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ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA

TOMO I: PROCESO POLÍTICO Y ANTAGONISMO SOCIAL

TOMO II: LA DIMENSIÓN REVOLUCIONARIA

TOMO III: PUEBLOS INDÍGENAS, ACTORES POLÍTICOS

TOMO IV: LA NEGOCIACIÓN DE LA PAZ, PROCESOS Y CONTEXTOS

TOMO V: CULTURA Y ARTE EN UN PAÍS EN CONFLICTO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Sede Académica Guatemala

El Estado de Guatemala, mediante el Decreto Legis-lativo 96-87, se incorporó al convenio FLACSO en 1987. Ese mismo año se iniciaron las actividades académicas de esta Facultad bajo la fi gura de Proyecto, para continuar ya como Programa a partir de agosto de 1989. El 22 de julio de 1998, luego de diez años de labor académica y científi ca, el Gobierno de Guatemala fi rmó el Acuerdo mediante el cual se estableció la Sede Académica, que le permite a esta Facultad ofrecer cursos de postgrado en maestría y doctorado.

El propósito central de la obra que ahora ponemos a consideración de los lectores y lecto-ras es ofrecer una visión amplia y variada de lo sucedido en el país en la segunda parte del siglo XX. Las contribuciones fueron escritas y redactadas por especialistas en el análisis de las cuestiones específi cas que aquí se tratan y que, además, provienen de distintas áreas disciplinarias de las ciencias sociales. A ellos se unen jóvenes intelectuales que acelera-damente se han especializado en el tema que abordan, combinándose juventud con expe-riencia en un esfuerzo multidisciplinario e intergeneracional.

La obra se concibió como un esfuerzo colectivo e interdisciplinario a efecto de reconstruir desde una perspectiva crítica la historia reciente de Guatemala, entendiéndola como la urgencia de superar el pasado, un pasado que pervive en Guatemala como una forma de presente. Una historia que rechaza los ajustes pragmáticos con lo dado, que retoma la experiencia de las luchas sociales de nuestra historia, no para conjurarlas sino para actua-lizarlas. Una historia que no concibe el pasado como algo superado o en trance de serlo solamente por la vía de los mecanismos institucionales existentes, sino que más bien cri-tica a ese pasado que todavía es en sus líneas fundamentales y que urge transformar en un esfuerzo por conciliar memoria e historia como punto de partida para construir el futuro.

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GUATEMALA: HISTORIA RECIENTE(1954-1996)

TOMO IVPROCESO DE PAZ Y CONTEXTO INTERNACIONAL

Editores:Virgilio Álvarez Aragón - Carlos Figueroa Ibarra - Arturo Taracena Arriola

Sergio Tischler Visquerra - Edmundo Urrutia García




Guatemala: Historia reciente(1954-1996)

Guatemala: Historia reciente(1954-1996)

Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesFLACSO-Sede Académica Guatemala

Guatemala, octubre de 2013

© Susanne Jonas, Fernando González Davison, Luis Alberto Padilla, Miguel Ángel Reyes Illescas, Gabriel Aguilera Peralta, Enrique Corral Alonso, Anantonia Reyes Prado, Ruth del Valle, Guadalupe Rodríguez de Ita.

© De la primera edición Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Diseño de portada y cuidado de la edición: Hugo Leonel de León Pérez

Corrección de estilo: Guisela Asensio Lueg

ISBN de la Colección: 978-9929-585-14-0ISBN: 978-9929-585-22-5

Editorial de Ciencias Sociales3a calle 4-44 zona 10, ciudad de GuatemalaPBX (502) 24147444htpp://www.flacso.edu.gt

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción parcial o total por cualquier procedimiento, sin el permiso expreso del editor.

Impreso y hecho en GuatemalaPrinted and made in Guatemala

972.81053G832013

Figueroa Ibarra, Carlos; Tischler Visquerra, Sergio; Taracena Arriola, Arturo; Álvarez Aragón, Virgilio y Urrutia, Edmundo. eds. Guatemala: Historia reciente (1954–1996). Guatemala, FLACSO, 2013.

T.IV 28 cm. I.S.B.N. 978-9929-585-22-5

1. Proceso de paz.-- 2. Democratización.-- 3. Política exterior – Guatemala.-- 4. Cuestión de Belice. -- 5. Sociedad civil.-- 6. Pueblos indígenas.-- 7. Refu- giados. -- 8. Retornados. -- 9. Derechos Humanos – Guatemala. -- 10. Exilia- dos guatemaltecos.

LA NEGOCIACIóN DE LA PAz, PROCESOS y CONTEXTOS TOMO IV

SuSanne JonaS Fernando González daviSon

luiS alberto Padilla

MiGuel ánGel reyeS illeScaS

Gabriel aGuilera Peralta

enrique corral alonSo

anantonia reyeS Prado/ruth del valle

GuadaluPe rodríGuez de ita

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ProeMio

En sociedades en las que, como en Guatemala, se procesa aún la conclusión de una larga guerra civil, las narrativas sobre lo que sucedió en, durante y al final del conflicto son escasas, puntuales y, con frecuencia, sesgadas.

Fue con la intención de aportar al conocimiento y la interpretación rigurosa de lo acaecido durante el conflicto interno, que FLACSO-Guatemala convocó a una treintena de académicos para que, desde su perspectiva analítica y especialidad, dieran cuenta de los distintos temas y hechos que marcaron o contextualizaron el período que, a partir del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, puede entenderse como el último período de la historia guatemalteca del siglo XX.

Los distintos tomos que integran la colección Guatemala: Historia reciente (1954-1996), se organizan a partir de temas específicos, que permiten a los autores y autoras analizar con toda libertad las cuestiones de su interés, cuidando siempre de mantener el rigor académico. De esa cuenta, una amplia y variada bibliografía fue consultada y distintos actores fueron entrevistados, obteniéndose, así, vastas y diferenciadas fuentes de información.

Por otra parte, la diversidad de formaciones, intereses y especialidades de los autores ofrece al público lector un amplio abanico de formas de entender e interpretar los distintos asuntos, por lo que si temáticamente la obra tiene un hilo histórico conductor y un estricto apego a la rigurosidad científica, los diversos estilos y formas de abordar y presentar dan variedad y dinamismo a los distintos tomos en sí y a la obra en su conjunto.

El hito histórico que para Guatemala representó la firma de los acuerdos de paz, que pusieran punto final a un conflicto armado, caracterizado, entre otras cosas, por la ferocidad con la que las fuerzas del Estado trataron a insurgentes y sociedad civil, también permite que ahora se pueda no sólo analizar ese conflicto y sus actores, sino también reflexionar sobre lo que fue el país durante ese período en

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otras esferas de la vida nacional. Al mismo tiempo, hace posible apuntar análisis sobre algunos de los temas que esa paz ha permitido que se visualicen y desarro-llen.

Muchos han sido los que desde distintas posiciones y responsabilidades ins-titucionales han aportado para que esta obra llegue finalmente al público que hoy la tiene en sus manos. A todos ellos, pero en especial a quienes entusiastamente asumieron la coordinación de este esfuerzo, va mi agradecimiento, tanto personal, como de la Facultad en su conjunto.

Beatriz zepedaDirectora

FLACSO-Sede Guatemala

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PreSentación

GuateMala: hiStoria reciente

Virgilio Álvarez Aragón

Para Guatemala, la segunda parte del siglo XX fue un período intenso, en el que la población no sólo se multiplicó sino que variaron sus características socioeconómicas y sociopolíticas. Durante ese medio siglo, el país también

se vio envuelto en una dura y desigual guerra civil, en la que quienes dirigían el Estado hicieron uso de los métodos contrainsurgentes más violentos e ilegales para intentar controlar tanto a los alzados en armas como a todos aquéllos que de mane-ra individual o colectiva pusieran en riesgo las relaciones de poder imperantes. La pobreza no ha disminuido sustancialmente en estos cincuenta años, como tampoco han variado los distintos indicadores de desarrollo humano. No obstante, en este período la sociedad guatemalteca vivió muchos esfuerzos, intentos y modificacio-nes, en muchos casos de manera intensa y activa.

Finalmente, el conflicto armado interno fue concluido. A pesar de que una década antes ya se había hecho una revisión a la Constitución de la República, aprobándose una nueva, la firma de los Acuerdos de Paz constituye –a pesar de sus limitaciones y el fracaso de la consulta popular para convertir sus puntos nodales en ley– un antes y un después en la historia política y social del país. En esos cin-cuenta años, nuevos actores accedieron al escenario de la disputa social y política, levantando demandas y haciendo propuestas distintas y, si bien mucho de lo que sucedió en el país tuvo como telón de fondo ese conflicto armado interno, también fueron parte de ese contexto dichos actores y demandas que de manera activa se insertaron en el proceso negociador de la paz y su rúbrica final. No obstante los es-fuerzos particulares por narrar y valorar lo sucedido en algunos temas específicos de la historia guatemalteca en ese período, por múltiples y variadas razones, hasta

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ahora no contamos con una visión amplia y abarcadora de los distintos aspectos que configuran la Guatemala de hoy. Considerando ese déficit, pero también que han existido trabajos particulares, unos más profundos y amplios que otros, fue que desde la Sede Académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) nos propusimos convocar a estos autores y ofrecer al país una colec-ción de textos que guardaran relación y secuencia con materiales nuevos que, no por serlo, dejan de recoger las experiencias y pensamientos intelectuales que han nutrido la reflexión social y política en estos últimos veinte años.

El propósito central de la obra que ahora ponemos a consideración de los lectores es ofrecer una visión amplia y variada de lo sucedido en el país en esa segunda parte del siglo XX. Las contribuciones fueron escritas y redactadas, en su mayoría, por especialistas en el análisis de las cuestiones específicas que aquí se tratan y que, además, provienen de distintas áreas disciplinarias de las ciencias sociales. A ellos se unen jóvenes intelectuales que aceleradamente se han espe-cializado en el tema que abordan, combinándose juventud con experiencia en un esfuerzo multidisciplinario e intergeneracional.

Considerando que cada uno de los autores es responsable directo y único de su respectivo aporte, poseedor de su propio enfoque y visión del asunto y período analizado, el reto que debimos enfrentar fue encontrar la manera de evitar que los volúmenes fuesen un conjunto de trabajos inconexos y hasta incongruentes y con-tradictorios. El objetivo era producir una obra en la que los distintos ensayos res-pondiesen a una estructura básica general para su presentación, guardando en todos los casos las particularidades estilísticas, metodológicas y de apreciación de los autores. El intercambio entre los participantes en cada una de las etapas de su reali-zación permitió, en buena medida, que este propósito se alcanzara en un alto grado.

La obra se concibió como un esfuerzo colectivo e interdisciplinario a efecto de reconstruir desde una perspectiva crítica la historia contemporánea de Guate-mala, entendiéndola como la urgencia de superar el pasado, un pasado que pervive en Guatemala como una forma de presente. Una historia que rechaza los ajustes pragmáticos con lo dado, que retoma la experiencia de las luchas sociales de nues-tra historia, no para conjurarlas sino para actualizarlas. Una historia que no conci-be el pasado como algo superado o en trance de serlo solamente por la vía de los mecanismos institucionales existentes, sino que más bien critica a ese pasado que todavía es en sus líneas fundamentales y que urge transformar en un esfuerzo por conciliar memoria e historia como punto de partida para construir el futuro.

Elaborada a partir de una estructura temática e individualizada, la obra final tiene una unidad discursiva y metodológica, constituida tanto a partir de la integra-ción de los distintos temas en una perspectiva común como de la ponderación de cuestiones básicas que hacen de la historia guatemalteca contemporánea un todo explicable. Una de esas cuestiones básicas es la consideración de que este período histórico ha estado marcado y configurado por un permanente conflicto social, que si bien tuvo su ápice más visible en el enfrentamiento armado, no se reduce a éste,

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teniendo además claras determinaciones y delimitaciones en lo que dio en llamarse la Guerra Fría y la manera como ésta fue entendida y usada por los distintos actores.

La empresa de organizar la propuesta, así como de definir las áreas temáticas y escoger a los autores, era una labor que, además de la alta responsabilidad que conllevaba –si se quería ofrecer una visión amplia del período sugerido–, exigía la opinión de distintos intelectuales para lograr cubrir los aspectos más importantes. Por ello, y tomando en cuenta que el esfuerzo tendría como primeros interlocutores a los estudiantes de los distintos programas de posgrado de la Sede, la propuesta se configuró como una actividad de apoyo al Programa Centroamericano de Es-tudios de Posgrado en Ciencias Sociales, incorporándose a su director, el maestro Edmundo Urrutia, como uno de los coorganizadores. Pero la idea era crear un equipo multidisciplinario que coordinara este esfuerzo, equipo que, aunado a la experiencia y alta producción intelectual, poseyera una relación directa con la vida académica guatemalteca, aunque viviesen en el extranjero. Con este pensamiento en mente, fueron invitados a formar parte de este equipo los doctores Carlos Fi-gueroa Ibarra, Sergio Tischler Visquerra y Arturo Taracena Arriola, siendo los dos primeros profesores e investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humani-dades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México y, el último, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con sede en Mérida, yucatán, México.

Todos ellos, desde sus diferentes perspectivas y visiones académicas, pro-pusieron temas y autores, con lo que se logró recopilar un listado que luego daría forma a cada uno de los volúmenes que ahora componen esta colección. En va-rios momentos del diseño y desarrollo de este esfuerzo el doctor Carlos Figueroa Ibarra, como parte de las responsabilidades adquiridas en su institución mientras gozada de un período sabático, se dedicó de manera intensiva a impulsar y promo-ver aspectos más puntuales de la obra, así como a proponer formas y mecanismos que permitieran acelerar la presentación y evaluación de los documentos iniciales. Además, asumió el contacto directo con muchos autores, logrando que algunos nuevos invitados aceptaran participar en el estudio y que otros pudieran concluir sus textos.

Para aprobar las líneas generales de la obra, la mayoría de los autores se reunieron en un seminario de reflexión y debate los días 19 y 20 de noviembre de 2009. En ese evento, cada autor asumió la responsabilidad de su texto y se reade-cuaron las directrices generales. Un año después, los autores volvieron a encon-trarse, esta vez para exponer las bases generales de sus propuestas conceptuales y metodológicas, y algunos para presentar ya el borrador de sus textos. Desafortu-nadamente, varios de los especialistas inicialmente convocados, luego de intentar infructuosamente compatibilizar sus cargas y compromisos de trabajo con este esfuerzo, en la mayoría de los casos ad honórem, optaron por retirarse. Todos los demás participantes lamentamos que su aporte no pueda estar contenido en este

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esfuerzo colectivo. En algunos temas se logró incorporar a otros académicos para que redactasen esos capítulos, en otros desgraciadamente no se encontraron espe-cialistas con el nivel requerido, o bien el desistimiento se produjo en un momento tan avanzado del esfuerzo que ya no era posible incorporar a un nuevo autor. Lo anterior condujo a que, a pesar de la buena voluntad de todos, no fuera posible incluir algunas materias o asuntos específicos. Una de esas grandes ausencias es la de las autoras que analizarían el papel de la mujer en las distintas facetas de la historia nacional en esos cincuenta años.1 Otra es la de las políticas públicas, en la que para el desarrollo de las políticas agrarias y de desarrollo rural no fue posible encontrar a un autor que sustituyera al inicialmente seleccionado.

En diferentes momentos y modalidades, el grupo coordinador se reunió para verificar los avances de los autores, proponer ajustes en las temáticas y los vo-lúmenes y, luego de presentados los primeros borradores de los ensayos, sugerir modificaciones o ampliaciones a los textos. Esto hizo del esfuerzo una tarea colec-tiva que, si bien fue intensa y compleja dada la diversidad de cargas académicas y profesionales cotidianas, fue también gratificante, ya que nos permitió conocer y aprender de los aportes de cada uno de los autores y aprender de nosotros mismos. Todas estas labores llegaron a feliz puerto gracias al apoyo profesional y decidido de la licenciada Alma Valdez quien, durante los más de dos años que llevó comple-tar esta tarea, asumió el reto más allá de las simples responsabilidades laborales; en varios momentos se dedicó al mismo en forma ad honórem sin por ello disminuir en eficiencia y efectividad.

Una de las propuestas básicas en la que se recomendó se sustentaran los estudios, como parte de los acuerdos generales asumidos en noviembre de 2009, fue considerar que eso que dimos en llamar historia contemporánea de Guatema-la arranca en 1954, cuando se produjo el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Sopesamos que de ese hecho se originó la conflictividad social que marcó la historia guatemalteca en la segunda mitad del siglo XX, motor y eje del conjunto de acciones y sucesos que caracterizaron todo ese medio siglo. La contrarrevolución-intervención de 1954 es, en este sentido, el momento constitu-tivo de la segunda mitad del siglo XX en el país. Otra idea que se propuso como orientadora de los textos consistió en considerar que este ciclo histórico termina aproximadamente en el año 2000, cuando se vislumbra que los Acuerdos de Paz firmados en 1996 no se cumplirán de manera total y quizá ni parcial. El propósito fue, sobre todo, tener un mojón cronológico que sirviera a todos de referencia, no así de límite obligado, pudiendo los autores, según las características de los temas abordados, establecer con mayor especificidad la cobertura temporal de su ensayo. Una tercera idea orientadora plantea que la situación de Guatemala en los albores del siglo XXI está marcada entre otros hechos por este incumplimiento y,

1 Felizmente, el aparecimiento del libro Nosotras, las de la historia: mujeres en Guatemala (si-glos XIX-XXI) editado por Ana Cofiño y Rosalinda Hernández Alarcón (Guatemala: Asociación La Cuerda, 2011) ha venido a llenar, con creces, el vacío que en este esfuerzo colectivo ha quedado.

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por ello, coloca a cada uno de los asuntos tratados en un proceso de rediscusión y reinterpretación.

Uno de los acuerdos asumidos por todos los autores fue que las fechas en la historia no pueden ser vistas de manera rígida. Al hablar de 1954 como el mo-mento de inflexión de un período histórico a otro, simplemente estamos hablando del momento en que concluye la lucha contrarrevolucionaria contra los gobiernos surgidos de la gesta de octubre de 1944. Se tomó en cuenta que el conflicto que culmina en junio de 1954, en la práctica, tiene sus orígenes en la conspiración contra el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951), cuya más clara evidencia se da en 1949 con la muerte del jefe de las fuerzas armadas, coronel Francisco Javier Arana, y con la sublevación que siguió a este trágico suceso. De igual manera, se asumió que la firma final de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 no es el cierre del ciclo histórico iniciado en 1954, que bien puede considerarse concluido algunos años después, cuando se decanta que el estado real del cumplimiento de dichos Acuerdos no sería de la dimensión y talante que al momento de su firma se esperaba. Esta situación no es sino expresión de la correlación de fuerzas que en ese momento existía entre las corrientes y sectores económicos y sociales que en alguna medida fueron representados al momento de la firma de la paz. De esa cuenta, cada autor, según su manera particular de relacionar estos hechos claves del devenir social y político del país con su tema, pudo establecer los momentos de corte un poco antes o después de las fechas propuestas, rompiendo con una rigidez que más que formal hubiera resultado impracticable.

Desde la perspectiva de quienes coordinamos este esfuerzo multidiscipli-nario, y que de una u otra forma es compartida por la totalidad de los autores, el conflicto que se inicia en 1954 no es sino la expresión de dos grandes conflictos in-terconectados. El primero es el que surge de la propia situación de la sociedad gua-temalteca, de las contradicciones acumuladas y exacerbadas que pretendía resolver la Revolución de Octubre de 1944, las cuales quedaron irresueltas y profundizadas con la contrarrevolución. Algunas de ellas son la inercia de una cultura de la domi-nación de carácter autoritario y represivo, la inviabilidad de una democracia liberal y representativa, la exclusión política de fuerzas del centro hacia la izquierda, la desigualdad y la exclusión social, las tradiciones expoliativas de la clase dominan-te, la concentración agraria, el notable racismo que legitimó siempre la opresión y extremada expoliación de los pueblos indígenas y el hegemonismo ladino en un país multiétnico. La cuestión nacional queda, por lo tanto, sin solucionar. Todo esto vinculado a la presencia hegemónica de Estados Unidos en América Latina y particularmente en Centroamérica y el Caribe.

El segundo conflicto excedió las fronteras de Guatemala. Es la confronta-ción hecha explícita en 1946 con el famoso discurso de Winston Churchill en el cual habló de la “cortina de hierro” y acuñó la expresión de “Guerra Fría”. Se trata del conflicto que también ha sido llamado de manera imprecisa “este-oeste” y que no fue sino el lance entre el sistema capitalista en su fase imperialista y el

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sistema soviético que se autodenominó socialista. Independientemente del juicio que hoy nos merezca este último sistema, el hecho real es que los grandes capita-les mundiales se sintieron amenazados por esta forma de organizar la política y la economía. Particularmente las grandes potencias capitalistas sintieron amenazada su hegemonía por la creciente presencia de la Unión Soviética y posteriormente por la emergencia de la revolución china en 1949. La Guerra Fría marcó al mundo entero, favoreció interpretaciones y políticas maniqueas y en el caso particular de Guatemala hizo del anticomunismo la ideología que justificó el mantenimiento mutatis mutandis del orden político y social que había sido heredado de las dicta-duras conservadoras y liberales durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La Guerra Fría favoreció la alianza de Washington con los sectores más re-accionarios de Guatemala, dando lugar a la intervención estadounidense en el país. Determinada en su lucha contra lo que calificaba como “expansionismo soviético”, la Casa Blanca no puso en su lista de prioridades para establecer su alianza con las élites guatemaltecas la modernización política y económica que el país reque-ría para estabilizar la dominación reaccionaria, modernización que incluso en esa época, ya recomendaban algunos analistas estadounidenses.

La dialéctica Estado-insurgencia dista mucho de ser el único conflicto obser-vado en el período, pero fue consideración de los coordinadores del proyecto que esta confrontación repercutió en el desenvolvimiento de las distintas instituciones y sujetos analizados en la obra. En algunos casos llegó a tener una influencia decisi-va, por lo que en cada uno de los temas a abordar, si bien se aconsejó no desestimar esta dialéctica, también se estimuló a que se tomara en cuenta la autonomía relativa que las distintas esferas de la vida política y social del país podrían haber llegado a tener en relación con esa dialéctica. Los materiales aquí presentados muestran que los autores lograron producir sus textos considerando de manera creativa y seria la interrelación en esa disputa histórica entre quienes detentaron por más de treinta años el poder del Estado, por un lado, y la insurgencia, por otro, así como los otros elementos que pudieron influir en el devenir de los aspectos analizados.

La obra finalmente quedó integrada en cinco vol úmenes iniciales y la ex-pectativa de que en el futuro se puedan llegar a concluir dos más. El Tomo I, Proceso político y antagonismo social, pretende presentar las líneas generales del proceso político vivido por la sociedad guatemalteca en estos casi cincuenta años. En tanto el texto introductorio de Sergio Tischler Visquerra levanta toda una serie de hipótesis sobre las causas y consecuencias de lo vivido en esa época, Luis Pedro Taracena Arriola y Carlos Figueroa Ibarra puntualizan, cada uno desde perspecti-vas diferentes, los que bien pueden considerarse los ejes alrededor de los cuales giraron las acciones estatales y sociales. Luis Pedro Taracena Arriola enfatiza en los rasgos políticos que caracterizaron el período, mientras que Figueroa Ibarra centra su análisis en las prácticas terroristas del Estado, las que lo llevan, desde la perspectiva del autor, a una espiral genocida en contra de grupos específicos de la sociedad guatemalteca. En los siguientes textos, Édgar Ruano analiza y reflexiona sobre la ruptura histórica que significó para la política y la vida social guatemalteca

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el cisma institucional de 1963, identificando sus antecedentes pero también sus consecuencias para una sociedad y una cultura política que vio cristalizadas prácti-cas represivas poco usuales en los contextos de desarrollo político de otros países. Edmundo Urrutia, por su parte, enfoca su reflexión en las organizaciones políticas actuantes durante todo el período, ofreciendo un amplio análisis de lo que ha sido la organización política en la sociedad guatemalteca. Su estudio se entrelaza con las hipótesis y conclusiones de los otros autores, permitiendo que se pueda tener una visión más completa de lo que la disputa por el poder político significó en todo este período. El Tomo I se cierra con el examen de un actor que, a pesar de su importancia política e histórica, ha sido poco analizado desde la academia: el Ejército. Gabriel Aguilera ofrece en este último capítulo una visión sucinta pero profunda de las fuerzas armadas guatemaltecas, permitiendo comprender de mejor forma cada una de las afirmaciones y comentarios que los otros autores han presen-tado, dado que el Ejército ha sido un actor central y decisivo en todo este proceso político y social vivido por la sociedad guatemalteca.

En el Tomo II, La dimensión revolucionaria, los autores hacen un recorrido por lo que fueron las razones, motivos, formas organizativas y dificultades de las organizaciones revolucionarias. El tomo se inicia con un capítulo introductorio que, escrito a seis manos, nos ofrece los antecedentes del movimiento revolucio-nario guatemalteco. Carlos Figueroa Ibarra, Arturo Taracena Arriola y Guillermo Paz Cárcamo logran hilvanar, bien puede decirse, la mejor síntesis de lo que se ha dicho y escrito sobre el llamado primer período revolucionario. Novedoso en su estructura y forma de interpretar los hechos, el capítulo ofrece una visión madura y crítica de lo sucedido, aportando referencias documentales que no se habían reuni-do para el análisis de ese momento crítico de la historia nacional. Muestra, además, la diferencia que entre estos autores existe en la interpretación de ciertos hechos o actuaciones, lo cual no fue obstáculo para escribir un texto dialogado y en cada una de sus partes complementario con las otras.

Megan Thomas, Mario Alfonso Bravo y Mario Eduardo Valdez nos ofrecen informaciones debidamente documentadas sobre las diferentes visiones y el pro-ceder de las organizaciones que en distintos momentos y bajo distintas posiciones ideológicas y conceptuales impulsaron el proceso insurgente y la lucha política y social en el llamado segundo ciclo revolucionario. Jaime Barrios Carrillo ofrece un análisis y reflexión sobre aquellos actores políticos que, sin alzarse en armas, disputaron el poder bajo concepciones ideológicas críticas al sistema y que, por ello, fueron objeto de persecución brutal.

Estos cuatro textos del Tomo II se vinculan directamente con el capítulo primero, ofreciendo en su conjunto una reflexión fresca y actualizada de lo imagi-nado, esperado, hecho y sufrido por las distintas organizaciones revolucionarias. A su vez, sus análisis e interpretaciones pueden robustecerse con lo presentado en el Tomo I, y las fuentes citadas por estos autores, así como sus propias aportaciones, permiten comprender de mejor manera lo dicho y expuesto en este primer tomo.

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En el Tomo III, Pueblos indígenas, actores políticos, los autores, todos espe-cialistas en el análisis de las cuestiones propias y específicas de los pueblos mayas, nos ofrecen un recorrido reflexivo y analítico sobre lo que fue el proceso de visuali-zación de sus demandas y su incorporació n a la lucha revolucionaria. El capítulo a cargo de Santiago Bastos enfoca la reflexión en el proceso de constitución de estos pueblos, invisibilizados por más de cuatro siglos, en actores políticos. El trabajo de Claudia Dary permite entender la dura, difícil y muchas veces tortuosa relación que en este período fueron estableciendo estos pueblos con un Estado que, por sus propios orígenes y naturaleza, los margina y subyuga. Pablo Rangel y Gabriela Escobar analizan las formas y maneras como los pueblos indígenas guatemaltecos han hecho visibles y presentes sus demandas. En tanto Rangel analiza esas deman-das desde la óptica de los contextos internacionales más allá de la Guerra Fría, Escobar las visualiza en su vinculación con y desde el movimiento revolucionario. Este último análisis es complementado por el texto de Morna Macleod, quien ofre-ce una lectura desde la óptica de la dialéctica indianismo y clasismo. Como en los tomos anteriores, estos textos complementan lo dicho en los mismos, así como lo que en ellos se analiza, interpreta y evidencia permite completar de mejor forma lo tratado de manera más específica en este tomo.

El Tomo IV, La negociación de la paz, procesos y contextos, está dedicado al período final del continuo histórico considerado. En éste, el proceso por medio del cual se negoció la paz se convierte en el objeto principal de análisis, contándose además con reflexiones sobre asuntos que, si bien le sirven de contexto, también forman parte importante de ese momento histórico. El tomo se abre con un inte-resante trabajo de Susanne Jonas que intenta mostrar las serias dificultades que al proceso democratizador se le han impuesto después de la firma de los Acuerdos de Paz. Si la paz era la precondición indispensable para dar forma a un proceso democratizador, ésta, como lo muestra la autora, no ha sido suficiente. Fernando González y Luis Alberto Padilla, por su parte, nos permiten una mirada internacio-nal de ese proceso, tanto en su contexto general, la política exterior del Estado de Guatemala, como en el contexto internacional más específico de las negociaciones para la paz. Miguel Ángel Reyes Illescas, como parte de los actores directores en buena parte del proceso, ofrece una síntesis documentada de lo que fueron esas negociaciones, abriendo espacios para nuevas lecturas e interpretaciones no sólo del proceso de negociación en sí sino de las posibles causas y razones del porqué los compromisos no lograron luego concretarse. Con ese telón de fondo, Gabriel Aguilera nos da noticia de cómo los distintos actores de la sociedad civil interac-tuaron y se esforzaron para influir en los Acuerdos de Paz, imaginándolos como el efectivo quiebre en una historia política y social que se había caracterizado por la exclusión y la marginación de los sectores mayoritarios pero no pudientes, actitu-des acompañadas en las últimas décadas del siglo XX por una intensa persecución y eliminación de todos los que de una u otra forma la pusiesen en cuestión y, más aún, intentasen revertirla.

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En este mismo Tomo IV, Enrique Corral ofrece una narración sobre lo vivido y sufrido por los refugiados guatemaltecos en las poblaciones mexicanas próximas a la frontera con el país, incorporando además las condiciones y características sociales y políticas que esos grupos de guatemaltecos vivieron al momento de su retorno. A continuación, el texto de Anantonia Reyes Prado y Ruth del Valle nos ofrece información y análisis sobre un tema que, leído en el contexto de los otros capítulos, nos presenta un asunto que, a pesar de su vital importancia para la construcción de una sociedad moderna, apenas si cobró legitimidad política y so-cial durante y después de la firma de los Acuerdos de Paz. Los derechos humanos son aquí objeto de un tratamiento específico, no como una propuesta teórica, sino como una demanda que durante el período analizado fue constituyéndose en el eje articulador de movimientos y luchas sociales. El tomo se cierra con la reflexión basada en copiosa información que Guadalupe Rodríguez de Ita hace del exilio guatemalteco, en particular el que consiguió cobijo en la República Mexicana.

El Tomo V, Cultura y arte en un país en conflicto, ofrece la novedad de ana-lizar, desde un contexto histórico amplio, el conjunto de facetas que la producción estética ha tenido en Guatemala en este mismo período. Se inicia con una reflexión amplia y contextualizadora que del proceso de producción cultural, y específica-mente literario, hace Mario Roberto Morales, análisis que se complementa con la aproximación que a la narrativa del período nos ofrece Francisco Albizúrez Palma. La manera como la plástica se desarrolló en todo este período, en un diálogo abier-to o silencioso con el proceso político y social que se vivía, es presentada de forma novedosa por Antonio Móbil. También hacen lo mismo José María Magaña y Al-fonso yurrita para la arquitectura, Édgar Barillas para el cine, Jorge Hugo Carrillo para el teatro y Jorge Sierra para la música. Sin lugar a dudas, este tomo presenta la innovación de que por primera vez las artes y la estética son analizadas desde una perspectiva histórica y con una visión de proceso social. El Tomo V se cierra con una reflexión específica sobre las mujeres y su participación en la producción de información y comunicación en los primeros años del período estudiado en toda la obra. Redactado por Patricia Borrayo, el texto, además de visibilizar a las mujeres en un espacio específico como es el de la comunicación, permite entender cómo ellas han ido labrando espacios propios y específicos, en este caso en el de la producción y presentación de informaciones y opiniones.

Pendientes de conclusión quedaron los tomos dedicados al análisis de las políticas públicas y medios de comunicación, así como el dedicado a los procesos de acumulación y desarrollo del capital y el trabajo, los que esperamos puedan ser completados luego de publicados los cinco primeros tomos.

Dada la limitación y escasez de los recursos, llevar a feliz término la pro-ducción de todos estos textos y lograr que integren una colección completa ha sido un esfuerzo inconmensurable de autores, coordinadores y asistentes. Poner esta compilación de textos en las manos de los lectores requirió de la dedicación y com-promiso en labores muchas veces fuera de horario del licenciado Hugo de León

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Pérez, quien tuvo a su cargo la revisión y producción editorial de toda la obra. Fi-nalmente, es de reconocer y agradecer el decidido apoyo que la actual dirección de FLACSO-Guatemala ha dado para que este esfuerzo llegue a su satisfactoria con-clusión, sin el cual toda la entrega y la dedicación que los distintos participantes aportaron hubieran quedado sin lograr su cometido de llegar a la mayor cantidad de lectores posibles.

Skogås, Stockholm, Octubre de 2012.

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ÍNDICE

Proemio 9

Presentación Guatemala: Historia reciente 11

caPítulo XVIIla deMocratización Por Medio de la Paz: el diFícil caSo de GuateMala 25Susanne Jonas

Primera parte: La “Decentaurización” y otros beneficios democráticos 28 El proceso de negociación de la paz 28 El contenido de los Acuerdos: democracia sin justicia social 35 Segunda parte: Democracia sin adjetivos 39 ¿Qué tan democrática fue la “transición pactada” de Guatemala? 39 Las dimensiones del proyecto democrático 47 La cuestión no resuelta de la justicia social 52 Epílogo: El difícil caso de Guatemala, 1997-2012 55 Referencias 59

caPítulo XVIIIPolítica exterior de GuateMala, 1954 a 2001 69Fernando González Davison

A manera de introducción 71 Antecedentes 1944-1954 71 Dependencia de Washington 74 Relativa autonomía militar externa 78 Neutralidad en los conflictos de los años ochenta 80 La neutralidad guatemalteca 82 Bajo el Consenso de Washington y la democratización 85 Conclusiones y perspectivas 92 Bibliografía básica 94

caPítulo XIXGuateMala: relacioneS internacionaleS y contexto GeoPolítico Mundial, 1954-1996 97Luis Alberto Padilla

Introducción 99 El naufragio de la revolución democrática: 1944-1954 104 La Conferencia de Caracas 111 El caso de Guatemala ante el Consejo de Seguridad 113 Contexto geopolítico, conflicto armado y autoritarismo militar 1954-1980 119 Conflicto regional y cambio político: las guerras centroamericanas de baja intensidad en la década de 1980 122 Esquipulas y el proceso de paz: 1987-1996 127

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¿Una paz firme y duradera? 132 Belice: el replanteamiento de la reclamación territorial 135 Conclusiones 139 Bibliografía 143

caPítulo XX la eSPeranza entre SoMbraS, el ProceSo de Solución Política al conFlicto arMado 145Miguel Ángel Reyes Illescas

Acercamiento conceptual 147 El entorno inmediato 150 Inflexiones y estrategias 151 La insurgencia propone la solución política 153 La insurgencia otorga prioridad a los contenidos 157 Forjar estrategias y tácticas 157 Señales de progreso 159 Las ilusorias pláticas con Arzú 167 Fuerza electoral para mejorar la correlación política 171 Sin negociar la implementación 173 Disyuntivas no resueltas 174 Lo agrario 174 La democracia 177 La seguridad 179 Una plataforma política 180 Significaciones 182 Procesos institucionales en formación 182 El sentido en la mediana duración 183 Empatar la guerra, perder la paz 184 Apreciación final 185 Bibliografía 187

caPítulo XXIla Sociedad civil y el ProceSo de Paz en GuateMala 191Gabriel Aguilera Peralta La Sociedad Civil como tercer actor 193 La Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y el Diálogo Nacional 194 Los diálogos del Acuerdo de Oslo 197 La Instancia Nacional de Consenso (INC) 200 La creación de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) 202 La organización del trabajo de la ASC 204 Los documentos de consenso 206 1. Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado 206 2. Identidad y derechos de los pueblos indígenas 207 3. Aspectos socioeconómicos y situación agraria 209 4. Fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática 210 5. Reformas constitucionales 212 La ASC después de los documentos de consenso 218 Conclusión 219 Anexo 220 Bibliografía 223

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caPítulo XXIIel reFuGio y el retorno 225Enrique Corral Alonso

Introducción 227 Descripción del fenómeno del refugio en México 229 Datos del refugio 231 La fuerza de los refugiados fue su propia organización 233 Las mujeres refugiadas 235 El retorno 237 La negociación del retorno colectivo 238 La gran experiencia de los retornos a Guatemala 244 El papel de las organizaciones de la URNG 245 Preguntas y retos fundamentales 249 Documentación especializada consultada 250 Anexo 1 252 Anexo 2 253 Anexo 3 254 Anexo 4 255

caPítulo XXIIIdeFenSa y ProMoción de loS derechoS huManoS en GuateMala 257Anantonia Reyes PradoRuth del Valle A manera de introducción 259 Objetivos 260 Estudios previos 261 Antecedentes 262 1962 a 1965 264 1966 264 1973-1981 267 Organizaciones en el exilio (1981-1984) 269 El surgimiento de nuevas organizaciones de víctimas en Guatemala 273 Lucha contra la impunidad 273 La fortaleza de la organización de las víctimas 275 Entidades especializadas 276 Defensa desde las iglesias 277 Derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas 277 Grupos que defienden derechos de grupos especiales 278 Entidades contra la delincuencia común 279 Grupos organizados en los departamentos 280 Esfuerzos para la reconciliación 280 La búsqueda del resarcimiento para las víctimas 281 Los esfuerzos por la reconstrucción de la memoria 282 Entidades dedicadas al acompañamiento psicosocial 284 Los derechos económicos, sociales y culturales 285 Coaliciones 285 Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) 286 Educación en derechos humanos 287 Entidades internacionales especializadas 290 Entidades nacionales 290

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El papel de Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos en Guatemala 292 Los derechos humanos en el proceso de negociaciones de paz 295 Ataques contra defensores de derechos humanos 298 Los prejuicios en torno a los derechos humanos 299 La defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Guatemala 301 El tratamiento del caso de Guatemala en el ámbito de las Naciones Unidas 302 El tratamiento del tema Guatemala en el Sistema Interamericano 305 Hacia una valoración política de la defensa de los derechos humanos 307 ¿Quién tomó la iniciativa? 308 Derechos defendidos 311 Acciones realizadas 312 Composición social 313 Reacción del Estado 314 Diversas tensiones 314 Sobre la reconceptualización 315 Legalidad versus legitimidad 320 Globalizaciones 321 Ser defensor o defensora de derechos humanos 323 Movimiento social y ONG 325 Los hechos recientes 326 Referencias 328 Siglas y acrónimos 335

caPítulo XXIV la Patria... en y deSde el exilio en México 339Guadalupe Rodríguez de Ita

Consideraciones iniciales 341 “Oleadas” 343 Éxodo numeroso I 343 Destierro exiguo 346 Repatriaciones y expulsiones I 347 Éxodo reducido 349 Repatriaciones y expulsiones II 351 Interludio relativo 353 Éxodo numeroso II 355 “Desexilios” frecuentes 361 “Faros transterrados” 363 Mujeres 365 Hijos 366 Activismo pro Guatemala 367 Consideraciones finales 373 Fuentes de consulta 374

caPítulo xviila deMocratización Por Medio de la Paz:

el diFícil caSo de GuateMala*

SuSanne JonaS**

* NOTA: Más allá de la literatura sobre la democratización y sobre los procesos de paz guatemalteco y salvadoreño, este artículo se basa sobre todo en varios cientos de entrevistas, realizadas entre 1990 y 1999, a prácticamente todos los actores clave nacionales e internacionales en el proceso de paz y la arena política guatemalteca, desde todas las perspectivas políticas. Agradezco profundamente su generosa cooperación, que en algunos casos se dio año tras año. Deseo asimismo agrade-cer al Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, al Programa Stevenson sobre Seguridad Global de la Universidad de California, Santa Cruz, y a FLACSO-Guatemala por su apoyo a la investigación para este artículo –y para el libro De centauros y palomas: el proceso de paz guatemalteco (Westview, 2000).

** Susanne Jonas. Profesora de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de Califor-

nia, Santa Cruz. Experta en temas sociales y políticos de Guatemala. Ha escrito sobre Centroa-mérica durante más de cuatro décadas. Entre sus libros principales se encuentran De Centauros y Palomas: El Proceso de Paz Guatemalteco (FLACSO: Guatemala, 2000). (La versión en inglés ha sido premiada por Choice) y La Batalla por Guatemala (Nueva Sociedad y FLACSO: Guatemala, 1994). Es coautora de un nuevo libro sobre la migración transregional guatemalteca a Estados Unidos, próximo a ser publicado.

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El proceso de paz en Guatemala –la negociación y aplicación inicial de acuer-dos de paz de largo alcance que fueron la culminación de treinta y seis años de guerra civil en el país– es una excelente oportunidad para volver a visitar

una serie de debates en marcha sobre la democratización política y la justicia social en Latinoamérica. La primera parte de este artículo resume la forma en que, más allá de poner fin a la guerra, este proceso de paz contribuyó significativamente a la democratización de Guatemala; destaca asimismo la apertura de espacios polí-ticos que se generaron y los beneficios que se alcanzaron (o no) en el contenido de los acuerdos firmados. El resto del artículo analiza la experiencia guatemalteca desde comienzos de la década de los ochenta hasta el presente y hace uso de esta experiencia para abordar ciertos debates teóricos de naturaleza amplia sobre la democratización y la justicia social en Latinoamérica.

Con abordar estos debates conceptuales sobre la democracia política, no pre-tendo “resolverlos”; mi meta es interpretar la evolución política de Guatemala du-rante las décadas recientes y aprender de ella. Considero que tal interpretación no implica una disyuntiva entre el uso de terminología analítica sobre la democracia y el discurso público sobre experiencias reales, por lo tanto, no se debe asignar la etiqueta de “democracia” o “transición democrática” a situaciones y periodos que los guatemaltecos no experimentaron masivamente. ¿Cuándo y cómo empezó un proceso genuino de transición democrática en Guatemala? ¿Podemos caracterizar como tal el periodo (principios de los años ochenta a principios de los noventa) en que ya se había iniciado la transición política/electoral, pero no así el proceso de paz? Las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el análisis de las in-teracciones entre el proceso de paz y el proceso electoral, que hicieron posible la apertura del excluyente sistema político guatemalteco.

De aquí se desprende una interrogante más amplia: ¿Qué aporta la experien-cia guatemalteca a los debates actuales entre los diferentes paradigmas o escuelas analíticas sobre la democracia política en Latinoamérica? En la literatura de las ciencias políticas contemporáneas, la definición que se acepta más comúnmente es una u otra versión de los “procedimientos mínimos”. Aquí plantearé que ex-periencias como la guatemalteca, que implican rupturas sociales y guerras civiles de décadas de duración, no pueden comprenderse totalmente en el contexto –útil

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pero limitado– de una sola escuela de pensamiento sobre las transiciones democrá-ticas. Esta perspectiva, desarrollada principalmente para abordar las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos en el sur de Europa y en el Cono Sur latinoamericano, aporta explicaciones parciales; sin embargo, para los casos de los países centroamericanos que experimentaron trastornos revolucionarios durante la década de 1980, debe complementarse con otros enfoques que resalten las dimen-siones participativas de la democratización. En particular, existen elementos clave de la experiencia guatemalteca que pueden visualizarse mejor desde la óptica de la tradición clásica, que además de los elementos mínimos en los procedimientos enfatiza los aspectos de la participación en la democracia.

Por otra parte, dado que el 60% de la población de Guatemala es indígena, la calidad de la democracia política en el país se verá profundamente afectada por aspectos de pluriculturalidad. Finalmente, más allá de los debates sobre la natura-leza de la democracia política, persiste el tema, muy discutido y aún no resuelto, de su relación con la equidad socioeconómica o la justicia social –en particular en esta era de políticas económicas neoliberales. Este tema puede examinarse una vez más a la luz de la experiencia del proceso de paz en Guatemala. En resumen, mi propósito en este artículo es aportar a la teoría sobre la experiencia guatemalteca desde inicios de los años ochenta hasta la actualidad, con la esperanza de enrique-cer debates más amplios sobre el tema.

PriMera Parte: la “decentaurización” y otroS beneFicioS deMocráticoS

El proceso de negociación de la paz

En Guatemala, como en todas partes, un proceso de negociación de la paz es, en definitiva, un acuerdo político, y gran parte de lo que puede generar en el corto pla-zo tiene que ver con los compromisos políticos de la posguerra. En el caso de Gua-temala, son especialmente notables los elementos democratizadores del proceso aludido, con sus disposiciones para aportes y participación amplios, y el contenido de los acuerdos que finalmente se firmaron.

Es importante tener en cuenta que, hasta fechas tan recientes como 1992-1993, las fuerzas de línea dura de las élites civiles y militares de Guatemala estaban decididas a no negociar un acuerdo que permitiera la presencia legal o política de la izquierda insurgente o de sus aliados, y que prácticamente consideraban a todas las organizaciones de la sociedad civil como aliados o “fachadas” de la guerrilla. En especial tras la firma de una paz negociada en el vecino El Salvador, en enero de 1992, las élites juraron “nunca” tolerar un resultado semejante en Guatemala. Abajo se resume (véanse también Jonas, 2000a y 2000b) la extraordinaria historia

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de cómo y cuándo –de 1994 a 1996– el Ejército y el gobierno guatemaltecos se vieron involucrados en casi el mismo tipo de proceso que el salvadoreño, con las Naciones Unidas como moderador y verificador.

Los treinta y seis años de guerra civil en Guatemala se iniciaron en los años sesenta, poco tiempo después del derrocamiento del gobierno democrático nacio-nalista de Jacobo Arbenz, orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), en 1954. Durante las siguientes tres décadas y media, diferentes fases de la guerra enfrentaron a organizaciones insurgentes de la izquier-da (que se unificó en 1982 en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)) y fuerzas contrainsurgentes del Ejército guatemalteco, entrenadas y apo-yadas por Estados Unidos. La primera fase de la guerra, ocurrida entre la mitad y el final de la década de los sesenta, se concentró en la parte oriental del país, habitada principalmente por población ladina (no indígena). Tras la devastadora contraofensiva del Ejército en 1966-1968, las guerrillas se retiraron, reagruparon y reingresaron al país a inicios de la década de los setenta.

Las fases siguientes de la guerra tuvieron lugar principalmente en el altiplano occidental guatemalteco, donde las numerosas comunidades indígenas fueron los principales protagonistas y la base de apoyo para la guerrilla. El Ejército respon-dió a principios de los años ochenta con una brutal campaña de “tierra arrasada”, que dejó entre 100 mil y 150 mil muertos o “desaparecidos” tan sólo entre 1981 y 1983, y que se reconoce ampliamente como genocida (véanse Falla, 1978 y 1994; Le Bot, 1995; Jonas, 1995; sobre la relación de Estados Unidos con el Ejército, véase Jonas, 1996). Pero incluso mientras proseguía la guerra civil en una fase de menor intensidad, a finales de la década de 1980, comenzó a vislumbrarse el inicio de un movimiento hacia la paz. Tras la abrumadora guerra de contrainsurgencia de principios de los años ochenta, la URNG reconoció que una estrategia que as-pirara a la victoria militar o a “tomar el poder del Estado” era impensable: para la población no combatiente, el costo de una estrategia semejante la hacía totalmente inaceptable. En consecuencia, poco después de la vuelta a un gobierno civil electo en 1986 (véase abajo), la URNG comenzó a proponer diálogos y negociaciones para acordar el final de la guerra.

Durante varios años, el Ejército y el Gobierno –presidido por el demócrata cristiano Vinicio Cerezo Arévalo, 1986-1990– se negaron tercamente a negociar, insistiendo en que los insurgentes habían sido “derrotados” y por lo tanto debían entregar las armas unilateralmente, sin pactar cuestiones de fondo. Sostuvieron esta posición incluso frente a los Acuerdos de Paz Centroamericanos, negociados en 1987 en la ciudad de Guatemala con el fin primordial de terminar con la “guerra de los Contras” durante el gobierno sandinista en Nicaragua. Hacia 1990, no obs-tante, incluso los voceros del Ejército y del Gobierno tuvieron que reconocer que la guerra continuaba en Guatemala. Así, la admisión implícita de que ninguna de las dos facciones en conflicto podía “ganar” militarmente creó las condiciones para la negociación del fin de la guerra, es decir, discusiones formales para terminarla, que tuvieron lugar por primera vez en la primavera de 1990.

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Para entonces, tanto en Guatemala como internacionalmente había aflorado una considerable presión política hacia la consecución de la paz. Durante 1989, la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) (establecida por los Acuerdos de Paz Centroamericanos de 1987) promovió un Diálogo Nacional. Si bien fue boicotea-do por el Ejército, el Gobierno y el sector privado, este diálogo expresaba un claro consenso nacional entre el resto de sectores a favor de una negociación política sustancial. Para este proceso de diálogo se proyectó una serie de reuniones de la URNG con los partidos políticos y “sectores sociales” –la empresa privada, los movimientos populares y religiosos– y finalmente con el Gobierno y el Ejército. Las sesiones de 1990 incluyeron una reunión, en septiembre, entre la URNG y la organización sombrilla que agrupa a las grandes empresas en Guatemala, el CA-CIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) –un evento inconcebible en los treinta años anteriores. Más allá de las reuniones formales, el proceso de diálogo abrió espacios, dentro de un contexto represivo, para la discusión pública de asuntos que por décadas se consideraron imposibles de tratar; en este sentido, se convirtió en una vía importante para iniciar la democratización de Guatemala.

A comienzos de 1991, el gobierno recientemente electo de Jorge Serrano abrió negociaciones directas con la URNG. Por primera vez, oficiales del alto man-do del Ejército aceptaron participar en las reuniones para elaborar la agenda y los mecanismos para las conversaciones de paz sin exigir primero el desarme de la URNG, si bien aún confiaban en lograr la desmovilización de esa organización a cambio de concesiones mínimas, para guardar las formas. Durante el año siguien-te, hubo acuerdos de principio sobre la democratización y acuerdos parciales sobre derechos humanos. La precariedad del proceso se hizo evidente cuando éste se es-tancó a mediados de 1992 y se acercó a un quiebre total durante los últimos meses de la administración de Serrano, plagada de crisis. El gobierno de Serrano resultó estar más interesado en imponer un plazo para el cese al fuego que en resolver los temas sustanciales en la agenda de once puntos –que abarcaba desde derechos hu-manos y desmilitarización hasta derechos indígenas y aspectos socioeconómicos. La URNG consideró inaceptable esta posición gubernamental.

Todo el proceso de paz perdió pie debido al “Serranazo”, el autogolpe de Estado de mayo de 1993. El intento de Serrano de asumir el control absoluto –que algunas facciones del Ejército apoyaron inicialmente, aunque por poco tiempo– desencadenó una grave crisis política y constitucional. Tras el repudio de prác-ticamente todos los sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, el Serranazo se solucionó gracias a la (inesperada) ascensión a la Presidencia de Ramiro de León Carpio –procurador de los derechos humanos en ese entonces– (véanse Jonas, 1994; McCleary, 1997), sin embargo, el proceso de paz permaneció estancado durante el resto de 1993. El nuevo gobierno estaba íntimamente aliado con el ala dominante del alto mando del Ejército, que apoyaba la idea de presiden-tes civiles, pero con una institución armada que conservara plena autonomía y amplios poderes de veto. El nuevo gobierno presentó propuestas poco realistas de negociación,

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que de haberse llevado a cabo habrían descartado acuerdos ya firmados y, en esen-cia, requerido que la URNG se desarmara sin ningún acuerdo sustancial. Quizás el Ejército confiaba en aprovechar la legitimidad de De León Carpio para lograr una rendición incondicional de la URNG. Estas propuestas recibieron un rechazo casi unánime de la sociedad guatemalteca, con la excepción del Ejército y el sector pri-vado, y la comunidad internacional las consideró completamente impracticables.

En enero de 1994, con estas tácticas aún en marcha, se reanudaron las nego-ciaciones, pero esta vez sobre una base significativamente diferente. Durante las rondas de 1991-1993, el moderador de las conversaciones de paz había sido mon-señor Rodolfo Quezada Toruño, de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, con las Naciones Unidas en el papel de “observador”. Hacia enero de 1994, ambas partes acordaron que las Naciones Unidas debían moderar las conversaciones. Este hecho allanó el camino a una mayor participación de la comunidad internacional y dio más peso a las negociaciones, confiriéndosele así a todo el proceso una diná-mica menos reversible (véanse Jonas, 2000a; Baranyi, 1995; Padilla, 1995 y 1997; Aguilera Peralta, 2003).

Más aún, el Acuerdo Marco de enero de 1994 estableció una agenda y crono-grama claros; la agenda permaneció, pero en la práctica los plazos resultaron total-mente impracticables. Este Acuerdo formalizó además un rol para la participación multisectorial de base amplia de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), que in-cluía prácticamente a todos los sectores organizados de la sociedad civil (incluso, y por primera vez, a las organizaciones de mujeres), así como todos los partidos polí-ticos importantes. Sólo el sector de la empresa privada, representado en el CACIF, decidió no participar. Con la nueva experiencia ganada durante el Serranazo, estas organizaciones de base se habían vuelto progresivamente más activas en demandar su participación en el proceso de paz. La ASC también era notable por la diversi-dad o pluralidad de las posiciones políticas e ideológicas representadas en sus filas; a diferencia de las organizaciones populares de El Salvador en su relación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la ASC no era un mero instrumento de la URNG. A medida que se forjaban los acuerdos principales, la ASC –tras emprender un fascinante proceso de construcción de consensos entre posturas ampliamente divergentes– presentó propuestas en cada tema a las partes negociantes. Si bien estas propuestas no eran vinculantes, las partes tuvieron que tomarlas en cuenta y la URNG adoptó muchas de ellas como sus propias posicio-nes para la negociación.

La formación de la ASC también dio a los sectores populares organizados de Guatemala su primera experiencia prolongada de participación (tras sus esfuerzos iniciales durante el Serranazo) como parte del proceso político. Este hecho fue especialmente importante para sectores que siempre habían rechazado participar electoralmente y se enorgullecían de su cultura política antisistema, en la cual la denuncia es manifestación de la resistencia política. En la historia de Guatemala, la experiencia de la ASC fue la precursora de la eventual participación de muchos de estos sectores en las elecciones de 1995.

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A finales de marzo de 1994 se logró la firma del Acuerdo Global sobre De-rechos Humanos, que demandaba el establecimiento inmediato de mecanismos internacionales de verificación para el monitoreo de los derechos humanos. Sin embargo, durante meses el Gobierno no dio ningún paso para cumplir sus obliga-ciones bajo este Acuerdo y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) no llegó al país hasta noviembre de 1994. Sobre la mesa de negociaciones se firmaron dos nuevos acuerdos en junio de 1994, uno sobre el Reasentamiento de las Poblaciones Desplazadas y otro para el establecimiento de una débil Comisión de la Verdad (con las atribuciones de “esclarecer” los crímenes contra los derechos humanos, pero sin nombrar a los individuos responsables). Este último Acuerdo recibió feroces críticas de las organizaciones populares y de derechos humanos. En la realidad, mientras tanto, las violaciones a los derechos humanos empeoraron, lo que dejaba la clara impresión de que el Gobierno fingía se-guir los pasos de un supuesto proceso de paz sin tener la intención de cambiar nada.

Por estas razones, y por la complejidad del tema mismo, no se logró alcanzar ningún acuerdo en el tema siguiente, sobre Identidad y Derechos de los Pueblos In-dígenas, hasta marzo de 1995. La firma de este Acuerdo fue un logro histórico para un país con un 60% de población indígena. El Acuerdo exigía una redefinición constitucional de Guatemala como país multiétnico, multicultural y multilingüe e implicaba vastos cambios en las instituciones del país (como se detalla más adelan-te). La firma del Acuerdo, no obstante, se vio eclipsada el 23 de marzo cuando es-talló en Washington el escándalo por el involucramiento de un oficial del Ejército, pagado por la CIA, en los asesinatos de un ciudadano estadounidense y un coman-dante indígena de la guerrilla, este último casado con la abogada estadounidense Jennifer Harbury. Este escándalo ocupó los titulares durante varias semanas, para descrédito adicional del Ejército guatemalteco (y de la CIA). Las negociaciones sobre el siguiente tema, Aspectos Socioeconómicos –que afectaba directamente los intereses de las élites económicas de Guatemala–, continuó durante 1995, con algunos progresos pero sin que se encontrara una solución definitiva durante el gobierno saliente de De León Carpio.

Mientras tanto, la dinámica de las elecciones generales de 1995 en Guatema-la tuvo un impacto directo sobre el proceso de paz y viceversa (estas interacciones se exploran en detalle en la Segunda Parte de este trabajo). Las novedades más importantes de dicho proceso electoral fueron, primero, la temprana convocatoria por parte de la URNG, instando a la participación en los comicios; segundo, la formación de un frente electoral de centro izquierda, integrado por organizaciones populares e indígenas (el “flanco izquierdo” de la ASC), el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG); y tercero, el acuerdo, alcanzado en agosto, en el que la URNG se comprometió a no trastornar las elecciones a cambio del compromiso de los principales partidos políticos para proseguir las negociaciones de paz bajo un nuevo gobierno y a respetar los acuerdos ya firmados.

En las elecciones generales de noviembre de 1995, ningún candidato recibió la mayoría absoluta. La mayor sorpresa de los comicios fue la fuerza, mayor a la

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esperada, que mostró el FDNG, que ganó seis curules en el Congreso. Adicional-mente, alianzas entre el FDNG y “comités cívicos” locales de base indígena (véa-se abajo) ganaron varias alcaldías importantes, incluyendo la de Quetzaltenango. En enero de 1996, la segunda vuelta electoral enfrentó al conservador reformista Álvaro Arzú y a un candidato sustituto de Efraín Ríos Montt (Alfonso Portillo), opuesto al proceso de paz. Arzú ganó las elecciones por un escaso margen de 2%.

Incluso antes de asumir la Presidencia, Arzú había sostenido varias reunio-nes secretas y directas con la URNG en diversas localidades. Poco después de tomar posesión, Arzú manifestó inmediatamente su intención de llevar las con-versaciones de paz en curso a una conclusión satisfactoria. Además de nombrar un “gabinete de la paz”, el nuevo presidente subrayó su intención de establecer el control civil de las fuerzas armadas al emprender una serie de reorganizaciones en el alto mando del Ejército y la Policía, controlada por el primero. Éstas y otras acciones crearon un nuevo clima político de confianza y pavimentaron el camino para un cese al fuego de duración indefinida entre los rebeldes y el Ejército en marzo de 1996.

Una vez reiniciadas las negociaciones de paz, y tras intensas consultas con el sector privado, se firmó en mayo de 1996 el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconó-micos y Situación Agraria –por fin, con el apoyo del CACIF. Los compromisos que implicaba este Acuerdo generaron una considerable controversia entre las organi-zaciones populares, antes de que la ASC aceptara finalmente apoyarlo. El máximo logro del proceso de paz llegó en septiembre de 1996, con la firma del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad De-mocrática; este Acuerdo demandaba reformas constitucionales que subordinaban el Ejército al control civil y restringían el rol del Ejército a la defensa externa, a la vez que creaban una nueva fuerza de policía civil para manejar todos los asuntos de seguridad interna.

En octubre de 1996 surgió una grave crisis que tuvo algunos efectos durade-ros y que estuvo a punto de hacer descarrilar todo el proceso. Se descubrió que un grupo de alto nivel de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) –previamente considerada como la más anuente a las negociaciones entre todas las organizacio-nes de la URNG–, era el autor del secuestro de la octogenaria Olga de Novella, miembro de una de las familias más ricas del país y amiga personal del presidente Arzú. El Gobierno suspendió las conversaciones de paz hasta que el líder superior de la ORPA, Gaspar Ilom, renunció en noviembre de la mesa de negociaciones. Reanudado el proceso, esta vez con finales del año 1996 como fecha límite, los acuerdos operativos se firmaron en diciembre. Este hecho implicaba un cese al fuego definitivo, reformas constitucionales y electorales, la reintegración legal de la URNG –incluyendo una amnistía parcial tanto para la URNG como para el Ejército– y un cronograma para el cumplimiento de todos los acuerdos. Tras el dramático regreso de los líderes de la URNG a Guatemala el 28 de diciembre, se firmó el histórico Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de Guatemala, en medio de considerables celebraciones nacionales

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y notoria atención internacional. Así concluye la primera fase del proceso de paz, el que las élites guatemaltecas habían jurado “nunca” permitir en Guatemala.

¿Cómo fue entonces que este “nunca” se convirtió en aceptación? Las Na-ciones Unidas jugaron un papel que ninguna otra fuerza mediadora podría haber jugado al facilitar acuerdos entre el Gobierno y la URNG. Asimismo, seis gobier-nos jugaron un rol de apoyo importante, en la forma del “Grupo de Amigos” del proceso de paz.1 En Guatemala, de manera lenta pero segura y a pesar de feroces resistencias y demoras significativas, el proceso de paz adquirió así credibilidad. Es claro que en numerosas oportunidades su volatilidad y fragilidad evocó imáge-nes de las negociaciones en el Oriente Medio entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), pero aún con todas sus dificultades, la lógica del proceso de paz, ampliamente reconocida, ofrecía a Guatemala la mejor oportuni-dad para democratizar un sistema profundamente excluyente y para emprender cambios importantes que bajo otras circunstancias habrían sido altamente impro-bables y aún imposibles.

Incluso en el interior del recalcitrante CACIF, sus sectores más pragmáticos y “modernistas” se vieron involucrados en el proceso de paz y reconocieron que éste era el único camino para no quedar aislados y rezagados en el mundo del siglo XXI. Por su parte, el Ejército, aparentemente todopoderoso, se vio en una posición cada vez más defensiva pese a las apariencias en contra y experimentó la disminu-ción de su legitimidad y autoridad en el país, en particular tras el fallido Serranazo y el escándalo de la CIA en 1995. Internacionalmente, dados los cambios que el mundo y Guatemala experimentaron a partir de 1990, los opositores declarados del proceso de paz dentro del Ejército guatemalteco ya no podían contar con el apoyo de Estados Unidos (Jonas, 1996). En suma, ninguna de las partes involucradas podía moverse más que hacia adelante.

Vistas en su totalidad, las negociaciones de paz fueron un gran paso ha-cia adelante para la democracia guatemalteca. Los Acuerdos fueron un verdadero pacto negociado, en forma muy parecida a los de El Salvador en 1992. En lugar de una imposición de los vencedores sobre los vencidos, representaron una nego-ciación de las diferencias entre fuerzas radicalmente opuestas, con importantes concesiones por ambas partes. Este ejercicio en la cultura del compromiso fue una verdadera novedad en Guatemala.

Desde la firma de la paz se han acumulado beneficios adicionales emanados de este proceso. La mayoría de los Acuerdos contienen disposiciones importantes para la participación y la toma de decisiones, incluyendo “comisiones paritarias” (con representación equitativa del Gobierno y las organizaciones indígenas) y una serie adicional de comisiones multisectoriales. Adicionalmente, la implementa-ción de los Acuerdos ha impulsado una cultura y práctica de “consultas” de largo alcance que involucran a algunos –pero no todos– los formuladores de políticas en

1 Los gobiernos líderes del “Grupo de Amigos” fueron México, España, Noruega y Estados Uni-dos; Colombia y Venezuela fueron también miembros nominales, pero menos influyentes.

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intercambios directos con la ciudadanía y las organizaciones sociales, algunas de ellas fuera de la capital (también una novedad). Finalmente, los Acuerdos propor-cionan mecanismos innovadores –como el Foro de Mujeres– para la capacitación y el fortalecimiento de aptitudes entre aquéllos que jamás habían tenido tales oportunidades.

Si se implementaran plenamente, los Acuerdos podrían abrir la brecha para significativas transformaciones en la sociedad guatemalteca, la única oportunidad semejante en medio siglo (desde el derrocamiento del gobierno democrático refor-mista de Arbenz por parte de la CIA en 1954), y posiblemente la única oportunidad que Guatemala tendrá en medio siglo más. Pero aun tras la firma e implementación inicial de algunos acuerdos, el camino permanece sembrado de minas y los es-fuerzos para implementarlos plenamente han tropezado con la seria resistencia de aquéllos que detentaron el poder en el antiguo sistema (véase el Epílogo).

El contenido de los Acuerdos: democracia sin justicia social

Considerados en conjunto, los Acuerdos terminaron con cuarenta y dos años de dolorosa historia de Guerra Fría y aportaron un marco para institucionalizar la democracia política plena en un país que no ha gozado de ella desde 1954. Con-siderados uno por uno, no obstante, los Acuerdos combinan logros genuinos con serias limitaciones; representan una serie de compromisos entre puntos de vista radicalmente opuestos. Las obligaciones que le imponen al Gobierno guatemalteco están escritas en blanco y negro y sujetas a la verificación internacional (ONU).

El primer acuerdo significativo fue el Acuerdo Global sobre Derechos Hu-manos, firmado en marzo de 1994. Su importancia no radica precisamente en que incluya algún concepto novedoso de derechos humanos –pues éstos ya estaban garantizados por la Constitución de 1985–, sino en el nuevo mecanismo que crea-ron en la práctica para terminar con la violación sistemática de estos derechos: la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). La presencia de las Naciones Unidas en el país puso de manifiesto la intención de la comunidad internacional de monitorear el respeto a los derechos humanos y este hecho alteró definitivamente el contexto político (véase Jonas, 2000b).

En segundo lugar, y en el centro de todo el proceso, se encuentra el Acuer-do sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Éste requiere reformas constitucionales de fondo para limitar las funciones del Ejército –que desde la década de los sesenta se ha considerado a sí mismo la “columna vertebral” del Estado guatemalteco y ha estado involucrado en todo: desde la contrainsurgencia y la seguridad interna hasta las acciones cívicas y la vacunación de la población infantil. De aquí en adelante, como lo estipula el Acuerdo, el Ejército tendrá como única función la defensa de las fronteras y de la

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integridad territorial del país. El Acuerdo elimina asimismo las temidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) paramilitares y otras unidades de contrainsurgencia, reduce en una tercera parte el tamaño y presupuesto del Ejército y crea una nueva fuerza policial civil para garantizar la seguridad ciudadana. Finalmente, ordena las reformas al sistema judicial que sean necesarias para eliminar la impunidad generalizada.

Hace algunos años, el escritor guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra (1986) nos presentó la inolvidable imagen de la “centaurización” del Estado guatemal-teco, es decir, su conversión en un aparato contrainsurgente, mitad bestia, mitad humano –una mezcla de poder militar y civil, con el predominio del componente militar. El Acuerdo de desmilitarización ordena la “descentaurización” del Estado como requisito previo para el fortalecimiento del poder civil y una democratiza-ción genuina. También es requisito indispensable para la gobernabilidad y viabili-dad de Guatemala en el siglo XXI. Como empezó a vislumbrarse con el fracaso del Serranazo en 1993, el Estado como centauro ya no es una opción factible.

Si se gana la batalla para lograr la implementación plena de los Acuerdos –hecho que en Guatemala no debe darse por sentado–, este Acuerdo destacará por los profundos cambios en las reglas y acciones de los principales actores políticos de Guatemala –es lo que John Booth (1998: 2) llama un “cambio de régimen”. Para aquéllos que han vivido todos estos años bajo el sistema político guatemalteco, militarizado y profundamente excluyente, el pluralismo ideológico es un logro significativo. El miedo a la represión, a menudo descrito como la “cultura del te-rror”, ha permeado ampliamente las interacciones humanas y sociales durante la mayor parte de la historia reciente de Guatemala. Aunque suene extraño, la gente puede celebrar el hecho de que Guatemala esté convirtiéndose en un país “normal” porque durante décadas han vivido prácticamente en un Estado de excepción.

El otro beneficio significativo es el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995. Este Acuerdo va mucho más allá de la protección de la mayoría indígena de Guatemala –el 60% de la población– contra la discriminación, pues exige una reforma constitucional que redefina a Guatema-la como una nación multiétnica, multicultural y multilingüe. Si se implementa a cabalidad, este Acuerdo requerirá profundas reformas en los sistemas educativo, judicial y político del país. Sienta las bases formales para un nuevo derecho para la mayoría indígena guatemalteca y establece su derecho a hacer reclamaciones al Estado. Como veremos más adelante, en un país como Guatemala la democracia y el pluralismo auténticos no pueden divorciarse del reconocimiento de la diversidad que en esencia es Guatemala y del fuerte componente indígena de la identidad na-cional guatemalteca. Este Acuerdo, sumado a las iniciativas independientes de toda una variedad de organizaciones indígenas, crea además un nuevo contexto para las interacciones políticas y sociales y para una cultura política más democrática.

Desde luego, algunos acuerdos adolecen de graves limitaciones, fallas y omisiones. La más notoria es su debilidad en temas de justicia para las víctimas

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del conflicto armado. Para comenzar, la Comisión de la Verdad de Guatemala no recibió facultades para llevar a los tribunales, ni siquiera para nombrar indivi-dualmente a los responsables de atroces crímenes contra los derechos humanos. Este Acuerdo, que generó en Guatemala airadas voces de protesta cuando se firmó en 1994, comprendía la amnistía parcial, negociada en diciembre de 1996, por algunos crímenes cometidos por el Ejército y la URNG. La amnistía se aplica a crímenes de guerra –excluyendo el genocidio, la tortura y las desapariciones for-zadas, pero no los asesinatos extrajudiciales.2 En esencia, el Acuerdo devuelve la pelota a las cortes de justicia. Pero el sistema judicial, que debía reformarse según el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, todavía opera en un marco generalizado de impunidad y amenazas. El nivel de impunidad que aún prevalecía dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz se evidencia en el fracaso en resolver el asesinato de mon-señor Juan Gerardi, ocurrido en abril de 1998 –el asesinato político de mayor nivel en los años recientes (véase la nota 2).

Son también severas las deficiencias en el cumplimiento del Acuerdo so-bre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Este Acuerdo reconoce la po-breza como un problema –lo que para Guatemala es un paso adelante– y acepta, en principio, la responsabilidad gubernamental por el bienestar de la población. Compromete al Gobierno a incrementar la carga impositiva en relación al PIB, de menos de 8% (la tasa más baja del hemisferio) a 12% hacia el año 2000 (y la bata-lla por instituir reformas tributarias ha sido una de las más feroces del periodo de la posguerra –véase Jonas, 2000a). Sin embargo, el Acuerdo soslaya el tema de la reforma agraria y no contiene medidas para crear empleos o abordar la alarmante tasa de desempleo y subempleo, que en la actualidad se eleva a 66%.

Los compromisos y omisiones en estos asuntos no resultan sorprendentes dada la necesidad de enrolar al sector privado en el proceso, la conservadora agen-da económica gubernamental y las políticas, por lo general neoliberales, emanadas de las instituciones financieras internacionales. Las vidas diarias de la mayoría de los guatemaltecos no mejorarán como resultado directo de los Acuerdos. Como en toda Latinoamérica, las políticas socioeconómicas serán el resultado de la pugna política, una vez legalizadas todas las fuerzas políticas. El constante deterioro de las condiciones sociales en el vecino El Salvador desde la firma de la paz en 1992 ha sentado un precedente ominoso. El Acuerdo guatemalteco incorporó medidas para prevenir una repetición de la experiencia salvadoreña (es decir, claras contra-

2 Para compensar las debilidades del Acuerdo sobre la Comisión de la Verdad y la ley de amnistía parcial, varias organizaciones y coaliciones de la sociedad civil guatemalteca emprendieron sus propias iniciativas para deducir responsabilidades por los crímenes contra los derechos huma-nos. La Iglesia católica emprendió un masivo proyecto nacional, la “Recuperación de la me-moria histórica”, para obtener testimonios de las víctimas. En el acto más brutal de la violencia política de la posguerra, el principal arquitecto de este proyecto, el obispo auxiliar monseñor Juan Gerardi fue asesinado dos días antes de la presentación pública del informe a finales de abril de 1998 (el reporte definitivo de la Comisión de la Verdad, emitido en febrero de 1999, superó en mucho todas las expectativas, pese a las limitaciones de su mandato).

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dicciones entre la agenda negociada de la paz y la agenda neoliberal del Gobierno). No obstante, queda por verse si la resistencia a la reforma tributaria y a la redistri-bución socioeconómica será el talón de Aquiles de los Acuerdos de Paz y eventual-mente socavará los beneficios democráticos. Por ejemplo, la pobreza, que persiste y empeora, es uno de los principales factores que contribuyen al aumento de la violencia social y el crimen común; éstos, a su vez, han favorecido los reclamos para mantener la participación del Ejército en la seguridad interna, una amenaza definitiva para los logros democráticos.

En términos más generales, las reformas democráticas en Guatemala de ninguna manera se han puesto en práctica en forma automática, sino han reque-rido batallas adicionales. Específicamente, los elementos más importantes de los Acuerdos de Paz en la democratización de Guatemala requieren cambios a la Constitución de 1985. Si bien la Constitución constituye una declaración de dere-chos en papel, simultáneamente legaliza para el Ejército funciones y poderes que en la práctica hacen que la democratización política sea casi imposible de lograr. Más aún, la Constitución de 1985 ha hecho muy poco para abordar los derechos de los pueblos indígenas. En consecuencia, los beneficios democráticos de fondo del proceso de paz no pueden consolidarse a menos que se lleve a cabo una reforma constitucional (véase el Epílogo).

Para resumir: El proceso de paz y los Acuerdos de Paz han cambiado muchas de las reglas del juego político y creado un nuevo escenario político. Si las fuerzas de la izquierda cuentan con la suficiente inteligencia y coherencia para usarlos bien, cuentan ahora con el espacio para luchar por muchos de los objetivos que los propios Acuerdos no alcanzaron. No obstante, con la firma de los Acuerdos, los opositores de la paz y los defensores del antiguo orden en Guatemala comenzaron inmediatamente a preparar sus armas. Hasta que se ganen las batallas fundamen-tales de la segunda fase de implementación del proceso de paz, la democracia guatemalteca seguirá siendo frágil y no consolidada. Dado el nivel de resistencia en Guatemala, el apoyo internacional concertado –y por encima de todo el con-dicionamiento de la ayuda internacional al cumplimiento de los Acuerdos– sigue siendo un complemento necesario a los esfuerzos nacionales para superar estas resistencias.

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SeGunda Parte: deMocracia Sin adJetivoS

La premisa del resto de este artículo es que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en particular en lo relativo a la desmilitarización, es la condición necesaria para el desarrollo pleno de la democracia política. La calidad de esta democracia se verá afectada asimismo por el nivel de participación ciudadana, tanto indivi-dual como colectiva, en el uso de las instituciones democráticas para mejorar sus vidas. Más adelante desarrollaré una serie de argumentos acerca de la experiencia guatemalteca y sus implicaciones para los debates más amplios en Latinoamérica. En primer lugar, plantearé que la literatura de transición, que se ha desarrollado principalmente para explicar eventos ocurridos en el Cono Sur, no captura total-mente las particularidades del proceso de democratización que Guatemala ha ex-perimentado. Para comprender a cabalidad experiencias como la guatemalteca (y la de otros países de Centroamérica), es necesario recurrir a otros paradigmas o escuelas de análisis sobre la democracia. La tradición schumpeteriana/representa-cional, que hace énfasis solamente en la democracia procedimental/institucional, no está “equivocada”, pero para situaciones como la del caso guatemalteco incluye demasiado y a la vez describe demasiado poco. Si la definición procedimental se complementa con otros marcos teóricos que se concentran más en la participa-ción política, lograremos una mejor perspectiva sobre cuánto puede significar la democratización política cuando se desarrolla a cabalidad tras un largo periodo antidemocrático. Finalmente, abordaré el tema recurrente de la equidad socioeco-nómica y su relación con la democracia política. No pretendo resolver un tema tan monumental, pero debe destacarse su persistente relevancia.

¿Qué tan democrática fue la “transición pactada” de Guatemala?

Como se ha mostrado, en Guatemala el proceso de paz ha sido una experiencia sumamente democratizadora. Pero ¿cómo se compara su contribución a la de la democracia electoral, restaurada a mediados de los años ochenta por medio de un pacto entre élites? Esta interrogante presupone otra: ¿Cómo se puede caracterizar el periodo de “transición pactada” que se vivió entre principios de la década de 1980 y comienzos de la de 1990 y que ocurrió antes de que el proceso de paz es-tuviera totalmente encaminado (aunque ya se había iniciado)? ¿Con qué criterios debemos juzgar la calidad de la democracia durante este periodo previo? Fue, por cierto, una transición política, pero ¿se la puede considerar una verdadera “tran-sición democrática”? y si no es así, ¿cómo y cuándo la transición se volvió más democrática?

Entre los inicios de los años ochenta y los de los noventa, Guatemala ex-perimentó una transición, pactada entre las élites civiles y militares, y sostuvo elecciones que fueron consideradas “libres y justas” (no fraudulentas), así como

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competitivas. Sin embargo, estas elecciones fueron también restringidas, es decir, no fueron representativas de todas las tendencias políticas (véase abajo). Adicio-nalmente, como ya se ha descrito en forma más empírica (Jonas, 1991), un aparato de contrainsurgencia represivo y coercitivo sofocaba eficazmente al mismo tiempo libertades básicas (de expresión, asociación, etc.) e imponía el control militar sobre sectores enteros de la población rural. Solamente el Departamento de Estado de la administración de Ronald Reagan fue capaz de proclamar alegremente que Guate-mala era ya una democracia “consolidada/post transicional” al apenas concluir las elecciones de 1985 (Jonas, 1989). Analistas académicos más sobrios y rigurosos reconocieron implícitamente el problema cuando debieron inventar nuevas catego-rías de democracia (restringida, pseudo, “tutelada”, “de fachada”, “democradura”, etc.) para poder incluir a Guatemala en la “familia democrática”. Cuando es preci-so agregar toda una serie de calificadores y adjetivos, la definición de democracia se estira más allá de los límites aceptables.

En Guatemala misma, los debates sobre la “transición democrática” han sido intensos y controversiales. Los oficiales del Ejército guatemalteco y algunos de sus aliados civiles por lo general declaran que fue la institución armada quien guió a Guatemala hacia la democracia, comenzando con el golpe de 1982 y prosiguiendo con la Asamblea Constituyente (1984), la nueva Constitución (1985) y las eleccio-nes de 1985 que restauraron el gobierno civil en 1986. Así, según esta interpreta-ción, oficiales visionarios del Ejército y sus aliados civiles deberían entrar en la historia como los padres de la democracia contemporánea en Guatemala. Algunos científicos sociales civiles coinciden en que la transición democrática se inició a principios de la década de los ochenta, si bien la mayoría no le atribuye al Ejército el haber “concedido la gracia” del verdadero poder a los civiles (por ejemplo, Pa-dilla, 1996b: 33; Rosada en ASIES, 1998: 32).

Una segunda discusión se enfoca en el periodo de gobiernos civiles electos, que se inició en 1986 (los gobiernos de Cerezo, Serrano y De León Carpio) y que varios analistas guatemaltecos consideran el punto de arranque de la democracia guatemalteca contemporánea (por ejemplo, Aguilera Peralta, 1996a y 1997; Aré-valo, 1998; Azpuru, 1999). Por lo general, no se basan en el argumento simplista de contar con presidentes civiles; sostienen que, pese a la gran cuota de poder que el Ejército detentaba, durante estos gobiernos se dio un gradual socavamiento del poder militar y finalmente incluso la subordinación del Ejército al poder civil. Si bien es cierto que el Ejército perdió el poder absoluto y/o experimentó un que-brantamiento de su potestad, coincido con aquéllos que cuestionan la idea de que este periodo pueda llamarse “democrático” sin más argumentos. Edelberto Torres-Rivas (1989 y 1996), por ejemplo, lo ha descrito como una “transición autoritaria a la democracia”. Por supuesto, hubo un cambio (una transición) que comenzó en 1982; incluso puede decirse, en retrospectiva, que eventualmente el periodo se convirtió en una “transición hacia la democracia”. Pero esto es muy diferente de caracterizarlo como una “transición democrática” per se, particularmente si se considera el periodo 1982-1985.

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En otros lugares (Jonas, 1991 y 1995) he planteado en detalle que, dado que no se transfirió efectivamente el poder del Ejército a los civiles, la transición de un régimen militar declarado a un gobierno civil electo en Guatemala a mediados de la década de 1980 no fue exactamente una “transición democrática” sino más bien la liberalización de arriba hacia abajo de un régimen autoritario –un proceso que en general se considera muy distinto de la democratización genuina. En el caso guatemalteco, los regímenes de finales de los años ochenta e inicios de los noventa no trataron seriamente de imponer la autoridad civil sobre la militar –con la breve excepción de Serrano, al comienzo de su gobierno. Las liberalizaciones pueden ser controladas: las aperturas pueden cerrarse a voluntad –como en efecto sucedió en Guatemala, tan recientemente como durante el Serranazo en 1993. En efecto, el malogrado Serranazo fue la primera señal auténtica de que se iniciaba una transi-ción democrática verdadera, más profunda (véase abajo).

Tras la necesaria “recomposición” del Estado contrainsurgente para resolver sus crisis de legitimidad internas y externas (surgidas en 1982-1983), lo que existió a partir de 1986 hasta principios de los años noventa puede describirse como una versión civil del Estado contrainsurgente, con sus particularidades propias, pero que dejó al Ejército una gran cuota de poder –si bien no era un poder absoluto– so-bre las autoridades civiles. En esencia, lo que no cambió fue la prevalencia de un Estado eminentemente coercitivo sobre una base continua (no excepcional) y de la dominación militar, en contraste con la hegemonía o creación del consenso social. El Estado contrainsurgente no es solamente un proyecto del Ejército sino también de la coalición dominante (incluyendo las élites económicas) como un todo. Pero los Estados contrainsurgentes tienen sus contradicciones propias, en particular en sus respuestas a la protesta popular.3 En lo formal, el gobierno civil post 1986 res-tableció el imperio de la ley, pero en la práctica los guatemaltecos no se sintieron protegidos por ella ni se comportaron como si sus derechos estuvieran protegidos. En papel, la Constitución de 1985 contenía garantías democráticas básicas, pero esa misma Constitución codificaba las instituciones contrainsurgentes (por ejem-plo, las PAC bajo control del Ejército y las “aldeas modelo”) que violaban en la práctica tales garantías, en particular en las zonas rurales previamente bajo conflic-to. Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1986 hasta mediados de los años noventa, los presidentes civiles le permitieron al Ejército el dominio tras bambalinas y no se atrevieron a desafiar sus prerrogativas. En suma, la coalición gubernamental cedió, y los políticos aceptaron, espacios muy restringidos para la acción autónoma.

Por supuesto, el marco constitucional proporcionó algunos espacios muy importantes para que la ciudadanía o las organizaciones populares se organiza-ran para una participación más amplia. Sin embargo, como lo han documentado

3 Para una discusión más completa de que Guatemala, bajo gobierno civil durante la década de 1980, siguió siendo en esencia un Estado contrainsurgente, véase Jonas, 1991: 171 y ss. Allí también expuse en contra de versiones exageradas de la tesis de un Estado contrainsurgente que lo conciben como permanente, estable, perpetuador de sí mismo o con control absoluto.

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prácticamente todos los reportes de derechos humanos que cubrieron el periodo comprendido entre 1986 y mediados de los años noventa, los niveles de represión desatados en contra de aquéllos que excedían los límites y desafiaban el clima ge-neralizado de miedo empañaron la liberalización hasta el punto de que este perio-do no puede considerarse un ambiente favorable para la participación ciudadana.4 Además, los niveles de impunidad y arbitrariedad, en particular por parte de las autoridades militares, y la ausencia del debido proceso en el sistema judicial fue-ron perturbadores. Todavía en 1995, los reportes de la MINUGUA identificaban la impunidad como el principal obstáculo para lograr mejoras verdaderas en los derechos humanos.

Los procesos electorales durante este periodo –específicamente los de 1985 y 1990-1991– estuvieron libres de fraude y ciertamente contaron con una nutrida competencia entre partidos políticos (dieciocho o diecinueve). Sin embargo, estas elecciones no pueden considerarse “representativas”, como lo han demostrado mu-chos estudios (IHRLG/WOLA, 1985; Castañeda, 1990; NDI, 1991; Jonas, 1989 y 1995; Trudeau, 1989). Lejos de ser totalmente pluralistas, fueron ideológicamente restrictivas y la exclusión y persecución de prácticamente todas las fuerzas a la izquierda del centro persistió hasta 1995.5 Como resultado, muchas problemáticas de fondo quedaron sin discutir en la arena electoral. Asimismo, muchos ciudada-nos sintieron temor de comprometerse en cualquier actividad política. Finalmen-te, hablando de las dimensiones de la votación, estas elecciones se caracterizaron por niveles de participación constantemente decrecientes: la abstención (entre los votantes registrados, que no superan siquiera el 30% del electorado potencial no registrado) se elevó de 31% en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 1985 a 44% en la primera ronda de las elecciones presidenciales de 1990-1991 y alcanzó el absurdo nivel de casi 80% en las elecciones al Congreso de 1994.6

Nada de lo anterior debe interpretarse como una negación del rol clave de las elecciones en cualquier proceso democratizador. En particular, las elecciones de 1985, que fueron el primer proceso eleccionario serio en dos décadas, despertó altas expectativas entre la ciudadanía guatemalteca en relación con el cambio del poder militar al civil –si bien estas esperanzas se desvanecieron posteriormente.

4 Para más ejemplos, tan recientes como 1994, véanse los reportes anuales de Americas Watch, Amnistía Internacional e incluso los informes de derechos humanos del Departamento de Esta-do de Estados Unidos; véase también Jonas, 1994.

5 Se le permitió participar al pequeño Partido Socialista Democrático (PSD) una vez sus políticos aceptaron las “reglas del juego”, que incluían el rechazo de toda posible alianza con la URNG y los límites tácitos que el Ejército impuso para su plataforma; mientras tanto, algunos de sus líderes siguieron en el exilio.

6 Las cifras son aún más extremas si se toman en cuenta tres consideraciones adicionales: Prime-ro, bastante más del 30% de los votantes posibles no estaba siquiera registrado; esto elevaría la tasa de abstencionismo efectiva a 52% en 1985 y a 69% en 1990 (estimaciones más recientes de la ausencia de registro para el voto son tan altas como 30 a 45%). Segundo, en ambos casos, el abstencionismo entre los votantes registrados aumentó considerablemente en la segunda vuelta electoral para la Presidencia (de 31% a 35% en 1990-1991). Tercero, al menos el 12% de los votos, en algunos casos más, no fueron válidos (eran nulos o en blanco). (Fuentes: OAS, 1997; Aguilera Peralta, 1996b, basado en cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral).

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La principal virtud de las elecciones de 1990-1991 fue la transferencia del poder de un gobierno civil electo a otro –un avance importante para Guatemala, pero todavía un “pluralismo fraudulento” de acuerdo con un analista de postura cen-trista (Cruz Salazar, 1991). El Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) de base estadounidense (1991), que actuó como observador en estas elecciones, llegó a la conclusión de que en Guatemala se estaba consolidando una “democracia excluyente”, carente aún de garantías políticas básicas. En suma, es-tas elecciones (hasta 1994) fueron excluyentes al punto de ser, por sí mismas, base insuficiente para aspirar al calificativo de “democracia”.

Adicionalmente, en estos años, y bajo la superficie, se dio un intenso debate al interior de la derecha sobre si era tolerable cualquier actor político autónomo (la URNG, en cuanto depusiera las armas, o cualquier otra fuerza de izquierda). La derecha estaba obsesionada con el problema de la inserción de la URNG en la vida política civil –y en forma más fundamental, con cuáles fuerzas de la sociedad civil se convertirían en las bases sociales y políticas para partidos de izquierda. Estos temores no carecían de fundamento: las encuestas presidenciales privadas mostraban que la URNG gozaba de un 10% de “simpatías” en 1992, pese a que era ilegal. En efecto, muchos observadores coinciden en que cualquier nueva fuerza política no desacreditada por las crisis de los partidos existentes tenía el potencial para ganar apoyo con rapidez, una vez se permitiera su participación. Dado que el proceso de paz tenía el potencial de abrir el excluyente sistema previo, se convirtió en una fuente de tensiones dentro del Ejército y del sector privado. Había constan-tes presiones para terminar con el proceso y cerrar así los espacios que empezaban a abrirse. Ésta fue la lógica particular que subyacía a las violaciones de los dere-chos humanos durante ese periodo: la línea dura de las fuerzas de seguridad estaba tratando de anular cualquier movimiento que pudiera funcionar autónomamente, precisamente para evitar una política verdaderamente pluralista.

Si bien hubo verdaderos beneficios democráticos durante el periodo en men-ción, no fueron el resultado de las elecciones por sí mismas. Más bien, el inicio de las negociaciones de paz abrió nuevos espacios fuera de la arena electoral y even-tualmente se desarrolló una interacción sui géneris entre elecciones y negociacio-nes que democratizó la transición política.7 Como se ha discutido anteriormente, el proceso de paz tuvo una dinámica propia –una articulación entre las negociaciones formales y el empoderamiento simultáneo de las fuerzas de la sociedad civil (es-pecialmente las indígenas mayas); esta dinámica influyó en la política electoral y viceversa. Fue precisamente esta compleja interacción de fuerzas lo que diferenció la transición guatemalteca de un simple pacto entre las élites militares y civiles –y lo que ayudó a transformar los procesos democráticos (sub) minimalistas de finales de los años ochenta en una experiencia más participativa.

7 Otros analistas caracterizan esta interacción en forma muy distinta. Por ejemplo, Luis Alberto Padilla (1996a, iii) plantea que la “democratización (es decir, un gobierno civil electo) hace posible la paz, no viceversa”. Véase también Azpuru, 1999.

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Un ejemplo adicional de esta interacción mutua se dio en 1995, cuando el proceso de paz recibió el impacto directo de las dinámicas de la campaña política para las elecciones generales de noviembre y viceversa. A principios de 1995, la URNG lanzó una convocatoria sin precedentes, urgiendo a la ciudadanía a votar; esto se interpretó como un viraje implícito hacia medios políticos de lucha. Mien-tras tanto, por primera vez en cuarenta años –y en gran medida como resultado del proceso de paz simultáneo– se formó una coalición de organizaciones populares e indígenas de centro izquierda, el FDNG (el “flanco izquierdo” de la ASC) para participar en las elecciones. Igualmente significativo fue el Acuerdo firmado en agosto de 1995 en la isla panameña de Contadora, auspiciado por el Parlamento Centroamericano: la URNG acordó suspender acciones militares durante las dos últimas semanas de la campaña electoral, a cambio del compromiso de los prin-cipales partidos políticos de continuar las negociaciones de paz bajo el nuevo go-bierno y honrar los Acuerdos ya firmados. Por primera vez, la clase política guate-malteca aceptó, en principio, que los Acuerdos constituían “acuerdos de Estado” y en consecuencia no podían ser desechados por ningún gobierno o Congreso futuro.

En las elecciones de noviembre de 1995, marcadas por un nivel de partici-pación muy bajo (47% de los votantes registrados), ningún candidato presidencial recibió la mayoría absoluta, lo que hizo necesaria una segunda vuelta en enero de 1996 entre el conservador reformista Álvaro Arzú y Alfonso Portillo, un sustituto del ex dictador Efraín Ríos Montt.8 En la segunda vuelta, que tuvo la participación de solamente el 37% de los votantes registrados, Arzú ganó por un escaso margen del 2% de los votos, asegurando así la continuidad de las negociaciones de paz; pese al Acuerdo de Contadora, el partido de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, se había manifestado en dirección opuesta. La principal sorpresa de las elecciones de 1995 fueron los resultados, muy superiores a lo

8 En términos de la participación/abstención de los votantes en las elecciones de 1995-1996: En la primera ronda en noviembre de 1995, la participación electoral fue de sólo el 47% de los votantes registrados (es decir que la abstención se elevó a 53%); estas cifras decrecieron a una participación de 37% (63% de abstención) en la segunda vuelta de enero de 1996. Una vez más, cerca del 30% de las personas con derecho a voto no estaban registradas para votar, lo que impli-ca que las tasas de participación efectiva son considerablemente menores (33% en noviembre, 26% en enero).

¿Por qué pasó esto, pese a que por primera vez existía la opción de un partido de izquier-da (FDNG)? Entre varias explicaciones posibles, destacan las siguientes: En primer lugar, el FDNG se integró al juego en forma muy tardía, prácticamente al mismo tiempo que vencía el plazo para el registro de nuevos votantes. En segundo lugar, los partidos políticos en general estaban totalmente desacreditados debido a su corrupción e ineficacia durante la primera década del regreso al gobierno civil (para un análisis más detallado de los obstáculos al voto en el sis-tema electoral mismo, véase OAS, 1997; Aguilera Peralta, 1996b; Jonas, 2000a: Cap.8).

Surge aquí una pregunta aún más preocupante: La segunda vuelta electoral para la Presidencia en enero de 1996, en la que la participación fue de apenas el 26% de los ciudadanos con derecho a voto, estuvo a punto de restaurar en el poder (indirecto pero virtual) a un ex dictador cuyas políticas habrían acabado con el proceso de paz. Si las fuerzas anti paz de Ríos Montt hubieran ganado esta segunda vuelta, incluso sin que mediara fraude, la victoria habría sido para una “democracia” del puño de hierro, otra “democradura”, y las negociaciones de paz se habrían hundido. ¿Podría acaso concebirse tal resultado como un avance para la causa de la democracia en Guatemala?

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esperado, alcanzados por el FDNG, de reciente formación y de izquierda. A pe-sar de operar con grandes desventajas y estar debilitado por su falta de recursos y experiencia política previa, el FDNG ganó el 8% del voto presidencial y seis curules al Congreso, lo que lo convirtió en el tercer partido más fuerte en el Legis-lativo. Adicionalmente, varias alianzas entre el FDNG y “comités cívicos” locales, de base indígena, ganaron varias alcaldías importantes, incluyendo la de Xelajú (Quetzaltenango). Estas victorias proceden del hecho de que el inicio de la década de 1990 había visto la propagación de movimientos políticos indígenas, autóno-mos de los partidos políticos tradicionales.

Las elecciones de 1995, más pluralistas, fueron el resultado de esta compleja interacción de fuerzas; no podrían haber emanado simple o automáticamente del sistema electoral mismo. Algo similar, involucrando fuerzas electorales y no elec-torales (si bien sin los componentes indígenas o la ASC), había tenido lugar en El Salvador; de aquí las peculiaridades de lo que llamo “el camino centroamericano” para la democratización. El camino centroamericano se caracteriza por una autén-tica negociación entre la insurgencia armada de izquierda y las élites civiles y mili-tares como dos partes negociadoras en semi igualdad de condiciones. Es cosa muy distinta de un mero “pacto” limitado entre élites civiles y militares, como el que tuvo lugar en Chile. Los procesos de negociación centroamericanos consistieron en compromisos mutuos, asentados en acuerdos políticos verificados internacio-nalmente, no en “vencedores” contrainsurgentes que les impusieron acuerdos a los “perdedores” insurgentes. En lugar de moverse hacia la derecha, las fuerzas popu-lares y de izquierda conservaron una considerable integridad en temas de demo-cracia y (en Guatemala) de derechos indígenas, si bien implícitamente acordaron posponer temas de justicia social; después de todo, se trataba de una negociación, no de una revolución.

Hay otras razones por las cuales el modelo del Cono Sur no se ajusta al caso de Centroamérica: en tanto el primero implicó la “redemocratización”, el segun-do no tuvo tal punto de referencia interno, con excepción del breve interludio de 1944-1954, vivido en Guatemala. Se puede argüir incluso que, en particular a la luz de la naturaleza profundamente excluyente y retrógrada de los sistemas polí-ticos centroamericanos durante las décadas recientes, los beneficios que se alcan-zaron en El Salvador y Guatemala son de mayor importancia que los que lograron algunas de las “transiciones pactadas” de Sudamérica –sobre todo en Chile.9 No es

9 Incluso a finales de los años noventa, el general Augusto Pinochet conservó en Chile un consi-derable poder de veto y en noviembre de 1996 un político líder del Partido Comunista fue a la cárcel por insultarlo verbalmente. Según la Constitución escrita durante su dictadura, el Ejército retiene cuatro asientos reservados en el Senado, así como la mitad de los asientos en el Consejo de Seguridad Nacional (New York Times, 11/10/96). En 1998, Pinochet se negó a renunciar al cargo de ministro de la Defensa a menos que se le garantizara un asiento vitalicio en el Senado –el cual obtuvo. Finalmente, se requirieron iniciativas internacionales en el otoño de 1998 –por parte de jueces y gobiernos europeos– para que finalmente se planteara el tema de responsabili-zar a Pinochet por crímenes contra la humanidad; incluso entonces, el gobierno civil de Chile, electo democráticamente, se opuso a estas iniciativas y se alió con Pinochet para resistirlas.

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mi propósito extenderme en estas comparaciones; los críticos de las transiciones pactadas del Cono Sur ya han abordado las deficiencias de estas experiencias en sus propios países, como base para conceptos alternativos de democracia.10

En todo caso, en Centroamérica incluso las demandas no revolucionarias, como la participación en elecciones, tuvieron que ganarse por medio de la lucha insurgente armada contra ejércitos contrainsurgentes y élites civiles excluyentes –seguida por soluciones negociadas a la guerra civil que se concentraban en el desmantelamiento del aparato contrainsurgente. Sencillamente, las opciones elec-torales no existían para muchos ciudadanos de la izquierda revolucionaria, y otras fuerzas de izquierda tuvieron que crearlas. En El Salvador, el FMLN inventó “nue-vas prácticas políticas” para la construcción de consensos durante el curso de sus negociaciones (véase Lungo, 1994). En Guatemala, fue la ASC, con sus fuerzas plurales –algunas simpatizantes de la URNG, otras no, pero la mayoría (excepto los partidos políticos) excluida de la arena electoral– la que en última instancia creó los espacios para el surgimiento del FDNG como opción electoral de izquier-da en 1995, la primera fuerza de tal tipo desde 1954.

El análisis previo del periodo de comienzos de los años ochenta hasta la mitad de los noventa no pretende sugerir que existe un momento identificable en el que Guatemala dejó de ser un Estado contrainsurgente y se volvió una nación de-mocrática. El proceso de cambio que he descrito –en el cual lo que empezó como una “transición autoritaria”, de arriba hacia abajo y controlada por el Ejército, se convirtió en una “transición democrática”– fue muy complejo y contradictorio. Incluso los tres presidentes civiles que se subordinaron al Ejército –Cerezo, Se-rrano y De León Carpio– fueron parte de un proceso de liberalización o “apertura política” que eventualmente permitió la formación de importantes instituciones democráticas (por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos). El mismo Serranazo de 1993 fue un momento importante que galvanizó a la sociedad gua-temalteca para el retorno al orden constitucional y demostró la falta de viabilidad de los golpes militares y otras expresiones del Estado como centauro. Si no fue “el momento” en que se inició una transición más auténticamente democrática, fue, por cierto, un momento crucial.

Teóricamente, mi punto es que las aperturas o liberalizaciones políticas/elec-torales de los regímenes autoritarios de derecha no conducen automática o inevi-tablemente a la democratización plena, como aduce Jeane Kirkpatrick (1979). En 1986 no existía (y mucho menos en 1982) manera de predecir que tendría lugar un auténtico proceso de democratización, más allá de una apertura o liberalización política. Este proceso ya se había iniciado, en gran medida porque la negociación

10 Varios analistas del Cono Sur plantean que la democracia participativa es esencial para la de-mocracia representativa y asocian la democracia participativa con el compromiso de reducir las inequidades socioeconómicas; entre ellos se encuentran, para citar solamente algunos ejemplos, los analistas argentinos José Nun (1993) y Atilio Borón (1993 y 1998) –cada uno de los cuales cita a Robert A. Dahl para reforzar sus argumentos– y el analista brasileño Francisco Weffort (1992).

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de acuerdos de paz verificables internacionalmente y la presencia de la MINU-GUA posibilitaron concesiones democráticas que ningún proceso electoral podía garantizar –sobre todo, y como condición previa para todo lo demás, la desmilita-rización del Estado y la sociedad. Más aún, en el caso de Guatemala, sólo la fuerza de tales acuerdos tiene el potencial de superar las excluyentes resistencias internas y, en términos ideales, asegurar la irreversibilidad de los cambios democráticos.

Las dimensiones del proyecto democrático

Entre los estudiosos de las transiciones democráticas se ha llegado a aceptar am-pliamente que el control civil sobre el militar es una condición necesaria para una democracia funcional. Así, han incorporado este criterio en su definición de la democracia de “procedimientos mínimos ampliados”. Pero ¿es esta explicación suficiente? ¿Captura totalmente la riqueza y complejidad de la experiencia real –sobre todo en un país como Guatemala, donde la mayoría indígena convierte el pluralismo en un tema fundamental? Aquí plantearé que la democratización mul-tidimensional que se desarrolla en Guatemala hoy día requiere horizontes teóricos más amplios que los que comprende en sí misma la literatura de la transición.

Gran parte de la literatura teórica sobre las transiciones democráticas toma como punto de partida el modelo schumpeteriano, refinado por la “poliarquía” de Robert A. Dahl –de la cual se derivan varias conceptualizaciones de los “procedi-mientos mínimos” que van desde perspectivas en extremo minimalistas hasta otras más “ampliadas”.11 Sin embargo, existen otras tradiciones que aportan a nuestra discusión sobre la democracia: primero, las formulaciones basadas en las concep-ciones clásicas de la democracia, como las que han expuesto teóricos como Carole Pateman (1970) y Leonardo Morlino (1985), y aplicadas a Centroamérica, por ejemplo, por John Booth (1989 y 1995) y Manuel Montobbio (1997); y segundo, cierto número de contribuciones contemporáneas a la literatura sobre la democra-cia que se basan en gran medida en la experiencia de los movimientos sociales (por ejemplo, indígenas, feministas). Estas tradiciones, fuera de la literatura de

11 En su abordaje pionero del tema, Carole Pateman (1970) sugirió que la renuencia inicial a in-cluir la participación y la movilización en las discusiones sobre la democracia en los modelos de ciencia política de Estados Unidos fue en parte el resultado del sesgo ideológico de la Guerra Fría contra “el otro modelo” (el del socialismo soviético/del Tercer Mundo). Algunos sugieren incluso que demasiada participación podría ser peligrosa para la estabilidad democrática (véase Pateman, 1970: 10).

En la literatura reciente sobre Latinoamérica, las construcciones más cuidadosas sobre los “pro-cedimientos mínimos ampliados” pueden encontrarse en Karl, 1990, y en Schmitter y Karl, 1991. Para una revisión de la literatura sobre este tema, véase Collier y Levitsky, 1997.Última-mente, varios notables “transitólogos” se han movido hacia la discusión de la importancia de los criterios no formales e incluso de algunos temas sociales, en tanto éstos afectan la democra-cia política. Ello puede advertirse en presentaciones recientes de Guillermo O’Donnell, Adam Przeworski, Philippe Schmitter y Terry Karl, entre otros.

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la transición, proporcionan un contexto para mi planteamiento general acerca del potencial del proyecto democrático guatemalteco.

Asumiendo la más amplia de las definiciones procedimentales, la de “pro-cedimientos mínimos ampliados” nos lleva más allá de Dahl, al agregar dos con-diciones adicionales que en el caso latinoamericano son esenciales: el Gobierno debe ser soberano y debe existir control civil sobre el Ejército (Karl, 1990: 2) o al menos la ausencia de veto militar. Pero aun cuando esta definición incorpora el control civil sobre el militar, excluye explícitamente como requisito la participa-ción amplia al estipular que “puede ser que no todos los ciudadanos asuman un rol activo y equitativo en la política, si bien les debe ser posible en términos legales” (Schmitter y Karl, 1991: 83). Sin abundar en el tema de si “todos los ciudadanos” son o no participantes activos, existe una interrogante legítima sobre el peso rela-tivo del elemento de la participación.

Booth (1995: 5) traza un abordaje alternativo de lo que llama “la concep-ción pluralista-elitista”. Su alternativa tiene sus raíces en las conceptualizaciones clásicas al estilo de Pateman (1970), entre otros: “la participación de las masas po-pulares de una comunidad en su gobernanza (la toma y cumplimiento de las deci-siones)”. Como afirma Montobbio (1997: 18-21) aludiendo al caso de El Salvador, la tradición clásica resulta particularmente apropiada en los casos en los que (como en Centroamérica) se dan rupturas del contrato social –esto es, guerras civiles– en contraste con las “transiciones pacíficas”. Esta tradición se basa en una concepción más amplia de los derechos ciudadanos, remontándose a teóricos desde Aristóteles hasta Mill; independientemente de que esté prevista legalmente, la participación política es el corazón de la democracia. Si bien los grados de democratización pueden variar, dependen de “la cantidad y la calidad de la participación pública en la toma de decisiones y el gobierno” (Booth, 1995: 6). Así, de acuerdo con Booth y otros,12 la participación electoral es un aspecto importante –pero solamente es un aspecto entre otros. En el caso específico de Guatemala, René Poitevin (1992: 27) nos habla de un concepto de ciudadanía en el que la población es algo más que un “legitimador ocasional” de la estructura de poder existente (vía las elecciones) y en el cual todos los sectores gozan de una auténtica libertad de organización y ejercicio efectivo del poder.

¿Por qué insistir en el elemento participatorio? Primero, incluso en lo que a las elecciones se refiere, implica ir más allá de medidas para asegurar la ausen-cia de fraudes electorales para permitir una postura crítica ante elecciones que se realizan en el contexto general de un sistema que excluye ciertas posiciones ideo-lógicas y conserva muchos elementos coercitivos/represivos. Segundo, al partir de una concepción más amplia de la política, nos permite tomar en cuenta tanto

12 Adicionalmente, véase la “definición operativa” de los “elementos constitutivos” de la demo-cracia en Fagen, 1986: 258. Éstos incluyen la “participación efectiva de individuos y grupos en las decisiones que más afectan sus vidas”, a la par de los elementos clásicos de los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Énfasis similares pueden encontrarse en los escritos de Pablo González Casanova, Carlos Vilas y otros (véase Referencias).

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la participación fuera de la arena electoral como la participación electoral formal, así como la interacción entre ambas. Tercero, y quizás el elemento más importan-te, proporciona una base para apreciar las dimensiones de la democracia, cuando finalmente ésta sea una realidad, y una concepción ampliada de la ciudadanía que incluya derechos más allá de aquéllos que se asocian con el estatus legal.

Estos puntos pueden desarrollarse al referirse a varios cuerpos de literatu-ra relativamente “nuevos”, o más contemporáneos, que abordan los aspectos no institucionales de la democracia; la mayoría emana de la experiencia práctica de los movimientos sociales en Latinoamérica y otros lugares. Algunos ejemplos de los temas que estas nuevas corrientes enfatizan incluyen: ciudadanía y ciudadanía social (incluyendo sus derechos más allá de las fronteras), sociedad civil, derechos humanos, poder local, feminismo y sus críticas de concepciones anteriores de la democracia, derechos de los pueblos indígenas (véase más adelante), teología de la liberación, y justicia ecológica/ambiental. Gran parte de la literatura que ha sur-gido a partir de los movimientos sociales enfatiza los derechos colectivos, además de los derechos estrictamente individuales.13

En Guatemala, todas las dimensiones que se han mencionado arriba tienen gran relevancia. Muchas tuvieron expresión en las organizaciones que se unieron para formar la ASC a principios de los años noventa y otras se están configurando en la actualidad en nuevas formas de organización social. En lugar de enumerar el significado que cada una de ellas tiene en Guatemala –un proyecto para un nuevo libro–, haré énfasis en las dimensiones que son más relevantes para la democracia política en un país que cuenta con un 60% de población maya: los derechos cultu-rales a la par de los derechos civiles y humanos. Como hemos visto anteriormente, muchos de ellos quedaron asentados en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que exige una reforma constitucional que redefina a Guate-mala como una nación multiétnica, multicultural y multilingüe. La premisa implí-cita de este Acuerdo es que la democracia política no puede alcanzarse plenamente en Guatemala a menos que se reconozca y se actúe sobre la base de la diversidad cultural del país.

Además del Acuerdo mencionado, otros avances que los movimientos in-dígenas han logrado sobre el terreno en años recientes incluyen la práctica más amplia de formas alternativas de organización política. Entre los más destacados

13 Algunos ejemplos de estos movimientos y temas sociales participatorios se describen y teori-zan en la literatura reciente: ciudadanía y ciudadanía social –algunos, pero no todos, han sido desarrollados a partir de la crítica feminista de modelos antiguos, tanto de derecha como de izquierda (por ejemplo, Dagnino, 1993; Jelin, 1990 y 1995; Falk 1993); sobre la sociedad civil y su relación con la política formal (por ejemplo, Sader, 1992; Bittar, 1992; NACLA, 1995; para Guatemala, Gálvez et al., 1998); sobre la teología de la liberación (por ejemplo, Boff, 1981 y 1986; Richard, 1995); sobre movimientos de justicia ecológica y ambiental y otros “nuevos movimientos” sociales (por ejemplo, artículos en Escobar y Álvarez, 1992); sobre derechos colectivos, en contraste con los derechos estrictamente individuales (por ejemplo, Falk, 1989; Felice, 1996). Muchos de los temas y tendencias descritos arriba se exponen también en Jonas y McCaughan, 1994, Álvarez et al., 1998, Jelin y Hershberg, 1996.

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se encuentran los “comités cívicos”, formados con independencia de partidos polí-ticos tradicionales que no representan a cabalidad los intereses de las comunidades indígenas (Ochoa et al., 1995; Gálvez et al., 1997; ASIES, 1998). En las eleccio-nes de 1995, estos comités lograron ganar la alcaldía de Quetzaltenango, por su tamaño la segunda ciudad en Guatemala, creando así la condición, previamente impensable, de un alcalde indígena en una ciudad cuya población es mitad indíge-na y mitad ladina. Otras iniciativas prometen enriquecer el contenido del proyecto democrático guatemalteco al incorporar las tradiciones indígenas de la democracia comunitaria y el derecho consuetudinario.14

Si bien los ladinos todavía rechazan algunos de estos hechos como “divisio-narios” o como amenazas para la “unidad nacional”, son vitales para la calidad de la democracia, no sólo para las poblaciones indígenas del país sino para Guate-mala como un todo. Estos hechos hacen patente la relevancia de construir una cul-tura política tolerante y pluralista entre todos los guatemaltecos, en una sociedad que ha sido tan excluyente como Sudáfrica o el sur esclavista de Estados Unidos. Cualquier cosa que excluyera un marco de este tipo implicaría la existencia de una democracia electoral dentro del contexto de un apartheid de facto. En este caso, la afirmación de los derechos culturales no es “política identitaria”, sino un nuevo marco político para las relaciones maya-ladinas, que en la actualidad se está refor-mulando en un discurso de relaciones interculturales a la vez que multiculturales. Desde una óptica más positiva, si se logran y consolidan avances en esta área, habrá no solamente un impacto interno sino que también se lo reconocerá como ejemplo fuera de las fronteras de Guatemala.

Las reflexiones previas sugieren que las conceptualizaciones que se basan en la identificación de procedimientos minimalistas o primarios para la atribución de democracia se quedan cortas al no enfatizar la totalidad de la diversidad ideológica y cultural que es el punto central de las dimensiones participativas de la democra-cia política y al no enfatizar –de hecho, a menudo las ignoran totalmente– algunas de las más profundas transformaciones en las reglas del juego político. En Gua-temala, el “momento simbólico”, en el cual estas transformaciones democráticas estuvieron más cerca de ser “adoptadas” formalmente como proyecto o agenda nacional, se identificará y recordará como la firma de los Acuerdos de Paz, en forma más clara que cualquier otro momento desde 1954 –y por cierto, más que cualquiera de los procesos electorales entre 1954 y 1996 (lo que no implica negar que los cambios se habían iniciado varios años antes de la firma de la paz y que su cumplimiento tomará aún muchos años). Para usar un indicador crudo, en la tarde del día en que se firmaron los Acuerdos, una encuesta telefónica a cargo del diario conservador Prensa Libre identificó un 77% de respuestas “felices”. Y pese a las limitadas expectativas, “el estado de ánimo prevaleciente [en la Plaza Central] era el de dar la bienvenida a una nueva era histórica” (Hernández Pico, 1997).

14 Véanse Cojtí, 1991; Poitevin, 1991 y 1992; Solares, 1992; Bastos y Camus, 1993; Esquit y Gál-vez, 1997; Adams, 1994 y 1995, Warren, 1998; sobre las contribuciones del “derecho consuetu-dinario”, véanse Rojas Lima, 1995; Sieder, 1996.

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Experiencias como ésta también implican una transformación potencial en las relaciones políticas/culturales/sociales. Como lo ha señalado Carlos Vilas en una charla sobre Centroamérica, incluso si una revolución fracasa, nada queda igual en el país y la población no se comporta como en el pasado. Para ilustrar nuestra discusión previa: la redefinición de Guatemala como nación multicultural hace surgir la posibilidad de transformar la cultura política colectiva de la sociedad guatemalteca como un todo; la población indígena, por cierto, ya ha asumido nue-vas formas de comportamiento y es de esperar que eventualmente esto hará surgir nuevas respuestas por parte de la población ladina. En Guatemala, además, levan-tar el velo del temor que permeó prácticamente todas las interacciones humanas desde 1954 constituye, si no una revolución en el sentido antiguo, al menos una transformación muy profunda. Subjetivamente abre los espacios para una “revo-lución de expectativas crecientes” entre muchos sectores previamente excluidos, pese al hecho de que aún viven en la pobreza y enfrentan la pertinaz oposición al cambio por parte de las élites poderosas. Los guatemaltecos comienzan a sentir que tienen derecho a todo lo que disfrutan los ciudadanos de las democracias occi-dentales tradicionales, y nada menos.

Algunas de las observaciones generales mencionadas arriba se fundan en los hallazgos de al menos una encuesta empírica de gran magnitud que documen-ta la expansión de la participación política y de una cultura política democrática en Guatemala de mediados a finales de la década de los noventa (Development Associates et al., 1998) (la definición operativa de “cultura política democrática” midió entre los informantes el nivel de incorporación a los procesos políticos y el interés en participar en la toma de decisiones acerca de asuntos que les concernían, el conocimiento de sus derechos y obligaciones, y la capacidad de organizarse para demandar que las instituciones públicas cumplieran sus funciones). Entre los resultados y conclusiones más importantes de la encuesta se encuentran los signifi-cativos aumentos (entre 1993 y 1997) en los niveles de tolerancia política y de par-ticipación en el gobierno local y, en forma aún más notable, en las organizaciones de la sociedad civil (educativas, religiosas, de desarrollo comunitario, etc.). Hacia 1997, el 78% de las 1,200 personas entrevistadas había participado en al menos una organización de este tipo (un contraste significativo fue la persistente falta de confianza en el sistema judicial y en general en el Gobierno central –lo que podría explicar la brecha entre los altos niveles de participación social y los bajos niveles de voto). Sobre todo, la encuesta de 1997 concluyó que la firma de los Acuerdos de Paz fue un hecho crucial para los cambios experimentados entre 1993 y 1997, que ahora existían oportunidades para consolidar la “democracia desde abajo” y que era engañoso el estereotipo de una cultura política autoritaria en Guatemala –en especial entre la población indígena.

Desde una perspectiva histórica, Guatemala se encuentra posiblemente en el umbral de completar la revolución democrática nacional de 1944-1954, por largo tiempo interrumpida; pero tras padecer en el intermedio la pesadilla de una con-trainsurgente durante treinta y seis años, esta vez la gente está experimentando

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la democracia en forma diferente. En la actualidad –a diferencia de en 1954–, se espera que los guatemaltecos luchen para defender lo que han logrado, si se ve amenazado. Más aún, hoy en día la incipiente revolución democrática tiene más alcances que hace cincuenta años e incluye nuevos protagonistas sociales –o, más específicamente, con nuevo reconocimiento–, en particular los pueblos indígenas y las mujeres. También incluye nuevas formas de organización con capacidad de movilización además de capacidad electoral. Si bien la democracia guatemalteca sigue siendo muy frágil y falta de consolidación, se puede empezar a vislumbrar lo que una “democracia plena” podría significar en el siglo XXI, en todas sus dimen-siones políticas, ideológicas y culturales.

La cuestión no resuelta de la justicia social

Una de las discusiones sobre la democracia política que permanecen consistente-mente problemáticas y sin resolver es su relación con la justicia social. Si bien no es posible abordar aquí este tema en su totalidad, expondré algunas de las razones de su relevancia en el caso que nos ocupa. Se ha argumentado ampliamente que, si bien no forman parte de la definición de democracia política, en la práctica los temas de justicia social han afectado profundamente el destino de las “nuevas” democracias –y también de las antiguas– o, como lo plantean algunos analistas, la “calidad de la democracia”. Otros han comenzado a asumir la problemática como un tema de “ciudadanía social”. Adam Przeworski (1996) advirtió ya de los peligros de un nuevo “monstruo”: una democracia sin ciudadanía, esto es, sin las condiciones mínimas necesarias para que los ciudadanos ejerzan sus derechos en la práctica. Guillermo O’Donnell (1997) ha manifestado parecidas preocupacio-nes. Montobbio (1997: 25) lo plantea en términos ligeramente diferentes para el caso de El Salvador y previene contra la “congelación”, en la cual los “enclaves autoritarios” retienen un poder considerable y la transición democrática no llega nunca a ser totalmente estable, duradera ni consolidada. La consolidación, prosi-gue, implica lidiar, no solamente con la eliminación del control militar sino tam-bién con el abordaje de los problemas históricos del país, incluyendo las inmensas inequidades sociales.

En la experiencia latinoamericana reciente, por lo general se considera que la democracia política formal es una condición previa para luchar por una mayor igualdad social. Pero, más allá de eso, existen dos opiniones sobre si se puede sus-tentar un sistema democrático pleno en medio de grandes disparidades sociales o si, eventualmente, las enormes brechas socioeconómicas socavarán (directa o indi-rectamente) los beneficios democráticos. Las experiencias de las dos décadas pasa-das en Latinoamérica son confusas y están abiertas a una variedad de interpretacio-nes. Algunas situaciones en Sudamérica sugieren las dificultades de consolidar una democracia política sobre una base duradera y estable cuando se institucionalizan

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al mismo tiempo medidas neoliberales que acrecientan las desigualdades sociales (véase la nota 10, supra). El caso de Venezuela ilustra estas complejidades: desde finales de los años ochenta, las políticas de austeridad han generado disturbios, intentos de golpes de Estado militares populistas y, en diciembre de 1998, la victo-ria electoral del líder de uno de estos golpes –todo ello en un país que durante los últimos cuarenta años se consideró una democracia estable y consolidada.

Con todo, existen dinámicas particulares en países que emergen de largas guerras civiles o luchas por la liberación nacional inspiradas en visiones revolu-cionarias, como ha ocurrido en Centroamérica en las décadas recientes –en forma no muy distinta a las luchas del Congreso Nacional Africano (CNA) en Sudáfrica (véase Wallerstein, 1996). Las perspectivas revolucionarias socialistas tradiciona-les han experimentado claras modificaciones en los últimos veinte años, pero la de-mocratización ha generado altas expectativas sobre una mayor justicia social. En el caso de los países centroamericanos, hay mucho debate sobre si los acuerdos de paz de la década de los noventa abordan las “causas estructurales” que dieron lugar a los movimientos revolucionarios de los años sesenta a los ochenta. Es claro que, hasta la fecha, estos problemas permanecen sin resolver; en este sentido, la paz no trajo justicia social. No obstante, las expectativas o demandas generalizadas siguen en pie. Como mínimo, esto implica construir una economía de mercado in-terna, incluso en esta era de frenesí de exportación al mercado mundial; implica la preocupación (y la intervención estatal) por elevar los salarios y los estándares de vida de la mayoría de la población para así crear un mercado de consumo interno. La equidad social no forma parte de la definición de democracia, pero sin duda forma parte del panorama de problemas a los que la democratización da apertu-ra. Si las elevadas expectativas quedan frustradas y si cantidades significativas de ciudadanos perciben que “nada ha cambiado”, la misma democracia puede perder legitimidad, quedar socavada o desestabilizada.

Guatemala, que sale de una guerra civil de treinta y seis años, por cierto está experimentando esta revolución de altas expectativas. Con todo, como hemos vis-to, el Acuerdo Socioeconómico no resuelve directamente los problemas sociales y Guatemala se encuentra rodeada por las aterradoras realidades del deterioro social en El Salvador y más aún en Nicaragua. La agenda de paz salvadoreña se ha visto socavada por la agenda económica neoliberal del Gobierno (véanse de Soto y del Castillo, 1994; Boyce, 1996; Montobbio, 1997). Guatemala enfrenta una gran can-tidad de peligros que típicamente infestan a las sociedades de posguerra, además de algunos que son específicos al país y que podrían socavar, más que consolidar, los beneficios democráticos. Una fuente de deterioro muy inmediata es el aumento en la delincuencia común (causada parcialmente por la pobreza y la falta de fuen-tes de trabajo) y las respuestas autoritarias a dicha situación –un problema que ya es grave en Guatemala.

Muy pocos guatemaltecos discuten el tema de la democracia sin abordar estos asuntos, porque consideran que, mientras casi tres cuartas partes de la pobla-ción vivan en extrema pobreza, la democracia formal seguirá siendo frágil (en el

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caso de Guatemala, la estructura socioeconómica ha sido tan desigual que incluso el Banco Mundial ha recomendado que se incremente el gasto estatal). Como se-ñalan analistas guatemaltecos como Poitevin (1992: 35-37) y Torres-Rivas (1991), los conflictos sociales se han convertido en la condición para la democracia liberal: “un proceso democrático no es posible sin una base mínima para desarrollar rela-ciones sociales de igualdad”, sin una base material para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Más aún, la democracia liberal llegó a Guatemala ligada a un proyecto o “imaginario” nacional más amplio, expresado en los Acuerdos de Paz (Aguilera Peralta, 1997). Torres-Rivas (1995: 46 ff) alude a algo similar en el concepto de “buena gobernanza”, que “persigue un nexo permanente entre la libertad política y la justicia social”.15 Víctor Gálvez (1995) y otros utilizan el concepto de “go-bernabilidad” en forma similar, esto es, ir más allá de la institucionalidad formal, para referirse en forma más amplia a la relación entre el Estado y la sociedad civil y en particular para cumplir con las expectativas populares. Así, sin sustituir a la “democracia política”, un amplio espectro de guatemaltecos y latinoamericanos en general la relacionan una y otra vez con dimensiones sociales de mayor alcance y la experiencia de los años recientes demuestra la importancia de este nexo en el camino hacia una sociedad a la vez viable y estable –“gobernable”– y al mismo tiempo humana.

En el nivel teórico: Immanuel Wallerstein (1991) ha escrito acerca de esta lucha en proceso remontándose a la época de la Revolución Francesa y la interpre-tación de su legado, en particular entre los énfasis libertarios y sociales. Teórica-mente, no existe una sola respuesta correcta, sino más bien un legado ambivalente –y de aquí los debates en la interpretación. Desde la Revolución Francesa, una de las más grandes ironías de la historia es que las luchas por la “libertad” (la demo-cracia liberal) han sido lideradas y ganadas por revolucionarios, es decir, por aqué-llos que además tenían una agenda de justicia social. Como señala Vilas (1994: 99), “en la base de la aceptación popular de los llamados a la revolución yace una demanda democrática inevitable”. Pero si bien pueden tener éxitos en ganar la democracia, por lo general los revolucionarios no han ganado las batallas por la equidad social. En los casos de los países centroamericanos durante las décadas de 1980 y 1990 hemos visto la persistencia de esta tendencia histórica. Más aún, su capacidad de ganar la justicia social se ve aún más restringida en una era domina-da internacionalmente por políticas neoliberales (privatización, desmantelamiento de la red de seguridad social, etc.). La interrogante que permanece sin resolver hoy en día para las fuerzas progresistas y de izquierda en Guatemala y el resto de Centroamérica es si serán capaces de usar el espacio político ganado por medio de los Acuerdos de Paz para lograr beneficios de justicia social significativos en el futuro. La respuesta a esta cuestión –que tendrá que abordarse muchas veces en los

15 Para ampliar el concepto de Torres-Rivas (1995): la buena gobernanza es “una metáfora de la búsqueda democrática para poner el orden público al servicio del abordaje de los problemas de la mayoría”. El vínculo entre democracia y justicia social es necesario “para evitar el descrédito del sistema electoral, la premisa democrática, los gobiernos civiles electos por sus promesas y programas, o la propia política”.

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próximos diez a quince años– será esencial para nuestras valoraciones del “camino centroamericano” en el largo plazo.

ePíloGo: el diFícil caSo de GuateMala, 1997-2012

En 2012, quince años después de la firma de los Acuerdos de Paz, se ha hecho evi-dente que la fase de implementación del proceso de paz guatemalteco no ha sido menos difícil que su negociación. Las pugnas por la implementación se volvieron más intensas en tanto los veteranos opositores de la paz de Guatemala desafiaban la agenda y la continuidad del proceso mismo, y varios gobiernos sucesivos de la posguerra hicieron muy poco por impulsar el cumplimiento de los Acuerdos.

El año 1999 fue crucial, en formas tanto positivas como negativas. En febre-ro de 1999 la comisión oficial de la verdad, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida por los Acuerdos, emitió un informe de largo alcance, basado en 9,000 entrevistas y una extensa investigación en profundidad. Este informe atri-buyó el 93% de los crímenes de derechos humanos cometidos contra las 200,000 víctimas de la guerra a fuerzas de seguridad estatales y unidades paramilitares asociadas a ellas –en contraste con el 3% que se le atribuye a la URNG y el 4% restante atribuido a “otras” fuerzas no identificadas. El informe estableció que al-gunas de las acciones y políticas de las fuerzas de seguridad estatales durante los años ochenta constituyeron “actos de genocidio”. También criticó severamente el papel que durante décadas jugó Estados Unidos en apoyar el aparato del terror. En tanto que la profundidad y alcance de los hallazgos de la Comisión superó todas las expectativas, la implementación de sus recomendaciones de seguimiento para garantizar justicia y reparación para las familias de las víctimas y supervivientes de la guerra requeriría nuevas e importantes batallas.

El momento más difícil para el proceso de paz llegó en mayo de 1999 y se dio en relación con las reformas constitucionales requeridas para poner en vigor las disposiciones más significativas de los Acuerdos sobre derechos indígenas y fortalecimiento del poder civil (limitando las funciones del Ejército). y aunque las encuestas habían mostrado anticipadamente que era probable que las reformas se aprobaran, los opositores a la paz lanzaron en el último mes una campaña relám-pago, bien financiada, que urgía a votar por el “No”, consiguiendo así derrotar las reformas –es decir, lograr una mayoría de 55% para el “No” entre el escaso 18.5% del electorado que acudió a votar. El triunfador de esta votación fue claramente el abstencionismo y el principal perdedor fue el propio proceso de paz (para un aná-lisis detallado, véase Jonas, 2000a: Cap. 8).

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En los trece años que siguieron, la Guatemala de la posguerra siguió siendo una democracia institucional y pluralista, en el sentido de que cada cuatro años se realizaron elecciones multipartidarias, competitivas y no fraudulentas, y en que se respetaron sus resultados, que favorecieron ideologías que iban desde la derecha conservadora hasta la socialdemocracia. No obstante, la calidad de la democracia fue socavada por toda una variedad de problemas, incluyendo una persistente im-punidad, corrupción, racismo y discriminación, el aumento de la desigualdad y la tenaz pobreza, en especial entre la población maya. Simultáneamente, todos los sectores de la población guatemalteca cayeron bajo la amenaza de una escalada de proporción geométrica de la violencia social ligada a las pandillas, así como a facciones del narcotráfico y el crimen organizado, algunas supuestamente surgidas al interior de la antigua Policía Nacional y las fuerzas armadas. La seguridad ciu-dadana se convirtió en una preocupación crucial para la totalidad de la población, ya que el Estado no podía garantizarla.

En medio de la violencia social y la impunidad generalizadas, después de 2000 surgió una ola especial de crímenes contra los derechos humanos cuyo blan-co específico eran las mujeres, asesinatos acompañados de violaciones, tortura y mutilaciones corporales –“femicidios”. Aunque estos hechos carecen de una sola lógica o un perfil de las víctimas, entre 2000 y 2010 se han conocido/reportado más de 5,000 casos. Igualmente central fue la sistemática indiferencia de los funcio-narios e instituciones de gobierno hacia este fenómeno y su negativa a investigar casos específicos. Pese a la intensa presión de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sólo el 2% de los casos han sido resueltos.

Estos problemas persistentes pueden analizarse mejor si se concibe la Gua-temala de la posguerra como un Estado estructural e institucionalmente débil, independientemente de las inclinaciones políticas de los gobiernos específicos –en gran medida como consecuencia de no haber implementado las reformas que los Acuerdos de Paz concibieron. Los Acuerdos abordaron muchas de estas debilida-des, como el imperativo de reformar y fortalecer el sistema judicial para corregir los problemas de la impunidad, corrupción, ineficiencia e inaccesibilidad incrus-tados en las cortes, en especial para las comunidades mayas no hablantes del es-pañol, y la falta generalizada de garantías judiciales. La Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, multisectorial, planteó recomendaciones exhaustivas, pero éstas se implementaron en forma mínima.

En forma similar, los Acuerdos concibieron nuevas leyes para gobernar el funcionamiento del sistema electoral y de partidos políticos, para hacerlos fun-damentalmente democráticos y en última instancia más estables. El tema se de-batió en el Congreso, que asimismo requirió reformas para hacerlo más legítimo y transparente. Estas reformas también fueron honradas más en la letra que en su cumplimiento. Los partidos políticos rara vez han sobrevivido a un ciclo electoral –lo que ha convertido a Guatemala, en palabras de Edelberto Torres-Rivas, en “el mayor cementerio de partidos del mundo”, en lugar de en un sistema de partidos políticos funcional.

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Adicionalmente, todo el sistema político era vulnerable a las operaciones de grupos de “poder paralelo” clandestinos, no electos y fuera de toda rendición de cuentas y que se han infiltrado en los sistemas judicial y de seguridad guatemalte-cos. A finales de 2006 se dio el primer paso para abordar esta situación, cuando el Gobierno guatemalteco firmó con las Naciones Unidas un acuerdo que estableció en Guatemala una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) para in-vestigar (y ayudar a erradicar) las operaciones de los grupos clandestinos y fuerzas de seguridad extra-legales, así como sus vínculos con el crimen organizado y su intrusión en las instituciones oficiales del Estado.

No es menos grave el hecho de que el Estado siga siendo débil y fundamen-talmente injusto como consecuencia de su fracaso en implementar la moderada reforma tributaria y Pacto Fiscal que son centrales a los Acuerdos de Paz. Institu-ciones internacionales tan conservadoras y con frecuencia “neoliberales” como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional han solicitado que se fortalez-ca, de hecho, que crezca el Estado guatemalteco, se amplíen los servicios socia-les y se eleve la base impositiva doméstica como porcentaje del Producto Interno Bruto para así construir un pacto social institucional y pagar por una paz estable. Ésta era una condición previa para el progreso en Guatemala, donde el Estado no ha logrado superar el amplio y prolongado déficit de empleos decentes, programas sociales y recursos para aminorar la enorme desigualdad y pobreza. Pero bien en-trado el siglo XXI, las necesarias reformas fiscales siguen enfrentando la fuerte resistencia de las élites económicas, que aún pagan las tasas impositivas más bajas del hemisferio; ninguno de los sucesivos gobiernos de la posguerra implementaron las reformas, incluyendo el gobierno, ideológicamente socialdemócrata, de Álvaro Colom (2008-2011) (Fuentes Knight, 2011).

Aun en medio de estas múltiples restricciones, hubo beneficios importantes, si bien aislados, para la democratización de Guatemala. Como se mencionó ante-riormente, las organizaciones mayas y de mujeres tomaron todos los espacios que encontraron disponibles para impulsar sus demandas de equidad –el inicio, al me-nos, de largas luchas por parte de sectores que largamente habían sido víctimas de la exclusión social. y en el tema de la justicia y la rendición de cuentas, la CICIG, bajo el liderazgo de un juez español, fue crucial para resolver con éxito en 2010 un caso de alto perfil (el caso “Rodrigo Rosenberg”) que sacudió hasta sus raíces la presidencia de Colom. Esta victoria y las operaciones continuas de la CICIG demostraron que en ocasiones era posible, si bien difícil y frustrante, hacer avances en contra de la impunidad en Guatemala.

La esencia de la paradoja guatemalteca se hizo visible en enero de 2012. Por una parte, el general Otto Pérez Molina, el primer general contrainsurgente, deve-nido político, que ha sido electo libremente tras el fin de la guerra –debido a sus promesas de campaña de hacer más seguro al país y controlar la violencia social– asumió la Presidencia del país. Nombró en puestos clave a una serie de oficiales de contrainsurgencia de la guerra –algunos, incluido él mismo, ligados a las políticas de tierra arrasada y actos de genocidio cometidos en los años ochenta.

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Pero por otra parte, en enero de 2012 también se dio un hecho sin preceden-tes. Después de más de una década de intensa actividad (en España, además de en Guatemala) para garantizar justicia para las víctimas y sobrevivientes de la guerra y sus familias, se inició finalmente en Guatemala un juicio por genocidio y críme-nes contra la humanidad cometidos a principios de la década de los ochenta –con la fiscal general Claudia Paz y Paz como personaje central– contra el general Efraín Ríos Montt y otros oficiales superiores del Ejército. El resultado de estos casos es incierto, tanto moral como materialmente, es decir, en lo que se refiere a las repara-ciones (hasta este día, de hecho, las ex PAC han recibido muchas más reparaciones que las familias de las víctimas de la guerra). Pero pese a las interminables barreras a la justicia, el valor y perseverancia de los supervivientes de la guerra, la mayoría procedentes de familias mayas pobres, ha impulsado un extraordinario proyecto colectivo de testimonio y revelación. En el difícil caso de Guatemala, esto debe verse como un avance democrático.

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caPítulo xviiiPolítica exterior de GuateMala,

1954 a 2001

Fernando González daviSon*

* Fernando González Davison. Guatemalteco. Escritor, abogado por la Universidad Rafael Lan-dívar, Guatemala, con estudios de posgrado en Sociología y Estudios de Desarrollo en las Uni-versidades de París y Ginebra, así como en Relaciones Internacionales. Con experiencia en pla-nificación, geoestrategia internacional y diplomacia. Tiene en su haber varios premios literarios, entre ellos, el Monteforte Toledo de Novela (2000).

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a Manera de introducción

Ante un contexto histórico externo determinado, los hilos conductores de este estudio provienen de las acciones relevantes del Estado guatemalteco ante la comunidad de naciones. Este trabajo se inicia con los anteceden-

tes democráticos y nacionalistas de 1944 a 1954, para luego observar un cambio brusco a partir de ese último año hasta 1990, bajo la dependencia de Washington a lo largo de la Guerra Fría. En la década de 1980, sin embargo, hubo un paréntesis frente a la postura de Washington respecto del sandinismo. Guatemala, mediante una política autónoma de “neutralidad”, apoyó la tesis de paz del Grupo de Con-tadora que causó resquemor en la Casa Blanca. Este grupo sentó las bases para la autonomía latinoamericana y luego se consolidó tras la caída del bloque socialista. En la década de 1990, ante la internacionalización de capitales, se abrió una nueva etapa a la globalización bajo el consenso de Washington y la visión unipolar de un Estados Unidos sin rival. No obstante, la Casa Blanca le apostó al multilateralismo para un mundo mejor hasta que se dio un retroceso en ese sentido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Aprovechando esa autonomía y en un ambiente democrático, Guatemala precisó como políticas externas la defensa de la democracia y los derechos huma-nos, siguiendo la Constitución y los acuerdos patrocinados por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así, definió como políticas de Estado la in-tegración centroamericana, el diferendo limítrofe con Belice y la defensa de los migrantes. (Esas políticas dieron escasos resultados en la primera mitad del siglo XX, mientras que el narcotráfico internacional trastocó al Estado y la sociedad.)

antecedenteS 1944-1954

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Washington apoyó las aperturas demo-cráticas en gran parte de América Latina. Eso dio la pauta para el surgimiento de gobiernos de ese corte y nacionalistas. En 1948 esa tendencia acaba para la región

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al iniciarse la Guerra Fría. Guatemala se abrió a la democracia en 1944 y activó un proceso “revolucionario” bajo la dirección de las capas medias universitarias y militares más los sectores medios empresariales. El Estado se mostró anuente a la inclusión de muchos sectores marginados y dictó modernas normas laborales, siguiendo el ejemplo de México. Las relaciones con este vecino país mejoraron tras el encuentro del presidente Juan José Arévalo con su par mexicano Manuel Ávila Camacho en 1946 en la frontera. Empero, no se firmó ningún acuerdo ni se llegó a resultados concretos y menos con el inicio de la Guerra Fría. En 1948, bajo ese nuevo clima, Estados Unidos viró su política exterior y cuestionó las me-didas sociales por considerarlas cercanas a las prácticas comunistas. En el plano doméstico, la exigua oligarquía terrateniente (liberal y conservadora) se unificó en la oposición y se acercó a la United Fruit Company (UFCO) que controlaba gran parte de la actividad económica del país. Su objetivo era cooptar a los oficiales del Ejército para dar un golpe de Estado. Mientras tanto, los ex grandes hacendados alemanes reclamaban la devolución de sus bienes y haciendas (que producían casi dos tercios del café nacional) intervenidas a inicios de 1944 por el régimen dicta-torial anterior. La oligarquía guatemalteca estaba débil desde la crisis de los años treinta, pues hipotecó con ciudadanos alemanes sus tierras y las perdió. La oligar-quía las quería de vuelta y los alemanes también.

En el plano externo, Arévalo apoyó la creación de las Naciones Unidas y el nuevo sistema interamericano de defensa jurídica, económica y militar como rezaba en el Tratado de Río1 y abogó por la democracia. Dio un giro de 180 grados a la política externa y reclamó a Londres la devolución de Belice, también respon-dió con un no a Alemania Federal cuando ésta solicitó la devolución de los bienes alemanes en manos del Estado. Inicialmente, Washington apoyó a Guatemala en el tema de Belice, pero con el inicio de la Guerra Fría Londres replicó que Arévalo era comunista,2 lo que se interpretó como un pedido a Washington para que dejara de apoyar al presidente guatemalteco en su disputa por esa colonia británica. A la par de lo anterior, Arévalo dictó medidas de protección social a los trabajadores y la Casa Blanca cesó la ayuda militar estadounidense a Guatemala en 1949,3 ante el reclamo de la United Fruit Company que controlaba la producción de banano, electricidad, telecomunicaciones y sistema ferroviario.

En 1951, Jacobo Arbenz sucedió a Arévalo en la Presidencia por el voto po-pular y dio un giro radical nacionalista al régimen, sabiendo que iba a confrontar a

1 El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 1947 fue considerado un éxito por los países latinoamericanos en tanto se sustrajeron del poder de veto, en caso de un conflicto, de las cinco grandes potencias con ese derecho en las Naciones Unidas.

2 En defensa de su imperio, ante los movimientos nacionalistas a lo largo de sus dominios, Lon-dres esgrimió ante Washington que se trataba de movimientos comunistas para que no los apo-yara (Meers, 1997: 42).

3 Ibid.: 42-43. Eso sucedió en 1949 tras la expulsión del embajador estadounidense Richard Pat-terson, quien cuestionó el Código de Trabajo recién emitido y al Gobierno. En lo referente a Be-lice, Guatemala firmó el Tratado de Río haciendo reserva de sus derechos sobre dicho territorio, lo que disgustó a Washington. Londres aprovechó a decir que el gobierno de Arévalo había hecho esa reserva porque era comunista, por lo que no debía apoyar a Guatemala en el caso de Belice.

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la Casa Blanca. Para evitar problemas, dejó en el tintero el tema de Belice y buscó alianzas con Europa Occidental. Arbenz no podía enfrentar dos grandes frentes externos a la vez. Londres no cuestionó la reforma agraria firmada por Arbenz en 1952, pero Estados Unidos sí, pues se veían afectadas tierras de la UFCO. Por su lado, la vieja y exigua oligarquía local vio mal la entrega de las haciendas alema-nas a los trabajadores, lo cual también indispuso a Alemania Federal. Washington consideró a Arbenz un mal ejemplo para la región y lo contuvo con una intromi-sión burda. Esa ingerencia provocó la renuncia del secretario general de la OEA y la crítica internacional ante la caída de Arbenz en 1954.

Esta situación fue resultado de una política exterior incapaz de sostener el discurso a favor de la “revolución” y su nacionalismo con un programa y acciones externas coherentes. Tres cancilleres de Arbenz en tres años lo ejemplifican. De nada sirvió el discurso contra Estados Unidos en la reunión de Cancilleres de la OEA en Caracas en marzo de 1954, pues allí sus países miembros condenaron al gobierno de Arbenz como avanzada del comunismo en el continente. En un mo-mento, Londres no apoyó la conspiración estadounidense contra Arbenz y buscó que el caso se examinara no sólo en la OEA sino en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).4 Dado el cambio de Guatemala so-bre Belice, Londres estuvo inicialmente de acuerdo en suplirle vehículos armados, en tanto Washington urgía por un embargo internacional a Guatemala. Londres actuó para jugar una carta ante la Casa Blanca y en junio de ese año Winston Chur-chill logró, a cambio de olvidarse de Guatemala, que Dwight Eisenhower apoyara los intereses británicos en Egipto y Chipre.5

La Operación Éxito contra la democracia guatemalteca fue dirigida por la Casa Blanca y su Departamento de Estado y coordinada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), con el respaldo de la UFCO y los dictadores caribeños Anastasio Somoza y Rafael Leónidas Trujillo, secundados por algunos coroneles, hacendados y jerarcas católicos locales (contraviniendo instrucciones de la Santa Sede). El “ejército de la revolución”, así definido en la Constitución guatemalteca, ignoró cuál era su tarea en ese proyecto de nación y no resistió. Se deterioraron las imágenes de Estados Unidos y de la institución armada local. La OEA y la ONU no pudieron impedir, pese a distintos intentos, esa acome-tida ilegal difundida como tal por la prensa de las grandes metrópolis,6 en razón de la postura de sus Estados miembros.

4 Fidel Castro confesó que, de haber tenido éxito su movimiento en 1953, la Revolución Cubana hubiera sido muy limitada. Véase Porras Castejón, 2009: 276.

5 Las transcripciones originales de esa entrevista las vio el autor y las dejó plasmadas en su novela Oscura transparencia: la caída de Arbenz (2008: 121-123). También puede consultarse Meers, Op. cit.: 49.

6 En 1956, Londres intentó derrocar al presidente egipcio, creyendo que Estados Unidos apoyaría tal acción en reciprocidad por lo que el primero había hecho en relación con Guatemala dos años atrás. Washington no apoyó esa jugada de Londres. Otra visión puede verse en García Ferreira, 2007: 25 y ss.

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dePendencia de WaShinGton

Dado el contexto de Guerra Fría y la escalofriante competencia entre Washington y Moscú por un mayor poder destructivo de las bombas atómicas y de hidrógeno, el mundo quedó dividido entre las dos superpotencias y sus zonas de influencia. En esa nueva división mundial, en América Latina diversas élites y los ejércitos mantuvieron su apoyo al “mundo libre” y delegaron la autonomía e independencia estatal y su soberanía a Washington. Hubo satélites de la Casa Blanca, por un lado, y del Kremlin, por el otro.

Washington impuso al coronel Carlos Castillo Armas como nuevo gober-nante guatemalteco de facto. La oligarquía guatemalteca lo secundó, interesada en hacer suyas las haciendas de alemanes que habían sido entregadas por Arbenz a sus trabajadores durante la reforma agraria, la cual quedó de inmediato suspendi-da7 por el nuevo régimen. Alemania Occidental tramitó la devolución de las fincas alemanas confiscadas, pero sin mayor resultado pues muchas fueron otorgadas a cercanos colaboradores del nuevo gobierno de la “liberación”, colaboradores que, además, lucraban con la ayuda estadounidense dada al país. Varias familias de la oligarquía se reconstituyeron, teniendo al Ejército bajo su influencia, como antes de 1944, sólo que ahora bajo la consigna del anticomunismo.

La nueva Constitución dejó en libertad la inversión foránea sin ninguna pro-tección nacional, mientras que la política y la economía se orientaron a favor de la renovada élite.8 Varios sindicatos blancos estadounidenses se hicieron presentes en Guatemala para enmascarar la persecución política contra los dirigentes laborales y políticos cercanos a los partidos que apoyaban a Arbenz. Detrás de bambali-nas, los petroleros tejanos obtuvieron concesiones para la exploración petrolera y Castillo Armas promulgó al efecto el código de hidrocarburos en inglés, tal como le fue entregado, como normativa nacional. La empresa estadounidense Klein & Saks le cobró al Gobierno guatemalteco 250 mil dólares anuales por asesorarlo. El Banco Mundial dio un crédito por 95 millones de dólares (para el tramo carre-tero al Atlántico) y Washington donó 40 millones directamente al Gobierno, pues quería hacer de Guatemala una vitrina de progreso, en sus palabras, porque era el primer país que salía del “comunismo”. Eso se vino abajo tras el asesinato de Castillo Armas en 1957 y la incontenible corrupción, acciones que motivaron a Washington a reducir al mínimo su cooperación.

La política exterior anticomunista guatemalteca quedó así supeditada a Washington, bajo una democracia restringida del mismo corte. En 1958 asumió la Presidencia el general Miguel ydígoras Fuentes, cercano a la CIA, quien permitió el entrenamiento de cubanos en Guatemala para invadir Cuba por la Bahía de Co-chinos a cambio de ampliar la cuota para la exportación de azúcar de Guatemala.

7 Gleijeses, 1991. La información sobre el período es abundante y excelente.8 Adams, 1970: Cap. 5. La articulación del poder de la oligarquía, el Ejército y la Secretaría de

Estado estadounidense impedía que la distribución de la riqueza nacional fuese posible dirigida a los grupos excluidos.

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ydígoras consideró a México un refugio de comunistas y alentó un ataque aéreo sobre barcos camaroneros mexicanos, a lo que el presidente azteca Adolfo López Mateos respondió con una ruptura de relaciones (las cuales se reestablecieron tres años después). ydígoras apoyó el esquema desarrollista de integración centroa-mericana bajo las pautas de Washington y el Banco Mundial. Así, las empresas estadounidenses desarrollaron el incipiente proceso de industrialización del istmo como parte de la Alianza para el Progreso diseñada por la administración de John F. Kennedy ante el desafío de la Revolución Cubana. ydígoras renovó el reclamo guatemalteco sobre Belice como una política doméstica para obtener un respaldo local a su errática gestión y llegó a romper relaciones diplomáticas con Londres en 1962, cuando el país europeo no le concedió nada.

La política exterior focalizó los programas desarrollistas del Mercado Co-mún Centroamericano (MCCA), financiados por medio de los recién creados Ban-co Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que promovieron créditos para nuevas industrias y la integra-ción del istmo con obras de infraestructura a fin de desarrollar los países. Con esto se pretendía al mismo tiempo contener la marea roja proveniente de Cuba,9 recién expulsada de la OEA en 1961. La entidad estadounidense ROCAP10 y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) orientaron el proceso del MCCA en su doble vertiente: 1) el libre comercio intrazonal de los productos pro-ducidos por las incipientes industrias protegidas por aranceles externos comunes; y 2) la construcción de carreteras y líneas de telefonía de integración para hacerlo posible. El crecimiento económico y comercial fue notable, aunque desigual en términos sociales.11 El presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz arribó a Gua-temala en 196612 y estimuló la relación con el mercado común regional. A pesar de las dificultades encontradas en el camino (como la guerra del “fútbol” entre El Salvador y Honduras en 1969 o el alza de precios de petróleo en 1973), el creci-miento de los países centroamericanos de 1960 a 1979 fue de 6% anual, uno de los más altos del mundo en dos décadas. El MCCA dinamizó dicho avance al florecer decenas de industrias y entidades de integración en todos los sectores. Ese proceso produjo cambios en las urbes del área, el auge de la clase media y obrera, llenas de expectativas ante un desarrollo que parecía imparable paralelo a las demandas de esas clases sociales por la democracia.13

Se desarrolló la insurgencia armada por jóvenes oficiales nacionalistas del Ejército guatemalteco tras el fallido golpe militar del 13 de noviembre de 1960. El movimiento fue contra ydígoras por permitir la corrupción y el uso del territorio por cubanos anticastristas que fueron derrotados en Bahía de Cochinos ese año. Así, cuando los guerrilleros locales aceptaron la ayuda cubana, Guatemala quedó

9 González Davison, 2001: 40 y ss.10 USAID Regional Office for Central America and Panama.11 Rosenthal, 1982. 12 Fue la segunda visita de un presidente de México a Guatemala. La primera fue el breve encuen-

tro entre Arévalo y Ávila Camacho. Castillo et al., 2011: 107.13 Poitevin, 1982: 16.

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envuelta en una nueva dimensión de la Guerra Fría que se agudizó luego de la Crisis de los Misiles en Cuba, a sólo tres años de haber asumido Fidel Castro el poder. Estados Unidos nunca le perdonó a Castro haber sugerido a Moscú disparar primero los misiles. Tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, Washington impulsó la doctrina de la Seguridad Nacional para la contención del comunismo y apoyó el golpe de Estado contra ydígoras, pues ganaría la Presidencia, según las encuestas, Juan José Arévalo, visto como cercano a los comunistas (aunque el mismo Arévalo los criticaba). Tras el golpe militar, asumió como jefe de Estado el ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia, honesto anticomunista, con la tarea prioritaria de eliminar el brote insurgente de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) con la asesoría militar estadounidense.14

Guatemala pasó a ser un satélite de Estados Unidos y su política exterior reflejó esa dependencia: formó parte de la Alianza para el Progreso y desde 1964 aceptó el esquema militar de contención del comunismo bajo la dirección del Pen-tágono y su Comando Sur. La guerrilla, sin iniciativa, se replegó. Así, en paralelo, la política exterior de Guatemala se orientó a consolidar la integración centroame-ricana con resultados positivos como se indicó. El país aprovechó el arribo de cubanos desplazados por el cambio de régimen en la Isla, pues éstos modernizaron poco a poco la industria azucarera y ganadera.

Durante la Guerra Fría, en este continente era temerario estar desligado de Washington. Por eso, Guatemala rechazó la invitación a incorporarse al Movi-miento de Países No Alineados. Ésta fue una acción negativa porque se perdió el apoyo de sus muchos miembros frente a Londres con respecto al territorio de Be-lice, como se observó en la comisión de descolonización de la ONU. El concepto de soberanía que Guatemala reclamaba confrontó el de la autodeterminación de los pueblos, que alegaba la población beliceña y Londres respaldó. De esa manera se confundió el legítimo reclamo territorial guatemalteco.

En 1966, el gobierno electo del abogado Julio César Méndez Montenegro asumió el poder en lo que se consideró una apertura democrática bajo tutelaje mili-tar. En política exterior, activó la cooperación con miembros de la Comunidad Eu-ropea (CE), Alemania Federal en especial, mientras Bonn olvidó los roces respecto de los bienes alemanes antes referidos. Francia celebró en París al embajador de Guatemala Miguel Ángel Asturias cuando éste obtuvo el Premio Novel de Litera-tura en 1968. Ese año, el canciller guatemalteco devino presidente de la Asamblea General de la ONU y sus gestiones culminaron en la mediación de Estados Unidos para el caso de Belice: el mediador Bethuel M. Webster favoreció los derechos de Guatemala, pero no logró concretizar la solución por intrigas de algunos beliceños secundados por Londres.15 Se amplió la relación con México y Centroamérica, la que posteriormente se desdibujó cuando Díaz Ordaz apoyó la independencia de Belice.

14 Adams, Op. cit.: 154.15 Herrarte, 1997: 165.

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En esa apertura política, Guatemala derogó la prohibición de comerciar con países del bloque comunista y se adhirió a los convenios sobre café y azúcar junto a los países productores para mejorar los precios. En la guerra del “fútbol” entre El Salvador y Honduras en 1969, Guatemala fue clave para impedir el rompimiento del MCCA, mediando en lo político junto con México que fue llamado por las par-tes en contienda. Apoyó la creación de un modus operandi, pues Honduras había abandonado ese proceso.16 La región continuó integrada de esa manera. Repercu-tieron de manera negativa los viles asesinatos de los embajadores de Alemania Federal y Estados Unidos a manos de una célula autónoma de las FAR. Esas accio-nes provocaron el ascenso de militares duros al poder, encabezada por el coronel Carlos Manuel Arana, quien había dirigido la campaña contrainsurgente y asumió como presidente en 1970.

Las acciones respecto de Belice se dieron en dos vías: la civil, dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores, de negociación bajo el amparo del derecho internacional, y la militar para recuperar ese territorio por la fuerza si fracasaba la diplomacia. Esto fue una reacción ante los obstáculos que Londres promovió en las negociaciones de 1972. Como parte de la estrategia por recuperar Belice, el Ejér-cito creó el Centro de Entrenamientos Especiales de Kaibiles, cuyo objetivo era que éstos ocupasen Belice, llegado el momento, para librar una guerra de guerrillas contra los ingleses como una forma de compensar la superioridad tecnológica y aé-rea de los británicos. La OEA condenó ese año los actos intimidatorios británicos en la frontera beliceña.

En 1973, los gobiernos miembros de la OEA aprobaron varias reformas al Tratado de Río en donde se indicó que la pobreza era la causa principal de insegu-ridad en América Latina, como deseaban los militares “progresistas” que hacían gobierno en varios países de la región. Ellos acordaron establecer relaciones con Cuba dado que la nueva relación entre Moscú y Washington motivó que La Haba-na no apoyara más las guerrillas ni la teoría insurgente del foco. Sin embargo, los centroamericanos siguieron las líneas de Washington sin relaciones con Cuba (de haberlas tenido, las guerras en Centroamérica en los años ochenta quizá hubieran sido diferentes).

En 1974, Managua sufrió un gran terremoto que debilitó al régimen dicta-torial de los Somoza como consecuencia del alto grado de corrupción en la ayuda internacional recibida. Dado que tenía control sobre la jerarquía de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de la Consejo de Defensa Cen-troamericano (CONDECA), que excluía a Costa Rica por no tener institución ar-mada, su caída ante el triunfo del sandinismo creó un pánico entre los ejércitos y oligarcas del área en 1979 y una reacción fuera de control, dañina para el istmo.

16 González Davison, Op. cit.: 81.

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relativa autonoMía Militar externa

El recambio de gobierno militar en Guatemala en 1974 da la Presidencia al general Kjell Eugenio Laugerud, quien plantea la reivindicación sobre Belice como una de sus prioridades. El Movimiento de Países No Alineados apoya la independencia de Belice, dándole la espalda a las pretensiones guatemaltecas, las que también pier-den apoyos en la región. Uno de ellos es el del general Omar Torrijos de Panamá, considerado “progresista” y antiestadounidense, a pesar de que el presidente de aquel país norteño, Jimmy Carter, suscribió la devolución del canal de Panamá. Los generales guatemaltecos deseaban ocupar Belice militarmente, mientras que la Cancillería insistía en la vía diplomática. La invasión a Belice quedó como un plan que no se activó ante el devastador terremoto que asoló Guatemala en 1976. Ese año, Jimmy Carter asumió la Presidencia de Estados Unidos y suspendió la ayuda militar en atención a la solicitud de Londres de que Guatemala tenía inten-siones belicosas sobre Belice. No obstante, la decisión se justificó por razones de violar los derechos humanos, pese a que durante la gestión de Laugerud fueron escasas.17 El terremoto mostró la miseria rural y el país quedó abierto a la coope-ración internacional. En la realización de ese esfuerzo nacional de reconstrucción, sin evidente corrupción, ante el llamado de Carter y la presión de la ciudadanía guatemalteca, una parte de la jerarquía militar aceptó volver a la democracia como deseaba la administración Carter. Aprovechando las obras de reconstrucción, gru-pos insurgentes penetraron el altiplano maya-k’iche’ occidental con el propósito de desencadenar una guerra de larga duración. Algunos ya lo habían anunciado desde 1972 a su ingreso a Guatemala vía Chiapas, México, por el río Ixcán.

Carter alentó a distintos dirigentes populares guatemaltecos, como lo hizo a lo largo del continente, a participar en elecciones democráticas. Tras una buena labor gubernamental en las tareas de reconstrucción y un mejor ambiente interna-cional, se reiniciaron nuevas conversaciones con Londres sobre Belice en 1978. El secretario de Estado estadounidense Cyrus Vance y su colega británico Edward Rowlands convergieron en que Belice debía ceder a Guatemala una franja de dos mil millas cuadradas. Empero el gobierno local beliceño se opuso y Londres ofre-ció a Guatemala una compensación económica, la cual rechazó.18 Los ingleses consideraban que la independencia de Belice era un tema diferente al diferendo territorial con Guatemala. Carter, entretanto, secundó el retorno a la democracia y alentó a democristianos y socialdemócratas de Guatemala a participar en las elec-ciones que, según la jerarquía castrense ofreció, serían libres.

Empero, en 1979 se produjo la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua. Carter no pudo convencer a Somoza de convocar a elecciones democráticas previamente. Cuba, Venezuela y Costa Rica apoyaron la insurrección sandinista como una legítima acción nacionalista de Nicaragua.

17 yurrita Cuesta, 1997: 121.18 Herrarte, Op. cit.: 169.

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Ese cambio, visto como avanzada leninista en el área, fue funcional para los duros de la jerarquía militar guatemalteca en cuanto a impedir el retorno a la democracia, por lo que orquestaron la represión, siendo ya presidente el general Romeo Lucas García. Se generó un proceso de represión generalizado condenado por la comu-nidad internacional. Sin seguir ningún lineamiento de Washington, la violencia estatal llegó a niveles inauditos ante el ascenso insurgente. En El Salvador nació la insurgencia apoyada por Managua, la cual se expandió como pólvora encendida. En San Salvador, el Ejército siguió los consejos estadounidenses. Los generales guatemaltecos creyeron que Managua y La Habana jugaban un papel estelar en ese capítulo. Asesinaron, entre tantos, a los dirigentes socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, así como a otros dirigentes como Manuel Andrade Roca y Oliverio Castañeda.

La jerarquía militar guatemalteca se aisló sin otro rumbo que la contrain-surgencia, criticando a sus pares salvadoreños de suaves por seguir las directrices de Washington.19 Carter, en efecto, alentó a jóvenes oficiales en El Salvador a go-bernar juntamente con demócratas cristianos, cristalizando la demandada reforma agraria; al mismo tiempo, el presidente estadounidense firmó la retirada del canal de Panamá, la cual se haría efectiva a finales del siglo.

En 1980, el ajedrez internacional irrumpió en el proceso de integración cen-troamericano y lo hizo tambalear en medio de un conflicto inaudito. La Policía guatemalteca quemó la Embajada de España cuando intentaba capturar a elemen-tos considerados subversivos y el hecho trágico trascendió en el plano internacio-nal. El régimen militar perdió legitimidad tanto en ese plano como en el doméstico. La insurgencia se generalizó en occidente y el terrorismo de Estado abarcó todo el territorio; entretanto, el gobierno militar fue visto como un paria internacional. Las técnicas de los kaibiles golpearon a la insurgencia y al campesinado que la apoya-ba. El Ejército local adquirió armas de España y yugoslavia y recibió capacitación de Israel y Taiwán.

El CONDECA se desintegró. Moscú, que no había querido intervenir en Centroamérica lo haría vía Cuba y Nicaragua. Fue una reacción ante la ayuda que la CIA daba a los Talibán en Afganistán en su lucha contra los soviéticos que defendían al gobierno local, considerado ilegítimo por otros grupos. Carter y su delegado para Centroamérica, Byron Backy, fueron criticados por su pasividad en Centroamérica.20 En realidad, se criticaba el enfoque ético que Carter representaba, el cual fue rechazado tanto por las derechas como por las izquierdas. Mientras, México, Venezuela y Panamá dieron su apoyo sin restricciones al nuevo gobierno de Managua.21 Fue un error no seguir el criterio honesto de Carter como se com-prendería años después, pues obró de buena fe para frenar los conflictos bélicos en el istmo, lo que lamentablemente no creyeron las partes.

19 Porras Castejón, Op. cit.: 66.20 Pastor, 1995: Cap. I.21 Ibid.: 55. En ese momento, Washington y Moscú firmaron el SALT II, mientras que el gobierno

revolucionario de la isla de Granada recibió ayuda de Cuba.

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Entretanto, la política exterior naufragó, pues se gestó la independencia uni-lateral de Belice en 1981, con el apoyo para su autodeterminación de buena parte de América Latina. México fue el segundo país en enviar a un embajador al nuevo país. ¿A qué se refería la “integridad territorial” si había un diferendo de por medio con Guatemala?

neutralidad en loS conFlictoS de loS añoS ochenta

En Guatemala hubo una fractura al seno del Estado empañada de corrupción.22 La recesión mundial se dio a la par del alza de precios del oro negro, lo que agigantó la deuda externa de los países no productores de petróleo como los centroameri-canos, afectados ya por la efervescencia revolucionaria y la represión en la región, la destrucción de infraestructura, la caída de las exportaciones y las reservas inter-nacionales.

México y Francia reconocieron al insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN),23 instando al Gobierno salvadoreño a negociar. La sorpresiva derrota electoral de Carter le permitió a Ronald Reagan dar un viraje al llegar a la Casa Blanca en 1981. Una de sus prioridades fue que el régimen sandinista diera marcha atrás al proceso revolucionario. Al no lograrlo, financió a los “contra” re-volucionarios, cuyas bases se fijaron en Honduras y Costa Rica (17 mil hombres armados). Otro de sus objetivos era contener el apoyo de Managua a la insurgencia en El Salvador. Para la Casa Blanca, Centroamérica se tornó en zona de interés estratégico.24

A partir de la suspensión de la ayuda militar directa dada por Washington a Guatemala desde 1976, el Ejército adquirió avionetas civiles fabricadas en Suiza (que acá se artillaron) y se acercó más a Israel y Taiwán paro obtener otro tipo de armas. La llegada de Reagan a la Casa Blanca con “los halcones” produjo un viraje conservador, como se dijo, para agrado de la dirigencia militar guatemalteca. Así, los directores de la inteligencia se incrustaron en la red anticomunista mundial. Entre tanto, en Managua, las distintas organizaciones guerrilleras guatemaltecas conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para coordinar su acción bajo el signo del triunfalismo y la unidad. La Habana y Moscú estarían detrás de esta nueva organización, lo que fue el mejor pretexto de la Casa Blanca para intervenir en la zona.

22 El caso de la papelera española CELGUSA es un bueno ejemplo, construida alrededor de una re-gión casi desértica al oriente de Guatemala, o el Desarrollo de Autopistas de Guatemala (DAG), donde no se construyó un solo metro.

23 Castillo et al., Op. cit.: 147. 24 Pastor, Op. cit.: 24.

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Dada la amplia violación a los derechos humanos durante el gobierno de Lucas García, Reagan no pudo desplegar la ayuda militar como hubiera deseado, pues el Congreso de su país se lo impidió ya que se mantenía vigente la prohibi-ción hecha en 1976 mencionada anteriormente. Por ello, en 1981 Guatemala no se incorporó al plan estadounidense contra Nicaragua, pues ya los problemas internos y el súbito éxito de la insurgencia lo desbordaban, mientras que la economía y el Estado estaban al borde del colapso en medio de la crisis económica global.

Al final del año, la envestida contrainsurgente logró éxitos gracias a la infil-tración de colaboradores del Ejército en las filas guerrilleras. La inteligencia del Ejército asesorada por oficiales chilenos y argentinos descubrió los planes de la insurgencia, así como información clave para desmantelarla de manera estratégica en pocos meses.

En 1982 sucedió un esperado recambio militar en Guatemala apuntalado por elementos civiles para recomponer el bloque en el poder: el intento de unir a la oligarquía y al Ejército. Asumió la jefatura estatal el general retirado Efraín Ríos Montt, quien reiteró que Guatemala no participaría en el proyecto estadounidense de la Comunidad Democrática Centroamericana ni en la reactivación del CON-DECA al persistir el embargo de armas estadounidense. No obstante, la USAID (United States Agency for International Development) le otorgó asistencia eco-nómica para los planes civiles contrainsurgentes y la CIA extraoficialmente hizo lo propio. Ese año en Honduras, Reagan le ofreció a Ríos Montt miles de fusiles viejos, los cuales serían usados por miles de campesinos conscriptos militarmente en las rurales Patrullas de Autodefensa Civil, que serían letales para la insurgencia. Entretanto, el papa Juan Pablo II fue fríamente recibido por Ríos Montt.25 La polí-tica de tierra arrasada continuó llevándose a cabo en el campo con suma violencia.

A todo esto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de-vino obsoleto por el apoyo que Washington le dio a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas. La CE secundó dicho apoyo, lo que le generó una mala imagen en América Latina para ambos. Al crearse en 1982 el Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) para promover la paz en Centroamérica con cierta autonomía, la CE vio en ese grupo una oportunidad de apoyarlo para diferenciarse de la Casa Blanca y defender sus intereses en la región. Así, la CE se articula al Grupo de Contadora con el objetivo de evitar el conflicto generalizado en el ist-mo como deseaban algunos “halcones” como Richard Cheney y el vicepresidente George Bush, quienes en verdad dirigían la política de seguridad estadounidense.26

Ríos Montt se negó a abrir el régimen militar a la democracia, contrarian-do el deseo de Washington por una Centroamérica democrática que aislara a una

25 En ese momento, el Papa le solicitó suspender varias ejecuciones sumarias y Ríos Montt recha-zó su pedido (Garrard-Burnett, 2010).

26 Rosty Reston, cronista del New York Times, le confesó al autor que Reagan padeció la enfer-medad de alzheimer desde su tercer año de mandato y la prensa lo sabía pero no lo publicó por “dignidad nacional”. Así, se colige que el vicepresidente George H. W. Bush y su grupo orques-taron la política presidencial de Estados Unidos desde ese año en adelante.

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Nicaragua “totalitaria”. También se rehusó a reestablecer la jerarquía militar al apoyar el mando de jóvenes oficiales. Esas acciones llevaron a su ministro de la Defensa, el general óscar Mejía Víctores, a darle un golpe militar en 1983, tras el cual asumió como jefe de Estado. Él y sus comandantes se negaron a participar en maniobras militares estadounidenses conjuntas en el istmo por las mismas razones. Su postura era más cercana a la tesis del Grupo de Contadora que perseguía el cese de envíos de pertrechos militares a Centroamérica provenientes de cualquier par-te (Moscú o Washington). Además, Mejía Víctores prometió elecciones para una constituyente hacia la democracia y, poco a poco, sacó al país del aislamiento in-ternacional, gracias a la habilidad de su canciller, Fernando Andrade Díaz-Durán.

la neutralidad GuateMalteca

La neutralidad guatemalteca implicó un alejamiento de la política exterior de Washington para Centroamérica como había sido tradicional desde 1954. Esa pos-tura generó que Guatemala apoyara las gestiones de la CE y Contadora. El hecho de que México y Venezuela le dieran petróleo a precios preferenciales benefició al régimen guatemalteco; así como que la CE ampliara su cooperación e incluso que Washington incluyera al país en los beneficios comerciales de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en materia arancelaria para no quedarse atrás. Además, México reubicó a los refugiados guatemaltecos lejos de la frontera y reforzó su frontera sur para evitar que fuera refugio de la guerrilla guatemalteca, lo que significó un golpe contra la insurgencia. La Casa Blanca mantuvo el tema de Belice en statu quo, pues pensó usar su territorio y las tropas británicas allí estacionadas para lanzarlas contra Nicaragua en caso de generarse una guerra generalizada, como pensaban “los halcones” en Washington. Guatemala esperaba que, a cambio de apoyar a Contadora, Nicaragua cesara su apoyo a los insurgentes guatemaltecos, lo cual logró conseguir. La neutralidad guatemalteca frente a Nicaragua fue esgrimida y bien vista en América Latina y la comunidad internacional.27 Entretanto se bosque-jaron varios puntos para pacificar la región en la Declaración de Cancún de 1983, del Grupo de Contadora, que incluyó el grave tema de los refugiados.

El brazo político de la insurgencia amplió el cabildeo en Washington y acusó al Gobierno guatemalteco de seguir violando los derechos humanos, lo que motivó que el Congreso estadounidense continuara reacio a enviarle armas modernas.

En ese momento estaban contrapuestas dos tesis: la del Grupo de Contado-ra (Venezuela, México, Colombia y Panamá) y la del Grupo de Tegucigalpa pro estadounidense (El Salvador, Honduras y Costa Rica). La postura de Guatemala favorecía la primera, para disgusto de la Casa Blanca, a pesar de las explicaciones

27 Fajardo Maldonado et al., 1997: 185.

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que le dio la Cancillería guatemalteca de secundar al Grupo de Contadora, el cual favorecía las negociaciones por la paz.

En 1985 la Constituyente promulgó la nueva Constitución guatemalteca y se dieron elecciones generales. Salió electo el democristiano Vinicio Cerezo, quien asumió al año siguiente aún bajo tutela militar. Su gobierno se benefició de la cooperación externa estipulada en el Informe Kissinger en cuanto a apoyar eco-nómicamente al istmo centroamericano.28 No obstante, la Casa Blanca presionó ese año por destruir el BCIE para impedir que le diera créditos a Nicaragua (vista como el enemigo), mientras que otras entidades centroamericanas de integración parecían naufragar.29 Pero la cooperación externa europea y de Taiwán las mantuvo a flote. La CE dio su apoyo al proceso de integración centroamericana, iniciándose un diálogo positivo de convergencia entre la CE y la región, semilla de una mejor amistad con el área y la región.

Una de las primeras actividades de Cerezo en 1986 fue visitar Washington. Empero, mantuvo la neutralidad frente a la política estadounidense contra el régi-men de Nicaragua y la adjetiva como “activa”. Con esta política, ante el declinar del Grupo de Contadora, activa con sus pares recién electos de Honduras, José Az-cona Hoyo, y de Costa Rica, óscar Arias, un camino a la paz. Celebran la Cumbre Esquipulas sin la presencia del presidente de Costa Rica, que formalizó las reunio-nes presidenciales del istmo. Cerezo y Arias acuerdan ese año una agenda y meca-nismos para alcanzarla, que luego se conocería como “El Plan Arias”. El presiden-te Arias se había negado a estar junto al mandatario nicaragüense Daniel Ortega porque no era producto de elecciones democráticas. El presidente de Nicaragua tampoco le quería hablar porque Costa Rica permitió la estadía de algunos “con-tras” en su territorio. Al Grupo de Contadora se unieron Argentina, Brasil, Perú y Uruguay (Grupo de Apoyo) para encontrar una salida negociada al conflicto. Dicho plan impulsó un proyecto en sintonía con los Acuerdos de Esquipulas para llevar a las partes a negociar la paz, en línea con la postura del Grupo de Contado-ra, la CE y algunos congresistas estadounidenses. Por esa actividad, Arias recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987. Managua, en sintonía con Guatemala, apoyó su presencia en Esquipulas II en agosto de 1987. Allí se alcanzó la confianza mutua y la dinámica regional estimuló la simultaneidad de compromisos de los gobiernos encaminados a resolver conflictos. Se propició la democratización del régimen sandinista bajo los parámetros de los Acuerdos de Esquipulas (para reconcilia-ción en cada país del istmo) y la creación de un parlamento centroamericano. Éste contaría con diputados electos por el voto popular, lo que obligaría a Nicaragua a democratizarse. La Casa Blanca respondió con su plan Reagan-Wright que no tuvo eco frente a la exitosas propuesta centroamericana, avalada por Costa Rica, cuyo prestigio era bien visto en círculos de Washington. (Entretanto se descubre el escándalo Irán-Contras, en donde cercanos a la Casa Blanca habían vendido armas

28 Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre América Central, 1984.29 González Davison, Op. cit.: 124.

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a Irán y entregado las ganancias de 47 millones de dólares a la CIA para financiar a los “contras”, actividad prohibida por el Congreso. Lo mismo ocurrió con un cargamento de drogas ilegales procedentes de Colombia).

La OEA apuntaló las ideas de Esquipulas y Contadora. Se superó así el re-chazo latinoamericano hacia Estados Unidos por haber apoyado a Londres en la guerra por las Malvinas (en esa oportunidad, Estados Unidos no cumplió con el Tratado de Río ante una amenaza externa). La región, empero, continuó sin un sistema de seguridad colectiva real y Contadora sirvió para reflexionar al respec-to. Entretanto, la Unión Soviética dio las primeras señales de extenuación con su guerra en Afganistán, situación que le dio un nuevo curso a sus negociaciones con Washington para bajar la tensión internacional.

Cerezo abrió canales diplomáticos con Londres a cambio de que Guatemala fuera la sede de una reunión ministerial entre cancilleres del istmo y la CE favora-ble a la paz. Al mismo tiempo se establecieron negociaciones con Londres sobre Belice, las cuales no llevaron a resultado alguno. En diciembre de 1986, los canci-lleres de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezue-la expresaron que “a partir de la experiencia de los Grupos de Contadora y Apoyo, hemos decidido fortalecer y sistematizar la concertación política de nuestros go-biernos mediante un proceso de consultas regulares sobre temas que afectan o inte-resan a nuestros países, en el contexto de una creciente unidad latinoamericana”,30 y ampliar la cooperación, coordinación, integración que surjan en las reuniones de los jefes de Estado. Así, Guatemala, dirigiendo el rumbo centroamericano, promo-vió el acercamiento de Europa con los países del Grupo de Contadora y estimuló la cooperación latinoamericana y su relativa autonomía.

En 1987, los presidentes centroamericanos, conforme los convenios de Es-quipulas II, aprobaron el Parlamento Centroamericano (Costa Rica no lo ratificó), así como el procedimiento para la paz firme y duradera con aval internacional. Su aplicación dio curso a las negociaciones para intentar finalizar las acciones gue-rrilleras en El Salvador y Guatemala y de los “contras” en Nicaragua, impulsando la promoción de gobiernos libremente electos en el área. Managua aún se resistía a dar elecciones y recibió un mensaje contundente cuando Washington invadió Panamá en 1989: de no democratizarse habrá guerra. Moscú comenzó a sufrir un terremoto político debido a los elevados gastos de su guerra en Afganistán, la subi-da del precio del petróleo, la crisis de su complejo militar industrial (que abarcaba el 80% de la producción) y los altísimos subsidios al exterior, factores que llevaron a la disolución del Estado soviético y al final de la Guerra Fría. Ello implicó el cese de su apoyo a La Habana y Managua a partir de 1989.

En Madrid se celebró un encuentro entre funcionarios y políticos guatemal-tecos y miembros de la insurgencia unida en la URNG para promover negociacio-nes de reconciliación. El evento motivó un intento de golpe militar contra Cerezo.

30 Declaración de Río de Janeiro, Brasil, 18 de de diciembre de 1986, que dio origen al Grupo de Río y posteriormente a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

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El presidente guatemalteco aceptó la presencia de una comisión internacional de verificación y seguimiento del proceso democratizador y recibió a un delegado de la ONU para el efecto y a dignatarios de distintos países en apoyo al proceso democratizador.

Sabida de que Moscú dejaría de asistir a Cuba y a Nicaragua, la insurgencia en Guatemala y El Salvador dio sus últimos golpes para negociar en mejor posi-ción con los gobiernos. La democratización del istmo seguía siendo prioridad en la Casa Blanca, la cual presionaba al gobierno sandinista a convocar a elecciones. Se inició la desmovilización de “los contras” al saberse que Moscú no enviaría más armas a Cuba ni a Nicaragua. Cayó el Muro de Berlín. Estados Unidos invadió Panamá, mientras que el escenario internacional seguía cambiando. En Oslo dia-logaban los delegados de la URNG y de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) de Guatemala.31 La comunidad internacional reclamaba que la actividad bélica en la zona debía cesar, mientras que la Casa Blanca urgía el cese del conflic-to armado.32 A escala global, comenzaron a promoverse los nuevos preceptos del Consenso de Washington, al tiempo que Nicaragua aceptó democratizarse, lo que fue un alivio general. En las elecciones nicaragüenses de 1990 ganó sorpresiva-mente la oposición. Dos cuestiones en la agenda futura: la seguridad y el desarrollo centroamericano bajo una nueva forma de integración y el fortalecimiento de los vínculos con el mundo.

baJo el conSenSo de WaShinGton y la deMocratización

En esa sintonía, la plataforma electoral del nuevo presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, fue negociar la paz con la URNG (pues había sido miembro de la CNR). Serrano Elías ganó las elecciones, asumió en 1991 e hizo un acercamiento con la insurgencia para negociar la paz y el final del conflicto. Empero, encontró resistencias de la jerarquía militar, quizás porque el conflicto armado era un nego-cio para algunos (contrabando, control de fronteras).

Serrano Elías buscó reconstruir la integración centroamericana y promovió la Declaración de Antigua,33 en concordancia con los presidentes centroamericanos que aceptaron proseguir el proceso ampliado de integración conforme las líneas del Consenso de Washington. En ese sentido, Serrano Elías dio confianza al nuevo ambiente centroamericano democrático para acelerar bajo un nuevo paraguas la integración económica y comercial, ampliada al plano social y político que dio

31 El 29 de marzo de 1990, las partes en Oslo convinieron designar a monseñor Rodolfo Quezada Toruño como mediador y solicitaron al secretario general de la ONU su calidad de observador en las reuniones venideras para alcanzar la paz. Jorge Serrano Elías presidía la CNR.

32 Fajardo Maldonado, Op. cit.: 188. 33 Declaración de Antigua. VIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, Guatemala, 17 de junio

de 1990.

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surgimiento al Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Los indicadores sociales y económicos centroamericanos mostraban un retroceso en relación con 1979. Los presidentes del istmo se reunían constantemente para revitalizar la inte-gración y obtener cooperación internacional para alentar la reconstrucción ante los destrozos derivados de los conflictos armados.

Serrano Elías expandió el espacio favorable a la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Acompañado por las Naciones Unidas, activó la nego-ciación con la insurgencia. Reconoció la independencia de Belice, pero dejó el diferendo territorial en su respectivo canal jurídico, lo que provocó la renuncia del canciller guatemalteco Álvaro Arzú por no haber sido consultado. Guatemala, en-seguida, estableció relaciones diplomáticas con Belice. Ante ese cambio se facili-taron las relaciones con los países caribeños y Guatemala fue aceptada en el Movi-miento de Países No Alineados, acercándose a gran número de países de Asia. Así, en 1992 Guatemala ocupó una de las vicepresidencias de dicho foro, aunque el mismo había dejado de jugar un papel estelar pues la Guerra Fría había concluido y ahora el mundo era global. De esta manera, Guatemala le facilitó a Belice su par-ticipación en diversos foros centroamericanos sin que éste perdiera su relación con el Commonwealth británico y la Caribbean Community (CARICOM). Éste fue el punto de inicio de una mejoría de relaciones con el Caribe anglófono que siempre defendió la independencia de Belice. Al establecerse el SICA en 199134 se acre-centó la relación de cooperación entre los países del área. Después de Guadalajara y Madrid, le tocó a Guatemala organizar la Cumbre Iberoamericana en 1992. Los discursos oficiales tendían a insertarla como socio de la comunidad internacional para contribuir a la paz y la democracia, conforme a los principios, reglas y prác-ticas observadas en dicha comunidad. Se coordinaron las acciones entre el BCIE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el BID, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Nacio-nes Unidas para la Infancia (UNICEF, por su nombre en inglés), ante los rápidos

34 Entre sus objetivos estaban: Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del estricto respeto a los derechos humanos. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional basado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil y la superación de la pobreza extrema; la promoción del desarrollo sostenido y la protección del ambiente; la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto. Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y so-cial para los pueblos centroamericanos. Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano. Fortalecer la región como bloque económico para, de esa forma, ingresar triunfalmente en la economía internacional. Reafirmar y consolidar la autodetermina-ción de Centroamérica en sus relaciones exteriores, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional. Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del ambiente mediante el respeto y la armonía con la naturaleza, asegurando el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región. Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros. Protocolo de Tegucigalpa, 13 de diciembre de 1991.

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cambios tecnológicos con nuevos criterios de desarrollo humano, colocando en agenda los temas ambientales. Se realizó por vez primera un Plan de Inversiones Públicas que dio coherencia a la cooperación externa técnica y financiera, pilar de una política exterior en armonía con los programas y proyectos del plan nacional.35

Elementos del Ejército continuaron de hecho dirigiendo la respuesta estatal al tema de los derechos humanos y frenando las negociaciones con la URNG, mientras que el narcotráfico comenzó un desarrollo incipiente. La cúpula militar envolvió al presidente asediado por numerosos diputados corruptos en el Congreso de la República.36 El 25 de mayo de 1993, Serrano Elías disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, emulando el autogolpe dado por Alberto Fujimori en Perú. Renunciaron a sus cargos el ministro de Trabajo y el secretario de Pla-nificación Nacional. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue que se había violado la Constitución y ordenó dar marcha atrás. Se conformó un activo frente civil en contra de Serrano Elías. La comunidad internacional condenó el autogolpe. Finalmente, en el mes de junio, el Congreso eligió al procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, para concluir el periodo presidencial, luego de que Serrano Elías fuera expulsado al exterior por la jerarquía militar, que había empantanado las negociaciones con la guerrilla.

De León Carpio continuó los lineamientos anteriores y volvió a la mesa de negociaciones con la URNG, después de haber reciclado a la anterior jerarquía castrense. En México se estableció un acuerdo marco para la reanudación del pro-ceso de negociación. Se estipuló la inmediata entrada en vigor del Acuerdo Global de Derechos Humanos bajo la supervisión de las Naciones Unidas. La Cancillería retomó el tema de Belice y creó el Consejo de Belice. A la vez, se ocupó por vez pri-mera de los migrantes en Estados Unidos, ya no sólo de los refugiados en México.

La CNR, instancia de negociación con la URNG, logró algunos avances en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos al crearse una “monitoría” de Na-ciones Unidas. Se suscribió el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas (que da nacimiento a la Comisión para el Esclarecimiento His-tórico) y el significativo Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En el plano interno se renovaron varios artículos a la Constitución. Por vez primera Guatemala envía un contingente militar humanitario coman-dado por las Naciones Unidas.

En 1994, de León Carpio firmó con sus pares centroamericanos la Alianza para el Desarrollo Sostenible37 para coordinar iniciativas de desarrollo y, al año siguiente, suscribió la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su gobierno recibió amplia cooperación más un flujo novedoso de remesas

35 Véanse los documentos del PNUD-Guatemala de la década de 1990 sobre el particular.36 Véanse los números de la revista Crónica para tener una referencia precisa de la secuencia po-

lítica del rompimiento constitucional en mayo-junio de 1993.37 González Davison, Op. cit.: 132.

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familiares de guatemaltecos residentes en Estados Unidos, a la vez que retornaban capitales que incentivaron la inversión.

Si bien el proceso de paz culminó en El Salvador, se estancó en Guatemala ante la actitud reticente de un sector conservador civil y del Ejército. No obstante, se establecieron relaciones diplomáticas con las naciones del ex bloque socialista y se abrió una embajada en Barbados para atender el Caribe. Japón pasó a ser el tercer comprador de café guatemalteco y devino primer país cooperante, mientras que Holanda ocupó el segundo.

La Estrategia Centroamericana para el siglo XXI, esbozada en 1995, fue una guía para el istmo. Ese año iniciaron las actividades de la Comisión de Seguridad de Centroamérica (integrada por los ministerios de Defensa, Interior y Relacio-nes Exteriores), bajo el paraguas del Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica,38 para proseguir las negociaciones en la materia y verificación y limitación de armamentos de conformidad con los Acuerdos de Esquipulas II. Hay muchas armas sin control producto de la guerra de los años ochenta, acapa-radas por la delincuencia, el narcotráfico internacional y los “poderes paralelos”, surgidos también en los ochenta entre algunos oscuros jerarcas del Ejército que se mantuvieron vigentes detrás de bambalinas.

Al asumir la presidencia en 1996, Álvaro Arzú dio un salto adelante. Con el apoyo de la Comunidad de San Egidio (laicos católicos ligado al Vaticano) y de la ONU,39 se firmaron los Acuerdos de Paz con la URNG40 en el tema socioeconó-mico y agrario, el nuevo papel del Ejército y el fortalecimiento del poder civil. El tema, si bien doméstico, requería de una serie de actividades diplomáticas poste-riores con diversos países, incluyendo las Naciones Unidas. Los acuerdos obtuvie-ron el aval internacional y de la sociedad civil. Se mejoró la cooperación externa. La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA),41 creada un año antes, quiso coordinar a todos los entes de la ONU en Guatemala, pero la Canci-llería se opuso para evitar la instalación de un “proconsulado”. Así, MINUGUA sólo supervisó el proceso y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz sin mayor injerencia. Entretanto, el canciller Eduardo Stein tuvo que superar el veto de China sobre el envío de boinas azules de la ONU que debían “garantizar e implementar la concentración y desmovilización de los efectivos armados de la URNG”.42

38 XVII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, diciembre de 1995.39 Porras Castejón, 2009: 377 y ss.40 El Acuerdo de Paz Firme y Duradera se suscribió en Guatemala el 29 de diciembre de 1996.41 La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala –la operación de mantenimien-

to de la paz dentro de la misión civil humanitaria MINUGUA–, creada en 1994, fue renovada por el Consejo de Seguridad en la resolución 1094 (1997) el 20 de enero de 1997, con el fin de verificar el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, que se firmó en Oslo el 4 de diciembre de 1996.

42 Porras Castejón, Op. cit.: 428. El veto se hizo en diciembre de 1996 y se destrabó dos meses después.

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El Ministerio de Economía y la Asociación Gremial de Exportadores de Pro-ductos No Tradicionales (AGEXPRONT) impulsaron la apertura comercial con una firme participación en la OMC, ante la cual se abrió una embajada comercial, muy lujosa pero inoperante desde el año 2000, pues se convirtió en una oficina de resolución de conflictos comerciales y dejó de ser un ente promotor del libre comercio.

Con base en los Acuerdos de Paz se diagramó una política exterior en apoyo al proceso de paz y a la integración centroamericana. La cercanía del canciller Stein con el presidente Arzú le permitió a la Cancillería participar de lleno en ese proceso. En política exterior se reafirmó el compromiso gubernamental por la democracia, los derechos humanos y la sinergia centroamericana. Ello amplió la participación del país en diversos foros políticos y económicos y de cooperación del globo. Se renovaron vínculos con las Naciones Unidas y se apuntaló una nueva OEA diferente a la del periodo de la Guerra Fría que estuvo supeditada a Estados Unidos y que había colapsado en 1982 por la alianza de Washington con Londres. De esa cuenta se apoyaron sus tareas en favor de la democracia regional. Los paí-ses amigos del proceso de paz (México, Colombia, España, Estados Unidos, No-ruega y Venezuela) tuvieron particular importancia en consolidarlo en Guatemala.

Guatemala, Honduras y El Salvador constituyeron el “Triángulo Norte” para actuar coordinadamente en materia comercial, especialmente con México y Chile.43 Los gobiernos centroamericanos estrecharon vínculos entre ellos y con la Unión Europea, Norte América, Taiwán y otros países.

La asesoría internacional observó avances en derechos humanos tras la in-corporación del personal de la insurgente URNG a la vida legal. El Gobierno dio especial cuidado a su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos. Dos años más tarde, Guatemala quedó fuera de la lista de países violadores a tales derechos como se venía registrando desde 1979 y, a la vez, fue admitida para supervisar algunos de estos casos en otras latitudes. También dio énfasis a la defensa de los emigrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos y fortaleció el Consejo de Belice, gestando la Comisión de Belice. Aprobó el Convenio sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas y el Convenio de Ginebra sobre el Derecho de los Tratados, previendo llevar el caso de Belice eventualmente ante la Corte Internacional de Justicia. La reactivación productiva observada durante este periodo contribuyó a consolidar el SICA, al cual se incorporaría Belice más adelante. No obstante, no se dieron plazos para el cumplimiento de la integración

43 El Tratado de Libre Comercio entre México y el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Sal-vador y Honduras), cuyas negociaciones concluyeran, después de cinco años, el 11 de mayo de 2000, carece de una visión más amplia; no incluye compromisos de cooperación internacional para el desarrollo y se abstiene de incorporar la promoción y defensa de los derechos humanos, de protección del medio ambiente, sociales y laborales y se excluye un acuerdo que garantice los derechos recíprocos de los trabajadores migrantes y sus familias. Predominó, nuevamente, una agenda estrictamente comercial. El tratado similar con Chile concluiría hasta 2009 en lo que concierne a Guatemala.

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aduanera centroamericana, lo que desdibujó el proceso en el nuevo siglo al carecer de un calendario a cumplir.

En 1997, el Grupo Consultivo de Centroamérica, creado en Bruselas para apoyar la reconstrucción del istmo, obtuvo el respaldo internacional de coopera-ción en apoyo a los Acuerdos de Paz de Guatemala para restañar las heridas del conflicto armado. Si bien se reforzaron los lazos en materia de seguridad policial con Centroamérica, en Guatemala no se pudo aprovechar ese potencial a pesar de suscribir convenios de cooperación en el tema con varios países sudamericanos.44

Aprovechando la visita del papa Juan Pablo II a La Habana, Guatemala ini-ció relaciones diplomáticas con Cuba porque la Isla apoyó discretamente el pro-ceso de paz guatemalteco. A cambio, Cuba brindó cooperación en beneficio de los sectores sociales guatemaltecos más vulnerables, especialmente en el campo del deporte y la salud.45 Por supuesto, Washington cobró la factura después, cuando la “Embajada” apoyó al candidato presidencial opositor Alfonso Portillo, electo presidente en el 2000.

En 1998 resalta la visita de los príncipes Hitachi de Japón, de la reina Sofía de España, del presidente Bill Clinton,46 quien en Guatemala se excusó del pasado intervencionista de su país, y variedad de cancilleres. El embajador guatemalteco en Japón se volvió concurrente con Singapur, que gozaba de excelentes relaciones con China Popular, para tener mayor presencia en esa región.

Guatemala, conforme al neoliberal Consenso de Washington, privatizó la te-lefonía y distribución de energía eléctrica adquiridas por inversionistas de México y España, respectivamente, pese a los nublados de tales transacciones. En enero del 2000 se suscribió un Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre El Salvador y Guatemala, pero no se ha materializado (aún doce años después).

Ante el asolador panorama destructivo del huracán Mitch que castigó ese año a toda Centroamérica, Guatemala apoyó la gestión del Grupo Consultivo de Centroamérica, en Estocolmo, para beneficiar exclusivamente a Honduras y Ni-caragua, los más seriamente afectados por el desastre climático. En lo político, el asesinato de monseñor Juan Gerardi, en 1999 enturbió el ambiente electoral y la opinión internacional.47

44 González Davison, Op. cit.: 138.45 El 21 de enero de 1998, la prensa difundió la noticia. El restablecimiento se debió en parte a la

petición del papa Juan Pablo II de poner fin al aislamiento internacional a la isla caribeña.46 Estados Unidos expresaba su satisfacción por América Latina en cuanto a su economía y de-

mocracia, salvo los casos de Paraguay, Ecuador y Haití. Le preocupaba al tráfico de drogas, la corrupción, la pobreza y los movimientos guerrilleros en Colombia, Perú y México. Véase el testimonio del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del 12 de marzo de 1997.

47 En el asesinato de Gerardi participaron varios militares y un cura, quienes guardan prisión, aunque se supone hay otros responsables que continúan en libertad.

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Casi al finalizar la administración Arzú, su canciller le envió una nota al Primer ministro de Belice donde le expresaba que las conversaciones realizadas de 1997 a 1999 no habían dado el resultado esperado, proponiendo que el diferendo territorial se dirimiera en la Corte Internacional de Justicia. Guatemala reclamaba el espacio que no fue dado en concesión de usufructo por Madrid a Londres a fines del siglo XVIII, es decir, del río Sibún al río Sarstún y las islas adyacentes. Busca, con buena voluntad, el arreglo pacífico de esta controversia, que por su naturaleza es de carácter eminentemente jurídico y, tras protestar por esa ocupación, “propone formalmente al Gobierno de Belice que este asunto sea sometido, ya sea a un ar-bitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia. En ambas modalidades podrían los dos gobiernos plantear de común acuerdo el asunto a dirimir en su caso”.48 Si bien la Comisión de Belice aconsejó llevar el caso a la OEA, el canciller Gabriel Orellana hundió las pretensiones de Guatemala pues no logró nada, peor aún, comprometió sus legítimos derechos.

En Guatemala, el narcotráfico internacional era ya un actor local importan-te que contaba con el apoyo variado que incluía los poderes paralelos y que en gran parte financió la campaña electoral del electo presidente Alfonso Portillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido político del ex jefe de facto, general Efraín Ríos Montt. Su meta final era desplazar a la elite de los privilegios y enfrentarla en términos económicos, hurtando los recursos públicos para ser un digno rival “emergente”.

Entretanto, la Casa Blanca definió una política favorable para América La-tina, pero se desinfló luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 al darle

48 Tomado directamente de la carta enviada por el canciller guatemalteco al primer ministro beli-ceño de fecha 18 de octubre de 1999. Concluye así: “Ambos son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Todo el contexto de la Carta de las Naciones Unidas está encaminado a prever y resolver esa clase de conflictos que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, desde su artículo 1º, Párrafo 1º, que terminantemente dice: ‘[…] lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones inter-nacionales, susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz’. Asimismo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 2 fija entre sus propósitos iniciales, ‘[…] a) afirmar la paz y la seguridad del Continente; c) prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros’ y en su artículo 3 establece como principios, ‘[…] a) El derecho internacional es norma de con-ducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional; c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí […] ; y g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos’. Por último, Guatemala y Belice son dos Estados vecinos que deben vivir en paz y cooperar en la solución de sus problemas comunes.

Numerosas son las resoluciones y declaraciones de todo género de ambas organizaciones que confirman lo expuesto, como la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas, que expresa la obligación de todos los Estados para resolver las controversias inter-nacionales por los medios pacíficos, y agrega que: ‘Al procurar llegar a ese arreglo, las partes convendrían en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia’ [...] Así lo dice el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.”

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prioridad a la lucha contra el terrorismo. Mientras tanto, el proceso de integración centroamericana perdió dinamismo y varias instituciones del SICA fueron cuestio-nadas (el Parlamento Centroamericano, la Corte de Justicia Centroamericana, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)). La integración empero se activó para negociar tratados de libre comercio con Chile, México y Estados Unidos que, de manera paradójica, los condicionaron a reforzar el clima de integración centroamericana, lo mismo que en las negociaciones con la Unión Europea para devenir socios estratégicos.

En el proceso interno, Guatemala perdió horizonte en una gestión de Portillo y Ríos Montt que se tradujo en un saqueo generalizado de las instituciones del Estado y la corrupción general en las principales instituciones. Esa problemática estaría al centro de la preocupación internacional porque el país estaba a punto de considerarse un Estado fallido y la justicia al borde del colapso, al punto que se sugirió una cooperación con las Naciones Unidas para crear una fiscalía interna-cional, propuesta que no tuvo eco en el gobierno de Portillo por razones obvias. La nueva realidad era la cada vez más difundida presencia del narcotráfico inter-nacional que, para combatirlo, requería de una respuesta igualmente internacional.

concluSioneS y PerSPectivaS

Guatemala estuvo supeditada a la política exterior de Estados Unidos desde 1954 hasta 1990, cuando concluyó la Guerra Fría. No obstante, hubo momentos de rela-tiva autonomía. Primero, durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, cuando Guatemala abrió su comercio a los países del bloque comunista. Segundo, la “neutralidad” que entró en franca contradicción con Washington que deseaba que Guatemala participase contra el gobierno sandinista en Nicaragua, política que mantuvo el presidente Cerezo en sus primeros dos años.

ya en los años noventa, se realizaron acciones propias como establecer re-laciones con Cuba. El SICA proyectó no un proceso de integración cerrado sino abierto al mundo. En agradecimiento por el apoyo internacional recibido, Gua-temala envió sus tropas a participar en diversos conflictos bajo la bandera de los Cascos Azules de las Naciones Unidas. Guatemala defendió la democracia y los derechos humanos como señala la Constitución y definió dos políticas de Estado: la integración centroamericana y el diferendo de Belice. Además, se empezó una tercera, relativa a proteger a los emigrantes guatemaltecos en el exterior. Empero, la integración centroamericana se frenó a pesar de las ventajas que ha representado para toda la sociedad del istmo y las negociaciones sobre el diferendo con Belice bajo los auspicios de la OEA dejaron malparada a nuestra Cancillería al inicio del nuevo siglo, dados los errores de negociación, y no lograron resultados, en tanto hay generalidades sobre su reclamo territorial y no se define un área precisa en su demanda, por lo que llevarla a la Corte Internacional de Justicia será muy difícil.

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Aparte de esas políticas externas están las propias del Derecho Internacional bajo el marco de las Naciones Unidas y la OEA. En materia de justicia, ante la amenaza internacional del narcotráfico, se planeó internamente pedir a la comuni-dad internacional su apoyo para crear una fiscalía internacional. (Dicho esfuerzo fructificó hasta el 2007.) En el plano comercial, dado que la OMC se volvió una oficina de resolución de conflictos comerciales al estancarse las negociaciones multilaterales,49 Guatemala privilegió los tratados de libre comercio y una relación especial con la Unión Europea y Canadá, así como los países centroamericanos.

49 No obstante, aún mantiene una muy onerosa oficina ante la OMC en Ginebra, financiada por un pobre Ministerio de Economía que debería tener allí una oficina comercial más fuerte y reducir a la mitad su financiamiento pues no tiene un trabajo mínimo.

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biblioGraFía báSica

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caPítulo xixGuateMala: relacioneS internacionaleS y contexto GeoPolítico Mundial, 1954-1996

luiS alberto Padilla*

* Luis Alberto Padilla. Guatemalteco. Doctor por la Universidad de París (Sorbona), graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y con un diplomado de la Universidad de Uppsala (Suecia). Es fundador y actual presidente del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (IRIPAz), profesor del curso de Geopolítica Mundial en la Univer-sidad Rafael Landívar. Ha sido docente en la USAC y en FLACSO-Guatemala. Autor de varias publicaciones en el campo de las relaciones internacionales y la investigación para la paz. Como diplomático de carrera ha sido embajador jefe de misión en Ginebra, La Haya, Moscú, Viena y Santiago de Chile.

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introducción

El Estado guatemalteco se caracteriza por ser todavía un Estado en proceso de modernización sin servicio público profesional. En los últimos años se ha visto sometido al ataque ideológico de quienes buscan desmantelarlo y

privatizarlo. Por si fuera poco, debido a la negativa de quienes controlan la econo-mía nacional a pagar impuestos en montos suficientes, no cuenta con los recursos financieros indispensables para dotarse de funcionarios del nivel apropiado para planificar la realización de políticas con objetivos de mediano y largo plazo. Esto lo convierte en un Estado débil. En el campo de las relaciones exteriores, dicha debilidad se ve acrecentada no sólo por la escasez endémica de recursos financie-ros sino por la poca importancia que se asigna a la diplomacia en el imaginario colectivo y en las decisiones de gobierno.

En consecuencia, aplicar la teoría de las relaciones internacionales al que-hacer diplomático de Guatemala y tratar de precisar la condición de “actores” que esta teoría requiere para estudiar la política exterior hace necesario examinar muy bien aquellos casos en los cuales nuestro país ha estado en condiciones de desempeñarse como actor de las relaciones internacionales. Es posible encontrar ejemplos en el ámbito subregional centroamericano, pero es mucho más difícil encontrarlos en el ámbito latinoamericano y virtualmente imposible, hasta ahora, ubicarnos de esa manera en el gran escenario mundial.1 De manera que –a nuestro juicio– resulta mucho más adecuado referirnos a las relaciones internacionales de Guatemala que a la política exterior, pues, en todo caso, si optamos por de-nominarla de esa manera –como veremos en este trabajo–, siempre la vamos a encontrar sometida a los vaivenes de la política internacional, entre otras razones por la carencia de objetivos estratégicamente diseñados. Esta carencia, a su vez,

1 Recientemente –por primera vez en su historia diplomática– Guatemala fue electa como miem-bro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cumplir algún papel re-levante allí (si hubiera objetivos de política exterior que se llevaran a ese órgano) podría abrirle las puertas del protagonismo necesario para desempeñarse como “actor” del escenario mundial. Pero este juicio sólo podremos hacerlo al final del período bianual para el cual Guatemala fue electa.

“El que no conoce la historia está condenado a repetirla…”

GeorGe Santayana

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determina la ausencia de protagonismo y, por ende, la posibilidad de ser actores de las relaciones internacionales.2

Sostenemos entonces que la ausencia de políticas de Estado con objetivos claramente definidos para manejar nuestras relaciones exteriores ha afectado de manera negativa nuestra historia nacional. Esto se ha podido observar en las di-ferentes administraciones, incluso en aquéllas (como la del presidente Jacobo Ar-benz durante el período 1951-1954) en donde hubiese sido necesaria una política exterior apropiada al contexto de la Guerra Fría.

El propósito de este planteamiento es simplemente hacer ver las consecuen-cias negativas que puede tener para el país el no asignarle la debida importancia al campo de las relaciones internacionales, de manera que futuras administraciones tengan elementos de juicio para tratar de resolver dicha problemática. En ese sen-tido, presentamos los elementos de juicio necesarios para comprender por qué el hecho de que la crisis –de aquella época– en nuestra relación bilateral con Estados Unidos no haya sido manejada por equipos de gente especializada y talentosa fue un factor que coadyuvó de manera negativa en nuestra historia contemporánea, pues la ausencia de una visión estratégica (y de diplomáticos capaces de llevarla a cabo) fue uno de los factores que, desafortunadamente, influyó de manera negativa en el desastroso desenlace que todos conocemos y que se tradujo en años de retraso en nuestro desarrollo nacional.

Dicho en otras palabras, si entendemos la política exterior como la reali-zación de objetivos conforme al interés nacional más allá de las fronteras territo-riales, creemos que Guatemala ha carecido de este tipo de políticas, exceptuando circunstancias excepcionales como las que permitieron las políticas de neutralidad y neutralidad activa durante la década de 1980, incluyendo el lanzamiento del proceso de paz de Esquipulas. Esta carencia no es exclusiva al lapso bajo estudio. Es obvio que esto no significa que el Estado no haya tenido que asumir posiciones –forzado por las circunstancias– en buena parte de asuntos externos en que debía hacerlo. Sin embargo, resulta evidente que tales posiciones han venido adoptán-dose como resultado inevitable de su participación en foros multilaterales o como reacción ante situaciones concretas del ámbito bilateral, pero no constituyen la consecuencia de un trabajo destinado a establecer qué es lo que resulta más con-veniente conforme a nuestros intereses nacionales o –simple y llanamente– por razones de principio.

Lo anterior supone que la política exterior guatemalteca se ha caracterizado por ser eminentemente reactiva y que si tratamos de dar cuenta de cuáles han sido las posiciones del país en esta historia reciente podríamos comprobar, en el mejor de los casos, que la coincidencia de objetivos nos ha llevado a alineamientos

2 La política internacional no depende de las políticas exteriores de los Estados, tiene su propia dinámica y determinantes estructurales. Al respecto véanse, los libros de Kenneth Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis (New york: Columbia University Press, 2001 [1959]) y Teoría de la Política Internacional (Buenos Aires: GEL, 1988).

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regionales, mientras que, en las peores circunstancias, no nos ha quedado más remedio que aceptar los diktats de potencias hegemónicas. Incluso en asuntos de gran importancia para los intereses de la nación, como ocurre con el sonado caso de Belice, habría que admitir que históricamente tampoco estuvimos en condicio-nes de formular una política apropiada a nuestra reclamación territorial. En última instancia, no sólo no fue posible negociar con Londres (al final los británicos lle-varon el caso a las Naciones Unidas presentándolo como un asunto de descoloni-zación) sino que posteriormente tampoco pudimos hacerlo con Belmopan.

En tiempos más recientes habría que constatar que los Acuerdos de Paz –a pesar de la mediación y el monitoreo de las Naciones Unidas– no han tenido el cumplimiento esperado. Subsisten problemas derivados de la impunidad prevale-ciente, no se ha castigado a los responsables de crímenes de lesa humanidad (in-cluyendo crímenes de guerra y genocidio) cometidos durante el conflicto armado, el Estado de derecho se construye con grandes dificultades y la inseguridad ciuda-dana continúa siendo uno de nuestros grandes problemas, al igual que el asunto del respeto a los derechos de la población indígena.

En lo concerniente al proceso de integración centroamericana, a pesar de que frente a los conflictos de los años ochenta Guatemala se declaró neutral y promovió activamente el proceso de paz de Esquipulas y que posteriormente esto dio lugar a la suscripción del protocolo de Tegucigalpa que relanzó la integración regional, aún nos encontramos lejos de desempeñar el papel relevante que –dadas nuestras dimensiones económicas y demográficas– cualquiera hubiese pensado que nos tocaba jugar.

Así que, dependiendo de la perspectiva de análisis que se adopte, el balan-ce que puede hacerse del período histórico que estamos considerando tiene más sombras que luces. Como ya mencionamos, la década 1944-1954 constituye el mejor ejemplo de cómo la ausencia de una estrategia adecuada para movernos en el marco del conflicto Este-Oeste3 afectó negativamente nuestro desarrollo en tanto víctimas pasivas de una situación externa en la que Guatemala nunca tuvo la menor incidencia (la Guerra Fría).

Tampoco hubo mayores cambios en el trabajo de la Cancillería durante las décadas que duró el conflicto armado. Aunque el Estado decía respetar los com-promisos internacionales en materia de derechos humanos (incluso se permitió la visita al país de varios relatores especiales enviados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), de facto dichas afirmaciones eran contradichas por políticas contrainsurgentes que ignoraban tanto el derecho humanitario como el respeto a garantías individuales, como el debido proceso y el derecho a la vida y a la libertad de asociación. Incluso la iniciativa del presidente Vinicio Cerezo al promover la reunión de Esquipulas en 1987, con todo lo positiva y audaz que fue

3 Como veremos más adelante, ciertas decisiones tomadas por el gobierno de Arbenz –como la compra de armamento a Checoslovaquia– exacerbaron la crisis con Estados Unidos en lugar de disminuirla.

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en su momento, no recibió el impulso posterior que hubiese podido dar lugar a que Guatemala jugara el papel dinámico como actor regional que debió cumplir. No sólo fuimos los últimos en suscribir la paz con los insurgentes (1996) sino que la historia subsiguiente ha hecho patente que, sea debido al peso agobiador de la pro-blemática interna, sea por la ausencia de estadistas y políticos con visión de largo plazo, seguimos sin ejercer liderazgo alguno en el proceso de integración regional.

En consecuencia, con excepción de algunas políticas que se remontan al go-bierno del presidente Juan José Arévalo o de la neutralidad activa de Cerezo, nues-tra política exterior se ha caracterizado por ser reactiva: respuesta y no propuesta, reacción y no acción. Como acabamos de señalar, el mismo proceso de integración centroamericana –que es uno de los pocos ámbitos en los que se ha logrado cons-truir una política exterior de Estado– continúa teniendo logros escasos y posee una institucionalidad débil. Además, frente al hecho que los “países grandes” de la región no asumen ningún protagonismo, la propia institucionalidad centroame-ricana –como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)– se sustrae de sus obligaciones como ocurrió durante el golpe de Estado hondureño del 2009.4 Hasta podría decirse que esta realidad contrasta con la tradición decimonónica de que, en medio de las guerras y confrontaciones violentas, por lo menos (y en buena medida) tuvo a nuestros países como actores de su propia historia.5

En consecuencia, es claro que, independientemente de su signo ideológico o de su naturaleza política, los diversos gobiernos del período posterior a Esquipulas y a la administración Cerezo se vieron obligados a improvisar medidas destinadas a disminuir el impacto de situaciones adversas en lugar de buscar el cumplimien-to de objetivos diseñados estratégicamente. Esto significa que, por lo general, la dinámica de los acontecimientos desbordaba la capacidad de los encargados de tomar decisiones, quienes obviamente no sólo carecían de visión estratégica para plantearse escenarios alternativos sino que tampoco podían trazar cursos de acción en los que el país pudiese sacar provecho de las circunstancias externas en vez de verse agobiado por ellas.

Insistimos entonces en el hecho de que –con las notables excepciones del canciller Fernando Andrade Díaz-Durán, artífice de la neutralidad frente al conflicto

4 Recordemos que el 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión Cumbre de Presi-dentes Centroamericanos, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), planteado como un nuevo marco jurídico-político para todos los niveles y ámbitos de la integración (económicos, sociales, ecológicos, culturales y políticos). Sin embargo, en la reciente crisis provocada por el golpe de Estado de junio del 2009 contra el presidente Manuel zelaya, ni siquiera se pensó en plantear el caso al SICA; lo primero que hizo el presidente Óscar Arias de Costa Rica fue aceptar el papel de buenos oficios que le solicitó la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el SICA brilló por su ausencia.

5 Durante el siglo XIX, la política centroamericana estuvo permanentemente bajo el signo de lo que ocurría en el conjunto de la subregión: desde la época de Francisco Morazán y la confronta-ción de liberales contra conservadores, pasando por “La Arada” hasta la campaña centroameri-cana de Justo Rufino Barrios en las últimas décadas del siglo XIX, sin olvidar la épica contienda de los ejércitos centroamericanos para expulsar de Nicaragua al filibustero estadounidense Wi-lliam Walker.

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de Nicaragua, y del presidente Cerezo, quien lanzó el proceso de Esquipulas– no se pueden encontrar ejemplos de proactividad en nuestras relaciones internacionales y, aunque éstas no sean ninguna panacea, reiteramos que tal carencia ha tenido consecuencias perniciosas para el desarrollo nacional. Insistimos también en que subestimar el papel que juegan las relaciones exteriores ha contribuido de mala manera a los retrocesos históricos que hemos sufrido, cuyo más claro ejemplo lo constituye la intervención estadounidense de 1954 que, al impedir la consolidación del proceso de democratización, dio origen al movimiento armado de los años se-senta y a toda la truculenta historia subsiguiente.6

La situación que prevalece no difiere mucho de lo ocurrido en esta historia reciente y, aunque la problemática de la inserción del país en la esfera interna-cional no sea determinante de lo que ocurre en el plano político social interno, es indudable que tener una mejor política exterior podría contribuir a los esfuerzos que se hacen para mejorar la política interna. Así, tenemos que los esfuerzos de fortalecimiento institucional (como la reforma del sistema electoral, del Ministerio Público, establecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.), los logros puntuales del proceso de paz, las necesidades del sistema de seguridad y de administración de justicia (que no han sido suficientemente efectivos para castigar a quienes transgreden la legislación penal), todos ellos se han visto beneficiados con los aportes de la cooperación internacional, cuya coordinación debe hacerla la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en estrecho trabajo con la Cancillería. Además, no se puede dejar de mencionar que el apoyo externo (de las Naciones Unidas) para el sector seguridad ha sido fun-damental para ir mejorando la seguridad ciudadana, política a la que debe dársele continuidad.7

6 Partimos de la hipótesis de que las relaciones exteriores manejadas de otra manera (contando con personal capaz de diseñar cursos de acción realmente estratégicos) pudieron haber contri-buido de manera positiva a la solución de la crisis en la relación bilateral con Washington que se produjo en 1954, cosa que el equipo de gobierno de aquella época no estuvo en condiciones de hacer. Dicha estrategia alternativa podría haber utilizado medios adecuados al fin que se buscaba: el gobierno de Arbenz estaba obligado a defenderse de la intervención estadounidense, pero carecía de los medios militares para hacerlo. Arbenz hubiese tenido mejores resultados en su defensa frente a la intervención estadounidense si hubiese puesto énfasis en una estrategia político-diplomática tanto bilateral como multilateral en lugar, por ejemplo, de adquirir arma-mento en los países del bloque comunista. Mutatis mutandi y guardando las proporciones por-que se trata de asuntos totalmente distintos pero que mantienen el “estigma” de la subestimación de la política exterior, los gobiernos militares en su campaña contrainsurgente pudieron haber respetado la legalidad y el derecho humanitario, pues ignorarlo trajo consecuencias negativas para la relación no sólo con Washington sino con el resto del mundo. Otro tanto ocurre en lo concerniente a la reclamación territorial de Belice: la Cancillería pudo haber seguido una estra-tegia proactiva acercándonos a las posiciones del “tercer mundo” (el Movimiento de Países No Alineados (NOAL), por ejemplo). No proceder de esa manera condujo a la falta total de apoyo en las Naciones Unidas cuando Gran Bretaña acudió a pedir el respaldo de la Asamblea General en su decisión de otorgarle independencia unilateralmente en 1981 y en la difícil situación que se mantiene todavía.

7 Nos referimos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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Por las razones apuntadas se requeriría profesionalizar y modernizar el ser-vicio exterior, dotándolo de los recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus importantes funciones. Hacemos votos porque este modesto trabajo contribuya a la realización de tales propósitos.8

el nauFraGio de la revolución deMocrática: 1944-1954

Es importante analizar el período de la revolución democrática9 de 1944-1954 por-que constituye el más serio intento que hizo nuestro país por construir una demo-cracia y un Estado de derecho después del prolongado lapso de autoritarismo y conflictos de diversa naturaleza que nos agobiaron a partir de la independencia de la Corona española en 1821. Pero también porque sin el intento democratizador de ese entonces y su fracaso ante la intervención estadounidense no es posible comprender el retroceso a regímenes autoritarios posterior al derrocamiento de Arbenz,10 la virulencia de la insurgencia armada que se inició en 1960 y todas las vicisitudes que nos agobiaron después, hasta llevarnos a la situación actual en que un Estado sumamente frágil –justamente por su debilidad y carencia de recursos suficientes– se continúa mostrando incapaz de asegurar el imperio de la ley para todos sus habitantes o de garantizar el pleno respeto a los derechos tanto indivi-duales (las libertades fundamentales) como económicos, sociales y culturales de sus habitantes.11

8 Una nueva ley orgánica del servicio diplomático es absolutamente indispensable para dicha mo-dernización/profesionalización de la Cancillería. y, naturalmente, poner en marcha la Academia Diplomática en donde deben formarse los futuros diplomáticos, científicos y analistas de las relaciones internacionales que provean al ministerio de los recursos humanos indispensables. Guatemala, por cierto, tiene la dudosa distinción de ser el único país de América Latina que carece de Academia Diplomática.

9 Desde nuestro punto de vista, el período 1944-1954 fue realmente “revolucionario” en la medi-da en que se trató de consolidar un sistema democrático en Guatemala, pues desde la indepen-dencia (1821) y a pesar del oropel constitucional Guatemala vivió todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX bajo dictaduras o autoritarismo, con la excepción, naturalmente, del nuevo proceso de democratización que se inició en 1985.

10 Recordemos brevemente que a la caída de Arbenz un plebiscito condujo al poder al coronel Car-los Castillo Armas. Posteriormente al asesinato de este último en 1957, hubo otros golpes de Es-tado (como el del coronel Enrique Peralta Azurdia contra el general Miguel ydígoras Fuentes en 1963) y los diferentes gobiernos estuvieron bajo el tutelaje de las fuerzas armadas (Julio César Méndez Montenegro, 1966-1970) o bajo su control directo (Carlos Arana Osorio, Kjell Eugenio Laugerud García, Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y óscar Humberto Mejía Víctores, 1970-1985). Al respecto pueden consultarse Villagrán Kramer, 1993 o García Laguardia, 1997.

11 Los derechos humanos, además de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, se encuentran consagrados como derecho internacional público gracias a los dos grandes pactos de las Naciones Unidas de 1966 sobre “derechos civiles y políticos” (individuales) y “derechos económicos, sociales y culturales”, que pueden ser individuales o colectivos o sociales. En el sistema interamericano se encuentran consagrados en el llamado Pacto de San José o Conven-ción Americana de Derechos Humanos.

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Como vimos antes, en un país pequeño y que por lo tanto carece de la “den-sidad nacional”12 propia de los países con mayor grado de desarrollo, el levanta-miento popular mismo del 20 de octubre de 1944 y la posterior instauración del gobierno democrático de Juan José Arévalo constituyen el resultado no sólo del re-pudio a la dictadura y a los gobiernos autocráticos sino de la feliz coyuntura histó-rica que produjo el triunfo de las fuerzas aliadas sobre las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto facilitó la conformación de un pensamiento a favor de la democracia en ciertos estratos de las élites urbanas guatemaltecas (estudiantes, profesionales, oficiales jóvenes del Ejército) que fueron quienes de-terminaron decisivamente el triunfo de la revolución democrática13 de ese año.

Lo anterior significa que sin la coyuntura favorable a la democracia que se produjo a fines de la Segunda Guerra Mundial muy probablemente no hubiese habido un 20 de octubre y tampoco el cambio social y político que se manifestó muy pronto, con relativa facilidad y dinamismo. Pero también, por ello mismo (y para infortunio nuestro) esta ausencia de densidad nacional, esta ausencia de ins-tituciones y dirigentes políticos formados dentro de las tradiciones de la democra-cia es algo que también contribuyó a la permanente inestabilidad sufrida durante los gobiernos revolucionarios. Esta inestabilidad era generada por la sistemática

12 Hace poco escuchamos una disertación del distinguido economista argentino Aldo Ferrer en una reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, en la cual el profesor Ferrer dijo que la densidad nacional está configurada por el nivel de integración e inclusión social de la nación, la calidad de los liderazgos, la estabilidad institucional y la naturaleza de las políticas estatales que se establecen en función del largo plazo histórico, así como la “vigencia de un pensamiento crítico que no se subordine a los cri-terios de los poderes hegemónicos”. Es obvio que en Guatemala tanto la integración nacional (teniendo un alto porcentaje de población indígena) como la inclusión social (por lo menos 50% de la población vive en situación de pobreza) son un problema grave; la estabilidad de nuestras instituciones es precaria, los liderazgos son muy débiles (por decir lo menos), las políticas de Estado brillan por su ausencia y el pensamiento de nuestras clases gobernantes ha estado subor-dinado permanentemente a los criterios de Washington no sólo en materia política sino también económica. Un ejemplo de esto último lo constituye el llamado Consenso de Washington que, a pesar de su cuestionamiento en otras latitudes, sigue siendo el eje de las políticas económicas del Estado. Lo mismo ocurre con las políticas, ya que en materia de narcotráfico son las directri-ces de la Drug Enforcement Administration (DEA) las que orientan a las fuerzas de seguridad. Incluso las fuerzas de la oposición de izquierda han estado bajo la influencia de un pensamiento que se genera en el exterior y para constatarlo no hay más que recordar de qué manera los linea-mientos de Moscú o de La Habana influyeron en el comportamiento de partidos como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) u organizaciones guerrilleras como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) durante los años del conflicto armado.

13 Sobre todo si consideramos que tanto durante el siglo XIX como durante buena parte del siglo pasado el país estuvo agobiado por dictaduras caudillistas entre las que sobresalen las de Rafael Carrera y Justo Rufino Barrios en el siglo XIX y, naturalmente, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico en el siglo XX. En este contexto, los intentos de establecer un régimen democrático con personajes como Mariano Gálvez o el ensayo democrático del movimiento “unionista” que derrocó a Estrada Cabrera son poco relevantes desde el punto de la construcción de institucio-nes democráticas dignas de ese nombre, sea por haberse visto sometidas a constantes confron-taciones violentas –como le pasó a Gálvez– sea por su corta duración –como le ocurrió a los “unionistas” en 1920. Por ello, sostenemos que el movimiento revolucionario de 1944 sí fue una verdadera “revolución democrática”, ya que constituye el esfuerzo más serio y de larga duración (casi una década) para establecer un sistema político democrático en Guatemala.

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oposición de una clase conservadora acostumbrada a gobernar el país dictatorial-mente, que no se resignaba a la pérdida de sus privilegios y rechazaba las reformas moderadas –el Código de Trabajo, la seguridad social o la reforma agraria– que buscaban la modernización de la economía. A pesar de que reformas similares ya se habían realizado en otros países latinoamericanos, en Guatemala esta misma clase conservadora, así como los funcionarios extranjeros de empresas como la frutera (United Fruit Company (UFCO)) o los ferrocarriles (International Railway of Central America (IRCA)), insistían en presentarlas como resultado de un com-plot del comunismo internacional para apoderarse de Guatemala.

La corta duración del período de relaciones cordiales y de entendimiento entre los aliados que combatieron a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial tampoco facilitó las cosas. Recordemos que, cuando en 1947 fue publica-do por Foreign Affairs el célebre artículo de George Kennan, comenzó la famosa política del “containment” contra la Unión Soviética, iniciando la “Guerra Fría” entre Washington y Moscú, con repercusiones en Guatemala para las cuales la joven y poco versada dirigencia (en cuestiones internacionales) que tomó el poder en 1944 estaba muy poco preparada.14

La coyuntura internacional externa favorable a la democracia en los paí-ses “periféricos” –como hubiese dicho Raúl Prebisch– de la inmediata postguerra fue efímera. Además, fue sustituida demasiado pronto por una política en la cual Washington veía en los dictadores latinoamericanos la mejor forma de evitar que nuestros países se vieran “infectados por el virus del comunismo” y fue evidente que no se estuvo en capacidad de visualizar tal cambio y menos de adaptarse al mismo en forma apropiada.15

14 No hay ninguna razón para desconfiar de la capacidad de un dirigente político debido a su edad. Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de los ministros y diputados de los gobiernos revolucionarios tenían un promedio de edad que no superaba los cuarenta años (por ejemplo, Arévalo tenía esa edad en 1945; Arbenz tenía treinta y ocho años cuando asumió la Presidencia y José Manuel Fortuny, el dirigente comunista que fue la “eminencia gris” de su gobierno, ape-nas tenía treinta y cinco años) pudo haber influido de manera poco afortunada en la conducción de los asuntos políticos, especialmente en el ámbito internacional en donde no cabe duda de que, de haber manejado las relaciones con Washington con mayor prudencia y tacto diplomático, es probable que se hubiese podido disminuir las tensiones que sólo abonaron el terreno para forta-lecer a los opositores internos.

15 Es interesante recordar que fue precisamente durante el gobierno de Arévalo que Guatemala tuvo acciones reales de política exterior, como sucedió en la Conferencia Interamericana cele-brada en Chapultepec (México, 1945), en donde propuso una resolución haciendo un llamado a “abstenerse de reconocer y mantener relaciones con regímenes antidemocráticos especialmente aquellos que llegan al poder mediante golpes de estado”. y cuando apoyó a los exilados que luchaban en Centroamérica y el Caribe contra los dictadores al crear la llamada “Legión del Caribe” que proporcionó armas y financiamiento para combatir a Rafael Leónidas Trujillo y a Anastasio Somoza e incluso ayudó al dirigente costarricense José Figueres en 1948 a organizar un movimiento armado contra Rafael Ángel Calderón Guardia, quien –bueno es recordarlo también– gobernaba con apoyo de los comunistas en Costa Rica (a raíz del triunfo de su in-surrección, por cierto, Figueres abolió el Ejército). Washington no se preocupó mayormente por estas veleidades de Arévalo, pero ya para fines de la década había cambiado su política y Estados Unidos se convirtió, paradójicamente, en el más firme apoyo de las dictaduras latinoa-mericanas consideradas como los mejores bastiones de la confrontación con la Unión Soviética

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En este sentido, es sumamente ilustrativo revisar los planteamientos que se han hecho recientemente sobre este período para tratar de comprender mejor lo ocurrido y elaborar una interpretación acorde con la idea de que fue la inexistencia de una política exterior generada internamente con base en el estudio de la situa-ción internacional lo que determinó no sólo la forma como los gobiernos de la épo-ca reaccionaron frente a lo que ocurría en el contexto mundial sino la circunstancia de haber sido víctimas de la tormenta que condujo al naufragio a la revolución democrática de 1944.

Así, tenemos los planteamientos explicativos de historiadores como Alci-ra Goicolea, quien se tomó el trabajo de revisar cuidadosamente la copiosa co-rrespondencia y documentos desclasificados de los archivos estadounidenses para tratar de justificar la intervención de Washington como una necesidad para ter-minar con la ya mencionada conspiración comunista que pretendía “apoderarse de Guatemala”.16 O los de Alfredo Guerra Borges quien, por el contrario, valora positivamente las acciones de los gobiernos del período revolucionario y ubica en ellas las causas determinantes de la intervención.17 Éstos, sin embargo, no alcanzan a proporcionarnos una explicación satisfactoria acerca de los complejos factores que llevaron a lo acaecido en 1954, cuyo conocimiento es crucial para comprender lo ocurrido en Guatemala desde la década de 1960 hasta la firma de la paz en 1996.

Ave Cesar, morituri te salutant! dice Guerra Borges que los revolucionarios del 44 hubieran podido decir (parafraseando la expresión con la que los gladia-dores saludaban a los emperadores romanos antes del combate) para subrayar su convicción de que la suerte de la revolución estaba echada desde que personajes como los hermanos Dulles,18 asociados y servidores de la UFCO (resentida por la expropiación de parte de sus tierras al amparo de la reforma agraria),19 decidieron poner fin al gobierno de Arbenz. Como explicación de su caída, lo anterior va en

por su declarado “anticomunismo”. Recordemos también que la Conferencia de Caracas (1954), en la cual la OEA condenó a Guatemala, se celebró en una Venezuela gobernada por el dictador Marcos Pérez Jiménez, razón por la cual Figueres (para ese entonces ya presidente de Costa Rica) se abstuvo de asistir. Es una lástima que Arbenz no haya sabido como aprovechar esa “deuda política” que Figueres tenía con Guatemala, porque el apoyo de Costa Rica hubiese sido importante en Caracas.

16 Goicolea, 1997: 23-40.17 Guerra Borges, 1997: 13-21.18 Recordemos que a la llegada de los republicanos a la Presidencia de Estados Unidos (con

Dwight Eisenhower) en 1952, John Foster Dulles fue nombrado secretario de Estado y su her-mano Allen Dulles director de la CIA y que “PBSUCCESS” fue el nombre con el cual se bautizó la operación encubierta destinada a derribar el gobierno constitucional de Arbenz en Guatemala. Al respecto, pueden consultarse Immerman, 1980 y Schlesinger y Kinzer, 1982.

19 El Decreto 900 que normaba la expropiación de tierras ociosas (no cultivadas) para ser entrega-das a campesinos pobres carentes de ella y que fundamentalmente buscaba modernizar la agri-cultura, terminar con el “feudalismo” en el campo y promover el desarrollo capitalista en el país. Piero Gleijeses estima que por lo menos medio millón de campesinos fueron beneficiarios de la ley de reforma agraria y que la misma tuvo consecuencias positivas para la economía nacional, pero la expropiación de tierras condujo al enfrentamiento tanto con los latifundistas nacionales como con la UFCO, de propiedad estadounidense. Al respecto, véase la obra magistral de Glei-jeses, 1991: 366.

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la misma dirección que lo dicho por otro importante dirigente de la época, José Manuel Fortuny, cuando sostiene que a Arbenz lo hubieran derrocado “aunque en el país no se sembraran bananos”.20

Por otra parte, es curioso que Goicolea afirme que “el miedo al castigo de parte del gobierno de Estados Unidos” fue el factor decisivo para que el Ejérci-to se negase a combatir (y derrotar, lo que era perfectamente factible) al coronel Carlos Castillo Armas. Los liberacionistas siempre quisieron legitimar su movi-miento pretendiendo que tuvo respaldo popular, aunque en este análisis se pone de manifiesto claramente que el factor decisivo de la caída de Arbenz fue la negativa a combatir de las fuerzas armadas. No es posible, pues, otorgar legitimidad a la “liberación” presentándola como un movimiento interno, porque la realidad fue otra.21

El fatalismo de Guerra Borges tiene otras implicaciones, puesto que soslaya el análisis de lo que el movimiento revolucionario debió hacer para mantener y consolidar el apoyo popular al gobierno de Arbenz. Ciertamente, comprar arma-mento checo o suponer que los gobiernos latinoamericanos darían su apoyo a Gua-temala por pura solidaridad hace evidente no sólo cierta ingenuidad de los cuadros de gobierno sino que también refleja algún grado de subestimación del trabajo que debió hacerse tanto en el interior del Ejército como en las organizaciones popula-res para defender mejor al Gobierno.

Las interpretaciones que hacen recaer en el peso de lo externo la explicación de la tragedia de 1954 son de alguna manera insuficientes. Habría que plantearse la cuestión (aunque sea a título de hipótesis) sobre si pudo haber otro desenlace para el drama histórico guatemalteco cuando los historiadores coinciden al sostener que la caída de Arbenz fue el resultado de la intervención extranjera y esto no porque la “liberación” estuviese en capacidad de derrotar al Ejército, sino porque el Ejército guatemalteco se negó a enfrentar a Castillo Armas (dado el temor de la institución armada ante una posible invasión con tropas estadounidenses como plantea Goi-colea o por puro fatalismo histórico como se deduce de las expresiones de Guerra Borges y de Fortuny). Entonces habría que preguntarse cuál fue el detonador de la decisión estadounidense y por qué Washington llegó a la conclusión de que no había una alternativa distinta a la opción de terminar con el gobierno de Arbenz, que fue la que se impuso.

O, dicho de otra manera, ya que en este trabajo nos interesa primordialmente tratar de explicar la forma como el contexto geopolítico mundial incide en la situación interna de Guatemala y, en todo caso, dado que nunca estuvimos en condiciones de

20 Marco Antonio Flores: op.cit. (1994).21 La llamada “liberación” –el grupo armado de Castillo Armas– con posterioridad dio origen

al partido político Movimiento de Liberación Nacional (MLN), actor importante de la polí-tica nacional por lo menos hasta fines de la década de 1980 y que, paradójicamente, impidió que la izquierda utilizara esa denominación, como ocurrió en los casos de El Salvador (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)) y de Nicaragua (Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)).

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enfrentar militarmente a Estados Unidos, es legítimo preguntarse no sólo por qué no se hizo un trabajo más efectivo en el interior del país, como ya hemos dicho, sino también por qué Arbenz estuvo en incapacidad de definir una política exterior que contara con una estrategia y se apoyara en un trabajo diplomático apropiado a las necesidades que se tenían. Esta interrogante es pertinente porque la diplomacia guatemalteca de aquella época no pudo evitar la intervención estadounidense debi-do –en buena medida– a que tampoco se pudo obtener el respaldo de América La-tina en la Conferencia Interamericana de Caracas en marzo de 1954, y que de igual forma no fue posible obtener una resolución favorable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva york en junio de ese mismo año.

Un rápido recorrido por el contexto mundial de la época es indispensable para tratar de comprender la muy particular óptica desde la cual los estadouni-denses observaban lo que ocurría en Guatemala, especialmente a partir de la ins-talación de la administración republicana en la Casa Blanca a principios de la década de 1950. Esto provocó un agravamiento de las tensiones bilaterales que ya se venían deteriorando desde la época de Arévalo (en tiempos de Harry Truman), cuando los trabajadores de las plantaciones bananeras de la UFCO se organizaron en sindicatos y exigieron el respeto a sus derechos laborales. Dichas tensiones se exacerbaron cuando la compañía frutera se vio amenazada por las expropiaciones de la reforma agraria ya durante el régimen de Arbenz.22

A todo esto hay que agregar lo que ocurría en otras partes del mundo. En Irán, por ejemplo, la política nacionalista del primer ministro Mohammad Mos-sadegh y la nacionalización del petróleo provocó su derrocamiento por la CIA y la entronización del sha Reza Pahlavi (protegido de Washington). En el extremo oriente, el triunfo de la revolución comunista en China condujo al alineamiento de la Casa Blanca con el caudillo militar Chiang Kai Shek instalado en Taiwán, sin olvidar la guerra de Corea que a pesar del armisticio mantenía una grave tensión en una península dividida en dos Estados de signo opuesto. En Malasia, los británi-cos combatían un movimiento guerrillero pro comunista y en Indonesia el Partido Comunista se hacía cada vez más poderoso al amparo de la política tolerante de Sukarno. En la entonces llamada Indochina colonial francesa (Vietnam) ya se ha-bía desencadenado la guerra de independencia.

Mientras tanto, en Europa, la tensión alrededor de Berlín (aunque todavía no se construía el muro) había obligado a los occidentales en varias ocasiones al establecimiento de un puente aéreo para mantener su aprovisionamiento. En Polonia habían ocurrido levantamientos populares y en Hungría se preparaban las condiciones que llevaron a la rebelión de 1956. En el Medio Oriente, la situación no era mejor pues Egipto, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, buscaba

22 Lo que llevó a la CIA, todavía durante la administración Truman, a tratar de organizar una “ope-ración encubierta” contra Arbenz bajo el nombre de “PBFORTUNE”, la cual no fue autorizada por el secretario de Estado, el demócrata Dean Acheson. Al respecto, véase Gleijeses, 1991: 366.

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afanosamente la recuperación del canal de Suez al mismo tiempo que el mundo árabe en su conjunto apoyaba a los palestinos en su lucha contra Israel. En el sub-continente indio, un Nehru simpatizante de la Unión Soviética se enfrentaba contra el Pakistán musulmán, protegido por los occidentales en la disputa por Cachemira. En África crecía la influencia de los movimientos anticoloniales e independentistas que contaban con el apoyo de la Unión Soviética, en medio de las llamadas gue-rras de liberación nacional libradas en las colonias africanas o asiáticas. A todo esto habría que añadir, en los propios Estados Unidos, la delirante y paranoica campaña del macartismo que veía a la “infiltración comunista” como fuente de todos los males y peligros.

En semejantes condiciones y en semejante contexto geopolítico internacio-nal, en Guatemala, un país que no tenía relaciones con la Unión Soviética23 ni con los países de Europa del Este y cuyo diminuto Partido Comunista (el PGT), recién fundado en 1949, tenía que pagar hasta las suscripciones a la propaganda soviéti-ca, el Gobierno colocó al frente del diario oficial y de la radiodifusora del Estado a militantes que utilizaban los medios oficiales para publicar gratuitamente loas y alabanzas a los países socialistas.24 Su principal asesor y hombre de confianza era nada menos que el secretario general de ese mismo partido. y el Congreso de la República no sólo hizo un minuto de silencio sino que aprobó un acuerdo especial expresando sus condolencias por la muerte de Joseph Stalin.

A lo anterior habría que agregar la mención de medidas de última hora mu-cho más graves que tuvieron desastrosas consecuencias cuando fueron del cono-cimiento de Washington, como la decisión de comprar armamento –cuando ya la situación era lo suficientemente grave como para temer la intervención militar es-tadounidense– sin conocimiento del Ejército. La adquisición se hizo del gobierno comunista de Checoslovaquia, para cuyo propósito se envió primero al secretario general del PGT y, posteriormente, para cerrar la negociación (cuyo monto fue de más de un millón de dólares), a un amigo personal del Presidente que, por cierto, estuvo presente (y fue herido) en el tiroteo que en 1949 le costó la vida al jefe de las fuerzas armadas y ex triunviro de 1944, Francisco Javier Arana.25

23 Si bien las relaciones con la Unión Soviética se iniciaron desde 1945 bajo el gobierno de Aré-valo y el intelectual guatemalteco Luis Cardoza y Aragón fue nombrado embajador, los rusos nunca nombraron embajador en Guatemala y Cardoza y Aragón regresó al país. En cuanto a Checoslovaquia, Guatemala no tenía embajador en Praga y el embajador checo era concurrente desde México.

24 Véase el relato que hace Gleijeses de una cena del embajador John Peurifoy y el presidente Arbenz celebrada el 16 de diciembre de 1953, en la cual la primera dama, María Vilanova, sirvió como intérprete. En dicha ocasión, entre otras cosas, Peurifoy le reclamó a Arbenz por la presencia de comunistas en el Gobierno, dando a entender que ésa era la preocupación principal de Washington y no las reformas sociales, incluyendo la expropiación de tierras de la compañía frutera. Según le dijo la propia viuda de Arbenz a Gleijeses en 1981 en su casa de Costa Rica: “La verdad es que estábamos en una situación muy difícil porque la información de Peurifoy era esencialmente correcta” (Gleijeses, 1991: 363-365 (traducción propia, LAP)).

25 El relato del viaje de Fortuny a Checoslovaquia se puede leer en Flores, 1994. También hay referencia en Gleijeses, 1991. Fue Alfonso Martínez, ex parlamentario de la época de Arévalo y en ese momento funcionario del DAN –organismo encargado de la aplicación de la reforma

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Suponemos entonces que todas estas mayúsculas equivocaciones contribu-yeron a que Washington tomara la decisión de actuar para derrocar al gobierno de Arbenz mediante la operación encubierta organizada por el principal órgano de inteligencia, la célebre CIA. En dicha operación, el pequeño grupo de gente armada bajo el mando del teniente coronel Castillo Armas –lo militar– fue un ele-mento secundario respecto a la guerra psicológica, en la cual lo principal era la estridente denuncia de la supuesta conspiración del comunismo internacional para apoderarse de Guatemala, lo que a su vez buscaba provocar –en la mentalidad de los oficiales del Ejército guatemalteco– un clima de derrotismo a fin de inducirlos a tomar la decisión que finalmente se tomó: el golpe de Estado contra Arbenz.

La Conferencia de Caracas

Estos acontecimientos históricos nos recuerdan la famosa Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez: todos sabían lo que iba a ocurrir, pero no se pudo hacer nada para evitarlo. El primer acto de este drama se representó en la X Conferencia Interamericana que se llevó a cabo en Caracas, en marzo de 1954. La delegación guatemalteca a dicha conferencia estuvo encabezada por el recién nom-brado canciller Guillermo Toriello Garrido. Hasta antes de ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Toriello Garrido se había desempeñado como embajador en Washington y tuvo que preparar rápidamente la contraofensiva diplomática de Guatemala de una manera que –obviamente– no iba a ser satisfactoria, pues no sólo no era el resultado de una política exterior debidamente planificada sino que tampoco había sido acompañada –como hubiese cabido esperar– por un trabajo previo de cabildeo en las capitales latinoamericanas.26 Así que, en buena medida,

agraria– quien viajó a Praga para cerrar la negociación llevando el dinero. Los checos enviaron armamento usado de manufactura alemana (capturado al fin de la guerra) en el barco de bandera sueca Alfhem, el cual fue detectado por el espionaje estadounidense desde que lo cargaron en el puerto polaco de Sttetin y arribó a Puerto Barrios en los primeros días de mayo de 1954. En cuanto a la muerte de Arana (que conforme a la Constitución de 1945 era jefe de las fuerzas armadas nombrado por el Congreso), ésta provocó la sublevación militar del cuartel Guardia de Honor sofocada en su momento por Arbenz, ministro de la Defensa. Sin embargo, el presidente Arévalo nunca quiso reconocer que Arana murió al resistirse a la orden de detención que se ha-bía librado debido a la amenaza de golpe de Estado (ultimátum) de este último contra Arévalo. Al respecto, véase Gleijeses, 1991: 297-299, 300-302.

26 Lo cual es lamentable, pues Guatemala contaba con abundante documentación que probaba la injerencia extranjera en sus asuntos internos obtenida gracias a que un diplomático panameño en Nicaragua, de nombre Isaac Delgado, le había vendido al gobierno de Arbenz numerosos do-cumentos que demostraban ampliamente no sólo el involucramiento de Washington en la cons-piración para derrocarlo sino –sobre todo– la participación en ella de los gobiernos de Honduras y Nicaragua. La Cancillería guatemalteca desaprovechó pues la oportunidad de utilizar dicha información en una campaña de cabildeo con los gobiernos latinoamericanos y sobreestimó los efectos que la divulgación de los mismos en Guatemala (en enero de 1954) tendría no sólo en las capitales latinoamericanas sino en la propia opinión pública estadounidense, cuya prensa –sin embargo– al igual que el Congreso y otras instituciones estaban totalmente alineadas con la administración Eisenhower debido al delirante clima prevaleciente de macartismo y de Guerra Fría con la Unión Soviética. Al respecto, cf. Gleijeses, 1991: 258-266.

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los resultados que se esperaban estaban cifrados en la esperanza de promover la simpatía hacia Guatemala con base en el trabajo a realizar durante la conferencia misma o bien con la creencia de que los gobiernos latinoamericanos verían en la violación del sagrado principio de no intervención por parte de Washington motivo suficiente de preocupación como para rechazar la propuesta estadounidense.27

El Gobierno no sólo no se había tomado el trabajo de planificar acciones de política exterior tendientes a desvirtuar las acusaciones de los hermanos Dulles en los propios Estados Unidos sino que incurría en torpezas mayúsculas, desde la ya mencionada decisión de enviar a un alto dirigente comunista (Fortuny) a comprar armas a Checoslovaquia28 hasta la medida de expulsar del país a un sacerdote esta-dounidense (el padre Buccellato), así como a periodistas como Marshall Banell de la NBC y Sidney Gruson del prestigioso New York Times, pasando por la incapaci-dad de utilizar adecuadamente las pruebas que, por buena suerte,29 un diplomático panameño acreditado ante Somoza le había proporcionado con amplias evidencias del involucramiento tanto de la CIA como de Managua y Tegucigalpa en la cons-piración para derrocar a Arbenz.

A pesar de ello, es decir, a pesar que de que con la documentación que habían adquirido del diplomático panameño se hubiese podido organizar una contraofen-siva diplomática para convencer a las cancillerías latinoamericanas de que Guate-mala no sólo no era víctima de ninguna conspiración soviética para apoderarse del país sino que estaba en su pleno derecho de defenderse de Estados Unidos, esto

27 Según Gleijeses, el ex canciller Toriello le comentó en entrevista personal que él esperaba que México, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia votarían con Guatemala “porque era la única for-ma de preservar el sistema interamericano” y que otros países se abstendrían, con lo cual Es-tados Unidos no podría obtener la mayoría calificada para aprobar la resolución en contra de Guatemala. Con dicha resolución, Foster Dulles confiaba en que la OEA, además de expresar su preocupación por la penetración del comunismo en el hemisferio, sentaría las bases para una ac-ción multilateral posterior invocando el Tratado de Río, todo lo cual ya no fue necesario porque el golpe de Estado del Ejército guatemalteco contra Arbenz le ahorró a Estados Unidos ese es-fuerzo. Sin embargo, lo que interesa destacar aquí es la ingenuidad de los jóvenes diplomáticos guatemaltecos de la época porque –evidentemente– en diplomacia no basta con tener creencias o “esperanzas”, hace falta trabajo efectivo para asegurar resultados favorables a determinadas posiciones políticas. Cabe agregar que también aquí constatamos la ausencia de una verdadera “política exterior” –digna de ese nombre– por parte de Guatemala. Al respecto, véase Gleijeses, 1991: 270-271.

28 Es cierto que previamente se había tratado, infructuosamente, de adquirir armamento en países occidentales como Inglaterra, Francia o Alemania (quienes, cediendo a las presiones estadouni-denses, se rehusaron a venderlas). Aún así, lo que interesa destacar es lo profundamente erróneo de tratar de apoyarse en una estrategia de defensa basada en medios militares frente a la inter-vención de una potencia de la envergadura de Estados Unidos, cuando obviamente se debió haber hecho énfasis en una estrategia defensiva de carácter político-diplomático. Guatemala no podía nunca haberse defendido militarmente de Estados Unidos, aunque sí pudo haberlo hecho del grupo de mercenarios que invadieron desde Honduras y para ello bastaba con el armamento, así fuera vetusto y obsoleto, de que disponía el Ejército.

29 y decimos “buena suerte” porque tampoco Guatemala disponía de un servicio de espionaje o de inteligencia militar capaz de proveerse de tales pruebas. Así que la acción del diplomático panameño en Nicaragua (Isaac Delgado) fue pura y simplemente consecuencia de su afán de lucro.

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no se hizo. Al contrario, todos los relatos históricos que hemos consultado apor-tan abundantes indicios para deducir que las acciones de política externa estaban siendo pura y simplemente improvisadas. Gleijeses, por ejemplo, describe de qué manera Toriello partió para Caracas con un discurso que le habían preparado en la Cancillería, pero que a última hora se le hizo llegar otro, preparado ad hoc por un dirigente del recién fundado PGT (Alfredo Guerra Borges). Con instrucciones precisas del presidente Arbenz, Toriello dio lectura a este último con muy buenos resultados desde el punto de vista de la impresión que produjo en los delegados la-tinoamericanos una oratoria brillante y un texto cargado de una retórica apropiada (se le llamó el discurso del “canciller de la dignidad”), pero que, desafortunada-mente, no llegó más allá de eso.30

El resultado final fue un desastre, pues el 13 de marzo se aprobó la resolu-ción propuesta por Dulles con diecisiete votos a favor, las abstenciones de México y Argentina y el único voto en contra de Guatemala.31 Todo esto, indudablemente, tuvo repercusiones negativas en el siguiente acto del drama guatemalteco, el cual habría de representarse en Nueva york apenas unos tres meses después de la Con-ferencia de Caracas.

El caso de Guatemala ante el Consejo de Seguridad

Hemos visto pues que hay razones de peso que confirman nuestra hipótesis de que a nuestro país le hubiese ido mucho mejor si se hubiese defendido de la interven-ción estadounidense utilizando medios diplomáticos en lugar de haber cometido el error de considerar como viable una opción militar absolutamente ilusoria, pues ni aún para finalidades “disuasivas” el armamento –de segunda mano– comprado a Checoslovaquia podría haber tenido alguna utilidad.32 Los mismos hermanos

30 Dulles dijo textualmente que “la dominación o el control de las instituciones de cualquier estado americano por el movimiento comunista internacional […] constituiría una amenaza a la inde-pendencia y soberanía de los estados americanos, poniendo en peligro la paz de América y re-quiriendo acciones apropiadas de acuerdo con los tratados existentes” (referencia al Tratado de Río. Nótese cómo Dulles hablaba en términos genéricos de “América”, que es el mismo nombre que en inglés recibe Estados Unidos). A esto Toriello respondió que no existía ninguna amenaza proveniente de ultramar, que en realidad la propuesta de resolución estaba dirigida contra Gua-temala y que buscaba darle legitimidad a la agresión contra un país “cuyo único pecado había sido el de tratar de afirmar su soberanía” (Gleijeses, 1991: 272).

31 Costa Rica estuvo ausente como ya mencionamos. Lo único que pudo obtener Guatemala gra-cias a la intervención de países “moderados” –Uruguay, Chile, México y Argentina– contra los dictadores aliados incondicionales de Estados Unidos (Trujillo, Somoza, Batista y el propio Pérez Jiménez de Venezuela) fue un pequeño cambio, pues en lugar de “se llamará a tomar las acciones apropiadas”, se puso que la OEA llamaría a “una reunión de consulta [de los ministros de Relaciones Exteriores] para considerar la adopción de medidas apropiadas”. Además, se agregó que la declaración buscaba “proteger” el derecho de cada Estado americano a “su propia forma de gobierno y sistema económico y a vivir su propia vida social y cultural” (véase Glei-jeses, 1991: 274-275).

32 Hay muchas especulaciones de los historiadores en torno a este asunto, pero lo más probable

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Dulles sabían perfectamente que el pequeño grupo armado al frente del cual se puso a Castillo Armas no tenía ninguna posibilidad de éxito militar y que lo deci-sivo iba a ser amedrentar al Ejército guatemalteco con la guerra psicológica implí-cita en la amenaza de una potencial invasión estadounidense directa.

Pero también habría que preguntarse por qué Arbenz no estuvo en capacidad de obtener una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para detener la intervención armada cuando tanto Gran Bretaña como Francia (ya no digamos la Unión Soviética que en realidad no tenía interés alguno en “apoderarse de Guatemala”) se daban cuenta, gracias a la información recabada por sus pro-pios servicios de inteligencia, de que el Departamento de Estado y la CIA estaban inventando de cabo a rabo una conspiración comunista inexistente: ¿por qué no se pudo utilizar apropiadamente los medios diplomáticos al alcance de nuestra Cancillería?

Si Guatemala hubiese tenido capacidad para darle seguimiento a lo que ocu-rría en las relaciones entre las potencias miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nuestros analistas habrían podido percatarse de que el desencuentro de ingleses y estadounidenses respecto a Guatemala estaba en realidad repitiendo la vieja historia de rivalidad de ambas potencias en el Caribe, muy interesadas desde siempre en manejar a su antojo a las islas y pequeños países de la región (no hay más que recordar el célebre Tratado Clayton-Bulwer)33 y aprovecharlos en forma adecuada, pues como afirma la historiadora británica Sharon Meers:

“Es muy revelador el contraste entre las reacciones de Estados Unidos y Gran Bre-taña hacia Arévalo y Arbenz. Ambas naciones acusaron de “comunistas” a quienes en Guatemala amenazaban sus intereses. Sin embargo, puesto que estos eran di-ferentes para ambos países, no se llegaron a poner de acuerdo en cuanto a lo que llamaban “comunismo”. Para Londres el anticolonialismo constituía prueba segura de “comunismo”, mientras que para Washington lo era la oposición a sus intereses comerciales. En consecuencia, las quejas de Gran Bretaña contra el “comunismo” guatemalteco fueron más fuertes durante el gobierno de Arévalo, porque Belice fue el blanco principal del nacionalismo guatemalteco. Como Arbenz fue relativamente conciliador en el caso de Belice las acusaciones británicas contra el “comunismo” guatemalteco desaparecieron. En cuanto a las reformas sociales guatemaltecas que

es que Arbenz y los líderes del PGT hubiesen tenido en mente utilizar las armas para organizar milicias populares, lo cual no sólo era inaceptable desde la perspectiva del Ejército sino extre-madamente difícil de llevarse a la práctica, como lo demostraron los acontecimientos de junio de 1954.

33 Por medio del Tratado Clayton-Bulwer, estadounidenses e ingleses se comprometieron a me-diados del siglo XIX a no apoderarse de territorio alguno en la región centroamericana, lo que llevó a Londres a disfrazar el tratado de 1859 con Guatemala como un tratado de límites, cuando en realidad se trataba de una cesión territorial a cambio de la construcción de una carretera, que nunca se llevó a cabo. En todo caso, el compromiso anglo-estadounidense obedecía al interés que ambas potencias tenían en esa época en la construcción de un canal interoceánico en Nicara-gua, utilizando el río San Juan y el Gran Lago, canal que, como se sabe, se construyó más tarde en Panamá.

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eran el blanco de las críticas de Washington, los diplomáticos ingleses presentaron pocas objeciones”.34

Es claro que los ingleses no estuvieron contentos cuando en 1946 el Congre-so de la República declaró formalmente la caducidad del tratado de 1859 con Gran Bretaña exigiendo la restitución del territorio de Belice, pero menos aún les podían agradar las posiciones que había venido adoptando Washington en relación con esta reclamación guatemalteca. Por eso mismo hay que pensar que Arbenz tendría que haberse percatado a tiempo de que su prudencia para manejar la reclamación de Belice estaba rindiendo frutos positivos en la postura del Foreign Office.35

La tardanza de la Cancillería en llevar el caso a Nueva york es un factor que también contribuyó a que no se obtuviera una resolución favorable a los intereses de Guatemala, pues fue hasta el 18 de junio, a pocos días de la renuncia de Arbenz (27 de junio), que el canciller Toriello, en forma inexplicablemente tardía, decidió llevar el caso al Consejo de Seguridad, pidiendo que se “tomaran las medidas necesarias […] para poner un alto a la agresión” de la cual se responsabilizaba a Nicaragua, Honduras “y a ciertos monopolios extranjeros cuyos intereses han sido afectados por las políticas progresistas de mi gobierno”, pues obviamente no podía mencionarse directamente a Estados Unidos, que –como miembro permanente– disponía del derecho de veto en el Consejo.

Es sorprendente constatar entonces que no fue la Unión Soviética –como hubiese cabido esperar si las acusaciones de Washington hubiesen sido ciertas– la que apoyó la petición guatemalteca, sino Francia, quien presentó un proyecto de re-solución para que el Consejo tomara las medidas necesarias para “terminar cualquier

34 Meers, 1997: 44.35 El decreto que declara la caducidad del tratado es el No. 224 de fecha 9 de abril de 1946 y

refrenda la denuncia del mismo hecha desde 1884. Recordemos también que los británicos propusieron entonces que la disputa fuera resuelta por la Corte Internacional de Justicia, lo cual fue aceptado por Guatemala bajo la condición de que se utilizara el procedimiento ex aequo et bono, que los ingleses no quisieron conceder, impidiendo así llevar el caso a La Haya. Todo esto, además, tiene relación con la posición asumida por Estados Unidos en 1947 en la Confe-rencia de Río sobre Paz y Seguridad (en donde se gestó el famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), pues en ella el Departamento de Estado adoptó una posición favorable a las reclamaciones anticoloniales de Argentina (por las Malvinas), Venezuela (por Guyana) y Guatemala (por Belice) y en contra de los intereses británicos. Por otra parte, las conversaciones entre los delegados de Guatemala (Jorge García Granados) y Estados Unidos (Willard Beulac) durante los preparativos de Conferencia Interamericana de Bogotá (1948) y los planteamientos favorables a Guatemala que tuvo el embajador estadounidense en Guatemala, Edwin Kyle, al iniciarse la administración de Arévalo, llevaron también a un distanciamiento de Londres con Washington. Por el contrario, durante el gobierno de Arbenz la política guatemalteca respecto a Belice se mantuvo de muy bajo perfil, lo cual era del agrado de Londres. Al respecto, véanse Meers, 1997: 41-53; y Herrarte, 1997: 161-162. En el trabajo de doctorado de una diplomáti-ca guatemalteca también encontramos una curiosa referencia a la evaluación histórica que los mismos beliceños hacen de Arbenz: “Hubo una época, a principios de los años 50, durante la presidencia de Jacobo Arbenz, en que la estructura del poder guatemalteco fue amigable a las ambiciones anticolonialistas de Belice. No sé si antes hubo alguien como Arbenz, pero puedo decirles que desde que la CIA patrocinó su derrocamiento en 1954 no ha habido otro Arbenz en el Palacio Presidencial” (Evan Hyden en el periódico beliceño Amandola Online del 27 de enero de 2009, citado por Solís Castañeda, 2009).

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acción que pueda provocar derramamiento de sangre” al mismo tiempo que se pe-día a todos los miembros de las Naciones Unidas “abstenerse de proveer asistencia para acciones de este tipo”. Dicha resolución fue aprobada por el Consejo –pues era muy difícil que Estados Unidos se opusiera a ella cuando públicamente alega-ban que ellos respetaban escrupulosamente el principio de no intervención y que el movimiento de Castillo Armas era una “rebelión interna”.36 Sin embargo, esto motivó no sólo la cólera de Washington contra sus aliados europeos sino también una maniobra estadounidense para que el caso guatemalteco fuera llevado a la OEA alegando que, puesto que Honduras y Nicaragua negaban la agresión contra Guatemala, el organismo internacional llamado a hacer una investigación de lo que ocurría era la OEA. Por venir de países latinoamericanos, lamentablemente, esta postura fue respaldada por Brasil y por Colombia en su condición de miembros no permanentes del Consejo.

Francia finalmente se manifestó de acuerdo con la condición de que se in-cluyera en la nueva resolución del Consejo (que trasladaba el caso a la OEA) una enmienda requiriendo un cese de fuego. Meers describe así las negociaciones:

“Lodge votó a favor de la resolución que contenía la enmienda sólo porque, votar por la alternativa, en contra de un cese del fuego, habría causado complicaciones di-plomáticas. La delegación de Estados Unidos estaba furiosa por la enmienda presen-tada por Hoppenot (el embajador francés) ya que aquello complicaría y prolongaría la intervención de la ONU. Además, amenazaba con la posibilidad de presentar la Operation Success como una violación a un mandato del Consejo de Seguridad. Irónicamente los soviéticos salvaron a Lodge en aquel momento, porque votaron en contra de la resolución. Al declarar que Guatemala había solicitado un equipo de observadores de la ONU y que la transferencia del asunto a la OEA no era más que una táctica dilatoria. El delegado soviético protestó contra la resolución y convocó a una segunda sesión para discutir las medidas apropiadas que debía tomar la ONU. El veto soviético puso fin a la sesión de emergencia, pero malquistó a los aliados occidentales. Lodge quedó muy disgustado por la aparente complicidad británica en la acción de Hoppenot. Dixon (el embajador británico), a su vez, sintió que Lodge había abusado de su posición como Presidente del Consejo de Seguridad, ya que ha-bía procurado a toda costa que las discusiones se prolongaran innecesariamente”.37

Dada la gravedad de la situación sobre el terreno, pues ya se habían iniciado las hostilidades en la zona fronteriza con Honduras, y como no se había podido tomar una decisión en la reunión de emergencia el día 21 de junio, el canciller de Guatemala, Guillermo Toriello, se dirigió de nuevo al Consejo de Seguridad

36 Lo que no significa que Foster Dulles en privado no se haya enfurecido contra los franceses, a quienes amenazó con retirar de la agenda del Consejo “el caso de Indochina” (Vietnam, a la sazón colonia francesa en donde se combatía por la independencia). También instruyó al embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Henry Cabot Lodge, para que les dijera, tanto a británicos como a franceses, que de continuar ellos apoyando a Guatemala, Washington se sentiría “libre respecto a sus posiciones en los problemas coloniales” (en la ya mencionada Indochina y en Argelia en el caso de París, además de Egipto y Chipre en el caso de Londres). y la misma instrucción se dio a los embajadores estadounidenses en ambos países. Al respecto, véase el interesante relato de Gleijeses en su obra ya citada (págs. 329-332).

37 Meers, 1997: 48.

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pidiéndole adoptar las medidas necesarias para frenar la ayuda extranjera a los rebeldes de Castillo Armas. Esta acción condujo a frenéticas negociaciones en las cuales Henry Cabot Lodge, actuando bajo instrucciones de Foster Dulles, durante cuatro días trató de demorar la reunión formal en donde se adoptaría la decisión, de modo que fue hasta el día 25 de junio (dos días antes de la renuncia de Arbenz) que dicha reunión se llevó a cabo. Durante la misma, Cabot Lodge hizo saber a los embajadores de Francia e Inglaterra que Estados Unidos estaba dispuesto a vetar la resolución si la misma hacía referencia al envío de observadores de la ONU a Guatemala. En realidad –como dice Gleijeses–, lo que les preocupaba a todos, más que la suerte de Arbenz, era el precedente que podía sentarse y toda la problemá-tica de la “jurisdicción” de las Naciones Unidas en posibles casos similares en el futuro. Incluso el secretario general, el digno diplomático sueco Dag Hammars-kjold, quien se “oponía amargamente” a las posiciones de Washington, se encon-traba sometido a una “dura y constante” (dice Gleijeses) presión de Cabot Lodge para permanecer en silencio. Foster Dulles le dijo además al canciller británico, Anthony Eden (quien había llegado ese mismo día a Washington para acompañar al primer ministro Winston Churchill en visita oficial), que si Washington y Lon-dres iban a adoptar posiciones distintas sobre el asunto de Guatemala, “más valía que empacaran y se regresaran a casa”.38

Así las cosas, en la tarde del día 25 de junio el Consejo votó sobre la re-solución y sólo cuatro países, la Unión Soviética, Líbano, Dinamarca y Nueva zelandia, votaron a favor de Guatemala, el resto votó en contra, incluyendo a Co-lombia y a Brasil, los dos países latinoamericanos que eran miembros del Consejo. Francia y Gran Bretaña se abstuvieron. La posición estadounidense , como le dijo Hammarskjold a Pierson Dixon, el embajador británico, “fue el golpe más serio asestado hasta ese entonces a la credibilidad de la ONU”.

En cuanto a la manera como los estadounidenses presionaron a franceses e ingleses para lograr su abstención, es de antología citar el relato de Sharon Meers:

“El lunes por la noche, Dixon voló a Washington para asistir a una cena en la em-bajada inglesa, y las tensiones estallaron entre los presentes. Según relato de Lord Moran médico e íntimo amigo de Churchill, Dixon sentía que Estados Unidos se había mostrado ‘burdamente inconsistente’ en el caso de Guatemala pues ‘habían apoyado políticas que precisamente antes habían calificado de inmorales al tratarse de la Unión Soviética en Grecia o en Corea’. Eden estuvo totalmente de acuerdo con Dixon, pero sabía que el Primer Ministro no pensaba igual. De hecho Chur-chill estaba cansado del problema guatemalteco, ya que este había amenazado con arruinar su reunión cumbre (con Eisenhower). Según el Primer Ministro, no existía razón alguna para ‘permitir que Guatemala pusiera en peligro nuestras relaciones con Estados Unidos, puesto que de ellas podía depender la seguridad mundial’. Cuando Dixon insistió en que se trataba de un principio fundamental, Churchill replicó: ‘nunca antes en mis 79 años había siquiera oído hablar de ese maldito lugar llamado Guatemala’”.39

38 Gleijeses, 1991: 331.39 Meers, 1997: 50.

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Naturalmente, el fracaso en obtener una resolución favorable a Guatemala en el Consejo de Seguridad, más la negativa del Ejército a combatir al pequeño grupo invasor, sumada al engaño del que fue víctima el jefe de las fuerzas armadas, co-ronel Carlos Enrique Díaz, a quien el embajador estadounidense le hizo creer que bastaba con la renuncia de Arbenz para que la cólera de Washington se aplacara y que esto podría permitir instalar una junta militar de gobierno que “garantizaría las conquistas de revolución”, en fin, todo esto fue determinante en la decisión del Presidente de presentar su renuncia. Esa decisión condujo a ese desenlace que he-mos calificado como negativo –y catastrófico porque terminó con el primer intento realmente serio de construcción de un sistema democrático en nuestro país– de la crisis en nuestras relaciones con la administración de Eisenhower.

No obstante, insistimos en nuestro punto de vista: si se hubiese desplegado una acción diplomática basada en una política exterior apropiada para contrarrestar la política de la Casa Blanca, si no se hubiesen tomado decisiones equivocadas en el campo de la defensa (como la compra del armamento checo) y si Arbenz hubiese estado en capacidad de ejercer su autoridad en el seno de unas fuerzas armadas ya bastante atemorizadas por la posibilidad de una intervención directa de Estados Unidos y que además desconfiaban de un presidente con vínculos demasiado es-trechos con la dirigencia del PGT, entonces talvez hubiese sido posible evitar ese terrible trauma histórico nacional que significó la caída del los gobiernos revolu-cionarios del período 1944-1954.

Una estrategia defensiva basada en la diplomacia era la acertada, pero los di-rigentes de la época subestimaron la importancia de la política exterior y pensaron, equivocadamente, que el Ejército iba a responderle a un presidente por el simple hecho de ser militar y haber jugado un papel valeroso y decisivo en la gesta revo-lucionaria de 1944.40 No se percataron de que la guerra psicológica había socavado la moral de los oficiales en forma tal que el temor a un enfrentamiento directo con tropas estadounidenses era ya crucial en la negativa de éstos a combatir, todo lo cual, a la postre, llevó a la renuncia de un Arbenz que se sentía abandonado por la institución armada.41

40 Conviene recordar que Arbenz jugó también un papel decisivo, con mucho arrojo y valentía, para sofocar la llamada “rebelión de los aranistas” que se produjo a raíz de la muerte del coronel Francisco Javier Arana en julio de 1949, cuando fuerzas del gobierno del presidente Arévalo pretendían detenerlo.

41 A pesar de que no estaba activo, Arbenz hubiese procedido de manera acertada si hubiese nom-brado de nuevo como jefe de las fuerzas armadas al coronel Carlos Paz Tejada. Es probable que el Ejército hubiese entonces combatido de manera efectiva al pequeño grupo invasor respaldado por la CIA, se habría evitado así su renuncia y esto le habría permitido también “ganar tiempo” para llegar a las elecciones de 1956. Claro, ésta es una pura conjetura de “política ficción”, pero no es descabellada: en los años ochenta una política imperial análoga, en un contexto geopo-lítico que continuaba siendo de Guerra Fría con un presidente republicano extremadamente conservador (Ronald Reagan) fue cambiada de curso gracias a la audacia del presidente Vinicio Cerezo y los Acuerdos de Paz de Esquipulas.

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contexto GeoPolítico, conFlicto arMado y autoritariSMo Militar 1954-1980

La época de los gobiernos posteriores a la caída del presidente Arbenz en junio de 1954 se caracteriza, como no podía ser de otra manera, por la subordinación de nuestra política exterior (o más bien, la forma como se suele reaccionar en asuntos exteriores para ser congruentes con nuestro planteamiento inicial) a los grandes lineamientos marcados por Estados Unidos. En un trabajo relativamente reciente que encontramos en el último volumen de la Historia General de Guatemala que dirigió Jorge Luján Muñoz, los ex cancilleres Fernando Andrade Díaz-Durán y Arturo Fajardo Maldonado, y nuestro actual embajador en Washington, Francisco Villagrán de León, se refieren al período inmediato posterior a la llegada al poder de la “liberación” de la siguiente manera:

“Con el derrocamiento del gobierno de Arbenz se cerró un capítulo histórico de las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos el cual estuvo marcado por las ten-siones, las suspicacias y las aprehensiones que imponía la Guerra Fría a la política exterior de Estados Unidos frente a la política nacionalista del gobierno guatemalte-co. El ascenso de Castillo Armas a la Presidencia de la República relajó obviamente tales tensiones y se inició un proceso de cooperación política y económica que reci-bió todo el apoyo de Estados Unidos. El nuevo régimen principió por devolver las tierras expropiadas a la Compañía frutera UFCO, como un gesto para promover las inversiones estadounidenses en el país y trató de consolidar su posición retirando del servicio militar a los oficiales del ejército que no eran de confianza o de quienes se pensaba que simpatizaban con el gobierno anterior. El presidente guatemalteco fue invitado a visitar oficialmente Washington y se le concedió un doctorado “ho-noris causa” por la Universidad de Columbia de Nueva york. Además se otorgó a Guatemala ayuda económica por un monto total de $46,000,000”.42

Huelgan los comentarios. Después del asesinato de Castillo Armas (“por un miembro de su guardia personal según la información oficial”, nos dice el ex can-ciller Fajardo Maldonado), se convocó a elecciones y el 2 de marzo de 1958 asu-mió la Presidencia de la República el general Miguel ydígoras Fuentes, quien ya había sido candidato perdedor en las elecciones de 1950. En lo que concierne a la política exterior, como se recordará, después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y con el posterior rompimiento de las relaciones entre Washing-ton y La Habana (que condujo a la expulsión de Cuba de la OEA), Guatemala no sólo se alineó de manera obsecuente con la Casa Blanca sino que “con la finalidad de invadir Cuba, muchos cubanos exiliados fueron entrenados en la finca Helve-tia, ubicada en Retalhuleu y de la cual era propietario Roberto Alejos, hermano del embajador de Guatemala en Washington. Inmediatamente se rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba”, nos recuerda Fajardo Maldonado.43 Todo esto condujo al levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960, de donde surgió el

42 Fajardo, Andrade y Villagrán, 1997: 177.43 Fajardo, Andrade y Villagrán, ibidem.

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primer movimiento guerrillero del país y comandantes como Marco Antonio yon Sosa y Luis Turcios Lima.

No trataremos la historia de la guerrilla y de la contrainsurgencia, ya que esto escapa a los propósitos de este trabajo. Sin embargo, consideramos de gran importancia tener presente que el conflicto armado interno del período 1960-1996 es un resultado, tanto de la caída de los gobiernos de la revolución democrática del decenio 1944-1954 como –posteriormente– del apoyo dado por el gobierno del general ydígoras Fuentes a Washington, cuando autorizó la presencia en terri-torio nacional de los grupos de contrarrevolucionarios cubanos que se entrenaron en Guatemala para la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961 contra el gobierno de Fidel Castro.

Así que, en tales circunstancias, era previsible que en un ejército ya bastante golpeado en su moral no sólo por la afrenta contra la soberanía nacional y sus fuer-zas armadas que representaron los acontecimientos de 195444 ante la nueva ofensa contra la dignidad nacional que constituía la utilización de territorio guatemalteco para entrenar grupos armados destinados a invadir Cuba, oficiales descontentos iban a reaccionar como efectivamente ocurrió en la ya mencionada rebelión de noviembre de 1960. Es así como se produjo la paradójica situación en que las pri-meras guerrillas guatemaltecas fueron conducidas principalmente por oficiales del Ejército que se habían levantado en armas.45

El resto de la década de 1960 en el plano interno presenció acontecimien-tos como el golpe de Estado del coronel Enrique Peralta Azurdia contra ydígoras Fuentes (destinado a impedir la participación del doctor Arévalo en las elecciones de 1963) y las elecciones de 1965 que fueron ganadas por el civil Julio César Mén-dez Montenegro. Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Mo-vimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) continuaron actuando en el oriente del país, pero fueron desmanteladas por una ofensiva del Ejército, gracias a la cual el coronel Carlos Arana Osorio llegó a la Presidencia en 1970, iniciando una nueva etapa de gobiernos bajo predominio militar.46

44 Que motivaron ese mismo año (el 2 de agosto) el ataque de los cadetes de la Escuela Politécnica al lugar en donde se encontraban acantonados los “liberacionistas” en la ciudad Guatemala, habiéndolos humillado, desarmado y obligado a retornar a las localidades orientales de donde provenían.

45 Entre ellos Marco Antonio yon Sosa, Luis Turcios Lima, Luis Trejo, Francisco Franco, Vicente Loarca y Alejandro de León Aragón. Hay que recordar, además, que en las acciones armadas de un pequeño grupo guerrillero en 1962 (llamadas de “Concuá”) participó el coronel Carlos Paz Tejada, quien fue jefe de las fuerzas armadas del gobierno de Arévalo después del alzamiento de julio de 1949. Paz Tejada era un oficial de gran valentía y honestidad, quien muy probablemente (si Arbenz hubiese tenido la clarividencia para mantenerlo en dicho cargo) sí habría estado en condiciones de derrotar rápidamente a Castillo Armas en zacapa en 1954. De la misma valerosa manera se condujo –en Gualán– el teniente César Augusto Silva Girón, quien el 20 de junio –al frente de apenas treinta soldados– logró derrotar a un destacamento de los invasores. La deno-minación misma del grupo guerrillero FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) es muy significativa en relación con lo que aquí mencionamos.

46 Es interesante consignar aquí la forma como investigadores extranjeros contemporáneos des-criben recientemente el origen del conflicto armado en Guatemala: “El golpe de 1954 inauguró

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En materia de política exterior, Alberto Herrarte –canciller del gobierno de Peralta Azurdia– trató de involucrar a Estados Unidos en una mediación con Gran Bretaña para poner fin a la reclamación de Belice, pero dicho intento fracasó. Al mismo tiempo, el gobierno militar alineó a Guatemala con las políticas estadouni-denses, lo cual nos aisló del Movimiento de Países No Alineados (NOAL). Indu-dablemente, esta táctica fue perjudicial para nuestra reclamación en relación con Belice.47

En esa época se produjeron cambios notables en la escena internacional (como la aparición del ya mencionado NOAL) que debieron haber sido tomados en cuenta por la Cancillería guatemalteca, cosa que no ocurrió. Otro ejemplo es el hecho de que, aunque el contexto geopolítico mundial continuaba bajo la sombra ominosa de la Guerra Fría, comenzaron a producirse ciertos cambios en la política estadounidense ya desde la superación de momentos críticos a principios de los años sesenta (como la Crisis de los Misiles en Cuba y la construcción del Muro de Berlín en Alemania), gracias a la adopción de la llamada política de coexistencia pacífica por parte de la Unión Soviética, la cual posteriormente permitió la firma de los Tratados SALT (Strategic Arms Limitation Talks) en materia nuclear.

ya en los años setenta, y a pesar de la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 o de enfrentamientos localizados –como la guerra de Vietnam–, el pro-fundo cambio que representó la transformación de China Popular en adversaria de Moscú condujo a una aproximación de Washington con Beijing. Este acercamiento le permitió al secretario de Estado de Richard Nixon, Henry Kissinger, iniciar su política de distensión con los países comunistas, lo cual llevó al reconocimiento de la República Popular China por las Naciones Unidas (hasta entonces representada por Taiwán), así como a las negociaciones de paz de París que pusieron fin a la guerra de Vietnam en 1974 e hicieron que la détente se mantuviera por el resto de la década. Así, el terreno fue preparándose para la llegada de los demócratas a la Casa Blanca en 1976, lo cual introdujo otro cambio sustancial en la política exte-rior estadounidense gracias a los planteamientos en materia de derechos humanos por parte del gobierno de Jimmy Carter.

Sin embargo, mientras esto ocurría en el contexto mundial, como si la histo-ria tuviese dos tiempos y en los países pequeños estuviésemos condenados a vivir

un período de treinta y cinco años de gobiernos militares directos o de tutelaje de las fuerzas armadas sobre gobiernos civiles electos con las devastadoras consecuencias con las que todavía lucha el país […] Los treinta y seis años de guerra civil que siguieron a la insurrección de 1960 dejaron unas 200,000 personas muertas o ‘desaparecidas’. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una comisión de verdad y reconciliación bajo el patrocinio de las Naciones Unidas que comenzó su trabajo en 1997 después de la firma de los llamados Acuerdos de Paz entre el Gobierno y los insurgentes encontró que el gobierno y sus grupos paramilitares (Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)) fueron responsables de la mayor parte de esas víctimas [...] [La Comisión] registró 626 masacres hechas por el Ejército, la mayor parte en áreas rurales pobres y predominantemente mayas” (véase el informe del International Crisis Group, 2010, pág. 3, traducción propia LAP).

47 Véase el relato del canciller de la época, doctor Alberto Herrarte (1997: 161-176).

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en retraso hasta de la historia inmediata, en Guatemala nadie se daba por enterado de los procesos de distensión mundial. El Gobierno mantenía (y todavía conserva) una representación diplomática en Taiwán y contratacaba –haciendo caso omiso de toda consideración por los derechos humanos o el derecho humanitario– a un movimiento insurgente que buscaba afanosamente –sin conseguirlo– reproducir la estrategia bélica aplicada por los vietnamitas en su guerra, ya terminada, con Estados Unidos.

La guerrilla se había reorganizado tanto geográfica como militar y política-mente. Surgieron nuevas organizaciones48 y se reubicaron en el altiplano central y occidental y en las regiones de la selva tropical húmeda del norte y noroccidente. Operando bajo una concepción estratégica, como una novedad respecto a la pre-dominante influencia cubana de los años sesenta (la teoría guevarista del llamado foco guerrillero), la guerrilla se presentaba ahora, como ya se dijo, con un plan-teamiento calcado en la estrategia vietnamita de Ho Chi Minn (la “guerra popular revolucionaria”). Entretanto, a nivel de gobierno, el Ejército, inspirándose en la llamada doctrina de la “seguridad nacional” aplicada por las dictaduras militares del Cono Sur (Brasil, Chile, Argentina y Uruguay), hizo que la política contra-insurgente marchara absolutamente a contrapelo de lo que el presidente Carter estimaba que –por razones de principio– todo gobierno aliado de Estados Unidos debía hacer en materia de derechos humanos.49

conFlicto reGional y caMbio Político: laS GuerraS centroaMericanaS de baja intensidad en la década de 1980

En términos generales, la década de 1980 se caracterizó por el incremento en la in-tensidad del conflicto armado que se vivía en por lo menos tres países centroame-ricanos (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), así como por los importantes cam-bios políticos que comenzaron a ocurrir tanto en el plano regional como en el mundial, todos los cuales tendrían incidencia en nuestro país.50

En Centroamérica, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y el auge del movimiento insurgente en El Salvador conducido por el Fren-te Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tendrían repercusiones

48 Al lado de las antiguas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) operaban entonces el Ejército Guerri-llero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

49 Durante esos años, la política de violación sistemática de los derechos humanos por parte de los gobiernos militares en su combate contra los insurgentes llegó a ser tan grave que dio lugar a un pronunciado distanciamiento de Estados Unidos respecto a Guatemala. Incluso llegó al extremo de que el gobernante militar de turno (general Romeo Lucas García) de manera ridícula acusó a Jimmy Carter de ser “comunista”.

50 En el Caribe hubo además movimientos izquierdistas como el de “los sargentos” en Surinam y el “Nueva Joya” en Granada.

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drásticas en la política interna guatemalteca. Por ejemplo, la decisión de poner fin de manera brutal a la ocupación de la Embajada de España en Guatemala por campesinos y estudiantes simpatizantes de la insurgencia que denunciaban los mé-todos de represión utilizados por el Ejército en su campaña contra la guerrilla en el medio rural buscó esencialmente evitar que ese mismo método, utilizado por organizaciones populares salvadoreñas con propósitos parecidos, fuese repetido en Guatemala.51 Simultáneamente, en el medio rural, el Ejército preparaba una ofensiva militar de magnitud todavía insospechada, pero que perseguía evitar a toda costa que una insurrección campesina (como la que preparaba el EGP en el altiplano occidental)52 estuviese en condiciones de dar el triunfo a las organizacio-nes insurgentes de manera análoga a lo que ya había ocurrido en Nicaragua, en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estuvo en capacidad de movilizar a las masas populares para derrocar a la dictadura de Somoza.

El endurecimiento de la política contrainsurgente era, pues, una consecuen-cia de lo que estaba ocurriendo en la región más que de la influencia de Estados Unidos que, por el contrario y al menos en lo que concierne a Guatemala durante la administración Carter –a finales de los años setenta–, buscó moderar a los mi-litares promoviendo el respeto de principios esenciales de los derechos humanos, como el debido proceso legal y la prohibición de la tortura. No obstante, la llegada de Ronald Reagan y de los republicanos a la Casa Blanca de alguna manera hizo sentirse fortalecidos a quienes eran partidarios de una represión sin consideración alguna por estándares de legalidad. En Guatemala, esto se tradujo en políticas de tierra arrasada que diezmaron a la población indígena, obligando a decenas de miles de campesinos a buscar refugio en la zona fronteriza con México53 y en las zonas urbanas. También derivó en el incremento de las “desapariciones forzadas”

51 En enero de 1980, como consecuencia del ataque de las fuerzas de seguridad contra las oficinas de la embajada de España que resultó en el incendio de las mismas, murieron personalidades del mundo político guatemalteco (como el ex canciller Adolfo Molina Orantes y el ex vicepresiden-te Eduardo Cáceres Lenhof) junto con dirigentes indígenas (entre ellos Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz), estudiantes y diplomáticos españoles. España rompió relaciones con Guatemala por este hecho.

52 Gustavo Porras Castejón sostiene en un libro reciente que en 1981 las condiciones para una insurrección campesina indígena en el altiplano central y occidental estaban dadas, pero que la dirigencia del EGP no estuvo preparada para conducirla. Al respecto, véase Porras Castejón, 2009. Para un enfoque histórico más general sobre la historia del conflicto armado, véase Agui-lera Peralta, 1997: 135-150.

53 Gabriel Aguilera Peralta se refiere a esto de la siguiente manera: “En tales circunstancias el ejército pasó a la contraofensiva en los frentes rurales durante la segunda mitad de 1981 […] se emplearon siete batallones de infantería y en un principio se concentró en el Departamento de Chimaltenango; posteriormente se extendió en profundidad a los Departamentos de Quiché, Huehuetenango, Quezaltenango, las Verapaces y Petén. Se destruyeron total o parcialmente numerosas comunidades; una parte de la población de éstas fue eliminada mediante ejecuciones extrajudiciales colectivas y otra buscó refugio en las montañas o en México. Las estadísticas sobre el costo social de esta parte de la guerra son imprecisas, pero se ha calculado que afectaron unas 440 comunidades, en las que perdieron la vida cerca de 50,000 personas, en su mayoría campesinos indígenas y aproximadamente un millón de habitantes abandonaron sus viviendas para convertirse en refugiados en el extranjero o desplazados internos en las montañas” (Agui-lera Peralta, 1997: 146).

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y ejecuciones extrajudiciales. Todo esto es descrito por Gabriel Aguilera de la siguiente manera:

“… las actividades de terror que se reiniciaron en la capital y en otras ciudades, des-de finales de 1978, se incrementaron y alcanzaron sus mayores niveles entre 1980 y 1981. Grupos religiosos, sindicales y populares, partidos de tendencia socialdemó-crata, la Universidad de San Carlos entre otros sectores, fueron blanco del ataque de “escuadrones de la muerte”. Centenares de dirigentes de primera línea y muchos cuadros intermedios perdieron la vida y otros abandonaron el país, lo cual condujo al desmantelamiento de las organizaciones de masas que se vieron forzadas a pasar a la clandestinidad. Fueron asesinados decenas de religiosos, inclusive varios sacer-dotes. Como resultado de ello, cuando los frentes guerrilleros en el interior del país alcanzaron su mayor capacidad ofensiva, la acción en las ciudades había disminuido drásticamente, y la posibilidad de que la lucha de masas adquiriera proporciones insurreccionales había desaparecido”.54

En 1982, un golpe de Estado contra Lucas García llevó a una junta militar al Gobierno y el escenario político nacional sufrió cambios de nuevo. El peso del movimiento insurgente fue decisivo en dicho golpe, pues aunque hay quienes sos-tienen que para ese año ya estaba sofocada cualquier potencial sublevación cam-pesina o urbana que eventualmente hubiese podido dar el triunfo al movimiento revolucionario como había ocurrido en Nicaragua en 1979, otros en cambio consi-deran que el golpe de 1982 buscaba darle al Estado un viraje que pudiera provocar la derrota de una guerrilla que en ese momento estaba en pleno auge.

El contexto político fue también importante, pues una campaña electoral sufrió las habituales manipulaciones fraudulentas que desde 1974 permitían colo-car con regularidad al ministro de la Defensa a la cabeza del Estado. Así que, por consejo de intelectuales al servicio del Ejército, el golpe que llevó al general Efraín Ríos Montt al Gobierno buscaba también poner fin a los fraudes electorales y dar nueva legitimidad al sistema político.

Ríos Montt permaneció al frente del Gobierno hasta agosto de 1983 año en que, en un nuevo “relevo” operado por la institución castrense, el general óscar Humberto Mejía Víctores asumió la jefatura del Estado. El nuevo dirigente nom-bró canciller a Fernando Andrade Díaz-Durán, un jurista de ideología demócrata cristiana. Junto con otras personalidades, el canciller habría de preparar la transi-ción democrática, es decir, los cambios que permitieron la elección de una Asam-blea Nacional Constituyente que se encargaría de discutir, aprobar y promulgar la Constitución de 1985. Fue en el marco de esta nueva Constitución que se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo al democristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien asumió la Presidencia en 1986 encaminando así a Guatemala en el retorno a la democracia.55

54 Ibidem.55 También de este período data el establecimiento del Tribunal Supremo Electoral, institución que

goza de autonomía y que ha venido jugando un papel crucial en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral al garantizar la transparencia y la eliminación del fraude.

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Mencionamos especialmente el nombre del ex canciller Fernando Andrade Díaz-Durán porque los cambios que introdujo en la política exterior sí fueron sig-nificativos. De manera absolutamente novedosa en un país que se había caracteri-zado hasta entonces por su alineamiento con la política estadounidense,56 Andrade Díaz-Durán se preocupó por tomar distancia respecto a las directrices de Washing-ton sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, es decir, frente a la decisión de la administración Reagan de aplicar una política destinada a cambiar el régimen de ese país (el llamado roll back de la Revolución Sandinista). Guatemala adoptó una política de neutralidad, acercándose a México, que por aquel entonces, aplicando su bien conocida política basada en el principio de no intervención, también se había alejado de Washington al organizar el llamado Grupo Contadora57 que pro-piciaba una salida pacífica –con base en la negociación y el diálogo– del conflicto de Washington con Managua.58

Este acercamiento con México tuvo resultados positivos también para los militares guatemaltecos preocupados como estaban por la cercanía de los cam-pamentos de refugiados con la frontera, de manera que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) decidió su traslado a los estados de Campeche y de Quintana Roo. Independientemente de las simpatías o antipatías ideológicas que estos hechos puedan despertarnos, aquí podemos constatar cómo una política exterior basada en una estrategia inteligente puede traer consecuencias favorables para un gobierno determinado.

Además, la estrategia de Andrade Díaz-Durán habría de rendir sus frutos más adelante, cuando se instaló, a principios de 1986, el primer gobierno de la llamada transición democrática, presidido por el democristiano Cerezo. En efecto, aprovechando la neutralidad ya adoptada por Guatemala respecto a Nicaragua, Ce-rezo estuvo en capacidad de proponer un novedoso elemento adicional cuando, al mismo tiempo que calificaba su política externa como de neutralidad activa, tuvo la audacia de proponer una negociación de paz propia, hecha por los centroameri-canos. Esta negociación sustituiría la de Contadora que ya para ese entonces pre-sentaba debilidades por todas partes, a pesar de que la llamada “Acta” final de paz había quedado lista. De hecho, fue esta Acta la que le sirvió de modelo al presiden-te Arias de Costa Rica para presentarse ante la segunda reunión de Esquipulas,59

56 Salvo en asuntos internos de derechos humanos, como ya hemos señalado.57 Que tomó su nombre de la isla de Contadora, ubicada en aguas del Pacífico panameño, en donde

se reunieron los cancilleres de Panamá, Venezuela, Colombia y México para examinar lo que ocurría en Centroamérica, especialmente en Nicaragua.

58 Hay que tener presente que en esos años y en el marco del ya clásico estilo practicado por la CIA desde los tiempos de la operación PBSUCCESS que condujo al derrocamiento de Arbenz en Guatemala, los estadounidenses habían armado el movimiento contra que combatía a los sandinistas desde sus bases en Honduras.

59 La primera se había realizado en 1986 en ese santuario guatemalteco ubicado en la frontera con Honduras y El Salvador, lo que lo hizo doblemente simbólico. A dicha primera reunión cumbre asistieron los cinco presidentes centroamericanos, lo cual fue de gran importancia pues ese reconocimiento implícito que todos ellos dieron al presidente Daniel Ortega de Nicaragua fue decisivo para el posterior Acuerdo de Esquipulas II en agosto de 1987.

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realizada en Guatemala en agosto de 1987, con una propuesta concreta. Finalmen-te, ésa fue la que suscribieron los gobernantes centroamericanos, contra el viento y la marea de la oposición estadounidense, inquieta ante la demostración de sobera-nía que hacían los presidentes centroamericanos. Recordemos que nada menos que el propio secretario de Estado, George Schultz, se hizo presente en la cumbre, sin que esto tuviese, afortunadamente, los efectos disuasivos que los estadounidenses esperaban.

Las guerras de baja intensidad patrocinadas por Washington en el marco de la Guerra Fría para detener los avances soviéticos en aquellos países del mundo en donde éstos intentaban tomar posiciones de poder e influencia, como ocurría –según el criterio de la Casa Blanca– en países como Afganistán, Angola, Mo-zambique y Centroamérica. Washington también percibía una clara injerencia de Cuba (y, por consiguiente, de la Unión Soviética) en los movimientos insurgentes de Guatemala y El Salvador, así como en el gobierno sandinista de Nicaragua. Estas contiendas bélicas se veían entonces frenadas, en el caso centroamericano al menos, por la decisión que tomaron los propios gobernantes –en la Cumbre de Esquipulas– de iniciar negociaciones de paz y poner fin a los conflictos armados de cada país por medio de la negociación, no por medios militares como deseaba la administración Reagan.

En el gran contexto geopolítico mundial, sin embargo, ya comenzaban a modificarse las posiciones duras a ultranza que Reagan había mostrado desde un principio en contra del Kremlin como una manera de confirmar que las críticas que los republicanos habían hecho a la administración demócrata de Carter (y a la debilidad de la administración Nixon derrotada en Vietnam) estaban dando los resultados esperados. Esto ocurría en parte por el agotamiento de Moscú, incapaz de mantener el ritmo frenético que Washington le había impuesto a la carrera de armamentos, así como debido a la transformación económica y política que se estaba produciendo en la Unión Soviética gracias a la célebre perestroika y a la glasnost del presidente Mijaíl Gorbachov. En efecto, Moscú había aceptado ya la firma del Tratado Opción Cero en 1987, por medio del cual ambas potencias aceptaron retirar la totalidad de los misiles nucleares de alcance medio ubicados en territorio europeo y en países de Europa oriental satélites de la Unión Soviética. ya se avizoraban los cambios que se producirían en 1989, cuando la caída del Muro de Berlín terminó con la Guerra Fría.

Todo ello, más el papel importante jugado por el Grupo Contadora y poste-riormente por el Grupo de Río (que nació del grupo de apoyo sudamericano hacia Contadora),60 sin olvidar el rol de diversos países europeos como España, Francia,

60 Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, preocupados por lo que ocurría en Centroamérica, constituyeron el Grupo de Río el 18 de diciembre de 1986 en reunión celebrada en Río de Janeiro. En su Acta Consti-tutiva se estableció que el grupo sería un “mecanismo permanente de consulta y de concerta-ción política” a fin de inter alia “propiciar soluciones propias a los problemas y conflictos que afectan la región” e “impulsar los procesos de cooperación e integración de América Latina”.

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Alemania e Italia, los países nórdicos (Noruega y Suecia principalmente) y las Co-munidades y Parlamento Europeos desde Bruselas y Estrasburgo. Gracias a todos estos factores fue posible que se pusiera en marcha el proceso de paz centroame-ricano en la reunión cumbre convocada por el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y celebrada en la ciudad fronteriza de Esquipulas en 1986.61

eSquiPulaS y el ProceSo de Paz: 1987-1996

La cercanía de los hechos históricos nos impide a veces percibir su importancia y real magnitud. Lo ocurrido en Centroamérica en la década de 1980 no es para menos: en plena Guerra Fría (cuando ya vimos lo que le ocurrió a Guatemala al intentar algo parecido en la década de 1950), un grupo de pequeños países que ha vivido desde su independencia bajo la influencia de Estados Unidos es capaz de oponerse a la política contra Nicaragua62 y decirle a Washington que es mejor si se atienden las propuestas de los países amigos (del Grupo Contadora)63 y de su Grupo de Apoyo64 –que contaba con el respaldo de varios países europeos–65 a fin de resolver ese conflicto de manera negociada y terminando con la guerra de los “contras” en Nicaragua.

El Grupo de Río ha venido funcionando de manera exitosa y ahora agrupa a todos los países de América Latina e incluso a algunos del Caribe como Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana y Surinam. Su vigésimo primera cumbre se celebró recientemente (en febrero del 2010) en Cancún (México) y en ella Chile asumió la Secretaría pro témpore para un período de dos años, que culminarán con la cumbre del 2012 en Santiago.

61 Recordemos también que los Acuerdos de Paz de Esquipulas hicieron merecedor del Premio Nobel de la Paz al presidente de Costa Rica, óscar Arias, aunque hubiese sido más justo que lo compartieran ambos presidentes.

62 El ya mencionado roll back de la Revolución Sandinista a base de una fuerza contrarrevo-lucionaria (organizada por la CIA y contando con una retaguardia logística desde territorio hondureño, en donde todavía se encuentra la base estadounidense de Palmerola), política que fue decidida desde principios de la década, cuando Ronald Reagan asumió el poder en Estados Unidos. Por cierto, conviene recordar que esta nueva política de los republicanos conservadores para “hacer retroceder” a las revoluciones o regímenes con inclinaciones izquierdistas ya se ha-bía puesto en marcha, con éxito (para Estados Unidos), en la isla caribeña de Grenada, invadida por tropas estadounidenses en 1983 bajo el manto de la operación llamada “Urgent Fury”.

63 México, Colombia, Venezuela y Panamá. La iniciativa para conformar este grupo mediador, es importante recordarlo, fue de México, quien a diferencia de lo sucedido con Guatemala en la época de Arbenz, en esta ocasión sí se preocupó por hacer valer su política permanente en de-fensa del principio de no intervención, que desde la época de las guerras con Estados Unidos en el siglo XIX (en las que perdió la mitad de su territorio) había venido caracterizando su política externa.

64 Brasil, Uruguay, Perú y Argentina, que darían origen posteriormente (1986) al Grupo de Río.65 Porque ya desde la declaración conjunta de México y de Francia en 1981 pidiendo un recono-

cimiento del estado de beligerancia en El Salvador y una solución negociada a ese conflicto, la Francia del gobierno socialista de François Miterrand se interesaba por lo que ocurría en Centroamérica, al igual que países nórdicos como Suecia y Noruega y europeos como España, Alemania e Italia.

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Apenas un par de años después de Esquipulas, Estados Unidos abandonó a su hombre fuerte en Panamá, Manuel Antonio Noriega. Acusándolo de estar invo-lucrado en tráfico de drogas, el país norteño invadió el país, capturó a Noriega para someterlo a juicio ante un tribunal estadounidense, colocó al frente del Gobierno a un personaje de su agrado (Guillermo Endara) y disolvió el Ejército panameño. Todo ello en medio de las protestas de las Naciones Unidas y hasta de la OEA que, de manera significativa, se pronunció en contra de la invasión.66 Antes había ocurrido la ya mencionada invasión de Grenada, así que lo obtenido por los países centroamericanos en Esquipulas, en el contexto de la Guerra Fría, fue realmente extraordinario y a nuestro juicio no ha sido todavía valorado por la historia regio-nal en sus justas dimensiones.

Como consecuencia de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, las llamadas Co-misiones Nacionales de Reconciliación comenzaron a funcionar en aquellos países en donde había situaciones de beligerancia con actores armados no estatales. De manera que en Guatemala también se trató desde un principio de promover el diálogo del Gobierno con la coalición guerrillera de la URNG, pero una reunión celebrada en Madrid fue del todo infructuosa y, por el contrario, se recrudecieron las posiciones de los sectores más recalcitrantes y opuestos a la negociación dentro de la institución castrense.67

Así se explica que en Guatemala se demorara tanto la iniciación del proceso de paz, a diferencia de Nicaragua en donde la negociación con el grupo de la con-tra (organizado y financiado por Estados Unidos) condujo al establecimiento de una misión de verificación de las Naciones Unidas (ONUCA), a la realización de las elecciones que en 1990 permitieron el triunfo de Violeta Chamorro y a la salida del gobierno de los sandinistas. En el caso de El Salvador, las negociaciones de paz también culminaron relativamente pronto (en 1992), contando también con el auxilio de otra misión especial de las Naciones Unidas (ONUSAL).68

De modo que en el caso guatemalteco no fue sino hasta en 1990 que, como resultado de una reunión celebrada en Oslo (Noruega) de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) –presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño– con los dirigentes de la URNG, se pudo iniciar el proceso de paz. Sin embargo, todavía no se producirían las negociaciones formales entre el Gobierno y los insurgentes,

66 Véase a título de ejemplo la resolución AG res 990 (XIX-0/89) de la OEA.67 Una reunión celebrada en Madrid entre la URNG y oficiales del Ejército, que no produjo resul-

tado alguno pero que se llevó a cabo promovida por el –en ese entonces– embajador de Guate-mala en España, el dirigente político demócrata cristiano Danilo Barillas, fue motivo para que este último sufriera un atentado en la ciudad de Guatemala que le costó la vida. El presidente Cerezo mismo sufrió dos intentos de golpe de Estado que fueron sofocados gracias a la oportuna y decisiva intervención de su ministro de la Defensa, el general Héctor Alejandro Gramajo.

68 Recurrir a las Naciones Unidas para la mediación en los conflictos armados y posteriormente garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz con misiones especiales es otra importante característica diferencial de los Acuerdos de Esquipulas, ya que, normalmente –dado el alinea-miento de los gobiernos centroamericanos con Washington, con excepción del de Nicaragua– habría cabido esperar que éstos acudieran a la OEA y no a las Naciones Unidas.

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pues era necesario esperar hasta que las elecciones de 1990 se llevaran a cabo. Con Jorge Serrano Elías como triunfador, dichas negociaciones pudieron comenzar el año siguiente (1991) pues, efectivamente, en abril de ese año, en la ciudad de Mé-xico, se firmaron los acuerdos llamados de “procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos” y del llamado Acuerdo Marco sobre democratización.69

Sin embargo, la caída del gobierno de Serrano Elías como consecuencia de su intento de auto-golpe de Estado en mayo de 1993 obligó al presidente sucesor, Ramiro de León Carpio (electo por el Congreso de la República) a dar una nueva orientación al proceso de paz. Al no poder continuar bajo la mediación de la Iglesia católica –que era vista con suspicacia por los militares debido al involucramiento de algunos eclesiásticos con la insurgencia–, se optó por pedirle a las Naciones Unidas su participación, de conformidad con el modelo que se había seguido en Nicaragua y en El Salvador con buenos resultados.70

Claro está, el contexto geopolítico post Guerra Fría caracterizó la situación mundial a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, amén de acontecimientos de gran envergadura como la Guerra del Golfo y la operación Desert Storm que, con la ayuda de las Naciones Unidas, Washington se vio obligado a organizar a fin de eliminar la amenaza que Saddam Hussein representaba para la estabilidad regional en el Oriente Medio. Estos cambios geopolíticos eran de tal naturaleza que también habían introducido modificaciones ostensibles en la política hacia los pequeños y poco importantes países centroamericanos.

Entonces, en el nuevo contexto geopolítico mundial de principios de los años noventa, era evidente que para la Casa Blanca no había ya ninguna amena-za proveniente de una Cuba desprovista del patrocinio de la desaparecida Unión Soviética, y tampoco se podían cifrar demasiadas esperanzas en una OEA des-prestigiada por su incapacidad de actuar en acontecimientos de gran importancia hemisférica, como lo habían sido la guerra de las Malvinas en 1982 (en la cual, a pesar de que Argentina invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recípro-ca –TIAR–, los estadounidenses se alinearon con Londres ignorando la posición latinoamericana), o las ya mencionadas invasiones de Granada y de Panamá –que tampoco pudo evitar la OEA. En fin, todo esto contribuyó a que Washington no se opusiera a la mediación de las Naciones Unidas solicitada por los centroamericanos

69 Los analistas políticos de la época señalan como un factor que jugó un papel no desdeñable en la mayor cantidad de votos obtenida por Serrano Elías el hecho de que éste haya sido el único candidato en pronunciarse de manera favorable a las negociaciones de paz con la URNG, lo cual indudablemente estuvo también relacionado con otro hecho importante: en su calidad de representante de los partidos políticos, Serrano Elías era miembro de la CNR y en tal capacidad asistió a la reunión de Oslo.

70 Fue así como el secretario general Boutros Boutros-Ghali decidió nombrar al francés Jean Ar-nault para actuar como “moderador” de las negociaciones de paz de Guatemala. Arnault se desempeñó de manera ejemplar en estas funciones hasta la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.

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y que finalmente aceptara la conveniencia de apoyar los procesos de paz de la re-gión, incluyendo el de Guatemala.71

La presencia de Jean Arnault, designado por el secretario general, dio un renovado impulso al proceso de paz que ya se había visto fortalecido por la con-tribución de países europeos y latinoamericanos que se constituyeron en “amigos” del proceso.72 Esto, junto con la elección de Álvaro Arzú a la Presidencia de la República en 1995 y la designación de Gustavo Porras en la Comisión de Paz, condujo en un solo año a la firma de varios acuerdos cuya culminación se había dificultado durante la gestión del presidente de León Carpio y de Héctor Rosada en la citada Comisión de Paz.73

Culminó así un proceso de paz lleno de vicisitudes y altibajos que se vio favorecido por el fin de la Guerra Fría y la transformación que sufrió el conflicto interno guatemalteco que de ser un conflicto ideológico en torno al tipo de sistema sociopolítico y económico pasó a ser un conflicto sobre gobernabilidad y democra-cia. Dicho en otras palabras, cuando el movimiento guerrillero de los años sesenta inició su lucha, los rebeldes se proponían la instauración del socialismo con un tipo de gobierno inspirado en el sistema soviético-cubano dentro del cual, como es bien conocido, la preocupación por las libertades políticas y por los derechos humanos no es precisamente una de sus características. No obstante, la caída del Muro de Berlín y el fin de los gobiernos llamados del “socialismo real” en Europa del Este y en la misma ex Unión Soviética facilitaron el cambio de perspectiva ideológica en los insurgentes de la URNG, quienes de ser revolucionarios se convirtieron al reformismo. No se trataba más de construir el socialismo en Guatemala, sino de realizar las reformas que eran necesarias para la plena vigencia de los derechos humanos –conculcados por los militares en sus campañas contrainsurgentes–, así

71 El 10 de enero de 1994 se firmó en la ciudad de México el Acuerdo Marco para la reanudación de las negociaciones entre la URNG y el Gobierno. En este Acuerdo, ambas partes decidieron pedir al secretario general de las Naciones Unidas la designación de un “moderador”, al mismo tiempo que se solicitaba a monseñor Rodolfo Quezada Toruño presidir la Asamblea de la Socie-dad Civil.

72 A petición de las partes, los gobiernos de Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela se constituyeron en “Países Amigos” del proceso de paz guatemalteco.

73 Ya que, en efecto, desde la firma del Acuerdo de Derechos Humanos (29 de marzo de 1994) más el de reasentamiento de la población desarraigada por el conflicto (refugiados) y el que se refiere a la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que se firmaron en Oslo en junio de ese mismo año, más el importante Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indí-genas que se suscribió en México el 31 de marzo de 1995, no había culminado la negociación de los otros importantes temas que quedaron pendientes durante los últimos ocho meses de la administración de Ramiro de León Carpio. En cambio, durante el primer año de gobierno de la administración de Álvaro Arzú se logró terminar la negociación del Acuerdo Socio-Económico y Agrario (firmado en México el 6 de mayo de 1996), el de Fortalecimiento del Poder Civil y Papel del Ejército en una Sociedad Democrática (suscrito el 19 de septiembre, también en México), mientras que en los países nórdicos se firmaron el de Cese de Fuego (4 de diciembre de 1996, en Oslo) y otro acuerdo sobre reformas constitucionales y electorales (7 de diciembre, en Estocolmo), para finalizar con el acuerdo para la incorporación de la URNG a la vida legal que se suscribió el 12 de diciembre en Madrid. Lo anterior condujo a la suscripción final del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en la ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996.

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como de consolidar la democracia y el Estado de derecho de modo tal que el Ejér-cito quedase efectivamente bajo el control de autoridades civiles electas gracias a la participación de los ciudadanos en comicios regulares y periódicos.74

Los insurgentes modificaron entonces sus convicciones ideológicas marxis-tas revolucionarias75 y de alguna manera puede decirse que se “reconvirtieron” a la causa de la democracia y de los derechos humanos. Por consiguiente, la nego-ciación que al principio de los procesos de paz en los años ochenta se consideraba como una mera maniobra táctica de los insurgentes se transformó en un verdadero “objetivo estratégico”. Entre los temas objeto de las tratativas, los derechos huma-nos, para citar un ejemplo concreto, se volvieron un asunto crucial para la seguri-dad de los propios guerrilleros que, al final de las mismas, deberían abandonar las armas, desmovilizarse y transformarse en un partido político dispuesto a participar en los procesos electorales. No en vano la cuestión de los derechos humanos fue una de las que más tiempo y dificultades presentó, al extremo de que algunos en temas demasiado sensibles para la parte gubernamental no fue posible hacerla ce-der terreno, como sucedió con la aplicación en el país del derecho internacional humanitario.76

Para llevar a buen término todo el proceso, era evidente que la participación misma de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional (los “países ami-gos”) era también fundamental para garantizar que los antiguos combatientes no iban a ser víctimas de persecución o represalias una vez desmovilizados. De allí la insistencia de la URNG en la presencia de las Naciones Unidas primero como me-diadora (“moderadora”) y posteriormente como garante del cumplimiento de los

74 No olvidemos que durante el largo período que también ha sido llamado –por algunos académi-cos– de “militarización del Estado” las elecciones fueron muchas veces objeto de fraude con el fin de favorecer a los candidatos militares designados por el alto mando de la institución castren-se. De allí la importancia del establecimiento del Tribunal Supremo Electoral que garantizó la limpieza de las elecciones a partir del retorno a la democracia, con la elección del democristiano Vinicio Cerezo en los comicios celebrados en 1985.

75 En un primer momento del movimiento revolucionario es posible que ideológicamente se haya pensado en replicar el llamado “modelo” soviético-cubano. Posteriormente, las cuestiones ideo-lógicas (el marxismo) perdieron fuerza pero, en todo caso, es indudable que el “modelo revo-lucionario” ya estaba abandonado cuando se aceptó negociar reformas al capitalismo agrario exportador en lo económico, así como a la institucionalidad estatal y a la legislación en el plano político. Por otra parte, sería interesante tratar de explicar hasta qué punto las convicciones íntimas de los dirigentes de la URNG, como consecuencia de lo ocurrido en la Unión Soviética y países del este europeo conllevaron el abandono (o no) del marxismo como ideología que sustentaba la acción política. Pero ésa es una problemática que no estamos en condiciones de abordar en este trabajo.

76 En el Acuerdo de Derechos Humanos firmado en marzo de 1994 en la ciudad de México se evita cuidadosamente, por ejemplo, llamar al conflicto armado interno como tal, escogiéndose la denominación de “enfrentamiento armado interno” con el fin de eludir la aplicación del ar-tículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, de los cuales Guatemala es parte, al igual que del Protocolo Adicional de 1977 que se refiere a los conflictos internos. El Gobierno alegaba que ello supondría el reconocimiento del estado de beligerancia de los insurgentes, aunque más que la cuestión jurídica formal, lo que estaba en juego en realidad era el tratamiento que debía darse a los guerrilleros capturados por el Ejército, que se negaba rotundamente a considerarlos prisioneros de guerra.

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acuerdos, lo que llevó al establecimiento y presencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) por una década. Pero también la reconversión a la democracia de los insurgentes fue decisiva para el éxito del proceso de paz, ya que obviamente la estructura en sí del sistema económico y po-lítico no era negociable y, como hemos visto, en todo esto jugó un papel decisivo la caída del comunismo y la pérdida del atractivo ideológico que los países del llamado socialismo real despertaron alguna vez en América Latina.77

Por otra parte, y retornando al ámbito de la política exterior, un efecto posi-tivo del proceso de paz se puede encontrar en el hecho de que, de la misma manera que la cuestión del respeto a los derechos humanos se hizo de importancia estraté-gica para los grupos insurgentes (pues al desmovilizarse necesitaban garantías de no ser perseguidos por razones políticas), para el Estado fue igualmente estratégico convencer a la comunidad internacional de que el retorno a la democracia también significaba el pleno respeto a los derechos humanos. Esto contribuyó a que se es-tableciera una política de Estado en materia externa que implicaba desde la autori-zación para la visita regular de los relatores enviados por la Comisión de Derechos Humanos con sede en Ginebra78 hasta la creación de nuevas instituciones, como la Procuraduría de Derechos Humanos o la Comisión Presidencial de Derechos Hu-manos (COPREDEH), pasando por el alineamiento de nuestra política multilateral en las Naciones Unidas con la de aquellos países democráticos y respetuosos de los derechos humanos.79

¿una Paz FirMe y duradera?

El análisis del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996 y de las funciones desempeñadas por las Naciones Unidas (MINUGUA) para verificar que los com-promisos asumidos por las partes se respetaran escapa de los propósitos de este trabajo, así que nos vamos a circunscribir, brevemente, a un enfoque en términos muy generales de lo que ha sido la pequeña historia de finales de los años noventa y la primera década del nuevo siglo.

77 Con la curiosa excepción de Venezuela que inicia su proyecto de revolución “bolivariana” y de “socialismo del siglo XXI” justamente en la primera década del nuevo siglo.

78 Como ya mencionamos, Guatemala tuvo cuatro relatores enviados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Colville de Culross del Reino Unido, Héctor Gros Espiell de Uruguay, Christian Tomuschat de Alemania y Mónica Pinto de Argentina.

79 Naturalmente, la política externa no era el fiel reflejo de la política interna, de modo que –des-graciadamente– hubo todavía innumerables violaciones a los derechos humanos que lamentar durante el período que va desde el primer gobierno civil de Vinicio Cerezo (1986-1990) hasta la administración de Álvaro Arzú, que firmó la paz en 1996, pero que dos años después su propio Estado Mayor Presidencial se vio involucrado en el monstruoso y execrable crimen de monse-ñor Juan José Gerardi Conedera.

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Johan Galtung, el gran teórico de la investigación para la paz, fundador del famoso e internacional Peace Research Institute de Oslo (PRIO) y de la presti-giada revista que se ocupa de estos temas (el Journal of Peace Research), suele recordar en sus escritos que la paz no es sólo la ausencia de la guerra (la paz ne-gativa) sino que, sobre todo, ésta debe entenderse como una situación de bienestar en la cual el ser humano es capaz de realizar plenamente sus potencialidades. Todo obstáculo o valladar que se oponga a esto, sea proveniente de la estructura social y política, sea de la ausencia de trabajo o de oportunidades económicas, ejerce una suerte de violencia estructural que, al impedir que las personas obtengan la plena satisfacción de sus necesidades, provoca frustraciones y conduce fácilmente a la violencia, que se suele expresar como violencia interpersonal, de índole criminal en la mayor parte de los casos.80

Pues bien, ésta parece ser exactamente la situación que viene padeciendo Guatemala en los últimos tiempos, ya que a pesar de haber logrado terminar el conflicto violento con una insurgencia de signo ideológico marxista, herencia –como hemos visto– de la intervención estadounidense contra el presidente Jacobo Arbenz en 1954, la simple paz “negativa” que esto supone no nos ha permitido, todavía, alcanzar la paz “positiva” que requiere del desarrollo tanto económico como social y humano, así como de la plena consolidación de la democracia y del Estado de derecho, entre otras cosas, para poder hacerse presente.

Es cierto que no tenemos una paz firme y duradera –como se buscaba con los acuerdos de 1996–, en parte debido a que dichos acuerdos no se han cumplido a cabalidad. Hasta ahora no ha sido posible una reforma fiscal que ponga a dispo-sición del Estado mayores recursos para implementar políticas sociales capaces de incidir significativamente en la reducción de la pobreza. Aunque se estableció una nueva Policía Nacional Civil, conforme a lo establecido por los Acuerdos de Paz, la nueva institución no está a la altura de las circunstancias, de manera que el com-bate al crimen organizado y a la delincuencia común no ha sido efectivo. Tampoco se ha logrado que el sistema de justicia termine con el reino de la impunidad, cuyas raíces se hunden en la época del conflicto armado.

Así que el hecho de no cumplir a cabalidad con los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz es uno de los factores que explican, en parte, la proble-mática guatemalteca del presente. Pero también hay que añadir que el contexto internacional cargado con nuevas y ominosas amenazas –como las del terrorismo proveniente de grupos fundamentalistas islámicos o la infiltración del crimen or-ganizado transnacional en el Estado –es algo que también incide en el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país.

Sin embargo, aunque conviene mantenerse en guardia frente a las amenazas potenciales provenientes del terrorismo internacional, la cuestión del narcotráfico no es ninguna amenaza potencial. Más bien constituye el punto medular de la

80 Al respecto, puede consultarse Galtung, 1975-1988.

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situación actual de inseguridad ciudadana que en buena medida está siendo deter-minada por el hecho de que un buen número de funcionarios estatales –vía corrup-ción– se encuentran al servicio de estas organizaciones criminales, pero también porque las cárceles son inoperantes para evitar que los reos dirijan desde allí sus actividades criminales. y muchos de estos fenómenos no sólo ocurren en los paí-ses productores o de tránsito sino en los propios países consumidores, lo que hace mucho más difícil el combate de tales expresiones de delincuencia transnacional organizada.

Vislumbramos en esto, entonces, una nueva problemática para definir una política exterior que debería dirigirse hacia la concertación multilateral de posicio-nes que sean susceptibles de ser planteadas por grupos de países (como los latinoa-mericanos) de tal modo que los países ricos, principales consumidores de la droga, modifiquen sus políticas actuales, basadas en la represión a ultranza, y comiencen a aplicar políticas que consideren el consumo de drogas como un problema de salud pública, principalmente, y sólo secundariamente (el tráfico o la producción ilegal) como un problema de carácter penal.81

81 Son notables en ese sentido los pésimos augurios de un ex subsecretario de Defensa estadouni-dense, Roger Pardo-Maurer, quien en entrevista para elPeriódico (4 de julio de 2010) dijo que si en México se combate de manera más eficaz a los traficantes “el monstruo viene para Guatemala y la situación aquí se va a poner mucho peor”. Sin embargo, en la misma entrevista Pardo-Maurer admite que la despenalización de la marihuana “puede ser una estrategia efectiva” y se pregunta si “empujar esa droga a la ilegalidad no está siendo contraproducente”. Siendo obvio que empujar cualquier droga a la ilegalidad es contraproducente (como pasó en Estados Unidos durante la vigencia de la “ley seca” que prohibió el alcohol desde 1920 hasta 1936) entonces, a no ser que Estados Unidos cambie su política en relación con las drogas, el crimen organizado continuará incrementando su poder en todo el mundo. Así que entonces habría que preguntarse: ¿Hasta cuándo Estados Unidos va a persistir en mantener una política equivocada que provoca un auge de la criminalidad no sólo en América Latina sino también en su propio territorio? O planteado en otros términos: si no se ha logrado disminuir el número de adictos –ya que, por el contrario, el consumo sigue en aumento–, ¿no es más importante acabar con la criminalidad legalizando la droga y suministrándola a los adictos –bajo control del Estado– en programas de salud pública que busquen su rehabilitación? ¿No es más conveniente asignar mayores sumas de dinero público a los programas de divulgación y de prevención –similares a los que ya se hacen para disminuir el consumo del tabaco– frente a los montos escandalosos que actualmente se derrochan en “la guerra contra el narcotráfico” sin que hayan avances significativos? ¿No le conviene al Gobierno estadounidense invertir más fondos en programas de salud mental desti-nados a curar y disminuir las psicopatías mentales que son la causa real del desmedido consumo de drogas de todo tipo por un número cada vez mayor de ciudadanos? ¿No es acaso la salud mental de la población lo que realmente está en juego? En una entrevista del diario peruano La República (4 de agosto de 2010), el ex canciller mexicano Jorge Castañeda se manifiesta por este cambio de estrategia (legalización), al igual que el ex presidente Vicente Fox (El Mercurio, 10 de agosto del 2010). El mismo cambio de estrategia demanda la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (creada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto zedillo e integrada por diecisiete personalidades independientes), la cual en febrero del 2009 evaluó los límites y efectos indeseables de las políticas represivas de la “guerra contra las drogas” aplicadas en América Latina, proponiendo un cambio de paradigma apoyado en tres grandes directrices: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión en el crimen organizado. La Comisión propone realizar un debate latinoamericano a fin de “evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal”, agregando

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Sostenemos que, mientras esta concertación multilateral de la política exte-rior destinada a abordar de manera seria y sin prejuicios el problema del crimen organizado transnacional no se logre, mientras no sea posible formular objetivos propios en esa dirección, tanto centroamericanos como continentales seguiremos padeciendo no sólo de la inseguridad que nos agobia sino, lo que es peor, de esa ca-tastrófica problemática debido a la cual las víctimas del conflicto armado parecen pocas comparadas con las de una violencia criminal que no sólo está impidiendo la paz firme y duradera que pedían los acuerdos de 1996, sino que podría estar conduciendo a Guatemala hacia las mismas dramáticas condiciones que se han vivido en países como Colombia (y que se viven actualmente en México) y esto a pesar del buen trabajo desempeñado por la CICIG, fructífera herencia de nuestra relación con las Naciones Unidas desde la época del proceso de paz.

belice: el rePlanteaMiento de la reclaMación territorial

Otro de los temas fundamentales de nuestra política exterior desde nuestro naci-miento como Estado independiente, como ya lo hemos mencionado, es el que con-cierne a la legendaria reclamación territorial de Belice, talvez sólo comparable con la no menos irredenta reclamación argentina sobre las islas Malvinas. Aunque un tratamiento detenido escapa de los límites de este trabajo, conviene mencionar los últimos acontecimientos en relación con este asunto, entre otras razones porque, a nuestro juicio, constituye un mérito indudable del canciller Eduardo Stein el haber replanteado de manera clara la naturaleza de la reclamación territorial.

En efecto, antes hemos visto cómo la ausencia de una estrategia en nuestras relaciones internacionales perjudicó de manera sumamente grave la justa reclama-ción guatemalteca, al extremo de que con la declaración de independencia de la Gran Bretaña hecha por Belice en 1981, al ser reconocida por las Naciones Unidas, Guatemala no sólo quedó aislada en su posición sino que todo parecía indicar el fracaso de tal reivindicación; especialmente si agregamos que en 1991 el gobierno del presidente Jorge Serrano Elías otorgó el reconocimiento diplomático y envió un embajador a Belmopan sin que Belice concediera nada a cambio del gesto gua-temalteco.82

que “romper el silencio y quebrar los tabúes que bloquean la apertura de un amplio debate sobre el problema de las drogas es la precondición para que cada país pueda encontrar soluciones innovadoras, adecuadas a su historia y su cultura” (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia ). Además, el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en entrevista (“La guerra contra las drogas no funciona. Hay que cambiar la receta” en El País, 13 de julio del 2010) junto con los ex presidentes Ernesto zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) sostienen la Declaración de Viena que exige poner fin a la actual estrategia prohibicionista que está causando estragos sociales y fomentando la epidemia del sida. Al respecto, véase <www.drogasydemocracia.org>.

82 Recordemos que esta acción del ex presidente Serrano Elías fue uno de los factores que des-encadenó el “autogolpe” de mayo de 1993, pues una acción judicial buscaba su desafuero por violación de la Constitución, la cual manda que cualquier arreglo definitivo de la controversia

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Sin embargo, en 1994, gracias a la gestión de la canciller Maritza Ruiz de Vielman se reconstituyó el Consejo de Belice y en 1997, durante la gestión del canciller Eduardo Stein, se estableció la Comisión de Belice.83 Dicha Comisión estuvo en capacidad de otorgar la asesoría indispensable para que el 19 de octubre de 1999 en una carta dirigida al canciller y primer ministro beliceño, Saíd Musa, Guatemala replanteara la reclamación territorial de la siguiente manera:

“La independencia de Belice y su derecho a la libre determinación no le dan “per se” ningún título, ya que de otra manera sería reconocer lisa y llanamente un des-pojo. No puede soslayarse que en lo referente a la secular controversia sostenida por Guatemala en relación a Belice el territorio ocupado actualmente por Belice se podría dividir en dos áreas:

1. La primera parte consiste en el área concedida en usufructo a Gran Bretaña por España mediante los tratados de 1783 y 1786, del río Hondo al río Sibún, en la época que Guatemala constituía, con las demás provincias centroamericanas, la Capitanía General de Guatemala, dependiente de España; usufructo que conti-nuó, a nuestro entender, indebidamente, después de la Independencia de Centro América y más tarde de la República de Guatemala.

2. La otra parte, consiste en el área del río Sibún al río Sarstún, territorio usurpado y que fue ocupado paulatinamente ya en el período post-independiente de Centro América y de Guatemala, no obstante las protestas repetidas de las autoridades guatemaltecas. Esta área correspondía a la Provincia de la Verapaz y su acceso al mar le garantizaba su futuro desarrollo económico.

La situación creada por la Asamblea General de Naciones Unidas, con la contra-posición de dos principios opuestos: por un lado, la reclamación guatemalteca que sostenía que todo el territorio ocupado por Belice le pertenecía, y por otro, la inde-pendencia de Belice aunque dejando a salvo la reclamación guatemalteca, obliga a Guatemala a un nuevo planteamiento en la forma siguiente:

1. Que el área comprendida por la ocupación de Belice del río Hondo al río Sibún, que se halla dentro del usufructo concedido por España, obedece a razones jurí-dicas distintas del área del río Sibún al río Sarstún. Sobre dicha área Guatemala tiene derechos que hacer valer, pero, por haberse constituido en la misma con otro fundamento jurídico la población de Belice, le ha sido reconocido por Gua-temala el derecho a la libre determinación, sin perjuicio de que en su oportunidad mi Gobierno pueda plantear la acción que corresponda.

2. Que sobre el área comprendida del río Sibún al río Sarstún, Guatemala reclama derechos de soberanía, por haber sido parte integrante de la Provincia de la Ve-rapaz.

de Belice sea sometida a consulta popular. El intento de golpe de Estado fracasó y Serrano Elías salió al exilio, pero –de nuevo– la reclamación guatemalteca se vio perjudicada.

83 En ella han trabajado expertos en derecho internacional como los doctores Alberto Herrarte y el recientemente fallecido Francisco Villagrán Kramer, además de conocidos juristas como Rubén Contreras, Rolando Palomo y Alfonso Orellana Portillo.

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3. Que, asimismo, Guatemala reclama las islas adyacentes, que salvo el Cayo de San Jorge, no formaron parte de los tratados de usufructo de 1783 y 1786 y más bien fueron excluidos expresamente.

Esclarecida así la posición de Guatemala, mi Gobierno desde un principio, in-siste en que la controversia tiene un carácter eminentemente jurídico y que el Derecho Internacional establece los medios para esta clase de soluciones […]

[...] 4. El Gobierno de Guatemala manifiesta su buena voluntad en el arreglo pacífico de esta controversia que […] deberá ser resuelta por los medios que para esta clase de asuntos señala el artículo 36 de la Carta de la ONU y el artículo 26 de la Carta de la OEA.

En consecuencia, el Gobierno de Guatemala propone formalmente al Gobierno de Belice que este asunto sea sometido, ya sea a un arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia. En ambas modalidades podrían los dos gobiernos plantear de común acuerdo el asunto a dirimir en su caso. […]”.84

Desafortunadamente, a pesar de la claridad del planteamiento guatemalteco hecho por el canciller Stein, el gobierno posterior –de Alfonso Portillo–, en lugar de atenerse a la propuesta de que ambos estados de común acuerdo acudieran a una instancia jurídica internacional, aceptó la idea de recurrir a un procedimien-to conciliatorio apelando a “conciliadores” propuestos por la OEA. Esta decisión sólo retrasó considerablemente el caso –además del oneroso costo que significó el pago de las personalidades que actuaron en tal carácter– y no llevó a ningún re-sultado positivo, pues las recomendaciones de los conciliadores se rechazaron en agosto del 2003.85 Posteriormente se firmó con Belice (7 de septiembre de 2005) un “Acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de fomento a la confian-za” que, por lo menos y según se dice, tuvo la virtud de identificar las posiciones con una mayor claridad, pero que, como de nuevo se insistía en un “esfuerzo de avenimiento para alcanzar una solución ecuánime”, sencillamente no era posible negociar cuando la naturaleza del asunto es “eminentemente jurídica”, como lo sostuvo el canciller Stein desde 1999. Dicho esfuerzo constituyó otra lamentable pérdida de tiempo.

84 El texto completo de la carta del canciller Stein al canciller Musa puede ser consultado en la do-cumentación de la Comisión de Belice, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

85 La Cancillería guatemalteca justificó en su momento el llamado “proceso de conciliación” sobre la base de que era necesario “agotar los medios políticos” para la solución de la controversia. Sin embargo, es difícil comprender la referencia a “medios políticos”, cuando en la nota del canciller Stein de 1999 se dice clara y reiteradamente que el diferendo es “eminentemente jurí-dico” y de allí se deduce la propuesta de resolverlo llevando el caso a la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal arbitral. Guatemala rechazó las propuestas de los conciliadores en una nota de fecha 25 de agosto de 2003 debido a que sus recomendaciones “conllevaban renuncia a los derechos de la nación y no podían conceptuarse como una transacción debido a la ausencia de concesiones recíprocas de las partes”, tachándolas además de no ser equitativas y lesionar el orden jurídico constitucional.

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Así las cosas, recientemente la Cancillería logró reorientar la negociación de manera correcta hacia la firma del Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, suscrito en Washington el 8 de diciembre de 2008. En dicho Acuerdo, ambas partes, “deseando poner fin a cualquier y toda diferencia con relación a sus respectivos territorios continentales, insulares y sus áreas marí-timas” y teniendo presente la recomendación del secretario general de la OEA de fecha 19 de noviembre de 2007 se comprometen a “someter a la Corte la disputa descrita en el artículo 2 de este Acuerdo Especial”, artículo que textualmente dice lo siguiente:86

“Las Partes solicitan a la Corte Internacional de Justicia que determine, de confor-midad con las reglas aplicables del derecho internacional según se especifican en el artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Gua-temala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas Partes en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas.”

De manera que, por fin, el tema de Belice, en tanto que política exterior de Estado, parece correctamente encaminado. Sabemos que con fecha 6 de febrero de 2009 la Presidencia de la República remitió el mencionado Acuerdo Especial con Belice al Congreso de la República para que éste a su vez aprobara someterlo a consideración de la ciudadanía por medio de una consulta popular (referéndum). Dicha consulta debía ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral y debe-ría celebrarse simultáneamente, por cierto, tanto en Guatemala como en Belice conforme a lo estipulado en el artículo 7 del Acuerdo, sometiendo a consulta la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guate-mala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Inter-nacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las Partes?”.

No vacilamos en calificar de histórica la suscripción de dicho Acuerdo Espe-cial porque ésta es la única manera apropiada de poner fin a la añeja reclamación. Asimismo, es muy positivo que finalmente ambos Estados se hayan puesto de acuerdo para que la solución de la controversia sea mediante los procedimientos previstos por el derecho internacional y por las Naciones Unidas, cuya asistencia ha sido siempre de gran valor para Guatemala. Cualquiera sea la decisión final que pronuncie la Corte de La Haya, nuestro país sólo puede esperar una nueva y positiva situación como resultado de la misma. Independientemente de que esto

86 Dicho Acuerdo fue firmado por los cancilleres Haroldo Rodas Melgar por Guatemala y Wilfred Elrington por Belice. Como testigo de honor firmó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. El artículo 9 del Acuerdo estipula que el mismo deberá registrarse ante la Secretaría General de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 102 de la Carta de la ONU y que también deberá ponerse en conocimiento de la OEA.

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se produjera como consecuencia del reconocimiento de nuestros derechos o que más bien se llegara a consagrar el statu quo, la solución del litigio abriría, de todas maneras, una nueva era en las relaciones de cooperación y amistad con un vecino importante, no sólo por ser miembro del proceso de integración centroamericana sino porque, al pertenecer también a la comunidad caribeña, ayudaría considera-blemente a la apertura de esa subregión insular a nuestras relaciones de toda índo-le, incluyendo las económicas, comerciales, políticas y culturales.

concluSioneS

Como vimos a lo largo de este trabajo, la problemática de las relaciones internacio-nales de Guatemala en el contexto geopolítico propio del período histórico 1954-1996 estuvo determinada por los acontecimientos que llevaron a la intervención estadounidense que puso fin al gobierno democrático del presidente Jacobo Arbenz en julio de 1954. Esto, a su vez, condujo al conflicto armado iniciado en 1960 que culminó con los Acuerdos de Paz de 1996. Así que, parafraseando nuestras propias conclusiones en otra investigación relativamente reciente,87 podemos decir que –en retrospectiva histórica– el caso guatemalteco es un ejemplo claro no sólo de la incapacidad de una gran potencia para manejar las relaciones con un pequeño país de su periferia de manera apropiada sino que además pone en evidencia las fallas de los servicios de inteligencia estadounidense en cuanto al análisis y comprensión de los complejos procesos sociopolíticos subyacentes en las medidas de reforma y modernización que había emprendido Arbenz en Guatemala, las cuales no sólo no eran ninguna amenaza contra Estados Unidos sino que hubiesen sido la mejor manera de consolidar el proceso de democratización y desarrollo iniciado en 1944.

Además, la intervención estadounidense de 1954 demostró también que el uso del enfoque geopolítico mundial de la bipolaridad para analizar situaciones concretas en países que no tenían nada que ver con el contendiente estratégico (la Unión Soviética) fue desastroso. Una de las razones es que –supuestamente– para evitar que Guatemala “cayera en manos del comunismo” se dio origen a un conflicto armado de más de treinta años de duración que provocó la muerte de cerca de un cuarto de millón de ciudadanos, sin mencionar la quiebra del sis-tema legal e institucional que todavía mantiene al país en un estado de suma fragilidad. La situación es tal que nos hemos visto obligados a recurrir –de nuevo– a las Naciones Unidas para que nos auxilie con el establecimiento de una comisión

87 Se trata de un trabajo acerca de los sistemas de alerta temprana en la prevención de conflictos en el ámbito mundial en el cual participaron varios centros de investigación entre 1993 y 1995 (Conflict Early Warning Systems, CEWS). Fue patrocinado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales de la UNESCO (International Social Sciences Council (ISSC)) bajo la direc-ción de los distinguidos académicos Hayward Alker, Ted Robert Gurr y Kumar Rupesinghe. Al respecto, cf. Padilla, 2001: 56-78.

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para combatir la impunidad, lo cual no sólo pone en evidencia las deficiencias es-tructurales del sistema de administración de justicia (organismo judicial y fiscalía incluidos) sino la lamentable herencia de los años en los cuales se consideraba –de manera errónea– que para combatir mejor a los insurgentes era conveniente que el Estado prescindiera de las ataduras propias del imperio de la ley, de los derechos humanos y del derecho humanitario.88

Por otra parte, en relación con la subregión, como también señalamos en el estudio mencionado, cualquiera hubiese podido imaginar que Estados Unidos había aprendido su lección y no volvería a repetir los errores de 1954 en Guate-mala. Sin embargo, en la década de 1980 la política del roll back y de las “guerras de baja intensidad” aplicada por la administración Reagan estaba recurriendo –de nuevo– a la política del gran garrote para resolver conflictos que, por el contrario, necesitaban del enfoque –que se reveló exitoso y fructífero– de la mediación y negociación –preconizado por el Grupo Contadora– como la fórmula adecuada para solucionar las desavenencias de los países centroamericanos cuya naturaleza era mucho más sociopolítica que ideológica, en lugar de aplicar la opción militar promovida por Washington.

Entonces, como subrayamos en nuestro ya citado trabajo de principios de los años noventa:

“Debido a esto, al mismo tiempo que podemos decir que analizada en su conjunto la política exterior norteamericana en la década de los ochenta es un claro ejemplo de fracaso, también podemos concluir que la decisión soberana de los cinco países centroamericanos de iniciar un serio esfuerzo de negociaciones de paz (“peace ma-king”) con el apoyo de Naciones Unidas –gracias al Acuerdo de Paz de Guatemala firmado en 1987– es un interesante caso exitoso en resolución de conflictos […] debido principalmente a que los acuerdos de paz son el resultado de un único e innovador proceso de negociación sobre todo en los casos de El Salvador y de Gua-temala como hemos explicado en este capítulo”.89

Así que nos parece pertinente concluir que no todo es sombra en nuestra historia, también hay luces, ya que el proceso de Esquipulas es consecuencia de la acertada política exterior del presidente Vinicio Cerezo –la llamada neutralidad activa–, la cual a su vez –justo también es recordarlo– tiene sus orígenes en la correcta política de neutralidad frente al conflicto entre Managua y Washington que había sido iniciada por el canciller Andrade Díaz-Durán desde los años 1983 y 1984.

También podríamos decir –en este mismo orden de ideas– que los procesos de paz centroamericanos son un buen ejemplo de la eficacia del enfoque de resolu-ción de conflictos previsto por el capítulo sexto de la Carta de las Naciones Unidas o, dicho en otras palabras, del paradigma wilsoniano idealista que se contrapone

88 Al mencionar el derecho internacional humanitario nos referimos concretamente a las cuatro Convenciones de Ginebra del año 1949 y a sus protocolos adicionales de 1977.

89 Padilla, 2001: 72-73 (traducción libre).

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al paradigma realista clásico propio de la política del poder de pensadores como Hans Morgenthau y George Kennan que suele ser el tipo de pensamiento que guía la estrategia estadounidense en su política exterior.90

Por ello, en su oportunidad91 afirmamos que el “relativamente nuevo” fe-nómeno de intervención de las Naciones Unidas en conflictos internos como me-diadora a petición de las partes se estaba manifestando como sumamente útil y provechoso. Por consiguiente, tanto la negociación (peace making) como la cons-trucción de la paz (peace building), es decir, garantizar la paz mediante la demo-cratización y el desarrollo, debería promoverse como una de las principales tareas de la organización mundial cuando ésta se encuentra llamada a involucrarse en la solución de conflictos armados internos.

Obviamente, la coyuntura histórica también jugó un papel en estos felices desenlaces, ya que el fin de la Guerra Fría (promovido por la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética) tuvo mucho que ver en el abandono de la política guerrerista de Washington, quien a su vez tuvo mucho que agrade-cerle a la ONU después del auxilio que ésta le prestó para terminar con la aventura de Saddam Hussein en Kuwait. Tampoco debemos olvidar que la conversión a la socialdemocracia del FMLN y de la URGN es otro factor que contribuyó al buen término de las negociaciones. Pero sobre todo deseamos insistir en que el papel de las Naciones Unidas en Centroamérica –a petición gubernamental, por lo cual en lugar de reducción hay un fortalecimiento de la soberanía– tanto en el campo de la mediación como posteriormente en el de la construcción de la paz ha sido suma-mente positivo y eso, desde nuestro punto de vista, demuestra que el multilatera-lismo en las relaciones internacionales está llamado a incrementarse y reforzarse y debe continuar orientando y constituyendo, por lo tanto, una de las columnas estratégicas de nuestras relaciones internacionales.

A fines de la década de 1990 y con posterioridad a la firma de la paz en di-ciembre de 1996 (hecho que debe colocarse entre los logros de la administración del presidente Álvaro Arzú) habría que agregar como hechos positivos el resta-blecimiento de relaciones con Cuba resultado de la buena gestión del canciller Eduardo Stein, al igual que el ya mencionado replanteamiento de la reclamación territorial de Guatemala sobre Belice en octubre de 1999, que puso las bases para el compromiso firmado por el canciller Haroldo Rodas a fin de que ambos Estados lleven el caso a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

En síntesis, no todo es negativo en este recuento de la historia de Guate-mala en la segunda mitad del siglo XX, también hay logros. Entre ellos podemos mencionar: el fin de la confrontación armada; el convencimiento de que el respeto de los derechos humanos es algo consubstancial a la democracia y que su fortale-cimiento permanente debe ser una política de Estado; la convicción de que entre

90 La naturaleza de estos paradigmas de las relaciones internacionales puede examinarse con más detenimiento en Padilla, 2009.

91 Alker, Gurr y Rupesinghe, 2001.

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las políticas de Estado debe situarse también el énfasis en el multilateralismo no sólo porque la presencia de las Naciones Unidas en nuestro país ha dado muestras suficientes de su utilidad tanto en el campo del desarrollo sostenible y humano como en el fortalecimiento de nuestras instituciones sino porque constituye la me-jor manera de defendernos frente a cualquier intento de hegemonía imperial; y, finalmente, la convicción de que el proceso de integración centroamericana debe continuar siendo otra de las políticas medulares del Estado.

Para continuar trabajando en esa dirección se requiere, sin embargo, de una Cancillería moderna y profesional capaz de planificar la política exterior como se hace en otras latitudes. Hacemos votos por que esto se haga realidad en un futuro que, esperamos, no se encuentre muy lejano.

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caPítulo xxla eSPeranza entre SoMbraS, el ProceSo de

Solución Política al conFlicto arMado

MiGuel ánGel reyeS illeScaS*

* Miguel Ángel Reyes Illescas. Guatemalteco. Doctor en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, estudios de doctorado en sociología y de maestría en ciencia política en Alemania en las universidades de Bielefeld y Freiburg respectivamente, postgrados en Chile, Guatemala y México, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha publicado diversos libros y artículos. Consultor e investigador independiente. Fue Subsecretario de las Secretarías de la Paz y de Análisis Estratégico. Signatario de los Acuerdos de Paz.

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acercaMiento concePtual

Escribo como cientista político y administrativo y como militante voluntario y participante en el proceso que condujo a la solución política del conflicto armado y después de él.1 Este trabajo constituye una breve y rápida investi-

gación de orientación cualitativa, otorga atención particular al testimonio personal (al del autor inclusive) y a la interpretación de hechos, algunos de ellos desconoci-dos. Trata de evitar repeticiones e interpretaciones ya publicadas e intenta dar re-lieve al entretejido de afanes atrás del escenario. Como fuentes principales, utiliza informes analíticos y sistemáticos escritos en los últimos años por participantes directos que informan de sus experiencias personales, incluyendo las del autor; además, agrega cuatro entrevistas puntuales. En razonable medida, estos informes resaltan la importancia de las relaciones informales en el proceso, las que final-mente fueron definitorias en el origen, transcurso y firmas finales de los acuerdos.

No utilizo un marco operativo particular que busque el contraste de una teoría o hipótesis. Me dejo llevar, como orientación y sustrato teórico, por las pro-posiciones y tesis de Leszek Kolakowsky (1968) y Atilio Borón et al. (2006) que relacionan la acción política práctica con el conocimiento y el proceso histórico. Encuentro orientadoras las proposiciones filosóficas del primero sobre conciencia y progreso social, historia y esperanza, sobre la relación entre necesidad social y sentimiento social de justicia, entre la tensión que se produce en el conflicto del “deber” con las posibilidades que opone y abre la “existencia” concreta en todas

1 Ingresé a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en los meses siguientes al terremoto de 1976. En mi célula de militancia original, la principal tarea era promover la organización de “masas” del campesinado indígena y mestizo a partir de sus propias demandas. Desde mi época de estudiante universitario en los años sesenta, tenía experiencia en tareas de asesoramiento a cooperativas, grupos de autoayuda, ligas campesinas socialcristianas y de elaboración y ejecución de pro-yectos de formación; además, los postgrados me habían permitido profundizar en la temática agraria, indígena y campesina. Después de cinco años, fui trasladado al “campo” internacional, donde trabajé como representante político de las FAR y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y como uno de los dos asesores en las conversaciones en la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno, hasta mayo de 1996, cuando presenté mi renun-cia que hice pública. Posteriormente fui subsecretario de la Paz y de la Secretaría de Análisis Estratégico, ambas estrechamente relacionadas con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

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sus manifestaciones. Atención recibe su tesis que sostiene que no hay teoría ni presión exterior que exima y que invalide que la decisión político-práctica siempre tiene una referencia personal a valores como un acto de ética política (Kolakowski, 1968: 154-156).

Del estudio que coordinó Borón, son motivadoras las proposiciones de Eduardo Grüner sobre la praxis del conocimiento (2006: 105-149); las ideas y la acción política en el cambio histórico de Perry Anderson (Ibid.: 379-395); la lectu-ra más atenta de la afirmación de que la religión es el opio del pueblo de Michael Lowy (Ibid.: 281-297); y una respuesta inmediata a la pregunta ¿Un futuro para el socialismo? de Terry Eagleton (Ibid.: 463-472). En términos muy coloquiales, de las proposiciones derivadas de los autores mencionados, este trabajo explora las relaciones entre las prácticas políticas y determinadas formas de subjetividad y co-nocimiento, en un número de sus actores, para la construcción de la salida política al conflicto armado.

El proceso de paz ha sido estudiado y comentado lo suficiente, menos en una perspectiva y aporte de mediana duración. Los estudios, con alguna valiosa excepción, han puesto poco énfasis en la influencia del ámbito mundial dominante que ahora arrastra a la humanidad hacia más sufrimientos sociales y a devenires inciertos. En relación con ese contexto, se ha dicho y se está de acuerdo con la observación de que la culminación negociada del conflicto, el arreglo último, es un subproducto del fin de la Guerra Fría. En este trabajo se tendrá en cuenta este contexto, que opinamos va más allá del final de la Guerra Fría, pero tampoco se le estudiará porque excede el análisis directo del proceso de paz y de sus actores inmediatos.

La academia en Guatemala tendió a ubicar los Acuerdos de Paz en el marco de los estudios de transición a la democracia en América Latina. A quince años de la firma final, la pregunta pertinente frente a estas versiones podría ser: ¿el régimen político ha transitado a la democracia? En su caso, ¿a cuál democracia? O mejor aún, ¿hacia dónde se ha transitado y hacia dónde se deviene?

La explicación más general expone que la democratización, a secas, se ha-bía iniciado en Guatemala a partir de la promulgación de la constitución de 1985. Esta versión omite mencionar su origen militar contrainsurgente, no hace críticas al régimen económico y político predominante y se apoya, en el fondo, en un mar-cado optimismo por la nueva etapa capitalista globalizadora y su ajuste estructural. Por otro lado, se ha desarrollado una versión oficial, incluso compartida eventual-mente por colegas de izquierdas, que tiende a minimizar el papel de la insurgencia y a magnificar el de otros procesos y actores, comenzando con los compromisos de la isla de Contadora y los Acuerdos de Esquipulas I y II. Esta versión le atribuye el origen de la solución política al presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo y a los eventos mencionados y sobrevalora la última fase del proceso y a sus protagonis-tas. No fue así.

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Cualesquiera que sean las respuestas a las preguntas antes indicadas, algu-nas interrogantes quizá más cercanas a las perspectivas de conocimiento de las familias teóricas marxianas podrían ser: ¿cuál ha sido el aporte de la insurgencia al proceso de solución política del conflicto armado en una lectura de mediana duración? o si se prefiere, ¿cuál fue su aporte a la reducción o a la posibilidad de reducir las diferencias o el orden de clases existente?, ¿qué se avanzó histórica y estratégicamente para dichos procesos? o ¿hacia dónde condujeron las principales estrategias y tácticas de las fuerzas predominantes?

Los insurgentes de entonces sabemos ahora, con plena conciencia, que las soluciones políticas finales a los conflictos armados internos y el proceso de imple-mentación de sus acuerdos se produjeron desde una perspectiva subjetiva incierta. Era la incertidumbre de poder crear un país y un mundo mejor después de la im-plosión de la Unión Soviética y en el auge de la burbuja expansiva neoliberal. Los insurrectos en las soluciones negociadas, se dice, le apuestan a iniciativas políticas asumiendo riesgos. Así fue en Guatemala y así, seguramente, fue en todas partes.

En un libro que concluí en mayo de 1996 para la Organización de las Nacio-nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), faltando la suscripción de los últimos acuerdos con el presidente Álvaro Arzú, sostuve que aún cuando éstos representaban una contribución a la democra-cia representativa en el marco de la tercera ola democratizadora mundial (Samuel Huntigton), presenté serias reservas sobre la posibilidad de que esa contribución se hiciera realidad. En el postfacio redactado en 1997, después de los primeros meses de la firma final, indiqué que las últimas conversaciones con el ex presiden-te y con los altos jefes militares habían permitido la firma de compromisos poco sustantivos para la solución de las causas de la guerra pero que habría una cierta oportunidad para su cumplimiento si se configuraba un gran movimiento en su favor en el período inmediato.2

En ese trabajo de 1996, publicado en junio de 1997, utilicé las aproxima-ciones teóricas de Kumar Rupensighe, Johan Galtung y John Paul Lederach con el concepto central de transformación de conflictos del primero de ellos. Del con-cepto y de los autores retengo para estas líneas dos componentes: 1) sostener que los conflictos armados podían convertirse en procesos pacíficos para solucionar los problemas que dieron origen a las guerras; y 2) que estos procesos requieren para dicha solución de múltiples voluntades y grupos humanos (Reyes, 1997: 14-15).

Con este conjunto de ideas y categorías, a las que he denominado acerca-miento conceptual, iniciadas con la declaración de mi compromiso directo en el proceso y en el tema y que constituyen la metodología de este breve estudio, paso a analizar el ambiente cercano al inicio del llamado proceso de paz.

2 En dicho trabajo indiqué: “El riesgo actual es que los acuerdos deriven en arreglos puramente políticos ‘en las alturas’ y que la ausencia de programas socioeconómicos sumados al creci-miento de los problemas sociales conduzcan en el post-conflicto a una mayor desorganización social, a una violencia anárquica” (Reyes, 1997: 76).

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el entorno inMediato

Las pláticas para la búsqueda de la solución política al conflicto armado se pro-dujeron en un contexto inmediato, complejo y contradictorio, inicialmente con predominio adverso, posterior y finalmente favorable a la salida negociada. En el transcurso de ese entorno inaugural adverso, las “iniciativas” de la insurgencia se manifestaron con insistente regularidad en las arenas de la lucha militar, de masas y política, dentro y fuera del país, sin que alguna adquiriera predominancia espe-cial.

Como entorno cercano, el despegue de las pláticas fue posibilitado por los gobiernos centroamericanos para impedir la guerra total de Ronald Reagan contra Nicaragua. En ese entorno, el papel del gobierno demócratacristiano de Guatemala fue fundamental para impedir tal guerra y abrir la ruta para la búsqueda del diálogo del gobierno sandinista con los “contras” (Cabrera, entrevista, 16/12/11). Fueron asimismo importantes, como entorno, los Acuerdos de Esquipulas I y II y el marco incipiente de democracia formal que se había iniciado. Pero todos ellos dinami-zados, motivados, incluyendo la propia democratización en Guatemala, por otro entorno más directo: el temor a una insurrección general y a un eventual triunfo militar de la insurgencia a principios de los años ochenta.

En ese contexto, para la insurgencia, el proceso de pláticas para la salida política al conflicto se generó y se desarrolló conforme a las necesidades de la práctica. La propia Comisión Político-Diplomática de la URNG, activa en el pro-ceso negociador, había sido organizada primariamente para representar interna-cionalmente a la insurgencia y no para promover una salida política al conflicto (Bekker, entrevista, 6/12/11). Por su lado, en la fase inicial, las amplias acciones de masas de los años 1976-1979 adquirieron características semiinsurreccionales en los años ochenta y características de asociación para la resistencia y sobrevivencia organizativa en 1983-1985, para volver a las calles durante el gobierno de Cerezo (1986-1990) en una atmósfera de mayores libertades “todos los días habían mani-festaciones en el parque central” (Cabrera, entrevista, Ibid.).

Sin duda, acontecimientos como la invaluable victoria de los obreros de la Coca-Cola en 1984, el “control territorial” de las Poblaciones en Resistencia indígena-campesina y las formas de organización autogestionaria de refugiados en México y en diversas regiones del país informaban del inicio de formas de re-sistencia de lucha popular de “masas”, las cuales volverían a tener características más abiertas en 1986-1990. En este último lapso, dichas formas de resistencia se iniciaron con las agrarias por los derechos a la tierra (1986-1988), siguieron con la organización y movilización de los trabajadores del Estado (1987), para abarcar la multigrupal e integradora de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) (1987-1988), y luego la extensa huelga magisterial (1989), las dos huelgas de jorna-leros del Comité de Unidad Campesina (CUC) (1989 y 1990) en fincas de la costa sur y la obtención del derecho al retorno “voluntario, colectivo y organizado” de

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refugiados internos y externos. Todos los procesos anteriores indicaban que las causas sociales del conflicto seguían latentes y presionaban indirecta pero con-vincentemente por una búsqueda de solución política “con contenido social” al conflicto armado (Vela, 2011; Reyes, 1998; Gatehouse y Reyes, 1987).

La guerrilla no estaba socialmente aislada ni vencida por las masacres a poblaciones desarmadas de los años 1981-1984, que se han interpretado como victoria “militar” del Ejército. ¿Acaso era ésta la única forma “militar” de impedir la insurrección de las masas indígenas campesinas? La organización “legal” de las “masas” obreras y campesino-indígenas tampoco estaba terminada, cambiaba de formas de asociación y métodos de lucha conforme a los cambios en el control represivo del Estado en cada fase (Reyes, 1998). Al inicio de las pláticas infor-males de la salida política, ésta manifestaba formas de resistencia y organización en crecimiento que en el campo comenzaron a generalizarse, entre otras, como comités locales de autoayuda, los cuales hicieron necesaria la respuesta militar de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) (Ibid.).

Sin embargo, los diálogos de la insurgencia con el Gobierno, iniciados ofi-cialmente en mayo de 1986, no respondían directamente a esos procesos más am-plios. Más bien, obedecían y obedecieron a iniciativas internas y directas propias, donde la informalidad fue abriendo las puertas a decisiones institucionalizadas. El entorno cercano era, pues, eso, un entorno contiguo que invitaba a iniciativas políticas de los actores inmediatos.

inFlexioneS y eStrateGiaS

En las discusiones e ideas-fuerza de la mesa redonda de movimientos de liberación nacional del mundo y centros de investigación europeos y de América del Norte celebrada en Berlín en marzo de 2008 –en la que el autor fuera invitado y presenta-ra el caso de Guatemala– se sostuvo la opinión de que era muy simple la noción de “madurez” como momento apropiado para la firma de los acuerdos que concluyen conflictos armados internos (Dudouet, 2008). Se consideró que las complejidades de las luchas armadas en cada país hacen difícil una generalización de ese orden y que, en contraste, las iniciativas políticas y la asunción de riesgos son determinan-tes propios de cada lugar y conflicto.3

Luis Pásara, por su parte, presenta una reformulación teórica de la noción de “madurez” que tiende a coincidir con esta apreciación y que puede aplicarse al

3 En esa mesa redonda participaron representantes del African National Congress (ANC, África del Sur), Comunist Party of Nepal-Maoist (CPN-Maoist, Nepal), The Free Aceh Movement (Gerakan Achech Merdeka, GAM, Aceh), el Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTT, Sri Lanka); el M-19 (Movimiento 19 de Abril, Colombia) y Sin Fein, Irlanda; y como invitados nuevos el Sudan People’s Liberation Movement (SPLM/A, de Sudán) y la URNG de Guatemala. En el foro anterior, un año antes, habían asistido otros movimientos de liberación nacional.

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caso guatemalteco. No se trata, diría Pásara, de un síndrome de condiciones obje-tivas que hacen necesaria la negociación, sino más bien de una cierta oportunidad para construir esa “madurez” con la “creciente percepción de las partes” de sus intereses, de que existe la posibilidad de evitar costos y encontrar resultados acep-tables para ambos (Pásara, 2003: 38-42). Entre esta construcción se encontrarían entonces iniciativas y riesgos, apertura de oportunidades y posibilidades, disputas internas, forjadura de estrategias y técnicas y organización de alianzas y apoyos nacionales e internacionales en las relaciones de fuerzas.

Sin desestimar la importancia de las aportaciones teóricas de otros estudio-sos sobre el particular, en Guatemala son válidas estas apreciaciones que coinci-dirían con planteamientos del foro de Berlín, en particular, por la importancia que adquirieron desde el principio hasta el final las pláticas informales y secretas que abrieron, dinamizaron y dieron orientación al proceso y a sus contenidos. Estas pláticas informales contribuyeron a entender y explicar importantes inflexiones del proceso, así como varios de los cambios estratégicos y tácticos que en él se produjeran. Al extremo que observadores cercanos, participantes y comentaristas del proceso han subrayado el valor simbólico que se desprendió de determina-dos gestos, actos y actitudes efusivas manifestados en los encuentros informales y en forma mutua por miembros de las partes concurrentes, “como si fueran viejos conocidos o fueran a convertirse en amigos”, como dijera en una oportunidad el entonces monseñor Rodolfo Quezada Toruño.

En el bloque dominante, las disputas tácticas eran más acusadas y más firme el objetivo estratégico de desmovilizar a la insurgencia. En la cita de una car-ta publicada por Manuel Conde, comisionado para la Paz del gobierno de Jor-ge Serrano Elías, se precisa ese propósito estratégico abanderado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el cual se oponía abiertamente a la actitud táctica más flexible de Se-rrano Elías en cuanto a discutir contenidos y sostener diálogos directos entre in-surgencia y Gobierno-Ejército. El CACIF, por medio de su presidente Mario Gra-nai Fernández, decía en la carta mencionada, fechada jueves 29 de abril de 1993: Atentamente le solicitamos que no se precipite la firma de ningún documento que no conduzca exclusivamente a un compromiso firme y claro de un cese al fuego, la desmovilización y el desarme de la URNG” (Conde, 2007: 30).

Los presidentes y los gobiernos, incluyendo al de Arzú, tenían una posición más flexible que la oligarquía. Cerezo admitía el inicio de pláticas informales e indirectas y eventualmente y hasta que los insurgentes se convirtieran en partido político, pero no quería compromisos explícitos de su gobierno con la guerrilla. Serrano Elías sí creía en el diálogo directo, incluso entre militares y guerrilleros, y estaba dispuesto a discutir temas de fondo que irritaban a los oligarcas. Ramiro de León Carpio tenía una posición más ambivalente, pero terminó aceptando la discu-sión de temas importantes con apoyo militar menos intransigente. Como intereses

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propios, a excepción de Cerezo, los presidentes querían que la solución política, se alcanzara bajo la administración de sus respectivos gobiernos.

La Comandancia de la URNG, por su parte, no se convenció de la solución política sino hasta mucho más tarde, posiblemente hasta el final, durante la admi-nistración de Arzú. En un orden táctico, comenzó expresamente con su formula-ción principal de firmar acuerdos con contenido, razón por la cual presionaba en las mesas de discusión por incluir contenidos democrático-sociales en los acuer-dos. Para ese propósito, contaba con relativo pero suficiente apoyo interno e in-ternacional, en un principio, para tratar estratégicamente de adquirir ventajas en el campo militar o en el apoyo social y, progresivamente, como salida política final.

La insurgencia propone la solución política

La Democracia Cristiana y el gobierno de Cerezo no tenían originalmente la idea de la solución política y, mientras estuvieron en el poder, no la llegaron a decidir en su totalidad. Sin embargo, su textura ideológico-filosófica, que se había venido desarrollando desde el segundo lustro de los años sesenta, admitía puntos sensi-bles de comunicación entre su “programa histórico” de gobierno de 1970 y los planteamientos insurgentes. Este autor había estado adherido por veinte años a la Democracia Cristiana y conocía sus fundamentos ideológicos y programáticos, los cuales se discutían con amplitud en cursos de formación nacional e internacional y en charlas “de corredor” con militantes y colegas que desempeñarían funciones importantes en la solución política de los conflictos centroamericanos.4

En mi calidad de militante político en el “trabajo internacional” de la insur-gencia, no me fue difícil sostener conversaciones informales en 1982, muy preli-minares, con Cerezo y Alfonso Cabrera, en mi departamento en México (el general Efraín Ríos Montt ya había dado el golpe de Estado y las masacres continuaban), para explorar lo que pensaban sobre las soluciones políticas a los conflictos arma-dos internos y su posibilidad en Guatemala.5 Ellos buscaban apoyo de la izquierda para su proyecto político. ya Cerezo se mencionaba como un futuro candidato

4 En mi calidad de secretario de Formación, coordiné la elaboración de su “programa histórico” de gobierno, “Pido la palabra: un camino propio para el desarrollo de Guatemala”, Guatemala, 1970, que formulaba cuatro reformas básicas: la reforma administrativa del Estado, la reforma agraria, la reforma educacional y la reforma fiscal, y presentaba finalmente una “estrategia in-ternacional para la autodeterminación”. La Democracia Cristiana fue a elecciones en 1970 en alianza con el partido en formación Unidad Revolucionaria Democrática (URD), de Adolfo Mi-jangos López y Manuel Colom Argueta. Mijangos salió electo diputado en ese evento electoral y el licenciado Edmundo López Durán, del URD, fue postulado como candidato presidencial.

5 Estaba informado de la extensa mortandad que los planes militares estaban causando en las áreas campesinas indígenas y de los diálogos que se habían comenzado a plantear en El Salva-dor y Colombia, sabía de la ofensiva general en El Salvador y de su resultado, consideraba que en Guatemala no teníamos esas capacidades ofensivas, valoraba que había que intentar fórmulas para detener la mortandad y concebir una salida.

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presidencial en círculos internos del partido. yo les respondí “que podía plantearlo, pero que antes tendríamos que buscar una solución política al conflicto armado interno”, que trabajáramos juntos para el efecto. Desde entonces, mis conversa-ciones con la dirigencia de la Democracia Cristiana siempre procuraron esa pro-puesta, aunque este planteamiento no representó acuerdo alguno en ese momento.

En una forma menos exploratoria y más propositiva, conversé sobre el mis-mo tema con Serrano Elías en San José, Costa Rica, en agosto de 1983. Lo invité expresamente a mi residencia, en donde el ex presidente asistió con su esposa e hijos. Con Serrano Elías habíamos sido dirigentes estudiantiles desde el Frente Estudiantil Social-Cristiano (FESC).

Para entonces, futuros presidentes de la República, Cerezo y Serrano Elías tendían a pensar en esos momentos que la insurgencia podía organizarse como partido político legal en el marco de la democracia en ciernes. En su capacidad de presidente del Consejo de Estado de Ríos Montt, Serrano Elías manifestaba más decisión e incluso hacía propuestas espontáneas e inmediatas para mi retorno al país y la legalización de la URNG. Le hice ver que la integración de la insurgen-cia a la vida política del país sólo podría ser producto de un proceso en el que se acordara sobre la solución a problemas nacionales y que el gobierno del general Ríos Montt podía pronto colapsar. Tendía a estar de acuerdo con la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales como parte de las charlas.6

Con Cerezo continuamos las conversaciones informales entre 1983-1985 en Costa Rica. Una vez Cerezo fue electo presidente, me reuní con él en el hotel Cariari, de San José, en 1985 y le hice el planteamiento más directo de encontrar una solución política al conflicto. Cerezo respondió “que querría negociar pero que Reagan y el ejército se oponían […] y que comprendiera que él estaba del otro lado” de nosotros los insurgentes, pero que siguiéramos conversando. Alfonso Cabrera acompañaba en esa oportunidad al Presidente como secretario general de la Democracia Cristiana.

En otra oportunidad, para la toma de posesión del ex presidente óscar Arias, en Costa Rica, le planteé a Cerezo la importancia y necesidad de una reunión oficial pero informal con la insurgencia, la cual se llevó a cabo el día siguiente en el hotel Cariari. Cabrera afirma que “después de estas reuniones con ustedes [para nosotros] se convirtió en objetivo de Estado lograr la pacificación del país por la vía política” (entrevista, Ibid.).

La reunión fue precedida por un encuentro entre el comandante Pablo Mon-santo (Jorge Soto) y yo en Nicaragua, en el cual se habló de las conversaciones que yo había sostenido con Cerezo. La respuesta de Monsanto, como consecuencia del

6 Al licenciado Mario Solórzano, en su calidad de dirigente principal del Partido Socialista Democrático (PSD), le hizo el ex presidente la misma proposición del retorno, pero Solórzano asimismo no la aceptó. La aceptaría después con el general óscar Humberto Mejía Víctores, con la mediación de Fernando Andrade Díaz-Durán. Se desconocen los términos del acuerdo (Ricardo Alvarado Ortigoza, breve entrevista, 24/1/12).

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encuentro, fue la organización de una comisión tripartita para sostener la reunión con Cerezo. La comisión estuvo integrada por el doctor Héctor Nuila de la ORPA (actual secretario general de la URNG), el autor de este trabajo de las FAR y el ingeniero Roberto de León del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Tomadas las medidas de seguridad posibles –largas de enumerar– y una vez con Cerezo, fue el 12 de mayo de 1986, un día después de la toma de posesión de Arias, que se celebró la reunión en el hotel Cariari. La reunión duró aproximada-mente una hora y se llegó a una única pero decisiva conclusión, la de “mantener un canal abierto”, designándose a este autor para esa función.7 Le indiqué a Cerezo que habría algunas dificultades para “mantener el canal”, ya que en un mes me trasladaría al Reino Unido. El Presidente contestó “podemos seguir desde Europa, buscaré la forma”.

Esta reunión fue la primera y la que abrió, informal pero oficialmente, por parte de la jerarquía y representatividad de ambas partes, el proceso de pláti-cas para la solución política. Fue una reunión entre una delegación oficial de la URNG y el gobierno de la Democracia Cristiana, representado por su presidente Vinicio Cerezo. Su origen había sido la propuesta que este autor le presentara al presidente electo, en su calidad de representante político de las FAR y la URNG en Costa Rica, en diciembre de 1985. Posteriormente, en los últimos meses de 1986, la URNG en un comunicado público “declaró estar dispuesta a un diálogo político por la paz” (Bonini, 2007: 30, 136; Jonas, 2000: 86).

La reunión de Madrid con el embajador Danilo Barillas, el 25 de febrero de 1987,8 fue, en tal virtud, la primera reunión pública y una consecuencia de la reunión de San José. La agenda en esa ocasión, más que abierta, fue improvisada, sin propuestas ni orientaciones de los delegados de las dos partes y finalmente sin llegar a ningún acuerdo.9 El licenciado Alfonso Alonso Barillas, participante en la reunión y miembro de la delegación gubernamental, dice que le avisaron cuando se encontraba en España diciéndole “que se quedara allí”, pero que regre-só a Guatemala para retornar unos “dos días después” con el licenciado Roberto Valle Baldizán, quien presidiría la delegación gubernamental (Alonso, entrevista, 1/12/11). Indica Alonso que sólo tuvieron una reunión previa muy informal con Alfonso Cabrera, ministro de Relaciones Exteriores, pero que ni él ni Valle Bal-dizán “habíamos hablado con Vinicio al respecto […] y que no llevaban ninguna instrucción por escrito” (Ibid.).10 En los días anteriores a la reunión, el embajador

7 La reunión fue un reencuentro de amigos porque Héctor Nuila, Cerezo y yo habíamos militado en el movimiento estudiantil socialcristiano y posteriormente en la Democracia Cristiana.

8 Fecha proporcionada por el licenciado Miguel Ángel Sandoval, miembro del Equipo Político-Diplomático de la URNG y participante en esa reunión.

9 “Todo fue autorizado y apoyado” para ese encuentro que fue precedido por reuniones discretas con Ramiro Abreu, miembro del Bureau Internacional del Partido Comunista Cubano y, el em-bajador de España en Guatemala, porque allí había ganado el Partido Socialista Obrero Español (Alfonso Cabrera, entrevista, 16/12/11). ¿Esperaban acaso Cerezo y Cabrera que este autor ten-dría que haber estado presente en la reunión para dar continuidad a la primera reunión?

10 En esa reunión estuvieron presentes Roberto Valle Baldizán, primer presidente del Congreso, el

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Barillas trató de comunicarse con Cerezo o Cabrera pero no fue posible. Les dijo a los dos delegados “que no tenía ninguna instrucción para dichas pláticas” (Ibid.). “Nosotros no llevábamos ninguna orientación para la reunión”, acota por su parte el doctor Luis Becker, miembro de la delegación de la URNG (entrevista, 6/12/11). El embajador estaba oficialmente incomunicado y además sorprendido cuando lo llamaron para una reunión en el lobby de un hotel con “cuatro o cinco militares guatemaltecos, que afirmaban que iban a la reunión como miembros de la dele-gación” (Ibid.). La delegación de gobierno no estaba informada de su arribo, la URNG tampoco (Ibid.).11

Con ausencia de agenda y orientaciones, la reunión duró aproximadamente ocho horas.12 La principal discusión fue si se aceptaba la presencia de los militares. Finalmente la URNG aceptó el argumento de que la insurgencia era una organiza-ción político-militar y que a los militares se les podía considerar como “asesores”.

Las intervenciones más frecuentes fueron las del embajador español en Guatemala, Juan Pablo de la Iglesia, quien había tomado parte muy activa en la preparación de la reunión, y la del embajador Barillas, quien resaltaba la gran participación electoral y las expectativas que se habían abierto en la vida política de Guatemala. De la Iglesia resaltaba la importancia de crear espacios de parti-cipación, mientras que Bekker dijo que se discutieran “las causas” del conflicto. Ninguno hizo propuestas y los militares respondían a señalamientos de la guerrilla y contraatacaban, pero la guerrilla “no parecía estar muy bien informada de la si-tuación del país” (Alonso, Ibid.).

Las tensiones tendían a relajarse en los descansos cuando, en los corredores, los militares platicaban con los miembros de la guerrilla. Al finalizar la reunión y ya a solas con la delegación gubernamental, los militares le manifestaron a la comisión civil del gobierno “que Barillas había hablado más a favor de las guerri-llas”, a lo que los civiles replicaron que no había sido así, “que era todo lo contra-rio” (Ibid.).

“La cúpula empresarial y el partido político movimiento de liberación” pro-movieron una fuerte, larga e intensa campaña adversa a la reunión en los medios de comunicación y volantes, acusando a Cerezo de “un contubernio con la guerrilla y que lo había tenido desde antes” de acuerdo con recortes de prensa y panfletos del archivo personal del licenciado Alfonso Alonso. A su retorno a Guatemala, el ge-neral Héctor Alejandro Gramajo, ministro de la Defensa, les dijo a los dos civiles de la delegación “que [ustedes, los civiles] habían estado en peligro de no poder regresar a Guatemala y que, para calmar los ánimos, los militares que participaron

coronel Letona cuyo nombre no recuerda el entrevistado y otras personas (Alonso, entrevista, 1/12/11).

11 La delegación de la URNG estuvo integrada por Miguel Ángel Sandoval del EGP, Luis Becker de las FAR y Carlos Pinillos de la ORPA.

12 Dos de los representantes de la URNG en Europa estuvimos presentes entre los periodistas y grupos de solidaridad en un salón especial.

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habían tenido que ir a los frentes a explicar la situación” (Alonso, entrevista, 1/12/11). Danilo Barillas fue asesinado dos años después en la ciudad de Guate-mala, sin que a la fecha se haya esclarecido la causa de su muerte.

De la narración que se ha presentado de la reunión de Madrid se puede des-prender que ésta fue un encuentro orientado a “medirse políticamente”. Oficial-mente, ambas partes no consideraban como propósito inmediato la “salida” polí-tica al conflicto, eventualmente sólo ponderaban la viabilidad de este nuevo canal informal. Empero, con la propuesta inicial de diálogo para la solución política en Costa Rica y su oficialización pública en Madrid, la insurgencia había abierto una fisura de alcances desconocidos en el aislamiento (cerco) político-diplomático que se le exponía en la letra de los Acuerdos de Esquipulas I y II. Los actores inmedia-tos habían dado otra vida al entorno inminente.

La insurgencia otorga prioridad a los contenidos

Forjar estrategias y tácticas

En la subsección anterior se adelantó que había estrategias predominantes y se-cundarias y variaciones tácticas entre las distintas fuerzas y actores intervinientes, además de disputas entre los grupos y personajes de ambas “partes”. No era simple definir las estrategias y tácticas.

Los informes y análisis testimoniales de los dos comisionados para la Paz de las delegaciones gubernamentales, Manuel Conde con Serrano Elías y Héctor Rosada con De León Carpio, subrayaban que en sus gobiernos respectivos hubo la necesidad de conversaciones internas, particularmente tensas con el “sector pri-vado”, para adoptar posiciones en las mesas públicas. Manifestaron también las inquietudes que sentían sus delegaciones por las acciones desestabilizadoras e in-cluso criminales que pudieran provenir de la extrema derecha económica y militar. Al parecer, todos los ex presidentes, a excepción de Arzú, no dejaban al margen la posibilidad de ser asesinados.13

Por su parte, los participantes de la mesa redonda de Berlín (2008) insistie-ron en que mantener la cohesión interna de sus organizaciones y militantes era una de las tareas más permanentes de las insurgencias que entran en conversaciones para las soluciones políticas (Dudouet, 2008: 13-14). Guatemala no fue la excepción porque en el interior de la misma Comandancia de la URNG se manifestaban diferen-cias entre las cuatro organizaciones que la conformaban y sus comandantes, las cuales se traducían en dificultades para organizar “equipos” y acciones conjuntas tanto en

13 Bonini cita las declaraciones expresas de Ramiro de León Carpio a los comandantes de la gue-rrilla: “Ustedes saben muy bien que yo tengo límites, y en algunos puntos de la negociación no puedo ir más allá, de lo contrario me van a matar” (Bonini, 2007: 54).

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los frentes militares como en las luchas sociales o diplomáticas. Las diferencias se extendían hasta las preferencias que los comandantes otorgaban a las relaciones políticas que establecíamos los representantes de cada organización. Entre ellas, la más crucial y definitiva fue la que Gustavo Porras Castejón estableció entre Arzú y el comandante del EGP, Rolando Morán (Ricardo Ramírez). Porras Castejón tenía relaciones semifamiliares con ambos. Por un lado, había pertenecido al EGP y, por el otro, había sido compañero de colegio de Arzú en el Liceo Javier y era muy cercano al Partido de Avanzada Nacional (PAN) (el partido de gobierno).

Fuera de las diferencias y necesidad de consensos, para superar las con-troversias y construir las estrategias y tácticas políticas con el fin de obtener una mejor relación de fuerzas que se reflejara en las mesas públicas, había estrategias y tácticas menores cuyo objetivo era alcanzar acuerdos decisivos y obtener una determinada redacción de los documentos, el uso de ciertas palabras, las puntua-ciones, etc. Pero las correlaciones de fuerzas se modificaban, relativamente, fuera de las mesas públicas por las acciones militares, por las acciones de “masas”, por las iniciativas de política internacional y, muchas veces, por las conversaciones informales. De éstas últimas, las más destacadas podrían ser las conversaciones informales de monseñor Rodolfo Quezada Toruño para organizar las innumerables e intensas reuniones que concilió con los “sectores” del Acuerdo de Oslo, en juntas de “penduleo” informal para el acercamiento de las partes, antes y después de Oslo 1990, y posteriormente para los consensos de la Asamblea de la Sociedad Civil. Más allá de las disposiciones de Esquipulas II en el período de Cerezo, Monseñor era uno de los que percibían la necesidad del diálogo directo con los insurgentes. Teresa Bolaños de zarco comenta que fue monseñor Quezada Toruño quien dijera, en la reunión auspiciada por la Universidad para la Paz en San José, Costa Rica, tres meses antes de la primera reunión de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) con la insurgencia, que “los esfuerzos de la CNR están enfocados a lograr un encuentro con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca” (Bolaños, 1996: 35).

Como se expuso, la estrategia principal de los “duros” en el bloque domi-nante, hasta principios de los años noventa, era la derrota militar de la insurgencia. La URNG, por su parte, también utilizó hasta fechas similares las conversaciones como un medio para adquirir legitimidad internacional y para crear condiciones de fortalecimiento militar y popular.

En esta etapa, la estrategia de los más conservadores de la derecha econó-mica era que la insurgencia depusiera las armas sin concesiones, lo más pronto posible. Arzú, en sus intervenciones actuales con motivo del décimo quinto ani-versario de la firma final de la paz, coincidiendo con esa posición, ha insistido en que el principal logro alcanzado con los acuerdos ha sido el cese al fuego (Álvaro Arzú, entrevista, noticiero Telediario, Canal 3 de Televisión, sección “Cafecito Dominical”, 22/12/11).

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Tácticamente, el énfasis de la insurgencia comenzó a presentarse en los contenidos de los acuerdos; debían convenirse compromisos que permitieran la solución de las causas del conflicto.

Después de Cerezo, las delegaciones gubernamentales, con variaciones entre ellas respecto del alcance de los temas-contenidos a discutir, admitían el reconoci-miento legal de la URNG como partido –cuyas posibilidades ya se encontraban en la Constitución de 1985–, pero comenzaron a insistir en una firma final y rápida. La insurgencia, en cambio, no tenía prisa, consideraba que el tiempo estaba a su favor y que lo principal era dar “contenido” a los acuerdos.

Señales de progreso

La estrategia y tácticas predominantes de la parte gubernamental fueron modifi-cándose paulatinamente. Para el efecto, fueron decisivos dos eventos. El primer de ellos fue el cambio en la relación de fuerzas relativas a favor de la URNG que se produjo con la derrota de la ofensiva militar general del Ejército en 198814 y de otras dos ofensivas militares en 1991, en las cuales la institución armada no había logrado la victoria militar (Jonas, 2000: 86). El otro evento está constituido por los Acuerdos de Oslo de 1990 y los firmados posteriormente con Serrano Elías, el Acuerdo de México de abril de 1991 y el Acuerdo de Querétaro de julio del mismo año, en los que se definieron los temas-contenidos centrales de la negociación.15

Respecto a esta estrategia de los contenidos de los acuerdos, a la reunión de Oslo de marzo de 1990 le siguió el posterior y primer encuentro con los partidos políticos en El Escorial, España, en junio de 1990. En los compromisos de esta reunión, la URNG alcanzó un punto decisivo a su favor. Se acordó “promover” la reforma constitucional. “Los acuerdos deben hacerse de acuerdo a la Constitu-ción” es una expresión del autor que resume ideas que, esgrimía y esgrimió insis-tentemente hasta el final todo el conjunto de la otra “parte” para evitar incorporar los contenidos que la URNG proponía. Sin embargo, a partir del compromiso de reforma, la insurgencia aceptaba respetar la Constitución, pero como una Consti-tución sólo parcialmente legítima porque se había decidido el proceso de su refor-ma. Éste era quizá el principal contenido y logro estratégico.16

14 Arturo Taracena, entrevista citada por Aspuru, 1999: 105.15 Los Acuerdos del Temario General fueron “1. Democratización. Derechos Humanos. 2. Forta-

lecimiento del poder y función del ejército en una sociedad democrática. 3. Identidad y dere-chos de los pueblos indígenas. 4. Reformas constitucionales y régimen electoral. 5. Aspectos socio-económicos. 6. Situación agraria. 7. Reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. 8. Bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país. 9. Arreglos para el definitivo cese al fuego. 10. Cronograma para la implementación, cumplimien-to y verificación de los acuerdos. 11. Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, y desmovili-zación” (Acuerdo de México, México, D.F., 26 de abril de 1991).

16 Aparentemente, la primera etapa del proceso de reforma a la Constitución se trabajó durante un

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Los Acuerdos de Oslo, por su parte, sentaron los parámetros del futuro pro-ceso de conversaciones formales, tanto en sus contenidos generales como, parti-cularmente, en los actores que debían intervenir, según la propuesta de la URNG (Bekker, entrevista, Ibid.). Estos Acuerdos habían sido mediados por conversacio-nes informales y de organización por parte de la Federación Luterana Mundial y del Gobierno de Noruega con la URNG y Serrano Elías, quien presidió la reunión como representante de los partidos políticos.

La URNG había trabajado en los posibles contenidos de los acuerdos antes de decidir un cambio estratégico hacia la salida política. Este autor coordinó dos equipos de las FAR para elaborar un documento que sirviera de base a las propo-siciones, el primero en Costa Rica en 198517 y el segundo en México en 1990. Las propuestas concluyeron unificadas con otros aportes, cuyo origen desconoce este autor. Con ellas se elaboró el documento que se le presentara a Serrano Elías en mayo de 1992, como respuesta al plan de “Paz Total”, y que se tituló “Una paz jus-ta y democrática: contenido de la negociación”. El Gobierno, por su parte, reaccio-nó con el documento “Respuesta al planteamiento global de la URNG”, en junio.

En lo sucesivo, el documento de la URNG sirvió de base para propuestas particulares de cada reunión formal en las cuales las delegaciones gubernamenta-les no siempre presentaron compromisos. Más bien reaccionaban a las propuestas de la insurgencia.18 Con todo, en las conversaciones informales, el más interesado en contenidos sustantivos de proyección social fue monseñor Quezada Toruño.

Después de la reunión inicial con Cerezo en Costa Rica, los Acuerdos de Oslo y los posteriores firmados con Serrano Elías, fueron el siguiente hito decisivo en el proceso. Además, le dieron a la URNG una relativa ventaja de fuerzas con sus tác-ticas de retrasar el proceso, dar contenido a los acuerdos y trabajar en el apoyo in-ternacional. La relativa ventaja adquirida por la URNG fue, en parte, producto de la actitud de Serrano Elías, que dio origen a tres grandes innovaciones al proceso. En primer lugar, trascendió la letra expresa de los Acuerdos de Esquipulas y las limita-ciones consiguientes de la CNR, propiciando el diálogo directo de la guerrilla con el Gobierno y con el Ejército. Cerezo no quería o no podía llegar a estos alcances en su gobierno y los Acuerdos de Esquipulas II de ninguna manera hacían referencia al diálogo con fuerzas “irregulares”; expresamente, propiciaban el diálogo única-mente con “los grupos desarmados de oposición política interna y con aquellos que

año en reuniones que presidía Alfonso Cabrera, como representante de los partidos en la CNR, con los partidos, sindicatos, iniciativa privada y universidades, durante el gobierno de Serrano Elías. El proceso se interrumpió con la destitución del ex presidente, días antes del encuentro fi-nal en Antigua, bajo la dirección del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) (Cabrera, entrevista, 16/12/11).

17 La colaboración más completa en esa oportunidad fue del licenciado Rafael Piedrasanta.18 En el transcurso de las conversaciones informales, este autor tuvo la oportunidad de promover

la comunicación y las relaciones con la UNESCO y su director general, Federico Mayor, al más alto nivel y con técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De ambas relaciones se derivaron importantes propuestas en educación y para los derechos indígenas, respectivamente.

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se hayan acogido a la Aministía” (Declaración de Esquipulas II, Guatemala, 7 de agosto de 1987). Aunque “nosotros teníamos en cuenta, estábamos claros que iba a ser factible encontrar acuerdos con ustedes [la insurgencia], estábamos convencidos desde un principio y eso nos daba fuerza moral” (Cabrera, Ibid.). Formalmente, es hasta la Declaración de Alajuela, en enero de 1988 en Costa Rica, que los presiden-tes centroamericanos suscriben indirectamente el compromiso de “conversaciones para la concertación del cese de fuego”, refiriéndose a los países centroamericanos en general, sin hacer mención de con quién se harían esas concertaciones (Declara-ción de Alajuela, Alajuela, Costa Rica, 16 de enero de 1988).

En segundo lugar, Serrano Elías propuso y aceptó dar contenido a los acuer-dos con los temas que finalmente se desarrollarían en los Acuerdos de Paz. En tercer lugar, no propuso como condición el cese al fuego. Sin embargo, hacia prin-cipios de 1993 y en el contexto del inicio de su crisis final, estaba más interesado “en imponer un plazo para el cese al fuego que en resolver los asuntos sustantivos” (Jonas, 2000: 92).

Estas decisiones de Serrano Elías habían originado tensiones con los “duros” de la derecha. Manuel Conde, su comisionado para la Paz, menciona que en las sesiones preparatorias para la primera reunión directa del Gobierno con la URNG en México, el presidente del CACIF, Luis Reyes Mayén, “me hizo responsable de todo el enredo en el que íbamos a poner al país, señalando además que, al negociar con la guerrilla, le estábamos entregando el poder nacional y que, como gobierno, no teníamos el derecho de definir una agenda con los alzados” (Conde, 2007: 7). En la entrevista que el Telenoticiero de Canal 3 le hiciera a Serrano Elías, dos décadas después, el 28 de diciembre de 2011, el ex presidente increpó duramente a la derecha económica más tradicional de ser la causante del incumplimiento de los acuerdos y del debilitamiento de la institucionalidad en Guatemala (entrevista, sección “Cafecito Dominical”, 28/12/11).

Sin embargo, con una relación política internacional a su favor y con rela-tivo apoyo social interno al principio del gobierno de De León Carpio, la URNG no había decidido aún la salida política al conflicto como viraje estratégico. To-davía a finales de 1993, Jorge Rosal, que ese año ejercía él solo la representación de la URNG en Europa, en la primera reunión con la Comunidad de San Egidio, en Roma, le solicitó a Roberto Bonini, responsable de la cooperación de la Co-munidad en Centroamérica, que la Comunidad sirviera de apoyo como grupo de solidaridad (Bonini, 2007: 35).19 Bonini le sugirió al doctor Rosal que podían des-empeñar una mejor función como “interlocutor neutral” (para acercar a las partes sobre la base de su experiencia en el conflicto armado de Mozambique) y, por ello, el único compromiso que adquirieron en esa oportunidad fue “mantener los con-tactos” informales (Ibid.).

19 Los otros representantes de la URNG en Europa en los años anteriores, el doctor Arturo Tarace-na y este autor, se encontraban ya asentados en México.

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Uno de los principales aportes a las luchas de liberación de los pueblos en el caso de Guatemala fue la labor que desempeñó la comunidad internacional, en sentido amplio, que junto con las “iniciativas insurgentes”, en aspectos de organi-zación y coordinación, jugó un papel primordial en las presiones para avanzar y dar contenido al proceso. La propia participación directa de Estados Unidos como “País Amigo” en la acción política inmediata obedeció a iniciativas de la insurgen-cia (Conde, 2007: 28).20 Sin embargo, será la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que marcaría otra de las más pronunciadas inflexiones para ese avance en el proceso.

Hablo de la comunidad internacional en sentido amplio porque incluyo no únicamente a los gobiernos, sino a las Iglesias, como la Iglesia luterana, la Iglesia católica guatemalteca y la Comunidad de San Egidio, acompañadas de muchos grupos pacifistas y de derechos humanos de inspiración cristiana; a sindicatos y federaciones sindicales de diversos países y tendencias, quizá cientos de “grupos de solidaridad” de activos jóvenes varones y mujeres; a los partidos políticos, fun-cionarios, parlamentarios, incluyendo alguno de orientación democristiana; y a los intelectuales, profesores universitarios, estudiantes y centros de investigación. Todos ellos escuchaban a la insurgencia, apoyaban a sus representantes y se incor-poraban a la presión internacional para alcanzar acuerdos que resolvieran el origen de los problemas.21

Importantes variaciones y manifestaciones en las relaciones de fuerzas so-ciales internas y las propuestas centrales de los contenidos se habían comenzado a constituir y a esclarecer con las reuniones de Metepec y Atlixco, Puebla, México, 1990 y, con la reunión con los empresarios en Otawa, Canadá un mes antes.

Con el sector popular se redactó una Declaración que reflejaba el contenido institucional-social que la URNG buscaría con los acuerdos y que este “sector” apoyaba. En dicha Declaración se expresó concisa y sobriamente: “La solución política debe partir de dos elementos fundamentales: a) sentar las bases para el per-feccionamiento de una democracia representativa, real, funcional y participativa, y b) iniciar un proceso serio para resolver las causas históricas, políticas, sociales y económicas que dieron origen a la confrontación” (Declaración de Metepec, Me-tepec, Puebla, México, 25 de octubre de 1990).22 Ésa era la síntesis de la propuesta

20 Frank La Rue, de las FAR, fue su promotor y organizador de la primera reunión oficial entre la insurgencia y el Departamento de Estado a la que asistió Luis Becker Guzmán, también de las FAR (breve entrevista, 11/2/12).

21 Personalmente visité, en más de una ocasión, la mayor parte de países de Europa, de junio de 1986 a diciembre de 1991. En múltiples ocasiones, los grupos de solidaridad o las entidades a visitar apoyaban con boletos de trenes o aviones; en algunos casos se promovía el Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú; los boletos hacia México los cubría las FAR; otros gastos eran normalmente personales. Los primeros años, de esos cinco, trabajamos como representantes unitarios de la URNG con el doctor Jorge Rosal de la ORPA y el doctor Arturo Taracena del EGP, quien se retiró de la representación a finales de los años ochenta. Regresé a México el 1 de enero de 1992 y me incorporé a las negociaciones de paz como asesor.

22 A la reunión asistieron veinticinco representantes del “sector sindical y popular”, posiblemente de todo el movimiento organizado del país integrado por sindicatos, indígenas y campesinos

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de la URNG que el sector popular formalmente aceptaba y que, finalmente, sólo en forma muy parcial, se alcanzaría, como se expondrá adelante.

En septiembre de 1990, la reunión con los empresarios en Otawa, Canadá, había mostrado los límites de la correlación y de los contenidos posibles. Se había puesto en evidencia que el obstáculo principal para los contenidos de los acuerdos relativos al tema democrático y social era la derecha económica. Los miembros del CACIF que asistieron se opusieron a todo compromiso, incluso a que se firmara un breve comunicado conjunto que indicara que la URNG y los empresarios se habían reunido. Le propuse esta posibilidad a un antiguo compañero democristiano, Fer-nando Andrade, quien había asistido como asesor empresarial. Al día siguiente de esta propuesta, cuando ambos nos reuniríamos para redactarlo, Fernando expresó “Chino [este autor], dicen que no firman nada”.

En 1991, con el título Iniciativa para la paz total de la nación, el presidente Serrano Elías hizo públicos los contenidos que su gobierno consideraba que de-bían acordarse. La URNG, a su vez, hizo público un planteamiento integral, en febrero de 1993, en el documento Propuesta de la Unidad Revolucionaria Nacio-nal Guatemalteca (URNG) para una paz pronta, firme y duradera, anteriormente mencionado. El Gobierno reaccionó con el documento Respuesta al planteamiento global de la URNG, en junio. Fue el único material comprehensivo que oficial-mente presentaran las partes a la mesa de conversaciones. Ambos documentos, el de la URNG y el de Serrano Elías, perfilaron los temas para las siguientes con-versaciones formales que quedarían comprometidos en los Acuerdos de México y Querétaro. En el de Querétaro, como su nombre lo indicaba, Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, “la cuestión de la democracia”, como se ha señalado y se discutirá adelante, era la perspectiva central.

Sin embargo, la Comandancia de la URNG tenía la opinión de que Serrano Elías obedecía a las fuerzas militares, inclusive a las más conservadoras. De esta cuenta, perfiló una estrategia militar defensiva pero consistente con capacidades para prolongar “indefinidamente” el conflicto. En diciembre del 2004, Monsanto dijo en un foro que, con Serrano Elías, la Comandancia buscaba aún la victoria militar y que utilizaban las conversaciones como táctica. Además, indicó curiosa-mente que en el período de Ramiro de León Carpio “no hubo significativos avan-ces políticos debido a problemas internos […] fisuras y resquebrajamientos […] en el movimiento y a partir de ello, […] [la Comandancia] se había visto obligada a separar al equipo diplomático” (FLACSO, 2004: 59). Responsabilizó del estan-camiento al Equipo Político-Diplomático (EPD), como se observará en seguida. Más tarde, Monsanto manifestó una opinión diferente respecto a los avances con

y representantes de las Comisiones Permanentes de Refugiados. En la reunión de Atlixco, la URNG se encontró con académicos, cooperativistas, pequeños y medianos empresarios, profe-sionales y pobladores de áreas marginales. La Declaración con este sector fue más abierta, con menor influencia de la URNG.

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De León Carpio y dio otras razones para las tensiones con el EPD-asesores, cuya ruptura finalmente se produjo en el período de Arzú, en abril de 1996.

Rosada, comisionado para la Paz del gobierno de De León Carpio, reconoce que los militares y el Gobierno consideraban que la insurgencia tenía una mejor correlación de fuerzas en las mesas de conversaciones porque la comunidad inter-nacional la apoyaba y porque el Acuerdo de Oslo de 1990 le “había permitido ad-judicarse la representación” de los sectores sociales (Rosada, 2007: 8). Reconoce también que trató de debilitar esa desventaja “para recuperar el balance de fuerzas en la mesa negociadora” (Ibid: 12). Para el efecto, hizo propuestas de cambiar el formato de las pláticas acordadas en Oslo y en México (Ibid: 12-17). Obtuvo un éxito relativo removiendo a monseñor Quezada Toruño de la función conciliadora. Digo éxito “relativo” porque, en el nuevo formato, la función mediadora de las Naciones Unidas, por medio de un representante del secretario general y la orga-nización de la Asamblea de la Sociedad Civil, presidida por Quezada Toruño, para ratificar los acuerdos, también favorecían a la URNG.

Además, las dos reuniones secretas con la mediación de la Comunidad de San Egidio que sostuviera el presidente De León Carpio con la Comandancia de la URNG evidencian que las pláticas informales produjeron un impacto directo en la mesa pública. La primera de estas reuniones se efectuó en Roma el 4 de marzo de 1995 y facilitó la firma del acuerdo indígena. “Se ha tratado de uno de los acuerdos que se firmó más rápidamente. Creo que la reunión de Roma con Ramiro facilitó mucho el acuerdo porque las posiciones de la COPAz [Comisión de Paz del Go-bierno de Guatemala] y de Héctor Rosada luego de la reunión, cambiaron casi radicalmente respecto al tema”, dice Monsanto, cambiando su opinión respecto a los retrasos (Bonini, 2007: 65). La segunda reunión se efectuó el 23 de junio del mismo año, en París. En ella se inició la discusión del acuerdo socioeconómico y agrario, cuya firma no se efectuó, en parte, por decisión de la Comandancia de la URNG que pronto entró en contacto informal con Arzú (Ibid: 85-86).

Con el gobierno de De León Carpio se produjeron tres inflexiones, una ma-yor y dos menores, pero decisivas, para el proceso y para el período del postcon-flicto. Por una parte, respecto al Acuerdo de Derechos Humanos, la Comandancia decidió el cambio de estrategia a favor de la solución política y, por la otra, en cuanto al Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimien-to Histórico y con el Acuerdo de Situación Agraria y Aspectos Económico-So-ciales, la URNG perdió apoyo social y popular en el país e inició rupturas con su militancia a diversos niveles. Monsanto dice que la firma del Acuerdo de Derechos Humanos influyó en la decisión de la URNG de cambiar su estrategia general, lo cual representó, dice, “el momento que a nuestro juicio se impone la negociación como la vía de solución al conflicto” (FLACSO, 2004: 75).

La militancia no estaba informada de esta decisión ni del proceso de pláticas anteriores. Luis Becker hace notar que cuando Monsanto le pidió participar en las negociaciones, él le dijo que quería hablar con los mandos intermedios de los frentes,

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para conocer su opinión sobre el proceso. Al hacerlo, “los compas no opinaron del proceso, no lo conocían, hablaron de las razones por las cuales se habían incorpo-rado a la guerrilla y sólo un probable ex catequista habló de formar un partido o un gran movimiento” (Becker, entrevista, Ibid.).

No obstante, el cambio más significativo durante el gobierno de De León Carpio fue la influencia más directa que ejerció la comunidad internacional, re-presentada en la ONU. Con el Acuerdo Marco de 1994 para la reanudación del proceso de negociación, la ONU intervino por medio de un representante del se-cretario general, asumiendo la función de mediadora (moderadora) del proceso de conversaciones. La formalización del proceso no restó importancia ni influencia a las actividades de los “Países Amigos”, las que también fueron oficializadas en ese acuerdo.23 Tampoco impidió que la diplomacia civil de entidades y grupos no estatales externos continuara con su apoyo a la insurgencia y al diálogo. De hecho, fueron los embajadores de los países interesados en el diálogo quienes, en conversaciones informales con el Gobierno y la URNG, propusieron la necesaria mediación de la ONU (Rosada, 2007: 8-12), cuando en 1993 los gobiernos de Serrano Elías y De León Carpio trataban “de utilizarla como un foro internacional para endurecer su mano contra la URNG” (Jonas, 2000: 95).

En los meses anteriores a la formalización estipulada en el Acuerdo Marco de 1994, la presión de los Países Amigos había sido diplomáticamente ostensible en el rechazo al llamado “Plan Rosada”, en particular por parte de España y Mé-xico (Rosada, 2007: 31-32, 34) e incluso de Cuba. Richard Nuccio, representante del Gobierno estadounidense ante el grupo de Países Amigos, llegó a dudar de la fuerza del Gobierno frente a la oposición de los latifundistas y de los militares a la comisión de la verdad, “Ramiro ya topó” dijo (Ibid: 32). Estas presiones favore-cían la estrategia y la relación de fuerzas insurgentes.24

A la insurgencia le eran desfavorables las presiones que ejerció la comu-nidad internacional permanentemente para que el proceso terminara en el plazo más breve; la fijación de plazos para la finalización de los diálogos fue continua. La misma Comunidad de San Egidio presionaba sobre el particular, “de alguna manera está pasando lo que era nuestro proyecto original: encontrar la manera de agilizar la negociación y ayudar a concluirla” (Bonini, 2007: 160). Aparentemente, fueron también los Países Amigos (México, España y Suecia) quienes, conjunta-mente con el gobierno de De León Carpio, presionaron a la URNG para no indi-vidualizar responsabilidades a los violadores de derechos humanos (Ibid: 54-56).

A propósito, para la firma del Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comi-sión para el Esclarecimiento Histórico, a instancias de la Comandancia, votamos

23 El grupo de Países Amigos estaba integrado por México, Noruega, España y Estados Unidos y, más marginalmente, Venezuela y Colombia.

24 Sobre los Países Amigos, véase Jonas, 2000, especialmente las citas de pie de página números 8, 10 y 11, del Cap. II, págs. 127-130, donde la autora expone las particularidades de la interven-ción de cada uno de sus integrantes.

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por unanimidad, comandantes, EPD y asesores, a favor de que se individualizaran responsabilidades judiciales a los violadores de derechos humanos. La reunión se celebró a la media noche del día anterior a la firma. A eso de las 3:00 am en un pasillo del hotel, conversé rápidamente con uno de los miembros de la Coman-dancia, quien regresaba de la reunión final con la parte gubernamental en la que no habíamos estado presentes los EPD-asesores. A mis preguntas, indicó que todo había salido bien, “que había quedado como habíamos propuesto”.

Minutos después, los comandantes nos informaron a los miembros del EPD-asesores sobre la resolución final del Acuerdo, manifestando su satisfacción por-que se había aceptado la propuesta que habíamos votado y dijeron que la secretaria de las Naciones Unidas lo estaba transcribiendo. Al amanecer, minutos antes de abordar los buses que nos trasladarían al aeropuerto, un miembro de la Comandan-cia nos llevó el Acuerdo para que lo firmáramos. Se lo solicité para leerlo, pero el compañero me contestó que ya lo habían leído. Al insistir que debíamos revisarlo con puntos y comas, me aseguró que ya lo habían hecho dos veces y agregó que teníamos que abordar los buses de inmediato porque podíamos perder los vuelos (algunos se dirigían a México, el comandante Morán y yo íbamos a la sede de la UNESCO en París).

A mi retorno a la ciudad de México, los compañeros del EPD me informaron que el punto del Acuerdo que habíamos votado y firmado antes de nuestra salida no había quedado como lo habíamos acordado internamente. La reacción entre los grupos de derechos humanos en Guatemala y en el exterior fue muy crítica y provocó distanciamientos con la URNG. Con este resultado y contenido, la insur-gencia enfrentaba una pérdida en la paridad de fuerzas y hubo que suspender el proceso para tratar de reorganizar el soporte perdido.

La firma del acuerdo indígena también representó una relativa pérdida de apoyo a la Comandancia de la URNG por parte de la militancia y los simpatizantes indígenas y campesinos cercanos. Rosada menciona que después de la firma se tomó una foto con Rodrigo Asturias (comandante Gaspar Ilom) y que Rodrigo, muy contento con el Acuerdo, le dijo: “Éste es el momento en que Héctor Rosa-da se incorpora a la comandancia de la URNG” (Rosada, 2007: 79). Contrarios al entusiasmo de Gaspar Ilom y antes de abandonar la Cancillería, dice Rosada, los indígenas militantes que habían asistido a las discusiones de este Acuerdo le plantearon al comandante “sus desacuerdos por el texto del acuerdo que acabamos de firmar [Ilom y Rosada]” (Ibid.). En efecto, el Acuerdo no incluía los derechos económicos ni los relativos a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas que eran demandas del campesinado indígena (de manera muy general aparecieron más tarde en el acuerdo sobre el fortalecimiento de la sociedad civil).

En una evaluación hecha cinco años después de la firma final, Demetrio Co-jtí Cuxil afirma que en el acuerdo indígena faltó comprometer demandas como la reforma agraria y el reconocimiento del colonialismo interno, así como demandas

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políticas como el derecho a la libre determinación y la autonomía territorial y política (Cojtí Cuxil, 2006: 5). Ambas omisiones se discutirán adelante.25

El acuerdo socioeconómico y agrario no llegó a firmarse con el gobierno del presidente De León Carpio, pues las relaciones de fuerzas y su expresión, en el nuevo formato de negociación y la instalación de MINUGUA, tendían a favorecer a la URNG, aún con los distanciamientos por el acuerdo de derechos humanos y el relativo decaimiento con el acuerdo indígena. Adelante retornaremos también a esta observación.

A estas alturas, la iniciativa de la insurgencia y las pláticas para la búsqueda de la solución política al conflicto armado con progresos en el contenido social y democrático llevaban diez azarosos y trabajosos años, habían involucrado a tres gobiernos, a una comunidad internacional ampliada y a una insurgencia que había comenzado a entrar en dificultades internas y de apoyo social, pero que aún con-servaba fuerzas suficientes para reemprender el camino.

Las ilusorias pláticas con Arzú

Al volver la vista atrás, surge la pregunta ¿por qué cedió la Comandancia de la URNG y firmó con tanta rapidez siete acuerdos en tan sólo ocho meses después de diez años de arduas tareas y discusiones? Otra pregunta más incisiva podría ser, ¿por qué éstos se acordaron y redactaron sin mayor discusión? Ahora conocemos con detalle algunos contenidos de las cinco conversaciones secretas entre la Co-mandancia y el gobierno de Arzú26 y por las últimas revelaciones de éste, sabemos que se comunicaba por teléfono únicamente con Ricardo Ramírez, el comandante Morán. Dos días después de la primera reunión secreta en El Salvador, Arzú le dijo a Bonini, representante de la Comunidad de San Egidio: “yo quiero resolver el problema de la paz en los primeros cinco u ocho meses de mi eventual presi-dencia” (Bonini, 2007: 122). El comandante Morán también había expresado en febrero de 1996, en Roma, en la quinta y última reunión secreta sin la presencia de Arzú: “Quiero reiterar nuestra decisión de empujar hacia el logro de los acuer-dos lo más pronto posible” (Ibid: 181). El contenido de estas conversaciones será

25 Este autor estuvo a punto de presentar su renuncia porque consideraba que la Comandancia de la URNG daba muestras de ceder para no incluir las reformas constitucionales y otros pun-tos que habíamos propuesto por parte del EPD-asesores, reconociendo la naturaleza de pueb-lo y derechos correspondientes de las poblaciones indígenas, particularmente sus derechos económico-sociales. Las reformas constitucionales finalmente se incluyeron muy parcialmente en el acuerdo y los puntos relacionados con la tierra y los indígenas se incluirían más tarde, en términos vagos, en el acuerdo socioeconómico y agrario. El licenciado Miguel Ángel Sandoval manifestó con vehemencia opiniones muy similares a las de este autor.

26 Pláticas personales entre Arzú y la Comandancia de la URNG hubo solamente dos, ya que Arzú no asistió a las siguientes tres, las cuales fueron solamente con Gustavo Porras y otros funcio-narios de gobierno.

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tratado más adelante. De los temas de las pláticas secretas con los militares se tiene menos información. Se sabe que las reuniones comenzaron mucho antes que la discreta sostenida con Arzú en diciembre de 1995.

Los encuentros informales con los militares se iniciaron desde la primera reunión con el gobierno de Serrano Elías en el hotel la noche del 21 de abril de 1991 después del trabajo del día. Fue un acercamiento social para conocerse (Krui-jt y van Meurs, 2000: 167; Conde, 2007: 25). Más tarde, en julio, durante la sesión del acuerdo sobre “democratización”, el general Julio Balconi dice que se celebró un encuentro que recuerda como la “primera reunión privada”, siempre en el hotel de las negociaciones, “estuvimos allí por espacio de cuatro horas tal vez”, los cua-tro comandantes y los cinco militares (Krujit y van Meurs, 2000: 170, 172). La fe-cha de esa primera reunión no la menciona el general Balconi, pero por el contexto de sus notas debió haber sido la noche del 25 de julio. la discusión del tema de la “democratización” se inició el 24 de julio de 1991 (observación del autor). En esa oportunidad y por iniciativa de Balconi se iniciaron también reuniones privadas únicamente con el comandante Ilom y fue tres años después, a “finales del 94, a principios del 95”, que el general Balconi consultó al ministro de la Defensa sobre la importancia y la necesidad de continuar con estas reuniones privadas, a lo que el ministro manifestó su acuerdo (Ibid: 174).

Otra modalidad de reuniones con los militares se inició a finales de 1995. Se trató de encuentros separados totalmente de las sesiones oficiales de negociación. El más conocido fue el que se llevó a cabo en Cuba; “estuvimos, creo que tres días”, menciona el general Balconi (Ibid: 175). El ex presidente De León Carpio no estaba informado de esta modalidad de encuentros separados, la cual se oficia-lizó con Arzú (Pásara, 2003: 30). El comandante Ilom dijo que en esas reuniones se trataba de “redefinir funciones, redimensionar tareas y recursos” del Ejército. El general Balconi agregó que los militares consideraban que “la idea es reconvertirse en una institución más pequeña y eficiente”, pero que además se habló “de seguri-dad (PNC) [Policía Nacional Civil]”, indicó el general Otto Pérez Molina (Ibid.).

La Comunidad de San Egidio informó de otra modalidad. Mencionó una reunión en Noruega entre el comandante Ilom y un grupo de oficiales del Ejército, la cual no era del conocimiento de la URNG ni de la delegación gubernamental. Ambos grupos se encontraban en una sesión en Roma, el 11 y 12 de febrero de 1996, a la cual no asistió Gaspar Ilom (Bonini, 2007: 173-175). El propio Arzú, ya en el cargo de presidente, “no sabía nada”, dice Porras (citado por Bonini, Ibid.: 175).

En entrevista de la sección “Cafecito Dominical” de Telediario (el día 22/12/11, ya mencionada), Arzú hizo una revelación impresionante de sus entre-vistas telefónicas. Informó que, a pocos días de la firma final, Ricardo Ramírez (comandante Rolando Morán) le comunicó que los obispos estaban reunidos “en el otro cuarto” y le pedían que la URNG no firmara el acuerdo final. Arzú le res-pondió por teléfono: “No sé cuáles sean los argumentos pero usted y yo nos hemos

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cumplido todo, desde que nos dimos aquel estrechón de manos en El Salvador, usted me cumplió todo y yo le cumplí todo, ¿por qué venir en este momento a fallar?”. A las preguntas de la entrevistadora sobre las razones de los obispos, con-testa confusamente (sin dejar claro si es opinión suya o si es de los obispos o del comandante Morán) “que es una treta” la firma de la paz “para favorecer al capital guatemalteco”. Arzú continúa, “usted sabe que el proceso ha sido muy equilibrado, todos hemos actuado sanamente, esto fue lo lindo en este proceso de paz, todo el mundo actuó con las cartas abiertas. Total que al final me dijo el comandante Mo-rán, ‘sí, tiene razón, vamos a la firma de la paz, el 29 estamos allí’”.

En la misma entrevista y de nuevo a instancias de la periodista, Arzú indi-có que el responsable de no haber cumplido los acuerdos fue el pueblo, porque votaron por otros en los gobiernos subsiguientes. Que en su gobierno, para dar cumplimiento a los compromisos relacionados con la pobreza, había generalizado el uso de teléfonos, había pavimentado carreteras y que la tala de árboles había disminuido por la electrificación del país [sic]; además, agregó que los de “afuera miraron que se podía invertir”. Pero el punto en el que insistió en varias oportuni-dades fue que el principal resultado de la firma final era el “cese al fuego”. Resulta significativo constatar que estas respuestas son similares a los planteamientos de la derecha económica de siempre, ya que reflejan la opinión que ésta ha tenido y tiene de los acuerdos y de su cumplimiento.

Este autor no tiene información sobre la forma y sobre quiénes redactaron los acuerdos sustantivos firmados con Arzú (eventualmente pudieron haber sido técnicos de las Naciones Unidas, como en las propuestas para la reforma del sis-tema de justicia). Porras indicó que en las reuniones privadas con el ex presidente se intentó que los contenidos del Plan de Gobierno del PAN “se retomaran en la mesa de negociaciones, como el incremento de la carga tributaria al 12 por ciento del PIB” (Porras, 2007: 5). De acuerdo con Bonini, quien estuvo presente en todos los encuentros secretos, Arzú parecía no darle importancia a estas cuestiones del programa (Bonini, 2007: 107). Asimismo, ambos, Porras y Arzú, tendían a preferir que las conversaciones fueran sólo entre guatemaltecos, como diría Porras, “sin que un extranjero nos obligue a hacerlo con un cuchillo en la garganta” (Ibid.: 171).

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la firma de los acuerdos, fui invitado, no oficial, al Seminario Visión de Paz, Misión de Futuro, organizado por el gobierno de óscar Berger en febrero del 2007 en la ciudad de Antigua Guatemala. En el evento, decidí asistir a un taller que presidiría el em-presario Peter Lamport, uno de los dos miembros de la Comisión de Paz que el CACIF designara para representarlos cuando se discutía el tema agrario y social. Lamport afirmó en esa oportunidad, con sobriedad, que los empresarios actuaron de manera pragmática y que habían salido beneficiados de los acuerdos, entre otras razones, porque Guatemala ya no estaba aislada internacionalmente, se había fir-mado el Acuerdo de Libre Comercio, había más inversiones y se podía vender a otros mercados, pero que faltaba mucho por hacer en materia de pobreza, justicia

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y organización política para consolidar el Estado de derecho (apuntes personales del autor, 24/2/07). A mis preguntas sobre las razones del fracaso de la reunión de Otawa y la oposición de ese sector, antes, durante y después de la firma final, Lamport eludió la respuesta.

La idea de Arzú de que la firma de los acuerdos era una “treta” suya parece quedar en evidencia al considerar su opinión sobre el principal logro de los acuer-dos (el cese al fuego) y sobre sus soluciones a la pobreza mencionada en la entre-vista. Seguramente, éstas fueron las razones por las que los obispos se oponían a esa firma apresurada.

Somos de la opinión que la posibilidad de obtener el triunfo armado en un plazo previsible estaba derrotada en diversas fases del proceso de conversaciones, tanto para la insurgencia como para la contrainsurgencia, y que políticamente la guerra estaba empatada. Hasta las conversaciones informales con Arzú, las relaciones de fuerzas parecían favorecer relativamente a la URNG, situación que comenzó a modificarse en su contra a partir de ellas.

El comandante Monsanto admite en 2005 un cambio cualitativo con Arzú y agrega que lo acordado con él “ese programa [los acuerdos] era el que realmente debería dar respuesta a la problemática que, a nuestro juicio, nos había hecho sur-gir como movimiento revolucionario” (FLACSO, 2004: 61). Por su parte, en un comunicado-saludo último del EGP antes de la firma, el comandante Morán mani-fiesta que “es un paso necesario para la justicia definitiva y la meta del socialismo guatemalteco” (citado por Reyes, 1997: 74). No fue y no ha sido así.

¿Por qué no se hizo un esfuerzo último para mejorar el contenido de los acuerdos firmados con rapidez? Con estos acuerdos, la relación global se terminó de convertir en desfavorable para la insurgencia, en la fase que ha sido considerada como la más importante en los procesos de solución política a conflictos armados internos: la fase de implementación (Dudouet, 2008: 18-20).

Un probable origen de este resultado puede rastrearse al hecho de que la insurgencia carecía de un programa; la única fuente programática se encontraba en los cinco puntos enunciados de la proclama unitaria de la URNG, elaborada en el momento de su constitución en 1982, pero los puntos no se desarrollaban. Esta carencia generó dificultades para presentar propuestas desde un principio. En los dos acuerdos más importantes firmados con Arzú, el socioeconómico y agrario y el de fortalecimiento de la sociedad civil, se incluyeron puntos que provenían de elaboraciones previas a la fractura con el EPD-asesores, los cuales aún estaban redactados sin la suficiente precisión.

En las decisiones sobre rapidez y elaboración influyó un exceso de confianza en las pláticas informales como generadoras de voluntad, fuerza social y capaci-dad políticas de Arzú y su equipo de la paz. ¿Ingenuidad?, ¿riesgo?, ¿intereses personales?, ¿audacia y expectativa de los comandantes? Los compromisos poco

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discutidos son los que seguramente permitieron el sesgo neoliberal a que se hará referencia.27

Fuerza electoral Para MeJorar la correlación Política

A diferencia de los casos de Nicaragua y El Salvador, la URNG entró a su primera disputa electoral indirecta con una relación de fuerzas políticas muy desfavora-ble. El origen de esta desventaja se encuentra en las dificultades para construir una alianza política con social-demócratas y personajes de reconocida tendencia cívico-progresista por medio del Frente Democrático Contra la Represión, sobre todo después del asesinato de Manuel Colom Argueta.28

Desde antes de la firma final de los acuerdos hubo dos intentos para construir una alianza electoral con franjas del centro y del centro-izquierda. El primero muy anterior, iniciado en 1991. Ese año, este autor se reunió informalmente en Ingla-terra con Alfonso Cabrera, secretario general de la Democracia Cristiana, para explorar posibilidades de una alianza electoral en el caso de una eventual firma de los acuerdos.

Este autor informó al comandante Monsanto al respecto y durante cuatro años se sostuvieron pláticas con Cabrera en varias ciudades de México y alguna en Nicaragua, las cuales concluyeron con dos reuniones formales, una en San José, Costa Rica, en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) y la otra en El Salvador, en la Embajada de España, ambas en 1994. Las charlas fue-ron mucho más allá de la posibilidad de alguna alianza electoral y se convirtieron en “un proceso paralelo, en reuniones varias veces con los cuatro comandantes, algunas de ellas, con la presencia de Federico Mayor, de UNESCO, como testigo de buena fe de su seriedad […] se buscaba encontrar la manera de que el proceso llegara a un buen resultado, hacerlo más viable para lograr el objetivo de alcanzar un acuerdo final y vos tenés [este autor] un papel muy importante porque eras el medio de comunicación principal […] eran reuniones de buena fe […] monseñor Quezada estaba informado de ellas” (Cabrera, entrevista, Ibid.).29

27 En mi trabajo de 1997 se sugirió que habría habido una “transacción” que involucraba: “1) La permanencia del inequitativo statu quo agrario; 2) la aceptación de la refuncionalización del Ejército en marcha; y 3) la amnistía mutua”, hoy la duda sigue en pie (Reyes, 1997: 129).

28 Todavía en Costa Rica (1983-1985) sostuvimos pláticas con los licenciados Carlos Duarte (el representante de mayor jerarquía del Frente Unido de la Revolución (FUR) de Manuel Colom Ar-gueta) y Mario Solórzano (de similar jerarquía del partido en formación PSD) sobre el particular. Solórzano optó por acordar con Mejía Víctores la organización del PSD; con Duarte continuamos “contactos” en Inglaterra después de 1986. Duarte es crítico de todo el proceso de negociaciones por su falta de “representatividad y legitimidad porque sólo los comandantes decidían” (breve entrevista, 3/2/12). En El Salvador, los socialdemócratas y los socialcristianos junto con el Frente Democrático Revolucionario (FDR) trabajaron las negociaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Gobierno y fueron a elecciones en alianza.

29 “Recordá que fue Ana Isabel Prera, que se encontraba de representante de Guatemala en la

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A las dos últimas conversaciones acudieron la Junta Directiva en pleno de la Democracia Cristiana y Gaspar Ilom, Pablo Monsanto y el equipo político-diplo-mático por la Comandancia de la URNG. Este autor promovió y estuvo presente en todas las reuniones en México y a los dos últimos eventos fue convocado por interés de Monsanto, aunque por instrucciones de Ilom estuvo en el lugar de la reunión, pero no ingresó a las conversaciones.

En estas dos pláticas finales no se presentó, por ninguna de las partes, la posibilidad de la alianza electoral, a pesar de que éstas habían sido promovidas por la Comandancia de la URNG (Cabrera, entrevista, Ibid.). En 1995, la Democracia Cristiana postuló a Fernando Andrade Díaz-Durán como candidato presidencial. Cabrera y el candidato fueron a México a comunicárselo oficialmente a los coman-dantes en una reunión en la cual este autor estuvo presente. En entrevista, Cabrera nos informa que la postulación de Andrade Díaz-Durán había sido producto de reticencias internas del sector conservador del partido, por lo que hubo que buscar el equilibrio (Ibid.). Con esta decisión de la Democracia Cristiana y con la falta de iniciativa de los comandantes para promover una alianza electoral amplia, como era la idea de este autor, las pláticas de años –desde principios de la década de 1980 con Cabrera y Cerezo–, cuyo objetivo era mejorar la correlación política en la fase de implementación de los acuerdos, no habían encontrado condiciones favorables.30

Una preparación mucho más breve pero con resultados similares fue el in-tento de aliarse electoralmente con el Movimiento Cívico Democrático de centro-izquierda, que postulaba como candidato presidencial a óscar Clemente Marro-quín, quien también presidía la organización. El intento también fracasó. La razón fundamental obedeció a la imposibilidad de un “encuentro directo” entre Marro-quín y la Comandancia, de acuerdo con Víctor Hugo Godoy, delegado del Movi-miento Cívico-Democrático para las conversaciones con la URNG (Godoy, en-trevista, 8/12/11). ¿Por qué no se llevó a cabo ese encuentro directo? ¿Cuáles son las causas y las razones por las cuales, en décadas, no ha sido posible una alianza política, reformista de las izquierdas, con el centro-derecha y el centro-izquierda?

Estas dificultades también se habían presentado en el interior de la izquierda. La URNG no logró unificar en un frente común a las agrupaciones no insurgentes, como la Unidad de Izquierda Democrática (UNID) y el Frente Unido Revolucio-nario Democrático (FUR-D) (Hernández, 2005: 76).

La Comandancia logró finalmente la alianza electoral sólo con una parte del “movimiento social”, con figuras públicas como Rosalina Tuyuc, Nineth Montene-gro, Amílcar Méndez, Byron Morales, Miguel Ángel Albizúrez y Manuela Alvarado

UNESCO, quien con vos [este autor] articularon las relaciones con su director general y la URNG” (Cabrera, entrevista, 16/12/11). En reconocimiento a la UNESCO, ésta es la única ins-titución del sistema de las Naciones Unidas que se menciona en los Acuerdos; probablemente, la experiencia guatemalteca sea una de las fuentes de su programa de Cultura de Paz.

30 El Frente Amplio de Uruguay construyó esta alianza desde los años sesenta.

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(Godoy, entrevista, Ibid.). La URNG llegaba con una correlación política desfa-vorable que se incrementaría en la fase de implementación, sobre todo porque en este “movimiento social” faltaban ahora, las organizaciones campesinas de masas protagonistas, particularmente indígenas, como la Coordinadora Nacional Indíge-na y Campesina (CONIC), el CUC y otras menores.

Las discrepancias políticas y sociales continuaron y se hicieron más notorias cuando el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) se retiró de la Alianza Nueva Nación (ANN/URNG) y, posteriormente, con la autoruptura o expulsión de Monsanto de la URNG en 2001 (Hernández, 2005: 441-444).

Sin neGociar la iMPleMentación

En mi trabajo de 1997 expuse que la teoría de la transformación de conflictos de Rupensighe y otros consideraba que los procesos de solución política a los conflic-tos armados internos no concluyen durante la fase de negociaciones propiamente dicha. En la fase subsiguiente, en el postconflicto, las negociaciones continúan de otra manera, quizá más decisiva. En el caso de Guatemala, después de las dos pri-meras reuniones secretas, Arzú dice que ya no volvió a reunirse con los comandan-tes y que únicamente mantuvo comunicación telefónica con Rolando Morán; “no los volví a ver”, dice (entrevista de Canal 3, Ibid.), y entró en dificultades con su propio partido, el cual no asumió el cumplimiento de los acuerdos (Pásara, 2003: 184-187, 346-362).

Los altos funcionarios de Arzú proclives a la negociación, Gustavo Porras, Richard Aitkenhead, Eduardo Stein, Raquel zelaya, Julio Balconi, que habían sido funcionales para los acuerdos finales, se encontraron sin fuerza y más propensos al sesgo neoliberal en la interpretación y cumplimiento de los acuerdos, en una situa-ción en la que URNG se encontraba con desventajas sociales y políticas y ya sin fuerza militar. Las desventajas se hicieron ostensibles, además, en las insuficien-cias de la institucionalidad creada para canalizar el cumplimiento. La concepción, organización y funcionamiento de la Secretaría de la Paz (SEPAz), entidad del Estado encargada de promover el cumplimiento de los acuerdos y la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de la Paz (CAAP), confirman las insuficiencias de la desfavorable correlación final.

Las funciones que se le atribuyeron legalmente a SEPAz fueron no sólo limitadas sino carentes de autoridad e influencia efectiva. Su fundamento legal era un Acuerdo Gubernativo, no una ley decretada por el Congreso de la República. En la práctica administrativa, sus competencias debieron circunscribirse a organizar mecanismos de comunicación con la Presidencia y las dependencias del Estado

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encargadas de cumplir directamente los compromisos calendarizados.31 SEPAz, CAAP y las Comisiones Paritarias no tenían posibilidad de influir en la gestión del Estado e impedían “que la agitación y la presión social fueran la garantía para que el Estado honrara los compromisos” (Nuila, 2007: 28).

El ex presidente Arzú no favorecía la participación ciudadana y menos la participación popular. Acusó al funcionario de MINUGUA encargado de la Parti-cipación Social de que “estaba excediéndose en sus funciones” al promover una participación ampliada de los grupos indígenas y populares (Godoy, entrevista, 8/12/11).

Las conversaciones informales y las correlaciones de fuerzas que dinamiza-ron el proceso y que venían generando contenidos de gran aceptación social, hasta las insuficiencias con De León Carpio, tendieron a desaparecer totalmente en la fase de implementación. Sin alianzas de amplias convergencias políticas y socia-les, las exigencias para el cumplimiento de los acuerdos se hacían poco menos que imposibles.

diSyuntivaS no reSueltaS

Lo agrario

Para ir a la mesa pública a discutir el acuerdo socioeconómico y la situación agra-ria, internamente asesores, político-diplomáticos (EPD) y comandantes conver-samos sobre una estrategia que abriera las puertas a la reforma agraria, ya que el problema de la tierra era una de las causas principales del conflicto. Los consensos con el gobierno de De León Carpio admitían y formalizaban la estrategia para la apertura a la reforma, pero el acuerdo posteriormente consensuado con Arzú im-posibilitó esa alternativa.

Rosada indica que en este acuerdo hubo que negociar mucho con el CACIF por medio de su Comisión Empresarial para la Paz (Rosada, 2007: 45), porque le temían a temas “como la función social de la propiedad de la tierra, los impuestos

31 En el período en el que fungí como subsecretario de SEPAz (2000-2001), inicié una propuesta legal para cambiar el estatus jurídico de la Secretaría, ampliar sus funciones y su autoridad. Ade-más, resolví, mediante negociaciones directas, las presiones y demandas de la Policía Militar Ambulante. Posteriormente y después de largas y arduas negociaciones, bajo mi coordinación se hizo la propuesta original conjuntamente con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), los Ministerios de Educación y de Trabajo y otras dependencias para solucionar estratégicamente las demandas de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que no implicaban, bajo ningún supuesto, la entrega de dinero a los patrulleros, como finalmente aprobó Alfonso Portillo y ratificaron los gobiernos siguientes. Ricardo Alvarado Ortigoza, si-guiente subsecretario de la SEPAZ, afirma asimismo que renunció porque las comisiones pari-tarias se convirtieron en “mesas de diálogo” elitistas sin ningún impacto en las políticas (breve comunicación personal, 17/2/12).

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a tierras ociosas y el cambio en su régimen legal para su tratamiento” (Ibid: 85) compromisos mencionada, que diera posibilidades de reformas en la tenencia, uso y posesión de la tierra. Rosada también hizo público el Documento de Trabajo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, redactado por las Naciones Unidas y que circulara únicamente entre las partes como acuerdos provisionales. El Documento de Trabajo prueba la diferencia entre el contenido que se estaba aprobando con el gobierno de De León Carpio y el firmado finalmente con Arzú.

Dice Rosada, citando el documento: “Las diferencias más significativas en-tre este texto y el texto del acuerdo que se firmó en mayo de 1996 [con Arzú], hace referencia a la eliminación del acuerdo respecto a que los artículos 39, 40, 44, 118 y 119 de la Constitución Política de la República, reconocen la función social de la propiedad de la tierra [en negrita en el original], ya sea individual o colectiva, pública o privada, e incluyendo la adjudicada como patrimonio familiar agrario y patrimonio agrario colectivo. Reconocimos que, conforme a dichos artículos, la función social implica: [... ] 4) el cumplimiento de las obligaciones tributarias que conlleva el derecho a la propiedad” y otras más (Ibid: 88). En otros términos, el acuerdo con Arzú eliminó la interpretación de que la actual Constitución contiene artículos que reconocen la función social de la propiedad y de las obligaciones tributarias que tal derecho conlleva.

En la segunda reunión secreta entre la Comandancia y los delegados de Arzú celebrada en México, dijo Porras: “leímos el borrador del acuerdo socioeconómico que estaba en proceso de discusión [el citado anteriormente]; al día siguiente yo tuve una primera reacción frente a ese borrador, y plantee que tenía una serie de elementos que eran imposibles, irrealizables, y que además técnicamente no eran coherentes” (FLACSO, 2004: 44). No se conocen las objeciones específicas de Porras, pero se sabe que, en general, respecto del documento y de las propuestas socioeconómicas de la URNG, agregó “algunos aspectos son detallados en exceso […] es demasiado específico” (Bonini, 2007: 141). El comisionado para la Paz de Arzú quería redacciones más laxas. Morán respondió: “ustedes pueden contar con nuestra decisión de flexibilizar todos aquellos aspectos que puedan resultar un obstáculo en el camino de la negociación” (Ibid.). y le dijo a Porras personal-mente: “decile a Alvaro Arzú […] nosotros estamos dispuestos a allanar cualquier obstáculo administrativo o técnico para firmar la paz. Y que incluso la paz se puede firmar en seis meses” (FLACSO, Op. cit.). La discusión del tema fiscal y su acuer-do final fue similar al agrario en sus recortes, así como lo fue la orientación más “flexible” de todo el acuerdo socioeconómico.

Las razones para esta redacción laxa que impedían encaminar las reformas sociales, por parte de la Comandancia de la URNG, fueron seguramente uno de los motivos por los cuales se disolvió el Equipo Político-Diplomático (EPD) y de asesores, pues nos oponíamos a este retroceso en un tema crucial para el país y su progreso.

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La relación entre la Comandancia y el EPD-asesores se había venido dete-riorando en los últimos meses de 1995. Por esta razón, el EPD-asesores remitió una nota a la Comandancia el 16 de abril de 1996, donde sistematizaba sus puntos y hacía propuestas para su reestructuración.32 Uno de los aspectos del deterioro era la falta de comunicación e información que el EPD-asesores tenía en cuan-to al progreso del proceso, situación que a nuestro criterio impedía una asesoría profesional. Cuando la Comandancia disolvió el EPD-asesores, se les indicó a sus miembros que el motivo era que con la nota “les habían faltado el respeto”.33

Posteriormente, Monsanto le dio otras razones a la naciente primera di-rección nacional de la URNG, aduciendo que habían disuelto el EPD-asesores “porque se estaban atribuyendo funciones y competencias que no se les habían asignado” (Becker, entrevista, Ibid.). El comisionado Porras informa que los co-mandantes decían que “era más fácil ponerse de acuerdo con nosotros que con [sus asesores] la Comisión Político-Diplomática” (citado por Pásara, 2003: 32). Ade-más, Porras da razones diferentes a las manifestadas por Monsanto: “una decisión crucial que se adoptó desde las reuniones secretas fue la de que ambas delegacio-nes se conformaran con sólo cuatro miembros, sin asesores ni comisiones adjuntas. Esta medida se adoptó por iniciativa de URNG que había acordado internamente prescindir de su Comisión Político Diplomática, la cual a su juicio les complicaba el proceso” (Porras, 2007: 9). ¿Fue ésta una decisión de la Comandancia o fue un acuerdo con Porras? Como se anotó, Jorge Soto (comandante Pablo Monsanto) ha dado distintas versiones en diferentes lugares; la decisión era que los comandantes querían negociar solos, como lo querían Porras-Arzú. En mi trabajo de 1997 utilicé el término arcana imperii para designar ese comportamiento.34

¿Por qué buscaban negociar solos? La razón de fondo de la ruptura con el EPD-asesores se relacionaba con el contenido del acuerdo socioeconómico, particular-mente con la discusión del difícil tema agrario.35 Desde la suscripción con Arzú de

32 Archivo personal, nota sin título encabezada “Compañeros de la Comandancia General”, suscri-to por Equipo Político Diplomático y Asesores, de fecha 16 de abril de 1996.

33 Frente a esta decisión de la Comandancia, el grupo en el que este autor realizaba su trabajo orgánico resolvió lo siguiente: “Consideramos que con esta decisión política [la disolución del EPD-asesores], la CG [Comandancia General] de la URNG, incurre en un error metodológico fundamental, cual es, desconocer los planteamientos propositivos y críticos de una instancia unitaria y, aún más, que éstos planteamientos se solucionen por la vía de la eliminación de la instancia, lo cual entre otras cosas, vulnera los derechos políticos de los compañeros” (Célula de militancia, “Consideraciones respecto de la disolución del EPD”, Para Consejo Político Eje-cutivo de las FAR, 7 de mayo de 1996, Archivo personal).

34 Describí el término de esta manera: “Dícese de las diversas formas del poder absoluto que se auto-facultan para tomar decisiones en secreto y para omitir su publicación; se oponen al prin-cipio de la publicidad y del control ciudadano del poder de la res pública y de las democracias modernas” (Reyes, 1997: 129).

35 Puede agregarse respecto de las causas de la disolución del EPD-asesores que, de acuerdo con el doctor Becker, miembro originario del EPD, al equipo político-diplomático nunca se le asignaron funciones ni en forma oral ni por escrito (Becker, entrevista, 6/12/11) y que, por lo tanto, no se es-taban excediendo en facultades algunas. La figura de los “asesores”, por su parte, se encontraba formalmente reconocida en el formato negociador desde el Acuerdo de México de 1991 y su supresión implicaba alternaciones a compromisos de procedimiento. A su regreso de Europa a

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este importante acuerdo, ya sin asesores, los compromisos principales y posterior-mente calendarizados tomaron un sesgo ciertamente neoliberal. En este particular habrá que distinguir los compromisos específicos y la forma como fueron forma-lizados en el cronograma y las redacciones considerativas y declarativas de los acuerdos. Estas últimas redacciones tienen una proyección más reformista, pero no derivan compromisos específicos para un impacto real. En contraste, los com-promisos calendarizados sí tenían obligaciones explícitas de cumplimiento, pero tendían a diluir la consistencia y a restar fuerza a los acuerdos.

Como antecedente de la insuficiencia en precisión y profundidad de los com-promisos económico-sociales puede indicarse que, en una de las reuniones secre-tas con De León Carpio, los comandantes habían formulado como irrenunciables en forma muy general y enunciativa: la reforma fiscal, el salario mínimo básico, la descentralización, el fortalecimiento del poder municipal y el catastro (Bonini, 2007: 90). Los temas se comprometieron en los acuerdos, pero perdieron precisión y su orientación social reformista.36

Para varios de los miembros del EPD-asesores, la coyuntura para la dis-cusión de la cuestión agraria era única y no se volvería a repetir en el país por muchos años, quizá nunca. Las organizaciones indígenas-campesinas “lo sabían” y tenían “tomadas” docenas de fincas en esa época. ¿Era el momento de acciones histórico-decisivas? ¿Había las capacidades? Las organizaciones campesinas de masas se quedaron esperando. Ésta fue una de las razones de mi renuncia a las FAR, la cual hice pública en mayo de 1996.37

La democracia

Desde un principio y al centro de los contenidos de los acuerdos estuvo presente, en forma explícita o implícita, la cuestión de la democracia. Desde las conversa-ciones informales iniciales, ése había sido el punto de partida político de la parte gubernamental: en Guatemala ya hay democracia y la insurgencia debe incorporarse

México, este autor pasó a ser uno de los asesores de la URNG en el proceso de solución política al conflicto.

36 “Lo que dice el Acuerdo socioeconómico sobre la tierra es la mitad de lo que decía la Alianza para el Progreso”, afirma el general Héctor Gramajo, entrevistado por Pásara (2003: 33).

37 Respecto del acuerdo, mi renuncia a las FAR decía que sus disposiciones “dejan casi nada en concreto para el campesinado y los indígenas guatemaltecos […] Por qué no se nos hicieron consultas precisas para buscar alternativas a puntos precisos del acuerdo? Sobre todo en el tema de cuestiones agrarias, del cual su servidor había elaborado la casi totalidad de las propuestas originales” (México, 8 de mayo de 1996, renuncia dirigida al Consejo Político Ejecutivo de las FAR). Aparentemente, la renuncia del autor era la punta del “iceberg” de un número creciente de retiros, renuncias, suspensiones de “asignación” y pérdida de apoyo de la militancia que se venía produciendo en los dos últimos años.

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a ella. A insistencia de la URNG, primero en El Escorial, con el compromiso de reformar la Constitución, se fue admitiendo la noción de perfeccionar una demo-cracia funcional y participativa, y en los acuerdos posteriores, particularmente el de Querétaro, julio de 1991, la noción de una democracia funcional y participativa quedó aceptada y enunciados sus “requerimientos”.38 Las delegaciones guberna-mentales no llegaron a aprobar la expresión completa que proponía la URNG y que fue aceptada en Metepec con los movimientos popular e indígena-campesino, la cual anteponía el término real y recomendaba que el compromiso fuera trabajar por una democracia real, funcional y participativa.

Las objeciones de la URNG eran que en Guatemala se había iniciado el funcionamiento de una democracia formal, sólo existente en la obligación legal, pero que esa legalidad no era real y no funcionaba. Además, se opinaba y se con-tinúa opinando, con fundamento, que el origen de la democratización también era contrainsurgente y que internacionalmente, con los Acuerdos de Esquipulas I y II, aparte de evitar una mayor intervención militar estadounidense en Nicaragua, también se buscaba crear un cerco político-diplomático a la insurgencia.39

En la segunda ronda de negociaciones con el gobierno de Serrano Elías, junio de 1991, en la que se inició la discusión del Acuerdo Marco sobre la Demo-cratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, la URNG, dice el comisionado Conde, presentó un “vasto documento […] [que] enfocaba sin duda una visión muy crítica de la democracia en el país” (Conde, 2007: 17, subrayado nuestro). Sobre el término “participativa” había mayor consenso porque la propia Constitución de 1985 tenía algunas disposiciones al respecto.

Respecto de la democracia y la participación, en el Acuerdo para el Forta-lecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática quedaron varios de los puntos que habíamos propuesto antes de la disolución del EPD-asesores, cuyo origen inmediato en el proceso de negociación se encontraba en las conversaciones informales del acuerdo sobre democratización referido.40

Los puntos quedaron finalmente semidiseñados para iniciar una estrate-gia de autonomías indígenas en el marco de la descentralización constitucional

38 El Acuerdo enuncia en nueve incisos los requerimientos que en parte sintetizan el temario gene-ral y varios de los acuerdos posteriormente firmados como “f) La subordinación de las fuerzas armadas al poder civil; g) El reconocimiento y respeto a la dignidad y derechos de los pueblos indígenas”, algunos más generales como “b) El desarrollo de la vida institucional democrática; c) El funcionamiento efectivo de un estado de derecho”. La participación, “directa o indirecta”, de la sociedad civil en las políticas se redactó en un párrafo aparte, fuera de los incisos princi-pales (Querétaro, Querétaro, 25 de julio de 1991).

39 “En ese sentido el planteamiento político y militar de URNG [era] que había que romper el cerco con estrategias políticas, diplomáticas y militares, las cuales había que ejecutar de manera simultánea” (Nuila, 2007: 24).

40 En esa oportunidad, Amílcar Burgos, miembro de la delegación oficial, le dijo a Carlos González (Ricardo Rosales Román): “hay que fortalecer el poder local; terminemos con la discriminación indígena, aproximemos el voto a la gente y desconcentremos política y administrativamente la vida del país”. Carlos González “respondió con firmeza y determinación: ‘tiene razón Ingeniero Burgos’” (citado por Conde, 2007: 19).

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y del Convenio 169 de la OIT para transformar aspectos de la representatividad democrática liberal en el Congreso y en los gobiernos municipales. Varios en el EPD-asesores insistíamos en afirmar que la toma de decisiones políticas, económi-cas, sociales y culturales debía iniciarse en la base social y con el reconocimiento de la institucionalidad indígena, considerados sus conjuntos etno-culturales como pueblos.41

El tema de la democracia es actual en Guatemala y en el mundo. Está recom-poniendo las propuestas institucionales de las izquierdas y de los movimientos so-ciales en las diversas “primaveras sociales en marcha”. Estas propuestas tienen que ver con la crítica a la democracia representativa liberal-neoliberal y las ideas para transformarlas. En América del Sur, varios gobiernos han reformado sus Constitu-ciones Políticas en ese espíritu.

La seguridad

El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, de septiembre de 1996, comprometió puntos sobre el Esta-do y su relación con la sociedad y sus pueblos, de alcance limitado; además, carece de disposiciones expresas y precisas para evitar la privatización de sus activos y crear el inexistente andamiaje administrativo público, sobre todo en el interior del país. Las reformas al sistema de seguridad y la función de los militares en el mismo quedaron así asociadas a la forma de Estado prevaleciente pero inconstitucional, es decir, de un Estado concebido (en la interpretación neoliberal del principio de sub-sidiariedad socialcristiano contenido en el artículo 118 de la Constitución) como “árbitro y negociador”, sin autoridad propia, según una propuesta de Porras (Bonini, 2007: 139-142).42 Estas limitantes, entre otras, han posibilitado una “reconversión”

41 En cumplimiento de los acuerdos y en mi calidad de subsecretario de la Paz, presidí la Comi-sión Paritaria de Participación a todos los Niveles de los Pueblos Indígenas, con un equipo de representantes indígenas y de gobierno con excelentes capacidades. Logramos la elaboración final y aprobación de las leyes de “Poder Local” (Reformas al Código Municipal y a la Ley de Consejos de Desarrollo) en una estrategia de descentralización-regionalización-autonomía de los pueblos indígenas. A pesar de las calendarizaciones, estas leyes se habían demorado durante el período de Arzú. En el programa interno de gobierno 2012-2015 de WINAQ, Kolomal, se hace un desarrollo programático de la descentralización-regionalización-autonomía a partir de talleres con la dirigencia y la militancia del partido. Me desempeñé como consultor en su ela-boración, pero no estoy informado si el programa ha sido aprobado. Esta institucionalidad en la base social y la ratificación del Convenio 169 de la OIT derivada de los compromisos de los Acuerdos han contribuido, muy posiblemente, a las numerosas consultas etno-populares comu-nitarias de los últimos años en defensa del territorio local y sus recursos naturales en contra de operaciones extractivas de empresas nacionales y transnacionales.

42 La segunda etapa del proceso de propuestas para la reforma constitucional se verificó con Arzú para preparar el Acuerdo Final sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral que con-tenía las que finalmente quedaron en el Acuerdo. En el EPD-asesores habíamos propuesto ini-cialmente un máximo de siete u ocho reformas concretas que perdieron precisión y se “desdibu-jaron y diluyeron” en las trece poco sustantivas que se incorporaron en el Acuerdo. En la tercera

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militar que ha impedido a las autoridades civiles valerse de controles efectivos para conducir ese proceso, el cual es dirigido por los militares con bastante auto-nomía (Calvaruso et al., 2007: 41-44).

La Comandancia ponía el énfasis principal en la disolución de los temidos “aparatos clandestinos de seguridad”, aquéllos responsables de los secuestros, eje-cuciones extrajudiciales y torturas normalmente organizados desde el Ejército y la Policía. Asimismo, buscaba una reforma constitucional respecto de funciones de seguridad que no corresponden a los militares y también tenía consideraciones sobre el sistema de inteligencia prevaleciente.

Empero, fuera de algunos énfasis particulares, la propuesta armonizaba con el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana aprobado un año antes de la firma final. Estaba asimismo en correspondencia con los cambios en los sistemas de seguridad que se estaban aprobando en el mundo, después del entusiasmo occidental por la caída del Muro de Berlín y que el propio Ejército guatemalteco reconocía y aceptada como “modernización”.

Es probable que la deficiencia mayor de los compromisos en materia de se-guridad haya consistido en no prever los cambios que ya se estaban produciendo en la política de seguridad nacional de Estados Unidos, los cuales se orientaban a utilizar la lucha contra el narcotráfico para subordinar el sistema de “seguridad democrática” esbozado en el acuerdo.43

El tema es actual y apunta a una “remilitarización o fascistización” de los sistemas de seguridad en los propios Estados Unidos, en el mundo bajo su influen-cia y, por supuesto, en Centroamérica y Guatemala, en el marco de las crisis mun-diales y del tratamiento del problema del crimen organizado desde perspectivas de control autoritario bajo el tema “seguridad y justicia”. Se olvida que en Guatemala la principal causante de las muertes no es la criminalidad sino el hambre.

Una plataforma política

Los comandantes expresaron en más de una oportunidad, en conversaciones in-ternas, que el planteamiento final de los acuerdos sería una plataforma política de lucha, que buscaría la convergencia de distintas fuerzas para su cumplimiento. Se trataría así de una plataforma política con un proyecto de institucionalidad de tran-sición hacia una democracia real, funcional y participativa. Se oponían a la idea

etapa, para preparar la consulta popular de 1999, las propuestas originales se diluyeron aún más en las cincuenta que se acordaron en el Congreso de la República.

43 Como subsecretario de Análisis Estratégico (2002-2003), pude constatar que una de las mayores carencias para diseñar un sistema de seguridad democrático era la inexistencia de una agenda estratégica de seguridad. Su carencia había sido una de las causas por las cuales se han incorpo-rado como propios los “intereses nacionales” que protege la agenda de seguridad nacional de la Unión Americana. Morán afirma que los militares con los que habían hablado decían “que ellos defendían los intereses de Estados Unidos en Guatemala” (Bonini, 2007: 113).

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de acuerdos concretos, de programas como el Programa de Tierras de El Salvador que algunos proponíamos ante las dificultades de cumplimiento de los acuerdos que se preveían.

Un análisis más cercano de los acuerdos, sobre todo de los siete firmados con premura, podría decir que éstos presentaron una plataforma política para la construcción de una institucionalidad democrática liberal-neoliberal con cierta proyección social (de matices socialcristianos, socialdemócratas y etnopopulares libertarios). Se hace esta afirmación con base en la diferencia apuntada entre la orientación más reformista de los compromisos considerativos y declarativos, en comparación con los compromisos redactados de manera laxa y con los compro-misos calendarizados.

En el importante asunto de Régimen y Reforma Electoral, decisivo para el funcionamiento de una democracia real, se dejaron abiertos los temas a la discre-ción de una comisión conformada y presidida por el Tribunal Supremo Electoral y no se incluyeron otros que fueran en la línea de la construcción de una democracia real, funcional y participativa. Es cándida la sugerencia que enuncia el Acuerdo cuando expone entre otros compromisos que:

“Para asegurar la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y que la preferencia de los electores no sea suplantada por la capacidad de inversión económica, las partes consideran que el Tribunal Supremo Electoral debería te-ner la facultad para determinar el techo de gastos en propaganda electoral de cada candidato presidencial en los medios masivos de comunicación” (Punto 15, parte II, del Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, subrayado nuestro).

La cuestión de la prevalencia del financiamiento, privado o público, a los partidos no es principalmente un problema de transparencia y, menos aún, de su-fragar los gastos de campañas electorales; el tratamiento del dinero a los partidos en condiciones de igualdad y su fiscalización es, sin duda, un punto decisivo para el funcionamiento real de las democracias representativas. Esto es particularmente cierto en el caso de Guatemala, donde la legislación y la política a ejecutar es, con toda seguridad, impedir que el financiamiento privado sea el gran organizador de partidos patrimonial-clientelares, en activo, únicamente durante las campañas electorales. En Guatemala, los resultados son evidentes. No se ha transitado a la democracia, sino a una forma de régimen plutocrático donde el dinero es el orga-nizador y el principal elector.

Finalmente, con estas observaciones y otras anteriores, se quiere matizar una de las tesis centrales del estudio más comprehensivo que se ha escrito sobre el pro-ceso de paz, De centauros y palomas de Susanne Jonas.44 Esta autora afirma que la guerrilla cambió de estrategia y de objetivos políticos revolucionarios “hacia una estrategia de obtener una cuota de poder para las clases populares por medios

44 El otro trabajo comprehensivo que conocemos es el de Pásara, 2003.

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políticos” (Jonas, 2000: 74) y que “Ciertamente, era el único camino posible para la desmilitarización de Guatemala, y para corroer las estructuras del Estado con-trainsurgente” (pág. 75).

El cambio de estrategia y de objetivos políticos no llegó a concretar compro-misos claros y precisos “para obtener una cuota de poder para las clases populares” y los sesgos liberal-neoliberales y su calendarización oscurecieron y marginaron los compromisos de relativo mayor contenido económico y social. La desmilitari-zación, por su parte, era sólo un objetivo instrumental para buscar la solución a las causas del conflicto.

SiGniFicacioneS

Procesos institucionales en formación

Las salidas políticas negociadas a los conflictos armados internos han sido proce-sos inéditos en la historia política mundial hasta el último cuarto del siglo pasa-do. La ONU misma no tiene sistematizados un concepto y una institucionalidad apropiada y equitativa para su solución. Las funciones de mediación del secretario general, que fue el tipo de intervención utilizado en Guatemala, muestran estas carencias (Sánchez, 2001: 43-58).

Después de varias experiencias de procesos de negociación, parece ser evi-dente que la fase de la implementación o cumplimiento de los acuerdos es la más problemática, ya que se entra en un período en el cual las correlaciones de fuerzas se han modificado respecto de las que prevalecieron en la fase de las negociacio-nes propiamente dichas. En la mesa redonda de Berlín, varias veces mencionada, ésta fue la fase que captó la mayor atención, no solamente porque parecía ser una inquietud de los organizadores sino porque, con excepción del Ejército Re-publicano Irlandés, todos, hasta el Congreso Nacional Africano, expresaban su poco entusiasmo con los resultados alcanzados en esta etapa. Se percibía que en todas las experiencias los gobiernos y sus grupos dominantes habían incumplido. Entre las recomendaciones finales incluidas en el documento publicado se sugirió que en el futuro una entidad independiente –en la cual la comunidad internacional tendría algunas funciones– elaborara garantías e incentivos diplomáticos para el cumplimiento y tuviera las capacidades para imponer sanciones a los infractores (Dudouet, 2008: 18-20).

En Guatemala, los acuerdos abrieron a la modernización liberal –el Organis-mo Judicial (Pásara, 2003: 193-296) y neoliberal–, entre otros, el acceso a la tierra por compra-venta y la desregulación del agro; sus generalidades, insuficiencias e incumplimientos han posibilitado judicializar la política, remilitarizar la seguri-dad, reducir tecnocráticamente y corromper la descentralización y el sistema de

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Consejos de Desarrollo e incumplir las consultas indígena-populares. Todos ellos procesos que seguirán su curso conflictivo institucional con poca o ninguna in-fluencia de la proyección social que debería estar contenida en los Acuerdos de Paz.

El sentido en la mediana duración

La firma final ha sido para las izquierdas y probablemente para el centroizquierda y el centro-derecha guatemaltecos la caída de su muro ideológico y probablemente práctico. En sus paradojas, contradicciones y posibilidades, el proceso de pláticas para la salida política al conflicto armado abrió la discusión. “El logro es haber discutido los problemas del país como no se habían discutido nunca”, dice un progresista ex militante del extinguido Partido Revolucionario de Mario Méndez Montenegro y activo representante de los partidos en el proceso de paz (Godoy, entrevista, Ibid.).

La plataforma política, con sus vacíos, insubsistencias, acentos y claridades diversas, continuará allí posiblemente como el documento político más compre-hensivo y de mayores consensos internos y externos de la historia republicana del país, para tratar de cambiarlo. Como plataforma política es difícil que pueda reconvocar a la discusión nacional y sin duda debe aproximarse para las izquier-das el momento de su renovación. Temas que no fueron incluidos antes deberán discutirse ahora, como el régimen económico, la descomposición ambiental y el reordenamiento centroamericano y mundial.

El secretario general de la URNG ha propuesto continuar con la construc-ción de los siguientes “cuatro procesos prioritarios” derivados de los acuerdos: a) La construcción de la nación guatemalteca y de la identidad nacional; b) la cons-trucción de un Estado social y democrático de derecho; c) la plena participación de la ciudadanía en la toma de decisiones “de abajo hacia arriba”; y d) la reforma fiscal y tributaria que evite la concentración y distribuya la riqueza (Nuila, 2007: 34-35).

La salida política al conflicto armado, tanto en los contenidos de sus acuer-dos como en los procesos y fuerzas sociales que contribuyó a liberar, dio curso también a la práctica político-social de las izquierdas y de los demócratas del cen-troderecha y del centroizquierda en múltiples y pequeñas agrupaciones. Sin embar-go, desató hasta la caja de Pandora para la descomposición social y política, quizá reprimida por las tensiones del conflicto. En el caso de las izquierdas, ésta incluyó las claudicaciones ideológicas, la búsqueda de asensos y de nombre, eventualmen-te pocas veces, crisis moral y corrupción.

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Empatar la guerra, perder la paz

Sin duda, la guerra interna y el proceso de conversaciones para una salida política al conflicto fue la confrontación y desafío más fuerte y articulado que enfrentaron las clases dominantes guatemaltecas y la derecha económica y política organiza-da en la segunda mitad del siglo XX. Los talleres de la mesa redonda de Berlín resaltan que, en el caso de Guatemala, el aporte para futuros procesos de solución política a conflictos armados internos había sido, por un lado, el valor de las con-versaciones informales y, por el otro, las funciones desempeñadas por la comuni-dad internacional civil y política para orientar el proceso.

En la fase acelerada de la firma con Arzú, la insurgencia, en desventaja mi-litar y con debilidades en el apoyo social y político electoral interno, empató po-líticamente la guerra. Pero los movimientos sociales, las fuerzas democráticas del centroderecha, del centroizquierda y la ex insurgencia perdimos la paz por falta de capacidades políticas y organizativas para alianzas y acciones conjuntas. La falta de capacidades para alianzas y acciones conjuntas de las “fuerzas del cambio democrático”, así como para precisar la elaboración de los compromisos estratégi-cos, venía manifestándose durante el proceso y se hizo más notoria al final y en el período inmediato posterior.

Además, la insurgencia valoró insuficientemente las dificultades y limita-ciones del entramado organizacional, político y administrativo en la gestión del Estado, particularmente la carencia de una fuerza propia en el Congreso de la Re-pública, y con seguridad no estimó su falta de experiencia y conocimiento sobre las viejas y alambicadas limitaciones de que adolece la estructuración de políticas y programas en Guatemala.

En contraste, la oligarquía y el empresariado fueron los grandes ganadores de la “paz”. Tampoco perdieron las transnacionales ni la política de seguridad na-cional de Estados Unidos. Se ha sostenido que es posible que cambios sustantivos en las políticas públicas y sus programas no puedan obtenerse cuando la relación de fuerzas entre las partes es asimétrica,45 como en el postconflicto.

Perdieron las clases y pueblos subalternos. “La derrota de una causa invenci-ble” (Ernesto Cardenal) que tendrá que conducir a la izquierda ex insurgente y a las izquierdas en general a re-entender sus conceptos y sus métodos de relación con la militancia y, sobre todo, con las clases y los pueblos de abajo. Las revoluciones y las democracias no se hacen sólo para los pueblos, se hacen por y con ellos (Frei Betto), como pareciera comenzar a admitirse (Harnecker, 2010: 108-131). Todos debemos reaprender.

45 Véase Reyes, 1998: Apéndice Teórico, particularmente el concepto de la participación subordi-nada, págs. 383-394. Para una discusión filosófico-sociológica sobre las condiciones y posibili-dades de los diálogos legítimos, ténganse presentes las perspectivas de J. Habermas y J. Rawls.

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Creo ahora poder distanciarme del enfoque de Rupensighe que utilizara en 1997 para analizar el proceso de paz. La razón es relativamente simple: el com-ponente de la confluencia de múltiples grupos y voluntades para la solución de las causas de los conflictos de su teoría no valora los permanentes procesos de acumulación y distribución del excedente, los intereses, las oposiciones, los com-portamientos y las complejidades subjetivas de clase y de sus grupos en la elabo-ración de reglas, acuerdos, normas, leyes y en su cumplimiento e interpretación (Miliband, 2010: 418-444; Bourdieu, 2001).

Alguna razón había en las dudas, en el relativo escepticismo que presenté en dicho trabajo en 1997 respecto del cumplimiento de los Acuerdos de Paz; con todo, se indicó entonces, tenía expectativas y más de alguna esperanza en posibles convergencias político-sociales en el post-conflicto. Más de alguna convergencia se produjo en la emisión de leyes, cuyo mayor rescate social quizá se ha presenta-do en las “infinitas resistencias”46 que han venido adoptando renovadas formas de protesta, demanda social y ciudadana, entre las cuales las más expresivas han sido las consultas etnopopulares, únicas en América Latina, en defensa del territorio y bienes naturales locales contra las actividades extractivas.47 A los profesionales de las ciencias sociales de izquierdas nos corresponderá encontrar las fórmulas teórico-prácticas que permitan hilvanar el conjunto de las demandas para la trans-formación social.

Apreciación final

En este trabajo, los argumentos se orientaron a mostrar que en una retrospectiva de mediana duración la evolución de acontecimientos descrita e interpretada an-teriormente adquirió características que podemos resumir en los puntos que nos permitimos enumerar:

1º) En el proceso de conversaciones que la insurgencia iniciara para encontrar una solución política al conflicto se pusieron en tensión contradictoria –de diferencia y acuerdo– múltiples intereses de fuerzas nacionales e internacio-nales los cuales, en el cambiante movimiento de sus correlaciones y contex-tos inmediatos, concibieron estrategias y tácticas para culminarlo;

2º) En los avances del proceso, determinadas iniciativas insurgentes y de acto-res gubernamentales y externos definieron las más importantes inflexiones

46 Término derivado de Vela, 2011. 47 Se han producido cerca de sesenta consultas con una participación de unos quinientos mil comu-

nitarios. Estas movilizaciones han encontrado su fundamento legal-institucional en la ratifica-ción legislativa del Convenio 169 de la OIT y en la emisión de las leyes de “poder local” a que se ha hecho mención anteriormente, ambas fueron compromisos de los Acuerdos de Paz.

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históricas en el mismo y en el contenido de los acuerdos –inicio del proceso, a propuesta del autor, mayo de 1986, Oslo y diálogo directo con contenido 1990-1992, intervención de la ONU 1994, pláticas secretas finales 1995-1996, fase de implementación inmediata 1996-1999;

3º) La estrategia insurgente de retrasar la desmovilización y dar contenido a los acuerdos resultó efectiva para la solución política del conflicto con una propuesta de reformas institucionales; empero, la decisión de fondo de la insurgencia fue aceptar las reglas formales de la democracia representativa como éstas se practican en la realidad tangible de las estructuras y cultura política guatemaltecas;

4º) Detrás del escenario formal, de las mesas públicas y de la redacción de los acuerdos –de los actos oficiales y del protocolo diplomático–, conversacio-nes informales y el activo papel de la comunidad internacional, en sentido amplio, desempeñaron la función impulsora de las decisiones centrales;

5º) La propuesta institucional del conjunto de los acuerdos diseñó una platafor-ma política para la organización de un Estado liberal-neoliberal con proyec-ción social de alcance limitado que anuló el proyecto reformista de construir una democracia representativa, real, funcional y participativa como medio para resolver las causas que llevaron y sostuvieron el conflicto armado;

6º) Independientemente de resultados menores de algún impacto institucional, los paulatinos desprendimientos de la URNG y de sus apoyos sociales y las dificultades para organizar alianzas políticas, sobre todo en la fase de imple-mentación, así como las insuficiencias en la dirección de la insurgencia y de la parte gubernamental en la fase final, impidieron la suscripción de acuer-dos de contenido social sustantivo y el cumplimiento al proyecto político institucional de los mismos.

A las sombras de una Guatemala anclada en sus problemas inmemoriales y de un mundo con expectativas inciertas y amenazantes en su dirección inmediata y de largo plazo, donde el lucro impone su dominio y los poderosos avasallan pue-blos y conminan a sus ciudadanos, la proyectualidad histórica (Gianni Vattimo) al alcance de los intelectuales orgánicos hoy es más limitada que en toda la llama-da modernidad de los últimos siglos. Fuera de programas y acciones inmediatas de inconmensurable necesidad para las izquierdas intelectuales, se hace necesaria la “refundación de la filosofía política” marxiana conservando la utopía (Borón, 2006: 175) de la perspectiva científico-filosófica, emancipadora de la humanidad (Leszek Kolakowsky, Boaventura de Sousa Santos). Para otras vertientes cultu-rales y del pensamiento emancipador, acaso, la fundación de un humanismo pan-humano y pan-biológico, como certidumbre de vida diaria, de práctica política y de programas de trabajo.

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Entrevistas

Alfonso Alonso Barillas, 1/12/11, jefe de la Bancada de la Democracia Cristiana en el Congreso de la República en 1987.

Alfonso Cabrera, 16/12/11, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y ex secretario general de la Democracia Cristiana, representante de los partidos políticos en el proceso de paz, en los años respectivos a que hace referencia la entrevista.

Luis Becker, 6/12/11, ex miembro de la Comisión Político-Diplomática de la URNG.

Víctor Hugo Godoy, 8/12/11, representante suplente y titular por los partidos po-líticos en el proceso de paz, en MINUGUA oficial de verificación en el área socio-económica para la verificación del Acuerdo Socioeconómico y Agrario en el área de Participación Social.

Otras muy breves entrevistas

Archivo personal

Ricardo Alvarado Ortigoza, 24/1/12; 17/2/12

Carlos Duarte, 3/2/12

Frank La Rue, 11/2/12

caPítulo xxila Sociedad civil y el ProceSo

de Paz en GuateMala

Gabriel aGuilera Peralta*

* Gabriel Aguilera Peralta. Guatemalteco. Abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), maestro en Ciencia Política, Uni-versidad Albert Ludwig de Alemania. Profesor-Investigador Emérito de FLACSO-Guatemala. Fue miembro del Comité Directivo de CLACSO y Director del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del CSUCA, catedrático en la USAC, Universidad Rafael Landívar y Uni-versidad del Valle de Guatemala. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Alemania, Polonia y Perú. Dirigió el proyecto de FLACSO-Guatemala de seguimiento al proceso de paz entre 1989 y 1995, fue integrante del sector académico de la Asamblea de la So-ciedad Civil y, posteriormente, en su calidad de Secretario de la Paz, se ocupó del seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

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la Sociedad civil coMo tercer actor

Aunque existen ejemplos de procesos de negociación que se desenvuelven exclusivamente entre las partes contendientes, la mayoría de conflictos vinculados con guerras internas requieren de la participación de interme-

diarios que, bajo diversas modalidades (buenos oficios, conciliación, mediación), actúan como tercer actor. En otras palabras, se desempeña como actor no partici-pante en los intereses de las partes en conflicto y, por esa razón, puede promover la gestión de solución negociada al contencioso.

Usualmente, el tercer actor es una persona individual o una representación de una institución. No obstante, también puede darse la intervención en la catego-ría de tercer actor de la Sociedad Civil (SC). Aunque el término “sociedad civil” es nebuloso, se puede entender como “el espacio político intermediario entre el Esta-do y el individuo que tanto establece un balance como aumenta el poder del Estado y crea avenidas para que individuos de la misma opinión sobre temas específicos los promuevan hacia el Estado”.1

La participación de la SC se puede dar bajo varias modalidades, entre ellas: a) promoviendo la búsqueda de solución pacífica y las negociaciones y b) dando seguimiento al proceso negociatorio y al cumplimiento de los compromisos. Estas dos modalidades se dan “desde afuera” del proceso mismo que sostienen los acto-res implicados y sus mediadores. Pero la participación se puede configurar también “desde adentro” o sea incrustándose en el proceso bajo diversas modalidades posi-bles: a) por medio de mecanismos de consulta que analizan el trabajo que se lleva a cabo y ofrecen insumos a la mesa oficial en forma directa, b) asumiendo una silla en dicha mesa en representación de la SC, en la modalidad llamada “cuarto lado de la mesa” y c) tomando a su cargo directamente la búsqueda de acuerdos, usualmente a escala local o regional, en situaciones de empantanamiento de la negociación central.

1 Wanis-St.John, Anthony y Darren Kew (2008) “Civil Society and Peace Negotiations: Confron-ting Exclusion” en International Negotiations, Vol. 13, No. 1. p.p.1 1-13.

Sinopsis. Este trabajo resume y analiza el papel desempeñado por la Sociedad Civil en el proceso de paz guatemalteco. Se discute su rol como “tercer actor” en el marco de la teoría de la negociación y la naturaleza y efecto de las intervenciones que tuvo en diferentes etapas: la Comisión Nacional de Reconciliación, el Gran Diálogo Nacional, la Asamblea de la Sociedad Civil y la participación en la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz. Se sostiene que la experiencia indica que la Sociedad Civil tuvo mayor incidencia en la negociación en com-paración con otros procesos negociatorios.

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Estudios empíricos tienden a demostrar que a mayor grado de participación de la SC en una negociación, mayor posibilidad de éxito y de sostenibilidad tendrá la misma. Esto por la apropiación que hace toda la sociedad de un proyecto de paz, no dejando que éste se maneje solamente entre los protagonista del conflicto.2

la coMiSión nacional de reconciliación (cnr) y el diáloGo nacional

Es conocido que la principal característica de la negociación en Guatemala fue la profundidad de la agenda. Se buscó no solamente poner fin al conflicto armado sino también convenir un diseño y un mapa de ruta para introducir reformas es-tructurales trascendentes en la sociedad. Aunque los objetivos de concluir la guerra y restaurar o instaurar la democracia representativa y realizar reformas estructu-rales también se han presentado en diversas experiencias de soluciones políticas a conflictos armados, en el caso de Guatemala destaca lo ambicioso del proyecto de cambio social que se plasmó en los Acuerdos de Paz. Mientras más profundos sean los cambios que se busca lograr, mayor es la necesidad de construcción de ciudadanía de paz mediante la participación en la discusión de los entendidos y en el seguimiento a su cumplimiento,

Esta concepción se encuentra en todo el proceso de pacificación y democra-tización por medio del cual concluyó el conflicto centroamericano en las décadas de 1980 y 1990. En especial, los entendidos de Esquipulas hicieron mandatario los diálogos nacionales para la reconciliación. La arquitectura inicial de la institu-cionalidad creada para ese fin era, sin embargo, limitativa ya que las Comisiones Nacionales de Reconciliación (CNR) se componían de delegados del Organismo Ejecutivo, la Iglesia y los partidos políticos, así como de un(a) ciudadano(a) nota-ble, de suerte que, si bien había SC, la representación era sectorial.3 Sin embargo, en el caso de Guatemala, esa CNR desempeñó un papel importante para la entrada de la SC en el proceso de paz.

Integración de la Comisión Nacional de Reconciliación en 1990

Presidente y representante de la Iglesia católica Monseñor Rodolfo Quezada Toruño

Representante suplente de la Iglesia católica Monseñor Juan Gerardi

Representante del Gobierno de la República Roberto Carpio Nicolle

2 Esta discusión en García Durán, 2009.3 Acuerdos de Paz Esquipulas II. II Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Esquipulas, Gua-

temala, 7 de agosto de 1997. Especialmente parágrafo 1 Reconciliación Nacional, a) Diálogo.

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Representante suplente del Gobierno de la República

Leopoldo Sandoval

Representante de los partidos políticos Jorge Serrano Elías

Representante suplente de los partidos políticos Coronel Francisco Luis Gordillo

Ciudadana notable Teresa Bolaños de zarco

Ciudadano notable suplente Mario Permuth

Secretario ejecutivo Julio R. Mendizábal

En efecto, la CNR interpretó su mandato convocando a un diálogo nacional con la finalidad de establecer la “identificación y discusión de los principales pro-blemas nacionales, con el fin de formular sugerencias y encontrar soluciones a las que se pueda llegar con los mayores niveles de acuerdo”.4

El diálogo fue convocado en agosto de 1988, cuando los intentos del go-bierno del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo por iniciar contactos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) encontraban fuerte opo-sición en el sector empresarial y en el Ejército. El diálogo no estaba dirigido, por lo tanto, hacia el proceso de paz entonces inexistente, sino que buscaba generar un espíritu de conciliación en una sociedad que aún estaba en guerra y que recién había retornado a la democracia.

Entidades participantes en el Diálogo Nacional 1989-19905

Organizaciones de trabajadoresFENATRAM, FESOC, UASP, SITRASS, Asociación Magisterial Guatemalteca

Organizaciones empresariales Agecogua, CEPyME, ANAMI

Gobierno Ministerio de Economía

Partidos políticosPSD, DCG, UNO, CAN, MAS, DCN, UCN, PR, FUN, AP5, PNR, MEC.

Organizaciones de prensaAPG, CGP, Círculo Nacional de Prensa, Cámara de Locutores Profesionales

Organizaciones cooperativas CONFECOOP, Guconofe

Iglesias, cultos y otras denominaciones religiosas

Católica, Alianza Evangélica, CIEDEG, Comunidad Judía, Iglesia Episcopal, Asamblea Permanente de Grupos Cristianos

4 CNR, 1991: 17-18. 5 Ibid.: págs. 219-222.

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Universidades Universidad de San Carlos de Guatemala

Colegios profesionales

Ingenieros, agrónomos, Colegio Estomatológico, economistas, contadores y auditores públicos, humanidades, arquitectos, médicos, abogados y notarios, farmacéuticos y químicos

Otros sectores

Unión solidarista, repatriados y comunidades afectadas por la violencia, Comisiones Permanentes de Refugiados en México, ANPRODI, MONAP, ASINDES, CEDEP, ALMG, Foro de Guatemaltecos Democráticos, Fundación Guatemala

Nota: Para los significados de las siglas y acrónimos mencionados, véase el anexo “Siglas y acró-nimos”.

La representación en el diálogo refleja la incompleta cohesión de la SC du-rante el primer gobierno de la transición a la democracia, la poca disponibilidad a la búsqueda de entendidos de actores centrales y la exclusión de actores impor-tantes de la sociedad. En tanto que los partidos políticos se hicieron presentes masivamente, los grandes empresarios no participaron, tampoco lo hicieron las universidades privadas ni los centros académicos o “think tanks” relevantes, las siglas de las organizaciones sindicales expresan entidades largamente desapareci-das y pueblos indígenas y mujeres no aparecen con expresión independiente, con excepción de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). La insur-gencia no estuvo representada directamente, aunque algunas de las delegaciones tenían vínculo con ella. La Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG), frente internacional cercano a la URNG, envió ponencias a varias comi-siones, aunque no delegados.

El resultado del diálogo fue un conjunto de ponencias y propuestas.

Ponencias y propuestas del Diálogo Nacional6

Fomento de la producción: pacto de solidaridad para el desarrollo de GuatemalaOrientar con eficiencia la educación en GuatemalaFortalecimiento de la asistencia y previsión socialSalud

6 Ibid.: desarrollo entre las págs. 18 a 215.

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Gastos sociales como prioritarios en la política fiscal y presupuestariaCultura nacionalDerechos humanosMedio ambiente y recursos naturalesGrupos étnicosDamnificados por la violencia Patrullas de autodefensaConsejos de desarrolloComisión Permanente de Diálogo Nacional

Los productos del diálogo no giraron en torno al problema de la guerra inter-na y su resolución negociada, sino que en general emitieron recomendaciones de buen gobierno, al parecer asumiendo que, tras la transición a la democracia, el país se encontraba en normalidad. Los productos de las Comisiones de Damnificados por la Violencia, Derechos Humanos y Patrullas de Autodefensa, sin embargo, refirieron a temas derivados del conflicto armado, conteniendo denuncias sobre la violencia contrainsurgente y las violaciones a los derechos humanos. Especial-mente fuerte en su contenido y de amplitud de propuesta es el producto de la Co-misión de Grupos Étnicos. Allí se anticipan elementos que después reaparecerían en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Otros temas que después fueron importantes en la negociación de paz y en el devenir del país, como el rol de los militares y las cuestiones de seguridad, no fueron tocados, como tampoco lo fue el de la política exterior.

Se puede concluir en que el Diálogo Nacional desempeñó un papel como ensayo de discusión plural sobre temas nacionales relevantes aunque, como ya se observó, la participación fue limitada y la agenda no se refirió centralmente a lo que entonces era el problema principal: la continuación de la guerra interna.

loS diáloGoS del acuerdo de oSlo

Durante el primer gobierno de la transición democrática, encabezado por el pre-sidente demócratacristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo, se realizó un limitado intento de acercamiento inicial entre el Gobierno de Guatemala y la URNG. El encuentro “Aproximaciones para construir la democracia” tuvo lugar en Madrid, España, el 7 de octubre de 1987. Concurrieron representantes de la URNG, del Congreso de la República y del Ejército de Guatemala. La reunión fue útil para conocer las posiciones de las partes, pero no se convino ningún seguimiento,

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probablemente porque el gobierno del presidente Cerezo confrontaba aún fuerte oposición militar a la posibilidad de una solución negociada, oposición que inclu-sive se expresó en dos intentos de golpe militar. Además, se evidenció una dife-rencia en el concepto de la negociación; para el Gobierno ésta debería referirse a la deposición de las armas y condiciones para la reincorporación de la insurgencia a la vida civil (agenda corta), en tanto que para la URNG el objetivo debería ser acordar reformas que resolvieran las causas estructurales de la guerra (agenda lar-ga).

En atención a ese impasse, la CNR tomó nuevamente la iniciativa y propició una reunión con la URNG que se llevó a cabo en Oslo, Noruega, el 29 de marzo de 1990. Las representaciones de la CNR, Jorge Serrano Elías, Mario Permuth y Eduardo Villatoro, y de la Comandancia General de la URNG, Francisco Villagrán Muñoz y Luis Becker Guzmán, convinieron en buscar una “solución política del enfrentamiento armado interno” por medio de conversaciones entre la URNG, el Gobierno y el Ejército, para lo cual la CNR actuaría como gestora de buenos ofi-cios y se solicitaría la participación del Secretario General de las Naciones Unidas en calidad de observador y garante. Se llamó a tres rondas de conversaciones entre la URNG y, sucesivamente, los partidos políticos, los sectores populares, religio-sos y empresariales y, finalmente, el Gobierno y las fuerzas armadas.7

Destacan dos características del Acuerdo. Por una parte, el llamado a iniciar el proceso negociatorio entre una de las partes en conflicto (la insurgencia) y las representaciones de la SC. Por otra parte, introducir al Ejército como un actor dife-renciado del Gobierno de la República, cuando en realidad es uno de sus aparatos. La lógica parece haber sido que, dadas las oposiciones a la solución política a la guerra, era necesario fomentar el apoyo y participación de la SC en el proceso y, por otra parte, reconocer la autonomía que en aquel entonces tenían las fuerzas armadas en relación con el gobierno civil. Por ello se pensaba que incluyendo di-rectamente a los militares se reduciría su oposición a la negociación.

Como consecuencia, la CNR organizó las rondas de encuentro, las que se llevaron a cabo fuera del territorio guatemalteco para permitir la presencia de las delegaciones de la URNG. En todas esas reuniones, la CNR condujo las discusio-nes bajo la dirección del conciliador, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, estando presente Francesc Vendrell como observador por las Naciones Unidas.

Encuentros del proceso de Oslo 19908

El Escorial, España 1 de junioPartidos políticos con representación parlamentaria

7 Véase Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, Oslo, Noruega, 1990.8 Federación Luterana Mundial, 1991.

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Ottawa, Canadá3 de agosto al 1 de septiembre

CACIF

Quito, Ecuador 24 al 26 de septiembre Comunidades religiosas

Metepec, Puebla, México 23 al 25 de octubre Sindicatos, sector popular

Atlixco, Puebla, México 27 al 28 de octubreAcadémicos, profesionales, cooperativas, pequeños comerciantes

La participación de la SC fue muy representativa. A las reuniones con la URNG, a las cuales asistieron por lo menos tres de los cuatro integrantes de la Comandancia y asesores de la Comisión Política Diplomática de la entidad insur-gente, llegaron variedad de expresiones de la SC.

Actores de la SC participantes en el diálogo de Oslo

Partidos políticos PR, PAN, MAS, MLN, PSD, DCG, UCN, PNR

Entidades empresariales CACIF, Cámara de Industria, UNAGRO

Comunidades religiosas

Conferencia Episcopal, Conferencia de Religiosos de Guatemala, Iglesia Episcopal, Alianza Evangélica, Asamblea Permanente de Grupos Cristianos, Conferencia de Iglesias Evangélicas, Comunidad Judía

Sindicatos y sector popular

UASP (9 organizaciones incluyendo Cerg, Unsitragua, Conavigua, Ceem, AEU), COSU (5 organizaciones incluyendo CGTG), SITRASS, CUSG, FESOC, FESEBS, Bloque Obrero, Comisiones Permanentes de Refugiados

Académicos, profesionales, cooperativas, pequeños comerciantes

Colegios profesionales, FEPyME, CONFECOOP, Gran Unión de Cooperativas No Federadas, Agecogua, Federación de Asociaciones y Vecinos de Villanueva, CEDEP, USAC

Nota: Para los significados de las siglas y acrónimos mencionados, véase el anexo “Siglas y acrónimos”.

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Los productos de las reuniones fueron de diferente naturaleza. En las dis-cusiones con los partidos políticos se convino “viabilizar la reincorporación de la URNG al proceso político”, la “revisión institucional y del orden jurídico”,9 así como la reforma constitucional. Por su parte, la URNG se comprometió a no actuar en contra del próximo proceso electoral. Destaca igualmente en esa reunión la presencia y asentimiento a los acuerdos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en ese entonces el partido de la extrema derecha.10 El diálogo con el Comi-té Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se reconoció como valioso por haber tenido lugar, pero las diferencias fueron tantas que no se emitió un comunicado conjunto, cada una de las partes lo hizo por separado.11 En cambio, en las otras tres reuniones se fortaleció la propues-ta de una salida negociada al conflicto armado y de que la negociación debería darse sobre la agenda larga.

Aunque esos encuentros deberían haber culminado con un quinto, con la participación del Gobierno y del Ejército de Guatemala, esa última reunión no se llevó a cabo ya que el régimen del presidente Cerezo sostuvo que se volvería a encontrar con la insurgencia cuando ésta expresara su voluntad de dejar las armas y acatar la institucionalidad constitucional. En realidad, la falta de flexibilidad ex-presaba la ausencia de espacio político para abrir la negociación, dado el delicado balance con el Ejército después de varios intentos de golpe de Estado.

En síntesis, el ciclo de Oslo tuvo como resultados principales legitimar la posibilidad de la solución negociada del conflicto armado, la “agenda larga” e involucrar a la SC en la gestión de paz.

la inStancia nacional de conSenSo (inc)

En 1990 fue electo el segundo presidente del nuevo periodo democrático, el inge-niero Jorge Serrano Elías, quien había sido miembro de la CNR en representación de los partidos políticos. Partidario de impulsar la negociación, uno de sus pri-meros actos como mandatario fue destituir a la cúpula militar que se oponía a las conversaciones con la URNG y fortalecer a los sectores del Ejército que estaban a favor de la paz negociada. Asimismo, aceptó el concepto de la “agenda larga”. Por otra parte, creó la Comisión Nacional de Paz (COPAz) como ente a cargo de ne-gociar a nombre del Gobierno, presidida por Manuel Conde Orellana. Con ello se despejó el camino y las negociaciones oficiales se iniciaron en 1991 con una ronda en México, que convino la agenda y el procedimiento. Posteriormente se llevó a

9 Acuerdo del Escorial, El Escorial, España 1 de junio de 1990. párrafos tercero y cuarto. Cede-ma.org/Ver.PhP?ide=2324. Recuperado 1 de junio de 2013.

10 “La guerrilla guatemalteca se transformará en partido político”, en ABC, Madrid, 2 de junio de 1999, pág. 45.

11 Federación Luterana Mundial, 1991: págs. 1.5 y 1.6.

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cabo otra reunión en el estado mexicano de Querétaro, la cual evacuó la primera parte del primer punto del temario relativo a la democratización, emitiendo la “De-claración de Querétaro”, un documento básicamente de principios.

En el modelo seleccionado por el Gobierno, las dos partes negociarían man-teniendo al conciliador como tercer actor y una observación de las Naciones Uni-das. No se preveía participación de la SC, la cual, sin embargo, se manifestó inde-pendientemente apoyando el proceso.

La discusión de la segunda parte del primer punto del temario, relacionada con los derechos humanos, se empantanó en la discusión sobre las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y la Comisión de la Verdad.

En mayo de 1993, el presidente Serrano Elías dio un golpe de Estado, disol-viendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y suspendiendo la vigencia de la Constitución de la República. La acción fue motivada por la confrontación que se venía dando entre el Organismo Ejecutivo y los otros poderes del Estado y no tenía relación con la negociación de paz, sin embargo y como era de esperarse, ésta se vio interrumpida por el golpe.

En reacción a lo que pasó a llamarse “autogolpe”, un frente de la SC denomi-nado Foro Multisectorial Social, cuyos líderes principales eran la Premio Nobel, Ri-goberta Menchú, el rector de la Universidad de San Carlos, Alfonso Fuentes Soria, y la activista de los derechos humanos, Helen Mack, organizaron un movimiento de resistencia popular y de oposición al intento golpista. Por otra parte, otro frente conocido como la Multisectorial, organizado a iniciativa del entonces secretario general del Partido Socialista Democrático, Mario Solórzano Martínez, y de líderes empresariales agrupados en el CACIF, al cual se sumaron cooperativistas y un ala de los sindicalistas, también impulsó acciones para la recuperación constitucional.

Aunque los objetivos de ambos movimientos no eran los mismos, convinie-ron unos días después integrando coyunturalmente la Instancia Nacional de Con-senso –INC–.12 Esta entidad constituyó la primera experiencia de convergencia de sectores de la SC, sector empresarial, partidos políticos, periodistas, etc., en defensa, en esa coyuntura, de un objetivo democrático. El papel de la INC fue muy importante en coadyuvar al fracaso del golpe y a la posterior elección del procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, como presidente de la República.

La INC conoció y se pronunció sobre los planes del nuevo gobierno para la reanudación del proceso de paz. En su momento se planteó la institucionalización y permanencia de la INC como un ente para la incidencia de la SC. Sin embargo, pasada la crisis del golpe y el proceso de depuración del Congreso, que la INC apoyó, las diferencias entre sus actores resurgieron y posteriormente, en el marco del proceso electoral, tomaron diversas posiciones, llevando a la conclusión de la iniciativa.

12 Sobre la INC, véanse principalmente McCleary, 1999; y Aguilera Peralta, 1994.

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la creación de la aSaMblea de la Sociedad civil (aSc)

El nuevo gobierno designó a Héctor Rosada Granados como responsable de la COPAz y así se reinició la negociación. Se aceptó la disolución de la CNR, cuyos integrantes consideraron haber cumplido sus objetivos de propiciar las conversa-ciones directas. Inicialmente, la COPAz propuso un cambio en el diseño del pro-ceso por medio del Plan Nacional de Paz de octubre de 1993. Éste contenía entre otros puntos, la formación de dos mesas de negociación, una oficial con las partes para convenir los temas operativos y otra de la SC, denominada el Foro Perma-nente por la Paz, para debatir los temas sustantivos bajo la conducción del conci-liador, buscándose una forma de presencia de la URNG. Además, se concretaría el llamado a una tercería externa por medio de las Naciones Unidas. Finalmente, el Gobierno se comprometió a aceptar unilateralmente demandas en el campo de los derechos humanos.

En este diseño se institucionalizaba una forma de participación de la SC en la negociación. Sin embargo, la URNG se opuso estimando que, en los hechos, ese mecanismo iba a separar los contenidos sustantivos de la agenda oficial y que de esa manera se podía revertir el concepto central de la negociación. Por parte de la SC también se dieron expresiones de duda, ya que se deseaba una participación directa en el proceso.

En enero de 1994 tuvo lugar una nueva ronda de negociaciones en México. En esa oportunidad se convino un acuerdo13 por el cual: a) se ratificó el temario, aunque modificando el orden de los temas; b) se solicita la moderación de un re-presentante del Secretario General de las Naciones Unidas, posición para la cual fue designado Jean Arnault; c) se creó la mesa paralela de la Asamblea de la Socie-dad Civil (ASC) bajo la conducción del conciliador con la misión de discutir y pro-poner sobre los temas sustantivos a la mesa oficial, aunque sin carácter vinculante, así como avalar los acuerdos a que llegaran las partes; y d) se oficializó el papel de los Países Amigos del proceso de paz: Colombia, España, Estados Unidos, Méxi-co, Noruega y Venezuela.

Los temas que le se asignaron a la ASC para discusión fueron cinco sustan-tivos: 1) Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; 2) Derechos e identidad de los pueblos indígenas; 3) Aspectos socioeco-nómicos y situación agraria; 4) Fortalecimiento del poder civil y función del Ejér-cito en una sociedad democrática y, 5) Reformas constitucionales. El tema de de-rechos humanos se excluyó porque ya había sido negociado para esa fecha. Sobre cada uno de esos temas, la ASC debería elaborar “documentos de consenso” a ser presentados a las partes y a la moderación de las Naciones Unidas. Se fijó un plazo

13 Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Gua-temala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 10 de enero de 1994, en Acuerdos de Paz, Op. cit.

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que concluiría el 14 de octubre de 1994, pues se suponía que ése era el calendario al cual se ajustaría la negociación oficial.

Es de notar que como parte de las consideraciones para la creación de la ASC, las partes mencionaron el papel que la SC había desempeñado durante el ci-clo de Oslo. La implementación del mandato de creación de la ASC debía resolver la cuestión de quién representaría a la SC. Se asumió que se podía partir de los ac-tores que habían participado en el ciclo de Oslo. En este sentido, se aceptaba que, si bien ellos no eran el reflejo de toda la SC, sí representaban a aquellos sectores que estaban comprometidos con el proceso. Lo que el Acuerdo estipuló al respec-to fue: “Sin perjuicio de otros mecanismos y foros, permanentes, encaminados a favorecer la reconciliación nacional, las partes acordaron favorecer la creación de una Asamblea, abierta a la participación de todos los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca siempre y cuando acrediten su legitimidad, represen-tatividad y legalidad”.14 El mismo Acuerdo le pidió a la Conferencia Episcopal que designara a monseñor Rodolfo Quezada Toruño como presidente de la ASC y que para asistirlo se integrara un Comité Organizador formado por representantes de los sectores que participaron en el ciclo de Oslo más una representación de los pueblos mayas.

Los sectores que habían participado en los encuentros de Metepec y Atlixco del ciclo de Oslo se habían aglutinado a partir de 1990 en dos coordinadoras: la Coordinadora de Sectores Civiles (CSC), en la que participaban las agrupaciones que habían asistido a Metepec y algunas otras, y la Coordinadora Civil por la Paz (COCIPAz), con las entidades que estuvieron en Atlixco. Ambas coordinado-ras fueron organizadas a sugerencia de la Confederación Religiosa de Guatemala (Confregua) para darle seguimiento a las pláticas de Oslo. Las dos instancias estu-vieron activas principalmente con pronunciamientos públicos, demandando la no exclusión de la sociedad civil de las negociaciones, el mantenimiento de los temas sustantivos en la agenda y la no secretividad del proceso.15 Estas entidades fueron llamadas a integrar la nueva ASC.

Puesto que, además, se convocó a un sector propio de los pueblos indígenas, las entidades de los pueblos mayenses que habían integrado anteriormente diversas instancias organizaron a la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala “Saqb’ichil” (COPMAGUA) para asumir el espacio que les correspon-día en la ASC.

Igualmente, se integró un espacio de género, el Sector de Mujeres de la ASC. Las mujeres no habían tenido un espacio propio en el ciclo de Oslo y, como sucede frecuentemente, se asumía que participaban horizontalmente en otras representa-ciones. Sin embargo, durante la primera reunión de la ASC, una participante cues-tionó la falta de un sector específico de mujeres y monseñor Quezada Toruño dio una semana para que se presentara una propuesta unitaria. Esta propuesta surgió de

14 Ibid., parágrafo III.15 Ponciano Castellanos, 1995: págs. 44-45.

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la convergencia de dos grandes sectores, las mujeres de las organizaciones popu-lares (sindicatos, maestras, centros femeninos) y las académicas.16 Este sector fue importante para relevar el tratamiento de los temas de género que, aunque no eran un punto específico de la agenda de negociación, sí fueron recogidos como parte del contenido de varios temas. Por otra parte, varias delegadas que no pertenecían al Sector de Mujeres participaron en la ASC como representantes de otros sectores.

La representación empresarial del CACIF que estaba prevista a constituir un sector específico quedó fuera de la estructura. Los empresarios prefirieron organi-zar por su lado un espacio independiente para incidir en la negociación. Aunque al no formar parte de la ASC no podía formalmente emitir opinión sobre los do-cumentos de consenso, manifestaba su opinión por medio de la prensa y cabildeos directos con la parte gubernamental y con actores internacionales.17

la orGanización del trabaJo de la aSc

En el Acuerdo Marco se estipuló que la ASC estaría conformada por un Comité Organizador integrado por representantes de los sectores que participaron en el ci-clo de Oslo más representantes del sector maya. ya se explicó que a ellos se añadió después el sector de mujeres. El Comité y la misma Asamblea estarían presididas por monseñor Quezada Toruño, quien actuaría también como facilitador de las labores de la Asamblea y enlace de ésta con las partes y con el moderador de las Naciones Unidas.

Como criterio para convocar a los participantes se adoptaron la representati-vidad, la legitimidad y la legalidad. El Comité Organizador seleccionó a los parti-cipantes, tarea nada fácil ya que se presentaron multitud de solicitudes de incorpo-ración. Aparte de los sectores del ciclo de Oslo, mayas y mujeres, se incorporaron las ONG de desarrollo, las entidades de derechos humanos y la prensa, totalizando diez sectores representando alrededor de ochenta y cuatro organizaciones.

Entidades participantes en la Asamblea de la Sociedad Civil

Sector EntidadesEl Escorial PR, CAN, FRG, UCN, DCG, PSD, UD

Atlixco CEPyME, Guconofe, Fedascove, Fundapazd, USAC

Metepec UASP, COSU, Fenasteg, AEU, Fesebs, CGTG, Fecetrag, Festras

16 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), “Entrevista a Sandra Mo-rán”. En <http://www.awid.org/esl/Library/Entrevista-a-Sandra-Moran>.

17 Entrepreneurial Commission for Peace, 1995.

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QuitoConfregua, CIEDEG, Iglesia Episcopal, Comunidad Judía, Iglesia Luterana, Conferencia Episcopal, APGC

Derechos humanos

GAM, Cerg, CDHG, Conavigua, Asociación de Juristas de Guatemala, Cieprodh, CALDH

Centros de investigación

FLACSO, IEPADES, CECMA, AVANCSO, INIAP, IGEDES, Guatemala Hoy, CIEP, IRIPAz, ICEPAz

MujeresTierra Viva, COMFUITAG, GGM, Contigua, Convergencia Cívico-Política de Mujeres, Voces de Mujeres

ONGIDESAC, Coindi, Asociación Desarrollo para Todos, Concad, Alianza, ASADI

MayaCOPMAGUA, Instancia de Unidad y Consenso Maya, ALMG, COMG, APPM

Prensa APG, CGP, Asociación de Mujeres Periodistas

Fuente: Ponciano Castellanos, 1995: 57 A.Nota: Para los significados de las siglas y acrónimos mencionados, véase el anexo “Siglas y acró-nimos”.

Cada sector seleccionó diez delegados para participar en la Asamblea según sus propios procedimientos y decidía igualmente en forma interna las posiciones que tomarían en las discusiones. Los mayas, por su parte, convocaron multitudina-rias asambleas para elevar la participación y transparencia de sus debates.

El procedimiento era el siguiente: cada sector discutía cada uno de los temas y producía un documento con sus propuestas. Posteriormente, una comisión com-puesta por dos representantes de cada sector trabajaba todas las mociones y ela-boraba un documento que procuraba unificar las diversas posiciones. Finalmente en asambleas plenarias se acordaba lo que sería el criterio oficial de la ASC. En el transcurso se daba espacio para que organizaciones regionales enviaran opiniones sobre el tema respectivo.

A esa forma de trabajo debe agregarse que se buscaba principalmente el con-senso y solamente cuando éste no se alcanzaba se usaba la regla de la mayoría y se recogía la opinión de la minoría. Por ello, las discusiones eran muy prolongadas. Las diferencias ideológicas y los diversos niveles de experiencia en técnicas de negociación de los participantes provocaban frecuentes nudos de controversia que la legitimidad de la moderación por monseñor Quezada Toruño ayudaba a resolver. El estilo de trabajo demandaba mucho tiempo. Muchos participantes de la ASC mantenían sus compromisos laborales y tenían dificultades para atender las innu-merables reuniones. Inicialmente se mantuvo un ritmo intenso y muy concurrido de reuniones, que posteriormente bajó de intensidad.

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Los productos finales, llamados documentos de consenso, eran transmitidos por el presidente de la ASC al moderador de las Naciones Unidas para conocimien-to de las partes de la negociación. Cuando la mesa oficial de negociación había convenido cada uno de los acuerdos, su texto era enviado a la ASC para que ésta lo endosara.

loS docuMentoS de conSenSo

El trabajo principal de la ASC se realizó entre abril de 1994, cuando se organizó, y octubre del mismo año, cuando se entregó la última propuesta. En ese lapso se conocieron cinco de los acuerdos sustantivos. La síntesis de las propuestas es la siguiente:

1. Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado

Capítulos Temas centrales

Preámbulo Definición de población desarraigada. Necesidad de ver el problema en su entorno global.

Ratificación, cumplimiento y ampliación de los acuerdos firmados

Acuerdos anteriores, incluyendo el de octubre de 1992 entre el Gobierno y las Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemaltecos en México (CCPP), así como instrumentos internacionales. Inclusión de dimensión de género.

Garantías mínimas de protección adecuadas para el retorno y reasentamiento de la población desarraigada

Medidas para garantizar los derechos humanos de la población desarraigada, para que se considere su problemática por la Comisión de la Verdad, mención a las exhumaciones, las PAC y la ley de servicio militar, desminado, inclusión de las poblaciones desarraigadas en terceros países y condiciones para su retorno, negociar con Estados Unidos un Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los desarraigados. Reconocimiento de la población desarraigada como de naturaleza civil.

Acceso a la tierraPolítica agraria para la población desarraigada. Devolución o asignación de tierras y créditos. Creación de una comisión tripartita.

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Reconstrucción y desarrollo en el traslado, reasentamiento, consolidación y desarrollo

Reconocimiento de los derechos del pueblo maya, programas habitacionales, proyectos para mujeres, reconocimiento de estudios realizados en otros países, indemnización por el Estado a la población desarraigada.

Este documento de consenso se trabajó rápidamente, con eficiencia y con pocas controversias. Varias de sus propuestas fueron recogidas en el acuerdo res-pectivo de la mesa negociatoria oficial.

2. Identidad y derechos de los pueblos indígenas

A. Fundamentación general1. Antecedentes

2. El Estado actual y el pueblo maya

B. Identidad y derechos del pueblo maya

1. Identidad

2. Derechos del pueblo maya

3. Fundamentación del derecho internacional

C. Derechos, demandas y mecanismos

I. Derechos políticos

1. Derecho pleno a la vida colectiva e individual y a vivir en paz con base en la justicia, la democracia y la coexistencia pacífica.

2. Derecho a la identidad diferenciada en lo social, económico, político y cultural.

3. Derecho a la posesión, uso y administración de los territorios habitados por comunidades lingüísticas mayas y que vayan adquiriendo en el futuro de conformidad con el derecho internacional.

4. Derecho al ejercicio y la aplicación del derecho maya.

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C. Derechos, demandas y mecanismos

5. Derecho a la libertad de organización, expresión y participación política.

6. Derecho a participar en la toma de decisiones políticas del Estado para lograr la unidad nacional.

7. Derecho de la mujer maya a su integridad física, síquica y moral.

II. Derechos culturales

1. Derecho al rescate, fortalecimiento, promoción y desarrollo de la cultura maya.

2. Derecho a expresarse en su propio idioma, según la comunidad lingüística.

3. Derecho a la posesión y creación de medios de comunicación propios y acceso a los existentes para promocionar y desarrollar la cultura maya.

4. Derecho a organizar libremente la educación y formación de sus miembros en todos los niveles.

5. Derecho a participar en la conservación y administración de los centros arqueológicos, templos y lugares ceremoniales como parte de la herencia cultural, histórica y de su espiritualidad maya.

6. Derecho a la organización, movilización y desarrollo de la espiritualidad maya.

7. Derecho al uso permanente del traje maya en todos los ámbitos de la vida pública y privada, tanto en hombres como en mujeres.

8. Derecho al uso de la ciencia y la tecnología

III. Derechos económicos y sociales

Enunciados generales sobre la tierra, respeto a la naturaleza, derecho al trabajo, a la participación en el aprovechamiento de los recursos renovables, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos.

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El segundo documento de consenso fue objeto de una larga y difícil nego-ciación interna, dado que se sucedieron diversos puntos de controversia, especial-mente entre la propuesta inicial del sector indígena y otros sectores. La propuesta del sector indígena no logró consenso por lo que se prolongó y dificultó llegar al documento final. Se trata, por otro lado, de un Documento extenso y detallado que contiene para cada enunciado de derecho una expresión de demandas y propuesta de mecanismos para su implementación.

Parte de la dificultad consistió en la profundidad de los criterios y deman-das que contiene, especialmente la definición de Pueblo Maya que constituye una aportación central. La propuesta es muy fuerte en lo conceptual sobre derechos e identidad y en las demandas políticas y económicas. Sin embargo, lo económico y social, que constituye el basamento de lo anterior, solamente se enuncia. Se si-guió el criterio de que esa parte se iba a desarrollar en profundidad en un acuerdo posterior.

3. Aspectos socioeconómicos y situación agraria

Introducción

I. Subtema económico

Política de desarrollo económicoPolíticas monetarias, crediticias y cambiariasPolíticas fiscales y arancelariasPolíticas de integración y globalización de la economíaPolítica presupuestaria

II. Subtema agrarioPolíticas de desarrollo agrarioPropiedad, uso y tenencia de la tierraPolítica ecológica

III. Subtema social

EducaciónSalud y previsión socialViviendaTrabajoServicios públicosCultura

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El tratamiento de este tema fue complejo, especialmente por la discrepancia entre los que se pronunciaban por un modelo totalmente alternativo y los que sos-tenían que lo realista era partir de lo existente y modificarlo. Pese a la amplitud de los temas que abarca, tuvo relativamente poco tiempo para trabajarlo. El documen-to es uno de los pocos que recoge los no-consensos en el tema de seguridad social, por lo que se incorporan las diversas posiciones. Sin embargo, el documento logró su cometido de plantear un nuevo modelo económico y de desarrollo para el país, pensado sobre bases de equidad y de participación que incorpora a los sectores pequeños y medios de la economía. Incluye elementos de reforma tributaria y de profunda transformación del sector agrario sin llegar a la reforma agraria. Se in-troduce la idea de las comisiones multisectoriales para la adopción de políticas, su implementación y seguimiento.

Debe recordarse que no hubo presencia del gran sector empresarial, ya que éste no se incorporó a la ASC. En consecuencia, no se dio una confrontación ideo-lógica y se logró la construcción de lo que básicamente era un modelo alternativo. El gran sector empresarial presentó propuestas por su parte y se empeñó a fondo en el uso de su capacidad de influencia para incidir en la mesa oficial de negocia-ción. El tema en esa mesa fue uno de los más difíciles de resolver y, finalmente, al condensarse, recogió menos de las propuestas de la ASC en comparación con otros acuerdos. Es de tener en cuenta que las discusiones sobre este tema prolongaron el periodo negociatorio y que, si bien un primer borrador incorporaba más las pro-puestas de la SC, el consenso final las redujo.18

4. Fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática

Introducción

Antecedente histórico. Hegemonía del Ejército en el Estado guatemalteco

Análisis histórico del papel militar en Guatemala hasta la actualidad. Descripción del problema de la militarización del Estado y la sociedad.

Función del Ejército en una sociedad democrática

Definiciones conceptuales. Seguridad, riesgo, seguridad ciudadana, defensa nacional, militarización.

Función exclusiva: la defensa externa.

18 Aguilera Peralta, 2003: pág. 65.

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Función del Ejército en una sociedad democrática

Determinar una Agenda de Seguridad Nacional, dimensión y función del Ejército; crear el servicio social o militar; crear el Consejo Nacional de Seguridad;

Organizar un cuerpo de inteligencia civil y un organismo civil de seguridad presidencial.

Fortalecimiento del poder civil

El problema social, reformas en los tres poderes del Estado, fortalecimiento del Estado, descentralización, fortalecer el poder de la SC, de las organizaciones de base y comunitarias, del poder municipal.

Crear una comisión multisectorial y autónoma para la consolidación de la paz, fortalecer la administración de justicia, crear la Policía Nacional Civil, la Policía Fiscal y la Guardia Forestal. Suprimir los comisionados militares y la Policía Militar Ambulante.

Reestructuración del EjércitoReducción y reestructuración del Ejército, crear una comisión de depuración, solicitar cooperación internacional.

Transición del Ejército actual al Ejército de una sociedad democrática.

Señalamiento de las actividades permisibles al nuevo Ejército y transición a la nueva Policía Nacional Civil.

La discusión de este tema fue, junto con el de los derechos e identidad de los pueblos indígenas, el que más intensidad generó en la discusión. En el transcurso de la guerra interna, los gobiernos autoritarios y las fuerzas armadas no observaron el derecho internacional humanitario y de allí las graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos. Al discutirse este capítulo, se buscó al máximo conce-bir cómo un Ejército totalmente diferente al que entonces existía podía actuar en democracia, esto después de que se desechó una sugerencia inicial de abolir la institución militar, siguiendo el ejemplo de Costa Rica. Si se comparan estas pro-puestas con las que finalmente fueron acordadas en el acuerdo de la mesa oficial de negociaciones, se observa la incorporación de un número alto de las ideas ema-nadas de la SC, aunque la Comisión de Depuración, que sí existió en la paz de El Salvador, no fue aceptada. Tampoco lo fue crear una Comisión Multisectorial para la Consolidación de la Paz –que hubiera dado seguimiento al cumplimiento de los compromisos y en la cual la SC hubiera tenido representación mayoritaria. Ese rol fue asignado en los Acuerdos a la Comisión de Acompañamiento.

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La propuesta también se extendió en la expansión de la SC, con énfasis en la descentralización y la regionalización. Esta idea semilla, a la larga, habría de desembocar en uno de los mayores logros de los acuerdos: el fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo.

5. Reformas constitucionales

Este fue el último tema de la negociación conocido por la ASC. Los diversos sec-tores trabajaron las propuestas iniciales que reflejaban sus intereses específicos, algunas veces en forma muy detallada. Destaca, entre otras líneas de pensamiento, la búsqueda de asignar en la “nueva Guatemala” un papel preponderante a la SC, proponiendo que se institucionalizara su participación a diversos niveles. En las propuestas también se refleja el intenso antimilitarismo de la ASC.

Un problema que no se pudo resolver del todo en este tema fue el intento de trasladar a reformas a la Constitución y a leyes ordinarias la mayor parte de recomendaciones que habían surgido en los debates de otros acuerdos, con lo que se extendió mucho el conjunto de propuestas. Éstas se agruparon en un paquete de reformas generales a la Constitución, en las cuales se da el contenido de la reforma pero sin ubicación de artículo, y en un segundo paquete en que las modificaciones se sugieren por artículo. Aparte de estos dos, en otros dos paquetes se piden refor-mas a leyes ordinarias ya existentes y la emisión de nueva legislación.

El capítulo en realidad se dedicó a tratar tanto las reformas a la Constitución como a una serie de leyes ordinarias, así como la promulgación de nuevas leyes.

Reformas constitucionales

Retorno de desarraigados Garantías para retorno y reasentamiento.

Estado pluricultural y plurilingüe Derechos del pueblo maya.

Creación de una Comisión Multisectorial para temas económicos y sociales

Para implementar un nuevo modelo económico, el cual se describe detalladamente.

Centros para producción alimentariaFortalecimiento y creación de centros de capacitación tecnológica en función de la producción alimentaria.

Reorientación del presupuesto en función social

Poner énfasis en la descentralización y regionalización.

Proyectos habitacionales Que el Estado garantice ejecución de proyectos habitacionales.

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Protección a las mujeres trabajadoras Especialmente las que laboran en condiciones más desfavorables.

Sobre el Ejército Función única defensa externa, ministro civil, abolición de fueros.

Efectividad de derechos del Art. 31 Se refiere al acceso a los archivos estatales.

Archivos militares (transitorio)Deben pasar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión para el Esclarecimiento.

Abolir servicio militar Establecer servicio patriótico.

Fortalecer función contralora del Organismo Legislativo

Fortalecerla mediante Art. constitucional.

Iniciativa de ley a sociedad civil Otorgarla a “sectores organizados” de la SC.

Fortalecer independencia judicialModernización y democratización del sistema de justicia. Mayor autonomía del Ministerio Público (MP).

Incrementar el aporte a las municipalidades Que parte del presupuesto sea asignado regionalmente.

Reformular marco jurídico agrarioTenencia y uso de la tierra en función social y certeza jurídica a los propietarios.

Reformas a legislación ordinaria

Ley de educación Eliminar discriminación y racismo.

Código de Trabajo Regulación de contratos agrarios.Documentos Leyes 29-89 y 65-89

Proteger los derechos de trabajadores de las maquiladoras.

Código Penal

Sancionar cualquier tipo de violencia sexual, en especial contra mujeres mayas.Penalizar la negación al pago de prestaciones.Protección a menores.Penalizar tenencia de archivos políticos.

Código CivilRegistrar adecuadamente nombres y apellidos mayas.Reconocimiento de documentos históricos de propiedad de la tierra.

Ley de Regionalización Profundizar la desconcentración y descentralización del Estado.

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Ley del Organismo JudicialReconocimiento del derecho maya.Separar la función administrativa de la de impartir justicia.

Ley Electoral y de Partidos Políticos

Garantizar el derecho de organización, expresión y participación.

Ley de Radiocomunicación Acceso a la concesión de frecuencias al pueblo maya.

Ley de sitios arqueológicos Reconocimiento de carácter sagrado de algunos sitios.

Legislación bancaria Tasas de interés, supervisión de contratos, financieras y bolsas de valores.

Código Tributario Mejorar y elevar la recaudación fiscal.

Ley de Probidad Sancionar penalmente la corrupción.

Reforma y actualización agropecuaria Crear un comité multisectorial para esa finalidad.

Reforma y actualización agraria

Creación del banco de tierras, elevar impuestos a las tierras ociosas, estimular su venta o expropiarlas.

Leyes de salud Reestructurar y ampliar los programas de salud.

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

Se repiten las dos diferentes demandas de sectores que se emitieron en el documento sobre temas socioeconómicos.

Ley del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) Reestructurar y capitalizar la institución.

Ley Orgánica de la Policía Nacional

Asignarle la seguridad interna y crear la dirección de inteligencia civil.

Ley Constitutiva del EjércitoDisolver la Dirección de Inteligencia y el Estado Mayor Presidencial y reorientar la Doctrina Militar al respeto de los derechos humanos.

Ley del Servicio Civil Para prohibir a militares en servicio activo desempeñar cargos públicos civiles.

Instituto Geográfico Nacional Desmilitarizarlo, así como los aeropuertos.

Ley del Organismo Ejecutivo Definir competencias de gobierno en función del desarrollo y la participación.

Ley de régimen interior y procedimientos del Congreso

Para hacer más eficiente el funcionamiento orgánico del Organismo legislativo y la promulgación de leyes.

Leyes sobre organización local

Desarrollar organización de base con respeto a la identidad y valores de los pueblos.

Código Municipal Para fortalecer y reestructurar la Policía Municipal.

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Promulgación de nuevas leyes

Derechos de los desarraigadosProblema habitacional de los desarraigados. Reposición de documentación. Acceso a la tierra, proyectos económicos, compensación.

Derechos de la mujer maya Ley específica para su defensa.

Fomento del turismo Con respeto a la dignidad de los pueblos y que beneficie a todos los sectores.

Comisión nacional de tierras Crearla como parte de la Comisión Multisectorial.

Fondo agropecuario para pequeños y medianos propietarios

Para garantizar el apoyo financiero y crediticio.

Creación de seguro agrario Que cubra pérdidas por catástrofes naturales.

Restitución de tierras asignadas ilegalmente

Se refiere a tierras municipales, comunitarias, nacionales y áreas protegidas asignadas ilegalmente durante el conflicto armado.

Creación de Comisión Multisectorial para medio ambiente

Reforma de leyes y protección de recursos renovables y no renovables.

Sistema de arbitrios por departamentos Para modernizarlos.

Comisión Multisectorial para la consolidación de la paz Para el seguimiento a los acuerdos.

Creación de Policía Fiscal y Aduanera En sustitución de la Guardia de Hacienda.

Creación de Guardia Forestal Nuevo cuerpo de seguridad para la salvaguardia de la naturaleza

Disolución de las PAC Disolver las milicias pro gubernamentales

Regulación de policías privadasAdemás derogar Código Militar, legislación de Policía Militar y comisionados militares y constituir Consejo Nacional de Seguridad.

Nuevas propuestas de reformas constitucionales

Derecho a la defensa judicial en idioma materno Proveer intérpretes en procesos judiciales.

Art. 18 Derogar la pena de muerte.

Art. 30 Máximo diez años en reserva a temas militares y diplomáticos.

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Art. 34 Prohibir asociaciones de autodefensa.

Art. 35 Incluirlo en no reformable.

Art. 38 Eliminar este artículo que otorga derecho a portación de armas.

Art. 53 Sustituir término “minusválidos” por “discapacitados”.

Art. 84 Asignación a la USAC no menor del 10% e incrementarse según crecimiento poblacional.

Arts. 15 y 171 Delitos de lesa humanidad excluidos del principio de irretroactividad de la ley.

Art. 102

Mejoras respecto a vacaciones, aguinaldo, periodos pre y postnatales, prohibir trabajo de menores, derechos de reinstalación en despido injustificado, salario mínimo y estabilidad laboral.

Art. 104 Derecho a huelga y paro a trabajadores del Estado y de iniciativa privada, se incluya huelga por solidaridad.

Art. 108 Mejora régimen trabajadores del Estado.

Art. 122 Reservas territoriales del Estado con vocación agrícola para beneficio de pobladores sin tierra.

Art.129 Generación y comercialización de energía eléctrica debe estar en manos del Estado.

Art.132

Nombramiento de la Presidencia del Banco de Guatemala y Junta Monetaria debe ser hecho por el Congreso de una nómina sugerida por una Comisión de Postulación.

Art. 134Eliminar excepción que favorece a la USAC en cuanto a la entrega de presupuestos a los organismos ejecutivo y legislativo.

Art. 146 Adicionar otorgamiento de nacionalidad por matrimonio.

Arts. 152 al 156 Introducir revocabilidad del mandato para funcionarios o dignatarios.

Arts. 157 al 222 Redefinir funciones de los organismos de Estado para garantizar la independencia.

Art. 158 Cambiar periodo de sesiones del Congreso.

Art.160 Eliminarlo, para que diputados no puedan desempeñar cargos públicos.

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Art. 161 Que la Corte Suprema sea la que conozca sobre sanciones a los diputados.

Art. 163 Elección de Comisión Permanente simultánea con Junta Directiva.

Art. 164 Nula elección de diputado que haya ejercido jurisdicción un año antes de convocatoria a elecciones.

Art. 165 Eliminarlo.

Art. 170 Agregar la elaboración y publicación de memoria anual.

Art. 171 Agregar facultad de derogar legislación contraria a los derechos humanos.

Art. 174 Diputados tendrán obligación de conocer proyectos de ley del año anterior.

Art. 176 Eliminar la facultad de “urgencia nacional” en elaboración de leyes.

Art. 182 Presidente de la República sea únicamente jefe de gobierno.

Art. 244 Sanciones a su no observancia y derecho de acción pública.

Art. 245 Instancias multisectoriales para decisiones en los municipios.

Art. 16 Eliminarlo (Legalización Decretos Leyes a partir del 23 de marzo de 1982).

Art. 17 Eliminarlo (Financiamiento de Partidos).

Art. 273 Resoluciones procurador de derechos humanos con carácter ejecutivo.

Art. 10 Difusión de información sobre centros de detención.

Art. 204 bis Jueces como garantes de los derechos de los ciudadanos.

Art. 206 Consejo General de la Judicatura investiga expedientes para su traslado a la Corte Suprema de Justicia.

Art. 207 Función de juez es incompatible con otro empleo excepto docencia.

Art. 208 Ampliar periodo de funciones a ocho años.

Art. nuevo sobre Procuraduría de los Derechos Humanos

Derecho a recibir auxilio de Policía Nacional sin los requisitos del Código Procesal Penal.

218

Art. nuevo capítulo constitucional

Art. nuevo creando Consejo Administrativo del Organismo Judicial

Creación de nuevo organismo.

Art. nuevo estableciendo Consejo General de la Judicatura

Creación de nuevo organismo.

Art. nuevo introducción de perspectiva de género

Las reformas constitucionales deben redactarse con perspectiva de género.

la aSc deSPuéS de loS docuMentoS de conSenSo

El mandato de la ASC se limitaba a elaborar los documentos de consenso y opinar sobre los acuerdos de la mesa oficial, todos los cuales fueron aprobados, aunque en algunos casos antecedieron prolongadas discusiones, en especial en relación con el acuerdo sobre temas socioeconómicos y agrarios. Pasada esa etapa, el conciliador monseñor Rodolfo Quezada Toruño entregó sus funciones de presidente para vol-ver a sus funciones pastorales y la ASC eligió una Junta Directiva.

Una parte de los sectores propusieron que la ASC se hiciera permanente y se institucionalizara como una instancia veedora de los Acuerdos de Paz y como expresión de una nueva forma de participación en la política. Se proponía que la ASC mantuviera juicio y orientación permanente hacia la opinión pública, par-tiendo de la base de sus propias propuestas. Se suponía que ser una manifestación multiplural de la SC le daría cierta preeminencia ética. Otros sectores no participa-ron de la idea. Esa discrepancia y la progresiva ubicación de actores de la ASC en el panorama electoral nacional acentuaron desacuerdos que llegaron a ocasionar la separación de un grupo de organizaciones que constituyeron otra entidad.

La politización partidaria se manifestó especialmente cuando se constituyó el partido Frente Democrático Nueva Guatemala, al cual se incorporaron muchos de los principales líderes de la ASC. Ello debilitó el imaginario que se buscaba mantener de una fuerza de sociedad civil ajena a los partidos políticos, por lo que supuestamente influyó decisivamente en el declive de la ASC al grado que ni el Gobierno ni la URNG se decidieran por reconocer a la ASC un papel nuevo en la implementación de los compromisos derivados de la paz. La ASC fue desapare-ciendo lentamente. No obstante, algunos de sus miembros constituyeron una ONG que adoptó ese nombre, con lo que mantuvo actividades y continuó opinando sobre temas de la paz, como la intentada reforma constitucional de 1998. Por otra parte, el Sector de Mujeres persiste hasta la actualidad.

219

concluSión

El ejemplo de Guatemala tiende a apoyar la hipótesis de que a mayor participación de la SC en un proceso de negociaciones, mayor la posibilidad de que éste tenga éxito y la paz se consolide. El conflicto armado había tenido una duración tan pro-longada y había originado un costo social tan alto que era poco probable que por sí solos los actores participantes pudieran ponerle fin por medio de negociaciones.

Si bien debe destacarse el papel de la comunidad internacional, especial-mente de las Naciones Unidas, en apoyar con éxito la negociación, fue la temprana intervención de la sociedad civil la que creó el clima interno favorable a la ne-gociación, primero mediante el Gran Diálogo Nacional y después con el proceso de Oslo. Su participación como mesa paralela en la negociación de los acuerdos originó un sentimiento de apropiación de los consensos. Por otro lado, hizo llegar a la mesa oficial los criterios de la SC, destacando las numerosas coincidencias entre las propuestas de la ASC y los compromisos de los acuerdos.

No obstante la ASC fue acusada de tener una representación limitada y de asumir inclinación hacia la parte insurgente; en los hechos, gozó de legitimidad y su representatividad fue aceptada tanto por las partes como por los actores in-ternacionales. Dado que posteriormente la paz de Guatemala se consolidó, la ex-periencia de la SC sigue siendo citada hasta la fecha como uno de los ejemplos internacionales de exitosa participación en este tipo de procesos.

El rol preponderante que la ASC propuso para la SC en sus propuestas no se alcanzó institucionalmente, pero la SC de Guatemala emergió del conflicto y la ne-gociación de paz con mayor capacidad de incidencia y más elevada autoconciencia en comparación con otros países que han conocido procesos de negociación. Esto es especialmente relevante en el campo de la seguridad y los derechos humanos.

Lamentablemente, la Guatemala que imaginaron y desearon los actores de la paz, incluyendo a la ASC, no se logró y el país de la actualidad confronta graves problemas sociales y de seguridad que hacen problemática la vida cotidiana y que impiden apreciar los logros de la paz. En todo caso, no se puede culpar al proceso de paz del limitado cumplimiento de los acuerdos. Al no implementarse el cometi-do principal de toda la negociación (erradicar las causas estructurales del conflicto armado), las viejas injusticias y crueldades han resurgido bajo otras formas, adap-tadas a la era de la globalización. La sociedad civil de esta generación sigue ante el reto de superar esas amenazas y mantener la democracia.

220

anexo

Siglas y acrónimos

AEU: Asociación de Estudiantes Universitarios

AGECOGUA: Asociación General de Comerciantes de Guatemala

ADEJUCO: Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario

ALMG: Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

ANPRODI: Asociación Nacional de Promotores de Desarrollo Rural Integral

AP5: Alianza Popular 5

APG: Asociación de Periodistas de Guatemala

APPM: Asamblea Permanente de los Pueblos Mayas

ASADI: Asociación para la Autogestión del Desarrollo Integral

ASINDES: Asociación de Entidades de Desarrollo y de Servicio

AVANCSO: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales

CACIF: Comité de Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras

CALDH: Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos

CAN: Central Auténtica Nacionalista

CDHG: Comisión de Derechos Humanos de Guatemala

CECMA: Centro de Estudios de la Cultura Maya

CEDEP: Centro de Estudios Políticos

CEEM: Centro de Estudios Mesoamericanos

CEPyME: Federación de la Pequeña y Mediana Empresa

CERG: Centro de Estudios de la Realidad Guatemalteca

CGP: Cámara Guatemalteca de Periodismo

CGTG: Confederación General de Trabajadores de Guatemala

CIEDEG: Consejo de Iglesias Evangélicas de Guatemala

CIEP: Centro de Investigación y Educación Popular

CIEPRODH: Centro de Investigación, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos

221

COINDI: Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral

COMFUITAG: Comité de Coordinación de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación

COMG: Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala

CONAVIGUA: Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala

CONCAD: Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo

CONFECOOP: Confederación de Cooperativas de Guatemala

CONFREGUA: Confederación Religiosa de Guatemala

CONSIGUA: Confederación Sindical de Guatemala

COPMAGUA: Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala

COSU: Coordinadora Sindical Unitaria

CUSG: Comisión de Unidad Sindical de Guatemala

DCG: Democracia Cristiana Guatemalteca

FECETRAG: Federación Central de Trabajadores de Guatemala

FEDASCOVE: Federación de Asociaciones y Comités de Vecinos de Villanueva

FENASTEG: Federación Nacional de Trabajadores del Estado de Guatemala

FENATRAM: Federación Nacional de Trabajadores Municipales

FEPyME: Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala

FESEBS: Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros

FESOC: Federación Sindical Obrera Campesina

FESTRAS: Federación de Trabajadores de la Salud

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FRG: Frente Republicano Guatemalteco

FUN: Frente de Unidad Nacional

FUNDAPAzD: Fundación para la Paz, la Democracia y el Desarrollo

GAM: Grupo de Apoyo Mutuo

GGM: Grupo Guatemalteco de Mujeres

GUCONOFE: Gran Unión de Cooperativas de Guatemala

ICEPAz: Instituto Centroamericano para la Paz y la Reconciliación

IDESAC: Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica

222

IEPADES: Instituto para el Desarrollo Sostenible

IGEDES: Instituto Guatemalteco de Estudios Sociales

INIAP: Instituto de Investigación y Autoformación Política

IRIPAz: Instituto de Relaciones Internacionales y estudios de la Paz

MAS: Movimiento de Acción Solidaria

MEC: Movimiento Emergente de Concordia

MLN: Movimiento de Liberación Nacional

MONAP: Movimiento Nacional de Pobladores

PAN: Partido de Acción Nacional

PNR: Partido Nacional Renovador

PR: Partido Revolucionario

PSD: Partido Socialista Democrático

SITRASS: Sindicato de Trabajadores de Servicios de la Salud

UASP: Unidad de Acción Sindical y Popular

UCN: Unidad de Centro Nacional

UD: Unión Democrática

UNAGRO: Unión Nacional Agraria

UNSITRAGUA: Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala

UNO: Unión Nacionalista Organizada

USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala

223

biblioGraFía

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Propaz (2008) Testimonios de la Paz (Guatemala: Serviprensa).

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caPítulo xxiiel reFuGio y el retorno

enrique corral alonSo*

* Enrique Corral Alonso. Licenciatura en Filosofía por la Universidad Católica de Ecuador. Maes-tría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala. Director general y cofundador de la Fundación Guillermo Toriello, entidad creada por los Acuerdos de Paz. Delegado en el Consejo Nacional de Acuerdos de Paz (CNAP) durante varios años. Fue in-tegrante de la Comisión Especial de Incorporación (CEI). Coordinador de varios estudios sobre la Incorporación de la Guerrilla Guatemalteca a la Legalidad y sobre la memoria y registro de los caídos, detenidos y desparecidos en la lucha revolucionaria de Guatemala.

227

introducción

Refugiado, sí hay camino, se hace camino al andar”.1 Con este verso del poeta español Antonio Machado, refugiado en el sur de Francia cerca de la frontera de su patria, los refugiados guatemaltecos encabezaron por varios

años un medio de comunicación y enlace entre ellos durante su estancia en México y en su camino de retorno a Guatemala. Esta frase poética dice mucho del sabio y difícil andar de estos refugiados.

Aunque refugiado es un estatus muy genéricamente especificado en la le-gislación y convenciones desde 1951, la base y punto de partida de su definición general es la que se refiere a la persona que “… debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” (Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1., A 2) de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados). Protocolos internacionales posteriores lo definen como la persona que a consecuencia de guerras, revolu-ciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país (1967). y, por supuesto, no tiene la menor posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales por parte del Estado.

Si bien, nos vamos a concentrar y limitar al estudio del refugio de los gua-temaltecos y guatemaltecas en México durante la década de los años 80, por ser este fenómeno relativamente reciente y tener dimensiones e impactos nacionales e internacionales especiales y, en buena medida, por contar también con más tes-timonios y fuentes documentales, no perdemos de vista ni de nuestra memoria la larga –e imaginaria a veces– frontera del occidente y norte de Guatemala, con su historia de movimientos y desplazamientos desde la revolución liberal del siglo XIX y de la contrarrevolución de 1954. La última mitad del siglo pasado, muchos inte-lectuales y artistas, campesinos agraristas, artesanos, políticos, periodistas, religiosos,

1 Boletín de las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México, Año 2 No. 5 http://pudl.princeton.edu/sheetreader.php?obj=t722h989w Visitado el 3/09/2013.

“

228

catedráticos, militares o insurgentes guatemaltecos buscaron protección o un res-piro de seguridad en los estados vecinos del sur de México. Allí encontraron una retaguardia a su creatividad y actividades de diferentes tipos.

A pesar de que México es el destino principal debido a una enorme línea fronteriza, porosa y democrática, no se puede obviar los desplazamientos de la po-blación en esa época a Estados Unidos, Canadá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Argentina y Cuba, aunque nunca hayan tenido la formalidad de una declaración al respecto ni las estadísticas con que a veces se describen a los refugiados guate-maltecos en México. México ha sido un lugar natural de refugio político, social o laboral, en algunos casos de entierro seguro para muchos guatemaltecos.

Es en estados fronterizos donde fueron sepultados los restos de Mario Pa-yeras, yon Sosa, Socorro Sical y muchos otros luchadores guatemaltecos que des-cansan bajo cruces anónimas en ejidos mexicanos, esperando condiciones para su exhumación y retorno. En México también está sepultado Luis Cardoza y Aragón entre otros guatemaltecos y guatemaltecas. Como parte destacada de esta historia contemporánea, no puede dejar de ser mencionado este gran contingente que en-contró en México la protección a su vida y a su creatividad.

Sin embargo, nuestro énfasis y centro de atención en este capítulo está en la dinámica organizativa que selló esta experiencia singular de los refugiados guate-maltecos, los cuales en medio del dolor, persecución y condiciones tan adversas se fueron estructurando en grandes colectivos, hasta llegar a ser un sujeto activo que removió procesos, comenzó a abrir brechas sobre el sistema político guatemalteco, logró posicionar el país en diferentes lugares de la comunidad internacional en una escala diferente a la que venía dándose y, hasta cierto punto, abrió camino a la ne-gociación de los acuerdos de paz, que culminó con el Acuerdo de Paz Firme y Du-radera (1996). Una experiencia poco usual en el continente durante los conflictos vividos donde el refugio y el retorno han sido un fenómeno más individualizado.

El tema del refugio y retorno de los guatemaltecos y guatemaltecas no pue-de abordarse sin incluir y ponderar la interrelación de los refugiados con la orga-nización y población rebelde, alzada en armas como combatientes en los frentes limítrofes entre Guatemala y diferentes estados mexicanos. No pueden dejar de abordarse los efectos e influencias en el refugio y retorno de esta relación. Nos referimos a aquellos casos de alzados y alzadas que buscaron un refugio humano en sus familias, urgidos por sus lazos y compromisos familiares, o simplemente cansados de tantos años de trajinar. Esto no debe confundirse con el uso del te-rritorio mexicano de estructuras o retaguardias militares que se guiaron por otros principios como se afirma en párrafos posteriores.

Toda esta población está incluida en el número que los mismos órganos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) establecen oficio-samente al decir “… que 150.000 personas buscaron protección en México pero sólo la tercera parte de ellas se ubicó en campamentos y contó con el reconocimiento del

229

status de refugiado por la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados”.2

Aunque sea brevemente, nuestra historia no puede dejar de hacer mención a la interrelación con la población en resistencia dentro de la propia frontera de Guatemala y de los desplazados internos, pues, finalmente, son parte de este nuevo sujeto establecido en los acuerdos de paz bajo la denominación genérica de “po-blación desarraigada”. Además del tema clave sobre la fuerza de la organización de los refugiados y de las refugiadas guatemaltecas, factor decisivo de sus grandes avances y reivindicaciones. A lo largo del trabajo se aborda el papel jugado por la solidaridad y las instancias internacionales que acompañaron, mediaron, cabil-dearon con una consistencia admirable esta trajinar, especialmente el proceso de retorno. Hay una amplia documentación al respecto porque se tomaron el cuidado de sistematizar sus experiencias.

El capítulo se cierra, abriendo una serie de interrogantes sobre el presente de este gran contingente de retornados y su organización en la etapa de la postguerra de la que llevamos caminados 15 años. Etapa menos documentada y sistematizada, más suelta y, por qué no decirlo, más incierta.

deScriPción del FenóMeno del reFuGio en México

No se requieren muchos párrafos para explicar las causas del refugio hacia México de grandes contingentes de población de diferentes partes de Guatemala, pero es-pecialmente del altiplano y del norte del país. Están muy documentadas y testimo-niadas las estrategias, campañas y acciones del Estado guatemalteco y su columna operativa, el ejército de Guatemala, a las cuales fueron sometidas las comunidades indígenas del altiplano de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Petén, Alta y Baja Verapaz en la década de los años 80. Tanto los testimonios recogidos por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como estudios realizados con lupa antropológica de algunas partes del país donde se origina el refugio explican dramáticamente estas causas. Un análisis de las explicaciones del propio Ejército y la relectura de sus planes de campaña siste-matizados por la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) 3 son suficientes para ver los fundamentos y fundamentalismos en que se basan.

Estos planes fueron expuestos por el Ejército y sus mandos principales en un Foro Nacional (agosto 1987), donde se adjudicaron la misión hegemónica de guardar los intereses nacionales (como un todo), contraponiéndolos al papel de las fuerzas estructuradas en los partidos políticos (que son una parte). Ese fundamentalismo

2 ACNUR (1999) “Guatemala: de regreso a casa” (Guatemala: ACNUR).3 Iglesia Guatemalteca en el Exilio (1989) Guatemala, seguridad, desarrollo y democracia (Mé-

xico: IGE).

230

reflejado en los planes bajo el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional, con-trapuesta a la seguridad del ciudadano y de las comunidades, está a la base de las acciones que llevaron a cometer las mayores atrocidades contra la población civil que se hayan llevado a cabo en todo el continente. Ante el tamaño de esta acción desencadenada en los municipios fronterizos el refugio masivo fue una solución para la sobrevivencia.

Después de escuchar diferentes testimonios, de revisar los planes del Ejér-cito y los informes de la comunidad internacional y de las Iglesias, nadie tiene la menor duda de que el fenómeno del refugio de Guatemala fue originado por los actos de sangre y fuego del ejército de Guatemala, cuyo objetivo era someter a la población y erradicar todo brote de rebelión.

Según el antropólogo jesuita Ricardo Falla,4 la masacre de San Francisco (1982) y los actos de represión conectados con ella fueron el detonante para que cerca de nueve mil personas chuj y ladinas se refugiaran en México. El efecto de la masacre fue, entonces, vaciar de población toda una zona fronteriza muy amplia y concentrar a la población restante en algunas aldeas controladas, como Ixquisis (Nentón). Se puede inducir que la lógica de esta masacre no fue sólo destruir to-talmente una población que abastecía a la guerrilla con ganado o que se negaba a revelar el secreto de la ubicación del campamento guerrillero, sino que además actuara como el detonante que movilizara a una masa de gente muy numerosa y dispersa para despejar una amplia zona y controlar al resto de habitantes. Es decir quitarle la base social a la guerrilla y controlar a la que no escapaba.

Algunos cuadros de la guerrilla, inicialmente reacios a favorecer el proceso del refugio, se convencieron, poco a poco, de que era la forma de salvaguardar a las grandes poblaciones, mujeres, niños y sus escasos bienes. Si bien hubo algunos que se aferraron a la posibilidad de la resistencia, la evidencia de la correlación de fuerzas y la imposibilidad de proteger grandes territorios los llevaron a esta conclusión, hasta convertirla en una línea de actuación. En algunas zonas, después de analizar con las comunidades la situación, les plantearon las alternativas del refugio en México o protegerse en la montaña con sus pocas pertenencias y resistir allí, pero que de ninguna manera debieran quedarse en sus casas porque no había condiciones para protegerlas. La guerrilla concibió el refugio, desde sus inicios, como un movimiento de corto plazo5 y, hasta donde su comunicación con la pobla-ción lo permitió, ésta asumió el compromiso de apoyar la gestión de su retorno. Al menos ése era su anhelo. De ahí que fuera tan importante la necesidad de mantener activas sus redes de comunicación con la población. Este tema se amplía en otra parte de este estudio para mayor precisión. Ricardo Falla, en la fuente citada, invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tuvo la guerrilla, sin falsas culpabilida-des, en la falta de previsiones y cálculo de la desmedida y despiadada reacción del

4 Ricardo Falla, Negreaba de Zopilotes, masacre y sobrevivencia. Finca San Francisco, Nentón, Guatemala , Guatemala, AVANCSO, 2011, págs.144-145.

5 Ibid.

231

Ejército. No supo calcular la respuesta genocida de las fuerzas armadas. Para tal reflexión se apoya en un estudio realizado por Margarita Hurtado Paz y Paz.6

datoS del reFuGio

Un breve recorrido por los datos del refugio nos revela que ya desde 1980 había casos de familias que aisladamente fueron apareciendo en México7 a causa de la represión más selectiva que comenzó a llevar a cabo el Ejército, especialmente desde la fase de generalización de la guerra de guerrillas, el inicio de sus campañas militares y del auge casi desbordante de la lucha de los trabajadores del campo en la costa sur. Desde mayo de 1981 a raíz de una mayor presencia de diferentes com-pañías del Ejército en Huehuetenango, de la Campaña Ceniza 81 y de las grandes ofensivas de la capital y la costa sur, aparece un grupo de 400 refugiados en Arroyo Negro-Campeche. Dos meses después, en julio, ya había 2,000 guatemaltecos más. Se calcula que en 1982 los refugiados en las selvas de Chiapas sumaban 7,000.8

En 1983 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tenían regis-trados 38,000 refugiados y refugiadas. En 1984, el registro declara 46,000. Global y genéricamente, se calculan 150,000 guatemaltecos refugiados en México, de los que una tercera parte (cerca de 45,000) fueron reconocidos por diferentes circuns-tancias, como lo establece el órgano del ACNUR-Guatemala.

En mayo, julio y agosto de 1984, aproximadamente 18,000 personas de la po-blación refugiada guatemalteca en Chiapas fueron trasladadas a varios asentamien-tos de los estados mexicanos de Quintana Roo y Campeche. En 1989 existían ocho asentamientos en total. Mientras, la población restante se quedó en Chiapas, even-tualmente dispersándose en grupos más pequeños hacia más de 150 lugares, muchos de éstos en poblados mexicanos, y una importante cantidad de dispersos. Posterior-mente, una población dispersa significante lograría su reconocimiento y crearía su propia organización, convirtiéndose en uno de los canales organizadores del retorno.

A mediados de la década de 1980, aquella masiva concentración de refu-giados y refugiadas cerca de la frontera de Guatemala, aquel panorama de cam-pamentos extensos, típico fenómeno de los grandes conflictos en otras zonas del mundo, fue cambiando poco a poco con dichos traslados. Esta reubicación no fue un proceso sencillo. Hubo incluso tendencia a la resistencia por meses y búsqueda

6 Margarita Hurtado Paz y Paz, “Organización y lucha rural, campesina e indígena: Huehuetenan-go, Guatemala, 1981”, ponencia presentada a FLACSO-Guatemala, 2009.

7 Inicialmente estas familias fueron devueltas a Guatemala hasta que por mediación de la comu-nidad internacional las recibiera y protegiera aunque lejos de la frontera. De esta manera, fueron trasladas a Morelos. Con motivo de la presencia de los refugiados salvadoreños se había creado la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR). Julio 1980.

8 Grupo Internacional de Consulta y Apoyo al Retorno (GRICAR) Guatemala: En busca de la Patria Perdida, Guatemala, 2000, pág. 90.

232

de refugio en algunas zonas fronterizas de la selva lacandona, como Marqués de Comillas, hasta que la propia población vio la dificultad de resistir los cercos y la falta de acceso a alimentos por muchas semanas.

Son varias las razones para dicha reubicación. Las de mayor peso son, sin duda alguna, las provocaciones, presiones e incursiones del ejército guatemalteco en territorio mexicano, bajo la hipótesis de que la zona era una retaguardia de los frentes guerrilleros y esas grandes poblaciones liberadas de la presión interna de los militares, sería nuevamente el “agua del pez” para la guerrilla, es decir, su base social. El Ejército lo dio por hecho. La guerrilla no lo vio así por diferentes razo-nes. Si bien es innegable que esta última siempre tuvo base de apoyo en familias individuales en los diferentes campamentos, el análisis no necesariamente podría sugerir que la población guatemalteca en México era parte de esa base social in-condicional. y menos creible que era un fenómeno masivo y generalizado. En términos generales, la guerrilla guatemalteca siempre fue fiel al principio de no instalarse en el territorio mexicano, aunque incursionara o permaneciera en él tem-poralmente. Lo sabía el Ejército y lo sabían las autoridades mexicanas. Estas últi-mas pretendían prevenir la acción del ejército guatemalteco, que no tuvo ninguna reserva para atravesar fronteras, perseguir y asesinar guatemaltecos refugiados en Chiapas, como lo demuestran las denuncias de la propia Cancillería del gobierno mexicano y de los diferentes organismos nacionales en cuanto a incursiones de kaibiles cuyo fin era secuestrar campesinos guatemaltecos (caso del Ejido Agua Azul), e incluso atropellar funcionarios mexicanos. Hay varios casos registrados de estos graves incidentes. La idea era presionar al Estado mexicano para que mili-tarizara la frontera y trasladara a los refugiados a otras zonas de México. En esto, el ejército de Guatemala tuvo el apoyo de la Embajada estadounidense en Guatemala, según denuncias del Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP).

Entre las razones políticas internas del Estado mexicano para dichos trasla-dos estaban los brotes guerrilleros conocidos por las autoridades y del ejército de ese país en las mismas fronteras. No se debe olvidar que las raíces históricas co-munes, la solidaridad comunitaria, las afinidades desde las experiencias religiosas y la identidad como pueblos mayas que existen entre los tojolob’ales, q’anjob’ales, etc., podían pesar más que una imaginaria línea fronteriza marcada por la historia.

También existían necesidades logísticas para atender los compromisos ad-quiridos desde la Declaración de Cartagena,9 en la que se establecen las bases

9 La Declaración de Cartagena sobre Refugiados es un instrumento regional adoptado en el Colo quio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en Centroamérica, México y Panamá, celebrado en 1984. El Coloquio se centró en el análisis de los problemas lega les y huma nitarios que afectaban a los refugiados centroamericanos. La Declaración de Carta-gena sobre refugiados se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención Americana de Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Refugiados adoptada por la Orga-nización de la Unidad Africana en 1969. Dicha Declaración amplía la definición de refu-giado contenida en la Convención de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su país “[...] porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia gene-

233

jurídicas para el tratamiento de los refugiados centroamericanos, remarcando el principio de no devolución, la necesidad de solución duradera y la interacción de los refugiados centroamericanos, las cuales fueron suficientes para negociar este traslado y hasta cierto punto forzarlo.

la Fuerza de loS reFuGiadoS Fue Su ProPia orGanización

Refugio parece sinónimo de desesperanza, desorganización, una trágica experien-cia humana colectiva provocada por la violencia irracional de los Estados y sus apa-ratos criminales, que rompe todo tipo de vida y tejido organizativo. Es lógico que tenga muchos y más de estos elementos por las circunstancias en que normalmente se llevan a cabo estos emergentes movimientos. Pero, curiosamente, por mucho tiempo no fueron ésas las características de los refugiados y de las refugiadas de Guatemala. Una vez en territorio mexicano, desde “que llegamos a México nom-bramos a nuestros representantes y nos organizamos cuidadosamente en todos los campamentos”,10 confirman en sus testimonios. Hay muchos elementos presentes y activos en el proceso de desplazamiento de la población guatemalteca hacia el sur de México y en el de su retorno a Guatemala. Todos son factores importantes y concomitantes, pero si tuviéramos que identificar un factor determinante en este proceso, sería la fuerza de la organización de los propios refugiados y refugiadas.

Desde los primeros momentos, los grupos comenzaron los procesos de or-ganización para atender las necesidades de mayor urgencia. Posteriormente sería una organización para el retorno y, finalmente, algo que comenzó pero no maduró fue la organización para el reasentamiento y el desarrollo comunitario. La fuerza y poder de los refugiado radicó en su propia organización, aunque fuera apoyada por la guerrilla dentro de su línea de masas, acompañada por organismos internaciona-les y avalada por el Estado guatemalteco e incluso de alguna manera por México. Fue un refugio en permanente organización y comunitario para proteger la vida colectiva y con la esperanza de retorno a corto plazo.

Éste es el énfasis de las presentes notas que recalcan más estos aspectos que las estadísticas, los cuadros y los esquemas. Nuestro énfasis es esa dinámica pro-funda de organización colectiva, genuinamente democrática, como lo evidencian los innumerables folios escritos a máquina por Alfonso Bauer Paiz.11 En ellos su

ralizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los dere-chos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. La Declaración de Cartagena sobre refugiados es un instrumento de protección creativo e inno-vador que se constituye en un aporte de América Latina al Derecho Internacional.

10 GRICAR. Guatemala “El proceso de retorno de los Guatemaltecos” (Relatoría de taller sector de refugiados-retornados), 1999, pág: 19.

11 El abogado Alfonso Bauer Paiz fue uno de los más destacados asesores de los refugiados. Durante varios años llevó el registro de sus discusiones, decisiones y planes escritos ordenadamente. Sus escritos, no cabe la menor duda, son un aporte invaluable a la memoria histórica de este proceso.

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autor recoge cada una de las decisiones, su fundamento y la argumentación de los representantes y las comunidades durante varios años de refugio; discusiones no exentas de diferencias, diversidad y conflicto dada la composición variada de la población del refugio y las situaciones difíciles en que se desenvolvía.

¿Cuáles fueron los factores presentes en esta dinámica organizativa asom-brosa, que se reprodujo como los hongos en la selva, que llegó a ser un actor importante en la coyuntura nacional e internacional del área mesoamericana? La palabra organización brota con mucha facilidad, pero como lo atestiguan los pro-pios refugiados, “es fácil decir pero son muchos años de organizarnos para lograr las tierras, producir y para que se atendieran nuestras demandas. Desde los años 60 veníamos organizándonos con estos fines en nuestras comunidades”. En la pobla-ción refugiada había una experiencia de organización acumulada que, por diversas razones, se fue dando en el altiplano de Guatemala. Esta tradición organizativa comunitaria se evidenció al llegar a otra tierra en este momento de emergencia masiva. La misma experiencia se desarrolló durante la organización del retorno y a los comienzos del reasentamiento.

Detrás de esta dinámica organizativa hay una serie de experiencias que con-fluyen. Entre ellas está la experiencia organizativa de muchos líderes de las iglesias –especialmente la católica en esos años, tendiendo su mano y compartiendo sus pocos recursos– que interactuaron en amplios sectores de la población refugiada y que aparecieron en distintas etapas de la construcción de este sujeto coyuntural. La Iglesia mexicana, la Diócesis de San Cristóbal, el obispo monseñor Samuel Ruiz, sus sacerdotes, religiosos y catequistas, fueron un soporte humanitario inicial de primer orden para atender a los refugiados, a quienes consideraron y trataron como a “sus hermanos, sangre de su sangre”. Las comunidades campesinas mexicanas fueron las redes de apoyo y solidaridad primigenias al estilo de otros momentos de la historia, sin grandes reconocimientos. Una solidaridad y un soporte muy natural. Nunca lo olvidarían los refugiados y las refugiadas guatemaltecas.

También tuvo un peso indiscutible, aunque a veces poco explicitado, la línea de trabajo de masas impulsada por las organizaciones guerrilleras en la década de 1970 en las zonas de Huehuetenango y Quiché, dentro de su estrategia de Guerra Popular Revolucionaria (GPR), en la que el trabajo organizativo de la población era un factor fundamental, intenso y una escuela de formación extraordinaria. Esto contribuyó a la construcción de un poder local y un sistema de vida propio y comunitario. Esta escuela dio sus frutos en las Comunidades de Población en Resistencia, que se protegieron bajo las montañas sin salir de Guatemala y en la organización de los refugiados.

Es necesario esclarecer que el hecho de que la población tuviera un vín-culo social, territorial y organizativo con las fuerzas guerrilleras beligerantes, de ningún modo debilitaba ni borraba el hecho objetivo de ser refugiada ni todos los protocolos que les protegía. Pero no cabe la menor duda que la relación con las

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organizaciones guerrilleras formó cuadros organizadores y sedimentó un sustrato organizativo determinante.

Otro elemento fundamental en el fortalecimiento organizativo de los refu-giados fue la solidaridad indígena maya que no ve fronteras, menos cuando estas son líneas trazadas por intereses y pactos ajenos a ellos. El factor identidad, a ve-ces inasible, solamente marcado por finas suturas es un elemento importante en la fuerza organizativa de la población.

laS MuJereS reFuGiadaS

En 1985 se desarrollaba una intensa actividad de las refugiadas guatemaltecas para resolver las necesidades del asentamiento precario en México y su traslado a dife-rentes Estados de ese país. Aún no se habían definido los elementos clave sobre las mujeres refugiadas, su número, sus necesidades de protección, las características de los programas que habría que impulsar, guías prácticas para el trabajo con las mujeres refugiadas en todo el mundo. Fue a partir de ese año, fin del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que comenzaron los propios organismos a crear grupos de trabajo para responder a estas inquietudes. Si bien es cierto, y está probado, que las mujeres y los hombres experimentan la pobreza de distinta mane-ra, lo mismo se puede decir del refugio y de las emergencias. Cuando la adversidad golpea las mujeres suelen ser más vulnerables. Esto es válido y comprobable para las mujeres refugiadas.12 Puesto que los diferentes indicadores reconocen las di-ficultades de las mujeres indígenas y rurales de Guatemala en el noroccidente, es fácil de entender las dificultades de las mujeres en el refugio. Las mujeres consti-tuían el cincuenta por ciento de la población atendida por ACNUR, y provenían de las aéreas rurales con índices más altos de pobreza y pobreza extrema

Los balances finales después de todo el periodo de refugio y de retorno mues tran que las mujeres guatemaltecas y un conjunto de actoras y actores involu-crados identifican muy bien su proceso de participación y de apropiación de sus derechos y de herramientas para dichos procesos.

Al afirmar que la fuerza de la población refugiada fue su propia organiza-ción, tenemos que visibilizar y valorizar en esta etapa de manera especial el proce-so organizativo de las mujeres refugiadas, abriéndose caminos hacia otros espacios de acción, gestión, formación, cabildeos y negociación. Para responder a esta falta de espacio público de participación y en parte para tener un espacio propio de pre-sencia, diálogo y organización, se crearon, a partir de 1989, instancias representa-tivas de las mujeres refugiadas.

12 Véase ponencia de María Guadalupe García (1998), sobre el derecho de la mujer a la propiedad y copropiedad de la tierra y en la organización de la comunidad, en Lecciones aprendidas en el trabajo con las Mujeres Guatemaltecas Refugiadas y Retornadas y los retos a futuro, ACNUR, Guatemala (1998).

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Ellas fueron estructurando organización local desde la primera etapa del re-fugio, pero especialmente en la experiencia de los campamentos ya asentados en Quintana Ro y Campeche, volcada a la solución de necesidades familiares, comu-nitarias y de las propias mujeres, elementos que constituyeron el primer impulso a la organización.

Las tres organizaciones de mujeres que tuvieron participación más amplia en México y que todavía trabajan en las comunidades de retornados y rurales en dife-rentes partes del país son: Mamá Maquín (1990), Ixmucané (1993) y Madre Tierra (1993). Obviamente, había organizaciones locales de comités de mujeres en los diferentes campamentos que dieron soporte a estas estructuras intercampamentos que constituyeron una primera escuela de organización.

Las organizaciones de mujeres tuvieron que abrir brecha en contra de la corriente y en contra de muchos obstáculos tradicionales. En la medida que fueron levantando su voz, reconocen que sus propios compañeros no querían darles es-pacios pues “estaban acostumbrados a que estuviéramos en la casa y a no trabajar fuera de ella”. Muchas mujeres hasta esos días no sabían que tenían derechos. Con el paso de los meses ya en un refugio más estable, por medio de la organización de los campamentos van conociendo sus derechos, su derecho a hablar, a capacitarse, y comenzaron a tener organizaciones autónomas, a pedir acompañamiento y apoyo para formarse. Así surge la organización de mujeres refugiadas que se encargó de difundir a todos los vientos que tenían los mismos derechos que sus compañeros. La respuesta a la demanda de las mujeres refugiadas tuvo ecos en diferente tipo de cooperación y organismos internacionales que retroalimentaron estas iniciativas con gran consistencia y persistencia.

Esto supuso un cambio organizativo para la población refugiada en México. Inicialmente, la apertura para las mujeres consistió en que éstas podían aprovechar de forma directa los recursos y capacitaciones disponibles. Las mujeres se apo-yaron en esta necesidad inmediata para unirse y reflexionar sobre su situación de mujer. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo a la hora de ser incluidas en los liderazgos y toma de decisiones en temas vitales para ellas, como se evidencia en las conclusiones y balances de las organizaciones de mujeres. ya en esta escala del desarrollo de su participación se identifica un limitado apoyo y resistencias por parte de los liderazgos masculinos; esta participación y su empuje comienza a ser considerada como de cierta “anormalidad” por los mismos y se da como reacción un sutil proceso de bloqueo. El apoyo experimentado en el refugio no necesaria-mente iba a manifestarse en la cotidianidad de la vida de retornadas, cuando “todo volviera a la normalidad. Aunque lograron participar y organizarse no tuvieron el mismo éxito en el inicio de su participación en las estructuras comunitarias de poder y toma de decisiones”. 13

13 Terry Morel, “Mujeres guatemaltecas refugiadas y retornadas, su participación en las estructu-ras comunitarias y los procesos de toma de decisiones. Lecciones aprendidas en el trabajo con las mujeres guatemaltecas refugiadas y retornadas y los retos del futuro”. Informe de trabajo, Guatemala, ACNUR 1998, pág. 62.

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El refugio fue una escuela de formación, organización y movilización para las mujeres guatemaltecas rurales e indígenas, comenzando por sus propias familias en los campamentos y, posteriormente, en la lucha por la tierra y por los derechos a la copropiedad que en el retorno plantearon con mucha contundencia. Los testimonios de las mujeres refugiadas hablan con dramatismo del esfuerzo que supuso llegar a ejercer el derecho de copropietarias y los años que llevó el registro a su nombre en la titulación individual de la tierra. La salida de Guatemala en las condiciones que se han mencionando fue la puerta al ejercicio de sus derechos a participar en proce-sos. El conocimiento de sus derechos les dio de una fuerza interna y hacia fuera que les permitió mantenerse organizadas, superando un sinfín de dificultades.

el retorno

Los diferentes grupos de refugiados que había construido una gran organización interna en función de su cotidianidad y como parte de su gestión hacia la COMAR y los estados mexicanos que los refugiaron, elevaron, tensaron y fortalecieron su organización conjunta en función de un planteamiento unificado hacia el gobierno guatemalteco: hacerle frente a la repatriación que intentaba precipitar el gobierno democristiano de Vinicio Cerezo y para negociar otro tipo de regreso con otras condiciones y estrategias. La perspectiva del retorno a Guatemala estuvo presente y activa en la mente y en el ánimo de los refugiados.

En el estado de Campeche, el 27 de diciembre de 1987, se efectuó una gran asamblea donde participaron delegaciones de los tres estados receptores, asesores de los refugiados y representantes de las organizaciones de acompañamiento. El tema central, entre otros puntos, fue la política de repatriación impulsada por el go-bierno de Vinicio Cerezo. Las delegaciones de refugiados presentes en la asamblea llegaron a la conclusión de que era necesario elaborar una ponencia o plataforma para pedirle al Gobierno condiciones mínimas para volver a Guatemala. Las asam-bleas se fueron replicando en los estados de Quintana Roo y Chiapas, nombrando a varios candidatos permanentes para que fueran sus representantes y llevaran a cabo esta negociación. Así se fueron formando las Comisiones Permanentes (CCPP ) y “tuvimos quien nos representara en nuestra decisión de regresar...”.14

Este proceso contribuyó a foguear y consolidar liderazgos comunitarios, a fortalecer la organización y la participación comunitaria en las negociaciones, a construir apoyos y alianzas con organizaciones en el interior de Guatemala, y a abrir espacios políticos para la población guatemalteca. Las CCPP, organizadas en diciembre de 1987, tenían como objetivo negociar un acuerdo con el gobierno de

14 Grupo Internacional de Consulta y Apoyo al Retorno (GRICAR) El proceso de retorno de los Guatemaltecos (Relatoría de taller sector de refugiados-retornados), Guatemala, 1999, pág. 19

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Guatemala para “el retorno colectivo y organizado de los refugiados”, estrategia que fueron diseñando en contraposición a la formulada por el Gobierno.

Este punto es fundamental en el proceso organizativo de los refugiados y refugiadas guatemaltecas en México. En el transcurso del proceso de retorno se organizaron otros tres entes representativos de los refugiados. Éstos auspiciaban grupos de retorno “colectivo y organizado”, tratados bajo las modalidades de los acuerdos del 8 de octubre (descritos más adelante); estos grupos fueron: la Aso-ciación de Refugiados Dispersos de Guatemala (ARDIGUA), la Coordinadora de Bloques de Retorno y Reasentamiento (CBRR) y la Coordinadora de Desarrollo Integral Comunitario (CODEIC). En medio de este esfuerzo organizativo surgen con fuerza y personalidad propia las organizaciones de mujeres refugiadas.A lo largo de los años en México, los refugiados se organizaron alrededor de los temas prácticos de sus comunidades y agruparon a promotores capacitados, especialmen-te en las áreas de educación, salud y derechos humanos. Como se mencionó ante-riormente, se llevó a cabo todo un proceso pionero de organización de las mujeres que luchaban por sus propias reivindicaciones, por abrir nuevos espacios de ges-tión, por sensibilizar a todos los refugiados sobre sus derechos y por la necesidad de participación en los procesos y de tener su propia representación.

En este punto nodal, previo a la negociación y organización del retorno, la organización comunitaria fue un factor clave para diversos procesos políticos, pro-ductivos y de negociación. Una organización acrisolada por las experiencias que habían sufrido. Un proceso ejemplar de control de poder local, establecimiento de normas y compromisos hacia las administraciones de los estados mexicanos, aun-que no sin incidentes, sí sumamente gobernable. Estos datos no aparecen en los estudios institucionales, pero fueron conocidos con mucha claridad por parte de las autoridades mexicanas. La organización fue factor de estabilidad y gobernabilidad e interlocución para la negociación y organización del retorno.

A diferencia de otras experiencias de refugios como resultado de conflictos armados en el continente, en el caso de Guatemala hay que subrayar el carácter organizado y colectivo de este fenómeno y, por lo tanto, las condiciones favora-bles para establecer políticas y mejores condiciones de toma de decisiones. Esto se puede afirmar como válido tanto para plantear sus reivindicaciones en el refugio como para la organización del retorno y la solidaridad en la emergencia. No cabe la menor duda de que este fue un sello muy marcado del refugio guatemalteco en México.

la neGociación del retorno colectivo

El proceso de retorno colectivo y organizado de los refugiados guatemaltecos en México y los acuerdos que le dieron sustento tuvieron lugar en un contex-

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to histórico muy particular. El retorno contó con una diversidad de actores, mecanismos, organizaciones, instancias, acuerdos, procesos y otros elementos que, en su conjunto, lo hicieron posible. En Centroamérica para el año 1987 se vislumbraba que los conflictos armados internos no podían ser resueltos por la vía armada. Se iniciaron esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para crear las condiciones que los resolvieran por medio de mecanismos pacíficos de diálogo y negociación. Guatemala fue el último país en la región en implementar un sistema formal de gobiernos civiles elegidos en procesos democráticos. Cuando el presidente Vinicio Cerezo asumió el poder en Guatemala en 1986, el camino se habilitó para convocar a los presidentes de la región centroamericana, para em-pezar a enfrentar la inestabilidad y diseñar procesos nacionales y regionales de reconciliación y resolución de conflictos.

Los presidentes centroamericanos reunidos en Esquipulas, Guatemala, fir-maron El Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera/Acuerdos de Esquipulas II (1987). Con esta firma asumieron compromisos para lograr una es-tabilidad política, económica y social dentro del marco general de procesos na-cionales de reconciliación, paz y desarrollo económico. Estos acuerdos fueron un reconocimiento tácito de que los conflictos políticos/militares se debían a causas internas, y que en esa dirección había que buscar las líneas y las políticas de abor-daje. La presencia de una población desarraigada masiva en la región y en Guate-mala, por lo tanto, era un tema a abordar y resolver creando procesos de desarrollo viables para la región.

Con el apoyo de la comunidad internacional, los gobiernos empezaron por encarar problemas complejos generados por los conflictos, incluyendo el de la población desarraigada. Iniciar procesos de reasentamiento y arraigo para esta po-blación tuvo la ventaja de que éstos estaban más definidos que otros problemas. Además se contó con instituciones multilaterales en la región con capacidad y mandato para los procesos de retorno y repatriación, como ACNUR (ya presente en el área) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

A pesar de que Guatemala vivió el conflicto más largo en la región, fue el último en tener gobiernos civiles elegidos y también el último en iniciar los compromisos derivados de los Acuerdos de Esquipulas II, en los que se estableció un espacio nacional, regional e internacional para que el gobierno de Guatemala, los sectores civiles de la sociedad y los grupos populares y organizados pudieran empezar a construir procesos de paz y reconciliación nacional. En Guatemala se le dio prioridad al problema de los refugiados, a pesar de los grandes contingentes de desplazados internos que había en todo el país y de la población en resistencia que todavía no había salido al claro y que aún no era reconocida como población civil.

Para lograr un proceso de retorno efectivo y digno, era necesario empezar a construir las condiciones para posibilitarlo. Como viene demostrándose en los capítulos anteriores, el soporte organizativo estaba sumamente avanzado.

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Se tendrían que construir mecanismos de mediación, apoyo, consulta y fi-nanciamiento para el proceso. Era muy importante encontrar interlocutores creí-bles para la población desarraigada y reconstruir el espacio y la capacidad de la so-ciedad civil para atender las necesidades de los retornados. En Guatemala todavía no había ningún proceso de negociación entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno, aunque ya en 1986 se habían visualizado las primeras señales lejanas en Madrid, a iniciativa del gobierno de Vinicio Cerezo.En septiembre de 1986 se creó la Comisión Especial para Atención a Repatriados (CEAR)15 con el propósito de atender el retorno de los refugiados guatemaltecos fuera del país. Así, el Gobierno envió una delegación oficial dirigida por Carmen Rosa de León Escribano a los campamentos en México para invitar de manera muy beligerante a los refugiados a retornar. Ante la gestión gubernamental se dio un incremento en el número de familias que dispusieron volver a Guatemala. El ACNUR y la CEAR recibieron a estas familias cuyos destinos eran principalmente sus aldeas de origen en Huehuetenango e Ixcán, Quiché. Esta población, que llegó entre 1987 y 1992 y que sumó más de 7,200 personas, en su mayoría tenían tierras propias y sabían que éstas estaban desocupadas y podían reasentarse de inmediato.

La repatriación era concebida como el regreso de la mano de las autoridades de Guatemala, de manera individual y sin organización, bajo el convenio de una boleta de repatriación condicionada. Suponía plegarse a su estrategia, sin confron-tación y así obtener algunas garantías.

Basándose en testimonios diversos de la población, Ricardo Falla16 sistema-tiza las causas de la repatriación referidas a la población fronteriza, especialmente de Nentón (Huehuetenango) y a las zonas donde habían ejecutado la Masacre de la finca San Francisco. Falla califica esta forma de retorno como un “repatriación por goteo”. y entre las causas que la promovieron incluye que ya habían pasado las masacres y estaba constituido un gobierno civil. Constituían retos fundamen-tales resolver la vida material, la disposición de la tierra, y los vínculos familiares y comunitarios. Durante este proceso se dio cierta discriminación experimentada en México, donde la identidad de esta población se diluía, al tener los refugiados guatemaltecos restricción de derechos. Finalmente, también intervino el factor de la situación política en México después del levantamiento zapatista (1994) que generó un clima de desconfianzas y acusaciones, como las vividas en Guatemala por estas poblaciones en 1981.17 Según el mismo texto, la actitud de las mujeres, no fue siempre favorable a la repatriación.

No obstante, la mayoría de la población refugiada sabía que sus tierras es-taban o ocupadas o localizados en lugares donde persistía el conflicto armado y temían por su seguridad y bienestar si retornaba. De esas circunstancias nace la

15 El acuerdo gubernativo 765-86 dio vida a la CEAR en esta oportunidad, pero la misma fue rees-tructurada con el Acuerdo Gubernativo 68-91, en febrero de 1991, utilizando desde entonces el nombre de Comisión Nacional para la Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados.

16 Ricardo Falla, Op. cit., págs. 202-203.17 Ibid.

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inquietud de retornar al país en forma colectiva, organizada, negociando las con-diciones con el Gobierno, el cual debía brindar las garantías mínimas necesarias. Éste es el retorno organizado y colectivo encabezado por la CCPP: negociado, acompañado y bajo un acuerdo y con sistemas complejos de verificación. Suponía autonomía y, hasta cierto punto, oposición y respeto por la organización que venía desde México.

En octubre de 1988, cumpliendo con los compromisos de los Acuerdos de Esquipulas, el gobierno de Guatemala autorizó la creación de la Comisión Nacio-nal de Reconciliación (CNR). Un año después, ésta convocó a un Diálogo Nacio-nal con el propósito de escuchar las ideas de una amplia gama de los sectores de la población sobre la reconciliación nacional y para iniciar un diálogo con el fin de encontrar posibles consensos. Entre las mesas específicas se creó una dedicada a la problemática de la población afectada por la violencia, que incluía a la desa-rraigada.

En 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un mecanismo nuevo para dar forma al tratamiento de la problemática de los refugiados y desplaza-dos en Centroamérica, denominado La Conferencia Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA). En la primera reunión de la CIREFCA, en mayo de 1989, los gobiernos centroamericanos y de México se reunieron con representan-tes de más de cincuenta gobiernos y una amplia representación de organizaciones de las Naciones Unidas para discutir alternativas para una resolución duradera a los problemas de las poblaciones desplazadas en la región. Los refugiados, por me-dio de las CCPP, también lograron estar presentes en estas sesiones, introduciendo poco a poco la voz de los propios afectados.

En agosto de 1991, el gobierno guatemalteco creó el Fondo Nacional de para la Paz (FONAPAz), el cual tenía entre sus objetivos principales formular, imple-mentar y coordinar programas y proyectos dirigidos a la población refugiada y repatriada. Ese mismo año, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sadako Ogata, hizo una visita a Guatemala y firmó con el Presiden-te de la República una “Carta de entendimiento” relacionada con la repatriación voluntaria de los refugiados guatemaltecos, en la cual se estableció un mandato claro y un compromiso del Gobierno para cooperar con el trabajo de ACNUR en Guatemala.

Ante una solicitud de los refugiados, en marzo de 1991 fue conformada la Instancia Mediadora (IM) para facilitar las negociaciones entre el gobierno de Guatemala y las CCPP. Ésta se constituyó con las siguientes instituciones: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG). En mayo de 1991, el gobierno guatemalteco y las CCPP acordaron iniciar negociaciones formales tomando como base las seis demandas presentadas por las CCPP en el Diálogo Nacional. Estas dos “partes” (refugiados y gobierno), pidieron la conformación de

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un Grupo Internacional de Consulta y Apoyo al Retorno (GRICAR), como testigo de honor para acompañar el proceso de negociación. GRICAR fue conformado ini-cialmente por las embajadas de Suecia, México, Canadá, Francia y por el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA).

En 1992 se creó la Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) para el Acompañamiento de la Población Dañada por el Conflicto Armado Interno, integrada por varias cooperativas y ONG guatemaltecas que venían participando en las instancias centroamericanas, con el objetivo de aportar apoyo técnico, finan-ciero y consultivo a las CCPP y al movimiento de retorno en general. Esta alian-za sigue activa en zonas rurales de reasentamiento de las poblaciones retornadas como un instrumento de incidencia nacional y de apoyo a las poblaciones rurales. Es una señal inequívoca de la fortaleza del proceso que analizamos y la solidez de las estructuras organizativas que generó la experiencia del retorno de los refugia-dos guatemaltecos a su patria.

Después de más de un año de negociaciones, la CEAR, como representante del gobierno y las CCPP en representación de los refugiados, firmaron los llama-dos Acuerdos del 8 de Octubre.

Entre los puntos principales de dicho Acuerdo histórico está la estipulación de que el retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria expresada individualmente y llevado a cabo en forma colectiva y organizada en condiciones de seguridad y dignidad. Los Acuerdos garantizaron el respeto del derecho a la libre locomoción, el derecho a la libre asociación y organización de los retoma-dos, el derecho a la vida e integridad personal y comunitaria y el derecho a ser acompañados por organizaciones nacionales e internacionales en todas las fases del retorno. En ellos, además, se reconoce el carácter civil y pacífico del retorno y de la población retornada.

Se reconoce, además, el carácter civil y pacífico del retorno y de la población retornada. Se detallan las condiciones y garantías a la población refugiada para que retorne a sus propias tierras en casos donde las tenía anteriormente, los procesos para recuperar sus tierras en caso de que hubieran sido ocupadas por otras personas y el otorgamiento de créditos para la compra de tierras para los mayores de edad sin tierra.Las partes firmantes acordaron que la Instancia Mediadora, tal y como es-taba constituida, continuara su misión mediadora, de buenos oficios, conciliación, prevención de conflictos, asesoría y seguimiento; que facilitara el diálogo entre las partes y realizara gestiones para la ejecución de los convenios suscritos y los que se suscribieran posteriormente.

Asimismo, las partes solicitaron a los miembros de GRICAR que asistieran, con voz, a las reuniones de la Instancia Mediadora para ser testigos de honor de las deliberaciones, así como para ser órgano de consulta y de buenos oficios. Un representante del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se incorporó al GRICAR con este carácter.

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Las partes también acordaron la creación de una Instancia Verificadora, conformada por el Procurador de los Derechos Humanos, un representante de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) y un representante do las Naciones Unidas (nombrado por el Experto Independiente de la Comisión de Derechos Hu-manos de las Naciones Unidas). La Instancia Verificadora, según se acordó, tendría el mandato de constatar el cumplimiento puntual y/o global de los acuerdos firma-dos y de los que se pudieran suscribir posteriormente.

Con este marco de referencia y de verificación, las CCPP fueron concretan-do acuerdos operativos y financieros. Así mismo, fueron concretando acuerdos de reinserción laboral y productiva y asistencia técnica, elementos que quedaron más estructurados posteriormente en el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado Interno, firmado entre la Uni-dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Gobierno en junio del 1994. En fin, una serie de variables que determinaron la complejidad de la negociación del retorno.

Las organizaciones de mujeres fueron parte activa en estas soluciones, aun-que no siempre participaron en las decisiones finales. Con los Acuerdos del 8 de octubre del 1992 los refugiados guatemaltecos de México tenían un instrumento y un entramado de instituciones nacionales e internacionales para un retorno digno que les podían garantizar sus decisiones autónomas, sin tener que plegarse al Go-bierno en toda su estrategia y planes para la repatriación.

Las CCPP habían cumplido un papel estratégico. A partir de esta entonces comenzaron los procesos de reacomodo y reorganización en función de los dife-rentes bloques para el retorno, el destino y vertientes de los mismos.

Los diferentes bloques y vertientes tuvieron que emprender una misión or-ganizadora operativa, de presión negociadora, para que las instancias gubernamen-tales cumplieran con los compromisos adquiridos y los planes diseñados. Dichos reacomodos no fueron ajenos a los intereses y necesidades políticas y financieras de las organizaciones que integraban la URNG, como consta en los balances pos-teriores llevados a cabo al final del proceso.18

Si bien estos balances reconocían algunas ventajas organizativas y operati-vas para negociar los retornos a las diferentes zonas del país, dejaban en evidencia las divisiones que generaron y la debilidad de este actor social. La URNG y comi-siones específicas creadas para tal fin acompañaron sistemáticamente este proceso.

La negociación con presión fue una constante y una necesidad durante todo el proceso desde el primer retorno de enero del 1993 hasta el final de los mismos en 1999.

18 El Proceso de retorno de los refugiados Guatemaltecos. Una visión desde la mesa de negocia-ciones, IM-GRICAR, Guatemala 1999, pág. 43.

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la Gran exPeriencia de loS retornoS a GuateMala

El primer retorno de 503 familias (un total de 2,466 refugiados) provenientes de los tres estados de México se concretó en enero de 1993 después de una intensa ne-gociación, superación de divergencias y enfoques con las entidades gubernamenta-les. Este retorno tuvo que superar muchas dificultades hasta concretar cada uno de los compromisos y pasos establecidos para llegar a su destino. El primer retorno concluyó el 20 de enero de 1993 en el llamado Polígono 14 del Ixcán, hoy Comu-nidad Victoria 20 de Enero, en el departamento de Quiché. Fue una experiencia de beligerancia organizadora, educadora, movilizadora irrepetible. Fue una caravana cargada de expresiones de júbilo y solidaridad en medio del sacrificio que supuso tantos días de camino. Fue una reafirmación contundente de las expectativas y decisiones que habían tomado los refugiados y sus representantes. Su importancia fue más allá del grupo que integró el primer retorno. Abrió la compuerta de los siguientes retornos que, aunque eligieron rutas más directas a sus diferentes desti-nos, no dejaron de ser dificultosos. La lección principal fue que era posible imple-mentar los Acuerdos firmados si se actuaba con firmeza y decisión y se negociaba con presión.Su planificación, el acompañamiento de las organizaciones sociales, cooperativas, iglesias y personalidades y el contacto con la población guatemalte-ca desde la Mesilla hasta Cantabal en su recorrido por la carretera interamericana y las principales ciudades de Guatemala fue, además de complicada, una operación muy exitosa para el conjunto de los refugiados. Contribuyó dentro de Guatemala, y especialmente en zonas urbanas, a discutir sobre temas, discursos y realidades que muchas poblaciones y sectores guatemaltecos desconocían. Hubo resistencia a esta modalidad y ruta de retorno, de hecho no volvió a repetirse, pero la consistencia, las artes de la negociación y el acompañamiento mencionado garantizaron el éxito. Desde ese momento los refugiados retornados/organizados fueron actores de la vida nacional. Una experiencia que contrastaba con los repatriados que, por goteo, pasaban en silencio y con dudas hacia Guatemala, con la obligación de presentarse a las comandancias de la zonas militares con su boleta de repatriación.

Desde la fecha del primer retorno hasta la Declaración Conjunta del 17 de febrero de 1998, donde se definió la última etapa de la fase del “traslado” del retorno colectivo y organizado con la meta de terminar antes de finalizar 1998,19 para ello fueron necesarias casi cincuenta operaciones que involucraron a 5,106 familias, 22,903 refugiados, organizados por la CCPP, ARDIGUA, la Coordina-dora de Bloques de Retorno y Reasentamiento (CBRR) y la Coordinadora de De-sarrollo Integral Comunitario (CODEIC), como lo ilustra el cuadro preparado por la IM-GRICAR (1999) basándose en los datos de ACNUR. Otros cuadros hablan

19 El 7 de enero de 1999, las organizaciones representantes de los refugiados y representantes del Gobierno firmaron un acuerdo para finalizar la etapa de traslado y solicitar a la Comisión Técni-ca para la Ejecución del Acuerdo de Reasentamiento (CTEAR ) integrar una subcomisión para culminar con los retornos pendientes.

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de 31,152 personas, población total, asistidos de diferentes formas y ubicada en comunidades de retornados hasta mayo de 1999.

Durante todo el proceso se mantuvo un diálogo constante, aunque a veces tenso y entrecortado, para resolver las diferencias que surgieron en el camino. Este diálogo, entre las organizaciones de los refugiados y el Gobierno abordó y resolvió una variedad de crisis, problemas y desafíos, y se mantuvo durante tres administraciones presidenciales consecutivas, propiciando que hasta el año 2000 hubieran retornado más de 43,594 personas. En esta cifra se incluyen las diversas modalidades de retorno y repatriación, según fuentes de ACNUR (junio 1999).20

Este proceso dejó ricas lecciones que han sido sistematizadas por los dife-rentes actores nacionales e internacionales, con una abundante documentación, datos, testimonios e imágenes donde se recogen las fortalezas del proceso y los obstáculos que hubo que sortear. Las lecciones y valoraciones son un aporte muy valioso a la memoria histórica de Guatemala y una contribución a las experiencias siempre sorprendentes de los pueblos latinoamericanos. Dicha documentación re-coge las diferentes miradas de la variedad de actores y actoras que participaron activamente en este proceso de retorno. En ésta, los actores de la mesa de negocia-ción, las Comisiones Permanentes, las mujeres refugiadas, funcionarias y asesores de ACNUR exponen su visión crítica y las distintas perspectivas de esta experien-cia singular en el continente.

Un punto polémico de los documentos es que se insinúa o explicita de dife-rentes maneras el papel de las organizaciones de la URNG en este proceso, asunto que no puede obviarse dada su relevancia.

el PaPel de laS orGanizacioneS de la urnG

En varios capítulos anteriores hay menciones y valoraciones sobre la interrelación de las organizaciones guerrilleras con la población refugiada y retornada. Al am-pliar este tema, es necesario hacer mención que durante el proceso de refugio y retorno a Guatemala hubo algunos acontecimientos trascendentales que no pueden obviarse dado el involucramiento de las organizaciones de la URNG y de su im-pacto en los procesos sociales, políticos y organizativos que generaron.

En octubre de 1992, con motivo del V Centenario de la Invasión, como se le denominó a esta fecha histórica por parte de las organizaciones mayas, se denunció en todo el mundo la situación dramática por la que atravesaba la población guate-malteca en medio de una guerra y la actuación genocida del Estado. Unido a este acontecimiento que movilizó a miles de indígenas guatemaltecos y representantes

20 ACNUR, “Resumen Ejecutivo: Retorno y reintegración de refugiados en Guatemala: lecciones aprendidas por ACNUR durante su presencia e intervención. (1987-1999), Guatemala, 2000.

246

de los pueblos del continente en la ciudad de Quezaltenango, se anunció en Oslo, el 16 de octubre 1992, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la joven diri-gente maya quiché Rigoberta Menchú Tun. Este premio internacional elevó y am-plió el volumen de las denuncias, atrajo las miradas sobre lo que estaba ocurriendo en Guatemala, y le dio rostro y voz excepcional al conflicto social y armado que se desarrollaba en el país centroamericano. Esto abrió espacios de lucha política y social a la población refugiada y a las fuerzas guerrilleras de la URNG en medio de las campañas contrainsurgentes que venía desarrollando el Ejército.

Por otra parte, en 1994 se firman varios acuerdos clave entre la URNG y el Gobierno para los avances del proceso de paz. Se suscribió el Acuerdo Marco para retomar el proceso de paz; se negoció y firmó el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado y el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y Actos de Violencia. El contenido de los acuerdos mencionados fortaleció temas estre-chamente vinculados con los intereses de la población refugiada, desplazada, en resistencia y, en general, de la población sometida a una represión impune y sin límites. Al mismo tiempo, dichos acuerdos crearon instrumentos institucionales para la participación de la población desarraigada en el cumplimiento de los com-promisos adquiridos. Como parte de esta institucionalidad se creó la Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada (ACPD) y se instaló la verificación de la Misión de Naciones Unidas. No todos los aspectos de los acuerdos entraron en vigencia inmediatamente, pero sí aquellos que abrían espacios a la población para que se organizara y pudiera actuar como muro de contención a la violación de los derechos humanos. Es necesario recordar que los acuerdos firmados por “las partes” en la mesa de negociación eran sometidos a un mecanismo de validación por la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) la cual dictaminaba sobre los mismos con las recomendaciones que cada sector considerara pertinentes. Si bien esta ins-tancia no tenía carácter vinculante, sí funcionaba como una correa de trasmisión y, hasta cierto punto, de legitimación de los acuerdos firmados. Al mismo tiempo fue levantando una agenda más amplia de reivindicaciones y aspiraciones políticas de los sectores sociales y unificando plataformas de lucha de los mismos.

Se puede reafirmar que los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 sobre el re-torno colectivo y organizado abrieron puertas, generaron experiencias y ejercieron presiones que coadyuvaron al proceso de negociaciones para una solución política al conflicto armado interno de Guatemala que concluiría el 26 de diciembre de 1996.

Con el fin de hacer valer sus derechos específicos como población despla-zada interna, dentro del país se había creado desde 1989 el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG). Las Comunidades de Población en Resis-tencia (CPR) estaban saliendo al claro, expresión que ellas mismas usaban para explicar y reivindicar su carácter de población civil, sin negar su estrecho vínculo

247

social y territorial con las fuerzas guerrilleras de la URNG. La población refugiada y retornada, la comunidades en resistencia, los desplazados internos, conjuntamen-te con organizaciones de viudas y huérfanos, de familiares de desaparecidos y de defensores de derechos humanos integraron los sectores surgidos por la violencia y la impunidad. Éstos confluyeron un una estrategia común para entrar a otra etapa política de la historia de Guatemala. Su propia confluencia y la influencia de la URNG fue tejiendo una plataforma cuyos puntos fueron incorporados en la agenda de la negociación del Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraiga-da. Esta amplia movilización fue conformando un sujeto activo, muy diverso, con experiencias formativas en el conocimiento de sus derechos, con redes de solida-ridad dentro y fuera del país, con experiencia en cabildeos, todos aspectos clave para las negociaciones con el gobierno de Guatemala. Este proceso, en el marco de la coyuntura regional y mundial, contribuyó a crear condiciones subjetivas y polí-ticas que apuntaban a un horizonte de solución del conflicto de manera negociada.

En estos procesos (además del persistente accionar militar), el papel político, organizativo y educativo de las organizaciones de la URNG fue determinante. En los mismos mantuvo una iniciativa permanentemente. No cabe duda que fue una referencia política fundamental que posteriormente a la firma de la paz se fue dilu-yendo, como se fue desestructurando la estrategia y el programa de reasentamiento de la población desarraigada en el postconflicto.

Al comienzo de este trabajo se mencionó que para algunas organizaciones guerrilleras no fue un proceso fácil aceptar y asimilar la necesidad del refugio, pero como también ya se señaló, ésta fue una realidad inevitable ante la imposibilidad de defender amplios territorios y poblaciones. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que dentro de la insurgencia hubo una línea homogénea, pues mientras en las zonas de Los Huistas prevalecieron con naturalidad las idas y venidas, como ha sido lo habitual en esta porosa frontera, en otras zonas la propia guerrilla orientó la salida al refugio ante la imposibilidad de contener la acción criminal del Ejército. En la mentalidad de las organizaciones guerrilleras este desplazamiento tendría un carácter temporal y sus representantes en la URNG gestionarían con el gobierno mexicano un retorno pronto y digno. Esta intención y compromiso fue un elemento importante para mantenerse organizados y sostener permanentes correas de comu-nicación y enlace con las estructuras organizativas de la URNG.

Los refugiados, incluidos los que habían sido base de apoyo de los frentes guerrilleros, en la medida que avanzaba su estancia en el refugio intuyeron y con-cluyeron que debían crear su propia organización, relacionada pero diferenciada y autónoma de las estructuras organizativas de las organización guerrillera. Siempre hubo contingentes de refugiados que tuvieron una estrecha relación y colaboración con ésta, que requerían de orientaciones y opiniones pero no dependían en manera alguna de las organizaciones guerrilleras. La insurgencia tampoco dependía de la organización de refugiados, ésta tenía muy diversificadas sus propias rutas de abastecimiento. Según el análisis de la Comisión Nacional de Organización (CNO)

248

del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), los integrantes de las estructuras clandestinas no salieron al refugio para organizar a la población. Fue la población del refugio la que reprodujo las estructuras locales en los campamentos de refugia-dos y éstas, en comunicación con las organizaciones guerrilleras, impulsaron un proceso de “metamorfosis” para convertirse en una fuerza social que diera soporte a las reivindicaciones propias de población refugiada con vocación al retorno.

Un aspecto que aparece en distintos balances después del retorno y en los inicios del reasentamiento, es que durante las negociaciones de este largo proceso se fueron decantando intereses diversos entre los liderazgos de la propia población refugiada y de las organizaciones vinculadas con la URNG, que finalmente contri-buyeron a descohesionar un sujeto que durante la negociación de los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 mostraron una fortaleza especial. Las vertientes del retorno no fueron vertientes naturales de la población, sino, hasta cierto punto, vertientes dise-ñadas desde las distintas fuerzas de la URNG con intereses políticos y financieros.

Tampoco se puede obviar que durante este periodo la estrategia política mi-litar del movimiento revolucionario expresado en la URNG comenzó a sufrir difi-cultades y cuestionamientos, conformándose desmembramientos y organizaciones autónomas. El refugio y el retorno no necesariamente eran concebidos de igual forma ni con los mismos propósitos. ya la guerrilla no era el único e incuestiona-ble referente político para organizaciones sociales. No era la síntesis de todas las reivindicaciones de la población. Tampoco era el referente único e imprescindible para la propia solidaridad.

Los recursos financieros que destinaban los organismos internacionales, go-biernos democráticos, ONG internacionales, las Iglesias y la solidaridad para esta grande y compleja movilización social del refugio, retorno y asentamiento, para promover la producción, el ejercicio de los derechos de la población y de las or-ganizaciones de mujeres comenzaron a ser fuente de contradicción y de disputa abierta o solapada desde estructuras ligadas con la URNG y desde las propias organizaciones sociales en función de su fortalecimiento.

No cabe la menor duda de que agencias de cooperación de diversa naturale-za eran conscientes de que transferían recursos a un pueblo que compartía sus apo-yos económicos con sus combatientes que, finalmente, eran sangre de su sangre en la mayoría de los casos. Para nadie era un secreto que una de las funciones de las oficinas ubicadas en la retaguardia mexicana y de diferentes programas que desde allí funcionaban era movilizar los recursos financieros para todo este entramado de acciones y organizaciones, del cual formaban parte las organizaciones guerrilleras. Así era en toda Centroamérica.

Pero, ¿qué grado de acuerdo y colaboración política explícita había entre las organizaciones sociales y las organizaciones guerrilleras? Sin duda alguna, muy variados. Hubo estructuras sociales que conscientemente dieron cobertura a las transferencias financieras destinadas a estructuras guerrilleras que sobrevivían con las mismas entre dificultades y penurias. Hubo estructuras de gestión política y

249

financiera de las organizaciones de la URNG en Europa y Estados Unidos que abrieron posibilidades para las organizaciones sociales. Sin embargo, esto no niega que las organizaciones de refugiados, como parte de una fuerza social, fueran de alguna manera campo de disputa y competencia en función de los recursos que ge-neraban. En este aspecto la URNG no tuvo una política común en su relación bila-teral con las organizaciones y con los equipos de gestión financiera. Aquí radica el origen de las vertientes del retorno y parte del debilitamiento que la organización de retornados experimentaron posteriormente.

PreGuntaS y retoS FundaMentaleS

Al observar el despliegue de la organización de los refugiados y especialmente el mapa de los asentamientos de los retornados, al analizar las características de la población que se asentó en dichos lugares, tomando en cuenta la experiencia orga-nizativa adquirida, incluso el grado de formación y conocimiento de sus derechos individuales y colectivos, la experiencia política y el conocimiento de las entidades y administraciones públicas, y la capacidad para impulsar procesos de desarrollo en los que estuvieron involucrados, surgen algunas preguntas de fondo que ameri-tan ser investigadas y respondidas para la construcción del futuro.

¿Qué pasó con aquel sujeto social organizado, comunitario de hombres y mujeres, que llegaron a ser un referente importante en la vida política y social de Guatemala y ante la comunidad internacional? A parte de las anémicas institucio-nes del Gobierno y la falta de decisión del mismo para un efectivo cumplimiento del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas, ¿cuáles fueron las claves de la inoperancia, incluso de la ruptura de la estrategia marcada en el programa de reasentamiento, claramente definida en el Acuerdo para el Re-asentamiento? ¿Qué aporte han constituido para el desarrollo rural como estaba previsto en el mismo?

Las mujeres abrieron vetas importantes para posicionarse como actoras que sobreviven y actúan 20 años después en medio de dificultades. ¿Cómo se expresa su liderazgo en la toma de decisiones a todos los niveles? Con la experiencia acu-mulada después de tantos años de lucha, ¿comienzan a ser parte determinante de un nuevo poder local? ¿Dónde están fermentando y construyendo las referencias políticas que son determinantes para las trasformaciones del país?

Finalmente, al analizar y describir el despliegue que supuso esta moviliza-ción, la identidad que se construyó desde el refugio y el retorno, ¿hacia dónde muta dicha identidad de estas fuerzas vivas que se han ido anclando en nuevos territorios de Guatemala o en las zonas conflictivas adonde emigraron? Sin duda alguna hay muchas preguntas que responder, pero también hay una gran experiencia vivida para mirar hacia delante, muchos caminos por hacer y andar.

250

docuMentación eSPecializada conSultada

ACNUR (1999) “Guatemala: de regreso a casa” (Guatemala: ACNUR).

________(2000) “Resumen ejecutivo: retorno y reintegración de refugiados en Guatemala: lecciones aprendidas por ACNUR durante su presencia e in-tervención (1987-1999)” (Guatemala: ACNUR).

________ (1999) “El retorno de los refugiados guatemaltecos: experiencias de vida en el refugio, traslado y reasentamiento” ACNUR, CEAR, IM-GRI-CAR, CCPP, colaboradores (Guatemala: ACNUR).

Boletín de las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Gua-temaltecos en México, Año 2 No. 5

http://pudl.princeton.edu/sheetreader.php?obj=t722h989w Visitado el 3/09/2013.

COMAR (1991) “Asentamientos de refugiados guatemaltecos en México. Estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo” (1991) Diagnóstico socioeduca-tivo y propuesta de acción (México: COMAR).

_______ (1999) “Presencia de los refugiados guatemaltecos en México” (México: COMAR / ACNUR).

Centro Rolando Morán (CRM) (2008): “Construyendo Caminos. Tres documentos históricos de la Guerrilla Guatemalteca” (Guatemala: Centro Rolando Mo-rán).

Falla, Ricardo (2011) Negreaba de zopilotes… Masacre y sobrevivencia. Finca San Francisco, Nentón, Guatemala (1871 a 2010) (Guatemala: AVANCSO).

Hurtado Paz y Paz, Margarita (2009) “Organización y lucha rural, campesina e indígena: Huehuetenango, Guatemala, 1981” (Ponencia para FLACSO). Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) (1988) Guatemala, seguridad desarrollo y democracia (México: Publicaciones IGE). Kelly, Ninette (1990). “Trabajando con mujeres refugiadas; Una guía práctica”. Tradu-cido por Silvia Eggli. (Ginebra: Grupo de trabajo de ONG internacionales sobre mujeres refugiada)

Grupo Internacional de Consulta y Apoyo al Retorno (1999) El proceso de retorno de los Guatemaltecos (Guatemala: GRICAR).

–––––––– (2000) Guatemala: En busca de la Patria Perdida (Guatemala: GRI-CAR).

ICVA/GRICAR (2000) “Guatemala: en busca de la patria perdida: crónicas de acompañamiento, mediación y cabildeo” (Guatemala: Grupo de Referen-cia ICVA/GRICAR).

251

IM-GRICAR (1999) “El Proceso de retorno de los refugiados Guatemaltecos. Una visión desde la mesa de negociaciones” (Guatemala: IM-GRICAR).

Iglesia Guatemalteca en el Exilio (1989) Guatemala, seguridad, desarrollo y de-mocracia (México: IGE).

Morel, Terry (1998) “Mujeres guatemaltecas refugiadas y retornadas, su participa-ción en las estructuras comunitarias y los procesos de toma de decisiones. Lecciones aprendidas en el trabajo con las mujeres guatemaltecas refugia-das y retornadas y los retos del futuro”. Informe de trabajo (Guatemala: ACNUR).

252

anexo 1

- Etapa de pacificación- Reorganización de la población en

función de la lucha antisubversiva

- Incorporación del aspecto de desarrollo: creación de los Polos de Desarrollo y de las Coordinadoras Interinstitucionales

- Elecciones a Asamblea Nacional Constituyente

- Elaboración de la nueva Constitución

- Intensificación de las operaciones militares

- Promoción de programas en el campo socioeconómico

- Gobierno civil- Reorganización y profesionalización del

Ejército

- Alcanzar la derrota estratégica del oponente- Recuperación de territorio, sometimiento

de las masas

- Continuidad de operativos militares y programas de repoblación para alcan-zar el objetivo estratégico

PLANES DE CAMPAÑA DEL EJÉRCITO GUATEMALTECO

1982-1988

VICTORIA 82

fIRMEzA 83

REENCUENTRO INSTITUCIONAL 84

ESTAbILIDAD NACIONAL 86

CONSOLIDACIóN NACIONAL 86

PLAN DE CAMPAÑA 87

fORTALEzA 87

Fuente: Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) (1988) Guatemala, seguridad desarrollo y democracia (México: Publicaciones IGE).

253

anexo 2

254

anexo 3

255

anexo 4

Loc. Comunidad Municipalidad Departamentofecha de

ReasentamientoPoblación Total

familias Personas

I IXCÁN

11 Victoría 20 de Enero Ixcán Quiché ene-93 260 1250

12 Pueblo Nuevo Ixcán Quiché mar-94 480 2520

13 Cuarto Pueblo Ixcán Quiché abr-94 280 1460

14 Santa María Tzejá Ixcán Quiché may-94 150 1120

15 Los Ángeles Ixcán Quiché ago-94 130 650

16 Extahuacán Chiquito Ixcán Quiché ago-94 90 370

17 San Juan Ixcán Ixcán Quiché jun-95 90 560

18 Cimiento de la Esperanza Ixcán Quiché jul-95 60 310

19 San Lorenzo Ixcán Quiché ene-96 90 430

TOTAL 1630 8670

B REGIóN DE BARILLAS

B1 Mayalán Barillas Huehuetenango ago-94 330 1680

B2 zunil Barillas Huehuetenango ago-94 130 640

B3 Momonlac Montebello Barillas Huehuetenango feb-95 30 180

B4 San Marcos Malacatán Barillas Huehuetenango abr-95 15 65

B5 Fronterizo 10 de Mayo Barillas Huehuetenango may-95 75 370

B6 Nueva Generación Maya Barillas Huehuetenango ago-95 400 2040

B7 Nueva Unión Maya Barillas Huehuetenango nov-96 80 400

B8 Ixcansán San Mateo Ixtatán Huehuetenango dic-96 10 40

B9 El Triunfo/Chaquenalito San Mateo Ixtatán Huehuetenango sep-97 110 400

TOTAL 1180 5815

AV ALTA VERAPAz

AV1 yalpemech Chisec Alta Verapaz abr-91 190 1520

AV2 Aurora 8 de octubre Chisec Alta Verapaz oct-94 250 1250

AV3 Nueva libertad Fray Bartolomé Alta Verapaz nov-94 220 960

AV4 Copalá Cobán Alta Verapaz sep-95 90 470

AV5 El Triunfo/Valle Río Oxec Cahabón Alta Verapaz abr-96 120 590

AV6 Reconciliación Balam Fray Bartolomé Alta Verapaz sep-96 130 680

AV7 Santa Elena 20 de octubre Cobán Alta Verapaz mar-97 50 260

AV8 Samox Cobán Alta Verapaz jul-97 100 400

AV9 Sillab 3y4 Senahú Alta Verapaz jul-98 50 250

TOTAL 1200 6380

UbICACIóN DE COMUNIDADES DE RETORNADOS

256

P PETÉN

P1 La Quetzal La Libertad Petén abr-95 225 1060

P2 La Esmeralda Dolores Petén jul-95 210 1060

P3 Entre Ríos Sayaxché Petén may-96 70 290

P4 El Tumbo Sayaxché Petén may-96 60 290

P5 Santa Amelia Poptún Petén ago-96 130 600

P6 Huacutz La Libertad Petén sep-97 160 635

P7 Laguna Perdida La Libertad Petén mar-98 30 90

P8 San Martín San Francisco Petén jun-98 85 330

TOTAL 970 4355

N NENTON Y REGIóN

N1 Dos Ceibas La Democracia Huehuetenango feb-93 50 310

N2 Chacula Nentón Huehuetenango ene-94 200 1000

N3 Pocobastic Nentón Huehuetenango oct-94 55 215

N4 El Quetzal Nentón Huehuetenango jun-98 200 1000

TOTAL 505 2525

CS REGIóN DE LA COSTA SUR

CS1 Nuevo México San Vicente Pacaya Escuintla abr-94 80 400

CS2 La Lupita Santo Domingo Suchitepequez nov-94 120 600

CS3 El Carmen Patulul Suchitepequez jul-97 100 400

CS4 Buenos Aires Nuevo Progreso San Marcos nov-97 55 300

CS5 San Vicente Guanagazapa Escuintla jul-98 75 300

CS6 San Rafael Guanagazapa Escuintla ago-98 70 175

CS7 Concepción del Alba Nuevo Progreso San Marcos ago-98 50 150

CS8 La Trinidad Escuintla Escuintla oct-98 145 570

CS9 La GuardianaSan Pedro yepocapa

Chimaltenango nov-98 50 230

CS10 Las Delicias/Buena Esperanza Palmar Quetzaltenango sept-98 a abr-99 63 282

CS11 Magnolia Miramar Colomba Quetzaltenango feb-99 / abr-99 61 308

Estas cifras incluyen estimados del total de población ubicada en comunidades retornadas hasta mayo de 1999. No constituyen estadísticas de repatriación

TOTAL 869 3715

GRAN TOTAL 6354 31460

Fuente:ACNUR.Retorno y reintegración de Refugiados en Guatemala.Resumen Ejecutivo (1987-1999)

caPítulo xxiiideFenSa y ProMoción de loS

derechoS huManoS en GuateMala

anantonia reyeS Prado*ruth del valle**

* Anantonia Reyes Prado. Guatemalteca. Antropóloga, Universidad de San Carlos de Guatemala, Magíster en Derechos Humanos, Universidad Rafael Landívar y Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Universidad Carlos III de Madrid, España, y defensora de derechos humanos. Cuenta con amplia experiencia en el campo de los derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación, en diversas áreas: educación, investigación, planificación, monitoreo y evaluación de proyectos y docencia universitaria.

** Ruth del Valle Cóbar. Guatemalteca. Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM), master en Ciencia Política, Universidad de Brasilia (UnB), Bra-sil, master en Psicología Social y Violencia Política Psicología, Universidad de San Carlos de Guatemala, defensora de derechos humanos con experiencia de trabajo en comunidades, orga-nizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, instituciones de gobierno y de Estado e instituciones académicas. Especializada en temas de verdad y memoria histórica, cultura de paz, educación en derechos humanos e incidencia ciudadana.

259

a Manera de introducción

Así como el período que se pretende examinar puede ser desglosado en di-ferentes ángulos, sujetos o actores y cada uno de ellos puede tener perio-dizaciones distintas, la historia de la defensa y promoción de los derechos

humanos también puede analizarse desde distintas aristas, pues en ella confluyen diversos enfoques, actores y prácticas diferenciadas mediante las cuales los gua-temaltecos y las guatemaltecas han luchado por su dignidad. En este capítulo se abordan, además del necesario enfoque cronológico que requiere el planteamiento historiográfico, una conceptualización de los derechos humanos –cuya definición está en constante cambio–, un examen de los diversos actores que han protagoni-zado los hechos –desde la solitaria protesta de la madre de Juan Luis Molina Loza hasta las organizaciones surgidas en el marco de la especificación de los derechos humanos– y un análisis de las formas de acción que se han realizado, abandonado, modificado y enriquecido a lo largo de casi cinco décadas.

Dado que los derechos humanos son parte del Derecho Internacional Público y que, a partir de la firma de la Carta de las Naciones Unidas Guatemala, como parte de la comunidad internacional, se obligó a respetar los derechos humanos, la mirada hacia y desde el contexto internacional no puede obviarse. Por ello, el lugar que el caso de Guatemala ha ocupado tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano también será incluido.

Pero mucho más allá de esta consideración legal, siguiendo a autores como Joaquín Herrera Flores (2005), compartimos la convicción de que los derechos humanos son un producto cultural que nace de la respuesta a los procesos de lucha por la dignidad humana y que nutre el empoderamiento de las sociedades. Leemos los pequeños pero significativos logros que pueden mencionarse en este campo en Guatemala justamente como esfuerzos de guatemaltecos y guatemaltecas por rei-vindicar la dignidad, independientemente de que la hayan llamado o no derechos humanos.

260

Se parte también de que los derechos humanos tienen tres dimensiones: una dimensión ética, pues es en el ámbito de la moral crítica donde va surgiendo la conciencia de nuevos valores, vinculados a necesidades, alrededor de la cual se crea cierto poder social que busca el reconocimiento de derechos; una dimensión política, ya que es el poder del Estado el que da vida jurídica a una aspiración o un valor; y una dimensión jurídica, en la que existen normas, mecanismos e institu-ciones que deben asegurar el disfrute de los derechos humanos. Tales dimensiones no están aisladas, sino se condicionan unas a otras; no basta que los derechos sean reconocidos y se creen normas e instituciones para protegerlos si no hay, nueva-mente, una parte de la sociedad que vele por su aplicación por parte del Estado o bien busque mejorar las leyes, inspirándose en la progresividad, que es una de las características de los derechos humanos siempre en riesgo. En el relato que a continuación se expone se evidenciará la articulación de estas dimensiones, en la búsqueda, que siempre será inconclusa, de una mayor concreción de los derechos humanos.

Habida cuenta de que esta parte de nuestra historia contemporánea aún está por escribirse, en cada punto se contó con el apoyo de personas que por diversos medios proporcionaron información, análisis, experiencia y percepciones; se acu-dió también a las diferentes pero escasas fuentes bibliográficas.

Sin duda, la lucha por los derechos humanos en Guatemala es parte de ese esfuerzo universal que ha permitido avanzar en la búsqueda de sociedades más justas. Este papel de la defensa de los derechos humanos ha sido reconocido en el ámbito de las Naciones Unidas en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por Resolución de la Asamblea General el 8 de marzo de 1999.

Objetivos

En sintonía con el espíritu general del trabajo, el objetivo es abordar la historia de la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala desde una perspec-tiva crítica para actualizar la comprensión del significado que esta práctica social ha tenido en el marco de la historia contemporánea, como una realidad social que ha respondido de diversas formas a múltiples desafíos e interrogantes que siguen vigentes.

261

Estudios previos

En este aporte se retoman varios elementos de un trabajo previo de Anantonia Reyes Prado (2000) y reflexiones de Ruth del Valle en el marco del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH).

En el Capítulo III de su informe, “Consecuencias y efectos de la violencia”, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (CEH, 1999a) incluyó el apartado VI, “Afrontando la violencia”, en el cual da cuenta de las reacciones y respuestas con que se reaccionó a la violencia para mantener la vida y resguardar la dignidad. El silencio, la solidaridad y luego la defensa de los derechos humanos fueron algunas de esas respuestas. El informe, en veintiocho páginas, sintetiza la historia de la defensa de los derechos humanos, destacando la lucha contra la im-punidad, la desaparición forzada y la militarización, el proceso de exhumaciones, el aporte a la transición hacia la democracia y el reconocimiento de la multicultu-ralidad.

Específicamente, la práctica de defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil ha sido abordada en parte en estudios realizados a petición de al-gunas agencias internacionales de financiamiento con la finalidad de evaluar los proyectos apoyados, por lo que han tenido circulación restringida, lo que no los descalifica en ningún momento.

Por el período que cubre, el trabajo de Roddy Brett (2006) sobre el que-hacer de las organizaciones de pueblos indígenas victimizados, concretamente la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), se considera como un antecedente del tema que nos ocupa.

Entre los trabajos recientes se encuentra un diagnóstico sobre la situación de la educación en derechos humanos en Guatemala llevado a cabo a petición de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) por un equipo encabezado por Carlos Aldana, en mayo de 2000. Estos estudios son muy importantes para una valoración del trabajo de las ONG de derechos humanos, pues abordan una de sus expresiones más ricas, como es la práctica educativa.

Otros estudios más o menos recientes incluyen el realizado por Morna Ma-cleod para OXFAM UK (1996), donde plantea una clasificación de las organiza-ciones no gubernamentales de derechos humanos y una exploración de las pers-pectivas de los derechos humanos en Guatemala, a petición de las agencias Pan Para el Mundo e International Cocoa Organization (ICCO). En 1998, una entidad costarricense, Culturas y Desarrollo en Centro América (CUDECA), realizó para DanChurchAid un estudio de sus contrapartes guatemaltecas dedicadas a la defen-sa y promoción de los derechos humanos.

262

Un estudio más específico del aporte de un sector social a la lucha por los derechos humanos es el trabajo de María Teresa Ruiz (1994). En éste se examina el papel de las iglesias, tanto católica como evangélica, en la defensa de los derechos humanos y en el proceso de paz. Un trabajo similar es el de José Alberto Ghiglia (1997). Más atrás se encuentra un pequeño estudio que publicó la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) en 1991, con ocasión de sus diez años de fundación. En él se hace un recuento de las organizaciones de derechos huma-nos que hasta entonces existían en Guatemala con el fin de empezar a mostrar la importancia de dicha práctica social.

Antecedentes

Guatemala firmó la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos en 1948, convirtiéndose así en sujeto de derecho internacional. Firmó también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos en mayo de 1978.1 Por otro lado, durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán se firmaron los Convenios de Ginebra (1952) que establecen las normas que hay que respetar ante el caso de un conflicto armado internacional y no internacional.

Esto ha servido de base para la defensa de los derechos humanos contenidos tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho internacional humanitario. La importancia de que el Estado firmara estos tratados –que son parte del Derecho Internacional Público y que, por lo tanto, obliga a los Estados– se advirtió años después, cuando la represión hizo necesario acudir a los mecanismos convencionales y no convencionales creados por el Sistema Univer-sal y por el Sistema Interamericano.

Podría indicarse que los gobiernos entre 1944 y 1954 se caracterizaron por ser democráticos y, en general, respetuosos de los derechos humanos, muchos de los cuales fueron reconocidos en el orden jurídico interno, incluyendo varios dere-chos económicos y sociales. Sin embargo, hubo sectores cuyos intereses económi-cos y políticos sí fueron sensiblemente afectados por las políticas gubernamentales. Esta situación generó el proceso contrarrevolucionario que terminó con aquella ex-periencia democrática, en el marco del cual hubo represión contra aquellos grupos o entidades que habían apoyado a los gobiernos de esa época, entre los que cabe mencionar a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) (Kobrak, s.f.).

Los gobiernos posteriores al golpe de Estado de 1954 se caracterizaron por ser autoritarios, represivos y violadores de derechos humanos. Durante el gobierno

1 Con una reserva sobre el Artículo 4, inciso 4, pues en la Constitución de entonces sólo se excluía la aplicación de la pena de muerte a los delitos políticos pero no a los delitos comunes conexos con los políticos; esa reserva fue levantada en 1986.

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del general Miguel ydígoras Fuentes (1958-1963) hubo detenciones temporales que constituían violaciones a los derechos humanos y que fueron abordadas con la presentación de recursos de habeas corpus.

Las jornadas de marzo y abril de 1962 fueron un hito histórico. Fue en ese contexto que se agudizó la represión, generando la que habría sido la primera de-nuncia realizada ante el ámbito interamericano en la forma de un informe sobre la situación nacional, fechado el 30 de septiembre de 1963 y publicado en octubre por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH) (AEU, 1963). En dicho informe se denuncian el golpe de Estado perpetrado por el coronel Enrique Peralta Azurdia en contra de ydígoras, la suspensión de la Constitución y la entrada en vigor de la Carta Funda-mental de Gobierno y la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas y varios decretos leyes, así como la facultad concedida al jefe de gobierno de nombrar jue-ces y magistrados, la desaparición del recurso de amparo y el funcionamiento de habeas corpus como único recurso jurídico. La AEU citó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y mencionó que “el pueblo en las montañas ya había comenzado a hacer uso del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” autorizado en dicha Declaración.

Derivado de la crisis de marzo y abril del 62 se conformó una serie de or-ganizaciones sociales, entre las que se cuentan grupos estudiantiles y juveniles, como la Juventud Universitaria Centroamericana (JUCA) y el Frente Estudiantil Socialcristiano (FESC); además estaban el Comité Nacional de Unidad Sindical CNUS (STIGSS, SAMF, FASGUA, ATGR)2 y el Frente Cristiano de Trabajadores de Guatemala (FCTG). En esos meses surgió la primera organización paramilitar, el Frente Secreto Anticomunista (FSA) (ODHAG, 1998: 30-31).

El trabajo de denuncia del movimiento estudiantil universitario fue respal-dado fundamentalmente por organizaciones estudiantiles internacionales como la Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) –fundada en 1946– y la Organización Continental Latino Americana de Estudiantes (OCLAE) –fundada en 1966.

La CIDH –órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)– co-menzó a abordar la situación de Guatemala en su 7º período de sesiones, realizado en Chile en octubre de 1963 (CIDH, 1964a) a partir del mencionado informe de la AEU; en su 8ª sesión, el 14 de octubre de 1964, recibió el testimonio de un exilado (CIDH, 1964b); en su décimo tercer período de sesiones, en abril de 1966, planteó realizar una visita a Guatemala y el 12 de abril pidió información sobre la desapa-rición de varias personas (CIDH, 1966).

2 STIGSS: Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; SAMF: Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero; FASGUA: Federación Autónoma Sindical de Guatemala; ATRG: Asociación de Telegrafistas y Radiotelegrafistas de Guatemala.

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El hecho de que el Sistema Interamericano haya incluido en sus sesiones el caso de Guatemala muestra que hubo personas y grupos que desde entonces manejaban un concepto de derechos humanos y actuaban frente a organismos in-ternacionales.

1962 a 1965

En marzo de 1963 el ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, derrocó por golpe de Estado al general Miguel ydígoras Fuentes. Con esta acción quedaron suspendidas las garantías constitucionales por alrededor de tres años y en el Decreto 9, Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, se estableció una serie de penalizaciones a la oposición por distribución de literatura comunista, fabricación de explosivos, pertenencia al partido comunista y terrorismo. Quienes fueran condenados por terrorismo serían ejecutados, los otros recibían penas de cárcel de entre dos y quince años.

El Gobierno desató la persecución de organizaciones sindicales, incluso la sede de la FASGUA sirvió de cuartel. En ese entonces, las detenciones eran tem-porales, lo que permitía la aplicación del recurso de habeas corpus.

1966

La nueva Constitución de 1965 incorporó una serie de garantías sociales y dere-chos humanos, pero también estableció las posibilidades de suspenderlas a través del Estado de sitio y de alarma.

En marzo de 1966 se inició la práctica de la desaparición forzada o involun-taria, con las detenciones y posteriores desapariciones de treinta y tres dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), ocurridas entre el 3 y el 5 de noviembre (ODHAG, 1998: 45; CEH, 1999). Por estos casos se interpusie-ron más de doscientos habeas corpus, mientras que en julio los familiares de los detenidos presentaron denuncias contra los ex jefes de la Policía Judicial, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda (ODHAG, 1998: 47). Luego de la desclasifica-ción de los documentos del National Security Archive (NSA) se sabe que varias de estas personas fueron torturadas en bases militares (NSAEBB No. 11).

En diciembre de 1967, se publicó en México el cuaderno “La violencia en Guatemala”, editado por Julián Meza y Diana Rivera y elaborado por un Comité de Defensa de los Derechos Humanos. En él indican que el irrespeto a los derechos

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humanos en Guatemala los obligó a trabajar de forma anónima y exponen que rea-lizaron el informe de hechos ocurridos durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, con base en investigaciones in situ y noticias de prensa y lo presen-taron ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH/ONU) y ante la CIDH. Por la naturaleza de la represión que denunciaban, este informe se refiere a violaciones del derecho a la vida (ejecuciones extrajudiciales) y a la libertad, pues reportan los primeros casos de desaparición forzada o involuntaria que ocurrieron en Guatemala y que tuvieron como víctimas a miembros del Parti-do Guatemalteco del Trabajo –PGT. Además, aporta importantes elementos para conocer cómo se empezó a practicar la clandestinidad en la violación de derechos humanos con el surgimiento de los “escuadrones de la muerte”.

En 1968 aparecieron los tomos I-III del libro de Alejandro del Corro, Guate-mala: la violencia, publicados en Cuernavaca, México, en los que se reproducían materiales de prensa y de los actores involucrados en el conflicto armado, mientras que en 1971, también en México, se publicó el ensayo de Gabriel Aguilera Peralta, La violencia en Guatemala como fenómeno político, que fue su tesis para optar a la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales y que se convertiría en el primer estudio académico sobre la violación de los derechos humanos en el país.

El informe Guatemala, memoria del silencio (CEH, 1999a) rescata los dos hechos siguientes que, cabe destacar, fueron protagonizados por mujeres, las ma-dres de las víctimas:

• En 1968, un grupo que ya se denominaba “Familiares de las Víctimas de la Represión” marchó con una manta el 1 de mayo y una madre habló en la Concha Acústica del Parque Centenario, clamando por la vida de su hijo, detenido-desaparecido en Escuintla, en junio del año anterior.

• El 9 de marzo de 1971, la madre de Juan Luis Molina Loza, desaparecido el 13 de enero del mismo año, se ubicó en el Parque Central, frente al Palacio Nacional, con un cartel que decía: “Soy la madre del licenciado infieri Juan Luis Molina Loza, hoy entro en ayuno permanente, hasta que el Gobierno ponga interés en que mi hijo aparezca”; el gobierno del general Carlos Arana Osorio envió una ambulancia de la Policía Nacional, que llevó a la deman-dante al hospital neuropsiquiátrico [donde permaneció todo un día] (CEH, 1999a: Párr. 620).

• De esta época data el apoyo que el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC– y de la Asociación de Estudiantes Universi-tarios –AEU–, ofrecía a familiares de personas desaparecidas (CEH, 1999a: párr. 621). Su director, el abogado Edmundo Guerra Telheimer, fue acribi-llado frente a dicho bufete.

Recordando que la práctica de la desaparición forzada o involuntaria se ini-ció en Guatemala a principios de 1966 y que la misma se profundizó en los años subsiguientes, podríamos afirmar que la defensa de derechos humanos en las

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últimas décadas se inició cuando familiares, especialmente mujeres, demandaron la aparición con vida de quienes habían sido víctimas de esta práctica, como lo ilustran los casos arriba citados. El informe de la CEH (1999a: párr. 619) indica:

“La creciente práctica de desaparición forzada se convirtió en un eje de la existencia nacional, que demandó respuesta desde sus orígenes, sobre todo por parte de los familiares. En este sentido generó también una respuesta social contraria al terror, mediante la sensibilización de personas y sectores no necesariamente vinculados a organizaciones sociales reivindicativas, exceptuando con la insurgencia”.

En esta época también cabe destacar el aporte de Centro de Investigación y Documentación Centroamericana (CIDCA) (1980) que recopiló casos de violacio-nes de derechos humanos acaecidos a lo largo de una década, entre 1966 y 1976, cubriendo los gobiernos de Julio César Méndez Montenegro, Carlos Manuel Arana Osorio y los dos primeros años de Kjell Eugenio Laugerud García. El CIDCA trata de explicar la violencia política a partir del desarrollo capitalista y la existencia de acciones subversivas en diferentes zonas del país.

Frente Democrático contra la Represión (FDCR). Éste fue un esfuerzo de coordinación de las diversas expresiones del movimiento social existente a fines de los años setenta, cuyo primer intento de articulación, en 1978, fracasó por con-tradicciones internas de las organizaciones revolucionarias que incidían en dicho movimiento. En febrero de 1979, en torno a la lucha contra la represión del gobier-no del general Fernando Romeo Lucas García, se conformó el FDCR con la par-ticipación de numerosas organizaciones populares, estudiantiles, campesinas, de pobladores y centrales sindicales, incluso partidos políticos como el Frente Unido de la Revolución (FUR) y el Partido Socialista Democrático (PSD).

ya para el 1 de mayo de 1979, el FDCR logró convocar a una de las más grandes marchas del Día del Trabajo, en la cual se lanzó la consigna “Por un go-bierno popular, democrático y revolucionario”, levantada por el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS). Según valoraciones posteriores, ésta no era una con-signa propia de todo el movimiento social, sino fue impuesta en un intento de ra-dicalizarlo en un momento de triunfalismo, debido, entre otras cosas, a los avances en la lucha insurgente nicaragüense.

Es importante resaltar que, en este momento, se desarrolló una fuerte con-troversia entre las organizaciones revolucionarias que llamaban a la defensa de los derechos humanos –el PGT y la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT), ala juvenil del PGT– y aquéllas que consideraban que la defensa de los derechos humanos era una “demanda burguesa” o pequeñoburguesa –fundamentalmente desde el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), fuerza representada en la USAC– puesto que el Gobierno estadounidense –de Jimmy Carter– había levantado la misma cuestión para presionar al Gobierno guatemalteco a no continuar con los altos niveles repre-sivos. El FDCR inició su lucha en contra de la represión, como su nombre lo indi-caba, aunque con el tiempo y la discusión que se desarrollaba fuera de las fronteras guatemaltecas, se dio una evolución en su planteamiento.

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La ventaja del FDCR fue que, por primera vez, hubo unidad de acción alre-dedor de los derechos humanos de todos aquellos sectores sociales y su desventaja, su efímera vida, pues luego de los asesinatos de Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr el esfuerzo se debilitó, disolviéndose finalmente debido a que, por efecto de la represión, varios de sus dirigentes debieron partir al exilio.

En Costa Rica se conformó la Comisión Externa del FDCR, que no logró consolidarse. Entre las acciones de esta comisión estuvo la presentación de la de-nuncia de la masacre de la Embajada de España ante la CIDH, en marzo de 1980, así como la elaboración y distribución del informativo Frente. Una vez desarticula-do el FDCR, varios de sus miembros pasaron a integrar el Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP) (Albizures, 2000), expresión unitaria que luego coordi-naría esfuerzos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en la búsqueda de solidaridad internacional.

Por otro lado, existen esfuerzos del movimiento popular en la defensa de los derechos humanos que no se identificaba como tal, pues como mencionamos anteriormente, existía la controversia sobre si se defendía los derechos humanos o si se impulsaba una lucha revolucionaria para transformar las estructuras sociales. Entre estos esfuerzos puede mencionarse el inicio de la creación del CNUS en 1976, que permitió la cohesión y coordinación de las diversas fuerzas sindicales y, posteriormente, campesinas y estudiantiles. Asimismo, la participación del movi-miento campesino en 1977 en las marchas del 1 de mayo y del 20 de octubre, inclu-so antes de aparecer públicamente como Comité de Unidad Campesina (CUC). La denuncia de la masacre de Panzós en 1978 es una evidencia del desarrollo de esta acción organizada del movimiento campesino y del resto del movimiento popular en la defensa de los derechos humanos.

1973-1981

Surgimiento de los primeros grupos para la búsqueda de personas desaparecidas y otros movimientos. En 1973 se reorganizó el movimiento magisterial por mejores condiciones laborales –no sólo incrementos salariales– y se coordinó una huelga nacional con apoyo del incipiente movimiento estudiantil de secundaria. También se impulsó otro movimiento nacional de huelga en 1974 con los mismos objetivos.

Hacia 1975, el movimiento estudiantil de secundaria y el movimiento ma-gisterial coordinaban sus luchas, incluso llegando a haber movimientos de tomas de edificios por parte de los estudiantes, levantando demandas de mejoras educa-tivas, mejores maestros, condiciones de infraestructura, entre otros. Ambos movi-mientos recibían una fuerte orientación de las FAR y del EGP.

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Después del esfuerzo que la AEU había hecho hacia finales de los años se-senta para apoyar la búsqueda de los detenidos-desaparecidos, esta tarea se retomó en 1978, cuando la represión contra el movimiento popular se estaba agudizando. En ese año, la Casa del Estudiante de la AEU apoyaba a familiares de desapare-cidos desde el Bufete Popular, labor en la que participaba Antonio Ciani, quien sustituyó en la Secretaría General de la AEU a Oliverio Castañeda, ejecutado ex-trajudicialmente el 20 de octubre de 1978. Ciani, a su vez, fue desaparecido pocos días después, el 6 de noviembre.3

Otro esfuerzo más general que la sola búsqueda de desaparecidos fue la Co-misión Nacional de Derechos Humanos, fundada por Irma Flaquer y otras perso-nas guatemaltecas en enero de 1980 y disuelta seis meses después. Los fundadores salieron al exilio, a excepción de Flaquer, que fue desaparecida el 16 de octubre de 1980. En el hecho fue herido su hijo Fernando Valle, quien murió dos días después (CEH, 1999b).

En esos años, intelectuales como los sociólogos Gabriel Aguilera Peralta y Jorge Romero Imery (ejecutado extrajudicialmente en 1981) conceptualizaron y caracterizaron la violencia como una práctica de Estado y estudiaron los hechos para establecer lo que denominaron “olas de terror”. Sus hallazgos fueron publica-dos en La dialéctica del terror y otros artículos dados a conocer en la revista Polé-mica, editada en San José, Costa Rica. También fue publicado uno de los primeros textos sobre aspectos doctrinarios de los derechos humanos, obra de Rafael Cuevas del Cid, rector de la USAC (1970-1974).

En 1977 surgió, por iniciativa de sacerdotes, religiosos y religiosas, el Co-mité Pro Justicia y Paz,4 cuya formación contó con el apoyo de una comunidad religiosa de Neuchatel, Suiza.5 El Comité emitió numerosos comunicados para informar sobre la represión que sufrían en esos años las comunidades de Quiché. También denunció otros hechos, como el asesinato del sacerdote Hermógenes Ló-pez Coarchita, el 30 de junio de ese año, momento para el cual sus miembros ya es-taban siendo investigados por difamar al Ejército. Cabe mencionar que el décimo noveno comunicado de esta entidad tiene fecha del 18 de enero de 1980, días antes de la masacre en la Embajada de España, la cual había sido ocupada por campesi-nos y estudiantes justamente para denunciar esta situación de represión.6 Aunque varios de sus integrantes debieron salir al exilio, su labor continuó con gran fuerza

3 Para mayor información sobre la represión a la USAC y su devenir político, consultar Kobrak, s.f. 4 Véanse “Julia Esquivel” en suplemento diálogo de FLACSO-Guatemala, versión electrónica,

en <http://www.flacso.edu.gt/site/?p=2119> y “La problemática agraria y laboral y la percep-ción de las organizaciones indias guatemaltecas frente a la cuestión étnico-nacional”, pág. 80, en <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/123/7.pdf>, ambos consultados el 2 de abril de 2012.

5 Entrevista con Juan León, 4 de abril de 2012.6 Véase <http://books.google.com/books?id=1xFMbBqjzmsC&pg=PA224&lpg=PA224&dq=C

omit%C3%A9+Pro+Justicia+y+Paz&source=bl&ots=_8Ye8JQ_ks&sig=qDs_Aiex_J-jvds7Q97vQjbrHLw&hl=es&ei=RbqpTfXxHYX4sAODstn6DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCIQ6AEwAg#v=onepage&q=Comit%C3%A9%20Pro%20Justicia%20y%20Paz&f=false>, consultada el 2 de abril de 2012.

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en México y, junto con otras organizaciones, inició desde allí el trabajo sistemático ante los organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas.

Esta etapa es importante porque se reorganizaron los movimientos popu-lares más fuertes y significativos: el sindical, el estudiantil, el campesino y el de pobladores. Fueron ellos quienes impulsaron las mayores movilizaciones que el país llegó a ver. Entre las demandas que levantaron había algunas muy concretas, como las sectoriales y gremiales, y otras más generales, como la lucha contra el imperialismo e incluso la promoción de la solidaridad con el movimiento sandi-nista en Nicaragua.

orGanizacioneS en el exilio (1981-1984)

Una nueva oleada de exilio político se concretó a partir de 1977-1978, cuando la intelectualidad guatemalteca de oposición al régimen militar cobró relevancia. Inicialmente salió al exilio una serie de profesores universitarios, seguidos por dirigentes estudiantiles y populares. Hay que recordar que ya se había dado una oleada de exilio en 1954 a raíz de la contrarrevolución y otra a inicios de los años sesenta derivada de la fallida guerrilla en el oriente y nororiente del país.

La CDHG fue conformada en noviembre de 1981 por algunas personas que habían sido parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que, luego de la desaparición de Irma Flaquer, habían salido al exilio. En su organización tuvo influencia Marycarmen Víctory, del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), entidad surgida en 1955 en Montevideo, Uruguay y asentada en España desde 1958. Marycarmen Víctory había apoyado a fines de los años 70 el surgimiento de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), y por su experiencia internacional conocía el potencial de los derechos humanos para apoyar los procesos de liberación que se desarrollaron en África en los 60 y a fines de los años setenta en América Latina.7

Por su lado, ya en el exilio, el Comité Pro Justicia y Paz, siempre contando con el apoyo de la comunidad religiosa suiza, inició un trabajo de denuncia de la situación en el ámbito de las Iglesias, lo que luego se extendió a las Naciones Uni-das, donde contó con el respaldo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).8

Así, la CDHG y el Comité Pro Justicia y Paz fueron pioneros en acudir, en forma sistemática, a los mecanismos de que se disponía en el ámbito universal e interamericano para vigilar la situación de los derechos humanos, dando segui-miento a un trabajo iniciado a principios de los años sesenta con objetivos precisos

7 Entrevistada en Madrid, junio de 2007.8 El Comité Pro Justicia y Paz se disolvió entre 1992 y 1993. Entrevista con Juan León, 4 de abril

de 2012.

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y peticiones concretas basadas en un mejor conocimiento de dichos mecanismos, todo lo cual abrió el camino que permitió, años después, la instalación de la MI-NUGUA.

El caso de Guatemala fue presentado por primera vez ante la CDH/ONU en 1967, como se indicó anteriormente. Fue abordado de forma oficial en el seno de esta comisión en su 35º período de sesiones, en 1979, gracias al esfuerzo de un grupo de amigos de Alberto Fuentes Mohr, asesinado ese año. Esto abrió el camino para que después las instancias arriba mencionadas llevaran el caso de Guatemala a ese espacio internacional.

El camino para despertar el interés de las Naciones Unidas en el caso de Guatemala fue arduo y contó con el apoyo de numerosos grupos de solidaridad y la orientación de personalidades europeas que tenían experiencia en el tema. Algunos de estos grupos, vinculados al IEPALA, acompañaron a las entidades guatemaltecas desde fines de 1980 en el diseño de una estrategia de cabildeo en la cual se abordaron todos y cada uno de los procedimientos entonces disponibles en el ámbito de las Naciones Unidas.

Varios de estos comités de solidaridad en diferentes países se formaron por iniciativa de personas que habían vivido en Guatemala y ofrecieron apoyo moral, político y financiero a la defensa de los derechos humanos, destacándose el papel que jugaron en la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en 1992. A la formación de tales comités también contribuyeron de forma importante inte-grantes del movimiento revolucionario guatemalteco que promovían la solidaridad en Estados Unidos y Europa desde finales de la década de 1970, así como jóvenes militantes de izquierda, estadounidenses y europeos.

Cabe destacar que en los años setenta, Amnesty International –que centra su acción en los prisioneros políticos o de conciencia– decidió ocuparse del caso de Guatemala luego de un intenso trabajo con sus dirigentes, tanto en Francia como en Gran Bretaña, realizado por integrantes de las organizaciones revolucionarias. Entre 1980 y 1981 se logró que se realizara su primera campaña a favor del respeto a los derechos humanos en Guatemala, donde no hubo prisioneros políticos, por lo que necesitaba un tratamiento especial.

En ese proceso también se establecieron relaciones de cooperación con nu-merosas organizaciones no gubernamentales que tenían Estatus de Consulta B en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) por medio de las cuales era posible presentar comunicaciones escritas y verbales ante la CDH/ONU en diversos pun-tos de su agenda. Entre ellas cabe mencionar a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Pax Romana, la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, el Servicio Universitario Mundial (SUM) y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Deteni-dos-Desaparecidos (FEDEFAM).

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Dos logros importantes deben señalarse en aquella época. Primero, el trata-miento del caso de Guatemala en el entonces punto 12 de la agenda de la CDH/ONU, referido a los países que presentaban un cuadro sistemático de violación a los derechos humanos. Segundo, el nombramiento de un relator especial, que re-cayó, en 1984, en el vizconde Colville de Culross, cargo que luego se transformó en la figura de experto independiente, responsabilidad en que se desempeñaron Héctor Gross Spiel, Christian Tomuschat y Mónica Pinto, sucesivamente. Cabe resaltar que esta figura de “experto independiente” era inédita en la ONU, pues tenía un mandato doble: en primer lugar, preparar un informe y por ende vigilar la situación de derechos humanos y, en segundo lugar, asesorar al Gobierno de Gua-temala en materia de derechos humanos.

De igual forma, estos grupos que trabajaban en el exilio utilizaron el espacio en la CIDH para la presentación de denuncias de casos que fueron incluidos en los varios informes que la entidad regional elaboró sobre la situación de derechos humanos en el país. Como ya se indicó, este espacio fue abierto desde mediados de los años sesenta.

En enero de 1983, en Madrid, España, la CDHG y otras entidades organi-zaron una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para tratar el caso de Guatemala, apoyado por la Fundación Internacional Lelio Basso. El TPP, que surgió en el marco del Tribunal Russell II,9 es un tribunal de conciencia y en la mencionada sesión estuvo integrado por personalidades de diversos países, como George Wald, Harvey Cox, Vicente Navarro y James Petras (Estados Unidos), Vic-toria Abellán Honrubia (España), Richard Baumlin (Suiza), Amar Bentoumi (Ar-gelia), Susy Castor (Haití), Eduardo Galeano (Uruguay), Giulio Girardi y Salva-tore Senese (Italia), Francoise Houtart (Bélgica), Leo Matarasso (Francia), Sergio Méndez Arceo (México) y Adolfo Pérez Esquivel (Argentina). En el marco de este tribunal se analizó la situación del país, desde 1954 hasta el régimen del general José Efraín Ríos Montt (Tribunale Permanente dei Popoli, 1983).

Casi al mismo tiempo fue integrada la Representación Unitaria de la Oposi-ción Guatemalteca (RUOG), conformada por delegados de las entidades integran-tes de la URNG. Esta organización orientó gran parte de la estrategia de denuncia de la violación de los derechos humanos en Guatemala en el ámbito internacional con el propósito de generar desgaste político hacia los gobiernos militares.

La acción de estas entidades en el espacio de las Naciones Unidas se susten-tó en un buen conocimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos. Este esfuerzo habría sido insuficiente si no se hubiera contado con un conocimiento de la correlación de fuerzas entre las diferentes regiones geopo-líticas que en aquel tiempo, antes de la caída de la Unión Soviética, conformaban la

9 Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, creado por iniciativa del filósofo británico Bertrand Russell y apoyado por el filósofo francés Jean-Paul Sartre para investigar la política estadounidense en Vietnam.

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comunidad internacional y contaban con el apoyo de numerosas ONG con estatuto consultivo ante dicho organismo internacional.

Varios años después de que las instancias arriba indicadas iniciaran el trabajo en las Naciones Unidas, otros grupos guatemaltecos de derechos humanos hicieron presencia en este espacio, con el apoyo de aquéllas que ya tenían experiencia en el mismo. Muchas de estas ONG eran profundamente recelosas respecto de los resul-tados de este trabajo internacional, pero conforme se adentraron en él advirtieron que era una dimensión de la defensa de los derechos humanos que no se podía desestimar. Recordemos que un buen número de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos fueron firmados en Guatemala durante los gobiernos militares, pero el movimiento social y popular no había percibido su potencial. Una figura prominente en la lucha por los derechos humanos, monseñor Juan Gerardi Conedera, se hizo presente en varias de las sesiones de la CDH/ONU.

La Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) fue fundada en 1982 y publicó diversos estudios sobre la situación en el departamento de Quiché, como Ofensiva del pueblo: campesino contra campesino y Guatemala, seguridad, desarrollo y democracia (en el que se analiza cómo se aplicó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y sus subsiguientes campañas), ambos en 1989, en México; Diez años de pacificación contrainsurgente: la agresión del ejército guatemalteco contra la población civil del norte del departamento de El Quiché, en 1990, y Nosotros conocemos nuestra historia: 500 años de resistencia negra, indígena y popular, en 1992. La IGE se dedicó a sensibilizar al sector cristiano sobre la situación de los derechos humanos en el país y a asistir, desde una época muy temprana, a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).

Otra organización que surgió en el exilio fue la Asociación Centroamerica-na de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ACAFADE). La Asociación surgió en Costa Rica en mayo de 1984 a iniciativa de familiares y amigos de deteni-dos-desaparecidos en Guatemala, El Salvador y Honduras que se conocieron con ocasión de una visita del sacerdote irlandés Patrick Rice, secretario ejecutivo de la FEDEFAM.10 Posteriormente, ACAFADE coordinó acciones con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) que había sido fundado en 1984 en Guatemala a raíz de la desaparición de varios dirigentes estudiantiles y sindicales. El GAM y ACA-FADE fueron encabezados por mujeres esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos-desaparecidos.

La ACAFADE impulsó acciones de denuncia internacional en favor de los desaparecidos en la región; promovió el involucramiento del Gobierno de Costa Rica en la búsqueda de sus ciudadanos desaparecidos en el norte de Centroaméri-ca; e impulsó el primer caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el caso “Fairen Garbi y Solís Corrales”, que se llevó contra Honduras, junto con el caso “Velásquez Rodríguez” y el caso “Godínez

10 Mayra Alarcón, comunicación personal, 2 de abril de 2012.

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Cruz”. Por economía procesal, la Comisión Interamericana y la Corte llevaron los tres casos juntos, aunque resolvieron por separado cada uno de ellos.

La ACAFADE apoyó a las organizaciones de familiares de desaparecidos en otros países y promovió campañas de solidaridad a favor del GAM y la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA) en Guatemala, el Comité de Madres y el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM) de El Salvador y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH) en Honduras, siendo un referente regional de denun-cia internacional de defensa de los derechos humanos y de solidaridad con los desaparecidos y sus familiares.

el SurGiMiento de nuevaS orGanizacioneS de víctiMaS en GuateMala

En la segunda mitad de la década de 1980, cuando se iniciaba el llamado proceso de transición de los gobiernos militares hacia los civiles, surgió una serie de orga-nizaciones de víctimas, como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo Étnico Runujel Junam (CERJ) y el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), así como las Comunidades de Pobla-ción en Resistencia: Ixcán, Sierra y Petén, producto del desplazamiento forzado en el interior del país. En tanto, en los campamentos de refugiados en México se organizaban las Comisiones Permanentes de Refugiados (CCPP).

Varias de estas organizaciones trabajaron contra la militarización, como el CERJ, que luchó específicamente contra la participación forzada en las patrullas de autodefensa civil (PAC), y la CONAVIGUA, que en uno de sus primeros ejercicios de incidencia presentó una propuesta de ley para la eliminación del servicio militar obligatorio.

En la misma época surgió el Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH), así como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que tuvo sus inicios en el exilio. En tanto, de la división del GAM nació hacia inicios de los años noventa la FAMDEGUA.

lucha contra la iMPunidad

En 1991, en Bogotá, Colombia, se realizó una sesión deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que favoreció una mayor conciencia sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Hasta ese momento, en América

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Latina y en Guatemala se había instalado la conciencia de que las ejecuciones ex-trajudiciales, las desapariciones forzadas o involuntarias y las masacres constituían violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, aún no se había desarrollado la conciencia respecto de que el hecho de que dichas violaciones quedaran sin castigo apuntaba a otra dimensión de la problemática de los derechos humanos: la impunidad.

En ese salto cualitativo de la comprensión de los derechos violados y de la impunidad jugó un papel importante la mencionada sesión del TPP, en el marco de la cual, entre 1989 y 1991, se celebraron audiencias de países, incluida una para Guatemala y Honduras en la que se desempeñaron como jueces de conciencia Giulio Girardi, José Echeverría y Ward Morehouse. La audiencia se llevó a cabo en San José, Costa Rica, en 1990, y en ella participaron sobre todo representantes de las organizaciones que conformaban los Sectores Surgidos por la Represión y la Impunidad, que fue la primera expresión de un esfuerzo coordinado de las or-ganizaciones de víctimas: la CONAVIGUA, el CERJ, el CONDEG, el GAM, las CPR (Ixcán, Sierra y Petén) y las CCPP, organizaciones populares indígenas que sostuvieron en el discurso la defensa de los derechos humanos (Rostica, 2007).

Cabe mencionar que la organización nacional que preparó esta sesión, la CDHG, debió generar antes de la sesión un proceso de preparación y análisis entre las organizaciones que participaron, a fin de que la conciencia de la impunidad se acrecentara con los elementos jurídicos fundamentales pertinentes. Esta sesión con-tribuyó a destacar la problemática de la impunidad, que muy pronto fue avocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y llevada a muchos foros internacio-nales. La CEH (CEH, 1999a: párr. 661 y 662) señala que el asesinato de la antropó-loga Myrna Mack en 1990 y los esfuerzos por lograr la condena del autor material del crimen constituyeron un punto de partida para la lucha contra la impunidad.

En el segundo informe elaborado por los expertos designados por la ONU (1993) para estudiar el problema de la impunidad, presentado ante la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías en agosto de 1993, se resaltaba el papel que ha jugado la sociedad civil en la evolución de los medios jurídicos de lucha contra la impunidad. Dicho documento señalaba, entre los ca-minos que han contribuido a la evolución del derecho en ese campo: los tribunales de opinión, el recurso a las instancias internacionales y el desarrollo de las organi-zaciones de las víctimas.

Vale la pena anotar que la mencionada coordinadora de Sectores Surgidos por la Represión y la Impunidad fue creada en 1989, a partir de la Comisión de Damnificados por la Violencia. Más tarde, a partir de la firma del Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas se convertiría en la Asamblea Consultiva de las Poblaciones Desarraigadas (ACPD), que celebró su primer con-greso en 1991 (Brett, 2006: 97), espacio que permitió incidir en la política pública para el cumplimiento de este acuerdo. Esta coordinadora sería una expresión de los sectores populares dentro de la lucha de los movimientos indígenas que se

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contraponen a los sectores mayanistas, que eran más bien culturalistas y extre-mistas en su visión de la cuestión étnica, reivindicando que debía verse el asunto étnico y no de clase.

la Fortaleza de la orGanización de laS víctiMaS

Los indescriptibles esfuerzos de la población refugiada o desplazada y de las muje-res viudas por sobrevivir en las condiciones extremadamente difíciles que debieron enfrentar después de huir de la política de tierra arrasada son una verdadera defensa de derechos humanos, en el nivel más sencillo pero también más trascendente que ésta pueda tener. Los testimonios que en su tiempo fueron recogidos muestran con crudeza el horror vivido, pero también el coraje que las víctimas tuvieron para orga-nizarse alrededor de esta condición. De igual forma, los familiares de desaparecidos encontraron en su organización la única forma de mitigar el dolor que produce la práctica de la desaparición forzada o involuntaria, cuyos efectos sicológicos, deri-vados del no saber el destino de la víctima, son de los más devastadores.

La organización de las víctimas fue un paso importante para la defensa de los derechos humanos, pues fue el inicio de un movimiento que se construyó en el interior de Guatemala y no fuera de ella, lo que le permitió llegar a tener un auge importante entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa. Estos grupos tuvieron capacidad de organizarse a partir de las condiciones absolutamente des-favorables en que se encontraban, como anteriormente se indicó, por lo que agru-parse con base en su propio reconocimiento como personas portadoras de derechos sin duda constituyó un hito histórico.

Estos grupos de base estaban conformados principalmente por mujeres, in-dígenas pobres, la mayoría analfabetas, teniendo algunos de ellos líderes no indí-genas y profesionales de educación media. Esto hizo que su trabajo, en una im-portante etapa de su desarrollo, se realizara de manera empírica y abiertamente confrontativa con el Estado, pues si bien –con excepción del GAM– la mayoría de grupos surgió durante un gobierno civil, el del licenciado Vinicio Cerezo, ello no podía significar un cambio inmediato o mecánico en la visualización que estos grupos tenían del poder del Estado.

Cuando el uso de la violencia es extrema, dos cosas pueden suceder: la po-blación está totalmente aterrorizada y se inmoviliza o el nivel de violencia es tal que se puede ser víctima de la misma aún si no se reacciona; por lo tanto, es mejor reaccionar que ser una víctima pasiva. En el caso de Guatemala, la población optó por lo segundo. En principio conformadas mayoritariamente por mujeres, en su mayoría viudas cuyos maridos fueron víctimas de desaparición forzada o asesina-to, estas organizaciones fueron la vanguardia en la recomposición del movimiento social (Mazariegos, 2007).

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entidadeS eSPecializadaS

Las organizaciones de derechos humanos que se fueron formando eran básicamen-te entidades que trabajaban de manera genérica, es decir, por todos los derechos humanos. A principios de los años noventa surgieron las entidades especializadas, con algunas ventajas comparativas que las distinguían de las anteriores y que con-tribuyeron a su solidez. Nacieron cuando el conflicto armado no había superado su etapa más cruenta, en plena transición a la democracia donde gobiernos civiles permitían un espacio, ciertamente limitado, para abordar el tema de los derechos humanos. Esto les permitió trabajar sin la connotación política que tuvieron otros grupos y, por ende, tener mayor incidencia en las políticas públicas y, no obstante, ser críticos de la situación de derechos humanos. Por otro lado, estar constituidas por profesionales y haber surgido desde el principio como instituciones les ha per-mitido tener un desarrollo organizacional importante y mejores condiciones para la propuesta, contando también con respaldo de la cooperación internacional que comenzó a fluir de forma más abierta a Guatemala en el marco de la transición a la democracia. Entre 1986 y 1990 se formó el cincuenta por ciento de las ONG de derechos humanos (Torres, 1997), en correspondencia con el inicio de la transición a la democracia. Aunque algunas de ellas no se definen como dedicadas a los dere-chos humanos, trabajan en temas muy vinculados a éstos, como la administración de justicia, en el caso de la Fundación Myrna Mack.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IC-CPG) se ocupa en lo que denomina “los derechos humanos aplicados”, pues se dedica a trabajar en el sistema penitenciario, el cual, por no haber sido instrumento de la contrainsurgencia (pues no hubo presos políticos), quedó totalmente fuera de los Acuerdos de Paz, pese a que la cárcel es una institución donde se violan grave-mente los derechos humanos.

Personal de estas entidades ha participado activamente en la incidencia en políticas públicas referidas a la administración de justicia, integrando, específi-camente, la comisión que preparó la propuesta para la reforma del Organismo Judicial, tarea que se emprendió como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Asimismo, a principios de los años noventa empezó a surgir entre el gremio de abogados la preocupación por el tema de los derechos humanos. Se conformó la Asociación Guatemalteca de Juristas (AGJ), que realizó labores de defensa y promoción de los derechos humanos, siendo parte de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Asociación Guatemalteca de Abogados por los Derechos Humanos (AGADH).

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deFenSa deSde laS iGleSiaS

El papel de los cristianos en la defensa de los derechos humanos ha sido estudiado en varios documentos, destacando entre ellos la investigación de María Teresa Ruiz para el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) (1994). Es por eso que aquí solamente señalamos que, desde los años sesenta, varios sacerdotes, monjas y agentes de pastoral participaron en acciones de defensa de los derechos humanos por medio de la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFRE-GUA), organización fundada en 1961 que había hecho una “opción preferencial por los pobres”, inspirada en el Concilio Vaticano II y en la Conferencia de Mede-llín. CONFREGUA ha tenido un papel activo en la denuncia de la violación de los derechos humanos desde esa época.

La creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guate-mala (ODHAG), por iniciativa de monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobis-po de Guatemala, en 1990, fue un paso importante en esta trayectoria de defensa de los derechos humanos, pues así se institucionalizó esta acción en el seno de la Igle-sia católica. Años después, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) impulsó la realización de una de las mayores empresas relativas a los derechos humanos, el Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), bajo la conducción del obispo Juan Gerardi Conedera, quien fuera asesinado en abril de 1998, tan sólo dos días después de haber presentado públicamente los resultados del informe producido.

En 1989, desde las bases de las CPR y población refugiada se organizó la Acción Cristiana Guatemalteca (ACG) para trabajar por el respeto de los derechos humanos y la reivindicación de los pueblos indígenas. En 1999 fue inscrita legal-mente como Asociación Acción Cultural Guatemalteca, conservando su trabajo enfocado hacia las comunidades marginadas y hacia el diálogo interreligioso.

En el Consejo de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) existió un departamento de derechos humanos enfocado especialmente en la promoción de éstos y que ahora se dedica a trabajar el tema de la reconciliación. Esta entidad construyó una Propuesta Bíblica de Derechos Humanos (CIEDEG, 1994), por me-dio de la cual se impulsó una acción educativa en este campo. Por otro lado, en varios de los obispados en Guatemala se han formado pastorales sociales, de dere-chos humanos o, por ejemplo, en San Marcos, la pastoral de la tierra.

derechoS de laS MuJereS y de loS PuebloS indíGenaS

Desde principios de la década de 1990, el movimiento por los derechos humanos en Guatemala se ha enriquecido con el desarrollo de numerosas entidades que se dedican a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de los pueblos

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indígenas. Este movimiento, que surgió a fines de los años setenta –tratado con mayor detalle en otro apartado de este volumen–, se nutrió en los derechos de los pueblos indígenas en forma particular por la corriente favorable que surgió con motivo del 5º Centenario del llamado “Descubrimiento de América”, que tuvo como cima la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum.

Ambos grupos tuvieron un lugar específico en la Asamblea de la Sociedad Civil y su situación fue objeto de especial atención en los Acuerdos de Paz, parti-cularmente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Quizá por ello también estos grupos aparecen, en los últimos años, justamente trabajando por sus reivindicacio-nes sectoriales, sin mayor identificación, con procesos más abarcadores.

GruPoS que deFienden derechoS de GruPoS eSPecialeS

El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos también se ha enriquecido en forma importante con el surgimiento de grupos organizados alre-dedor de derechos humanos que apenas se dibujaron, si no es que estuvieron total-mente olvidados, en otra época, algunos de los cuales fueron considerados dentro de los Acuerdos de Paz. Entre ellos, por ejemplo, tuvo cabida la población con discapacidad, a raíz de la reivindicación de los combatientes que resultaron incapa-citados físicamente como consecuencia de alguna acción armada. La inclusión de esta categoría en los Acuerdos de Paz fue punto de partida para que otras entidades, algunas de las cuales desde hace muchos años trabajan a favor de la población con discapacidad, se organizaran para realizar acciones conjuntas frente al Estado. Con este esfuerzo se logró la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad (CO-NADI), poniéndole una visión de derechos humanos al trabajo asistencialista y de ayuda mutua que habían desarrollado las asociaciones de ciegos, sordos, mudos y de esclerosis múltiple, entre otros.

Desde hacía varios años también se trabajaba en favor de los derechos de la niñez y la juventud, tema que llegó a crear una de las controversias más importan-tes entre parte de la sociedad guatemalteca derivado del intento de poner en vigen-cia el Código de la Niñez y la Juventud aprobado en 1996 y con el que se esperaba introducir en el orden jurídico nacional los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Independientemente de las críticas que se puedan hacer acerca del proceso por medio del cual se impulsó la aprobación y puesta en vigor de este instrumento jurídico y del debate sobre si éste estaba o no adecuado al contexto nacional, el ataque de que fue objeto por varias organizaciones sociales ha puesto de manifiesto el autoritarismo, el machismo y el conservadurismo de la sociedad, así como su profundo temor al cambio.

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Asimismo, han surgido agrupaciones que velan por los derechos de uno de los sectores femeninos más vulnerables, por la absoluta falta de protección laboral y la discriminación en su contra, como lo son las trabajadoras de casa y las de ma-quila. También hay expresiones sociales, bastante débiles aún, que se empiezan a ocupar de la situación de las trabajadoras del sexo.

Dado que el SIDA constituye un importante problema de salud, cuya di-mensión todavía es negada por las autoridades respectivas, hay grupos, como la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS) y Gente Positiva, que se ocupan de este tema, así como de la reivindicación del derecho a la preferencia sexual, temas que indudablemente siguen siendo “tabú” en la sociedad.

entidadeS contra la delincuencia coMún

El aumento incontrolable del crimen organizado y de la delincuencia común y la puesta en práctica del secuestro generaron la organización de familiares de per-sonas que habían sido víctimas de estos hechos, los cuales, como consecuencia lógica del pasado, también están quedando en la impunidad, puesto que el Minis-terio Público y el Organismo Judicial no parecen superar la inoperancia en que se hundieron durante el conflicto armado.

De esta cuenta surgieron Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y el grupo Madres Angustiadas, integrados por personas perte-necientes a sectores económicamente acomodados que no se vieron afectados por la violación de derechos humanos, pero que ahora habían sufrido el flagelo de la delincuencia común y vivieron en carne propia la impunidad.

Una diferencia importante entre estos grupos y las otras organizaciones de derechos humanos es que, por ejemplo, Madres Angustiadas impulsa la aplicación de la pena de muerte, habiendo logrado que, aun en contra de lo establecido en el Pacto de San José, se legislara la ampliación de la aplicación de esta pena a un delito para el cual antes no estaba contemplada, como el secuestro. Otra diferencia importante es que, quizá por la capacidad económica de sus integrantes, el tra-bajo de éstos se realiza en forma voluntaria, mientras que la mayoría de ONG de derechos humanos depende casi totalmente de las donaciones de la cooperación internacional.

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GruPoS orGanizadoS en loS dePartaMentoS

En diferentes departamentos existen organizaciones de derechos humanos, desta-cando la acción que en la defensa y promoción de éstos realiza la Iglesia católica desde las Pastorales de Derechos Humanos. Con un desarrollo diferenciado, los agentes de pastoral han realizado una labor significativa en la denuncia de las vio-laciones de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas, etc., además de llevar a cabo la recolección y sistematización de testimonios para la REMHI. Las Pastorales de Derechos Humanos conforman la Coordinadora Interdiocesana de Derechos Humanos.

En Quetzaltenango, además, funcionaron la Comisión de Derechos Huma-nos de Quetzaltenango (CDHQ), la Wukub Noj, dedicada a la defensa de los dere-chos culturales, y la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ). En Quiché trabaja la Coordinadora de Derechos Humanos del Ixcán (CORDHI) que conjunta siete entidades. En San Marcos operó el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), una dependencia de la CDHG. Varios grupos conformados por víctimas tienen alguna base en el interior del país: CERJ, CONAVIGUA, GAM, CONDEG, CCPP, CPR.

En general, la presencia de grupos de derechos humanos se concentra en el occidente del país, mientras que el oriente de Guatemala está descuidado casi por completo, a pesar de haber sido escenario de la represión en los años sesenta, aun-que ahí también se han formado organizaciones de derechos humanos por derechos específicos o gremiales. De la misma forma, es interesante ver la organización de los Comités de Víctimas a partir de la creación del Programa Nacional de Resar-cimiento en 2000.

Hay, pues, diversas modalidades entre las organizaciones no gubernamen-tales de derechos humanos, las cuales constituyen un sector de la sociedad civil y fueron uno de los diez sectores que integraron la llamada Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) mediante la cual se trabajó la incidencia en los Acuerdos de Paz. Independiente de su integración a este mecanismo, estas entidades, con todas sus limitaciones, tienen un espacio ganado por derecho propio dentro de la sociedad guatemalteca.

eSFuerzoS Para la reconciliación

Los esfuerzos de las organizaciones de víctimas de la represión y la impunidad, aunque no se lo plantearan así, estaban contribuyendo a la búsqueda de la reconci-liación. El mapeo de iniciativas nacionales e internacionales en materia de recon-ciliación social postguerra en Guatemala (IIARS, 2009) identifica cinco iniciati-vas o estrategias en este campo: recuperación de la memoria o reconstrucción de

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la memoria, iniciativas de reparación o de resarcimiento a las víctimas, apoyo y acompañamiento psicosocial, búsqueda de personas desaparecidas, y procesos ju-diciales de casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Estos esfuerzos han sido ubicados en el ámbito de lo que se denomina “jus-ticia transicional”, que puede definirse como la serie de medidas que pueden usar los Estados para confrontar sus errores pasados en materia de derechos humanos. Errores entre los que se incluyen procesos legales, mecanismos para establecer los hechos/esclarecer la verdad, reparaciones, conmemoraciones e iniciativas re-ligiosas/tradicionales comunitarias, reforma de instituciones abusivas, etc., cuyos objetivos son la justicia y la reconciliación y cuyo vínculo es crítico (Oduro, citado en IIARS, 2009).

La Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia tuvo como fin pri-mordial velar por el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH. Estaba inte-graba fundamentalmente por organizaciones de víctimas y de derechos humanos, aunque en sus inicios intentó vincularse a sectores académicos y a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH).

Entre estos esfuerzos resaltaremos la reparación, la reconstrucción de la me-moria y el acompañamiento psicosocial.

la búSqueda del reSarciMiento Para laS víctiMaS

Junto con esta lucha por la reconstrucción de la memoria histórica y la justicia (ahora llamada justicia de transición por la cooperación internacional), las víc-timas de la guerra también comenzaron a buscar hacer efectivo su derecho al re-sarcimiento de manera más general. Pasaron años en los cuales las víctimas que buscaban resarcimiento acudían al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), es decir a la CIDH. Declararon que en Guatemala no se les había hecho justicia y, de esa manera, podían seguir procesos que incluyeran fundamentalmen-te formas de reparación y resarcimiento, pues la justicia continúa siendo una ma-teria pendiente, por un lado porque el SIDH no tiene la capacidad de investigar, perseguir, procesar y condenar personas –sólo Estados–, y porque los Estados no han logrado cumplir con los compromisos de justicia que se establecen tanto en los Acuerdos de Solución Amistosa como en las Recomendaciones hechas por la CIDH o en los juicios en la Corte IDH.

Desde la Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia, las organi-zaciones de víctimas promovieron hacia finales de la década de 1990 un Programa Nacional de Resarcimiento que pudiera atender a los familiares de las víctimas (Instancia/CIIDH, 2001). Dicho programa fue negociado a inicios de la década de 2000 con el gobierno de Alfonso Portillo y logró ponerse en marcha hacia

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2003-2004. Algo importante en este esfuerzo es la coordinación que se fue logran-do con diversas organizaciones, no sólo de la ciudad sino de los departamentos y comunidades, así como también entre organizaciones de víctimas y de derechos humanos, que las respaldaron y apoyaron en el proceso.

Una paradoja es que el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) era el go-bierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido del general Efraín Ríos Montt –responsable de una época de cruenta violencia contra las comunida-des guatemaltecas, señalado de haber implementado una política de tierra arrasada contra población civil no combatiente para debilitar el apoyo social al movimiento insurgente. Fue en esta administración que el Gobierno aceptó su responsabilidad internacional en materia de violaciones a derechos humanos durante el llamado conflicto armado interno y fue Alfonso Portillo quien por primera vez pidió perdón al pueblo de Guatemala por dichas violaciones. Asimismo, fue esta administración la que comenzó a hacer efectivos los Acuerdos de Solución Amistosa en el marco del SIDH para facilitar las formas de reparación a las víctimas y sus familiares, emitiendo un Acuerdo Gubernativo que orienta la búsqueda de soluciones amisto-sas con las víctimas ante estas instancias.

Posteriormente, en el gobierno de óscar Berger (2004-2008) se aprobó una Política Nacional de Derechos Humanos. También durante los gobiernos de Ber-ger y Álvaro Colom se continuó la política de pedir perdón a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. y, aunque las víctimas planteen que aceptan el perdón, pero con justicia y castigo a los responsables, no siempre ha sido una realidad que el Poder Judicial también respalde el planteamiento del Poder Ejecuti-vo de reconocer que se violaron los derechos de la población civil no combatiente.

loS eSFuerzoS Por la reconStrucción de la MeMoria

Desde que comenzaron a negociarse los Acuerdos de Paz, se manifestaron mo-vimientos sociales vinculados a las víctimas de la guerra que demandaban que se incluyera dentro de dichos Acuerdos todo lo relativo a la reconstrucción de la memoria histórica, pues aunque su interés fundamental era la búsqueda de justicia, veían que dicha reconstrucción era un paso fundamental para ello. Alfredo Balsells Tojo (2009: 32), quien fue uno de los tres Comisionados para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, hace una importante relación entre derechos humanos y memoria:

“El hilo conductor entre los derechos humanos y la memoria histórica resulta siem-pre enmarañado, particularmente si lo seguimos desde un país que, como Guatema-la, ofrece una escasa práctica de efectiva democracia y se significa por continuos golpes de Estado, largas dictaduras, fraudes electorales, constituciones violadas,

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exclusión política y todo un rosario de infortunios que culminaron, así sea, con la última dictadura militar y la adopción de la Constitución de 1985.”

Algunos sectores comenzaron a prever la posibilidad de que los intereses que se gestaban alrededor de la posibilidad de amnistía impidieran o por lo menos retrasaran el proceso de reconstrucción de la memoria histórica, por lo que comen-zaron a realizar sus propios procesos de memoria. Entre éstos podemos encontrar el trabajo que organizó la Iglesia católica por medio del Arzobispado de Guatemala con la constitución de un proyecto nacional llamado Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), el cual fue promovido mediante la Conferencia Episcopal. Aunque el proyecto no fue de aplicación obligatoria, casi todas las diócesis lo aco-gieron, incorporándose también a participar otros grupos eclesiásticos, particular-mente de órdenes religiosas femeninas. Por medio de este proyecto, la Iglesia mo-vilizó alrededor de seiscientos agentes de pastoral y laicos comprometidos para la recolección de los testimonios en casi todo el país. Estos aproximadamente 6,500 testimonios fueron trabajados y se publicó, en 1998, el informe Guatemala, nunca más. En el proceso se preguntó a los declarantes si estaban de acuerdo con que su testimonio fuera trasladado a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en el momento en que ésta fuera creada. Casi el 98% de las personas estuvo de acuerdo y éstos fueron entregados a la CEH cuando se creó.

Es importante rescatar el tema del asesinato de monseñor Juan Gerardi Co-nedera, quien había dirigido el trabajo de la REMHI, dos días después de haber presentado el informe. Según lo que se supo durante el proceso de investigación y juicio a los cómplices –porque todavía no se ha identificado a los autores ma-teriales ni intelectuales–, hubo involucramiento de militares en activo y en retiro, particularmente del Estado Mayor Presidencial del entonces mandatario Álvaro Arzú. El asesinato, destrozándole la cabeza con una piedra, era una advertencia a quienes se atrevieran a pensar.

Por otro lado, se puede ver el trabajo de las organizaciones sociales y no gubernamentales que fueron creando bases de datos y recibiendo testimonios rela-cionados con su quehacer, tales como los esfuerzos del GAM, la CONAVIGUA, la FAMDEGUA o el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Hu-manos (CIIDH). Cabe mencionar que los informes periódicos de organizaciones como la CDHG y el Comité Pro Justicia y Paz, sin proponérselo, recogieron parte de la memoria histórica de fines de los años setenta e inicios de los ochenta.

Asimismo, se pueden ver los esfuerzos de recuperación de la memoria histó-rica derivados del trabajo de exhumaciones en cementerios clandestinos. La CEH estableció que la primera recuperación de cuerpos, realizada en junio de 1988, fue encabezada por el GAM y expresó que las exhumaciones evidenciaron la práctica de la desaparición forzada y desenterraron las huellas innegables de muchas ma-sacres, constituyendo uno de los elementos más importantes de la recuperación de la memoria colectiva, de la reparación del tejido social y de la generación de pau-tas culturales de comprensión, asimilación e interrelación con la vida y la muerte (CEH, 1999a: párr. 637 y 638).

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La ODHAG y el CALDH han contado con programas dedicados a las ex-humaciones, en tanto que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) se han especializado en este tema.

Finalmente, la CEH fue establecida mediante el Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, y se instaló formalmente el 31 de julio de 1997, con los auspicios de las Naciones Unidas. La CEH recopiló miles de testimonios, consultó diversas fuentes, analizó 7,517 casos y presentó su informe Guatemala, memoria del silen-cio el 25 de febrero de 1999, concluyendo, entre otras cosas que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residían en las cuatro regiones seleccionadas: maya-q’anjob’al y maya-chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán (norte de Huehuetenango); maya-ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul (Quiché); maya-k’iche’ en Joyabaj, zacualpa y Chiché (Quiché); y maya-achi en Rabinal (Baja Verapaz) (CEH, 1999a: párr. 122 y 110).

El trabajo de las organizaciones que promueven la reconstrucción de la me-moria histórica se vincula directamente con el de quienes trabajan por la justicia en casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. En esta línea también se han unido organizaciones como la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Fundación Myrna Mack, el GAM, la FAMDEGUA, el CALDH y, más recientemente, organizaciones vinculadas directamente a los pueblos mayas, como la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala.

Es importante señalar que son éstas las organizaciones de defensa de dere-chos humanos más atacadas y amenazadas. Si bien es cierto que el espíritu y la conciencia de la necesidad de la denuncia de estas amenazas se han incrementado, y por ello no pueden compararse las cifras con absoluta certeza, seguramente tam-bién aumentaron los ataques contra estos defensores de derechos humanos.

entidadeS dedicadaS al acoMPañaMiento PSicoSocial

Aunque no se reconocen como entidades de derechos humanos, en el país trabajan numerosas entidades especializadas en el apoyo a las víctimas de la represión, en cuanto a las graves secuelas psicosociales que el conflicto armado dejó en las comunidades. Además, cada Pastoral Social de la Iglesia católica cuenta con un espacio dedicado a esta labor, que se reforzó sobre todo a partir del trabajo reali-zado dentro del proyecto REMHI, mientras que varias ONG de derechos humanos han creado programas para abordar esta problemática, como la ODHAG, la FA-MDEGUA y el GAM, pues es un elemento sustancial en el acompañamiento a las comunidades donde se realizan las exhumaciones. Asimismo, se puede mencionar al Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (ECAP), dedicado también a la in-vestigación de estos temas.

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loS derechoS econóMicoS, SocialeS y culturaleS

Inicialmente, las organizaciones que abogaron por los derechos económicos y so-ciales no se definían como defensoras de derechos humanos, pues preferían autoi-dentificarse como organizaciones de desarrollo, con excepciones, como el CIIDH que catalogándose como organización defensora de derechos humanos incluye en su quehacer los derechos económicos, sociales y culturales. Algunas de ellas fue-ron incorporándose a coaliciones de defensa de derechos humanos y comenzaron no sólo a tomar conciencia de que su labor era parte de la defensa de derechos humanos, sino generando la discusión sobre el derecho al desarrollo y qué tipo de desarrollo se quiere alcanzar.

Entre estas organizaciones se puede mencionar, con la certeza de dejar mu-chas de ellas fuera, a la Asociación CEIBA, el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), la Asociación Agua, la Asociación Agua del Pueblo y la Asocia-ción IDEAS, entre otras.

coalicioneS

En Guatemala se han desarrollado diversos esfuerzos para la articulación de las organizaciones de derechos humanos en coaliciones o coordinadoras. Entre las dedicadas a derechos humanos en general se puede mencionar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA) donde coinci-dieron el GAM, el CERJ, Wukub Noj, la CDHG, la CDHQ y el CIIDH.

La Alianza contra la Impunidad fue otra coordinadora cuya membresía no era rígida. En Alianza coincidieron la ODHAG, el GAM (quien pertenecía a ambas coordinaciones), FAMDEGUA, CONFREGUA, CALDH, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Fundación Rigoberta Menchú, OASIS, Gente Positiva, Convergencia Cívico Política de Mujeres y la Fundación Myrna Mack. En la Alianza contra la Impunidad también participaban personas individuales que podían unirse voluntariamente.

En el grupo Pro Justicia se integraron la Fundación Myrna Mack, FADS, Madres Angustiadas y el ICCPG, que posteriormente dejó de integrar esta coali-ción. Este grupo tenía como objetivo el fortalecimiento del sistema de administra-ción de justicia.

También se organizaron coordinadoras de organizaciones indígenas, campe-sinas, de mujeres, de derechos humanos, etc., en los departamentos del país y de entidades dedicadas al desarrollo, como la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), que surgió para apoyar el retorno de los refugiados, el Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE), la Coordinadora de Organi-zaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (COODESC), o el Mo-vimiento Tzuk Kim-pop.

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MoviMiento nacional Por loS derechoS huManoS (Mndh)

La Alianza contra la Impunidad y la CONADEHGUA iniciaron a fines de los años noventa una serie de acercamientos con miras a buscar formas de coordinación, esfuerzo al cual se sumó la COODESC. En enero de 2000 se dio inicio a un proce-so de discusión más consistente que, además de dar seguimiento a la búsqueda de pautas para una mejor coordinación de las organizaciones de derechos humanos, incluyó la reflexión sobre aspectos fundamentales de la defensa y promoción de los derechos humanos desde la experiencia propia.

Esta reflexión no se trataba de “reconceptualizar” teóricamente los derechos humanos, sino de “reinventar”, “redimensionar”, “redefinir”, “revitalizar” la forma de trabajar en su defensa y promoción.11 Así, se impulsó un proceso que se denomi-nó “Hacia la Reconceptualización del Movimiento por los Derechos Humanos en Guatemala”, el cual constituyó un esfuerzo inédito en el que se hizo una reflexión colectiva sobre la propia práctica (MNDH, 2003). Se incluyó la discusión de va-rios temas, como la valoración crítica del trabajo por los derechos humanos en Guatemala, la relación entre la ética y los derechos humanos, el carácter político del trabajo por los derechos humanos, género y derechos humanos, desarrollo y derechos humanos, cultura y derechos humanos. Esta discusión se llevó a cabo por medio de talleres que se realizaron en Guatemala, Huehuetenango y Baja Verapaz.

El Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) tiene sus orí-genes en la búsqueda de concertación entre las existentes coordinadoras de orga-nizaciones: Alianza contra la Impunidad y CONADEHGUA. El Proyecto INCI-DENCIA/FAD impulsó el 27 y 28 el enero de 2000 –en coordinación con estas instancias– un foro llamado “Desafíos de los Derechos Humanos en Guatemala”, seguido de un taller con el mismo tema, donde confluyeron diversas organizacio-nes de derechos humanos e iniciaron el proceso de acercamiento y articulación que después llevaría a la creación del MNDH (Proyecto INCIDENCIA/FAD, 2000).

En junio de 2001 se realizó el I Encuentro de Organizaciones de Derechos Humanos (Proyecto INCIDENCIA/FAD, 2001a), estableciéndose una Comisión de Seguimiento; en octubre del mismo año se realizó el II Encuentro (Proyecto IN-CIDENCIA/FAD, 2001b), con el cual surge el MNDH que favorecería la búsqueda de la articulación de las organizaciones de derechos humanos. Desde el MNDH se realizaron encuentros y precongresos regionales para llegar a la realización del I Congreso Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2002. Asimismo, se incidió en el nombramiento del procurador de los derechos humanos (en mayo de 2002) y se reflexionó sobre temas que, diez años después, siguen vigentes, a saber: la posición de las organizaciones de derechos humanos como referente social en el

11 El propio concepto de derechos humanos, que es progresivo, también podría ser enriquecido con nuevos contenidos a partir de la diversidad multiétnica de Guatemala y del propio contexto del país. Aunque hay esfuerzos en este sentido, esto es todavía una tarea pendiente. Véanse Solares, 1995; Recancoj, 1997; Esquit y Ochoa, 1995; y Curruchich, 1997.

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país, la cuestión de la ética, la visión integral de los derechos humanos y el carácter político, pero no partidario, del trabajo por los derechos humanos.

En febrero de 2004, el MNDH realizó su II Congreso, en el cual participa-ron noventa y ocho delegados de todos los departamentos, excepto Sacatepéquez, y con representaciones propias del área Ixil y del municipio de Ixcán, ambos en Quiché. Asimismo, dicho Congreso contó con los saludos de la Iglesia católica, la Iglesia presbiteriana, la MINUGUA, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Gobierno de Guatemala por medio de la Comisión Presidencial Coor-dinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPRE-DEH) y la USAC (MNDH, 2004).

Debido a múltiples causas, incluso internas, el MNDH terminó desapare-ciendo en tanto otras coaliciones menos abarcadoras surgieron, como la Conver-gencia de Organizaciones de Derechos Humanos, en la que coinciden entidades dedicadas a la defensa de derechos civiles y políticos.

Al final de esta relación histórica de las organizaciones que en Guatemala se han dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos cabe mencionar que no se ha incluido a organizaciones gremiales (sindicales y campesinas) porque han sido tema de capítulos específicos en este volumen. Su lucha es parte de la defensa de los derechos humanos.

educación en derechoS huManoS

Las primeras actividades de educación en derechos humanos en Guatemala se de-sarrollaron en 1987. En ese año, el CIEPRODH habría organizado en un parcela-miento de la costa sur un taller sobre el tema, Por otro lado, la CDHG organizó, en noviembre del mismo año, un taller que se realizó en San José, Costa Rica, con re-presentantes de distintas organizaciones sociales. Dirigida principalmente a líderes de organizaciones populares, el peso de esta actividad ha recaído en dos grandes espacios: la IPDH, como entidad del Estado que tiene el mandato constitucional de educar en derechos humanos, y las organizaciones no gubernamentales, incluidas aquéllas que tienen el respaldo de la Iglesia católica.

Como se mencionó, hasta hace poco tiempo las universidades han empezado a ocuparse del tema: tanto la universidad estatal (la USAC) como la Universidad Rafael Landívar (jesuita) tienen sendas maestrías en derechos humanos, dirigidas principalmente a juristas. Sin embargo, fue hasta el 2002 que el tema se introdujo en la formación de abogados en la USAC.

El Ministerio de Educación no ha incluido los derechos humanos en el pro-ceso educativo. Una reforma en este campo, una más entre las numerosas que se han impulsado sin éxito en el país, fue emprendida en 1998 como parte del

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cumplimiento de los Acuerdos de Paz. No obstante las propuestas de varias orga-nizaciones, el tema de derechos humanos no fue tomado en consideración como un contenido explícito, pues quedó invisibilizado en el gran tema “Vida en demo-cracia y cultura de paz”. Cabe mencionar que en diciembre de 2007 se aprobó por Acuerdo Gubernativo la Política Pública de Educación en Derechos Humanos, como resultado del esfuerzo de la COPREDEH.

A finales de 2007 fue aprobada la Política Nacional de Derechos Huma-nos 2006-2015, Acuerdo Gubernativo 552-2007, del 5 de diciembre de 2007, pro-puesta desde la COPREDEH. Se define como una política integral que aborda los derechos humanos desde la óptica de la interrelación de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y de desarrollo con una visión intercultural y con un enfoque de género (COPREDEH, 2005: 3). Asimismo, establece “parámetros que orienten las políticas de paz y seguridad y debe ser el horizonte de la gestión gubernamental y estatal en la tarea de construir y consolidar, como aspiración de la sociedad, una democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecencia [sic] del interés social” (COPREDEH: 2005, 3). La Política Nacional planteaba también que “la necesidad de la elaboración y ejecución de un programa de promoción y divulgación de los derechos humanos y del derecho in-ternacional humanitario debe ser un trabajo conjunto. Hay que cimentar, mediante proyectos pedagógicos, una cultura de paz y de los derechos humanos, que sea el soporte axiológico de una sociedad justa, pluricultural, ordenada y tolerante” (COPREDEH, 2005: 4).

En su cuerpo normativo, la Política Nacional establece que los principios son: integralidad, respeto, promoción, garantía, protección y defensa, derecho a la reparación, pluriculturalidad, interés superior de la niñez, equidad social y de gé-nero. Entre sus objetivos, establece claramente no sólo la promoción y garantía de los derechos humanos sino la promoción de la educación en derechos humanos y la promoción de procesos institucionales que permitan entender y atender las causas estructurales de la pobreza que atenta contra los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales en particular (COPREDEH, 2005: 8). En esa línea, la Política Nacional establece cinco lineamientos: educación en derechos hu-manos; protección y apoyo a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia y comunicadores sociales; fortalecimiento a la administración y aplicación de justicia; impulso a los derechos económicos, sociales y culturales; e impulso a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible y sustentable.

Esta política iría complementada con un Plan de Acción Nacional en De-rechos Humanos que la haría operativa. Sin embargo, la administración guberna-mental que la propuso no logró terminar el Plan de Acción, por lo que éste no tuvo continuidad y quedó sin completarse. La Política sí fue utilizada permanentemente para darle sustento a las acciones del Gobierno en materia de derechos humanos, especialmente desde la COPREDEH.

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No obstante que la educación en derechos humanos data ya de varios años, no se han realizado esfuerzos por sistematizarla. Al final del período que nos ocupa, en el año 2000, un equipo apoyado por el Fondo de Apoyo Democrático del Pro-yecto INCIDENCIA, ejecutado por Creative Associates International Inc. (CAII), realizó un diagnóstico. Entre 2003 y 2004 se propició un proceso de reflexión para definir una visión estratégica de la educación en derechos humanos en Guatemala, en el que participaron educadores(as) de la IPDH y de las organizaciones de dere-chos humanos de la sociedad civil.

En ambos espacios, que abarcaron la práctica educativa de años anteriores, se llegó a similares conclusiones, de las cuales rescato las siguientes:

a) No se tiene una visión estratégica de la educación en derechos humanos, pues no se ha respondido a la interrogante ¿para qué educar en derechos humanos en un país como Guatemala?

b) No hay preocupación epistemológica para identificar cómo debería ser el proceso de conocimiento que nos llevara a apropiarnos de los derechos humanos en un contexto como el guatemalteco.

c) El tallerismo ha sustituido a una verdadera práctica de educación popular en derechos humanos, no obstante se le asigna este adjetivo.

d) Los contenidos son en su mayoría jurídicos, en un país donde no se ha instalado el Estado de Derecho.

e) La cobertura es pobre, pues los esfuerzos se han centrado en el occidente del país (donde adquirió mayor fuerza el conflicto armado interno), excluyendo regiones completas como el oriente y el norte.

La educación en derechos humanos no ha respondido al desafío que le plan-tea una situación como la de Guatemala. Al final del período de estudio, esta prác-tica estaba en un punto de inflexión y corría el riesgo de ser abandonada por las organizaciones sociales en aras de otras líneas de trabajo, como la incidencia en políticas públicas, con el argumento de que lo realizado hasta entonces en el cam-po educativo no había tenido un impacto positivo, en lugar de dar continuidad a la reflexión para dar un nuevo significado a la educación en derechos humanos.12

El tema de los fundamentos ha sido escasamente abordado en los procesos de educación en derechos humanos que, como se indicara en los resultados del diagnóstico realizado en el 2000, se ha concentrado en la dimensión jurídica de los derechos humanos, así como en la dimensión política, para fortalecer la exigencia al Estado del cumplimiento de sus deberes, de acuerdo con el derecho positivo, pero sin mayor análisis del mismo concepto de poder. Buena parte de la educación en derechos humanos se ha referido también para promover el quehacer de las organizaciones sociales.

En el caso de las Iglesias católica y evangélica, en cuyo seno también dis-minuyó la importancia de la educación en derechos humanos, se hizo énfasis en

12 Esta tendencia de no continuar con la práctica educativa parece haberse confirmado, pero se requeriría un estudio a fondo al respecto.

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la fundamentación iusnaturalista, que se expresa en el reconocimiento de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Basa la defensa de los derechos humanos en una lectura de numerosos pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que tuvo el mérito de generar un gran compromiso de religiosos y laicos con esta causa, sobre todo en el contexto del conflicto armado.

Entidades internacionales especializadas

Hay varios organismos internacionales, además de MINUGUA, que funcionan en Guatemala. En el marco del Sistema de Naciones Unidas se cuenta, desde hace muchos años, con oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha ejecutado varios proyectos y programas vinculados a los dere-chos humanos, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entidades que impulsan diversas acciones en el campo de los derechos humanos, la cultura y la niñez, respectivamente.

Después de intentar por varios años obtener la autorización de sucesivos gobiernos para operar en Guatemala, en 1989 se abrió una sede del Comité Interna-cional de la Cruz Roja (CICR), que tiene en su mandato la difusión de las normas del derecho internacional humanitario entre la sociedad, las fuerzas armadas y de seguridad y diversos sectores de la sociedad civil.

Las organizaciones internacionales han ofrecido capacitación en derechos humanos a las fuerzas armadas y de seguridad, para las cuales también han exis-tido programas especiales que se desarrollaron dentro de los servicios de asesoría proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Guatemala y la MINUGUA.

Entidades nacionales

En Guatemala, como en otros países, el trabajo de las ONG por los derechos hu-manos ha contribuido a la creación de entidades del Estado dedicadas a trabajar en el campo de derechos humanos.

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 marca un cambio en la visión jurídica del Estado guatemalteco en relación con los derechos humanos. Según interpretación de la Corte de Constitucionalidad, la recepción de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el derecho nacional

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se produce no por vía del Artículo 46 sino como consecuencia de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 44 que recoge el llamado principio numerus apertus en cuestión de derechos humanos, al disponer que no quedan excluidos otros dere-chos que, aunque no figuren expresamente en la Constitución, son inherentes a la persona humana. La Corte también estableció que la preeminencia de los tratados internacionales que recoge el Artículo 46 no puede ser parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o norma de carácter interno, sino solamente pre-ceptúa que si una norma ordinaria entra en conflicto con una norma internacional sobre derechos humanos, prevalecerá esta última (Gutiérrez, 2003).

Dicha Constitución también estableció la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH), mediante la cual se instaló el discurso de derechos hu-manos en el Estado. La IPDH tiene particular importancia, pues tiene rango consti-tucional, es decir que su creación está determinada por la Constitución promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 1985. La formación de esta institución respondió a la preocupación que la comunidad internacional había ma-nifestado por la situación de los derechos humanos y a la acción de las ONG que entonces existían y fue un hecho que ocurrió en toda la región centroamericana, relacionado con el proceso de pacificación.

Cabe mencionar que, cuando se estaba elaborando la ley específica para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 273 de la Constitución, relativa a la creación del Procurador de los Derechos Humanos, la CDHG entregó una pro-puesta de ley que fue rechazada por las amplias facultades que se daba a esta institución.

El Procurador es designado por uno de los poderes del Estado, el Congreso de la República, y opera como un magistrado de conciencia y comisionado del Congreso. Tiene el mandato de recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos, educar y sensibilizar a la población en materia de derechos humanos y supervisar a la administración pública, asumiendo, entre otras, las atribuciones de censurar públicamente los comportamientos contrarios a los derechos constitucio-nales y de promover acciones judiciales o administrativas en los casos proceden-tes. La institución llegó a tener un importante auge, tanto que un procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, fue designado por el Congreso como presidente de la República luego del golpe de Estado del entonces presidente Jor-ge Serrano Elías. Sin embargo, por falta de presupuesto y por el desgaste natural que sufre una institución cuyo mandato se limita a apelar a la conciencia de los funcionarios, el procurador parece estar perdiendo la capacidad de incidir en la ad-ministración pública en materia de derechos humanos. Según Roddy Brett (2006: 89-90), el GAM fue la primera organización que articuló acciones con la IPDH, utilizando la plataforma de denuncia que ésta ofrecía, como lo hicieron después CERJ y otros.

Existe además, de forma incipiente, una iniciativa dentro de las ONG de de-rechos humanos para modificar la Ley del Procurador a fin de que se establezca que

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éste no sea necesariamente abogado y que no requiera que se haya desempeñado en cargos públicos por muchos años. Esta iniciativa argumenta que el tema de los derechos humanos no es exclusivamente jurídico y que trabajar por largo tiempo en la burocracia estatal hace que una persona adquiera prácticas que pondrían en cuestionamiento su probidad para desempeñarse como procurador de los derechos humanos. Sin embargo, esto requiere de una reforma constitucional, algo que es difícil de lograr en Guatemala.

Otra entidad estatal es la COPREDEH. El antecedente de una instancia de derechos humanos en el interior del Organismo Ejecutivo surgió en 1987, por ini-ciativa del entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo. Su mandato inicial era contrarrestar, en el ámbito de las Naciones Unidas, las denuncias sobre la violación de derechos humanos de Guatemala. Tan importante era disminuir la presión inter-nacional que los funcionarios que prepararon el primer informe de esta comisión presidencial fueron condecorados por evitar, según reza el edicto, que se condena-ra a Guatemala en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el nombramiento de un relator especial.

En su forma actual, la COPREDEH, creada por la recomendación del doc-tor Christian Tomuschat, en su capacidad de relator de las Naciones Unidas para Guatemala, está vinculada a la Presidencia de la República, siendo un espacio interministerial que cuenta con un presupuesto específico, mayor que el del Pro-curador de los Derechos Humanos. Se hace cargo de la rendición de cuentas del Estado de Guatemala en el ámbito de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (antes la Comisión y ahora el Consejo) y del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, preparando los informes oficiales para los organismos especializados. Representan al Estado en los casos que se han ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la estrategia a partir de la instruc-ción presidencial de 2003 ha consistido en la búsqueda de soluciones amistosas entre el Estado y las víctimas, a partir de que el primero reconoció su responsabi-lidad internacional en las violaciones a derechos humanos y declaró la política de puertas abiertas a la supervisión de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.

El papel de Estados Unidos en cuanto a los derechos humanos en Guatemala

Al abordar el tema de la defensa de los derechos humanos en Guatemala –así como su violación– no puede dejar de hacerse referencia al papel que tuvo Estados Uni-dos en la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

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Desde principios de los años setenta, la política de apoyo a las fuerzas ar-madas guatemaltecas fue cuestionada en círculos académicos y de prensa, mien-tras que la preocupación por la situación de los derechos humanos en el país apenas surgía. ya en 1971 se llevó a cabo la primera investigación del Senado estadounidense y como resultado se criticó el apoyo del presidente Richard Ni-xon al régimen del general Carlos Manuel Arana Osorio, calificando su actuación como “terrorismo de Estado”. Según algunos analistas, un informe preparado para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado tuvo influencia en la posterior im-posición de restricciones, en materia de derechos humanos, a la asistencia militar (Fajardo et al., 1997: 177-190).

El gobierno de Nixon, empero, siguió apoyando económica y militarmente a Guatemala, por consideraciones estratégicas y políticas que fueron cuestionadas años más tarde. Gerald Ford, sucesor de Nixon, mantuvo sin problemas la coope-ración hacia Guatemala por lo menos durante los dos primeros años del gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, a pesar de que en 1974 ya se había modificado la Ley de Ayuda Extranjera de Estados Unidos que prohibía la ayuda militar a países que violaran los derechos humanos.

Ese mismo año se realizó la primera audiencia en el Congreso dedicada a examinar la situación de los derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Ni-caragua y su implicación en la política exterior de Estados Unidos, lo que generó severas críticas al gobierno de Ford. En dicha oportunidad se cuestionó concreta-mente la participación directa de asesores y militares estadounidenses en Guatemala.

En abril de 1977 se publicó el primer informe del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en los países destinatarios de la ayuda militar. Laugerud García renunció a dicha ayuda, lo que no afectó de inmediato las ventas militares y comerciales ni el desembolso de donaciones aprobadas previa-mente en ayuda militar.

La legislación emitida en materia de ayuda militar se aplicó hasta los pri-meros meses del gobierno de James Carter, interesado en promover los derechos humanos. En el caso de Guatemala, la ayuda militar fue mermando hasta que, en 1978, Carter no solicitó al Congreso estadounidense fondos para el programa de ventas militares para Guatemala, sino sólo ayuda para el programa de entre-namiento militar. Después de los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, el Congreso suspendió el programa de entrenamiento militar. De igual forma, las ventas comerciales fueron suspendidas en 1980, después de la que-ma de la Embajada de España.

Según Susanne Jonas (2000), a finales de los años setenta y principios de los ochenta las relaciones de Estados Unidos con el Ejército de Guatemala habían cambiado. Esto se debió al síndrome de Vietnam y al surgimiento de políticas de derechos humanos que influyeron en la política exterior estadounidense, en tanto

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que la reputación del Ejército guatemalteco hizo prácticamente imposible a Wash-ington apoyar abiertamente la campaña contrainsurgente entre 1981 y 1983.

La elección de Ronald Reagan generó ciertos cambios en la política de Es-tados Unidos hacia Guatemala pues, según Jonas, esta administración encontró en las visitas de funcionarios estadounidenses, en la colaboración con los planes contrainsurgentes y en la ayuda encubierta de la CIA las vías indirectas para apo-yar al Ejército de Guatemala.

El Gobierno estadounidense valoró positivamente ciertas decisiones del ré-gimen del general óscar Humberto Mejía Víctores, a quien correspondió iniciar la etapa de la institucionalización en el país, parte de lo cual fue una ofensiva diplomá-tica en Washington, dirigida al Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Se-guridad, senadores y congresistas de los dos partidos políticos, académicos y grupos de presión. La persistencia de la violación a los derechos humanos impidió, sin em-bargo, que la ayuda estadounidense fuera mayor para el régimen de Mejía Víctores.

Un nuevo cambio de la política de Estados Unidos hacia Guatemala lo cons-tituyó la elección del licenciado Vinicio Cerezo Arévalo, pues hubo un incremento considerable de la ayuda económica y, aunque en menor grado, también aumentó la ayuda militar, a pesar de la “política de neutralidad activa” que asumió la admi-nistración de Cerezo Arévalo, que daba continuidad a la seguida por su antecesor, Mejía Víctores, en relación con el conflicto centroamericano. Jonas (2000) sostie-ne que Estados Unidos mantuvo desde principios de los años ochenta una política de mensajes duales, pues mientras la ayuda militar abierta era modesta, se cana-lizaron cientos de millones de dólares por medio de fondos de apoyo económico, que era una forma disfrazada de ayuda de seguridad en tanto que liberó fondos locales para la contrainsurgencia. Así, la ayuda militar abierta fue sustituida secre-tamente por fondos de la CIA.

En los años noventa, la desaparición de la Unión Soviética y el cambio en la correlación de fuerzas, hechos de los que Estados Unidos salió fortalecido como superpotencia militar y económica, generó una nueva posición hacia Guatemala. De esta cuenta, la política exterior estadounidense se dedicó a apoyar el fin del conflicto armado interno, en el que tanta participación había tenido.

Jonas (2000) señaló que el hecho de que Estados Unidos haya sido uno de los miembros del Grupo de Países Amigos del proceso de negociaciones fue importante, ya que implícitamente se reconocía la legitimidad de la URNG como parte de dicho proceso. Además, destacó que este país siguió siendo el único actor internacional con influencia suficiente para presionar a favor de la desmilita-rización, aunque nunca exigió la abolición de las patrullas de autodefensa civil y siguió defendiendo a Guatemala en ámbitos como la Comisión de Derechos Hu-manos de las Naciones Unidas.

En un encuentro con representantes de la sociedad civil guatemalteca, en marzo de 1999, poco después de que se presentara el informe de la CEH, el

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presidente estadounidense Bill Clinton admitió el apoyo dado por Estados Unidos a las fuerzas militares o unidades de inteligencia que participaron en la represión y reconoció que esto fue una equivocación.

Al examinar el papel significativo que tuvo Estados Unidos en la política estatal de violación a los derechos humanos en Guatemala y también en la defensa de los derechos humanos, sobre todo a partir de la administración Carter, es ne-cesario distinguir entre la política oficial que, aunque haya sido dual en algunos momentos, como lo explica Jonas, fue de decidido apoyo al Gobierno y al Ejército guatemaltecos, y la posición que parte de la sociedad estadounidense tuvo hacia la defensa de los derechos humanos en Guatemala.

Así, el surgimiento de una corriente favorable a la causa de los derechos humanos, que con la administración Carter adquirió rasgos oficiales, contribuyó a la creación de un espacio propicio para la denuncia internacional de la violación de los derechos humanos en Guatemala. Esta denuncia fue apoyada por varias perso-nalidades y por ciertos sectores de la sociedad estadounidense, que en varias ciuda-des organizaron grupos de solidaridad, y por numerosas organizaciones no guber-namentales de derechos humanos que hicieron y siguen haciendo una importante contribución para el abordaje del caso de Guatemala en el Sistema Interamericano.

Los derechos humanos en el proceso de negociaciones de paz

El Acuerdo Global de Derechos Humanos fue firmado por el Gobierno de Gua-temala y la URNG el 29 de marzo de 1994, en México, en el marco del proceso de negociaciones para alcanzar la paz firme y duradera. Contiene un compromi-so general con los derechos humanos, medidas para fortalecer las instancias de protección de los derechos humanos (el Organismo Judicial, el procurador de los derechos humanos y el Ministerio Público) y un compromiso en contra de la impu-nidad –incluyendo la promoción, por parte del Gobierno, de modificaciones en el Código Penal para la tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, de las desapariciones forzadas o involuntarias, así como de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales.

De igual forma, se estableció el compromiso de que no existieran cuerpos de seguridad ilegales ni aparatos clandestinos y la regulación de la portación de ar-mas, garantías para las libertades de asociación y de movimiento –incluyendo que la IPDH verificara la voluntariedad en la participación en los comités voluntarios de defensa civil (PAC). También se estableció que la conscripción para el servi-cio militar obligatorio no debía ser forzada ni motivo de violación a los derechos humanos. Se determinaron garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos y que se investigarían denun-cias relativas a actos o amenazas que los pudieren afectar; se reconoció que era un

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deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como la necesidad de erradicar los sufrimientos de la población civil y de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes hu-bieran quedado fuera de combate, sin que ello constituyera un acuerdo especial, en los términos del artículo 3 (común), numeral 2, párrafo 2, de los Convenios de Ginebra de 1949.

El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos estableció solicitar al secreta-rio general de la Organización de las Naciones Unidas la creación de una misión de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo (la MINUGUA). Además de definir sus funciones y facultades, determinó que en la verificación de la observancia de los derechos humanos la misión otor-garía particular atención a los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de la persona, a la libertad individual, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la libertad de asociación y a los derechos políticos. Se acordó también que la verificación internacional debía contribuir a fortalecer los mecanismos constitucionales permanentes y a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales de protección de los derechos humanos. Se especi-ficó que la misión de verificación internacional debía empezar antes de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y que el Acuerdo Global entraría en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes y formaría parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Cabe destacar la especial relevancia que tuvo el tema de los derechos huma-nos en el proceso de negociación del fin del conflicto armado, pues este Acuerdo fue el único que entró en vigor al momento de su firma sin tener que esperar a que se firmara el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, mediante el cual entraron en vigencia todos los demás acuerdos. Ello se debió a la necesidad de contener las violaciones a los derechos humanos y crear un espacio favorable, tanto nacional como internacionalmente, para las negociaciones, a lo que también contribuyó el establecimiento de la MINUGUA.

Si bien fue la Comisión Política Diplomática de la URNG la que formal-mente aportó a la formulación de este Acuerdo, la CDHG y la RUOG ofrecieron elementos sobre los derechos humanos y sobre la misión de verificación, respecti-vamente, que debían incluirse.

Dado que uno de sus objetivos principales era contener las violaciones a los de rechos humanos, figuran en el Acuerdo aquellos derechos civiles y políticos que eran violados gravemente, lo que debía ser atendido de forma especial por la misión de verificación. Por ello, el Acuerdo de Paz –aquí nombrado en singular, en el entendido de que está conformado por todos los acuerdos– expone una visión fragmentada de los derechos humanos; cada uno de los acuerdos los contiene, pero no se logró posteriormente establecer su interrelación e interdependencia concep-tual y práctica.

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En el Acuerdo Global, en el artículo IX, referido a derechos humanos y en-frentamiento armado interno, las partes reconocen la necesidad de erradicar los su-frimientos de la población civil y de respetar los derechos humanos de los heridos, capturados y de quienes quedaron fuera de combate y se indica, en el numeral 2, que “Estas declaraciones de las Partes no constituyen un acuerdo especial”, en los términos del artículo 3 (común), numeral 2, párrafo 2, de los Convenios de Ginebra de 1949. El uso del término “enfrentamiento” en vez de “conflicto” armado interno pudo no ser producto del azar sino el reflejo de la decisión política del Estado de seguir negando, como lo había hecho a lo largo de la historia, la existencia de un conflicto armado, justificando así la no aplicación de las normas del Derecho Inter-nacional Humanitario, contenidas en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos Adicionales. Guatemala es signataria de dichos convenios desde el 14 de mayo de 1952 y del Protocolo Adicional II desde el 19 de octubre de 1987.13

El artículo 3 (común) a los cuatro Convenios de Ginebra es aplicable a los conflictos no internacionales y establece que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, ciertas disposiciones. El campo de aplicación de este artículo debe ser tan vasto como sea posible y no limita el derecho de represión del Estado ni proporciona ningún aumento de poder a los rebeldes, en este caso a la URNG, pues lo que pide el artículo es la aplicación incondicional de normas esenciales para todos los países civilizados, considerando que ningún gobierno podría sentir-se molesto por aplicarlas a sus adversarios internos, sea cual fuere la denominación del conflicto.

El acuerdo especial al que se refiere el artículo IX del Acuerdo Global de De-rechos Humanos alude a que el artículo 3 (común) establece que, en determinadas circunstancias, las Partes harán lo posible por hacer acuerdos especiales para soco-rrer a las víctimas, lo cual no implica un reconocimiento implícito de la existencia legal y del estatuto de beligerante del grupo rebelde.

“El hecho de aplicar el artículo 3 no constituye en sí mismo, por parte de un Gobier-no legal, ningún reconocimiento de poder alguno a la parte adversa; no limita de ningún modo su derecho –que le confiere su propia ley– a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada a su derecho a per-seguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de con-formidad con la propia ley. De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad.”14

13 Véase <http://www.icrc.org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf>.

14 “Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”, por Jean Pictet, 01-11-1998. Tomado de Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos ar-mados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR-Plaza

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Los términos del Acuerdo Global de Derechos Humanos reflejan que, en aras de no reconocer beligerancia a la URNG, el Gobierno se negó a reconocer la existencia de un conflicto armado y a aplicar estas normas mínimas de carácter humanitario, incluso cuando aplicarlas y aún establecer un acuerdo para respetar a las víctimas no habría implicado dicho reconocimiento de beligerancia. En 1994 ya había pasado la fase más cruenta del conflicto, en la que no se aplicaron estas normas; el Acuerdo en cuestión formaliza la negativa a aplicarlas.

Por otro lado, también hay que indicar que casi ninguna organización de derechos humanos denunció la violación de las normas del derecho internacional humanitario, lo que pudo deberse al desconocimiento de esta rama del Derecho In-ternacional y a que si bien en el ámbito internacional la conciencia de la existencia del conflicto armado en Guatemala y de que en ese conflicto se estaban violando dichas normas surgió desde inicios de los años ochenta, la población no lo advirtió sino hasta cuando la posibilidad de la negociación se fue definiendo con mayor claridad, a principios de los años noventa, aunque los esfuerzos en esta línea hayan iniciado en 1987 con Esquipulas II.

Ataques contra defensores de derechos humanos

Dado que la defensa de los derechos humanos ha contenido un cuestionamiento al statu quo, como se expondrá más adelante, ésta no ha sido gratuita, pues Gua-temala figura, como en otras trágicas estadísticas, como uno de los Estados en donde mayor represión han sufrido los defensores de derechos humanos, antes y después de que se iniciara la transición hacia la democracia, a mediados de los años ochenta.

Como se indicó, no obstante los derechos humanos no han sido preocupa-ción del gremio de abogados como tal, pues la defensa se asumió como una voca-ción individual, es importante mencionar que miembros de la Facultad de Cien-cias Jurídicas y Sociales de la USAC fueron los más atacados entre 1954 y 1996, período en el cual se registraron noventa y tres casos, entre ellos el de Edmundo Guerra Theilheimer, que laboraba en el Bufete Popular (Kobrak, s.f.). Por otro lado, es importante señalar las diversas formas en las que quienes han defendido los derechos humanos han sido atacados. Podemos mencionar al secretario gene-ral de la AEU y estudiante de ciencias económicas, Oliverio Castañeda de León, quien fue abatido a balazos a una cuadra del Palacio Nacional, después de dar un discurso en la manifestación del 20 de octubre de 1978. Asimismo, el estudiante de derecho Antonio Estuardo Ciani García, quien había sucedido a Castañeda de León en la dirección de la AEU y apoyaba el trabajo del Comité de Familiares de

& Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998. En <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm>.

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Desaparecidos, fue desaparecido el 6 de noviembre de ese mismo año. La USAC cuenta entre sus estudiantes, docentes y trabajadores administrativos una larga lista de dirigentes y activistas defensores de derechos humanos que fueron víctimas de la represión y la intolerancia gubernamental.

Otros gremios también fueron atacados, como el de periodistas. Entre otros tantos, se pueden mencionar los casos de Irma Flaquer, Marco Antonio Cacao Mu-ñoz, Julio César de la Roca, Humberto González Juárez, Mario Monterroso Armas, Manuel René Polanco Salguero, Mario Mujía Córdova y Belte Villatoro.

Quienes defendieron los derechos humanos desde el extranjero vieron pro-longado su exilio por dedicarse a esta causa, con todas las consecuencias que vivir involuntariamente en un país que no es el propio conlleva. Muchos de quienes lo hicieron desde Guatemala fueron muertos o desaparecidos o vivieron bajo cons-tantes amenazas personales o hacia sus familiares, convirtiéndose así en una nueva categoría de víctimas, pese a que su actividad estaba respaldada en el Artículo 45 de la Constitución de 1985. Esto se debió, entre otras cosas, al hecho de que las personas y grupos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, independientemente de si tenían o no vínculos con la izquierda, fueron incluidos en la extensa lista de “enemigos”, lo que justificó, desde la perspectiva del Estado, los ataques contra ellos.

El gobierno de Alfonso Portillo (2000-2003) introdujo una práctica muy diferente a la de sus antecesores, comenzando a incluir dentro de su gobierno a personas reconocidas por su trabajo en el campo de los derechos humanos como funcionarios del gobierno.

A fin de configurar la defensa del derecho a defender los derechos y velar porque el Estado cumpla con la obligación de proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, en el interior del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos surgió la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Esta organización se ha dedicado a atender y apoyar a los defensores(as) víctimas de ataques o amenazas y a analizar este fenómeno, formalizándose como ONG en 2008.

Los prejuicios en torno a los derechos humanos

Los derechos humanos son equívocos, es decir, se pueden interpretar en varios sentidos y dar ocasión a juicios diversos, pues no obstante tienen aspiración de universalidad, hay múltiples versiones, muchas formas de interpretarlos y de tra-ducirlos. A partir de estas múltiples versiones se tejen muchos prejuicios sobre los derechos humanos –recordando que prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar: juzgar las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento o tener una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.

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Los prejuicios respecto de los derechos humanos se extienden a diversos sec-tores de la población, pues cada uno tiene su propia versión. Sin embargo, aún no se han realizado investigaciones sobre el tema ni siquiera por parte de las mismas organizaciones dedicadas a su defensa y promoción, las cuales parecen obviar esta situación que, sin embargo, afecta su trabajo. El problema ha sido abordado apenas en un material educativo (PDH-PDHR/USAID, 2004) que enumera algunos de estos prejuicios, recogidos en el marco de una serie de talleres con educadores(as) en derechos humanos. A continuación se señalan algunos de dichos prejuicios, apuntando algunas de sus causas:

1. Los derechos humanos defienden a los delincuentes; como reacción a la lu-cha contra la pena de muerte y la aplicación del debido proceso en un con-texto donde imperan la delincuencia y la inseguridad.

2. Los derechos humanos amenazan a la familia; como reacción a la lucha por los derechos de las mujeres, de la niñez y la juventud en el marco de una cultura patriarcal y autoritaria.

3. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas provocaría la división de Guatemala; obviando que de todas maneras la sociedad está dividida por la exclusión social y la discriminación.

4. Se habla mucho de derechos pero nada de los deberes, lo que fomenta la irresponsabilidad; debido a que la educación en derechos humanos no ha incluido los deberes como contraparte de los derechos.

5. Los derechos humanos son politiquería; lo que se relaciona con el despresti-gio que el quehacer político y los partidos políticos tienen en el país.

6. Los derechos humanos son muy bonitos pero no pueden aplicarse; que re-fleja la carencia de una pedagogía que combine la formación en derechos humanos con la toma de autoconciencia y la organización de la población para su ejercicio.

7. Los derechos humanos son de la guerrilla; idea que retoma un hecho histó-rico para desvirtuarlos y deslegitimar a sus defensores, pues en Guatemala, como en otros países de América Latina, fue la izquierda la que puso en la agenda nacional e internacional el problema de la violación a los derechos humanos.

8. Los derechos humanos no tienen nada que ver con los valores de la sociedad guatemalteca ni con los valores de la cultura maya; lo que se debe al des-conocimiento de los valores que fundamentan los derechos humanos y de la cultura de la población indígena.

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La defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Guatemala

La defensa y promoción de los derechos humanos incidió en el proceso de tran-sición a la democracia en Guatemala, una “transición desde arriba” (McLeary, 1999), en la que las élites económicas y militares negociaron los términos, sin romper decisivamente con el pasado. Esto habría sido superado, según la autora, con el acuerdo que dichas élites hicieron en junio de 1993, en el cual las relaciones entre ellas se redefinieron, coincidiendo en la necesidad de que funcionaran las instituciones democráticas.

Cabe recordar que desde 1985, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se entró a una etapa de construcción de la democracia, entendida como régimen político. Se emitió la Constitución Política de la República de Gua-temala que entró en vigor en enero de 1986. Se convocó a elecciones generales, un gobierno civil tomó el poder en esa misma fecha y empezaron a funcionar nue-vamente los tres poderes del Estado. Así, desde entonces, con excepción del auto-golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en mayo de 1993, se cuenta con gobiernos civiles, electos según las normas de la democracia, así como con partidos políticos que no han logrado la confianza de la población, siendo, al final del período de estudio, las instituciones que tenían el más bajo nivel de apoyo (ASIES, 2002).

Parte de esta transición incluye también un mayor espacio para la libre emi-sión del pensamiento y la organización social, así como el dinamismo de ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, como los indígenas y las mujeres, cuya situa-ción estuvo totalmente invisibilizada en años anteriores. Una organización como la CONAVIGUA tuvo impacto no sólo en el campo de los derechos humanos sino en el de género; a fines de los años ochenta era impensable que una de sus integrantes sería congresista.

La acción de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos fue uno de los elementos que contribuyó a la transición a la democracia en Guatemala y el posterior cese del conflicto armado. En este proceso incidieron, por supuesto, factores como el cambio de la correlación de fuerzas en el contexto mundial y la presión internacional, la que se generó, justamente, por la acción de las organiza-ciones de derechos humanos. Se expresó también que el hecho de que haya vigen-cia de ciertos derechos humanos, después de una reiterada historia de violación de éstos, es ya un cambio.

La lucha por los derechos humanos ayudó a la creación de espacios políti-cos, posibilitó la relación entre diversos niveles de la sociedad y contribuyó a la formación de otras expresiones del movimiento social que se vinculan a aspectos específicos de los derechos humanos, como el movimiento por los derechos de las mujeres o de los indígenas. De igual forma, la vigencia de ciertas garantías –aunque no totales–, una mayor libertad de expresión, el hecho de que el Ejérci-to de Guatemala debiera sujetarse a nuevos comportamientos, la firma de ciertos

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instrumentos internacionales de derechos humanos, el reconocimiento de la com-petencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que abre las puertas para que se procese al Estado por violaciones de éstos– y los cambios en el proceso penal eran indicadores de algunas transformaciones generadas por la lucha por los derechos humanos a principios del siglo XXI, aunque queda pendiente el cambio cultural que sostenga las normas e instituciones creadas por el derecho.

El tratamiento del caso de Guatemala en el ámbito de las Naciones Unidas

Como ya se señaló, es por la acción de las organizaciones sociales, entre ellas las dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, que el caso de Gua-temala se ha tratado en el ámbito del Sistema de Naciones Unidas. En el país se ha contado con la presencia de representantes de varios mecanismos extraconven-cionales, como representantes especiales, relatores especiales y expertos indepen-dientes para Guatemala, que en su momento fueron nombrados por la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos,15 los grupos de trabajo establecidos en el marco de estos órganos y los representantes especiales del secretario general. Guatemala fue objeto de estudio desde este tipo de mecanismos desde 1982 hasta 1997. Pos-teriormente se desarrolló la presencia de representantes de mecanismos temáticos que supervisan el grado de respeto y protección que ejerce el Estado respecto a los derechos humanos.

Paralelamente, y por medio del secretario general y de sus representantes, las Naciones Unidas también han desempeñado un importante papel mediante mi-siones u oficinas con un mandato específico en materia de derechos humanos en el terreno, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), instalada por mandato del Acuerdo Global de Derechos Humanos, y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que desde 1996 hasta el 2000 realizó capacitación técni-ca en materia de derechos humanos.

Los mecanismos extraconvencionales son los que se establecieron fuera del marco de los tratados internacionales específicos, particularmente por la CDH,16 y

15 Anteriormente Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías.16 La Comisión de Derechos Humanos fue el órgano principal de las Naciones Unidas en materia

de derechos humanos. Fue establecida en 1946 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), del cual dependía y que a su vez es un órgano de la Asamblea General. Fue un órgano político cuyos miembros actuaban como representantes de Estados miembros de la ONU. A partir de la reforma del sistema se modificó toda la estructura de las Naciones Unidas para verificar el respeto de los derechos humanos. Véase “Aplicación de la Declaración del Milenio. Informe del Secretario General” (A/58/323), 2 de septiembre de 2003.

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pueden referirse a países o ser de carácter temático, formando parte de los “proce-dimientos especiales” de la CDH.17

El relator especial por país se crea con el objetivo de vigilar y recoger in-formación sobre la situación de los derechos humanos en un Estado específico. La CDH de la ONU llevaba considerando la situación de los derechos humanos en Guatemala desde que celebró su 35º período de sesiones en 1979, al recibir dife-rentes informes sobre terrorismo de Estado y ubicó por varios años a Guatemala en el Renglón 12 de la agenda, correspondiente a países que violan sistemáticamente los derechos humanos.

A su vez, la Secretaría General elaboró un estudio sobre Guatemala en 1981 y posteriormente se autorizaron los estudios en profundidad de un relator especial, el vizconde Colville de Culrose,18 de 1982 a 1985, mientras que otros expertos in-dependientes realizaron un estudio con base en la información de la Secretaría so-bre Guatemala en 1986.19 Por ejemplo, en 1983 se designó un relator especial con el mandato de hacer un minucioso estudio de la situación de los derechos humanos en Guatemala. Posteriormente, en 1986, la CDH sustituyó este puesto por el de un representante especial, cuyo mandato consistía en recibir y evaluar información del Gobierno acerca de la aplicación de la nueva legislación promulgada con el objeto de proteger los derechos humanos.

En 1987, a petición de la CDH, el secretario general de las Naciones Unidas designó al uruguayo Héctor Gross Spiel como experto asesor para Guatemala. Gross Spiel desempeñó el cargo desde el 24 de junio de 1987 hasta marzo de 1990, período durante el cual presentó tres informes a la CDH; su mandato era ayudar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos humanos. En 1990 se nombró a un experto independiente, el jurista alemán Christian Tomuschat, quien desempeñó el cargo desde julio de 1990 hasta junio de 1993, con el mandato de examinar la situación de los derechos humanos y continuar prestando ayuda al Gobierno en este ámbito. En 1993, Guatemala seguía figurando en el Renglón 19. Se nombró a la experta asesora independiente argen-tina Mónica Pinto, quien estuvo en el cargo hasta marzo de 1997, y que presentó cuatro informes durante su período. Algunas de las recomendaciones de los exper-tos independientes han sido tomadas en cuenta por el Estado de Guatemala, como la creación de COPREDEH, cuya instalación se debió a una recomendación del doctor Tomuschat, como se señaló oportunamente, para ser el órgano encargado de coordinar la información, de hecho y de derecho, necesaria para elaborar los informes periódicos previstos en los tratados de los que Guatemala es parte.

17 Para una relación detallada del tratamiento del caso de Guatemala en los mecanismos extracon-vencionales de las Naciones Unidas, véase García Blas, 2005.

18 El inglés vizconde Colville de Culrose, hasta marzo de 1985.19 Regreso a un gobierno civil, después de más de tres décadas de gobiernos militares, con el

presidente Vinicio Cerezo Arévalo, de la Democracia Cristiana (DC). El país ocupaba entonces el Renglón 19, correspondiente a los países que necesitan un servicio especial de asesoría para mejorar el respeto de los derechos humanos.

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Una misión a Guatemala conformada por Alberto Díaz Uribe, Diego García-Sayán e Yvon Le Bot llegó al país a finales de 1997 para analizar la evolución de la situación de los derechos humanos a la luz de la aplicación de los Acuerdos de Paz. La misión constató los avances y limitaciones, recomendando a la CDH que se siguiera notificando sobre la evolución del país en esta materia por medio de los informes periódicos de la MINUGUA. Finalmente, durante su sesión anual núme-ro 54 en 1998, la CDH dejó de examinar a Guatemala.

Así, Guatemala fue objeto de atención en el Sistema de Naciones Unidas du-rante diecinueve años, debido a la sistemática violación de los derechos humanos en el país. En este período se enmarcaron batallas diplomáticas, por un lado, para condenar al Estado de Guatemala, sobre todo por parte de la guerrilla, la URNG ayudada por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, y, por otro lado, el Gobierno que intentaba todo lo contrario. Dos años después de la firma de la paz, las partes firmantes coincidieron en promover ante la CDH el retiro de Guatemala de la lista de países violadores de los derechos humanos. Esto se pro-dujo el 14 de abril de 1998. Unos días más tarde, el 26 de abril, el obispo católico monseñor Juan Gerardi Conedera fue asesinado en la ciudad capital. El hecho fue calificado por la ODHAG como la ejecución extrajudicial del obispo derivada del informe presentado dos días antes. El juicio que se desarrolló posteriormente en los tribunales nacionales, llevó a la condena de un coronel en condición de reti-ro, un capitán en activo, un ex especialista del ejército y un sacerdote (quien era auxiliar de Monseñor Gerardi) a penas de entre 20 y 30 años de prisión, por la complicidad en el hecho.

Antes de 1980, la actividad del relator especial estaba vinculada a un área geográfica definida, fuera de la cual no estaba autorizado a investigar sobre viola-ciones similares de derechos humanos. A raíz de esta limitación, la CDH comenzó a utilizar el mecanismo del grupo de trabajo temático, que abarca las violaciones cometidas en cualquier parte del mundo, en relación con un tema específico, el pri-mero de los cuales fue el Grupo sobre Desapariciones Forzadas. Después le siguie-ron otros relatores especiales sobre una serie de temas importantes como la tortura, la discriminación racial, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión, etc. Los relatores temáticos, además de remitir informes anuales a la CDH, tienen en su mandato el derecho de visitar países específicos.

En Guatemala la presencia de relatores temáticos ha sido constante desde 1999. Por ejemplo, se contó con la visita de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños para la pornografía, Ofe-lia Calcetas Santos, del 19 al 30 de julio de 1999, así como la del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Param Coomaraswamy, del 16 al 26 de agosto de 1999 (quien realizó otra del 10 al 12 de mayo de 2001).20

20 Después del 2000 se han realizado visitas de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, del 26 mayo al 1 de junio de 2002; del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos

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El tratamiento del tema Guatemala en el Sistema Interamericano

Como se ha señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a abordar la situación de Guatemala en su 7º período de sesiones, rea-lizado en Chile en octubre 1963 (CIDH, 1964a) a partir de un informe elaborado por la AEU. En su 8ª sesión, el 14 de octubre de 1964, recibió el testimonio de un exilado (CIDH, 1964b). En su décimo tercer período de sesiones, del 18 al 28 de abril de 1966, planteó realizar una visita a Guatemala, en tanto que el 12 de abril había pedido información sobre la desaparición de varias personas (CIDH, 1966).

El hecho de que el Sistema Interamericano haya incluido en sus sesiones el caso de Guatemala muestra que hubo personas y grupos que desde entonces manejaban un concepto de derechos humanos y actuaban frente a organismos in-ternacionales.

El 13 de octubre de 1981, la CIDH emitió su primer informe sobre la si-tuación de los derechos humanos en el país. En él señaló que desde hacía varios años le venía dando seguimiento “con verdadera preocupación” a la situación, por “la generalizada violencia que viene sufriendo ese país y a la que”, según las propias expresiones de la CIDH, “no han sido ajenos los ‘agentes del Gobierno de Guatemala o personas que han contado con la aprobación o la tolerancia de éste’” (CIDH, 1981: Introducción, Antecedentes, punto 1).

Por tanto, la CIDH decidió en su trigésimo primer período de sesiones, ce-lebrado en octubre de 1973, “solicitar al Gobierno de Guatemala su anuencia para efectuar una observación in loco”. La respuesta del Gobierno fue muy clara, ne-gándose a aceptar la visita de la siguiente manera:

“GOBIERNO GUATEMALA RESPETA y GARANTIzA DERECHOS HU-MANOS y EN LA MISMA FORMA QUE RESPETA SOBERANÍA DEMÁS ESTADOS CUIDA CELOSAMENTE LA PROPIA. POR LO EXPRESADO POR ENCONTRARSE EL PAÍS EN PLENA ACTIVIDAD DEMOCRÁTICA PREELECTORAL, GUATEMALA NO DA ANUENCIA PARA VISITA CO-MISIóN, ESPECIALMENTE PORQUE PODRÍA PRESTARSE A POSIBLES TERGIVERSACIONES POR PARTIDOS POLÍTICOS EN PLENA CAMPAÑA ELECCIONES PRESIDENCIALES yA CONVOCADAS” (CIDH, 1981: Intro-ducción, Antecedentes, punto 2.

La CIDH continuó recibiendo denuncias y considerando el empeoramiento de la situación de derechos humanos, adoptando algunas resoluciones individua-les. Para finales de 1979, en su 48º período de sesiones (29 de noviembre a 14 de diciembre) decide hacer un informe y le notifica al Gobierno guatemalteco; éste respondió con una invitación a practicar una observación in loco. La carta del Gobierno guatemalteco decía que “ha quedado enterado, con complacencia, de la

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, del 1 al 11 de septiembre de 2002; y de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, yakin Ertürk, del 8 al 14 de febrero de 2004.

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intención de la Honorable Comisión […] de visitar Guatemala”. Asimismo, seña-laba que había recibido con beneplácito la noticia “el gobierno democrático de mi Patria, que no sólo respeta los derechos humanos universalmente reconocidos –y en Guatemala elevados a la categoría de preceptos constitucionales–, sino que ga-rantiza su disfrute y observancia” (CIDH, 1981: Introducción, Antecedentes, punto 4). En la misma carta, se sugiere que la CIDH se entreviste con todos los sectores, incluyendo poderes del Estado, empresarios, banqueros, etc., para que “el informe que elabore la Honorable Comisión […] sea un documento que contribuy[a] a encontrar soluciones en el proceso evolutivo” (CIDH, 1981: Introducción, Ante-cedentes, punto 4).

La Comisión Interamericana aceptó la invitación del gobierno guatemalteco de realizar una visita in loco y, en su 49º período de sesiones celebrado del 27 de marzo al 11 de abril de 1980, le pidió a su Secretario Ejecutivo que coordinara con el gobierno guatemalteco las fechas para la visita, la cual se propuso para finales de septiembre de 1980. El 13 de junio de 1980, el Vicepresidente expresó su com-placencia por la aceptación de la Comisión, pero también el gobierno expresó su preocupación por la seguridad de los miembros de la misma, rechazando la fecha que la CIDH proponía, porque “lamentablemente, se ha producido una escalada de violencia por parte de grupos subversivos estimulados desde el exterior por organi-zaciones sectarias que desconocen la realidad social de Guatemala” (CIDH, 1981: Introducción, Antecedentes, punto 7) y le dijo a la CIDH que oportunamente le sugerirían una fecha. Por su parte, la CIDH, reunida en su 50° período de sesiones, celebrado del 17 al 26 de noviembre de 1980, decidió insistir en la necesidad de que el gobierno guatemalteco fijara una fecha cierta para la realización de la visita. En nota de 3 de octubre de 1980, la Comisión señaló que “desearía recibir la con-testación de vuestro ilustrado Gobierno respecto de la fecha definitiva dentro de los próximos treinta días. (CIDH, 1981: Introducción, Antecedentes, punto 8) Guate-mala nunca respondió a esa nota, por lo que la CIDH intentó una nueva comunica-ción, pidiendo la visita para inicios de marzo de 1981 (CIDH, 1981: Introducción, Antecedentes, punto 9). Puesto que el Gobierno no respondió y no lograron una fecha de visita, la CIDH decidió emitir el Informe que presentó y aprobó en el 53º período de sesiones, celebrado entre el 22 de junio y el 2 de julio de 1981.

En dicho informe también se estableció que el Gobierno no presentó obser-vaciones al mismo y en su 54º período de sesiones, del 8 al 17 de octubre de 1981, la Comisión incorporó nuevos hechos preocupantes y formuló conclusiones donde responsabilizó al Gobierno de la violencia existente (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas). Además, emitió recomendaciones para la prevención, la finalización y el castigo por las graves violaciones a derechos humanos. Una de las recomendaciones fundamentales se relaciona con la justicia, sugiriéndole al Esta-do guatemalteco que reformara el Poder Judicial para que pudiera hacerse efectiva.

El segundo informe que la CIDH emitió sobre la situación de derechos hu-manos en Guatemala se refirió a los efectos del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, aunque retomó antecedentes que databan desde los años setenta. La CIDH

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retomó las recomendaciones emitidas y señaló que no sólo no se habían cumpli-do sino se había agravado la situación. Es interesante que en mayo de 1982 el Gobierno de Guatemala invitara a la CIDH a una visita al país, la cual se realizó en septiembre.

Así, la CIDH fue elaborando informes, como el de 1985, donde puso mucho énfasis en la situación de los desaparecidos, o el de 1993, con énfasis en la situa-ción de grupos desplazados y pueblos indígenas, y el de 1994, sobre las Comuni-dades de Población en Resistencia. El quinto informe (2001) se concentró en la situación de los Acuerdos de Paz, y el de 2003, el último emitido, sobre la situación de la justicia como un desafío para la democracia.

A lo largo del tiempo, el Sistema Interamericano de Protección de los Dere-chos Humanos, por medio de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, ha dado un estrecho seguimiento a la situación de violaciones a los de-rechos humanos, no sólo mediante los informes sino también del trámite de casos en la Comisión –y la promoción de acuerdos de solución amistosa y de cumpli-miento de recomendaciones–, como con los catorce casos en los que Guatemala ha sido condenada en la Corte Interamericana.

Hacia una valoración política de la defensa de los derechos humanos

Es en forma paulatina que la humanidad ha adquirido conciencia del valor de la de-fensa de los derechos humanos, fruto de una reflexión individual y colectiva sobre ciertos hechos que se convierten en signo de reconstrucción social. En el caso de Guatemala, la defensa y promoción de los derechos humanos ha sido un elemento para la reconstrucción social y para sentar las bases de lo que en un futuro podría ser una cultura de derechos humanos.

De otra manera, después de haber sido sometidos a una violación grave, constante y sistemática, las y los guatemaltecos estaríamos más subyugados y opri-midos. Las personas y las organizaciones que ha defendido y promovido los de-rechos humanos, aún sin saberlo, tienen un mérito histórico que no debe perderse de vista y que es coherente con un fenómeno universal: el reconocimiento de los derechos humanos desde el poder del Estado es fruto de la lucha de los pueblos y no una dádiva.

A partir de la descripción anterior, se tratará de arribar a algunas conclusio-nes sobre las características que esta práctica ha tenido en cuanto a iniciativa, tipo de derechos defendidos, tipo de acciones realizadas y composición de los grupos de derechos humanos. Para acercarse a una interpretación y una valoración de la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala, es oportuno referirse al contexto latinoamericano, pues los acontecimientos en nuestro país se asemejan a la experiencia de otros igualmente golpeados por la violación de derechos hu-manos, por lo que se retomarán algunos elementos del análisis (Castañeda, 1993).

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Los dirigentes de las organizaciones sociales se adscribían a un pensamiento de izquierda que coincidía con los de las organizaciones revolucionarias. La ins-trumentalización que se pudo hacer o no del movimiento popular es un tema que debería abordarse en el interior de las mismas organizaciones.

¿Quién tomó la iniciativa?

Las primeras iniciativas de la sociedad guatemalteca para organizarse alrededor del tema de los derechos humanos se ubican en la denuncia de las violaciones a principios de los años sesenta, en círculos universitarios sancarlistas. El primer informe sobre derechos humanos en Guatemala fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1963) y el segundo ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1968), ambos antecedentes de comités de familiares de desaparecidos y entidades como CIDCA. Por otro lado, uno de los primeros libros doctrinarios sobre derechos humanos (el de Cuevas del Cid, 1980) y el primer texto que intentaba explicar científicamente la violencia política (el de Aguilera Peralta et al., 1981) surgieron en el ámbito de la USAC, identificada en aquel tiempo con su mandato constitucional de cooperar en el estudio y solución de los problemas nacionales (Kobrak, s.f.). También fue en el espacio de la USAC desde donde se impulsaron los primeros esfuerzos por la búsqueda de detenidos-desaparecidos, desde las organizaciones de los años sesenta hasta el GAM (1984).

Se puede afirmar, pues, que la etapa inicial de la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala, al igual que ocurrió en América Latina, según lo señala Jorge Castañeda (1993), partió de los intelectuales, quienes tuvieron un importante papel en la lucha contra las dictaduras. Esta iniciativa quizá no estuvo basada en motivaciones propias sino en el hecho de que no hubo otros que asumie-ran ciertos papeles en esta situación, lo que se debía en parte a la debilidad de la sociedad civil característica de la región. Entre las preocupaciones de estos inte-lectuales estuvieron la democratización, los derechos humanos, las elecciones y la resistencia a los gobiernos autoritarios. También lograron una importante presión externa para contener la represión, lo que favoreció la transición a la democracia, tal y como ocurrió en Guatemala.

Muchos de estos intelectuales se ubicaban a la izquierda del espectro políti-co, que no partidario, en la que, en una definición amplia, se incluirían personas o grupos de personas que tratan de impulsar cambios profundos en un país, en be-neficio de los intereses de la mayoría de la población. De las corrientes históricas de la izquierda como tendencia política fue la socialdemocracia la que alcanzó un cierto desarrollo en Guatemala. Hubo una parte de esa izquierda que optó por la vía armada y otra que se inclinó por diversas formas de organización social –sindica-tos, asociaciones estudiantiles o de “pobladores”, agrupaciones campesinas, etc.–, sin que necesariamente existieran vínculos entre una y otra expresión.

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Aunque hubo divergencias entre las corrientes de la izquierda, pues un sec-tor descalificaba los derechos humanos por ubicarlos como una expresión de la ideología pequeño burguesa, finalmente hubo cierta coincidencia en cuanto a la preocupación por el tema entre el sector armado de la izquierda y la izquierda con-formada por todos aquéllos que de alguna manera criticaban el sistema y aspiraban a cambios económicos, políticos y sociales. En aquel entonces (finales de los años sesenta), la dimensión nacional e internacional del tema solamente pudo haber sido advertida por personas que, por su nivel de conocimientos y sus contactos con el mundo exterior –muchas veces conseguidos en el exilio– reconocieron el potencial de los derechos humanos como una forma de lucha contra los abusos de poder y como un cuestionamiento al statu quo, por lo que adquiría un carácter transforma-dor y por lo tanto revolucionario.

Según Roberto Garretón (1996), analizando la práctica de aquellos años, el surgimiento de las organizaciones de derechos humanos tuvo como uno de sus frutos permitirles a las víctimas y a los actores políticos una mayor identificación con la causa de los derechos humanos. Asimismo, explica que la lucha por la vida y la integridad física pasó rápidamente de la solidaridad a la ineludible dimensión política y luego a la reivindicación de la causa de la democracia, lo que visualiza como un paso natural.

No es casual, pues, que en el caso de Guatemala haya sido la izquierda la que elevó la defensa de los derechos humanos al nivel de opción política. Si bien el hecho de que la izquierda asumiera la defensa de los derechos humanos significa un mérito, también ha contribuido a que en el imaginario social el tema tenga una carga negativa, pues en un Estado y en una sociedad tan poco plurales y tan con-servadores como en el caso de Guatemala, este origen ha hecho que la defensa de los derechos humanos se deslegitime y descalifique. Ello también explica por qué las personas y grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos, indepen-dientemente de si estuvieran o no relacionados con la izquierda y de la naturaleza de su trabajo, fueran uno de los blancos de la represión estatal.

Por otro lado, queda la interrogante de si el surgimiento de la lucha por los derechos humanos desde la izquierda, como arma política para deslegitimar al Estado, ha impedido una verdadera apropiación social del tema en toda su integri-dad y que se corra el riesgo de que haya constituido un tema de moda, que ha sido desplazado por otros como incidencia, transparencia, gobernabilidad, poder local, que no son vistos con un enfoque de derechos humanos.

En aras de disminuir el costo político que le pudieran haber acarreado a la insurgencia eventuales juicios por violaciones del derecho internacional humanita-rio y de derechos humanos y para no afectar la firma del Acuerdo de Paz, la URNG promovió y negoció una amnistía por medio de la Ley de Reconciliación relacio-nada con el Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego (Oslo, 4 de diciembre de 1996). La Ley de Reconciliación (Decreto No. 145-1996 Ley de Reconcilia-ción del 27 de diciembre de 1996) fue profundamente cuestionada por sectores

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sociales21 que lograron que no se incluyeran las violaciones graves a los derechos humanos que son imprescriptibles según el Derecho Internacional ni las violacio-nes al Derecho Internacional Humanitario (Artículo 8). La firma de este acuerdo puede interpretarse como el abandono de la causa de los derechos humanos por parte de la izquierda armada, corriente que había logrado el Acuerdo Global de Derechos Humanos. La URNG, ahora convertida en partido político, tampoco ha mantenido interés en el tema.

La organización para enfrentar la práctica de la desaparición forzada o invo-luntaria podría deberse a que ésta fue una de las primeras expresiones de la política violatoria de los derechos humanos en Guatemala y a los efectos sicológicos que ella produce en los familiares de las víctimas. La defensa de derechos humanos a partir de grupos integrados por familiares de víctimas o víctimas directas de la represión representa un salto en el movimiento social en este campo. Destaca el hecho de que estos grupos, si bien fueron iniciados por mujeres mestizas, estu-vieron conformados mayoritariamente por mujeres indígenas, muchas dedicadas a los oficios tradicionales en el área rural y de poca escolaridad. Esto les impuso enormes dificultades para realizar su trabajo, pero es a la vez su mérito histórico, pues siguieron abriendo el espacio para la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.

Personas vinculadas a las iglesias también impulsaron la defensa sistemática de los derechos humanos mediante espacios como el Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala, que trabajó primero en el interior de Guatemala y luego en el exilio. En los años noventa, en la Iglesia católica, a iniciativa del Arzobispado de Guate-mala, se creó la ODHAG, mientras que la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (CIEDEG) conformó lo que fue el Programa de Derechos Humanos.

En síntesis, han sido organizaciones de la sociedad civil y sectores de las Iglesias católica y evangélica quienes han asumido la defensa y promoción de los derechos humanos. Dada la inexistencia de una oposición política partidaria en Guatemala, donde los partidos se han movido entre el centro y la derecha, las or-ganizaciones de derechos humanos constituyeron la oposición política en los años que nos ocupan.

Como gremio, los abogados, siendo quienes por su profesión habrían estado más afines a la defensa de los derechos humanos, hasta hace poco empezaron a preocuparse por trabajar en defensa de los derechos humanos, pues en la etapa más dura de la represión la participación de los profesionales del derecho se realizó a título personal. Cabe mencionar que el tema de derechos humanos forma parte del pensum estudios apenas desde 2002. Es decir que la defensa de los derechos hu-manos no empezó como una defensa legal ni a partir de un conocimiento jurídico del tema, sino como una lucha política que expresaba una conciencia de desarrollo de la noción de dignidad. Incluso en los años sesenta y setenta que se utilizaron los

21 Dichos sectores sociales conformaron posteriormente la Alianza contra la Impunidad en 1996.

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habeas corpus, ya se hacía con la “conciencia” de que no iban a funcionar. Hay que recordar que el Estado de Derecho dejó de funcionar prácticamente durante todo el tiempo del conflicto armado interno.

Los partidos políticos no han mostrado una preocupación articulada por el tema. Reconociendo que el asunto de los derechos humanos es eminentemente político pero que ningún partido puede arrogárselo, dado su carácter universal, desde una visión integral, toda política respecto de las mujeres, la alimentación, el ambiente, la niñez y juventud, la vivienda, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad o la justicia penal, tiene un contenido de derechos humanos. Los partidos políticos deberían constituir el canal de intermediación entre la ciudadanía y el poder político para impulsar legislación sobre estos temas con un enfoque de derechos humanos.

Con los años, ocurriría en Guatemala lo que aconteció en otros países de América Latina, pues hubo cooptación, por parte de diversos gobiernos, de per-sonas que alcanzaron gran prestigio nacional e internacional por su análisis de la problemática de los derechos humanos. En Guatemala, líderes conocidos de orga-nizaciones de derechos humanos, en efecto, pasaron de estas expresiones de movi-miento popular a la dirigencia del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) que los colocó en el Congreso de la República, aunque pareciera que éste fue un desplazamiento individual y no de las organizaciones en su conjunto.

Castañeda (1993) expresa también que, en las transiciones a la democracia por la que lucharon, los movimientos sociales no pudieron mantener el impulso y el simbolismo que tuvieron bajo los regímenes militares y varios de ellos se agru-paron en entidades de la “sociedad política”, partidos o gobiernos locales, pues, sin la conexión electoral y la asociación con los partidos, los movimientos estarían condenados a desaparecer cuando desaparecieron las circunstancias que los hicie-ron surgir, lo que reclama la necesidad de enriquecer la propuesta.

Derechos defendidos

Dado que fueron los derechos civiles y políticos los más gravemente violados en el contexto del conflicto armado no internacional, se ha defendido en forma priori-taria este tipo de derechos, como ocurrió en otros países de América Latina, donde los esfuerzos se concentraron en la denuncia y defensa de estos mismos derechos.

En el período del que se ocupa este estudio, los derechos económicos, so-ciales y culturales fueron dejados en un segundo plano. A pesar de que los sindica-tos y organizaciones campesinas (cuya lucha se recoge en otros capítulos de este estudio) han defendido estos derechos, no han planteado sus reivindicaciones en términos de derechos humanos.

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Como consecuencia de lo anterior y pese a que en general se reconoce la interdependencia de los derechos humanos, la visión en esa época se restringió a los derechos civiles y políticos; recientemente se ha instalado la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya violación está en la base de la violación de los derechos civiles y políticos, pero no se ha logrado una estrategia articulada. Una vez disminuyó la represión y cambiaron las formas de la violencia política y social, el trabajo por los derechos humanos se ha desdibujado, pues pa-rece que ya no tiene razón de ser, lo que contribuye a la deslegitimación del tema.

Pese a la existencia de un conflicto armado no internacional, y que en ese contexto la población civil no combatiente fue el principal objetivo de la violencia del Estado, poco o nada se abordó el tema del Derecho Internacional Humanitario desde las organizaciones sociales.

No hubo pues una visión integral de los derechos humanos en esta práctica, lo que, entre otras cosas, tiene la implicación de que centrarse en derechos indivi-duales, en la etapa abarcada por este estudio, llevó a un vacío en la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales, que están en la base de la violencia política. Sin embargo, a mediados de los años noventa y con mayor fuerza desde el año 2000 se ha acentuado la lucha por los derechos económicos sociales y cul-turales, incluyendo la demanda por el respeto a la consulta a los pueblos indígenas (mecanismo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)) y al medio ambiente.

Acciones realizadas

En la etapa inicial de desarrollo del movimiento por los derechos humanos, hasta principios de los años noventa, se dio prioridad a la confrontación con el Estado mediante la realización de acciones no formales de defensa de los derechos huma-nos que se centraban en las denuncias de violación, principalmente con medidas de hecho, debido, entre otras cosas, a la inoperancia del sistema de justicia. Cabe mencionar que a mediados de los años sesenta se acudía a la presentación de ha-beas corpus, algunos de los cuales permitieron la localización de personas deteni-das. Cuando se empezó a practicar la detención-desaparición, tales recursos fueron declarados improcedentes porque no se localizaba a las personas en cuyo favor se interponían.

Una vez se inició la transición política, en la cual se restableció el funciona-miento de los poderes del Estado, aunque se desempeñaran con grandes debilida-des, se acudió a los mecanismos legales. Luego se generaron acciones de promo-ción de los derechos humanos, centrándose en la educación tanto formal como no formal en este campo. Pese a que la educación no formal en derechos humanos se ha realizado desde hace unos doce años, su impacto ha sido escaso por numerosas

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razones, las que podrían resumirse en la imposibilidad de conciliar la proclama de los derechos humanos con la demanda de condiciones de vida dignas.

El desarrollo de una modalidad propositiva de trabajo se inició a fines de los años noventa, con el impulso por parte de países donantes de la estrategia de incidencia en políticas públicas.22 Esta estrategia se ha desarrollado mediante la presentación de proyectos de ley o la participación en comisiones como la que se formó para proponer reformas a la administración de justicia. En el caso de Gua-temala, la construcción de un nuevo tipo de relación entre Estado y sociedad es una tarea compleja, particularmente porque resulta difícil asimilar que ahora debe negociarse con un Estado que, en algún momento, se quiso sustituir por otro. Por ello la incidencia en políticas públicas en el campo de los derechos humanos es reciente. La propuesta, sin embargo, no se ha desarrollado en forma suficiente en campos como el de la educación en derechos humanos, donde todavía no se con-solida la búsqueda de metodologías verdaderamente apropiadas a las condiciones sociales, económicas y culturales de la población.

La investigación y la interpretación sobre derechos humanos, su violación y su defensa en Guatemala se han desarrollado desde hace pocos años. Algunas ONG especializadas, como la Fundación Myrna Mack, el ICCPG y el CIIDH, han dedicado importantes esfuerzos a esta área.

Composición social

En la expresión representada por los grupos integrados por familiares de víctimas destaca el hecho de que éstos se integraron fundamentalmente por campesinos indígenas, la mayoría mujeres dedicadas a los oficios tradicionales en el área rural, sin mayor escolaridad. Sin embargo, cabe destacar que, al igual que sucedió en los años sesenta, fueron personas vinculadas al movimiento estudiantil de la USAC quienes encabezaron la lucha contra la desaparición forzada.

Varias de las entidades descritas como de mandato propio o las especiali-zadas fueron integradas por personas escolarizadas, muchas de ellas con un título de educación media, algunos abogados y profesionales de otras ciencias sociales.

Entre los sectores económicamente poderosos, hay familias que se han visto afectadas por el crimen organizado y la delincuencia común. Estas personas se han organizado no en torno a la defensa de derechos humanos sino para luchar contra la impunidad relacionada con estos fenómenos y para el mejoramiento del sistema de administración de justicia. En este terreno han coincidido con otros grupos de

22 La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro de Estu-dios y Cooperación Internacional (CECI) de Canadá impulsaron sendos espacios de incidencia en esa época.

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derechos humanos, lo que ha generado un punto de encuentro entre sectores histó-ricamente alejados.

Reacción del Estado

La reacción del Estado, sobre todo desde fines de los años sesenta hasta mediados de los noventa, fue violar los derechos humanos de quienes defendían los derechos humanos. Así, éstos a su vez se convirtieron en una categoría de víctimas, pues, por estar vinculado el tema a la izquierda, los defensores de derechos humanos ingresaron a la amplia categoría de “enemigos”. Esta situación se mantuvo sin cambios fundamentales aun años después de iniciada la transición política. Pese a que los ataques a la vida o a la libertad de los defensores de derechos humanos dis-minuyeron notablemente en los últimos años, durante el gobierno de Álvaro Arzú las ONG de derechos humanos fueron duramente criticadas y deslegitimadas.

En el proceso de transición política se crearon, en el interior del Estado, entidades dedicadas a los derechos humanos, como el procurador de los derechos humanos y la COPREDEH, y se inició una nueva forma de tratar el tema ante los organismos intergubernamentales. El gobierno de Alfonso Portillo cooptó perso-nas reconocidas por su trabajo en el campo de los derechos humanos como funcio-narios del gobierno.

Si bien es cierto que ahora hay más conocimiento de los derechos humanos entre la población, dicho conocimiento tiene importantes límites en cuanto a apro-piación real del contenido de los derechos humanos, como lo muestran los pre-juicios arriba mencionados. Esto significa que todavía se está lejos de que exista una aceptación generalizada de los derechos humanos que conforme una opinión pública humanitaria.

diverSaS tenSioneS

La defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala refleja las ten-siones inherentes a su carácter político y controversial y están vinculadas a una necesidad de reconceptualizarlos a la luz de la riquísima práctica social acumu-lada. Esta tarea debería incluir, al menos, una reflexión sobre el concepto que se ha manejado, las dimensiones ética, política y jurídica de los derechos, la univer-salidad y el relativismo. También debería tomar en cuenta cómo se han vivido en Guatemala los procesos de generalización y la especificación, así como la forma de organización social desde la que se han defendido los derechos. El abordaje de

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estas tensiones merece un estudio aparte, por lo que en este aporte se dejan apenas apuntados algunos elementos sobre ellas.

Sobre la reconceptualización

En cuanto al concepto de derechos humanos, en el que se reflejan sus dimensiones ética, política y jurídica, el examen de la práctica social de su defensa y promoción parece indicar que los esfuerzos se han centrado y dirigido a la dimensión jurídica del tema, entendiéndolos básicamente como límites al poder, en un contexto histó-rico, social, económico y político que tiene en el derecho positivo uno de sus mejo-res recursos para el mantenimiento de un statu quo caracterizado por la exclusión, la discriminación y la opresión.

Independientemente de los intereses reflejados y sostenidos en el derecho positivo, también es cierto que en Guatemala no se ha logrado construir un Estado de Derecho, lo que impone importantes restricciones a la defensa de los derechos humanos si ésta se asume desde la sola perspectiva jurídica. No obstante lo ante-rior, no se puede dejar de reconocer que invocar los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala (que tienen una inspiración iusnaturalista y personalista) y acudir a los mecanismos creados por el derecho interno o a las instancias internacionales establecidas en virtud del Derecho Inter-nacional de los Derechos Humanos, del que Guatemala es parte, ha significado, sobre todo en las peores etapas de la represión estatal, casi el único recurso para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. En algunos momentos, aunque no hayan funcionado los poderes del Estado, estas víctimas presentaron, por ejemplo, habeas corpus que eran declarados sin lugar porque no se encontraba a las personas detenidas-desaparecidas.

La necesidad de actuar en la defensa inmediata de los derechos humanos mediante acciones de hecho y de derecho (la utilización de los recursos legales), es decir, de atender lo urgente, no ha permitido prestarle suficiente atención a lo importante: la reflexión sobre los derechos humanos desde sus dimensiones ética y política. Habría que hacer espacio, por ejemplo, para asumir, de forma autocrí-tica y desde la propia experiencia histórica, la paradoja que encierra el hecho de que la misma entidad que reconoce los derechos es quien los viola. En el caso de Guatemala, esto es especialmente dramático, pues el Estado, si bien reconoce los derechos, no está articulado para garantizarlos ni para asegurar su ejercicio.

En el contexto del conflicto armado, la defensa y promoción de los derechos humanos, aunque se realizó en condiciones precarias, se inscribía en un proceso que intentaba realizar cambios políticos. Su visión de Estado se fue desdibujando conforme fue perdiendo significado político, social y transformador el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el cual contenía una suerte de pacto social en el que los

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derechos humanos iban mucho más allá del Acuerdo Global de Derechos Huma-nos propiamente dicho.

La defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala también puede ser punto de partida para un mejor entendimiento de los valores que nutren o inspiran los derechos humanos. Un esfuerzo valioso en esta dirección se realizó en el marco de la intención de construir un movimiento nacional por los derechos humanos que llegó a definir ciertos valores sobre los cuales se inspiraría su acción.

Así, el concepto que ha alimentado la defensa de los derechos humanos es el que refiere que éstos son facultades reconocidas por el poder político, recogidas en el ordenamiento jurídico del Estado, que tiene la obligación de garantizar, promo-ver y respetar los derechos, que son reclamables frente a ese Estado. Este concepto está evidenciando sus límites ante nuevas realidades, como las globalizaciones (Ribotta, 2003) y la emergencia de otros actores cuyo poder económico, social y político está disminuyendo o limitando gravemente no sólo el poder del Estado y su papel en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario (Huhle, 1993; Ribotta, 2003; Clapham, 2006; Olson, 2012), sino también el de las empresas, cuya responsabilidad en el campo de los derechos humanos es un tema cada vez más abordado.

El mejor entendimiento del concepto de los derechos humanos se perfila como una necesidad, lo que conlleva un mejor entendimiento de los valores que los sustentan. Este conocimiento podría enriquecerse si, desde la propia práctica, se identifica el terreno común entre la concepción de dignidad, libertad, igualdad y respeto que se maneja en la teoría de los derechos humanos y la noción de estos valores, u otros, que está contenida en la cultura de los pueblos indígenas. Esto par-tiendo de la base de que todas las culturas tienen una noción de dignidad (De Sousa Santos, 1998; UNESCO, 1973), sin caer en el falso dilema entre universalidad y relativismo (Giusti, s.f.)

Manuel Tetzagüic y Vicenta Telón Sajcabún (1999) exponen algunos de los valores que caracterizan a la población maya de Guatemala, con la salvedad de que no están incluidos todos, pues varios de ellos necesitan un mayor estudio entre las veintiuna comunidades lingüísticas del país.

Valor es el rukú Naój, corazón y energía del pensamiento y la sabiduría, el conjunto de valores que fundamentan la identidad de la persona en su convivencia social y su relación con la naturaleza, que sustentan la vida familiar y comunitaria, que motivan la actitud para crear, construir y resolver y que dan consistencia a las ideas y conocimientos. En qéqchi´, la expresión Xkwankilal significa los atributos y capacidades de la persona de ser y estar en relación con los seres humanos y con la naturaleza.

A continuación se exponen estos valores, expresados en castellano y en ka-qchikel (Salazar y Telón, 1999), idioma materno de los autores, clasificados en valores sobre la naturaleza y valores sobre la vida.

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Valores sobre la naturaleza

1. Loóläj ruwachúlew. El carácter sagrado de la naturaleza. Se expresa en los conceptos de nuestra madre tierra, nuestro padre sol, nuestra abuela luna, y se manifiesta en el reconocimiento del nawal (protector) de los montes y valles, lagos y ríos, mares y vientos. Se parte de que todo lo que existe en la naturaleza tiene su razón de ser, su función y sus protectores que son los animales, en tanto los seres humanos han de proteger a los animales.

2. Loqóläj kaj. El carácter sagrado del universo. El corazón del cielo es el cen-tro y la energía del universo, donde están el creador, el formador, la madre y el padre principales. Del universo proviene la fuerza de la existencia, pues los seres humanos son parte de él.

Valores sobre la vida

1. Qachúmilal. Nuestra estrella, nuestra misión. La observancia de este valor tiene relación directa con el desarrollo de la persona humana, que se funda en el reconocimiento de nuestra estrella, la que acompaña la misión y vo-cación en la vida, que debe ser respetada en la convivencia social, lo que favorece la comprensión mutua y la responsabilidad en la vida comunitaria.

2. Káwomanik. El valor de la gratitud y el agradecimiento. Está relacionado con la creación de los cuatro primeros hombres y cuatro primeras mujeres que es descrita en el Popol Wuj,23 que se mantiene en la tradición oral, quie-nes agradecieron al creador y formador el haber sido creados y dotados de sentidos, capacidad de conocimiento, pensamientos y sentimientos. El agra-decimiento es un vínculo de unidad y solidaridad y fortalece la humildad y la dignidad y rejuvenece a la persona.

3. Rutzáqat qakáslem. El alcance de la plenitud, el cumplimiento de los tra-bajos y compromisos. Se relaciona con el equilibrio y se sustenta en la com-plementación de las cosas; parte de que todos deben realizar un aporte para alcanzar la plenitud tanto individual como comunitaria y de que el incumpli-miento de trabajos y compromisos acarrea conflictos.

4. Kuqubáb´äl kú´x. Sentido y estado de paz y de responsabilidad. Es la fuer-za espiritual que produce tranquilidad y paz y es la disposición de la persona a asumir responsabilidades. Es la fuerza que se infunde a las personas soli-dariamente para tener energía que ayude a la recuperación física y sicológica o bien para tener una muerte tranquila.

23 Popol Wuj o Pop Wuj (Libro del Consejo o Libro de la Estera) fue escrito en kíche´ con carac-teres latinos entre 1554 y 1558 a partir de algunos códices o de la tradición oral. El texto fue “descubierto” por el dominico Francisco Ximénez, quien lo copió, siendo ésta la versión cono-cida hasta hoy. Tiene tres partes: la primera narra la creación de los seres humanos; la segunda, los hechos de los dioses Hunahpú e Xbalamké; y la tercera, de carácter histórico, se refiere al recorrido realizado por los kíche´s desde el mítico Tulán hasta la muerte de los últimos reyes de ese pueblo, a manos de los españoles.

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5. Tinkúlubéj, tiqakúlubéj. Tomar consejo. Aconsejarse y dar consejo a otra persona es un valor y permite mantener la dinámica de la organización social, así como la unidad del grupo familiar. Se relaciona con principios como: cada palabra tiene su importancia, cada concepto tiene su significado, cada idea que se comparte tiene su contexto y refleja una aspiración, cada persona que participa tiene su misión.

6. Rumitijul qakáslem. El valor del trabajo en la vida. Se valora el trabajo diligente y responsable porque se relaciona con la misión que cada persona debe cumplir en la vida, lo que explica que desde temprana edad tanto niños como niñas se involucran en el trabajo con sus padres y madres, así como el planteamiento de que la educación debe integrar el proceso enseñanza-aprendizaje con el trabajo.

7. Tiqapoqonaj ronojel ruwäch káslem. Proteger todo porque tiene vida. La protección debe abarcar tanto la vida de los seres humanos como la de todos los elementos de la naturaleza y es base de las recomendaciones que ofrecen las personas mayores a niños y jóvenes: la protección de las propias vida y persona, la consideración hacia las demás personas, el cuidado de la natura-leza y de los instrumentos de trabajo. También sustenta el poqonaj, el valor de tomar el lugar de otra persona cuando ésta sufre.

8. Niqa nimaj kitzij qate´ qatata, qati´t qamama´. Respeto a la palabra de pa-dres y abuelos. Este respeto fundamenta la vida familiar y comunitaria y sustenta la dignidad de la persona; los hijos deben respetar y obedecer a padres y abuelos porque ellos los alimentan y educan, los guían, los enseñan a trabajar y los protegen de los peligros.

9. Ri qäs quitzij pan ruqájarik qatzij. La palabra verdadera en todas nuestras palabras. La palabra es base de la libertad e instrumento de su interrelación e identidad y la verdad contenida en ella fortalece y asegura la participación en la dinámica social y en la toma de responsabilidades comunitarias.

10. Tiqato´qi. Ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad. Baluarte de la vida comunitaria y manifestación de la solidaridad, presente en la práctica del trabajo en común, el recibimiento de un niño cuando nace y la compleja celebración del matrimonio, que también aparece en las obras literarias de la cultura maya y parte de la vida familiar.

11. Ri chájch ójil, ri jebélik pa qakáslem. La belleza y la limpieza en nuestra vida. Conlleva la idea de lo bien hecho, lo limpio, lo bello y la disposición a la contemplación que permite desarrollar el gusto por las cosas pequeñas, encontrar soluciones a problemas y superar preocupaciones, en la búsqueda de la armonía. La idea de lo bello y lo limpio deben estar presentes en todas las obras de los seres humanos.

12. Awojbánik. Kantibán awojbábanik chike ri winaqi´, chuqa chike ri kás ri kó chuwach´ ulew. Ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo.

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Ayudar a mantener la energía esencial del espíritu en el ser humano es im-portante, lo que es extensivo a la naturaleza, porque los seres humanos son parte de ella y porque las plantas tienen el espíritu de la tierra.

Esta filosofía forma parte de los saberes de la población maya, aunque con cierto grado de fragmentación como consecuencia de un proceso histórico que conllevó la imposición de una cultura sobre otra y, actualmente, también afectados por la inserción de Guatemala en las globalizaciones.

También es importante destacar que, desde la perspectiva de las mujeres, los valores mayas podrían encubrir la desigualdad entre hombres y mujeres, no obstante que se predica la complementariedad de los seres humanos. Ello se ha presentado como un importante obstáculo para acercar la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas a la lucha de las mujeres.

Cabe señalar que entre algunas organizaciones ya ha empezado a surgir la preocupación por la dimensión ética de los derechos humanos; el reto es cómo generar un diálogo incluyente que permita conocer, criticar, recrear, reinventar los valores que se pregonan de la visión occidental de los derechos humanos, que es la que predomina por razones históricas, para nutrirla de los valores que se predican desde la propia cultura. Este esfuerzo también debe atender las necesidades de todos(as) los guatemaltecos(as) (Reyes Prado, 2007).

La discusión sobre el concepto va pareja con la de la titularidad de los de-rechos. El proceso de positivación de los derechos tuvo en sus orígenes –en el siglo XIX– a un ser humano pensado como hombre, blanco y propietario. Este ser siguió estando en la base del proceso de generalización que tiene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos su expresión más acabada y que se desarrolla en los diversos pactos internacionales, tanto del Sistema Universal como del Siste-ma Interamericano, que fueron los que sustentaron la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala desde fines de los años sesenta y al menos hasta principios de los noventa.

La etapa de la especificación –en la que se reconoce que hay ciertos grupos humanos que por sus condiciones necesitan particular reconocimiento y protec-ción de derechos– generó en Guatemala la organización de la sociedad alrededor de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con ca-pacidades diferentes, de la niñez y la adolescencia, de las personas con orientación sexual diferente y del ambiente sano.

A fines de los años noventa hubo esfuerzos para trabajar en la defensa y pro-moción de los derechos humanos desde una visión integral a la que se sumara el aporte de las organizaciones que abrazaban un concepto genérico de derechos hu-manos y de las que se dedicaban a la defensa y promoción de derechos específicos. El propósito era evitar la fragmentación de la realidad y de la acción social, bajo el supuesto de que aunque se trabajara alrededor de demandas de grupos específicos era importante sustentarse en el marco general de los derechos humanos, pues la

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especificación es una concreción de la generalización de los derechos, por lo que no debería haber tensión entre ambas vertientes de la defensa de derechos.

Es importante recuperar las dimensiones ética, política y jurídica de los de-rechos humanos y, a partir de los pasos dados, desarrollar mecanismos para su rei-deologización de manera que puedan seguir siendo lo que siempre fueron: elemen-tos o símbolos emancipatorios para los seres humanos y no mecanismos formales de legitimación del poder. Para lograrlo se requiere abrir el espacio a la posibilidad de concebir los derechos humanos “desde abajo” con el fin de reconceptualizar los derechos humanos como multiculturales (De Sousa Santos, 1998).

Legalidad versus legitimidad

Una discusión importante para comprender y orientar la defensa de los derechos humanos es la diferencia que existe entre lo que es legal y lo que es legítimo. Ésta no es una visión que siempre se haya tenido en el movimiento social que defiende los derechos humanos.

Lo legal es lo que está permitido o no está prohibido en las leyes. Lo le-gítimo es lo que es un derecho (no necesariamente legal) para las personas. Una demanda puede ser ilegal mientras que es legítima. Pero, asimismo, una forma de lucha (la toma de carreteras, por ejemplo) puede ser ilegal, pero es legítima para que las personas sean escuchadas por las autoridades. Sobre todo, la legitimidad es válida prioritariamente cuando no hay o son pocos los espacios legales para la acción social.

Esto no quiere decir que hagamos una apología del delito. Pero ver el tema de derechos humanos sólo desde la legalidad tiene sus profundos límites, sobre todo porque las sociedades capitalistas no están hechas precisamente ad hoc a las necesidades de las grandes mayorías desposeídas del poder económico y políti-co. Por ejemplo, podemos ver cómo el Estado de Derecho en Guatemala ha sido una limitante para la defensa y promoción de los derechos humanos. Durante los tiempos del conflicto armado interno, dicho Estado de Derecho prácticamente no existió, no se le permitió funcionar. Los jueces recibían los habeas corpus, pero las prácticas jurídicas no eran efectivas. Si lo hubieran sido, Guatemala tal vez tendría una lista de 45 mil prisioneros políticos en vez de 45 mil detenidos-desaparecidos.

En otros momentos hemos visto cómo el Estado de Derecho se revierte con-tra la propia población, sobre todo porque quienes hacen las leyes buscan la pro-tección del statu quo y no necesariamente la protección y garantía de la persona o del grupo. Derecho y ley no son la misma cosa y muchas veces vemos que las leyes no son apegadas al derecho o que, por lo menos en Guatemala, muchas leyes y normas no responden al derecho internacional de los derechos humanos. En otros

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países también vemos la existencia de leyes que son injustas –y vista desde nuestra perspectiva, ilegales– porque se basan en prácticas religiosas fundamentalistas, como el tema de la ablución femenina.

Globalizaciones

Cuando hablamos de globalización –o mundialización–, estamos hablando de ese fenómeno que conlleva relaciones económicas entre todos los países, de las cuales Guatemala no puede “marginarse”. En este contexto encontramos un alto desa-rrollo de las comunicaciones y los medios de transporte, la aparición de nuevos productos (y nuevas “necesidades” de consumo), así como la modernización (o tecnificación) de los procesos productivos y la preservación de las mercancías.

Todos estos avances deberían facilitar y mejorar las condiciones de vida de cualquier población, pues se supone que para ello es que la humanidad se ha de-sarrollado y ha inventado tanta cosa. El intercambio creciente en las economías, y la dependencia cada vez mayor entre todos los países, debería ser un elemento que facilite el papel de cada economía en el mundo. Esto no ha sucedido porque, como dice Pedro Montes (2000):

“El problema surge porque, para empezar, la globalización es una nueva fase del desarrollo del capitalismo, y hablando de un sistema que descansa en la división de clases y en la desigualdad no cabe pensar en la neutralidad del fenómeno. y, para seguir, porque la globalización es en gran medida fruto del neoliberalismo, una doc-trina que exacerba los aspectos más aberrantes del sistema y bajo cuya hegemonía está hoy concebido el orden económico mundial.”

Por ello, Montes plantea que “la globalización podría rendir beneficios espléndidos a la humanidad, si no fuera porque no está concebida para ello, sino para servir a los intereses de las clases dominantes y para la perpetuación del propio sistema a través del solo mecanismo en que lo puede hacer: aumentando la explotación de los trabajadores en cada país y la explotación de los países del Tercer Mundo por las potencias económicas mundiales” (Montes, 2000).

La globalización, entonces, mantiene la tendencia a la concentración y cen-tralización del capital, combinándose con mecanismos cada vez más fuertes para su defensa, como el papel que tienen las corporaciones multinacionales,24 las em-presas tipo maquila que no pagan impuestos, las fusiones, alianzas y absorciones empresariales que se dan cada día más (incluyendo al sector financiero y de co-municaciones, y no sólo productivo). Las empresas multinacionales tienen un gran

24 Según Montes, las más de 35,000 empresas multinacionales participan en el 70% o más del co-mercio mundial; más del 40% de las transacciones internacionales de mercancías y servicios se realiza entre multinacionales o entre las casas matrices y sus filiales. Es decir, controlan el 75% de las inversiones mundiales.

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poder económico que las coloca en favorables relaciones políticas nacionales e internacionales, teniendo papeles decisivos en la vida política mundial, como el que jugaron en el proceso de integración europea, entre otros. Asimismo, derivado de este gran poder, también tienen la capacidad de concentrar los avances tecno-lógicos, es decir que se convierten en las dueñas de la tecnología o, por lo menos, sus depositarias. De la misma manera funciona su relación con los mercados e instituciones financieras: son capaces de “originar movimientos desestabilizadores o de influir en algo tan fundamental para las economías como la cotización de sus monedas” (Montes, 2000).

Las consecuencias de la globalización se evidencian en el desmedido cre-cimiento de las grandes economías y en el empobrecimiento de los países menos desarrollados. Montes (2000) que “las desigualdades se han recrudecido en todos los órdenes y en particular entre el Norte y el Sur. La proporción entre la renta por habitante de los países más ricos y los más pobres era en 1960 de 30 a 1. Ahora ya es de 75 a 1”.

Asimismo, el libre comercio no ha permitido a los pequeños países parti-cipar en igualdad de condiciones con los países industrializados, facilitando el dominio de las multinacionales e imponiendo sus pautas.

Es de esta manera como los derechos humanos se ven afectados, porque prevalece el interés financiero y comercial de las empresas y no de las personas. Sobre todo es importante ver que los países menos desarrollados son quienes van a pagar las consecuencias del desarrollo de los otros, condenando a gran parte de su población a la pobreza o la marginación, conculcando los derechos económicos y sociales de dicha población y no sólo su derecho a la vida, sino a condiciones dignas de vida, a seguridad social, a servicios, derechos laborales, etc. Todo ello puede verse a profundidad en los Informes de Desarrollo Humano que Naciones Unidas elabora.

y aquí volvemos a la discusión de la protesta social, ésa que se vuelve cada vez más violenta y compleja, sea o no reprimida por medio de la fuerza policial o militar o por medio de las leyes.

James Anaya, relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pue-blos Indígenas y profesor de la Universidad de Arizona, señaló la importancia de los procesos de globalización de las luchas de derechos humanos para la lucha de los pueblos indígenas, ya que han fomentado “una dinámica que ha traído consigo una mejor defensa de sus propios intereses”. Sin embargo, también ha señalado cómo la globalización económica ha afectado a los mismos, fundamentalmente porque la globalización está en manos de “fuerzas poderosas que valoran el libre flujo de capital y su acumulación sobre todas las cosas” (Anaya, 2008: 38).

Para analizar esta situación en Guatemala, es necesario recordar cuáles han sido las demandas de los pueblos indígenas, no sólo las culturales, sino las eco-nómicas y sociales. Estas demandas se ven afectadas por la expansión de ciertos

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cultivos como la caña de azúcar y la palma africana, o por la implementación del maíz y otros cereales para la generación de biocombustibles, lo que está generando desalojos de población –en algunos casos incluso de sus tierras ancestrales–, así como la presencia de empresas transnacionales que han obtenido concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales.

Otro de los efectos de la globalización es la mundialización de actores con más poder económico y político que el mismo Estado –como el narcotráfico y otros grupos del crimen organizado– que imponen nuevos desafíos para la defensa de derechos humanos. Se hace necesaria una revisión profunda sobre fenómenos como la migración y la trata de personas, la concepción y el apego de los pueblos indígenas campesinos a la tierra y su necesidad económica, lo que los ha llevado, por ejemplo, al cultivo de amapola y marihuana para los grupos del narcotráfico.

Asimismo, debe retomarse el desarrollo de la lucha por los derechos huma-nos en las distintas dimensiones. Por ejemplo, cómo la lucha de los pueblos indí-genas ha hecho transitar los derechos humanos hacia los derechos colectivos y la lucha contra la discriminación y el racismo; asimismo, la evolución del principio de soberanía estatal y la vuelta a la discusión sobre la autodeterminación de los pueblos, es decir, la discusión entre Estado y nación.

Como se puede ver, la globalización ha traído retos a la sociedad guatemal-teca, pero también a quienes defienden los derechos humanos, porque hay que identificar elementos para su defensa que no estaban establecidos en el inicio de esta lucha social y que, en medio del desarrollo económico, tal vez no han evolu-cionado al mismo ritmo que los elementos que facilitan la violación a los derechos humanos.

Ser defensor o defensora de derechos humanos

Reconocerse defensor(a) de los derechos humanos contribuye al empoderamiento de toda persona dedicada a esta labor, porque la convierte en una persona con ciertas características, ahora reconocidas por las Naciones Unidas. Fue hasta 2000 que las Naciones Unidas reconoció a los defensores mediante la famosa Decla-ración de Defensores que creó el espacio de representante especial del secretario general –que ahora ya es relator para defensores–, lo que permite que este trabajo sea reconocido como importante. La Declaración de Defensores tiene una serie de elementos que les son útiles a todas las personas defensoras, pues les reconoce el derecho a defender sus derechos y los de los demás, estableciendo también la obligación del Estado de garantizar que estas personas tengan las condiciones para ejercer esa defensa.

Sin embargo, también hay elementos que pueden no ser totalmente adapta-bles a las condiciones en las que la gente defiende sus derechos a lo ancho y largo

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del mundo, particularmente en países donde el Estado de Derecho no es un sistema sólido o democrático. Un principio establecido en esta Declaración es el hecho de que los defensores NO utilizan la violencia, situación que no necesariamente puede adaptarse a Guatemala, donde la protesta social no está exenta del uso de la “violencia”, en tanto que para hacerse escuchar la población tiene que recurrir acciones que incluso pueden estar penadas por la ley, tal como el bloqueo de ca-rreteras, entre otras cosas.

Por otro lado, el Estado de Derecho que hemos empezado a construir en Guatemala todavía tiene grandes limitaciones, lo que establece límites a la acción de los defensores, haciéndolos incurrir muchas veces en faltas o delitos desde el estricto marco de la ley. Más allá de que los funcionarios puedan criminalizar la acción de los defensores señalándolos de terroristas –como ha sucedido en algu-nos casos–, también se han visto acciones de particulares –empresarios, por ejem-plo– que han abierto procesos contra defensores que “afectan” sus intereses. El “problema” es que las leyes no siempre son justas para la protesta social y que el movimiento de derechos humanos y las organizaciones sociales no han logrado incidir para tener en Guatemala un marco legal que facilite su accionar.

En este sentido también hay que generar la discusión sobre cómo el ejercer algún derecho puede violentar el ejercicio de otros derechos, es decir, la discusión sobre si el bloqueo de carreteras afecta el derecho de otros a la libre movilización. La discusión no puede ser abstracta, en tanto que en algunos momentos se plantea como eje si es más importante la libre movilización o la vida de las personas que están en el campo, por ejemplo. Sin embargo, también es significativa la discusión y la toma de posición en relación con las acciones que deben impulsarse, pues no porque esas leyes no nos son favorables vamos entonces “simplemente” a violarlas o a incitar a su violación. Ésta es una situación compleja y, como tal, debe abordarse.

La comprensión de la integralidad de los derechos nos puede ayudar a enten-der y a consensuar los límites del derecho (en el sentido del cuerpo legal) que hay que respetar y hasta dónde éste les amarra las manos a los defensores, porque hay muchas leyes que no son justas.

Es importante también conocer la historia, porque en ella se desarrolla y evoluciona el derecho (legal) y la legitimidad de las demandas sociales. El dere-cho no es estático y, por lo tanto, las leyes pueden cambiar. La crítica del derecho debería venir de los derechos humanos. Las limitaciones legales se pueden abordar desde los alcances políticos y éticos que la lucha por la defensa de los derechos humanos ha establecido en la historia de la humanidad.

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Movimiento social y ONG

Después de la firma de los Acuerdos de Paz comenzó a llegar mucha cooperación económica internacional a Guatemala. Surgió una serie de organizaciones sociales que no habían podido materializarse por causa de la represión, o se consolidaron otras que emergieron en el marco de las negociaciones. Muchas de ellas pudieron existir porque comenzaron a recibir fondos de cooperación para sus proyectos.

Al principio no fue necesaria mucha burocracia para que las organizaciones tuvieran acceso a los fondos que se ofrecían, pero con el tiempo comenzaron a complicarse las condiciones legales de existencia de las organizaciones. Así, éstas tuvieron que convertirse en asociaciones civiles no lucrativas o en organizaciones no gubernamentales, las dos figuras que más funcionaron para este propósito de recibir financiamiento del exterior; las menos se convirtieron en fundaciones (por-que esta categoría requiere un capital semilla que no se tenía para iniciar). Si bien es cierto que el Estado guatemalteco no prohibió que las organizaciones recibieran fondos de la comunidad internacional como sucedió en otros países (Filipinas, por ejemplo), sí les impuso condiciones para su existencia y una de ellas fue el recono-cimiento legal por medio de las municipalidades o del Ministerio de Gobernación.

Así, la conversión de organizaciones en ONG, que denominamos onegiza-ción del movimiento social, no sólo complicó su existencia y su funcionamiento legal sino que les impuso estructuras verticales y jerárquicas que no corresponden a los principios de la cosmovisión maya o de las estructuras más participativas que habían sustentado a muchas expresiones sociales. Asimismo, se estableció que quien trabajaba en las organizaciones debía recibir una paga por ello –totalmente diferente de los años sesenta, setenta y ochenta, cuando el trabajo que se hacía se basaba únicamente en el convencimiento y la mística de servicio.

La estructura de las ONG no facilita la construcción colectiva y participati-va, sino que estimula la decisión unipersonal y vertical. El hecho de que las orga-nizaciones sólo trabajen si hay financiamiento para sus proyectos va en detrimento del trabajo voluntario que se realizaba antes por la convicción y la mística, aunque también es complicado tener en las organizaciones a un grupo de personas pagadas mientras que otras tienen que trabajar sin remuneración.

En algunos casos, como el Movimiento Nacional por los Derechos Huma-nos, la obligación establecida por la cooperación internacional de que se convir-tieran en ONG para continuar dándoles financiamiento las llevó a un proceso de discusión que finalmente las debilitó en lugar de fortalecerlas. El Movimiento dejó de existir apenas dos o tres años después de haberse convertido en ONG.

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loS hechoS recienteS

Este artículo abarca la historia de la defensa de los derechos humanos desde 1954 hasta 2000. A partir de esa fecha y hasta la edición de este volumen han ocurrido en Guatemala varios hechos que se vinculan con el tema, algunos de los cuales se mencionan a continuación.

• A fines de 2004 concluyó el mandato de MINUGUA en el país, el cual se prolongó durante diez años.

• El 10 de enero de 2005, el Estado de Guatemala y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para es-tablecer formalmente una presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país.

• En 2005 se descubrió, en unas instalaciones abandonadas, el Archivo de la Policía Nacional que alberga cerca de 80 millones de documentos, cuyo es-tudio juega un importante papel en el tratamiento histórico y jurídico de las violaciones a los derechos humanos.

• En diciembre de 2006 las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala fir-maron un acuerdo para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que desde entonces ha hecho una impor-tante contribución en la lucha contra ese fenómeno de larga data en el país, fortaleciendo a las instituciones de justicia.

• A partir de 2000, gracias a los esfuerzos prolongados y persistentes de las organizaciones de derechos humanos se lograron sentencias en casos para-digmáticos, como los de los asesinatos de Myrna Mack y del obispo Juan Gerardi Conedera, así como en el caso de la masacre de Río Negro.

• En abril de 2010, luego de siete años de proceso, en un hecho histórico, un tribunal confirmó la sentencia a ciento cincuenta años de prisión a un ex comisionado militar responsable de la desaparición forzada de seis perso-nas, siendo la primera sentencia dictada por este tipo de delito. A partir de entonces ha habido otras, como en los casos Dos Erres y el Plan de Sánchez.

• La Cámara Penal declaró la autoejecutabilidad de las Sentencias de la Corte Interamericana, lo que facilita los procesos jurídicos en el país por violacio-nes a los derechos humanos.

• La Cámara Penal reabrió los casos de la Panel Blanca, Jorge Carpio Nicolle, Efraín Bámaca y el de los niños de la calle, lo que tiene efecto en los proce-sos jurídicos respectivos.

• En 2008 fue depositada la adhesión al Protocolo Optativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura que obliga a la creación del mecanis-mo nacional de prevención de tortura.

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• En abril de 2012 Guatemala firmó el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional que podrá juzgar a personas que hayan cometido geno-cidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Este repaso-homenaje de la historia reciente de la defensa de los derechos humanos es una invitación a conocer y reconocer el papel que hombres y mujeres han tenido en la defensa de la vida y de la dignidad, muchas veces sin formación en la teoría de los derechos humanos, partiendo de la primigenia y antigua convicción de que todas las personas, por el hecho de serlo, merecen consideración y respeto.

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AAJ: Asociación Americana de JuristasACAFADE: Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos- DesaparecidosACG: Acción Cristiana GuatemaltecaACPD: Asamblea Consultiva de la Población DesarraigadaAEU: Asociación de Estudiantes UniversitariosAGADH: Asociación Guatemalteca de Abogados por los Derechos Humanos AGJ: Asociación Guatemalteca de JuristasATRG: Asociación de Telegrafistas y Radiotelegrafistas de GuatemalaCAFCA: Centro de Análisis Forense y Ciencias AplicadasCAII: Creative Associates International Inc.CALDH: Centro para la Acción Legal en Derechos HumanosCCPP: Comisiones Permanentes de Refugiados CDHES: Comisión de Derechos Humanos de El SalvadorCDHG: Comisión de Derechos Humanos de GuatemalaCDHQ: Comisión de Derechos Humanos de QuetzaltenangoCECI: Centro de Estudios y Cooperación Internacional de CanadáCEG: Conferencia Episcopal de GuatemalaCEH: Comisión para el Esclarecimiento HistóricoCERJ: Consejo Étnico Runujel JunamCGUP: Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica CIAM: Centro Integral de Atención a la MujerCICIG: Comisión Internacional contra la Impunidad en GuatemalaCICR: Comisión Internacional de la Cruz RojaCIDCA: Centro de Investigación y Documentación CentroamericanaCIDH: Comisión Interamericana de Derechos HumanosCIEDEG: Consejo de Iglesias Evangélicas de GuatemalaCIEPRODH: Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos HumanosCIIDH: Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos

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CMI: Consejo Mundial de IglesiasCNUS: Comité Nacional de Unidad SindicalCODEFAM: Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos HumanosCOFADEH: Comité de Familiares de Desaparecidos de HondurasCOINDE: Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE)CONADEHGUA: Comisión Nacional de Derechos Humanos de GuatemalaCONADI: Consejo Nacional de Atención a las Personas con DiscapacidadCONAVIGUA: Consejo Nacional de Viudas de GuatemalaCONDEG: Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala CONFREGUA: Conferencia de Religiosos de GuatemalaCONGCOOP: Coordinadora de ONG y CooperativasCOODESC: Coordinadora de Organizaciones de Derechos Económicos Sociales y CulturalesCOPREDEH: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos HumanosCORDHI: Coordinadora de Derechos Humanos del IxcánCPR: Comunidades de Población en ResistenciaCUC: Comité de Unidad SindicalCUDECA: Culturas y Desarrollo en Centro AméricaDC: Democracia CristianaDEI: Departamento Ecuménico de InvestigacionesECAP: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción PsicosocialECOSOC: Estatus de Consulta B en el Consejo Económico y SocialEGP: Ejército Guerrillero de los PobresFAFG: Fundación de Antropología Forense de GuatemalaFAMDEGUA: Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de GuatemalaFAR: Fuerzas Armadas RebeldesFASGUA: Federación Autónoma Sindical de GuatemalaFDCR: Frente Democrático contra la RepresiónFEDEFAM: Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos DesaparecidosFESC: Frente Estudiantil Socialcristiano

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FIDH: Federación Internacional de Derechos HumanosFMJD: Federación Mundial de la Juventud DemocráticaFRG: Frente Republicano GuatemaltecoFSA: Frente Secreto AnticomunistaFUR: Frente Unido de la RevoluciónGAM: Grupo de Apoyo MutuoICCO: International Cocoa OrganizationICCPG: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de GuatemalaIEPALA: Instituto de Estudios Políticos para América Latina y ÁfricaIGE: Iglesia Guatemalteca en el ExilioIPDH: Institución del Procurados de los Derechos HumanosJPT: Juventud Patriótica del TrabajoJUCA: Juventud Universitaria CentroamericanaMINUGUA: Misión de Naciones Unidas para la Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en GuatemalaMNDH: Movimiento Nacional por los Derechos HumanosMR-13: Movimiento Revolucionario 13 de noviembreNSA: National Security ArchivesOACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos HumanosOASIS: Organización de Apoyo para una Sexualidad Integral frente al SIDAOCLAE: Organización Continental Latino Americana de EstudiantesODHAG: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de GuatemalaOEA: Organización de Estados AmericanosOIT: Organización Internacional del TrabajoONU: Organización de las Naciones UnidasPAC: Patrullas de Autodefensa CivilPDH: Procuraduría de los Derechos HumanosPGT: Partido Guatemalteco del TrabajoPNUD: Programa de Naciones Unidas para el DesarrolloPSD: Partido Socialista DemocráticoREMHI: Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica

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RUOG: Representación Unitaria de la Oposición GuatemaltecaSAMF: Sindicato de Acción y Mejoramiento FerrocarrileroSIDH: Sistema Interamericano de Derechos HumanosSTIGSS: Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad SocialSUM: Servicio Universitario MundialTPP: Tribunal Permanente de los PueblosUDEFEGUA: Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de GuatemalaUNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia URNG: Unidad Revolucionaria Nacional GuatemaltecaUSAC: Universidad de San Carlos de GuatemalaUSAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional UTQ: Unión de Trabajadores de Quetzaltenango

caPítulo xxivla Patria...

en y deSde el exilio en México

GuadaluPe rodríGuez de ita*

* Guadalupe Rodríguez de Ita. Mexicana. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Univer-sidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. Estudiosa de la Historia política de Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Autora de libros, capítulos y artículos de su especialidad. Su publicación más reciente es Mujeres abriendo brecha en la primavera guatemalteca (1944-1954) (México, Nostrodomo, 2012).

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… a pesar de que me acerco a la vejez y […]no veo término a mi exilio,

no siento frustración ni desesperanza.Para los que perseguimos un ideal

la vida es un camino que nunca se cierra.Aunque sea desde lejos,

compartiré hasta el último día las angustias del pueblo de Guatemala,

pero también la certidumbre de que llegará un tiempo mejor.

Alfonso Solórzano(Quan Rossell, 1972: 329)

conSideracioneS inicialeS

En Guatemala, la ruptura violenta, en 1954, del proceso nacional revolucio-nario abrió un largo y convulso camino que trajo consigo, entre otras cosas, el establecimiento de gobiernos dictatoriales que emplearon la persecución,

la desaparición y el asesinato para controlar y, sobre todo, eliminar a sus oposito-res políticos o a los que consideraban como tales. Opositores que, en el contexto de la llamada Guerra Fría, fueron calificados de comunistas y “satanizados” por ello, afectando desde militantes y simpatizantes de fuerzas y partidos de diversas corrientes de izquierda hasta miembros de la sociedad civil sin filiación política definida, pasando por profesionistas, profesores y estudiantes universitarios, ele-mentos de la Iglesia católica, defensores de derechos humanos, etcétera.

Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en medio de la vio-lencia generalizada, la persecución política –ejercida por fuerzas policíacas y mi-litares, oficiales y extraoficiales, en contra de la resistencia antidictatorial y del movimiento revolucionario, así como de la población en general– obligó a muchos guatemaltecos, en particular a activistas, a emigrar de su país para salvaguardar su libertad y su vida, con la finalidad de continuar la lucha por sus ideales de cambio. Uno de los países de acogida, temporal o permanente, de esos migrantes forzados fue México, su vecino del norte, desde donde gran parte de los exiliados siguieron con atención el devenir de su patria y participaron en él de una u otra manera.

La urgencia de dejar Guatemala llevó a los perseguidos políticos a hacerlo por los medios que encontraron a su alcance. Así, unos siguieron el cauce legal, en tanto que otros lo hicieron de manera indocumentada. Algunos concurrieron individualmente frente a las autoridades mexicanas competentes a solicitar asilo diplomático y/o territorial o bien visas de turista, estudiante, etc. Otros más arri-baron a México sin realizar trámite alguno y sin poseer ningún documento, en

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forma más o menos abierta o de plano subrepticia. Varios viajaron directamente a México, pero algunos estuvieron antes en otro país (El Salvador, Costa Rica, Chi-le, Argentina, Ecuador, entre otros). Una vez en suelo mexicano, sin importar la manera en que entraron, los guatemaltecos asumidos como exiliados siguieron en lo fundamental dos caminos: unos trataron de regularizar su situación migratoria, en tanto que otros se mantuvieron o intentaron mantenerse encubiertos, es decir, semiclandestinos e, incluso, clandestinos. Una parte de ellos vivieron más de una vez la experiencia del exilio, ya que en cuanto podían regresaban a su patria, pero al ver en peligro su libertad y su vida volvían a salir de ella de nueva cuenta para ponerse a salvo. Con el paso del tiempo, se abrieron ante ellos al menos dos rutas más o menos definitivas: “desexiliarse”, retornando a su patria, o “trasterrarse”, in-tegrándose a la de acogida de forma permanente. En cualquiera de los casos, como ya se anotó, casi todos siguieron muy de cerca el acontecer de su país de origen; una parte se reorganizó desde México para seguir luchando por sus convicciones. Como también ya se mencionó, algunos regresaron a Guatemala en cuanto las con-diciones se los permitieron para combatir in situ por ellas, otros lo hicieron desde el territorio vecino. De esta manera, los exiliados formaron –y siguen formando– parte del devenir histórico guatemalteco.

Así las cosas, este texto tiene como objetivo central contribuir al conoci-miento de las principales características del exilio guatemalteco en México durante la segunda mitad del siglo XX y, a la vez, coadyuvar a entender un aspecto de la historia contemporánea de Guatemala. Es de señalar que en esos años hubo un constante flujo y reflujo de migrantes forzados que, si bien coincide con lo que algunos especialistas en y del país centroamericano denominan “olas de terror” (1954, 1966-1972, 1979-1983), tiene una dinámica particular y ciertos matices propios que se abordan en este texto.

Para cumplir el objetivo en cada uno de los apartados, se busca revisar tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo del exilio, hasta donde las fuentes de consulta disponibles lo permiten. Respecto al primer aspecto, se tienen materiales informativos archivísticos, hemerográficos y bibliográficos, así como electrónicos. Debido a los vaivenes en la forma de ingreso y permanencia o regreso de los exilia-dos, así como la falta de padrones o censos oficiales y extraoficiales, las cifras son apenas una mera aproximación. Cabe apuntar que se cuenta con datos más o menos puntuales de los asilados, pues de ellos hay registros relativamente completos en el Archivo Histórico “Genaro Estrada” de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (AHGE-SREM), pero de los que llegaron por su cuenta y no regularizaron su estancia es muy difícil establecer con precisión su número, su perfil y mucho más su nombre. Por otra parte, para complementar la información localizada en esos materiales, pero sobre todo para abordar el ámbito cualitativo, hay una serie de testimonios (orales y escritos, inéditos y publicados) aportados por varios de los propios exiliados con los que se puede establecer, por ejemplo: la forma en que fueron forzados a salir de su país, los lazos de diversa índole (económicos, sociales, políticos, intelectuales, afectivos, etc.) que mantuvieron entre ellos y con

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su patria de origen, la percepción que tenían del acontecer de la misma, así como las actividades y acciones que algunos llevaron a cabo para cambiar la situación. Con ello se pretende dar cuenta de cómo los exiliados fueron –y son– parte activa de la historia de Guatemala.

“oleadaS”

Como se anotó antes, en la segunda mitad del siglo XX, el fenómeno del exilio de guatemaltecos en México tuvo varios momentos que, hasta cierto punto, con-vergen con las “olas de terror” del país centroamericano, pero con sus matices. En este sentido, un primer elemento que sobresale es que la primera “oleada” (1954) y una de las últimas (1980) fueron numerosas; en tanto que las intermedias, que coincidieron más o menos con cada uno de los gobiernos establecidos en ese lap-so, fueron más bien reducidas en cantidad, incluso en períodos de incremento del terror como el de 1966-1972 y el de 1982-1983.

En las diversas “oleadas” hubo personas de todas las edades, teniéndose más datos precisos de jóvenes y adultos que de niños y ancianos. En cuanto al sexo, ocurre algo similar, es decir, si bien arribaron tanto hombres como mujeres, hay más registros sobre los primeros que sobre las segundas. En relación con la ocu-pación, las referencias indican que también hubo un abanico más o menos amplio en el que se encontraron lo mismo obreros y maestros de base que dirigentes sin-dicales, estudiantes que profesores universitarios, comerciantes y profesionistas, burócratas y militares, entre otros. En lo que toca a la participación y el activismo políticos, lo mismo se hallaba gente sin partido que cuadros y líderes de centro y de izquierda; de igual modo llegaron simpatizantes y militantes que dirigentes guerrilleros.

A este respecto, Terencio Guillén, uno de los propios exiliados, señalaba en una entrevista: “en cuanto al exilio guatemalteco podemos dividirlo en varias eta-pas u oleadas […] salían grupos más o menos numerosos […] Entre los exiliados de los 40-50 a los del 60-70 los primeros fueron intelectuales, los segundos eran obreros, luchadores, guerrilleros rurales y urbanos” (PEL/1/G-13: 59 y 69).

éxodo nuMeroSo i

Un primer movimiento de migrantes políticos que bien podría calificarse de nu-meroso y, sin duda, de significativo se dio a partir del segundo semestre de 1954, a la caída del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz. Así, en las horas inmedia-tas posteriores al acontecimiento, más de trescientas personas fueron reconocidas

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como asiladas en la Embajada de México, caso bastante insólito, pues hasta ese entonces esta figura jurídica interamericana había amparado a una muy discreta cantidad de perseguidos en cada ocasión que fue necesario. Sobre el particular, en los primeros días de julio, el personal de la representación diplomática remitía un telegrama a sus superiores en los siguientes términos: “Asilados suman trescientos dieciocho descontados algunos que han salido voluntariamente. Relaciones pidió lista para ir adelantando examen casos y resolver quienes podrían tener garantías y demás. Como toda comunicación está controlada no puede enviarse nada abierto estudio manera de enviar lista en forma ordenada. Como mantenimiento asilados sumamente costoso espero remisión urgente” (III-5527-3 (1ª parte)).

Entre los asilados estaban el propio presidente depuesto, sus colaboradores cercanos, funcionarios y empleados públicos, diputados, dirigentes y militantes partidistas, líderes y activistas sindicales, así como periodistas; algunos con sus familiares. Entre los nombres registrados por las autoridades mexicanas de estos asilados estaban: el presidente Arbenz; miembros del Gabinete, como Jaime Díaz Rozzotto, Raúl Leiva Muñoz, Carlos González Orellana, Eduardo Weyman, Car-los Enrique Díaz, Augusto Charnaud McDonald, Waldemar Barrios Klee, Alfonso Bauer Paiz, así como Ernesto Capuano del Vecchio y Alfonso Solórzano Fernández –quienes, por cierto, ya habían vivido un primer exilio en México durante la dicta-dura de Jorge Ubico–; ex funcionarios públicos como Guillermo Toriello Garrido, Julio Gómez Padilla, Guillermo Palmieri; el presidente del Congreso Julio Estrada de La Hoz y otros miembros de él como óscar Jiménez de León; dirigentes de partidos políticos como José Manuel Fortuny Arana; lo mismo que líderes sindica-les, como Rafael Tischler Guzmán y Hugo René Sagastume; dirigentes juveniles como Rafael Sosa y Heberto Sosa; líderes estudiantiles como José Severo Martínez Peláez; de igual forma, algunas mujeres activistas salieron por esta vía, entre ellas Dora Franco y Franco, Hortensia Hernández Rojas, Enriqueta González de Escobar, Concepción Castro de Mencos y Socorro Mancilla (III-5527-3 (1ª: parte), III-2179-43 y III-2180-16; México, 1955-1997: 19; Rodríguez de Ita, 2003: 67-81).

Sobre la forma en que llegó a la Embajada, Alfonso Bauer Paiz, uno de los asilados, recordaba lo siguiente:

“Algunos días después de que Carlos Castillo Armas asumiera el poder, una de esas noches, llegó a la casa Marco Antonio Villamar con informaciones muy tru-culentas y finalmente yo accedí a buscar asilo. […] Recuerdo que a la embajada de México nos llevó Francisco Reyes Pérez, un técnico mexicano que trabajó con la Organización de las Naciones Unidas […] Cuando logramos entrar en la embajada nos encontramos con otros asilados, entre ellos Arbenz, Guillermo Toriello y varios dirigentes del PGT [Partido Guatemalteco del Trabajo]. En esos días la embajada de México se llenó de gente, no sólo de guatemaltecos, sino de españoles, cubanos, ve-nezolanos, dominicanos, al punto que éramos más o menos 800 personas. Algunos llegaron solos, pero la mayoría íbamos con la familia, incluso con niños pequeños. […] La familia Arbenz y Guillermo Toriello tenían habitaciones privadas. El resto dormíamos ordenados, tipo cuartel, en los corredores y en las habitaciones que ha-bían desocupado” (Bauer Paiz y Carpio Alfaro, 1996: 173-174).

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Días después, también con intermediación diplomática, fueron acogidos en México Enrique Muñoz Meany y Jorge García Calderón; los coroneles Jaime Ro-sember y Rogelio Cruz Wer; el mayor Alfonso Martínez Estévez y su esposa; y Leonardo Castillo Flores. Víctor Manuel Gutiérrez y Thelma de Gutiérrez, Alfredo Guerra Borges y Elsa Castañeda de Guerra Borges, así como Augusto Cazali Ávila llegaron un poco después, ya que primero estuvieron en algún otro país. Asimis-mo regresaron a México para un segundo exilio –el primero había sido durante el período ubiquista– Luis Cardoza y Aragón, Carlos Illescas, Augusto Monterroso y Otto Raúl González; estos dos últimos, como otros connacionales, antes estuvieron en un país diferente (III-5527-3 (1ª parte), III-2179-41, III-2180-1 y III-2180-11; Balcárcel Ordóñez, 2008: 103-112; Cáceres, 1980: 59-76, 87-103 y 140-156; De la Torre, 1994: 11-13; Stoltz Chinchilla, 1998: 45-63).

En las semanas y los meses siguientes, otros tantos usaron variadas formas para salir de Guatemala y ponerse a salvo. Una de ellas fue ingresando a territorio mexicano con visas de estudiante, visitante o turista, directamente o luego de estar en otro país. De esta última manera arribó, por ejemplo, Saúl Osorio (PEL/1/G-12: 7-15). Otra forma fue por medio del asilo territorial, para el cual hay registros de varias solicitudes, como las de Rubén Darío Villatoro Barrios, Gabriel Orozco Posadas, Luis Alfredo Castillo Corado, la señora [s/n] de Martínez Estévez; César Pasos Álvarez, Juan Carlos Larios Fabián, Rafael Laria Fajardo, Salomón Cordero Ortega, Antonio Ruano Roca, Antonio Martínez Cruz, Felipe Albeño Ramírez. La mayoría de las peticiones fueron aceptadas, pero hubo algunas que no bajo el ar-gumento de que no cumplían con los requisitos, tal fue el caso de Rosa Rodríguez López de Bermis (III-2170-6, III-2179-44, III-2180-1, III-2180-3, III-2180-5, III-2180-6, III-2180-16, III-2180-29, III-2180-32, III-2185-2, III-2185-25).

Varias personas más salieron de Guatemala y se internaron en México sin trámite ni protección jurídica alguna y por sus propios medios. En este caso estuvo Carlos Alberto Figueroa Castro, dirigente sindical, miembro del PGT y partícipe en la aplicación de la reforma agraria arbencista. Muchos años después, su hijo Carlos reconstruía los hechos como a continuación se cita:

“… en el 54, cuando salió mi papá, era un hombre joven; en el 54, mi padre ha de haber tenido como unos 26 años, cuando cayó el gobierno de Arbenz. Él estaba resguardando, arma en mano, y en persona el local del PGT y vino la debacle. y, entonces, se tuvo que esconder y se fue a las montañas del norte del país esperando una orientación del PGT. Él me decía que lo que estaba esperando, todavía, era a ver si se iniciaba la lucha armada. […] Entonces, mi padre, una vez que vio que no había perspectivas de eso, decidió salirse, y salió por la frontera, disfrazado de cam-pesino […] Se metió de manera ilegal; incluso él me contaba que, en determinado momento, él se subió en un camión de redilas, que le dio un aventón, y se subieron dos liberacionistas, que así se le llamaban a los anticomunistas, armados, en el mis-mo camión, en la parte de atrás, y empezaron a comentar que venían cansados de estar matando comunistas, porque fue una matazinga la que hubo, le calculo unos 3000 muertos los que hubo en ese momento, y mi padre tratando de aparentar como que no tenía nada que ver. Así fue como salió al exilio” (PEL/1/G-2: 21-22).

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Es difícil determinar el número de exiliados que llegaron por la ruta del asilo diplomático o territorial, así como el de los que arribaron por cuenta propia, pero pueden calcularse en cientos y hasta en varios miles. En cuanto las condiciones políticas de su patria se los permitieron, muchos regresaron a ella, en por lo menos una ocasión, con el objeto de seguir participando de manera directa en el devenir de ella; varios murieron en la tentativa. Otros tuvieron que volver a exiliarse en México o en otro país para salvaguardar su vida. Algunos se instalaron en su veci-no del norte por un tiempo, breve o prolongado, y otros de forma definitiva, obli-gados por diversas circunstancias. De esta manera, se estableció una característica muy propia del exilio guatemalteco: el flujo y reflujo de exiliados, el “desexilio” y el “trastierro”.

deStierro exiGuo

Una segunda oleada migratoria tuvo lugar entre 1955 y 1957, cuando el gobierno contrarrevolucionario, encabezado por Carlos Castillo Armas, por un lado, promo-vió el regreso de exiliados y, por otro, expulsó de la patria a estudiantes y profesio-nistas que se le opusieron. En esos años, según reportes de la Embajada Mexicana, regresaron alrededor de doscientas personas. En contrapunto, un número relativa-mente reducido fue desterrado por las autoridades, quienes obligaron a salir por la frontera con Honduras a los que consideraban opositores. Algunos de ellos in-gresaron a territorio mexicano sin trámites ni documentos, tal es el caso, según lo refieren diversos testimonios, de Mario Monteforte Toledo y José Luis Balcárcel Ordóñez; por la misma época, la esposa del segundo de ellos, Elisa Benítez Porta de Barcárcel se trasladó a México de manera documentada (III-5527-3 (1ª y 2ª parte); Balcárcel Ordóñez, 2008: 112-113; Capuano, 2000: 47; Stoltz Chinchilla, 1998: 65-84; PEL/1/G-19: 7-14, 46).

Balcárcel Ordóñez resume la forma en que fue forzado a dejar su patria, debido a su participación como dirigente estudiantil, con las siguientes palabras: “Castillo Armas nos obligó a salir conducidos por hombres que nos hicieron man-tener acelerado el paso por espacio de varios kilómetros con el argumento convin-cente que da una metralleta por la espalda” (Quan Rossell, 1972: 581).

En ese mismo período, a por lo menos un universitario perseguido (Jorge Mario García Laguardia) le dio tiempo de asilarse en la misión diplomática de Mé-xico en Guatemala, para lo cual tuvo que implementar un operativo que él mismo refería como sigue:

“… entonces decidimos ir a la embajada mexicana, pero fue toda una operación clandestina también. Un grupo de amigos, que afortunadamente he tenido muchos desde esa época y hasta la fecha, estuvieron muy cerca de mí en ese momento, y establecimos una caravana en la cual mi novia llegó en un carro anterior –porque

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la policía cuidaba todas la embajadas, pero la embajada mexicana sólo tenía tres policías ahí, ¿verdad?–, y entonces llegó mi mujer, tocó la puerta de la embajada, de la residencia de la embajada, y cuando abrieron la residencia ella empezó a tratar de ganar un poco de tiempo para que yo pudiera salir del otro carro; entonces yo me acerqué en el otro carro y entré corriendo” (PEL/1/G-19: 20).

Adicionalmente, acudiendo a la figura del asilo diplomático, según lo repor-tado por el personal de la representación mexicana, César Augusto Silva Gironat salió de Guatemala. Al respecto, un telegrama de dicha representación dejó cons-tancia de lo siguiente:

“Refugiose en esta embajada solicitando asilo guatemalteco César Augusto Silva Gironat ex teniente del ejército quien estuvo procesado y encarcelado durante nue-ve meses al triunfo revolución Castillo Armas por haberse opuesto con las armas a ella. Díceme no haber tenido actuación política alguna en ninguna época pero que desde su absolución por Tribunal Militar de acusación genocidio ha estado constan-temente vigilado y que ayer policía intentó capturarlo y cateó su domicilio por lo que considera en peligro su libertad y hasta su vida” (III-2235-2).

Al mismo tiempo, varios perseguidos más recurrieron al asilo territorial. En este sentido, hay datos de varias peticiones que se presentaron en 1955, como las de Francisco Cosenza, Juan Alfonso González Estrada, con esposa e hijos, óscar Gilberto Clavería Sánchez, Alejandro Revolorio Morales, Miguel Quezada Flores, Manuel Bermúdez Medrano, Rubén E. Barrios, Carlos Enrique García Vicario; también están las de Carlos de León Meléndez, Adalberto Cóyol Qupil, Flavio Polanco Samayoa y Napoleón Baires Chávez. En 1956 realizó el trámite Carlos Pellecer Durán y al siguiente Edmundo Guerra y los hermanos Ángel y José Luis Illescas Cárdenas; también en 1957 hizo su solicitud Matilde Tzirin Hernández, pero le fue denegada (III-2190-34, III-2195-4, III-2195-13, III-2200-10, III-2200-21, III-2200-22, III-2200-42, III-2200-43, III-2210-12, III-2189-19, III-2189-20, III-2189-34, III-2225-16, III-2190-19, III-2190-20, , III-2244-20, III-2245-4 y III-2235-25).

rePatriacioneS y exPulSioneS i

En el lustro siguiente continuaron las tendencias abiertas en cuanto a migración forzada. Por un lado, hubo repatriación permitida y hasta auspiciada por el gobier-no del general Miguel ydígoras Fuentes (1958-1963) y, por otro, nuevas salidas indocumentadas y peticiones de asilo. Según algunos registros, tan sólo en 1958 pudieron repatriarse entre setecientas y mil personas. En contraste, el movimiento migratorio hacia México fue más bien bajo o, por lo menos, no hay indicios docu-mentales de lo contrario (III-5527-3 (2ª parte)).

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Entre los que se vieron precisados a salir de su patria de manera indocumen-tada estuvo el teniente coronel e ingeniero Carlos Paz Tejada, quien había sido jefe de las fuerzas armadas durante el gobierno revolucionario de Juan José Arévalo (1945-1951) y pilar del intento guerrillero de Concuá (Figueroa Ibarra, 2001: 405-412; Cáceres, 1980: 36-51; Capuano, 2000: 47). Sobre su salida y el operativo que se organizó para ello, el propio militar narró:

“Eso sucedió después de lo de Concuá, distintos grupos me daban cubrimiento o protección […] Lo que se arregló es que José Lara me recogería en su carro un día muy temprano en casa de Javier Ramos, pues allí estaba escondido. José me llevaría a su finca y allí aterrizaría en su avioneta Escolástico Ortega Peña. Y así lo hicimos con toda exactitud. Llegó Escolástico, como le digo yo no lo conocía, me subí a su avioneta y nos fuimos a su finca. Allí ya tenía a un par de inditos campesinos, probablemente trabajaban con él pero también trabajaban como contrabandistas. […] Estos muchachos me sacaron, fue una caminata calculo yo de como unos 20 kilómetros por extravíos que ellos conocían. […] Así pasamos el río, con el agua hasta el pecho. […] Pasamos el río y salimos precisamente al lado de un pueblo que está en Chiapas que se llama Cacahuatán. Allí me quedé solo, con algún dinero, unos 600 ó 700 dólares […] Un guatemalteco que se hacía pasar por mexicano, tenía un cuñado, un comerciante de pueblo, que vivía en Tuxtla Chico y me llevó con él. Con él me arreglé para que me llevara a México cobrándome 200 dólares” (Figueroa Ibarra, 2001: 408-409).

Por los mismos años, varios exiliados que habían estado en México retor-naron a dicho país, al parecer sin documentos, ante los peligros que corrían en su patria, entre ellos estuvieron Augusto Charnaud McDonald, Faustino Rivas Fajar-do, Waldemar Barrios Klee, Alfonso Solórzano Fernández, así como Dora Franco y Franco. También llegó por su cuenta Mario Payeras. Con visa de turista arribó, entre otras personas, Alaíde Foppa, esposa de Solórzano (III-5527-3 (2ª parte); Stoltz Chinchilla, 1998: 113-143; “Tributo”, s.a.: s.p.).

Por la vía del asilo, hay registro de que salieron de Guatemala hacia sue-lo mexicano alrededor de diez personas, entre ellas algunos participantes de los primeros grupos guerrilleros, como el teniente Guillermo Lavagnino, lo mismo que los hermanos Marco Tulio, Guillermo E., Víctor Manuel, Manuel de Jesús y Jorge R. Contreras Cisneros, José L. Casariegos, Carlos E. Urrutia Robles y José D. Quintana Tejeda (III-1936-4, III-1987-1, III-2235-2, III-2680-14 y III-5527-3 (1ª-3ª partes); Tapia Ramírez, 2007: 50-57).

Cabe apuntar que, sobre el asilo a Lavagnino, la Embajada de México repor-tó en 1961: “Ayer concedí asilo a teniente Guillermo Lavagnino señalado como autor levantamiento cuartel zona militar Cobán 16 de julio de 1960” (III-2860-14).

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éxodo reducido

Durante la gestión del coronel Enrique Peralta Azurdia, esto es, en el período 1963-1966, la migración forzada, si bien continuó, no alcanzó altos niveles cuan-titativos, pese a que la represión empezó a escalar. En ese lapso salieron al exilio principalmente políticos de centro izquierda, así como simpatizantes y militantes de la lucha armada; muchos lo hicieron por su cuenta y otros por vía institucional.

Entre los que sufrieron destierro estuvo el dirigente estudiantil Carlos Na-varrete, quien fue obligado a dejar su patria hacia septiembre de 1963 (Balcárcel Ordóñez, 2008: 112-113; Cáceres, 1980: 156-161; Capuano, 2000: 47). Al exilio lo siguió, en noviembre de ese mismo año, Stella Quan, quien se había casado con él en aquellos días (Stoltz Chinchilla, 1998: 113-143). Acerca de la expulsión del primero, la segunda apuntó en una entrevista: “había sido encarcelado durante tres meses –de junio a septiembre– sin haber sido nunca consignado. Es decir, sin que legalmente pudiéramos probar que lo habían capturado, como era el pan nuestro de cada día en Guatemala, una vez inaugurada la política contrainsurgente. Había sido golpeado y, luego, arrojado al río Suchiate, fronterizo con México” (Stoltz Chinchilla, 1998: 128).

Según diversas referencias, entre los que se trasladaron a territorio mexica-no por entonces estuvo Francisco Villagrán Kramer; lo mismo que los doctores Adolfo Mijangos, Raúl Osegueda y Rolando Collado; así como Leonardo Casti-llo Flores, Rodrigo Asturias Amado, Luis Trejo Esquivel, Carlos Barrios, Enrique Chacón y Mauricio García; al igual que Gustavo Meoño Brenner, quien llegó el 31 de diciembre de 1967 y permaneció en la capital por dos años. Julio Gómez Padilla –quien ya había estado exiliado– regresó a México en abril de 1967; por su parte, Raúl Díaz y Terencio Guillén también arribaron a ese país (Centro de Estudios de Guatemala, s.a.: s.p.; Caja 441, Expediente 4; “Denegado”, s.a.: s.p.; Cáce-res, 1980: 77-87 y 103-109; PEL/1/G-13: 3-15; Ludec, 2001: s.p).

Terencio Guillén, gobernador del departamento de Escuintla durante el ré-gimen arbencista, así como presidente de la Comisión Agraria, fue encarcelado en 1954, cuando no se quiso asilar, y unos años después “liberado” por ydígoras; en 1964 fue raptado y expulsado hacia suelo mexicano por las autoridades de su país. Sobre este hecho recordaba: “me llevaron hasta Tapachula, me documentaron, me mandaron para acá para México […] a mí me sacaron, yo no [busqué salir], mu-chos buscan una embajada, se precipitan, se sienten perseguidos y en la embaja-da tramitan su traslado al país de donde es la embajada, pero a mí me sacaron” (PEL/1/G-13: 15).

Por otra parte, según registros de la Embajada de México entre 1963 y 1965, poco más de una decena de personas se presentaron ante ella para solicitar asilo diplomático, entre ellos Alejandro Rubén Tovar Castellanos, Jaime Archila Marro-quín, René Montúfar Dueñas, Guillermo Chávez Maldonado, Gerardo Salvador

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Sosa Hernández, Genovel Castañeda Juárez, Agustín Pontepeque Campos, José Ma. Anaya Carranza, Jorge Arturo Fleih Paz, Juan Godoy Rossi y Edwin Rudith Martínez Díaz (III-2669-5, III-2890-27, III-2891-4, III-5527-3 (2ª parte) y III-5758-10).

En 1965, dicha Embajada apuntó lo que sigue sobre una de las solicitudes: “El señor Edwin Rudith Martínez Díaz, soltero, estudiante, de 22 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, estuvo prisionero un año acusado de delitos contra las instituciones democráticas y después de absuelto guarda prisión por razones se-guridad Estado. Autoridades guatemaltecas aceptan ponerlo en libertad si sale del país y el interesado, por conducto su abogado, solicita visa como asilado político para ir a México. Le ruego instrucciones” (III-5758-10).

Según su testimonio, Aura Marina Arreola, quien había estado previamente en México realizando sus estudios universitarios a finales de los años cincuenta, también se asiló en la representación diplomática de ese país, luego de participar en las jornadas de marzo y abril de 1962 y en las primeras Fuerzas Armadas Re-beldes (FAR). Al respecto, ella reseñó:

“En esta situación, mi padre me ofreció ayuda si me asilaba en la embajada de Mé-xico. Lo cual hice porque no tenía otra salida. […] En la embajada fui alojada en un cuarto que estaba fuera de la residencia, cerca de donde se colocaba la basura. Esto provocó que mi hijo enfermara de una terrible tifoidea. Mi madre lo salvó llevándo-lo a un hospital. Le puse un ultimátum al embajador: o me instalaba en la residencia con mi hijo o renunciaba al asilo y lo responsabilizaba de lo que sucediera. Así logré que me pasaran a la residencia, donde estaban alojados varios hombres asilados” (Stoltz Chinchilla, 1998: 105).

Un caso peculiar, por múltiples razones, fue el de Carlos Manuel Pellecer. Parte de su peculiaridad es que en la segunda mitad de 1963 solicitó asilo en la sede diplomática mexicana, pero no en su país, sino en Francia, donde se encontraba. Al respecto, la Embajada rindió un largo informe de los datos proporcionados por el peticionario, en los que aludía a otros exilios previos en México y otras partes del mundo, de los que no hay otras referencias. Como sea, el documento apuntaba:

“Carlos Manuel Pellecer, guatemalteco, escritor, periodista, hombre político, solici-ta asilo político de México ante la embajada de ese país en Francia. Refiere que du-rante la dictadura del general Jorge Ubico fue encarcelado varias veces por lo que se refugió en México viviendo en el estado de Sonora, estudiando y trabajando con los yaquis, seris y mayos (dice que ha escrito varios libros sobre ello); en 1944 volvió a Guatemala, siendo diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y luego al Con-greso de la república donde impulsó el movimiento sindical y la reforma agraria, fue dirigente también de la Confederación General de Trabajadores, y fungió cargos diplomáticos en Suecia, Noruega, Suiza y Francia. Cuando cayó Arbenz abandonó el país, por lo que se exilió en Argentina, Checoslovaquia, Italia, Cuba y México. Por más gestiones que ha hecho ante el gobierno de su país, se le ha negado la en-trada; su caso empeoró cuando en 1962 rompió públicamente con el comunismo in-ternacional y sus múltiples organizaciones, mediante una serie de cartas que fueron

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recogidas en el libro titulado Renuncia al comunismo, editado en México, lo que lo obligó a abandonar México sin poder entrar en su país natal, por lo que con ayuda de amigos llegó a Francia, donde escribe un libro que será patrocinado por editorial norteamericana. Desgraciadamente, y a pesar de estar casado con ciudadana france-sa y tener 4 hijos franceses, se le detuvo y le fueron arrebatados sus papeles que lo amparaban, y sin saber porqué le exigen salir del país. Por lo que quiere dirigirse a México donde guarda múltiples conocidos” (III-5527-3 (2ª parte)).

Aunque no se han encontrado otros documentos con la respuesta explícita, puede inferirse que ésta fue hasta cierto punto positiva, estos es, se le permitió la entrada a suelo mexicano, pero no como asilado, lo que se infiere de un oficio en el que se indicaba textualmente: “autorización para internarse al país como no inmi-grante, por seis meses, en los términos de la fracción III (tercera) del artículo 50 de la Ley General de Población, para el exclusivo objeto de realizar estudios literarios en México” (III-5527-3 (2ª parte)).

rePatriacioneS y exPulSioneS ii

En los años siguientes, el gobierno civil de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) abrió ciertas expectativas políticas para los exiliados, por lo que se dio otra oleada de repatriaciones. Al mismo tiempo, lejos de esas expectativas, tuvo lugar la salida forzada, no muy numerosa, de nuevos y viejos migrantes obligados; entre unos y otros hubo guerrilleros y seguidores de éstos.

Una veintena de perseguidos, identificados como miembros de grupos ar-mados rebeldes, siguieron la ruta del asilo diplomático, entre ellos Cristóbal Me-jía Castañeda, Julio Amael Vázquez Alvarado, Horacio Amado Landa Castañeda, Francisco Estrada Ortega, José Eduardo Sagastume Ortiz, yolanda Isabel Cardón de Sagastume, Héctor Sandoval Alegría, Santiago Armando Solís García, Gladys Susana Tally de Solís, Julio Roberto Solórzano Molina, todos ellos en 1967. Al siguiente año lo hicieron José Samuel Torón González, Ricardo Ismael Valleci-llo Pérez, Amanda Morales, Mario Roberto Tobías Lorenz, Evandro José Turcios Lima (de quien se aclara era hermano de uno de los principales dirigentes del movimiento armado); también Mario René Solórzano Aldana, Víctor Manuel Sán-chez Valencia, Carlos Rolando Segura Medina Chacón y Ma. del Carmen Luin Monzón. Llama la atención que, además, hubo al menos dos personas identificadas como miembros de fuerzas anticomunistas que tramitaron el asilo, se trató de Luis Roberto Núñez Sánchez y de Luis Alberto Micheo Arroyave (III-5527-3 (2ª parte) y III-5528-1 (3ª parte); Tapia Ramírez, 2007: 59-75).

Sobre estos casos, la sede diplomática informó con cierto detalle algunos aspectos sobresalientes, como los que se apuntan a continuación. En 1967, por ejemplo, notificó:

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“Hoy concedí asilo político ciudadano guatemalteco Héctor Sandoval Alegría. ya procedo términos instrucciones relativas. Asilo se concedió Sandoval Alegría, que se evadió cárcel local donde se encontraba detenido y sentenciado por hechos delic-tuosos naturaleza política y otros conexos, virtud asilado, según datos se disponen, fue comandante guerrillas en período gobiernos señores general Miguel ydígoras Fuentes y coronel Enrique Peralta Azurdia, siendo ello origen persecución y prisión me refiero. Cabe mencionar que Héctor Sandoval tiene 31 años, originario de Quet-zaltenango, comerciante, sin domicilio fijo” (III-5527-3 (2ª parte)).

Acerca de otro asilado, quien recibió la protección debida el siguiente año, se puntualizó:

“Hoy viernes 24 mayo [de 1968] concedí asilo a ciudadano guatemalteco Mario Ro-berto Tobías Lorenz, conocido como miembro muy activo de organización clandes-tina Fuerzas Armadas Revolucionarias. Interesado llegó esta embajada gravemente herido por lo cual trasladose hospital de acuerdo con consejo médico. Esta tarde entregué nota comunicando concesión asilo a canciller Arenales y pedí protección policíaca para asilado en el hospital con el cual esta embajada celebró contrato arrendamiento abarcando pieza ocupa asilado, objeto forme parte transitoriamente local ocupa esta misión. En esas circunstancias canciller Arenales obtuvo de Minis-terio de Gobernación protección policíaca solicitada” (III-5528-1 (3ª parte)).

En relación con uno de los elementos anticomunistas, el personal diplomá-tico apuntó en 1968:

“Informa del asilo concedido a Luis Roberto Núñez Sánchez, nacido en Guatemala en 1934, egresado de la Escuela Politécnica (academia militar de Guatemala) con el rango de subteniente; entre 1954 y 1955 sirvió como ayudante del entonces presi-dente coronel Castillo Armas; al morir éste, pasó a ocupar el cargo de delegado de migración y asistente del director de la Junta de Seguridad Social. Época en la que se dedicó a actividades políticas, siendo uno de los fundadores de la Alianza Juvenil Guatemalteca Anticomunista y entró a formar parte de la directiva de las Fuerzas Unidas de Liberación (FUL); ocupó también el puesto de inspector general de Par-tido Institucional Democrático (PID); posteriormente fue invitado a participar en la Nueva Organización Anticomunista (NOA), sirviendo de enlace entre diferentes elementos de la NOA y el Movimiento Armado Nacionalista Organizado (MANO), además de haber desempeñado un papel directo en el secuestro del arzobispo Casa-riego, siendo el chofer del auto que transportó a dicha persona a una casa de campo en Quetzaltenango. Este último hecho el señor Núñez refirió al solicitar el asilo político, que ignoraba que sería un secuestro lo que demuestra al haber ayudado al arzobispo a escapar” (III-5528-1 (3ª parte)).

Cabe apuntar que entre finales de 1967 y principios de 1968 varios jóvenes integrantes del grupo cristiano Cráter, para entonces ligado a las ya mencionadas FAR, que realizaban actividades sociales en Huehuetenango y Petén, se vieron obligados a dejar su país y trasladarse a México. Entre esos jóvenes se encontra-ban María Cristina Arathoon Molina, Guillermo Cruz Ventura, Manuel Hernán-dez, Juan Mendoza Rosales, Gustavo Meoño Brenner y Arturo Taracena Arriola; con ellos dejaron Guatemala los sacerdotes de la orden maryknoll, Thomas y Ar-thur Melville, así como Margarita Bradford y Juan Lojo Romero. Luego salieron

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Gustavo Porras Castejón y María del Carmen Flores. Poco después algunos de ellos pasaron a la clandestinidad al vincularse al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Uno de los exiliados, en un artículo, apuntó lo siguiente sobre la ubicación en el país receptor: “Entre las contadas fotografías que conservo de finales de los años sesenta, siempre he tenido predilección por una que me tomaron en una casa de la Colonia Federal de la ciudad de México, donde vivíamos los miembros de Cráter, quienes seguíamos ligados al movimiento revolucionario guatemalteco” (Taracena Arriola, 2008, 73-78).

Por otra parte, hay referencia de otros guatemaltecos a quienes, sin aclarar la forma en que arribaron a territorio mexicano, se les autorizó su permanencia en ese país como asilados políticos. Por ejemplo, en junio de 1968, Ariel González Sanabria y Julio Linares Flores (III-5528-1 (3ª parte)).

interludio relativo

Durante la década de los setenta, pese al incremento de la violencia, se vivió una especie de intermedio en términos de exilio, al menos del abierto. Por varias re-ferencias se sabe que en esos años varios guatemaltecos que se hallaban en suelo mexicano o que arribaron a él se mantuvieron en la clandestinidad con la finalidad de formar dos organizaciones insurgentes. En esta situación estuvieron, entre otros, Ricardo Ramírez de León (Rolando Morán), Mario Payeras (Benedicto), Julio Cé-sar Macías (César Montes) y su compañera Clemencia Paiz Cárcamo (Cecilia), Gilberto Ramírez (Manuel Montes) y Antonio Fernández Izaguirre (Sebastián), iniciadores del EGP, así como Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom) de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) (Balcárcel Ordóñez, 2008: 114; Ma-cías, 1998: 20 y 201-225; Payeras, 1984: 15-18).

En cuanto a exilio documentado, quedó registro de al menos una persona que llegó a México hasta cierto punto independiente. Se trató de Jorge Mario Gar-cía Laguardia, quien había sido asilado en los años cincuenta. Para 1971, después del asesinato de Adolfo Mijangos, con quien compartía ideología, despacho profe-sional de abogados y amistad, decidió aceptar el apoyo de sus colegas mexicanos quienes, para facilitar la salida de su patria ante el peligro que corría, le ofrecieron empleo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co (UNAM) (PEL/1/G-19: 52-61).

Por la vía del asilo diplomático, según documentos archivísticos, hubo to-davía algunos casos, prácticamente los últimos del período. De esta forma, al ini-cio del gobierno de Carlos Arana (1970-1974) salieron hacia territorio mexicano

Abelardo Antonio Rodas Barrios y familia, Estela Marina Estrada, Julio Eduardo Méndez Aguilar, Antonio Sierra González y Horacio Amado Landa Castañeda, quien ya había obtenido la misma protección unos años antes (III-5528-1 (3ª par-te); Tapia Ramírez, 2007: 81-82).

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Respecto a la mujer peticionaria, la Embajada de México reportó lo siguien-te: “Hoy se presentaron dos individuos se dicen estudiantes de derecho solicitando asilo favor Estela Marina Estrada aproximadamente 40 años empleada correos fue secuestrada 48 horas principios de mes circunstancias semejantes esposos Rodas reapareciendo tirada inmediaciones lago Amatitlán con herida bala cráneo y se encuentra actualmente internada hospital Seguro Social aquí. Les indiqué fin con-siderar petición precisase dictamen médicos establezca condiciones hallase actual-mente” (III-5528-1 (3ª parte)).

Mientras que de otro caso la misma misión diplomática reseñó:

“Hoy lunes 16 noviembre concedí asilo Julio Eduardo Méndez Aguilar, guatemalte-co. Al notificar Ministerio de Relaciones Exteriores solicité se expida salvoconduc-to correspondiente. Cabe señalar que el señor Méndez Aguilar es de nacionalidad guatemalteca, nacido en Gualán, departamento de zacapa, el 13 de abril de 1937 y según parece ya había estado asilado en dicha embajada en septiembre de 1965, jun-to con su hermano Jorge Rolando y llegaron a México con esa calidad en enero de 1966; el señor Méndez Aguilar desde el mes de marzo de 1963 pertenece al grupo subversivo 13 de noviembre, pero afirma no haber tenido participación alguna en ninguna acción armada en los últimos años; tuvo participación activa en la campaña política en apoyo de la candidatura del señor Roberto Carpio Nicolle, para alcalde de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento de solicitar asilo prestaba sus servi-cios como mecanógrafo, encargado del archivo en la Oficina Central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se envió a detenerlo cuando entró en vigor el estado de sitio, sin embargo logró huir y logró pedir asilo en esta embajada” (III-5528-1 (3ª parte)).

Para 1971, varias de las solicitudes presentadas fueron denegadas, argumen-tando sin mayores detalles que debido a las leyes penales mexicanas no procedían, lo que bien puede interpretarse como un endurecimiento de la política de asilo del país receptor. En tal situación estuvieron por lo menos cuatro personas: Vidalina Antonieta Monzón Soto y su esposo, Manuel Solares y Carlos Rafael Juárez He-rrarte (III-5528-1 (2ª y 3ª parte)).

En relación con la petición de Monzón Soto, la representación diplomática mexicana dejó registro de la siguiente forma:

“Sábado 22 se presentó esta embajada Vidalina Antonieta Monzón Soto guatemal-teca, expediente Secretaría de Gobernación número A.D. 4/380751, acompañada su esposo fin solicitar asilo. Les indiqué imposibilidad [de concederlo] conformidad Código Penal reformado, además virtud de que señora Soto fue una de cuatro perso-nas se canjeó señor Sean Michel Holly, segundo secretario de embajada secuestrado aquí marzo 1970, desdeñó asilo se le concedió al abandonar territorio mexicano mayo año pasado, declarándonos se reintegró Guatemala para continuar la lucha. Le ruego comunicar lo anterior Secretaría de Gobernación” (III-5528-1 (3ª parte)).

Pese a ello, en otro documento escueto se encuentra, sin mayor explicación, la autorización de permanencia en México de ella, de José Manuel Aguirre Mon-zón y de Mario Leonel del Cid Nelly (III-5528-1 (3ª parte)).

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En los siguientes años no se brindó asilo diplomático o, por lo menos, no hay datos sobre ello, salvo una petición de 1977, hecha por José Luis Perdomo Orellana (III-5528-1 (3ª parte)).

éxodo nuMeroSo ii

La que prácticamente sería la última oleada de exiliados se efectuó hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta, en uno de los momentos álgidos del terrorismo de Estado en Guatemala, durante los gobiernos de los generales Fernando Romeo Lucas García y de Efraín Ríos Montt. Por una parte estuvieron las decenas de miles de campesinos pobres, indígenas casi en su totalidad, que cruzaron hacia México, se establecieron en la zona fronteriza y, luego de muchas vicisitudes, fueron reconocidos como refugiados –fenómeno que tiene sus propias características y requiere un estudio aparte. Por otro lado, varias decenas de perse-guidos políticos llegaron a territorio mexicano, saliendo de su patria por distintas rutas, la mayoría por su cuenta. Apenas unos cuantos pasaron por la protección de una embajada, ya que para entonces éstas en general no se mostraban muy abiertas a recibir perseguidos, amén de que estaban demasiado vigiladas y custodiadas por fuerzas policíacas y militares oficiales y extraoficiales para evitar que en ellas se diera la protección debida a los acosados políticos.

De hecho, en esos años apenas si hay registro de unas cuantas personas que solicitaron asilo diplomático en las Embajadas de México, Nicaragua, Venezuela y Costa Rica en Guatemala. Según las escasas referencias documentales disponi-bles, se ha podido establecer que la representación mexicana se mostró más bien inclinada a seguir la política de endurecimiento iniciada desde principios de los años setenta, pero llegó a otorgar la protección debida en algunas ocasiones. Así, durante el primer semestre de 1980, al presentarse una diversidad de situaciones ante esa misión diplomática, la respuesta por parte de su personal también fue muy variada. Por ejemplo, en febrero, cuando circuló un rumor de que un hombre apellidado Ruiz Furlán –que bien pudo ser el sacerdote José María, más conocido como el padre “Chemita”– había pedido asilo, los funcionarios rápidamente lo desmintieron; algo similar ocurrió, unos meses después, en relación con un grupo de líderes sindicales (III-8114-2 (4ª parte)).

En el mismo lapso se presentaron ante la misma Embajada dos casos que resultaron complejos, de los que dieron cuenta de manera escueta el personal di-plomático y con cierta amplitud la prensa local. El primero fue el de Franz Galich que, a inicios de marzo, se presentó personalmente a la residencia del embajador, fue recibido en la puerta por un funcionario y de allí llevado a un “lugar secreto del país” (Nuevo Diario, 1980 marzo 7: 2). Como es sabido, Galich vivió exiliado en Nicaragua por muchos años (III-3426-1 (2a.) y III-8114-2 (4ª parte)). Sobre esto, el titular de la representación dejó asentada la siguiente información:

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“Permítome comunicar ayer 5 de marzo presentose esta embajada señor Franz Ga-lich, acompañado de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión, objeto solicitar asilo, virtud sentíase perseguido por fuerzas del orden público ya que sus poemas y algunos otros escritos no son gratos gobierno de Guatemala. Además explícitamente manifestó no pertenecer partido político alguno ni haber tenido nin-guna actividad política ni subversiva. A señor Galich, pasante de letras y catedrá-tico auxiliar Facultad de Derecho Universidad San Carlos atendido fuera puerta entrada, explicósele detalladamente alcance y aplicación convenios asilo. Vista lo anterior y que casualmente presentose patrulla policía nacional, señor Galich pidió ser trasladado a otro lugar, por lo que en automóvil condújosele calles aledañas esta embajada. Noticieros televisión día ayer dieron a conocer solicitud asilo dicho señor que desmentí. Hoy matutinos esta ciudad reproducen noticia sentido encuéntrase asilado, lo que también he desmentido” (III-8114-2 (4ª parte)).

El segundo caso fue el del periodista Carlos Barranco Rodríguez, de quien se corrió la especie de que había pedido asilo en la sede mexicana, en mayo siguiente, lo que de inmediato fue desmentido por el personal de ésta; luego se aclaró que sí se hallaba asilado, pero en la representación de Costa Rica (III-3426-1 (2a.) y III-8114-2 (4ª parte)). A pesar de ello, al final de cuentas, salió rumbo a México con su familia, como lo informaron varios diarios en el siguiente tenor: “Carlos Barranco Rodríguez, su esposa y sus dos hijos viajaron a México, no obstante que la misión diplomática de este país en Guatemala, le denegó igual que la embajada de Venezuela este derecho diplomático” (Gráfico, 1980 junio 6: 2).

A mediados de ese mismo año de 1980, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sufrió una ola de violencia mayúscula y con ello muchos uni-versitarios tuvieron la necesidad de poner a salvo su libertad y su vida por distintos medios, entre ellos el del asilo diplomático. En ese contexto, la misión mexicana siguió mostrando poca apertura para recibir solicitantes. Un claro ejemplo fue la negativa dada a la única petición que quedó registrada, la cual fue hecha para el estudiante Víctor Manuel Valverth, quien fuera baleado en las instalaciones de esa casa de estudios y posteriormente asilado por la Embajada de Costa Rica (III-3426-1 (2a.) y III-8114-2 (4ª parte)).

En contraste, en julio de 1981, el personal diplomático de México se mostró menos cerrado y aceptó con cierta facilidad otorgar asilo a Mario Roberto Cruz Sintuya (o Sintú), quien lo solicitó y consiguió junto con su compañera Julia Mirna Paz Carranza y su hijo de un año de edad óscar Universo [sic] Cruz Paz. Al respec-to, quedó asentada la siguiente información en la documentación correspondiente:

“El encargado de negocios y un funcionario de esta misión interrogaron, por sepa-rado, tanto al señor Mario Roberto Cruz Sintú [sic], como a la señora Julia Mirna Paz, en donde demostraron ampliamente, especialmente él, su participación activa dentro del EGP. […] En virtud de los datos recabados y después de precisar que efectivamente la vida del señor Cruz corría peligro inminente por su participación en el EGP se procedió a concederle el asilo. […] Es preciso señalar que dentro de la participación que tuvo el señor Roberto Cruz destaca que dos veces se dirigió a Nicaragua buscando asilo político, en la última ida logró entrevistarse con un

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funcionario de nuestra embajada en ese país quien le indicó que en esta misión di-plomática podría solicitarlo. Asimismo destaca el hecho de que el señor Cruz Sintú llegó a la ciudad de México y se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación solicitando asilo, mismo que por razones que ignora el propio aludido y consecuentemente esta embajada, no le fue concedido. Finalmente, cabe señalar que la mayoría de los maestros que trabajaban en el área de Izabal, en donde el señor Mario Roberto Cruz Sintú realizaba sus actividades fueron asesinados y aparecie-ron sus cadáveres torturados. Según información que él recibió de algunos otros militantes del EGP él sería uno de los próximos eliminados” (III-8114-2 (4ª parte)).

Con unos días de diferencia, sin aportar mayores datos y todavía con meno-res justificaciones, los mismos funcionarios mexicanos negaron el asilo formal a una mujer a la que sólo se refieren como “Sra. Salguero”, aunque aceptaron apo-yarla para que saliera de su país (III-8114-2 (4ª parte)). En tanto que a los pocos meses, justo en medio del golpe de Estado de 1982, el personal de la misión di-plomática aceptó la solicitud de “hospitalidad” presentada por Valentín Solórzano Fernández, quien había estado exiliado en México antes de 1944 y luego había sido ministro de Economía; asimismo no pusieron reparos al retiro voluntario que la misma persona llevó a cabo en breve tiempo (III-8114-2 (4ª parte)).

En mayo siguiente tuvo lugar un caso bastante peculiar de asilo ante la Em-bajada de México. Entre las peculiaridades pueden subrayarse dos: una, que la ma-yoría, si no es que todos los solicitantes, eran indígenas, es decir, no eran ni criollos ni ladinos, que eran los que comúnmente pedían la protección diplomática; y, dos, que ninguno acudió de manera personal a la sede correspondiente a hacer la peti-ción como se requiere, sino que fue por medio del propio Gobierno guatemalteco, como parte de una negociación de éste con un grupo de inconformes. Se trató de doce personas (cuatro mujeres y ocho hombres), integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y del Frente Popular 31 de Enero (FP31) que ocuparon las ins-talaciones de la Embajada de Brasil con el fin de dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional la situación de violencia que se vivía en Guatemala, sobre todo en zonas rurales. Luego de delicadas negociaciones entre los ocupantes y las autoridades guatemaltecas, éstas pidieron a la representación mexicana la protec-ción debida para los indígenas, quienes de inmediato fueron llevados al aeropuerto para trasladarlos al país de acogida, prácticamente sin pisar la misión diplomática (Stoltz Chinchilla, 1998: 399; 401-407 y 415-418).

Sobre su salida de la patria, María Cumes, una de las asiladas, describió lo siguiente: “Cerca de las cinco de la tarde, el gobierno comenzó a anunciar por la radio que los campesinos que habían ocupado la embajada de Brasil estaban en camino para México, pero todavía estábamos en la embajada. Fue hasta como las ocho de la noche que ellos prendieron las luces y dejamos el edifico para ir al ae-ropuerto” (Stoltz Chinchilla, 1998: 405).

A finales del mismo mes de mayo, entre los días 27 y 28, según documen-tación localizada, la Secretaría de Gobernación de México otorgó permiso para que permanecieran en territorio nacional, en calidad de asilados políticos, a María

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Cumez Cumez [sic], Manuela Martín Sacuic, Cristina Morales, Izabel [sic] Mora-les Cumez [sic], Leonardo Arturo Alvarado Arriola, Domingo Hernández Ixocoy, Sebastián Lindo Cumez [sic], Jorge David Rivera Hernández, Marcelo Roquel Guarcax [sic], Pioquinto Abraham Villatoro Hidalgo y Carlos yaxon Guarca [sic] (III-8114-2 (4ª parte)).

Para 1983 apenas si hay constancia de dos consultas hechas a la Embajada Mexicana relacionadas con potenciales solicitudes de asilo, que no se concretaron por distintos motivos. La primera fue hecha, en abril, por Jorge Augusto Paz Al-peris, participante en el golpe de Estado de 1982 y del análisis de contragolpe de 1983, junto con Lionel Sisniega Otero y Danilo Roca. La segunda fue realizada, en agosto, por Guillermo zúñiga, un dirigente campesino (III-8114-2 (4ª parte))

Entre tanto, en 1984, sólo quedaron consignados los datos de tres solicitan-tes que fueron calificados de forma negativa por los representantes mexicanos. Lo mismo ocurrió con otros más de los que no se apuntó información precisa, pese a que el propio embajador puntualizó en un documento: “desde principios enero hase [sic] recrudecido violencia este país; preséntanse mucha frecuencia casos si-milares todos debidamente atendidos y hasta fecha a juicio esta misión igualmente ninguno ha calificado sujeto de asilo” (III-8114-2 (4ª parte)).

La primera de las peticiones tuvo lugar en febrero, se trató de Gloria Ara-bella Pineda viuda de López, quien se presentó con su hija y su hermano, debido a que se sentía en peligro luego de que su marido, académico en derecho laboral de la USAC, fuera desaparecido y asesinado. La respuesta del titular de la sede mexicana fue en el siguiente sentido: “Preciso y concienzudo análisis información proporcionada, considerose no aplicar convenciones materia asilo, y además vir-tud encuéntrase vigente amnistía, sugiriósele acudir autoridades Universidad San Carlos” (III-8114-2 (4ª parte)). Al parecer, tal respuesta fue considerada por sus superiores como poco adecuada, pues en un documento le indicaron: “Secretaría desearía examinar con usted, en un próximo viaje que haga a México, situación imperante ese país con particular relación a la aplicación de las convenciones de asilo, ya que, a primera vista, nos parece que caso concreto refiérese suyo […] po-dría haber calificado para recibir protección esa embajada” (III-8114-2 (4ª parte)). Pese a esto, que podría considerarse un llamado de atención, en junio siguiente, el embajador volvió a denegar dos asilos solicitados: el del estudiante Erick Alarcón Rodas y el de Alfredo Díaz zavala (III-8114-2 (4ª parte)).

Independientemente de los pocos que lograron el asilo diplomático en la representación de México y pudieron trasladarse a ese país con la protección y cobertura necesarias, muchos más salieron de Guatemala de forma diversa (docu-mentada e indocumentada; abierta, semiclandestina y clandestina) y dispersa, lo que dificulta todavía más que en otros momentos establecer con precisión cuántos y quiénes viajaron a territorio mexicano. Por variadas referencias, sobre todo tes-timoniales, se sabe que hubo un alto número de universitarios, en particular de la USAC que, de una u otra manera, tuvieron que dejar su patria debido al clima de

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violencia general y a amenazas contra su vida en particular. Entre ellos se hallaban, por ejemplo, Rafael Cuevas del Cid, ex rector de la USAC, conocido como “el rector de la dignidad”; Saúl Osorio Paz, economista y ex decano de la Facultad de Economía de la misma Universidad; Gilberto Castañeda, arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura también de la USAC; Carlos Figueroa Ibarra, Sergio Tischler Visquerra y Ernesto Godoy, profesores de esa casa de estudios. También salieron Mario Flores Osorio, José Emilio Ordóñez Cifuentes, Carlos López y Mi-guel Ángel Ronquillo; un poco después la ingeniera Olga (Jimena) Jiménez y el psicólogo y escritor Mario René Matute García-Salas. La mayoría de ellos viajaron directamente a México, otros lo hicieron luego de ir a otros países, como Castañe-da, Figueroa Ibarra, Matute y Jiménez. A varios los siguió su familia, presentándo-se algunos casos de salida dramática. Algunos de ellos se contactaron de inmediato con otros compatriotas que ya se hallaban en territorio mexicano; sin embargo, otros enfrentaron en solitario la experiencia del exilio, como Milton René Ordó-ñez del Cid (Manolo). Además de los universitarios, por ese tiempo, como es de sobra sabido, se trasladó a México Rigoberta Menchú; de igual forma, se sabe de al menos otra mujer indígena participante de movimientos sociales rurales que fue obligada a dejar su país y que dio testimonio de sus vivencias bajo el nombre de Margarita (Balcárcel Ordóñez, 2008: 114; Capuano, 2000: 46-47; Cáceres, 1980: 223-244; PEL/1/G-3: 2 y 6-7; PEL/1/G-8: 43-45; PEL/1/G-17: 9-16; PEL/1/G-4: 22-25 y 30-31; PEL/1/G-12: 16-21; PEL/1/G-9: 28; Vázquez Medeles, 2008: 80; Ludec, 2001: s.p.; Cáceres, s.a. a): s.p.; Stoltz Chinchilla, 1998: 267-291).

Como se apuntó antes, Matute no viajó directamente a suelo mexicano, sino que primero se fue a tierras ticas. Sobre ello explicó lo siguiente en una entrevista:

“Estamos hablando del ochenta, sí. […] yo logré salir en mayo, el 15 de mayo, y bueno salimos, yo fui a Costa Rica […]. Entonces, la decisión de salir no fue sólo personal, hubo consultas en la Universidad, la gente, digamos, que dirigía políti-camente la Universidad, estaba el rector, estaba el secretario general, había otras gentes, el director de la Oficina de Planificación y otros acordaron que nosotros ya no nos debíamos presentar a la Universidad porque según los cálculos que se ha-bían hecho éramos las próximas víctimas y por eso dejamos de ir a la Universidad. […] en junio del 84, bueno de acuerdo con ciertas disposiciones del Partido [del PGT], yo tomé la decisión de trasladarme a México, sabía que aquí encontraba a mi mujer [Olga (Jimena) Jiménez], sabía que aquí había la posibilidad de seguir estudios, de poderme incorporar al periodismo, yo soy miembro de la Asociación de Periodistas en Guatemala […] yo entré legal, entré legalmente, entré como turista” (PEL/1/G-4: 22-23, 30-31 y 59).

Entre los que vivieron su exilio en solitario, como se anotó, estuvo Ordóñez del Cid, un militante del PGT, quien luego de haber estado varias veces detenido salió de su país en octubre de 1980. Respecto a ello comentó:

“Sí, yo tuve otras opciones a donde ir. Canadá ofrecía un proyecto para refugiados que me convenía económicamente, era una muy buena opción, había apoyos eco-nómicos, había la recepción del país, la documentación legal, etcétera. Australia

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tenía también un proyecto para refugiados al que yo me iba a acoger. Costa Rica tenía, por una relación de trabajo, de amistad con un amigo, tenía yo opción de irme a Costa Rica. […] el único lugar donde no tenía ninguna perspectiva era México, aquí no tenía conocidos, no tenía opción, no tenía forma fácil de llegar, no había un proyecto para refugiados en México; nada más que era el país que a mí me gustaba […] y decido venir acá, con un pasaporte, con una visa de turista que me dura seis meses y al mes sexto se vence y se vence mi visa, me piden que abandone el país, pero ¿adónde voy? […] A partir de entonces y durante los siguientes cinco, seis años permanezco ilegal en el país” (Vázquez Medeles, 2008: 112-113).

Una salida dramática de su patria, de la que incluso se ocupó la prensa gua-temalteca y las Embajadas de Bélgica y de México, fue la de la familia formada por Lucy, Luis Rafael y Marco Antonio Figueroa Ibarra, quienes fueron acosados, luego del asesinato de sus padres (III-8114-2 (4ª parte)). Una nota periodística dio cuenta de ello en los siguientes términos: “Los tres jóvenes Figueroa Ibarra que se encontraban asilados en la embajada de Bélgica salieron del país bajo la protección de la bandera mexicana, como resultado de las amenazas que sufrieron a raíz del asesinato de sus padres en una de las calles de la zona 7 (Ciudad de Plata 2) de esta ciudad” (Gráfico, 1980 junio 29: 2).

Por otra parte, hay referencia documental de otras personas a quienes, sin aclarar la forma en que arribaron a territorio mexicano, se les autorizó su perma-nencia en él como asilados políticos, de ellos tampoco se puede saber el número preciso. En tal situación estuvieron, por ejemplo, entre abril y agosto de 1982, Carlos Enrique Boj Pacajoc, Danilo Armando Agallo Mérida, José Antonio Ro-dolfo de Jesús Córdova Gálvez, su esposa Mercedes de Jesús Carranza Santizo de Córdova Gálvez y sus hijos Ana Karina, Rodolfo Francisco y José Antonio; luego, entre enero y abril del siguiente año, Luis Alfredo Pineda Rueda, Ernesto Orellana Arévalo y sus hijas Leonor, Isabel y Elba, Enrique Oviedo Girón y Vilma yolanda Estrada Sandoval, así como el periodista Narciso Federico zelaya Bockler (III-8114-2 (4ª parte)).

En fin, dada la forma en que salieron al exilio y vivieron éste en suelo mexi-cano, como se mencionó arriba, es sumamente difícil establecer una cifra exacta, pues además no hay censos oficiales o extraoficiales al respecto. Sin embargo, pue-de afirmarse que fueron varios cientos, si no es que miles. En abono de esta afirma-ción, una nota de prensa guatemalteca que reseñaba la visita oficial del entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo a México, en 1986, comentaba la presencia de más de medio millar de exiliados que acudieron a una recepción ofrecida en la sede diplomática guatemalteca en el Distrito Federal e, incluso, hacía referencia a dos de ellos con nombre y apellido. Dicha nota decía a la letra:

“El presidente Cerezo se reunió con numerosos guatemaltecos que permanecen exiliados en México, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, el licenciado Mario Quiñones [sic] Amézquita, en la conferencia de prensa que ofreció al retornar al país. Expresó que el mandatario dio una recepción en la residencia de nuestro embajador, doctor Julio César Méndez Montenegro. Estaba programada para 200

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personas, pero llegaron más de 600, en su mayoría compatriotas que por diversas causas permanecen exiliados en el citado país. Quiñonez aclaró que no se trató de dirigentes guerrilleros, sino de personas que laboran con universidades o en diver-sas instituciones de México. Aunque el canciller no dio nombres de los exiliados que asistieron a la recepción, un miembro de la comitiva presidencial dijo que entre ellos estuvo el licenciado Saúl Osorio Paz, ex rector de la USAC que buscó refugio en México al ser amenazado de muerte durante la administración del general Lucas García. También felicitó al mandatario el reconocido escritor y analista Mario Mon-teforte Toledo, así como el profesor Aquiles Linares, ex catedrático de la USAC” (Prensa Libre, 1986 julio 7: 2).

Por otra parte, cabe apuntar que en esos años de éxodo numeroso –y muy probablemente en otros momentos–, guatemaltecos que se encontraban en terri-torio mexicano sufrieron vigilancia, persecución y detención por parte de autori-dades del país anfitrión. Por ejemplo, en 1984, en medio de las presuntas inves-tigaciones por el asesinato, cometido el 29 de mayo, en la ciudad de México, del connotado periodista mexicano Manuel Buendía, autor de una prestigiosa columna intitulada “Red Privada” del diario de circulación nacional Excelsior, el 13 de ju-nio siguiente fue capturado el principal dirigente de una agrupación denominada PGT-6 de Enero, a pesar de que contaba con su documentación en regla (pasaporte y visa legal de turista). Luego de su captura, fue detenido y conducido, primero, a las instalaciones de la Interpol en México y, después, al sótano de la Dirección Federal de Seguridad, donde fue torturado durante varias semanas. Por ese medio pretendieron que “reconociera” que él había sido el asesino del periodista; también trataron de obtener información sobre integrantes del PGT que vivían en México. Paralelamente, varios elementos del mismo partido fueron identificados y deteni-dos, lo mismo que militantes de la ORPA. Tres meses después fueron liberados; unos se marcharon a Cuba y otros a Canadá (Bravo, 2012: 3).

“deSexilioS” FrecuenteS

Como se apuntó antes, una característica muy propia de la experiencia guate-malteca fue el flujo y reflujo de exiliados, los “desexilios” frecuentes con los que buscaban continuar participando de manera directa en el devenir de su patria. Desde la primera hasta la última “oleada”, muchos migrantes forzados regresaron a Guatemala, en por lo menos una ocasión, en cuanto se les presentaron condi-ciones políticas favorables; varios perdieron la vida en el intento. Otros tuvieron que volver a salir a México o a otro país para salvaguardar su vida. Eventualmente, unos cuantos pudieron quedarse en su país y seguir luchando por él, conforme a sus ideales.

Un caso representativo de aquellas personas que, con la finalidad de lograr los cambios que consideraban eran necesarios en su país, se exiliaban para sal-vaguardar su libertad y vida y se “desexiliaban” en cuanto les era posible para

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continuar su lucha es el de Bauer Paiz. Sus idas y vueltas a la patria fueron narra-das por él mismo en sus memorias (Bauer Paiz y Carpio Alfaro, 1996: 167-273). También quedaron constancias de varias de ellas en múltiples documentos ela-borados por autoridades mexicanas, en particular tres producidos en 1971, que a continuación se citan en extenso, pues muestran, por un lado, el ajetreado camino del exilio y, por otro, el seguimiento que le dieron a ese camino funcionarios del país anfitrión:

“En 1954 solicitó en la embajada de México en Guatemala asilo político Alfonso Bauer Paiz, en compañía de su esposa la señora yolanda España de Bauer e hijas Ilsa, Eleonora y yolanda Bauer España. El 8 de septiembre de 1954, se internó al país por Tapachula, Chiapas al amparo del salvoconducto que le expidió el Ministe-rio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, por gestiones del emba-jador de México. El 9 de septiembre de 1954, se le levantó acta en la Secretaría de Gobernación en donde declaró que era miembro de la Comisión Política del Partido de la Revolución Guatemalteca y gerente del Banco Nacional Agrario, así como ex gerente del Departamento de Fincas Rústicas Nacionales e Intervenidas. Que por desempeñar los cargos antes mencionados, así como por ser simpatizante del gobierno del coronel Jacobo Arbenz al estallar la conflagración en Guatemala, fue perseguido por las fuerzas del coronel Monzón y de Castillo Armas, habiendo sido cateado su domicilio y además incluido en una lista de congelación de bienes he-chos por el gobierno del coronel Castillo Armas. Por este motivo en septiembre de 1954 se le autorizó su permanencia en el país como asilado político, habiendo ob-tenido hasta el segundo refrendo, el cual venció el 23 de septiembre de 1957. El 17 de abril de 1958, la SRE informó que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, le había concedido al citado señor Bauer, ex ministro de Economía durante el gobierno de presidente Arévalo, amparo para residir definitiva y legalmente en Guatemala informando que su entrada a su país de origen, fue subrepticiamente. Con fecha 12 de diciembre de 1959 por vía telegráfica, solicitó su internación al país como turista, habiéndosele concedido este permiso a partir del 18 de diciembre del mismo año. No existen antecedentes de que haya hecho uso del permiso concedido. Existe en su expediente FM–5 número 3612451 cancelada con la que se internó al país el 17 de julio de 1962 y con la cual salió por el Puerto Central Aéreo el 20 de julio de ese mismo año. Como concurrió al aniversario celebrado el 26 de julio de 1962 en La Habana, Cuba, por acuerdo superior, se le circuló para que no se le documentara, ni se permitiera la internación al país en ninguna calidad migratoria, si no es con la autorización previa de la SRE, salvo que solicite y tenga la visa correspondiente en pasaporte diplomático u oficial”.

“[El 26 de abril de 1971, el] licenciado Alfonso Bauer Llerez Arbenz [sic], titular pasaporte ordinario número 187043, herido gravemente hace meses pretendió asi-larse. Posteriormente aceptó tarjeta turista objeto dirigirse México donde pretende quedarse y trabajar o trasladarse otro país. Autoridades guatemaltecas garantizan no repito no tener motivo alguno su contra. Encuéntrase hospital y será dado de alta fines de mes. Informaré fecha su llegada”.

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“Comunico que el licenciado Alfonso Bauer Paiz, guatemalteco, que fuera ministro de Economía durante el gobierno del presidente Arbenz, retiró [el 5 de mayo de 1971] su solicitud [de asilo] por haber, aparentemente, obtenido alguna otra solu-ción para la apremiante situación en que se encontraba. La prensa de hoy publica los recortes que al presente se anexan, de los que puede deducirse la posibilidad de que el licenciado Bauer Paiz haya obtenido asilo en la embajada de Chile, o bien algún otro tipo de asistencia de la referida representación diplomática” (III-5528-1 (3ª parte)).

En efecto, en ese 1971 se trasladó a Chile, donde estuvo hasta el golpe contra el presidente de ese país, Salvador Allende. De allí se fue a residir a Cuba hasta que en 1980 se trasladó a Nicaragua sandinista. En 1988 volvió a México contratado como abogado por las Comisiones Permanentes de Representantes de Refugiados Guatemaltecos en México (CCPP). Finalmente, el 20 de octubre de 1993 regresó a su patria con la intención de que esta vez fuera definitivamente, como lo expresó en sus memorias (Bauer Paiz y Carpio Alfaro, 1996: 217-273).

“FaroS tranSterradoS”

En medio de las “oleadas”, una parte de los exiliados se quedó de manera perma-nente en suelo mexicano, convirtiéndose en “transterrado” al integrarse de cierta forma al país de acogida, lo que no implicó hacer a un lado sus raíces, su patria; por el contrario, no cejaron en su afán de continuar participando en el proceso histórico guatemalteco. Además, se encargaron de cobijar con su solidaridad a los compatriotas que iban llegando debido a la situación de violencia en su país. En este último aspecto se destacaron de manera especial, como faros en alta mar, tres exiliados sobre los que abundan referencias de sus compatriotas: Luis Cardoza y Aragón, Alfonso Solórzano y Ernesto Capuano, con sus respectivas esposas, Lya Kostakowsky, Alaíde Foppa y Carmen González. Los tres habían vivido, en los años treinta, un primer exilio en México durante el régimen de Jorge Ubico (Ro-dríguez de Ita, 2009: 3-6). En 1944 retornaron a Guatemala para participar acti-vamente en la vida política durante la década revolucionaria; a la caída de Arbenz volvieron a tierras mexicanas. Solórzano y Capuano hicieron un nuevo intento por “desexiliarse”, pero fueron obligados a abandonar físicamente su patria, una vez más y para siempre. Desde finales de los años cincuenta se quedaron a vivir de ma-nera permanente en la tierra receptora, tornándose en referentes de solidaridad para muchos exiliados de las generaciones siguientes (Cardoza y Aragón, 1986: 357, 363 y 369-589; Capuano, 2000: 45; Cáceres, 1980: 31-36; Quan Rossell, 1972: 180-213 y 317-323; Cáceres, s.a. b): s.p.; Gómez y Castañeda, s.a.: s.p.; Velásquez, s.a.: s.p.; Balcárcel Ordóñez, 2008: 98-99).

Acerca del papel de Cardoza y Aragón, uno de los exiliados, a la vez “trans-terrado” y estudioso del fenómeno de la migración forzada, apuntaba: “Lo primero

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que harían [los exiliados] a su llegada fue buscar y encontrarse con Luis Cardoza y Aragón. […] Cardoza sería quien los pondría en relación con el México y los mexi-canos que tanto iban a interesarles y que buena acogida, magnífica, les brindarían” (Balcárcel Ordóñez, 2008: 100). Un momento, por demás visible, de cómo este “faro” fue solidario no sólo con sus connacionales en suelo mexicano sino también con los que estaban en la propia Guatemala, tuvo lugar en febrero 1976, cuando un terremoto asoló el país centroamericano y desde la capital de México encabezó algunas actividades para enviar ayuda directa a los afectados. Al respecto, Stella Quan, una de las exiliadas recordaba: “A mediados de los setenta había ocurrido el terremoto y decenas de guatemaltecos y mexicanos nos reunimos alrededor de Luis y Lya Cardoza para que la ayuda que reuniéramos en México llegara a los damnificados y no al gobierno corrupto y asesino” (Stoltz Chinchilla, 1998: 133)

En cuanto a Solórzano y a su esposa Alaíde Foppa –reconocida escritora, académica, periodista, feminista– hay varios testimonios. Uno de ellos es el de Te-rencio Guillén, quien apuntaba en una entrevista: “Me dice Alfonso [Solórzano]: ‘aquí está de [parte] de los compañeros’ y me dio un sobre con dinero, ahí más o menos regularcito […] y ya tienes trabajo, él era muy importante en el combinado de una Reanault, una fábrica de automóviles que había allí” (PEL/1/G-13: 19). Por su parte, Aura Marina Arreola apuntaba en un testimonio: “Al llegar a México, en 1963, como asilados políticos […] nos alojamos en la casa de Alaíde Foppa y Alfonso Solórzano” (Stoltz Chinchilla, 1998: 106). A su vez, Gustavo Meoño se-ñalaba: “En mi caso es cuando precisamente aparece la familia Solórzano Foppa, Alfonso y Alaíde, que si bien formaban pareja, fueron dos entidades en sí mismas. […] Alaíde nos contactó, nos buscó trabajo, nos facilitaba acceso a la universidad o a los estudios. Pero eso no es un caso aislado, no es para nada una cosa extraor-dinaria, ésa era la regla, era lo normal” (Ludec, 2001: s.p.).

Respecto de Capuano, las referencias también son muchas. En ellas se su-braya especialmente la ayuda desinteresada que brindó, por alrededor de cincuenta años, a inmigrantes forzados no sólo de Guatemala sino también de otras latitudes de América Latina, para que obtuvieran o regularizaran su documentación migra-toria, sin cobrar un solo peso, un solo centavo, insisten los que lo conocieron, quienes no escatiman calificativos de reconocimiento, respeto y cariño, como las que a continuación se mencionan: “un ser humano solidario” (Cáceres, s.a. b): s.p.); “Un ser humano comprometido, vertical, honesto y solidario”, un “exiliado defensor de exiliados” (Molina, s.a.: s.p.); “un ángel de la guarda de los migrantes internacionales” (Velásquez, s.a.: s.p.); uno más puntualizaba: “Pese a que no soy creyente, pienso que lo más cercano a un santo que he conocido en mi vida fue Neto Capuano” (Figueroa Ibarra, s.a.: s.p.).

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MuJereS

Como en todo proceso histórico, en éste no podía faltar la presencia y participación de las mujeres, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es, de mujeres que hayan sido obligadas a salir de su patria por su propia actividad política o por sus rela-ciones de pareja y familiares, o bien, por ambas cosas; mujeres que tuvieron que tomar la siempre difícil decisión de abandonar su patria para ir a otro para salvar su libertad y su vida, así como para estar con el esposo, el compañero, llevando a los hijos cuando fue el caso, con lo que se pudo mantener el núcleo familiar unido. Al respecto pueden, como ya se ha hecho arriba, mencionarse varios nombres, desde Dora Franco y Franco hasta Rigoberta Menchú, pasando por Alaíde Foppa y una larga lista de mujeres, varias de las cuales han dejado testimonio de sus vivencias, o bien, son reconocidas por compatriotas y compañeros.

Por ejemplo, sobre dos de las primeras féminas que fueron obligadas a mi-grar por su propio activismo, luego de la caída de Arbenz, está el siguiente apunte:

“La profesora Dorita Franco mantuvo en el exilio mexicano la actividad en la Aso-ciación de Mujeres ‘Dolores Bedoya’, cuyo nombre aludía a la animadora de la independencia nacional, que lo llevaba, cancelada en Guatemala por el Comité de Lucha contra el Comunismo, como tantas organizaciones democráticas más. La activista Haydé Godoy, que tuvo que llegar a México, pasando por Belice, entonces todavía colonia británica, huyendo de la persecución a muerte que le tendiera el au-todenominado gobierno de la liberación, que la señalaba con el nombre de ‘Haydé la Roja’” (Balcárcel Ordoñez, 2008: 113).

Otras dos mujeres que también fueron forzadas a abandonar la patria en 1954, en ambos casos por militancia propia y por la de sus respectivos esposos, dejaron testimonio de ello. Una de ellas, María Jerez Rivera de Fortuny, salió vía asilo diplomático de la Embajada Mexicana y lo refería así: “A mi esposo y a mí nos tocó venirnos en el último vuelo que se había contratado para que saliera el presidente desde Guatemala. Éramos prácticamente 28 personas las que quedá-bamos. […] La salida de la embajada para tomar el avión en Guatemala fue muy penosa. […] Llegamos a México a medianoche. Aquí en México cada quien se organizó, se sentía un aire más amplio para respirar. El primer paso de salir a buscar uno su casa o departamento fue un alivio, y ya nos quedamos aquí” (Stoltz Chinchilla, 1998: 154). La otra, Elsa Castañeda de Guerra Borges, partió primero a Chile, con protección de la representación diplomática de ese país, luego pasó por Ecuador y finalmente arribó a México. Sobre su vivencia de exiliada comentaba: “yo no recuerdo con amargura aquellos años de exilio. Quizá porque al paso de los años, una mira las cosas distintas. No temíamos porque estábamos convencidos del papel que jugábamos. Comíamos malito, pero hambre no pasábamos. Hambre pasaban los campesinos” (Stoltz Chinchilla, 1998: 56).

Otro caso similar de militancia en pareja se dio en los años setenta, según lo describía el cónyuge, pues la mujer perdió la vida en campaña: “Clemencia Paz

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Cárcamo y César compartieron en México la gestación de su primera y única hija, lo mismo que la gestación del nuevo esfuerzo guerrillero de la década de los 70: el Ejército guerrillero de los pobres, EGP” (Macías, 1998: 202).

Por otra parte estarían mujeres que no eran activistas políticas y que se tras-ladaron a tierras mexicanas para acompañar a sus respectivas parejas. Una de ellas, Stella Quan, narró su vivencia en los siguientes términos: “En noviembre de 1963 vine a México con pasaporte de estudiante soltera, sólo que ya no lo era; estudiante sí, soltera no. Me había casado la noche anterior por poder. Es decir, residiendo yo en Guatemala y mi pareja en México. […] ya juntos en México nos registra-mos como marido y mujer en la Secretaría de Gobernación. De esta manera es que llegué al aeropuerto de la ciudad de México y me encontré con mi marido legal” (Stoltz Chinchilla, 1998: 128). Coralia Gutiérrez, quien salió de su patria en los años ochenta, reseñó: “realmente no tuve que salir de Guatemala, digamos no por un imperativo de carácter político, mi salida de Guatemala se debió funda-mentalmente a que obtuve una beca para estudiar aquí sociología en la UNAM y afortunadamente eso coincidió con la salida, ahí sí obligada, de Ernesto, entonces, el tener la oportunidad de la beca me permitió acompañarlo, de otra manera pues Ernesto hubiera tenido que salir solo” (PEL/1/G-6: 1).

La participación femenina en el exilio no pasó desapercibida para sus com-patriotas, al menos para algunos de ellos. En este sentido, Alfonso Solórzano reco-nocía en un testimonio: “La gran lección la dieron las mujeres. Su comportamiento fue en realidad admirable, no sólo por el valor con que hicieron frente a la pobreza, porque ellas ayudaron a mantener en alto el espíritu de los hombres y supieron in-culcar en sus hijos la necesidad de luchar para restablecer en Guatemala la libertad y los derechos populares. Muchos de esos niños se incorporaron con decisión a las luchas del pueblo y no pocos dejaron la vida en esas luchas” (Quan Rossell, 1972: 319).

hiJoS

Otro sector social que no puede pasarse por alto es el de los niños que vivieron la experiencia del exilio en México por sus padres, en los años cincuenta, y luego lo revivieron después por su propia participación política, en los años ochenta. En varios casos, la migración forzada fue una suerte de legado de padres a hijos, una especie de herencia entre revolucionarios guatemaltecos (Rodríguez de Ita, 2008: 265-296). En tales circunstancias se pueden mencionar, entre otros, a Carlos Fi-gueroa Ibarra, Sergio Tischler Visquerra, Olga (Jimena) Jiménez Muñoz y Walda Barrios-Klee Aragón, quienes, al narrar sus vivencias, no ocultan un timbre de orgullo por sus respectivos padres.

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Así, por ejemplo, según consta en la documentación del archivo (III-5527-3 (1ª parte)), Sergio Tischler siendo un niño de unos cuantos meses estuvo asilado en la Embajada de México. Salió hacia ese país con su madre Hilda Visquerra y su padre Rafael Tischler Guzmán, quien había participado muy activamente en los gobiernos revolucionarios; en 1954 era secretario general del Sindicato de Traba-jadores de la Educación, por lo que fue perseguido. En una entrevista, Sergio inició su relato de la siguiente manera: “yo estoy acá, en primer lugar porque yo soy hijo de exiliados. Mi padre participó en esta revolución del 44 al 54. Él estuvo en la huelga de los estudiantes de octubre, de junio, julio y todas estas cuestiones; más que de octubre [...] en el periodo de Arbenz, entonces, en el 54, pues él tuvo que salir para acá, a México, para entonces yo ya había nacido, yo soy del 21 de enero de 1954, quiere decir que tenía unos meses; entonces mi mamá se viene para acá y ya no se puede regresar de tal suerte de que yo estuve aquí en México desde los once meses, creo yo, hasta los seis años” (PEL/1/G-7: 1).

En una situación similar estuvo Olga, cuyo padre, óscar Jiménez de León, tuvo que asilarse en la misión diplomática mexicana debido a que en 1954 era miembro del Congreso Nacional y de la Junta Nacional Electoral (III-5527-3 (1ª parte)). En un testimonio, además de abundar en datos sobre la trayectoria política de su padre, refería las dificultades que pasaron por ello al quedarse sin él en Gua-temala y cómo viajó por primera vez a México, con su madre, para acompañar el regreso de su padre. Estos dos últimos aspectos los relató así:

“Entonces, bueno, llegó la contrarrevolución en el 54, mi papá tuvo que salir exilia-do, aquí, a México, pasó dos años aquí viviendo. En ese tiempo para nosotros fue muy difícil, porque sacaron los famosos libros del ‘comunismo internacional’, mi papá salió, con su nombre, en él; mi papá jamás fue comunista, yo creo que alguna vez leyó algo del comunismo, pues quién sabe ¿no?, pero de todas maneras era un hombre, un político de izquierda ¿verdad?; entonces era suficiente ser de izquierda para decir que era comunista. […] yo había venido antes, había venido cuando mi papá estaba exiliado y venimos con mi mamá a traerlo para que él regresara a Gua-temala” (PEL/1/G-8: 1-4 y 22).

activiSMo Pro GuateMala

Dada la naturaleza fundamentalmente política del exilio de guatemaltecos en Mé-xico, no es de extrañar que en cada “oleada” un número significativo de ellos mantuviera un activismo más o menos continuo, ya fuera abierto, semiabierto o clandestino. Entre otras cosas, dicho activismo incluía acciones de solidaridad en-tre ellos mismos y para con los que se quedaron en su patria, de denuncia de la situación imperante en el país centroamericano y de búsqueda de cambios de esa situación, por distintas vías. De allí que, incluso, crearan organizaciones formales sociales, políticas, guerrilleras, etcétera.

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Acerca de ello, hay registro de que en los años cincuenta se crearon al me-nos dos agrupaciones: el 20 de Octubre y la Unión Patriótica Guatemalteca (UPG) (Cardoza y Aragón, 1986: 719-720; Balcárcel Ordóñez, 2008: 114; Bauer Paiz y Carpio Alfaro, 1996: 193; Cáceres, 1980: 31; Cáceres, s.a. b): s.p.; PEL/1/G-13: 72). Sobre la primera, uno de sus integrantes apuntaba que en 1954: “Los sin par-tido constituimos el grupo ‘20 de octubre’. Con ellos compartí la nacionalidad y el exilio” (Cardoza y Aragón, 1986: 720). Acerca de la segunda, creada hacia 1959, uno de sus miembros anotó:

“En general, sobre todo en la primera época del exilio democrático guatemalteco en México, se mantuvo el funcionamiento de organizaciones que se correspondían con las partidarias, sectoriales y cívicas que en el país habían tenido vigencia: Partido de Acción Revolucionaria (PAN) [sic], Partido Revolucionario Guatemalteco (PRG), Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Federación Campesina Guatemalteca, Asociación de Mu-jeres Guatemaltecas ‘Dolores Bedoya’. Creándose una organización unitaria que las contenía: La Unión Patriótica Guatemalteca” (Balcárcel Ordóñez, 2008: 114).

En relación con estas congregaciones, Jorge Mario García Laguardia co-mentó: “cada partido tenía su grupo y había otro grupo de los sin partido, gente muy importante con los cuales yo me vinculé más, porque eran los más cercanos a mis posiciones, que eran: Luis Cardoza, Guillermo Toriello, creo que, no sé si aquí estaba Capuano […] no Capuano estaba en otro grupo más politizado de uno de los partidos, García Montenegro, este grupo no sé cómo se llamaba” (PEL/1/G-19: 38).

Para los años sesenta y setenta, al iniciarse y luego recrudecerse la lucha po-lítico-militar en Guatemala, el activismo en suelo mexicano se hizo muy complejo por varias razones. Una de ellas fue un cierto divisionismo generado por desacuer-dos político-ideológicos entre los exiliados que, si bien obstaculizó la creación de agrupaciones conjuntas, hizo posible el restablecimiento por cuenta propia de partidos y facciones preexistentes, así como de organizaciones diversas, lo mismo que el surgimiento de otras; entre ellas, incluso, al menos una que decidió seguir la vía armada para lograr la trasformación de su patria, como el ya mencionado EGP (Ludec, 2001: s.p.). Por lo anterior y dado que varias adoptaron formas más bien semiclandestinas y clandestinas, se dificulta su conocimiento cabal.

Respecto al activismo y a la falta de unidad de los exiliados, Terencio Gui-llén recordaba: “Ah sí, siempre hubo, siempre hubo mucha militancia, desgracia-damente hubo mucha división, no sé por qué había muchos grupos que no compa-ginaban, que no se querían […]; nunca llegaron a unirse tres facciones, llamémosle así, que había, que no se atacaban tampoco: una era un grupo universitario […] otro grupo era el de los obreros […] y otro grupo políticamente segregado [surgido de un cisma del PGT]” (PEL/1/G-13: 44-45).

En cuanto a la formación de partidos en el lapso mencionado, se tienen referencias de que en territorio mexicano se dieron los primeros pasos para la formación de dos de filiación socialdemócrata: el Partido Revolucionario (PR) y

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la Unidad Revolucionaria Democrática (URD) (Ludec, 2001: s.p.). También hay indicios del funcionamiento de una agrupación denominada Unión Democrática Guatemalteca (UDG) en el Exilio (México), pues, en 1966, publicó un análisis de la situación política de su país, poco antes de llevarse a cabo las elecciones de ese año (Caja 441, Expediente 4).

En relación con el EGP, dos de sus fundadores reseñaron en sus memorias, entre otras cosas: “El 19 de enero de 1972 penetró a territorio guatemalteco la guerrilla ‘Edgar Ibarra’”, núcleo principal del cual habría de surgir años después el Ejército Guerrillero de los Pobres. Culminaba así todo un período de peripecias colectivas y preparativos febriles en el exterior, cuyo objetivo cardinal siempre fue uno: volver al país y reiniciar en las montañas la lucha guerrillera” (Payeras, 1984: 15). “El 19 de enero de 1972, en la selva Lacandona del Ixcán mexicano, muy de madrugada, fueron llevadas a la frontera las carabinas, pistolas y escopetas con las que se iniciaron las acciones” (Macías, 1998: 201-207).

No obstante la desunión que según algunos reinó en esos difíciles años e independientemente de las organizaciones partidistas y armadas que se formaron durante ellos, hay ciertos indicios de actos de solidaridad, como lo mencionó Gui-llén, uno de los exiliados: “siempre ayudaron en lo individual, en lo personal, muchas personas, de lo poco que uno podía ganar trabajando; se hacían rifas; […] se mandaron, cuando estaban las guerrillas, siempre se mandó medicina, se mandó ropa” (PEL/1/G-13: 20 y 40).

Hacia los años ochenta, según algunas menciones un tanto aisladas, se crea-ron nuevas organizaciones. A una parte de ellas se les relacionó con grupos in-surgentes. En este sentido estuvo el Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica (CGUP), presidido por Luis Cardoza y Aragón (Balcárcel Ordóñez, 2008: 114; PEL/1/G-3: 7-8 y 39) y considerado por algunos como “brazo político” de la Uni-dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En él, cabe apuntarlo, par-ticipaban no sólo exiliados que vivían en México sino también los que estaban en el istmo (Ludec, 2001: s.p.). También hay mención de la existencia de un Frente Democrático Contra la Represión (FDCR), surgido en 1982, calificado como or-ganismo legal de la guerrilla que tuvo en la ciudad de México una representación fuerte y que tenía a su cargo la realización de reuniones y foros de denuncia de la represión estatal que vivían los habitantes del país centroamericano por esa época (PEL/1/G-17, 2000: 55, 68-69). De igual forma, se tienen noticias de la formación y funcionamiento, por iniciativa de las agrupaciones PGT-6 de Enero y Octubre Revolucionario, del Foro de Guatemaltecos Democráticos en México, entre cuyas actividades estuvo la publicación de la revista Otra Guatemala, en la que se anali-zaban diversos tópicos de la actualidad de ese país (Bravo, 2012: 5).

Es de destacar que varias mujeres, más allá de que participaran en diversas organizaciones como las anotadas, crearon otras en las que se ponía énfasis en ese importante sector social. En este sentido, hay indicios de la Agrupación Internacio-nal de Mujeres contra la Represión en Guatemala (AIMUR), en la que participaron

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académicas latinoamericanas y europeas, a principios de 1980; así como del Co-mité Internacional por la Vida de Alaíde Foppa (CIVAF), formado a finales de ese año, con un propósito más que claro (Stoltz Chinchilla, 1998: 136).

Por esos días surgieron otras agrupaciones más o menos amplias y abiertas. Entre éstas estaría la Agrupación Guatemalteca Democrática en México (AGDM) y el Comité Guatemalteco de Lucha por la Paz (Cáceres, 1980: 92 y 226); así como un Comité de Guatemaltecos en Lucha (COGUAL), encargado de elaborar folletos, volantes, etc. (PEL/1/G-17: 53-54, 90-92). También hay alusiones a un Colectivo de Profesionales en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, que tenía entre sus tareas la elaboración de documentos de análisis y su presentación en con-ferencias y actos académicos organizados por ellos mismos (PEL/1/G-17: 56-57, 93-94). De igual forma, hay información sobre una Asociación de Trabajadores de la Cultura Alaíde Foppa (Stoltz Chinchilla, 1998: 110).

Dado que a esas agrupaciones se integró un número significativo de exilia-dos, sobre todo académicos e intelectuales, para algunos de los participantes eso los unió y los constituyó en una comunidad. En este sentido, Tischler comentó:

“Una comunidad, sí, se formó una comunidad. Entonces realmente la vida transcu-rría en esa comunidad, gran parte, porque además se hacían trabajos políticos. Aquí existían organizaciones, entonces había vínculos con organizaciones, con militancia dentro de las organizaciones, trabajo de fin de semana de hacer alguna cuestión, me acuerdo que íbamos a Chapultepec, ahí a La Casa del Lago, a hacer actividades y cosas por el estilo y entonces era una vida agitada, en términos de esa colectividad de guatemaltecos que, por cierto, ahora casi ya no existe, es decir, eso se disolvió prácticamente” (PEL/1/G-7: 36).

Gustavo Meoño matizaba esa idea, aclarando que, desde su óptica, si bien había trabajo colectivo que de alguna manera los unía, no podría hablarse de una comunidad de exiliados:

“Siempre existió una comunidad del exilio guatemalteco muy integrada a la vida académica, a la vida artística, a la literatura, la pintura, y tuvo su propia expresión. Pero había poca vida social digamos como unidad, y esto es una diferencia muy grande con otras comunidades de exiliados, por ejemplo siempre y en todo el mun-do donde hubo exiliados chilenos, eran famosos los restaurantes chilenos, las peñas de música, la Casa de Chile, eso nunca ocurrió para Guatemala, y no porque fuera un número menor de personas, el número de guatemaltecos era mayor, pero siem-pre hubo una dosis de clandestinidad, de discreción, en las actividades más bien subterráneas, no públicas. Entonces nunca existieron restaurantes guatemaltecos, bares guatemaltecos, peñas, nunca, nunca mientras los había de los argentinos, de los chilenos, de los salvadoreños” (Ludec, 2001: s.p.)

En contraste, Carlos López consideraba que no hubo ninguna unión, ninguna comunidad: “No, todos, cada quien, por su lado. No, si unidad nunca ha habido y menos apoyo de las autoridades mexicanas, a nosotros nos han tratado siempre

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como apestados. Pero no, algo así como la colonia argentina o la colonia… ¡No hombre! No existe ese espíritu de unión” (PEL/1/G-17: 102).

Sea en colectivo o de manera individual, varios recuerdan las actividades que se realizaban en pro de su patria, desde el exilio. López las describía así: “no-sotros nos reuníamos en parques, en parques aquí, en parquecitos nos juntábamos, como si fuéramos de camping, ahí nos sentábamos a planear, a ver que actividades íbamos a [hacer], que eran evidentemente culturales y de denuncia. […] yo me hice acreedor a una sanción oral y al desprecio de muchos de mis paisanos porque yo inicié, en el ochenta, inicié el ‘volanteo’ y el ‘boteo’ y la denuncia en el ‘metro’” (PEL/1/G-17: 52).

Por su parte, Ernesto Godoy reseñó su experiencia en ese mismo sentido como sigue:

“México me recibió muy bien, desde aquí de México pues estuvimos apoyando a otros compañeros que también requerían salir del país y un poco haciendo la labor de denuncia de lo que estaba pasando en el país, porque era una matazinga terrible, donde el estado de derecho olvídate que existiera. […] Bueno, de acuerdo a la ocu-pación y al oficio, lo que nosotros podíamos aportar tanto allá como acá era trabajo de investigación, de análisis y propuestas de solución a los grandes problemas que han aquejado a Guatemala, ya estando Guatemala metida en una situación de con-flicto, era hacer un análisis del conflicto, un análisis de las implicaciones económi-cas, sociales, políticas, incluso internacionales y con esto no estoy diciendo poca cosa, sino que era darle seguimiento al proceso de Guatemala, seguimiento en tér-minos científicos, en términos académicos, pero también políticos. […] Otra forma de contribuir al proceso de Guatemala fue el dar a conocer todos esos análisis y toda la información que en Guatemala no se quería dar a conocer, dentro de Guatemala, y hacia afuera de Guatemala, en el plano internacional, entonces era necesario, por ejemplo, organizar órganos informativos, incluso periódicos, boletines, revistas, que circularon no sólo en el medio hispanoamericano, sino incluso a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos. En otras palabras, no se hubiera podido llegar a esta situación de firmar, por ejemplo, los acuerdos de paz, si no hubiese también habido presión a nivel internacional, por parte de otros gobiernos y de la opinión pública internacional hacia las esferas de gobierno de Guatemala, en el sentido de buscarle una salida política al conflicto y en ese contexto la información era muy importante, porque era obligar a la comunidad internacional a que pusiera los ojos en Centroa-mérica y así ocurrió durante la década de los ochenta y todavía a principios de los noventa. En congresos, como los de LASA [Latin American Studies Association], por ejemplo, había mesas de análisis sobre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, si no hubiera habido académicos que hicieran el trabajo de investigación y análisis esas tribunas, esos foros, hubieran estado vacíos y silenciosos, creo que el generar una opinión contribuyó a que se lograra una salida negociada” (PEL/1/G-5: 20).

Esas acciones, desde luego, no eran privativas de los hombres, muchas mu-jeres hicieron lo propio. Sobre esto, Ana Lorena Carrillo Padilla daba el siguiente testimonio:

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“En los ochenta teníamos la presión de hacer más todavía, porque lo que sucedía en ese momento era realmente alucinante. Por tanto, había que hacer algo por ellos, cayendo esto también por su propio peso. Entonces realizamos desde recolección de firmas, eventos, actos políticos, ayuda humanitaria: tal como ayudarse mutuamente los exiliados a superar la etapa del exilio, hasta participar en actividades relaciona-das con lo que estaba sucediendo en Guatemala: la denuncia de todo eso, apoyo al movimiento en Guatemala, en fin, cosas que nunca pensé, pero que creo que no era cuestión de pensarse, sino de hacerse” (Stoltz Chinchilla, 1998: 342).

Por otra parte, para 1985, al tiempo que se daban los pasos necesarios para el retorno de los civiles al poder y la búsqueda de la paz en el país centroame-ricano, un grupo de exiliados formaron el llamado Foro de Guatemaltecos De-mocráticos, que tenía como objetivo principal lograr un retorno organizado a su patria (PEL/1/G-3: 42). La actividad más importante de este grupo fue explorar las condiciones in situ de su país natal. De esta forma, en noviembre de 1987, según registros archivísticos, miembros de este colectivo realizaron un viaje a Guatemala del que en tales registros se encontró la siguiente información: “Infórmole grupo siete guatemaltecos exiliados en México que visitaron Guatemala retornaron ayer señalando que aún no, repito no, existen garantías necesarias, que aún son violados derechos humanos porque fueron objeto de persecución y amenazas. Añadieron en México hase hecho propaganda favorable a Guatemala. Indícase hay respeto a derechos humanos, que ha terminado la represión, secuestros y crímenes que se observaron en gobiernos anteriores, por eso vinimos a investigar pero nos vamos decepcionados, porque todo sigue peor o igual que antes” (III-8114-2 (4ª parte)). En sentido similar, Gilberto Castañeda, integrante de ese Foro, comentó: “Noso-tros no logramos hacer eso, finalmente ya por el 90, 91, las perspectivas políticas de regreso organizado ya no estaban claras, entonces, ya cada quien empezaba a pensar en lo individual” (PEL/1/G-3: 43).

Cabe mencionar que algunos de los exiliados, “desexiliados” o “transterra-dos” que se dedicaron a actividades intelectuales y académicas encaminaron sus estudios a entender y explicar la realidad de su país natal. Acerca de ello, García Laguardia, quien vivió en dos ocasiones exiliado en tierra mexicana, afirmó: “Po-siblemente mis objetos de estudios hubieran sido otros, en cambio la presencia, el impacto con México me orientó a estudiar más a mi país y toda mi vida académica ha sido orientada al estudio de los problemas de Guatemala” (PEL/1/G-19: 95). En el mismo sentido, Tischler, quien también experimentó un doble exilio, uno de niño y otro de adulto, comentó: “Sin embargo soy guatemalteco, estoy absoluta-mente identificado con ese país, hablo todavía como guatemalteco, que es una de las cuestiones de tratar de identificarse y bueno estudio Guatemala y trato de hacer algo digamos por recuperar un poco la memoria de ese país, un país con poca me-moria, con poca producción, etcétera. yo creo que si algo puede hacer uno desde acá, es dedicar un tiempo también a eso ¿no?” (PEL/1/G-7: 4).

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conSideracioneS FinaleS

Como se ha expuesto, durante la segunda mitad del siglo XX, varias generaciones continuas de guatemaltecos fueron obligados a salir de su país para salvaguardar su libertad y su vida, la mayoría debido a sus ideas o militancias políticas en pro de una sociedad igualitaria y justa; por tanto contrarias a los regímenes militares au-toritarios y represivos que imperaron en ese lapso. La migración forzada impactó tanto a hombres como a mujeres de todas las edades, de varias etnias y de las más diversas ocupaciones.

Una parte significativa de migrantes se trasladó directamente a México; otra viajó a su vecino cercano del norte como parte de un periplo más o menos amplio o bien como punto final de una travesía. Para llegar a territorio mexicano utilizaron los medios que tuvieron a su alcance; unos lo hicieron de manera abierta y legal, otros semiclandestina o clandestinamente y, por supuesto, sin documentos. Una vez en el país receptor, casi todos se asumieron como exiliados y buscaron regula-rizar su situación migratoria, aunque también hubo quien no lo hizo así.

Desde su exilio en México, en forma individual o colectiva, siguieron el acontecer de su patria y buscaron, en la medida de sus posibilidades, contribuir a que fuera mejor, pues estaban convencidos de que su país natal era combativo y lo lograría, como bien lo expresaba Olga Jiménez, una de las exiliadas: “Sé muy bien lo que es el pueblo de Guatemala, lo quiero, lo voy a seguir admirando y respetan-do siempre por su capacidad de lucha” (PEL/1/G-8: 114).

Muchos exiliados, cada vez que las condiciones políticas se los permitieron, regresaron a su país de origen para continuar luchando por sus ideales. Unos se quedaron a vivir en él para contribuir a lograr los cambios necesarios, hubo quien murió en ese intento. Otros volvieron a México y desde allí se dedicaron, de una u otra manera, al mismo propósito, como lo manifestaba Godoy desde la tierra re-ceptora: “compartíamos el exilio, compartíamos nuestra disposición a seguir apo-yando el proceso en Guatemala, compartíamos esperanzas, tristezas, malas y trági-cas noticias que nos seguían llegando de gente que seguía cayendo en Guatemala. Fue una historia compartida” (PEL/1/G-5: 14). Así, los guatemaltecos exiliados, “desexiliados” o “transterrados” fueron –y son– parte activa de Guatemala y de la historia de ese país centroamericano; así, siguieron –y siguen– en la patria desde el exilio en México, pues como bien lo escribió Cardoza y Aragón: “El exiliado nunca pierde su tierra” (Cardoza y Aragón, 1986: 785).

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FuenteS de conSulta

1. Documentos

1.1. Inéditos

Archivo General de la Nación:

Caja 441, Expediente 4 1966 “Situación política por elecciones en Guatemala. Informes de la Unión Democrática Guatemalteca en el Exilio”, México

Archivo Histórico “Genaro Estrada” de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Expedientes:

III-1936-4 1959 “Informes políticos suplementarios”, Guatemala-México.

III-1987-1 1960 “Informes políticos suplementarios”, Guatemala-México.

III-2170-6 1954 “Asilo territorial”, Guatemala-México.





III-2180-11 1954 “Visa”, Guatemala-México.


III-2180-29 1954 “Asilo territorial”. Guatemala-México.












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III-2235-2 1957 “Asilo”, Guatemala-México.








III-3425-1 (1a.) 1980 “Informes políticos”, Guatemala-México.



III-5527-3 (1ª-3ª partes) 1956-1977 “Asilados”, Guatemala-México.

III-5528-1 (2ª-3ª partes) 1968-1977 “Asilados”, Guatemala-México.


III-8114-2 (4ª parte) 1980-1994 “Asilo”, Guatemala-México.

1.2. Publicados

México 1955-1997 Memorias o Informes de la Secretaría de Relaciones Exterio-res 1954-1996 (México: Talleres Gráficos de la Nación).

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2. Testimonios

2.1. Inéditos

AP-FF y L-UNAM. Archivo de la Palabra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

PEL/1/G-2 1999 julio 21 “Entrevista a Carlos Figueroa Ibarra realizada por Gua-dalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de Puebla.

PEL/1/G-3 1999 julio 21 y 26 “Entrevista a Gilberto Castañeda realizada por Gua-dalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de México.

PEL/1/G-4 1999 julio 30 y agosto 2 “Entrevista a Mario René Matute realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de México.

PEL/1/G-5 1999 agosto 5 “Entrevista a Ernesto Godoy realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de Puebla.

PEL/1/G-6 1999 agosto 5 “Entrevista a Coralia Gutiérrez realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de Puebla.

PEL/1/G-7 1999 agosto 6 “Entrevista a Sergio Tischler realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de Puebla.

PEL/1/G-8 1999 agosto 13 y 16 “Entrevista a Olga (Jimena) Jiménez realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de México.

PEL/1/G-9 1999 agosto 14 y 25 “Entrevista a Miguel Ángel Ronquillo realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de México.

PEL/1/G-12 1999 diciembre 2 “Entrevista a Saúl Osorio realizada por Paola To-rres”, Ciudad de México.

PEL/1/G-13 1999 noviembre 16-2000 febrero 16 “Entrevista a Terencio Guillén realizada por Paola Torres”, Ciudad de México.

PEL/1/G-17 2000 febrero 21 y marzo 3 y 4 “Entrevista a Carlos López realizada por Paola Torres”, Ciudad de México.

PEL/1/G-19 2000 enero 13 “Entrevista a Jorge Mario García Laguardia realizada por Guadalupe Rodríguez de Ita”, Ciudad de México.

2.2. Publicados

Bauer Paiz, Alfonso e Iván Carpio Alfaro (1996) Memorias de Alfonso Bauer Paiz: historia no oficial de Guatemala (Guatemala: Rusticatio).

Cardoza y Aragón, Luis (1986) El Río: novelas de caballería (México: Fondo de Cultura Económica).

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Figueroa Ibarra, Carlos (2001) Paz Tejada, militar y revolucionario (Guatemala: Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos).

Flores, Marco Antonio (1994) Fortuny: un comunista guatemalteco (Guatemala: óscar de León Palacios / Palo de Hormigo).

Macías, Julio César (1998) Mi camino, la guerrilla: la apasionante autobiogra-fía del legendario combatiente centroamericano César Montes (México: Planeta).

Payeras, Mario (1984) Los días de la selva (México: Nuestro Tiempo).

Stoltz Chinchilla, Norma (1998) Nuestras utopías: mujeres guatemaltecas del si-glo XX (Guatemala: Tierra Viva / Agrupación de Mujeres).

3. Hemerografía

3.1. Diarios

El Gráfico, 1980 junio 6 “Asilados abandonaron ayer el país. Ministerio de Re-laciones Exteriores entregó los salvoconductos correspondientes” (Gua-temala).

El Gráfico, 1980 junio 29 “Hijos de matrimonio asesinado salen asilados” (Gua-temala)

Nuevo Diario, 1980 marzo 7 “Franz Galich se encuentra en un lugar secreto del país” (Guatemala).

Prensa Libre, 1986 julio 7 “No son guerrilleros guatemaltecos con quienes se reu-nió Vinicio en México. Son exiliados que laboran en las universidades, dijo el canciller” (Guatemala).

3.2. Publicaciones periódicas

Capuano, Ernesto (2000 noviembre) “El exilio guatemalteco en México” en Nues-tra Historia, La gaceta CEHIPO (México) No. 41.

Cehelsky, Marta (1975) “Habla Arbenz, su juicio histórico retrospectivo” en Alero, No. 8.

De la Torre, Gerardo (1994 noviembre) “Transterrados latinoamericanos: el duro oficio del exilio” en Memoria de papel. Crónicas de la cultura en México (México) Año 4, No. 12.

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González Ponciano, Jorge Ramón (2001) “Guatemaltecos en la ciudad de México” en Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM (París?) No. 2. En <http://alhim.revues.org/index590.html> puesto en línea 13 de junio de 2006, consultado 7 de febrero 2009.

Ludec, Natalie (2001) “Voces del exilio guatemalteco desde la ciudad de México” en Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM (París?) No. 2. En <http://alhim.revues.org/index599.html> puesto en línea 16 de junio de 2006, consultado 7 de febrero de 2009.

Taracena Arriola, Arturo (2008) “Las lecciones del 68” en Bajo el Volcán (Puebla, México) Vol. 7, No. 13.

4. Bibliografía

Balcárcel Ordóñez, José Luis (2008) “El exilio democrático guatemalteco en Mé-xico” en Carlos Véjar Pérez-Rubio, El exilio latinoamericano en México (México: Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, Univer-sidad Nacional Autónoma de México).

Cáceres, Carlos (1980) Aproximación a Guatemala (México: Universidad Autó-noma de Sinaloa).

Cardoza y Aragón, Luis (1983) Guatemala con una piedra adentro (México: Cen-tro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo / Nueva Ima-gen).

Rodríguez de Ita, Guadalupe (2003) La política mexicana de asilo diplomático a la luz del caso guatemalteco (1944-1954) (México: Instituto Mora / Secreta-ría de Relaciones Exteriores).

————— (2008) “Exilio en México: legado familiar entre revolucionarios gua-temaltecos, en los años de guerra fría” en Claudia González Gómez, De los exilios en México en el siglo XX (Morelia: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

————— (2010) “Exiliados guatemaltecos en la ciudad de México y vicever-sa…” en Carlos Martínez Assad, La ciudad cosmopolita de los inmigran-tes, tomo 2 (México: Gobierno del Distrito Federal).

Salinas, Gilda (2002) Alaíde Foppa: el eco de tu nombre (México: Grijalbo).

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5. Tesis

Quan Rossell, Stella de la Luz (1972) “Guatemala: una cultura de la ignominia (siete biografías y una entrevista)”. Tesis de etnóloga y de maestría en ciencias antropológicas, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

Tapia Ramírez, Martha (2007) “La política mexicana de asilo y su práctica en el caso guatemalteco de los años sesenta del siglo XX”. Tesis de maestría en estudios latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Vázquez Medeles, Juan Carlos (2008) “El testimonio del ‘compañero Manolo’: una fuente para historiar”. Tesis de licenciatura en estudios latinoameri-canos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

6. Ponencias y mimeos

6.1 Inéditos

Bravo, Mario Alfonso (2012 abril 13-16) “Apuntes sobre el exilio guatemalteco en la década 1980-1990 y otros temas y vicisitudes de aquel periodo”, comunicación electrónica, Guatemala.

Figueroa Ibarra, Carlos (2001 julio) “Alfonso Solórzano: memoria de un mentor”, mimeo, Puebla.

————— (2006 noviembre 24) “Ernesto Capuano cumplió 92 años”, mimeo, Puebla.

Rodríguez de Ita, Guadalupe (2009 noviembre 4-6) “Activistas guatemaltecos en México. Informes difusos” en Coloquio “De agentes, rumores e informes confidenciales. La inteligencia política y los extranjeros en el siglo XX”, Dirección de Estudios Históricos-Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D. F.

7. Páginas electrónicas

Cáceres R, Carlos s.a. a), “Guatemala. Mario René Matute (I)” en ALAI, América La-tina en Movimiento <http://alainet.org/active/20114%E2%8C%A9=es>, consultado 7 de febrero de 2009.

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————— s.a. b), “Ernesto Capuano, un guatemalteco en paz (I-III)” en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm>, y <http://www.megachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

Castañeda Sandoval, Gilberto s.a., “¡Neto Capuano, hasta siempre!” en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm> y <http://www.megachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

Centro de Estudios de Guatemala (CEG) s.a., “Gaspar Ilom descansa para siem-pre en la historia” en <http://www.albedrio.org/htm/noticias/ceg200605.htm>, consultado 7 de febrero de 2009.

“Denegado en su totalidad. Documento fechado marzo 1966” en <http://74.6.146.244/search/cache?ei=utf-8&p=exiliados+guatemaltecos&fr=yfp&u=www.gwu.edu/%7ensarchiv/nsaebb/nsaebb32/trans/660300b.doc&w=exiliados+guatemaltecos+guatemalteca+guatemalteco&d=xcl8na-ysfe1&icp=1&.intl=mx>, consultado 7 de febrero de 2009.

Figueroa Ibarra, Carlos s.a., “La estela que deja Ernesto Capuano” en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm>, consultado 7 de febrero de 2009 y <http://www.megachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

Gómez, Julio y Gilberto Castañeda s.a., “Ernesto Capuano del Vecchio: Semblanza” en Julio Gómez y Gilberto Castañeda en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm> y <http://www.megachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

Molina Mejía, Raúl s.a., “Despedida a Ernesto Capuano” en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm> y <http://www.megachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

“Tributo a Mario Payeras” en <http://www.arts-history.mx/banco/index.php?id_nota=17022005164120>, consultado 7 de febrero de 2009.

Velásquez, Eduardo s.a., “Un ángel de la guarda de los migrantes internacionales” en <http://ceur.usac.edu.gt/biografias/capuano.htm> y <http://www.me-gachapines.com/?p=1065>, consultado 7 de febrero de 2009.

Este libro fue impreso en los talleres gráficos de Serviprensa, S.A. (PBX: 2245-8888) en el mes de octubre de 2013. La edición consta de 500 ejemplares en papel bond antique 80 gramos.

ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA

TOMO I: PROCESO POLÍTICO Y ANTAGONISMO SOCIAL

TOMO II: LA DIMENSIÓN REVOLUCIONARIA

TOMO III: PUEBLOS INDÍGENAS, ACTORES POLÍTICOS

TOMO IV: LA NEGOCIACIÓN DE LA PAZ, PROCESOS Y CONTEXTOS

TOMO V: CULTURA Y ARTE EN UN PAÍS EN CONFLICTO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Sede Académica Guatemala

El Estado de Guatemala, mediante el Decreto Legis-lativo 96-87, se incorporó al convenio FLACSO en 1987. Ese mismo año se iniciaron las actividades académicas de esta Facultad bajo la fi gura de Proyecto, para continuar ya como Programa a partir de agosto de 1989. El 22 de julio de 1998, luego de diez años de labor académica y científi ca, el Gobierno de Guatemala fi rmó el Acuerdo mediante el cual se estableció la Sede Académica, que le permite a esta Facultad ofrecer cursos de postgrado en maestría y doctorado.

El propósito central de la obra que ahora ponemos a consideración de los lectores y lecto-ras es ofrecer una visión amplia y variada de lo sucedido en el país en la segunda parte del siglo XX. Las contribuciones fueron escritas y redactadas por especialistas en el análisis de las cuestiones específi cas que aquí se tratan y que, además, provienen de distintas áreas disciplinarias de las ciencias sociales. A ellos se unen jóvenes intelectuales que acelera-damente se han especializado en el tema que abordan, combinándose juventud con expe-riencia en un esfuerzo multidisciplinario e intergeneracional.

La obra se concibió como un esfuerzo colectivo e interdisciplinario a efecto de reconstruir desde una perspectiva crítica la historia reciente de Guatemala, entendiéndola como la urgencia de superar el pasado, un pasado que pervive en Guatemala como una forma de presente. Una historia que rechaza los ajustes pragmáticos con lo dado, que retoma la experiencia de las luchas sociales de nuestra historia, no para conjurarlas sino para actua-lizarlas. Una historia que no concibe el pasado como algo superado o en trance de serlo solamente por la vía de los mecanismos institucionales existentes, sino que más bien cri-tica a ese pasado que todavía es en sus líneas fundamentales y que urge transformar en un esfuerzo por conciliar memoria e historia como punto de partida para construir el futuro.

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GUATEMALA: HISTORIA RECIENTE(1954-1996)







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