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Un relato torcido. Elconflicto del SáharaOccidental a travésde la prensaÍndice

ANA CAMACHOPeriodista, ex-corresponsal de El País para el

Magreb. Investigadora de la UniversidadAutónoma

EL RELATO PERIODÍSTICO sobre el conflicto delSáhara Occidental ha cumplido un papel clave enel apoyo al derecho de autodeterminación delpueblo saharaui, pero tiene una importante

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SaharaOccidental:Delabandonocolonial a laconstrucciónde un estado.

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asignatura pendiente en relación a otro elemento,de gran relevancia para la solución del conflicto.Han pasado casi 38 años desde que el últimoGobierno del dictador Francisco Franco abrieselas puertas a la invasión marroquí, de la queentonces era la provincia española número 53 y,todavía, su narración de los hechos sigue sin darcuenta de que aquella entrega fue ilegal. Elmarco del enfoque informativo sigue, por tanto,ignorando que, tanto para la ONU, el derechointernacional y el derecho interno español,España sigue siendo la Potencia administradorade un territorio pendiente de descolonizar. Estaomisión ha dado alas a la maniobratergiversadora de tan vergonzoso tramo denuestra historia, de los sucesivos gobiernos deEspaña. Ha servido para ocultar o emboscar lasresponsabilidades internacionales —las queEspaña tiene con la comunidad internacional— yla responsabilidad muy particular y cercana— laque España y los españoles tenemos con elpueblo saharaui—. Responsabiliades que, sinambages, la ONU sigue atribuyendo a España.Responsabilidades jurídicas cuyas implicacionessuperan con creces las históricas y morales quetambién se derivan de una relación colonial. Elsagrado compromiso que el informador tiene conel derecho del ciudadano a recibir unainformación veraz y completa impone unarectificación del relato imperfecto e, incluso«torcido», que lleva casi cuatro décadasconfundiendo y despistando a la opinión pública.

La historia de este fallo del relato periodístico conel conflicto del Sáhara Occidental se remonta alcomienzo del conflicto en 1975, cuando el últimoGobierno de la dictadura del general Francodecidió renunciar a llevar a término el proceso de

DocumentalSoukeina4.400 días denoche

SaharaOccidental:Cuarentaañosconstruyendo resistencia

El derecho ala libredeterminación del pueblodel SaharaOccidental.Del iuscogens al ius


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descolonización del territorio, al que estabaobligado una vez que había inscrito,voluntariamente, el Sáhara Occidental en elregistro de la ONU para los territorios no-autónomos pendientes de descolonización. Lohizo cediendo a las pretensiones del anexionismomarroquí. Para justificar un giro político quesituaba a España ante un grave incumplimientode sus responsabilidades internacionales, elGobierno de aquellos días, presidido por AriasNavarro, puso en marcha lo que en términos decomunicación se define como una enormemaniobra de desinformación o supresión de laverdad. Proporcionar un barniz de legalidad auna salida/abandono, irregular e ilegal, delSáhara Español, fue el objetivo de tan bastacampaña de manipulación. Lograrlo exigíaocultar, al tiempo que se favorecía, una agresióntorticera y sin precedentes contra el pueblosaharaui, pueblo al que España tenía laresponsabilidad de defender y proteger tal ycomo establece el art.73 del capítulo XI de laCarta de Naciones Unidas.

La pieza angular de la farsa, con la que sepretendió dar legitimidad a un acto quecontravenía varios puntos del derechointernacional, fue la firma el 14 de noviembre de1975 de una ‘Declaración de Principios con losGobiernos de Marruecos y Mauritania’, quetambién había reclamado como propio elterritorio sahariano. Los grandes escollos delmomento, especialmente la falta de libertad deprensa en España, impidieron a los informadoresdesenmascarar las tácticas de confusiónintencionada que lograron que esta ‘Declaración’pasara a la Historia como los Acuerdos deMadrid, Acuerdo de Madrid, Acuerdos Tripartitos

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o Acuerdo Tripartito, términos, todos ellos, queevocan o sugieren la existencia de un tratadolegitimado por la comunidad internacional.

Ya entonces, sin embargo, numerosas vocescríticas, tanto de la izquierda como de laderecha, enfrentaron a la versión oficial un relatode los hechos que denunciaba que los supuestosacuerdos, además de inmorales, eran nulos depleno derecho por ser contrarios a la legalidadinternacional. Pero invocando su supuestavalidez, el 26 de febrero de 1976, el primerGobierno de la monarquía (también presidido porArias Navarro), comunicó a través de una carta ala ONU la salida unilateral del territorio y el fin delas responsabilidades de España con el procesode descolonización del pueblo saharaui. Todoslos gobiernos que siguieron se fueron adhiriendoa tan perversa maquinación, todavía en vigor,que sirve para mantener la ficción de que Españazanjó, honorablemente, la transferencia de laadministración del Sáhara Occidental.

La ONU nunca ha desautorizado, expresamente,los ‘Acuerdos’ y aunque tampoco los ha validadono es menos cierto que no ha condenado,expresamente, el abandono español de susdeberes con el proceso de descolonización aúnsin concluir. Aferrándose a las ambigüedades deesta situación, desde los distintos gobiernos se haseguido haciendo creer que la posición oficialdefendida en 1975 fue acorde a derecho y que elabandono de nuestras responsabilidades yobligaciones con el pueblo saharaui esirreversible. Se sigue alimentando así la confusiónde que, al no estar ya España, físicamente, en elterritorio, quedó sin papel alguno que cumplir enla solución del conflicto, excepto apoyar los

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esfuerzos de la ONU a favor de la paz en laregión. Continúa, por tanto, la impostura de quela actitud de todo Gobierno responsable debe serla de una neutralidad y equidistancia entre laspartes enfrentadas.

Esta posición gubernamental, sin embargo, noconcuerda con la inequívoca documentaciónemanada de las propias instancias de NacionesUnidas sobre la situación de los territoriospendientes de descolonizar. En la relación anualdel IV Comité de las Naciones Unidas (que tramitalos asuntos de los 16 Territorios No Autónomosque quedan en el mundo), queda reflejado queesta organización nunca dio por válidos losAcuerdos de Madrid. Los cita a pie de página parahacer constar la versión oficial española, pero enla casilla donde corresponde a la ONU señalarcuál es la potencia administradora del SáharaOccidental, figura, indeleblemente, negro sobreblanco, España.

El entonces Subsecretario General de NacionesUnidas para Asuntos jurídicos del Consejo deSeguridad, Hans Corell, en el dictamen de2002[1] explicó por qué la ONU no ha dejado niun solo día de señalar a España como la potenciaadministradora de iure, en lugar de sustituirla enla casilla correspondiente por Marruecos, queocupa el territorio de facto:

“El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberaníasobre el Territorio ni confirió a ninguno de lossignatarios la condición de Potenciaadministradora, condición que España, por sísola, no podía haber transferido unilateralmente”.

Por tanto, añade este texto, “Marruecos ha

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administrado el territorio del Sáhara Occidentalpor sí solo”. Una amplia bibliografía académicagenerada por prestigiosos especialistas en lamateria, tanto de la diplomacia como del derechointernacional, explican que ése “por sí solo” debeser traducido —para los que no estamosfamiliarizados con el correoso lenguaje onusianoy del derecho internacional— como un actounilateral, por el que Marruecos administra elSáhara Occidental de facto, es decir, por la vía delos hechos consumados, pero sin legitimidad. Deahí que ningún Estado haya reconocido supresencia en el territorio.[2] Los argumentos deCorell y la posición reflejada por la ONU en ellistado de territorios no autónomos coinciden conlas razones que alegó la versión del frente derechazo al abandono español del pueblosaharaui, que denunció la nulidad de losacuerdos de Madrid y, por tanto, la no validez dela dejación de responsabilidades.

Resulta sorprendente para esta investigadoraque, 38 años después, el relato informativo nohaya logrado siquiera suscitar un debate sobre laflagrante impostura de los sucesivos Gobiernosde España, flagrante y contradictoria, con lamantenida por la ONU. No se comprende bienpor qué los informadores, me refiero a losespañoles, siguen sin cumplir con la cuestión delSáhara Occidental, no mostrando el mismo celoque, en cambio, exhibieron, y con granentusiasmo y fortaleza de ánimo, durante lasegunda guerra en Irak. Intentaron en aquellaocasión arrancarle los colores a José María Aznar,haciéndole notar la falta de concordancia entresus actos y las resoluciones de la ONU.Denunciaban que la coalición occidental queacabó derribando a Sadam Hussein no estaba

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respaldada por la legalidad internacional.

Siendo el conflicto del Sáhara Occidental muchomás cercano, política, cultural y geográficamentea los intereses españoles, más justificado estaba ylo sigue estando poner el foco en las grietas quepresenta la línea argumental de la versión oficial.

Es cierto que en las facultades y escuelas dondese forman los futuros profesionales de lainformación se suele advertir que el periodismono es una ciencia sino un producto artesanal conuna fuerte carga subjetiva que condiciona loscriterios con los que el informador selecciona yordena las piezas con las que compone lanoticia.[3] Precisamente por el alto riesgo de falloque entraña la carga del mundo estereotipadoque cada sujeto arrastra consigo, la éticaperiodística insiste mucho en que el informadorcumpla su misión con una disciplina cuya esenciadebe ser la verificación[4]. Entre los variosmecanismos de control de esta disciplina destacael estar abierto a la investigación de los hechos;contrastar los datos a su disposición con cuantasfuentes sea necesario y evitar que se cuele en lanarración periodística datos falsos, enfrentando,cuando existan, las distintas versiones que hayasobre un hecho.

Ante la evidencia de las pruebas documentales,un relato periodístico que no ha logradocuestionar el discurso político que niega queEspaña siga siendo la Potencia administradora delSáhara Occidental, ni tampoco ha sabido aclarar alos ciudadanos en qué consisten estasresponsabilidades que la ONU señala comoineludibles, como mínimo, está incumpliendo esafunción clave que tiene el informador de hacer

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llegar a sus conciudadanos “todos los datos deinterés general que son necesarios para que lospúblicos entiendan el significado y la posibleproyección futura de los acontecimientospúblicos” [5]. Con ello, los periodistas hanincurrido en un fracaso con ese compromiso quetienen con la búsqueda de la verdad en su doblepapel de “custodios de los hechos” y de garantesde la honestidad del discurso político,encargados de “corregir los errores, limitar laconfusión y denunciar el engaño al que suelentender los gestores del poder”.[6]

Los códigos deontológicos que regulan laprofesión periodística, incluyendo el de la propiaFederación de Asociaciones de Periodistas deEspaña (FAPE),[7] subrayan el respeto a la verdadcomo “el primer compromiso ético delperiodista”. El incumplimiento de este dogmaentraña la expulsión de los asociados que hayansido sorprendidos en una infracciónmalintencionada. Se parte de la base que losobstáculos a los que se enfrenta el reportero paraaproximarse a la verdad no siempre pueden sersorteados con éxito. Pero, en caso de fallo oerror, estos principios éticos obligan al periodistaa corregir “la difusión de material falso, engañosoo deformado”. Tal es la prioridad que debe tenerpara el periodista el derecho del ciudadano aestar bien informado que ninguno de losprincipales códigos deontológicos de referenciainternacional, tanto si se trata de la Declaraciónde Principios sobre la Conducta de los Periodistasde la FIP (Federación Internaciona de Prensa), laResolución 1.003 sobre Ética del Periodismoaprobada por la Asamblea Parlamentaria delConsejo de Europa en 1993 o el propuesto desdela ONU (El Código Internacional de Ética


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Periodística UNESCO), prevén que el deber derectificar prescriba, ni siquiera con una confusiónque lleva 38 años deformando la realidad. ¿Quées entonces lo que lo impide corregir este relato?

1. 1975 La primera derrota de losinformadores ante la gran estrategia dedesinformación

El periodismo no es historia[8], suelen decir losclásicos de la teoría de la Redacción Periodística.Pero al intentar fijar las causas de los equívocosque acabaron consolidando la versión oficial yeclipsando a la del rechazo de los acuerdos deMadrid, es inevitable remontarse al relato delestallido del conflicto sahariano en 1975.Entonces, la capacidad de verificación de losreporteros fue socavada por una potentemaniobra de ocultación de la verdad delGobierno que jugó con la enorme ventaja quetienen todos los regímenes autocráticos parallevar a cabo un eficaz control del flujoinformativo y deja escasa capacidad de reacciónante el falseamiento.

La pieza del relato de la crisis de 1975 que mejordemuestra el preciso plan de tergiversación conel que jugaron los entreguistas fue la llamadaMarcha Verde. Las crónicas del momentoreflejaron con el debido despliegue la noticia deldictamen que el Tribunal de La Haya habíaemitido el 16 de octubre, confirmando que elSáhara nunca había estado bajo soberaníamarroquí y la sorpresa que había provocadoseguidamente el anuncio con el que el rey HassánII hizo un llamamiento a 300.000 civiles para quemarchasen pacíficamente al encuentro de sus“hermanos” saharauis. A partir de ese momento


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las informaciones se habían centrado en laincertidumbre sobre el desenlace de ese jaquemate alauita. Oficialmente, el Gobierno de AriasNavarro había seguido asegurando que no iba aceder al chantaje alauita y que estaba decidido acumplir sus responsabilidades con el pueblosaharaui, lo que implicaba defenderlo de laposible agresión y llevar a término ladescolonización. Por fin, el 6 de noviembre de1975, la Marcha Verde había cruzado la fronteradel Sáhara Español cumpliendo así la secuenciacon la que el Gobierno iba a justificar la firma delos llamados acuerdos de Madrid como la únicasalida que le había quedado para evitar unaguerra con Marruecos.

En realidad, las pruebas documentales que alcabo de los años han llegado a manos de lahistoriografía han demostrado fehacientementeque la auténtica invasión del Sáhara Occidental yahabía comenzado a través de la frontera norestede la colonia mientras los participantes en laMarcha Verde todavía estaban en plena fase depreparativos, concentrándose a 20 kilómetros delpuesto fronterizo de Tah. [9] Pero así como lainvasión “oficial” del 6 de noviembre laprotagonizaron miles de civiles marroquíesdesarmados, la otra ocupación, iniciada el 30 deoctubre, la ejecutaron tropas de las FAR, lasFuerzas Armadas Reales alauitas, que tomaron lospoblados de Hausa y Echdería sin que Españahiciese el menor gesto de denuncia. Estadiferencia entre las dos agresiones marcó unsustancial cambio del marco de referencia desdeel que la opinión pública debía interpretar larealidad.

Con el ocultamiento de la auténtica agresión, el


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Gobierno había podido seguir dando credibilidada las declaraciones con las que, hasta el últimomomento, había seguido asegurando que Españaiba a cumplir sus compromisos internacionalescon el pueblo saharaui y no lo iba a entregar asus enemigos. Su objetivo era neutralizar lasvoces que, incluso desde importantes sectores delpropio régimen, ya por entonces estabanadvirtiendo que el Gobierno estaba mintiendo ypreparaba una claudicación a las pretensionesanexionistas marroquíes. El discursogubernamental insistía así en dar a la opiniónpública una imagen de firmeza y de defensa delprestigio y el honor que se oponía a losargumentos que comenzaban a dar forma a unaversión disidente que ya estaba asociando laentrega española con turbias maniobras propiasde una vergonzosa “traición”.

La idea de que lo que estaba preparando elGobierno no podía explicarse racionalmente másque como una “venta” en beneficio de unospocos, asomó en las tres partes del artículo queel semanal Cambio 16 publicó en los números205, 206 y 208 editados entre el 3 y 30 denoviembre con el título el Sáhara no es una finca.En este texto se advertía a la opinión pública quela entrega del pueblo saharaui era contraria aderecho internacional y, consecuentemente,además de acarrear criminales consecuenciaspara el pueblo saharaui, iba a entrañar un graveperjuicio para los intereses, prestigio ycredibilidad de España en el escenariointernacional.

La última parte de este artículo apareció en elmismo número 205 que llevaba en portada unretrato del entonces príncipe Juan Carlos


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saludando a un militar con un título queanunciaba: Primera batalla. Juan Carlos en elSáhara.[10] Se destacaba así la misión con la queel 2 de noviembre el futuro rey de España sehabía trasladado a El Aaiún para transmitir a losmandos de las tropas allí estacionadas sucompromiso de que España saldría con honor. Enel relato de esta misión de Estado tambiénaparecía la contraposición de la opción justa ydigna frente a la de la venta al situar la visita delentonces príncipe como un intento de poner ensu sitio a los sectores que estaban presionando afavor de la entrega y con un mensaje “bien claroal mundo” de que España no iba a vender elSáhara Occidental, “y mucho menos a regalárseloa un rey obsesionado por las anexionesimperiales”.

El temor a la represalia por cuestionar la versióndel Gobierno quedó reflejada en la advertenciacon la que el artículo el Sáhara no es una finca noaparecía firmado y, en su lugar, se advertía quesus autores eran grandes conocedores del tema.Más tarde, Francisco Villar, futuro cargo en elMinisterio de Exteriores en el Gobierno socialistade Felipe González, reconoció haber sido uno delos autores de ese artículo junto a otrosdiplomáticos que integraban el equipo de larepresentación española ante la ONU en NuevaYork y que habían actuado ante la indignaciónque les estaba produciendo ser testigos de latraición que se había puesto en marchacoincidiendo con la última fase de la enfermedadque iba a llevar a la muerte al dictador FranciscoFranco.[11]

Pablo Ignacio de Dalmases, que entonces eradirector en El Aaiún del diario La Realidad, un


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medio gestionado por las autoridades coloniales,suele relatar su propia experiencia como unejemplo de que el régimen quiso dejar claro,antes incluso del 14 de noviembre, de que noestaba dispuesto a transigir con los informadoresdíscolos, que se saliesen de la estricta pautamarcada por las consignas oficiales. [12] El 24 deoctubre, cuando las noticias sobre elagravamiento del estado del moribundo generalFranco habían disparado los rumores de que enMadrid ya se había pactado con Rabat, publicó enel diario colonial la noticia que la agencia estatalEfe había difundido sobre una entrevistaconcedida a la prensa española en Marruecos porel hermano del rey Hassán II, Muley Abdallah. Latituló: Muley Abdallah, hermano de Hassan,rechazó cualquier posibilidad deautodeterminación para los saharauis. Elproblema lo planteó el antetítulo: Parece próximoun acuerdo hispano-marroquí (según, Efe). Bajoel titular, con dos sumarios, Dalmases añadióotras dos ideas que completaban suinterpretación del cable: Y calificó al FrentePolisario como agente de Argelia. A España se lepromete: el 60% de los fosfatos y bases militares.

Según Dalmases, se había limitado a dar relieve aesa parte de la crónica de la agencia estatal quecomentaba las declaraciones del familiar delmonarca en el contexto de las conversaciones dealto nivel que se habían iniciado entre España yMarruecos y que, según el propio el autor delcable, avanzaban “aceleradamente, hacia algúnresultado concreto”. Pero la reacción de sussuperiores fue contundente y, por la noche delmismo día 24, la noticia del día para los más detreinta enviados especiales que se alojaban en elParador Nacional fue enterarse de que Dalmases


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había sido destituido como responsable de LaRealidad y también del otro cargo quesimultaneaba como director de la emisora Radio-Sáhara. El que poco antes le hubiesencondecorado solemnemente con la Orden deÁfrica no libró al periodista del despido, unagrave reprimenda y el susto que le supuso que unpiquete de la Policía Territorial, actuando almargen de los mandos, le fuese a buscar a sudomicilio para llevarle detenido al cuartel dedicho cuerpo donde fue amenazado de muerte yencerrado en una celda durante varias horas.Como explicó Ramón Criado [13], en el contextodel momento, el titular confeccionado porDalmases podía ser resumido en una solapalabra: “traición”. El revuelo que La Realidadprovocó ese día en el Sáhara Español refleja que,efectivamente, esa es la lectura que hicieronespañoles y saharauis del titular del que fue elúltimo número del único diario en españolpublicado en la colonia[14].

En este clima poco propicio a la transparencia, lacensura no había impedido que más de 30enviados especiales [15] acudiesen al SáharaEspañol cuyo acceso estaba generalmente muyrestringido. Lo cual no significa que estuviesensujetos a fuertes restricciones a la hora decomponer lo que pretendió ser un minuto aminuto de la amenaza que se cernía sobre Españacon la jugada de póker con la que se suponía elrey Hassán II había sorprendido al Gobierno. Ensu libro de memorias, Dalmases relata cómo elGobierno General del Sáhara y el Estado Mayordel Ejército organizaban cada día briefings conestos reporteros en el Casino Militar. Algunos deestos enviados especiales han reconocido que losmecanismos de la llamada materia reservada


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habían seguido funcionando pese a que,oficialmente, el secreto informativo sobre elSáhara Español había sido oficialmente levantadoel año anterior. Se les impidió así contar laverdad, y reflejar la realidad que discurría almargen de la versión fabricada por los portavocesmilitares y que, pese a la censura, podían percibirporque en El Aaiún “las noticias corrían comogacelas” debido al malestar del ejército ante elacuerdo. Debido a ello, estaban al tanto de quelas tropas habían recibido orden de no impedir lainvasión militar. [16]

Sin embargo, el gran punto a favor para elafianzamiento de la versión oficial fueron lasimágenes que la televisión pública (que entoncesreinaba en la escena informativa sin cadenasrivales) grabó y divulgó del primer contingente de55.000 marroquíes que el 6 de noviembre cruzóla frontera internacional marcada por el paralelo27º 40´´. Los telediarios convirtieron así alciudadano de a pie en testigo de esa realidadinquietante que constituía la avalancha humanade hombres, mujeres, ancianos y niñosmarchando a paso ligero a través del desierto,desarmados, con una vestimenta que reflejaba supobreza, enarbolando el libro del Corán y sinimportarles las advertencias españolas de que elEjército repelería la invasión. Losteleespectadores no tuvieron dudas de que esosmiles de voluntarios estaban irracionalmentedispuestos a morir con tal de cumplir la voluntadde su monarca.

No hubo en cambio ninguna cámara querecogiese las imágenes de la auténtica invasiónque ya estaba avanzando por el territoriosaharaui desde el 30 de octubre. Las


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espectaculares imágenes de la televisión públicamarcaron así con tal potencia la memoriacolectiva que, todavía hoy, para la gran mayoríade los españoles (incluyendo los informadores)ese 6 de noviembre suele ser todavía la fecha quefija el comienzo de la narración del conflicto delSáhara Occidental.

El éxito del ocultamiento de la verdadera invasiónno impidió que la firma de los acuerdos deMadrid generase de inmediato un movimientociudadano de condena ante la “conspiración” conla que se había “apuñalado” y “vendido” al pueblosaharaui. Fue en el fragor de esta batalla quenacieron las primeras asociaciones de amigos delpueblo saharaui, poniendo las bases de lo quehoy es un poderoso movimiento civil de apoyo ala lucha saharaui que ha suplido con suinquebrantable solidaridad el abandono de losgobiernos. Las manifestaciones de protesta y losactos de solidaridad con las víctimas de laagresión marroquí se vertebraron en torno a unacampaña que exigió la nulidad oficial de losacuerdos origen del drama humanitario.

Testigos de primera línea de los hechos y conautoridad en la materia como el coronelRodríguez de Viguri (para entonces ex secretariogeneral del Gobierno en el Sáhara Occidental), eldiplomático Francisco Villar o el catedrático dederecho internacional Julio González Campos,que había jugado un importante papel en lapreparación de la parte documental que lecorrespondía presentar a España para que elTribunal de la Haya emitiese su dictamen, fueronestrellas habituales de los actos en los que sedescribía la entrega como el desenlace de unaconspiración urdida por los sectores más


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reaccionarios del régimen. Con su prestigio yautoridad profesional dieron consistencia a losargumentos con los que entonces se subrayó quelos acuerdos de Madrid constituían una ficcióncon la que España estaba contraviniendo elderecho internacional y que, para volver a lalegalidad y, a la vez, reparar el daño hecho alpueblo saharaui, el Gobierno español debíareasumir las responsabilidades de Potenciaadministradora que nunca había perdido.

No voy a adentrarme aquí en los argumentosjurídicos sobre los que apoyaron su tesis. Desdeel punto de vista del relato periodístico loimportante es que los responsables de losacuerdos de Madrid evitaron adentrarse en eldebate que ofrecía la parte contraria con su largoelenco de razonamientos legales. En su lugar,contraatacaron a la tesis de la “venta” y la“traición” poniendo mucho énfasis en sus idealespatrióticos y su apego a la defensa del interés deEspaña. Había sido ese amor a la patria, decían, elque les había obligado a buscar una solución queevitase una guerra con Marruecos deconsecuencias imprevisibles en un momento deextrema debilidad como era el cambio derégimen que perfilaba la agonía del generalFranco. “Temí que aquello fuera un nuevoVietnam” [17], solía ser una de las frasas favoritaspara convencer al público que los acuerdos deMadrid habían sido la única alternativa que lehabía quedado a su Gobierno ante la incapacidadde la ONU para apoyar su sincera intención dellevar a cabo una descolonización del Sáharaacorde con sus propias resoluciones.

Cabe preguntarse por qué los portavoces de unaversión que puso tanto énfasis en ese serio riesgo


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de confrontación que decían había estado apunto de llevar a la guerra a Marruecos y Españapor el Sáhara, evitaron tan alevosamente poner elfoco mediático en la invasión militar, que leshubiese asegurado una indiscutible credibilidadante la opinión pública. Ello hubiese permitidoademás llamar a las cosas por su nombreimpidiendo el grave deslizamiento semántico conel que, desde entonces, el término Marcha Verdesustituyó al menos amable de invasión, asociandoasí el estallido del conflicto no con una agresiónmilitar, como hubiese sido lo correcto, sino conuna acción con connotaciones pacíficas (el colorelegido para el epíteto hace alusión al libro delCorán). El ocultamiento de la agresión militaraseguró así un efecto deformante de lo que habíaocurrido con una estrategia que no tiene nadaque envidiarle al éxito de los deslizamientossemánticos con que en la segunda guerra de Iraklos gabinetes de prensa interesados en imponeruna visión de guerra limpia y sin sangre lograronque el discurso informativo sustituyese el término“bajas civiles” con el de “daños colaterales”.

Ocultando la invasión militar el guión oficialsiguió manteniendo que el ejército español habíaimpedido que la política anexionista marroquícumpliese sus amenazas de apropiarse de laentonces provincia española por la fuerza. Laimportancia que para los entreguistas teníaintroducir una secuencia que reflejaba uncomportamiento ejemplar de la Potenciaadministradora quedó en evidencia con lasgestiones con las que el Gobierno logró el 9 denoviembre convencer a Hassán II para que dieseorden de retirada a los voluntarios. Oficialmente,todos los integrantes de la Marcha Verde habíanregresado a sus bases de partida el 10 de


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noviembre, sin que ni siquiera uno solo hubiesepermanecido en el territorio. Según afirmó elGobierno, las tropas marroquíes no habíanimpuesto la nueva “administración” hasta que laaplicación de los acuerdos de Madrid habíajustificado su llegada en El Aaiún el 11 dediciembre siguiente.

Durante años, ni siquiera los simpatizantes de lacausa saharaui cuestionaron esta secuencia en laque, como mucho, sobrevoló la sospecha de quela marcha no había sido tan pacífica como sedecía, ni que sus integrantes fuesenexclusivamente civiles, ni que todos,absolutamente todos como decía el Gobierno,hubiesen regresado al otro lado de la frontera.Eso sí, hubo en el frente de rechazo vocesautorizadas que denunciaron que la MarchaVerde había sido un decorado pactado por AriasNavarro y el rey Hassán II para dar credibilidad ala supuesta amenaza de guerra[18]. Pero susargumentos no contaban con pruebasdocumentales que respaldasen esta parte de surelato con contundencia como tampoco lastuvieron para que esas acusaciones que asociaronla entrega con un escándalo de corrupciónpudiesen ser algo más que una versión que seenfrentaba con gran desventaja al derecho a ladefensa del honor de los afectados.

Los detractores de la entrega tuvieron quelimitarse a hurgar en lo poco creíble queresultaba que la compleja preparación logísticaque permitió al rey Hassán II concentrarrápidamente a miles de voluntarios en la fronterasur, hubiese pasado inadvertida a los servicios deinteligencia españoles, franceses ynorteamericanos pese a que su organización se


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había prolongado durante meses. Intentaronaprovechar, por ejemplo, las declaraciones que,tras la entrega del territorio había hecho elpropio Hassán II al reconocer que nunca sehubiese atrevido a entrar en guerra con Españapuesto que la capacidad de combate marroquíestaba en franca desventaja. Poco tenían quehacer, sin embargo, unas declaraciones delmonarca alauita, que habían pasado inadvertidasen la prensa, frente a la potente “verdad”revelada por las imágenes televisivas de laMarcha Verde.

De haber contado con testimonios de los hechoso imágenes sobre la auténtica invasión, el relatorebelde hubiese asestado un duro golpe a lacredibilidad de la versión entreguista. Pero no fuehasta 1988, cuando el coronel José Ramón DiegoAguirre, responsable de los servicios deinteligencia coloniales durante la crisis de 1975,acabó con esta mentira en su voluminosa Historiadel Sáhara.[19] Con anterioridad la historia delconflicto elaborada por Tony Hodges[20] ya habíarevelado este dato basándose en las crónicas dela prensa oficial argelina. También había aludidoa esta invasión militar otra obra elaborada porAhmed Baba Miské[21], que en los comienzos dela contienda se había hecho notar en las filas delFrente Polisario como hombre de confianza de sumáximo dirigente El Uali. Pero no era lo mismoque la fuente que desvelaba el secreto fuese unaparte interesada en el conflicto, a que la verdadla contase un antiguo responsable del antiguogobierno colonial que había colaborado en lamaniobra de tergiversación entreguista.

Lo que en 1975 hubiese sido un bombazoinformativo pasó desapercibido para el gran


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público al no quedar reflejado en el relatoperiodístico. En mi experiencia de reporteraespecializada en el conflicto saharaui fui testigode cómo el interés por aclarar el enigma de loocurrido en 1975 se había convertido en lasredacciones de los años ochenta en un asunto delpasado más propio de la historiografía o, en elmejor de los casos, de ese género excepcionalque es el periodismo de investigación, que unelemento relevante a la hora de enfocar lainformación sobre el Sáhara Occidental. No es deextrañar por lo tanto, que el 6 de noviembre delpasado año se volviesen a repetir extensos relatoscentrados en la Marcha Verde (un ejemplo de elloes el publicado en el diario canario El Día) sinninguna referencia a la invasión militar.[22]

El libro de José Ramón Diego Aguirre no habíasido la primera oportunidad perdida de rectificarlos muchos errores contenidos en la que se acabóconvirtiendo en habitual narración sobre la crisisde la Marcha Verde. En 1978, la numerosa prensaque siguió los acalorados debates de la“histórica” sesión del Congreso de los Diputadossobre lo ocurrido en 1975, no reaccionó ante laconfesión con la que los propios arquitectos de laoperación de la entrega habían reconocido que lallegada de la invasión pacífica al territorio bajotutela española había sido pactada con Marruecospara evitar el riesgo de una matanza. MartínGamero, que había sido durante la crisis elembajador en Rabat, y al que sus propioscompañeros diplomáticos describían como unentusiasta “promarroquí de toda la vida”, se leescapó la verdad que confirmaron otros testigosdel bando entreguista: en una reunión celebradael 3 de noviembre españoles y marroquíes habíanacordado el llamado acuedo tácito por el que las


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fuerzas españolas desmilitarizaron una zona deunos 10 kilómetros contigua a la frontera parapemitir la entrada a la marcha durante 48 horassin que hubiese peligro de que pisasen las minasde sus líneas defensivas. [23] Ninguna de lasnoticias publicadas sobre estas sesiones dieronrelieve a esta incongruencia en la declaración delos entreguistas.

Desde entonces, una amplia bibliografíahistoriográfica ha hecho constar el dato delacuerdo tácito. Pero en el relato periodístico eldesconocimiento sigue reinando. De ahí que elpasado abril un diario generalmente bieninformado en esta materia como ha demostradoser Público, anunciase en un titular como asuntoinédito: España pactó en secreto con Marruecos laMarcha Verde.[24]

Todavía hoy es habitual oír o leer comentarios deanalistas que aluden al relato de los orígenes delconflicto como un factor irrelevante para laevolución del conflicto hacia una solucióndefinitiva. De cara al informador, las valoracionessobre su influencia en el presente no deberíancondicionar la rectificación que exige la precisióny veracidad de los hechos. En todo caso, no escierta la narración que explica el origen de laocupación marroquí en el marco de un acuerdo yun evento pacífico y que no afecte al marcopolítico del que depende el futuro del pueblosaharaui. Baste recordar las declaraciones con lasque James Baker dijo que no se podía compararla invasión marroquí del Sáhara Occidental con elintento de anexión iraquí de Kuwait en 1990[25].El resultado de esta diferencia es que a lainvasión bélica de Kuwait se aplicó el capítulo VIIde la Carta de la ONU que prevé la acción militar


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contra los agresores. En cambio, la invasiónpacífica del Sáhara no ha merecido la mismarespuesta y, de hecho, el Consejo de Seguridadde la ONU no ha pasado del capítulo VI que prevéla solución de conflictos por la vía negociada.

2. La desinformación con los ‘Acuerdos deMadrid’

La gran maniobra falsificadora que tuvo comoepicentro la Marcha Verde debe servir alinformador recién llegado al tema del SáharaOccidental como advertencia de la alevosadeshonestidad de la materia prima del relatolegado por los responsables de la entrega y de lasenormes dificultades a las que se enfrentaron losreporteros a la hora de cumplir su labor en 1975.Una de las reglas que se aplican habitualmente enla práctica del periodismo es que basta condescubrir una mentira en una narración para quela duda se extienda al resto de sus elementos.Inevitablemente esta estrategia de confusión yférreo control de la información orquestadadesde el poder también se aplicó para apuntalarel barniz de legalidad que se intentó dar a larenuncia de las responsabilidades españolas ysuprimir toda discrepancia, ya fuese por la víarepresiva como por la de la intoxicación.

El tanto que marcó a su favor la versión oficial eneste tramo fue el que coló en el relatoperiodístico y el lenguaje público ese otrodeslizamiento semántico que dio a la Declaraciónde Principios el título engañoso de Acuerdos oAcuerdo, más favorable a la maniobra con la quese pretendió dar apariencia de tratadointernacional legitimado por la comunidadinternacional a lo que, de acuerdo a derecho


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internacional y a la propia normativa española,no había pasado de ser mero papel mojado.

Lo paradójico es que, mientras el lenguajediplomático impulsaba el término “acuerdo” o“acuerdos” para señalar este pacto, losrepresentantes del Gobierno entreguista solíancorregir a los interlocutores que lo utilizabanpara este caso, reiterando que lo que se habíafirmado el 14 de noviembre no había pasado deser una Declaración de Principios. En el marco desu táctica para apuntalar la metamorfosis de ladeclaración, los responsables de la entregaejecutaron un juego de ilusionismo de alto nivelcon el que hicieron creer que los acuerdos deMadrid habían sido publicados en el BoletínOficial del Estado (BOE) el 20 de noviembre y que,seguidamente, habían sido legitimados por lacomunidad internacional al haber quedadoregistrados y publicados por la Secretaría de laONU en enero de 1976.

En realidad, lo que había sido publicado el 20 denoviembre había sido la Ley de Descolonizaciónen cuyo texto no figuraba la Declaración dePrincipios. Es decir, que mientras públicamente elGobierno insistía en la legalidad de la entrega, ala hora de cumplir con los requisitos delordenamiento jurídico, no habían cumplido conel n.5 del art. 1º del Código Civil que exige quelos tratados internacionales firmados por losGobiernos españoles, para entrar en vigor, seanpublicados en el BOE. En cuanto a la supuestabendición de la ONU a los acuerdos, si bien elGobierno había logrado evitar que fueseninvalidados explícitamente, su registro no supusoun pronunciamiento de la organización sobre suconsideración jurídica ya que la la Secretaría


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carece de competencias para evaluar undocumento que es enviado por un estadomiembro para su registro.[26]

El relato periodístico no logró escapar a laconfusión que los siguientes Gobiernoscontribuyeron a mantener aprovechando lasdificultades de comprensión de las florituras dellenguaje legal. Un ejemplo de ello es estaintervención de un diputado de UCD en elCongreso de los Diputados en 1977 al defenderla adhesión de su Gobierno a la tesis de losentreguistas:

“Este acuerdo de principios es un compromisocuya naturaleza jurídica gira en torno a la figurallamada “pactum de contrayendo”, que más deuna vez el Ministro de Asuntos Exteriores yalgunos de nosotros hemos explicado en estaComisión y, como tal “pactum de contrayendo”,sujeto a negociación futura, diferenciándose asíde los Tratados internacionales en sentido formarde exigir el cumplimiento y los requisitos deratificación y de publicación”.

El proceso con el que se acabó haciendo pasar laDeclaración de Principios por un tratadointernacional pata negra fue cuajando gracias alas muchas dudas que durante años subsistieronsobre el contenido y alcance de lo que se habíafirmado el 14 de noviembre y que se mantuvieronhasta 1978, debido al secretismo que el Gobiernohabía mantenido sobre el contenido de losacuerdos. La sospecha de que el texto que elGobierno había divulgado al público el 5 dediciembre de 1975 solo era una parte de un textoque los entreguistas y sus herederos políticos seempeñaban en mantener en secreto, estuvo muy


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arraigada incluso durante los años de laTransición. Todavía en 1977, en la reciénestrenada primera legislatura democrática, elPartido Socialista presentó una proposición no deley el 27 de septiembre en la que exigía alGobierno de la UCD que presentase a las Cortes,a la brevedad posible, un informe sobre ladescolonización del Sáhara Occidental queincluyese “el texto completo de los llamados“acuerdos de Madrid”, así como cualquier otroacuerdo complementario –contemporáneo,público o secreto– relacionado con este tema” y,también, que se pronunciase sobre “lanaturaleza, contenido y límites de los poderestraspasados a Marruecos y Mauritania, entre el 14de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de1976”. [27]

De hecho, el evento con que el Congreso de losDiputados quiso marcar la diferencia con lasCortes anteriores a las primeras eleccionesdemocráticas legislativas del 15 de junio de1977, fueron esas “históricas sesiones”celebradas en la Comisión de Exteriores en marzode 1978, en las que se llamó a declarar a losprincipales responsables de la entrega. En esosdebates, muchas de las preguntas dirigidas aestos testigos, especialmente por parte de losdiputados de la oposición, reflejaron la creenciade que el Gobierno guardaba en un archivosecreto el auténtico texto firmado el 14 denoviembre que no se correspondía a laDeclaración de Principios con el fin de ocultar a laopinión pública aspectos inconfesables del trato.Muchos de los políticos que intervinieron tambiénreflejaron un gran desconocimiento sobre lasituación legal en que había quedado España y ladesconfianza con esa parte de la versión


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gubernamental que aseguraba que, pese alinesperado desenlace de la crisis de 1975, no sehabía producido ningún cambio legal quehubiese interferido con la vigencia del inalienablederecho a la autodeterminación del pueblosaharaui. De ahí que muchas preguntas secentrasen en aclarar qué fiabilidad tenía la tesiscon la que, en cambio, desde Rabat se habíaseguido afirmando que el problema de ladescolonización del Sáhara Occidental habíafinalizado porque lo que había hecho España (sesupone que en un anejo secreto) era una cesiónde soberanía.

Pedro Cortina Mauri, que había ocupado el cargode ministro de Exteriores durante el proceso deentrega, contestó tajante:

“(con) El Acuerdo de Madrid, dígase lo que sequiera, no se ha transferido el territorio; sehan transferido las facultades que tiene Españacon relación al territorio como potenciaadministradora….que la soberanía no es nuestra,sino del territorio; que no tenemos másfacultades que las administradoras y que loúnico que vamos a transferir son éstas, y estoes lo que se hace en el Acuerdo de Madrid…”

Antonio Carro, todopoderoso ministro de lapresidencia en 1975 y considerado como elprincipal arquitecto del texto de los acuerdos deMadrid, se había pronunciado en el mismosentido al admitir que lo que había exigido el reyde Marruecos a cambio de no lanzar la MarchaVerde, era un pacto de cesión territorial por partede España y que el Gobierno se había negadotajantemente porque España no podía hacerlo entérminos de derecho internacional. [28] Su


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conclusión, por lo tanto, era que, comoconsecuencia de los acuerdos de Madrid y lasalida del Sáhara en 1976 se había producido unatransferencia de administración del territorio quelibraba a España de sus responsabilidades con ladescolonización que había quedado inacabada:

“El proceso de descolonizador está terminadopara España, es decir, que España ya no tieneresponsabilidad en el proceso descolonizador delSahara”. [29]

Para un periodista presente en los debatesdebería haber resultado llamativo que ningunode los diputados de la oposición, hubiesenreplicado a Cortina y a Carro que, así como noera legal que España cediese la soberanía,tampoco lo era la supuesta transferencia de laadministración. En efecto, los equívocos que yase habían instalado en el relato de los hechossobre la crisis de 1975 no habían logrado porentonces eclipsar la campaña que denunciaba lalegalidad de los acuerdos de Madrid y, por lotanto, de la carta a la ONU del 26 de febrero de1976.

Aunque había sectores de la derecha que tambiénhabían rechazado la “traición”, habían sido lasorganizaciones políticas y sindicales de laizquierda las que habían asumido el liderazgopolítico de este frente de rechazo. Especialmenteel Partido Socialista y el Partido Comunista (PCE)habían asumido como propios los argumentosjurídicos con los que denunciaban que Españaaún seguía siendo responsable de ladescolonización pendiente del Sáhara Occidentaly rivalizaban por poner en entredicho la políticadel Gobierno de UCD de Adolfo Suárez por su


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línea continuista con lo que señalaban como uncrimen del franquismo.

El primer aldabonazo de esta línea política sehabía producido ya con ocasión del primeraniversario de los acuerdos de Madrid, cuandoFelipe González con otros dirigentes socialistasviajó a los campamentos de refugiados saharauisen Tinduf (Argelia). El PSOE y el Frente Polisarioemitieron un comunicado conjunto que exigía alnuevo Gobierno de la monarquía la denuncia delacuerdo de Madrid por ser nulo de plenoderecho. Otros gestos menos conocidos pero símuy definidos habían tenido lugar en el XXVIICongreso del PSOE, celebrado el 5 de ese mismoaño, donde el partido había adoptado unaresolución sobre política internacional queafirmaba:

“Ante la situación planteada en el SáharaOccidental por el abandono del régimenfranquista de las obligaciones que lecorrespondían como potencia administradora enel proceso de descolonización de este territorio,el PSOE manifiesta su profundo rechazo delacuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembrede 1975, mediante el cual se entregó el territorioa los regímenes marroquí y mauritano…”

En otro comunicado conjunto del 8 deseptiembre de 1977, el entonces secretarioGeneral del PSOE, Felipe González y el secretariogeneral adjunto del Frente Polisario, BachirMustafá Sayed, proclamaron que “España, comopotencia administradora, no podrá extinguir susresponsabilidades mientras el pueblo saharaui nohaya obtenido el efectivo ejercicio de suautodeterminación e independencia”. [30]


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Por su parte, el PCE no se había quedado atrás enla organización y adhesión a actos ymanifestaciones de solidaridad prosaharauis.Como fuerza política representada en el flamanteCongreso de los diputados, el 20 de septiembrede 1977 ya había pedido que se declarase lanulidad del acuerdo de Madrid del 14 denoviembre. Uniendo fuerzas con losrepresentantes socialistas, nada más formarse lamesa de la Comisión de Exteriores, sus diputadostambién habían pedido la adopción de unaresolución sobre este problema con el fin de queen la primera reunión de esta instancia “setuviera un gesto de solidaridad con el pueblosaharaui”.[31]

El que ninguno de los diputados del PSOE o delPCE sacase a relucir estas reivindicaciones en lassesiones del Congreso sobre el Sáhara de marzodel año siguiente, no había coincidido conningún giro que hiciese suponer que ambospartidos habían desistido en su postura a favor dela nulidad de los acuerdos de Madrid que habíasido motivo de intervenciones en esa mismacomisión del Congreso, el 7 de febrero.[32] Por elcontrario, siguieron jugando un papel de relievehasta el triunfo socialista en las elecciones de1982 en actos de solidaridad con lemas tansignificativos como el que presidió un encuentroorganizado por varias organizaciones solidariascon el pueblo saharaui en 1979: “No se puederesolver un conflicto, sin acabar con sus causas”.[33]

El debate sobre el contenido de estas propuestastuvo un escaso reflejo en los medios dereferencia, incluyendo los más afines a las fuerzasde oposición de izquierda. En el relato de la


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evolución del conflicto (los combates contraMarruecos, la batalla diplomática en la OUA, lainflexibilidad marroquí que daba por zanjada ladescolonización con los acuerdos de Madrid, elpunto de inflexión que marcó la firma de losacuerdos de paz entre el Polisario y Mauritanacon el reconocimiento mauritano de la RASD…),la posición de España suele salir a relucir más entérminos de solidaridad o reflejando el deseo delFrente Polisario a un reconocimiento diplomático,que por los vínculos jurídicos que reclamaba lacampaña contra los acuerdos de Madrid.

Bajo la fórmula de artículos de opinión firmadospor autores ajenos a la redacción, que permite alos medios incluir puntos de vista que nonecesariamente son asumidos por su líneaeditorial, Julio González Campos publicó en ElPaís un artículo titulado sin rodeos Los acuerdosnulos de Madrid. [34] Todavía entonces elcatedrático consideraba “obligado” esclarecer elalcalce de este pacto pero, “no tanto para juzgarun pasado político ya muerto, sino porque estepasado, en el caso del Sáhara Occidental, aúnsigue afectando el futuro de nuestras relacionesinternacionales”. La línea argumental era muysimilar a la de los dirigentes socialistas o eldiplomático Francisco Villar que, en el actosolidario de 1979 referido más arriba, dejó muyclaro que lo que perseguía la nulidad de losacuerdos no era la vuelta a la situación anterior ala salida de España: “Se trata de que España en lamedida de sus posibilidades presione y propicieuna solucion negociada que conduzca a laautodeterminación e independencia del pueblosaharaui”, dijo. [35]

En otro artículo publicado en Diario 16, Fernando


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Morán, que iba a ser el primer ministro deExteriores de un Gobierno socialista, tambiéninsistía en lo importante que era para la solucióndel conflicto que España desempeñase el papelque le correspondía ya que, pese a no estar sobreterreno “España tiene condición de llave enNaciones Unidas” y “solamente España y lasNaciones Unidas pueden dar por resuelta lacuestion”. [36] Otra de sus observaciones era que“la organización del referéndum recae sobre elsecretario general al no existir administraciónespañola” y que, salvo que el secretario generalacepte la ocupación, la anexion, su referencia esla antigua potencia administradora”. Pese a estasaportaciones y las muchas entrevistas quesalieron publicadas de Rodríguez de Viguri, lasreferencias del relato periodístico a las ideasfuerza que atacaban la ficción impuesta por losentreguistas fue escasa y limitada acolaboraciones puntuales. Las iniciativas políticassocialistas o comunistas en este sentidoraramente fueron puestas de relieve con la formade noticia con derecho a existencia propia,incluso en la prensa afín al partido.

Tras la muerte del dictador, el propio movimientoprosaharaui había denunciado el hostigamientode las instancias gubernamentales. En muchas delas entrevistas en las que hizo constar su disgustocon la “traición” de sus superiores, el coronelRodríguez de Viguri había asegurado haber sidoobjeto de presiones por el papel de referenciaque estaba desempeñando en la campaña por lanulidad de los acuerdos de Madrid.[37] El temor aposibles represalias explica que los autores devarios artículos críticos con la firma de losacuerdos de Madrid publicados en el diario ElAlcázar, de gran difusión en los cuarteles


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militares, optaran por ocultar su identidad con unpseudónimo.[38] Por su parte, desde lasasociaciones de amigos del Sáhara también sedenunciaron las trabas impuestas desde laadministración.[39]

En 1979, Manuel Marín, miembro del grupoparlamentario socialista, seguía culpando alpoder de control sobre la prensa del Gobierno deUCD de la versión manipulada que había ofrecidode las batallas que su partido siguió librando enel Congreso de los Diputados por la cuestión delSáhara, especialmente en relación con el acuerdode pesca que el Gobierno negoció con Rabat y alque el PSOE se opuso por incluir las costassaharauis y ser con ello un reconocimientoimplícito a la pretendida soberanía marroquísobre el territorio. [40]

Quizás ese control al que aludía el diputadosocialista podía valer para los primeros dos añosdel posfranquismo y explicarse en términosideológicos en el caso de los medios afines a laderecha parlamentaria. Sin embargo, a partir delas elecciones del 15 de junio de 1977, la prensaalineada con la izquierda reflejaba sin cortapisasla beligerancia opositora con el Gobierno de UCDen otras cuestiones. En todo caso, tras el triunfosocialista de Felipe González, los ecos de lacampaña sobre la nulidad de los acuerdos sefueron apagando y evaporando a medida que susprincipales defensores políticos dejaron de hablarde esta cuestión e, incluso, fueron virando en sudiscurso político hacia posiciones cada vez máscoincidentes con la de las tesis entreguistas.

Lo que esta evolución política deja en evidencia,desde el punto de vista informativo, es que tanto


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en los medios de la derecha como en los de laizquierda, el relato periodístico falló al noincorporar el cuestionamiento expuesto en lacampaña contra la dejación de responsabilidades.La falta de críticas por parte de la oposición a losargumentos con que los responsables de losacuerdos de Madrid defendieron su validez en elCongreso en marzo de 1978, fueronreproducidas con docilidad por las crónicasparlamentarias, dando así credibilidad a laversión con la que los firmantes de los acuerdosvolvieron a reiterar que se había producido unacesión de la condición de Potenciaadministradora del Sáhara Occidental. También sefalló al no pedir explicaciones a los políticos quecambiaron sus puntos de vista sobre la legalidadde los acuerdos de Madrid sin aclarar a la opiniónpública, especialmente a los simpatizantes de lacausa saharaui mayoritariamente afines a laizquierda, si su conversión a las tesis entreguitasestaba relacionada con un reconocimiento de quelos argumentos jurídicos que habían apoyadohasta su victoria electoral eran el fruto de unerror.

3. “España no tiene responsabilidad con elSáhara”:La persistente indiferencia ante elerror

Cuando en las facultades de Periodismo seexplica a los alumnos las causas de que se puedaintroducir un fallo en el relato de un determinadotema y permanecer un tiempo prolongado,suelen recurrir a ejemplos como el que seprodujo en el primer conflicto del Golfo en 1990,con la noticia de una supuesta matanza de 312recién nacidos en un hospital kuwaití, por lossoldados del ejército invasor iraquí. Hizo falta


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que pasasen dos años para que un periodistadescubriese que la historia que en su momentohabía tenido una gran resonancia, había sido enrealidad un falso hecho que fuentes interesadashabían logrado saltase a los informativos en unmomento de gran debate sobre los pros y contrasde una intervención en Irak. Todo habíaempezado con el testimonio de una joven que sesuponía había presenciado la atrocidad y, reciénllegada del Kuwait anexionado por SaddamHussein, había denunciado la matanza ante ungrupo de congresistas que quedaronhorrorizados con su escalofriante narración.Hubiese bastado para sospechar de la fiabilidadde la testigo que algún informador se hubiesepreocupado de verificar la identidad de la joven:resultó ser hija del embajador kuwaití enWashington y, por lo tanto, una parte bieninteresada en participar en la guerra depropaganda que va inevitablemente asociada atodo conflicto. [41]

Este caso es hoy en día también un ejemplo muyrecurrente en las facultades de Periodismonorteamericanas de cómo, si la rectificación llegacuando el escenario del error ya no es noticia,resulta difícil que la corrección haga desaparecersus efectos tergiversadores de la memoriapública. En un sistema que vive de novedades, supublicación ya no tiene el relieve que tuvo el falsohecho cuando formaba parte de un tema decandente actualidad.[42] Menos aún si sufabricación es obra de sectores políticos yempresariales con capacidad para multiplicar supropagación.

En todo caso, el restablecimiento de la verdadrespecto a la falsa matanza de los bebés


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kuwaitíes ya poco puede incidir en la evoluciónpolítica. Por el contrario, en el caso del SáharaOccidental, un conflicto pendiente de solución,las correcciones satisfacen algo más que unacuriosidad histórica. Pese a ello, una poderosamaldición que impide a los informadoresespañoles abordar la rectificación sobre esteasunto, incluso cuando la dinámica de laactualidad les lleva a darse de bruces con suasignatura pendiente y la cuestión de lasresponsabilidades se convierte en noticia, con talfuerza, que salta incluso a los titulares.

Un buen ejemplo de este fenómeno se puedeapreciar en las versiones digitales de coberturainformativa que los medios de referencia hicieronen 2010 de dos intervenciones de la entoncesministra de Exteriores socialista Trinidad Jiménezen el Senado, donde levantó ampollas que dijeseque “España no tiene responsabilidad sobre elSáhara”. En El Aaiún, las fuerzas de ocupaciónmarroquí acababan de arremeter violentamentecontra la protesta pacífica del campamento deGdeim Izik y, con esta declaración, la reciénnombrada jefa de la diplomacia, respondía a lasprotestas del resto de los partidos contra laindiferencia del Gobierno con las violaciones delos derechos humanos en el Sáhara Occidental.[43]

Fue por lo tanto la pura noticia lo que llevó alresponsable de la crónica elaborada por laagencia de noticias estatal Efe, y que fue recogidaentre otras publicaciones por el diario 20 minutos[44], a valorar entre otros posibles ángulos de losdebates sobre el conflicto saharaui la frase con laque la ministra zanjó la posición del Gobierno. Deeste modo, la cuestión del estatus español con el


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Sáhara Occidental ocupó el titular: TrinidadJiménez: “España no tiene responsabilidades en elSáhara Occidental”. Pese a la importancia dada aeste elemento dal papel español, eligiéndoloentre otros a la hora de titular, en el cuerpo de lanoticia no se aportó ningún dato quecontextualizase y contrastase la afirmación deltítulo, ni con la versión de la ONU, ni con la de laparte saharaui que, por esos días, exigía a Españaque actuase en función de sus responsabilidadescon el pueblo saharaui.

El diario La Razón también fue de los que tituló“Jiménez: “España no tiene responsabilidad en elSáhara”. [45] En esta crónica se destacaron lasduras críticas de las fuerzas políticas a lapasividad del Gobierno socialista y se hizomención a un enfrentamiento de la ministra conun senador del PP, Juan Van Halen que, parareprocharle su deslealtad con la causa saharaui ala que Jiménez había apoyado en el pasado, lehabía espetado: “Le quedan grandes el poncho, lachilaba, y el Ministerio”. En la parte dedicada aexplicar el titular, tampoco se dio ningún dato allector que pudiese levantar la sospecha de que,quizás, la ministra estaba faltando a la verdad. Enun claro ejemplo de correcto pero incompletoperiodismo taquigráfico, el texto se limitaba areproducir los otros argumentos con que Jiménezhabía intentado reforzar su punto de vista. Elcolofón fue el enérgico llamamiento que laministra había hecho al resto de los partidos,especialmente al PP, a una actitud “responsable” y“seria” porque “cualquier pronunciamiento desdela superficialidad tiene consecuencias”.

El lector de este texto hubiese tenido que repasarla información que el mismo diario había


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publicado dos días antes con motivo delaniversario de la Marcha Verde, [46] en la que síse dejaba claro que España sigue siendo Potenciaadministradora, para tener esa informacióncompleta que le hubiese llevado a la conclusiónde que la actitud de seriedad que exigía laministra no estaba condicionada por la realidadde los hechos sino por esas “consecuencias” quealudían a una posible represalia marroquí. Pero,como explican los teóricos de la redacciónperiodística, la memoria de la audiencia tiene unradio muy corto, algunos dicen que incluso nomás allá de la siguiente edición, razón por la cualuna de las normas a la hora de elaborar unainformación es no dar por hecho que el públicoha leído el periódico del día anterior ni, aunquelo haya hecho, se acuerde de los elementos clavepara interpretar los hechos.

Una de las consecuencias que se extrae delrepaso a la mayoría de las informacionespublicadas sobre esta polémica de lasresponsabilidades españolas, es que el ciudadanoque no hubiese acudido directamente a la fuentede la noticia, escuchando los debatestransmitidos en directo desde el Senado porInternet, al contentarse con el resumenperiodístico hubiese deducido que ninguno de losmiembros del Senado había puesto en duda estaparte de las afirmaciones de la ministra. Como entodas las crónicas se destacaba que los debateshabían sido muy acalorados y plagados dedurísimas críticas a la actuación socialista, laconclusión lógica del lector u oyente es que, si enun ambiente tan hostil a la ministra había habidounanimidad en lo del inexistente papel deEspaña, debía ser porque en este punto, laoposición se había topado con una certeza


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irrebatible.

Si acudimos a los diarios de las sesiones delSenado nos encontramos, en cambio, con que laafirmación de que “España ya no tieneresponsabilidades” sí fue cuestionada por variossenadores y que, incluso, había dado lugar a unadiscusión en la que habían aflorado argumentosde cierto calado que ponían en evidencia queJiménez podía haber tergiversado los hechos, yafuese por ignorancia o mintiendo alevosamente.

En una primera intervención el 16 de noviembre,la ministra había utilizado el Informe Corell del22 de enero de 2002 como prueba de que suinterpretación sobre las responsabilidadesespañolas con el Sáhara coincidía con la de laONU. Sin que le temblase el pulso, aseguró queeste documento da por válida la renunciaunilateral hecha por España a susresponsabilidades en febrero de 1976 y reconocea Marruecos como Potencia administradoracolonial de facto. [47]

Alejandro Muñoz-Alonso, senador del PP,reaccionó tajante acusando a la ministra detergiversar el documento onusiano. “¡Por favor,no lo falsifique!”, advirtió antes de adentrarse enla lectura de dos párrafos del informe Corell conlos que demostró que su contenido sostienejustamente lo contrario de lo que había dichoJiménez. Eligió para demostrarlo elcorrespondiente al apartado 6º ya citado alcomienzo de este texto. Seguidamente tambiénleyó el apartado 7º donde el asesor constata queMarruecos “no figura como la Potenciaadministradora del Territorio en la lista deTerritorios no autónomos de las Naciones


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Unidas”. El senador añadió un comentario a estalectura textual para deshacer el equívoco al quela ministra había inducido a la audiencia al dar aentender que “Potencia administradora de facto”era algo más que una situación derivada de unaacción de hechos consumados pero sin legitimar:“Como mucho”, dijo el senador, Marruecos es unaPotencia administradora de facto, pero sin ningúntítulo jurídico. Subrayo: sin ningún títulojurídico”.

Pese a ello la ministra volvió en su siguiente turnode palabra a la carga para reiterar que “Españano tiene responsabilidad sobre el SáharaOccidental desde el día 26 de febrero de 1976”.Esta vez, Jiménez se aferró a la carta con la queese día el Gobierno español había anunciado elfin de sus responsabilidades con el conflictosaharaui. “España, por tanto, señoría, no espotencia administradora del Sáhara al haberrenunciado al ejercicio efectivo de esaAdministración a través de la citada carta”. Elduelo de argumentos continuó con la réplica delsenador que volvió al contenido del informeCorell para subrayar que, de acuerdo con los dospárrafos que ya había leído, “España no teníaningún derecho a presentar la carta de renuncia,porque no podía renunciar y, por lo tanto,todavía tiene una obligación que cumplir.

Una semana después, el enfrentamiento sobre lasresponsabilidades españolas en la cuestión delSáhara Occidental se volvió a repetir en el Senadoen términos parecidos. El senador Muñoz-Alonsovolvió a insistir en sus argumentos de que Españadebía desempeñar un papel de liderazgo en lasolución del conflicto sahariano al recordar que elSáhara Occidental es un territorio sin


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descolonizar sobre el que Marruecos no tieneningún título ni derecho, “salvo la administraciónde facto”. “Tenemos, aunque no les gustereconocerlo, señora ministra, una soberaníaresidual, porque no la tiene nadie, no se la hemosentregado a nadie”, dijo al señalar que la cartadel 26 de febrero “no tiene el menor valor”. [48]

Por su parte la ministra volvió a reiterar suinterpretación: “En el año 1976, conindependencia del calificativo que nos produzca ycon independencia de la valoración que hagamosde aquel momento, España abandonó suresponsabilidad como potencia administradora enel Sáhara Occidental, y eso lo ha ido reiterandotodos los años en los informes anuales que hahabido sobre el Sáhara Occidental”.

Sólo en este párrafo la ministra introducía unequívoco con una tergiversación de los datos yaque lo que los informes a los que aludió (la listade territorios no autónomos) no reiteran unaopinión de la ONU sino que se limitan a dejarconstancia de que España abandonó suresponsabilidad y sigue sin modificar su posición.Pero la ministra no se contentó con estafalsificación y añadió alguna más:

“En este momento España no tiene ningunacapacidad de acción, ni de potenciaadministradora bajo ningún concepto…desde elpunto de vista estrictamente jurídico no se puedecalificar a Marruecos como potencia ocupante,puesto que el ejercicio de facto, insisto, de facto,que hace Marruecos en el territorio de El Aaiúnno es producto de un conflicto bélico ni de unelemento de fuerza, es fruto de un acuerdo”…


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Jiménez, evidentemente, se refería a la tesis conla que los entreguistas aseguraron que laocupación del territorio se había efectuado sinuso de la fuerza y a raíz del cumplimiento de lopactado en la Declaración de Principios. Por lotanto, no sólo la ministra negaba lasresponsabilidades de España sino que volvía areiterar un flagrante falseamiento de los hechosen beneficio de la presencia marroquí en unterritorio que no le pertenece. Explotando denuevo las complicaciones de la jerga onusiana,dio un barniz de legitimidad a esa ocupaciónpese a que, el epíteto “de facto” como ya hemosdicho, hay que leerlo como “por su cuenta yriesgo” y sin que ningún estado del mundo hayareconocido la legitimidad de su anexión.

Resulta sorprendente que ni siquiera en lascronicas que pusieron de relieve las críticas queel senador Muñoz-Alonso había dirigido a lapolítica exterior “sin garra” y “sin pulso” delPartido Socialista, en una línea que reflejabaadhesión a este punto de vista, se puso el dedoen la llaga de las contradicciones en las que habíaincurrido Jiménez con el informe Corell. Laslíneas editoriales críticas con el Gobiernoperdieron así una jugosa baza para poner enevidencia que la ministra, Jiménez padecía ungrave desconocimiento del tema que, comodecían en el PP, convertía la diplomacia delGobierno de Rodríguez Zapatero en una fuentede problemas para España.

Hubo medios que obviaron esta polémica tantoen las crónicas que publicaron sobre laintervención del día 16 como la del día 24 comofue el caso de El País que tituló: Jiménez aseguraque España siempre defendió la


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autodeterminación del puebo saharaui.

Lo mismo ocurrió con la version de Efe recogida,entre otros medios por El Correo, que destacóque Trinidad Jiménez cree que condenar aMarruecos tendría consecuencias. [49] Hay queañadir, sin embargo, que esta misma agenciadedicó un análisis no relacionado con lasintervenciones en el Senado, titulado: ¿TieneEspaña alguna responsabilidad sobre el SáharaOccidental?

Entre el resto de los medios que aludieron a esteasunto, fueron una selecta minoría los queincluyeron en el texto elementos que recordasenal lector la doctrina onusiana sobre la condiciónde potencia administradora de España.

El diario Abc, por ejemplo, aludió a lasdeclaraciones dedicadas por Jiménez al estatus deEspaña tanto en su crónica parlamentariapublicada el día 17 como en la del día 25. En laprimera se limitó a la versión de Jiménez, sinmención a las réplicas. Dio en cambio relieve alrifirrafe más folclórico pero con menos enjundiade la ministra con Van Halen con la inclusión ensu versión digital de un vídeo que recogía lasalida de tono del senador. En la del día 25[50],se destacó que Muñoz-Alonso había sido elsenador más crítico con la ministra pero sinentrar en honduras sobre lo había sido el motivode su enfrentamiento sobre la posición española.El falseamiento del informe Corell demostradopor el senador del PP tampoco fue incluido en unartículo que este diario publicó con el sugestivotítulo Un mes de resbalones del Gobierno de laComunicación y que pretendía hacer unarecopilación de las “contradicciones”, “deslices” y


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“lapsus” cometidas por el Gobierno de RodríguezZapatero, la mayoría de ellas relacionadas con el“huracán Sáhara”. [51]

La agencia Europa Press, tituló su crónica por lacuestión de las responsabilidades pero tocó lapolémica, aunque sólo de pasada, y en términosinexactos con el siguiente párrafo:

El senador del PP Alejandro Muñoz le ha pedido aEspaña que “lidere” el proceso dedescolonización del Sáhara porque, en suopinión, España no podía renunciar a la soberaniadel territorio, por lo que técnicamente ésta sigueestando en la antigua potencia administradora”.El informador olvidó que los propios responsablesde los acuerdos de Madrid recalcaron que Españanunca cedió la “soberanía” del Sáhara Occidentalporque una potencia colonial nunca tienesoberanía sobre un territorio no autónomo.

El diario La Vanguardia tampoco fue preciso alreproducir la polémica ya que aseguró que,“frente a quienes le recordaron la responsabilidadhistórica, (Jiménez) negó la mayor”. [52]El textorefleja así una confusión entre lasresponsabilidades históricas, que Jiménez si habíareconocido explícitamente, y las jurídicas que sonlas que señalaba Muñoz-Alonso y que tienen uncarácter ineludible.

La indefinición marcó incluso el texto de Efe quepretendía responder a la pregunta ¿Tiene Españaalguna responsabilidad sobre el SáharaOccidental? recogido entre otros medios porCanarias 7. [53] En lugar de aclarar la situación,se limitó a recoger versiones tanto de expertosque responden positivamente a la cuestión como


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la de quienes se pronuncian en contra,respondiendo a ese principio de neutralidad queobliga a dar cuenta de todas las versionesenfrentadas sobre un tema pero obvia que, elprimer deber de lealtad con el ciudadano quetiene el periodismo, superpone a este principio elde poner en evidencia la deshonestidad. Llama laatención que la pieza reproducía el equívoco dela ministra al afirmar que un documento de sietepuntos elaborado por el ministerio de Exterioresen 2009 “recordaba” que “la ONU ha aceptadoque Marruecos actúa como Potenciaadministradora de facto de dicho territorio”,como si lo determinante a la hora de gestionar elderecho internacional fuese la opinión de ladiplomacia española y no la de la ONU. Como elplanteamiento del texto era señalar la existenciade dos posiciones yuxtapuestas pero sin tomarpartido por ninguna, se daba así a entender allector que no hay claridad sobre la cuestión entrelos propios expertos. Muy distinto hubiese sido elsentido del texto si se hubiese incluido unareferencia, por ejemplo, a los informes anualesde la ONU sobre la situación de los territorios noautónomos.

Frente a estas imprecisiones, omisiones yconfusiones la excepción la marcaron los diariosPúblico y Las Provincias.[54] El primero incluyóun título que recogía una de las falsedades de laministra –Jiménez sostiene que Marruecos ocupael Sáhara por “un acuerdo– . Al desarrollar la ideaprincipal en la información incluyó una frase querecordaba que el acuerdo de Madrid ha sidoconsiderado ilegal por la ONU. El diario canariotambién puso en evidencia la tergiversación delinforme Corell al advertir al lector que estedictamen dice lo contrario de lo dicho por


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Jiménez y añadir que, “de hecho, Marruecos noestá en la lista de potencias administradoras delorganismo internacional”.

Algunas de las publicaciones que no hicieronreferencia a la condición de Potenciaadministradora de España en las crónicaspuramente informativas dieron pistas del debatecon artículos de opinión firmados porcolaboradores, manteniendo así eldistanciamiento del medio. Así algunos diarios,como fue el caso de Abc, incluyeron opinionescontrarias siguiendo una pauta que da sensaciónde equilibrio y objetividad pero que puso en unmismo plano de igualdad las voces querecordaron que “mal que le pese al Gobierno deturno” la ONU sigue refiriéndose a día de hoy aEspaña como el administrador de iure delterritorio, y la de quienes defendieron ante loslectores la idea de que apoyar un SáharaOccidental independiente favorecerá la creaciónde un estado fallido. [55]

Una de las conclusiones que se pueden extraer dela vertiente informative de este episodio es que laconfusión impuesta por el triunfo del relatoentreguista no ha perdido actualidad y sigueafectando al discurso público y, con ello al relatoperiodístico. La posición de pasividad con lasincongruencias de la versión oficial no es acordecon el papel que tanto enorgullece a la profesiónperiodística de aguerrido perro guardián delderecho a la verdad del ciudadano. La acusaciónde falseamiento de un documento onusiano queel senador Muñoz-Alonso dirigió a Jiménezdebería haber bastado para hacer saltar lasalarmas de los informadores y haber incitado a lapolémica. La mera sospecha de que la


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responsable de la política exterior española estéactuando deshonestamente en materia dederecho internacional o que un político de laoposición pueda atentar contra la reputación dela responsable de la diplomacia con una falsaacusación, hubiese justificado ahondar en losargumentos de cada una de las versiones paraaclarar al ciudadano cuál de las dos partes noestaba diciendo la verdad y por qué.

Este episodio debe además servir de ejemplo decómo esa inacción a la hora de aclarar la posiciónespañola en el conflicto acaba afectando a lapropia calidad periodística del relato informativo.A la vista de lo expuesto, queda claro que no eslo mismo situar a la audiencia ante el discursopolítico expuesto por Jiménez tolerando sufalseamiento, que proporcionándole herramientaspara contextualizar adecuadamene el mensaje.En esta posición de tolerancia ante latergiversación hay que incluir la transigencia conesa maniobra con la que se intenta situar en unmismo plano las versiones que reproducen laposición de la ONU y las que siguen intentandoobviar esta realidad. Su resultado no es otro queel de dar legitimidad a una versión que apoya unaviolación del derecho internacional y priva alciudadano de un enfoque muy distinto a la horade valorar el mensaje gubernamental y suinacción con las violaciones de los derechoshumanos en el Sáhara Occidental. Sólo laignorancia o la censura pueden explicar esteincumplimiento informativo.

4. Recomendaciones para periodistas.El retode desentrañar el galimatías “Potenciaadministradora”


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Otra hipótesis que siempre hay que considerar ala hora de analizar el porqué de un falloinformativo es el desconocimiento del redactor.Como señaló una periodista en una crónica, eldebate sobre si España es o no potenciaadministradora, obliga a adentrarse en un terreno“farragoso” para el lector y, por qué no, para elperiodista. Toparse con los términos “territorio noautónomo” o “potencia administradora de facto”o “potencia administradora de iure” resulta de lomás correoso y, también es verdad, a base deeludir el escollo, no suele haber referencias sobrela importancia del tema en los artículosredactados previamente por los colegas de supropio medio.

Tras 38 años de conflicto, sin embargo, lasredacciones de los medios de referenciaespañoles cuentan con uno o varios redactoresespecializados en la cuestión del SáharaOccidental con fuertes conocimientos en lamateria que han plasmado incluso en lapublicación de libros de referencia en labibliografía que manejan los historiadores queinvestigan el proceso de descolonización delSáhara. Muchos de los reporteros que cubrieronlos inicios del conflicto en 1975 como enviadosespeciales a El Aaiún, con el tiempo, fueronpasando a puestos de responsabilidad en elorganigrama de redacciones periodísticas desdedonde ejercen ese papel que la teoría de lacomunicación suele definir con el término inglésde gatekeeper, literalmente el “vigilante de lapuerta” a la publicación, ese jefe que decide quées más notica entre las muchas informacionesque llegan al medio, y cuál va a ser su enfoque. Elpeligro de confusión, por lo tanto, deberíareducirse a los recién llegados al tema.


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Puede que estas nuevas incorporaciones tenganlugar en el frenesí de la improvisación que sueleplantear en un medio una inesperada crisispolítica como la desencadenada por la tragediade Gdeim Izik o, por poner otro ejemplo, lahuelga de hambre protagonizada por AminetuHaidar en el aeropuerto de Lanzarote de 2009.Suponiendo que a este redactor no familiarizadocon la historia del Sáhara no se le den las debidasinstrucciones y coordenadas para que puedaaterrizar en el seguimiento de la noticia sinperder tiempo precioso, su deber es remediaresta situación de desventaja inicial porque, comole solían repetir sus profesores, si no se tieneclara la problemática de la que se va a tratar, ellose reflejará en la coherencia del mensaje final querecibirá el ciudadano.

Para aquellas situaciones en las que el informadortiene que lanzarse a cubrir un asunto del quedesconoce los antecedentes, se supone que unade las garantías que aseguran la búsqueda de laverdad lo más contrastada posible es lo que enlas clases de Periodismo se define como elconocimiento contextual del informador, esaeducación y preparación que es lo que marca ladiferencia entre la ignorancia y la falta deinformación. [56].

El porqué los acuerdos de Madrid fueron nulosexige bucear en el Derecho Internacional, uncampo que probablemente ni siquiera losredactores especializados en la cobertura de loque llamamos tribunales, tengan nocionesprofundas. Es normal que un periodista seaexperto en Derecho Internacional de forma muyexcepcional, pero los planes de estudio de lasfacultades de Periodismo suelen incluir una o


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varias asignaturas de introducción al Derecho quedeberían permitirle iniciar una investigación concierta garantías de éxito. De la misma forma, losredactores dedicados a temas de ciencias nosuelen ser científicos, ni pueden estarespecializados en todos los campos de la cienciaa la vez, pero ello no impide que los medioscubran concienzudamente este segmentoinformativo, con gran reconocimiento por ciertode la comunidad de investigadores a su labor de“traducción” de una jerga profesional inaccesiblepara el gran público.

En el caso de la intervención de Trinidad Jiménezen el Senado, con gran afluencia de prensa por elrelieve de la crisis del Sáhara en los informativosy, a la vez, por ser una de sus primerasapariciones públicas tras su nombramiento alfrente de Exteriores, los informadores contabancon una gran ventaja: el orden del día de lo quese va a debatir suele estar establecido conantelación de cómo mínimo un día. Para el del 16de noviembre estaba previsto, entre otrasiniciativas relacionadas con la tragedia de GdeimIzik, que la ministra contestase a la pregunta dela senadora Miren Lore Leanizbarrutia deBizkarralegorra (miembro del GrupoParlamentario de Senadores Nacionalistas) “sobresi el Gobierno, en la actualidad potenciaadministradora del Sáhara Occidental, entiendeque ya ha sido descolonizada la que fue provinciaespañola número 53.”[57]

Los recién llegados al tema o los que ya teníanconocimientos pero nunca se habían topado conel término “Potencia administradora”, tenían porlo tanto la posibilidad de remediar su ignoranciay estar convenientemente preparados para


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afrontar el debate que se les vino encima.

Uno de los recursos tradicionales del periodistapara subsanar este tipo de deficiencias es buscarexpertos acreditados en la materia que ayuden aaclarar conceptos, complementar estas consultascon lecturas (incluyendo las contaminadas porpartes interesadas) y documentación institucional(en este caso de la ONU, por ejemplo) sobre elcontenido de las tesis enfrentadas. En la eraInternet, preguntarle a Mr. Google tanto paralocalizar telefónicamente a expertos, como hallarinformación documental, ha multiplicado lasposibilidades de éxito y acortado enormementelos tiempos de cosecha de la información.

Con motivo de la redacción de este texto, afinales de agosto, lo he vuelto a comprobar: seteclea en el buscador las palabras clave “potenciaadministradora de un territorio no autónomo” y,en la primera página de resultados, entre losprimeros cuatro títulos aparece un artículo decierta autoridad ya que procede de unainstitución de prestigio y fiabilidad indiscutible enel tema que es Naciones Unidas. Pinchando eneste enlace resulta que el artículo se titula LaONU y la descolnización.[58] El texto es idealpara un neófito puesto que está estructurado conla didáctica fórmula de preguntas y respuestas.Hay entre los apartados uno que viene al dedillo:“¿Qué es un territorio no autónomo”. Larespuesta que se da es que en la Carta se defineun Territorio No autónomo como un territoriocuyo pueblo todavía no ha alcanzado un nivelpleno de autogobierno”… “los países queadministran Territorios no autónomos se llamanPotencias administradoras”.


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El redactor que se está iniciando, al seguirleyendo no tiene ya dudas de que ese términoduro de deglutir propio de la jerga de uncolectivo profesional que los libros de estilo delos propios medios recomiendan evitar, hay quetraducirlo como “territorio sin descolonizar”. Lomás probable es que el reportero quede muysorprendido si llega al punto del artículocentrado sobre los pasos básicos hacia la libredeterminación (elemento central en la cuestióndel Sáhara Occidental) al comprobar que se diceclaramente que lo primero que hace el Comité deDescolonización de la ONU para avanzar en esteproceso es tratar el tema con la potenciaadministradora.

Acostumbrado a oír de políticos y diplomáticosque, nos guste o no, la “realidad” es que son losinvasores marroquíes quienes administran defacto el territorio, lo normal es que el periodistasiga buscando en otras lecturas. Un título queparece responder a las necesidades del redactordice: “España sigue siendo la potenciaadministradora del Sáhara”. Pinchando en él, esevidente por el propio título de la web que lopropone (Saharalibre.es) que está en el entornode una de las partes en el conflicto, la saharaui.En términos periodístico ello supone deinmediato disparar la alerta ante un discursoposiblemente contaminado pero que esobligatorio atender sin prejuicios. No hay quefaltar al principio de equilibrio y objetividad quequeda plasmado incluso en los libros de estilo demuchos medios con fórmulas que recomiendan alos redactores que “En los casos conflictivos hayque escuchar o acudir siempre a las partes enlitigio”.[59]


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Sin embargo, el hecho de que un subtítuloadvierte que se trata de una entrevista a FelipeBriones, actual fiscal Anticorrupción [60] sirvecomo mínimo para confirmar que hay juristas deprestigio españoles que apoyan esta tesis, pormuy estrambótica que parecza en un principio (lode administrar sin estar en el territorio todavíasigue siendo para el principiante un galimatías).No es en efecto lo mismo, a la hora de analizarinformación, que la fuente sea un reputadoprofesional del Derecho que no debería jugarsesu prestigio, ni siquiera por una causa solidariacon la que Briones, es evidente, simpatiza. Esentonces a través de sus declaraciones cuando elnovato en saharauología se entera de que“España abandona el Sáhara en febrero de 1976,cediendo la administración a Marruecos pero,para el derecho internacional y para NacionesUnidas, una Potencia administradora no puedeabandonar unilateralmente sus responsabilidadesen el territorio no autónomo. De este modo, elabandono por España del Sáhara es nulo y, segúnNaciones Unidas, España sigue siendo la Potenciaadministradora del Sáhara Occidental”. …

Otro detalle esclarecedor que ofrece este texto esque Briones establece una comparación entre elcaso sahariano y el proceso de autodeterminaciónde Timor Oriental: “Portugal nunca renunció a sucondición de potencia administradora, rompiósus relaciones con Indonesia y se preocupó dedenunciar lo que allí estaba ocurriendo…”

Tras esta incursión, lo siguiente es intentarverificar la versión marroquí. Se encontrará conque en Rabat no se contentan con tener laadministración y aseguran que lo que ellos tienenes la soberanía del territorio porque España se la


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entregó con los acuerdos de Madrid. La versióngubernamental que Jiménez defendió en elSenado, no precisamente sospechosa de serpropolisaria, descarta esta posibilidad. Encualquier caso, si fuese cierto, la ONU no seguiríaconsiderando al Sáhara Occidental un territorioautónomo, pendientede llevar a término sudescolonización a través de un proceso deautodeterminación.

Queda todavía por localizar un documento oficialde la ONU que sustente que es verdad que laorganización señala año tras año a España comopotencia administradora y comprobar el textooriginal. Es un documento que anda un pocoescondido en la selva del ciberespacio, debido aque su título oficial y completo no es Lista deTerritorios No Autónomos sino Información sobrelos territorios no autónomos transmitida envirtud del Artículo 73 e de la Carta de lasNaciones Unidas. Pero, para entonces,probablemente algunos de los expertos enDerecho Internacional que se dedican al tema delSáhara Occidental y suelen estar encantados conque un periodista se interese por una cuestiónque consideran injustamente marginada en lasnoticias, haya contestado a su petición de ayuda.Si el reportero que está haciendo debidamentesus deberes aprovecha y le pregunta por eldocumento, seguro que le da indicaciones decómo encontrarlo y, quizás, incluso le sugieraconsultar copias de ediciones anteriores tanto enversión digital como algunas en papel editadaspor la propia ONU con el título de ABC de lasNaciones Unidas.

Una vez hallado el informe, comprobará que, asícomo para la ONU el Sáhara Occidental es el


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único territorio sin descolonizar que queda enÁfrica, su potencia administradora sigue siendoEspaña. Hay un asterisco que remite a un pie depágina en el que se explica que España se declaródesligada de sus responsabilidades en virtud delos Acuerdos de Madrid, lo que podría resultarconfuso para un novato en el tema. Pero elexperto le aclarará de inmediato que eseasterisco no pretende dar validez a la versión delGobierno español sino explicar por qué Españano informa sobre el Sáhara Occidental, comoobliga a hacer el art. 73 para que el secretariogeneral de la ONU pueda proceder a laactualización del informe que se publicaanualmente. Un incumplimiento que quedaevidente en la casilla donde se indica con quéfecha cumplen las potencias administradoras conesta obligación.

La lección quedará redonda si el periodista tienela suerte, como fue mi caso, de que uno de losexpertos con los que ha contactado saque de suestantería de publicaciones sobre la materia unaedición de los informes o del ABC de NacionesUnidas de los tiempos en que Timor Orientalestaba bajo la ocupación de Indonesia. Resultaráde lo más esclarecedor para el informadorcomprobar con sus ojos cuál era entonces lasituación de Portugal con su colonia, ocupando lacasilla de Potencia administradora con una nota apie de página en la que constaba que, “desde1977, Portugal en su condición de Potenciaadministradora del Territorio no autónomo delTimor Oriental, viene informando anualmente alSecretario General que se le sigue impidiendo, defacto, asumir sus obligaciones respecto de laadministración del Territorio, debido a laocupación ilegal del mismo por un tercer país”.


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Ahora podría ser el momento para el informadorde buscar en la Carta de Naciones Unidas eseartículo 73 de la Carta de la ONU. Estedocumento es, a diferencia de la lista deterritorios no autónomos, sumamente fácil delocalizar en versión digital. Si ha seguido por estecamino, el reportero se encontrará que dichoartículo 73 se encuentra en el capítulo XI de laCarta de Naciones Unidas titulado La declaraciónrelativa a territorios no autónomos. El reporteroque hubiese hecho la consulta, al oír a la propiaJiménez referirse al art. 73 como un elementoimportante para definir qué es un territorioautónomo, hubiese quizás quedado sorprendidode que el texto no arranque, como esperaba delas declaraciones de la ministra, con unadefinición de “territorio no autónomo” sino de lasobligaciones que tienen las potenciasadministradoras con sus tutelados:

“Los miembros de las Naciones Unidas quetengan o asuman la responsabilidad deadministrar territorios cuyos pueblos no hayanalcanzado todavía la plenitud del gobiernopropio, reconocen el principio de que losintereses de los habitantes de esos territoriosestán por encima de todo, aceptan como unencargo sagrado la obligación de promover entodo los posible, dentro del sistema de paz y deseguridad internacional establecido por esta cartael bienestar de los habitantes de esosterritorios…” [62].

A partir de ahí seguro que también llamase suatención esa frase que añade que, entre esasresponsabilidades, está la de ayudar a la


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población del territorio sin descolonizar a“desarrollar el Gobierno propio y a tener encuenta las aspiraciones políticas de los pueblos ya apoyarles en el desenvolvimiento progresivo desus libres instituciones políticas”. La lectura deestas líneas deberían bastar para sospechar quela línea argumental de la ministra tiende trampashasta en los detalles más mínimos.

Mi experiencia en este proceso es que losexpertos que hablan a favor de la versión oficialsuelen alegar argumentos de carácter másfilosófico que describen el Derecho Internacionalcomo una ciencia imperfecta y cambiante (que loes) pero sin aportar ningún tipo dedocumentación ni elemento jurídico quedesmienta el informe de la ONU sobre losterritorios no autónomos o la validez del art. 73.También pueden intentar desviar al informador aese resbaladizo terreno que intenta trazar unalínea divisoria entre las normas de la ONU y elderecho interno. Pese a sus deficientesrudimientos en derecho, el reportero tiene laobligación de saber que la Carta de las NacionesUnidas es ley de obligado cumplimiento desde elmomento en que los estados entran a formarparte de la organización porque es una ley derango superior, es decir, una ley contra la que nopueden colisionar las leyes nacionales. Por lotanto, la tendencia natural será la de una nuevareacción de desconfianza a la tesisgubernamental.

A estas alturas, sin embargo, el periodista tieneya los suficientes elementos para exigirexplicaciones a los políticos que pretendenlegitimar ante la opinión pública la ficción de losacuerdos de Madrid, especialmente si la ocasión


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lo pone en bandeja con la polémica de unopositor que acusa de falsedad a un miembro delGobierno. Si ha superado la fase de las dudassobre cuál de las dos versiones se ciñe a laverdad, tras denunciar la mentira gubernamental,el reportero debería ampliar su investigaciónintentando averigüar por qué los Gobiernos seempeñan en seguir engañando a la ciudadanía,empezando por el propio informador. Indagandocon esa otra parte que es la de la versiónsaharaui, comprobará que si los Gobiernos nonegasen las responsabilidades españolas, nopodrían mantener esa supuesta posición deneutralidad y equidistancia entre agresor yagredido: el art. 73 de la Carta de la ONU no lepermite otra cosa que estar del lado de losintereses saharauis. La neutralidad, por lo tanto,es otra ficción, que favorece a la parte marroquí.

5. Algunos misterios. Una verdad que seresiste a aflorar en el debate público

El relato periodístico de los medios españolestiene una inexplicable tendencia a esquivar todoelemento que ponga luz a la condición dePotencia administradora que, sin embargo, seempeña en aflorar incluso en aquellasinformaciones en las que el tema central no es elde las responsabilidades españolas. Sólo así sepuede explicar que dos de los principales mediosescritos españoles como son el Abc o El País, noreseñasen con la correspondiente noticia eldictamen del asesor jurídico de la ONU, HansCorell, en febrero de 2002, en relación a laexplotación de las riquezas del territoriosaharaui. El hecho de que este texto confirme queEspaña sigue siendo para la ONU la potenciaadministradora del Sáhara Occidental, debería


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haber sido motivo de comentario y una buenaoportunidad de rectificar el relato periodísticocon una consistente percha informativa. Elsilencio ha dado un nuevo balón de oxígeno alocultamiento de la verdad vigente desde 1975.

El lector se quedó en 2002 sin la noticia de estedictamen y, lo peor, es que seguidamente no sehaya subsanado este despiste repescando, comose dice en las redacciones, la información que nose dio en su momento por un error de valoracióno porque se le escapó al reportero que debíahaber alertardo de su existencia. La frecuenciacon la que el propio discurso político saca arelucir este documento, no consiente justificaciónalguna a este escamoteo informativo alciudadano.

Trece años después de difundirse el informeCorell, si consultásemos ahora mismo (tomandocomo referencia finales de agosto de 2013) lahemeroteca digital del diario Abc, las referenciasa Hans Corell dan como resultado cinco artículos.Cuatro de ellos no tienen relación con el SáharaOccidental sino con el anuncio de la creación delTribunal Penal Internacional.

En el caso de El País, la misma búsqueda sólo dados artículos y uno de ellos no tiene que ver conel Sáhara sino con la noticia del posible juicio porgenocidio a los Jemeres Rojos camboyanos. Elque sí tiene que ver con el conflicto saharianoestá relacionado con la batalla diplomatica que,desde 2007, ha impedido se renovase el acuerdopesquero entre Marruecos y la Unión Europea.Con motivo de la polémica sobre la legalidad ono de la explotación de las riquezas de lo quesigue siendo un territorio sin descolonizar, el


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informador alude al informe Corell en estostérminos:

“Éste (Hans Corell) señaló que Marruecos no erala potencia soberana ni administradora delSáhara. España lo seguía siendo, según él. Enconsecuencia, concluyó, los contratos firmadospor Rabat y las petroleras “podrían suponer unaviolación de la legalidad internacional si llegarana desembocar en mayores actividades deexploración o explotación en detrimento de losintereses y aspiraciones del pueblo del SáharaOccidental”.[63]

Llama la atención el empleo de la fórmula dedistanciamiento “según él” a la que el autorrecurre para dejar claro que no asume comocerteza probada que España sea Potenciaadministradora. En este texto tampoco se daninguna referencia a cuáles son las consecuenciasde que Corell dictaminase que España seguíasiendo la Potencia administradora, especialmenteen relación al espinoso asunto de la pesca.También se echa de menos que en la versióndigital del diario no se ofrezca, como suele serhabitual cuando se cita un documento de estaimportancia, un hipervínculo que permita allector consultar el original para sacar sus propiasconclusiones. En su parte final, el autor añadía undato que podría ser interpretado por el lector deforma equívoca, haciéndole creer que este textoestá pendiente de algún tipo de aprobación:

“Varios países del Consejo de Seguridad, entreellos Rusia, Irlanda, Colombia e Isla Mauricio,respaldaron entonces la doctrina Corell, peroFrancia replicó que había que considerar aMarruecos como la potencia de facto


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administradora y con matices, EEUU y el ReinoUnido, la secundaron”.

El artículo de Abc que cita a Corell en relacióncon la colonia española, anuncia que Moratinosrectifica y explica que el Gobierno no reconoce lasoberanía marroquí. Tiene como fecha el 22 dediciembre de 2009, [64] es decir, que se refiere aunas declaraciones del entonces ministro deExteriores en el marco de la crisis provocada porla expulsión de la activista saharaui AminetuHaidar por las autoridades marroquíes y la huelgade hambre con que esta frágil mujer desafió alGobierno español y marroquí para exigir elregreso a su hogar en El Aaiún.

En concreto, la noticia hace referencia aldesenlace de la crisis, cuando ya las presionesespañolas e internacionales habían logrado que elrégimen marroquí permitiese el regreso deHaidar al Sáhara Occidental. El problema humanoestaba resuelto pero un comunicado delMinisterio de Exteriores con un lenguaje confusohabía creado una nueva tormenta. La parteconflictiva del texto decía así: “…Mientras seresuelva el contencioso, en conformidad con laposición de Naciones Unidas, España constataque la ley marroquí se aplica en el territorio delSáhara Occidental”. La declaración fueinterpretada como un reconocimiento de lasoberanía marroquí sobre el territorio por partedel Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero encontrapartida a la “colaboración” de Rabat en lasolución que había evitado la muerte de laactivista.

Las palabras con las que el ministro intentóacabar con la polvareda pusieron énfasis en que


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la constatación no tenía que ver con una cesiónde soberanía (que el propio ministro Moratinosexplicó hubiese sido imposible desde el punto devista legal) sino a esa idea de administración defacto utilizada para atenuar tergiversadoramentela situación de ilegalidad marroquí. Quizás susucesora, la ministra Jiménez, se inspiró en estaintervención de Moratinos cuando un añodespués tuvo que intervenir en el Senado porquelos razonamientos y términos confusos son muyparecidos. También Moratinos, por ejemplo,había recurrido en 2009 al informe Corell paraafirmar que la ONU reconoce la administraciónmarroquí sobre el Sáhara. Una vez más, alreproducir lo que dijo este ministro, la crónicaperiodística no da ninguna referencia al lector deque el informe citado por Moratinos señalaprecisamente lo contrario de lo que pretendíadefender. Tampoco aquí se aprovechan lasventajas de la versión digital para incluir eloriginal del documento. El artículo, por lo tanto,dejaba mentir a Moratinos con la impunidad queconsiente el llamado periodismo declarativo delque la prensa suele abominar como una de laslacras de la profesión, sin más distanciamientoque el recurso a la fórmula “según Moratinos”:

“Asimismo, el ministro de Exteriores ha hechoespecial hincapié en el hecho de que esta es laposición que mantiene la ONU, que “ha aceptadoque Marruecos actúa como potenciaadministradora de facto” del Sáhara Occidental yremitió al llamado ‘Informe Corell’ en el que seafirma con “contundencia”, según Moratinos, que“tras el retiro de Mauritania del Territorio en1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui de 19 de agosto de 1979, Marruecos haadministrado el Territorio del Sáhara Occidental


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por sí solo”.

En los 32 días que duró la huelga de hambre deAminetu Haidar la cuestión de lasresponsabilidades de España sobrevolócontinuamente el conflicto abierto por lasautoridades marroquíes en el aeropuerto de ElAaiun que le retiraron a la activista el pasaporte yla expulsaron obligándole a subir a un avión quevolaba a Canarias por haber hecho constar enuno de los formularios de aduanas que sunacionalidad no es la marroquí. [65] Laimportancia de este elemento, sin embargo, nofue evidente para el público ya que no solíaaparecer de forma explícita en el discurso públicoy periodístico, sino que serpenteaba en latrastienda de las negociaciones que condujeron ala claudicación marroquí, dejando pistas que sólolos entendidos saben identificar.

En esta encrucijada, Haidar rechazó las tresopciones que el Gobierno español le dio en suintento de mediar con las autoridadesmarroquíes: asilo político, solicitar un nuevopasaporte marroquí o adquirir la nacionalidadespañola. La primera suponía que no pudieseregresar a su tierra, que era lo contrario de loque ello exigía con su protesta. La segunda leobligaba a solicitar un documento marroquíestando en España, Potencia administradora delSáhara Occidental que nunca debería haberprivado a los saharauis del pasaporte españolcomo se hizo el 10 de agosto de 1976 a travésdel Real Decreto 2258/76, hasta haber concluidoel proceso descolonizador. Solicitar uno nuevo enun consulado marroquí, y más aún estando enterritorio español, suponía por lo tanto unreconocimiento humillante de su supuesta


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marroquinidad frente a la alternativa españolaque le corresponde al territorio no autónomo delSáhara Occidental. La tercera le obligaba a pedirla nacionalidad española a través de un trámitepor la vía de la excepción con el que,implícitamente, venía a reconocer que España yano es Potencia administradora y, con ello,hubiese acatado la tesis oficial de que Españapuede ignorar la suerte de los saharauis, que ellano pierde ocasión de rechazar. [66]

Poniendo en primer plano la importancia deciertos principios para el futuro de su pueblo, congrave riesgo de su propia vida, Haidar se limitó aexigir a España que cumpliese con susresponsabilidades. La falta de aclaraciones en elrelato periodístico impidieron al público captar laprofundidad de las cuestiones que subyacían a lanegativa de aceptar un pasaporte que no fuese elque le había sido retirado en un acto de abuso depoder. Incluso José Saramago, el fallecido premioNobel de Literatura y gran amigo de la causasaharaui, mostró cierto desconcierto ante elrechazo de Haidar a estas opciones y le pidió a laactivista que no arriesgase la vida y aceptase elpasaporte español. [67]

El caso Haidar fue el que impulsó a la AsociaciónPro Derechos Humanos de España (APDHE) arelanzar la antigua campaña por la nulidad de losacuerdos de Madrid en la que ya habíaparticipado en los años ochenta. Desde entoncesha dirigido cartas tanto al entonces Gobierno deRodríguez Zapatero como al actual de MarianoRajoy para que España reasuma susresponsabilidades, devuelva la nacionalidadusurpada injustamente a los saharauis nacidosespañoles y sus descendientes y, siguiendo los


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pasos de lo hecho por Portugal en Timor Orientalhaga un traspaso de la administración a la ONU,el único traspaso posible desde el punto de lalegalidad internacional. Los medios de referenciaespañoles han silenciado, con una sola excepción(Europa Press con una crónica no reproducida porlos grandes medios [68]) el desarrollo de estacampaña iniciada en enero de 2010.

6. Reflexiones sobre la hipótesis de nuevascensuras

A la hora de plantear hipótesis a las causas delrelato torcido en la cuestión saharaui, esinevitable que haga su aparición en escena elfantasma de la censura. Los periodistasespecializados en este tema suelen quejarse,como lo hace el movimiento de asociacionespropolisarias, de que sus medios no les dejen unhueco para publicar informaciones sobre el tema,pero no suelen atribuir esta dificultad a unamaniobra de censura o reedición de losmecanismos de la “materia reservada”. Algunos,incluso, rechazan tajantemente que haya una“conspiración” para que no se trate un tema queen la profesión se sabe que resulta muyincómodo al poder político. Lo habitual, alcomentar en corrillo lo duro que resulta hacersehueco en la escaleta informativa con este tema,es señalar como causa de sus padecimientos a ladesidia e ignorancia de los responsables de lasredacciones.[69]

Hay sin embargo, un caso que demuestra que,cuando la información afecta a las relaciones conMarruecos, el reportero se mueve por arenasmovedizas. Es el del fallecido José Luis Gutiérrez,galardonado pionero del periodismo de


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investigación del posfranquismo y directordurante 15 años del desaparecido Diario 16. Apartir de 1995, se vio obligado a librar unaextenuante batalla en los tribunales españoles. Supecado fue provocar las iras del difunto monarcamarroquí Hassán II por un reportaje publicado enDiario 16 sobre la interceptación por parte de laGuardia Civil de un cargamento de cincotoneladas de hachís que viajaba en un camiónpropiedad de una de las empresas del rey alauita.La demanda que le interpuso el monarca leenredó en un angustioso e incomprensibleproceso que se prolongó durante más de veinteaños.

Los abogados de Hassán II acusaron a Gutiérrezde haber mancillado el honor del tirano marroquíy, aunque los tribunales españoles nocuestionaron la veracidad, exactitud y rigor de lainformación publicada, condenaron a Gutiérrezpor el titular de la información (Una empresa deHassán II implicada en el narcotráfico).[70]Gutiérrez, conocido en la profesión como El Guti,relató en un libro[71] lo que solía calificar sinequívocos como de encarnizada persecución.Denunció lo sorprendente que resultaba que,para condenarle, se hubiese recurrido a unanorma legal de la dictadura de Franco y no tuvoreparos en acusar a la Justicia española de habercedido a las presiones de sectores políticossensibles con los intereses marroquíes. No teníadudas de que había sido represaliado por haberpublicado una exclusiva en torno a una noticiaque el Gobierno había intentado ocultar duranteun año e intentó llamar la atención sobre lo quedebería haber sido tratado como un atentadocontra la libertad de expresión.


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Su caso no arrancó protestas solidarias entre suscolegas que, por el contrario, silenciaron loocurrido. Esta soledad tuvo como contrapunto lasmuestras de enérgico y claro apoyo que encambio, recibió de organizaciones de prestigiocomprometidas con la salvaguarda de la libertadde expresión en todo el mundo. El ComitéMundial para la Libertad de Prensa (WPFC) o elInstituto Internacional de la Prensa (IPI) oReporteros sin Fronteras, son algunos de losejemplos de este respaldo internacional. Al final,la pesadilla de Gutiérrez acabó con un triunfo porgoleada del aguerrido periodista. El Tribunal deEstrasburgo acabó dándole la razón con unenérgido vapuleo a la práctica de la judicaturaespañola. Pese al final feliz, esta odisea judicialha seguido siendo en la profesión un ejemplodisuasorio del poder de los intereses marroquíesen España.

Aún así, el caso de Gutiérrez ha sido muyexcepcional. En las propias aulas de Periodismolos teóricos reconocen que en la actualidad nohace falta recurrir a una censura al estilofranquista para condicionar al periodista. Aunqueal redactor no se le explique desde la redacciónqué política sigue su medio, lo normal es queaprenda a “anticipar lo que se espera de él, ainteriorizar los derechos y obligaciones de sustatus, a conseguir premios y evitar castigos”.[72]Para ello sirven de indicación algunas iniciativasde la dirección y de los redactores más antiguos:“Un gesto, un comentario oblicuo o marginal,resultan orientadores. Hay, además, cosas que sepublican y otras que no se publican. Losredactores hablan de sus jefes y así se orientanrespecto a preferencias, intereses, afiliaciones”.Como dice Gomis así es como el redactor se


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entera de la política que se sigue en su medio y,como añade este maestro del periodismo, “faltapor ver por qué la sigue”.

La constatación de esta deriva no se circunscribea los profesionales españoles. Serge Halimi,escritor francés y miembro de la dirección de LeMonde Diplomatique, tras estudiar redaccionesde prestigio francesas como la del diario LeMonde llegó a la conclusión de que la censura enlos medios existe bajo la forma de los interesesempresariales que calan desde el Consejo deEmpresa por la cadena de mando hasta elredactor. La causa, en su opinión, es que elprofesional del periodismo se ha conformado conel grado de libertad que tiene. “Saben”, asegura,“muy bien lo que no se quiere que se diga. Sialgo les compromete lo más mínimo, lo dejan aun lado y escriben sobre otra cosa que no lescomprometa”.[73]

Volvamos ahora a esa contradicción tan frecuenteen las redacciones españolas, entre el tropel deperiodistas enganchados a la evolución delconflicto sahariano pero enfrentados al muro dela escasa receptividad e, incluso, indiferencia desus jefes a sus sugerencias e indicaciones paradar mayor relieve a este tema.[74] Puedoasegurar que no se exagera y, también, quierodejar constancia de lo muy frustrante que resultaesa experiencia que para un reportero suponellegar a la redacción con una noticia y, al intentarvenderla (como se suele decir en la jerga de losplumillas) al redactor jefe que le corresponda,recibir como respuesta una expresión deaburrimiento que no deja posibilidades derecurso al veredicto. Como muchos otros colegas,con la cuestión del conflicto saharaui tuve que


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resignarme a que, sugerir dedicar un espacio alSáhara, suponía exponerse a un alto riesgo derecibir como respuesta: “este tema no interesa”.Eso sí, sin que nunca hubiese ninguna alusión aconsignas precisas de alejarse de la cuestión. [75]Tampoco me explicaron nunca en quéestadísticas se basaban para decir que a loslectores españoles no les interesaba el Sáhara,menos aún habiendo como hay 35.000 niñossaharauis que todos los años pasan el verano confamilias españolas que los acogen dentro delprograma Vacaciones en Paz.

Pese a esos datos supuestamente tan adversospara el interés mediático sobre el SáharaOccidental, la libertad que dio la era Internetprovocó un big-bang de webs y blogs con los quelos simpatizantes de la causa saharaui han idosupliendo, sin grandes alaracas pero muchaeficacia, los silencios y omisiones de los mediosde referencia. Pese a sus escasos medioscosechan interesantes éxitos que no concuerdancon este supuesto desinterés público.

Así por ejemplo, este pasado mes de abril, alcumplirse el sexto aniversario de su creación, elsitio SáharaLibre.es lo celebró con los siguientesdatos: más de 22,5 millones de accesos, conratios de más de 10.000 entradas diarias y, enpuntos de máxima actualidad del tema saharauicon más de 50.000 accesos al día. No es deextrañar que, seguidamente, el diario El País,objeto de muchas acusaciones depromarroquinismo por parte del movimientoprosaharaui, haya incluido en su paleta de ofertasde la versión digital un blog de temáticaespecíficamente saharaui, eso sí, de contenidomás cultural que político.


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He también de añadir, en relación a miexperiencia sobre el terreno informativo, quecoincidiendo con mi descubrimiento de que habíaclaves del conflicto que habían quedadoindebidamente en la sombra y, a raíz de miinsistencia en sugerir vías para remediarlo, fuitrasladada a otra sección y a otros cometidosmenos lucidos que el del reporterismo. Miapasionante carrera de enviada especial quedódefinitivamente truncada al ser arrojada a lascatacumbas del turno de noche que se suelereservar a los redactores no receptivos con los“toques” de sus jefes. En contrapartida, al seguircultivando mi especialización africanista en mitiempo libre, tuve el privilegio de ser una de lasprimeras periodistas en rescatar, tras el olvidoimpuesto por el fin de la Transición a la causa dela nulidad de los acuerdos de Madrid, unreportaje cuyo tema central era la ficción sobre laque se asienta la falsa neutralidad oficial.

Lo publiqué en Mundo Negro [76] la revista dereferencia en España para asuntos africanos. Nolo cuento por fatua vanidad sino para destacarprimeramente que el mérito no fue mío sino delos directivos de la revista que se entusiasmaroncon la historia y me dieron libertad absoluta. Ensegundo lugar, ello me da pie para hacer aquí unpequeño homenaje al fallecido abogadoFrancisco Fernández-Goberna, inspirador de lahistoria que se centraba en una de las variasdemandas que este letrado interpuso en un vanointento por lograr la nulidad de los acuerdos deMadrid. Fui testigo de que hubo colegas queestaban al tanto de las vicisitudes de este letradocontra el falso tratado y que hubiesen estadoencantados de publicar su historia si hubiesenlogrado, como yo, encontrar un redactor jefe que


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se la comprase sin poner mala cara ni hacerbromas despectivas sobre su irremediable yvisceral idealismo.

7. La influencia del relato periodístico sobre elSáhara en la visión de la opinión pública

Uno de los dogmas sobre la alta responsabilidadque tiene la labor periodística es el que atribuye ala prensa un papel clave en la construcción de laactualidad y en el cómo percibe la ciudadanía losconflictos la opinión pública. Cabe por lo tantopreguntarse sobre el posible impacto de lasimperfecciones del relato periodístico en eseproceso de modelado de la opinión pública enrelación al conflicto sahariano que, en este caso,juega un papel de primer orden en la batallapolítica que sigue su curso.

Incluso personalidades nada sospechosas desimpatías propolisarias han reconocido que elfactor que ha compensado la gran desventajapolítica del pueblo saharaui para defender susinalienables derechos frente al anexionismomarroquí, ha sido el leal y enérgico apoyo de unimponente movimiento solidario muy arraigadoen la ciudadanía desde la crisis de 1975. Laimportancia de la opinión ciudadana es lo que enefecto ha impulsado en los últimos años a lapropaganda anexionista marroquí a centrarse,con un gran despliegue de medios, en ellanzamiento de mensajes dirigidos a socavar esaalta sensibilidad de la ciudadanía española con lacausa saharaui.

En este frente de la información, el propiorégimen marroquí ha acusado a la prensaespañola, incluyendo a los medios de referencia,


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de simpatizar con la causa saharaui y faltar conello a su debido respeto de la objetividad yneutralidad.[77] En los conflictos, es muy habitualque los agresores exijan neutralidad a losreporteros. John Martinkus, el periodistaaustraliano de referencia en el largo conflicto deTimor Oriental (es el único que lo cubrió desde suestallido hasta la independencia) suele contar quelos invasores indonesios de la colonia portuguesacalculaban cuidadosamente su despiadada guerrasucia informativa teniendo en cuenta laobligación que tenían los periodistas de atender atodas las partes enfrentadas, para atenuar laversión de las víctimas.[78] En realidad, elanexionismo marroquí ha intentado explotar eltradicional recurso con el que los agresoressuelen intentar aprovechar el principio deobjetividad al que se debe el relato periodísticopara diluir su culpabilidad en una equidistanciaentre quien incumple la ley y la víctima de estainfracción. Una falsa neutralidad equivalente a laque practican la política oficial española y que leresulta sumamente beneficiosa.

Es evidente que la mayor parte de los periodistasespañoles no se han dejado arrastrar por estatrampa que obvia que la objetividad no tiene porqué ser neutral y, menos aún, cuando está de pormedio la defensa de los derechos humanos y lasuperioridad del principio de veracidad. Elloexplica que los propios periodistas no suelantener reparos en reconocer públicamente que lasredacciones de los medios españoles sondecididamente simpatizantes con las víctimassaharauis de la represión marroquí y quedenuncien las acciones con las que los ocupantesdel Sáhara Occidental suelen obstruir,amendrentar e, incluso, impedir su labor en el


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territorio como una consecuencia de su políticade ocupación ilegal.

Una de las grandes quejas del anexionismomarroquí con los informadores españoles ha sidoel inequívoco apoyo que han mantenido duranteestos 38 años al derecho a la autodeterminacióndel pueblo saharaui, pese a las maniobrasintoxicadoras con las que su estrategiadiplomática y propagandística ha intentadodevaluar lo que es un derecho inalienable. Lo másque ha logrado en este terreno es esedeslizamiento semántico con el que algunosredactores se refieren al Frente Polisario como“separatistas”, en lugar de emplear el término“movimiento de liberación” como hace la ONU, ysin darse cuenta que ello conduce al equívoco deun proyecto político que pretende desgajar unterritorio integrado en un Estado, especialmentecon el lector recién llegado al tema y que notiene claro que el Sáhara Occidental nunca formóparte de Marruecos. Pero, aunque los medioshayan admitido ocasionalmente voces favorablesa las tesis marroquíes, generalmente por lafórmula de los artículos de opinión firmados porcolaboradores externos, no han contribuido aningún debate que cuestione el derecho a laautodeterminación del pueblo saharaui, sino másbien, todo lo contrario.

Ello, quizás, haya compensado la tacañeríainformativa y contribuido a que dos de cada tresespañoles sigan apoyando el derecho a laautodeterminación del pueblo saharaui. El datoprocede de las encuestas sobre política exteriordel Barómetro del Real Instituto Elcano realizadasen 2012 [79] que explican que este favorprosaharaui va más allá y ve con buenos ojos que


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el Sáhara Occidental logre la independencia.

Otra encuesta del mismo Barómetro realizada en2007 señalaba además que casi tres cuartaspartes (73%) de los españoles creía que elGobierno español debería dar prioridad a losderechos del pueblo saharaui frente a losintereses de España en la región, mientras quesólo un 18% se pronunció por la actitud egoístade que lo primero son los intereses de casa. [80]Los informes sobre estas encuestas no reflejanque se haya vuelto a repetir esta pregunta pero,teniendo en cuenta la evolución en otrasrespuestas relacionadas con el tema, los puntos afavor de la causa saharaui no deberían haberregistrado una caída, sino más bien todo locontrario.

La opción favorable a la independencia registradaen 2012 constituye, en efecto, un repunterespecto a otros estudios de febrero-marzo de2010 [81] y noviembre de 2010 [82]. En estasocasiones se había preguntado a los encuestadosqué opción debía apoyar España en relación alSáhara (situación actual, independencia o mayorautonomía dentro de Marruecos). La creación deun Estado saharaui había logrado el sí de uno decada tres encuestados.

Estos datos parecen indicar, por lo tanto, que lasimperfecciones de la narración periodística nohan debilitado las fuertes convicciones que laopinión pública española ha venido mostrandodesde 1975, sobre cuál debe ser el camino haciala paz. No hay, sin embargo, que cantar victoria.Según estas mismas encuestas, cuando se pide alos entrevistados identificar el problema másgrave que se tiene con Marruecos, el Sáhara


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Occidental es, a mucha distancia, el menosimportante con apenas un 10%, frente al de lainmigración (56%), el de Ceuta y Melilla (18%) y,sorprendentemente, la pesca (11%).[83] Es decirque, pese a sus simpatías prosaharauis, la opiniónpública no tiene claro hasta qué punto muchas delas crisis hispano-marroquíes y, especialmente, lade la pesca, son sacudidas que tienen en realidadsu epicentro en el tablero sahariano. Cabeplantearse, desde el punto de vista de uninformador, en qué medida se ha contribuidodesde los medios a que los españoles noconsideren que la solución de un conflicto que sedesarrolla a una distancia de sus fronterasequivalente a la distancia entre Madrid y Segovia,no afecte a sus intereses. No es desde luego poringenuidad puesto que, en cambio, sí consideranvital para la seguridad e intereses de España unaintervención en Malí, situado a más de 2.000kilómetros de nuestras fronteras (con el favor del45,7% de españoles) y pese a que, en general, lainestabilidad en el norte de África les pareceimportante (44,7%) e, incluso, extremadamenteimportante (38,1%). [84]

Otro elemento llamativo: hay un 23,2% departidarios de zanjar la confrontación con unSáhara Occidental integrado en Marruecos en elmarco de la solución autonómica. A ellos que hayque sumar, en el lado de los no prosaharauis, un7,2% que ven con buenos ojos que la situaciónsiga como hasta ahora y un 10,2% de los que nosaben, no contestan. Si analizamos la relaciónentre respuestas y edad de los encuestados, lospartidarios por la independencia se encuentranprincipalmente en la franja de edadescomprendidas entre los 45 y 64 años (45%),mientras que, entre los menores de 30, los


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porcentajes se equilibran con un 31% a favor dela independencia y un 32% a favor de una mayorautonomía.

El número de los partidarios de que se mantengala situación actual también aumenta entre losmás jóvenes llegando a un 11% en la franjacomprendida entre los 18 y 29 años. Es decir, losespañoles más inclinados hacia una solución“realista” y no acorde a derecho internacional oque se muestran indiferentes, aumentan en esafranja de la población nacida cuando laTransición ya había diluido el mal recuerdo de latraición. Sería interesante que una próximaencuesta de este barómetro averigüe si estafranja poblacional más proclive a la indiferenciasabe que España sigue teniendoresponsabilidades con el pueblo saharaui y, porlo tanto, se encuentra en una situación deilegalidad por no cumplir el art. 73 de la Carta dela ONU. Se aceptan apuestas.

[1] “Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigidaal Presidente del Consejo de Seguridad por elSecretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos,Asesor Jurídico”, Consejo de Seguridad de laONU, 12 de febrero de 2002. UN DocS/2002/161, enero de 2002, párr. 6.

[2] “Información procedente de los territorios noautónomos transmitida en virtud del Artículo 73e de la Carta de las Naciones Unidas, Informe delSecretario General”, Asamblea General de la ONU,14 de marzo de 2013, UN doc. A/68/64.

[3] GOMIS, L. Teoría del periodismo. Cómo se


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forma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, pág.70.

[4] ROSENSTIEL, T. y KOVACH, B. The elements ofjournalism. Nueva York, Three Rivers Press, 2001,pág. 4.

[5] MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. El lenguajeperiodístico. Madrid, Paraninfo, 1989, pág. 141.

[6] HALL JAMIESON, K. y WALKMAN P. The PressEffect, Politicians, Journalists, and the Stories ThatShape the Political World. Oxford University,Nueva York, 2003, pág. 15, pág. 197.

[7] Código deontológico de Federaciones deAsociaciones de Periodistas de España (FAPE), 23de marzo de 2010:: www.fape.es/codigo-deontologico.htm

[8] GOMIS, L. Teoría del periodismo. Cómo seforma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, pág.32.

[9] ZUNES, S. Y MUNDY, J. Western Sahara. War,Nationalism and Conflict Resolution, Nueva York,Syracuse University Press, 2010, pág. 6.

[10] “No habrá saldos en el Sáhara”, en Cambio16, n.205, 10 de noviembre de 1975, págs. 20 y21.

[11] VILLAR F. El proceso de autodeterminacióndel Sahara, Valencia, Fernando Torres Editor,1982, pág.338.

[12] DE DALMASES, P. I. Huracán sobre el Sáhara,Barcelona, Editorial Base, 2010, págs. 194-208.


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[13] CRIADO, R. Sáhara, pasión y muerte de unsueño colonial. Chantillon-sous-Bagneux, RuedoIbérico, 1977, págs. 216 y 217.

[14] «El diario “La Realidad” fue suspendido porsus informaciones sobre un posible acuerdo entreEspaña y Marruecos», en La Voz de Galicia,domingo 26 de octubre de 1975.

[15] DE DALMASES…, pág.192.

[16] PRIETO P.: «Arenas Ardientes, en La Razón,23 de noviembre de 2010. http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_343279/historico/8589-arenas-ardientes-por-martin-prieto#.Ui3rDLx4Iy4

[17] Diario de Sesiones del Congreso de losDiputados. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.32, 15 de marzo de 1978, pág. 65.

[18] VILLAR, F.: «Los mitos de la “marcha verde”(I) acuerdos nulos de Madrid», en Diario 16,Madrid, 20 octubre de 1978, pág.15.

[19] DIEGO AGUIRRE, J. R: « La guerra del Sáhara», en Historia, num. 188, diciembre 1991, pag,12.

DIEGO AGUIRRE, J. R. Historia del Sáhara. Laverdad de una traición. Madrid, KaydedaEdiciones, 1988, pág.731 y 743.

[20] TONY HODGES. The Roots of a Desert War,Lawrence Hill & Co., Westport (Connecticut),1983, pág.219.

[21] MISKÉ, A.B. Front Polisario, l´ame d´ un


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peuple. París, Ed. Rupture, 1978, pág. 201 y 202.

[22] MORENO, R. : « La Marcha Verde»,, El Día, 6de noviembre de 2012.

http://eldia.es/2012-11-06/criterios/8-Marcha-Verde.htm

[23] Diario de Sesiones del Congreso de losDiputados. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.31, 14 de marzo de 1978, págs. 37.

[24] LEÓN, S: « España pactó en secreto conMarruecos la Marcha Verde”. El Público digital, 14de abril de 2013.

[25] SHELLEY TOBY. Endagame in Western Sahara:What Future for Africa´s Last Colony?. Zed Books, 2004, pág. 137.

[26] PONCE DE LEÓN M. Y ARTS, K.: El DerechoInternacional y la Cuestión del Sáhara Occidental.Nueva York, IPJET, 2010, pág., 82.

[27] Boletín Oficial de las Cortes, n. 35, 30 denoviembre de 1977. Págs. 9 y 10 de noviembrede 1977.

[28] Diario de Sesiones del Congreso… núm. 32.,pág. 67.

[29] Diario… núm. 32, 15 de marzo de 1978,pág. 43.

CARRO, A: «La descolonización del Sáhara», enRevista de Política Internacional, num.144,marzo-abril 1976, págs. 25 y 28.


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[30] Libro Blanco, 20 años bastan. El referéndumen el Sahara Occidental. Madrid, Asociación deAmigos del Pueblo Saharaui, 1995, págs 9-13.

[31] “PCE y PSOE pidieron solidaridad con lossaharauis”, en El País, 11 de noviembre de 1977.

[32] Diario de Sesiones del Congreso de losDiputados. Comisión de Asuntos Exteriores,núm.12, 1978, pag 395.

[33] Sahara…, pag. 51

[34] GONZÁLEZ CAMPOS, J.: «Los acuerdos nulosde Madrid», El País, Madrid, 18 de septiembre de1977.

[35] Sahara…., pag. 51.

[36] MORÁN, F.: «La solución del Sáhara sinEspaña, sería a costa suya, Madrid», Diario 16,Madrid, 18 de julio de 1979.

[38] VILLAR…, pág. 368.

[39] «En León, el Sáhara es “materia reservada”»,El País, Madrid, 21 de mayo de 1976.http://elpais.com/diario/1976/05/21/espana/201477617_850215.html

[40] Sahara 14.., pág 16.

[41] HALL JAMIESON, K. y WALKMAN P.: The PressEffect, Politicians, Journalists, and the Stories ThatShape the Political World. Oxford University,Nueva York, 2003, pág. 15.

[42] SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. Crítica de la


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seducción mediática. Madrid, Editorial Tecnos,1997, pág. 88.

[43] Boletín Oficial de las Cortes Generales.Senado. IX Legislatura, Serie I Boletín General, 16de noviembre de 2010, N.544, pag. 5460.

www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/ds/CS0442.PDF

[44] «Trinidad Jiménez: “España no tieneresponsabilidades en el Sáhara Occidental”», Efe,en 20 minutos, Madrid, 16 de noviembre de2010.

http://www.20minutos.es/noticia/875537/0/trinidad-jimenez/sahara/responsabilidad/

[45] MACÍAS, C.S. «Jiménez: «España no tieneresponsabilidad en el Sáhara», en La Razón,Madrid, 18 de noviembre de 2010.http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342649/historico/6765-jimenez-esperara-a-que-se-aclaren-los-hechos-para-pedir-explicaciones-a-marruecos#.Ui3o_7x4Iy4

[46] RUBIO, A. «Desmemoria histórica», en LaRazón, Madrid, 16 de noviembre de 2010http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342154/historico/2048-desmemoria-historica#.Ui3oXbx4Iy4

[47] Diario de Sesiones del Senado, Comisión deAsuntos Exteriores, IX Legislatura, Núm. 100, 16de noviembre de 2010, págs. 5445-5463.

[48] Diario de Sesiones del Senado, Comisión de


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Asuntos Exteriores, IX Legislatura, N.442, 24 denoviembre de 2010, págs. 6-23.

[49] «Jiménez cree que condenar a Marruecos«tendría consecuencias», en El Correo, 16 denoviembre de 2010. http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20101116/sociedad/critica-silencio-trinidad-jimenez-201011161426.html

[50] CERVILLA, P. «El Senado da la espalda aTrinidad Jiménez en su intento de defender aMarruecos», en ABC, Madrid, 25 de noviembre de2010.www.abc.es/20101124/espana/senado-espalda-trinidad-jimenez-201011241724.html

[51] MONTAÑÉS, E.: «Un mes de «resbalones» delGobierno de la comunicación», en ABC, 20 denoviembre de 2010.

http://www.abc.es/20101119/espana/resbalones-comunicativos-201011180922.html

[52] IZQUIERDO, L. «La oposición asedia alGobierno en el Senado por el Sáhara», LaVanguardia, 16 de noviembre de 2010.http://www.lavanguardia.com/politica/20101116/54072189363/la-oposicion-asedia-al-gobierno-en-el-senado-por-el-sahara.html

[53] Efe: «¿Tiene España alguna responsabilidadsobre el Sahara Occidental? »,, en Canarias7. 10de noviembre de 2011http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=189659&p=5

[54] DE LAS HERAS, P. «El Jiménez alega que


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España no tiene «responsabilidad» en el Sáhara»,en Las Provincias, 17 de noviembre de 2010.http://www.lasprovincias.es/v/20101117/politica/jimenez-alega-espana-tiene-20101117.html

[55] ALFONSO R.: «El Sahara y Al Qaida», en ABC,18 de noviembre de 2010. http://www.abc.es/20101118/internacional/sahara-qaida-20101118.html

[56] GOMIS: Teoría… pág. 96.

[57] Boletín Oficial de las Cortes Generales,Senado, IX Legislatura, Serie I: Boletín General, 15de noviembre de 2010, Núm. 544. pág. 5.

[58] Las Naciones Unidas y la descolonizaciónPreguntas y respuestas, en web de la ONU:http://www.un.org/es/decolonization/questions_answers.shtml

[59] El País. Libro de Estilo, decimosexta edición,Madrid, Ediciones El País, pag.22.

[60] SOLÁ MAÓ, M: «España sigue siendo lapotencia administradora del Sáhara Occidental»,Menorca.info (reproducido por SaharaLibre.es),13 de agosto de 2009.

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=2919

[61] ABC de las Naciones Unidas. Nueva York,Departamento de Información Pública de la ONU,1998, Pag. 308


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[62] Carta de las Naciones Unidas en Internet:http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htmhttp://www.un.org/es/documents/charter/

[63] CEMBRERO, I.: «El Polisario lanza unaofensiva contra el acuerdo de pesca entre la UE yMarruecos», en El País, 23 de enero de 2009.http://internacional.elpais.com/internacional/2009/01/23/actualidad/1232665206_850215.html

[64] «Moratinos rectifica y explica que elGobierno no reconoce la soberanía marroquí», enEl País, 22 de diciembre de 2009.http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-12-2009/abc/Nacional/moratinos-rectifica-y-explica-que-el-gobierno-no-reconoce-la-soberania-marroqui_1132697568947.html

[65] GONZÁLEZ, M. y CEMBRERO, I: «Rabat pidió aEspaña y Francia que admitieran su jurisdicciónen el Sáhara», en El País, 19 de diciembre de2009. http://elpais.com/diario/2009/12/19/espana/1261177202_850215.html

[66] POZAS, A.: «Aminatu Haidar: “España tieneresponsabilidad para que se haga justicia en elSáhara”», en Cadena Ser, 13 de marzo de 2013.http://www.cadenaser.com/espana/articulo/aminatu-haidar-espana-tiene-responsabilidad-haga-justicia-sahara/csrcsrpor/20130313csrcsrnac_21/Tes

[67] «Saramago no entiende por qué Haidarrechazó pasaporte español si tenía de Marruecosy “ella tampoco es marroquí”», en Europa Press,Arrecife, 1 de diciembre de 2009.www.europapress.es/islas-canarias/noticia-


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saramago-no-entiende-haidar-rechazo-pasaporte-espanol-si-tenia-marruecos-ella-tampoco-marroqui-20091201161033.html

[68] «APDHE pide que España devuelva lanacionalidad a los saharauis y ceda a la ONU sus“responsabilidades” en el Sáhara», en EuropaPress, 16 de julio de 2013.http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-y-desarrollo-00331/noticia-sahara-apdhe-pide-espana-devuelva-nacionalidad-saharauis-ceda-onu-responsabilidades-sahara-20130716105016.html

[69] MARTÍNEZ LILLO, P., GIMENO MARTÍN, J.C.,ARIAS CAREAGA, SY TANARRO ALONSO, C.:Memoria y tiempo presente del SaharaOccidental. Política, cooperación y cultura.Cuadernos Solidarios, N.8. Madrid, UAMEdiciones, 2012, Pag 596.

[70] GUTIÉRREZ, J.L.: «La persecución», en Leer,Madrid, S&C, N. 155 de septiembre de 2004.

[71] GUTIÉRREZ, J.L.: En defensa propia. Madrid,Leer Documento, 2004.

[72] GOMIS. Teoría…, pág. 83.

[73] REIG, R.: La comunicación en su contexto:una visión crítica desde el periodismo, Sevilla,Centro Andaluz del libro, 2002, pág. 163.

[74] MUÑOZ ORTEGA, M.: « El factor informativoen el conflicto del Sahara Occidental», Madrid,Latitud 194, enero de 2013.


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http://latitud194.com/web/wp-content/uploads/2013/01/doc_sahara.pdf

[75] «VI Aniversario de SáharaLibre.es… Duelenmucho más `los nuestros»´, 23 de mayo de2012.

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=5855

[76] CAMACHO, A: «El acuerdo que nuncaexistió», en Mundo Negro, febrero de 2004, págs.34-44

[77]SANZ J.C.: «El Gobierno de Marruecos tachade racista a la prensa española en la crisis delSáhara», en El País, Casablanca, 14 de noviembrede 2010.http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/14/actualidad/1289689203_850215.html

[78] «EAST TIMOR: TNI used media strategy todisguise militia links», Australian BroadcastingCorporation reproducido por Back DoorNewsletter on East Timor, 7 de julio de 2001.http://members.pcug.org.au/~wildwood/01juldirty.htm

[79] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).29ª oleada. Resultados de marzo-abril de 2012.Madrid, Real Instituto Elcano, abril de 2012.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie29

[80] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).


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15ª oleada. Resultados de junio de 2007. Madrid,Real Instituto Elcan, junio de 2007.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada15

[81] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).23ª oleada. Resultados de febrero-marzo de2010. Madrid, Real Instituto Elcano, marzo de2012.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada23

[82] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).25ª oleada. Resultados de noviembre de 2010.Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2010.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada25

[83] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).16ª oleada. Resultados de noviembre de 2007.Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2007.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada+16

[84] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).32ª oleada. Resultados de febrero de 2013.Madrid, Real Instituto Elcano, febrero de 2013.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie32


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