NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO

Según el censo de 1860 existían en España 154.200 “jornaleros

en las fábricas”. De ellos, el 64% eran hombres y el resto mujeres y

niños, y aproximadamente 100.000 se concentraban en la industria

textil catalana. Si tenemos en cuenta que la población activa

totalizaba unos siete millones de personas, la proporción que

representaban los obreros industriales era ínfima, sólo significativa

en Barcelona, Madrid y el núcleo siderúrgico malagueño.

El proceso de concentración fabril se aceleró a partir de 1830.

El desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia

hicieron afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en

paro o que habían sido expulsados por la guerra o la expropiación de

sus tierras. El resultado fue una emigración masiva a las ciudades a

partir de los años cuarenta, que hizo crecer los barrios periféricos,

en donde se amontonaban los campesinos en paro con sus familias, a

la búsqueda de un empleo en la industria.

La situación de estos barrios era terrible: consistentes en

barracas y chabolas construidas precipitadamente, sin saneamiento

de ningún tipo, sin servicios de alumbrado ni limpieza, sin empedrar,

carentes de todo tipo de asistencia pública o privada, eran foco de

enfermedades infecciosas de todo tipo, entre las que la tuberculosis

y el cólera destacaron por sus efectos catastróficos.

Quienes podían encontrar empleo en la industria no tenían

mucha más suerte. Jornadas de 12 a 14 horas, trabajando sin

condiciones higiénicas, ni seguridad y sólo con el descanso

dominical. La vida media de los obreros catalanes era de 19 años,

frente a los 40 de la clase alta barcelonesa. Trabajaban por igual

hombres, mujeres y niños de hasta 6 y 7 años de edad. Los salarios

eran muy bajos y apenas permitían una alimentación consistente en

pan, Habichuelas y patatas. A las enfermedades infecciosas había

que añadir las sociales: el alcoholismo y las enfermedades venéreas.

El analfabetismo era general: afectaba al 69% de los hombres y al

92% de las mujeres.

Cuando se producía una crisis, las ventas caían en picado y

entonces los despidos se multiplicaban. El paro llevaba

inexorablemente al hambre y a la enfermedad. A menudo la

delincuencia era la única opción, por lo que se convirtió en otro de

los males endémicos de los barrios obreros. Para la clase alta tanto

daba hablar de obreros como de “vagos y maleantes”; numerosos

testimonios de la época denuncian como un peligro social las oleadas

de inmigrantes que llegaban a las ciudades. Y, efectivamente, los

médicos y escritores que se preocuparon de estudiar y denunciar las

condiciones de vida de estos barrios coincidían en asociar el elevado

índice de delincuencia a la miseria creciente, causada por las

condiciones insalubres, los bajos salarios, el analfabetismo, el trabajo

de niños, el paro y la continua inmigración, que amenazaba con

agravar más el problema.

Desde 1832 se incorpora a las fábricas el vapor, iniciándose la

mecanización. Como las máquinas permitieron eliminar una parte de

los puestos de trabajo, se produjeron algunos movimientos de

destrucción de maquinaria (luddismo), el más conocido de los cuales

fue el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona (1835).

Curiosamente los asaltantes eran campesinos y pescadores que

buscaban trabajo en la industria, y fueron los propios trabajadores

de la fábrica quienes intentaron evitar el incendio. Pero, en general,

el luddismo apenas tuvo repercusiones en España.

En la década de los treinta y cuarenta fueron apareciendo los

primeros atisbos de organización, básicamente por dos vías: la

formación de sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas de

los socialistas utópicos. En 1839 el gobierno permitió la creación de

sociedades obreras con fines benéficos o de ayuda mutua. Al amparo

de este permiso, en 1840 Juan Munts fundó la Sociedad de

Protección Mutua de Tejedores de Algodón, que dos años después

tenía 50.000 afiliados. Pronto proliferaron por todo el país

sociedades semejantes. Al principio sólo pretendieron defender los

salarios, sin llevar más lejos sus peticiones. Pero en 1844 los

moderados las prohibieron, y la mayoría de ellas pasó a la

clandestinidad.

En cuanto al socialismo utópico, fueron las teorías de Fourier y

de Cabet las que penetraron en España: en Cádiz, donde Joaquín

Abreu intentó montar un falansterio, que fue un fracaso, y en

Barcelona, donde Abdón Terradas y Narcís Monturiol organizaron

grupos cabetistas, que pronto se relacionaron con los republicanos.

También fueron llegando las teorías de Saint-Simon, Blanqui y

Proudhon, de la mano de escritores como Ramón de la Sagra o Pi y

Margall.

Hasta 1845, sin embargo, la mayoría de los obreros no

comprendían contra quién se enfrentaban sus intereses. Hicieron

causa común con sus patronos y se opusieron a los gobiernos

progresistas reclamándoles el mantenimiento del proteccionismo.

Atribuían erróneamente las crisis industriales y los bajos salarios a la

competencia inglesa. En aquellos años, las reivindicaciones eran muy

concretas: salariales, de seguridad en el trabajo, de horarios. Nadie

planteaba la necesidad de un sindicato o de un partido político. Fue a

raíz de los disturbios de 1848 cuando comenzaron a relacionarse las

reivindicaciones obreras con las ideas democráticas y republicanas.

Sólo unos pocos eran conscientes de la auténtica raíz de los

problemas. Fueron los líderes que en los años cuarenta se dedicaron

a publicar la primera prensa: Sixto Cámara, Fernando Garrido,

Ordax Avecilla o Francisco Pi y Margall. Fundaban un periódico,

publicaban varios números y, cuando era prohibido por el gobierno,

volvían a publicar otro de distinto nombre. Los más avanzados se

apartaron del progresismo, en el que veían la defensa de los

intereses patronales y no la de los obreros. En 1849 algunos de ellos

participaron en la fundación del partido demócrata.

Hay que esperar al Bienio progresista para que de forma

definitiva los trabajadores separen su movilización de la de los

patronos. Tras participar en la revolución apoyando a los

progresistas, el movimiento obrero cobró un gran desarrollo.

Durante todo el año se sucedieron las protestas contra la

generalización de hiladoras y tejedoras mecánicas (selfactinas), y los

disturbios llevaron frecuente choques en la calle contra las tropas.

En 1885 la conflictividad creció y la movilización obrera se extendió

a toda la ciudad de Barcelona. La respuesta gubernamental fue la

represión. El dirigente obrero José Barceló fue condenado

irregularmente y ejecutado. A raíz de ello, el 1 de julio estalló una

huelga general que paralizó la ciudad. Tras diez días de lucha en las

calles contra las tropas, los dirigentes obreros llegaron a un acuerdo

con el enviado de Espartero, el general Saravia, para mantener los

sueldos y los convenios colectivos hasta que las Cortes aprobaran

una nueva reglamentación laboral.

Dos líderes obreros fueron enviados a Madrid para exponer sus

quejas a los diputados. Pedían el reconocimiento del derecho de

asociación, la reducción de la jornada laboral a diez horas, el

mantenimiento de los salarios y el derecho de negociación colectiva;

también solicitaban el establecimiento de tribunales paritarios para

dirimir los conflictos. Pero el proyecto de Ley de Trabajo que

finalmente aprobaron las Cortes, era mucho más pobre y defendía en

la práctica los intereses patronales: establecía la media jornada para

los niños y un máximo de diez horas para los menores de 18 años,

limitaba las asociaciones al ámbito local y siempre que no rebasaran

los 500 miembros, legitimaba los convenios colectivos sólo en

empresas de menos de 20 trabajadores, y establecía Jurados para

arbitrar conflictos compuestos exclusivamente por patronos.

La conflictividad siguió aumentando, por tanto, en el año 1856.

En mayo se produjo una nueva oleada de protestas ante el intento

patronal de aumentar la jornada de los sábados. El clima se fue

deteriorando en todo el país hasta que el golpe de Estado de julio

desencadenó el levantamiento de barricadas y el combate en la calle

contra los golpistas. En Madrid y Barcelona fueron quienes llevaron

el peso de la lucha, que produjo cerca de 500 muertos. Con la vuelta

de Narváez fueron prohibidas de nuevo las asociaciones obreras.

El resultado del Bienio fue demostrar a los trabajadores que el

partido progresista defendía los intereses de los patronos. En

adelante el movimiento obrero se politizó abiertamente y sus

dirigentes pasaron a apoyar al partido demócrata y a los

republicanos. Estos incorporaron algunas reivindicaciones obreras a

su programa. No obstante, la acción obrera disminuyó durante los

años de la Unión Liberal, en parte, por la dura represión de Narváez

y O’Donnell, en parte, porque estos supieron desviar la atención

hacia los conflictos exteriores, y en parte por la bonanza económica

de aquellos años, que permitió cierta prosperidad en las zonas

industriales e hizo disminuir el paro.

A partir de 1863 volvieron las movilizaciones de la clase

obrera, ahora abiertamente politizadas. Sus dirigentes y los

intelectuales próximos a sus inquietudes participaron activamente en

las sucesivas conspiraciones que demócratas y republicanos

intentaron organizar contra el régimen de Isabel II. La represión

gubernamental descargó principalmente sobre ellos y sobre la

prensa obrera.

En la revolución de 1868 fue decisiva la participación de los

trabajadores industriales. Será la decepción posterior a la revolución

de 1868, el olvido por parte de los demócratas de sus

reivindicaciones, lo que empuje al movimiento obrero hacia el

sindicalismo y la formación de partidos específicamente socialistas.

RESTAURACIÓN

Tras la Restauración, el movimiento obrero había pasado a la

clandestinidad. Escindido ya claramente en dos corrientes

diferentes, socialista y anarquista, esta última se reorganizó muy

lentamente, de forma que, aunque podían actuar abiertamente desde

1881, apenas alcanzaban un nivel mínimo de organización con la

Federación de Trabajadores de la Región Española. Aunque la

implantación del anarquismo era notable en Aragón, Valencia y

Andalucía, tanto en las fábricas como entre los jornaleros, las

divisiones internas, la escasa organización y la represión policial

hicieron que a finales de los años ochenta los obreros y campesinos

anarquistas se inclinaron por un activismo predominantemente

sindical y reivindicativo, mientras los más radicales optaban por la

“acción directa”, es decir, la huelga violenta o el atentado.

De hecho, la última década del siglo y la primera del siglo XX

se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes,

presidentes y jefes de gobierno de toda Europa. La respuesta de las

autoridades no hizo sino alimentar una dinámica de acción-represión

continua. En 1893, Martínez Campos sobrevivió a un atentado, pero

la ejecución del autor fue respondida meses después con una bomba

que causó veinte muertos y docenas de heridos en el Liceo de

Barcelona. Otro atentado sangriento, en 1896, derivó en el llamado

proceso de Montjuich, un proceso lleno de irregularidades y de falsas

confesiones obtenidas mediante tortura, que acabó con la ejecución

de los supuestos culpables. La represalia fue el asesinato de Cánovas

en 1897. Alfonso XIII salió ileso en dos atentados, en 1905 y 1906, y

Canalejas moriría en 1912. Esta táctica de los más radicales sirvió

para etiquetar de violento a todo el anarquismo, convertido en el

terror de las clases medias, y contribuyó a agudizar el

enfrentamiento de clases en las regiones en que, como Cataluña o

Andalucía, era más fuerte el movimiento.

La otra gran tendencia del movimiento obrero fue la marxista,

que ya desde 1870 tenía en Madrid su principal arraigo. Después de

la represión de 1874, los socialistas madrileños se reorganizaron en

torno al núcleo de los tipógrafos, sector numeroso en Madrid, donde

se concentraba la prensa y el mundo editorial. Fueron ellos quienes ,

junto a algunos intelectuales y otros artesanos (un total de 25

personas), fundaron en mayo de 1879, en una taberna de la calle

Tetuán , el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Una comisión

encabezada por Pablo Iglesias y Jaime Vera, redactó el primer

programa, aprobado el 20 julio, y que se b asaba en tres objetivos

fundamentales:

1. La abolición de las clases y la emancipación de los

trabajadores.

2. La transformación de la propiedad privada en propiedad

social o colectiva.

3. La conquista del poder político por la clase obrera.

El programa incluía, además, una larga lista de reivindicaciones

políticas y de carácter laboral, que pretendía la mejora de las

condiciones de vida de los obreros.

A lo largo de los años ochenta el PSOE fue definiendo aún más

su programa, de clara inspiración marxista. La creación en 1881 del

Comité Central permitió completar su organización, al tiempo que

ampliaba sus bases. En 1888, cuando ya había agrupaciones

socialistas en las principales ciudades del país, se fundó en

Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato de

inspiración socialista. Unos días después tuvo lugar, también en

Barcelona, el Primer Congreso del PSOE. Allí se constituyó ya como

organización nacional y adoptó el sistema de congresos periódicos

para definir su línea ideológica y su táctica. Pablo Iglesias era ya su

líder indiscutible. A partir de 1888 se marcará la línea divisoria clara

entre el Partido, con objetivos políticos, y el sindicato UGT, cuya

función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores

en la sociedad capitalista.

En 1890 se celebró por primera vez el 1º de Mayo, siguiendo la

consigna de la II Internacional. Se produjeron manifestaciones

numerosas, como la de Madrid, que convocó a unas 20.000 personas.

En Bilbao se prolongó, ante los despidos de los líderes, en una

huelga general que obligó al capitán general a negociar y a asentar a

los patronos con los dirigentes obreros.

Desde aquel año el PSOE comenzó a presentar candidatos a las

elecciones, y en las municipales de 1891 por vez primera cuatro

concejales fueron elegidos en las grandes ciudades. El éxito, que

contrastaba con su escasa influencia en el campo, sirvió al partido

para catapultarse y presentarse como organización que aspiraba al

poder. La guerra de Cuba afianzó aún más su posición: los socialistas

se opusieron al servicio militar discriminatorio y denunciaron la

guerra como imperialista y antisocial. El hecho de no tener ninguna

responsabilidad en el desastre de 1898 sería decisivo para

popularizar la imagen del partido y aumentar espectacularmente su

afiliación entre 1899 y 1902.

También intentaron organizarse en ese final de siglo

movimientos obreros de inspiración católica, a partir de la encíclica

Rerum Novarum de León XIII, que tras denunciar al socialismo y

hacer una moderada crítica del sistema capitalista, animaba a

encauzar a través del Evangelio los intentos de mejorar la vida de la

clase obrera. Sin embargo, las organizaciones católicas apenas

arraigaron, porque a finales del siglo era muy difícil que obreros y

jornaleros relacionaran al cristianismo con las reformas sociales. De

hecho, el principal sindicato católico, con cierta implantación entre

los agricultores de Castilla, estaba presidido por un senador del

Partido Conservador y tenía entre sus dirigentes a varios miembros

de la nobleza.

Desarrollo del movimiento obrero en el S. XX: partidos y

sindicatos

Una característica importante en la sociedad española del

primer tercio del siglo XX, es sin duda el crecimiento de las

organizaciones obreras y su capacidad de movilización. En ese

proceso tuvo un peso importante, como ya se ha comentado con

anterioridad, la guerra de Cuba y el Desastre, ya que tanto en la

campaña de prensa y en las movilizaciones contra las quintas y

contra la propia guerra, los dirigentes socialistas habían tenido un

protagonismo especial.

Desde 1902 los conflictos se recrudecieron: huelga general ese

año en Barcelona, huelga minera en Bilbao y de los campesinos

andaluces en 1903, nueva huelga en Bilbao en 1906. Mientras los

sindicatos de tendencia anarquista optaban por la huelga como

forma habitual de lucha, los dirigentes socialistas prefirieron

convocarlas como último recurso, con el objetivo de ganar la mayor

cantidad posible de ellas. Por ello se opusieron a la huelga de 1902,

lo que sirvió para reafirmar el dominio anarcosindicalista entre la

clase obrera catalana. Por el contrario, el éxito de la huelga de 1903

en Bilbao, dirigida por la UGT, sirvió para convertir los barrios

obreros vizcaínos en feudo casi exclusivo de los socialistas. En 1905,

el PSOE consiguió un importante éxito en las elecciones municipales,

obteniendo 75 concejalías en varias ciudades, entre ellas Madrid.

En Cataluña, el PSOE y la UGT tenían escasa implantación;

entre los obreros predominaba la ideología anarquista, pero esa

tendencia estaba escasamente articulada en asociaciones o

sindicatos. En 1907 se creó Solidaridad Obrera, que, aunque en

principio no consiguió reunir al conjunto de la clase obrera

barcelonesa, jugo un papel importante durante La Semana Trágica

de Barcelona. Solidaridad Obrera, convocó una huelga general en

Barcelona, para el día 26 de julio (1909) como respuesta a la actitud

del gobierno (había decidido poner en marcha el plan de

movilización de reservistas en el conflicto marroquí), y la UGT se

sumó. Las noticias del desastre del Barranco del Lobo, que causó

más de 1.200 bajas, coincidieron con el inicio del paro, que fue total

en la ciudad.

Las consecuencias de La Semana Trágica fueron importantes

para el movimiento obrero. El PSOE convocó una gigantesca

manifestación de más de 100.000 personas en Madrid, en la que

participó toda la izquierda para protestar contra la represión del

gobierno Maura. En diciembre, la Conjunción republicano-socialista

obtuvo 25 concejales en la capital, tantos como los partidos del

turno, y en la primavera siguiente consiguió colocar en las Cortes al

primer diputado socialista, Pablo Iglesias. En 1911 otra huelga

general sacudió el norte de España, y en 1912 fueron los ferroviarios

los que forzaron al Gobierno a militarizar el servicio, sin que ello

sirviera para desactivar el conflicto. En enero de 1913, la UGT

rondaba los 150.000 afiliados, mientras que el PSOE contaba con

unos 14.000 militantes. La implantación del socialismo era mayor en

Asturias, País Vasco, Madrid y amplias zonas del campo andaluz.

Los sindicatos anarquistas habían sido duramente perseguidos

por los sucesivos gobiernos, bajo el pretexto de los numerosos

atentados que jalonaron la década de 1890. A pesar de ello, contaban

con unos 50.000 trabajadores hacia 1900. En 1910 se convocó un

congreso en Barcelona, y de él salió la decisión de crear la

Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada formalmente en

septiembre de 1911. Para entonces, UGT había abandonado ya

Solidaridad Obrera. El nuevo sindicato anarquista agrupaba a unos

26.000 afiliados de los que casi 12.000 eran catalanes; declaraba la

huelga general revolucionaria como instrumento básico de lucha y

rechazaba la participación en la vida política. Su papel estelar en la

huelga general de 1911 serviría al gobierno de Canalejas para

declararla fuera de la ley, circunstancia que perduró hasta 1914.

La otra vía de asociación obrera eran los sindicatos católicos.

Su germen estuvo en los Círculos Católicos creados en los años

noventa, en torno a líderes de la oligarquía, como el marqués de

Comillas, que buscaban organizar las reivindicaciones obreras al

margen del marxismo y del anarquismo. En realidad, los sindicatos

católicos funcionaron más como cooperativas que como asociaciones

reivindicativas, y arraigaron sobre todo en las regiones del Norte, del

minifundio y de la pequeña propiedad campesina: Galicia, Castilla,

Rioja y Navarra. Desde 1906, la Ley de Sindicatos Agrícolas les dio

un marco legal. En 1917, se agruparon en la Confederación Nacional

Católico-Agraria, que agrupaba 1.500 sociedades y unos 20.000

afiliados. Los intentos de organizar sindicatos católicos libres, ajenos

al control de la Iglesia, fracasaron.

La I Guerra Mundial actuó como catalizador de las luchas

sociales. El resultado fue un aumento constante del número de

huelgas, que creció desde 169 en 1915 hasta 306 en 1917. A ello hay

que añadir la radicalización en las reivindicaciones y la toma de

postura política en el caso de los socialistas, que condujo a la

organización de la huelga general de 1917, como momento

culminante del proceso.

Entre 1918 y 1921, y en menor medida hasta 1923, asistimos a

los años más virulentos de la lucha de clases de aquella etapa. La

recesión inmediata a la terminación de la guerra europea provocó un

enfrentamiento radical entre las asociaciones patronales,

endurecidas por la caída de los negocios, y unos sindicatos que

habían salido reforzados de la huelga de agosto de 1917. En 1919 se

declararon, según cifras del Instituto de Reformas Sociales, 895

huelgas, y en 1920, 1.060, que totalizaron nada menos que 8.887 y

18.154 jornadas perdidas respectivamente. Y un dato más

significativo aún: en más del 80% de ellas, los sindicatos obtuvieron

éxito en sus reivindicaciones. A la masiva afiliación (715.000

afiliados a la CNT en diciembre de 1919, y 211.000 a la UGT en

1920) se unió la radicalización de los programas reivindicativos y,

sobre todo, la maduración en las formas de organización y en la

capacidad de negociación de los líderes obreros.

Otro hecho significativo fue, además, el espectacular

crecimiento de la lucha de los jornaleros, que en 1918 llegaron a

paralizar el trabajo en el campo andaluz y extremeño.

Ante la inoperancia gubernamental, primero las autoridades

militares, y luego la propia burguesía catalana iniciaron la dinámica

de represión y de radicalización violenta. Los tres años siguientes

están marcados en Barcelona y en otras ciudades del país por los

enfrentamientos callejeros entre los pistoleros de la patronal y los

sectores más radicales del anarquismo. Los numerosos asesinatos y

la aplicación de la llamada ley de fugas por las fuerzas del orden

acabaron por debilitar a los sectores sindicales, especialmente de la

CNT.

Mientras esto sucedía en el ámbito sindical, el PSOE, que en

1918 conseguía colocar 6 diputados en las Cortes, experimentaba sin

embargo una fuerte crisis interna y una división entre sus dirigentes

en torno a la posibilidad de sumarse o no al movimiento comunista.

En 1917 la revolución había triunfado en Rusia, y en marzo de 1919

el gobierno comunista decidió organizar la III Internacional, la

llamada KOMINTERN, a la que invitó a sumarse a los partidos

socialistas de todo el mundo. En el PSOE se acogió con entusiasmo el

triunfo de la revolución rusa, pero pronto las bases se dividieron

entre los partidarios de continuar adscritos a la Internacional

Socialista, y los llamados terceristas. En diciembre de 1919, en un

Congreso extraordinario, 14.000 votos inclinaron la balanza hacia los

primeros, pero enfrente quedaron 12.500 favorables al ingreso en la

KOMINTERN.

A partir de este momento, se producirá la escisión en el seno

del socialismo. En abril de 1920 las Juventudes Socialistas decidieron

pedir su ingreso en la III Internacional, y meses después, tras un

nuevo Congreso fallido, el PSOE decidió enviar una comisión a Rusia.

El informe de Fernando de los Ríos, que denunciaba la falta de

libertades del sistema bolchevique, inclinó definitivamente la opinión

del Partido contra el régimen comunista. Los terceristas

abandonaron el PSOE, y en noviembre de 1921 fundaron el Partido

Comunista de España (PCE), Sección española de la Internacional

Comunista. Curiosamente, el PSOE, que perdió muchos militantes en

la escisión, consiguió un enorme éxito electoral en 1923, alcanzando

7 diputados, y la victoria en Madrid.

Durante la Dictadura, el movimiento obrero quedó adormecido.

El cansancio de años de huelgas, la relativa mejora de las

condiciones de vida a partir de 1921, y la lucha violenta entre

anarcosindicalistas y pistoleros, habían desarmado a los sindicatos,

que nada hicieron por oponerse al golpe. El PSOE y la UGT fueron

tolerados por el Dictador, pero su actuación fue tibia, prefiriendo

permanecer a la expectativa. De hecho, las organizaciones socialistas

se dividieron entre quienes eran partidarios de colaborar con el

régimen y quienes, como Fernández de los Ríos o Indalecio Prieto, se

negaban a ello. Al principio se impusieron los primeros, y el

sindicalista Largo Caballero entró en el Consejo Nacional del

Trabajo; pero tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925, Julián

Besteiro pasó a dirigir el partido, y poco a poco los partidarios de

oponerse al régimen acabaron imponiendo sus tesis: en 1929 el

PSOE era firme partidario de la República. La colaboración, en todo

caso, no había perjudicado a la UGT, que a comienzos de 1930

contaba con 277.000 afiliados.

El anarquismo permaneció debilitado por el enfrentamiento

entre quienes proponían la lucha pacífica, con Ángel Pestaña a la

cabeza, y quienes defendían la insurrección armada, una vez que el

terrorismo había demostrado su inutilidad. Estos últimos fundaron

clandestinamente en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI),

que tan gran influencia tendría bajo la República. El PCE, pese a

aumentar continuadamente su afiliación en aquellos años, aún no

tenía fuerza suficiente, en 1930, como para inquietar a las clases

dirigentes.