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DEFENSORÍA DEL PUEBLO. No. 11, QUIT()-ECUADOR,· FEBRERO DEL 2000

PROVINCIAS ·� s uná decisión impostergable. / Este año los L§ principales· esfuerzos instituciorJ.al�s. estarán dedicados e¡_ las prov{ncias y a su. descentralización

· tofaz. _Dentro de la agenda de trabajo fijada por e_l Defensor _del Pueblo, Milton.Álava Ormaza, para el2000 s� ha. establecido que se descentralizará toda 'la función ad-

.. ministrativa y financiera de .Za institución. Efecti'l!amente, est'e es 'el año ·de�icado a �as defenso­rías provinciales, comenta lCI. Directora Nacional Ad­ministrativa, Genny V'élez. . . . Es�o significa que en cada provincia los comisionados podrán manejar un··presupuesto propio, con·rec-�rsos sufifÍeJJ.t§..S pa!tt.JJ:.flflSfecer�� Y. saffsfqcer_. tod_as. l�� !le-" cesidades: Además de la asigna�ión de los recursos, se instrumentará ta formu en· que se llevarán las cuentas en cada jurisdicción. "Es un trabajo intenso,

- sobre todo porque la gente no está suficientemente -cap·acitada pata· manejar recursos, lo que será solven-tado ·adecuadamente".

Con el propósito de frenar la ola especulativa generada por el anuncio de la dolarización, la. De­fensoría del P ueblo inició una cam­paña preventiva.

La cruzada es coordinada direc­tamente por la Defensora Adjunta de los Consumidores y Usuarios, Hay­deé · Alvarado, que diseñó un plan

. para· combatir la especulación de los costos de productos y servicios.

La campaña, que cuenta con la colaboración de algunas radios en el país, consiste en que los usuarios y consumidores que se sientan perjudi­cados entreguen los comprobantes y facturas de compras en tales medios, para luego ser analizados en la DDP.

A nivel nacional, lo programa­do se canalizará a través de las de­fensorías provinciales y asociaciones de Defensa del Consumidor, "que han acogido con mucho entusiasmo el papel de controladores de la socie­dad civil".

prioridad

Confundidos como piratas en alta mar, los pescadores fueron arresta­dos por miembros de la Armada Nacional la madrugada del8 de di- . ciembre. En el confuso incidente murió el pescador Luis Eduardo Ca­sierra, de 23 años, mientras que tres de sus compañeros de viaje fue­ron heridos de bala.

Debido a la gravedad de sus herida_s, Andrés Casierra fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo, de Quito, el 10 de diciembre, donde per­maneció bajo custodia policial y militar hasta el6 de enero. El retiro de la custodia polici�l se consiguió por la intervención del Coordinador

. de la Fuerza Pública, Gustavo Araujo, mediante cartas al ministro de Defensa de ese entonces, José Gallardo, y al inspector general de Poli­cía, Luis Durán Echeverría.

La condición del herido es de suma gravedad. Sin embargo, aún no puede ser sometido a un intervención quirúrgica debido a que los qui­rófanos del hospital están fuera de· servi­cio.

Alejandro Ponce Vi­llacís, abogado de Ca­sierra, destaca que su cliente, mientras es­tuvo bajo custodia en el Hospital Eugenio Espejo, fue continua­mente hostigado por miembros de Armada Nacional.

Defensoría del Pueblo,, E C U A O O R

Av. 12 de Octubre N 16-114 y pasaje Nicolás Jiménez. Telf.: (593-2) 562186

GENERAL

E L

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no colabora En junio de 1994 pre-

Diplomado en

[?)m��©@���© j]lliJ@���&l1 sentó su solicitud ante Con el fin de fomen-el Ministerio de Salud tar el fortalecimiento.

aría Mercedes Pérez debía recibir 160'000.000, por la venta de renuncia en el

Ministerio de Salud. Sin embargo, en cinco años y ocho meses no ha recibido respuesta alguna. 47 años se dedicó a trabajar en el sector público y a sus 75, :María Mercedes espera un pronuncia­miento favorable. Su último cargo en el Ministe­rio fue de asistente de estadísticas del Centro de Salud No.1, donde laboró por 26 años.

ar

eresa Soria G r i j a l b a

presentó una queja por la falta de pago de apor­taciones y fondo de reserva al Ins­tituto de Seguri­dad Social (IESS), contra Martha Cecilia López, propietaria de la agencia de mode­laje "Choco Mo­delos". Teresa Soria se desempeñó como secretaria .de la

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Pública para que se tra­mite la venta de su re­nuncia, acogiéndose al artículo 52 de la Ley de Modernización del Es­tado, que dispone que los servidores con algu­na discapacidad que li­mite el desempeño de sus labores, puedan presentar la venta de renuncia. En noviembre del año pasado, María Merce­des presentó una de­nuncia en el Dirección de Quejas de la De­fensoría del Pueblo, que envió un oficio al Director Nacional Fi­

nanciero de Salud, pidiendo un informe del caso. Hasta la fecha no se ha recibido tina respuesta,· por lo que el Defensor del Pueblo remitió un ofi­cio al Ministro de Salud, pidiéndole que emita el respectivo iriforme, recordándole que de confor­midad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Defensoría, el funcionario que se niegue a dar la iriformación requerida será sancionado.

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agencia durante 18 años, y al término de su dependencia laboral solicitó los pagos adeudados al IESS por la dueña de la Choco, desde septiembre de 1997 hasta agosto de 1998.

de la justicia y esti­mular la aplicación de una política pe­riodística de primer nivel, la Universid�d Católica del Ecuador ha iniciado el Pro­grama de Diploma­do en Periodismo Judicial, que arranca oficialmen-te el 27 de marzo.

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El Diplomado, que durará tres meses, tiene un ex­celente nivel académico. Contará con la participa­ción de siete profesores, con un nivel mínimo de posgrado, 20 conferencistas y dos coordiriadores. Pablo Sarzosa Játiva, Coordinador General del pro- . yecto, comenta que uno de los principales objetivos es especializar a profesionales y técnicos en el área de comunicación sobre el tema de justicia, produciendo ·conocimiento crítico y sistematizando destrezas en el manejo y tratamiento de la información judicial. El Diplomado también es auspiciado por el Conse­jo Nacional de la Judicatura, el Colegio de Perio­distas de Pichincha y el Fondo "Justicia y Socie­dad", manejado por la Flindación Esquel.

· El principio de la descentralización será clave en el Diplomado. Cursos similares de posgrado se lle­varán a cabo en Guayaquil, en la Universidad Es­píritu Santo, y en Cuenca, en la Universidad Esta­tal, explica Sarzosa. El Diplomado apenas es el primer paso de un pro­yecto que en etapas posteriores también incluirá una maestría y un PhD.

Para mayor información llamar al Telf: 224-639, en Quito.

Empresa Nacional de Correos no respeta escalafón profesional

·Luego de agotar todo esfuerzo, Edison Mal­donado presentó una queja en la Defensoría del Pueblo (DDP), para que supervigile el debido proceso, ante una supuesta violación de sus dere­chos salariales.

Después de trabajar durante 8 meses como Director de la Asesoría Jurídica de la Empresa Nacional de Correos, Maldonado percibía un sueldo de 600.000 mil sucres, equivalente a la mi­tad del sueldo total que por ley y según el escala­fón de abogado le correspondía.

Antes de acudir a la DDP, Maldonado había realizado sus reclamos al Presidente del directo­rio y al interventor de la empresa, reclamos que nunca fueron atendidos por las autoridades de la empresa, dando lugar a la figura del silencio ad­ministrativo.

_ .-El Director Nacional de Quejas envió un oficio .a César Enrí-' ·� quez, secretario contratado por el IESS, solicitando informa­

ción sobre los bienes y propiedádes de la señora López . . Obtenida la información, el secretario ordenó el embargo de una propiedad de la demandada a favor de Teresa Soria, me­diante providencia dictada el26 de enero del2000. Actualmen­te la DDP está vigilando el debido proceso.

CONSEJO EDITORIAL EDITOR: Arturo Torres R. DISEÑO: Grace Sígüenza H.

ILUSTRACIONES: POL CARICATURA: Patricio Estévez

EL OEFEN R Quito-Ecuador, febrero del 2000

· Dr. Mílton Álava Ormaza DEFENSOR DEL PUEBLO

Dr. Raúl Moscoso · .. PRIMER DEFENSOR ADJUNTO

FOTOGRAFÍA: Dirección de Líe. Genny Vélez · DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

Comunicación

• Los artículos firmados son de exdusivá responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial de El Defensor.

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INFORMACIÓN GENERAl

206c enfermos de SIDA recibirán fármacos del IESS n recurso de amparo constitucio­nal presentado por el Defensor

del Pueblo· del Guayas, Hernán Ulloa, fue aceptado por la jueza vigésima ter'" cera de lo Civil, a favor de los afiliados del IESS contagiados con el Virus del Sida. Ante la orden judicial, el director del hospital regional del IESS dispuso la in­mediata entrega de las medicinas para combatir la inmunodeficiencia de los 206afiliados, enfermos del mortal virus. Ulloa presentó el recurso basado en la denuncia del Grupo de Apoyo Manan­tial, organización que realiza una labor de ayuda con estos sectores que denun­ciaron que desde julio del año pasado la dotación de fármacos era escasa e irre-

gular de parte del hospital regional del IESS. La situación se agravó en enero, cuando la entrega se sus­

pendió definitivamente. El Defensor del Guayas expresó que "esta situación condena a muerte

a los pacientes de Vll-I-Sida, en clara trans­gresión a sus principios constitucionales". El IESS reconoció que no estaba entregan­do los medicamentos porque los enfer-

mos no constaban en el cuadro bá-sico del Seguro. Según el Defensor del Pueblo de Guayas, algunos pacientes ya han muerto por falta de las me­dicinas.

La di · · .

scn m mación contra ·1 r Sida es notoria 1 os arectados de l

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Si bien no curan definitivamen­te la enfermedad, los medica- . mentos aumentan las defensas de los contagiados.

Reconocen REMUNERACIÓN JUSTA para abo a do nte la violación de su derecho a una remuneración justa y legal, Jhon Ro­

mo presentó, en 1988, un recurso de Amparo constitucional en contra de la entonces mi.:: nistra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, en el

Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha. Este recurso perseguía el reconocimiento ju­dicial del "sueldo básico profesional de. abo­gado", ya que desde enero de ese año no se le remuneraba conforme a su escalafón pro­fesional, establecido en la Ley de la Federa­ción de Abogados del Ecuador. Luego de un. año, el juez ordenó el inmediato cumplí-

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miento del Ministerio de Finanzas, para que en ocho días cancele los valores adeudados a Romo. Sin embargo, el Ministerio hizo caso omiso a la orden del juez, por lo que Romo decidió acudir a la DDP en junio del año pasado. Raúl Moscoso, Defensor Adjunto Primero, envió una petición a la Ministra, a fin de que informe acerca de la causa del incumplí-

. miento de la sentencia de Amparo. Además de solicitar el acatamiento de la sen­tencia dictada por el juez, Moscoso hizo refe­rencia a la retaliación laboral de remover de

su puesto a Romo, debido al sumario admi­nistrativo al que está sometido. La Ministra envió un ofiCio informando al Defensor Ad­junto Primero que el trámite ya estaba en la Subsecretaria de Presupuesto y Contabilidad · del Ministerio. Moscoso remitió un oficio al subsecretario� quien aclaró que no existen recursos presu­puestados para atender estos imprevistos, debido a la crisis económica del país, pero que atenderá la petición de acuerdo a la pro­gramación mensual de caja y a la disponibi­lidad de recursos.

E función administrati­va y financiera de la institución, es decir, es el año dedicado a las provincias". Esto significa que en cada provincia el comi­sionado podrá ma­nejar un presupues­to con recursos sufi­cientes, para que puedan abastecerse y satisfacer todas las necesidades.

"Tenemos. a futuro una gran tarea que asumir. Al mismo tiempo que asignemos los recursos, vamos a instrumentar la for­ma como se van a llevar las cuentas en cada provincia. Es un trabajo bastan­te fuerte, sobre todo porque la gente no está capacitada para manejar recur­sos, pero confiamos en que realizarán un buen trabajo, bajo nuestra super­visión y control", comenta.

En lo referente a adquisiciones, espera tener bien claro todos los procedi­mientos, debido a que se manejará el tema administrativo en todas las pro­vincias: "debemos tener delineados los caminos para que la gente sepa ha­cia donde vamos y que es lo que necesitamos".

a Directora Nacional Administrativa, Genny Vélez, asegura c:ue el 2000 es el año del posicionamiento definitivo de la Defensoría del Pu-.:blo (DDP). No

oculta su satisfacción por las realizaciones del año y medio de gestión, a pesar de la limitación de recursos, pues el manejo de 22 provincias es un trabajo "arduo". Dentro de la agenda de trabajo para este año señala que "se descentralizará toda la

Considera que falta más apoyo por parte de las autoridades y los organismos públi­cos, sobre todo en lo relacionado con los recursos necesarios para ejecutar todo lo planificado. "Debemos tener una mayor difusión, porque entraremos a otros cam­pos que son de competencia de la institución. Todo este tipo de dificultades se sol­ventarán este año porque ya tenemos la casa en orden".

Quito-Ecuador, febrero del 2000 EL DEFEN R

INFORMACIÓN GENERAl

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1 La Defensorio del Pueblo obtuvo la li­beración de los pescadores a través de sendos recursos de Hábeas Corpus ¡Tesentados en Esmeraldas. Además, ha solicitado que la Armada corra con los gastos médicos para la recupera­ción de los heridos.

Confundidos como piratas en alta mar, nueve pescadores fueron abalea­dos por miembros de la Armada Na­cional. En el confuso incidente murió el pescador Luis Eduardo Casierra, de 23 años, mientras que tres de sus compañeros de viaje fueron heridos de bala. El hecho ocurrió la madrugada del 8 de diciembre cuando la embarcación Rodach, que zarpó de Puerto Prado,

- fue sorpresivamente interceptada por un bote perteneciente a la Junta Pro­vincial Civil de Esmeraldas, que reali­zaba labores de vigilancia con perso­nal de la Armada Nacional del Ecua­dor. Los pescadores permanecieron deteni­dos hasta q-¡;_;; la Defensoría del Pueblo intervino interponiendo sendos recur­sos de Hábeas Corpus, que permitie­ron su liberación. La tripulación del "Rodach" dejó Puerto El Prado, ubicado en el río Atacames, el martes 7 de diciembre, a

las 18h00, para realizar faenas habi­tuales de pesca, al mando de Luis Eduardo Casierra Quiñónez. Sorpresivamente, la embarcación de la Junta Provincial abrió fuego contra el bote pesquero que navegaba en al­ta mar. En el tiroteo murió Luis Eduardo Casierra y resultaron heri­dos Christian Sosa Quiñonez, y los hermanos Andrés y Sebastián Casie­rra En el operativo participaron los mari­nos José Angulo Cuero, Goen Manuel Franco Estrada, Freddy Enrique Espi­nosa Zurita, y el motorista Fausto Se­gundo Caicedo Reazco. Uwe Dos tal, alemán ·residente en Ecuador y propietario de la nave afec­tada, cuenta que luego del ataque los ocupantes de la embarcación fueron detenidos, pues inexplicablemente fueron confundidos con piratas. Sor­prendentemente, el pescador fallecido fue reconocido luego por el personal militar como reservista de la Armada. Los familiares de los pescadores al enterarse del acontecimiento recurrie� ron al Comisionado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Esme­raldas, Juan Montaño Hurtado, para que interponga de manera inmediata recursos de Hábeas Corpus para los ocho detenidos. El Hábeas Corpus fue concedido el mediodía del 10 de diciembre por el

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Alcalde de Esmeraldas, con lo cual nueve de los involucrados recobraron su libertad. Debido a la gravedad de sus heridas, Andrés Casierra ·fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo, de Quito, el 10 de diciembre, donde permaneció bajo custodia policial y militar hasta el 6 de enero. El retiro de la custodia policial se con­siguió por la intervención del Coordi­nador de la Fuerza Pública, Gustavo Araujo, mediante cartas al ministro de Defensa de ese entonces, José Ga­llardo, y al inspector general de Poli­cía, Luis Durán Echeverría. Alejandro Ponce Villacís, abogado qe

Casierra, destacó que su cliente, mientras estuvo bajo custodia en el Hospital Eugenio Espejo fue conti­nuamente hostigado por miembros de Armada Nacional. La condición del herido es de suma gravedad. Pese a su estado, aún no puede ser sometido a una interven­ción quirúrgica debido a que los qui­rófanos del hospital están fuera de servicio. La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Comandancia General de la Poli­cía que se traslade a Casierra al Hospi­tal Militar, con el fin de que sea opera­do de manera urgente, pues podría perder una de sus piernas.

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lrre ul ridades en Colegio Popul r Conceden montepio a niñas huérfanas

Mercedes de Loayza, madre de Luis y Martha, estudiantes del Colegio Popular Nueva Genera­ción, presentó una queja a la De­fensora Adjunta de la Mujer, por la serie de irregularidades admi­nistrativas, educativas y abuso de autoridad supuestamente co­metidas por Nancy Rojas, pro­pietaria del plantel, quien se ne­gó a legalizar los pases de año de sus hijos.

La denunciante pidió que la Defensora realice una investigación exhaustiva de su queja, por las reta­liaciones contra sus hijos, sin causa alguna. Los di­rectivos del plantel mani­festaron que las matrícu­las son provisionales y que por lo tanto no son alumnos, pese a quereci­bieron clases normal­mente.

Luego de realizar las investigaciones, Irene Pesántez, con fundamen­to en las atribuciones le­gales conferidas por la Constitución, acogió la petición de la denuncian-

te, exigiendo que los documen­tos de los menores sean debida­mente legalizados en el Ministe­rio de Educación y Cultura.

Ádemás pidió Lis corres­pondientes sanciones para la propietaria del establecimiento, por mantener cursos sin contar con la respectiva autorización.

En oficio dirigido a la De­fensora, Nancy Rojas "trató de dilatar las gestiones realizadas por la DDP, manifestando que

los estudiantes tienen deudas pendientes con el plantel y que debían proceder a la cancelación, para la presentación de docu­mentos, implicando el incumpli­miento de la disposición de la Defensora".

El trámite continúa en sus­penso. Mientras tanto, la dueña del colegio sigue desacatando las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo en esta causa.

En marzo de 1999, falleció Zoila Francisca Donoso Donoso, quien dejó en la orfandad a las niñas María José y Estefanía Elizabeth. Su cónyuge, José Torres Vega, solicitó en julio del mismo año el pago del montepío, cesantía y mortuoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sodal (IESS), en favor de sus pequeñas hijas. En primera instancia, la petición fue aceptada. Pero cuando Torres se acercó a retirar el pago, éste no fue entregado debido a una denuncia realizada por Carmen Donoso, madre de la fallecida, al Departamento de Trabajo Social del IESS, contra su yerno. La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensora de la Mujer, intervino en este caso .solicitando a Xavier Zavala Plaza, jefe de Control de Prestaciones, la revisión de la situación de José Torres, padre y apoderado de María José y Estefanía Elizabeth. La gestión tuvo una respuesta positiva. La intervenciíon de la DDP permitió que Torres pueda retirar el montepío de cesantía y mortuoria, por medio de una cuenta de ahorros a nombre de las niñas.

EL DEFENSOR '?.�!:?.-.�:.��-��!:!e.�::.��.�:!.�-�?.� .................................................................................................. .

LE E EFE L a Defensoría de Pueblo será el ente que regule la aplicación de

la nueva Ley de Defensa del Consumidor. El proyecto de Ley Sustitutiva de la Ley de I;>efensa del Consumidor, tramitada en primer debate, fue elaborado por la Comisión de De­fensa del Consumidor del Congreso Nacional, y en su formulación participaron los ministerios de Comercio Exterior y de Gobierno, además de la Tribuna Ecuatoriana del Consumidor y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría se encargará de regular la aplicación de la nueva Ley, en vista de que la institución actualmente se encuentra receptando y resolviendo quejas de consumidores y usuarios que se sienten perju­dicados. En la nueva Ley la DDP aparece como la única instancia de conoci­miento y pronunciamiento de las violaciones de los derechos de los consumidores, requisito previo a cualquier reclamo judicial que ten� gan los usuarios. Según Haydeé Alvarado, Defensora Adjunta de los Consumidores y Usuarios, "es un papel muy importante, pues sería la única entidad oficial que actúe en este sentido". Para el segundo y definitivo debate, la Defensora de los Consumido­res pide que se mantenga el papel de la DDP como en la propuesta inicial, y esencialmente se considere el tema de los servicios públicos y elementales que deben ser regulados. "Los usuarios no saben qué pagan, cuánto pagan y por qué pagan ", concluye.

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Cruzada contra la especulación La Defensora Adjunta de los Consumidores y Usuarios inició una cruzada con­tra la especulación, desatada ante el anuncio de la dolarización económica. La campaña, que cuenta con la colaboración de algunas radios en el país,consiste en que los usuarios y consumidores que se sientan perjudicados entreguen los comprobantes y facturas de compras en tales medios, para luego ser analizados en la Defensoría del Pueblo. "Hasta el momento existe un interés muy grande", comenta Haydeé Alvarado, Defensora de los Consumidores y Usuarios. · Lo programado se canalizará a través de las defensorías provinciales y asocia­ciones de Defensa del Consumidor en todo el país. "Ellos han acogido con mucho entusiasmo el papel de controladores de la sociedad civil para evitar la especu­lación, haciendo las correspondientes denuncias cuando hayan verificado los casos".

Proyectos con los municipios Turista colombiano recupera sus ,uvouchers''

La Defensoría Adjunta de los Consumidores y Usuarios plan­teará una propuesta de trabajo a los municipios, para introducir temas relacionados al consumi­dor en las agendas de los go­biernos seccioriales. La propuesta pretende ampliar el marco jurídico de las asocia­ciones de Defensa del Consumi­dor y los gobiernos locales, para poder aplicar el concepto de participación en la toma de de­cisiones y responsabilidades compartidas. La participación debe entender­se como un proceso de carácter social, en el que intervengan to­dos los sectores, movimientos y organizaciones que busquen ex­presar sus propias ideas e inte­reses, caracterizados por el com-

partirí confrontar y concertar. Esta propuesta tiende a aumen­tar el nivel de organización de las asociaciones de consumido­res, promover la participación ciudadana y establecer acciones coordinadas de control en el ex­pendio de productos en merca­dos municipales. Además, se establecerán conve­nios con 21 municipios del país, para lograr la dotación de loca­les para las asociaciones de de­fensa del consumidor y la capa­citación de promotores de de­fensa de sus derechos. La ejecución de la propuesta es­tará a cargo de las asociaciones de defensa del Consumidor, con el apoyo de la Defensoría Adjun­ta de Consumidores y Usuarios y los comisionados provinciales.

Erick Pernett, de nacionalidad colombiana, vino con su familia en di­ciembre a disfrutar de sus vacaciones en el Ecuador. Para mayor facilidad de movilización, acudió a la empresa Expo Rentacar a contratar un vehículo por cinco días, dejando como garantía dos "vouchers" de Mastercard y 200 dóla-res.

Sin embargo, el automóvil no se encontraba en perfectas condiciones, por lo que se averió en el trayecto a Alausí. Pernett trató insistentemente de comu­nicarse con la empresa en varias ocasiones para informar lo sucedido.

Tras varios intentos, el 3 de enero se comunicó con los directivos de Ex­po Rentacar, quienes le solicitaron que dejara el carro en .un taller de la locali­dad y regresara a Quito en bus.

Al llegar a Quito, Pernett acudió inmediatamente a reclamar a Expo Ren­tacar los "vouchers" y dólares que había depositado como garantía, además de una compensación por perjuicios y gastos acarreados, debido a que la empre­sa no había previsto las condiciones en que se encontraba el vehículo.

Después de muchas dilaciones e incumplimientos, presentó su queja en la Defensoría del Pueblo, que fue tramitada por la Defensora Adjunta de los Consumidores y Usuarios, para que la empresa reconozca sus derechos.

Expo Rentacar accedió a la petición de la Defensora y celebró un finiqui­to, mediante el cual se entregó en compensación un vehículo del año, sin que el turista tenga que cancelar ningún valor adicional al re.specto.

Erick Pernett agradeció la colaboración oportuna de la Defensora de los Consumidores, que solucionó su controversia, la cual le permitió continuar disfrutando de sus vacaciones en el país.

Quito-Ecuador, febrero del 2000 •••••...••••••••••.........•••••••••.•••............•••..........•••.............•....•......•••.•............................••.••....... EL nEFENSOR

NUESTROS

El e JOSÉ GARCÍA FALCONÍ*

'' Sin perjuicio de los derechos estableci-dos en esta Constitución y en los instru­

mentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas el de­recho a dirigir quejas y peticiones a las auto­ridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respues­tas pertinentes, en el plazo adecuado", según el artículo 23 de la Constitución. Se trata de uno de los derechos fundamenta­les, cuya efectividad es indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, par­ticularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la ga­rantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y a la participación de todos, en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas. Es, pues, un derecho fundamental, de origen constitucional, que posibilita el acceso de las

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Cl 1 ;;El derecho de petición es un derecho cuya protección puede ser demandada, en caso de violación o amenaza por medio de la acción de amparo constitucional; asi lo seiialo en mi libro El juicio especiaL por la acción de Amparo constitucional".

personas a las autoridades pú­blicas y en otras legislaciones in­clusive a las pri­vadas; y obliga a éstas a respon­der frontalmen­te a lo requerido

por los solici­tantes; no solo constituye un derecho sino también una de las más claras garantías con que gozan los asociados en cualquier Esta­do de Derecho. La Corte Cons­titucional de Colombia dice al respecto: "Se trata de uno de los derechos fundamentales, cuya efectivi­dad resulta in­dispensable, pa­ra el logro de los fines esenciales del Estado, par­ticularmente el servicio a la co­munidad, pro-misión de la

prosperidad general, la garantía de los prin­cipios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido institui­das". El derecho de petición es un derecho cuya protección puede ser demandada, en caso de violación o amenaza por medio de la acción de Amparo constitucional; así lo señalo en mi libro El juicio especial, por fa acción de Amparo constitucional".

Antecedentes En el siglo XVIII, cuando reinaba el absolu­tismo en Europa, la presentación de peticio­nes era considerada, en muchos casos, como una ingerencia ilícita de los súbditos en juris­dicción de las autoridades públicas y hasta como una especie de rebelión. De este modo, nuestro legislador, mediante

la garantía constitucional del derecho de Pe­tición, eliminó todo carácter ilegal del acto del ciudadano de presentar una petición. En todas las Constituciones del m-qndo, exis­te este derecho de petición.

¿Qué es el derecho de petición? Es aquella facultad que tiene toda persona para acudir a cualquier autoridad, para ele­var solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, por parte de los mencionados destinatarios, pero en ningún caso la petición se puede presentar en nombre del pueblo. Toda persona tiene derecho de presentar pe­ticiones, obviamente respetuosas, a las auto­ridades, ya sea por motivos de interés gene­ral ya de interés particular, y de obtener pronta resolución. Con razón se ha manifestado: "Los seres hu­manos piensan, creen, adoran a Dios, ense­ñan, opinan, se expresan y como culmina­ción de un proceso de pensamiento libre, ac­tuando en sociedad, piden, solicitan, se diri­gen a quienes ejercen poder, planteando sus ideas y puntos de vista sobre asuntos públi­cos o privados". De este modos se coneluye que toda persona tiene derecho a presentar solicitudes de interés personal o colectivo, no a nombre del pueblo, a cualquier autoridad y ésta tiene la obligación de recibirla y darle trámite y respuesta

Fin del derecho de petición El derecho de petición se ha constituido en fundamento de protección y de garantía para los administrados, quienes a través de dicho mecanismo pueden exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, solicitar protección para sus derechos, bien sea por motivos de interés general o particular; pero hay que te­ner en cuenta que si bien la Constitución ga­rantiza el derecho de petición, no debe con­fundirse con el contenido de lo que se pide ni con la respuesta de la Administración, que son dos cosas completamente diferentes. Tampoco se trata de una prerrogativa que implique una decisión favorable de la Admi­nistración. El derecho de petición es garantía de clara es­tirpe democrática, que permite al público co­mo al titular de la soberanía, tener acceso di­recto a quienes administran los asuntos pú­blicos y es así que a estos. corresponde, por mandato perentorio de la Constitución, el deber correlativo de considerar las peticiones y de resolverlas oportunamente y en forma clara.

* Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador

EL ftEFE Quito-Ecuador, febrero del 2000 ··�························································································ � ··············································

EDUARDO ZURITA GIL*

A unque haya sido en una con­dición embrionaria e macaba­

da, en la comunidad primitiva todos los seres vivían en la igualdad demo­crática, libertad y ayuda mutua que el momento histórico les ofrecía. Cito lo que al respecto extrae Engels del libro de Louis Henry Morgan, quien -referido a los iroqueses- afirma: "Todos sus miembros son individuos libres, obligados a proteger cada uno la libertad de los otros; son iguales en derechos personales; ni los sachem ni los caudillos pretenden tener ningu­na especie de preeminencia; todos forman una colectividad fraternal, unida por los vínculos de sangre. Li­bertad, igualdad y fraternidad: ésos son aunque nunca formulados, los principios cardinales de la gens, y es­ta última es, a su vez, la unidad de todo un sistema social, la base de la sociedad india organizada". La idea es que estas reflexiones, for­zosamente, nos conduzcan a pensar que debemos retomar a la comuni­dad primitiva; pero si abona a la percepción de que en una sociedad como la actual, las relaciones e inte­reses económicos extremadamente contrapuestos y no convergentes, constituyen el principal escollo para impulsar y defender los derechos de todos en expresión de igualdad.

Fundamentos filosóficos modernos

Los ffiósofos de los siglos XVll y XVITI, Locke, Hobbes, Rousseau, precursores de las declaraciones de independencia de las trece co­lonias y de los derechos del hom­bre y del ciudadano, en búsqueda de los fundamentos de la norma­tividad, sostienen que el ser hu­mano nace bajo los signos de igualdad, libertad, y ayuda mu­tua, principios de la Revolución Francesa, mismos que se consoli- · dan en la cives, corporación polí­tica por efecto de un contrato so­cial. Polémica proposición, pues,· sin detenemos en consideracio­nes mayores, se entiende que el elemento sustancial de todo con­trato es la voluntad y ni en sus orígenes y menos en un proceso tan desigual, la mayoría margi­nal, dentro de la colectividad, ha­bría acordado voluntariamente un pacto o contrato que le sea tan adverso. Salvo en la gens, cuando aún no existían clases sociales ni Esta­do, es aceptable entender que hubo una cesión de libertad a cambio de un beneficio común; pero las reglas del contrato, con el surgimiento del Esta­do, siempre las ha impuesto el grupo que detenta el poder económico, lo cual en palabras del propio Rous­seau, al referirse al esclavismo, resta

al contrato toda validez. "Yo hago contigo un convenio to­do en perjuicio tuyo y en pro­vecho mío, convenio que yo cumpliré mientras me plazca y que tu cumplirás mientras me plazca". La duda surge porque, después de la gens, el pacto o contrato social, bajo los presu­puestos de Rousseau, aún no se ha operado, de modo que, reco­nociendo las sabias reflexiones del ffiósofo, éste debió referirse no al ser, a la sociedad como es, sino al deber ser, a cómo hubiése­mos deseado que sea. El mismo Rousseau agrega sobre Ia igual­dad: "Con los malos gobiernos, esta igualdad no es más que apa­rente e ilusoria; no sirve más que para mantener al pobre en su mise­ria y al rico en su usurpación. En realidad las leyes son siempre útiles a los que poseen, y perjudiciales a los que no tienen nada; de donde re­sulta que el estado social solo es ven­tajoso para los hombres en tanto que poseen todos algo y ninguno de ellos tiene nada más". Sin embargo, en el desarrollo doctrinario, de los supues­tos libertad, igualdad y fraternidad, devienen los postulados modernos de los derechos humanos, (siempre para su praxis vinculados con el pre­cepto de democracia).

El origen remoto de los DD.HH. es, en efecto, la preservación de la espe­cie. Al punto que el mayor instinto que el ser humano como individuo y como género ha desarrollado es el de conservación, que se traduce en tres instintos primarios: el instinto sexual, para reproducir la vida y continuar la especie; el instinto de alimentarse, para sobrevivir; y un

i n s ­tinto gregario, que le ayude a desen­volverse y protegers� mejor de ries­gos y peligros. (El gregarismo no es, pues, producto de un pacto, sino de una necesidad, en la sociedad de cla­ses, condicionadá por la voluntad del más poderoso. En un principio, la primera motivación para agrupar­se pudo ser individualmente utilita-

ria; pero como debía beneficiarse a todas las partes, hay un costo que se tradujo en deberes por derechos. Ta­les deberes se expresan en reglas de

·convivencia. En la organización de la gens, esas reglas reflejaban los in­tereses de todos los asociados, pero en la sociedad de clases se convier­ten en normas impuestas que insti­tuyen un derecho que, a su vez, ex­presa los intereses de la clase en el

NUESTROS

ERECHOS

p o ­der). Siendo dotado de razón, el ser humano racionaliza sus instintos, procura dignificarlos y los transfor­ma en funciones a las que accedería en situación de libertad e igualdad. Los derechos que se concretan de ta­les presupuestos suscitan, como con­trapartida, deberes que se han de concretar en solidaridad o fraterni­dad, derechos y deberes que dentro de la organización política son el gé­

nesis de un cúmulo de garantías trascendentes para una supervi­vencia digna; pues se ha de en­tender que derechos y deberes no son un fin en sí sino un me­dio para que los seres humanos vivan en atmósfera de dignidad. En el contexto, para gozar de los derechos humanos que na­cen de la libertad e igualdad, te­nemos que cumplir con los de­beres sociales que impone la so­lidaridad. Sería una perogrullada afirmar que el primerísimo de los dere­chos es el derecho a la vida. Desde las culturas más anti� guas, éste siempre ha sido prin­cipio y norma fundamental, así lo recoge, también, la Declara­ción Universal de los DD.HH., pero en la evolución de los DD.HH., el simple enunciado del derecho a la vida resulta ser · una declaración incompleta y casi inútil si no se la cualifica. No se trata del elemental dere­

cho a la vida sino del derecho a vi­vir con dignidad y esta cualidad marca la gran diferencia. En la es­tructura derecho, deber, una vida digna, con derechos para todos lo�,: seres humanos, solo puede nacer de un deber, del compromiso general, de la solidaridad de la familia hu­mana.

*Director Nacional de Mediación

Quito-Ecuador, febrero del 2000 EL nEFEN R

1 jubilados de la desaparecida Compañía Singer del Ecuador atraviesan momentos difíci-les. Han transcurrido 32 me­

ses desde que no reciben su pensión ju­bilar por cumplir entre 25 y 40 años de trabajo en la empresa. La Compañía Singer del Ecuador se fun­dó el17 de abril de 1985, fruto de la socie­dad entre la Singer de Estados Unidos y un grupo de personas de varias naciona­lidades, entre ellas dos ecuatorianos. Patricia Aguirre, gerente de la empresa, ordenó que se cancele las pensiones jubi­lares correspondientes hasta junio de

1997. Al acercarse a recibir el pago de los meses restantes, los perjudicados no fue­ron atendidos por los representantes de la empresa, quienes dijeron que Aguirre ya no era la gerente y se desconocía quien era el nuevo encargado de liquidar sus pensiones.

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Ante este inconveniente, los jubilados pi­dieron a la Superintendencia de Compa­ñías un informe en el que conste la lista de todos los socios de la empresa en bancarrota.

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Coordinador aiusta planificación 2000 a Coordinadora Nacional de la Tercera Edad fue

creada en noviembre de 1999, pa­ra mejorar la calidad de vida de los ancianos y ancianas, garanti­zándoles el derecho a una salud gratuita, tratamiento tributario preferente y demás servicios. Al Estado, la sociedad y la fami­lia les corresponde facilitar a las personas de la tercera edad una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental, para lo que la Coordinadora deberá articular y organizar funciones

en cada una de las instituciones públicas responsables de este sector de la sociedad. También tiene la obligación de organizar y capacitar a las per­sonas de la tercera edad, para la promoción y defensa de sus de� rechos. Jorge Guzmán, Coordinador de la Tercera Edad, en sus dos me­ses de gestión, ha tramitado per-. sonalmente varios casos ante el Congreso Nacional, el IESS, el Municipio de Quito, Hospital . Geriátrico, entre otras. Participó en el proyecto de ela-

El nEFENSOR Quito-Ecuador, febrero del 2000

boración de la Ley de Seguridad Social, importante para ancianos y jubilados. Estuvo presente en varios foros y seminarios organi­zados por universidades y orga­nismos dedicados a trabajar en este campo social, donde se pue­de destacar la "Jornada Cultural y Cívica", en la que se puso a consideración del coordinador la propuesta de Ley de Protección de Derechos para las personas de la Tercera Edad. Para el 2000, esta Coordinación tiene un programa específico a favor de la tercera edad, princi-

palmente en la defensa de sus derechos ante organis­mos estatales, municipales y privados, y en la aplica­ción de la Ley del Ancia­no, especialmente en la prestación de servicios de salud, transporte, recrea­ción, turismo e impuestos. Guzmán coordinará con organismos estatales, pri­vados, provinciales, mu­nicipales y religiosos, pro­gramas sociales. En este sentido, realizará · campañas de concientiza­ción a través de escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación y ONG's, para crear un ambiente de respeto y atención preferencial a an­cianos y jubilados.

Sorpresivamente comprobaron que Patri­cia Aguirre aún seguía en el cargo de gerente de la compañía. En noviembre, Efraín Carrera y Víctor Alvarez, representantes de los jubila­dos, acudieron a la Dirección General del Trabajo a solicitar ayuda para po­der cobrar su dinero, ya que la empre-sa no tenía oficina, local o persona al­guna que la represente. El Ministro de Trabajo y la Dirección del Trabajo no han dado hasta la fecha una respuesta positiva a favor de los jubilados. En diciembre, los perjudicados presen­taron su queja a la DDP. Jorge Guzmán, .Coordinador Nacional de la Tercera Edad, emitió oficios a la Superinten­dencia de Compañías, pidiendo un in­forme detallado y actualizado de los socios de la empresa, para establecer el responsable de las pensiones jubi­lares de los perjudicados. La Defenso­ría espera el informe para tomar las

medidas necesafias a favor de los jubi­lados.

Salas de velación están abandonadas

Debido a un incumplimiento contractual del Seguro Sociat dos salas de velación no pue­den entrar en servicio para el beneficio de los afiliados. La Defensoría del Pueblo (DDP) presentó un recurso de Amparo a favor de la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha, por el quebrantamiento del convenio de concesión, administración y operación de las salas de velaciones "El Batancito". El convenio, que se firmó en noviembre de

1997, debía aplicarse previo a la conforma­ción de una comisión de representantes del

.. IESS y la Federación de Jubilados, que nunca llegó a integrarse. A inicios de 1999, Luis Cueva, supervisor general del IESS, solicitó al Director Generat de manera urgente, una reunión para finalmente integrar la comi­sión, lo que tampoco tuvo una respuesta fa­vorable. En vista de las negativas, la Federación de Jubilados acude a la Defensoría del Pueblo para denunciar el incumplimiento del conve­nio, lo que ha provocado el deterioro de las salas de velaciones, por la negligencia y ma­la administración del IESS, negándoles el de­recho de entregar un servicio social a los ju­bilados. Los jubilados decidieron interponer la acción de Amparo, a través de la Dirección Nacional de Recursos Constitucionales, para la adop­ción de medidas urgentes y así remediar la omisión ilegítima mantenida por el Director General del IESS y sus antecesores. El Amparo, que fue rechazado por el Juez Se­gundo de lo Civil de Pichincha, subió en apelación al Tribunal Constitucionat que resolverá en última instancia el caso.

NACIONAL

e fl

nceden par para proteger 668 millones de sucres de consumo telefónico r fauna del Par ue S n a

En 1983 la UNESCO declaró patrimonio natural de la humanidad al Parque Nacional Sangay, localizado en zonas de Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Cañar. Desde 1981, el país cuenta con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales, que actualmente ri­ge la administración y manejo de las áreas protegidas del país, prohibiéndose cualquier explotación u ocu­pación de áreas protegidas. Además, esta ley estable­ce normas de protección de los ecosistemas y la vida silvestre. ·-El Parque Sangay fue reconocido mediante acuerdo ministerial No. 03322, de 26 de julio de 1979. Esta zona tiene una extensión de 517.725 hectáreas, y cuenta con una enorme diversidad de especies de flora y fauna, rasgos geológicos y hábitat de importancia para la educación y la recrea­ción. En el plano internacio­nal, Ecuador es signata­rio de numerosos con-· veníos relacionados con la protección del medio ambiente. Los más rele­vantes son: la Conser­vación de la Biodiversi­dad Biológica, la Con­vención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestres Amenazadas, la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y la Cum­bre de Río sobre desarrollo sustentable, además que la Constitución en actual vigencia, incorporó los Dere­chos Ambientales.

Sin embargo, la Dirección Regional de Minería del Austro otorgó, mediante resolución de 11 de diciem­bre de 1997, la concesión minera para la explotación de piedra en un área de 44 hectáreas, para ser explota­da durante 20 años, a Félix Angamarca Buñay,_ violen­tando principios legales y constitucionales sobre dere­chos de protección de áreas naturales, en el sitio deno­minado Colinas de Carsahua, ubicado en la parroquia Zhud, del cantón y provincia del Cañar, que forma parte del Parque Nacional Sangay. Rómulo Romo, Comisionado de Cañar, y Milton Ordó­ñez, abogado de la institución en dicha provincia, pro­movieron la acción de Amparo presentada por Hum­

berta Sánchez, ante el juez Tercero de lo Civil de Cañar, quien median­te resolución dejó sin efecto la concesión mine­ra, evitando que se pro­duzca un daño irrepara­ble al ecosistema del Parque Nacional Sangay, precautelando la vida de más de 220 familias, al proteger un elemento fundamental para la su­pervivencia humana co­mo es el agua. Dentro de los deberes y responsabilidades que consagra nuestra Consti­

tución, está la obligación de gobernantes y gobernados de precautelar y conservar el patrimonio natural del país, como una actividad prioritaria para legar a las futuras ge- . neraciones un ambiente natural ecológicamente sano y equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable y asegure la preservación de la naturaleza en el país.

Elba Miranda Hidalgo recibió una factura de 668'536.882 de sucres, en septiembre de 1999, por llamadas internacionales y a celulares que nunca realizó. Luego de la inspección se com­probó que solo debía cancelar 218.000 sucres. Otro caso similar es el de Edison Villamarín Carrascal, quien denunció que pese a que su línea telefónica estuvo cortada durante tres meses, el año pasado le llegó una planilla por 25 millones de sucres, por concepto de llama­das a celulares que no efectuó. Estas personas, al igual que muchos que­josos, presentaron sus denuncias en la Defen­soría del Pueblo del Guayas, para que Paci­fictel reconozca los errores de facturación. El Defensor del Guayas, Hernán Ulloa, ase­guró que "este es un buen inicio, pero que aún faltan muchas respuestas de Pacifictel en cuanto a casos similares presentados en su contra".

Quito-EcuadorJebrero del 2000 •••.•.......•••..•••••••.................•••........••........••..................•..........•.•...............••.•••............•........ EL DEFENSOR

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ENTREVISTA A JESÚS MARTÍN BARBERO

L sens ib i l i dad a presentación de Jesús Martín Barbero no necesita de muchos preámbulos. Su trayec­

toria en los senderos de la comunicación ha sido profusa y de largo aliento. Barbero, quien nació en Ávila, España, estuvo en el país a mediados de febrero para participar en el encuentro "Nue­vos escenarios y tendencias de la comunicación en el umbral del tercer milenio", organizado por la Universidad Andina y la Facultad de Comuni­cación Social y la Universidad Católica. Barbero obtuvo su Doctorado en Filosofía en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y un posgrado en Antropología y Comunicación en la Universi­dad de París. Ha sido catedrático de las universi­dades de Puerto Rico, Autónoma de Barcelona, Sao Paulo (Brasil), y en la Escuela de Antropolo­gía, de México. Actualmente está radicado en Bogotá, Colombia, donde fundó la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional del Valle y se dedi-

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ueve e l p i so a los cated rát i cos Ahora no todo es negativo: la nueva sensibilidad de la gente joven mueve el piso a los catedráticos de las universidades, lo que obligadamente les motiva a realizar cosas nuevas. La juventw;l de ahora se está formando en el camino, algo saca de las escuelas de comunicación, algo obtiene cuando manifiestan un mínimo de inquietudes, cuando tienen conciencia en su trabajo, cuando sienten que son importantes generadores de pro-cesos de cambio social.

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¿Cuál es el estado actual de las investigaciones en comunicación? Yo diría que hace mucho tiempo hemos vivido en América Latina dos tipos de investigación: una investigación al servicio neto de los que ganan dinero con los medios y otra de los que hacemos investigación para comprender críticamente la realidad, es decir, comprender la realidad me-

diante el aporte de proyectos de cambio, ca a fortalecer procesos novedosos de co­municación en distintas ciudades colom­bianas. El Defensor charló con Martín Barbero so­bre temas de comunicación y la forma­ción profesional de los periodistas. El co­municador cortó mucha tela y dejó abier-

-'-'la comunicación es un campo de las ciencias sociales, no estó apartado de ellas. Un campo en el que confluyen sociólogos, an­tropólogos, historiadores. Todos ellos aportan y se benefician de la actividad''.

pues críticamente no significa simple­mente la denuncia masoquista de la so­ciedad, sino que la crítica apunta a que no es justo como pasan las cosas y quisiéra­mos otros modos de comunicación, para una sociedad más democrática, más justa.

tas muchas puertas.

¿Qué tipo de profesionales están formando las facultades de comunicación? Vivimos momentos muy difíciles, yo creo que se trata de la tensión de las tensiones. Las facultades de comunicación se están perdiendo en la medi­da en que estamos en medio de una hegemonía de los currículos. Forman gente básicamente de oficio. Entonces, cuanto más claro esté su oficio, mejor podrá vender su trabajo al mercado y ser un competidor más diestro. Sin embargo, estoy muy preocupado y pesimista de que los estudiantes de comunicaCión, en cuan­to a la formación de profesionales, esté realmente evolucionando de acuerdo a sus aspiraciones. Este momento existe una completa euforia en las universidades de los posgrados, de los masters

de especialización, lo q1.1e académicamente no tiene ninguna relevancia, no hay ningún debate, lo que muestra que vivimos en tiempos de reci­claje. Hay que seguirse actualizando en relación a técnicas, en relación con organizaciones, hay que actualizarse con su trabajo. Pero eso no tiene ninguna consistencia investigativa.

¿Existen experiencias valiosas en las universi­dades .latinoamericanas? Sí, existen dos valiosos ejemplos. Uno se ubica en Guadalajara, que es una de las comunidades in­vestigadoras más importantes de América Lati­na. Además, hay gente de diversas regiones muy valiosas. En este proceso la comunicación no solo abarca el campo, sino un espacio estratégico para entender lo que está pasando en nuestros países. La comu­nicación relacionada con las ciencias sociales, con subtemas como los medios de comunicación, las tecnologías, las tácticas populares, los usos sociales, las diferentes clases, todo lo cual está cruzado por un elemento fundamental: la in­vestigación.

¿Cree que los profesionales que salen de las facultades de comunicación tienen suficientes habilidades como para desarrollar procesos de comunicación que cambien la sociedad? Hace varios años tenían más elementos. Ahora son formados con una visión mucho más redu­cida. Hay gente que sale de las escuelas de co-

. municación con la única mentalidad de éonser­var su trabajo. Para superar esto se dedican a realizar posgrados en ciencias políticas, educa­ción, pero siempre con la falencia de que dichas actividades académicas están dedicadas y enfo­cadas al mercado, más no al desarrollo de pro­fesionales transformadores.

1 EL DEFENSOR Quito., Ecuador, febrero del 2000

¿Cuál es la característica de los tipos de investi­gación que existen ahora en el ámbito académi­co? En el ámbito académico estamos viviendo un es­tallido de los modos, de los objetivos de la inves­tigación y de las formas de hacerla. Para quien hace investigación desde la academia ésta ha per­dido lo que aparentaba tener de neutralidad. Me refiero a que la academia jugaba a dos . bandos: por un lado estaba distanciada de la sociedad y, por otro, tomaba partida del cambio o no creía que tomaba partido. Veo a la comunicación como un campo de las ciencias sociales, no como un campo apartado de ellas. Un campo en el que confluyen sociólogos, antropólogos, historiadores. Todos ellos aportan y se benefician de la actividad en este campo mul tidiscip linar.

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ntre noviembre de 1998 y noviem­bre de 1999 la institución del Orn­

budsrnan se consolida con mayor inten­sidad en Latinoamérica. Los vínculos al interior del Capítulo Latinoamericano y del Caribe se han estrechado, y las rela­ciones son más abiertas y cordiales en­tre sus miembros. "Estos hechos mues­tran una evolución en la región que es necesario destacar", señala el último in­forme del Instituto Internacional del Ornbudsrnan (IO). En el período anterior se reportó la preo­cupación del capítulo por la existencia de países en los que habiéndose creado la institución del Ornbudsrnan en la Constitución o en la ley, en la práctica no se había establecido. Uno de esos países era Bélice, donde el primer ministro, Said Musa, señaló que su gobierno apo­yará la creación de una oficina del Orn­budsrnan durante su gestión. El capítulo Latinoamericano y del Caribe y el IOI es­tán dispuestos a prestar su colaboración para el desarrollo de dicha institución. En Chile, el gobierno ha señalado que entre las prioridades legislativas pen­

E

dientes hasta marzo del 2000, se encuentra la De­fensoría del Ciudadano, proyecto que está siendo analizado en el Ministerio de la Secretaría Gene­ral de la Presidencia. Mantiene contacto con el ca­pítulo chileno de la Asociación Latinoamericana del Ornbudsrnan, con los responsables en Chile de la Reforma del Estado y con miembros del Congreso de Chile. La Defensoría del Pueblo de Mérida y el capítulo venezolano del Ornbusdrnan están impulsando la creación a nivel nacional de la institución del

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Ornbudsrnan, esperando que sea recogida corno propuesta dentro del proceso de la reforma cons­titucional en el marco de lo que se denominará el Poder Moral de la Nación. En Caracas, la Corte Suprema de Justicia de Vene­zuela, con el apoyo del Capítulo Regional y la Co­misión Andina de Juristas, organizó el Seminario Internacional "La Defensoría del Pueblo en Vene­zuela", el 24 de septiembre, con el apoyo de la institución del Ornbudsrnan. Participaron corno ponentes Fernando Castro Caycedo, Defensor del Pueblo de Colombia; Milton Álava Orrnaza, De-

fensor del Pueblo del Ecuador; Ana Ma­ría Romero de Campero, Defensora del Pueblo de Bolivia, y Jorge Santistevan de Noriega, Defensor del Pueblo de Pe­rú, integrantes del Consejo Andino de Defensores del Pueblo. La Asamblea Nacional de Nicaragua eligió al titular y al adjunto de la Procu­raduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nombrándose al entonces di­putado Benjamín Pérez corno procura­dor, y al ex vicerninistro de Educación y ex miembro del Consejo Supremo Elec­toral, Julián Corrales, corno adjunto. Luego de varias reuniones sostenidas por el movimiento de DD.HH. se acep­tó el nombramiento para lograr el inicio de la actividad de esta institución. En el caso de Brasil, a pesar de la insta­lación de diversas Ouvidorías Públicas en numerosas agencias gubernamenta­les federales, lamentablemente no avan­za la creación de la figura del Ornbuds­rnan Nacional. Sin embargo, actualmente se encuentra en el Congreso Nacional una ley federal para su apreciación, lo que demuestra

un avance. Los estados de Ceará, Amazonas, Ro­rairna y el Distrito Federal ya poseen instituciona­lizada la figura del Ouvidor General. Por otro la­do, el Estado de Sao Paulo, a través de leyes apro­badas por su Asamblea Legislativa, creó la figura del Ouvidor de Policía e instituyó la obligatorie­dad de que en cada agencia gubernamental exis­ta un Ouvidor. Río de Janeiro está discutiendo la creación de su Ouvidoría y el poder Judicial del estado de Pernambuco creó la creó la figura de Ouvidor Judicial.

. . Quito-Ecuador; febrero del 2000 EL OEFEN o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1o �-• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o.o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0

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R p · t A o

Arranca proyecto · en cárceles de Quito Ormaza, el convenio permitirá que se creen las condiciones. adecuadas para la correcta reinserción de los internos en la sociedad, con elementos dé capacitación suficientes. El Director de Rehabilitación, Aurelio Garófa­lo, destaca que esto marca definitivamente una nueva forma de trabajo y colaboradón en beneficio de la Dirección dé Rehabilitación. Tanto la DDP como la Dirección de Rehabili­tación Social se encuentran empeñados en realizar la capacitación de los internos y del personal que administra y realiza el control en los centros carcelarios, comenta por su parte Gustavo Araujo, Coordinador para la Fuerza Pública y Centros Penitenciarios. En los 33 centros car�elarios que existen en el país están detenidas 8 520 personas. En situa­ciones normales, los presidios están en capa­cidad de albergar 5 964 internos.

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El objetivo de la DDP es proporcionar a dete­nidos y detenidas, autoridades y personal de vigilancia, una formación básica sobre sus deberes, derechos, garantías constitucionales y los servicios que presta lá" institución, para desarrollar una cultura pacífica de tolerancia y prevención de posibles violaciones huma­nitarias .

E l proyecto p i loto se l levará a cabo en �1 ex Penal García Moreno y en la Cár-cel de Mujeres de. Qu ito . E l conven io base de este proyecto fue fi rmado el l unes 28 de febrero por e l Defensor de l Pueblo, Mi l ton Álava Ormaza , y e l

· Di rector NaciQna l de Rehab i l itac ión , Aure l io Garófa lo . • • • • 1

os internos e internas de los centros car­celarios de Quito serán parte de un pro­

yecto piloto de difusión de derechos huma­nos, sin precedentes en el país. El proyecto será ejecutado por la Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Reha­bilitación Sodal, que formalizaron $U concre­ción a través de la firma del convenio efec­tuada el lunes 28 de febrero. En una primera etapa, el proyecto piloto se

. ,

realizará en el ex Penal García Moreno y la Cárcel de Mujeres, donde se impartirán se­minarios-talleres, con el fin de mo�tar un sis­tema de promoción y difusión de los d�re­chos de los internos, autoridades y personal de control.

"La Dirección ve con buenos ojos la posibili­dad de llegar con la ayuda necesaria, tanto a

. los privados de la libertad cuanto a aq11ellos funcionarios que hacemos la institución", subraya Garófalo. El Defensor añade que "el trabajo es tangi­ble dentro del propósito de la institución de promover una activa vigilancia en los cen­tros de rehabilitación social, para que los

En las fases posteriores la capacitación se ampliará a . todos· los centros penitenciarios del país.

· derechos de los internos sean respetados". Para el Defensor del Pueblo, Milton Álava

estévez

, .

¿C_OMO PRESENTAR UNA QUEJA?

Las quejas pueden presentarse por escrito o verba lmen­te a ilte un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Redacte y exponga su caso de manera clara, apuntan­do todas las referencias de orden admin istrativo .

· Si es posible adjunte a l reclamo las fotocopias de los principales documentos que se �elacionan con el caso planteado.

Pueden presentar quejas todas las personas, s i.n impor­tar su nacionalidad, edad, residencia, i ncapacidad para hablar, detención en centros penitenciarios o pol iciales, internación en establec imientos psiqu iátricos o cualqu ier relación de dependencia con el Estado.

Usted puede estar seguro que su reclamo será estudia­do y tram itado en el menor plazo posible y con el mayor esmero . Recibirá respuesta donde se le ind icará el estado de su trámite y si debe apersonarse en la sede del Defen­sor a efectos de ampl iar i nformación.

EL DEFENSOR Quito-Ecuador, febrero del 2000 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · ! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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