niñas y conflicto armado. boletín no
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El presente Boletín es una selección de noticias relacionadas con el tema de los efectos del conflicto armado interno en las niñas y mujeres colombianas. Corresponde a un registro de informaciones generadas por fuentes externas que han sido compiladas por el área de comunicación e incidencia del Proyecto y no representa la opinión de la Comisión Europea.TRANSCRIPT
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BOLETÍN DE PRENSA No.2
Abril 30 de 2010
El presente Boletín es una selección de noticias relacionadas con el tema de los efectos del conflicto armado interno en las niñas y mujeres colombianas. Corresponde a un registro de informaciones generadas por fuentes externas que han sido compiladas por el área de comunicación e incidencia del Proyecto y no representa la opinión de la Comisión Europea.
Contenido:
1. Mujeres víctimas del conflicto, sin defensores ni protección
2. Mujeres afrocolombianas e indígenas, las más afectadas por el conflicto armado: CIDH
3. Inicia escuela de derechos humanos para mujeres y niñas
4. 'Juegos de niños' que violan el principio de distinción
Mujeres víctimas del conflicto, sin defensores ni protecciónEscrito por Humanidad Vigente / Ingrid Pinzón Foto: CNRR
udiencias de Justicia y Paz no son eficientes, entre otros aspectos, porque la seguridad
que se les brinda a las víctimas no es pertinente y porque no hay quién abogue por ellas.
AProtección a víctimas se queda corta
Después de 2 años de que Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la paz (IMP) presentara una acción de tutela
exigiéndole al Estado la protección de la vida de las mujeres víctimas, no ha recibido una respuesta satisfactoria a pesar de que el Gobierno tenía sólo 6 meses para manifestarse.
La Ley de Justicia y Paz, busca “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación”; sin embargo, según el texto “En vilo protección a víctimas de Justicia y Paz” escrito por IMP, no se previeron “los riesgos que enfrentarían
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las víctimas, la mayoría mujeres, al acceder a la justicia” pues se han presentado asesinatos y “presiones u hostigamientos (para que) desistieran de sus denuncias”, argumentó la directora de IMP, Ángela Cerón.
En otros palabras, la protección que el Estado colombiano brinda a las víctimas se reduce, como lo afirma la directora de IMP: a un “chaleco antibalas, un celular, un carro y unos escoltas que ponen en mayor riesgo a la víctima” porque son cosas muy llamativas en los pueblo ya que esa población no está acostumbrada a ver ese tipo de cosas.
IMP, pidió protección con enfoque diferencial de género; es decir, que se tenga en cuenta que la mujer vive diferentes condiciones en estos procesos que requieren casas de refugio sin que la víctima tenga que salir de su pueblo, instituciones que acompañen a las mujeres en las ciudades, capacitaciones para lograr auto protegerse y “tener en cuenta que la mujer tiene hijos, o debe cuidar a algún familiar”, explica Ángela Cerón.
Otro aspecto que enturbia las audiencias es que las mujeres víctimas
no tienen defensor y si lo tienen les es imposible contactarse con él.Sin defensor, sin justicia
En el marco de las versiones libres de esta ley, es común ver un defensor que está cubriendo hasta 300 casos. Pablo Andrés Castillo, abogado emprendedor de acciones de protección de los derechos humanos, comenta que en esas condiciones se produce un trabajo “deficiente ya que no se hacen investigaciones integrales para cada caso que es totalmente diferente a otros”.
Los desaciertos comienzan desde que la Ley 975 de 2005, la de Justicia y Paz, no planteó correctamente la manera de ofrecer defensores a las víctimas que buscaban justicia. Ángela Cerón, directora de IMP, en su artículo menciona que “los victimarios cuentan con grandes esquemas de seguridad, las víctimas van solas y sin protección”.
De esta manera, la ley no contempló abogados para las víctimas, por lo tanto, al tratar de resarcir este error, no encontró dinero para cubrir la falla que evocó a que un defensor tuviera “a su cargo entre 500 y 600 poderes, lo cual hace totalmente ineficaz su trabajo”,
explicó Álvaro Córdoba, quien dirigió un estudio sobre el tema a solicitud de la CNRR, en declaraciones publicadas por el diario El Espectador.
Las cifras no dejan de sorprender, por ejemplo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) indicó en meses pasados que de casi 138.000 víctimas, sólo 11.000 cuentan con este servicio.
Así que, cuando una mujer quiere contactarse con su defensor: “No contestan el teléfono porque dicen que cada uno de ellos lleva hasta más de 300 casos y les queda imposible conocernos personalmente”, comentó una víctima consultada por la periodista Gloria Castrillón, en su artículo de El Espectador publicado el 18 de abril de 2010. Otro caso es el de Ofelia que después de 5 años de haber asistido a Justicia y Paz no ha podido contactarse con su abogado.
Con tantas trabas, lo cierto es que las mujeres víctimas son las más afectadas por estos errores que no sucederían sí Justicia y Paz fuera una Ley bien planeada.
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Mujeres afrocolombianas e indígenas, las más afectadas por el conflicto armado: CIDH Escrito por Humanidad Vigente / Ingrid Pinzón Foto: Humanidad Vigente
a CIDH publicó este año un informe en el que presenta un diagnóstico del impacto del
conflicto armado en las mujeres que muestra que aquellas que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente son rechazadas y estigmatizadas por la comunidad debido a que es una población
L
expuesta a los embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y, hasta abortos forzados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encarga de observar en los países miembros la situación de los derechos humanos, o de investigar casos relacionados con el tema, para brindar recomendaciones con el objetivo de promover y garantizar los derechos.
Ya son 51 años en los que CIDH ha hecho visitas a diferentes países para producir informes especiales o anuales; en estos últimos, se crea una lista de países a los que se les lleva un proceso de vigilancia debido a la situación que se vive allí con respecto al cumplimiento de Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De ahí que algunos medios de comunicación lo llaman ‘el listado negro’, ya que hacer parte de estos informes anuales significa ser un país frecuentemente violador de derechos
humanos. Por ejemplo, en esta última década Colombia ha estado a la par con Cuba, lugar donde los presos políticos llegan a ser “cerca de 200”, según la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN), organización disidente cubana.
Sobre el caso colombiano, la Comisión planteó una preocupación especial por la vulneración de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Por tal razón, en 2006 este órgano produjo un documento que reiteraba “la necesidad de que los esfuerzos se duplicaran a fin de que se pudieran esclarecer los múltiples casos que existen ante la justicia colombiana sobre graves violaciones de derechos humanos, en particular aquellas cometidas por parte de los actores armados en contra de comunidades indígenas, afro descendientes, mujeres, niños y niñas”.
Mujer y conflicto armado
Para analizar de qué manera afecta a la infancia y a las mujeres el conflicto de Colombia, el informe se hizo siguiendo cuatro pasos. En primer
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lugar, la CIDH estudió las acciones que había emprendido el Estado, concluyendo que se notaba la iniciativa para mejorar las condiciones de esta población, pero que aún “Las niñas, las mujeres indígenas y afrocolombianas (…) son quienes más obstáculos enfrentan para acceder a la justicia y estos crímenes continúan en la impunidad.”
A continuación, el diagnóstico del impacto de conflicto muestra que las mujeres que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente son rechazadas y estigmatizadas por la comunidad debido a que es una población expuesta a los embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y, hasta abortos forzados.
Posteriormente la CIDH analizó la situación actual, y detectó que “dentro de los grupos de población, las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual (…) por factores como su género, su etnia y su pobreza”, argumentó Oxfam Internacional, que es una asociación de 14 organizaciones que buscan erradicar la pobreza y las injusticias.
En último lugar, el informe comenta las discriminaciones que siguen viviendo
las mujeres indígenas que no cuentan con un servicio eficiente de “traducción, atención médica y acompañamiento acorde con sus tradiciones culturales”, según el informe; además del temor generalizado de que la justicia no las favorezca que produce ‘una realidad silenciada’.
No sólo los grupos al margen de la ley
El informe menciona que no sólo los grupos al margen de la ley son los causantes , “las formas de violencia física, psicológica y sexual (son) perpetradas tanto por las Fuerzas Armadas y policías, como por los actores desmovilizados y los grupos al margen de la ley, (que) continúan su control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres”.
Más adelante, el texto añade que durante el año 2007 hasta el 2009, los perpetradores de la violencia sexual actuaron en medio de “acciones militares, enfrentamientos armados y acciones guerrilleras”.
Hace menos de un año, el 18 de septiembre de 2009, la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado que estaba realizando el seguimiento al informe del 2006 reportó que para ese año “aumentaron los casos de niñas
indígenas abusadas sexualmente por hombres pertenecientes a los Batallones de Alta Montaña, Policía Contraguerrillas y otras unidades militares y policiales”.
Es más, la Comisión sigue recibiendo denuncias de asesinatos de mujeres causados por grupos al margen de la ley y de la fuerza pública, según las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
Las cifras
• 7% de las mujeres murieron a causa del conflicto en zonas rurales en el 2006. 22% en el 2007.
• 8.1% de las mujeres desplazadas reportaron haber sido violadas, el 27% de esta cifra no conocía al violador.
• 87% de los dictámenes sexológicos de la INMLCF se hicieron a menores de edad.
• 126 casos de 929 se atribuyeron en el 2008 a un agresor armado.
• 15 % de los 1.000 indígenas asesinados entre el 2002 y 2009 eran mujeres, niños y niñas.
• 187 mujeres indígenas fueron abusadas sexualmente y violentadas dentro del mismo periodo.
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• 54% de los desplazados son mujeres.
• 65% es la población cubierta por la INMLCF, hay un déficit de 35%.
• 68% de homicidios de mujeres no se registraron en el 2007 y en el 2008
• 70% no se reportó.
• 50% de las entidades territoriales no toman acciones contra la violencia sexual.
• 80% de las víctimas de Justicia y Paz son mujeres que en su mayoría no tienen los conocimientos del proceso que adelantan.
Lea el informe de la CIDH:
INFORME CIDH "LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN DERIVADAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA"
Inicia escuela de derechos humanos para mujeres y niñasEscrito por Humanidad Vigente / Ingrid Pinzón Foto: Humanidad Vigente
ncrementar la autoestima de las mujeres y niñas de Arauca y Nariño por medio del conocimiento de sus
derechos y mejorar los mecanismos de respuesta frente al conflicto armado se propone esta iniciativa educativa.
IEl 26 de abril, Humanidad Vigente Corporación Jurídica dio inicio en Arauca a la Escuela de Bienestar de Niñas y Mujeres, que busca “fortalecer el liderazgo de las mujeres, lograr crear un comité de la mujer”, sensibilizar a la comunidad, entre muchos otros aspectos que giran en torno al conflicto armado en Colombia, según explica la coordinadora de educación de este proyecto, Viviana Machuca.
El grupo al que van dirigidas estas actividades, que también se realizarán en Nariño en el mes de junio, son las mujeres y niñas ya que, como lo dice la
coordinadora de educación, viven una “violencia silenciada que goza de impunidad pero además las hace doblemente víctimas: por el conflicto y por el silencio cultural”, dentro de este concepto, Viviana añade que “la Violencia tiene rostro de mujer y de niña (…) porque son las más afectadas entre los afectados”.
Adicionalmente, este proyecto desea crear un proceso de formación en derechos de la mujer, de la niñez y del territorio en medio del conflicto, que se piensa llevar a cabo por medio de la lúdica y lo pedagógico; es decir, brindar una “información muy didáctica, desde la vivencia”, argumenta la encargada del área psicosocial, Silvia Parra.
Por tal motivo, la escuela se divide en espacios donde las participantes recibirán una valoración médica,
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retomaran la parte psicológica y trabajaran en el aspecto educativo. Así, se hará una evaluación del estado de salud física y sicológica de la comunidad para brindar “herramientas prácticas para el cuidado” del cuerpo, menciona la coordinadora Viviana Machuca.
El proyecto no termina ahí, ya que los casos que ameriten mayor apoyo se trabajaran de manera individual y familiar buscando una “sociedad digna, que goce de bienestar y buenas relaciones intrafamiliares”, añade la
encargada del área psicosocial, Silvia Parra. Además, Silvia destaca que desean integrar al ser en su totalidad, en aspectos como la salud y mentalidad, para ayudar a solucionar el conflicto de otra manera.
El plan de trabajo, objetivos y expectativas fueron diseñados desde febrero; sin embargo, las gestoras de la propuesta sostienen que el proceso pedagógico debe ser dialogado con la gente que está involucrada en la escuela, para realizar un diagnóstico y validación del proyecto que formará a
las mujeres y niñas araucanas durante 8 días.
Finalmente, esta Escuela de Bienestar para Mujeres y Niñas cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la Fundación Tierra de Hombres, DNI (Defensa de Niñas y Niños - Internacional), CPDH (Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos) de Arauca y Nariño y la ACA (asociación de campesinos de Arauca).
'Juegos de niños' que violan el principio de distinciónEscrito por Humanidad Vigente / Ingrid Pinzón Foto: Ejército Nacional
l Ejército Nacional adelanta una serie de actividades llamadas "de responsabilidad social" que E
involucran niños, pero que claramente ponen en riesgos el principio de distinción entre la población civil y los combatientes.
Que a niños menores de 7 años durante todo un día se les enseñe acerca de la institución militar, cómo vive un soldado y hasta a cantar al estilo de esta disciplina es una infracción grave según la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca evitar la “vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia”, además de “monitorear ese tipo de
situaciones, dar recomendaciones y garantizar sus derechos”, indicó la abogada de Humanidad vigente que lleva estos casos, Diana Teresa Sierra.
No obstante, la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional realizó estas actividades en Arauca, donde no sólo mezcló a los niños y niñas con las Fuerzas Armadas si no que también hizo que por medio de la emisora del Ejército en Arauca, enviaran saludos a los soldados, caso explicado por la abogada Diana T. Sierra como exposición de la “infancia al peligro de sufrir represalias de miembros de los
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grupos armados ilegales”.
Este no es el único caso que se registra, algo parecido ocurrió en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde 12 niñas y 4 niños que protagonizaron un viaje del programa institucional “Conociendo Colombia” que es manejado por el Ejército Nacional con ayuda de otras entidades públicas y privadas.
Durante una semana, los 16 infantes viajaron en un helicóptero hacia Bogotá y el Eje Cafetero para conocer estas ciudades. El proyecto tiene 3 años de trayectoria y este no es el primer viaje ni el tercero; es la quinta excursión que el Ejército Nacional organiza para niños y niñas.
Justamente sobre este tema se pronunció recientemente el jefe de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christophe Beney, quien aseguro que "algunos actores del conflicto quieren ganarse el corazón y la mente de personas que, de buena fe, acuden a una asistencia sin darse cuenta de que eso puede traer consecuencias".
Así mismo, dentro de la editorial del informe de actividades realizadas por CICR en 2009 en Colombia, escrita por Beney; se informa que dentro del
conflicto armado de Colombia las acciones humanitarias pueden ser “instrumentalizadas y utilizadas con fines políticos, militares, lo que distorsionaría los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad, y tal vez harían peligrar civiles”.
De esta manera es vulnerado por parte del Ejército el principio del derecho humanitario de distinción entre la población civil y los combatientes; es decir, que la comunidad no debe ser inmiscuida en el conflicto armado porque estas actividades cívico-militares ponen en riesgo sus vidas.
Incluso, el Ejército Nacional está al tanto de las prohibiciones de hacer actividades cívico-militares; por ejemplo, dar cátedras sobre manejo de armas en las escuelas o llevar menores de edad en sus helicópteros. Como lo explica la abogada Diana Teresa, “es debido a que el Comité de los Derechos del Niño del año 2006 condenó estas acciones”.
Según explicó la abogada el problema reside en que el Ejército tiene el apoyo de “multinacionales como Carrefour” para escudar estás acciones llamadas de “responsabilidad social”, que se realizan con el objetivo de tener el control social del territorio, retomar
confianza de la gente y captar la atención de los niños en lugares donde el Estado no ha hecho presencia histórica.
Este concepto es apoyado por el jede de la Delegación en Colombia, Christophe Beney que mencionó, durante la presentación del informe, que se están “disfrazando” operaciones militares como acciones humanitarias.
Después de haber puesto en conocimiento este hecho ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, desde hace un año; Humanidad Vigente Corporación Jurídica presentó estos casos ante la Unicef, para que los exponga al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se encarga de hacer un seguimiento y llegar a tomar decisiones.
Más información sobre las actividades que adelanta el Ejército Nacional en Arauca:'Conozca a su Ejército' cautivó a niños y jóvenes araucanosNiños araucanos unidos con su Ejército
Conozca el informe del CICR:Informe 2009 Colombia. Publicado en abril de 2010
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