La administracin del presidente Caldern estcumpliendo un nuevo tramo de su periodo sexe-nal. Con 18 meses transcurridos, el calderonismoha repetido y sostenido un modelo de confronta-cin con el crimen que poco tiene que ver con lamatriz garantista que debera vertebrar el compor-tamiento de un Estado constitucional de derecho.

Una revisin de la poltica gubernamental actualrequiere pasarla por parmetros multidimensiona-les y multiinstitucionales; es en estos circuitos endonde el rgimen muestra sus debilidades. Por su-puesto, existe un conjunto de factores que han in-fluido para colocarnos en la delicada circunstanciapor la que atraviesa el pas.

Frente a la creciente violencia y las impactantesejecuciones que se han convertido en la escenogra-fa cotidiana en amplias franjas del territorio na-cional, la nica oferta del grupo en el poder es laamplificacin de una orientacin pragmtica yefectista que busca socializar la idea de que los go-bernantes no slo estn haciendo su trabajo, sinoque lo estn haciendo con sonados triunfos.

Ante la confrontacin armada y sus secuelas deprdida de vidas, los voceros gubernamentales sehan contentado con decir que stas son naturalesy producto de las acciones oficiales contra las ban-das criminales. En su terapia republicana slo secuenta con vocablos mortecinos y funerarios.

Dos son las frases recientes que sintetizan el estilode comunicacin y la pedagoga meditica que sehan procesado en el crculo del poder: una, dichaante millones de telespectadores por el procuradorEduardo Medina Mora, que no se requiere editoria-lizar: aunque no lo parezca, vamos ganando todoslos mexicanos y vamos a ganar en la estrategia decombate al narcotrfico,1 y la otra, que tampocomerece desperdicio, dicha por Felipe Caldern, endonde subyace la vena meramente punitiva y reduc-cionista del titular del Ejecutivo: si hay polvo sa-

liendo de las ventanas, yo dira que no se preocu-pen, estamos limpiando la casa y ponindola en or-den, pero vamos a terminar de hacer la tarea.2

El nico propsito que parece animar a los inte-grantes del gabinete de seguridad nacional estcentrado en la transmisin de mensajes triunfalis-tas y autocomplacientes. Lamentablemente las pa-labras encuentran frreas fronteras cuando preten-den transitar hacia los hechos.

Ante la intensa y abrumadora propaganda ofi-cial, es imperativo hacer un recorrido de la posturaasumida por el titular del Ejecutivo federal, la cualse ha convertido en el catecismo de los funciona-rios responsables de la seguridad pblica.

Es necesario evaluar y tratar de constatar si elpresidente Caldern ha podido edificar una polti-ca criminal con rumbo y con sentido integral. Elcorte de caja de estas 72 semanas de la poltica ins-trumentada por el inquilino de Los Pinos, muestrala reiterada conviccin de que la nica forma deenfrentar al narcotrfico es la puesta en marcha depolticas punitivas y reactivas, esto es, priorizar lajusticia penal para encarar un fenmeno multidi-mensional e interdisciplinario

Felipe Caldern: discursos y tonos

El titular del Ejecutivo ha planteado obsesivamenteque la batalla contra la delincuencia organizada,en especial contra el narcotrfico, tendr como re-sultado ms muertos y mayor violencia. Una ofertanada tranquilizadora ni mucho menos motivantepara cohesionar acciones ciudadanas: Nos quedaclaro que si queremos verdaderamente aspirar aque Mxico sea un pas seguro para nuestras fami-lias tendremos que hacerle frente a los costos detiempo, de recursos econmicos y, por desgracia,de vidas humanas que desde un principio advertque tendramos.3

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Narcotrfico: agotamiento del modelo y crisis de gobernabilidadP E D R O J O S P E A L O Z A Doctor en Ciencias Penales y Poltica Criminal, profesor de la UNAM,

de la UIA y del INACIPE.

Dentro de este estilo monotemtico, tambin en-contramos en el comportamiento presidencial uningrediente que pretende remover sentimientos desacrificio y de entrega patritica. Nos referimos ala actitud de Caldern, que cree que se puede em-pezar a ganar la batalla al narcotrfico con ser va-liente. Aqu su mensaje: Las bajas se deben a quese est combatiendo al narcotrfico y que mi ad-ministracin no se arredra ante la adversidad, nose acobarda ante el peligro, no se intimida por eldesafo y no se achica ante los problemas.

Felipe Caldern ha obsequiado a la opinin p-blica mltiples frases y desplantes para caracterizarel choque con la delincuencia; sin embargo, hayuna que condensa su estilo higinico de gober-nar: Cuando llegu a la presidencia, su alcance eraya insostenible. Llegu al quirfano sabiendo queel paciente tena una dolencia muy grave; pero alabrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadidopor muchas partes, y haba que sanarlo a comodiera lugar.4

Esta disquisicin mdica de Caldern corroboraque su diagnstico del pas lo llev a querer sa-narlo a como diera lugar. Y, en efecto, su reaccinante el estado del paciente lo ha obligado a reali-zar medidas desesperadas, como suele sucederle aaquellos galenos que no saben qu hacer frente aun enfermo que presenta complicaciones que es-tn fuera del mbito de sus conocimientos.

Hay que reconocer que dentro de la estrechezterica y prctica de su poltica, el presidente ha te-nido consistencia discursiva. La prisin conceptualen la que habita ha resultado confortable; para l,su gobierno slo tiene una ruta que seguir y la cualconducir al triunfo inevitable.

Para el licenciado Caldern no existen otras vaspara recuperar los espacios territoriales que llenar-los de fuerzas policiaco-militares. Llama la aten-cin dicha postura, puesto que se ha encargadoreiteradamente de convocar a la ciudadana a co-laborar con su poltica: Hago un llamado a todoslos capitalinos y a todos los mexicanos, en gene-ral, para que proveamos de informacin a la poli-ca federal, para que hagamos por medio de la de-nuncia formal, o bien, mediante los mltiplesmecanismos de informacin que la plataformaMxico posibilita a cualquier persona. Y la aren-ga presidencial sigui: la denuncia y la informa-cin ciudadana son armas poderosas, y no debe-

mos darle ninguna ventaja a los delincuentes yninguna cobertura social. Lo que ellos quieren esatemorizar a la sociedad y paralizar al gobierno.Es tiempo de quitarles esa coraza de impunidad,porque sin cobijo social, los criminales estn con-denados al fracaso.5

Por supuesto, es correcto convocar a los ciudada-nos a colaborar desde su mbito contra las conduc-tas delictivas; sin embargo, hay una notablecontradiccin en la convocatoria presidencial. Ex-pliqumonos: si afirma, como aparece lneas arriba,que el dominio territorial solamente se logr conlos operativos conjuntos del Ejrcito, la Fuerza A-rea, la Marina y la polica, por qu razn ahora elmandatario le pide participacin a la comunidad?Hace abstraccin de un hecho sociolgicamente vi-sible y econmicamente verificable, a saber: la cre-ciente ruptura del tejido social, la ausencia delsentido de pertenencia y la incredulidad hacia lasautoridades, factores de riesgo que no pueden re-sarcirse slo policializando los territorios.

Cul es el andamiaje institucional y las garan-tas legales de las que se nutre el presidente paragarantizar reciprocidad en su llamado a la ciudada-na? Se sabe de su escasa, si no es que nula polticade inclusin ciudadana para la gobernabilidad.Queda claro, as, que el llamado a los ciudadanoses slo un recurso publicitario que busca cubrir eldficit de contenido ciudadano en la orientacingubernamental; y seguramente la soledad queacompaa al Ejecutivo en su estrategia anticrimen.No hay otra explicacin medianamente lgica.

En esta vereda triunfalista, Caldern nos ofrecesaldos positivos; ahora sostiene que de las ejecu-ciones asociadas al crimen organizado, 76% se con-centra en Chihuahua y Sinaloa. Ah hay dos bandasque se estn peleando los ya pocos territorios queles quedan para sus actividades ilcitas, sus redes.6

Caramba!, dicho as, parece ser un hallazgo re-frescante. Lamentablemente no hay tal. Se sabe queel mejor mtodo para analizar la realidad social esmediante la conjuncin de realidades diversas, lo-calizadas y diversificadas. Descubrir la riqueza de lafocalizacin es un indicador, pero quedarse en eseespacio de anlisis es ocultar las particularidades y,en consecuencia, no explorar los datos de las ten-dencias del fenmeno a estudiar.

Segn datos de informacin no desmentida,hasta el mes de abril, en slo nueve entidades se

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han cometido 3 845 ejecuciones. Si bien infor-mes oficiales destacan la disminucin de la vio-lencia en 16 estados, entre stos Campeche, Zaca-tecas, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Veracruz y NuevoLen, resulta que en diez entidades se desat laviolencia, particularmente en Chihuahua, Baja Ca-lifornia, Coahuila, Yucatn, Chiapas, Oaxaca yGuanajuato, donde se super el nmero de ejecu-ciones de los aos recientes o bien en los tres pri-meros meses se registra ya 50% de los homicidioscon relacin a 2006.7

Es ms, das antes de esta declaracin presiden-cial el procurador Medina Mora sealaba que, enla violencia generada por el narcotrfico vamos aver ms y peor; no hemos llegado al pico y habrun aumento de estas actividades antes de que em-piece a bajar.8 Es decir, trece das despus de lapresentacin de este nada tranquilizador panora-ma, el presidente nos informa que el problema es-t localizado en slo dos entidades. Dos versionesdel discurso oficial.

Para seguir con este acompaamiento pedaggico,un informe oficial seala que el reforzamiento delos operativos militares ha provocado que las zonascrticas de la violencia se desplacen de una zona aotra.9 Esto implica, que la persecucin policiaco-militar slo favorece al conocido efecto cucaracha.

En este mismo informe se grafican los cuatroprimeros trimestres de 2007 y el primero de 2008,y se muestra la movilidad de las ejecuciones y eldesplazamiento de stas entre Guerrero, Michoa-cn, Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Dichode manera resumida, la accin policiaco-militarslo golpea parcialmente al narcotrfico puestoque la lgica econmica con que opera el crimenorganizado est regida por la sobreganancia. As,tiene lugar un mecanismo de administracin delos daos que incluye la sustitucin del personalque pueda ser detenido y la disminucin del mar-gen de utilidad, la que generalmente est calcula-da suponiendo los decomisos. Mientras la deman-da sea estable y creciente, los golpes que sepuedan dar en la produccin y distribucin de lasdrogas sern siempre leves, sobre todo si nos ate-nemos a la dimensin de los dividendos que seobtienen de este tipo de actividades ilcitas.

Un componente nuclear para la dinmica y flui-dez del narcotrfico tiene que ver con el dominiodel territorio, rubro que ha sido reivindicado como

parte del triunfo de la estrategia del gobierno; encontraste con la versin presidencial, Edgardo Bus-caglia, asesor de la Organizacin de las NacionesUnidas (ONU), ha expuesto recientemente, ante loscomits ciudadanos de la Procuradura General dela Repblica, que entre 50 y 60% de los gobiernosmunicipales en Mxico han sido capturados o feu-dalizados por el narcotrfico, lo cual es una situa-cin gravsima que no slo impacta a la seguridadpblica, sino a la seguridad nacional.10

Para este especialista, el saldo de la recupera-cin territorial tiene serios problemas de rea-lizarse con xito, y de ser ciertas sus afirmaciones,hasta ahora no desmentidas, significa que las poli-cas municipales de ese porcentaje del territorionacional estn trabajando para el crimen organiza-do Mxico tiene 2 435 municipios, as que esta-mos hablando, en trminos absolutos, de entre 1200 y 1 500, lo cual es un ments a las cuentasalegres del avance en el proceso de recuperacin deespacios invadidos por el narcotrfico.

Pero hay ms: Buscaglia critic la orientacin gu-bernamental al enfatizar que la actual estrategiade combate al crimen organizado no es suficiente,ya que apenas se aplica 33% de los puntos quecontiene la Convencin Contra la Corrupcin y48% de la Convencin de Palermo, que tiene quever con cuestiones de delincuencia organizada.11

El asesor de la ONU concluy diciendo que Mxi-co no ha puesto en prctica programas de preven-cin financiera y del delito, ya que la Unidad deInteligencia Financiera de la Secretara de Hacien-da no realiza investigaciones preventivas en losbancos, ni aporta informacin a la Subprocuradu-ra de Investigacin Especializada en DelincuenciaOrganizada (SIEDO).12

De esta manera, durante el breve examen quehemos hecho del discurso presidencial se pudocomprobar que la dogmtica gubernamental enque est estructurada la poltica anticrimen de laadministracin calderonista, slo tiene como in-dicadores en el horizonte sexenal dos metas porcumplir: la contencin delincuencial y la guerrameditica. Propsitos tpicos de los ciclos presi-denciales, que lejos de poner en movimiento pol-ticas de largo aliento se contentan con medidas deflotacin coyuntural.

Gran parte de la apuesta de la actual administra-cin est basada en la reestructuracin de la poli-

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ca federal. Es ms, el discurso que acompaa a to-dos los funcionarios de la rbita policial ofrece co-mo tierra prometida la aparicin de esos nuevoselementos que habrn de oxigenar la vida urbana eimbuirnos una sensacin de seguridad.

Para evitar que los nmeros nos confundan esnecesario recordar los datos duros que muestran elnivel y composicin de las policas de nuestro pas,ya en una colaboracin anterior (Este Pas, febrerode 2008) mostramos la debilidad numrica del go-bierno federal. Traigamos algunos datos: Las ins-tancias federales slo cuentan con alrededor de4.9% del conjunto de toda la fuerza nacional poli-cial. La AFI cuenta con 5 933 elementos, que repre-sentan el 1.4% del total nacional; los preventivosfederales son 15 464 y equivalen al 3.5% del con-junto.13 Es decir, la coordinacin de la polica fe-deral slo tiene 21 397 elementos.

La nueva noticia es que ahora la Secretara deSeguridad Pblica Federal ha reclutado a 8 milnuevos elementos, cambi de nombre de CuerpoFederal de Polica a Polica Federal, y ahora la cor-poracin cuenta con 30 214 elementos, de los cua-les 80.5% pertenece a la PFP y 5 893 a la AFI, deacuerdo con el documento Polica Federal, fecha-do el 30 de marzo del presente ao, que detalla elnuevo modelo institucional de la Polica Federal ydefine sus principios bsicos.14

De esos 8 600 reclutados, slo 1 020 ya causaronalta al momento de escribir estas notas. El perfil deestos elementos es el de egresados universitarios o conestudios truncos de licenciatura.15 No obstante este cre-cimiento, la SSPF sigue siendo una fuerza minoritariacon el 9. 54%, ante un universo de 314 264 elemen-tos distribuidos en el mbito municipal y estatal.

Con este cuadro, la administracin calderonistano est en condiciones de ofrecer seguridad al con-junto de los habitantes del pas, puesto que de ma-nera objetiva no es posible. Evidentemente, puederealizar sus vistosos operativos en coordinacincon las fuerzas militares y locales, aunque ya he-mos analizado los lmites de esa prctica.

Una vez que los burcratas de las fuerzas policia-les han conocido sus lmites prcticos, le han ven-dido al presidente el modelo de una polica federalcon nfasis en la inteligencia y que se fundamentaen sistemas y procedimientos de investigacin cri-minal. Seguridad regional se reorganiz a partirde un despliegue territorial que consiste en 34 es-

taciones regionales de polica, reforzadas con Uni-dades Modelo de Investigacin Policial (UMIP), pa-ra generar inteligencia operativa en el combatecontra el crimen. Y tiene adems 112 comisaras desector en municipios densamente poblados, 62 co-misaras de destacamento para atender zonas rura-les y 31 centros operativos tcticos o unidades m-viles para la prevencin del delito.16

Qu brbaro! Con 9.54% del total de la fuerzapolicial nacional van a realizar todas estas activida-des. Lase: 30 214 elementos cubrirn todo el territo-rio nacional. ste es el cuerpo policial que podrbrindarle la seguridad perdida a los mexicanos? Seruna fuerza de elite que estar alejada sustancialmen-te de la comunidad (una minora quiz podr teneracercamiento), orientada a combatir la delincuenciaorganizada, pero desde el mbito de la inteligencia.

Sin embargo, el gobierno, a travs de la SSP, estpreparando a otra polica, integrada por 35 milelementos municipales, mediante el programa de-nominado Subsidio para la Seguridad PblicaMunicipal (Subsemun). Con ello se busca contarcon un nmero de policas suficiente que resguar-de a los municipios, que sern evaluados por elCentro Nacional de Evaluacin y Control de Con-fianza (CNECC). De esta manera, se legitimar lapresencia federal mediante la evaluacin centrali-zada. Bajo este mecanismo se cumplen dos prop-sitos: tener el pulso de las instancias municipalesy facilitar el trabajo de la polica federal, al dejar aestos policas municipales las tareas que aqullano puede hacer.

La mecnica que habr de instrumentarse se ini-ci a mediados de febrero del presente ao, la SSPdefini los montos que repartir entre los 150 mu-nicipios seleccionados y que rebasa los 3 mil mi-llones de pesos. Los primeros envos de dinero fue-ron en abril.17 Por supuesto, nadie podraoponerse a la transparencia y a la rendicin decuentas. El ncleo del problema es la orientacincentralista y monoplica para dirigir la seguridadpblica que se est procesando desde Los Pinos.

En el documento, distribuido a los 150 munici-pios, se seala que, para llevar a cabo la profesio-nalizacin de los policas municipales selecciona-dos, los recursos otorgados privilegiarn laprofesionalizacin de los elementos, por lo que sudistribucin abarcar, en primer lugar, el montonecesario para cubrir lo relativo a la evaluacin in-

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tegral y exmenes mdicos del personal, su proce-so formativo y, finalmente, al diseo y habilitacindel servicio profesional de carrera policial.18

En el procedimiento para el ingreso al programase menciona como uno de los requisitos que lospolicas municipales tengan al menos certificado deprimaria, cuando se sabe que este tipo de policas,en algunos municipios (Guerrero, Oaxaca, Chiapas,entre otros), no saben leer ni escribir. Ser intere-sante saber qu destino tendrn dichos elementosen el proceso selectivo.

Finalmente, una interrogante que flota en el am-biente: qu pasar una vez que concluya esta eva-luacin diferenciada?, cuando resulte que, porejemplo, de los 35 mil evaluados slo 10% fue ap-to en el conjunto de pruebas indicativas. Volver adestinarse otra partida presupuestal para la bs-queda de esta fuerza policial municipal?

Qu se har con todos aquellos a quienes en elproceso se les detectaron diversas deficiencias?Pondrn seguir laborando en el municipio? Re-cordemos que es facultad exclusiva del presidentemunicipal el ingreso y promocin de los elemen-tos policiacos.19 Es previsible que se pretenda pre-sentar a los policas municipales evaluados comoparte de la fuerza policial federal, sobre todo aten-diendo la canalizacin de recursos de este nivel degobierno. Es ms, la pretensin de unificar su uni-forme tiende ms a colocarlos en el haber de la SSP.Y quizs, en un futuro no tan lejano, realizar algnevento masivo para su presentacin.

Un elemento que no debemos perder de vista,que puede significar un serio problema de producti-vidad y eficiencia institucionales, es la meta de la SSPde convertir a la evaluacin y a la capacitacin enprcticas que cubran simples metas numricas parajustificar presupuesto y no calidad en el servicio.

Por ejemplo, se habla de que el CNECC estara encondiciones de evaluar entre 90 a 110 mil agentesde seguridad por ao. La actual capacidad que tienela CNECC es de 9 mil exmenes por ao.20 Hastadonde se sabe, en crculos de profesionales del ramo,un examen evaluatorio completo se puede realizaren cuatro horas. Adems, es temerario el salto quedeclara el subsecretario de Seguridad Pblica Federal,Patricio Patio puesto que, en menos de doce meses,la eficiencia del centro ser del 100 por ciento.

Si tomamos en cuenta que en el CNECC existen200 poligrafistas, las cuentas se complican. Evaluar

a 600 mil policas, incluidos los guardias privados,nos llevara a pensar que con intensas cargas detrabajo, en las que cada poligrafista trabajara ochohoras diarias (sin descanso y sin comer), atenderaa dos policas diariamente; 40 al mes, y 480 al ao;si multiplicamos 480 por 200, se cubriran 96 milpor ao. S, en la hiptesis de que se cumpla estameta, tendramos que preguntarnos cul ser la ca-lidad de los exmenes con estas cargas de trabajopara los responsables de aplicarlos. Terminarnen este sexenio?

Las ganancias mximas y la ilusa competencia

Los lmites de una poltica pblica estn marcadospor la dimensin y los alcances del mbito que sequiere influir. Por ejemplo, la lucha contra la po-breza y la desigualdad social tiende a convertirseen simblica por la jerarquizacin de una polticaeconmica que favorece la concentracin del in-greso y la exclusin social. Por ello, los recursosllamados para la poltica social son, en realidad,pequeos cataplasmas que no tocan los problemasestructurales de la equidad. En efecto, son una es-pecie de Cruz Verde que recoge heridos daadospor la orientacin econmica del rgimen, y la po-breza se vuelve transgeneracional.

En el caso de los recursos pblicos destinados acombatir al narcotrfico, se aplica el mismo razo-namiento que en el caso anterior. El negocio de ladelincuencia organizada que no slo es la ventade drogas ilegales, sino un conjunto de ilcitos queconcurren y se disgregan en su propia lgica ga-nancial y de poder territorial, no puede ser en-frentado nicamente con el dinero pblico queproviene de la contribucin de la poblacin. Noexiste dinero suficiente, en ninguna dependenciapblica, ni sumando a todas las que conforman elgabinete de seguridad nacional, que pueda compe-tir con las ganancias netas de las cofradas de la de-lincuencia organizada.

Segn el zar antidrogas de la Casa Blanca, JohnWalter, el ingreso de los crteles mexicanos de lasdrogas por sus ventas en Estados Unidos asciendea 13 800 millones de dlares, principalmente portrfico de marihuana.21

Por su parte, el subprocurador Jurdico y deAsuntos Internacionales de la PGR, Jos Luis Santia-go Vasconcelos, inform que Mxico est gastan-

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do unos 3 900 millones de dlares al ao en elcombate al crimen organizado.22

Creer que con dinero de las finanzas pblicas sepuede competir e incluso superar las posibilidadesde triunfo de las fuerzas del Estado, no slo esirresponsable sino suicida.

El crecimiento y extensin del crimen organiza-do, en su expresin de narcotrfico, ha superadolas fronteras nacionales y se ha insertado, como esnatural, en la globalidad.

Por supuesto, hay datos que corroboran que lasganancias del crimen organizado superan cual-quier clculo. Una poltica responsable tiende adisminuir las ganancias de los crteles de la droga,en eso no hay discusin; lo que parece no estar enla agenda del gobierno es la construccin de otrosmecanismos no penales que afecten seriamente losingresos de la delincuencia organizada.

Por ello, la bandera del gobierno, repetida sono-ra y estruendosamente, que reivindica el triunfo in-dubitable sobre la delincuencia organizada, es msun discurso de estmulo teraputico y de clculopoltico que un compromiso de Estado.

No se trata de asumir una postura derrotista o,en el peor de los casos, cmplice de actividadesilcitas; lejos de ello, lo que se requiere es cambiarel paradigma dominante que se ha sustentado enuna especie de supersticin, la cual cree que utili-zando el brebaje de la mano dura y de su pa-riente cercano, el aumento de las penas, se podrderrotar al narcotrfico.

El iluminismo de la pena y la magia que brotade la justicia penal tiene efectos mltiples en elimaginario social. Se va revelando, as, la autnti-ca (poli) funcionalidad del castigo. Como expresaGarland, ste tiene un importante componente ex-presivo: de un lado, expresa valores sociales; delotro, libera energas anmicas. En consecuencia, enla visin durkheiminiana de la reaccin penal, in-cluso el delito puede llegar a ser funcional, no enel sentido de ser positivo (como se le ha queridoalguna vez imputar a Durkheim), sino en el mscomplejo de desencadenar fuerzas de reaccin, deaproximar a las conciencias honradas (y concen-trarlas, aade Garland) y, por esa va contribuir de-cisivamente a la cohesin social. Durkheim, hacems de un siglo lo seal con suficiente claridad,al indicar que el castigo lograra el preciso fin degenerar solidaridad automtica.23

Las crceles llenas: caminando en crculos

Generalmente puede ser agradable escuchar a ungobernante decir enfticamente que meter a lacrcel a todos los delincuentes. Seguramente elpresidente Caldern no tiene conciencia plena delos efectos que produce el hacinamiento en las cr-celes y de las consecuencias prcticas que caracteri-zan a los establecimientos carcelarios y a sus habi-tantes.

La tendencia histrica de crecimiento poblacio-nal, con sus secuelas de violencia y falta de condi-ciones de salud, son parte consustancial de los pe-nales mexicanos. No haremos una evaluacinhistrica del fenmeno de la crcel, slo extraere-mos algunos elementos preocupantes y graves quepueden convertirse en inmanejables.

El ao pasado, la SSP estim que el gasto en losreos de los cinco penales federales crecera casi36%, al tiempo que la poblacin aumentara en18%, para llegar a 2 653 prisioneros.

La SSP pag 258.9 millones de pesos para soste-ner a los presos ms peligrosos del pas, por 191.2millones que erog durante el ejercicio de 2006. Aldividir las cifras del gasto total de manutencinque estima la SSP entre el nmero de reos, resultaque el costo diario por preso durante 2006 fue de232 pesos y en 2007 de 267 pesos. Esta cantidadabarca nicamente las necesidades bsicas comoropa, alimentos y servicios generales. El comporta-miento histrico en los centros federales ha mos-trado un crecimiento significativo de su poblacin.Ejemplo de ello se observa en el periodo compren-dido entre 2000 y 2007, donde se ha incrementadoen un 74 por ciento.

Hay 1 158 reos que ya tienen sentencia. El 73%tiene condenas de entre diez y cuarenta aos, loque implica una larga estancia que reduce el ndicede ingresos de estos penales.24 En el campo de losdelitos federales, las nuevas reformas aprobadaspor el Congreso de la Unin tendrn poco impac-to para evitar la pena de prisin, con lo que la ten-dencia de reclusin no sufrir alguna baja.

En el caso de los reos del fuero comn, el pano-rama es dantesco. Mxico tiene una sobrepobla-cin de reos de 35%. En el pas, cuatro de cadadiez reos esperan recibir sentencia. Los estados conmayor porcentaje de reos que no han sido conde-nados son Baja California Sur, con un 69%; Quin-

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tana Roo con 63; Jalisco 56; Baja California 55, yGuerrero con 54 por ciento.

Por el contrario, Zacatecas, Nuevo Len, Aguas-calientes y Quertaro son las entidades con menosporcentaje de reos que estn en proceso; estn pordebajo del 30%. Asimismo, 22% de los presos quehay en las crceles del pas son acusados de delitosfederales. Las entidades que tienen el mayor nme-ro de presos por delitos federales son Sonora, Jalis-co, Distrito Federal y Baja California.25

Mientras en 2004 las crceles tenan una sobre-poblacin de 43 015 reos, a finales de 2007 au-ment a 55 887, lo que agudiz la insalubridad yla violencia. Aunque es necesario introducir un ma-tiz en nuestro examen y detectar un hallazgo nove-doso e ilustrativo, es el penal de mxima seguridadde El Altiplano, mejor conocido como La Palma,que se ubica en el municipio de Almoloya de Ju-rez, Estado de Mxico, la prisin federal con mayornmero de internos que se suicidan y el nico lu-gar de ese tipo en el que a pesar de los mecanismosde vigilancia, tres importantes narcotraficantes hansido asesinados, dos de ellos a balazos.

En suma: 50% de las crceles estn sobrepobla-das y en los 442 penales del pas hay ms de 217mil presos, aunque el cupo total es de 165 mil. Es-tos nmeros encierran una realidad incontestable:las condiciones imposibilitan el mandato constitu-cional de la readaptacin, lo que nos conduce a unlaberinto de puertas sin salida que, al parecer, re-sulta insustancial para quienes, desde el poder po-ltico, creen que su nica misin es gobernar conel Cdigo Penal en la mano.

Participacin ciudadana y discursos de oropel

Ha quedado claro que la zona ms oscura y olvida-da del gobierno actual es el tema que relaciona alos ciudadanos con el poder y a la organizacinhorizontal de stos. Estamos ante la construccinde polticas pblicas destinadas a favorecer la pre-sencia solitaria de las fuerzas policiaco-militares.La clave de dicho diseo supone que a los ciudada-nos se les controla desde el corporativismo y elclientelismo.

El panismo en el gobierno no ha podido desha-cerse de la ideologa dominante. Su concepcin dela democracia se qued estacionada en el sufragis-mo y el salto a una frmula de democracia partici-

pativa le causa pnico. Las redes del poder ven enla accin ciudadana una especie de kriptonita quedebilitara su hegemona.

Romper la moda discursiva no ha sido fcil. Seinsiste en (casi) todos los discursos en que la parti-cipacin ciudadana en la seguridad pblica es fun-damental pero, hasta ahora, el nico caramelo queha venido ofreciendo el gobierno es la denunciaannima; se quiere a ciudadanos que vigilen ahurtadillas y desde la clandestinidad de su venta-na, no se les incita a organizarse horizontalmente.La denuncia y el individualismo se asocian para fo-mentar el aislamiento y la desconfianza.

No se quiere aceptar que la participacin ciuda-dana en su expresin ms rica y trascendente signi-fica autoorganizacin y autogobierno para la satis-faccin de diversas necesidades. Colectivizarpreocupaciones y certezas, cuestionar el ejerciciodel poder y reapropiarse de los espacios pblicos,son parte de las tareas que le dan sentido al con-cepto de ciudadana. Recrear la diversidad y agru-par los consensos son ladrillos bsicos en la cons-truccin y reconquista de zonas que al estar vacasde contenidos y de acciones cotidianas se convier-ten en refugios para fomentar la hostilidad y la po-larizacin vecinal.

Es en espacios individualistas en donde el narco-menudeo y los asaltos pueden desarrollarse sinproblemas; la venta al menudeo de las drogas y laimposibilidad de transitar con libertad son las fo-tografas descriptivas de la fractura del tejido socialy del abandono del sentido de pertenencia.

La democracia participativa es la matriz de laparticipacin ciudadana, en su nombre anuncia unrumbo antiautoritario; busca construir la democra-cia con la participacin y en la dialctica de staconfluyen las energas de los que no tienen voz.Estamos hablando de remontar la viejsima acep-cin del individuo que lucha y triunfa solo. No,navegar en esas aguas cmodas y nocivas tiene alos ciudadanos del pas en la queja teraputica y enel reclamo aislado.

Superar la larga noche del clientelismo y el cor-porativismo requiere de dos elementos asociadosindisolublemente, a saber: una reingeniera institu-cional y una cultura poltica que le d cimientos.Hasta ahora no existe ninguno, pues slo aparecencomo gritos en el desierto o como arengas paraadornar discursos oficiales.

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Por supuesto que conformar nuevas avenidas pordonde transiten las demandas ciudadanas implicaencontrar reciprocidad en las agencias del gobier-no. Ese desafo es el ms importante de la jovendemocracia mexicana, de ah parte el aparato cir-culatorio de un sistema democrtico.

Durante 18 meses, el presidente Caldern y sussecretarios no han atinado a proponer frmulasnovedosas y trascendentes para incorporar a losciudadanos y garantizar la gobernabilidad demo-crtica. Advertimos, como lo expresamos lneasarriba, temor e inexperiencia, nos falt agregar ig-norancia.

Seguramente, el titular del Ejecutivo federal noconoce la realidad mexicana, no tiene la informa-cin de: Que en dos terceras partes de los estados no

hay leyes de participacin ciudadana. La ausencia de secretarios del ramo en una ter-

cera parte de las entidades federativas. La falta de incorporacin de la participacin

ciudadana en nueve leyes orgnicas de la admi-nistracin pblica.

La carencia de contenidos sobre participacinciudadana en trece leyes orgnicas de las procu-raduras generales de justicia.

La ausencia de funciones de poder, eleccin ycontrol de la sociedad sobre las instancias y losresponsables de la poltica criminal en el pas.

La nula creacin del instrumento programticosobre prevencin del delito como primer engra-naje de la poltica criminal.

La falta de programas de seguridad pblica en24 estados que conlleva a la nula participacinciudadana.

La ausencia de programas de procuracin dejusticia en 29 entidades arrastra a su cauda a laparticipacin ciudadana.26

Adems de este deficiente panorama, una ley au-sente que le compete impulsar a Caldern: la LeyFederal de Participacin Ciudadana. Quizs unainiciativa en esta direccin podra significar un ges-to democrtico genuino, pero como se ha dicho: lademocracia exige la presencia de demcratas.

Violencia y adicciones: ms all de la apariencia

Cuantificar la violencia tiene sus parmetros y sumetodologa. Lo nico imposible de medir es el

dolor humano que genera a las vctimas. Mxico,en este rubro presenta un cuadro en donde los fa-llecimientos por causas violentas, incluyendo losaccidentes, son altamente preocupantes.

Cada ao mueren 53 mil personas en nuestropas; 9 855 personas son asesinadas; casi 17 milmueren por accidentes de trnsito y 4 380 se qui-tan la vida ellos mismos.

Las defunciones por accidentes de trnsito se ele-varon en 10%, no slo en Mxico sino en el mun-do y se prev que para 2020 sean la segunda causade vidas perdidas.

Invertir en prevencin es rentable. Una de lasmaneras ms costo-efectivas para reducir la violen-cia es disminuyendo la oferta, la demanda y los da-os causados por el consumo excesivo de alcoholen los pases de la regin. El alcohol es causante deentre 60 y 70% de los accidentes en el pas, que ca-da ao le cuesta la vida a cerca de 17 mil personas,muchas de ellas peatones.27

Parece razonable que el secretario Crdoba justi-precie la inversin en prevencin, en realidad lamedicina ha dado muestras contundentes de queadelantarse a las enfermedades es el mejor camino.Sin embargo, el jefe de este funcionario, el presi-dente Caldern, no opina lo mismo; al menos nopara evitar las muertes que provoca la criminalidad.

Hablemos de nmeros: mientras que en el pre-supuesto de 2008 para la SSP, se destinaron 440millones! para la Subsecretara de Inteligencia Po-licial, y 7 mil millones de pesos! para la imple-mentacin de operativos para la disuasin deldelito; en contraste, se destinaron 60 millones depesos en recuperacin de espacios, en el presu-puesto para mujeres y la igualdad de gnero, y 200millones en rescate de espacios pblicos asignadosa Sedesol; y para continuar con esta actitud espln-dida, en el presupuesto de la SEP se destinaron 100millones de pesos para programas educativos enmateria de prevencin de adicciones. Esta cifrasignifica .006% del total de la SEP.28

Mientras un secretario de despacho habla de lasbondades de la prevencin (aunque despus laconfunde con rehabilitacin), el presidente slohabla de combate frontal a los enemigos de Mxi-co. El saldo de esta postura es, hasta ahora, de 5mil vidas perdidas.29

Por otro lado, el gobierno federal, anunci la pre-sentacin de la Encuesta Nacional de Adicciones

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2008. Las tendencias parciales de algunas muestrasregionales indican un aumento en el consumo dealgunas drogas. Pronto sabremos si la fotografa na-cional del consumo nos reproduce lo mismo.

Lamentablemente, la concepcin oficial sigueconfundiendo prevencin con rehabilitacin. Elmismo secretario Crdoba, quien no debera con-fundir ambos conceptos, dice que antes no habadinero para prevencin. Slo tenan 140 millonesde pesos. A raz del decomiso al empresario ZhenliYe Gon, de 210 millones de dlares, de los cuales70 millones le correspondieron a la Secretara deSalud, se han comenzado a construir 310 centrosNueva Vida.30 Y, no satisfecho con lo dicho, elpropio Crdoba presume que con la recin apro-bada Iniciativa Mrida por parte de Estados Uni-dos hacia Mxico, la Secretara de Salud recibir 15millones de dlares que tambin se aplicarn a loscentros contra las adicciones.31

Lejos de mejorar y hacer ms certeras las polti-cas de prevencin, la administracin actual tiendea profundizar su concepcin tarda del consumode drogas. En lugar de aceptar que ingresar al mun-do de las adicciones tiene una gnesis multifacto-rial, que es la que hay que atacar, vuelven a las an-dadas de promover una visin que se sustenta enel hecho consumado; en que una vez que el nio oadolescente es adicto, la tarea prioritaria es rehabi-litarlo. Igual que en el caso del delito: actuar des-pus de que se consum el hecho.

Aqu, el presidente y el secretario Crdoba scoinciden, y se engarzan en un nuevo programaque promueve una nueva vida, que no es otra co-sa que la plataforma propagandstica de la esposadel presidente quien, desde la presidencia del Con-sejo Consultivo del DIF, se convierte en el eje agluti-nador de la poltica contra las adicciones.

Este realineamiento del gobierno absorbe, en laprctica, los programas denominados Sendero Se-guro, a cargo de la SEP; Limpiemos Mxico, de laSSP y Rescate de Espacios Pblicos, de la Sedesol.Sin que desaparezcan formalmente, los convierteen subordinados de un programa emergente, quees prioritario porque lo encabeza la primera damadel pas. De nueva cuenta, la improvisacin y elatropello a los mnimos requisitos metodolgicosde las polticas pblicas apuesta a las acciones derelumbrn. Las tendencias y los escenarios de lacriminalidad nicamente pueden ser localizados si

entrelazamos a las vctimas con sus guardianes in-faltables: la impunidad y la desconfianza a las au-toridades. Remar con estas variables nos permitevislumbrar las luces y sombras de nuestro futuro.

El impecable y til trabajo que ha realizado el Ins-tituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad(ICESI) representa un aporte refrescante para verms all de las siempre polmicas cifras oficiales.

De las herramientas que nos proporcionan lasencuestas victimolgicas, tienen dos que son esen-ciales: una es recoger informacin de aspectos de-lictivos de fuentes no oficiales, ya que estas ltimascarecen de confiabilidad porque las representaquien es juez y parte; y el otro, que toma comopunto de partida el total de delitos cometidos (o almenos los que pueden conocerse).32

El ICESI nos ha mostrado en sus cuatro encuestasnacionales, con datos serios, documentados y tc-nicamente impecables, que la inseguridad nosacompaa como nuestra sombra. El signo distinti-vo del trabajo de este instituto es mostrar la otracara de la criminalidad, que pretende ocultarse, pe-ro que se escabulle y toca nuestras calles, nuestrascasas, nuestras vidas. Este mundo es el que hay queexplorar e interpretar; de l extraeremos leccionesque seguramente contribuirn a conocer el cuerpocompleto de ese fantasma que recorre nuestro pasy al que slo se le quiere aniquilar con balas.

Plan Nacional de Desarrollo: lejano pergamino

Se supondra que el Plan Nacional de Desarrollo(PND) juega el papel de instrumento rector de laspolticas pblicas sexenales; pero slo es eso, unasuposicin. En realidad en la mayora de los casoslos propsitos anunciados distan mucho de laprctica especfica en la administracin calderonis-ta, la cual ha reaccionado impactada por los vaive-nes de la coyuntura poltica. Como antes, en laideologa priista, el PND y antes an el Plan Globalde Desarrollo son, en realidad, una bodega impre-sa de propuestas y reclamos, pero ajena a la deci-sin unipersonal del presidente de la Repblica.

Los cinco captulos que corresponden a otrostantos ejes de la poltica de este plan son: 1) Esta-do de derecho y seguridad, 2) economa competiti-va y generadora de empleos, 3) igualdad de opor-tunidades, 4) sustentabilidad ambiental, y 5)democracia efectiva y poltica exterior responsable.

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Se dice que este plan propone una estrategia in-tegral donde estos cinco ejes estn estrechamenterelacionados. Dada esta relacin de estrategias,implcita en un enfoque de este tipo, se observarque entre los distintos ejes hay estrategias que secomparten. En otras palabras, a lo largo de los cin-co ejes el lector encontrar estrategias similares,que aunque especficamente hacen referencia al te-ma central del eje, se refieren a aspectos que se re-piten a lo largo de los captulos.33

De qu integralidad se habla? Y de cules estra-tegias compartidas? Si algo ha caracterizado a lagestin pblica es la inconexin y la ausencia deindicadores coincidentes y simtricos. De ningunamanera se puede afirmar que exista algn mecanis-mo que encuadre a los cinco ejes en estrategiaslongitudinales y medibles.

La improvisacin, la visin parcial, la competen-cia abusiva, el sabotaje interno y los golpes bajos,son los signos distintivos que se practican en ungabinete donde la mediocridad brilla como nunca.Puede haber una visin integral, si no hay polti-cas de largo aliento?

Por otra parte, la reiterada mencin de la impu-nidad y la corrupcin que permea a la administra-cin pblica y que se admite en el PND, tiene unprimer problema axial, nos referimos al nombra-miento de los funcionarios pblicos de los prime-ros niveles. Es en este momento cuando se dan lasseales iniciales del perfil del gobierno en turno.

Si bien es cierto que es una potestad legal del ti-tular del Ejecutivo ejercer este derecho, no por ellodebe dejar de ser cuestionable. Caldern dio mues-tras inequvocas del tipo de gabinete que quera.Una mayora abrumadora de los actuales secreta-rios de despacho no tienen ninguna experienciacurricular para desempear el encargo y son, msbien, resultado de las amistades y de los acreedoresde cuotas polticas y econmicas. ste es el primeracto republicano que plasma la impunidad, y lasvctimas somos los ciudadanos. En que barandillase reclama esta afrenta?

Crisis de gobernabilidad y zonas minadas

Lo que hoy est en el centro del debate nacional essi la gestin calderonista puede encontrar salidassensatas y consensadas frente a la espiral de inse-guridad, violencia, exclusin social y desempleo.

Hasta ahora, el presidente no ha mostrado iniciati-vas que puedan desactivar estas variables. Lejos deello, su poltica, tanto social como econmica,tiende a perpetuar los elementos explosivos quehoy ejercen presin en todos los poros de la for-macin social mexicana.

La transicin incompleta y la frgil democraciamexicana viven momentos de tensin; por un lado,en el mbito laboral los viejos candados que hanimpedido la circulacin libre de segmentos estrat-gicos del sindicalismo mexicano siguen salvaguar-dando las mazmorras del corporativismo y el clien-telismo. En la competencia sindical y gremial haningresado los otrora sindicatos independientes,que ahora, por la anemia del antiguo charrismo,y por la presencia de un proceso de radicalizacindesigual, se han convertido en una fuerza de nego-ciacin en algunas ramas de la industria mexicana.

Lamentablemente para la democracia mexicana,los sindicatos opositores al Congreso del Trabajohan reproducido las aejas prcticas que tantocuestionaron del rgimen priista. Esta nueva confi-guracin poco ayuda al ejercicio pleno de la cons-truccin de organismos slidos sin el tutelaje demesas o caudillos.

A la anterior orografa sindical, habra que agre-gar la presencia de autoridades laborables autorita-rias y repelentes a la construccin de acuerdos in-cluyentes. Esta actitud no tiene que ver slo con losperfiles psicosociales de los funcionarios sino, so-bre todo, con la concepcin de un rgimen dere-chista, que slo cree en la hegemona del mercadoy desatiende las funciones insustituibles del Estado.

En otra rbita de la galaxia calderonista, en lo re-ferente a la genricamente llamada seguridad p-blica, los botones del control siguen sin funcionaradecuadamente. Slo estn aceitados los que dis-paran rfagas de operativos y persecuciones poli-ciacas. No hay el menor inters por conectar lasotras partes del tablero del Estado, las no penales;el piloto slo quiere fuegos de artificio y polvopor las ventanas.

La otra zona minusvalorada y alimentada nica-mente por recursos efmeros y discursos pobristas,esto es, la poltica social, se ha convertido simple-mente en el espacio preferido para las convocato-rias sentimentales y el pliego petitorio a la caridad.Slo oportunidades para refrescar la existencia deuna poblacin inmensamente pobre, pero al mis-

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mo tiempo para refrendar que la poltica econmi-ca no puede modificarse ni un pice.

La gobernabilidad democrtica no es slo ejercerel poder, sino construir polticas que amplifiquen,consoliden y desarrollen al capital humano; que im-pulsen la equidad, que combatan la exclusin socialy que orienten sus esfuerzos a la universalizacin delos derechos. Es la intervencin de la ciudadana enla medicin de la eficacia de la gestin pblica.

El futuro lleg ayer: hay perspectivas a la vista?

La actual administracin federal est atrapada ensu discurso. Su obsesin por las acciones mediti-cas la estn conduciendo a un callejn sin salida.Creer que se puede capturar la credibilidad de laciudadana slo usando balas e inteligencia poli-cial es un error estratgico.

La dinmica y la complejidad de una sociedadatravesada por la desigualdad social requiere fr-mulas estatales que enriquezcan los mltiples satis-factores deseados por una poblacin que se mueveentre la inequidad, la amargura y el rencor social.

El discurso valiente que se ha maquilado comodivisa para ensalzar el patriotismo tardo, tiene suspropios lmites. Si el valor fuera el antdoto contralos males de la humanidad, el mundo de los va-lientes sera hegemnico; lamentablemente el glo-bo terrqueo no funciona as.

Un elemento que no puede seguir siendo el mo-tor de la poltica antinarco es la promesa de la in-minente victoria contra la delincuencia organizada;o, en su caso, el grupo en el poder debera explicar-nos en qu consistir la victoria y si es que nos avi-sarn de ella cuando se pose en tierras aztecas.

Por desgracia, el mundo feliz que nos prometenno parece estar muy cerca, y no por que nos gusteser habitantes del infierno en la tierra, sino porquelos instrumentos que nos proporcionan las cienciassociales, desde la sociologa hasta la economa, sonrigurosos y no admiten que slo el deseo y la utili-zacin del derecho penal exorcice los conflictos queproduce la criminalidad en el cuerpo social.

Todo indica que esta batalla contra el narcotrfi-co no toma en cuenta que llevar a los miembros yjefes de los crteles a prisin tiene lmites obvios;en tanto la droga y sus componentes ilcitos sigansiendo un negocio extraordinariamente rentable, laconfrontacin directa con ellos ir muy lejos.

La clientela y la fuerza de trabajo del crimen or-ganizado (sin pretender usar el mtodo determi-nista ni criminalizar la marginacin) existen y sereproducen paralelamente a las polticas antinarc-ticos; es una fuerza masiva pero silenciosa, multi-clasista y en crecimiento. Estn en todos lados yson el efecto de mltiples factores de riesgo.

Hacer abstraccin de realidades que circundanhechos delictivos o que potencializan actos deses-perados es el peor camino para la edificacin depolticas duraderas y de largo aliento. La larga cri-sis educativa, el subempleo y el desempleo, as co-mo la falta de oportunidades para los egresadosuniversitarios, entre otros elementos, son catapultapara caer en los brazos del amplio espectro de ladelincuencia.

De acuerdo con reportes recientes en la econo-ma informal o economa sombra se emplean seisde cada diez mexicanos.34 En esta misma perspec-tiva, se sabe que en el pas hay 2.7 millones demicroempresas, de las cuales 451 mil son familia-res y la mitad de sus participantes slo concluye-ron la secundaria, aunque los salarios son muy ba-jos. Estn marginados de la seguridad social, vivenexcluidos de los procesos polticos y hasta de losespacios sociales.35 No hay que perder de vistaque segn diversas fuentes de los 42 millones de lapoblacin econmicamente activa, 19 millones la-boran en la informalidad.

Pero se ha presentado otro fenmeno que haagudizado las condiciones de vida de miles decompatriotas: la poblacin ocupada resinti unadisminucin de 685 mil personas en los primerostres meses de este ao; en tanto la desocupacinabierta afect a casi 1.8 millones de habitantes, pa-ra alcanzar su mayor dimensin en el transcursode la actual administracin gubernamental.36

Otro elemento que potencialmente constituyefuerza de trabajo para la delincuencia en general, yen particular para el crimen organizado, es la in-mensa franja de estudiantes expulsados del sistemaeducativo. De los 31 millones de alumnos inscri-tos en el sistema educativo general, apenas 2%[menos de 800 mil!] llegar a la universidad y lo-grar graduarse.37

En el trnsito de la educacin al empleo tambincunde la desesperacin. De cada cien jvenesegresados de las universidades mexicanas, 82 esta-ran dispuestos a emigrar a Estados Unidos en bus-

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ca de mejores oportunidades de desarrollo, si estadecisin representara un mejor empleo.38

stos son algunos de los elementos que confor-man el Mxico real, ignorado por una poltica em-peada en atacar nicamente los efectos de la cri-minalidad. El espectro humano encarnado en lascifras de la inequidad y la exclusin contiene loscandidatos a conformar las filas de la delincuencia,como vctimas o victimarios.

Es muy probable que el presidente Caldernmantenga, en lo esencial, sus orientaciones polti-cas. Con ello, se reproducir el rutinario ciclo demandatarios que slo tienen aliento y visin paraseis aos. sa es la tragedia de un sistema que sloproduce polticos y no estadistas.

Por eso, hoy ms que nunca, la sentencia de Bis-marck es absolutamente vigente: La diferencia en-tre un poltico y un estadista, es que el polticopiensa en las prximas elecciones y el estadista enla prxima generacin. Habr altura intelectualpara entender esto?

1 Entrevista con Televisa y publicada, entre otros, por La

Jornada, 29 de mayo de 2008.2 www.presidencia.gob.mx/prensa3 Reforma, 2 de junio de 2008.4 El Pas, 15 de junio de 2008.5 Discurso en la inauguracin del Primer Centro de Man-

do de la Polica Federal. El Financiero, 17 de junio de

2008.6 Reforma, 25 de junio de 2008.7 La Jornada, 28 de abril de 2008.8 Milenio, 12 de junio de 2008.9 Milenio, 13 de mayo de 2008. Reporte de la reunin del

Gabinete de Seguridad Nacional.10 La Jornada, 26 de junio de 2008.11 Idem.12 Idem.13 Comparecencia del secretario de Seguridad Pblica Fe-

deral, ante la Comisin de Seguridad Pblica del Sena-

do de la Repblica. 19 de septiembre de 2007.

14 El Universal, 4 de abril de 2008.15 Idem.16 Idem.17 Reforma, 7 de marzo de 2008. Declaracin de Roberto

Campa, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Se-

guridad Pblica.18 Oficio dirigido a los presidentes municipales, febrero de

2008.19 Inciso a) del articulo 21 constitucional.20 Patricio Patio, subsecretario de Seguridad Pblica Fe-

deral, Reforma, 11 de septiembre de 2007.21 Milenio, 21 de febrero de 2008.22 La Jornada, 22 de mayo de 2008.23 Roberto Bergalli, coord., Sistema penal y problemas socia-

les, Ed. Tirant Lo Blanch, 2003, p. 93.24 Reforma, 10 de junio de 2007.25 Reforma, 14 de febrero de 2008.26 Pealoza Pedro Jos, Castigo sin prevencin? La crisis del

modelo de seguridad pblica en Mxico, Porra-INACIPE,

2007, p. 113.27 Jos ngel Crdoba, secretario de Salud, Reforma, 18 de

marzo de 2008.28 Pealoza Pedro Jos, Fetichismo penal, autoritarismo y

exclusin social, Este Pas, febrero 2008.29 Milenio, 26 de junio de 2008.30 Jos ngel Crdoba, El Universal, 28 de junio de 2008.31 Idem.32 ICESI, Cuarta encuesta nacional sobre inseguridad urba-

na, 2006.33 Plan Nacional de Desarrollo, Diario Oficial de la Federa-

cin, 31 de mayo de 2007.34 Comisin para el Empoderamiento Jurdico de los Po-

bres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo, La Jornada, 12 de junio de 2007.35 Imanol Belausteguigoitia, del Instituto Tecnolgico Au-

tnomo de Mxico; y Maria del Carmen Daz, del Pro-

grama Nacional de Fomento a Microempresarios, La Jor-

nada, 12 de junio de 2007.36 Informe del Instituto Nacional de Estadstica, La Jorna-

da, 15 de mayo de 2008.37 Reporte de la Organizacin para la Cooperacin y Desa-

rrollo Econmicos, Milenio, 29 de junio de 2008.38 Encuesta de la Consultora OCC Mundial (la bolsa de tra-

bajo va internet lder en Mxico), La Jornada, 26 de ju-

nio de 2007.

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