la Fiscala de la ciudad de La Paz.

Ahora nosotros vamos a empezar a luchar, vamos salir a las calles pidiendo la extradicin de Gonzalo Snchez de Lozada.

sar para garantizar que se haga justicia y, aunque el fallo no haya sido del todo favorable a sus expectativas, asegura que es el resultado de ocho aos de esfuerzo. No en vano nos sacrificamos tanto, seala Claudia, cuyo esposo fue herido el 11 de octubre de 2003, cuando las cisternas de combustible se trasladaban de El Alto a La Paz. Estuvo tres meses hospitalizado y ahora est postrado en cama, sin poder aportar para el sustento de sus hijos. Durante la tarde y hasta entrada la noche, la vigilia por el juicio se convirti en protesta por la que los afectados consideran una reducida sentencia (de

tres aos) para los ex ministros de Snchez de Lozada. Los familiares piden que a los ex ministros que an se debe procesar se les d una sentencia de hasta 30 aos de crcel. Mara lvarez Villca fue esposa de Eulogio Zamo, quien muri aos despus de los hechos de octubre en los que fue herido en una mano, en un pie y en la clavcula, cuando pasaba por la iglesia de San francisco. Ya no resista ms el dolor. Por eso falleci. Decidida a luchar por justicia, la viudad advierte: Estamos empezando noms, es el inicio de una batalla que se coronar con la extradicin de Goni.

El juicio dur ms de dos aos y la lectura de la sentencia, 8 minutosl juicio oral por octubre negro dur dos aos y cinco meses de lucha, y su fin coron ocho aos de persecucin por la justicia, segn el abogado de las vctimas, Rogelio Mayta. La audiencia final del proceso comenz ayer a las 13:00 y termin a las 13:20. La lectura de la sentencia demor slo ocho minutos. El proceso judicial tuvo 17 acusados, entre Gonzalo Snchez de Lozada, su gabinete ministerial y jefes militares. Siete de ellos

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tienen ya sentencia. El proceso tuvo ms de 350 testigos, se judicializaron ms de 1.000 documentos, adems que cont con ms de 400 informes periciales de registros de imagen y audio de algunas emisoras. Tambin se cre un comit impulsor para apoyar el proceso. Se trata de una articulacin de organizaciones y personas comprometidas con el tema. Segn Mayta su fin es contrarrestar el poder econmico de los acusados.

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Especial


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Un decreto de Carlos Mesa libr de culpa a lderes sociales

Octubre 2003

Observan que el proceso haya omitido a dirigentesl POSTURA Un abogado y un ex jefe militar creen que el fallo estigmatiza a las FFAA y que debi incluir a dirigentes que encabezaron protestas en 2003.Jos Luis Quintana/Archivo

Punto de vistaFELIPE QUISPE (MALLKU) Ex ejecutivo de la CSUTCB

Otros son los que deben estar en la crcelYo estaba en la huelga de hambre, era ejecutivo de la Confederacin Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

Pgina Siete / La Paz ras la cada de Gonzalo Snchez de Lozada, Carlos Mesa -en ejercicio de la Presidencia- liber de responsabilidades, y por ende de eventuales procesos judiciales, a los dirigentes de varios sectores que comandaron las protestas de octubre negro. El entonces Mandatario lo hizo a travs del Decreto Supremo 27234 del 31 de octubre de 2003, que amnisti a las protestas sociales y a sus protagonistas, debido a que stas no respondan al deseo de cometer un delito penal. De esta manera no fueron nunca imputados ni procesados Roberto de la Cruz, entonces lder de la Central Obrera Regional de El Alto; Abel Mamani, presidente de la Fejuve de esa urbe; Felipe Quispe, mximo lder campesino, ni Evo Morales, el actual presidente que entonces, como hasta ahora, lideraba al sector cocalero. Una vez leda ayer en Sucre la sentencia a cinco ex altos oficiales militares y dos ex ministros, condenados a entre tres y 15 aos de crcel por la represin social que en octubre de 2003 provoc ms de 60 muertes, los abogados de los condenados y otros actores polticos criticaron el fallo parcial. Observaron que el proceso no incluy a quienes bloquearon calles, efectuaron marchas de protestas y -segn afirman- provocaron las acciones de los uniformados que cumplieron su mandato constitucional de velar por el orden pblico. Dnde estn los dirigentes que convocaban a la radicalidad, a

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Una de las movilizaciones ciudadanas durante octubre de 2003.

enfrentarse a las FFAA?, no estn aqu; las estructuras de movilizacin y accin poltica de septiembre y octubre de 2003 no estn aqu, sostuvo ayer Germn Quiroz, abogado del ex comandante del Ejrcito Juan Vliz, uno de los condenados, segn una nota de la agencia ANF. En ese marco, Carlos Snchez Berzan, ministro de Defensa durante los incidentes de octubre de 2003 -y una de las 10 ex autoridades refugiadas en diferentes pases-, declar hace poco al diario Los Tiempos que la amnista se dict slo para los sediciosos. Por otro lado, el senador y general en retiro Marcelo Antezana asegur, en declaraciones a Erbol, que el decreto de amnista de Mesa liber de toda posibilidad de culpa a quienes genera-

ron esta situacin, adems sostuvo que las Fuerzas Armadas no tuvieron al frente a angelitos. Uno de los sentenciados, el general Gonzalo Rocabado, lament, el pasado domingo, que se enjuiciara slo a la parte obediente y no as a los gestores de los disturbios. Por otro lado, el abogado de las vctimas, Rogelio Mayta, sostuvo que ese tipo de argumentos son ms discursivos que objetivos y que lo que buscan es confundir para dar la impresin de que no se investig bien. El proceso -agreg- fue amplio y las investigaciones nunca se vieron afectadas por el decreto de amnista. Por ello, considera que los acusados son precisamente quienes fueron identificados en las investigaciones.

Sentenciado pide una auditora jurdica internacional

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l ex comandante general del Ejrcito Juan Vliz Herrera solicit que se inicie una auditora jurdica internacional del proceso judicial que ayer lo conden, y lament que los fiscales no hayan investigado a los dirigentes polticos y sindicales, protegidos por un decreto. Los responsables de la muerte de soldados, lesiones gravsimas a efectivos militares y policiales, y culpables del delito de sedicin, no fueron procesados. Entonces, en mi profano entendimiento de la hermenutica jurdica me pregunto: por qu no

Hoy vuelvo a reiterar mi inocencia y continuar proclamndola hasta que mi corazn deje de latir

se investigaron estas muertes y no se enjuiciaron a los responsables?, sostuvo Vliz, segn un cable de ANF. El militar en retiro pidi justicia para los soldados y oficiales cados en los conflictos de octubre de 2003 y reiter que los verdaderos responsables de los luctuosos hechos no fueron juzgados y gozan de libertad. El general Vliz, sentenciado a 15 aos y seis meses de crcel en el marco del juicio de responsabilidades por la guerra del gas, dijo que es un hombre de honor y que si le toca ir a la crcel por ha-

ber hecho cumplir la Constitucin Poltica del Estado y las leyes, lo asumir con valenta. Vliz exhort a los operadores de la justicia a no cerrar sus ojos a la verdad y contribuir a que se aclaren los hechos, incluyendo a todos los actores para que se sepa la verdad de todo lo ocurrido. Hoy vuelvo a reiterar mi inocencia y continuar proclamndola hasta que mi corazn deje de latir. El general Juan Vliz Herrera no jal del gatillo ni encendi la mecha, ni jams orden matar, finaliz.

(CSUTCB). De esa manera he conocido a los ministros que estaban involucrados, como Carlos Snchez Berzan, Guido ez y Yerko Kukoc. Ellos fueron los que movieron al Ejrcito, ms que Kuajara, ms que Reyes Villa (los condenados). Recuerdo que el 20 de septiembre, cuando yo estaba en huelga de hambre en radio San Gabriel, detuvieron a tres compaeros nuestros en Warisata, y la gente que diriga el bloqueo de carreteras me consult: qu hacemos?. Cuando me dijeron que los estaban llevando a Sorata, yo les orden que saquen las armas y busquen una curva para hacer una emboscada en Warisata. Poco despus fue la masacre de Warisata, que fue dirigida por Snchez Berzan desde Sorata. En un da sufrimos tres bajas y luego dos ms hasta el 20 de septiembre. Todo fue responsabilidad de Snchez Berzan, que era ministro de Defensa, y del ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, pero tambin estaba metido el ez. sos son los principales ministros que deberan estar en la crcel. Si dicen que yo tambin soy culpable por haber ordenado enfrentar al Ejrcito, no tengo miedo. No voy a estar llorando como los coroneles, porque ellos han metido bala sin asco, sin miedo. Es muy triste recordar todo lo que pas en aquellos das, porque el actual presidente, Evo Morales, ni siquiera estaba ac, l estaba en Europa y tambin paraba generalmente en Caracas (Venezuela), con el comandante Hugo Chvez. Eso es lo que recuerdo, y por eso puedo decir que creo que a quienes han sentenciado a tres aos de crcel les ha debido caer (la sentencia) como algo (...) por haber apaciguado al pueblo. Los otros (Snchez Berzan, Kukoc, ez) han cometido un genocidio, ellos deberan tener por lo menos 30 aos o cadena perpetua.

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EspecialAPG Jos Luis Quintana / Pgina Siete

Un da histricou Drama Despus de la sentencia, dos escenarios opuestos se desarrollaron, uno era la algaraba de los familiares de las vctimas y el otro era el drama de los sentenciados y sus familiares. u Dato Luego del registro de sus datos personales y la posterior revisin mdica, los sentenciados pasaron a formar parte de la poblacin penitenciaria.

Familiares de las vctimas hacen una vigila.

Llanto y abrazos de los familiares luego de la sentencia.APG

Ahora Goni, carajo!, era la consigna que se repeta

El llanto y la alegra marcaron la histrica jornada en Sucrel CRNICA Lgrimas y sentidos abrazos fueron el comn denominador que se percibi en las puertas de la Corte Superior de Justicia tras la lectura de la sentencia.Juan Pedro Debreczeni / Sucre ma de los sentenciados y sus familiares. Las dos caras de la moneda En el frontis de la Corte Suprema el aire era festivo, petardos y gritos a voz en cuello inundaban la calle. Ahora Goni, carajo!, era la consigna que repetan las personas que celebraban la sentencia. Lgrimas y sentidos abrazos fue el comn denominador que se percibi en este sector. Hemos buscado justicia durante ocho aos, despus de dormir en las calles () queremos que ste sea un ejemplo no para Bolivia, sino para el mundo entero y que no existan ms masacres, y no que se derrame ms sangre (), manifest Litzen Callante, familiar de una de las vctimas. En el otro extremo, a medida que se dictaban las sentencias, los acusados uno a uno expresaban su ofuscacin y angustia, pero no slo ellos, sus abogaJos Luis Quintana / Pgina Siete

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yer, desde las primeras horas de la maana, los familiares de las vctimas de octubre negro amanecieron con una nueva esperanza; luego de una vigilia de ms de 50 das soportando las inclemencias del tiempo en condiciones lamentables y a los ocho aos de los luctuosos sucesos de la guerra del gas, cuando 64 personas murieron y ms de 400 resultaron heridas, finalmente se vislumbraba la tan ansiada sentencia. Y lleg, luego de una maana agitada por las protestas. Eran las 13:30 cuando los medios de comunicacin replicaban la palabra del presidente del tribunal de sentencia dando a conocer las penas de reclusin que iban de los tres hasta los 15 aos. Concluida la sesin, dos escenarios diametralmente opuestos se fueron desarrollando: la alegra de los familiares de las vctimas frente al dra-

dos tambin revelaban su impotencia respecto a los sucesos. Desazn y desamparo se poda evidenciar sobre todo en los rostros de los sentenciados, pero no menos en sus familiares, que angustiados recorran los pasillos del Palacio de Justicia, tal vez tratando de comprender lo que haba pasado. De autoridades a reos Aproximadamente a las 14:00, un fuerte resguardo policial se encarg de trasladar a los sentenciados de las instalaciones de la Corte Suprema hacia el penal de San Roque, ubicado en la calle final Bolvar. Ah, con la designacin de los nmeros 261 al 267, las ex autoridades sentenciadas pasaron a formar parte del contingente de reclusos del penal. No estamos de acuerdo, vamos a apelar!, manifest molesto el general Vliz durante su ingreso. Entre tanto, el resto de los sentenciados no emitiAPG

declaraciones. Ahora, las ex autoridades ocuparn el patio nmero dos del penal y recibirn el mismo trato que los otros internos. La tarde se cerr con la imagen de los familiares de los sentenciados llevando ropa y enseres para instalarlos en sus respectivas celdas y tratar de brindarles su apoyo moral en esos difciles momentos. Estamos viendo que puedan caber alrededor de cuatro internos (en el patio dos) y dos seguramente van a dormir en el lugar que denominamos comedor, coment un polica. Ahora sta es la figura dentro de la prisin: Juan Vliz Herrera (261), Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi (262), Adalberto Kuajara Arandia (263), Roberto Claros Flores (264), Gonzalo Alberto Rocabado Mercado (265), Jos Luis Alberto Aranda Granado (266) y Osvaldo Quiroga Mendoza (267).

Uno de los familiares protesta y pide justicia.APG

Pintaron varios carteles de protesta en contra de Goni.APG

La gente march con carteles y palos en octubre negro.

Soldados salieron a reprimir las protestas, en 2003

Los cuerpos de las vctimas fueron velados masivamente.

octubre 2003 ya tiene a siete sentenciados

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