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8 de abril de 2008 • Número 7

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

Emiliano Zapata Agraristas y anarquistas• Tierra y libertad, ¿lema zapatista?• Los avatares de una consigna•

Otro aniversario luctuoso Pág. 18

TEMA DEL MES

8 de abril de 20082

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a jornadadelcampo@gmail.com

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 8 abril de 2008 • Número 7 Un año más y Zapata sigue murien-

do. Demasiados Guajardo, dema-siados Chinameca en este “México

ganador”; porfiriato redivivo donde la tierra es de quien la compra y los planes no son de Ayala sino de negocios. Ya mero acabalamos un siglo y seguimos con el mismo dilema: ¿pueblos o Hacienda?

El actual gobierno no estranguló al campo; sin duda le está dando el último machucón, pero la asfixia rural viene de atrás, de cuando los mercadócratas de primera generación se la jugaron con un paradigma de crecimien-to extrovertido –el TLCAN como mascarón de proa– donde campesinos y agricultura de mercado interno salen sobrando. La primera administración federal panista añadió torpeza política al modelo heredado y la segunda se empecina en consumar el agrocidio. Los sa-linistas sostenían que la mejor política indus-trial es no tener política industrial y encomen-darse a los designios del mercado, apotegma que hacían extensivo al agro, pero Calderón lo sublimó: ni política agraria, ni secretario de Agricultura, ni concertación social...

Sólo que las cosas han cambiado: en dos décadas las recetas neoliberales impulsadas inicialmente por el PRI fracasaron y el cam-bio prometido hace siete años por el PAN es un mal chiste. La mafia gobernante es la misma pero el pueblo no. Los primeros 500 días/noches de la administración calderonista documentan la mudanza.

Descrédito de origen. Fox ganó las elec-ciones, había botado al PRI de la Presidencia y accedió al poder pisando fuerte; en cambio Calderón llega por la puerta de atrás y entre abucheos. Hay en el régimen panista dos tiem-pos contrastantes: en los primeros años es de orientación neoliberal pero no represiva, sin embargo durante la atrabancada segunda mitad del sexenio pasado el autoritarismo se instala en Los Pinos y la conversión se profundiza en la manipulada sucesión. Hoy ocupa la Presiden-cia un panista de escasa legitimidad que no sólo gobierna con orientación neoliberal sino tam-bién progresivamente autoritaria y represiva.

Endurecimiento precoz. Por cinco años y hasta el baño de sangre de 2006, la resistencia de Atenco encontró templanza en el gobierno de Fox; en cambio Calderón se inaugura lite-ralmente a sangre y fuego: el 29 de octubre, ya como presidente electo y a un mes de su toma de posesión (es decir, virtualmente al mando), la Policía Federal Preventiva ocupa la ciudad de Oaxaca con saldo de dos muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos, y al cator-ceavo día de su administración la Procuradu-ría General de la República detiene alevosa-mente a Flavio Sosa y a otros tres miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes buscaban abrir el diálogo con el nuevo gobierno y al día siguiente tenían una cita con el secretario de Gobernación. Por si fuera poco, al presidente le gusta jugar con soldaditos y disfrazarse de militar.

Prontos y mal manejados descalabros económicos. A 35 días de iniciado el nuevo gobierno se dispara la tortilla, cuyo precio lle-ga a duplicar los del año anterior. Dado que entre el 50 y el 60 por ciento de nuestro con-

sumo calórico viene del maíz y más de la mi-tad de los mexicanos es pobre, el alza significa literalmente hambre. Pero la administración debutante se limita a firmar con el oligopo-lio tortillero un acuerdo de “estabilización de precios”, por el que en la práctica se autoriza un aumento de “sólo” 30 por ciento, además de que se subsidia con 2 mil millones de pesos a un puñado de empresas harineras.

Movilización madrugadora y rápida con-vergencia social. En medio de la brutal alza especulativa de la tortilla y el magro aumento del salario mínimo (4 por ciento) con que se inaugura la administración, el 31 de enero de 2007, a sólo dos meses de la toma de posesión de Calderón, tiene lugar una multitudinaria manifestación en la ciudad de México, a la que concurren la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM), aunque también el acosado sindicato minero; y en el ala rural, el Consejo Nacional de Orga-nizaciones Rurales y Pesqueras (CONORP) y el Consejo Nacional de Organizaciones Cam-pesinas (CONOC), pero igualmente la Con-federación Nacional Campesina (CNC) y el paleocorporativo Congreso Agrario Permanen-te (CAP); participan asimismo los cuantiosos y entusiastas contingentes de la insurgencia cívi-ca encabezada por López Obrador. En el mitin de clausura se presenta un desencuentro de di-rigencias, pero resulta claro que la confluencia abajo es mayor y más cálida que la convergen-cia arriba, y que si en la segunda mitad del sexe-nio de Fox se fue edificando una vasta alianza social en resistencia, la nueva administración es confrontada de arranque por ese multitudinario pacto opositor. Saldo de la movilización es un diálogo con las organizaciones sostenido los se-cretarios de Agricultura, Trabajo y Economía, que a la postre resulta infructuoso. Pero el im-passe se rompe con la Campaña Sin Maíz no Hay País, los 200 mil que marchan en la capital el 31 de enero de 2008 y el Pacto por la Sobera-nía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, firmado el pasado 25 de febrero por 40 organi-zaciones, que define la agenda común y quizá coloque la interlocución con el gobierno en un nuevo nivel. En todo caso, lo cierto es que en este sexenio se acortaron notablemente los tiempos del encono social.

Acelerado desgaste del gabinete. El PAN, el PRI y las grandes corporaciones han pacta-do ominosos acuerdos de callejón que ponen en riesgo lo que resta del Estado social mexi-cano. Pero los amarres del calderonismo con

el gremio político tradicional y con los pode-res fácticos no se reflejan en la concertación social, ámbito donde la torpeza y la prepo-tencia siguen siendo regla. Así, el magisterio democrático se ampara masivamente contra las reformas a la Ley del ISSSTE, el sindicato minero resiste con éxito el acoso de la Secre-taría del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas en revisión contractual derrota la campaña de descrédito orquestada desde el poder, la no tan embozada ofensiva para pri-vatizar Pemex despierta una airada y masiva oposición social y las organizaciones campe-sinas que se rebelan contra el agrocidio están imponiendo su agenda y estilo de negociar. El resultado es un gabinete políticamente erosio-nado y sin real capacidad de interlocución: el rijoso secretario del Trabajo no tiene credibili-dad entre los sindicatos, el de Agricultura fue desconocido por las organizaciones rurales, el de Economía… ¿Para qué sirve un secretario de Economía si es pecado intervenir el jue-go de la oferta y la demanda?, la secretaria de Energía fue incapaz de presentar la iniciativa privatizadora de Pemex y por último el de Go-bernación enfrenta un descrédito del que es difícil que logre reponerse.

Nuevo contexto global. Hace dos décadas los bajos y decrecientes precios de los granos allanaban el camino a la dependencia ali-mentaria. ¿Para qué producir cereales caros si podemos comprarlos baratos?, era el contun-dente argumento. Hoy el mundo vive una se-vera crisis energético-alimentaria: el petróleo declina y encarece, los agrocombustibles des-plazan otros cultivos y el creciente consumo de carne le impone a los granos un cada vez mayor destino forrajero. Resultado: el índice de precios de alimentos está en su punto más alto de los últimos 160 años, los inventarios cerealeros son bajos y al término de 2007 el maíz llegó a 175 dólares tonelada y el trigo a 400. Si a fines del siglo pasado Salinas y sus tecnócratas podían alegar que la socialmen-te dañina y geopolíticamente peligrosa de-pendencia alimentaria era económicamente rentable, en el nuevo siglo los tecnócratas de Calderón ya no pueden decir lo mismo. Y es que estar atenidos a la masiva importación de alimentos controlados por trasnacionales es hoy económicamente ruinoso y lo será cada vez más. Ha llegado el tiempo de que los campesinos le den de comer al mundo.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

CAMPO Y CONTRACAMPO

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¿CAMPO GANADOR?

Déjenme decirles; así como

Carlos Hermosillo del Cruz Azul…

llegó a meter muchos goles; así también

nosotros en el gobierno… estamos

metiendo muchos goles…

La política y el fútbol han estado en las

conversaciones

He jugado en los mejores campos del mundo, pero sólo el de México es un

campo ganador

La apertura comercial hay que

enfrentarla con mucho corazón

No hay razón para el aumento de precios

de la tortilla

Mire, yo no sé cómo defi na usted confl icto

FELIPE CALDERÓN: Versión estenográfi ca, 20 de febrero, 2008.JUAN CAMILO MOURIÑO: Entrevista en La voz de Galicia, 17 de julio, 2007.EDUARDO SOJO: Columna de Carlos Fernández-Vega, La Jornada, 9 de enero, 2008.CÁRDENAS JÍMENEZ: Nota de Oliver Pavón, Crónica, 20 de diciembre, 2007.GERMÁN MARTÍNEZ: La Jornada, 1 de febrero, 2008.LUIS H. ÁLVAREZ: Entrevista de Armando G. Tejeda, La Jornada, 2 de abril, 2007.

Sojo

Mouriño

CalderónCárdenas Jiménez

H. ÁlvarezGermán Martínez

A Cárdenas Jiménez lo

respaldamos ciento por ciento con orgullo

Juan Camilo es una muestra de la nueva clase política… Una buena muestra

de profesionalismo, de decencia pública y de capacidad

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¿Existe o no el confl icto en

Chiapas?

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Blanca Rubio

Igual que en el caso del petróleo –en el que se pretende privati-zar Pemex justo cuando es el

mejor negocio por el incremento inusitado de los precios internacio-nales–, en la cuestión del maíz se desestimula su producción precisa-mente cuando es rentable, y se for-talecen las importaciones al tiempo en que los precios mundiales han alcanzado un récord histórico.

A raíz de la crisis energética provo-cada por la incapacidad de Estados Unidos para controlar el hidrocar-buro en el ámbito mundial, se incre-mentaron fuertemente los precios del petróleo, de las materias primas mi-neras y de los bienes agropecuarios.

En particular, los precios de gra-nos y oleaginosas han registrado un ascenso espectacular debido a que el gobierno estadunidense ha deci-dido resolver su situación energé-tica impulsando la producción de agrocombustibles.

Instituciones como la Organiza-ción de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para Amé-rica Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han pronosticado que el aumento en los precios de los cereales perma-

necerá por lo menos diez años, lapso en el cual se espera que se desarrolle la tecnología que permitirá obtener agrocombustibles de la biomasa, con lo cual se podrá sustituir los gra-nos básicos como insumo principal.

La soberanía en juego. Tal si-tuación ha generado un panorama caracterizado por precios al alza y existencias reducidas en el mercado mundial, que obliga a los países de-pendientes a un cambio fundamen-tal en sus políticas, fortaleciendo la producción nacional, pues de no hacerlo, corren el riesgo de perder el grueso de sus divisas en la compra de alimentos encarecidos, sufrir desabas-to de cereales para su población y po-ner en entredicho su soberanía políti-ca, al depender de la buena voluntad de los países que tengan excedentes.

Sin embargo, el gobierno actual no parece percatarse de los cambios mundiales descritos, pues ha llevado a cabo una política a todas luces contra-ria a lo que pudiera dictar la lógica.

En primer término, se ha nega-do a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), justo cuando se elimi-nan los aranceles para los produc-tos más sensibles como el maíz, el frijol, la leche y el azúcar.

En consecuencia, las importacio-nes se han incrementado en forma

notable. Las compras provenientes de Estados Unidos de maíz blanco se dispararon en enero de 2008 en 384 por ciento, con relación al mismo mes del año pasado, mientras que las de maíz amarillo para uso forrajero, almidones, fructuosa y botanas, cre-cieron mil 888 por ciento en el mis-mo período (Imagen Agropecuaria).

Esto implica que, en lugar de fre-nar las importaciones por los altos costos y estimular la producción na-cional, se incrementa la dependencia alimentaria en graves condiciones.

Impulso a trasnacionales. En se-gundo lugar, no ha permitido que los altos precios internacionales re-percutan en cotizaciones internas atractivas para los productores, al elegir apoyar a las grandes empresas compradoras como Cargill, ADM, Minsa y Maseca, las cuales impul-san la especulación aprovechando el carácter oligopólico que deten-tan como compradores, con lo cual han impuesto precios bajos internos mediante el chantaje de que ahora pueden comprar en el exterior libre de aranceles los granos que requie-ren. Según un análisis realizado por Siacomex, el precio del maíz blanco importado a principios de este año, fue de 3 mil 253 pesos la tonelada en los puertos de destino, mientras que el precio interno no

alcanzó más que 2 mil 300 pesos, pagado en las zonas de producción de Chiapas y Campeche.

En tercer lugar, algo inaudito en esta coyuntura, la Secretaría de Agricultura planea reconvertir tie-rras maiceras hacia otros cultivos, con lo cual pretende reducir de 8 millones a 6.5 millones de hectá-reas la superficie maicera del país, argumentando que Estados Unidos podría abandonar su política orien-tada a los agrocombustibles, con lo cual se colapsaría el precio del gra-no (Imagen Agropecuaria).

En cuarto lugar, a pesar de que se incrementó el presupuesto al cam-po al alcanzar la cifra de 204 mil mi-llones de pesos en el Programa Es-pecial Concurrente, se ha impuesto un conjunto de reglas de operación que tienen la función de bloquear la entrega de recursos además de centralizarlos en unos cuantos pro-ductores ya que, por ejemplo, en el caso del Procampo 35 por ciento se canaliza sólo a 5 por ciento de los productores, mientras que los 9 mil

millones de pesos asignados a Aser-ca se concentran en 50 mil grandes productores y unas 25 grandes em-presas (Imagen Agropecuaria).

En conclusión, se trata de una política que pretende seguir benefi-ciando exclusivamente a las grandes empresas, sin percatarse de que sus-tentarse en una política aperturista y dependiente puede traer graves consecuencias a los productores, y a la población en general, al com-prometer los recursos obtenidos del petróleo en la compra de alimentos encarecidos, a la vez que seguir devastando la producción agrícola nacional en una coyuntura en la cual existe un déficit mundial, agu-dizado recientemente por las fuer-tes heladas en China, lo cual pue-de generar desabasto interno. No parece darse cuenta de que, aun desde la perspectiva de la compe-tencia capitalista, la autosuficiencia alimentaria es hoy una condición indispensable para aquellos países que pretendan posicionarse en el concierto mundial del siglo XXI.

DECISIONES DE GOBIERNO,DE ESPALDAS A LAS TENDENCIAS MUNDIALES

Desestímulo deliberado a la producción nacional• El gobierno apuesta a favor de los oligopolios•

Alberto Cárdenas JiménezSECRETARIO DE AGRICULTURA

Este jalisciense, quien se tituló en 1981 como in-geniero industrial eléctrico con una tesis que lo especializó en jabón de lavandería y detergente, ocupa la titularidad de la Secretaría de Agricultu-ra desde diciembre de 2006, promovido por el ala panista más inclinada a la derecha.

Cuando hace unos meses el presidente Felipe Calderón decidió remover a varios de sus funcio-narios de lugares claves, como los titulares de Go-bernación y de Desarrollo Social, para colocar allí a personajes de más confianza para él, se especuló sobre la idea de que Cárdenas Jiménez también se iría a su casa.

Pero no ha sido así; el titular de la Secretaría de Agricultura –de quien se cuenta un pasado como miembro de la organización derechista Yunque, y quien es amigo firme del dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje– permanece en su puesto, y al parecer reforzado, pues dentro de su equipo él ha comenzado a hacer ajustes. Permanecen sin cambio los subsecretarios heredados del sexenio de Vicente Fox, Francisco López Tostado y Antonio Ruiz, pero este abril Cárdenas nombró nuevos coordinadores de Enlace, Asesores y Política Sectorial.

El funcionario se ha caracterizado por un trato rudo; dirigentes de las organizaciones campe-sinas lo han descalificado; consideran que no es un interlocutor válido para las negociaciones que el movimiento campesino busca este año, con la demanda prioritaria de la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Eduardo SojoSECRETARIO DE ECONOMÍA

Eduardo Sojo Garza Aldape. Este funcionario que desde 1995 ha dejado huella en gobiernos panistas, pues fue coordinador económico de Vicente Fox en Guanajuato y luego coordinador de asesores de Políticas Públicas en la adminis-tración federal foxista, ha resaltado en el caldero-nismo porque sus declaraciones en el tema de la tortilla fueron desdichas por la dura realidad y por decisiones de su jefe.

El titular de la Secretaría de Economía –edu-cado en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Pennsylvania y cuyo currículum presume de una coautoría con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein— dijo en enero de 2007 que el gobierno rechazaba mecanismos de control de precios porque desvirtuarían el mercado. Poco después Felipe Calderón se sentó al lado del llamado “señor Maseco”, Roberto González Barrera y otros agentes de la cadena maíz-tortilla para oficializar un aumento de 30 por ciento del alimento pero con la promesa de no elevar los precios más allá de eso. Después Calderón firmó oros dos acuerdos.

La prensa consideró entonces que Eduardo Sojo vivía en un mundo paralelo al real pues al tiempo que la tortilla se encarecía hasta motivar el desplome de la popularidad de Calderón, él declaraba: “no hay razón para el aumento de precios” pues lo que estaba ocurriendo con la tortilla eran “cuestiones coyunturales, como problemas de transporte y cambios en las fechas de las cosechas de maíz”.

POLÍTICA AGROPECUARIAEL CAMPO CON CALDERÓN

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El Presidente Calderón en el evento Acciones del Gobierno Federal para el Desarrollo Rural; lo acompañan el Secretario de la Reforma Agraria, Escobar Prieto; el Secretario de Economía, Sojo Garza-Aldape y el Secretario de Hacienda, Carstens Carstens el 19 de Febrero de 2007.

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Carlos Toledo Manssur

El proceso de reforma y expedición de las nuevas reglas de operación (RO) de los programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) es una expresión concreta de

la política rural del actual régimen, ya que más allá de decla-raciones y retórica, la normatividad a la que deben ceñirse las acciones de fomento del campo expresa la visión del gobierno federal en la materia, tanto respecto a su contenido, como al proceso por el cual ha sido establecida esa normatividad.

Desde los primeros meses de este gobierno, la Sagarpa tra-bajó para modificar el arreglo general del conjunto de sus pro-gramas, para simplificar los esquemas de apoyo al campo, que anteriormente se aplicaban por medio de decenas de progra-mas diferentes, cada uno con sus propias reglas, lo que en efec-to hacía muy complejo su entendimiento y aprovechamiento por parte de los productores rurales. Se buscó que las acciones que involucran recursos de la Sagarpa se compactaran en sólo ocho programas. Así, aunque no resulta del todo satisfactoria, la versión final de las nuevas reglas contiene elementos impor-tantes de avance en el rediseño de las políticas para el campo.

Sin embargo, el proceso para lograr esta reformulación y las características y contenido de la versión que se pretendía apro-bar inicialmente, mostraron dos facetas negativas, que constitu-yen graves y peligrosos desaciertos de la política rural federal: en primer lugar, la falta de voluntad para consultar, dialogar y discutir las modificaciones con los principales actores del cam-po. En segundo, la intención de dar marcha atrás a los proce-sos de descentralización de las políticas rurales para buscar un completo control centralizado en el ejercicio de los recursos públicos para el campo por parte de las autoridades federales.

La intención de hacer estos cambios en la normatividad fue anunciada desde principios del año pasado, pero aunque el secretario Alberto Cárdenas se comprometió explícitamente a dar a conocer el anteproyecto de nuevas reglas a diversos orga-nismos como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sus-tentable (CMDRS), la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entre otros, para que fuera discu-

tido y consensuado, la Sagarpa incumplió: no hubo consulta. Los organismos conocieron las nuevas reglas cuando estaban en su versión final, en proceso de autorización en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a finales de 2007. Esta situación generó malestar; se le interpretó como un ges-to autoritario, contrario a la idea de que las políticas públicas deben ser elaboradas y ejecutadas de manera concertada con la sociedad rural.

Intentos centralizadores. La inconformidad fue mayor cuando se observó que, más allá de la compactación, que pare-cía una medida conveniente, las nuevas reglas planteaban un ejercicio por completo centralizado del conjunto de los pro-gramas, lo que significaba borrar de un plumazo la experiencia de casi década y media de un modelo interesante y efectivo de descentralización.

En efecto, aunque muchos de los programas anteriores se mantenían como de ejecución nacional, es decir bajo el control de la dependencia federal, la Alianza para el Campo (ApC), creada a mediados de la década pasada, había destaca-do como un esquema bastante exitoso de descentralización a las entidades federativas; este modelo operaba mediante una mezcla de recursos federales y estatales, que en cada estado eran depositados en un fideicomiso (los Fofae) y administrados de manera conjunta entre estado y federación.

En teoría, el ejercicio de estos recursos compartidos atendía las orientaciones estratégicas de un consejo estatal (primero llamado agropecuario y después de desarrollo rural sustenta-ble) con amplia participación de dependencias y organizacio-nes sociales; aunque en la práctica esta orientación participa-tiva no operaba como estaba diseñada, lo cierto es que en los 13 años de existencia de ApC los gobiernos estatales habían desarrollado, en diferente medida y en diversas modalidades, una capacidad de operación descentralizada pero concertada con la federación, y las decisiones se apoyaban en diversos or-ganismos colegiados (comisiones de desarrollo rural, comités técnicos agrícolas y pecuarios, etcétera). Este esquema de des-centralización se fortaleció con el impulso a la municipaliza-ción de ApC en el sexenio pasado, con base en las directrices de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable.

Concertación estados-federación. Así, el proyecto que las autoridades federales querían aprobar sin someterlo a mayor discusión, y que implicaba este grave retroceso a la descen-tralización, fue objeto de una fuerte inconformidad y de una demanda de modificación por parte de gobiernos estatales y organizaciones sociales a finales del año pasado. La AMSDA solicitó a la Sagarpa y a Hacienda la modificación del proyec-to; la Conago, por medio de sus coordinadores de comisiones del Campo y de Hacienda (los gobernadores de Michoacán y Chihuahua), dirigió una fuerte carta a las autoridades federa-les solicitando la realización de cambios a la propuesta.

Eso generó un tenso proceso de negociación, el cual final-mente culminó con la aceptación de algunos cambios al pro-yecto, entre los que destaca la incorporación de una “modali-dad 1” de ejecución de los programas, en la que se asigna su operación a los gobiernos de las entidades federativas, en un esquema similar al de Alianza para el Campo, pero con la posi-bilidad de incorporar todos los programas, aunque se mantuvo una “modalidad 2” en que la Sagarpa conserva la operación centralizada. Así, el resultado fue un texto híbrido, en el cual, gracias a la presión de lo estados y las organizaciones, fue man-tenido un esquema descentralizado, aunque el proceso de dis-cusión, fue atropellado y tenso, debido a su carácter forzado.

La incorporación del esquema descentralizado con la moda-lidad 1 resultó un importante logro de los estados, ya que po-tencia la utilidad de la compactación de programas, y permitirá un mayor margen de maniobra para el diseño e aplicación de políticas rurales desde las entidades federativas. La experiencia de gobiernos estatales de diferente signo ideológico, en el dise-ño, organización y operación concreta de políticas públicas ru-rales, resulta fundamental para la construcción de alternativas efectivas para el campo en una perspectiva nacional.

Más allá de la discusión sobre la interlocución del gobierno federal con los actores rurales, y del asunto de la descentraliza-ción, debemos reconocer que el nuevo esquema compactado en ocho programas resulta un cambio positivo. Estos progra-mas constituyen importantes instrumentos que los estados pueden ocupar de manera ventajosa para impulsar estrategias y orientaciones concertadas con las autoridades federales, de tal suerte que se pueda construir una matriz con dos ejes: uno de estrategias y el otro de programas (instrumentos), que pue-de resultar muy útil en la búsqueda de alternativas de política pública rural.Coordinador de Desarrollo Rural Sustentable, Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Guerrero

Abelardo Escobar PrietoSECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA

Este agrónomo nacido en Chihuahua y con amplia trayectoria docente en esta materia fue director del Registro Agrario Nacional (PAN) durante casi todo el sexenio de Vicente Fox, y en los últimos ocho meses ocupó la titularidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), misma que continúa en sus manos ahora con Felipe Calderón.

Al frente del PAN, Abelardo Escobar fue franco con la prensa; reconoció en varias ocasiones que estaba sesgada la información de que sólo uno por ciento de la superficie ejidal y comunal había pasado a “dominio pleno” (a condición privada) desde 1992, como consecuencia de los cambios ese año al artículo 27 constitucional.

El funcionario decía que eran comunes las prácticas en que emborrachan a los campesinos para convencerlos de vender sus tierras por medio de tratos informales, y sin apego a las normas establecidas por las autoridades agrarias (en cuanto a celebración de consultas en los órganos ejidales), y así, muchas tierras de núcleos agrarios, sobre todo de interés turístico o inmobilia-rio, estaban pasando a manos privadas, con papeles que incumplían la legalidad.

Ya instalado, en abril de 2006, como secretario de la Reforma Agraria, el funcionario recha-zó dar nuevos detalles de esas compras ilegales cuando la prensa le preguntó al respecto. Abe-lardo Escobar se ha apegado al guión oficial de aplaudir los procesos de conciliación agraria a que se ha enfocado la SRA desde el gobierno pasado.

Juan Rafael Elvira QuesadaSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

Juan Rafael Elvira Quesada es graduado del Instituto de Tecnología de Cranfield, de Gran Bretaña, como maestro en ingeniería y mecanización agrícola. Des-de 2001 ha ocupado cargos dentro del aparato pú-blico relacionado con la ecología, y en este sexenio heredó el puesto que durante el cierre del foxismo tuvo Alberto Cárdenas, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente.

Ha sido poco notoria la presencia de Elvira en las decisiones de política ambiental –en medio de ad-vertencias constantes durante varios meses de que en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico sin autorización gubernamental, su secretaría se ha mantenido callada–. Pero el funcionario tiene declaraciones que son verdaderas joyas.

En agosto de 2007 Elvira Quesada habló de los efectos del huracán Dean en el sureste.“De no solamente ningún muerto, sino que tampoco ningún lesionado, esto parte de un

principio de planeación, de mucha organización, de mucho trabajo de la ciudadanía, de uste-des los medios de comunicación, pero también evidentemente de las acciones de gobierno y también, por qué no decirlo, Dios nos vio con ojos de piedad”.

Juan Rafael Elvira también nos ha iluminado al descubrir los secretos de la biodiversidad: “Cuando en México y en el mundo se extingue una especie, no sólo se afecta la integridad y el funcionamiento de su entorno, desaparece también cualquier oportunidad para poder aprove-charla, por ejemplo, como alimento o como medicina”, dijo en mayo de 2007.

POLÍTICA AGROPECUARIAnuevas Reglas de Operación de la Sagarpa:

INCONSULTAS Y SIN CONSENSO

EL CAMPO CON CALDERÓN

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Víctor Suárez Carrera

Los resultados económicos del sector agroalimentario en los 500 primeros días de la administración de Felipe Cal-

derón constituyen un rotundo fracaso, a la vez que un inapelable mentís a la gestión y a la campaña mediática y prédicas tipo superación personal del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, acerca de la existencia de un “cam-po ganador”. Los hechos están a la vista.

Estancamiento. Más allá de las irreflexi-vas declaraciones del secretario Cárdenas, de que el sector agropecuario ahora constituye el motor de la economía mexicana, con tasas de crecimiento del 7.7 por ciento, la realidad es que en 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial creció sólo 1.9 por ciento frente a 3.8 del PIB nacional.

Y si se considera en términos reales, es decir descontando la inflación, el crecimiento fue de apenas 0.9 por ciento. Ello, no obstante la excelente precipitación pluvial y el aumento del volumen y valor de los granos básicos, de-rivado de los altos precios.

Déficit récord de la balanza comercial agroalimentaria. Los resultados de la balan-za comercial sectorial en 2007 desmienten el discurso triunfalista del presidente Calderón y del secretario Cárdenas, en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio de Améri-ca del Norte (TLCAN) y las agroexportacio-nes, base de su política sectorial y “motor” del crecimiento, son un éxito para el campo y la economía en su conjunto.

En 2007 se tuvo un saldo negativo en la ba-lanza comercial agropecuaria de 5 mil 82.4 mi-llones de dólares. Este déficit, que representa un monto similar al presupuesto de la Secre-taría de Agricultura y que participa con casi la mitad del déficit comercial total del país, es el más alto en la historia contemporánea.

Este saldo negativo sin precedente es supe-rior en 48 por ciento respecto al déficit secto-rial de 2006.

Las importaciones de granos y oleaginosas también llegaron en 2007 a sus máximas cifras. En el caso de maíz, ascendieron a 10.7 millones de toneladas, con un valor de mil 830 millones de dólares; en trigo fueron 3.2 millones de to-neladas, por 817 millones de dólares; en soya, 3.6 millones de toneladas, por mil 131 millones de dólares; en sorgo, 1.8 millones de toneladas, por 321 millones de dólares, y en arroz, las im-portaciones sumaron 826 mil toneladas, con un valor de 240 millones de dólares.

Importaciones sin precedente de fertili-zantes. Como resultado del desmantelamien-to de la capacidad nacional de producción de fertilizantes nitrogenados, así como la impre-visión e indolencia del gobierno calderonista, las importaciones de urea, dap, triple 17 y po-tásicos, entre otros, llegaron a la cifra récord en 2007 de mil 123 millones de dólares. Si descontamos el valor de las exportaciones de abonos, de 114 millones de dólares, el resul-tado de la tripleta Calderon-Sojo-Cárdenas en materia de balanza comercial de abonos es un saldo negativo sin precedentes de mil ocho millones de dólares.

Desde luego que este hecho es influido por la elevación de los precios del petróleo y sus derivados, pero sobre todo es el resultado de la política neoliberal de desindustrializa-ción, de complicidad con las prácticas mo-nopólicas en el sector agroalimentario y con la ausencia total de planeación y prospectiva sectorial (y de la economía en su conjunto).

La elevación récord de las importaciones de fertilizantes y de sus precios al consumi-dor final, además de contribuir al crecimien-to del déficit de la balanza comercial total, que ascendió a 11 mil millones de dólares en 2007, incrementó en más de 30 por ciento los costos de producción agrícola, neutralizando o minimizando el beneficio del alza en los precios al productor.

Importaciones silvícolas. Como parte del sector primario de la economía, las importa-ciones forestales y de productos celulósicos dirigidos a la industria gráfica ascendieron en 2007 a un récord de 8 mil 13 millones de dó-lares. Al descontar las exportaciones, se tiene un saldo negativo de esta balanza de 5 mil 658 millones de dólares.

El sector primario, decisivo en el déficit comercial total. Si sumamos los saldos nega-tivo de la balanza comercial agroalimentaria, de los abonos y forestal y de la industria grá-fica, resulta que prácticamente todo el déficit comercial del país en 2007 (11 mil millones de dólares) es responsabilidad del sector pri-mario de la economía, sector al que de mane-ra obsesiva y enfermiza han dado la espalda los gobiernos neoliberales desde 1982 hasta la fecha. Además, es una casualidad que este sector haya estado bajo la responsabilidad del ingeniero Alberto Cárdenas, primero en la Comisión Nacional Forestal y en la Secreta-ría de Medio Ambiente en el sexenio foxista y ahora en Agricultura.

Crecimiento de los precios de los ali-mentos. Uno de los argumentos favoritos del presidente Calderón a favor del TLCAN es que la libre importación y la dependencia

alimentaria han permitido poner a disposi-ción de la población alimentos baratos, de gran variedad y de alta calidad. Los hechos desmienten una vez más la propaganda gubernamental.

Si nos atenemos a las cifras del Banco de México, en los primeros 500 días del calde-ronato el índice de precios al consumidor de alimentos procesados, bebidas y tabaco cre-ció 97.5 por ciento por encima de la inflación general.

Tenemos muy presente la ineptitud y com-plicidad del gobierno de Calderón frente al tortillazo de enero del 2007, así como fren-te a las escaladas de precios del pan, hue-vo, leche, carne, aceite comestible, pastas y muchos otros productos de la canasta básica alimentaria. Los pactos de “estabilización” de precios y los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y De-partamentales (ANTAD) para “rebajar” los precios han sido un completo fracaso y una patética repetición de los gastados esquemas del priísmo. Tan sólo en el primer bimestre de 2008, los precios de la canasta básica de dispararon en más de 20 por ciento.

Respecto de alimentos diversificados y de calidad, sólo una pequeña elite puede acce-der a la oferta, en tiendas o secciones gour-met. La mayoría sufre malnutrición, caracte-rizada por desnutrición y anemia para el 20 por ciento de la población (principalmente rural, indígena, y de niños y niñas de hasta 5 años) y por obesidad para un tercio de los mexicanos (debido al consumo de alimentos chatarra, comida rápida, refrescos).

Éstos son algunos de los resultados econó-micos de la estrategia de un “campo ganador” de los primeros 500 días del calderonato.

Es ingenuo esperar resultados diferentes en el sector agroalimentario aplicando las mismas fórmulas fracasadas del pasado.Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Evaluar la política financiera para el campo en lo que va transcurrido del gobierno de Felipe Calderón deriva en claroscuros.

Como resultado en gran parte de iniciativas surgidas en el sexenio de Vicente Fox –pero que entonces fueron sólo marke-ting— ahora han aparecido muchos programas que fomentan el nacimiento de intermediarios financieros rurales, lo cual suena bien en principio, pero al tiempo hay fallas estructu-rales. Y un indicador demoledor: el financiamiento al campo registra hoy su nivel más bajo récord, incluso debajo de lo ob-servado en la crisis devaluatoria de 1995.

Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Unio-nes de Crédito del Sector Social (AMUCSS), afirma: “hoy hay dinero y hay políticas favorables, pero no hay experien-cia suficiente; la sociedad rural está desvinculada y está ha-ciendo falta un eslabón (de apoyo público) que permita la organización, la capacitación y la asistencia técnica de las organizaciones campesinas” para que éstas se conviertan en intermediarios financieros. Hoy estas agrupaciones “están teniendo muchas dificultades para tener acceso a apoyos y

para aprovecharlos constructivamente. No tienen esquemas de asesoría, capacitación, información; hace falta apoyar su nacimiento, desarrollo y evolución, y para ello se necesita un nuevo marco legal”.

El fomento a las Sofomes que caracteriza los 500 días de Calderón “representa acceso al crédito fácil, barato y rápido, lo cual está siendo aprovechado por parafinancieras, despachos, organizaciones comerciales, que han asumido el crédito como parte de su estrategia de negocios”, pero las agrupaciones de productores, y los grandes segmentos rurales históricamente excluidos del financiamiento, están en general al margen.

Isabel Cruz subraya que más allá del fomento de inter-mediarios rurales, es contundente que el crédito al agro está desplomado. “No hay financiamiento para la economía pro-ductiva; no sólo en agricultura cayó; también en manufactu-ras, y lo que ha crecido impresionantemente es el crédito al consumo. Lo que se ha venido autorizando son bancos en el segmento del consumo, como el de Wal Mart, El crédito al campo representa hoy sólo 1.5 por ciento del crédito total a la economía.”

Recuerda un reciente análisis del Grupo Interagencial (que agrupa a Banco Mundial, Comisión Económica para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo), el cual mencio-na que el crédito bancario al sector agropecuario –que apenas atiende a 15 de cada cien unidades de producción– se redujo en 42 por ciento real entre 2000 y 2005.

La especialista comenta factores positivos en la banca de de-sarrollo: “El principal factor de cambio en este sexenio está en Fideicomisos Institutidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que se ha flexibilizado para reconocer distintos intermediarios; antes tenía un sesgo absolutamente financiero-bancario y de eli-te. También la Financiera Rural ha logrado acumular cierto nivel de experiencia organizacional con dispersores del crédito, como uniones de crédito y entidades de ahorro y crédito popular.

“Pero por otro lado, es impresionante que no hay ningún vínculo entre las políticas agrícolas y las financieras. El sector financiero está a su libre arbitrio, ahorita por fortuna con bue-nos precios para maíz y otros granos, pero como la Secretaría de Agricultura no está haciendo nada, un contexto diferente (de caída de precios) haría que se viniera abajo todo el finan-ciamiento rural. También se observa muy claramente, como sello panista, que los apoyos financieros están dirigidos por el clientelismo, el corporativismo.”

Adicionalmente, concluye Isabel Cruz, falta mucha capa-cidad en los equipos operadores financieros sobre la realidad organizacional de México, del mercado. No están preparados para hacer una banca moderna, eficiente y que responda al cambiante contexto agrícola. Prevalecen tecnologías de crédi-to parametrizado (Lourdes Edith Rudiño).

pésimas cuentas de Calderón:LA ECONOMÍA AGROALIMENTARIA,

UN DESASTRE

Claroscuros del financiamiento ruralCrédito al campo en su nivel más bajo• Hay dinero, pero las organizaciones al margen• Disociadas las políticas agrícola y financiera•

POLÍTICA AGROPECUARIAEL CAMPO CON CALDERÓN

8 de abril de 20087

Sergio Ivan Polanco López

La continuidad estricta de las políticas comerciales priís-tas revela que en este sexenio es inviable modificar la ortodoxia del libre comercio.

Resulta irónico que los equipos de Luis Téllez y Jaime Serra Puche, quienes negociaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se hayan mantenido en el apa-rato público y estén decidiendo en la actualidad las políticas comerciales para el sector agroalimentario. Entre ellos están Rocío Ruiz, Andrés Casco y Andrés Rosenzweig, quienes de-fienden su visión de ventajas comparativas y libre mercado.

Esta continuidad es fortalecida por la administración geren-cial de Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricul-tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa-garpa), que –subordinada a los intereses de Lorenzo Servitje y su corporativo Bimbo; de Roberto González Barrera, y su Ma-seca; del Consejo Nacional Agropecuario y su representación de los grandes agricultores, importadores y exportadores– ha llevado al sector a la falta de previsión, a la vulnerabilidad y a la total dependencia de factores externos, menospreciando la planeación y la definición de un rumbo a seguir.

Es así como los gerentes Calderón-Cárdenas-Sojo iniciaron su gestión sin una política clara para el sector, y con el súbito incremento de los precios internacionales de los granos, que desembocó en los ya célebres tortillazo y bolillazo de 2007. La falta de conocimiento del sector, la inercia en la aplicación de las políticas públicas y los factores estructurales han provocado que la alimentación de la población mexicana esté a la gracia de la volatilidad de los mercados internacionales.

Los factores que caracterizan al sexenio en materia agroali-mentaria son:

La falta de previsión, vulnerabilidad y total dependen-cia a factores externos. Con la desaparición de instancias de planeación y control en las instituciones mexicanas que fue-ron sustituidas por la hipnosis del libre mercado, el gobierno mexicano se auto-imposibilitó para prever y prepararse ante los aspectos negativos que el mercado internacional estuvo anun-ciando desde principios del 2007. El incremento sustancial de los precios internacionales de granos, la caída de los inven-tarios y las malas decisiones del gobierno, nos han dejado a la merced de las decisiones de otros países, y se expresan en precios altos al consumidor.

La miopía del gobierno federal. Con la imposibilidad de responder de manera clara y precisa a los factores externos, aho-ra el gobierno cree que la única salida para el campo es aprove-char la bonanza de los precios internacionales altos. Pero esto es una burla para los pequeños y medianos productores, dadas las condiciones estructurales del sector agroalimentario, con dominio de grandes trasnacionales o nacionales, que imponen condiciones oligopólicas, y con subidas exponenciales en los años recientes en los precios de los insumos agrícolas, como es el caso del fosfato diamónico, mejor conocido como DAP, que durante la gestión del gerente Calderón se ha encarecido en 130 por ciento

Incremento de los precios internacionales. La creciente dependencia de las importaciones de alimentos que hemos de-sarrollado por años y el desmantelamiento de nuestro aparato productivo, han desarmado al actual gobierno para enfrentar

la inestabilidad de los mercados. El maíz, que venía compor-tándose con una tendencia hacia la baja desde 1995, con un li-gero repunte en 2003, ha alcanzado precios nunca antes vistos, pasando de 3 dólares por bushel en 2006 (118 dólares por tone-lada) a cuatro en 2007 (157 dólares por tonelada), y éstos reper-cuten en el precio de la tortilla. Pero lo peor es que en los dos primeros meses de 2008 importamos 751 mil 500 toneladas de maíz amarillo; 49 mil 488 de maíz blanco y 16 mil 336 tonela-das de maíz quebrado procedente de Estados Unidos, a precios aproximados de 198.81, 228.76 y 231.45 dólares por tonelada, respectivamente. Esta importación sin precedente desnudó la nula política comercial interna y la incapacidad gubernamen-tal para evitar que las importaciones hicieran caer los precios al agricultor nacional. Empresas como Maseca, Cargill, y otras más compraron garno nacional a precios deprimidos.

El presupuesto de Apoyos y Servicios a la Comercializa-ción Agropecuaria (Aserca) y sus amoríos con los monopo-lios. Aserca ha contado en los años recientes con los mayores presupuestos en su historia; el gobierno federal ha pretendido suplir sus carencias en materia de políticas públicas con re-cursos que en su mayoría han sido utilizados a favor de un pequeño sector de grandes agroempresarios y de un grupo de corporativos con prácticas oligopolicas y/o monopólicas, que se concentran en cuatro estados a los mucho. Destaca el Pro-grama de Apoyos a la Comercialización, que de acuerdo con un estudio de John Scott, concentra sus apoyos en màs de 50 por ciento en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

Resultados de la continuidad. A 15 meses del sexenio del presidente Calderón, están a vista acontecimientos que nos permiten visualizar hacia donde vamos en materia comercial agroalimentaria; la continuidad del modelo nos seguirá dando los mismos resultados como son:

Déficit de la balanza comercial incrementándose.• Incremento de precios al consumidor. • Concentración de tierras.• Quiebra de pequeños productores.• Fortalecimiento de los monopolios.•

El no contar con políticas públicas adecuadas y herramientas eficaces de información coloca como perdedores a los produc-tores, quienes reciben precios bajos aun cuando las tendencias internacionales van al alza. Los consumidores y los contribu-yentes son también perdedores; los primeros porque siguen pa-gando precios altos por los productos finales, y los segundo por-que aportan sus impuestos para subsidiar a las grandes empresas nacionales y transnacionales para que éstas sigan haciendo el favor de comprar sus cosechas a los productores nacionales.Encargado de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

COMERCIO VULNERABLE

Después de las intensas lu-chas que protagonizaron frente al gobierno de Vi-

cente Fox, y en particular con su primer secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, los productores de caña de azúcar consideran que la administración de Felipe Calde-rón ha iniciado “no con una nota de 10, pero sí con funcionarios más enterados y que conocen bastante más” de esta rama económica y por lo pronto la confrontación no es asunto vivo.

Carlos Blackaller Ayala, presi-dente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (UNC-CNPR), señala que la cade-na caña-azúcar está dando pasos en este gobierno, aunque muy lentos. Los logros son: uno, el surgimiento, a inicios de 2007, del Programa Na-

cional para la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac), mismo que ya se venía trabajando desde los últimos meses del foxismo, y dos, el avance de la aplicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con la reciente instalación, en marzo, del comité nacional de la agroindustria (ins-tancia indispensable para la con-

certación entre cañeros, ingenios y gobierno federal, y para encauzar adecuadamente la investigación científica de esta rama, la cual hoy está muy dispersa).

Aunque lento, este gobierno avanza. Según Blackaller, la insta-lación de este comité nacional traía un retraso de 30 meses, pues la ley se promulgó desde agosto de 2005.

Pero hay un aspecto que debe atenderse y donde el gobierno de Calderón está fallando: el comer-cial. “Las autoridades están enfoca-das a controlar la inflación” y con ello presionan a la baja los precios al productor de caña y al propio in-genio, y sin embargo el consumidor final está pagando precios excesivos por el azúcar y por los productos que la insumen (como refrescos y panificación) sin que el gobierno intervenga frente a intermediarios e industriales.

“El productor de caña recibe por cada kilo de azúcar 3.41 pesos; los ingenios venden el kilo entre 5.5 y 6 pesos, y la industria usuaria –que se beneficia pues estos precios son más baratos que en meses anterio-res— afirma mentirosamente que el azúcar se ha encarecido y con ello justifica alzas en los precios al con-sumidor en panificación y bebidas embotelladas”. Además el azúcar en estanquillos se vende al ama de

casa a 10 u 11 pesos por kilo, el doble de lo que recibe el ingenio y más del triple de lo que recibe el cañero.

Para la agroindustria cañera, que genera 2.5 millones de em-pleos directos y que incide en la economía de más de 20 mil muni-cipios, es indispensable que el go-bierno meta orden y que permita que el beneficio de los precios sea para los productores no para los intermediarios.

En este marco, la agroindustria cañera, con producciones mayores a 5.5 millones de toneladas anuales, no logra comercializar bien. Y en el ámbito de las exportaciones, “no hemos podido aprovechar la apertu-ra del mercado de Estados Unidos (este año con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte)”; las pocas exportaciones que hay están en manos de brokers. “No te-nemos una política comercial para vender adecuadamente el azúcar” (Lourdes E. Rudiño).

cañeros: lento avance con Calderón

POLÍTICA AGROPECUARIAEL CAMPO CON CALDERÓN

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8 de abril de 20088

La tendencia de este go-bierno a difundir metas y logros espectaculares, con

muchas hectáreas apoyadas, está conduciendo hacia el concepto de “asistencial” un programa que –por impulso y con diseño de las orga-nizaciones forestales— se puso en marcha apenas en el sexenio de Vi-cente Fox, y que en esencia preten-de el pago de servicios ambientales (PSA) a los dueños de los bosques.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizacio-nes Campesinas Forestales (Red Mocaf), explica que este programa nació como una inquietud de los campesinos que logró integrarse en el artículo 198 del Acuerdo Nacio-nal para el Campo (ANC), de abril de 2003. Su enfoque es el pago a los campesinos con el objeto de man-tener y mejorar las superficies agro-

forestales, apoyar la captura de car-bono y proteger la biodiversidad.

Originalmente y a contraco-rriente del Ejecutivo Federal, logró asignársele un presupuesto públi-co, más simbólico que real, de 30 millones de pesos, y este 2008 ron-da los 400 millones, pero el apo-yo que el gobierno aplica se está desvaneciendo a una cuota pareja de 300 pesos por hectárea, pues la Secretaría de Medio Ambiente busca –igual que en la reforesta-ción anual, con millones de arbo-litos— presumir metas ambiciosas en términos de superficie, sin im-portar la calidad de los resultados del programa.

Esto preocupa pues los apoyos resultan insuficientes –muy poco competitivos respecto de los más de mil pesos por hectárea de Procam-po, por ejemplo– como para pedir

a los productores forestales que, a cambio de ellos, se muevan hacia un esquema de manejo forestal, de aprovechamiento sustentable. “La gente te va a decir: ‘oye, por 300 pesos no lo voy a hacer; si quieres quitarme el apoyo, quítamelo”.

Lo ideal es que este programa sirviera para generar condiciones de manejo en las unidades agroforesta-les y que en unos años la responsa-bilidad del PSA fuera compartida por la sociedad. “Que el órgano de operación de agua potable y alcan-tarillado a lo mejor pudiera conver-tirse en un fideicomiso que estuvie-ra administrando las aportaciones que haga la empresa privada, el gobierno estatal, el gobierno muni-cipal, los usuarios de agua, y donde hubiera la capacidad de decirle a los que trabajan en la parte alta de la cuenca: ‘a nosotros nos interesa

que siga llegando el agua limpia, en cantidad suficiente, que no haya deslaves, que se conserve la belleza escénica, no queremos tolvaneras’”.

Gustavo Sánchez recordó que además del programa mencionado, existe otro paralelo de PSA hidroló-gicos (diseñado por el gobierno pre-vio al ANC), que aplica desde que nació, en 2003, con el lineamiento asistencialista, con apoyos de 300 pesos por hectárea. Los beneficia-rios son unidades que no tienen aprovechamiento; el programa no induce al manejo forestal.

Comentó que hay cuatro casos piloto de PSA donde se están ge-nerando mercados locales, con participación de la sociedad y compromiso de aprovechamiento sustentable y conservación (es-tán en Valle de Bravo, Coahuila, Colima y Coatepec), y hay algu-nas experiencias locales. “Lo que queremos es que se masifique”. Pero el gobierno federa es autista; no escucha, no considera opinio-nes ajenas y eso dificulta avan-zar en esta línea (Lourdes Edith Rudiño).

Gustavo Ampugnani

A un año y medio del gobierno que en-cabeza Felipe Calderón no hay bue-nas noticias en materia ambiental. Las

grandes líneas programáticas de inicios de la administración se desdibujan día a día sentan-do un mal precedente ambiental y aumen-tando una huella ecológica que de por sí era grande. Por ejemplo, se calcula que se pierde el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto debido al deterioro ambiental y la destrucción de ecosistemas. Y la política pública no parece contribuir a la disminución de ese monto, que hoy rondaría los 900 mil millones de pesos.

El principal programa ambiental del go-bierno es el Proárbol que, en vez de fortalecer una política forestal que dé prioridad al apoyo a las comunidades, busca el éxito mediático dejando en segundo plano la supervivencia de los bosques mexicanos. Resulta incom-prensible que el gobierno federal, en lugar de proteger los bosques de manera efectiva, pretenda gastar durante 2008 más de dos mil 664 millones de pesos (50.5 por ciento del presupuesto de Comisión Nacional Forestal) en plantar 280 millones de árboles, cuando el propio secretario de Medio Ambiente calculó

una sobrevivencia de 10 por ciento para los plantados en 2007. Ello, al tiempo que cada año se deforestan 600 mil hectáreas.

Greenpeace expone que para evitar que-darnos sin bosques en los próximos 60 años, lo que se requiere es apoyar a las comunidades por medio del Manejo Forestal Sustentable (MFS), que les permite conservar los bosques, evitar las emisiones de gases de efecto inver-nadero –causantes del calentamiento global–, controlar incendios, frenar la tala ilegal, y ge-nerar beneficios sociales para sus habitantes, al fortalecer las economías locales y contribuir al desarrollo rural.

Preocupación por transgénicos. Por otro lado, en términos de agricultura y medio ambiente, vemos con sorpresa que esta ad-ministración no contempla ninguna medida de bioseguridad para proteger la diversidad biológica y genética del maíz mexicano. La publicación del reglamento de la ley de Bioseguridad de los Organismos Genética-mente Modificados –Ley Monsanto– sigue la misma línea que la ley y sólo establece los procedimientos administrativos para que las grandes empresas de biotecnología agrícola puedan comercializar sus productos paten-tados, lo cual contaminará irreversiblemente un patrimonio natural y cultural de México.

La única posibilidad de contrarrestar esto o evitar una contaminación genética masiva es elaborar un régimen de protección especial de maíz que parta del principio precautorio, busque aplicarlo a ultranza y decrete cero tolerancia a la siembra de maíz modificado en México.

También es desacertada la política turística del gobierno, ya que el desarrollo de grandes complejos hoteleros destruye la línea de costa facilitando los procesos de erosión. Ejemplo de ello son los manglares, que a principios de la ad-ministración fueron legalmente protegidos. Sin embargo, desde hace tres meses son más fuertes la voces que buscan torcer la protección guber-namental. Está por verse aún cómo sorteará el Ejecutivo la presión de los grandes hoteleros.

Por último, aunque no menos importante, en materia de energía y cambio climático ve-mos que el gobierno apuesta erróneamente a la mismas fuentes de energía que provocan calentamiento global: más petróleo. Pero aho-ra extraído de aguas profundas. El combate al cambio climático debe asentarse en la masifi-cación del uso de las energías renovables, en la maximización del potencial de eficiencia y ahorro de energéticos y en el combate a la deforestación.

Falta mucho por hacer para que, a fin de sexenio, no veamos reflejado en el PIB un incremento en el costo de la destrucción am-biental de México.Director de campañas de Greenpeace México, AC

ASISTENCIALISMOEN LOS APOYOS PÚBLICOS

Se pierde la oportunidad de generar manejo • sustentable de los recursos naturales

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más gris que verde La acción gubernamental

Decisiones en turismo, bosques y maíz, • negativas para la ecología

POLÍTICA AMBIENTALEL CAMPO CON CALDERÓN

8 de abril de 20089

Adelita San Vicente Tello

¿Qué pensarían los funcionarios al publicar el día previo al jueves santo el Reglamen-to de la Ley de Bioseguridad de Organis-

mos Genéticamente Modificados?, “¡Nadie se dará cuenta¡ ¡Al regresar de vacaciones ya se les habrá olvidado!” Seguro se sentirán igual que Judas previo a la última cena.

La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados fue también un albazo en el que poco se respetaron los procedimientos legisla-tivos. Era el 14 de diciembre de 2004, último día de sesiones navideñas, ese día el PRI y el PAN apuraron el proceso bajo el argumento de que “cualquier ley es perfectible”. Hoy las reformas propuestas están en la congeladora.

Gracias al trabajo de múltiples actores, se logró insertar algunos instrumentos de bio-seguridad en la ley, pero el reglamento pu-blicado los pasa por alto. Al publicarse la ley, fue nombrada como “Ley Monsanto”, porque más que una ley de bioseguridad parecía una ley de fomento a la biotecnología. El regla-mento publicado reproduce este vicio: más que preocuparse de la bioseguridad que re-quieren las actividades con organismos gené-ticamente modificados, se dedica a especificar a detalle la forma en que se autorizarán éstos sin tomar en cuenta ninguna de las medidas de bioseguridad previstas.

Omisión de zonas libres. Los instrumentos de bioseguridad son: el Régimen de Protec-ción Especial del Maíz (RPEM), la determi-nación de centros de origen y de diversidad genética, y las zonas libres de transgénicos. Sin embargo, en términos numéricos, más de la mitad de los artículos que conforman el re-glamento se dedican a especificar los detalles que deberán contener los permisos, asuntos técnicos que, se antojan, deberían estar conte-nidos en normas. Los instrumentos de biose-guridad ocupan apenas dos artículos, es decir que las zonas libres de transgénicos ni siquiera se contemplan. El etiquetado es otro de los asuntos centrales que el reglamento ignora,

aun cuando es un tema de debate mundial.El reglamento publicado no respeta la

consulta oficial realizada en 2006, pues no contempla en su contenido las observaciones realizadas por múltiples actores por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Tampoco fue dado a conocer con anticipación a los órganos de consulta obligatoria que señala la Ley de Bioseguridad en sus artículos 20 y 21.

Este reglamento debe ser revisado a fondo, pues ahora no sólo tendremos una Ley de Bio-seguridad incipiente, también el reglamento reproducirá y profundizara las deficiencias de la ley. Las carencias del reglamento impiden, a pe-sar de las declaraciones de funcionarios irrespon-sables, la siembra inmediata de transgénicos.

Interés corporativo. Debemos recordar a los funcionarios que la condición de México como centro de origen debe ser protegida como una responsabilidad mundial y de manera priorita-ria frente a una tecnología que se pretende im-poner por parte de empresas trasnacionales.

El RPEM es un instrumento que busca dar esa protección a nuestro país como centro de origen del cultivo más importante hoy por hoy en el mundo: el maíz. La contaminación con transgénicos de los cultivares de México significaría terminar con el reservorio gené-tico del grano y provocaría un daño incon-mensurable para el mundo. En este sentido, es fundamental retomar las recomendaciones que la Comisión de Cooperación Ambien-tal de América del Norte emitió en 2004 en el estudio Maíz y biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y recomendaciones.

El maíz es un patrimonio de México que de manera generosa ha compartido con el mundo; la introducción de transgénicos equi-vale a privatizarlo en aras del negocio de una empresa, Monsanto, la cual “aumentó por tercera vez este año su previsión de ganancias gracias a la fuerte demanda de semillas”, se-gún publicó The Wall Street Journal Americas el pasado 26 marzo. Semillas de Vida, AC

celebrando la Traición de JudasLA VÍSPERA DEL JUEVES SANTO PUBLICAN REGLAMENTO DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD

Integrantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!, hicieron entrega al Senado de la República de 439 mil 385 fi rmas de ciudadanos nacionales y de otros países, para exigir la renegociación del TLCAN, la prohibición de siembra de maíces transgénicos, y la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y el Derecho Constitucional a la Alimentación. Pidieron a los legisladores que se comprometan a defender el campo.

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Entrega de firmas de la campaña “Sin maíz no hay país”

Víctor M. Quintana S.

Obras son amores y no planes na-cionales de desarrollo o programas sectoriales. Si queremos evaluar la

política del gobierno de Felipe Calderón ha-cia el campo con base en los discursos, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-12, nos perderíamos en la palabrería.

Porque el calderonismo en el campo sólo se puede apreciar en las decisiones tomadas en coyunturas o ante problemas estructurales.

1. La crisis de la tortilla. Es el primer desa-fío de Calderón en materia agroalimentaria: al incrementarse el precio del maíz, no sólo por la producción internacional de etanol o el mayor consumo de algunos países, sino, y sobre todo, por las exportaciones sin control de maíz blanco por parte de Cargill y Ma-seca, el nuevo gobierno sale chamaqueadopor estos oligopolios: mediante un pacto con ellos y algunos productores, de hecho se le aumenta el precio a los consumidores. Deci-de acudir a las importaciones del grano, y no a un sólido programa de estímulo a la pro-ducción nacional, comercialización, abasto y fortalecimiento de la cadena maíz-tortilla. Ninguna protección para los consumidores, ni para los industriales de la tortilla, desorden en los apoyos a los productores maiceros.

2. El cultivo de transgénicos. El gobier-no federal no sólo actuó tardíamente ante la siembra de maíz transgénico en Chihuahua, no sólo dejó que el secretario de Agricultu-ra hiciera apología de las semillas genética-

mente modificadas, sino que acaba de elabo-rar un reglamento de bioseguridad al gusto de las trasnacionales. Según Greenpeace y varios especialistas, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Gené-ticamente Modificados se centra en dar res-puesta a las corporaciones para sus trámites de siembra de transgénicos, y abdica de su obligación –a favor de la industria biotecno-lógica– de efectuar el monitoreo y control de los posibles riesgos a la salud humana, al me-dio ambiente y a la diversidad biológica. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de otorgar autorizaciones discrecionales a la siembra de maíz transgénico sin contar con el marco de seguridad completo.

3. Políticas para granos básicos y una re-serva estratégica: un año completo de incer-tidumbre; dos programas de compras antici-padas de maíz y trigo fracasan. El gobierno se ve impotente ante los monopolios, los cuales rechazan 2 mil 500 millones de pesos de sub-sidios al maíz para así mantener a la baja los precios al productor. No hay claridad en el programa ingreso objetivo, ni se ve intención de establecer una reserva de granos pública, estratégica, controlada por el gobierno o las organizaciones de productores.

4. “El presupuesto al campo más alto de la historia”. La rimbombancia con que el Ejecutivo federal menciona esto al me-nor pretexto, es una cortina de humo. El proyecto original del Programa Especial Concurrente (PEC) presentado por Calde-rón era de 183 mil 564 millones de pesos, apenas para compensar el deterioro infla-cionario con relación a los 176 mil millones de 2007. Fue sólo gracias a la presión de las organizaciones campesinas y los legisladores que las apoyaron que se dio el incremento hasta 204 mil millones. Sin embargo, tanto Hacienda como Agricultura se cobran luego la afrenta: recortan 47 de 100 programas y a los más importantes de ellos los reducen a “componentes”; redactan e imponen reglas de operación que le confieren discreciona-lidad al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo ac-túa sin sujeción a leyes, sin contrapesos y sin rendición de cuentas. No hay poder consti-tucional que haga que el Ejecutivo cumpla tal o cual mandato. Los presupuestos rurales crecen y sin embargo la producción, el em-pleo, el ingreso campesino y el bienestar de las comunidades rurales se deterioran cada vez más. Las organizaciones rurales se pre-guntan: ¿Para qué más recursos a la Secre-taría de Agricultura, que los canaliza en más de 70 por ciento a los agricultores ricos, a los agroempresarios, a las localidades, los muni-

cipios y estados más desarrollados, a compa-dres y correligionarios?, ¿para qué más recur-sos fiscales que alimentan una burocracia ignorante, inepta, indolente, desvinculada de los grandes problemas del campo y subor-dinada a las corporaciones agroalimentarias globales y a las élites y caciques rurales?” Hay además un olvido de las localidades de alta y muy alta marginalidad, así como de los proyectos de las comunidades indígenas y del desarrollo forestal.

5. La entrada en vigor de la última etapa del Tratado de Libre Comercio e América del Norte (TLCAN) en agricultura: Aun-que Calderón reconoce que en los 13 años anteriores nada se ha hecho para proteger nuestra agricultura de la liberación comer-cial total en 2008, los “blindajes” para “sua-vizar” la apertura –como son los apoyos a la competitividad en maíz, fríjol, leche y azúcar de caña– no difieren nada de los que venían aplicándose ni fortalecen la capacidad de competir con los dumpeados productos es-tadounidenses. Ningún funcionario federal muestra disposición a escuchar los argumen-tos a favor, ya no de una renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, sino de un mecanismo provisional de control de im-portaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol. El Ejecutivo está muy subordinado a los dictados de las trasnacionales beneficia-das con el TLCAN. Más aún: la cerrazón calderonista a renegociar el tratado pasa a la ofensiva, al saturar los tiempos televisivos del gobierno con desinformación sobre los efectos del TLCAN en el agro y rechazar el debate público al respecto.

6. La relación con las organizaciones campesinas. Ni en los peores tiempos del usabiagato se deterioró tanto la relación de las organizaciones rurales con el secretario de Agricultura, como ahora con Alberto Cárdenas Jiménez, cuya política de “puer-tas abiertas” no es más que la consagración del doble lenguaje; del empleo partidista y electorero de los recursos públicos; de la arrogancia y displicencia hacia las propues-tas campesinas; del afán por ocultar infor-mación y escamotear presupuestos no sólo a productores, sino también a los gobiernos de los estados; de la obsecuencia ante los oligo-polios del agronegocio y los señores de Was-hington. Pero esto va más allá de Cárdenas. El calderonismo tiene dos manos derechas: una para sus diálogos espurios y otra para re-primir a los campesinos que considera levan-tiscos, como los de San Luis Potosí, o los de Michoacán, o los que son apresados en Chi-huahua por “robar energía eléctrica”.

El PAN, enemigo histórico del reformismo agrarioAcción Nacional nace como una suer-te de Sinarquismo por otros medios, pues toma de los herederos civiles de la Cristiada la doctrina, aunque no su abstinencia electoral. Por acuerdo fundacional, en 1939 apoya la candi-datura a la Presidencia del anticarde-nista Andrew Almazán, quien ofrece entre otras cosas privatizar las par-celas ejidales. Cuatro años vdespués, uno de sus fundadores sostiene que la reforma agraria es “tonta hipertrofi a de clase que nos ha llenado de hambre y de ruina” (Efraín González Luna, El Universal, 9 mayo 1943), y en 1944 la revista del partido afi rma que “todo el país quisiera saber hasta cuándo va ha terminar el reparto de ejidos a fi n de que la propiedad agrícola disfru-te de (...) garantías” (La Nación, n. 133, 20 abril 1944). Por 60 años el PAN fue también plausible referente antiautoritario, pero esto terminó en 2000. En el poder, los blanquiazules abandonaron veleidades libertarias para ratifi carse como lo que han sido siempre: una derecha ultramontana que abomina del reformismo social.

TEMA DEL MES

Tortilla, transgénicos, presupuesto, TLCAN y concertación social

exhiben la torpeza gubernamental

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El sexenio del segundo gobierno del cambio en México inició sin modificar los principales instru-

mentos de política agroalimentaria y esa continuidad queda en manos de una mayoría de funcionarios de la pasada administración.

Es más, el diseño de la política agríco-la se remonta a los primeros años de los 90 y tiene fuertes raíces en los 80. Teó-ricamente, ese no-cambio debería estar motivado por buenos resultados para el país en general, y particularmente para la población del campo. Pero los hechos muestran lo contrario.

Una evaluación de las políticas agríco-las puede arrojar resultados muy diferen-tes, dependiendo de:

La concepción de los diferentes actores • sobre el papel de la agricultura en la sociedad (modelo de desarrollo) con criterios de eficiencia nacional (la mul-tifuncionalidad y efecto multiplicador del campo; su papel en el cambio cli-mático, por ejemplo) o con los princi-pios básicos de la economía de merca-do (neo)liberal.Los intereses específicos de los diferentes • actores agropolíticos (Secretarías de Agri-cultura, Economía y Hacienda, y organi-zaciones de productores, entre otros).La experiencia histórica concreta de • los involucrados.

No es de extrañar entonces que existan evaluaciones y opiniones muy diferentes, y a veces muy controvertidas, sobre las po-líticas agrícolas. Y hay una enorme bre-cha entre la retórica de los representantes del gobierno y sus intenciones reales, cosa que no es privativa de México.

Pero una evaluación basada en los ob-jetivos oficialmente formulados en los planes nacionales de desarrollo y planes sectoriales lleva a una conclusión que coincide con lo declarado por el Banco Mundial en un informe de 2002: “Se puede decir que este sector (rural) ha sido objeto de las reformas estructurales más drásticas (la liberalización comercial impulsada por el GATT y el TLCAN, la eliminación de controles de precios, la reforma estructural sobre la tenencia de la tierra), pero los resultados han sido de-cepcionantes (subrayado por los autores): estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural (...) Esto plan-tea un importante problema de política, debido a que a partir de 2008, el TLCAN pondrá al sector en competencia abierta con Canadá y Estados Unidos.”

Algunos datos confirman esta conclusión:Empleo rural: Según la Secretaría de

Trabajo, se redujo el número de los em-pleos en el campo de casi 10 millones en el 1991 a sólo 5 millones en el 2006. El

número de beneficiarios del Procampo, que se refiere a productores de granos, bajó de 3.3 millones en 1994 a 2.3 millo-nes en 2006 (Informes de Gobierno, 2006 y 2007). Estos datos extrañan todavía más, si se toma en cuenta la apertura del pa-drón a raíz del Movimiento El Campo no Aguanta Más en 2003. Finalmente, se estima que aproximadamente 600 mil mexicanos, principalmente de las zonas rurales, emigran a la zona fronteriza y/o Estados Unidos. Dado que no hay cam-bios en la política agrícola, difícilmente esta tendencia se va a revertir.

PIB sectorial: En valor per cápita, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecua-rio y forestal en 2003-2005 resultó 11.1 por ciento menor al observado en el trienio previo al experimento neoliberal (1980-82). En kilogramos per cápita, la producción de los ocho principales granos en 2003-05 resultó 10.9 por ciento inferior que la obte-nida en 1980-82; la producción per cápita de carnes rojas se redujo 29 por ciento en esta comparación. Y la superficie sembra-da se redujo en 2.5 millones hectáreas.

Comercio agroalimentario: Como contraparte, las importaciones de ali-mentos se dispararon de 2 mil 755.7 mi-llones de dólares anuales en 1980-82 a 13 mil 553.8 millones de dólares por año en 2003-05, y en 2006 rebasaron 16 mil millo-nes de dólares.

Importancia de la Agricultura: La po-lítica agrícola tiene expresiones y resulta-dos diferenciados por estados y tipos de productores. Con excepción de Sinaloa y Jalisco, en la mayoría de los estados mexi-canos la agricultura pierde importancia en la generación de riqueza y de empleo.

También en el ámbito del Legislativo gana terreno la convicción de que el pre-supuesto asignado a la producción agro-pecuaria y al desarrollo rural en México son sumamente altos en comparación con otros países en desarrollo. De he-cho, los subsidios de México son los más elevados después de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón en el ámbito mundial, pero no alcanzan resultados que fueran comparables con los demás países de América Latina, con la excep-ción de Haití, y ni se diga de los países asiáticos. Peor aún, la asignación de los recursos es sumamente injusta, discrecio-nal e inoportuna.

Prospectivas para 2012. Frente a estos resultados, el Ejecutivo corresponde con maquillajes y cambios menores en la po-lítica agrícola. De hecho, la parte sobre el “sector rural” en el Plan Nacional de Desarrollo se limita a 11 objetivos, donde los productores son sujetos difusos (no se hace una tipología), las diferencias de las regiones se borran, las responsabilidades se esfuman y no hay resultados concretos a alcanzar.

Al mismo tiempo sacuden movimien-tos tectónicos de gran fuerza el mundo y está cambiando el mundo agrícola para siempre. Entre los principales fenómenos destacan:

El mayor uso de granos para bioenergías.• Países emergentes, como China y la In-• dia con grandes demandas de materias primas y energías.Mayor inseguridad en la oferta de ali-• mentos por riesgos globales crecientes de difusión de plagas y enfermedades (“vacas locas” y gripe aviar en la gana-dería, por ejemplo).Mayor inestabilidad en la producción • por los efectos del cambio climático.Efectos incalculables de la crisis eco-• nómica en Estados Unidos.

Para los agricultores mexicanos, las perspectivas son:

Aumento diferenciado de los precios:1. Los precios mundiales de los princi-pales productos agrícolas crecen en el mediano y largo plazos por la demanda para bioenergéticos y de los países asiá-ticos. Pero este aumento no se traduce en la mismo proporción a la ganadería, sector para el cual los granos represen-tan un importante insumo y por ello un costo fundamental de producción.Ganadería:2. Del punto 1 se deriva una ligera mejora de la situación de los pro-ductores de granos. Mientras que los ganaderos, en los particular los grandes complejos industriales (Bachoco, Tyson, Pilgrim’s Pride en la avicultura; Grupo Carrols en la porcicultura), se beneficia-ron durante los últimos sexenios de la apertura comercial y de los bajos precios de los granos, durante los próximos años estarán bajo mayores presiones. Es de esperarse que sobre todo los productores medianos no resistan la situación.Insumos: 3. A los productores de granos se les dificultará recuperarse de la des-capitalización que sufrieron durante los años pasados porque enfrentan el enor-me crecimiento de precios de los insu-mos, en particular de los fertilizantes. Aunado a ello, aumenta la escasez de estos insumos; los productores tienen que gastar más en traslados y tiempos para adquirirlos y, consecuentemente, pierden por aplicaciones no adecuadas o fuera de tiempo.Comercio:4. A pesar de los precios altos de los productos agrícolas, México tie-ne que seguir importando. Es previsible que se profundice el notorio déficit en la balanza comercial agroalimentaria.Seguridad alimentaria5. : Mientras que para el gobierno mexicano el tema de la seguridad alimentaria no fue tema, porque los alimentos estaban disponi-bles en abundancia y a precios muy ba-jos, la situación se está turnando crítica para el presente sexenio. Cada día nos alcanzan noticias de una nueva baja en la disponibilidad de alimentos, y si no son disponibles, son caros.

Ante esta perspectiva el tema de la soberanía y seguridad alimentaria se turnan claves.* Catedrática de la UACh, rsr@avantel.net** Coordinador del Cuerpo de Investigación en Orgánicos, ciestaam@avantel.net*** Doctorada del CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo.

¿Un estilo personal de gobernar?A fi nes de 2006, Flavio Sosa, Hora-cio Sosa, Ignacio García y Marcelino Coache, en representación de la Asam-blea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), habían concertado una cita con el secretario de Gobernación, pre-paratoria de un ulterior encuentro con el presidente de la República. Un día antes de la entrevista y al término de una conferencia de prensa en la ciudad de México, los cuatro fueron detenidos por la policía federal. La alevosa apre-hensión ocurrió el 14 de diciembre de 2006, en el día número 14 del gobierno de Calderón. Han transcurrido 16 me-ses y Flavio Sosa sigue tras las rejas.

7. ¿Y el proyecto para o del campo mexicano? Ante la promulgación de una nue-va y quinquenal Farm Bill en Estados Uni-dos, ante el encarecimiento mundial de los alimentos básicos, ante el cambio climático, el gobierno ni siquiera balbucea un proyecto de largo aliento para el campo, ni siquiera un presupuesto multianual, ni siquiera la puesta en marcha de la Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria y Nutricional. Repi-te las frases de siempre, comete los mismos errores: miopía o carencia de diagnóstico de la situación del campo, desarticulación de programas y fallas en su focalización, inefi-ciencia en la asignación del gasto público, ausencia de metas a mediano y largo plazo. Displicencia ante la investigación realizada por científicos y técnicos nacionales, impro-visación, inconsistencia.

8. Resultados: los ganones del campo ganador. Como todos sus antecesores desde la instauración del Programa de Ajuste Es-tructural en 1982, con el gobierno de Felipe Calderón el Estado mexicano renuncia a conducir el rumbo de la política agrícola del país, a construir sin dubitaciones la soberanía alimentaria de la nación. Tanto en la política de comercio exterior, como en la de apoyos a la producción y a la comercialización in-terna, en el financiamiento, en las opciones tecnológicas y hasta en los aspectos cruciales del medio ambiente y la bioseguridad, los recurrentes ganones del proyecto neoliberal hacia el campo son las trasnacionales del agronegocio; las biotecnológicas; los oligo-polios nacionales como Maseca, Lala, Viz, Bimbo, etcétera; los poderosos agricultores de los estados exportadores de frutas y hor-talizas; las empresas de alimentos y bebidas trasnacionalizadas. De los siete millones de unidades productivas del agro mexicano ni el 5 por ciento son ganonas; para las otras 6 mi-llones 900 y tantas mil, la única posibilidad de vida digna es el albur de la emigración y luego de las remesas, por más que algún día se les ocurriera tener el sueño de emular a la golfista de la propaganda oficial.

La política calderonista no ha modificado la inercia excluyente y concentradora del mo-delo agrícola. Ni sus antecesores priístas logra-ron para el campo la “democracia y justicia social” que pregonaron, y la “patria” que su predecesor Fox y Calderón proclaman nunca ha estado más lejos de ser justa para los cam-pesinos y es generosa sólo para quienes, desde el gran poder económico, vienen a reducir nada más que a una mercancía las comunida-des campesinas, la naturaleza, el trabajo y el alimento de los seres humanos.

Rita Schwentesius Rindermann*Manuel Ángel Gómez Cruz**Con la colaboración de Ina Salas Casasola***

8 de abril de 200812

8 de abril de 200813

Olmo Rodríguez R. Luciano Concheiro Bórquez*

A principios de marzo el pre-sidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cá-

mara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Ramón Ceja Romero, presentó para su discusión una iniciativa que busca modificar diversos artículos de la Ley Agraria. La iniciativa está muy por debajo de otras presenta-das en las legislaturas recientes, en la LIX (CONACOSA, Ley Federal Agraria) y en la LX (Ley Nacional Agraria), y profundiza el sentido privatizador de la contrarreforma agraria de 1992, vulnerando la pro-piedad ejidal y comunal.

Rasgo distintivo de esta iniciati-va es que no hace mención de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) –institución encargada de atender los asuntos que tienen que

ver con tierras ejidales y comuna-les–, lo que apunta a la intención de hacerla desaparecer; y no con-sidera demandas del movimiento campesino en términos de profun-dizar la participación de la Procu-raduría Agraria en la defensa de los núcleos agrarios y de lograr su autonomía.

Omisión de sujetos agrarios. En cuanto a los sujetos agrarios, no ca-racteriza la calidad de posesionario, dejando en la indefinición a cerca de 650 mil sujetos agrarios que fueron reconocidos por las asambleas ejida-les y que actualmente cuentan con un certificado otorgado por el Pro-grama de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). La gran mayoría de estos posesionarios son hijos de los ejidatarios y tienen predios mu-cho más pequeños, lo cual los con-vierte en un grupo vulnerable.

En la iniciativa no se establecen disposiciones que le permitan a la SRA impulsar un fondo de recon-

versión de tierras, con el propósito de fortalecer la economía campesi-na y detener y revertir el proceso de concentración de tierras. Tampoco permite declarar las tierras parcela-das como patrimonio familiar, con lo que se deja en el desamparo a muchas familias campesinas en los casos en que el ejidatario venda sus tierras sin consentimiento de esposa e hijos, y no establece preferencias en la sucesión, con lo que se vulne-ra el patrimonio de la familia y no supera las insuficiencias que existen en cuanto a la regulación de las for-mas organizativas del medio rural.

La iniciativa tampoco considera las propuestas para que la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer pueda constituirse en figura asocia-tiva, independientemente de si tie-ne tierras. Menos aún, avanza en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, establecido en el artículo 2 de la Constitución

Federal y el mandato de protección especial de sus tierras en el artículo 27 de la propia Carta Magna.

En un ataque a la relación so-ciopolítica de los ejidos y comu-nidades, la iniciativa panista, des-aparece la Junta de Pobladores, lo que contraviene la propuesta de las organizaciones campesinas que solicitan que esta instancia tenga un papel más activo y protagónico como representantes de las comu-nidades rurales ante los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

Simulación de latifundios. En términos ambientales, no establece disposiciones que protejan los bos-ques y las selvas de los núcleos agra-rios, ni dice cómo revertir en donde ya se regularizó el parcelamiento y evitar que éste ocurra en zonas de reforestación o en áreas que hayan sido taladas o destruidas por el fue-go. Tampoco protege a favor de los núcleos agrarios la existencia de yacimientos de recursos no reno-vables. Ni modifica las definiciones de los tipos de pequeña propiedad de la ley vigente, lo que se presta a que los límites de la propiedad fo-restal sean rebasados al considerar éstas como de agostadero, con re-

percusiones ambientales negativas y la posible simulación de latifun-dios forestales.

En su afán privatizador, propone que el dominio pleno sea autoriza-do en una sola asamblea de formali-dades simples, lo que de facto es un intento de acabar con el régimen ejidal. Además, considera que la aportación de los derechos de usu-fructo a sociedades mercantiles, prevista en la actual ley, se cambie a la aportación de los derechos parce-larios. La iniciativa no acota a las so-ciedades mercantiles y no las obliga a mantener en producción la tierra, lo que permitiría abusos y pérdida de tierras de los núcleos agrarios.

Finalmente, el plan panista no considera modificación de las cau-sales de utilidad pública de la ac-tual ley, que están por encima de las consideradas en otros regímenes de propiedad, como son las relati-vas a la creación de áreas para la ex-pansión del turismo y la industria.

Se trata entonces, de seguir gol-peando al campo, demostrando que no representa ninguna priori-dad sino de lo que se sigue tratando es de eliminarlo de la jugada.*Profesor investigador UAM-Xochimilcoconcheir@correo.xoc.uam.mx

INICIATIVA DE LEY CONTRA EJIDOS Y COMUNIDADES

Francisco López Bárcenas

“Estoy convenido de que un camino rural integrará a la gente con la civilización y de que una escuela cumple con el proceso de culturización para elevar la calidad y capa-cidad y conocimiento de los indígenas”. Así definió Luis H. Álvarez las líneas de su tra-bajo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a unos meses de haber tomado posesión del cargo. Consciente o inconscientemente, pero el responsable de la política indigenista del gobierno panista estaba afirmando que los indígenas son incivilizados y que la única cultura posible es la de la competencia, la del mercado. Como en las primeras décadas del siglo pasado.

Esa misma línea se planteó en el Plan Na-cional de Desarrollo, donde se planteó como objetivo de la política indigenista “incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad”. Para lograr tal propósito el gobierno federal mantuvo, aun-que con un perfil más bajo, la idea de políti-cas transversales, donde participaran la mayor parte de las instancias federales y las organiza-ciones indígenas, focalizando las acciones ahí donde mayor rezago social se advirtiera.

Dentro de las acciones a realizar se enun-ció “el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas para promover su desarrollo econó-mico”; y aunque esto si se hizo, no fue para beneficio de los pueblos indígenas sino de la industria turística en donde ellos no cuentan. Así, se han concesionado los sitios arqueoló-gicos y monumentos históricos, a los que se ha unido el turismo ecológico. En lo demás se mantuvieron las políticas anteriores, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura

básica en las regiones indígenas y la asistencia en albergues y rescate de prácticas culturales. Así, aunque el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas aumentó, el impacto real no mostró cambio alguno, porque el enfoque para su aplicación se cir-cunscribió a la máxima del indigenismo pa-nista, expresada por el responsable de ella, y a actividades administrativas eufemísticamente denominadas “promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas”.

Lo grave de esta política es que no respon-de al diagnóstico que el mismo gobierno tiene del problema a atender. En el Plan Nacional de Desarrollo ya reconocía que los pueblos y las comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano porque viven en altos niveles de pobreza; que en muchas de las regiones indígenas prevalece la escasez de empleos, los bajos salarios y las relaciones asi-métricas entre población indígena y no indí-gena, situación que afecta su desarrollo; mien-tras por otro lado la inversión de recursos en esas regiones sigue presentando notables reza-gos en comparación con la media nacional.

Aunado a esto, se afirmaba, el reconoci-miento constitucional a los pueblos y comuni-dades indígenas como sustento de una nación pluricultural todavía no se ha traducido en una acción pública con profundo sentido cultural.

Ése es el problema, porque si los derechos de los pueblos indígenas se fundan en la di-ferencia cultural y ésta no se ha traducido en políticas de desarrollo que se funden en la diversidad cultural, se está violentando un mandato constitucional, al tiempo que se incumple un compromiso de derecho inter-nacional contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresa que los pueblos indígenas deben decidir sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo y controlarlo. Y para que eso sea posible es necesario modificar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas y que éstos diseñen su programas de desarrollo propio.

INTEGRARLOS A LA “CIVILIZACIÓN”

POLÍTICA AGRARIA

PUEBLOS INDIOS

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EL CAMPO CON CALDERÓN

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8 de abril de 200814

Jesús Ramírez Cuevas

Y cuando despertamos, el dinosaurio ya era azul. El poder sólo cambió de ma-nos y, en esencia, sigue siendo el mis-

mo sistema político autoritario que sostuvo al PRI por más de 70 años. Hubo alternancia, pero no transición democrática.

El panismo en el poder adoptó el mismo proyecto económico y la misma corrupción (o peor) de los dinosaurios priístas. Y para perpetuarse en el gobierno utiliza los mismos métodos del pasado, incluyendo los fraudes electorales y la compra de votos. Así, en los ocho años recientes los panistas han usado los programas sociales y los recursos públicos para construir sus propias clientelas políticas.

Una de las paradojas del gobierno de la de-recha es que impone un modelo empresarial en el campo empeñado en destruir la econo-mía campesina y acabar con los campesinos y los pueblos indios, y al mismo tiempo desa-rrolla una política para capitalizar los apoyos del erario público a favor del PAN.

En las elecciones presidenciales de 2006 se denunció el uso de los programas socia-les para fortalecer la estructura electoral del PAN. En 18 meses de la administración calde-ronista, este modelo se ha puesto a prueba en las distintas elecciones estatales. El ejemplo más claro de la disputa política por el presu-puesto con fines electorales es la polémica sobre los delegados federales que manejan los

programas sociales en cada entidad y el cam-bio unilateral de la Secretaría de Agricultura en las reglas de operación para dificultar a las organizaciones campesinas obtener recursos.

Los panistas han fortalecido su capacidad de gestión en el campo para contrarrestar el traba-jo de las organizaciones independientes, o las que simpatizan con el PRI o el PRD.

Unimoss y Plantar. Desde mediados de 2004, Acción Nacional anunció la creación de la Unión Nacional Integradora de Organi-zaciones Solidarias y Economía Social (Uni-moss) y del Programa de Acción Rural (Plan-tar), para organizar “a los cientos de miles de campesinos y hombres del campo que son pa-nistas”. De esta manera se expandió el modelo inaugurado en 1998, cuando el entonces presi-dente del PAN, Felipe Calderón, fundó en Ira-puato, Guanajuato, la Liga de Acción Agraria, en presencia de 6 mil campesinos acarreados por el entonces gobernador Vicente Fox.

En el proceso electoral de 2006 se hizo público un manual del PAN para utilizar los programas federales para su beneficio políti-co y tener una mayor incidencia en el sector rural. En ese documento se explica cómo “generar a través de la gestión, estructuras so-ciales que el den fuerza a Acción Nacional en los próximos procesos electorales” y cómo “integrar a las población del campo mexicano a organizaciones civiles identificadas con el PAN”. Con las lecciones aprendidas, los dipu-tados y gobiernos panistas pudieron comprar

cientos de miles de votos en 2006 a través de los beneficiarios de programas sociales como el de adultos mayores, de trabajo temporal y Oportunidades.

Manipulación del recurso público. En las elecciones estatales de 2007 y 2008, la disputa por el voto verde entre las maquinarias cor-porativas tricolores y blanquiazules alcanzó niveles de alarido. Por eso los gobernadores priístas exigen al gobierno federal la prerro-gativa de nombrar a los delegados estatales que manejan el gasto social, no siempre con buenos resultados.

Un caso notable del corporativismo panis-ta, pero de escasa efectividad, lo brindó el ex gobernador del Yucatán, Patricio Patrón La-viada, quien copió el estilo del extinto caci-que priísta Víctor Cervera, aunque perdió la elección. Su intención era obtener 150 mil su-fragios rurales para su candidato Xavier Abreu y en sus giras llevaba a las comunidades ma-yas toda clase de artículos, como máquinas de coser, rollos de alambre de púas, bombas de riego, machetes, injertos de cítricos y tinacos de plástico. Los campesinos, malagradecidos, no votaron por el PAN.

El desastre de esta estrategia panista se eviden-ció recientemente también en las elecciones locales de Hidalgo, Oaxaca o Veracruz, donde el “voto verde” no favoreció a la derecha.

El uso de la gestión social de los programas federales para fortalecer el trabajo electoral del PAN ha permitido crear una estructura

partidaria paralela con base en organizacio-nes con personalidad jurídica propia (más de mil 500) que, de manera ilegal, tienen acce-so a los padrones de los programas de abasto social de leche, abasto rural, adultos mayores y Oportunidades. Un ejemplo de estas orga-nizaciones es el Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Acuícola Nacio-nal, AC (OPAGAN).

Líderes sin representados. Así, con el pre-texto de acabar con los líderes corruptos de las organizaciones campesinas tradicionales o de izquierda, el gobierno de la derecha promue-ve una nueva forma de corrupción, más cíni-ca, pues los nuevos “líderes” ya no están com-prometidos con los campesinos, sino con la gestión de un gobierno que ha convertido los programas sociales en una forma descarada de comprar apoyo político electoral para el PAN. Así actúan los panistas, quienes algún día se preciaban de ser demócratas y declaraban que acabarían con el corporativismo priísta.

El clientelismo panista es más práctico, es simple compra de votos y es controlado desde el centro por medio de organismos fantasmas. Ese nuevo corporativismo panista, que se pa-rece al sindicalismo blanco o empresarial, es la nueva base para afianzar el desmantela-miento del campo y el debilitamiento de las organizaciones campesinas e indígenas.

Aunque el balance de esta estrategia no es del todo halagüeño, sí es una tragedia para el campo, pues como nunca los recursos del gobierno para programas sociales se utilizan para asegurar el control político de los ciu-dadanos, quienes se convierten en “clientes” engañados por un gobierno empresarial que sólo beneficia a los grandes capitales y a sus socios en el poder.

ACCIÓN NACIONAL, UNA MALA COPIA DEL PRICompra de votos con Oportunidades y programas de abasto•

En plena desolación montañera, los tejedores de pal-ma, los tlacololeros y pastores de cabras –que nos rememoran a la Montaña descrita por Maurilio

Muñoz de la década de los 60– hoy viven asediados por los hummers del Ejército que se estacionan en los lechos de los ríos para imponer la ley marcial.

Con el desmantelamiento de la economía comunitaria agudizado por la infertilidad de las tierras del tlacolol, que contrasta con los altos índices de nacimientos, ha emergido la generación de los transterrados, de los que cargan con el estigma del montañero en los campos agrícolas de Sinaloa y los que, en la Gran Manzana de Nueva York, luchan por reconstruir su comunidad perdida.

El policultivo mesoamericano devino en narcocultivo.Los instrumentos de labranza esperan dentro de las trojes de-rruidas, el retorno de los migrantes. En la nueva técnica del rayado, los cúter y las agujas forman parte de la narcotecno-logía a la que acceden los niños y las niñas en los filos de los cerros y se la apropian, sin necesidad de ir a las escuelas.

Mientras la Montaña agoniza por el saqueo de la madera, los camiones de los talamontes engruesan el cortejo fúnebre que cargan con la poca reserva boscosa y son los responsables de cavar la tumba de los tlacololeros. Con la tierra deforesta-da, los depredadores con licencia abren el camino a los nue-vos “extensionistas” de la economía criminal que se encargan

de introducir el maíz bola que florece con la hierba de la violencia fratricida. En medio de esta cosecha sanguinaria, el Estado afina su estrategia militarista para poner en la mirilla al movimiento de resistencia de los pueblos indígenas.

La cosecha del hambre, que llega a 400 kilos de maíz por hectárea en la temporada de lluvias, es el saldo de la violencia del Estado que se expresa en el alto índice de mortalidad infantil, en el analfabetismo que se eleva a 70 por ciento en Metlátonoc y Cochoapa el Grande, en los niños desnutridos que se enrolan desde los seis años como peones acasillados, en las esterilizaciones forzadas y en el consumo desmedido de los refrescos de cola, el aguardien-te de pastilla y las cervezas.

El modelo de desarrollo capitalista en enclaves depau-perados le ha hecho el milagro económico a la casta de empresarios y caciques, que gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han logrado hundir hasta el hartazgo a los pueblos de la Montaña, mi-litarizando sus territorios y permitiendo la proliferación de la siembra de enervantes en sus tlacololes.

En las cimas de los cerros dedicados a San Marcos, los sabios siguen entregando sus ofrendas a Tláloc, a pesar de que el maíz les llega de Estados Unidos. La entrada ende-moniada del mayantli (el hambre), desde el domingo de carnaval hasta el día de san Miguel (el santo de la justicia y la fertilidad) obliga a las familias a echar mano del tra-bajo infantil, a vender a las pequeñas hijas y a sembrar en las barrancas el maíz bola. Ahora la miseria cabalga en la Montaña con sus cuernos de chivo.

Cuando el hambre con los deseos de justicia se juntan, no hay pueblo que se resigne a vivir de rodillas. Los Na savi y Me´phaa de la Montaña y Costa Chica, se han levantado del fango del oprobio para alzar su voz y blandir su acero en aras de la creación de un sistema de justicia y seguridad comunitarias.

El descrédito de las corporaciones policíacas y de los órga-nos investigadores del Estado ha robustecido su proyecto que nace de las asambleas comunitarias, donde el pueblo designa a sus mejores hijos para que se desempeñen como policías comunitarios. No basta conocer las leyes ni los tratados inter-nacionales de los derechos de los pueblos; para los montañe-ros es imprescindible transitar al mundo de las armas a través de la licencia colectiva autorizada por la Secretaria de la De-fensa Nacional (Sedena), para demostrar que son capaces de restablecer el orden sin causar daños a la sociedad.

Más de 600 policías comunitarios han logrado combatir al crimen organizado y han limpiado sus territorios de la siem-bra de enervantes, sin que el Estado haya aportado un peso del fondo de seguridad pública. En contrapartida, el Ejército Mexicano ha contado con todo el respaldo de la Presidencia de la República, para enfrentar con sus mejores armas a los cárteles de la droga y abatir la siembra de enervantes. Lo con-trastante es que en los territorios ocupados por el Ejército sigue existiendo alta incidencia en el cultivo de enervantes, mientras que en los territorios resguardados por la Policía Comunitaria se ha logrado extirpar el cáncer de la delincuencia organizada.

En la Montaña, donde los patrullajes del Ejército son constantes, cohabitan impunemente el maíz bola, la ex-trema pobreza y los cuernos de chivo. En este desfiladero, la ley del Ak-47 retumba en los tlacololes queriendo matar la esperanza de los hijos e hijas de la lluvia y del fuego, que con el acero de su dignidad han repelido la violencia provocada por la militarización.cdhm@tlachinollan.org

GOBERNABILIDAD RURALEL CAMPO CON CALDERÓN

EXTREMA POBREZA y “CUERNOS DE CHIVO”Narcos• , militares y talamontes en la Montaña de Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tachinollan

8 de abril de 200815

Lorena Paz Paredes

La democracia en las organizaciones campesinas tiene co-lor local y, si además son indígenas, entran en juego los usos y costumbres. En la remontada serranía del norte

de Puebla, los 5 mil 800 cooperativistas nahuas y totonacas de la Tosepan –cooperativa fundada hace 30 años–, eligen a sus directivos en un largo proceso que empieza en asambleas comu-

nitarias y termina meses después en una plenaria regional de dele-gados, de donde sale el consejo di-rectivo que llevará las riendas de la organización durante cinco años.

Aquí no se usan planillas como en los partidos políticos, no exis-te la competencia a muerte entre candidatos y, naturalmente, no se hacen trampas. “Porque eso divide –dice un joven aspiran-te–, nos pone unos contra otros. En cambio aquí nos hacen valer parejo, nos enseñan que todos podemos ser directivos si hay fide-lidad y entrega, aparte de buena preparación.”

Este año la Tosepan lanzó una convocatoria a las cooperativas locales de sus 60 comunidades in-

dígenas asociadas, para nombrar can-didatos al consejo directivo 2007-2012. Entre otros requisitos, exige al aspirante “ser socio activo con una antigüedad igual o mayor a cinco años, dominar el nahuat y/o el totonaco, además del español; haber desempeñado adecuadamente algún cargo de responsabilidad en la comunidad o en su cooperativa local; estudios mínimos de secundaria”.

Preparación profunda. Enseguida se eligieron candidatos en asambleas comunitarias, donde votaron los socios de co-

mités de café y pimienta, de cooperativas locales de ahorro y préstamo de la Tosepantomi o “Dinero de todos”, y mujeres organizadas. En total se escogieron 36 personas, las cuales para la elección final se prepararon trabajando durante una semana en el Centro de Capacitación de la Cooperativa: el Kaltaix-petaniloyan o “La casa donde se abre el espíritu”; repasando la historia de la región, la trayectoria de la Tosepan, los prin-cipios del cooperativismo…, pero también interiorizándose, con ayuda de los directivos salientes y asesores, en las tareas y responsabilidades que esperan a los finalmente elegidos.

“Nunca habían participado tantos –afirma uno de los diri-gentes–. Y eso es bueno, ¿no?, porque quiere decir que cada vez son más los que se sienten capaces”. Y no es que ocupar el cargo esté muy peleado; al contrario: “No venimos por un puesto –dice un candidato– ¿A quién le beneficia el cargo? Ve-nimos porque nos nombraron y tenemos que cumplir. Y cum-plir es servir bien y llevar a la Tosepan un paso más adelante”.

El proceso de renovación de dirigencia no termina con la elección, pues una vez nombrados los nuevos, por un tiempo los acompaña y encamina la directiva saliente.

La Tosepan es en los hechos una sofisticada empresa coope-rativa. Dice uno de los asesores que en la elección se siguen bási-camente los usos y costumbres que garantizan legitimidad, pero también métodos empresariales de selección de personal con base en capacidades. Y es que se trata de que las directivas conoz-can y manejen la complejidad de la organización, en vez de que firmen a ciegas los documentos que les pasan los técnicos, que así se transforman silenciosamente en los verdaderos dirigentes.

Los seleccionados son indígenas nahuas y totonacas que además de socios activos, han sido promotores y directivos de sus comités y cooperativas locales. Algunas como Aurelia Cuamait, presidenta de la Regional de Mujeres de la Tosepan, tiene casi 15 años participando; o Irene, que bordea el medio siglo y lleva 18 de cooperativista; o Maria Libia, también en la medianía de la edad y originaria de Atalpa, que no se queda atrás en sus años de promotora de café orgánico y responsable de la Tosepantomi local; Leobardo, de 42 años con 12 en la cooperativa; o José Francisco, de 46 años y que empezó hace 30 como acopiador del beneficio húmedo de la Tosepan.

También participan los jóvenes. Diez son candidatas, y eso es mucho decir porque se trata de mujeres indígenas que se han ganado a pulso su nombramiento: “A mí me eligieron –cuenta Irene– por la confianza que me tienen–. Y ahora voy a cumplirles”. La mayoría anda por los cuarenta años. Pero hay jóvenes muy jóvenes como Domingo de 20 años, inspector interno del programa orgánico de café, o Minerva de 26, los dos con preparatoria terminada.

En realidad son varios los que tienen bastantes estudios, y hasta una licenciada en educación indígena es candidata. Pero las comunidades también votaron por campesinos diga-mos que rústicos, como don Juan Martín Teresa, con quien se hizo la excepción porque no acabó la primaria, pero creció con la Tosepan, es un experto productor de café y pimienta, y un cooperativista ejemplar.

“No es fácil llevar la batuta de una organización tan gran-de –dice un candidato– donde hay de todo: acopio, benefi-cio y venta de café, ahorro y préstamo en más de 110 comu-nidades, viveros, programas de mujeres, turismo alternativo y el Kalta. Pero no tenemos miedo de defraudar, porque estamos preparados.”

Tosepan Titataniske:

LAS OTRAS ELECCIONES¿Puede haber comicios sin “cochinero”?• El cargo como servicio, como compromiso•

Alejandro Calvillo

Después de tres años de lu-cha, un grupo de jorna-leros agrícolas migrantes

–la mayoría de origen mexicano, sin papeles y que cosechan tomate en el sur de Florida– sentaron a la mesa a Taco Bell y lograron que les pagara un centavo más por libra de tomate cosechado. Así pudieron au-mentar hasta en 80 por ciento sus salarios, que se habían mantenido igual durante 25 años.

Al acuerdo se sumaron posterior-mente, y tras fuertes campañas pú-blicas, las cadenas de comida rápida de Yum Brands, como Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. En abril del 2007 McDonald´s también ce-dió a las protestas y acordó el pago del centavo de dólar más por libra de tomate cosechado.

La lucha de los jornaleros migrantes inició en 2002 y en cinco años habían logrado mejorar sus condiciones des-pués de ser considerados uno de los sectores más explo-tados en Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre de 2007 no llegó más el centavo de dólar por libra de tomate cosechado.

Burger King se había negado a firmar el acuerdo con los trabajadores agrícolas e inició una campaña de relaciones públicas difundiendo la idea de que estos jornaleros esta-

ban bien pagados; luego promovió que la asociación de propietarios de la tierra estableciera una multa de 100 mil dólares a aquellos de sus miembros que permitieran que sus trabajadores estuvieran beneficia-dos bajo estos acuerdos. Ninguno de los propietarios quiso enfrentar a la poderosa asociación. Por lo an-terior se ha dicho que Burger King mostró su verdadera cara de “Ex-plotation King”.

Este mes la Coalición de Tra-bajadores Agrícolas de Immolakee presentará cientos de miles de fir-mas en las oficinas de Burger King en Miami. Podemos apoyarlos con nuestra firma:

Entre usted a www.elpoderdel-consumidor.org, baje el power point que explica esta situación,

distribúyalo entre sus conocidos y amigos y firme desde esta página una carta que manifiesta el compromiso de no entrar a los establecimientos de Burger King.

La carta es enviada simultáneamente a los directivos de Burger King Mexicana, a la Coalición de Trabajadores de Immolakee y, ahora, estamos incluyendo la dirección del Corporativo Grupo Energético del Sureste de la familia Mouriño, que tiene la franquicia de nueve restaurantes de esta cadena en el sureste del país.El Poder del Consumidor, AC

jornaleros de Immolakee vs “explotation king”

UNA DE CAL

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8 de abril de 200816

Víctor M. Toledo

Mesoamérica: laborato-rio contemporáneo. De la más de centenar

de lenguas habladas en Mesoamé-rica con una población estimada en 30 millones al momento de la conquista, hoy, 500 años después, persisten más de 60 complejos linguísticos, que sumados a los dialectos alcanzan cerca de 300 variantes, con una población es-timada entre 10 y 12 millones de hablantes. Esta población, con-siderada la heredera de las anti-guas culturas mesoamericanas, puede alcanzar los 20 millones si además o en vez de la lengua se toman en cuenta otros rasgos como la cosmovisión, los hábitos y las costumbres, la vestimenta o las formas de subsistencia, pobla-ción que en conjunto constituye lo que Guillermo Bonfil denomi-nó el “México profundo”.

La población mesoamericana de hoy, pariente de los habitan-tes autóctonos, se distribuye por 26 regiones indígenas y cubre los principales hábitat del terri-torio mexicano: desde selvas y pantanos tropicales hasta regio-nes lacustres, zonas de montaña con boques templados, costas, altiplanos, desiertos y semide-sieartos. Esta amplia distribución eco-geográfica permite reconocer situaciones donde los pobladores locales mantienen sistemas, es-trategias y formas de aprovecha-miento de los recursos naturales que son antiguos y vigentes, de tal forma que estamos ante la ex-traordinaria oportunidad de iden-tificar modos de uso que resultan de una interacción de miles de años entre esas culturas y su en-torno. Hoy existen evidencias que certifican la presencia maya en la Península de Yucatán desde hace 3 mil 500 años, y fechas similares se ofrecen para el caso de los pur-hépecha de la cuenca del Lago de Pátzcuaro en Michoacán y para los tenék (huastecos) de las selvas de San Luis Potosí.

Los actuales pobladores de México que descienden de las antiguas poblaciones nativas de-tentan en conjunto una super-ficie estimada en 24 millones de hectáreas. Aunque la superficie no resulta demasiado grande, su valor radica en que dentro de ese territorio se encuentra buena parte de las áreas biológicamente más ricas del país, las porciones de selvas y bosques mejor con-servados, casi todas las regiones productoras de agua (cuencas altas), la mayor parte de los sis-temas de agricultura tradicional y, en consecuencia, el grueso de la variedad genética de la nación. En otras palabras, los territorios

indígenas contienen hoy en día los principales yacimientos hi-dráulicos, genéticos, biológicos y de vegetación del país.

Tan importante como lo an-terior es que en estas zonas es donde siguen existiendo, después

de miles de años, los laboratorios donde se sigue probando, explo-rando experimentando e inno-vando; donde la biodiversidad se pone a prueba cotidianamente para corroborar su utilidad real o potencial, su resistencia y hasta su agresividad. La investigación etno-biológica y etno-ecológica certifica, mediante la descripción y análisis de decenas de ejemplos, casos inimaginables y modali-dades que parecen sacadas de la ciencia ficción.

Los maíces creados para hacer posible la agricultura en las tie-rras altas de Michoacán, Chiapas o Nayarit, las tórridas planicies pedregosas sin agua de la plata-forma yucateca o las regiones se-midesérticas de Oaxaca y Puebla siguen existiendo. Y el observador se queda estupefacto cuando se descubren maíces en condiciones que ningún agrónomo moder-no reconocería como adecuado para realizar agricultura. En los humedales de Tabasco los chon-tales realizan una agricultura de pantano en tres meses, y los hua-ves de Oaxaca levantan cosechas maiceras y de otros cultivares so-bre las dunas costeras.

La agricultura mesoamericana alcanza su cenit en las chinam-pas del Valle de México, sistema agro-hidráulico que se autorregu-la y que fue el granero de la anti-gua capital: Tenochtitlan.

Los sistemas agro-forestales también permanecen, enriqueci-dos por la llegada de las especies traídas de lugares remotos por los europeos. Los huertos familiares mayas combinan decenas de es-pecies autóctonas e introducidas de árboles útiles y simulan una

selva útil, y de manera similar hacen los purhé de Michoacán en sus Ekuaros. Otras culturas manipulan las masas forestales y engañan al ojo haciendo aparecer como selvas lo que en realidad son “jardines productivos”, como

los huastecos con el Té lom, los Chatinos de Oaxaca, o los nahuas de la Sierra Norte de Puebla con el Kuojtakiloyan. En este último en una sola hectárea se manejan hasta 130 especies útiles para la alimentación, la salud, el forra-je, la vivienda, la producción de café, pimienta y canela, y la ex-perimentación de flores y frutos tropicales.

La lista sigue: producción de miel por abejas nativas y sin agui-jón, extracción de chicle, palmas, fibras y otros productos no ma-derables de las selvas tropicales, manejo del agua de lluvia y de escorrentías en los desiertos de Tehuacán mediante un profun-do conocimiento etno-geológico, creación de terrazas y bancales para la agricultura en laderas, pes-ca en lagos y lagunas y, especial-mente, riquísimas farmacopeas en número de medicamentos y especies utilizadas y en la varie-dad y tipificación de enfermeda-des. En los Altos de Chiapas, los estudios de B. Berlin y E. Berlin revelaron el manejo de mil 650

especies de plantas que las comu-nidades tzeltales y tzotziles utili-zan como remedio para 150 tipos de enfermedades; en tanto que en una sola comunidad huichol en Jalisco (San Andrés Cohamiata), A. Casillas-Romo encontró una centena de plantas para curar 60 diferentes enfermedades.

Cornucopia amenazada. Sie-te mil años después de iniciado el proceso civilizatorio que per-mitió la variedad de productos y que logró evadir o remontar crisis sucesivas, como los colapsos de-mográficos hasta ahora todavía inexplicables del periodo clásico o el impacto de la conquista es-pañola que redujo la población autóctona en 90 por ciento, hoy las culturas creadoras de esta ri-queza inigualable se enfrentan a un nuevo desafío que es de una magnitud diferente.

Colocadas por las circuns-tancias al borde del colapso, las culturas autóctonas lograron re-montar el severo impacto que hace cinco siglos les produjo la conquista mediante toda una va-riedad de mecanismos. Entre la resistencia total y la absorción ab-soluta a la cultura dominante, los siglos de la época colonial fueron testigos de un complejo proceso de mestizaje (racial, ideológico, cultural y material) que, para sorpresa de muchos, terminaron enriqueciendo, no transforman-do ni aniquilando, buena parte de los sistemas de apropiación mesoamericanos.

Se puede decir que más que oponerse, los pueblos autóctonos aceptaron y terminaron adaptando o apropiándose las nuevas especies, técnicas, instrumentos y sistemas de producción (de origen asiático, africano y europeo) traídos por los conquistadores españoles. La lista es larga y todavía incompleta. El arribo del ganado, mayor y menor, de equinos, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, indujo una re-funcionalización de la milpa me-diante la complementariedad del maíz y otras especies vegetales con los nuevos animales.

En las regiones tropicales inno-vaciones externas como la caña de azúcar se integraron al sistema autóctono de manejo múltiple, y numerosas especies de árboles fru-tales y otras especies útiles traídas

de fuera (cítricos, plátanos, café, etcétera) se insertaron a los siste-mas agro-forestales nativos. Algo similar ocurrió con las hortalizas y es muy probable que el cerdo, la gallina y los patos suplantaran como recurso de proteína animal a las presas de caza (venados, roedores y aves silvestres). De he-cho, el alud de especies animales domesticadas introducidas desde el siglo XVI vinieron a llenar el vacío que existía y enriquecieron y complementaron muchos siste-ma indígenas de producción.

En este primer encuentro con lo “externo”, las culturas meso-americanas lograron sobrevivir y aun remontar y crecer, al con-vertir el mestizaje cognitivo, pro-ductivo y tecnológico en un fenó-meno a su favor. De las mezclas y sincretismos materiales, surgieron innovaciones que apuntalaron las antiguas formas de apropiación de la naturaleza. Muchas otras por su-puesto se perdieron, pero tras cin-co siglos la población indígena de México alcanzó niveles que certi-fican una capacidad de apropia-ción, es decir de resistencia autóc-tona, que no deja de sorprender. Esto, más otros muchos factores, explican la permanencia de la cor-nucopia de productos, muchos de ellos recreados en nuevas fórmulas y combinaciones culinarias, de sa-lud, artesanales, manufactureras e incluso industriales.

Hoy la amenaza es diferen-te. Esta vez son los mecanismos depredadores de la civilización industrial los que podrían borrar de la faz del planeta estas culturas que, aun subyugadas, marginadas o desdeñadas, continúan existien-do bajo una situación de perma-nente resistencia. Las estadísticas y cifras caen contundentes y frías: los creadores de la cornucopia conforman la mayor parte de la población rural que sufre altos niveles de marginación social, explotación económica, ausen-cia de apoyos, aislamiento y dis-criminación. Los indígenas, sus comunidades y sus ricos recursos, no entran en los esquemas de un proceso de modernización cuyos principales paradigmas siguen siendo la eficiencia tecno-produc-tiva dirigida a alimentar los mer-cados (en todas sus dimensiones y escalas) cada vez más mono-pólicos, el mantenimiento de la sociedad de clases y la exclusión de los beneficios del desarrollo de amplios sectores de la población.

En relación a los bienes y pro-ductos provenientes del mundo natural, la expansión de la civi-lización industrial impone una manera de apropiarse la natura-leza que, en contracorriente con la tradición mesoamericana, se funda en la implantación de

CREACIÓNBIOCULTURAL EN LA ENCRUCIJADA

“Colocadas al borde del colapso, las culturas

autóctonas remontaron el impacto que hace

cinco siglos les produjo la conquista. En este

primer encuentro con lo “externo”, lograron

sobrevivir y aun remontar y crecer, al convertir

el mestizaje en un fenómeno a su favor”

“El alud de bienes que

México ha ofrecido

al mundo puede y debe

ser eje fundamental en

la construcción de un

modelo organizativo

que logre articular

lo local con lo

global, lo rural con

lo urbano-industrial

y lo tradicional

con lo moderno”

ILUMINACIONESMIRADAS AL FUTURO DEL CAMPO

ledo

mérica: laborato-contemporáneo

de fuera (cíetcétera) se mas agro-fosimilar ocur

ILUMINACIONES Iniciamos esta nueva sección dedicada

a las prospecciones rurales, con

un luminoso ensayo de Víctor

Toledo sobre el futuro de las

creativas comunidades agrarias

8 de abril de 200817

sistemas y estrategias de pro-ducción cuya eficiencia se basa, a su vez, en la simplificación de los paisajes, la variedad de la vida, las actividades humanas y la versatili-dad del tiempo. En efecto, bajo la racionalidad agro-industrial domi-nada por el capital que conlleva la modernización del mundo con-temporáneo, todas las maneras tradicionales basadas en el aprove-chamiento y manejo de la diversi-dad genética, biológica, ecológica y paisajística constituyen obstácu-los que hay que remontar. Ello es así porque, ante un mercado dominado por el capital, las tec-nologías que incrementan la efi-ciencia y por ende las ganancias son aquellas que especializan no las que diversifican.

La modernización de los espa-cios rurales es entonces un pro-ceso de suplantación, transforma-ción o supresión de los sistemas tradicionales por formas especia-lizadas de apropiación: monocul-tivos agrícolas, forestales o para uso pecuario (pastizales), pesca de una o unas cuantas especies, y extracción masiva de un solo pro-ducto. El suelo, el agua, el clima y los organismos vivos, así como

los procesos ecológicos que los ensamblan, tienden entonces a volverse “pisos de fábrica” para la producción especializada.

A la agro-industrialización del campo acude la ciencia: varie-dades genéticamente mejoradas, agroquímicos, pesticidas, má-quinas de todo tipo movidas por petróleo y, más recientemente biotecnología (organismos trans-génicos). Por todo lo anterior, los pueblos mesoamericanos del pre-sente son calificados de atrasados, ineficientes, tradicionales y arcai-cos, porque por esencia se resisten, a veces con éxito a veces sin´él, a adoptar los nuevos modelos.

Dilema actual: repensar la cornucopia. La confrontación descrita en la sección anterior es, en última instancia, un verdadero “choque de civilizaciones”, una colisión entre la “tradición”, con-cebida no como una dimensión estática y arcaica sino como la vi-gencia de fórmulas muy antiguas permanentemente mejoradas y perfeccionadas, y la “moderni-dad”. Entre dos maneras radical-mente opuestas de concebir, co-nocer, percibir, actuar y soñar el mundo. ¿Es que estamos frente a

una contradicción irresoluble?Como ha sido señalado ya por

varios pensadores, el dilema de México es seguir ciega e irres-ponsablemente los modelos de modernidad que impone un pro-ceso de globalización dominado por el capital o construir una modernidad alternativa, donde se resuelvan conflictos fundamen-tales como el que se da entre lo tradicional y lo moderno.

“Es de vital importancia –afir-ma el antropólogo Hanns Albert Steger–, de prioridad absoluta en el México de hoy, trabajar para fundamentar las bases concep-tuales, epistemológicas, de una industrialización alternativa y de estilo mexicano, dentro del con-texto industrial global. Hay que reemplazar lo más rápidamente posible los conceptos de tiempo, espacio, naturaleza, trabajo, reali-dad, legitimidad, originales en so-ciedades no mexicanas, por con-ceptos arraigados firmemente en la historia invisible de México”.

El alud de bienes que México ha ofrecido al mundo puede y debe ser eje fundamental en la cons-trucción de un modelo organizati-vo que logre articular lo local con

lo global, lo rural con lo urbano-industrial y, en fin, lo tradicional con lo moderno, en nuevas fórmu-las sociales, productivas, comercia-les y de consumo. Esta propuesta que parece irrealizable e incluso descabellada, comienza por fortu-na a tomar cuerpo en numerosos proyectos de agricultura orgánica o ecológica, redes nuevas de comer-cio verde y justo y en el cambio de actitud y mentalidad en grupos cada vez más amplios de consumi-dores urbanos e industriales.

La proliferación y rápida ex-pansión en las últimas dos déca-das de cooperativas, comunida-des y ejidos integrados a nuevos proyectos productivos en torno al café y otros productos orgánicos, el manejo sustentable de bosques y selvas, la generación de pro-ductos no maderables, el turismo eco-comunitario, el cuidado del agua y la conservación de la bio-diversidad a escala local, marcan sin duda el camino a seguir. En estos casos, la tradición mesoame-ricana logra una articulación ven-tajosa al mundo moderno, vía los productos y servicios que sitúa en mercados alternativos.

Ello ha generado como con-traparte, la creación de redes de mercados orgánicos o ecológicos, nuevas ofertas de comercializa-ción e incluso nuevas cadenas de productores, comercializadores y consumidores. Ello involucra suprimir toda acción depreda-

dora de la naturaleza, de la que no logra escapar la propuesta agro-industrial, pero también eli-minar toda forma de explotación económica, como la que actual-mente tiene lugar en la que los bajísimos precios de las materias primas continúan sumiendo en la pobreza y la marginación a buena parte de los productores rurales.

Se trata de construir una nueva cultura societaria, nuevas formas de articulación social y produc-tiva y nuevos modos de relación con la naturaleza. Esta propuesta alternativa, que cabe dentro del nuevo paradigma de la sociedad sustentable, requiere una concien-cia social y ecológica a toda prue-ba. Sólo así este genuino legado cultural e histórico seguirá vigen-te. La cornucopia, que es de pro-ductos porque es de creaciones y de conocimientos, será ecológica, orgánica, socialmente equitativa y, en fin, sustentable, o no será. O lo que es peor, terminará por conver-tirse solamente en un frío meca-nismo de intercambio económico, reduciendo o haciendo desapare-cer las connotaciones históricas, sociales, ecológicas y culturales de un fenómeno que, comprendido cabalmente, a todos deslumbra. El pensamiento crítico y la me-moria histórica siguen siendo los baluartes supremos de una visión humanista del mundo.Investigador del Instituto de Ecologíavtoledo@ate.oikos.unam.mx

“Hoy la amenaza es diferente. Esta vez son los mecanismos depredadores de la

civilización industrial los que podrían borrar de la faz del planeta estas culturas,

pues la modernización es un proceso de suplantación, transformación o supresión

de los sistemas tradicionales por formas especializadas de apropiación”

Una vez más los más pobres sufren la represión y el autoritarismo del Gobierno Panista, que se ensaña con los más desprotegidos; es el caso de un grupo de campesinos y jornaleros de la Comunidad de Cónca, Arroyo Seco, Qro, que tra-bajaban el predio Huerta los Limones., que después de más de 10 años de venirlo trabajando y equipando el terreno del la que se asume como dueño el Gobierno del Estado de Querétaro, el día 16 de marzo del presente año, fueron saqueadas las bodegas de fertilizantes, destruidos con maquinaria pesada sus herramientas de trabajo, sus bombas de agua, el sistema de riego es arrancado, sin importarles los grandes sacrifi cios que han tenido, que hacer los posesionarios de las tierras y sus familias para adquirir dichas herramientas, esta destrucción y saqueo se realizo con el resguardo de la policía.Además de ser su única fuente de ingresos, cosa que no le importa al gobierno represivo y autoritario panista, que en lugar de crear opciones de empleo destruye los esfuerzos de los campesinos por darse una forma honesta de vivir, sobre todo que han hecho producir tierras que durante décadas estaban en el abandono y el descuido total y que hoy que se encuentran limpias y produciendo han despertado la envidia de los caciques del municipio que asumiéndose como panistas se quieren apropiar de dichas tierras.Por lo que exigimos que se respete el estado de derecho con sagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que se garantice el pago del las instalaciones y de la siembra a los posesionarios, y que se les permita seguir trabajando las tierras, ya que hasta el momento han demostrado que están debida-mente aprovechadas.

ATENTAMENTE,

CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (CONOC), MOVIMIENTO AGRARIO INDIGENA ZAPATISTA (MAIZ), ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO (ANEC), RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS FORESTALES, (RED MOCAF), ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL (AMUCSS), COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAFETALERAS (CNOC), FRENTE DEMOCRÁTICO CAMPESINO DE CHIHUAHUA (FDCCH), UNIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE FORESTARÍA COMUNAL (UNOFOC).

AL PUEBLO DE MEXICOAL PUEBLO DE QUERETARO

8 de abril de 200818

Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata son las ovejas negras de la Re-

volución de 1910, y por eso sus movimientos confluyen. Que en los primeros años del siglo pa-sado los animadores del Partido Liberal Mexicano (PLM) redac-tores del periódico Regeneración y los hombres de Anenecuilco, con Emiliano Zapata a la ca-beza, hayan puesto sus asuntos en manos del mismo abogado, Pancho Serralde, testimonia la convergencia tendencial de sus trayectorias políticas, pues unos y otros recorrieron, a su manera, el camino que va del agotamien-to de las vías legales a la “acción directa”.

El segundo momento en que se cruzan los caminos de mago-nistas y zapatistas (como termi-narían por ser reconocidos) fue a principios de 1906, cuando Regeneración denuncia la des-aparición y asesinato de Jovito Serrano por órdenes de las auto-ridades porfirianas y dueños de la hacienda de Atlihuayán, mis-ma que por entonces avanzaba sus cercas devorando los terre-nos y el ganado de Yautepec. Y es que el tal Jovito, aunque los Flores Magón no lo supieran, era quien había iniciado al joven Emiliano en los vericuetos de la gestión legal de las reivindicacio-nes de los pueblos.

En septiembre de 1910 los de Anenecuilco fueron impedidos de sembrar por la Hacienda del Hospital, que además rechazó cualquier arreglo negociado, y fue entonces cuando Zapata dio un paso sin retorno: repartió las tierras entre su gente y la organi-zó para defender los sembradíos. Por esos mismos días, a miles de kilómetros, exiliado en Los Án-geles, California, Ricardo Flores Magón escribía: “Esclavos, em-puñad el Winchester. Trabajad la tierra cuando hayáis tomado posesión de ella. Sed fuertes to-dos y ricos haciéndoos dueños de la tierra; pero para eso nece-sitáis el fusil: compradlo, pedi-dlo prestado en último caso, y lanzaos a la lucha gritando con todas vuestras fuerzas: ¡Tierra y Libertad!”

Así, no resulta extraño que en el verano de 1911, habiendo probado el zapatismo la hiel de la traición maderista, el PLM buscara con-tactos con el ya para entonces de-fenestrado “Atila del Sur”. Inten-tos que hicieron fracasar traidores como Carlos Steinmam, quien entregó en la estación de Bue-navista de la capital a Enrique Novoa con todo y documentos dirigidos por los liberales a don Emiliano; o como aquel otro es-pía, que puso en la mira policíaca al agente especial de Zapata en la capital, Emilio Filisola, quien ya mantenía correspondencia con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, en el exilio de Los Ángeles.

Hay que reconocerles a los miembros de la Junta el mé-rito de haber hecho públicas sus simpatías por el zapatis-mo desde el comienzo mismo de ese movimiento, incluso en el periodo en que los rebeldes del sur se mantenían fieles a Madero. Respaldo que tuvo alto costo para el PLM. Dentro del movimiento anarquista inter-nacional, quienes –por razones que no vienen a cuento– tenían cuentas que saldar con los lla-mados magonistas, quisieron cobrárselas usando en su contra las heterodoxas expresiones de reconocimiento revolucionario a unos campesinos sureños que ciertamente no eran anarcos. Ricardo Flores Magón se defen-dió: “No recordamos que alguno de nosotros haya escrito sobre Zapata como si fuera “camara-da”, pero si lo hemos dicho no nos avergonzamos de ello, pues cuando Zapata invita al cam-pesino a arrebatar la tierra de manos de los monopolizadores de ella, y es lo que actualmen-te ayuda a hacer, sentimos para él un compañerismo más sólido que el que nos inspiran los par-lanchines revolucionarios de salón (...)” Y a respaldarlo salie-ron, también, los ácratas menos dogmáticos, como Pedro Kropo-tkin, e, indirectamente, Enrique Malatesta.

No sabemos en qué medida José Guerra, enviado a More-los por la Junta revolucionaria en los primeros días de marzo de 1913, influyó en la definición del zapatismo ante el gobierno golpista de Victoriano Huerta, que en su antimaderismo de derecha aparecía como el “ene-migo de su enemigo”. El hecho es que la entrevista de Guerra con el caudillo del sur versó so-bre estos temas y tuvo lugar un par de días antes de que Zapa-ta hiciera pública su posición al respecto: rechazar al nuevo gobierno y romper con sus ante-riores aliados, una postura muy cercana a la que podía leerse en Regeneración.

También ignoramos el efecto que tuvo en Zapata el manifies-to anarquista del PLM del 23 de septiembre de 1911, pero el he-cho es que tiempo después de esta radical definición ideológi-ca surgió la invitación a publicar en tierras zapatistas y con papel de la entonces expropiada fábri-ca de San Rafael, el semanario Regeneración, que durante la mayor parte de su larga vida se imprimió en el exilio. “Emiliano Zapata –escribe Ricardo Flores Magón en octubre de 1915– ofre-ció a Antonio de P. Araujo poner a disposición de Regeneracióntodo el papel que necesitara, en caso de que el periódico se publi-cara en territorio controlado por las fuerzas surianas”. Los redac-tores, a la sazón en la cárcel, no aceptaron el ofrecimiento.

¡TIERRA Y LIBERTAD!, ¿LEMA ZAPATISTA?

Avatares de una consigna legendaria• Fructífero diálogo entre magonistas y zapatistas•

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Bandera con el lema magonista Tierra y Libertad, Tijuana en 1911.

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En nuestro imaginario colectivo, “¡Tierra y Libertad!” es el vínculo entre Flores Magón y Zapata. Nexo de orden mítico: no sólo porque el énfasis de los tér-minos es distinto en cada uno de los per-sonajes: Zapata, el campesino, es por sobre todo “la tierra” y Magón, el intelectual re-volucionario, “la libertad”; sino también porque al conectar la célebre fórmula po-lítica con el caudillo del sur se reivindica la condición autóctona e identitaria de la con-signa, mientras que al asociarla con el revo-lucionario ácrata se resalta su internaciona-lismo, su carácter de principio universal.

Pero la condición legendaria de este lema compartido estriba, sobre todo, en

que se sustenta en una invención histó-riográfica: hasta hoy no se ha encontrado escrito alguno del Ejército Libertador del Sur, ni del caudillo suriano, suscrito con dicha leyenda. El zapatismo siempre ru-bricó sus programas, manifiestos, comuni-cados y cartas con la fórmula: “Reforma, Libertad, Justicia y Ley”, probablemente inspirada en el lema “Libertad, Justicia y Ley”, con que el PLM firmó el programa reformista de 1906, pero nunca hizo suyas formalmente las expresiones más radicales que desde 1911 adoptó la Junta. Escribe Ricardo Flores Magón en mayo de 1911: “Abrazad resueltamente la bandera igua-litaria del PLM, que es la (…) Bandera

Roja, la bandera de todos los deshereda-dos del mundo, y en cuyos pliegues pue-den leerse estas hermosas palabras: Tierra y Libertad.”

Ciertamente a partir de 1914, con la lle-gada a territorio zapatista de intelectuales urbanos familiarizados con el marxismo y el anarquismo, como Rafael Pérez Ta-ylor, Miguel Mendoza López y Antonio Díaz Soto y Gama, se fue sistematizan-do ahí un cuerpo doctrinario agrarista articulado en torno al concepto Tierra y Libertad. Y está documentado que Soto y Gama, vinculado en sus orígenes al PLM, empleaba el lema en sus discur-sos del Cuartel General de Tlaltizapán,

cuando era secretario zapatista. “En Villa de Ayala –dice en una reunión de jefes en junio de 1917– surgió de pronto la señal esperada (…) la bandera del campesino, la inmortal bandera que anuncia Tierra y Libertad”. A su vez, Gildardo Magaña, heredero político de Zapata después de su asesinato en 1919, afirma años más tar-de que el caudillo se inspiraba en la con-signa “Tierra libre para el hombre libre”. Sin embargo, el movimiento y el líder que más denodadamente lucharon por la tierra y por la libertad en el arranque del siglo XX, nunca adoptaron formalmente el lema que hoy los identifica. Ni falta que les hizo. J. B. y A. B.

Lucha zapatista por tierra, agua, montes y petróleo…“Sabemos bien que aquellos revolucionarios no son anarquistas. Empero, si no son anar-quistas, hacen obra de anarquistas, pues expropian la riqueza (…) Los revolucionarios del Sur son dignos de simpatía y apoyo”, escriben los redactores de Regeneración, al presentar el Manifiesto al pueblo de México, emitido por el general Zapata y los suyos en junio de 1916. La proclama, de gran actualidad, reivindica el rescate de la tierra pero también de los montes, las aguas… ¡y el petróleo!

“Y la lucha sigue: de un lado los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo; y de otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios e injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, y que quie-ren recobrar lo que es suyo” (fragmento).

Bandera con el consigna zapatista Reforma, Libertad y Justicia y el lema Tierra y Libertad.

Ricardo Flores Magón en la cárcel.

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Marco Buenrostro y Cristina Barros

No es casual que dos de nuestros re-cursos más importantes estén hoy amenazados; al abrirse las puertas

al capital sin control alguno, la codicia y el dinero irrumpieron con violencia, empo-breciendo a las mayorías y depredando el medio ambiente.

Además hay un engañoso afán de moder-nidad a partir de valores impuestos, y a la inversa, pareciera que abrevar en la historia para tomar decisiones es retroceso, olvidan-do que las acciones de los grandes líderes que arraigan y fortalecen a sus pueblos son las que tienen en cuenta el pasado.

En el caso del maíz se apuesta por el transgénico bajo la premisa de que es “lo moderno”, “lo de hoy”; rechazarlo es fun-damentalismo, impide el desarrollo, dicen. Sin embargo se trata de una tecnología in-cipiente, riesgosa, que a la fecha ha dado pocos frutos.

Diversidad para la alimentación. No ocurre así con los maíces criollos; a partir de las más de 60 razas que han desarrollado los campesinos mexicanos, se puede enfrentar un gran número de escenarios, entre otros las sequías o la humedad persistente, hoy que por los efectos del cambio climático se requieren opciones para alimentarnos. Como afirma el investigador Antonio Tu-rrent, a partir de los maíces criollos y de una buena planeación, hay “reservas probadas” de maíz suficientes para duplicar la produc-ción actual.

La presión para sembrar maíz transgénico va acompañada de la insensatez que impli-ca utilizar alimentos para generar combusti-bles. El presidente de Nestlé afirma que usar plantas alimenticias como biocombustibles es llevar a la humanidad a la hambruna; ya se han disparado por esa razón los precios

de los granos básicos, seguiría una gran lu-cha por el uso de las tierras agrícolas, y el agua, ya limitada, escasearía hasta llevarnos a una crisis de consecuencias funestas.

Apuesta complicada. En cuanto al petró-leo, pareciera que la posición del gobierno es de “avanzada”: privatizar, correr la aventura de explorar en aguas profundas. Sin embar-go, la mayoría de los países están optando por tener mayor control sobre los energé-ticos. En cuanto a la exploración en aguas

profundas, además de ser costosa y difícil, es azarosa. Si como sabemos, en nuestro país falta por investigar 70 por ciento de las áreas donde puede haber petróleo en aguas some-ras y en tierra, ir a aguas profundas es una mala decisión, sobre todo porque se plantea compartir el petróleo que pudiera extraerse, lo que implica un grave quebranto a nuestro patrimonio y al de las generaciones futuras.

En ambos casos: la propuesta de optar por el maíz transgénico y la de explorar en aguas profundas de la mano con compañías extranjeras, la publicidad no informa, sino que engaña como los comerciales que ofre-cen limpiar con sólo pasar un paño o tener una mujer a los pies si se adquiere un auto.

Así se dice que el maíz transgénico es más productivo, que utilizarlo reduce el gasto de agua y de agroquímicos, que la contamina-ción por polen de los maíces criollos puede ser controlada y que el norte del territorio nacional no es centro de origen y diversidad del maíz. Se habla incluso de que existe un maíz transgénico resistente a la sequía, cuando no hay tal.

En el caso del petróleo, se nos considera ingenuos al asegurarnos que a partir de un tesoro oculto en el fondo del mar soluciona-remos nuestros problemas y seremos felices; es sólo cuestión de aceptar un supuesto reto.

La realidad es que si aceptamos una de estas dos opciones o ambas, estaríamos ju-gando a la ruleta rusa. Y también es un he-cho, que en los dos casos se pone nuestro patrimonio en manos extranjeras, y se va contra la legalidad y la ética.

El maíz ha sido un signo de identidad desde la historia temprana de México; con su actitud nacionalista y visionaria, Lázaro Cárdenas logró sembrar en la conciencia de los mexicanos, que el petróleo no es sólo un bien, sino un símbolo.

Hoy, el petróleo bien utilizado puede re-vertir el desequilibrio entre el campo y las ciudades. Se impulsaría así un modelo in-cluyente y más justo que renueve el pacto social y propicie una nación para todos.marcri44@yahoo.com.mx

MAÍZ Y PETRÓLEO

Armando Bartra

Georgina Kessel, titular de Energía, no pertenece al gabinete agrope-cuario. Pero, en cambio, tiene sus

ideas sobre el campo y a diferencia de otros secretarios, ágrafos o prudentes, ella las escri-be: “Las restricciones derivadas del artículo 27 constitucional (…) fueron especialmente distorsionantes (…) para productos cuyo cul-tivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación (…) caracterizada por amplias extensiones (y) que se desarrolla mejor por parte de agentes económicos dota-dos de amplios recursos financieros (…) Por ello la larga duración del reparto agrario re-presentó un desincentivo al desarrollo agríco-la en nuestro país” (Georgina Kessel, Santiago Levy y Enrique Dávila, El sur también existe: un ensayo sobre el desarrollo regional de Méxi-co, julio 2000, mecanoscrito, p. 37).

Lo que según la colaboradora de Calderón conviene cultivar en latifundios (“amplias ex-tensiones”) y por trasnacionales (“amplios re-cursos financieros”), es “café”, “plátano”, caña de “azúcar” y otros productos; bienes hoy ma-yoritariamente sembrados por pequeños agri-cultores y de los que depende el ingreso fami-liar de cerca de un millón de campesinos. Pero no sólo ésos, también los “maderables”, hoy en manos de cerca de 500 ejidos y unas 2 mil co-munidades indígenas, que en México son los dueños de los bosques; mismos que según la flamante secretaria, debieran ser explotados por “agentes económicos” “más eficientes”.

En breve, la propuesta de la funcionaria calderonista consiste en acabar con el régi-men campesino de propiedad (por el que se hizo una revolución), pues ha “desincentiva-do el desarrollo agrícola”, y cambiarlo por el latifundio trasnacional “extractivo”; sustituirlo por los vertiginosos “desiertos verdes” impe-rantes en el cono sur del continente.

Por fortuna Kessel no es titular de Agricul-tura, sino de Energía. Pero también sobre el petróleo y la electricidad tiene sus ideas: “La exclusividad del Estado en actividades estraté-gicas (…) implicó que las restricciones presu-puestales frenaran proyectos rentables (…) y distorsionaran las decisiones de inversión pri-vada en las ramas vinculadas a los proyectos del sector público (…)” (ibid, p. 34). “El régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarbu-ros y el agua también han (sic) afectado (…); como consecuencia del marco legal vigente, las rentas derivadas de la explotación de hidro-carburos y de la electricidad, son apropiadas fundamentalmente por el sector público fede-ral, lo que limita la derrama de ingresos” (ibid, p. 35). Así, la responsable de administrar los re-cursos energéticos de la nación considera que el “régimen de propiedad” y la “exclusividad del Estado” que establece la Constitución son un obstáculo para el desarrollo. No diré la Igle-sia en manos de Lutero, que después de todo fue un notable reformista, pero sí la policía en manos de Durazo, que era un gángster.

Gabinete neoporfirista

Pensamiento anticampesino • y desnacionalizador, de la secretaria de Energía

1. PRODUCCIÓNLa producción de fertilizantes en México se desplomó en los últimos 13 años, no para desalentar el uso de agroquímicos, sino por desinterés gubernamental en producir insumos agrícolas.

Año Fertilizantes NitrogenadosMiles de toneladas

Sulfato de amonio

Nitrato de amonio

Urea

1996 1,070 429 1,5602006 359 0 0

Año Fertilizantes FosfatadosMiles de toneladas

Fertilizantes ComplejosMiles de toneladas

Superfosfatos Superfosfato triple

Fosfatados

1996 0 310 6492006 334 0 0

2. COMERCIOPese a tener una industria petrolera fuerte, los fertilizantes nitro-genados, que son los más utilizados, han tenido que ser importa-dos ocasionando una creciente fuga de divisas. En 2007 la balanza comercial de estos insumos fue deficitaria en casi mil nueve mi-llones de dólares, de los que 40 por ciento corresponde a urea.

Comportamiento del comercio de FertilizantesMiles de dólares

Export Import Saldo1996 271,378 210,717 60,6612007 114,229 1,122,625 -1,008,396

3. PRECIOSEn los recientes ocho años los precios se han más que triplicado, lo que hace prohibitiva su utilización por parte de los pequeños y medianos agricultores.

Periodo Complejo npk triple 17

Fosfato diamónico

Sulfato de amonio

Urea

Pesos/Ton Pesos/Ton Pesos/Ton Pesos/Ton

2000 2,000.00 3,056.25 1,290.00 2,066.402008 6,823.58 9,355.90 3,578.80 6,087.38

Sergio Ivan Polanco López

1938: APROPIACIÓN PETROLERA 2008: ¿EXPROPIACIÓN PETROLERA?

DATOS DUROS

Petróleo y agriculturaEl gobierno abandona la producción de fertilizantes

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