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NÚMERO 7

DICIEMBRE-2013

Revista electrónica [www.eumed.net/rev/historia] y en papel

Offpints – Separatas – Tiré à part Versión completa impresa en papel del no 7 (diciembre 2013)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

ARTÍCULOS

Esmein et le droit canadien: une rencontre manquée Pierre Issalys....................................................................................................1 Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust Thomas Gergen…………………………………………………………………….. 27 A cicerói állambölcselet és a modern politikai tanok Gábor Hamza………………………………………………………………….......... 33 Aproximación a la protección de datos personales de adultos y de menores desde un prisma social como fase previa a una traducción jurídica María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela.......................................... 41 On Sevillian guilds towards the end of the 11th century Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente y Luis González-Abril……………………………………………………………….. 55

RECENSIONES

Antoine Lyon-Caen (con la colaboración de Alexandre Fabre), Le nouveau Code du travail, Éditions Dalloz, Saint-Herblain, 2008, 247 págs. Guillermo Hierrezuelo Conde……………………………………………………… 75 Furio Semerari, coord., Metropolitania. Aspetti e forme di vita della città postmoderna, Edizioni Ghibli, Milano, 2011, 392 págs. Guillermo Hierrezuelo Conde……………………………………………………… 78 Armando Zerolo Durán, Génesis del Estado Minotauro. El pensamiento político de Bertrand de Jouvenel, Sequitur, Madrid, 2013, 245 págs. Jerónimo Molina Cano……………………………………………………………… 83 Isabel Thibault, ed., Liber amicorum 2 Alain de Benoist, Les Amis d’Alain de Benoist, París, 2013, 380 págs. Jerónimo Molina Cano……………………………………………………………… 85 Pablo Sánchez Garrido, ed., Historia y método de la teoría política. Antología de los maestros del Instituto de Estudios Políticos, con “Estudio preliminar y notas” de Sánchez Garrido. “Epílogo” de Joaquín Abellán, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, LVIII+266+XX págs. Jerónimo Molina Cano……………………………………………………………… 88

Antonio Sánchez Bayón, Renovación de la Filosofía social iberoamericana. Orientaciones para salir del laberinto Estado-nación y (re)humanizar la globalización, Tirant Humanidades, Valencia, 2013, 168 págs. María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela.......................................... 90 Corrado Malandrino, Democrazia e federalismo nell’Italia unita, Claudiana, Torino, 2012, 127 págs. Manuel J. Peláez……………………………………………………………………. 94 María Jesús Espuny Tomàs, Olga Paz Torres, Guillermo García González y Josep Cañabate Pérez, Esquemas de Historia del Derecho social y de las instituciones laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 204 págs. Manuel J. Peláez……………………………………………………………………. 96 V.V. A.A., Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática en homenaje a Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte, en Revista Europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (noviembre 2013), 209 págs. María Cristina Toledo Báez………………………………………………………... 99 V.V. A.A., Glossae. European Journal of Legal History, Valencia, 10 (2013), revista electrónica (http://www.glossae.eu/glossae-10-2013). Manuel J. Peláez………………………………………………………………….. 105

1

ESMEIN ET LE DROIT CANADIEN : UNE RENCONTRE MANQUÉE

Pierre ISSALYS*

Pierre Issalys (2013): “Esmein et le droit canadien : une rencontre manquée”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). En línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/esmein-canada.html

RÉSUMÉ: Ce texte commente les mentions du droit canadien dans les Éléments de droit constitutionnel français et comparé, explique le désintérêt des juristes canadiens de l’époque pour cet ouvrage et signale que certains aspects de la Constitution canadienne, évoqués par Esmein, notamment la monarchie et le Sénat, font actuellement l’objet de débats judiciaires. KEY WORDS: Adhémar Esmein, Canada, Constitution. ABSTRACT: This paper examines the references made to Canadian law in Esmein’s Éléments de droit constitutionnel français et comparé, explains the lack of interest in that book displayed at the time by the Canadian legal community, and points out that some aspects of the Constitution of Canada referred to by Esmein, including the Crown and the Senate, are currently before the courts. PAROLES CLÉS: Adhémar Esmein, Canada, Constitution.

Bien qu’ils remontent à un peu plus d’un siècle, il n’est pas sans intérêt de revenir aujourd’hui sur les propos d’Adhémar Esmein à propos du droit public canadien. D’une part, en effet, ces propos témoignent de la curiosité de leur auteur à l’endroit des institutions politiques et de l’actualité constitutionnelle d’un nombre considérable de pays. Peu de juristes français de cette époque se sont documentés et ont écrit sur le droit public de ce qu’on appelait alors le dominion britannique du Canada, en dépit du regain des échanges entre la France et le Canada français dans le dernier quart du XIXe siècle. D’autre part, ces propos et l’accueil qu’ils ont reçu au Canada illustrent bien les difficultés de compréhension réciproque entre publicistes français et canadiens. Pour les Français, ces difficultés subsistent parfois aujourd’hui : ils ne tiennent pas complètement compte de ce que la France et le Québec sont séparés à la fois par la Manche et par l’Atlantique1. Pour les Canadiens-français de l’époque, ces

* Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec [email protected]. Article pour l’hommage à Adhémar Esmein. L’article arrivé en retard à la rédaction de la Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (nov. 2013), Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática en homenaje a Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte, 209 pp. 1 Selon l’éclairante formule de Pierre Savard, « Autour d’un centenaire qui n’eut pas lieu », p.

105 dans : Michel Grenon, L’image de la Révolution française au Québec, Hurtubise HMH, La Salle, 1989, à la p. 118.

Pierre Issalys

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difficultés tenaient à l’aversion qu’on leur avait inculquée à l’endroit de l’évolution politique de la France à compter de 1792.

Revenir sur les fragments de l’œuvre d’Esmein où il est question du Canada permet donc à la fois d’apprécier l’originalité et les méthodes de cet auteur et de comprendre pourquoi une possible rencontre entre publicistes des deux pays, à travers son œuvre doctrinale, n’a pas eu lieu. À ces deux motifs d’intérêt, d’ordre historique, s’ajoute une troisième raison de mettre en lumière ce que disait Esmein à propos du Canada au tournant du XXe siècle : cent ans plus tard, certains des aspects du droit constitutionnel canadien qui ont retenu son attention font l’objet de vifs débats et de décisions judiciaires. D’où les trois thèmes abordés successivement dans le présent texte : l’intérêt d’Esmein pour le droit canadien (I), le désintérêt des juristes canadiens pour l’œuvre d’Esmein (II) et l’intérêt actuel, en droit constitutionnel canadien, de certaines des questions évoquées par Esmein (III).

1. L’intérêt d’Esmein pour le droit canadien

L’attention portée par Esmein au droit public canadien est singulière parmi les juristes français de son temps. Elle participe de la vaste culture juridique d’un homme qu’on imagine, à partir de son œuvre, en lecteur méthodique de la doctrine, à l’affût des informations politiques et judiciaires diffusées par les meilleurs journaux. Certes, dans cet abondant réservoir de connaissances, le Canada ne compte que pour une part très modeste. Il convient de prendre d’abord la mesure de cette part, avant de distinguer quels sont les éléments du droit canadien auxquels Esmein a eu recours pour étayer le développement de sa pensée.

1.1 Le droit canadien dans l’œuvre d’Esmein Le recours d’Esmein au droit canadien s’inscrit en effet dans le dessein

général de son œuvre en matière de droit public : construire une légitimation théorique des caractéristiques du régime constitutionnel qui s’instaure et s’installe en France dans le dernier quart du XIXe siècle – la république parlementaire. Ce travail de légitimation reflète les préférences idéologiques de la moyenne bourgeoisie libérale, qui consolide son rôle dominant à cette époque en France. Il privilégie la liberté comme valeur éminente et objectif cardinal de l’aménagement constitutionnel d’une société politique. Imprégnée d’histoire, la démonstration prend appui, certes, sur l’héritage des deux premières républiques qu’a connues la France, mais avant tout sur la tradition constitutionnelle anglaise. C’est dans la mise en valeur de cette tradition, mise en valeur nourrie par l’étude des grands auteurs anglais et américains depuis Locke jusqu’à Woodrow Wilson, qu’Esmein a été amené à s’intéresser à l’évolution juridique des dominions – principalement l’Australie, mais aussi le Canada. Pour saisir l’apport du droit canadien à la démonstration d’Esmein, il s’impose de recenser les mentions qu’il en fait dans son œuvre, de relever les sources auxquelles il se réfère et d’observer la méthode selon laquelle il exploite ces sources.

1.1 a) Les mentions du droit canadien Il semble que le droit constitutionnel canadien ait été évoqué pour la première fois par Esmein dans l’article « Deux formes de gouvernement », qui

Esmein et le droit canadien : une rencontre manquée

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figure en tête de la livraison inaugurale de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, en 18942. Cet article développe l’idée que les principes du gouvernement représentatif, « sous sa forme classique, tel que l’exposaient les publicistes anglais dans la première moitié [du XIXe] siècle »3, subissent dans certains pays de dangereuses altérations, sous l’influence de l’idée de démocratie directe. Esmein critique ces altérations : suppression de la deuxième chambre du parlement, mandat impératif, référendum, enfin scrutin proportionnel. Comme exemple de la première de ces innovations, Esmein cite le cas de trois provinces canadiennes.

Notre auteur a par la suite repris cette observation dans son principal ouvrage, les Éléments de droit constitutionnel français et comparé4, qui évoque par ailleurs plusieurs caractéristique de l’aménagement constitutionnel du Canada. Ces mentions sont apparues en deux temps : les unes dès la première édition des Éléments (1896), les autres à compter de la troisième (1903). Elles sont toutes localisées dans la première partie de l’ouvrage, consacrée à l’exposé des principes et des institutions caractéristiques d’un régime constitutionnel ordonné à la liberté des citoyens. La majorité d’entre elles surviennent au fil de l’exposé des « institutions et principes fournis par le droit de l’Angleterre »5; les autres s’inscrivent dans l’exposé de la « théorie des constitutions écrites »6. Ces deux rattachements laissent déjà comprendre à quels titres le droit constitutionnel canadien a pu intéresser l’auteur des Éléments : rattaché historiquement au droit anglais, dont Esmein fait le prototype du régime représentatif, il est en partie codifié sous la forme d’un texte constitutionnel octroyé en 1867 par le Parlement britannique. Ces mentions, toutefois, ne sont précisément que cela : mises bout à bout, elles ne rempliraient que quelques pages dans un ouvrage qui, au fil des cinq éditions réalisées du vivant d’Esmein, passe de 750 à 1150 pages. Le droit constitutionnel canadien fournit davantage la matière d’illustrations occasionnelles du propos de l’auteur qu’il ne fait l’objet d’étude et de commentaire pour son intérêt intrinsèque.

1.1 b) Les sources canadiennes citées Ces différentes mentions du droit canadien s’appuient sur un nombre très réduit de sources. Il n’est fait aucune référence aux textes constitutionnels eux-mêmes, ni à leur développement jurisprudentiel, déjà considérable à la fin du XIXe siècle. En définitive, les observations d’Esmein sur le Canada s’appuient essentiellement sur un seul ouvrage de droit constitutionnel, qu’il cite quatre

2 T. 1 (1894), p. 15-41, à la p. 19.

3 Ibid., p. 17.

4 L’ouvrage prend ce titre à compter de sa 2

e édition (Larose, Paris, 1899). La 1

ere (Larose,

Paris, 1896) s’intitulait Éléments de droit constitutionnel français. Nous référerons dans la suite à cet ouvrage par l’abréviation « ÉDC ». Sauf mention contraire, nous viserons la 6

e éd.

(Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1914), plus aisément accessible grâce à sa récente réimpression avec un avant-propos de Dominique Chagnollaud (Éditions Panthéon Assas, Paris, 2001). 5 Cet exposé forme le Titre premier de la Première partie de l’ouvrage, consacrée aux

fondements historiques et philosophiques de la Constitution républicaine de 1875 (« La liberté moderne. Principes et institutions ») dans les institutions politiques de l’Angleterre et les principes proclamés par la Révolution française. 6 Cet exposé forme le cinquième et dernier chapitre du Titre II de la Première partie.

Pierre Issalys

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fois, dont une pour le contredire7. L’étroitesse de cette base documentaire surprend à plus d’un titre. Elle s’accorde mal, d’abord, avec les habitudes de l’auteur dans ses travaux historiques, où il se montre soucieux d’étudier attentivement les sources primaires. Elle contraste par ailleurs, au sein même des Éléments de droit constitutionnel français et comparé, avec le traitement plus rigoureux du droit constitutionnel américain et australien. Enfin, elle ne semble pas refléter l’état des ressources documentaires auxquelles Esmein aurait pu avoir accès à Paris à l’époque où il y rédigeait les éditions successives de ses Éléments8. Le caractère sommaire de la recherche effectuée par Esmein à propos du droit canadien explique sans doute qu’il n’ait accordé au Canada qu’une place très modeste dans ses considérations sur le gouvernement parlementaire. Il faut le regretter car, comme on le verra plus loin, un examen plus approfondi lui aurait évité certaines erreurs d’appréciation et aurait enrichi sa perspective historique sur l’évolution du parlementarisme hors d’Europe.

1.1c) L’exploitation des sources La richesse et la force démonstrative des Éléments de droit constitutionnel

français et comparé tiennent en grande partie au traitement historique du sujet. Encore aujourd’hui, on ne peut qu’admirer la connaissance détaillée et la compréhension fine qu’avait Adhémar Esmein de l’histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne. Témoin d’une phase particulièrement mouvementée de cette histoire constitutionnelle, Esmein en relate et analyse les événements en prenant appui sur la presse et les débats parlementaires, et donne ainsi à l’ouvrage une vivacité inattendue. Sans doute faut-il chercher là l’une des explications du succès de l’ouvrage auprès de ses lecteurs étudiants.

De même, on doit saluer la qualité du traitement historique du droit constitutionnel des États-Unis et de l’Australie. Dans le cas de ce dernier pays, Esmein accorde également une place importante aux événements entourant la naissance de la Constitution fédérale de 1900. Certains passages laissent penser que c’est à l’occasion de séjours en Grande-Bretagne qu’Esmein a pu se documenter, non seulement sur l’histoire et l’actualité constitutionnelles de ce pays, mais aussi sur celles de l’Empire britannique, des dominions et des États-Unis. Il semble toutefois qu’il ait négligé de s’intéresser de plus près au

7 J. E. C. Munro, The Constitution of Canada, Cambridge University Press, Cambridge, 1889,

cité aux ÉDC, 1ère

éd., 1896, p. 7, 70 et 421. Ces références, de même qu’une quatrième apparue dans la 2

e éd., 1899, p. 32, subsistent inchangées dans les éditions des ÉDC publiées

du vivant d’Esmein. 8 Ainsi, les ÉDC citent à propos d’autres pays François-Rodolphe Dareste et P. Dareste, Les

Constitutions modernes, 3e éd., Librairie maritime et coloniale Challamel, Paris 1910. Or, cet

ouvrage contient, outre le texte de l’Acte de l’Amérique du nord britannique, 1867 (titre que portait à l’époque le principal texte constitutionnel canadien), une bibliographie d’ouvrages canadiens et britanniques, en anglais et en français, sur le droit constitutionnel du Canada. Cette bibliographie est certes incomplète : en sont notamment absents Dennis O’Sullivan, A Manual of Government in Canada, 2

e éd., Stuart, Toronto, 1887 ; Edmond Lareau, Histoire du

droit canadien, Périard, Montréal, 1889 ; William H. P. Clement, The Law of the Canadian Constitution, Carswell, Toronto, 1892 ; Alpheus Todd, Parliamentary Government in the British Colonies, 2

e éd., Longmans Green, Londres, 1894 ; Gerald J. Wheeler, Confederation Law of

Canada, Eyre and Spottiswoode, Londres, 1896 ; et Augustus H. F. Lefroy, The Law of Legislative Power in Canada, Toronto Law Book, Toronto, 1898. Néanmoins, l’exploitation de son contenu aurait permis à Esmein d’étayer davantage ses propos sur le droit canadien, quitte à devoir consulter les bibliothèques londoniennes.


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cas canadien. Il est vrai que le Canada, alors en phase de développement économique accéléré, connaissait en revanche une période de relative stabilité en matière constitutionnelle9. Fils aîné plutôt docile et rangé, le Canada est sans doute apparu à Esmein comme l’un des membres moins intéressants de la famille impériale britannique…

Mais autre chose encore – un obstacle d’ordre méthodologique – peut expliquer l’intérêt très limité accordé par Esmein au droit constitutionnel canadien. L’exposé des principes et des institutions de l’Angleterre, dans la première partie des Éléments, s’appuie essentiellement sur des auteurs. Ceux-ci chevauchent les champs respectifs du droit constitutionnel et parlementaire et de la science politique (Dicey, Bagehot, Todd, Anson, Brougham, May…) et appartiennent évidemment pour la plupart à l’époque victorienne. Les citations de sources primaires sont peu fréquentes dans cette partie du texte ; la jurisprudence, en particulier, est pratiquement ignorée, sauf à travers ce qu’en disent les auteurs. La fréquentation d’écrits relatifs aux institutions de la Grande-Bretagne, non plus que sa connaissance directe de ce pays, ni même sa sensibilité d’historien aux sources primaires, n’ont pu transformer Esmein en common lawyer : sa méthode reste celle d’un juriste de culture romano-germanique. Or, cette méthode était singulièrement inadaptée à la saisie du droit constitutionnel canadien de l’époque.

Certes, un juriste aussi averti que l’était Esmein de l’évolution et des principes du droit public anglais aurait franchi sans difficulté et avec profit l’étape liminaire de l’analyse de l’Acte de l’Amérique du nord britannique de 186710. S’il s’était livré à cette analyse, d’ailleurs, il aurait constaté la transformation de diverses conventions et règles coutumières du droit anglais en règles de droit légiféré11. Mais au-delà, comme le montraient bien les études, compilations et commentaires publiés au Canada dans le dernier tiers du XIXe siècle, ce juriste devait s’enfoncer dans le maquis de la jurisprudence constitutionnelle12. C’est à ce prix seulement qu’il pouvait accéder à une intelligence réelle du droit public propre au doyen des dominions britanniques. Faute d’avoir pu ou souhaité aborder ainsi le droit canadien sur son terrain propre, Esmein a dû se borner à des observations souvent sommaires ou tributaires du point de vue d’autres observateurs.

9 En surface du moins. Sous la permanence des textes se poursuivait, quant au partage

fédératif des compétences, le basculement progressif opéré par la jurisprudence en faveur des provinces, et s’esquissait, quant à l’organisation du Pouvoir exécutif, le vaste mouvement législatif de décentralisation fonctionnelle qui allait permettre, au XX

e siècle, l’intervention de

l’État dans l’économie. 10

Rappelons que cette loi du Parlement britannique (30-31 Vict., c. 3) forme toujours, sous le titre de Loi constitutionnelle de 1867 [L.R.C. (1985), App. II, n° 5], l’assise principale de la Constitution du Canada. Les textes constitutionnels, lois et décisions judiciaires canadiens cités dans la présente étude sont, à moins d’indication contraire, accessibles en ligne à : www.canlii.org 11

Ce constat, Esmein le formule en des termes généraux pour l’ensemble des dominions, mais ne le précise pas et n’en signale pas les éléments justificatifs dans le cas du Canada; voir : ÉDC, 1

ere éd., 1896, p. 393 ; 6

e éd., 1914, p. 567.

12 Esmein aurait cependant trouvé, parmi les sources signalées au répertoire des Dareste,

précité, note 9, un matériau moins rébarbatif parce que plus ouvert à des considérations d’histoire et de théorie politique : le compte rendu des débats sur le projet de texte constitutionnel, en 1865, au Parlement de l’ancienne Province du Canada : Canada (Province), Parlement, Débats parlementaires sur la question de la confédération des provinces de l’Amérique britannique du nord, Québec, Hunter, Rose, 1865.

Pierre Issalys

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Il convient maintenant de dresser le bilan des observations de notre auteur à propos du droit canadien dans les Éléments de droit constitutionnel français et comparé.

1.2. Les observations d’Esmein sur le droit canadien

On peut regrouper les mentions du droit canadien dans les Éléments autour de quatre thèmes : la qualification des formes d’État, le fédéralisme et sa manifestation dans le bicaméralisme, le gouvernement parlementaire, et enfin l’appartenance du Canada à l’Empire britannique.

1.2a) La qualification de l’État canadien Décrivant, dans l’introduction des Éléments, les différentes formes d’État,

Esmein cite le Canada comme exemple de « république fédérative »13. Il invoque à l’appui de cette qualification l’autorité du juriste canadien Munro14 ; celui-ci en aurait probablement été fort étonné, tout comme la plupart de ses compatriotes, même si sa présentation du contenu de la Constitution de 1867 ne met guère en évidence le rôle de la Couronne. Il est vrai que selon Esmein, celles des monarchies constitutionnelles où « la nation, reconnue souveraine et agissant en cette qualité, associe un monarque à sa souveraineté […] se rapprochent beaucoup de la république »15. À ce compte, l’Angleterre elle-même peut être confondue avec une république16. Cette lecture républicaine de la Constitution de 1867 facilitait sans doute l’intégration du cas canadien dans la théorie générale des constitutions proposée par Esmein dans les Éléments. Comme on le verra plus loin, elle ne cadrait guère avec la compréhension des contemporains : la doctrine juridique canadienne dominante, particulièrement celle de langue anglaise, voyait dans le caractère monarchique du régime politique un élément essentiel du rattachement au droit public anglais. Mais surtout, cette occultation de la Couronne, expression juridique de la souveraineté de l’État dans un système de droit anglais, conduit Esmein à faire l’impasse sur des éléments hautement significatifs du droit constitutionnel canadien, comme on le verra également dans la suite.

Réitérant, dans la 3e édition des Éléments, la qualification du Canada comme « république fédérale » et « république coloniale », Esmein estimait que la désignation dominion n’était qu’un habillage formel « qui ne [jure] pas trop ouvertement avec la constitution monarchique »17. En revanche, un autre passage apparu dans cette édition esquisse une vision beaucoup juste des choses en rappelant que « [d]ans toute l’étendue des possessions anglaises, en droit, la souveraineté appartient au Roi-Empereur […]. C’est par une concession du souverain, qui est analysée par les auteurs anglais comme une

13

ÉDC, p. 7. 14

Précité, note 7. Le renvoi ne vise aucun passage précis de l’ouvrage de Munro. 15

ÉDC, p. 5 et 6. 16

Esmein cite en note à ce sujet des propos de Montesquieu et de Mably, auxquels on pourrait adjoindre celui de Rousseau, cité aux ÉDC, p. 292 : lorsque le Gouvernement n’est que le ministre du Souverain, « alors la monarchie elle-même est république » (Du Contrat social, Gallimard, Paris, 1964, coll. Folio, Livre II, ch. VI, p. 202). 17

ÉDC, 3e éd., 1903, p. 12 (passage non repris dans les éditions subséquentes). Esmein citait

en note un quotidien britannique qui, en 1901, affirmait l’impossibilité de convaincre les Canadiens ou les Australiens d’appeler leur pays un « Royaume » ; dans le climat de l’époque, on le verra, une telle réticence aurait révélé, non pas un quelconque sentiment républicain, mais plutôt la volonté de rester complètement identifiés à la qualité de sujet britannique.


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délégation, que les colonies anglaises, telles que le Canada et l’Australie, ont pu recevoir cette liberté politique si complète, cette indépendance presque absolue, dont elles jouissent ».18 Pour déterminer les effets de cette « délégation », non pas tellement sur les rapports entre le « mandant » et ses « mandataires », mais plutôt sur la structure interne, fédérative, du « mandataire », il était indispensable de disposer d’une théorie de la Couronne.

Cette théorie, la jurisprudence relative à la Constitution canadienne en avait déjà fait application en contexte d’État fédératif au moment où Esmein a entrepris la rédaction des Éléments. Un premier pas décisif a été franchi en 1883 par un arrêt qui a expressément écarté la thèse d’une délégation de pouvoirs par le Parlement impérial en faveur de ceux du Canada et de ses provinces au moyen de la Constitution de 186719. Un second arrêt de 1892 a développé les conséquences du premier en énonçant que le Pouvoir exécutif d’une province canadienne tient lui aussi directement son autorité de la Couronne20. Cette jurisprudence faisait donc de la Constitution de 1867 une lecture conforme à la théorie du fédéralisme21. Elle posait ainsi la question de la divisibilité de la Couronne. Théoriquement unitaire, la représentation de la Couronne a dû être adaptée par une longue et sinueuse évolution jurisprudentielle aux réalités du fédéralisme – et à la transformation de l’Empire en Commonwealth22.

Esmein paraît donc avoir sous-estimé, dans son approche du droit canadien, le rôle qu’y jouait et qu’y joue encore la Couronne comme point d’appui d’une souveraineté fractionnée et de pouvoirs démultipliés. En voulant voir dans les faits une république sous le voile formel d’une monarchie, il aura perdu de vue le caractère de fiction opérante qui s’attache à la Couronne en droit anglais. La source de cette erreur d’appréciation se trouve peut-être dans ce passage où il affirme que « [l]es nations d’Amérique ont presque exclusivement imité les États-Unis » pour s’inspirer, par leur intermédiaire, des principes du droit constitutionnel anglais et ajoute en note : « Même le Canada. »23. Esmein s’en

18

ÉDC, p. 10-11. 19

Hodge v. R., (1883) 9 A.C. 117 (P.C.), p. 132 : « [T]he British North America Act […] conferred powers not in any sense to be exercised by delegation from […] the Imperial Parliament, but authority as plenary and as ample within the limits prescribed by [that Act] as the Imperial Parliament in the plenitude of its powers possessed and could bestow. Within these limits […] the local legislature is supreme […] ». Les arrêts du Comité judiciaire du Conseil privé cites dans la présente étude sont accessibles en ligne à : www.bailii.org. La référence de l’arrêt Hodge dans cette banque est : [1883] UKPC 59. 20

Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver-General of New Brunswick, (1892) A.C. 437 (P.C.), [1892] UKPC 34, p. 443 : « [A] Lieutenant-Governor […] is as much the representative of Her Majesty for all purposes of provincial government as the Governor-General himself is for all purposes of the Dominion Government ». 21

ÉDC, p. 6 : « L’État fédératif […] fractionne la souveraineté. C’est un composé de plusieurs États particuliers dont chacun conserve en principe sa souveraineté intérieure, ses lois propres et son gouvernement ». 22

Cette jurisprudence ne s’est fixée, quant à l’un des aspects les plus complexes du régime de la Couronne – l’immunité dont elle bénéficie à l’égard des lois ‒, que près d’un siècle plus tard : Alberta Government Telephones c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1989] 2 RCS 225, p. 270-275. Voir : Canada, Commission de réforme du droit, Le statut juridique de l’administration fédérale, Ottawa, 1985, p. 5-16, et Canada, Ministère de la Justice, La Couronne en droit canadien, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1992, p. 33-38. 23

ÉDC, p. 68 (2e éd., p. 32). Esmein cite de nouveau à l’appui Munro, précité, note 7, p. 2,

reconnaissant toutefois que celui-ci formule « seulement une réserve » qui est en fait un démenti complet de cette thèse. Munro dresse d’ailleurs plus loin (p. 9-11) un tableau de

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est ici imprudemment remis à Dicey, dont le célèbre ouvrage de droit constitutionnel contenait la même affirmation à propos du Canada24. Fermement démentie par les concepteurs et les premiers commentateurs de la Constitution de 1867, cette thèse relève de l’erreur de perspective qui conduisait souvent – et conduit encore parfois – les observateurs européens, Britanniques compris, à assimiler trop rapidement les cultures juridiques canadienne et américaine, sur la base de la proximité géographique.

1.2b) Fédéralisme et bicaméralisme Le second thème des observations d’Esmein à propos du Canada concerne

le fédéralisme et la place particulière qu’occupe dans l’État fédératif la seconde chambre, dont a vu plus haut qu’il considère l’existence comme un élément essentiel d’un véritable gouvernement représentatif.

Il n’échappe pas à Esmein que le caractère fondamentalement coutumier du droit public anglais ne permet pas d’en faire, sous cette forme, l’assise unique du régime juridique d’un empire colonial. Le cadre constitutionnel dans lequel sont gouvernées des colonies de la Grande-Bretagne doit nécessairement être en partie codifié25. Cette contrainte s’impose doublement si l’État colonial doit revêtir une forme fédérative, puisque le fédéralisme implique un partage suffisamment précis de la souveraineté entre au moins deux ordres de collectivités étatiques. Relatant, à compter de la 3e édition des Éléments, l’émergence d’une fédération de colonies en Australie, Esmein observe qu’elle se produit là de manière « plus pacifique encore » qu’au Canada26. Par cette discrète allusion, il se révèle conscient de ce que la violence n’a pas été étrangère à l’évolution constitutionnelle du Canada. Ainsi, la menace d’une invasion américaine a précipité le rapprochement politique des colonies britanniques de l’Amérique du nord à compter de 1864. Mais la Constitution de 1867 visait plus encore à sceller définitivement l’échec du soulèvement armé de 1837-1838 contre la domination britannique et pour l’instauration d’une république. À l’époque d’Esmein, ce courant républicain était trop marginal pour retenir l’attention d’un observateur éloigné. Cependant, comme on le verra plus loin, il a subsisté et l’on redécouvre aujourd’hui la place de ce courant dans l’histoire des idées politiques au Canada.

Esmein ne pouvait en revanche rester inattentif à la combinaison et à la conciliation du fédéralisme et du gouvernement parlementaire. Il constate d’ailleurs que le Canada a servi de banc d’essai en la matière27. Le caractère fédératif d’un État fournit une justification particulière à l’existence d’une

quelques différences notables entre les constitutions du Canada et des États-Unis, la principale concernant l’attribution de la compétence législative résiduelle, point sur lequel la différence entre les deux pays s’est confirmée… mais en sens inverse de ce que les textes laissaient prévoir, par l’effet de l’interprétation judiciaire. 24

Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10e éd.,

Macmillan, Londres, 1965, p. 139 et 166. Dicey nuance toutefois dans une note (p. 166) son affirmation que la Constitution canadienne de 1867 est copiée “pour l’essentiel” de la Constitution américaine : il convient avec ses contradicteurs canadiens que la présence manifeste des institutions du gouvernement parlementaire justifie de considérer que, comme le déclare son préambule, la Constitution du Canada est « fondée sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Il reconnaît également (p. 152) l’importance de la différence entre les deux pays quant à la compétence législative résiduelle. 25

ÉDC, p. 567. 26

Ibid., p. 9. 27

Ibid., p. 12.


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seconde chambre au sein du parlement fédéral : celle-ci permet alors la représentation des entités fédérées28. La logique du fédéralisme, conçu comme la réunion de collectivités dotées de leur propre souveraineté, voudrait que cette représentation soit égalitaire, indépendante du poids démographique de chacune des collectivités, ainsi qu’on peut l’observer aux États-Unis et en Suisse. Sur ce point également, les conditions particulières d’émergence du fédéralisme au Canada ont donné au Sénat fédéral une composition irrégulière, qui a contribué à l’affaiblissement précoce de cette chambre dans le système politique fédéral29. Cet arrangement pragmatique, auquel Esmein ne s’est pas attardé, devient aujourd’hui un problème politique et constitutionnel majeur, comme on le verra plus loin.

Si le bicaméralisme, cher à Esmein qui y voit une caractéristique du « droit commun chez les peuples libres »30, s’impose particulièrement pour le gouvernement représentatif d’une fédération, il reste souhaitable pour celui des États fédérés; il sert alors à représenter la minorité possédante, à tempérer la toute-puissance du Pouvoir législatif, à introduire un tiers modérateur entre l’assemblée élue et le Pouvoir exécutif, et enfin à ménager un temps de réflexion pondérée dans le processus législatif31. Aussi Esmein reprend-il l’observation critique que contenait déjà son article de 1894 à propos des trois provinces canadiennes ayant rompu « l’accord presque unanime des pays civilisés » en supprimant la seconde chambre de leur parlement32. Rien n’indiquait pourtant – et rien n’a indiqué par la suite – que cette « déviance » par rapport aux modèles bicaméraux britannique, américain ou français compromette le bon fonctionnement du gouvernement parlementaire ou en infléchisse notablement la tendance générale favorable au renforcement du Pouvoir exécutif.

1.2c) Le gouvernement parlementaire Esmein consacre quelque 65 pages des Éléments à décrire le

fonctionnement et le développement du gouvernement parlementaire en Angleterre, notant d’entrée de jeu que les colonies anglaises dotées d’un

28

Ibid., p. 120. 29

Ibid., p. 135 ; Esmein cite à propos de cet affaiblissement un auteur américain qui n’en montre pas les causes. Non seulement les sénateurs canadiens ne sont-ils pas désignés par les gouvernements des provinces ni élus par leurs parlements ou leurs habitants (ils sont nommés par le Premier ministre fédéral), mais ils sont répartis par la Constitution en quatre blocs égaux attribués chacun à une province ou un groupe « régional » de provinces, auxquels s’ajoute une représentation particulière pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour les territoires fédéraux (Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 22). La représentation égalitaire des provinces a été écartée en 1867 à la fois parce qu’elle avait été source de conflits sous la Constitution « quasi unitaire » de 1840 et que le poids politique trop important des États dans la Constitution américaine était considéré comme l’une des causes de la récente Guerre de Sécession. 30

Ibid., p. 119. 31

Ibid., p. 121-126. 32

Ibid., p. 127. Esmein cite de nouveau Munro, son seul informateur canadien (précité, note 7, p. 5), dont l’ouvrage de 1889 n’était plus à jour. Non seulement l’Ontario et la Colombie-Britannique n’avaient plus eu de seconde chambre à compter de leur entrée dans la fédération, en 1867 et 1871 respectivement, et le Manitoba avait-il supprimé la sienne en 1876, mais le Nouveau Brunswick et l’Ile-du-Prince-Édouard avaient aboli les leurs en 1891 et 1893. À l’époque des Éléments, ne subsistaient au Canada que les Conseils législatifs de la Nouvelle-Écosse et du Québec, qui finiront par disparaître en 1928 et 1968. Quant à Terre-Neuve, la seconde chambre y fut abolie en 1934, bien avant l’entrée de cette province dans la fédération.

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parlement le pratiquent aussi33. Observant plus loin qu’en Angleterre le gouvernement parlementaire « échappe dans une large mesure à une réglementation légale » et « vit d’usages, de traditions, de conventions »34, il laisse supposer qu’il en va de même dans les dominions. Or, cette supposition n’était déjà plus valable qu’en partie à son époque : la transposition dans les dominions des institutions et des principes de la constitution anglaise a donné lieu à la transformation de diverses règles conventionnelles en dispositions constitutionnelles ou législatives. Esmein le constate parfois à propos de l’Australie35. Le droit constitutionnel canadien lui en offrait une série d’exemples à propos des diverses conventions et pratiques dont il expose le jeu et les origines en Grande-Bretagne.

Certes, la Constitution canadienne de 1867 demeure silencieuse sur des points essentiels, se bornant à renvoyer aux « principes » de la « constitution du Royaume-Uni »36. Elle ne mentionne ni les premiers ministres du Canada ou des provinces, ni le Cabinet fédéral, et ne consacre qu’une seule des règles qui constituent l’assise du gouvernement parlementaire (l’obligation pour le représentant de la Couronne d’exercer ses pouvoirs conformément à l’avis de son conseil)37. Le principe du « gouvernement responsable », entré définitivement dans la pratique constitutionnelle canadienne en 1848, correspond à la troisième des règles essentielles du gouvernement parlementaire énoncées par Esmein38. Bien qu’on puisse considérer qu’il fasse partie des principes de la constitution du Royaume-Uni et soit donc visé par le préambule de la Constitution de 186739, il est plutôt aujourd’hui rattaché au « principe démocratique » non écrit qui sous-tend l’ordre constitutionnel40.

En revanche, certaines des conventions constitutionnelles et des règles de procédure parlementaire dont Esmein décrit le fonctionnement en Grande-Bretagne ont été exprimées au Canada par des dispositions constitutionnelles,

33

Ibid., p. 151. Esmein observe d’ailleurs plus loin (p. 251) que le gouvernement parlementaire fonctionne régulièrement et sans difficulté au Canada. 34

Ibid., p. 158. 35

Ibid., p. 1014. 36

Ces termes, évidemment fort imprécis, du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, pouvaient passer, à l’époque d’Esmein, comme l’expression d’une filiation par ailleurs manifeste. La jurisprudence leur reconnaît aujourd’hui des effets considérables, tout en englobant ces « principes » fondateurs dans un ensemble plus large de principes implicites de l’ordre constitutionnel canadien ; voir l’arrêt New Brunswick Broadcasting, [1993] 1 R.C.S. 319, le Renvoi relatif à la rémunération des juges, [1997] 3 R.C.S. 3 et le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 37

Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 13 et 66. L’art. 63, aujourd’hui inopérant, énumérait les titres de certains ministres devant faire partie du Conseil exécutif, dans les cas de l’Ontario et du Québec, mais ne mentionnait pas le premier ministre. Quant au Conseil privé institué au niveau fédéral par l’art. 11, rien n’est précisé quant à sa composition. 38

ÉDC, p. 152 et 155. Le principe du gouvernement responsable exige que les ministres chargés de diriger l’action du Pouvoir exécutif conservent, collectivement et individuellement, à tout moment la confiance de la chambre élective du parlement, et soient donc responsables devant elle de leurs décisions et choix d’orientations. Sa mise en œuvre dans les colonies nord-américaines à compter de 1848 a marqué un tournant dans la politique coloniale de la Grande-Bretagne. Comme le signale Esmein (ÉDC, p. 9), le principe a été progressivement mis en œuvre, en pratique plutôt que par des textes, dans les colonies australiennes à compter de 1855, dans le cadre prévu par l’Australian Colonies Government Act 1850, 13-14 Vict., c. 59 (en ligne : http://foundingdocs.gov.au). Voir : Christian Blais, « Brève histoire du gouvernement responsable », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, n° 2 (2014), p. 111-138. 39

Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 807. 40

Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité, note 36, p. 254-255.


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dès 1840. C’est le cas de la convention réservant au gouvernement l’initiative des projets de loi prévoyant une dépense de fonds publics41 et de la règle exigeant que ces projets de loi, de même que les projets de loi fiscale, soient présentés en premier lieu à la chambre élective42. Quant au principe d’autorisation du budget, corollaire du principe du consentement à l’impôt consacré par le Bill of Rights de 1689, il a fait l’objet au Canada d’une disposition constitutionnelle à partir de 184043. En revanche, la thèse selon laquelle la chambre haute ne peut modifier les projets de loi de finances adoptés par la chambre basse est restée depuis 1867 au Canada ce qu’elle était encore en Grande-Bretagne au temps d’Esmein : une revendication de la Chambre des communes, à laquelle la chambre haute n’a pas formellement acquiescé44.

En faisant remarquer qu’à l’occasion de leur diffusion dans l’Empire britannique, les règles du gouvernement parlementaire changeaient de forme, Esmein a donc vu juste. Faute d’avoir pu analyser en détail la conversion, encore récente, de certaines de ces règles coutumières en dispositions constitutionnelles, il n’a pas été en mesure de décrire ou de prévoir les effets de cette conversion. Le cas canadien laisse penser que cette conversion n’a pas toujours eu un effet négatif complet : l’arrière-plan coutumier subsiste, même une fois codifié le contenu essentiel de la règle.

1.2d) L’appartenance à l’Empire Au tournant du XXe siècle au Canada, cette persistance de règles

coutumières anglaises, au-delà et autour des textes constitutionnels coloniaux, manifestait l’attachement à l’Empire. Cet attachement des populations se doublait d’un rattachement juridique au moyen de liens très explicites qu’Esmein n’a pas manqué de mettre et lumière et de commenter, et cela dès la première édition des Éléments.

Ainsi, il souligne d’emblée, en citant l’ouvrage de Munro, le fait que les lois canadiennes sont alors soumises à une exigence de compatibilité avec les lois anglaises applicables aux colonies45. Il va jusqu’à écrire que les parlements des dominions ne peuvent légiférer « contrairement aux principes essentiels des lois anglaises », propos imprécis et donc excessif. En fait, cette matière était régie depuis 1865 par une loi impériale dont, curieusement, Esmein ne fait

41

Acte d’Union, 1840, 3-4 Vict. C. 35, L.R.C. (1985), App.II, n° 4 (en ligne : www.axl.cefan.ulaval.ca), art. 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 54 (fédération) et 90 (provinces) ; ÉDC, p. 156 et 215. 42

Acte d’Union, 1840, art. 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 53 (fédération) et 90 (provinces) ; ÉDC, p. 173. 43

Acte d’Union, 1840, art. 50 et 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 102, 106 (fédération) et 126 (provinces); ces dispositions confirment le pouvoir exclusif, longtemps contesté, des divers parlements de statuer sur l’affectation d’un fonds consolidé, institué pour chaque colonie sur le modèle de celui créé en Grande-Bretagne en 1787 et régi par le Consolidated Fund Act 1816, 56 Geo.III c. 98 et l’Exchequer and Audit Departments Act 1866, 29-30 Vict. c. 39. Ces textes britanniques ne reconnaissent qu’implicitement le pouvoir d’affectation de ce fonds par le Parlement. Ces lois, de même que les autres lois des Parlements anglais et britannique cités dans la suite de la présente étude sont accessibles en ligne : www.legislation.gov.uk. 44

Règlement de la Chambre des communes du Canada, art. 80(1) (en ligne : www.parl.gc.ca/ About/ House/ StandingOrders) ; voir Robert Marleau et Camille Montpetit, La procédure et les usages de la Chambre des communes, Chenelière/McGraw Hill, Montréal, 2000, p. 713-714. 45

ÉDC, 1ère

éd., 1896, p. 421 ; 6e éd., 1914, p. 594.

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aucune mention : le Colonial Laws Validity Act46. Ce texte établissait précisément l’étendue de l’autonomie des pouvoirs législatifs coloniaux. Il énonçait d’abord qu’une loi du parlement impérial postérieure à la réception du droit anglais dans une colonie ne s’appliquerait à cette colonie que si celle-ci y était expressément visée, ou du moins lorsque les termes de la loi obligeaient à conclure en ce sens. En cas d’incompatibilité entre une telle loi impériale et une disposition d’une loi coloniale, cette disposition serait privée d’effet. En revanche, les législateurs des colonies ayant reçu la Common Law du fait d’un peuplement d’origine britannique se voyaient reconnaître toute liberté, comme le Parlement impérial lui-même, de légiférer à l’encontre des règles de la Common Law. Le Parlement impérial conservait donc une compétence législative à l’égard des colonies, y compris celles qu’il avait lui-même dotées d’un parlement investi de larges compétences47. Cet état de choses s’est maintenu jusqu’en 193148. Cette souveraineté éminente conservée par le Parlement impérial comportait une compétence permanente à titre de constituant originaire à l’égard des colonies. La compétence juridictionnelle à l’égard des contestations nées de l’application de cette « législation constitutionnelle », comme de l’application de toute autre loi du parlement impérial, appartenait au Pouvoir judiciaire. Les tribunaux coloniaux étaient ainsi appelés à exercer un contrôle de constitutionnalité des lois coloniales. Or, comme l’explique Esmein, le droit métropolitain reconnaissait aux justiciables des colonies le droit de recourir, en dernier ressort, à une juridiction impériale ; celle-ci devenait de ce fait l’arbitre ultime du contentieux constitutionnel dans les colonies49. Comme on pouvait s’y attendre, les propos d’Esmein à propos du contrôle de constitutionnalité des lois trahissent une certaine perplexité, puisque l’existence d’un tel contrôle est alors jugée incompatible avec la souveraineté nationale en France et avec celle du Parlement en Grande-Bretagne même, tandis qu’elle répond parfaitement à l’idée de suprématie de la Constitution aux États-Unis. Tel qu’il se présente à l’époque d’Esmein, le cas canadien permet de faire droit, pour une part, à chacune des deux conceptions… La lecture des Éléments de droit constitutionnel français et comparé offrait donc à un juriste canadien l’accès à un vaste réservoir de connaissances, à propos notamment du droit public anglais, lui permettant de situer son droit national dans la constellation des « droits des peuples libres ». Cette possibilité semble ne pas s’être matérialisée. Il convient maintenant de le constater et de tenter de l’expliquer.

2. Le désintérêt des juristes canadiens pour l’œuvre d’Esmein La diffusion et la réception du livre d’Adhémar Esmein au Canada se heurtait évidemment dès le départ à un obstacle linguistique. Publié uniquement en

46

28-29 Vict. c. 63. Voir sur cette loi Kenneth Wheare, The Constitutional Structure of the Commonwealth, Clarendon Press, Oxford, 1960, p. 58-88. 47

Par exemple, le parlement fédéral canadien, investi du pouvoir de légiférer pour « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » du Canada : Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 91. 48

Statut de Westminster de 1931, 22 Geo. V c. 4 ; L.R.C. (1985) App. II n° 27, art. 2 à 4. 49

ÉDC, p. 591 et s. Ainsi, c’est cette instance, le Comité judiciaire du Conseil privé, qui a rendu les arrêts cités aux notes 19 et 20. Voir au sujet du Comité : Luc Huppé, Histoire des institutions judiciaires du Canada, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, p. 332-337, 424-427, 501-505, 515-516, 521-524.


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français à destination d’un lectorat essentiellement français, il n’était accessible, au Canada anglophone, qu’à une petite élite cultivée parmi les professionnels du droit ou les universitaires intéressés par la science politique. Cet obstacle était par contre levé dans le cas du Québec, où l’ensemble des juristes, y compris la plupart des juristes anglophones, constituait un bassin potentiel de lecteurs. Mais les véritables difficultés auxquelles se heurtait la diffusion du livre étaient avant tout d’ordre idéologique : la réception d’un tel ouvrage, œuvre d’un tel auteur, était entravée par l’incidence des deux grands débats de l’époque au Canada, et particulièrement au Canada francophone : l’affrontement entre nationalisme canadien et impérialisme britannique et la question du rôle de l’Église catholique dans la société. Avant de montrer comment l’incidence de ces deux grands débats a fait largement échouer la rencontre des cultures juridiques à laquelle conviaient les Éléments, il est nécessaire de faire le point sur l’accessibilité matérielle de ce livre pour les juristes canadiens de l’époque. 2.1 La présence de l’œuvre d’Esmein au Canada

Faute d’avoir pu étudier le catalogue des librairies juridiques canadiennes à l’époque de la parution des éditions successives des Éléments, ce qui nous aurait donné un indice de la diffusion du livre dans le milieu des professionnels du droit, nous avons relevé la présence actuelle de ces diverses éditions dans les collections des grandes bibliothèques juridiques, administratives et publiques au Canada et au Québec. Nous avons présumé que ces bibliothèques avaient toutes comme politique de conserver pour un même titre, le cas échéant, les différentes éditions dont elles avaient acquis un exemplaire50.

Ce recensement révèle que 17 bibliothèques se partagent les 23 exemplaires des Éléments disponibles au Canada. Sept d’entre elles desservent un public québécois51; le public de huit autres se trouve dans les provinces de Common Law; les deux dernières sont celles d’institutions fédérales situées à Ottawa52. Sous le rapport de la diffusion géographique, il semble que la réception de cet ouvrage d’un auteur français ait touché également les publics francophone et anglophone. Ce constat se confirme si l’on considère le nombre d’exemplaires : 11 se trouvent au Québec, 10 au Canada anglophone et deux dans les bibliothèques fédérales.

Si l’on tient compte de la date d’édition, il est manifeste que la réception de l’ouvrage a été tardive : des 23 exemplaires, 15 appartiennent aux éditions posthumes revues par Henry Nézard, la 7e (1921) et la 8e (1927-1928), auxquels on peut ajouter un exemplaire de la 6e (1914, revue dans une mesure moins substantielle par Joseph Barthélemy) et deux exemplaires de la 6e édition réimprimée en 2001. Ne restent donc que cinq exemplaires appartenant aux premières éditions des Éléments, acquis vraisemblablement avant 1914.

50

Supposition peut-être hasardeuse, car de fait cinq seulement des 17 bibliothèques ayant les Éléments à leur catalogue en possèdent plus d’une édition. 51

Ce groupe comprend, outre les bibliothèques situées au Québec, celle de l’Université d’Ottawa (Ontario), dont la Faculté de droit comprend une section francophone où est enseigné le droit du Québec. 52

Il s’agit de la Cour suprême du Canada et du ministère fédéral des Affaires étrangères et du Commerce international.

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Aucun de ces exemplaires n’appartient à la 1e édition, intitulée on s’en souviendra Éléments de droit constitutionnel français.

De ces cinq exemplaires des premières éditions des Éléments de droit constitutionnel français et comparé, quatre ont été acquis par des universités anglophones. L’Université McGill (Montréal) possède les 2e et 5e éditions (1899 et 1909), l’Université Dalhousie (Halifax) la 2e et l’Université de l’Alberta (Edmonton) la 5e. Parmi les bibliothèques francophones, seule celle de l’Université Laval à Montréal (aujourd’hui Université de Montréal) a acquis la 4e édition (1906). Il est révélateur de constater que dans le catalogue de ces trois bibliothèques anglophones, l’ouvrage est d’abord classé sous la rubrique du droit constitutionnel anglais, et ensuite comme ouvrage de droit français. On peut donc estimer que c’est d’abord à titre d’ouvrage de droit comparé, et pour la richesse et l’originalité de sa présentation du droit constitutionnel anglais, que ces établissements anglophones ont acquis le livre d’Esmein. Quant aux 15 exemplaires acquis plus tardivement, il n’a pas été possible de préciser la date de leur acquisition. Il n’est pas invraisemblable de croire qu’elle se situe le plus souvent dans les années 1920, à une époque où le droit constitutionnel français était devenu celui d’une grande puissance victorieuse, dont le Canada était l’allié : une bibliothèque juridique respectable ne pouvait plus ignorer l’ouvrage canonique sur ce sujet.

Ces données n’ont bien sûr qu’une valeur probante assez limitée. Elles laissent néanmoins supposer une visibilité particulièrement faible des Éléments dans le milieu juridique francophone avant la Première Guerre mondiale53. Un retour sur les grands débats de cette époque permet peut-être d’expliquer ce constat. 2.2 L’œuvre d’Esmein, entre nationalisme et impérialisme

Esmein, on l’a vu, qualifiait le dominion du Canada de « république » fédérative, sans doute parce qu’il estimait que la souveraineté réelle, dans ce rameau de la monarchie britannique, appartenait à la collectivité de ses habitants. Il n’était ni le premier ni le dernier à faire ainsi une lecture « républicaine » de la monarchie constitutionnelle à l’anglaise54. Néanmoins, à l’époque, cette analyse se heurtait à la souveraineté éminente du législateur impérial, confirmée par les termes du Colonial Laws Validity Act de 186555. Esmein se plaçait ainsi entre l’arbre et l’écorce : dans le vif débat entre les tenants du nationalisme politique et juridique canadien et les partisans du renouveau impérialiste en Grande-Bretagne et dans les dominions, son propos, s’il était passé un peu moins inaperçu, aurait fait réagir de part et d’autre.

Ce propos d’Esmein s’inscrit parfaitement, par ailleurs, dans la démarche comparative et synthétique dont rend compte la première partie des Éléments, puisque cette démarche tend à dégager le socle commun des régimes

53

Les juristes francophones, ou du moins certains d’entre eux, avaient vraisemblablement accès à la bibliothèque juridique de l’Université McGill. 54

Walter Bagehot, The English Constitution (1867), Oxford University Press, Londres, 1968, coll. The World’s Classics, p. 44 : « A Republic has insinuated itself under the folds of a Monarchy » ; David Smith, The Republican Option in Canada, Past and Present, University of Toronto Press, Toronto, 1999, p. 18 : « [I]n spite of appearances, constitutional monarchy is popular government, and since a republic is government based on popular will, constitutional monarchies are republics under another name ». 55

Peter Oliver, The Constitution of Independence. The Development of Constitutional Theory in Australia, Canada and New Zealand, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 38-45.


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constitutionnels de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis et donc à gommer les différences entre eux. Esmein n’aurait sans doute, à cet égard, aucune hésitation à se rallier au courant actuel de l’historiographie canadienne et québécoise, qui a remis en évidence l’appartenance du Canada et du Québec à un « espace politique nord-atlantique » formé à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle autour des trois pôles britannique, français et étatsunien56. Ce rattachement à un circuit transatlantique d’influences croisées conduit à réinterpréter le thème central de l’histoire des idées politiques au Canada. Ce thème avait jusqu’ici été décrit comme l’opposition entre un courant libéral, dédoublé plus récemment par un courant social-démocrate, et un courant conservateur, encore proche à certains égards de la première modernité. C’est aujourd’hui, cependant, l’opposition entre un courant libéral-conservateur, dominant voire hégémonique, et un courant républicain, marginal par moments, qui est mise en évidence57. La définition de la liberté représente l’une des lignes de partage entre ces deux courants. La pensée républicaine place au cœur de la liberté la participation active du sujet politique à l’exercice de la souveraineté collective. Or, un républicain, dans l’espace politique canadien, sera enclin à considérer que « [p]ar ses rites, ses symboles, ses pratiques et ses concepts dérivés de la féodalité anglaise, [la] monarchie empêche […] le peuple […] de se penser comme souverain »58.

Au tournant du XXe siècle, ce courant occupe cependant une place très marginale dans le discours public, pour des raisons différentes dans chacune des deux communautés linguistiques.

Dans la communauté anglophone domine un fort sentiment d’appartenance à la « britannicité », impliquant un loyalisme ostentatoire à l’endroit de la monarchie et une adhésion à une représentation très positive du droit anglais. Nourri par l’allégeance émotive à la personne de la reine Victoria, ce sentiment conduit à concevoir le destin et la réalité du Canada comme la reproduction à

56

Peter Smith, « The Ideological Origins of Canadian Confederation », Revue canadienne de science politique, vol. 20, n° 1 (1987), p. 3-29 ; Ian McKay, « The Liberal Order Framework: A Prospectus for the Reconnaissance of Canadian History », Canadian Historical Review, vol. 81, n° 4 (2000), p. 617-645 ; Linda Cardinal, « Le Québec et le monde atlantique », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, n° 3 (2009), p. 17-28 ; Marc Chevrier, « La République de nulle part. Entre anti-républicanisme et pétromonarchie », L’action nationale, vol. 102, n° 4 (2012), p. 112-134. 57

Louis-Georges Harvey, « The First Distinct Society : French Canada, America and the Constitution of 1791 », p. 125-146 dans : Janet Ajzenstat (dir.), Canadian Constitutionalism 1791-1991, Canadian Study of Parliament Group, Ottawa, 1991 ; Janet Ajzenstat et Peter Smith, « Liberal-Republicanism : the Revisionist Picture of Canada’s Founding », p. 1-18 dans : Janet Ajzenstat et Peter Smith (dir.), Canada’s Origins: Liberal, Tory or Republican?, Carleton University Press, Ottawa, 1997 ; Louis-Georges Harvey, Le Printemps de l’Amérique française. Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois, 1805-1837, Boréal, Montréal, 2005 ; Elsbeth Heaman, « Rights Talk and the Liberal Order Framework », p. 147-175 dans : Jean-François Constant et Michel Ducharme (dir.), Liberalism and Hegemony. Debating the Canadian Liberal Revolution, University of Toronto Press, Toronto, 2009 ; Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l’époque des révolutions atlantiques, 1776-1838, McGill/Queen’s University Press, Montréal/Kingston, 2010 ; Charles-Philippe Courtois et Julie Guyot (dir.), La culture des Patriotes, Septentrion, Québec, 2012 ; Marc Chevrier, Louis-Georges Harvey et al., De la république en Amérique française, Septentrion, Québec, 2013. 58

Marc Chevrier, « Un républicain dans le siècle. André Laurendeau et l’idéal de la république », Cahiers d’histoire du Québec au XX

e siècle, n° 10 (2000), p. 55-62, à la p. 61.

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l’identique du modèle institutionnel de la Grande-Bretagne59. À la limite, il conduit à affirmer que le Canada n’a d’autre constitution que celle de la Grande-Bretagne, l’Acte de l’Amérique du nord britannique n’apportant à celle-ci que des retouches sur des points de détail60. Tantôt c’est le versant libéral de cette tradition constitutionnelle qui est mis en valeur – celui que, de son côté, Esmein appréciait particulièrement – : le souci de la liberté et de la propriété individuelles et le respect d’un ensemble de libertés fondamentales61. Tantôt l’éloge se porte sur le versant conservateur : le caractère coutumier de l’ordre juridique et politique, la sensibilité à une vision organique de la société62. Dans les deux cas, par ailleurs, on se complait à mettre en évidence la valeur civilisationnelle du droit anglais et son esprit de tolérance – manifesté notamment par la survie des institutions juridiques propres au Québec. Cette culture juridique dominante se prête donc très bien à la promotion de l’impérialisme britannique63. Celui-ci est perçu non pas comme une menace pour la spécificité canadienne, mais plutôt comme la projection des valeurs centrales de la culture juridique du pays.

Le mouvement en faveur de l’instauration d’une structure fédérative pour le gouvernement de l’Empire britannique connaît donc un certain succès au Canada anglophone64. Aux yeux de plusieurs, l’adoption du fédéralisme dans la Constitution canadienne de 1867 apparaît comme la préfiguration et la première étape d’un processus qui a vocation à englober à la fois les dominions et la métropole65. Un tel projet se heurte d’emblée à des questions délicates : le caractère égalitaire ou non des relations des dominions avec la métropole dans le cadre de cette fédération impériale, ainsi que les modalités de participation des entités fédérées aux instances communes.

En revanche, certains juristes anglophones, sans remettre en question l’appartenance du Canada à l’Empire, regimbent devant la subordination dans laquelle le droit canadien se trouve placé par rapport aux institutions métropolitaines. Non seulement la Constitution du pays demeure-t-elle formellement une loi du parlement impérial, qui pourrait en principe la modifier à tout moment sur proposition du gouvernement impérial, mais encore l’interprétation de cette Constitution, comme celles des lois fédérales ou provinciales, relève-t-elle en dernier ressort d’une juridiction impériale66. Bref,

59

David Murray, « Law and British Culture in the Creation of British North America », p. 64-75 dans : Phillip Buckner et Douglas Francis (dir.), Canada and the British World : Culture, Migration, and Identity, University of British Columbia Press, Vancouver, 2006, p. 67. 60

Peter Price, « Fashioning a Constitutional Narrative : John S. Ewart and the Development of a “Canadian Constitution », Canadian Historical Review, vol. 93, n° 3 (2012), p. 359-381, à la p. 370. 61

Sylvie Lacombe, La rencontre de deux peuples élus. Comparaison des ambitions nationale et impériale au Canada entre 1896 et 1920, Presses de l’Université Laval, Québec, 2002, p. 67. 62

John Farthing, Freedom Wears a Crown, Kingswood House, Toronto, 1957. 63

Richard C. B. Risk, « A. H. F. Lefroy : Common Law Thought in Late-Nineteenth-Century Canada. On Burying One’s Grandfather », University of Toronto Law Journal, vol. 41, n° 3 (1991), p. 307-331, à la p. 318. 64

Sylvie Lacombe, précitée, note 61, p. 26, 67. Esmein évoque ce mouvement : ÉDC, p. 14-17. 65

Peter Price, précité, note 60, p. 371. 66

Ce n’est toutefois que dans les années 1930 que des juristes anglo-canadiens aux idées encore hétérodoxes, favorables à l’extension des compétences législatives fédérales, développeront une critique virulente de la jurisprudence constitutionnelle du Comité judiciaire du Conseil privé : Philip Girard, « British Justice, English Law, and Canadian Legal Culture », p. 259-277 dans : Phillip Buckner (dir.), Canada and the British Empire, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 272-273.


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l’ordre juridique canadien n’apparaît pas comme véritablement autochtone67. L’insatisfaction devant ce constat amène un très petit nombre de juristes anglo-canadiens à souhaiter l’adoption, avec la participation du peuple, d’une constitution canadienne d’esprit républicain68.

Les juristes canadiens francophones de l’époque partagent en général le sentiment d’autosatisfaction de leurs homologues anglophones : un auteur comme Pierre-Basile Mignault peut écrire : « La constitution anglaise est la nôtre et nous ne pouvons songer à en changer. C’est à nous d’en tirer tout le parti possible et d’en faire un instrument pour le plus grand bien de notre pays. »69 Les francophones estiment en effet que le système fédératif instauré en 1867, s’il a échoué à garantir l’égalité des deux « peuples fondateurs » dans l’ensemble de la fédération, assure au moins la préservation, au Québec, de la langue, de la religion et des institutions propres aux Canadiens-français. Dans ce contexte, la déférence envers la monarchie et l’attachement au gouvernement parlementaire peuvent coexister avec l’aspiration au parachèvement de l’autonomie du Canada au sein de l’Empire70.

Certes, le Canada francophone a connu, au milieu du XIXe siècle, un puissant courant républicain71. Mais à l’époque d’Esmein, ce courant est très affaibli et ses adhérents se dispersent en fonction du clivage alors émergent, qui oppose les tenants du nationalisme canadien-français et les partisans, plus nombreux, d’un nationalisme pancanadien72. De part et d’autre de ce clivage, la IIIe République peut constituer pour certains une référence, notamment en raison de sa politique sociale; mais l’instabilité gouvernementale qui lui est associée nuit à son image73.

L’attitude des Canadiens-français de l’époque à l’égard de l’Empire britannique se caractérise par l’ambiguïté74. La vision impérialiste du monde, qui domine alors dans l’opinion publique des pays développés, colore cette attitude : le Canada français poursuit sa propre « mission civilisatrice », notamment par son prosélytisme religieux, dans le cadre de celle de l’Empire75. Le sentiment anti-impérialiste est donc en reflux. Se développe plutôt, à travers la pensée et l’action d’Henri Bourassa, une position de synthèse combinant libéralisme politique, conservatisme social, nationalisme pancanadien, anti-

67

Ibid., p. 362-364, 372. 68

Wade Henry, « Severing the Imperial Tie? Republicanism and British Identity in English Canada, 1864-1917”, p. 177-186 dans : Colin Coates (dir.), Imperial Canada 1867-1917, Centre of Canadian Studies, Edimbourg, 1997. 69

Pierre-Basile Mignault, Manuel de droit parlementaire, Périard, Montréal, 1889, p. 32. 70

Damien-Claude Bélanger, « Thomas Chapais, loyaliste », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 65, n° 4 (2012), p. 439-472. 71

Marc Chevrier, La République québécoise. Hommage à une idée suspecte, Boréal, Montréal, 2012, p. 27-30 ; Charles-Philippe Courtois, « Nation et république chez les Patriotes », p. 85-118 dans : Charles-Philippe Courtois et Julie Guyot (dir.), précités, note 57, aux p. 87-88 ; Yvan Lamonde et Jonathan Livernois, Papineau. Erreur sur la personne, Boréal, Montréal, 2012. 72

Charles-Philippe Courtois, « Le républicanisme au Québec au début du XXe siècle : les cas

de figure de Wilfrid Gascon, Olivar Asselin et Ève Circé-Côté », Bulletin d’histoire politique, vol. 17, n° 3 (2009), p. 93-119, aux p. 99-100. 73

Un auteur conservateur tel que Mignault insiste lourdement sur cette instabilité, qu’il associe à l’influence grandissante du socialisme : Pierre-Basile Mignault, précité, note 69, p. 350, 413. 74

Colin Coates, « French Canadian’s Ambivalence to the British Empire », p. 181-199 dans : Phillip Buckner (dir.), précité, note 66. 75

Arthur Silver, The French-Canadian Idea of Confederation 1864-1900, University of Toronto Press, Toronto, 1981, p. 224.

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impérialisme et loyalisme monarchique76. Cette position politique se développe précisément au fil des années pendant lesquelles Esmein rédige et révise ses Éléments; elle ne survivra pas à la crise des relations entre anglophones et francophones à propos de la participation du pays à la Première Guerre mondiale77. Une adhésion partagée aux principes du gouvernement parlementaire n’aura pas suffi à faire entrer en résonance ce moment assez singulier de l’histoire des idées politiques au Canada et la théorie du gouvernement républicain à la française. L’obstacle majeur à un tel dialogue se situait dans la question des rapports entre l’Église et l’État. 2.3 L’œuvre d’Esmein, l’Église et l’État Sur le terrain des rapports entre l’Église et l’État, les Éléments d’Esmein, fermement engagés dans la justification idéologique de la Constitution française de 1875, pouvaient être perçus au Canada comme une œuvre de combat plutôt que de simple conviction78. Cela non pas tant en raison du caractère de l’ouvrage lui-même, qui s’en tient à une démonstration historique de la logique interne du gouvernement parlementaire, mais en raison de la configuration des rapports entre l’Église catholique et l’État au Canada à cette époque. Une fois de plus, le destin d’un livre aura dépendu bien moins du sens que son auteur avait voulu y mettre que des significations que certains lecteurs auront été prédisposés à y trouver! Pourtant, les Éléments, jusqu’à leur 5e édition en 1909, n’abordent guère la question des rapports entre l’Église et l’État. Même aujourd’hui, en tenant compte de la longue analyse justificative de la législation de la IIIe République en ce domaine, ajoutée par Esmein cette année-là79, la position générale de l’auteur sur le sujet fait l’objet d’appréciations diverses et nuancées. Si ses convictions républicaines ne font pas de doute, et que la description « légiste de la République »80 résume bien son rôle et son influence dans les milieux politique et universitaire, et même au-delà, on leur accole une variété étonnante de qualificatifs. Leur registre s’étend de « laïc agnostique »81 à « catholique républicain »82, en passant par « libre penseur, pas militant, plutôt tolérant »83, républicain détestant « l’esprit de secte »84, « libre penseur non

76

Sylvie Lacombe, précitée, note 61, p. 65-77. 77

Sur cette période, voir : Réal Bélanger, « L’élite politique canadienne-française et l’Empire britannique : trois reflets représentatifs des perceptions canadiennes-françaises (1890-1917) », p. 122-140 dans : Colin Coates (dir.), précité, note 68. 78

Jean-Louis Halpérin, « Adhémar Esmein et les ambitions de l’histoire du droit », Revue historique de droit français et étranger, vol. 75, n° 3 (1997), p. 415-433, évoque à propos de l’ensemble des travaux d’Esmein une « œuvre de conviction, sinon de combat ». 79

Cette adjonction figure dans les ÉDC, p. 1161-1209. 80

Stéphane Pinon, « Regard critique sur les leçons d’un « maître » du droit constitutionnel », Revue du droit public, vol. 123, n° 1 (2007), p. 193-229, à la p. 200 ; l’emploi du mot « légiste » se fait plus insistant encore dans le titre de l’article de Guillaume Sacriste, « Adhémar Esmein en son époque. Un légiste au service de la République », p. 9-44 dans : Stéphane Pinon et Pierre-Henri Prélot (dir.), Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Montchrestien, Paris, 2004. 81

Guillaume Sacriste, précité, note 80, p. 27 et Guillaume Sacriste, La République des constitutionnalistes, Presses de Sciences po, Paris, 2011, p. 360. 82

Dominique Chagnollaud, avant-propos à la réimpression des ÉDC, précitée, note 4, 6e page.

83 Jean-Claude Colliard, « Portrait d’Adhémar Esmein », p. 3-8 dans : Stéphane Pinon et Pierre-

Henri Prélot (dir.), précités, note 80, p. 6. 84

Jean-Louis Halpérin, précité, note 78, p. 416.


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hostile à la religion catholique »85 et « catholique et défenseur de l’État laïque »86. À ces appréciations relatives à la question religieuse s’ajoutent celles qui concernent l’ensemble de sa démarche intellectuelle : « esprit universel »87, mais aussi, un temps, acteur « universel » par son omniprésence88, affecté d’« anglomanie »89, enfin « le contraire d’un juriste inquiet »90. Cette image un peu floue, qu’Esmein lui-même a contribué à susciter en se décrivant simplement lui-même comme un « esprit libre » et un « bon citoyen »91 est peut-être, en définitive, parfaitement accordée au pragmatisme qui a présidé à la naissance de la IIIe République92. Un tel pragmatisme n’avait à priori rien qui puisse desservir les Éléments aux yeux d’éventuels lecteurs canadiens. On peut même penser que des lecteurs anglophones ont pu y voir un aspect attrayant de l’ouvrage, lié à la présentation positive qu’il fait de la constitution anglaise. En revanche, la justification du régime républicain, et plus encore, dans les dernières éditions des Éléments, la justification des lois de la IIIe République en matière religieuse, ne pouvaient en général susciter qu’indifférence ou hostilité, particulièrement chez les juristes francophones.

Les rapports entre l’Église catholique et l’État colonial canadien, d’abord problématiques du fait de l’existence d’églises d’État en Angleterre et en Écosse, ont progressivement pris la forme d’une complicité, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique ayant trouvé avantage à se soutenir réciproquement93. Ce rapport de complicité s’est intensifié à compter des années 1840. L’échec du soulèvement antibritannique de 1837-1838, puis la mise en minorité des francophones dans l’espace politique, ont placé l’Église catholique en situation d’acteur social prééminent au sein de cette minorité. L’appui de l’Église a notamment facilité la mise en place de la Constitution de 1867. L’adhésion des juristes et des milieux d’affaires francophones au libéralisme, dans le dernier quart du XIXe siècle, n’a pas menacé l’emprise de l’Église sur la société canadienne-française, car ce libéralisme s’identifiait au modèle britannique, devenu tolérant à l’endroit du catholicisme, et non au libéralisme des pays latins, fréquemment associé à l’anticléricalisme94. Au contraire, les libéraux les plus classiques et les catholiques les plus intransigeants ont trouvé un point de

85

Guillaume Sacriste (2011), précité, note 81, p. 221. 86

Jean-Louis Halpérin, v° « Esmein », p. 311 dans : Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, Presses universitaires de France, Paris, 2007. 87

Stéphane Pinon, précité, note 80, p. 196. 88

Guillaume Sacriste, « Droit, histoire et politique en 1900. Sur quelques implications politiques de la méthode du droit constitutionnel à la fin du XIX

e siècle », Revue d’histoire des sciences

humaines, vol. 4 (2001), p. 69-94, p. 87. 89

Armel LeDivellec, « Adhémar Esmein et les théories du gouvernement parlementaire », p. 149-182 dans : Stéphane Pinon et Pierre-Henri Prélot, précités, note 80, à p. 154. 90

Stéphane Pinon, précité, note 80, p. 203. 91

Adhémar Esmein, « La loi sur la séparation et l’encyclique « Gravissimo » », Revue politique et parlementaire, vol. 50, n° 1 (1906), p. 31-49, à la p. 49. 92

Frédéric Saulnier, « Opportunisme, positivisme et parlementarisme à l’anglaise au début de la III

e République », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 12 (2000), p. 308-325.

93 Yvan Lamonde, Allégeances et dépendances. L’histoire d’une ambivalence identitaire, Nota

Bene, Québec, 2001, p. 148. 94

Sylvio Normand, « Les juristes et le libéralisme au tournant du XXe siècle », p. 213-229 dans :

Yvan Lamonde (dir.), Combats libéraux au tournant du XXe siècle, Fides, Montréal, 1995 ;

Fernande Roy, Progrès, harmonie, liberté : le libéralisme des milieux d’affaires francophones de Montréal au tournant du siècle, Boréal, Montréal, 1988.

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parfaite convergence dans l’antiétatisme95. L’école comme l’usine devaient rester à l’abri de l’ingérence étatique. Libre entreprise et conservatisme clérical ont ainsi pu asseoir de concert une hégémonie durable dans l’espace social et politique québécois96.

Dans cette combinaison idéologique se manifestait, comme au sein d’autres populations catholiques, l’influence des préoccupations et des objectifs du courant ultramontain au sein de l’Église97. Cette tradition ultramontaine, diffusée notamment par les manuels scolaires de l’époque, diabolisait la Révolution française et, par extension, toute forme républicaine de gouvernement98. Suspecte à priori, la IIIe République fit l’objet d’un déchainement d’hostilité à compter de l’adoption des lois scolaires de Jules Ferry99. La France contemporaine fut regardée comme une terre de persécution; d’ailleurs, le Canada français accueillit entre 1880 et 1914 plusieurs milliers de religieux ayant quitté la France et dont la présence entretint cette hostilité envers la République100. Tentée de s’attribuer la succession de la France à son rang de « fille aînée de l’Église », l’Église canadienne n’en était pas moins tenaillée par l’appréhension que les idées républicaines, tant honnies, ne finissent par trouver audience au Canada français.

Au tournant du XXe siècle, en effet, on pouvait discerner par moments dans l’espace politique canadien, notamment au Québec, la présence d’un courant libéral plus radical. Après tout, même en Grande-Bretagne, un « nouveau libéralisme » arrivait au pouvoir à cette époque, porteur d’idées nouvelles sur l’interventionnisme étatique – en particulier en matière sociale. L’évolution parallèle de la politique sociale en France suggérait la possibilité de rapprochements entre le modèle libéral britannique et le modèle républicain français, souvent présentés jusque-là comme diamétralement opposés. Ce climat a sans doute facilité la relance passagère, dans les premières années du siècle, d’un mouvement de réformes affirmant sa sympathie pour le visage que donnaient à la République les radicaux français101. Malgré quelques succès limités, ce mouvement resta marginal. La réconciliation du Canada français avec la République devrait attendre que surviennent deux guerres mondiales et, au-delà, la progressive dislocation de l’emprise exercée par l’Église.

95

Jean-Marie Fecteau, La liberté du pauvre. Sur la régulation du crime et de la pauvreté au XIX

e siècle québécois, VLB, Montréal, 2004 ; Elsbeth Heaman, précitée, note 57, p. 161-162 ;

Peter Smith, précité, note 57, p. 59-60 ; Ralph Heintzman, « The Political Culture of Quebec, 1840-1960 », Revue canadienne de science politique, vol. 16, n° 1 (1983), p. 3-60. 96

Arthur Silver, précité, note 75, p. 226-227. 97

Philippe Sylvain, « Quelques aspects de l’antagonisme libéral-ultramontain au Canada français », Recherches sociographiques, vol. 8, n° 3 (1967), p. 275-297, aux p. 275-277. 98

Michel Allard, « L’enseignement de la Révolution française dans les écoles publiques du Québec (1861-1989) », p. 181-199 dans : Sylvain Simard (dir.), La Révolution française au Canada français, Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1991. 99

Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, Fides, Montréal, 2000, vol. 1, p. 458-459. 100

Guy Laperrière, « « Persécution et exil » : la venue au Québec des congrégations françaises, 1900-1914 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 36, n° 3, p. 389-411 ; Guy Laperrière, « Les communautés religieuses françaises au Québec (1792-1914) », p. 307-325 dans : Yvan Lamonde et Didier Poton (dir.), La Capiricieuse (1855) : poupe et proue. Les relations France-Québec (1760-1914), Presses de l’Université Laval, Québec, 2006. 101

Charles-Philippe Courtois, précité, note 72 ; Éric Leroux, « L’influence du radicalisme français au Québec au début du XX

e siècle », Mens. Revue d’histoire intellectuelle de

l’Amérique française, vol. 6, n° 2 (2006), p. 167-203.


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3. L’intérêt actuel de relire Esmein au Canada L’histoire aura traité les Éléments d’Esmein avec une certaine ironie. La partie de l’ouvrage que l’auteur pouvait, en son temps, considérer comme la plus actuelle, celle relative au droit constitutionnel de la IIIe République, n’a plus aujourd’hui qu’un intérêt essentiellement historique. Inversement, la partie de l’ouvrage où fourmillent les détails historiques, celle consacrée à exposer les origines et les principes de la constitution anglaise, conserve un intérêt tout à fait actuel, et cela notamment dans un pays dont l’auteur a somme toute peu parlé : le Canada. Certes, l’intérêt durable et la portée des Éléments pour l’histoire de la pensée juridique et politique en France découlent de la juxtaposition et de l’interpénétration de ces deux volets de l’ouvrage. Mais d’un point de vue canadien ou québécois, la partie « vivante » des Éléments peut être rapprochée de débats constitutionnels très actuels.

Deux thèmes serviront à le montrer : d’une part, la place de la monarchie dans l’ordre constitutionnel canadien et, d’autre part, le bicaméralisme au sein du parlement fédéral. Ces deux questions font actuellement l’objet d’un contentieux constitutionnel.

3.1 La question de la succession royale Cette question renvoie à des textes célèbres de l’histoire constitutionnelle

anglaise, le Bill of Rights de 1688102 et l’Act of Settlement de 1700103. Esmein fait d’ailleurs une brève allusion aux dispositions de l’Act of Settlement relatives à la succession au trône104. Les dispositions de ces deux lois en cette matière ont pour objet d’exclure de la succession toute personne professant la religion catholique et tout membre de la famille régnante qui épouse une personne de religion catholique. En dépit de leur lien logique avec le fait que le monarque régnant soit d’office le chef de l’Église d’Angleterre, ces exclusions paraissent inconciliables avec les textes internationaux et nationaux prohibant la discrimination fondée sur l’appartenance religieuse105. Paraissent également attentatoires aux droits fondamentaux la règle coutumière donnant priorité, dans l’ordre de succession, aux héritiers de sexe masculin sur une héritière plus âgée de même rang successoral, ainsi que les dispositions d’une loi du XVIIIe siècle subordonnant la validité du mariage de tout descendant du roi Georges III à l’autorisation préalable du monarque régnant, donnée en Conseil privé106.

Cet ensemble de règles législatives et coutumières régissant la succession au trône s’applique non seulement au Royaume-Uni, mais également dans tous les États membres du Commonwealth qui ont conservé une forme monarchique lors de la cessation du lien colonial et dont la Reine du Royaume-Uni est ainsi le chef d’État. Se pose donc également, dans ces autres royaumes, la question de la compatibilité de ces règles avec les droits et libertés fondamentaux

102

1 Will. III and Mary II, 2nd

Sess., c. 2. 103

12-13 Will. III, c. 2. 104

ÉDC, p. 86. 105

Renan LeMestre, « Faut-il réveiller le chien qui dort ? La modernisation de la monarchie britannique : nouvelles règles de succession au trône et assouplissement du régime des mariages royaux », Revue de la recherche juridique, vol. 37 (2012), p. 413-442. 106

Royal Marriages Act 1772, 12 Geo. III, c. 11. Voir: T.B. Pugh et A. Samuels, « The Royal Marriages Act 1772; its Defects and the Case for Repeal », Statute Law Review, vol. 15, n° 1 (1994), p. 43-63.

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consacrés par le droit interne ou international applicable dans chacun de ces pays. C’est notamment le cas au Canada, où ces règles paraissent inconciliables avec un texte constitutionnel, la Charte canadienne des droits et libertés, qui consacre le droit de chacun « à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment [celle] fondée sur […] la religion, le sexe […] »107.

Les gouvernements du Royaume-Uni et de ces autres États du Commonwealth ont donc convenu, en octobre 2011, de modifier de concert les règles de succession au trône prévues dans le droit interne de chacun, de manière à supprimer ces discriminations. En conformité de cet accord, le Parlement fédéral canadien a adopté la Loi de 2013 sur la succession au trône108. Celle-ci se borne à signifier l’assentiment du Parlement au contenu du projet de loi alors déposé devant le Parlement britannique en vue de modifier ces règles au Royaume-Uni, projet de loi qui est par la suite devenu la Succession to the Crown Act 2013109. Peu de gens au Canada trouveraient à redire au résultat visé par la loi fédérale. En revanche, la manière dont on a prétendu opérer cette modification fait l’objet d’une contestation constitutionnelle.

Cette contestation prend appui sur le dispositif complexe qui régit, depuis 1982, les modifications de la Constitution canadienne110. L’autorité constituante habilitée par la Loi constitutionnelle de 1982 à modifier la Constitution diffère en fonction de l’objet de la modification. Étant acquis que les règles de succession au trône font partie de la Constitution, il reste à savoir si, et dans quelle mesure, elles concernent « la charge de Reine », le « pouvoir exécutif fédéral » et « la constitution de [chaque] province ». Dans le premier cas, la modification exige la participation des deux chambres du Parlement fédéral et de l’assemblée législative de chaque province; dans le second, une loi fédérale suffit ; et dans le troisième l’assemblée législative de la province est habilitée à agir seule111.

La contestation récemment engagée par des particuliers devant les tribunaux québécois soutient que l’objet de la loi fédérale concerne « la charge de Reine », et que les parlements de toutes les provinces devaient donc participer à la modification. Le débat se présente sous un jour particulier au Québec. D’une part, en effet, le Parlement et le gouvernement du Québec n’ont jamais accepté la Loi constitutionnelle de 1982; celle-ci est néanmoins entrée en vigueur après que la Cour suprême du Canada ait estimé que les conventions constitutionnelles régissant avant 1982 la modification de la Constitution n’exigeaient pas un accord unanime des provinces112. D’autre part, l’institution monarchique suscite au Québec plus d’indifférence et d’agacement que

107

Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. (1985), App. II, n° 44, art. 15. En dépit de leur incompatibilité avec le droit de chacun à l’égalité devant la loi, les règles de succession au trône et l’alignement de ces règles sur celles ayant cours au Royaume-Uni sont aussi des normes constitutionnelles, nécessaires au fonctionnement de l’institution monarchique : un tribunal ne peut donc les déclarer invalides : O’Donohue v. Canada, 2003 CanLII 41404 (ON SC), confirmé en appel : 2005 CanLII 6369 (ON CA). 108

L.C. 2013, c. 6. 109

2013, c. 20. 110

Loi constitutionnelle de 1982, précitée, note 107, art. 38-49. 111

Ibid., art. 41, 44 et 45 respectivement. Voir : André Binette, « La succession royale, la Constitution canadienne et la Constitution du Québec », Bulletin québécois de droit constitutionnel, n° 3 (2008), p. 1-22. 112

Renvoi : résolution pour modifier la Constitution, précité, note 39 et Re : opposition à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S 793.


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d’appui ; les accusations criminelles portées contre une récente titulaire de la fonction de lieutenant-gouverneur ont amoindri encore davantage le prestige de la Couronne113.

Ce débat comporte évidemment un enjeu politique : il remet en lumière le fait qu’au Québec et au Canada le peuple ne participe pas à l’exercice du pouvoir constituant114. Il appelle ainsi à s’interroger sur le caractère véritablement « républicain » qu’Esmein croyait pouvoir attribuer à une monarchie de type britannique115. Mais il renvoie aussi à des enjeux juridiques relatifs à la nature et aux pouvoirs de l’État québécois dans le régime fédératif canadien. Laisser les parlements des provinces complètement à l’écart d’une décision concernant la succession au trône remet en question le lien direct, reconnu à l’époque d’Esmein par la jurisprudence Hodge, entre la Couronne et les institutions de l’État québécois116. Or, comme l’ont fait remarquer certains auteurs, la Couronne est le principe organisateur de l’État, dans un régime constitutionnel fondé sur le droit anglais117. La Couronne est donc l’assise juridique sur laquelle repose l’exercice autonome et quotidien de leurs pouvoirs étatiques par les gouvernements, les parlements et les tribunaux des provinces canadiennes118. Cette modulation du principe monarchique en fonction de la logique du fédéralisme semble, à l’occasion de cette révision des règles de succession au trône, avoir été mieux comprise en Australie qu’au Canada119. Esmein, bon connaisseur de la Constitution australienne, l’aurait sans doute remarqué !

3.2 La question du Sénat Ultime survivance du bicaméralisme au Canada, le Sénat fédéral fait l’objet

d’un débat relatif à la compétence du Parlement fédéral pour modifier le régime de sa seconde chambre. Les propositions tendant à modifier la composition du

113

Trudel-Thibault c. R., 2012 QCCA 2212 (l’accusée ne bénéficie pas de l’irresponsabilité reconnue à la Couronne) ; Procureur-général du Québec c. Trudel-Thibault, 2013 QCCS 1323 (poursuite civile en recouvrement de sommes détournées). 114

Non plus d’ailleurs qu’à l’exercice du pouvoir législatif, puisqu’un processus d’initiative populaire, comportant un référendum législatif décisionnel, a été jugé incompatible avec le participation du représentant de la Couronne à l’acte législatif, élément intangible de la Constitution : Re Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 (P.C.), [1919] UKPC 60. 115

Il est vrai que par ailleurs Esmein affirmait que les vertus éminentes du gouvernement représentatif justifiaient que le constituant soit lui aussi une institution représentative, et non la collectivité nationale elle-même, statuant sous la forme d’un référendum : ÉDC, p. 402-404. 116

Hodge v. R., précité, note 19 et texte correspondant. 117

David Smith, The Invisible Crown : The First Principle of Canadian Government, University of Toronto Press, Toronto, 1995 ; Michael Jackson et Lynda Haverstock, « The Crown in the Provinces : Canada’s Compound Monarchy », p. 11-29 dans : Jennifer Smith et Michael Jackson (dir.), The Evolving Canadian Crown, McGill/Queen’s University Press. Montréal/Kingston, 2012. 118

On pourrait même considérer aujourd’hui, en inversant les termes de la description donnée par Bagehot en 1867, que c’est la Couronne qui est l’élément « efficient » de la constitution, et le Parlement qui en est l’élément « cérémoniel » : David Smith, « Bagehot, the Crown and the Canadian Constitution », Revue canadienne de science politique, vol. 28, n° 4 (1995), p. 619-635. Aux pouvoirs conférés à la Couronne par le droit légiféré et la prérogative royale s’ajoutent tous ceux dont elle peut faire usage en tant que personne juridique : Bruce Harris, « The « Third Source » of Authority for Government Action Revisited », Law Quarterly Review, vol. 123 (2007), p. 225-250. 119

Ainsi, chacun des États de la fédération australienne a adopté pour son propre compte les nouvelles règles de succession, et a demandé au Parlement fédéral d’en faire autant en ce qui le concerne; voir par ex. la loi de l’État de Nouvelles Galles du Sud : Succession to the Crown (Request) Act, 2013, n° 53 (en ligne : http://legislation.nsw.gov.au).

Pierre Issalys

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Sénat, le mode de désignation de ses membres ou la durée de leur mandat sont presque aussi anciennes que le Sénat lui-même120. Peu d’entre elles ont abouti. Certes, la composition du Sénat a été modifiée, à différentes époques, pour tenir compte de l’adhésion ou de la création de nouvelles provinces ; mais ces changements n’ont pas respecté la logique originaire121. Le mandat des sénateurs, viager à l’origine, a été soumis en 1965 à une limite d’âge. Le fait qu’ils soient désignés par le gouverneur général au nom de la Reine – donc en fait par le Premier ministre fédéral – a permis aux deux partis qui alternent au pouvoir depuis près de 150 de dominer tour à tour la seconde chambre.

Dès ses premières décennies d’existence, le Sénat s’est révélé peu apte à jouer le rôle auquel les « Pères fondateurs » l’avaient destiné : la protection des minorités religieuses et linguistiques et la défense des droits des provinces122. Même dans son autre rôle de « chambre de réflexion », sa crédibilité a été tôt compromise par le caractère très partisan des nominations et la complaisance du Sénat envers les gouvernements dont la couleur politique coïncidait avec la sienne123. À partir des années 1970, les habitants des provinces de l’Ouest, en particulier, s’élevèrent contre le caractère peu représentatif, à leurs yeux, du Sénat.

Estimant que le Parlement fédéral était habilité à agir seul pour modifier cet aspect de la Constitution, le gouvernement fédéral proposa en 1978 le remplacement du Sénat par une Chambre de la fédération, dont une moitié des membres auraient été désignés par les gouvernements des provinces, l’autre étant nommée par l’exécutif fédéral, dans les deux cas pour la durée d’une législature. La Cour suprême du Canada jugea cependant que le Parlement n’avait pas compétence pour altérer unilatéralement les « caractéristiques fondamentales ou essentielles attribuées au Sénat pour assurer la représentation régionale et provinciale », puisque ces caractéristiques avaient déterminé l’adhésion de certaines des provinces au régime fédératif124.

La portée de cet avis de la Cour suprême est aujourd’hui incertaine, en raison des nouvelles règles de modification de la Constitution, introduites par la Loi constitutionnelle de 1982125. En ce qui concerne la seconde chambre, ces règles confèrent compétence au Parlement fédéral agissant seul « pour modifier les dispositions de la Constitution […] relatives […] au Sénat », sous réserve cependant des modifications « portant sur […] les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs » ainsi que sur « le nombre des sénateurs par lesquels ne province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir », modifications qui doivent obtenir en outre

120

Voir : Sir George Ross, The Senate of Canada, Copp Clark, Toronto, 1914, p. 91-95 ; Jack Stilborn, « Quarante ans sans réforme du Sénat – le point », p. 35-72 dans : Serge Joyal (dir.), Protéger la démocratie canadienne : le Sénat en vérité…, McGill/Queen’s University Press, Montréal/Kingston, 2003. 121

Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 21-29. Voir : Janet Ajzenstat, « Le bicaméralisme et les architectes du Canada : les origines du Sénat canadien », p. 3-34 dans : Serge Joyal, précité, note 120. 122

William H. P. Clement, précité, note 8, p. 111-112(1994) ; Jean-Charles Bonenfant, « La vocation manquée du Sénat canadien », Cahiers des Dix, vol. 37 (1972), p. 51-86. 123

David Smith, « The Senate of Canada and the Conundrum of Reform », p. 1-26 dans : Jennifer Smith (dir.), The Democratic Dilemma. Reforming the Canadian Senate, McGill/Queen’s University Press, Montréal/Kingston, 2009. 124

Renvoi : compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54, p. 78. 125

Dispositions citées à la note 111.


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l’accord des assemblées législatives de sept des dix provinces, représentant au moins 50% de la population du Canada126. Par ailleurs, le Parlement fédéral a toujours, en vertu de la Constitution de 1867, compétence exclusive pour légiférer sur « la modification, de temps à autre, de la constitution du Canada », mis à part un certain nombre de questions n’ayant pas trait au Sénat127.

Dans ce contexte nouveau, le gouvernement fédéral a estimé qu’il pouvait, au moyen d’une loi ordinaire, réaménager le régime du Sénat sans modifier la Constitution ou du moins sans être tenu de rechercher l’accord d’une majorité qualifiée de provinces pour le faire. Il a présenté au Parlement fédéral en 2006, 2007 et 2010 des projets de loi prévoyant la limitation à huit ans de la durée du mandat des sénateurs et instituant, pour les provinces qui souhaiteraient s’en prévaloir, un régime d’ « élection consultative » permettant aux électeurs de la province d’indiquer une préférence pour un ou plusieurs candidats, préférence dont le Premier ministre fédéral « tiendrait compte » au moment de procéder à une nomination au Sénat128. Les aléas de la vie politique ont fait en sorte qu’aucun de ces projets de loi n’a pu être adopté. Leur conformité aux règles de modification de la Constitution a été par ailleurs très discutée129.

Réélu, cette fois avec la majorité absolue des sièges à la Chambre des communes, le gouvernement fédéral a présenté en 2011 un projet de Loi sur la réforme du Sénat qui fusionne, avec quelques différences, le contenu des projets antérieurs130. Cette initiative s'est heurtée à un contexte politique défavorable : certains sénateurs font l’objet d’accusations de fraude relativement à l’obtention d’allocations parlementaires. Elle s’est aussi heurtée, comme les précédentes, aux objections d’ordre constitutionnel de certaines provinces, qui estiment être en présence de modifications à la Constitution exigeant l’accord d’une majorité qualifiée d’entre elles. Ainsi, saisie par le gouvernement du Québec, la Cour d’appel du Québec a rendu un avis confirmant la nécessité, pour effectuer les modifications prévues au projet de loi fédéral, d’obtenir l’accord des assemblées de sept provinces représentant plus de la moitié de la population canadienne131. Avant même que soit rendu cet avis, susceptible d’appel à la Cour suprême du Canada, le gouvernement fédéral avait adressé à celle-ci sa propre demande d’avis132. Si la haute juridiction devait confirmer l’opinion de la Cour d’appel, la réforme du Sénat risque d’agiter encore longtemps les esprits.

126

Art. 44 et 42(1) b) et c). 127

Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 91 (1). 128

Sebastian Spano, Résumé législatif. Projet de loi C-7, Loi concernant la sélection des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du mandat des sénateurs, n° 41-1-C7-F, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2011 (en ligne : www.parl.gc.ca/LegisInfo), p. 1-3, 5-6. 129

John Whyte, « Senate Reform : What does the Constitution Say ? », p. 97-109 dans: Jennifer Smith, précité, note 123 ; Charles-Emmanuel Côté, « L’inconstitutionnalité du projet d’élections fédérales sénatoriales », Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 3 (2010); voir également les textes de divers auteurs dans la même revue, vol. 5 (2013). 130

Canada, Chambre des communes, Loi sur la réforme du Sénat (Loi concernant la sélection des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du mandat des sénateurs, Projet de loi C-7, 41

e législature, 1

e session, 2011 (en ligne :

www.parl.gc.ca/LegisInfo). 131

Re Projet de loi fédéral relatif au Sénat, 2013 QCCA 1807. 132

Le décret de renvoi à la Cour suprême pour avis (décret C.P. 2013-0070, en ligne à : www.pco-bcp.gc.ca) énonce six questions, dont certaines à plusieurs volets, qui renvoient aux formulations variables des projets de loi présentés entre 2006 et 2011.

Pierre Issalys

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Les questions de droit constitutionnel soulevées par la réforme du Sénat canadien, tout comme le débat autour de la modification des règles de succession au trône, auraient sans doute incité Esmein, s’il les avait connus, à approfondir sa réflexion sur les caractéristiques de la seconde chambre dans le parlement d’un État fédératif, sur la fonction et les attributs de la Couronne en droit public anglais, ou sur la rigidité des constitutions écrites. Peut-être l’auraient-ils amené à tempérer un peu son admiration pour le pragmatisme des constitutions à l’anglaise. Peut-être, sans se poser en donneur de leçons, aurait-il fait valoir plus fortement sa préférence pour les constructions systématiques et leur déploiement dans une constitution écrite133.

Le juriste québécois ou canadien qui, au début du XXIe siècle, aborde les Éléments de droit constitutionnel français et comparé éprouve un sentiment complexe de distance et de proximité tout à la fois.

Distance bien évidemment due avant tout au sujet principal de l’ouvrage : il s’agit de la Constitution de la France, de l’histoire constitutionnelle française, et même d’une Constitution bien précise, depuis longtemps révolue, celle de 1875, et des principes républicains sur lesquels elle repose. Distance également créée par la tonalité de l’ouvrage qui, s’il ne se détourne pas, au besoin, d’une analyse technique des textes, frappe surtout par la richesse des matériaux historiques et par la conviction affichée que la république parlementaire représente la forme la plus achevée de gouvernement d’une société soucieuse de liberté.

Pourtant, le fait que l’ouvrage soit ainsi daté, par son propos et par sa forme, n’empêche pas ce lecteur de se sentir proche de l’auteur de ces Éléments. Cette proximité tient sans doute à ce qu’il partage avec lui l’expérience d’une fréquentation du droit public anglais ; à de nombreux endroits de l’ouvrage, il se retrouve ainsi en terrain familier, rendu attentif à maint détail que lui révèle l’érudition de l’auteur. Mais l’impression de proximité tient peut-être surtout à ce mouvement de curiosité et d’ouverture qui anime l’auteur et le conduit à traiter son objet en circulant dans l’espace aussi bien qu’en remontant dans le temps.

Les circonstances de la vie d’Esmein ne lui ont pas permis de franchir l’Atlantique pour vérifier sur place ses renseignements et ses intuitions. Les conditions intellectuelles et sociales de l’époque n’ont pas permis que son ouvrage trouve au Canada un accueil et une influence à la mesure de sa qualité. Il y a donc bien eu une rencontre manquée. Le projet scientifique qu’elle aurait pu nourrir demeure actuel : formuler la théorie juridique d’une constitution démocratique.

Recibido el 23 de diciembre de 2013. Aceptado el 26 de diciembre de 2013

133

Julien Boudon, « Esmein, le droit constitutionnel et la Constitution », p. 87-110 dans : Stéphane Pinon et Pierre-Henri Prélot, précités, note 80, aux p. 103-104.

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WEBERSCHE ETHIK UND HUMANITÄT BEIM CHRISTLICHEN EXISTENZPHILOSOPHEN PETER WUST

Thomas GERGEN*

Thomas Gergen (2013): “Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). Puede verse el texto del artículo en línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/weber-wust.html

ZUSAMMENFASSUNG: Der Weberschen Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik setzt Peter Wust seinen Begriff der Humanität entgegen, der dem kindlichen und göttlichen Willen entspricht und den der Mensch sich bei all seiner Pflichterfüllung lebenslang bewahren muss.

SCHLÜSSELWÖRTER: Peter Wust, Max Weber, Humanität, Humanitas, Gesinnungsethik, Verantwirtunghsethik.

RÉSUMÉ: Le philosophe allemand (sarrois) Peter Wust ne part pas, comme le fait Max Weber, de l'éthique de la disposition d'esprit (Gesinnung) et de la responsabilité (Verantwortung). Wust développe son concept de l'humanitas donnée par Dieu et devoir de l'homme à travers de toutes ses obligations qu'il rencontre pendant sa vie.

PAROLES-CLÉS: Peter Wust, Max Weber, Humanité, Humanitas, Éthique de la disposition d'esprit et de la responsabilité.

1. Einführung: Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik sowie Humanität Der im Saarland geborene christliche Existenzphilosoph Peter Wust

(geboren am 28. August 1884 in Rissenthal/Saar, gestorben am 3. April 1940 in Münster/Westfalen) wird zurecht als Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts gesehen, für den Philosophie aus der Lebendigkeit menschlicher Erfahrung selbst heraus spross. Wust erblickte die Hauptvertreter der Existenzphilosophie seiner Gegenwart in Martin Heidegger, Karl Jaspers und vor allem in Max Weber, den letztgenannten sogar als Vorläufer dieser Philosophie1. Mit Webers

* Der Autor ist Ordinarius für Internationales und Vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums an der European University for Economics and Managament = eufom in Luxembourg-Kirchberg. Er ist Saarländer. Beim Aufsatzwettbewerb der Peter-Wust-Gesellschaft von 1988 ergab sich für ihn zum ersten Mal die Gelegenheit, sich mit dem Humanitätsbegriff Peter Wusts auseinanderzusetzen, vergleiche dazu den Beitrag in: Ekkehard Blattmann (Hg.), Peter Wust – Aspekte seines Denkens. Frank-Werner Veauthier zum Gedächtnis (Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft Bd. 2), Münster 2004 (Lit-Verlag), S. 247-252, der im Folgenden aufgegriffen wird. 1 Alexander Lohner, Peter Wust und die Existenzphilosophie, in: Ekkehard Blattmann (Hg.),

Peter Wust – Aspekte seines Denkens. Frank-Werner Veauthier zum Gedächtnis (Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft Bd. 2), Münster 2004 (Lit-Verlag), S. 37-62, hier S. 61 und S. 40. Zur Möglichkeit einer christlichen Existenzphilosophie: ders., S. 53ff.

Thomas Gergen

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Frau Marianne (1870-1954) stand Peter Wust bekanntlich regelmäßig im freundschaftlichen Briefwechsel2.

Max Webers Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik ist heute gewiss Allgemeingut. Als Verantwortungsethiker bezeichnete Weber denjenigen, der bei seinem Handeln die Gesamtheit der Folgen seines Handelns bedenkt und der die Bewertung dieser Folgen zum Maßstab seiner Entscheidung macht. Gesinnungsethiker nannte er hingegen denjenigen, der bestimmte Handlungen kontextunabhängig als moralisch oder unmoralisch qualifiziert, also ohne Rücksicht auf die Folgen bestimmter Handlungen oder Unterlassungen das tut, was er für das sittlich Gebotene hält. Die Grundentscheidung für eine dieser beiden Einstellungen könne man, so meinte er, nicht noch einmal rechtfertigen. Denn wenn man dem Verantwortungsethiker die schmutzigen Hände vorwirft, die er sich macht, so wird er antworten: Diese nehme er eben in Kauf, um größere Übel zu vermeiden. Er finde dies besser, als ohne Rücksicht auf die Folgen für andere nur darauf bedacht zu sein, die eigene weiße Weste nicht zu beschmutzen. Wenn man umgekehrt dem Gesinnungsethiker die verhängnisvollen Folgen seines moralischen Rigorismus vor Augen führt, so wird seine Antwort lauten: Er habe eben gerade nicht diese Folgen, sondern nur seine Handlungsweise zu verantworten. Wenn alle Menschen dies täten, wären vermutlich auch die Folgen nur positiv. Dass nicht alle Menschen so handeln, habe wiederum nicht er zu verantworten.

Max Weber ordnete diese beiden Handlungen zwei verschiedenen Menschentypen zu, die Verantwortungsethik dem Politiker, die Gesinnungsethik dem Heiligen. Der Gesinnungsethiker habe den Beruf verfehlt, so meinte er, wenn er die politische Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehme und so andere für die Folgen seine Haltung büßen lasse, als Heiliger aber würde er umgekehrt die Reinheit und Konsequenz seiner Lebensweise kompromittieren, wenn er begänne, strategisch zu handeln und die Gesamtfolgen seiner Handlungen beziehungsweise Unterlassungen jeweils zu kalkulieren.

Weber übersah, dass Heiligkeit kein spezifischer Beruf und keine spezifische Lebensweise ist und dass es sehr wohl Heilige gegeben hat, die zugleich erfolgreiche Politiker waren, wie zum Beispiel Thomas Morus. Weber hätte auf diesen Einwand vermutlich geantwortet, dass Thomas Morus erst erfolgreich und dann heilig war, dass er zu einem Heiligen erst wurde, als er aufgehört hatte, Politiker zu sein und unter Gesichtspunkten politischer Verantwortung zu handeln. Das stimmt allerdings nach Robert Spaemann zurecht nicht3. Die Haltung, die es Thomas Morus verbot, die Suprematsakte zu unterschreiben, hatte ihn sein ganzes Leben hindurch bestimmt. Neu war nicht seine Haltung, neu war die Situation. Wenn Thomas Morus nach reiflicher Überlegung davon Abstand nahm, Kartäuser zu werden, und statt dessen Jurist, Familienvater und Staatsmann wurde, so bekehrte er sich nicht vom Gesinnungsethiker zum Verantwortungsethiker, um am Lebensende wieder zur Gesinnungsethik zurückzukehren, sondern er wählte lediglich einen anderen Beruf mit anderen Berufspflichten, bei gleichbleibenden Menschen- und Christenpflichten. Diesen muss der Mensch, dem Humanität angeboren ist, treu bleiben.

2 Wege einer Freundschaft. Briefwechsel Peter Wust – Marianne Weber 1927-1939. Walter

Theodor Cleve (Hg.). Kerle Verlag, Heidelberg 1951. 3 Robert Spaemann, Was ist Verantwortung?, siehe http://www.kathinfo.de/verantwortungs

ethik.html.

Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust

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2. Humanismus mit und ohne Gott Der Humanitätsbegriff ist bei Peter Wust ein zentraler Terminus. Nach ihm

tritt der Mensch schon als Kind mit dem Gottesgeschenk der Humanität, dem großen Menschheitsideal, in die Welt ein. Die Hauptaufgabe besteht darin, die eigene Kindheit durch alle Gefahren, mit denen die Freiheit droht, glücklich bis zum Tode hinüber zu retten. So schreibt Peter Wust: „Bewahrt er [der Mensch] die Kindheit, die in ihm schlummert, durch alle Gefahrenzonen der Willens- und Freiheitsoszillation hindurch, dann hat er das Palladium der Humanität glücklich heimgeholt. Verliert er diese Kindheit im Kampfgebiet des Lebens, dann war alles umsonst; dann war der Naturegressus des Geistes für ihn ein Fluch; denn er hat ihn zum absoluten Egressus aus dem Reich ewiger Liebe und Güte geführt.“4

Peter Wust stellte dem Positivismus seiner Zeit das „Leben“ gegenüber5; damit ist unmissverständlich das von christlicher Humanität geprägte Leben gemeint. Dass sich der Existenzphilosoph dieser Richtung der Humanität anschließt, sich gleichsam vor sie stellt, kann vorab damit begründet werden, dass er als Kenner und Liebhaber der hellenistisch-römischen Geisteswelt dem antiken Humanitätsbegriff hohe Beachtung zollte. Mit den ersten Lateinstunden und dem weiteren Erlernen der alten Sprachen bildete sich bei Wust eine komplexe, aber sichere Sicht der Humanität heraus6. Der bloße Begriff der humanitas (und sicher auch der Philanthropie) verrät bereits wesentliche Züge: Menschentum, Menschlichkeit, menschliche Art, ebenso Milde, Höflichkeit, Geschmack, Anstand und Menschenliebe sind dabei lediglich zusammenhanglose Übersetzungen. Sie entsprechen jedoch nur teilweise dem Humanitätsbegriff Wusts, für den die Humanität zeitlebens modus animi continuus war.

Die Richtung des Humanismus ist alleine oder mit Gott praktikabel. Bei denen, die den Humanismus ohne Gott fordern, wird einmal die Existenz Gottes geleugnet (Atheismus), ein anderes Mal wird sie für eine unlösbare Frage gehalten (Agnostizismus). So führt der Humanismus ohne Gott zwar zu Recht ins Feld, dass der Mensch deshalb zu achten sei, weil er mehr wert sei als ein Ding oder ein Tier. Bei dieser Sicht fehlt indes unweigerlich die höhere Instanz; gerade Wust bringt die Sache auf den Punkt, indem er erkennt, dass ein Humanismus losgelöst von Gott nicht lange bestehen kann. Aus diesem Grunde ist für Wust jedwede Form der Humanität sehr eng mit dem Christentum verwoben.

3. Christliche Humanität Aber lassen wir Wust selbst sprechen und ihn das „große Menschheitsideal

der Humanität“ untersuchen7: Humanität stellt für Wust nicht nur nicht Tugend oder sittlichen Wert dar, sondern vielmehr einen Idealzustand der Menschheit. Dieser Zustand ist von Anfang an im Menschen vorhanden, ja er ist angeboren.

4 Peter Wust, Philosophisches Lesebuch, Walter Rest (Hg.), Münster 1984, S. 55-56.

5 Bernd Philippi, Der philosophische Mensch: Offener Brief an Peter Wust, in: Begegnung mit

Peter Wust, 1984, S. 111. 6 Peter Lorson, Märchen mit schmerzlichen Konflikten, in: Begegnung, S. 58 ff.

7 Peter Wust, Philosophisches Lesebuch, S. 55-56.

Thomas Gergen

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Denn in der Erbmasse schlummert, umhüllt von der Körperlichkeit, das „Erbgute“ als eigentlich natürlicher Geistesbesitz des Menschen.

Dass sich Wust deutlich für den Humanismus mit Gott entscheidet, bezeugt seine Aussage, dass Humanität ein persönliches Geschenk Gottes ist, sozusagen ein „Stück Gott“. Gott hat dem Neugeschaffenen einen Teil seiner ihm eigenen Humanität abgegeben und übertragen. Dabei steht Gott als Instanz der Gerechtigkeit und Liebe in Person, der etwas Unbedingtes, Unantastbares, ja Heiliges zugesprochen wird. Da der menschenfreundliche Gott seine Geschöpfe mit Humanität bedacht hat, gibt er ihnen eine Chance, diese „inhumane“ Welt zu überstehen oder gar selbst zu humanisieren.

Schließlich betrachtet Wust die Humanität als sich zu eigen gemacht, sobald der Mensch seine Kindheit durch alle Stürme des Lebens hindurch aufrecht erhält und verficht. Eigene Freiheitsbestrebungen sind für die Humanität bedrohlich, denn je mehr Freiheiten erreicht werden – so notwendig sie für den Lebensfortgang sein mögen –, desto mehr entschwindet die Makellosigkeit und die kleine überschaubare Welt der Kindheit.

Wir missverständen Wust jedoch, wenn wir ihm unterstellen wollten, er sei gegen die Freiheitsbestrebungen innerhalb der Entwicklung des Menschen. Natürlich können diese gefährlich sein, weil mit ihnen ein Stück weit die reine Kindheit aufgegeben wird. Aber sie sind das tägliche Brot des Fortschritts und des Forschungsdrangs des Menschen und für die Ausbildung des persönlichen Humanitätsbegriffs wiederum unerlässlich. Daher warnt Wust lediglich davor, die Humanität in den Wirren des Lebens zu vergessen und fordert zur stetigen Entdeckung und Bewahrung der Kindheit auf.

Für Wust ist Humanität nichts Abstraktes, Humanität sogar erfahrbar. Sie wird etwa dadurch greifbar, dass z.B. ein Kind sehr leicht verzeihen kann und durch seine ausstrahlende Milde bereit ist, anderen etwas abzugeben und mit ihnen zu teilen. Auch kann ein Kind gerade dank seiner Aufrichtigkeit genau das sagen, was es gerade zuvor gedacht hat. Im Erwachsenenleben dagegen sind diese Tatsachen eine Seltenheit, weil man sich durch Lügen und Schmeicheln sehr oft gewinnbringende Vorteile verspricht oder denkt, dass das Teilen nicht weiterbringt. Mit seinem Humanitätsbegriff setzt sich Wust gegen eine technisierte Welt durch, in der Kindheit und Humanität sowie das Stellen der Sinnfragen des Lebens gänzlich verschwinden. Die Flucht in die „erwachsene“ Welt, die durch grenzenlose Freiheit und technische Möglichkeiten die „unmündige“ Kindheit verdrängen will, beseitigt nicht zuletzt die erfahrbare Humanität des Alltags.

4. Kindheit und Humanität Mit dem Bild des unbeschwerten, sorgenfreien, gefahrlosen Kinderdaseins,

das in Reinheit und Unbescholtenheit sowie unbefangener Freiheit und Aufrichtigkeit aufgeht, macht Wust sein Humanitätsbild konkret erfahrbar, denn dann wird Humanität sichtbar, hörbar und sogar fühlbar. Mit der Kindheit legt uns Wust den lächelnden Kindermund, das herzhafte, vertrauensselige, ungekünstelte Lachen sowie den warmen, angenehmen Druck einer winzigen Kinderhand nahe. Diese Hand ist noch unverdorben und zur friedvollen Geste bereit. Kindheit kennt Verrohung, Unbarmherzigkeit, Konfrontation, Korruption und Kälte noch nicht. Ihr sind weder der dem Menschen inne wohnende Egoismus noch der ständige Lebenskampf um Achtung, Ehre und Ansehen

Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust

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geläufig. Da die zarte und zerbrechliche Kindheit und mit ihr die Humanität im Lebenskampf und den zunehmenden Alltagsproblemen zu schwinden drohen, müssen beide sorgsam behütet und gepflegt werden, denn beide können leicht wie eine wehrlose Frühlingsblume vom Winter des Alltags überrascht werden. Genauso wie die Humanität in Gefahr ist, muss das Individuum sich zurückbesinnen und sein privates, ihm von Gott übertragenes Geschenk verteidigen. Denn Humanität stellt das „Erbgute“, den Hauptinhaltsstoff unserer Kindheit, reinste Menschlichkeit und das vom Schöpfer gegebene Menschliche dar, das er uns ganz konkret durch seine unermessliche Liebe stiftet.

Wusts Intention steckt im Ergreifen der Chance, diese Humanität aufzubewahren, damit sie immerfort hervorgeholt werden kann; so können der Jugendliche, der Erwachsene und der Greis den Ursprung der Gottheit in Gestalt der Humanität immer wieder neu erfahren und bis zu ihrer Lebensquelle zurückverfolgen. Dadurch, dass der Mensch ein Leben lang, jedes Mal von Neuem, zu seinem Ursprung zurückgeführt wird und auf diese Weise seine eigene Geschichte begreift, wird er immer mehr zum Eigentümer seiner persönlichen Humanität, ja er kann sein Leben mit Hilfe der erworbenen Humanität ausgestalten und die unbegrenzte und raumlose Humanität seines Gottes erfahren.

Der entschiedene, engagierte, auf die Liebe Gottes bauende Humanist ist auf diese Weise fähig, Gleichgültigkeit, Resignation, Hass und Hoffnungslosigkeit zu überwinden.

5. Humanität in Güte und Liebe Der Humanitätsbegriff Wusts reicht aber noch weiter als die reinste

Menschlichkeit, bleibt also nicht bei dem heute fast verbrauchten Begriff der fast übertriebenen und gewissermaßen gekünstelten Menschlichkeit stehen. Nein, er erfährt seinen Höhepunkt im „Reich ewiger Liebe und Güte“. Der Quell der Humanität fließt ewig. Damit perpetuiert Wust gleichsam Menschlichkeit, also Güte und Liebe zugleich.

Zweifellos ist mit Güte mehr gemeint als bloße Freundlichkeit, mit Liebe mehr als pure Leidenschaft. Güte und Liebe (philia) beinhalten einen nie versiegenden Schatz an Bekundungen der Freundschaft dem Nächsten gegenüber dergestalt, dass der Nächste – genauso wie Gott uns selbst achtet – als mit Würde ausgestatteter Mensch akzeptiert und wertgeschätzt wird. Diese Sicht zeichnet Wust als besonderen Philanthropen aus, weil Menschenachtung, Respekt und Werthaftigkeit der Persönlichkeit vollends gefordert und an den ersten Platz der Werteskala gerückt werden. Dazu gehört unbedingt das Ehrgefühl vor der Humanität des anderen und die Achtung des Anspruchs, den der Nächste erhebt, damit auch seine Humanität, die er sich selbst genauso aufbauen und erhalten und im Lebenskampf gegen die Freiheiten verteidigen muss, gewahrt bleibt.

6. Christliche Humanität in Rechts- und Gesellschaftsordnung Der Rechts- und Staatsphilosoph Gustav Radbruch, der in der Weimarer

Republik ebenfalls Reichsjustizminister war, berichtet in seiner „Rechtsphilosophie“, dass ein Unteroffizier einmal gesagt habe: „Leute, ich

Thomas Gergen

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nehme ja alle erdenkliche Rücksicht auf Euch, aber in Humanität darf das doch nicht ausarten!“8

Dass der Humanitätsbegriff hier ironisch gebraucht und ins Lächerliche gezogen wird, braucht man wohl nicht zu erörtern. Denn er meint nur unnötigen Formalgram und das Zeigen von geheuchelter Menschlichkeit, die gerade in der Härte der Kriegszeit fehl am Platz waren. Im Zusammenhang mit der geäußerten Rücksichtnahme kann der Humanitätsbegriff dieses Zitats allenfalls noch die Steigerung dieser Rücksichtnahme bedeuten und in eine positive geistige Gesinnung einer wohlwollenden Verhaltensweise interpretiert werden.

Ein solches Verständnis des Humanitätsbegriffes hat natürlich in Rechts- und Staatsphilosophie nichts verloren, geschweige denn in einer von christlicher Humanität geprägten Rechts- und Gesellschaftsordnung. Zum Gebot der Humanität zählt nämlich die Pflicht, das Menschsein und die Werte aller Menschen als Persönlichkeiten zu achten, wobei eine bloße, einfache Rücksichtnahme lediglich der Beginn in der Sicht- und Verhaltensweise des Menschen darstellen sollte.

Das Humanitätsgebot, das man bei Peter Wust findet, bedeutet, dass nicht nur jeder selbst für die Bewahrung seiner Humanität verantwortlich zeichnet, um den angebotenen „Freiheiten“ zu trotzen. Humanität hat auch das Ziel, die Chance wahrzunehmen, in gegenseitiger Achtung ein gesteigertes Maß an Verantwortung für die Erhaltung und Ausbildung der Humanität des Nächsten zu übernehmen. So wird Rücksichtnahme bezüglich der Humanität des Nächsten zum Gesellschaftsauftrag und zur Voraussetzung einer humanen Gesellschaftsordnung. Ohne sie ist wiederum die Praxis der Menschenrechte in einer humanen Rechtsordnung unmöglich. Im Prinzip der Humanität liegt damit ein selbstständiger Leitgedanke des Rechts und seiner Ordnung9. Diese spezifische Humanität des Rechts wurde in der Rechtsphilosophie bereits in einen rechtstheologischen Rahmen eingeordnet: Der Mensch, der im Gottesverhältnis der „Personalität“ steht, nimmt an der Rechts- und Gesellschaftsordnung im Nächstenverhältnis der „Solidarität“ auf dem Boden des „Nächstenrechts“ teil10.

Mit dem umfassenden Humanitätsbegriff Peter Wusts sind wir auf einer Ebene angelangt, die den Menschen lebenslang fordert und auf seine ihm von Gott gegebene Humanität verpflichtet.

Diese Aufgabe ist sowohl im kleinen Bereich (Familie) als auch im großen Wirkkreis (die gesamte Rechts- und Gesellschaftsordnung) ein hehres Ziel; sie ist deshalb so schwer praktikabel, weil Wust damit vornehmlich eins gemeint hat: den Auftrag zur täglichen Umsetzung des Gebots der christlichen Nächstenliebe.


8 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Auflage, Erik Wolf/Hans-Peter Schneider (Hg.),

Stuttgart 1973, hier: Gustav Radbruchs Leben und Werk, S. 44. 9 Vgl. z.B. Alessandro Baratta, Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, in:

Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie ARSP 45 (1959), S. 505-537 (516); Erik Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung, 3. Auflage, Karlsruhe 1964, S. 191 ff. 10

Erik Wolf, Recht des Nächsten. Ein rechtstheologischer Entwurf, 2. Auflage, Frankfurt a.M. 1966; ders., Rechtstheologische Studien, Frankfurt a.M. 1972, S. 138-159; Hans-Peter Schneider, Gustav Radbruchs Einfluss auf die Rechtsphilosophie der Gegenwart, in: Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 370.

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A CICERÓI ÁLLAMBÖLCSELET ÉS A MODERN POLITIKAI TANOK

Gábor HAMZA*

Gábor Hamza (2013): “A cicerói állambölcselet és a modern politikai tanok”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). En línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/marco-tulio-ciceron.html

RESUMEN: Reflexiones de síntesis sobre la importancia de Marco Tulio Cicerón dentro del pensamiento político y las sugerencias que se derivan de sus obras, y el valor con que fue considerado en la Edad Moderna. No hay un contenido social en su pensamiento. PALABRAS CLAVE: Cicerón, Platón, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau Gábor Hamza. RESUM: Reflexions de síntesis sobre la importància de Marc Tuli Ciceró dins del pensament polític i els suggeriments que es deriven de les seves obres, i el valor amb que va ser considerat en l'Edat Moderna. No hi ha un contingut social en el seu pensament. PARAULES CLAU: Ciceró, Plató, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Gábor Hamza.

1. A cicerói állambölcselet jelentőségének, súlyának megítélését illetően1 távolról sincs nincs egyetértés, konszenzus a politikaelmélet, politikatudomány és az állambölcselet kiemelkedő alakjai, művelői körében. Nézetünk szerint ennek oka döntően abban a tényben keresendő, hogy az igen szerteágazó, sőt kivételesen gazdag Corpus Ciceronianum (opulentia Tulliana) államelméleti tanulságainak vizsgálata igen gyakran csupán sztereotípiák vagy egyenesen közhelyek (loci communes) ismétlésére szorítkozik. Marcus Tullius Cicero állambölcselet (államelmélet) szempontjából kiemelkedő jelentőségű munkáinak, dialógusainak, szónoklatainak elemzését ‒ gondolunk itt elsősorban a De oratore, a De re publica és a De officiis dialógusokra ‒ legtöbbször a kizárólag filozófiai oldalról történő megközelítés jellemzi. Igen gyakran túlzott mértékben is háttérbe szorul a történeti, gazdasági, pszichológiai és a jogi megközelítés, elemzés.

A cicerói állambölcselet tengelyében lévő kevert alkotmány, a mikté politeia sajátosságainak analízise legtöbbször, vagy legalábbis gyakran csupán felületes elemzés tárgya. Figyelmen kívül marad az a rendkívül jelentős körülmény, hogy Cicero a De re publica-ban ‒ ellentétben Platónnal ‒ nem csupán az állam, a res publica filozófiai alapokon nyugvó teóriáját dolgozza ki, hanem elméletét konkrét módon alkalmazva az államot, éspedig annak ideális

* Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). e-mail: gabor.hamza@ajk. elte. hu 1 El presente artículo destinado, en principio, al homenaje a Adhémar Esmein, se publica en la

presente revista periódica, ya que para el homenaje propiamente dicho ya el autor había mandado otra colaboración distinta [Nota de la redacción].

Gábor Hamza

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formáját, az optimus status civitatis-t Róma, tehát saját állama történelmi realitásában meg is találja. Összekapcsolja ilyen módon Cicero a ratio-t és a res-t, megteremtve ilyen módon az idea és a történelem összhangját, egységét. E rendkívül jelentős gondolat értékét a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolja az, hogy Marcus Tullius Cicero kétségtelenül eklektikus gondolkodó volt, és nem volt következetes képviselője egyik iskolának, irányzatnak sem. Nézetünk szerint ez a tény nagymértékben segítette a jeles római államférfit egy olyan állambölcselet alapjainak kimunkálásában, amely hatással lehetett az évszázadokkal, sőt a csaknem évezredekkel későbbi európai és Európán kívüli politikai gondolkodásra és állambölcseletre is.

2. Cicero állambölcseletét a rendszerben, szisztémában való gondolkodás jellemzi. A De oratore-ben azt vizsgálja, hogy milyen módon, milyen nevelés révén válhat valaki az állam ideális polgárává. A De re publica-ban, mely dialógust Wilhelm Dilthey a világirodalom (a goethei értelemben vett „Weltliteratur”) egyik legszebb prózai alkotásának nevezett, az ideális államot, az optimus status rei publicae-t elemzi. A De officiis-ben pedig az államot az etika (erkölcs) oldaláról veti alá átfogó elemzésnek. Az állam több síkon történő analízise természetesen nem változtat azon, hogy Cicero is, hasonlóan a klasszikus ókor, görög-római antikvitás állambölcselőihez, az államot elsősorban az államforma oldaláról vizsgálta. Ilyen értelemben állambölcselete, politikai gondolkodása elválaszthatatlanul összekapcsolódik, egybefonódik az államformatannal. Ez természetesen eltérést jelent a modern állambölcselettől, amely az állam parlamentáris-demokratikus formáját feltételezve, pontosabban azt alapnak, bázisnak tekintve, az államformatannak másodlagos jelentőséget tulajdonít.

Cicero állambölcseletében kiemelkedő szerepet kap továbbá a hagyományon, tradíciókon alapuló értékek hangsúlyozása. Ehhez szorosan kapcsolódik, nyilvánvalóan elsősorban legitimációs funkcióval, Róma alapításának kiemelése, melyben a divinum és a humanum elemei szerves, organikus egységet alkotnak. Ez azonban kétségtelenül szükségszerű eleme a cicerói állambölcseletnek, amit magyaráz és indokol az a tény is, hogy a római politikai-állami élet gazdag fogalomtára, így például az auctoritas, a traditio, a religio, a lex az alapítás kiemelkedő, misztikus elemekkel átszőtt ténye nélkül egyszerűen érthetetlen. halicarnassosi Dionysios Kr. e. 7-ben keletkezett római Archaeologiájában /5.54.1./ Róma alapítását és felemelkedését, nagyságát, a világtörténelemben betöltött kiemelkedő szerepét a theia pronoia-ra (divina providentia) vezeti vissza.

3. A XX. század második felében Hannah Arendt a modern kori forradalmak

ideológiai alapjainak elemzése kapcsán mutatott rá arra, hogy milyen komoly formában támaszkodik a római történelem az alapítás eszméjére. Az Urbs condita ideája Cicerónál a "res publica constituenda" koncepcióban jut a legszemléletesebb módon kifejezésre. A res publica rekonstrukciójának lényege az antik közszellem rekonstruálása, amelyben bizonyos mitikus elemek is szerepet kapnak. Erre mutat a De re publica-ban /Somnium Scipionis/ Africanus felszólítása az unokához, hogy váljék dictator rei publicae constituendae-vé.

A mítoszteremtést nézetünk szerint el kell választani a történetietlen szemléletmódtól, mivel attól szerepét tekintve különbözik. A modern alkotmányjog művelői tudományágukat igen gyakran történetietlen, ahistorikus

A cicerói állambölcselet és a modern politikai tanok

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módon művelik. Az evolucionista szemlélet számos alkotmányjogásznál csak másodlagos szerepet kap, még abban az esetben is, ha ez első látásra talán nem is szembetűnő. A történelem számunkra igen gyakran csak egyfajta „adattár” szerepét játssz, tölti be. A történelemből vett adatokra, eseményekre való utalás nem egyszer puszta rétorikai „fogássá” változik számos szerzőnél. Az illusztráció szerepére korlátozódó, pontosabban korlátozott történelem ilyen módon nem válik, nem válhat az állambölcselet szerves részévé.

4. Ez azonban nézetünk szerint nem új, modern, korábban nem ismert

jelenség. A pszeudo-történelem felfogás nyomai éppenséggel Marcus Tullius Cicerónál is kimutathatók. Vonatkozik ez elsősorban Cicero oratióira. Ezekben ugyanis a cél a mindenáron való meggyőzés /to peithein/, amely latin terminológiával élve a "movere"-t és a "docere"-t egyaránt magában foglalja. Ehhez járul még a hallgatóság figyelme lekötésének szükségessége, amely a "delectare" elemmel egészíti ki a fentiek alapján kettős tartalmú "to peithein"-t. A történelmi példákra történő gyakori hivatkozás azonban még nem jelent koherens történelemszemléletet. A történelmi példák keresése és az azokra való hivatkozás egyszerűen az "exempla trahunt" közmondás adaptálása, s nem pedig történelemszemlélet.

A mítoszteremtés vagy annak kísérlete funkcióját tekintve különbözik a történetietlen, ahistorikus megközelítéstől. Talán nem érdektelen ebben az összefüggésben a XIX. század második felének liberális ideológiájára hivatkozni, amely az államilag szervezett társadalmat a népszuverenitásra hivatkozva lényegében ugyanolyan módon kísérelte meg létrehozni, mint Cicero, aki a De re publica-ban a res publica-t a res populi-val azonosította. A liberális eszmékre utalva írja a kiemelkedő politikus (államférfi) és római jogász, Vittorio Scialoja, hogy azok szinte egész Európában az állampolgár és az állam közötti szoros kapcsolat megteremtésének feltétlen szükségességét fogalmazzák meg. A nép és az állam közötti kapcsolat ‒ Vittorio Scialoja nézete szerint ‒ kezd szorosabbá válni, és ezt a folyamatot az államnak törvényhozás útján minden eszközzel erősítenie kell. Cicero közvetítésével a római állam, pontosabban az "optimus status rei publicae" a liberális politikai ideológia számára paradigmává válik.

5. Róma, a római állam, vagy más megfogalmazásban a római alkotmány más gondolkodóknál is mítosz illetve prófécia alapja. Az Amerikai Egyesült Államok (USA) alkotmányának, alkotmányos rendjének kidolgozásában kiemelkedő, sőt egyenesen döntő részt, szerepet vállaló John Adams szerint a római alkotmány paradigmatikus jelentőségű, mivel az teremtette meg a legnemesebb népet és a legnagyobb hatalmat, amely az emberiség történetében valaha is létezett. A Francia Polgári Forradalom egyik fő, kiemelkedő ideológusa, Saint Just szerint a világ üres a rómaiak óta, s azt csak az ő emlékük tölti be, amely ma /ti. Saint Just korában H. G.)/ a szabadság egyedüli jövendőmondója. A római állam és a római alkotmány azonban nem csupán mítoszalkotó szerepénél fogva lehet példaértékű a modern állambölcselet számára. A római res publica éppen Cicero eklektikus filozófiai, etikai és politikai gondolkodása révén válhatott paradigmatikus jelentőségűvé a klasszikus (görög-római) antikvitásban éppúgy, mint évszázadokkal később, a reneszánsz korában vagy éppen a modern korban.

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Kétségtelen tény az, hogy Cicero állambölcselete számos olyan elemet tartalmaz, amely Platón és Aristotelés alapján már ismert. A leglényegesebb különbség Platón és Aristotelés állambölcselete és Ciceró állammal és társadalommal kapcsolatos nézetei között az, hogy Cicero félreérthetetlenül valamennyi ember alapvető egyenlőségét feltételezi. Cicero e feltételezésének döntően két vonatkozása van. A nagy római politikus, jogtudós és gondolkodó abból indul ki, hogy valamennyi ember egyenlő mértékben részesedik abban az isteni bölcsességben, amely megváltoztathatatlan és örök törvényként a kozmoszt irányítja. Minden embernek mintegy természeténél fogva adott képessége az, hogy a helyeset felismerje és ennek a felismerésnek szellemében cselekedjen.

6. Ez a kétségtelenül optimista feltevés a filozófus Platón számára teljes

mértékben, Aristotelés számára pedig nagymértékben elfogadhatatlan lett volna. Cicero egyenlőség-elméletének mások eleme az, hogy valamennyi ember, etnikumától és társadalmi helyzetétől függetlenül ugyanazt a jogállást élvezi. Ezzel a koncepcióval nyilvánvalóan nem összegyeztethető Aristotelésnek az idegen és a rabszolga jogállásával kapcsolatos felfogása. Az egyenlőség az embernek, pontosabban a civis Romanus-nak az állammal való kapcsolata körében is jelentkezik, amit Georg Jellinek igen szemléletes módon és találóan így fogalmaz meg: "Der Römer ist auch dem Staat gegenüber Person" /Allgemeine Staatslehre, 3. kiad. 1966. 314. o./. Cicero számára az ideális állam, a fenti koncepcióból is következően nem egy csupán organikus egységet alkotó és rendek alapján tagolódó, lényegében autarkhiára épülő kisállam /polis/, hanem valamennyi embert magában foglaló kozmikus méretű jogi közösség.

A cicerói állambölcselet fenti sajátos vonásai ellenére is megállapítható, hogy arra nagy hatással voltak Dikaiarkhos, Panaitios, és Polybios tanai. A mikté politeia, a kevert alkotmány cicerói ideája hellén illetve hellenisztikus gyökerekkel rendelkezik. Az irodalomban vitatott ennek a hatásnak a mértéke. Tagadhatatlan tény az, hogy Cicero organikus-biologikus szemléletben fogant állambölcselete szintetizáló jellegű. A peripatetikus Dikaiarkhos Görögországra nézve fejtette ki ezt a nézetet, míg Polybios a Historiai VI. könyvében világtörténeti vonatkozásban tartotta alkalmazhatónak e felfogást.

A cicerói államfelfogás szintetizáló jellege mellett szóló körülmény az is, hogy Polybios nézete szerint a mikté politeia részeit képező demokratikus, arisztokratikus és monarchikus elemek egymást kölcsönösen feltételezik és ellenőrzik. A mikté politeia, miként erre az irodalomban többek között Horst Braunert utal /Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen Antike. Gesammelte Aufsätze und Reden. Stuttgart, 1980./, legalábbis részben a hellenisztikus államokban is ‒ tehát nem csupán Rómában ‒ megvalósult. A demokratikus elemet az állam felségterületén található, viszonylagos autonómiával rendelkező polisok (városállamok), az arisztokratikus elemet pedig az ún. király barátai /philoi/, Egyiptomban a papság képezte. Nem kizárt nézetünk szerint az, hogy Cicero a kevert alkotmány római paradigmájának kidolgozása során tekintettel volt ezekre a Rómán kívüli történelmi tapasztalatokra, azaz nem csupán szellemi elődei absztrakt államelméletét vette figyelembe.


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7. Cicero számára központi jelentőségű a concordia ordinum, azaz a lovagrend és a senatus közötti egyetértés. A consensus Italiae feltételezi a lovagrend és a szenátori rend közötti egyetértést, hiszen enélkül elképzelhetetlen a társadalmi béke (pax). Cicero politikai gondolkodása szoros kapcsolatban áll a valósággal, tehát azt nem az elvont fogalmakban való gondolkodás jellemzi. Nála az ideális állam működésének nem egyedüli feltétele a mikté politeia, hanem ahhoz bizonyos társadalmi rétegek, csoportok közötti harmóniára is szükség van.

A concordia ordinum cicerói követelménye nézetünk szerint a ratio és a res, az idea és a társadalmi valóság integrálásának gondolatát tükrözi. A concordia ordinum-ot kiegészíti a consensus omnium bonorum, amely a homines tenues, a kisemberek consensusát is feltételezi, összhangban a fentebb más összefüggésekben már említett egyenjogúság követelményével. A res publica nem utolsósorban ennek révén válik res populi-vé /De rep. 1.25.39./.

A concordia ordinum és a consensus omnium bonorum biztosítja a római alkotmány módosításának lehetőségét feltéve, hogy annak consensus az alapja. Itt utalunk arra, hogy az Egyesült Államok alkotmányos rendszerének, alkotmányának kidolgozásában döntő részt vállaló Thomas Jefferson és James Madison között talán a legnagyobb egyetértés éppen az alkotmány flexibilitásának kérdésében volt, miként erre monográfiájában Koch utal /A. Koch: Jefferson and Madison. The Great Collaboration, New York, 1964./.

8. A mindenkire kiterjedő egyenjogúság gondolata erkölcsi megalapozásául

szolgál a római expanziónak, amit ilyen módon nem kizárólag az erősen apologetikus jellegű "Ut populi Romani res meliores amplioresque facerent" igazol. A cicerói államelméletben az állam a társadalomhoz azáltal is szorosan kapcsolódik, hogy a Kr. e. 63. év consula (Marcus Tullius Cicero) a családot "quasi seminarium rei publicae"-nek tekinti /De off. 1.54./. Hangsúlyozza ilyen módon, hogy az állam a gens-ekké váló családokra épül és fejlődésének alapját ezek a gens-ek képezik. A család kiemelkedő szerepet tölt be a tulajdoni viszonyok területén is, mivel a familia a gazdaság alapegysége. Az állammá alakulás döntő motívuma a tulajdon védelme, amelynek gyakorlója éppen a család, mint közösség. Az állam összetartó ereje a tulajdon /De off. 2.73./. Ilyen módon nagyon közel áll a cicerói felfogás John Locke nézetéhez, aki a tulajdon, a property védelmét szintén az állam egyik legfőbb feladatának tekinti.

A cicerói állambölcselet lényegi elemét alkotja továbbá a iuris consensus, amely az ideális res publica további tartópillére. A ius fogalma alatt azonban nem pusztán a tételes jogot (ius positivum) érti, hanem annak fogalmát kiterjeszti a ius naturae-re (ius naturale-ra) és az annak mértéke szerinti igazságosságra. Cicero továbbfejleszti a jog már Platónnál mutatkozó többfokozatúságának gondolatát, amennyiben a ius tartalmazza a lex positiva mellett a lex naturalis-t és a lex aeterna-t is. A ius naturae (ius naturale) sztoikus ihletésű, eredetű cicerói tana képezi alapját ‒ modern fogalommal élve ‒ a törvényhozó hatalom polgárok viszonylatában mutatkozó korlátozásának, mérséklésének. A cicerói doktrína nem csekély hatást gyakorol az újkor természetjogi tanára, amelyet ‒ tegyük hozzá, igen sajnálatos módon ‒ a XIX. században és a XX. század első felében a jogpozitivizmus szorít háttérbe, sőt egyenesen feledésbe.

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9. A consensus iuris mellett szerepel a communio utilitatis, amelyről mélyebb elemzés igénye nélkül is megállapítható, hogy az a különböző társadalmi csoportok, rétegek gazdasági motiváltságára utaló fogalom az állami együttélés körében. A communio utilitatis a társadalmi valóság figyelembevételének szükségességére utal, és egyúttal a cicerói állambölcselet realisztikus természetének bizonyítéka.

A cicerói status rei publicae-t a középkorban felváltja a status imperii illetve a status regni terminus technicus. A terminológiai változás tartalmi természetű módosulást jelent. A cicerói res publica nem azonos az imperiummal illetve a regnummal. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem csupán az államformatan területéhez tartozó terminológiai változásról van szó. Az imperium és a regnum egyértelműen hierarchikus természetű kapcsolatára utaló fogalmak, amelyek körében a cicerói optimus status rei publicae-t alkotó, fentebb vázlatosan elemzett elemeknek vajmi csekély súlyúk van.

Nem tulajdonítható pusztán a véletlen művének az, hogy Cicero népszerűsége a XVIII. században jut el tetőfokára. Ki kell emelnünk ebben a vonatkozásban Conyers Middleton kétkötetes, Ciceróról szóló, 1741-ben publikált munkáját /The History of the Life of Marcus Tullius Cicero/, amely korában valóságos bestseller. Voltaire, Montesquieu, Diderot és Rousseau ‒ aki Cicerót az ékesszólás hercegének nevezi ‒ körében Cicero éppúgy népszerű, mint az angoloknál, így Burke-nél, Hume-nál, Johnsonnál, Pittnél, Foxnál és Sheridannél.

10. A jeles politikus (államférfi) és társadalomfilozófus Marcus Tullius Cicero azonban már jóval korábban komoly hatással van a társadalombölcselet fejlődésére. Bodinre éppúgy hat, mint Grotiusra és James Harringtonra, az 1646-ban publikált Commonwealth of Oceana szerzőjére, vagy Hobbes-ra. Harrington tanítványai, John Neville és Algernon Sidney szintén gyakran hivatkoznak a Kr. e. 63-as esztendő consula munkáira. Azonban Cicero hatása e korban legnagyobb mértékben John Locke-nál figyelhető meg, aki őt, valószínűleg minden más szerzőnél többre értékelve, a "truly great men" között helyezi el.

A Cicero századának is tekinthető XVIII. században az amerikai konstitucionalisták (alkotmányozók) csakúgy, mint egy évtizeddel később a francia forradalom kiemelkedő képviselői, magukat a római köztársaság utódainak tekintve, náluk már láthatóan az államforma komoly szerephez jut, eszmei támogatást remélnek a művelt római államférfinál és pater patriae-nél abban a hatalmas munkában, amely egy új társadalmi rend kialakítását célozta. Marcus Tullius Cicero állambölcselete sajátos módon a konzervatív gondolkodókat éppúgy vonzza, mint a progresszív eszmék iránt elkötelezetteket. Edmund Burke éppúgy merít a gazdag és sokrétű cicerói életműből, mint Saint Just.

A konzervatív gondolkodók a hagyományokhoz való visszatérést tartják követendőnek a cicerói gondolatvilágban, a haladó, progresszív gondolkodók a zsarnokság feltétlen elutasításának gondolatát hangsúlyozzák. A cicerói állambölcselet joggal szolgál egyfajta interpretatio multiplex alapjául. Annak ugyanis az elkötelezett köztársaságpártiság, a libertas hirdetése, az önkényuralom elvetése, a mikté politeia, a magántulajdon sérthetetlenségének eszméje, az arányos szociális és politikai egyenlőség tana, a természetes arisztokrácia kissé homályos ideája és a mérsékelt, felvilágosult vallási és


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episztemológiai szkepticizmus egyaránt részét képezi. A válogatásra tehát igen bő lehetőség kínálkozik.

11. A filozófus Cicero megítélése lehet negatív, hiszen joggal fel lehet hozni ellene olyan vádakat, mint a középszerűség vagy az eklekticizmus. Ennek ellenére erősen túlzottnak tűnik Karl Marxnak ‒ igaz, a fiatal Marxnak ‒ 1839-ből származó igen különös megállapítása, mely szerint Cicero éppoly keveset tudott a filozófiáról, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok elnökéről. Tegyük hozzá, hogy ezt az egyértelműen negatív és igen túlzó megállapítást Marx annak ellenére teszi, hogy jól ismerte, vagy legalábbis felhasználta a De re publica-t, a De legibus-t és a De officiis-t. Karl Marx nyilvánvalóan azért volt ilyen szigorú Cicero iránt, mert a Kr. e. 63-as év consula nem volt híve az aritmetikai társadalmi egyenlőségnek, nem harcolt a rabszolgaság ellen, korának gyermekeként lebecsülte a fizikai munkát és gazdasági kérdésekben az agrárius prekapitalista nézetet vallotta.

A politikus, államférfi Marcus Tullius Cicero negatív megítélésében Theodor Mommsen véleménye játszik, pontosabban játszott döntő szerepet, aki ‒ szemben a számára az ideális politikusnak illetve államférfinak tekintett Julius Caesarral ‒ mint határozatlan, másodrangú politikus a cursus honorum valamennyi stációján. Nem hallgathatjuk el természetesen a Zielinski nevéhez fűződő rehabilitáció tényét, melyre 1908-ban került sor, a "Cicero im Wandel der Jahrhunderte" című, igen széles körben ismertté váló munka publikálásával.

12. Rehabilitálásra szorul Marcus Tullius Cicero mint állambölcselő, hiszen Sir Frederick Pollock 1890-ben közzétett "Introduction to the History of the Science of Politics" című munkájában így ír: "Nobody that I know of has yet succeeded in discovering a new idea in the whole of Cicero's philosophical and semi-philosophical writings" Pollock nyomán haladva Mulford Q. Sibley 1970-ben kiadott "Political Ideas and Ideologies: A History of Political Thought" című munkájában így fogalmaz: "Cicero was neither an original nor a particularly profound social and political thinker".

Cicero, mint állambölcselő rehabilitálása nem csupán azért indokolt, mert oly nagy hatással volt az európai kontinensen éppúgy, mint az észak-amerikai brit kolóniákon illetve az Amerikai Egyesült Államokban a modern alkotmányok megalkotóinak gondolkodására, hanem azért is, mert kétségtelenül ő az első olyan gondolkodó a klasszikus (görög-római) antikvitásban, aki képes volt a társadalommal több ponton összekapcsolt állam átfogó meghatározására.

Marcus Tullius Cicero elsőként különböztette meg az államot a kormányzástól és ugyancsak elsőként fordított komoly figyelmet a kormányzati (államépítő) munka gazdaságpolitikai elemeire, így a hitel, az adózás, az adósság elengedés, a gabonaosztás, a földreform és az agrár-kolonizáció kérdéseire. Elsőként vizsgálta együttesen az alkotmányos állam ‒ maga az „alkotmány” szó, terminus technicus is mint erre Georg Jellinek utal az alkotmányjogi irodalomban, a cicerói "rem publicam constituere" kifejezésből származik ‒ gazdasági, jogi, politikai és morális elemeit. Ez a szemlélet kétségtelenül idegen volt a görög (hellén) filozófusoktól, így Platóntól csakúgy, mint Aristoteléstől. Az állam gazdasági szerepével pedig jó másfélezer évvel később foglalkozik csak Jean Bodin, akit később John Locke követ ezen az úton.

Gábor Hamza

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13. Az állam atomizáló, parciális szemléletével radikális módon szakító Marcus Tullius Cicero olyan univerzális, egyetemes műveltség (enkyklios paideia) birtokában lévő mély gondolkodó, aki az államot (res publica) és annak legtágabban értelmezett alkotmányát, alkotmányos berendezkedését, struktúráját történeti, jogi, politikai, etikai, gazdasági és nem utolsósorban pszichológiai elemek átfogó, komplex természetű vizsgálatával elsőként tárta fel.

Recibido el 11 de octubre de 2013. Aceptado el 21 de octubre de 2013

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APROXIMACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ADULTOS Y DE MENORES DESDE UN

PRISMA SOCIAL COMO FASE PREVIA A UNA TRADUCCIÓN JURÍDICA

María Cristina TOLEDO BÁEZ y Verónica del VALLE CACELA

María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela (2013): “Aproximación a la protección de datos personales de adultos y de menores desde un prisma social como fase previa a una traducción jurídica”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). En línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/proteccion-datos.html

RESUMEN: La finalidad del presente artículo es aproximarnos a la legislación que tenemos a disposición en materia de protección de datos de adultos y de menores a nivel europeo, español y británico, siempre desde el punto de vista del traductor como parte de la documentación previa a una traducción. Con la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día, la protección de datos en internet se ha convertido en una cuestión de interés social, máxime si nos referimos a la protección de datos de menores. La protección de carácter personal constituye un asunto jurídico muy de actualidad en el que el conflicto entre la libertad de información y de tratamiento de los datos ‒junto con la libertad de expresión y la intimidad‒ emerge como uno de los grandes temas de nuestro tiempo y, además, provoca grandes y graves discrepancias doctrinales como consecuencia del hecho de que las tecnologías de la información y comunicación permiten nuevas maneras de injerencia en este ámbito protegido que no se habían planteado hasta la fecha. Por este motivo, se ha procedido a la realización de un análisis de Derecho comparado entre la Unión Europea, España y Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) a fin de llevar a cabo un encargo de traducción de documentos legales en torno a la protección de datos.

PALABRAS CLAVE: Protección de datos personales de menores, Traducción, Legislación, Unión Europea, España, Reino Unido.

ABSTRACT: The aim of this article is to study the legislation regarding children’s data protection in the European Union, Spain and United Kingdom from a translator’s perspective. As new technologies are introduced on a continuous basis in our daily lives, data protection on Internet has become a major social concern, particularly when it comes to children’s data protection, which takes on greater relevance. Data protection is a legal issue of the utmost topicality in which the conflict between freedom of information and data processing – along with freedom of expression and privacy– emerges as one of the great challenges of our time. Furthermore, it also leads to large and deep doctrinal discrepancies as a result of the fact that Information and Communication

Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, Facultad de Educación, Universidad de Murcia. [email protected]. Doctoranda del Programa de Doctorado en Literatura, Lingüística y Traducción, Universidad

de Málaga. [email protected].

María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela

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Technologies imply new forms of interference which had not thus far been addressed. As part of the documentation process prior to a translation, a contrastive analysis of the legislation in the European Union, Spain and United Kingdom (England, Wales, Scotland and Northern Ireland) is carried out.

KEY WORDS: Children’s data protection, Translation, Law, European Union, Spain, United Kingdom.

1. Introducción

A pesar de la variedad de escuelas y corrientes existentes en el campo de la

Traductología1, todas coinciden en un punto clave: traducir no se limita única y exclusivamente a trasvasar contenido de una lengua a otra, sino que implica la realización de otras muchas actividades, entre las cuales destaca la fase de documentación. De hecho, como plantea Mayoral Asensio2, “el trabajo de traducción es en gran medida un problema de documentación”.

En consecuencia, la capacidad para documentarse por parte del traductor, también denominada “subcompetencia heurística”3, “competencia profesional e instrumental”4 o “infocompetencia”5, posee, de acuerdo con Hurtado Albir6, un lugar central en el conjunto de destrezas o competencias que se le suponen al traductor.

Además, esta competencia cobra aún más relevancia en la traducción especializada, como es el caso que nos ocupa, ya que trabajaremos con textos de cariz jurídico. En este punto, hemos de señalar que coincidimos plenamente con Corpas Pastor y Solís Becerra cuando afirman que “toda traducción jurídica requiere un ejercicio previo de derecho comparado”7, más aún cuando no sólo se traduce entre lenguas, sino también entre ordenamientos jurídicos distintos, como en nuestro caso, entre el Derecho continental o civil law y el Derecho de origen anglosajón o common law.

En consecuencia, en las páginas posteriores, como parte de la fase documental de un encargo de traducción con temática jurídica, nos aproximaremos a la protección de datos personales de adultos y menores en la Unión Europea, España y Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del

1 Para un panorama completo sobre las distintas perspectivas dentro de la Traductología,

remitimos a A. Hurtado Albir, Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología, Cátedra, Madrid, 2001. 2 R. Mayoral Asensio, “La documentación en la traducción”, en J. De Agustín (ed.), Traducción,

interpretación, lenguaje, Fundación Actilibre, Madrid, 1994, p. 118. 3 G. Corpas Pastor, “La competencia traductora. A propósito del texto médico”, en C. Valero

Garcés e I. De la Cruz Cabanillas (eds.), Traducción y nuevas tecnologías. Herramientas auxiliares del traductor. Encuentros en torno a la Traducción 4, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2001, p. 39. 4 R. Rabadán y P. Fernández Nistal, La traducción inglés-español: fundamentos, herramientas,

aplicaciones, Servicio de publicaciones de la Universidad de León, León, 2002, p. 396. 5 D. Sales Salvador, Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una

disciplina, Ediciones Trea, Gijón, 2006, p. 13. 6 A. Hurtado Albir, “La enseñanza de la traducción directa ‘general’. Objetivos de aprendizaje y

metodología”, en A. Hurtado Albir (ed.), La enseñanza de la traducción, Universitat Jaume I, Castellón, 1996, p. 62. 7 G. Corpas Pastor y J. Solís Becerra, “El contrato de aprovechamiento por turno en España y

Reino Unido: un enfoque comparado”, en Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica, XXI-XXII (2005), p. 3.212.

Aproximación a la protección de datos personales de adultos y de menores

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Norte) mediante un ejercicio de Derecho comparado sobre la legislación en materia de protección de datos.

2. Protección de datos: definición, alcance y marco jurídico Con la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día, la

protección de datos en internet se ha convertido en una cuestión de interés social, máxime si nos referimos a la protección de datos de menores. La protección de carácter personal constituye un asunto jurídico muy de actualidad en el que el conflicto entre la libertad de información y de tratamiento de los datos ‒junto con la libertad de expresión y la intimidad‒ emerge como uno de los grandes temas de nuestro tiempo y, además, provoca grandes y graves discrepancias doctrinales como consecuencia del hecho de que las tecnologías de la información y comunicación permiten nuevas maneras de injerencia en este ámbito protegido que no se habían planteado hasta la fecha.

Antes de abordar la legislación sobre la protección de datos personales de adultos y menores, resulta preciso definir este concepto y para ello, recurriremos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que en su artículo 3.a) da el siguiente concepto de datos de carácter personal: “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Como puede constatarse, se trata de una definición amplia8, donde son dos los elementos esenciales: uno objetivo, la información, y otro subjetivo, relativo a la persona física. Tendrán, por tanto, la condición de dato personal no sólo el nombre, los apellidos, el número de afiliación, etc. de una persona física, sino “también imágenes, sonidos y voces”. En esta dirección apunta la definición de datos de carácter personal desarrollada por el artículo 5.1.f) del Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

A continuación, se realiza un análisis comparado del marco jurídico en materia de protección de datos en la Unión Europea, España y Reino Unido con el fin de señalar qué aspectos deberá tener presente un traductor que se enfrente a textos con esta temática o, incluso, a textos que, aunque no traten de forma explícita la protección de datos, por su contenido, sí lo traten de manera implícita. Por tanto, la fase de pre-traducción servirá para discernir los datos que podrán o no aparecer en un documento dependiendo de si dicho texto se publica en Reino Unido o España.

2.1.1. Marco jurídico en la Unión Europea En la Unión Europea contamos principalmente con la Directiva 95/46/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre la

8 Cabe mencionar de que para que la información sea considerada “datos personales” no es

necesario que esté recogida en una base de datos o en un fichero estructurado. También la información contenida en un texto libre en un documento electrónico puede calificarse de datos personales, siempre que se cumplan los otros criterios de la definición de datos personales. El correo electrónico, por ejemplo, contiene datos personales. Véase Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del consejo, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos Datos, aprobada el 24 de octubre de 1995.


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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la cual detalla en el artículo 3 en qué circunstancias se aplicará la misma:

«1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

2. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales:

- efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia penal;

- efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas».

Aunque en el artículo 13.1, también indica las limitaciones de las

obligaciones, si fuese necesario, para la salvaguardia de:

«a) la seguridad del Estado; b) la defensa; c) la seguridad pública; d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas; e) un interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales; f) una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen referencia las letras c), d) y e); g) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas».

Sin embargo, la Directiva 95/46/CE se aplica junto a otras como son la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio sobre el tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas que derogó la Directiva 97/66/CE y que a su vez, ha sido modificada por la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la conservación de los datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, o la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre que modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de consumidores.

Esta última directiva enumera en el artículo 5, uno de los más importantes, los datos que se podrán conservar:


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«a) datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación:

1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: i) el número de teléfono de llamada, ii) el nombre y la dirección del abonado o usuario registrado; 2) con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y

telefonía por Internet: i) la identificación de usuario asignada, ii) la identificación de usuario y el número de teléfono asignados a toda

comunicación que acceda a la red pública de telefonía, iii) el nombre y la dirección del abonado o del usuario registrado al que se le

ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono;

b) datos necesarios para identificar el destino de una comunicación: 1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: i) el número o números marcados (el número o números de teléfono de

destino) y, en aquellos casos en que intervengan otros servicios, como el desvío o la transferencia de llamadas, el número o números hacia los que se transfieren las llamadas,

ii) los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios registrados; 2) con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: i) la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o de los

destinatarios de una llamada telefónica por Internet, ii) los nombres y direcciones de los abonados o usuarios registrados y la

identificación de usuario del destinatario de la comunicación; c) datos necesarios para identificar la fecha, hora y duración de una

comunicación: 1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: la fecha y hora

del comienzo y fin de la comunicación, 2) con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y

telefonía por Internet: i) la fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a

Internet, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del Protocolo Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una comunicación, así como la identificación de usuario del abonado o del usuario registrado,

ii) la fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de correo electrónico por Internet o del servicio de telefonía por Internet, basadas en un determinado huso horario;

d) datos necesarios para identificar el tipo de comunicación: 1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: el servicio

telefónico utilizado, 2) con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet:

el servicio de Internet utilizado; e) datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los

usuarios o lo que se considera ser el equipo de comunicación: 1) con respecto a la telefonía de red fija: los números de teléfono de origen y

destino, 2) con respecto a la telefonía móvil:


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i) los números de teléfono de origen y destino, ii) la identidad internacional del abonado móvil (IMSI) de la parte que efectúa

la llamada, iii) la identidad internacional del equipo móvil (IMEI) de la parte que efectúa

la llamada, iv) la IMSI de la parte que recibe la llamada, v) la IMEI de la parte que recibe la llamada, vi) en el caso de los servicios anónimos de pago por adelantado, fecha y

hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (el identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

3) con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet:

i) el número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números,

ii) la línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación;

f) datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil:

1) la etiqueta de localización (identificador de celda) al comienzo de la comunicación,

2) los datos que permiten fijar la localización geográfica de la celda, mediante referencia a la etiqueta de localización, durante el período en el que se conservan los datos de las comunicaciones.

2. De conformidad con la presente Directiva, no podrá conservarse ningún dato que revele el contenido de la comunicación».

2.2. Marco jurídico en España En España, la principal norma es la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de

diciembre de protección de datos de carácter personal (LOPD) donde nos encontramos con los dos primeros apartados del artículo 4 que nos señalan que:

«1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos».

Se intenta garantizar con este artículo que la información personal que la

persona ceda, no sea usada de manera fraudulenta. Sin embargo, para que esta información sea legalmente adquirida y usada, el artículo 5 dispone que se debe informar:

«a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas. c) De las consecuencias de la obtención de


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los datos o de la negativa a suministrarlos. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante».

Además, se debe tener en cuenta que la LOPD será aplicada según reza en

el artículo 2.1:

«a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento; b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público; c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito».

En el mencionado artículo, también nos indica los casos en los que no se

aplicará la ley así como los que, por sus características especiales, se rijan tanto por la LOPD como por otra normativa. No obstante, el intercambio de datos fuera de España también se contempla en la LOPD. Concretamente, el artículo 33.1, reza:

«No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas».

Sin embargo, en España, también se debe tener presente la Ley 25/2007 de

18 de octubre sobre la conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, en cuyo artículo 5 se nos indica que el periodo máximo de conservación de datos personales será de 12 meses, pudiendo reducirse a 6 meses o ampliarse a 2 años según el caso. Sin lugar a dudas, esta información junto a los datos que se recopilan son dos de los puntos que más interesan a nivel social y que, como se puede comprobar, siguen las directivas de la Unión Europea en esta materia.

Tampoco se pueden discriminar otras normas como son el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD o el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica.

2.3. Marco jurídico en Reino Unido (Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte) En lo que concierne al Reino Unido, la norma que se aplica es la Data

Protection Act de 1998, que tiene validez en todo el territorio y que abarca todos los aspectos de la protección de datos como, por ejemplo, los derechos y obligaciones de todos los actores que intervienen en el proceso.


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En esta ley se subraya que la aplicación de la norma se ciñe a los entes establecidos en Reino Unido como se explica en el artículo 5:

«(1) Except as otherwise provided by or under section 54, this Act applies to a data controller in respect of any data only if‒

(a) the data controller is established in the United Kingdom and the data are processed in the context of that establishment, or

(b) the data controller is established neither in the United Kingdom nor in any other EEA State but uses equipment in the United Kingdom for processing the data otherwise than for the purposes of transit through the United Kingdom.

(2) A data controller falling within subsection (1) (b) must nominate for the purposes of this Act a representative established in the United Kingdom.

(3) For the purposes of subsections (1) and (2), each of the following is to be treated as established in the United Kingdom‒

(a) an individual who is ordinarily resident in the United Kingdom, (b) a body incorporated under the law of, or of any part of, the United

Kingdom, (c) a partnership or other unincorporated association formed under the law of

any part of the United Kingdom, and (d) any person who does not fall within paragraph (a), (b) or (c) but maintains

in the United Kingdom‒ (i) an office, branch or agency through which he carries on any activity, or (ii) a regular practice; and the reference to establishment in any other EEA State has a

corresponding meaning».

No obstante, también hay varios apartados dedicados a la transferencia de

datos entre países, siendo el apartado octavo del Schedule 1 el que refleja de manera más general, las condiciones que deben darse para que el intercambio de información esté dentro de la legalidad británica:

«Personal data shall not be transferred to a country or territory outside the European Economic Area unless that country or territory ensures an adequate level of protection for the rights and freedoms of data subjects in relation to the processing of personal data».

Si bien, se deberá tener en cuenta dos normas más como son la Consumer Protection (Distance Selling) Regulations de 2000 nº 2334, la cual fue modificada en 2005 y la Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations de 2003 nº 2426. En varios apartados del artículo 7 de esta última norma, se enumeran algunas opciones para la eliminación o cancelación de los ficheros con datos personales:

«(1) Subject to paragraphs (2) and (3), traffic data relating to subscribers or users which are processed and stored by a public communications provider shall, when no longer required for the purpose of the transmission of a communication, be‒

(a) erased; (b) in the case of an individual, modified so that they cease to constitute

personal data of that subscriber or user; or


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(c) in the case of a corporate subscriber, modified so that they cease to be data that would be personal data if that subscriber was an individual.

(2) Traffic data held by a public communications provider for purposes connected with the payment of charges by a subscriber or in respect of interconnection payments may be processed and stored by that provider until the time specified in paragraph (5).

(3) Traffic data relating to a subscriber or user may be processed and stored by a provider of a public electronic communications service if‒

(a) processing and storage are for the purpose of marketing electronic communications services, or for the provision of value added services to that subscriber or user; and

(b) the subscriber or user to whom the traffic data relate has given his consent to such processing or storage; and

(c) such processing and storage are undertaken only for the duration necessary for the purposes specified in subparagraph (a)».

Tras estudiar la legislación en la Unión Europea, España y Reino Unido,

consideramos oportuno señalar las instituciones encargadas de informar y velar por el cumplimiento de la normativa en España y Reino Unido.

2.4. Agencia Española de protección de datos Se trata de un ente independiente cuyo principal cometido es que se cumpla

la normativa española en materia de protección de datos de carácter personal. Para ello, ofrece una serie de servicios como son de tipo informativo para todo aquel que tenga alguna duda sobre sus derechos, así como de tipo jurídico en los casos en los cuales se hayan vulnerado los mismos.

Además, a través de su página web9, se puede encontrar la legislación vigente en protección de datos a nivel estatal y autonómico en España, pero también viene recogida la legislación internacional: Unión Europea, Consejo de Europa, Iberoamérica, OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Naciones Unidas, junto a enlaces directos a instituciones de la misma índole en otros países.

Por tanto, este ente, cuyo estatuto se rige por el Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo es una herramienta esencial para entender la amplitud de la normativa antes señalada.

2.5. ICO (Information Commissioner’s Office) Al igual que la Agencia Española de Protección de datos, ICO es un ente

independiente encargado de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos en Reino Unido.

A través de su página web10 encontraremos toda la normativa británica, además de explicaciones sencillas sobre los derechos que toda persona tiene sobre sus datos personales, así como los pasos a seguir para poner una denuncia.

9 Véase la dirección de la AEPD. [En línea: http://www.agpd.es].

10 Para más información sobre la ICO, visítese su sitio web oficial [En línea puede verse en:

http://www.ico.org.uk].


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Sin embargo, esta institución no sólo está disponible a través de su web sino también a través de redes sociales como Twitter11 o Facebook12, e incluso en YouTube13.

3. Los menores en la red

Una de las cuestiones que más preocupa a nivel social es la obtención de datos de menores de edad. Este supuesto está recogido tanto en la normativa española como en la británica, existiendo importantes diferencias entre ambas a la hora de delimitar la edad en la que un menor se considera suficientemente responsable para saber qué datos está aportando a través de la red.

3.1. Protección en España La normativa española señala que a todo menor de 14 años se le deberá

pedir el consentimiento de sus padres para el tratamiento de sus datos, mientras que si supera dicha edad, no será necesario al menos que se solicite expresamente. Además, no se podrá recabar información personal de los familiares del menor.

Estas, y otras condiciones, las encontramos en el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y que reza:

«1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores.

2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. No obstante, podrán recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.

3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la información dirigida a los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea fácilmente comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto en este artículo.

4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales».

11

Más información en el Twitter de ICO [En línea: https://twitter.com/iconews]. 12

Veáse la página de Facebook de ICO [En línea: https://www.facebook.com/ICOnews]. 13

Consúltese la página de YouTube de ICO [En línea: http://www.youtube.com/user/ icocomms].


51

3.2. Protección en Reino Unido En lo que respecta a Reino Unido, nos encontramos con el artículo 66 de la

Data Protection Act de 1998, el cual se centra sólo en el derecho de los menores en Escocia, que apunta a que se podrá recabar información de todo menor de 12 o mayor de esta edad siempre y cuando se le haya informado y entendido claramente de sus derechos:

«(1) Where a question falls to be determined in Scotland as to the legal capacity of a person under the age of sixteen years to exercise any right conferred by any provision of this Act, that person shall be taken to have that capacity where he has a general understanding of what it means to exercise that right.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), a person of twelve years of age or more shall be presumed to be of sufficient age and maturity to have such understanding as is mentioned in that subsection».

Justamente ICO14 señala que cualquier información que se pida a un menor

debe ser clara y entendible para el mismo, pues no tiene la misma capacidad de comprensión que un adulto y, además, añade que cuando se le pida datos personales, se necesitará el consentimiento de los padres, al menos que se piense que el menor está suficientemente capacitado para tomar él la decisión. De hecho, indican que la legislación británica en esta materia no determina la edad en la que un menor está capacitado para entender esta situación y decidir sobre la misma:

«Websites that collect information from children must have stronger safeguards in place to make sure any processing is fair. You should recognise that children generally have a lower level of understanding than adults, and so notices explaining the way you will use their information should be appropriate to their level, and should not exploit any lack of understanding. The language of the explanation should be clear and appropriate to the age group the website is aimed at. If you ask a child to provide personal information you need consent from a parent or guardian, unless it is reasonable to believe the child clearly understands what is involved and they are capable of making an informed decision.

The Act does not state a precise age at which a child can act in their own right. It depends on the capacity of the child and how complicated the proposition being put to them is».

No obstante, aconsejan que siempre se pida el consentimiento de los padres

a cualquier menor que esté entre los 12 años, o menos, y los 16.

14

Véase el documento “Data Protection Good Practice Note” redactado por ICO en 2007. [En línea: http://194.109.159.7/tna/20100712052614/http://ico.gov.uk/upload/documents/library/ data_protection/practical_application/collecting_personal_information_from_websites_v1.0.pdf].


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4. Los datos personales y las cookies

En cuestión de datos personales e Internet, existe otro punto a tener en cuenta a la hora de hablar de protección de datos y que a nivel social puede pasar más desapercibido. Nos referimos a las llamadas cookies.

Las cookies envían información almacenada en el navegador al sitio web que estemos visitando de manera que éste pueda consultar la actividad del usuario en la misma. Esta información suele ser nuestro historial de navegación, contraseñas o nombre de usuario.

En la mayoría de páginas, aparece un mensaje advirtiéndonos de la existencia de dichas cookies y nos instan a leer la política de privacidad relacionada con las mismas e incluso, en algunos casos, nos piden nuestro consentimiento para que se usen las cookies.

Debido a la información que las cookies pueden llegar a recopilar, se incluyó un apartado específico en la última revisión conocida15 de la LSSI y la Agencia Española de Protección de Datos creó una guía informativa16. Por otro lado, en Reino Unido, la incluyeron en Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Regulations)17 e ICO también desarrolló una guía18 al respecto. En ambos casos, se seguían las directrices19 dadas por la Unión Europea.

5. Conclusiones

En el presente artículo nos hemos aproximado a la protección de datos personales de adultos y menores desde una perspectiva no jurista, sino en calidad de traductores profesionales que, ante un encargo de traducción jurídica, han de documentarse previamente y realizar un ejercicio de Derecho comparado.

Respecto a la legislación sobre protección de datos personales de adultos, hemos podido comprobar que tanto la legislación española como la británica coinciden en varios aspectos sobre la aplicación de la normativa en materia de protección de datos, teniendo en cuenta no sólo los principales límites geográficos –recordemos que ambas jurisdicciones delimitan el cumplimiento de su normativa al área que comprende su territorio– sino, también, las circunstancias en las que concurra la obtención de esos datos, ya que se pueden obtener telefónicamente o a través de formularios de internet, por poner algunos ejemplos. Además, como se ha podido ver, existen límites en el intercambio de información pero, a su vez, estos límites tienen excepciones,

15

Dicha revisión se llevó a cabo en 2012. 16

Guía informativa titulada “Guía sobre el uso de las cookies” [En línea: https://www.agpd.es/ portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf]. 17

Consúltese en la siguiente URL [En línea: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1208/ contents/made]. 18

Guía titulada “Cookies” [En línea: http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_ communications/the_guide/cookies] 19

Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n o 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores Texto pertinente a efectos del EEE.


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por lo que hay que poner mucha información a disposición del usuario para que sepa fielmente lo que sucede con los datos personales que entrega para así, cumplir con la legalidad.

En lo que concierne a la protección de datos personales de menores, cabe destacar el hecho de que la legislación española incluye, entre sus supuestos, a los menores de edad para que no se vulneren sus derechos, mientras que en la legislación británica es más difícil encontrar legislación específica para estos casos, a pesar de contar en su normativa con numerosos supuestos en los que se maneja diariamente información personal de los habitantes de Reino Unido. Una de las diferencias más destacables en la normativa de ambos países es el hecho de que en España se deberá pedir el consentimiento de los padres para acceder a los datos de niños menores de 14 años, mientras que en Reino Unido se aconseja pedirlo pero no es obligatorio, según la información que hemos podido recopilar.

Por tanto, y conociendo todos estos datos, podemos concluir que la información a la que un traductor puede enfrentarse en textos de esta índole varía, principalmente, dependiendo del tipo de usuario ya que, como hemos mencionado anteriormente, si el documento español requiere los datos personales de menores de 14 años, deberá incorporar unas cláusulas para obtener el consentimiento de los padres por lo que estaremos transfiriendo del español al inglés, información de adultos y de menores, mientras que en el caso contrario, al menos que lo especifique el documento inglés, estaremos trasladando sólo los datos del menor en nuestra traducción del inglés al español. Por este motivo, podría ser aconsejable que nuestra traducción directa incluyese alguna nota del traductor que indicase que en Reino Unido no se requiere expresamente el consentimiento de los tutores legales del menor, ya que en España sí es obligatorio cuando no son mayores de 14 años.


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[El presente artículo ha sido realizado parcialmente en el seno de los proyectos "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (n. ref. FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), "TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e interpretación" (PIE 13-054) y "TERMITUR: Diccionario inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (Ref. HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)].


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ON SEVILLIAN GUILDS TOWARDS THE END OF THE 11th CENTURY

Eduardo ESCARTÍN GONZÁLEZ Francisco VELASCO MORENTE

LUIS GONZÁLEZ ABRIL

Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente, Luis González-Abril (2013): “On Sevillian guilds towards the end of the 11th century”, en Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, no 7 (diciembre 2013). Ver en línea en: www.eumed.net/rev/historia/07/sevillian-guilds.htm.

ABSTRACT: In the third decade of the 20th century, Lévi-Provençal discovered an Arab manuscript by the ishbīlī Ibn cAbdūn, that dealt with the commercial and artisan practices in Seville at the end of the 11th century. In the document there were references to the offices and personages who had to perform certain functions in various professions. From this manuscript, Lévi-Provençal deduced the existence of 11th-century Islamic guilds in Seville. This idea was assumed by Spanish historians, even up until the final decade of the 20th century. In the present article, the basis which sustained such an idea is analyzed with particular emphasis on the treatise by Ibn cAbdūn, since this is the only work that describes the economy of Seville at the time of Classic Islam (before the 12th century), and since this is the principal historical source cited by recent historians as a guarantee of the existence of Sevillian guilds during the Classic Islam; however, other manuscripts of Islamic authors of al-Andalus, and articles of contemporary authors are also taken into account. The result of our investigation disproves the existence of 11th century Islamic guilds in Seville.

KEY WORDS: Middle Ages, Islam, Al-Andalus, Guild, Arabian market, Souk and Consumers. RESUMEN: En la tercera década del siglo XX Lévi-Proveçal descubrió un manuscrito árabe del išbīlī Ibn cAbdūn, donde se tratan las prácticas comerciales y artesanales en Sevilla a finales del siglo XI. En él hay referencias a los oficios y a personajes que debían cumplir determinadas funciones sobre la profesión. De ahí Lévi-Provençal dedujo la existencia de gremios islámicos en Sevilla. Esta idea resultó ser sugestiva y fue asumida por historiadores españoles del siglo XX, incluso en la década final de ese siglo. En el presente artículo se analizan las bases que sustentaron tal idea, haciéndose especial hincapié en el Tratado de Ibn cAbdūn por ser la única obra que se refiere a la economía de Sevilla en la época del islam clásico (antes del siglo XII) y la principal fuente histórica mencionada por dichos historiadores recientes como garantía de la existencia de gremios sevillanos durante el islam; sin embargo, también se tendrán en cuenta otros manuscritos de autores islámicos de al-Andalus y artículos de autores contemporáneos. El resultado de nuestra investigación refuta la existencia de gremios islámicos en la Sevilla del siglo XI.

* Grupo COSDE. University of Seville. [email protected], [email protected] and [email protected]. ** Unless otherwise stated, English translations of quotations are ours.

On Sevillian guilds towards the end of the 11th century

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PALABRAS CLAVE: Edad media, Islam, Al-Andalus, Relaciones laborales, Gremios, Zoco, Consumidores.

1. Introduction The existence of guilds in Seville in an epoch as early as that of the Classic

Islam, that is to say before the 12th century, was an idea spread in the third decade of the last century. Some historians adhered without any debate to the opinion of the French medievalist Lévi-Provençal. This historian discovered an Arabic manuscript in Morocco on commercial life in the city of Seville. He made it known in the above mentioned language and published it under the title Un document sur la vie urbaine et les corps de métiers à Séville au début du XIIe siècle: Le traité d’Ibn cAbdūn (1934). Gabrieli, without the consent of the Gallic historian, edited it in Italian: Il trattato censorio di Ibn cAbdūn sul buon governo di Siviglia (1936). Years later, Lévi-Provençal published it in French: Séville musulmane au début du XIIe siècle: Le traité d’Ibn cAbdūn sur la vie urbaine et les corps de métiers; traduit avec une introduction et des notes par E. Lévi-Provençal (1947). In Spanish there is the version of García Gómez and Lévi-Provençal entitled: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn cAbdūn (1948). The great Arabist García Gómez was a Spanish collaborator of Lévi-Provençal.

The first edition of the manuscript was in Arabic, in spite of its title being in French. In our opinion, such a title was chosen because it seemed to its discoverer to be more evocative: A document on the urban life and the guilds in Seville at the beginning of the 12th century. This title was essentially kept in the French edition that followed. It is of note, however, that no mention of guilds is made in the title or text of the Italian version; nor does it appear in the title of the Spanish version, although in the text of the Spanish version such a word is continuously repeated. Hence, by reading the tract in Italian, it is not obvious whether there were guilds in Islamic Seville. This is clarified in this paper, where texts of Ibn cAbdūn are transcribed in Italian from Gabrieli’s traslation. Gremio was chosen (in the Spanish version) and corp de métier (in the French version) to designate such ordinary elements of the Sevillian economy as are the arts and crafts, and to raise them to the category of an Islamic institution in al-Andalus in the 11th and 12th centuries. Curiously, several historians assumed this anachronistic transformation of the concept and the institution without any critique. Furthermore, by spreading the idea, they created a doctrine lasting until almost the present day.

The existence of Islamic guilds in Seville in the 11th century was therefore accepted by certain Spanish researchers.1 González Arce and García Sanjuán even maintain that the mainland Christian guilds owe their origins to Islamic guilds after the conquests.2 Seco de Lucena was a pioneer with respect to the 1 Among these: L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, in Revista del Trabajo,

Vol. 34, 1942, p. 853-855; T. de Aquino García y García, La corporación laboral en la historia de Sevilla, Sevilla, Gráficas Tirvia, 1951; J. D. González Arce, “Sobre el origen de los gremios sevillanos”, in En la España Medieval, Vol. 14, 1991, p. 163-182; F. García de Cortázar and J. González Vesga, Breve historia de España, Barcelona, Círculo de Lectores, 1995, p. 141-143; A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus a través de los manuales de ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, 1997, p. 201-233. 2 J. D. González Arce, “Sobre el origen de los gremios sevillanos”, in En la España Medieval,

Vol. 14, 1991, p. 163-182, and A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus

Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente, Luis González-Abril

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Islamic origin of the guilds and went even further when he suggested the idea that the European pilgrims, while carrying out the pilgrimage of Santiago, were imbued with guild culture, and upon returning to their countries, they then spread it around Central Europe.3 Some recent historians, such as Collantes de Terán, support the idea of Islamic guilds in al-Andalus, but have ruled out only the idea of the Islamic influence in the Castilian guilds.4 Initially, Chalmeta5 believed in these guilds in al-Andalus, but later ended up dismissing them.6 One Spanish historian who has never accepted them is Romero.7 However, these two latter historians barely give any arguments in support of the non-existence of guilds in al-Andalus. This article demonstrates that these guilds did not exist; therefore, the innovation of this article is based on reasons that support the non-existence of guilds in al-Andalus. Here the investigation is restricted to the Sevillian area towards the end of the 11th century, although other Islamic zones will be considered, such as that of Malaga one century later or Cordova in the 9th century.

The Christian conquest of Seville in 1248 deserves a special mention due to its singularity and because it tends to be used as a paradigm to illustrate the survival of the Islamic Sevillian guilds after the change of sovereignty, for example, Seco de Lucena.8 It turns out that the Islamic Sevillian guilds never could have survived; primarily, because they never existed in the first place (according to the thesis demonstrated in this paper), and, in the second place, since very few Muslims remained in Seville after the change of sovereignty. Romero states that some of them stayed after Seville had been conquered and «the neighbourhood of the Moorish quarter and a mosque were assigned to them.»9 On the Moslem inhabitants of Seville, Mena writes:10 «Saint Fernando demanded that they deliver the city to him empty of inhabitants, so they all had to go to Morocco, Malaga or Granada.» According to the chronicles, about 300,000 souls were exiled from Seville.11

King Fernando III had to repopulate the city and the rest of the previously Islamic kingdom of Seville with people of Castile and Christians of other origins. On the distribution and the repopulation of Andalusia in the 13th century,

a través de los manuales de ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, 1997, p. 201-233. 3 L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, in Revista del Trabajo, Vol. 34, 1942, p.

853-855. 4 A. Collantes de Terán, “La formación de los gremios sevillanos. A propósito de unos

documentos sobre los tejedores”, in En la España Medieval, Madrid, 1980, p. 89-104. 5 P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba” [Book of the good government of the souk by al-Saqaṭī);

translation into Spanish in Al-Andalus, XXXII/1, p. 125-162; XXXII/2, p. 359-397; XXXIII/1, p. 143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and Granada, 1967 and 1968. 6 P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al estudio

de la historia del mercado, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1973; and P. Chalmeta, “Organización artesano-comercial de la ciudad musulmana”, in Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica: ponencias y comunicaciones, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991. 7 V. Romero, Los gremios de Sevilla, Sevilla, Padilla Libros Editores & Libreros, 2001.

8 L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, en Revista del Trabajo, Vol. 34,1942, p.

854-855. 9 V. Romero, Los gremios de Sevilla, p. 42.

10 J. M. de Mena, Historia de Sevilla, Barcelona, Plaza & Janés, 1991, p. 97.

11 Ídem, p. 97.


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González Jiménez's study can be consulted.12 In our opinion, under such conditions, it was not necessary to respect charters to the Muslims, neither common rights nor labour law, since there was hardly anybody to whom they could be applied. Romero says that «neither are there traces of a structure of trades» among the Jews and Moors who remained after the Christian conquests.13

Bearing these facts in mind and that in 1236 the Jurisdiction of Toledo was implemented in Cordova when it was conquered, it is not surprising that Seville was also given the same legal code. Mena narrates the event this way:14

Occupied was the city when King Saint Fernando began to reorganize the local life, designating as archbishop the prelate don Remondo or Ramon, who had accompanied him in the conquest. «Good and big tenements of villas, castles and great rich places were donated to the church of Santa Maria.» He arranged the Town Council and Regiment of the city; he named many magistrates and officials, giving as ordinance and municipal legislation the "Municipal and general Jurisdiction from Toledo," granting to the Sevillian gentlemen the same benefits that were enjoyed by those of Toledo; and to those of the neighbourhood of Francos street, the king granted "tax exemption" or the right to buy, sell, and exchange freely and without taxes, thereby giving its name to this street. [In Spanish, franco = free].

He distributed the properties in both urban and rural parts of the city and region, [...].

In the notebook of distributions, the lands, cultivation, and buildings which the king granted to gentlemen, princes, and churches appear in detail.

It is also necessary to take into account the customs of the period. According

to these, privileges which only affected the relations among the conquered people were granted if they surrendered before the city walls were stormed. Privileges were never granted if the city had to be taken by storm. For example, if the people yielded they were allowed to practise their religion, to keep the mosque, and to apply the Koran to solve their own litigations. Nevertheless, these privileges never pertained to the relationship between the conquered and the victors. In this last case, such relationships were solved according to the norms of the conquerors. Furthermore, adherence to the terms of agreement of surrender was not guaranteed.

This happened in Toledo, where soon the agreement was violated and the main mosque was turned into a cathedral, as Salrach reports.15 Therefore, it is unthinkable that, after the conquests, Islamic regulations of any supposedly existing guild were left in effect, since said regulations would have affected the Christian royal exchequer and consumers.

Consequently, it can be deduced that the Sevillian guilds after the middle of the 13th century were entirely of Castilian origin. On the other hand, in order for

12

M. González Jiménez, “Orígenes de la Andalucía cristiana”, in Historia de Andalucía I: La Andalucía dividida (1031-1350), Madrid, CUPSA Editorial, and Barcelona, Editorial Planeta, 1980. 13

V. Romero, Los gremios de Sevilla, p. 28-31. 14

J. M. de Mena, Historia de Sevilla, p. 100. 15

J. M. Salrach, “Feudalismo y expansión (siglos XI-XIII)”, in A. Domínguez Ortiz (dir.), Historia de España, Vol. 3, chapter 3, Barcelona, Editorial Planeta, 1989, p. 270.


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a guild to prosper, it is necessary to increase the demand and the number of producers that take care of it; and hence the guilds in Seville would have taken time to consolidate, since the city had passed from being populous to having an insignificant number of inhabitants.

According to the estimation transmitted by González Jiménez, in 1253 Seville had approximately 4,800 inhabitants16. Furthermore, in Castile, corporate privileges were only granted by the king, and he granted these case by case. There, the craftsmen already had a tendency to organize privately in the middle of the 13th century, although their agreements were voided by law. Thus, it was proclaimed incisively by the Castilian king Alfonso X, the Wise, in the code Las Siete Partidas:17

Merchants enter into combinations and agreements among themselves taking oaths, and forming brotherhoods for the purpose of aiding one another, establishing prices as to how much a yard they shall pay for every kind of cloth, and also how much they will give according to the weight and measure of other articles, and no less. Moreover, artisans enter into combinations among themselves as to the prices they will pay for each of the articles which they make use of in their trades. They also enter into agreements that no one else can work at their trades, except those whom they receive in their associations, and moreover that those received in this way shall none of them finish what others have begun. They also established a combination of another kind, by which they agreed not to teach their trades to others, excepting such as are descended from their own families; and for the reasons that many wrongs have resulted therefrom, we decree that any brotherhoods, contracts, or combinations, such as those aforesaid, or any similar to them shall be established with the knowledge and consent of the king, and that if this is done without said knowledge and consent, they shall not be valid; and also that all those who establish any in this way from this time forward, shall forfeit all their property to the king, and that in addition to this they shall be banished forever from the country. We also decree that where the superior judges of a town consent to the establishment of said combinations, or if after they have been established, they do not cause them to be dissolved, if they are aware of their existence, or do not send word to the king that he may dissolve them, they shall pay to the king fifty pounds of gold.

2. The guilds in their medieval context The guilds were widespread, typically medieval, work institutions which, in

some countries, lasted until the 18th century and even the beginning of the 19th century. Historical precedents of organizations of the professions had already been in existence, although they cannot be considered equal to the medieval guilds. In the populous cities under the Roman Empire, craftsmen of the same

16

M. González Jiménez, “Orígenes de la Andalucía cristiana”, in Historia de Andalucía I: La Andalucía dividida (1031-1350), Madrid, CUPSA Editorial, and Barcelona, Editorial Planeta, 1980, p. 143. 17

Alfonso X, Las Siete Partidas, Vol. IV: “Family, Commerce, and the Sea”; “The Worlds of Women and Merchants”; Part V, Title VII, Law II, translated into English by Samuel Parsons Scott; edited by I. Robert and S. J. Burns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001, p. 1056-1057.


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trade were meeting in collegia. Dopsch believes that, in some kingdoms arisen from the collapse of the Roman Empire, the collegia survived and turned into the guild organization.18 Among these appears the Visigothic kingdom, which ended up settling in Roman Spain. Dopsch bases the survival of the collegia of the Visigothic kingdom on what, at the beginning of the 7th century, Isidore of Seville said about the collegiati: «they were very humble people who were populating the cities.»19 Such an affirmation rests on the authority of Stutz.20 However, apparently the latter author must have also spoken by hearsay since it would be incomprehensible to extract that theory from directly reading the book of Isidoro of Seville.

Let us see what Isidoro of Seville textually writes:21

They are called collegiati those who have committed some crime and find themselves submitted under the custody of some collegio. They are debased riffraff, children of unknown father. [Collegiati dicuntur, quod ex eorum collegio custodiisque deputentur, qui facinus aliquod commiserunt. Est enim sordidissimun genus hominun patre incerto progenitum.]

From such a phrase it is not possible to know the role of the collegio, but it is

very clear that the collegiati considered by Saint Isidore were not members of a guild, but a few low criminals who, instead of being in a jail, were interned and guarded in some collegio; this not necessarily being a craft workshop belonging to a productive organization of a guild type.

Since the growth of the cities and of the urban handcraft economy in al-Andalus existed previous to that of Christian Europe, the question arises regarding whether these corporations also developed in Classic Islam. In fact, as already mentioned, there are historians inclined to consider the existence of guilds in Islamic Seville. To support this idea, some historians take the ḥisba handbooks as their documentary source.22

Among these, that of the ishbīlī (Sevillian) Ibn cAbdūn stands out, Risāla fī-l-qaḍā wa-l-ḥisba [Treatise on the Judiciary and the ḥisba] of the end of the 11th century, and is the most commonly referenced and the only ḥisba handbook which mentions Seville. There are references to the crafts, ṣinā‘a [arts, crafts, trades], and to the personage called amīn [faithful, fiduciary; in Spanish, alamín and amín], whose incorrect translations, one word into guild (ṣinā‘a) and another word into syndic (amīn), have induced the belief of the existence of Islamic guilds in Seville. In order to find out whether they existed, the focus of this article is on the analysis of the text by Ibn cAbdūn, without forgetting other ḥisba handbooks of which only three are concerned with al-Andalus.

18

A. Dopsch, Fundamentos económicos y sociales de la cultura europea (De César a Carlomagno), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1982 [1918], p. 456-457. 19

Ídem, p. 457. 20

Who wrote the article, “Das karoling Zehentgebot”, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, Vol. XXIX, 1908. 21

I. de Sevilla, Etimologías, Vol. I, bilingual edition by Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2000, p. 779. 22

ḥisba is a term that, without being from the Koran, was assimilated into the legal principle of the Koran for eradicating the evil and fomenting the good; it was used by means of a magistrate of the souk, al-muḥtasib [in Spanish: almotacén], to censure the bad customs in general and the fraudulent mercantile practices in particular.


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3. General concepts on the guilds Hitherto, the word guild has been used under the assumption that its

meaning is very well known. However, in order to tackle research, a very clear understanding of the nomenclature used is required. Therefore, if we speak about guilds, it will be necessary to specify what we mean by this term, especially since this word did not exist in classic Arabic. When analyzing ancient texts translated from Arabic, the assignments, functions and people that characterize the guild would have to be verified, and not blindly set in the words chosen by the translator, since, sometimes, as was seen above in Dopsch, these translations only reflect an individual opinion and lack conceptual content. First of all, a guild is an organization of members of a trade (or guildsmen). In order to give better meaning to this concept, we can inquire into the three combinations and agreements about craftsmen contemplated by Alfonso X in his Las Siete Partidas (Partida V, Title VII, Law II) supra: firstly, to set prices of the products to the benefit of the guildsmen; secondly, to prevent the practice of the trade by non-members of a guild; thirdly, to forbid the teaching of the trade to non-descendants of the guildsmen. It can be clearly shown that none of these combinations and agreements exists in the treatise by Ibn cAbdūn or in any other ḥisba handbook.

While reducing the requirements for the characterization of a guild, it might also be said that a guild is a corporation or organization formed by the members of a craft, governed by regulatory procedure of the professional practice, and which acts in defence of its own interests. From this perspective there is nothing in the ḥisba handbooks that supports the existence of guilds either. That is probably why Chalmeta ended up refuting their existence. For him, it is not possible to speak about ‘guilds’ among Muslims when they had no «intentions of self-interest.»23

The genuine concept of guild assumes a corporate framework for the attainment of a professional purpose and not a mere amorphous set of people with no relationship except that of having similar knowledge to practice a profession. In general, this is not what people usually understand as a guild; even if it is correct, from a linguistic point of view, to speak nowadays about the profession (or guild) of the Sevillian medical doctors. As an example of the use of this broad meaning it is possible to consider Chalmeta’s initial thought.24 In the year of his doctorate (1967) he believed in the guilds in al-Andalus and hence Chalmeta states that the almotacén (muḥtasib, in Arabic, who was the inspector of souks) «names alamines as the head of every guild.»25 Precisely the latter word is the one that he chooses repeatedly when he translates the ḥisba handbook of al-Saqaṭī which describes Malaga at the beginning of the 13th century. Chalmeta also suggests that the alamín was the chief or person in charge of the guild.26 However, when reading the tract by al-Saqaṭī, neither can the professional functions of these guilds nor can the internal relations that link

23

P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al estudio de la historia del mercado, p. 201-202. 24

P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba” [Book of the Good Government of the Souk by al-Saqaṭī]; translation into Spanish in Al-Andalus, XXXII/1, p. 125-162; XXXII/2, p. 359-397; XXXIII/1, p. 143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and Granada, 1967 and 1968. 25

P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba”, in Al-Andalus, XXXII/1, p. 141. 26

P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba”, in Al-Andalus, XXXII/1, §77.


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the members of a guild be found (on the contrary, the price is set externally by the almotacén) nor is there any mention of the acts of the alamines defending the guild’s interests (on the contrary, the alamines carry out the orders of the almotacén in defence of the consumers). The alamín of the al-Saqaṭī is, in all the cases, a fiduciary, or reliable person, chosen for some post (that is to say, a faithful trustee); for example, the alamín of a souk and not of a guild (§131), or alamina (feminine of alamín) of slaves, in charge of lodging them in her house until the menstruation occurs in order to certify that they are not pregnant at the time of sale (§109). Evidently, the existence of guilds it is not reflected in the book by al-Saqaṭī. Consequently, when there is no documented proof of something, the simplest and most scientific thing to do is not to affirm it. Otherwise, we might invent the “simplodocus” and then shield ourselves by saying that «if they have not found fossils of this species it does not mean that it did not exist, but that its fossils have not yet appeared.» In short, whoever affirms something has the obligation to provide the proof. And now the opposite is happening: we must demonstrate that this something did not exist, because people without proof unquestioningly accepted that it existed.

Craftsmen’s organizations with exclusively extra-professional purposes, such as religious or welfare purposes do not deserve our attention either. These organizations, although they assemble members of the same trade, could never be catalogued as guilds, since it is evident that if the professionals of a craft only organize themselves for a procession of the Virgin Mary’s statue, for example, nobody would give the name of “guild” to such an organization (especially when its own members were calling it a brotherhood); nor if the organization’s purpose is only to collect donations and to deliver them to the widow or the orphans of one of the members of the profession. To start speaking about a guild, it is absolutely necessary that the organization guards the professional interests of its members, although this may also include dealing with religious and welfare questions.

Since this study is about Seville during the Classic Islam, we have chosen not to include articles by authorities which deal with Islamic guilds in different areas of al-Andalus.27

4. Analysis of the guilds according to their mention in the treatise by Ibn

cAbdūn The paragraphs in Ibn cAbdūn’s work where guilds are mentioned are:28

27

Such as those by G. Baer, “Guilds in Middle Eastern History”, in Cook, M. A. (ed.): Studies in the Economic History of the Middle East, London, 1970, p. 11-30; C. Cahen, “Y a-t-il eu des corporations professionnelles dans le monde musulman classique? Quelques notes et réflexions”, in A. Hourani and S. Stern, The Islamic City, Oxford, 1970, p. 51-63; and, in C. Cahen, Les peuples musulmans dans l’Histoire Médiévale, Damas, Institut Français, 1977; and G. Makdisi, “La corporation à l’époque classique de l’Islam”, in Religion, Law and Learning in Classical Islam, Hampshire and Brookfield, Variorum, 1991. 28

Ibn cAbdūn, Risāla fī qadā’ wa-l-ḥisba [Treatise of the Judicature and of the ḥisba], Spanish

version by Lévi-Provençal and García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn

cAbdūn, Madrid, Moneda y Crédito, 1948. There are facsimile reeditions by the Servicio de

Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla and by the Fundación Cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Italian version by F. Gabrieli, “Il trattato censorio di Ibn

cAbdūn sul buon governo di Siviglia”, in Rendiconti delle Classe de Scienze

morali, storiche e filologiche, Reale Accademia Nazionale dei Linzei, 1936.


63

§43: The muḥtasib will have to order that each guild had every Friday a town crier to shout loudly the invocation ‘God is the greatest’ at the same moment the imām says it.29

Notice that ‘guild’ is used instead of ‘trade’ and that from the context of the

epigraph it is not possible to deduce if guild refers to an organized group or to a set of persons who only have the practice of the same profession in common.

The following paragraph has to do with a personage assigned to a specific professional group, that of the second-hand dealers:

§172: There will have to be among the second-hand dealers a wise man who, in the case of catching one of their own selling a suspicious object, seizes it and makes the thief proclaim the truth, so that the one looking for the object can come to claim it, if he happens to give its description.

From the assignment of this task to this ‘wise man’ and the way the draft was

written, it cannot be estimated by any means that the second-hand dealers belonged to a guild. Furthermore, it is not clear that this personage was one of the second-hand dealers, since the words «there will have to be among the second-hand dealers» are insufficiently explicit. What we do know is that Ibn cAbdūn proposed a function for this personage: that the members of the trade had to be watched so that they would not sell stolen objects. Since this norm is a proposal, it is evident that the above-mentioned ‘wise man’ did not exist at the moment when Ibn cAbdūn wrote his treatise. It is frankly doubtful that, had there been a real guild of second-hand dealers, the draft of this norm would have been in the same tone as that transcribed above.

Let’s now analyze another paragraph relating to the guilds:

§44: The Qāḍī [the highest judge of the city] will have to designate one member in each guild who is a faqīh [a man versed in the Koran], well-educated and an honest member, so that, in the case of any differences that may arise in the practice of his profession, he reaches an agreement between the parties, without them having to approach the secondary judge. This measure is excellent, and the Qāḍī will prescribe that they observe the decision and the opinion of this mediator, who will treat them with greater benevolence and who will spare them from having to publicize their disagreements.30

Here it is relevant to make the same observation as in §43: that nothing is

lost by changing the translation of ‘guild’ into ‘trade’. In reality, however, it is more confusing to use guild instead of trade. The substitution of one word for another seems to be a deliberate attempt by the translator to propagate the idea of the existence of guilds.

This rule by Ibn cAbdūn is slightly more of a qualitative nature. On the one hand, and according to the wording, it can be seen as an effort to eradicate the

29

Gabrieli translates it this way: «Il muḥtasib debe ordinare ai membri di ogni arte che si prendano per il venerdi un annunciatore incaricato di far loro sentire il takbīr quando l’imām lo pronuncia.» 30

According to Gabrieli: «Il Qāḍī debe stabilire per ogni arte uno dei loro, esperto nel fiqh, dotto e retto, che metta pace quando tra loro sorge una lite in una delle loro faccende, senza che debbano arrivare al giudice.»


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habit of approaching the auxiliary judge when differences between parties arise. There were too many lawsuits in Seville, as recognized by Ibn cAbdūn (§13): «Seville, where there are more litigators than in any other city due to the many lawsuits that usually exist.» It is probably for this reason why Ibn cAbdūn proposed to institute an arbitrator versed in Islamic law who was practicing the trade, since, due to his professional experience, he would be much more of an expert on the matter in question than any other who had only Koranic knowledge. On the other hand, in this writing, we find an emphasis on justifying the measure to be adopted and, above all, on praising its worth, since it is said: «This measure is excellent.» Such a form of expression indicates that this measure is a proposal to be observed in the future, and, therefore, it was not a measure that had already been enforced. From this perspective, the treatise by Ibn cAbdūn is evidently not a regulation, but a memorandum directed towards improving the social and economic situation of the country and directed towards public authority; exposed in this memorandum are the measures proposed by its author with the intention of inciting the political power to put these measures into effect. However, in reality, nothing of what was proposed was enforced. Another proof of the non-existence of guilds at the time of Ibn cAbdūn is found in this paragraph:

§110: The sellers will be prohibited from reserving fixed places in the portico of the main mosque or in another place, because, this way, a quasi-right of property is created, which generates constant differences and disputes between these sellers. Let the one who arrives first, occupy the place.

The muḥtasib will have to install the guilds by placing every craftsman with others of his trade in permanent places. This way is better and more perfect.31

Much can be said about the characterization of a guild in this paragraph:

§214: Moneychangers must be prohibited from practising usury. In the country no other currency than that of the official mint must be in circulation, because the variety of mints provokes the currency to depreciate, the exchanges to multiply, and the economic circumstances to be altered and veer from the ordinary course. At the head of the moneychangers there must be an honest and wise man who would inform those of his guild about the changes in tender, who would know who proceeds correctly and who proceeds wrongly, and who would correct any abuses.32

These phrases, apart from being normative, are eminently descriptive of

existing realities: usury was practised and, among the moneychangers, total anarchy existed, given that everyone did what they felt like. It was necessary to eliminate this situation by creating a post and naming a person in charge of correcting abuses. Such an individual is described as an honest and wise man. Moreover, it should be heeded that ‘guild’ is used here to refer to a disorganized group, that of the moneychangers, who did as they pleased, and, consequently,

31

According to Gabrieli: «Il muḥtasib deve ordinare gli artigiani, e porre ognuno con i suoi simili in luoghi ben determinati; ciò è più degno e sicuro.» 32

According to Gabrieli: «Al cambio della moneta deve presiedere una persona dabbene e virtuosa, che informi gli artigiani dei valori correnti, e di quelli buoni e dei cattivi, raddrizzando gli abusi che venisse a riscontrare.»


65

their professional group did not constitute a true guild due to its lack of a minimum of cohesion.

Let’s follow on with another paragraph in which the word guild is mentioned:

§101: The bearers of every guild must have a fixed stopping point, from which they will not separate.33

This regulation runs counter to the meaning of guild as an organization, since

here it implies that the bearers were not at the service of each trade and, furthermore, that everyone was placing themselves where they wanted. This would not have happened had the guild been organized already, since for its own good the institution itself would have already seen to it that a place be assigned to the bearers who were providing a service to its members.

Another mention of the guilds is as follows:

§134: If someone works on gold or silver belonging to another person, and then part of the metal turns out badly, then he who worked must reimburse the corresponding quantity to the other, since he cheated and betrayed the owner of the metal who relied on him. It is necessary to sanction the fraudulent merchants who are caught, regardless of the guild they belong to, but especially pertaining to the guild of metal, since the one who commits fraud with metal knows perfectly the way metal has to be treated.34

Again, we observe that it would be the same thing to use the word ‘guild’ or

‘trade’, since there is no additional information that supports the existence of guilds in Seville before the 12th century. The same can be said for the recommendation in the following paragraph:

§143: There will be no dealing with women in the matter of buying or selling but only on the part of men of trust and honour, whose integrity and loyalty are known to all, and this has to be taken care of by the individuals of the guilds.35

In this paper we suppose that the word used by Ibn cAbdūn was ‘trade’ and

not ‘guild’. To confirm this supposition we concentrate on Gabrieli’s translation; this one does not use the word ‘guild’, which can be verified by reading his paragraphs transcribed in the footnotes. Additionally, we can regard the information provided by Bosch, who says that Ibn cAbdūn uses the word ṣinā‘a, which means trade, and he never uses sinf (not even its plural asnāf), a word which, without being equivalent to guild, alludes to an «associative corporation of people of the same trade or industry of craft.»36

From all this reasoning, we conclude that in the reality of that time in Seville the guilds were not established given that these are not outlined by their

33

According to Gabrieli: «I portatori debonno avere per ogni arte un luogo [di stazionamento] ben noto da cui non debonno allontanarsi.» 34

According to Gabrieli: «I frodolenti colti sul fatto vanno repressi in ogni mestiere, specialmente nel saggio dei metalli; [...].» 35

According to Gabrieli: «Con esse [le done], nella compra e vendita, deve tratare solo una persona fidata e dabbene, di notoria honestà e fidatezza; a ciò debbono vegliare gli artigliani.» 36

J. Bosch Vilá, La Sevilla Islámica 712-1248, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984, p. 370-373.


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functions in the treatise by Ibn cAbdūn. The mentions of the ‘guilds’ that appear in the Spanish translation of his ḥisba handbook are generic, inexpressive and forced; ‘guild’ is used with its meaning of trade and arts and crafts, and there is no reference to a trade organization.

5. Analysis of the guilds according to the functions of the amīn In the Spanish translation of Ibn cAbdūn’s text, a personage linked to the

guilds, the alamín [amīn in Arabic], is mentioned on many occasions. Such a person is also called, in an indistinct way, ‘syndic’ by the translator. First of all, the word amīn lacks meaning for those unfamiliar with Arabic lexicon. Its meaning would have to be interpreted by every individual reader from the context of the functions assigned to the personage. However, the juxtaposition of syndic (for amīn = faithful, fiduciary) and guild (for ṣinā‘a = craft, trade) turns out to be understandable since intuitively syndic is associated with an individual designated in a corporation to guard over its interests. The question lies in whether syndic is a correct translation of amīn.

To clear up this question, we now address the analysis of the epigraphs of Ibn cAbdūn’s treatise that contain references to the alamín (amīn). Before beginning research into this matter, it is pertinent to say, in spite of being obvious, that a priori the equality of the terms amīn and syndic cannot be taken for granted. They are only equal if the functions assigned to this person are identifiable with those functions normally held by a real syndic of a guild.

The first allusion to the amīn in the translation of Ibn cAbdūn’s treatise is:

§91: The standard of these measures will be in the possession of the muḥtasib and of the alamín or faithful verifier of the weighers and measurers’ guild, who is the most suitable person to preserve and verify them.37

37

Here the translator has included this footnote: «In Arabic “amīn”, a word still used in Morocco, to designate the “syndic of a guild»: cf. W. Marçais, Arabic Texts of Tangier, p. 223. However, the Dictionary of the Spanish Language offers a different meaning for the word amín, namely: «In Morocco, a civil servant entrusted to collect the funds, to make payments, and to administer goods on account of the government.» Bear in mind that Spain exercised its protectorate for many years in the north of Morocco (and also in a strip in the south, now in the Sahara), and, therefore, the information of the Royal Spanish Academy is not of hearsay, of what others say, but first hand and experienced in situ. For the word alamín, the aforementioned dictionary provides this equivalence: «Official who in ancient times verified the weights and measurements and appraised the supplies.» On the other hand, the assimilation of amīn with syndic of a guild given by the translator is not correct because there is an anachronism, since amīn in the context of Ibn

cAbdūn

’s treatise refers to a reality of the 11

th or 12

th century and the amīn of Morocco

with which he compares it is much more recent, and it is already known that the meaning of words tend to evolve with the passing of time and with different geographical regions; therefore, there is no guarantee that they mean the same thing or that they obey to only one reality. What is more, from the philological point of view, the meaning of amīn was, in classic Arabic, ‘faithful or fiduciary’ [in Spanish fiel, or person who does not defraud the confidence entrusted to him, and to whom, consequently, certain public services have been assigned to be carried out with accuracy and legality]; and, by what is said further on in §91, this seems to be the meaning with which Ibn

cAbdūn uses the word. For this interpretation we refer to F. Corriente, Diccionario de

arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid, Editorial Gredos, 1999, who defines the word alamín or amín as: «Inspector of weights and measures or of other activities: from the Andalusian alamín < cl. amīn ‘trustworthy; secretary’. Of the same root, but as a modern Arabic expression, transmitted by more modern Mediterranean and/or European contacts, without an Andalusian phase, they are lami ‘certain Turkish authority in Palestine’ (pt.), amim (pt., only


67

This is the suggestion by Ibn cAbdūn: to finish with the proliferation of weights

and measures that did not obey a defined standard, and which merchants were using to the detriment of consumers. To stop this, it was necessary to define and maintain standards. It was logical that these were guarded by the muḥtasib, or magistrate who guarded over the good functioning of the souks, and by the alamín, who was the faithful or fiduciary person (that is to say, in this case, a public inspector), or person responsible for verifying the weights and measures.38 In this way the merchants would be prevented from using weights or measures that did not have a corresponding verification. If it is known that the alamín [amīn] was the faithful or fiduciary person who verified the weights and measurers in ancient times, the explanation of «or faithful verifier of the weighers and measures’ guild» is not necessary; this phrase is rather an addition with the premeditated intention of inducing the association of two ideas: that of the amīn and that of a guild. On the other hand, in those times there were public weighers and measurers according to Ibn cAbdūn:

§215: The public weighers and measurers must be honest and advanced in age, because their craft supposes that they are trustworthy in points of integrity, religion, and piety. The axes of the scales must be lengthy and their pans must be light, as we have already said before.39 The bars of the Roman balances will also have to be long, and the orifice in which the pivot of the indicator moves must be in the bar and not in the tab, because this system is closer than the others to the exact weight.

In this paragraph, Ibn cAbdūn, as it is seen, does not refer to the joining of the

public weighers and measurers to a guild, neither does he specify their mission. Nevertheless, it is understood that they had to be government employees, or private professionals with a public function, to whom to turn to in order to verify the quantities of purchased goods or to carry out the measurement or the weighing when these services were requested of them.

The reading of Ibn cAbdūn gives the impression that his amīn is first of all an upright and irreproachable man, who does not have to be organically linked with the group on whose behalf he carries out a function. This impression is confirmed when Ibn cAbdūn speaks (§120) of «trustworthy syndic and who would not allow himself to be bribed,» whose mission was to monitor that, in the abattoir, beasts still suitable for the tillage were not sacrificed.40 Morais) ‘syndic or magistrate’ and amín (cs.) ‘governmental administrator’.» And if we consult the Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition, Paris, 1991, we find this: «Amīn = sûr, en qui on peut se fier. Comme substantif, celui à qui l'on a confié quelque chose, surveillant, administrateur.» Then some more technical meanings appear; in all, amīn designates the «titulaire de diverses fonctions ‘de confiance’.» 38

The Dictionary of the Spanish Language defines the term alamín (according to the transcription appearing in the previous note). Furthermore, in Spain, the post of ‘fiel contraste’ [faithful verifier] existed (Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al estudio de la historia del mercado, 1973, p. 606); on the other hand, Tomás de Mercado [1569], Suma de Tratos y Contratos; Editora Nacional, Madrid, 1975, p. 168) alludes to some magistrates called ‘fiel ejecutor’ [faithful executive or public inspector], whose assignment was to appraise the price of the most necessary articles. 39

In §91, which is a paragraph previously analyzed and transcribed (though not on its entirety). 40

Gabrieli does not translate it into syndic, but into ‘fiduciary’: «a ciò deve vegliare un fiduciario non venale, che vada all’ammazzatoio ogni giorno.»


68

In §72, related to construction materials, the following is stated:

§72: In the possession of the muḥtasib, or hung in the main mosque, there will have to be standards of the thickness of bricks, of the size of roof tiles, of the width and thickness of suspenders and of beams, as well as of the thickness of boards for flooring. These standards, made of hard wood, not susceptible to woodworm, will be hung on nails high on the wall of the main mosque and will be preserved carefully, in order to be able to come to them when it is believed that the mentioned materials are bigger or smaller than the standard, while other equal standards will be in the possession of the foremen for their work. This is one of the most important and essential things that have to be taken into account.

In this case it is evident that the responsibility did not fall on the shoulders of

the alamín of a guild of builders, since the alamín is not even mentioned, nor the organization. It is logical that the foremen had to have these standards, but another set of standards might very well be guarded by the alamín of his guild (if it existed), instead of (or as well as) being on the wall of the main mosque. If the guild of builders had existed, Ibn cAbdūn would not have forgotten to name the alamín as a safekeeper of the standards. However the function of the alamín as being in charge of verifying weights and measures is independently of the existence of guilds. This is corroborated by what is said by Ibn cAbdūn a bit later (§92), where he mentions the alamín in his typical function of controlling weights and measures, and not as a syndic belonging to a guild:

§92: Regarding the standards of weights and measures, all well-calibrated and verified iron models must be in possession of the alamín. The standard measures of oil will have to carry the mark on the neck, which has to be narrow, because if the width of the neck is just a finger wider than normal, it is enough for the capacity to increase greatly. Everything has to be measured according to the ancient custom, and it would be well if it were possible to achieve that a standard measure of one arroba [standard measure of about 12.56 litres, or 22 British pints] of oil be equal to one arroba of weight [standard weight of about 11.5 kilograms, or 25 Castillian pounds], as it is in the case of the measure of wheat. When pouring the oil in the measure, it will be done little by little, because with the bubbling that takes place when pouring, the mark is soon reached; but if then it is left to rest a little, it will be seen that the measure is short.

On the typical function of the alamín, Ibn cAbdūn insists:

§95: The weights will have to be of glass or of iron, well made and verified, with a patently clear mark of the alamín. The merchants will not be allowed to use them of stone, because there is no way of verifying them. The weights of arrate [equal to 16 Castillian ounces] of the merchants and those smaller of all the measuring scales of the city, in all the professions, will have to be verified two or three times a year.


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Let’s focus our attention in the last phrase, which does not allude to the guilds, but to the professions. There the word guilds might have also been used instead of professions.

The non-existence of guilds is shown in the following paragraph:

§187: In the cattle fairs there must be a syndic [amīn] to make binding decisions for the parties if a difference between them emerges. In the same way, in every guild there must be a syndic.41

Now it is clear that Lévi-Provençal and García Gómez translate amīn as

syndic instead of the correct translation as faithful person or fiduciary (public inspector). It is a question of an expert in the matter, who acts as an arbitrator to whose decision the litigants must comply with.42 Ibn cAbdūn considers the function of mediation to be important in smoothing the differences arising from the apparently abundant commercial deals among buyers and sellers. That is why he extends the institution of the arbitration in a general way to any profession. In order to attain this goal, he proposes that there be an amīn in every ‘guild.’ But notice that Ibn cAbdūn wants to establish a rapid form to solve mercantile conflicts through a mediator. Ibn cAbdūn calls him amīn. However, Lévi-Provençal and García Gómez unjustifiably translate this word as syndic, due to what García Gómez explains in his footnotes, to which we, in turn, commented on our note 37. Such a name should not cause any problem of interpretation if the function to be performed were perfectly defined; and, in effect, it is: it is a question of an arbitrator or mediator to dissolve conflicts. The question, and with it the confusion, arises at the moment when the translator chooses the word ‘syndic’ as equivalent to amīn; and then the trick of associating syndic with guild is complete: «In the same way, in every guild there must be a syndic,» that is the translation given. A question immediately appears: why does the translator give the name syndic to an arbitrator who must make peace in disputes arising between sellers and buyers? To answer this question, it is necessary to consider four things: 1) that the Arabic word amīn is translated without acceptable justification as syndic; 2) that this amīn is not a syndic, as far as a member of a professional entity to whom certain functions are entrusted that characterize its entity as a guild, but merely a mediator in the possible conflicts that might arise; that is to say, this person belongs more to the judicial field than to that of a guild; 3) that this amīn acts in the role assigned to him without the existence of the guilds, since in order to act as a mediator in conflicts arising in cattle fairs, and, by extension, in any class of profession, no guilds are required. The same thing happens with the highest judge and the auxiliary judge: they settle litigations that come up in the trade with absolute independence from whether the professions are corporately organized; and 4) that the tone of the principle is purely programmatical, characteristic of a desire more than of reality.

41

Gabrieli translates this way: «Nel mercato delle cavalcature va messo un fiduciario, al cui giudizio si deve ricorrere nelle contestazioni. Così per ogni mestiere ci deve essere un fiduciario.» 42

Here it is a question of an arbitrator who makes those of the professions agree with their clients, whereas in §44, supra transcribed (epigraph 4), the reference is to an arbitrator who dissolves differences between members of the same craft.


70

In the next paragraph there is also reference to a syndic and a guild, but it can be seen that now the function assigned to the syndic is that of policing, outside the practice of the profession:

§204: The sailors will not be allowed to cross any woman with a look of having a dishonest life, whereby it will be reported to the guild syndic of the guild. Prescribe also to them that nobody is allowed to enter with containers to buy wine from the Christians, and, if someone is caught, break the container and inform the syndic so that he may punish the sailor.

The way this paragraph is translated gives the impression that it refers to the

syndic of the guild of the sailors. Constable mentions this passage,43 where Ibn cAbdūn proposes the norm to be applied to the river administration, and gives the Arabic words that Ibn cAbdūn uses together with their translation; it turns out to be a ‘superintendent of the river’ (amīn ‘alā al-wādī; we know that amīn = faithful person, public inspector; and wādī = river), «among whose obligations was that to take charge of the sailors.»44 What is more, even Lévi-Provençal uses a terminology similar to that of Constable: «The policing of the port is the responsibility of an amīn of the river, who monitors not only the passengers, but also the navigators.»45 However, when the French historian and his Spanish collaborator translate the text (as observed in the transcription of §204) they do not take into account that the amīn is of the river, with duties of policing the port, and they place him in the guild of the sailors. Such a guild has all the signs of having being invented off the cuff.

Notice that in all these paragraphs, the word guild could have been replaced by group, or by profession, without the meaning of their respective norms being altered. That is to say, guild is used meaning arts and crafts, and since it is not referred to as an organization to carry out professional purposes, it is not a question of guild stricto sensu.

Never in Ibn cAbdūn’s text is a certain organization of the professions identified that would justify the use of the word guild. Neither can such an organization be seen in the books by Ibn cUmar, by Ibn cAbd al-Ra‘uf nor by al-Saqaṭī (which are all known authors of andalusíes ḥisba handbooks).46 In all the cases relating to the amīn it can be verified that the functions assigned to him are carried out perfectly without any need for guilds to exist. Neither is there sufficient basis to believe that the people who had to carry out these functions were assigned to what it is normally understood as a guild; and, still less, that 43

O. R. Constable, Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial de la Península Ibérica del 900 al 1500, Barcelona, Ediciones Omega, 1997, p. 140. 44

Gabrieli had already given the same translation: «e debbono informarne il soprintendente del guado.» 45

É. Lévi-Provençal and E. García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn cAbdūn, Madrid, Moneda y Crédito, 1948, p. 22.

46 Ibn

cUmar, Aḥkām al-sūq [Ordinances of the Souk], Spanish translation by E. García Gómez

in Al-Andalus, XXII/2, p. 253-316, Madrid and Granada, 1957; Ibn CAbd al-Ra’ūf, Risāla fī ādād

al-ḥisba wa-l-muḥtasib [Treatise of the Good Government of the Souk and of the Muḥtasib], French translation by R. Arié under the title “Traduction annotée et commentée des traités de ḥisba d’Ibn al-Ra’ūf et de

cUmar al-Garsīfī», in Hespéris-Tamuda, I/1, pp. 5-38; I/2, p. 199-214;

and I/3, pp. 349-364, Rabat, 1960; al-Saqaṭī, Kitāb fī ādād al-ḥisba [Book of the Good Government of the Souk], translation into Spanish by P. Chalmeta in Al-Andalus, XXXII/1, p. 125-162; XXXII/2, p. 359-397; XXXIII/1, p. 143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and Granada, 1967 and 1968.


71

these personages embodied the representation of the profession, since this is not even insinuated at any time by Ibn cAbdūn or by any of the aforementioned Muslim authors of the manuals of ḥisba. Since the economic system described by Ibn cAbdūn was unorganized and detrimental to consumers, it is evident that, with his treatise, Ibn cAbdūn wanted the public power to institutionalize some order with the main purpose of imposing quality control, the prevention of fraud, and the establishment of a rapid system to solve conflicts arising from mercantile activity; the case contemplated in §204, regarding a question of policing religious morality, the honest life of women, and consumption of wine, is exempted, and also that of §43 in reference to another religious obligation of the Muslims: that of prayer. In addition, in one specific case, a fixed location for the practice of the trade was proposed, and, in general, the figure of the amīn is imposed (never a syndic according to the translation into French by Lévi-Provençal and into Spanish by García Gómez) to resolve differences between members of a profession, or between parties who intervene in mercantile deals. This function supposes some professional relations, and transcends to the juridical sphere and relieves the muḥtasib and the auxiliary judge of an accumulation of litigations by claims, highly numerous in Seville, according to Ibn cAbdūn in §13. The last aspect remains clearer in the previously transcribed proposal by Ibn cAbdūn in §44. Furthermore, some of these functions are more typical of a bailiff or of a judicial agent. There is documented evidence of a task of this class assigned to an amīn in the middle of the 12th century to supervise the confiscation of goods.47 Chalmeta documents a reflection by cAbd al-Raḥmān III about the claim of a spinner dealt with by his grandfather, when in his opinion he could not have done it, since for that there was already «the vigilance of the amīn of the thread souk.»48 In other words, the amīn belonged to the souk, not to the profession.

In more ancient manuals of ḥisba the amīn also comes to light; however, no assignment different from the typical one of a ‘faithful person or fiduciary’ can be found in any of these manuals; that is to say, to the honest and reliable man designated for a delicate mission. In the manual of Cordovan Ibn cUmar, Aḥkām al-sūq [Ordinances of the Souk] from the 9th century, there are only two brief references in paragraphs 2 and 3 to the ‘man of greater trust’; one of them in charge of visiting the souk to verify the standard of all weights and measurements, and the other of monitoring that the coins in circulation were good, in order to prevent monetary devaluation. It can be appreciated that naming an amīn to go through all the shops of the souk is simpler than organizing the professions and putting a controller of weights and measures at their head. It does not state that he would be an officer belonging to each of the guilds, but that it was a question of a government employee going through the

47

The caliph cAbd to al-Mu’min ordered, at the end of 1147, the prosecution of those selling and

consuming grape must, and, afterwards, in August, 1148, he sent a letter ordering the strict observation of the Koran, that those responsible for the sale and consumption of wine would be prosecuted, and, furthermore, that, in the legal trials, «the confiscation of goods had to be carried out with the legal supervision of an amīn» (A. González Moreno, “Invasiones norteafricanas y movimiento nacionalista en al-Andalus», in Historia de Andalucía, Vol. II, Al-Andalus. De la desmembración del califato a la conquista cristiano-feudal, Sevilla, Biblioteca de Ediciones Andaluzas, 1981, p. 175). 48

P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al estudio de la historia del mercado, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1973, p. 375-376.


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souk and other shops. In the book by Ibn cAbd al-Ra’ūf, Risāla fī ādāb al-ḥisba wa-l-muḥtasib [Treatise of the Good Government of the Souk and of the Muḥtasib] from the 10th century, the amīn, or a very reliable person to whom an important mission is assigned, is mentioned once. In the paragraph (p. 205) about the butchers [ŷazzārīn], Ibn cAbd al-Ra’ūf indicates that the slaughter of animals is to be entrusted to honourable and reliable persons; if such a person should not exist, then a ‘prud-homme [amīn]’ (or magistrate, according to the translator) is imposed who monitors them and teaches them the rules of slaughter. It can be deduced that, if nobody is sufficiently prepared, then the muḥtasib would be the one who would appoint an amīn or expert in the procedure of the slaughter; however, in the first instance, the butchers themselves had named the person responsible for the slaughter.

Although García Sanjuán believes that he has found himself in the presence of a ‘syndic,’49 it is evident that, from these considerations by Ibn cAbd al-Ra’ūf, it cannot be deduced that this amīn was the ‘syndic’ of a guild, since he neither plays any role of representation of the profession nor does he have any duty related to organizing the profession nor does he safeguard the economic interests of members. It is only a question of an expert in slaughter. For the rest, it would be completely absurd that in the 9th century Ibn cUmar only referred to the verifiers of weights and measures and one century later Ibn cAbd al-Ra’ūf only mentioned the slaughterer if in their respective epochs the economic system were full of guilds. On the other hand, this recommendation by Ibn cAbd al-Ra’ūf is very similar to that of Ibn cAbdūn (§120) when proposing: «Inside the souk no beast will be sacrificed, unless it is done in vats, taking the blood and the rubbish of the guts out of the souk.» And then he goes on to say: «The beasts will be slaughtered with a long knife, and all the knives used for slaughtering will be like this.» He recommends that beasts suitable for breeding and for the work of ploughing should not be sacrificed, except if they carry some defect, «and a reliable syndic has to look after this and he will not take bribes, and every day he will have to go to the slaughterhouse.» From what is mentioned above by Ibn cAbdūn, it is not possible to affirm that organizations of butchers or slaughterers existed. Here the ‘reliable syndic’ is neither someone of the profession, nor does he have anything to do with the way in which this may be organized, since he only has to supervise the observation of a norm: that the beasts to be slaughtered are not apt for breeding or for work. Monitoring compliance with the rules can be done with or without guilds; in the same way that the amīn who monitors the accuracy of weights and measures need not belong to a guild. Moreover, slaughter is important for Muslims, since, according to the Koran (2,168, among others), they cannot eat meat from an animal that has been killed without invoking God’s name, and, furthermore, it has to be very well bled, since the Koran (2,168) also prohibits the ingestion of blood. That is why Ibn cUmar refers in several paragraphs (50 and 52) to the good throat slitting of the sheep, Ibn cAbd al-Ra’ūf dedicates several pages to this matter, and Ibn cAbdūn (§124) says:

49

A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus a través de los manuales de ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1997, p. 216.


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«Sausages and meatballs have to be made with fresh meat, and not with the meat of a sick animal nor that of a beast which died without having its throat slit because this would be cheaper.»

For this reason, the authors of the manuals of ḥisba see to it that the beasts

destined for human consumption be properly sacrificed. The slaughterer must be an expert in his profession and must know very well how to slit throats so that the animal is completely bled; and the knife has to be a long one, for that same purpose. Of lesser importance was whether the slaughterer was chosen by the butchers or was named by the muḥtasib; that which held more relevance was that he was a good throat-slitter. Finally, it is necessary to take into account that, in the manual of ḥisba by Ibn cAbd al-Ra’ūf, the amīn named by the muḥtasib as the slaughterer was not a member of a guild; he was an expert master in the art of throat-slitting who transmitted his knowledge to others, regardless of whether the group of butchers ware corporately organized or not.

6. Conclusions From our studies, we conclude that there were no guilds in Ibn cAbdūn’s

epoch. Romero holds the same opinion, stating that from everything mentioned by Ibn cAbdūn, «it does not follow that such professions, or at least some of them, were corporately organized.»50 It is our opinion that the ishbīlī intended there to be an organization directed by the public authorities to monitor the souks, to prevent fraud, to carry out quality control of the products, and to mediate in conflicts. The latent idea in Ibn cAbdūn’s mind, and in those of the other authors of the manuals of ḥisba, was not to organize the professions but the souks, for consumer protection against the producers. On this matter, there is yet more indirect proof of the non-existence of guilds in that epoch. It is found in §131 of Ibn cAbdūn’s treatise, where he recommends that clients be compensated for the powder and residues left by drugs by means of «a tare of compensation, set according to the opinion of the merchants and in agreement with the buyer.» Notice that he makes no mention of either an amīn or a guild. The agreement had to be established directly between merchants and buyers themselves on an individual basis. It would have been absurd to propose such a norm if there had been a pharmacists’ guild. Even if the sale of drugs had not been specialized and the drugs were sold by shopkeepers in general, the norm would have been completely different if the retailers had been organized in guilds.

As a colophon, it is probably relevant to transcribe a few of Chalmeta’s words (1991: 108-109) about Islamic cities (in general):51

50

V. Romero, Los gremios de Sevilla, Sevilla, Padilla Libros Editores & Libreros, 2001, p. 28. 51

P. Chalmeta, “Organización artesano-comercial de la ciudad musulmana”, in Simposio Internacional sobre la Ciudad Islámica: ponencias y comunicaciones, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, p. 108-109. We are grateful to Dr. Bramon who has provided us with this information.


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Speaking in socio-economic and political terms, the Moslem organizations (sinf, rifa, firqa, tāi'fa) constitute authentic corporations or not? Masignon and his followers wanted to make guilds of them.52 However, these so-called guilds do not emerge until the 14th century, with the appearance of the Ottomans. There were none in al-Andalus, not even a small trace of them can be found in the documents of Geniza, and Le Tourneau never managed to see them in Fez.53 Likewise, the alamines should not be considered heads of guilds, but merely as people responsible for the profession facing the public authorities, appointed for fiscal purposes to better control their colleagues. Therefore, given the silence of the sources, one is forced to follow the observations of Baer,54 Cahen,55 Goitein,56 Raymond,57 and Stern,58 to conclude the non-existence of corporate organizations of craftsmen in the Muslim world before the 15th century, and then their existence only in the Ottoman territory thereafter.

The historians mentioned by Chalmeta studied work situations in diverse

periods of time outside the al-Andalus area. Nevertheless, Chalmeta specifies very clearly that in al-Andalus there were never any guilds.

Recibido el 4 de abril de 2012, corregido del 5 al 8 de junio de 2012 y aceptado definitivamente el 12 de diciembre de 2013.

52

L. Massignon, “Le corps de metier et la cité islamique”, in Revue International de Sociologie, Vol. 28, 1920. 53

R. Le Tourneau, Fès avant le protectorat, Casablanca, Société marocaine de librairie et d'édition, 1949. 54

G. Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem, 1965. (Note by Chalmeta). 55

C. Cahen, “Les corporations professionnelles...”, in The Islamic City, Oxford, 1970. (Note by Chalmeta). 56

S. D. Goitein, A Mediterranean Society..., U.C.A., 1967. (Note by Chalmeta). 57

A. Raymond, Artisans et commerçants..., Damasco, 1973. (Note by Chalmeta). 58

S. Stern, “The constitution of the Islamic city”, in The Islamic City, Oxford, 1970. (Note by Chalmeta).

Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013) Recensiones

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Antoine Lyon-Caen (con la colaboración de Alexandre Fabre), Le nouveau Code du travail, Éditions Dalloz, Saint-Herblain, 2008, 247 págs.

RESUMEN: Antoine Lyon-Caen realiza una introducción al estudio del nuevo Código francés de trabajo, destacando que la ley de 9 de diciembre de 2004 ordenaba al gobierno a proceder a la recodificación del Código de trabajo. Alexandre Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo ha sido una labor desarrollada por la Dirección general de trabajo. En efecto, el Parlamento habilitó al Gobierno a recodificar el Código respetando la normativa prevista en la Constitución. La principal diferencia respecto al Código derogado es que el de 2008 adopta una estructura principal dividida en libros, con un incremento del número de títulos. Alexandre Fabre analiza el contrato de trabajo, regulado en el libro II y que comprende siete títulos, siendo el primero de ellos el que se refiere al ámbito de aplicación. La regulación conjunta de la formación y la ejecución del contrato de trabajo hace pensar en las similitudes existentes entre ambas instituciones. A. Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo no consagra una concepción realmente novedosa de esta institución, sino que se limita a codificar las instituciones que regulan el contrato de trabajo. Fabre también comenta la finalización del contrato de trabajo. En las pp. 79-116 se recoge de forma detallada la estructura del nuevo Código. Fabre no resalta la ejecución del contrato de trabajo, sino que se limita a codificar las instituciones que regulan el contrato de trabajo. Cyril Wolmark describe la negociación colectiva, y en concreto los convenios y los acuerdos colectivos de trabajo. En efecto, la nueva codificación regula el acuerdo colectivo, aunque con las imperfecciones razonables de una institución que permite acoger disposiciones extranjeras. Elsa Peskine describe la representación colectiva en los salarios, haciendo referencia expresa a los sindicatos profesionales, así como a las instituciones representativas de personal, si bien el delegado sindical queda relegado a un simple representante de la entidad sindical que lo haya designado. Manuela Grévy hace una breve referencia al tema de los poderes y las libertades. Hay que encontrar un equilibrio entre el derecho fundamental al salario y el poder disciplinario del empresario. Refiriéndose a la formación inicial, Marie-José Gomez-Mustel considera que el trabajador debe adquirir la cualificación necesaria, y la misma tendría como apoyo jurídico el contrato de aprendizaje. En realidad, el derecho a la formación está considerado como una garantía social. Jean-Paul Domergue considera al empleo, regulado en la parte quinta del nuevo Código, como uno de los pilares fundamentales del nuevo Código. De hecho, el Libro I prevé mecanismos para la inserción laboral, así como el acceso o el retorno al empleo y las ayudas a la creación de empresas. La última colaboración es la de Évelyne Serverin, que se refiere a los conseils de prud'hommes, regulados en el Libro IV de la primera parte del nuevo Código, y los califica como un sistema de conciliación que se convierte en un filtro en el acceso a los juzgados. PALABRAS CLAVE: Código de trabajo 2008, Alexandre Fabre, Derecho laboral, Francia.

Antoine Lyon-Caen (pp. 1-13) realiza una introducción al estudio del nuevo

Código francés de trabajo, que entró en vigor el primero de mayo de 2008, conmemorando el día internacional del trabajador. Pero esta obra tiene


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limitaciones ya que su pretensión era regular cerca de treinta millones de salarios. La primera propuesta de un Código de trabajo se remonta a 1898, a iniciativa del diputado A. Groussier, que propuso la codificación sistemática para ofrecer una visión homogénea de las relaciones laborales (pp. 3-4). Recientemente la ley de 9 de diciembre de 2004 ordenaba al gobierno a proceder a la recodificación del Código de trabajo. Alexandre Fabre (pp. 15-78) destaca que el nuevo Código de trabajo ha sido fruto de la misión que se le encargó a la Dirección general de trabajo para que recopilase multitud de reglas de naturaleza y orígenes muy diversos. De hecho, el Parlamento habilitó al Gobierno a recodificar, mediante ordenanza, el presente Código con la finalidad de respetar la jerarquía de las normas y el obligado respeto a la propia Constitución. En comparación con el antiguo Código, el vigente presenta importantes modificaciones de estructura: el aumento de las divisiones, las codificaciones de textos hasta entonces no codificados, la nueva organización de los artículos, así como la reagrupación de disposiciones dispersas y la reorganización de ciertas reglas (p. 18). En efecto, el nuevo Código de trabajo se desmarca del derogado porque adopta una estructura principal dividida en libros. Además, el aumento de las divisiones en el Código implica un incremento del número de títulos. El nuevo Código distingue de forma clara entre reglas sustanciales y procesales, así como entre reglas y sanciones (pp. 50-51). En principio, cada libro del nuevo Código de trabajo comienza por la definición de su ámbito de aplicación, al tiempo que pretende una armonización del vocabulario, evitando utilizar numerosas expresiones para designar un mismo concepto como hacía el derogado Código (p. 61). El artículo L.1251-1 define el trabajo temporal y el art. 1252-1 el trabajo a tiempo parcial, mientras que el artículo L. 3161-1 se refería a la categoría de jóvenes trabajadores. En las pp. 79-116 se recoge la estructura del nuevo Código. Alexandre Fabre analiza el contrato de trabajo (pp. 117-124), que el nuevo Código regula en el libro II, y que comprende siete títulos, siendo el primero de ellos el que se refiere al ámbito de aplicación. En el contrato de trabajo existen dos aspectos claramente diferenciados: la formación y ejecución de una parte, y la finalización de otra. La regulación conjunta de la formación y la ejecución del contrato de trabajo hace pensar en las similitudes existentes entre ambas instituciones. A. Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo no consagra una concepción realmente novedosa de esta institución, sino que se limita a codificar las instituciones que regulan el contrato de trabajo. Fabre también comenta la finalización del contrato de trabajo (pp. 125-132). Cyril Wolmark analiza la negociación colectiva: los convenios y los acuerdos colectivos de trabajo (pp. 133-141). En la segunda parte del nuevo Código bajo la rúbrica "Las relaciones colectivas de trabajo" se regula esta cuestión que había descuidado el Código de 1973, si bien fue desarrollada por la jurisprudencia. La nueva codificación regula el derecho de acuerdo colectivo, aunque con las imperfecciones razonables de una institución que permite acoger disposiciones extranjeras. Elsa Peskine hace una breve reflexión relativa a la representación colectiva en los salarios (pp. 142-151), regulada en la segunda parte referida a las relaciones colectivas del trabajo. Menciona expresamente instituciones como los sindicatos profesionales, así como las instituciones representativas de


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personal, si bien se relega al delegado sindical a la calidad de representante del sindicato que lo designe. Manuela Grévy hace una breve referencia al tema de los poderes y las libertades (pp. 152-159). La recodificación de las disposiciones legislativas que protegen los derechos fundamentales y las libertades de salarios frente a los poderes del empresario y, en particular el poder disciplinario, goza de una gran ambivalencia. En el libro primero, la primera parte del nuevo Código rubricada bajo el título de "las relaciones individuales de trabajo", trata diversas cuestiones relativas a los derechos y libertades en la empresa (título II); las discriminaciones (título III); la igualdad profesional entre mujeres y hombres (título IV) y el acoso (título V). Grévy resalta la idea de reunir en unas mismas disposiciones cuestiones sobre los derechos fundamentales y las libertades en la empresa (p. 153). Alexandre Fabre se refiere a una de las cuestiones laborales más reformada: los tiempos de trabajo (pp. 160-176). La tercera parte del código regula cuestiones tan diversas como la duración del trabajo, el salario, la participación de los beneficios, y el ahorro del salario. El título II del libro I opera una distinción entre las disposiciones relativas a la duración del trabajo (capítulo I) y las relativas al reparto y distribución de los horarios (capítulo II). Otra modificación sustantiva en esta cuestión ha sido la creación de un título relativo en el control de la duración del trabajo (p. 166). Otro aspecto relevante en el nuevo Código es el referente a la salud y la seguridad (pp. 168-176). Alexandre Fabre reseña que el nuevo Código consagra una parte íntegra a estas cuestiones, la parte cuarta, que está desarrollada en ocho libros. Los libros II a V reagrupan las disposiciones aplicables relativas a los lugares seguros de trabajo, a los equipamientos y a los medios de protección, a la prevención de ciertos riesgos laborales de exposición y a la prevención de riesgos unidos a ciertas actividades u operaciones. El libro VI está consagrado a las instituciones y organismos de prevención, mientras que el último de los libros se refiere a las reglas de control e intervención de la inspección de trabajo y la responsabilidad penal del empresario. De hecho, históricamente, las disposiciones en materia de salud y de seguridad han fundamentado la responsabilidad penal del empresario. No menos importante es la formación profesional inicial (pp. 177-185). Marie-José Gomez-Mustel parte de que la igualdad de acceso a la formación es uno de los pilares básicos de este aspecto, recogido en el principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. El trabajador debe adquirir una cualificación, y la misma tiene como apoyo jurídico el contrato de aprendizaje. En realidad, el derecho a la formación está considerado como una garantía social que ha sido uno de los logros gracias a la negociación colectiva entre organizaciones profesionales y sindicales. Jean-Paul Domergue analiza una de las cuestiones más actuales: el empleo (pp. 186-193), regulado en la parte quinta del nuevo Código y que viene a recodificar los diferentes planes o programas gubernamentales en favor del empleo y de lucha contra la exclusión aplicados desde los años 70. Domergue destaca que el servicio público de empleo ha sido objeto de un libro específico y que, en consecuencia, está consagrado al principal interlocutor de este servicio: el demandante de empleo (p. 187). El Libro I también prevé mecanismos para la inserción laboral, así como el acceso o el retorno al empleo y las ayudas a la creación de empresas. Por otro


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lado, el Libro IV trata sobre el demandante de empleo, siendo el más innovador. Évelyne Serverin se refiere a los litigios individuales de trabajo y los conseils de prud'hommes (pp. 194-203), regulados en el Libro IV de la primera parte del nuevo Código, que establece una distinción entre conflictos individuales y colectivos. A este consejo se le han atribuido nuevas misiones que no aparecían en el derogado Código y que configuran una concepción totalmente distinta de esta institución que atribuye una resolución amigable, global y previa a la apertura de la fase contenciosa propiamente dicha (p. 202). Este sistema de conciliación llegaría a ser un filtro entre al acceso a los juzgados. Esta obra reproduce básicamente dos breves estudios sobre el Código de trabajo francés aprobado en 2008, que han sido publicados por especialistas y colaboradores de la Revue de droit du travail, si bien se han añadido algunas nuevas referencias. Además, recoge la estructura del nuevo Código en las págs. 79-116. [Recibida el 17 de octubre de 2013].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Furio Semerari, coord., Metropolitania. Aspetti e forme di vita della città postmoderna, Edizioni Ghibli, Milano, 2011, 392 págs.

RESUMEN: Furio Semerari reseña en el Preámbulo del libro que ha coordinado, que el término que mejor califica a la ciudad postmoderna es el de "inhabitable". La metrópolis se presenta como un lugar de contaminación atmosférica, acústica y luminosa, pero también donde se desarrollan relaciones interpersonales y sociales. Michele Andrisani escribe sobre la ciudad estética y desterritorializada. La metrópolis moderna se ha convertido en una ciudad laberinto, en una ciudad plural y acéfala donde se unen elementos heterogéneos. La ciudad ha perdido su connotación de territorialidad, elemento que la identifica, y esta ciudad postmoderna se ha construido una nueva imagen de sí misma que necesita inventarse. Palma Di Gioia y Giuseppe Quarto analizan las distintas formas de agruparse en la ciudad moderna. Los medios de transporte son instrumentos irrenunciables en las modernas ciudades para toda la colectividad. Además, la postmodernidad en la ciudad ha fomentado la individualización, limitando la esfera pública. Monica Gigante comenta el compromiso civil del ciudadano de estas ciudades postmodernas. La fase del individualismo habría sido el germen de una nueva forma de capitalismo en el Estado moderno, que habría creado el "homo oeconomicus". Monica Gigante considera que, para construir una comunidad humana universal y exclusiva, serían necesarios dos elementos: el ideal y el sentido de responsabilidad. Alberto Altamura ha disertado sobre el gobierno del territorio y el conflicto en la ciudad contemporánea. El autor parte de la idea de que la ciudad se puede presentar de muchas formas: la "megaciudad", la "tecnópolis", e incluso la "ciudad de tránsito", entre otras. En realidad, la metrópolis contemporánea es un reflejo de la singularidad multitudinaria y los sujetos sociales que componen la misma. Felicia L. Ferrigni escribe sobre los espacios urbanos en la era digital. El manejo de internet y, en concreto, las redes sociales y el correo electrónico, han facilitado la circulación de la información, creando la


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ciudad digital (city network). Esta realidad social ha permitido llegar a todos los ciudadanos y acercar más la democracia a todos. Otro aspecto que ha tratado Gabriella Falcicchio es la relación de la ciudad con los niños y los animales. En la ciudad postmoderna la periferia ha dejado de ser un lugar físico fácilmente identificable, aunque continúa presentándose como un lugar simbólico. La equiparación del niño al animal implica una degradación de las condiciones infantiles. Aunque las guarderías favorecían la socialización de los menores en edad escolar, debían ser costeadas por los padres. La política ambiental en la metrópolis es una de las cuestiones más importantes, que ha sido debatida por Andrea Russo, que llega a calificarla de "catástrofe ambiental" más que "crisis ambiental", hasta el punto que haría inhabitable la propia metrópolis. Por ello el gobierno debería intervenir en la construcción de la ciudad, para evitar llegar a una situación caótica. Tiziana Portoghese escribe sobre el silencio en la metrópolis. La clasificación del sonido puede establecerse en función de las características físicas (acústica), según el modo en que se perciban (psico-acústica), según su función y su significado (semiótica o semántica) o según las propias características emocionales o afectivas (estética). Algunos estudios de la Universidad de Pavía realizados en 2006 determinan que la música puede reducir el estrés. Furio Semerari estudia la marginalidad en la periferia de las ciudades y considera que «la periferia en sentido espacial puede considerase el centro en sentido social, el centro en sentido espacial puede ser periferia en sentido social», y en consecuencia considera que la ciudad policéntrica es una utopía. Angela Martiradonna analiza la multiculturalidad de la ciudad, y parte de la consideración de que el extranjero no tiene la consideración de ciudadano de la ciudad en la que vive, aunque haya contribuido a su existencia y a su transformación. La directiva europea 78/2000 ha establecido una distinción entre "discriminación directa" e "indirecta". Pero la ciudad postmoderna también genera pobreza, según Palma Di Gioia. Los modelos más representativos son: Nueva York, Tokyo, Londres, Hong Kong, Toronto, Miami y Sydney. En las ciudades se han creado zonas marginales, al tiempo que se ha generado una pobreza absoluta. Roberta Roca ha reflejado la importancia de la fotografía en la ciudad postmoderna. En realidad, las ciudades más fotografiadas han sido las de Nueva York y París, constituyéndose en el caso de la primera de ellas el icono de los rascacielos. Discipio se refiere a la ciudad en la noche, ya que la ciudad no duerme totalmente, sino que vive, actúa, se mueve, aunque más lentamente. Por ello, su autor llega a manifestar que «la ciudad vivirá o morirá en base a la colectividad». De hecho, en una parte del planeta la noche domina durante seis meses al año ese territorio, como ocurre en algunos países nórdicos. PALABRAS CLAVE: Metróplis, Ciudad postmoderna, Segunda mitad siglo XX.

En el Preámbulo (pp. 11-19), Furio Semerari señala que el término que

mejor califica a la ciudad postmoderna es el de "inhabitable". Sin duda, existe una asociación entre ciudad e Historia, máxime cuando la ciudad postmoderna atrae por la posibilidad de las relaciones humanas, de bienestar, etc., que se pueden crear en la misma (pp. 11-12). Semerari califica a la metrópolis como un lugar de contaminación atmosférica, acústica y luminosa, pero también de relaciones interpersonales y sociales para el desarrollo donde se ha excedido


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en la construcción y donde se ha producido el caos arquitectónico. Además, la ciudad se presenta como un lugar donde reina la inseguridad, pero también donde se plantean además discusiones públicas relativas a cuestiones de interés común.

Michele Andrisani (pp. 23-42) centra sus reflexiones sobre la ciudad estética y desterritorializada. En efecto, la ciudad postmoderna es el reflejo de una sociedad del exceso, de una proliferación ilimitada de materiales que se encuentran en todos los ámbitos de la realidad, y donde se ha producido una saturación. La metrópolis moderna se ha convertido en una ciudad laberinto, en una ciudad plural y acéfala donde se unen elementos heterogéneos. Si en el mundo antiguo la ciudad se presentaba como el emblema del orden y de la forma frente al caos natural, en la modernidad la dimensión del laberinto y del desorden en todo momento están presentes en el espacio urbano metropolitano. El hombre postmoderno se caracteriza por ser consumista y antiestético, ya que el aspecto más significativo de la ciudad postmoderna es el consumo compulsivo. En efecto, la ciudad pierde su connotación de territorialidad, que se presenta como el elemento que la identifica, su propia alma, su identidad. Pero el espacio de la ciudad actual se configura como un espacio mediático, artificial, fundamentado en la necesidad estructural de producir sucesos, eventos, noticias y cambios. En realidad, la ciudad postmoderna necesitaría inventarse y construir una nueva imagen de sí misma.

Palma Di Gioia y Giuseppe Quarto describen las distintas formas de agruparse en la ciudad moderna (pp. 45-70). Desde sus orígenes, la ciudad ha presentado una gran complejidad motivada, entre otros factores, por la fluidez de las relaciones internas. En la misma, ha existido una combinación de expresión y de represión, de tensión y de colaboración (p. 46). En esos primeros momentos, la ciudad se presentaba como multitudinaria, diversa y con una tensión constante. El espacio físico de la ciudad ha sufrido a lo largo del tiempo numerosas y sustanciales transformaciones, en relación con el poder del gobernante, en la economía y en la expansión geográfica. En las modernas ciudades los medios de transporte representan un elemento fundamental, ya que son instrumentos irrenunciables e imprescindibles para la colectividad. Sin embargo, en la postmodernidad la ciudad ha fomentado la individualización, limitando la esfera pública.

Monica Gigante escribe sobre el compromiso civil del ciudadano de estas ciudades postmodernas (pp. 73-95). En esta tipología de ciudades la ciencia se presentaba como la única divinidad, que no admitía forma alguna de pluralismo; además, la matemática se convertía en el lenguaje universal de todas las naciones. La fase del individualismo habría sido el germen de una nueva forma de capitalismo en el Estado moderno, que habría creado el "homo oeconomicus". Lo privado llega a invadir lo público, de forma que el narcisismo del hombre posmoderno llegaría a monopolizar el debate público. Monica Gigante considera que para construir una comunidad humana universal y exclusiva serían necesarios dos elementos necesariamente: el ideal y el sentido de responsabilidad, refiriéndose este último a los derechos, deberes, tareas y posibilidades.

El gobierno del territorio y el conflicto en la ciudad contemporánea han sido analizados por Alberto Altamura (pp. 97-124). Afirmar la metamorfosis del espacio-tiempo significaría reconocer que la ciudad se puede construir de muchos modos (p. 100). En la actual fase de globalización, la ciudad ocuparía


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un área equivalente tan sólo al 3% de la superficie terrestre total. En realidad, la ciudad se puede presentar de muchas formas: la "megaciudad", la "tecnópolis", la "ciudad de tránsito", entre otras. El conflicto urbano se ha considerado, más que como una crítica del sistema de producción capitalista, como expresión de una reivindicación de espacios para gestionar autónomamente. La metrópolis contemporánea representa la singularidad multitudinaria y los sujetos sociales que componen la misma.

Felicia L. Ferrigni escribe sobre los espacios urbanos en la era digital (pp. 127-152). La creciente complejidad de las transformaciones del sistema socio-económico y de la política ha quedado patente en la realidad urbana. En las ciudades se ha establecido un espacio basado en los flujos, ya sean financieros, tecnológicos, informativos, etc., y al mismo tiempo ha surgido la cuestión de las formas de gobierno y el diseño de la geometría de estas nuevas urbes. De esta forma, a las nuevas metrópolis se le suman nuevas dimensiones como la electrónica y la física. Los nuevos retos digitales presuponen una cooperación entre los distintos centros, infraestructuras y mercados y podrían potenciar los espacios electrónicos públicos, aunque también privados, superando los límites institucionales. El uso de internet, principalmente de las redes sociales y del correo electrónico, ha contribuido a la creación de un espacio colaborativo on line que haga eficaz la circulación de la información. La ciudad digital (city network) pretende introducir importantes cambios de la información a través del acceso telemático como internet gratuito. El uso de los instrumentos informáticos ha permitido llegar a todos los ciudadanos y acercar más la democracia a todos.

La relación de la ciudad con los niños y los animales ha sido tratada por Gabriella Falcicchio (pp. 155-187). El ser humano ha sido reconocido como el "animal cultural por excelencia". La complejidad de las relaciones existentes en la ciudad hace más difícil su análisis. Por otro lado, los gatos y perros no esterilizados podían contagiar enfermedades. En la ciudad postmoderna es difícil distinguir entre centro y periferia, ya que la periferia dejaba de ser un lugar físico fácilmente identificable, aunque continuaba presentándose como un lugar simbólico. Rosa Luxemburgo apuntaba la parábola entre el búfalo apaleado y un niño, ya que en las ciudades los niños eran tratados como animales. De hecho, en el lenguaje cotidiano se utiliza el término "animal" peyorativamente. De forma que tratar al niño como al animal hace pensar en la degradación de las condiciones infantiles. En efecto, tanto los niños como los animales tenían el estatus de inmaduros. Estos niños en edad preescolar debían estar en guarderías, costeadas por los padres, favoreciendo al mismo tiempo la socialización de los mismos.

La política ambiental en la metrópolis es una de las cuestiones más importantes, que ha sido debatida por Andrea Russo (pp. 191-211). Desde el 700 y 800, el género humano ha intentado construir y mantener el hábitat metropolitano en la medida en que el ambiente ha constituido un elemento fundamental de relevancia estratégica. De esta forma, para la construcción tanto de un ambiente natural como artificial era necesaria una intervención del gobierno. Andrea Russo habla de "catástrofe ambiental" más que "crisis ambiental", hasta el punto que haría inhabitable la propia metrópolis.

Tiziana Portoghese escribe sobre el silencio en la metrópolis (pp. 215-250). La revolución industrial provocó un cambio absoluto en la ciudad, modificando el ritmo noche-día y la propia superación de la máquina sobre el hombre.


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Además, la revolución eléctrica ha impuesto el ruido permanente en la misma ciudad. El sonido se puede clasificar según las características físicas (acústica), según el modo en que se perciban (psico-acústica), según su función y su significado (semiótica o semántica) o según las específicas características emocionales o afectivas (estética) (p. 221). Pero el ruido también ha sido utilizado como arma de guerra, ya que recientemente el ejército americano se ha aprovechado del ruido como forma de tortura de los prisioneros. El 90% de la población europea está soportando el ruido del tráfico y el 1,7% del tráfico ferroviario y el 1% del aéreo; además, entre 1996 y 2010 se ha incrementado el volumen del gráfico de mercancías y el aumento del tráfico aéreo en un 180%. Existen estudios de la Universidad de Pavía en 2006 que determinan que la música puede reducir el estrés, cuestión por demás ya conocida. Además, la sensibilización por el ambiente debería iniciarse en la escuela primaria, y fomentarse con la escritura y la lectura.

Furio Semerari estudia la marginalidad en la periferia de las ciudades (pp. 253-283). A partir de los años 50-60 del pasado siglo XX, la ciudad y, sobre todo, la metrópolis llegaron a convertirse en el centro de estilo consumista. En Italia, en los años 80, Pier Paolo Pasolini ha utilizado el término "mutación antropológica" para referirse a la difusión totalitaria de la ideología consumista. Semerari considera que «la periferia en sentido espacial puede considerase el centro en sentido social, el centro en sentido espacial puede ser periferia en sentido social» (p. 260). Pero al mismo tiempo considera que la ciudad policéntrica es una utopía (p. 261). Por supuesto, la periferia presenta condiciones de abandono y de degradación social y ambiental, que hay que combatir de forma urgente. Esta degradación de los espacios hace necesaria la demolición selectiva de los edificios.

Angela Martiradonna analiza la multiculturalidad de la ciudad (pp. 287-300). El extranjero no tiene la consideración de ciudadano de la ciudad en la que vive, aunque haya contribuido a su existencia y a su transformación, pero sin participar en las decisiones que se adoptasen en la misma. Es un espacio al que no pertenece y que tiene intención de abandonar lo antes posible. La ciudad hospeda al extranjero, pero éste sólo vive en un espacio reducido, no ocupando todo el espacio de la ciudad. En muchas ciudades italianas los extranjeros no habitan en la periferia, ya que es un espacio reservado a la actividad popular. La directiva europea 78/2000 ha establecido una definición precisa de "discriminación" distinguiendo entre "discriminación directa" e "indirecta" (p. 293). La discriminación y el racismo son el resultado de la mediocridad y de la banalidad, que encuentra su fundamento en la propia globalización que pretende eliminar la especificidad y la diversidad, regulando la homogeneidad.

Pero la ciudad postmoderna también genera pobreza, según Palma Di Gioia (pp. 301-324). Las megápolis globales más importantes son, entre otras, Nueva York, Tokyo, Londres, Hong Kong, Toronto, Miami y Sydney. En todos estos casos la organización de las mismas no se encuentra adaptada a los vecinos que la habitan. La ciudad postmoderna se ha convertido en centro de la industria de servicios. Las capitales de los países en vías de desarrollo, con elevadísima densidad de población, como Río de Janeiro o Estambul, han establecido un sistema de apropiación abusivo de la tierra (p. 306). En las ciudades se han creado zonas marginales, al tiempo que se ha generado una pobreza absoluta. En el contexto urbano se ha creado una visión competitiva,


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que ha generado un entorno hostil y con grandes diferencias entre ricos y pobres, entre plutócratas y una clase de tropa de menesterosos.

Roberta Roca ha recogido la importancia de la fotografía en la ciudad postmoderna (pp. 327-344). Las ciudades más fotografiadas han sido las de Nueva York y París. En concreto, en esta última ciudad las imágenes fotográficas, a finales de los años ochenta, representaban principalmente los boulevards y sus iglesias. Gran parte de la fotografía urbana de los años ochenta revelaba un sentido fuertemente fragmentado de la percepción del espacio que le rodeaba. Por otro lado, Nueva York se ha concebido como el icono mismo de los rascacielos, de las líneas verticales que se levantaban sobre el cielo, convirtiéndose en todo un símbolo. De hecho, Joel Meyerowitz fue un representante fuertemente ligado a la fotografía de finales de los años sesenta, y que impartió el primer curso de fotografía a color en la prestigiosa Cooper Union de Nueva York. Por otro lado, el discurso de un grupo de fotógrafos italianos de los años ochenta era totalmente distinto, ya que utilizaban sus armas de trabajo para denunciar una situación existencial de nuestro tiempo. Además, hay que tener muy presente que el espacio no se presenta como caótico, sino marginal, y que el tiempo no es instantáneo sino desacelerado.

En la última colaboración, Domenica Discipio se refiere a la ciudad en la noche (pp. 347-387). En efecto, durante la noche, la ciudad no duerme totalmente, sino que vive, actúa, se mueve, aunque más lentamente. Aunque el hombre no está adaptado para la noche, en la ciudad durante las horas vespertinas trabajan miles de obreros. El hombre ha construido su ciudad y ha de vivir adaptándose a ella. Discipio llega a manifestar que «la ciudad vivirá o morirá en base a la colectividad» (p. 348). Además, hay que tener en cuenta que en una parte del planeta la noche domina durante seis meses al año ese territorio, como ocurre en algunos países nórdicos. De hecho, el tiempo atmosférico determina el modo de ser del hombre nórdico, que tiene un modo peculiar de vivir y de construir. Domenica Discipio considera que la ciudad postmoderna manifiesta una tendencia masoquista a la autodestrucción (p. 355).

Furio Semerari ha coordinado esta obra colectiva, y cuenta en su haber con numerosas publicaciones, entre las que caben destacar las siguientes La fine della virtu: Gracian, La Rochefoucauld, La Bruyere (1993) y Il gioco dei limiti: L'idea di esistenza in Nietzsche (1993). [Recibida el 20 de octubre de 2013].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Armando Zerolo Durán, Génesis del Estado Minotauro. El pensamiento político de Bertrand de Jouvenel, Sequitur, Madrid, 2013, 245 pags.

RESUMEN: Entre los autores franceses de la segunda mitad del siglo XX destaca Bertrand de Jouvenel, un liberal conservador que forma constelación, no obstante sus diferencias, con Raymond Aron, Julien Freund y Gaston Bouthoul. Como estos tres, De Jouvenel puede considerarse un “realista político”, pues profundamente realista es su crítica de la estatolatría, objeto fundamental de este libro. El autor estudió la formación en el pensamiento de


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De Jouvenel del llamado “Estado Minotauro”, última etapa en el desarrollo del Estado totalitario. PALABRAS CLAVE: B. de Jouvenel, Soberanía, Estado totalitario, Liberalismo.

Armando Zerolo Durán, discípulo de Dalmacio Negro, es profesor de Historia

de las ideas políticas en la Universidad CEU-San Pablo. Ha cuidado en diversas ediciones de algunos clásicos modernos y contemporáneos del pensamiento político: de Rousseau a Röpke. Su último trabajo es un libro sobre el Estado en el pensamiento de Bertrand de Jouvenel (1903-1987), escritor político francés, arquetipo del liberal-conservador europeo. Génesis del Estado Minotauro procede de su tesis doctoral, género del que este libro, muy transformado, conserva sus virtudes (la originalidad) y ninguno de sus vicios (la erudición estéril).

El libro del profesor Zerolo es el primero publicado en español sobre el intelectual francés y el tercero de los primeros en cualquier otra lengua. Le preceden Bertrand de Jouvenel. The conservative liberal and the illusions of modernity (ISI Books, 2005), de Daniel J. Mahone, y Bertrand de Jouvenel (Perrin, 2008), de Olivier Dard. Hay no obstante diversos estudios –no demasiados– en revistas especializadas y las actas de un congreso que, en parte, se ocupan de su pensamiento durante la III República: Gilles Le Béguec y Christine Manigand (ed.), Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel: Crise et métamorphoses de l’État démocratique 1900-1935 (Pulim, 2004). No es pues De Jouvenel un autor que goce del favor de los académicos, tal vez porque nunca formó parte de ellos ni se encuadró en una universidad francesa. Se da también la circunstancia de su conversión al catolicismo después de la II Guerra mundial, muy relevante para un escritor político francés, de origen judío y formado en el espíritu laicista. Sobre este aspecto desconocido de la biografía de De Jouvenel arroja luz Zerolo Durán en las pp. 59-61. Las referencias a la correspondencia del autor, depositada en la Biblioteca Nacional de Francia, constituyen una prueba inequívoca. Zerolo Durán cita este pasaje de una carta de De Jouvenel al editor de su libro De la souveraineté (25 de julio de 1956): «Soy católico, y la vuelta a una fe viva tras el agnosticismo de mi juventud ha sido uno de los acontecimientos más importantes de mi vida».

Aunque De Jouvenel no cabe en los registros de lo que podría denominarse un “escritor político católico”, pues la dimensión religiosa cae fuera de su teoría política, es cierto que hay una compatibilidad de fondo entre su visión de la política y la del catolicismo político. Tal vez ahí se encuentre la explicación del temprano interés por De Jouvenel en catolicismo cultural militante del “Grupo de Arbor” y la “Biblioteca del Pensamiento Actual” de la Editorial Rialp. La colección BPA, un referente intelectual de primer orden del pensamiento conservador hispánico, publicó una edición del estudio sobre la soberanía en 1957, apenas dos años después de la primera edición francesa (hay una reedición posterior de la Editorial Comares, al cuidado de José Luis Monereo; la nueva edición mantiene la traducción y el prólogo de Leandro Benavides, colaborador de Ángel López-Amo en el Estudio General de Navarra). Un año antes, en 1956, se publicó la traducción de Du Pouvoir: El poder. Historia natural de su crecimiento (Editora Nacional; 2ª ed., 1974), con un prólogo de Rafael Gambra. La misma traducción con prólogo de Dalmacio Negro se recupera en Unión Editorial en 1998. Bien mirado, De Jouvenel es una


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presencia constante en España, en donde todos sus libros importantes posteriores a la II Guerra mundial están traducidos, incluso en varias ediciones y versiones: La teoría pura de la política (Revista de Occidente, 1965); El arte de prever el futuro político (Rialp, 1966); El principado (Ediciones del Centro, 1974); Los orígenes del Estado moderno (Magisterio español, 1977); La ética de la redistribución (Encuentro, 2009; una edición distinta posterior: Katz, 2010); y Ensayo sobre la política de Rousseau (Encuentro, 2013). Ha tenido también divulgación en España la edición venezolana de Arcadia. Ensayos para vivir mejor (Monteávila, 1971), anticipación de un ecologismo sensato.

El libro de Armando Zerolo es un diáfano estudio sobre uno de los conceptos más sugestivos de De Jouvenel: el Estado Minotauro, que tiene también, como el Leviatán hobbesiano, ecos míticos. Casi un cuarto de Génesis del Estado Minotauro se dedica a la biografía intelectual de De Jouvenel, informando al lector de su azarosa vida intelectual, determinada decisivamente por su actividad periodística durante los años treinta. Téngase en cuenta que De Jouvenel entrevista a políticos como Hitler, Mussolini o Mola, pasando del socialismo al Partido Popular Francés de Jacques Doriot. Ello dañó su fama y buen nombre, defendidos incluso judicialmente en un proceso que en 1983 alcanzó cierta notoriedad en Francia y en el que testificaron a su favor desde el General Navarre, jefe de la sección alemana de los servicios secretos franceses, a Henry Kissinger; también Raymond Aron, que murió fulminado por un ataque al corazón a la salida del juicio. En las páginas sucesivas desarrolla Zerolo Durán su estudio sobre el Estado Minotauro, evolución postrera de la forma política estatal de la cual se subraya su “carácter demoníaco”. Entre los méritos de esta obra (claridad de la expresión literaria, sistematicidad y orden) destaca la utilización metódica de la historiografía de la Estatalidad de Dalmacio Negro. [Recibida el 23 de noviembre de 2013].

Jerónimo Molina Cano

Isabel Thibault, ed., Liber amicorum 2 Alain de Benoist, Les Amis d’Alain de Benoist, París, 2013, 380 págs.

RESUMEN: Alain de Benoist es uno de los escritores políticos europeos más interesantes de las últimas décadas. Este libro reúne más de cincuenta contribuciones al homenaje por su septuagésimo aniversario. Texto si no imprescindible, indudablemente necesario para iluminar la figura intelectual del prolífico pensador francés y de su recepción y presencia en Italia, Alemania, Bélgica, Rusia, Hungría, Croacia, Argentina, Brasil o España. Si algo ponen de manifiesto los diversos autores de esta obra, más allá del acuerdo o la discrepancia, es la importancia del movimiento de ideas que De Benoist anima desde finales de la década de los años sesenta. PALABRAS CLAVE: Alain de Benoist, Realismo político, Metapolítica, Nueva derecha, Revolución conservadora alemana, Michel Marmin, Jerónimo Molina Cano, Hervé Coutau-Begarie, Armin Mohler, Thomas Molnar, Hugo Chávez, Costanzo Preve, Günter Maschke.


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El escritor Alain de Benoist (1943) tiene la “imaginación del desastre”, marca del realismo político. Su obra abarca decenas de miles de páginas publicadas en más de veinte lenguas. El repertorio de sus preocupaciones intelectuales constituye una veta inagotable de enciclopedismo, combinado a la perfección con su capacidad para aclarar cualquier asunto sobre el que ponga el ojo. Por eso, la expresión “Nueva derecha” (Nouvelle droite, Nuova destra) aplicada a lo que representa Alain de Benoist, desde hace más de cuarenta años, en el panorama intelectual francés, no deja de ser una simplificación interesada. Hay que lamentar que el intento de sustituir Nouvelle droite por Nouvelle culture resultara infructuoso. De todas formas, lo de menos es hoy esa denominación, que apenas les sirve ya a los adictos, bien por inercia, bien por pereza mental, de las campañas infamatorias y los autos de fe.

Una aproximación meramente cuantitativa de su trabajo e inquietudes oceánicas se encuentra en el volumen Alain de Benoist bibliographie 1960-2010 (Les Amis d’Alain de Benoist, 2009), 467 páginas curadas por Michel Marmin y que contienen todas las referencias de sus libros, artículos, prefacios, etc., en todas sus versiones, ediciones sucesivas y traducciones. Suficiente para subrayar la importancia de su pensamiento, pegado a la realidad.

De alguna manera, el Liber amicorum 2, ofrecido por sus amigos y colaboradores con motivo de su septuagésimo aniversario es como la reverberación de toda esa obra en la trayectoria de intelectuales, profesores y académicos de Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Argentina, Bélgica, Rusia, Croacia y Suiza. En 2003, a los sesenta años del autor, aparece el primer libro homenaje, en el que, además de la participación de numerosos autores del tomo de 2013, se registra también la de intelectuales de la talla del

geopolítico Hervé Coutau-Begarie († 2012), el estudioso de la Revolución

conservadora alemana Armin Mohler († 2003) y el filósofo católico Thomas

Molnar († 2010). Estos dos tomos de homenaje y la bibliografía citada constituyen un óptimo

complemento para la lectura de los que, tal vez, son los dos libros más personales del autor: Dernière année. Notes pour conclure le siècle (L’Âge d’Homme, 2001) y Mémoire vive. Entretiens avec François Bousquet (Éditions de Fallois, 2012).

Notes pour conclure le siècle es un dietario, en la estela del Glossarium de Carl Schmitt, un “carnet de route” en el que se remansan los trabajos cotidianos del autor, sus lecturas y su incansable actividad intelectual, a la que se dedica con una metódica administración del tiempo. Aquí y allá se aquilatan los aforismos políticos de este tenor: « À droite, la nostalgie. À gauche, l’utopie. Toujours l’impolitique » (Notes, p. 17).

No es extraño que De Benoist, « plutôt qu’à droite ou à gauche » se considere « en aval. À l’écoute de ce qui vient » (Notes, p. 23). Ni a la derecha ni a la izquierda o, tal vez, como suele recordar de un tiempo a esta parte: « à droite et à gauche ». Siempre a guarda dei fatti, al acecho de la realidad, expresión que el sociólogo italiano Carlo Gambescia suele aplicar al realista político de raza. Pocos como De Benoist, “enfermo de objetividad” (Malade d’objectivité: Notes, p. 61), pueden escribir un libro rico en información y muy documentado sobre un olvidado socialista francés, uno de los discípulos aventajados de Georges Sorel: Édouard Berth ou le socialisme héroïque. Sorel. Maurras. Lénine (Pardès, 2013) sin neutralizar su objeto de estudio, algo que caracteriza, por otro lado, tantos estudios universitarios: a fin de cuentas,


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« l’appareil critique a évidemment l’avantage de dissimuler l’absence de pensé personnelle […] Il y a aussi une façcon érudite d’être infantile » (Notes, p. 62).

Mémoire vive, en cambio, es un largo libro entrevista en el que De Benoist hace balance de su trayectoria intelectual, en los antípodas, para decirlo todo, de la “indiferencia a la verdad” (Mémoire, p. 152). La trayectoria debenoisteana no es de trazo rectilíneo, lo que hay quien apresuradamente le afea, sin tener en cuenta que el pensamiento raramente discurre por el cauce de un sereno canal holandés, sino que se parece más bien a la escorrentía de un valle rifeño por el que el agua, poco a poco, va encontrando su camino hasta encauzarse en la riera.

En la derecha convencional, reluctante a la crítica, se pone el grito en el cielo cuando de la pluma de De Benoist aparecen libros como Demain la décroissance. Penser l’écologie jusqu’au bout (E-dite, 2007) o Au bourd du gouffre. La faillite annoncée du système de l’argent (Krisis, 2012). Pero la misma actitud demuestra la izquierda, o lo que queda de ella, cuando desprecia la incisiva crítica debenoisteana al capitalismo por razones puramente ideológicas. Se impone en ciertas tribus De Benoist, non legentur, tosca forma de censura. « Hugo Chávez: ‘La main invisible du marché n’est pas si invisible que ça, puisqu’elle nous tord le cou’. Le nouveau président du Venezuela m’est décidément sympathique », escribe De Benoist el 6 de noviembre de 2000. Es suficiente para incomodar a los intelectuales de obediencia orgánica a derecha y a izquierda. Y lo mismo se podría señalar de su “neopaganismo” (Comment peut-on être païen?, Albin Michel, 1981, nueva ed. revisada y aumentada, Avatar, 2009), sumariamente tachado de “ateísmo radical” y anticlericalismo, presunciones que no casan del todo con los cuidados de De Benoist, interlocutor de T. Molnar o, últimamente, del abad Guillaume de Tanoüarn, autor del reciente Une histoire du mal (Via Romana, 2014). Los ejemplos se podrían multiplicar, pero la cuestión es si esa exégesis merece realmente la

pena. De Benoist, en palabras de Costanzo Preve († 2013), es sustancialmente un “hombre de paradojas”, ajeno a las cuentas y avalúos de los que Unamuno llamaba, con tanto desprecio, “masoretas” de la inteligencia.

En el Liber amicorum 2 se recogen contribuciones de más de 50 autores. Se echa en falta a algunos amigos que, por diversas razones, no han podido hacer llegar sus contribuciones a tiempo (Günter Maschke). También es cierto, sin embargo, que hay ausencias forzosas, yo diría que imperativas, en un recorrido intelectual tan dilatado como para que las afinidades puedan mudarse en divergencias irreconciliables. Y a la inversa.

El contenido y dimensión de los estudios y notas es muy variable, desde el homenaje poético de Michel Marmin (LA2, p. 224), redactor jefe de Éléments (una de las revistas fundamentales promovidas por De Benoist, junto a Nouvelle École y Krisis. Revue d’idées et de débats), al estudio sobre la Revolución conservadora de Luc Pawels (LA2, pp. 259-298), fundador de la revista flamenca Tekkos. Abundan la evocación personal y el relato de la amistad con De Benoist y las empresas acometidas a su lado por los distintos autores.

El libro es también, siquiera indirectamente, un recorrido por la recepción de De Benoist en Italia, tal vez su patria electiva en la que se le sigue con mucho más interés que en su propio país (textos de G. del Ninno, C. Preve), Alemania (texto de D. Stein), Flandes (texto de F. van den Eÿnde), España (texto de J.


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Ruiz Portella), Argentina (texto de N. Montezanti) o Rusia (texto de A. Douguine).

Alain de Benoist, el “primer revolucionario-conservador auténtico” (M. Böhm), “pensador metapolítico” (A. Buela), “héroe europeo” (A. Douguine), “hombre de las síntesis necesarias” (O. François), “gran anticipador” (J.-Y. le Gallou), “destructor de ídolos” (T. Isabel), “realista político” (J. Molina), “profesor a contracorriente” (J. Peusse), “cronista de sí mismo” (F. Valclérieux), escritor “epocal” (E. Zarelli), agradece sin duda todos estos parabienes, palmadas en la espalda y espaldarazos, pero lo más seguro es que la conciencia, no exenta de dramatismo, de la enormidad de la tarea que todavía tiene por delante le impida solazarse más de lo estrictamente necesario. Sr. Stajanov: ad multos annos! [Recibida el 24 de noviembre de 2013].


Pablo Sánchez Garrido, ed., Historia y método de la teoría política. Antología de los maestros del Instituto de Estudios Políticos, con “Estudio preliminar y notas” de Sánchez Garrido. “Epílogo” de Joaquín Abellán, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, LVIII+266+XX págs.

RESUMEN: El Instituto de Estudios Políticos ha sido una institución clave para el desarrollo de la ciencia política, la historiografía política y la sociología española del siglo XX. No obstante su orientación política, el Instituto fue siempre un asilo para la inteligencia. Este libro recoge los textos más importantes que sobre la manera de escribir la historia y la teoría políticas publicaron sus autores más importantes: Luis Díez del Corral, José Antonio Maravall, Francisco Javier Conde, Carlos Ollero, Jesús Fueyo, Manuel García-Pelayo y Francisco Murillo Ferrol. Se ofrece así, por primera vez, una visión de conjunto de su contribución a la teoría política.

PALABRAS CLAVE: Instituto de Estudios Políticos, Teoría política, Realismo político, Derecho político.

El Instituto de Estudios Políticos, hoy llamado Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, es un rico venero del pensamiento político español del siglo XX. En el catálogo de su época “clásica” y en sus revistas, particularmente en la Revista de Estudios Políticos, se concentran autores e ideas en proporción suficiente como para desacreditar la leyenda del “páramo cultural” español. En contra de lo que se suele repetir, los años que corren desde el final de la Guerra civil hasta los últimos años sesenta son una etapa creadora. Como la España actual, tenía aquella también sus lugares comunes repetidos cansinamente. Ahora es “el consenso de las fuerzas políticas” y antes “la unidad”. Sin embargo, a diferencia de lo que hoy sucede, en aquellos años, particularmente entre 1935 y 1969, coinciden dos generaciones que le dan al pensamiento político, un tono y una vitalidad que no se conocía, tal vez, desde el Siglo de oro. Superiores a los grafómanos del krausismo, entre quienes, no obstante, se encuentran autores destacados, los juristas de Estado reunidos en torno al Instituto de Estudios Políticos forman un grupo relativamente compacto. Los nombres de Francisco Javier Conde, Carlos Ollero, Luis Díez


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del Corral, José Antonio Maravall, Jesús Fueyo, Rodrigo Fernández-Carvajal y muchos otros, no dirán mucho ni a los jóvenes universitarios ni, tal vez, a sus profesores. Se trata, sin embargo, de una pléyade de catedráticos cuyo magisterio transforma la decadente universidad española que nos deja el siglo XIX. Un cuerpo exangüe –más que una excepción, la Central de los años veinte y treinta parece un espejismo–.

La revista Empresas políticas ha llamado la atención casi en solitario sobre esa etapa del pensamiento español: casi diez años de trabajo y 15 números publicados, lo que la convierten en referencia obligada para el estudio de la época. Los autores del Instituto de Estudios Políticos siguen siendo “bandera discutida”, pero cabe esperar que, poco a poco, las cosas muden. Inexorablemente. También en este sector, hasta hace poco despreciado por la historiografía política. A fin de cuentas, la maquinaria universitaria y académica necesita nuevos temas y nuevos nombres para hacer con ellos, como escribe Carl Schmitt en su Glosario, “cuero para una mesa”. Se trata de hacer de todos ellos escritores o intelectuales “presentables”, aún a costa de redondearles cualquier arista, neutralizar su pensamiento y volverles inofensivos. Pero, por otro lado, confiemos en que sólo sea cuestión de tiempo y de un esfuerzo bien orientado que se restaure la jerarquía de la inteligencia. La tarea es ingente, pero se distingue ya el perfil del pensamiento políticos jurídico del siglo XX, en el que se acusa una continuidad extraordinaria que desafía la ilusionada visión de una historia ideologizada de las ideas políticas, marcada por síncopas, las ausencias y las simplificaciones. Sobresalen no obstante en ese paisaje los cuatro grandes juristas políticos de aquel tiempo: Posada, Pérez Serrano, Conde y Fernández-Carvajal. La diferencia con el abigarrado panorama del XIX es palmaria: de ese siglo, dejando a un lado el krausismo, en el que hay de todo, destaca Donoso Cortés, tal vez el único pensador que tiene el sentido del Estado.

Merece que se destaque, en este punto, la reciente edición de una antología sobre la teoría política de los maestros del Instituto de Estudios Políticos. Pablo Sánchez Garrido, profesor del CEU-San Pablo, ha tenido la idea, Joaquín Abellán, profesor complutense, la ha secundado (y respaldado también con un epílogo) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Benigno Pendás la ha hecho posible. El volumen aparece en la nueva serie –lo cual es también un signo– “Civitas. Nueva época”, que recupera el sello de la famosa colección que prestigió al Instituto de Castiella, Conde, Fraga y Fueyo.

La antología de Sánchez Garrido recoge textos de Díez del Corral, Maravall, Conde, García-Pelayo, Ollero, Murillo Ferrol y Fueyo, sobre la historiografía y el método del pensamiento político (1ª parte) y distintas cuestiones relativas a la teoría política, campo singularizado del pensamiento político (2ª parte). Las antologías son del antologista y ésta es, con todas sus consecuencias, la del profesor Sánchez Garrido. Quiero decir que la elección de los autores epónimos del Instituto podría haber sido distinta y, asimismo, la selección literaria. Teniendo en cuenta que en este caso los candidatos a ser antologados son muchos, el criterio para valorar este volumen ha de ser, necesariamente, el de la “oportunidad”. Esa es la virtud de la selección de Sánchez Garrido, pues al libro no le sobra ninguno de los juristas que el editor ha traído al texto. En un proyecto de más envergadura y más páginas creo que habría recuperado a muchos más.


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Teniendo en cuenta la reticencia editorial y académica a ocuparse de estos escritores políticos –juristas, historiadores, sociólogos–, la antología de Sánchez Garrido no es un libro más, sino la incoación de un “canon” del pensamiento político español del tercio medio del siglo XX. De hecho, el editor se refiere a una “escuela” o, al menos, a “una cierta tradición metodológica conjunta”, caracterizada por su realismo histórico-político (p. XLVI). Destaca también Sánchez Garrido la importancia que la forma política estatal tiene para todos ellos. Tiene razón: si algo caracteriza al pensamiento político español de esa época, independientemente de sus aspectos ideológicos, epidérmicos, muy secundarios y en realidad sin importancia fuera del estrecho marco de la época, es la actitud frente al “Estado”. La nación española, como ha explicado F. J. Conde, asiste después de la guerra a la fundación de un Estado: «Franco –llega a decir‒ le da a España la habitud de Estado». Lo mismo pensaban Gonzalo Fernández de la Mora y Jesús Fueyo. No hay ni un solo pensador de mérito que no tenga que ver con ese magno problema: para unos resulta forzoso edificarlo, bien como estado administrativo (G. Fernández de la Mora, J. Fueyo, M. Fraga, Laureano López Rodó), bien como Estado mínimo (Rafael Calvo Serer, Ángel López-Amo) pues es la manera de acabar con la decadencia secular de la patria; para otros, en cambio, la “estratificación” de España está en el origen de sus males: la decadencia nacional se explica precisamente por el empeño de transformar la monarquía en Estado (Álvaro d’Ors, Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra). Se interesa también Sánchez Garrido en estudiar una primera aproximación a las influencias recibidas en el “grupo”, entre las que destacan Heller y Meinecke. Precisamente de este último y de su recepción en España se ocupa Joaquín Abellán en el epílogo.

Historia y método de la teoría política es un proyecto que merece verse consolidado. Hay indicios de que ello pueda ser así. [Recibida el 9 de diciembre de 2013].


Antonio Sánchez Bayón, Renovación de la Filosofía social iberoamericana. Orientaciones para salir del laberinto Estado-nación y (re)humanizar la globalización, Tirant Humanidades, Valencia, 2013, 168 págs.

RESUMEN: libro complejo, a la vez que desordenado, del que es autor Antonio Sánchez Bayón. La obra se dispersa por diversas temáticas, con títulos de los enunciados sugerentes, saltando de una cosa a otra, con un trasfondo de defensa esencial de la cultura iberoamericana y accidental de algunos valores socialcristianos. Más que en la densidad ontológica de la obra, hemos de fijarnos en el alcance de denuncia que la preside y en la multiplicidad policrómica de conocimientos, frases, autores y hechos de que Sánchez Bayón hace gala.

PALABRAS CLAVE: Nordicofilia, Logos, Mito, Imperio, Sísifos, Síndrome de Quirón, Síndrome de Siracusa, Leyenda negra.


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Nos encontramos más que frente a un manual de Filosofía social iberoamericana, ante un ensayo que enlaza citas, ideas, críticas, autores de diversas ideologías y procedencias, y que cualquier lector que se asome a este breve comentario no podrá deducir su contenido por tan rimbombantes enunciados de capítulos y subcapítulos como los que indicamos, tales cuales: “Galeato a favor de Iberoamérica, su humanismo y su cultivo” (p. 23), “Acerca del compañero de viaje, los bártulos, la brújula y las postas del camino” (p. 29), “Relaciones intergeneracionales como parte de la historia clínica” (p. 45), “Bárbaros v. civilizados: manifiesto de los odiseos iberoamericanos” (p. 56), “Yo denuncio: paremos la prodigalidad de los centauros de posguerra” (p. 62), “De centauros y sísifos, y del meollo de su ideología” (p. 63), “De la prodigalidad mientras los odiseos sigamos emboscados y errantes” (p. 73), “Pérdida de anticuerpos: dilapidación del capital cultural hispánico” (p. 89), “De los intelectuales a la intelectualidad: síndromes de Quirón, de Siracusa y de Frankenstein” (p. 103), “En el nudo gordiano: adiós al humanismo y bienvenida a las leyendas negras” (p. 124). Las autoras de este comentario valorativo nos quedamos con una frase del autor que puede ser expresiva de lo que pretende decirnos, aunque tampoco queda del todo claro: «Además de todas las cuestiones exógenas expuestas (sobre etiquetas falaces y manipuladoras y riesgo de colapsos o enfrentamientos), los iberoamericanos hemos de abordar previamente otras endógenas, condicionantes de nuestra percepción y respuesta a las primeras como son las planteadas desde el inicio, relativas a la identidad, el capital simbólico, la cultura, etc. Y es que, frente a estas últimas, como neobárbaros en curso, parece que hemos perdido sensibilidad. Por lo que quizá, antes de descubrir quiénes y cómo somos, sirviendo de referente al resto del mundo, sea más fácil dejar claro qué no somos y qué va contra nuestra naturaleza» (p. 163). Es decir, que éste es un libro en el que hay de todo, y no sería extraño por tanto que apareciera incluso, aunque en este caso no sea así, aunque tampoco sobraría si lo hiciera, el debate sobre si es o no pecado bailar, a lo que son tan aficionados los iberoamericanos y en particular los brasileños, hasta el punto de que casi forma parte de su ADN nacional1.

Es una obra donde se escribe sobre bastantes cosas y que cabe incluir en lo que el autor defiende ahora, como ha postulado en otras ocasiones por escrito, una valoración positiva de lo iberoamericano o lo hispánico frente al mundo anglosajón y nórdico. Lo prologan un docente de la DePaul University, Alberto R. Coll, que es profesor de Derecho internacional (que no ha sido nunca Subsecretario de Defensa de los EE.UU, como señala Sánchez Bayón, quien en alguna otra ocasión incluso ha tenido el atrevimiento de indicar que fue Secretario de Estado de Defensa, sino que Coll simplemente ha formado parte del equipo de colaboradores, asistentes y becarios de la Secretaría de Defensa, que es una cosa completamente distinta; el propio Coll lo precisa es su curriculum “asistente de la Secretaría de Defensa”) y otro, León María Gómez Rivas, profesor titular de Historia y Pensamiento económico de la

1 María Encarnación Gómez Rojo se hizo eco de ello escribiendo sobre Lo libre de les dones, al

defender su «total rechazo hacia la apasionante obra del presbítero Rufino Villalobos Bote, ¿Es pecado bailar? ¿No es pecado bailar? Respuesta serena y objetiva a estas apasionantes preguntas de la Juventud de hoy, publicada en Villanueva de la Serena, 1948, por la Editorial Librería Morcillo, 190 pp.» [“El pacifismo y la tolerancia en el pensamiento social y político de Francesc Eiximenis”, en Toleranz und Intoleranz im Mittelalter, VIII. Jahrestagung der Reineke-Gesellschaft, Jahrbücher des Reinecke-Gesellschaft, Greifswalder Beitrâge zum Mittelalter, vol. 74, Greifswald, 1997, p. 79, nota 16].


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Universidad Europea de Madrid. Coll concluye con un «estemos o no de acuerdo con el autor, sin leer su libro y tomar en serio los argumentos que pone en la palestra nos quedaremos más pobres de lo que ya somos» (p. 12), mientras que Gómez Rivas, desde esta otra orilla europea, es más rotundo en su defensa del presente libro: «Me parecen muy acertadas las propuestas que nos ofrece Sánchez Bayón…, como la superación de la memoria histórica, una referencia a la religiosidad del nuevo milenio o esa recuperación del humanismo europeo y universitario» (p. 15).

Sánchez Bayón se inició en el Derecho eclesiástico del Estado, defendiendo una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, pasando luego por diversas universidades como investigador o ampliando su formación, y más tarde como docente en la DePaul University, en la Universidad Loyola Andalucía, en la Universidad Europea de Madrid y en la mayor parte de su tiempo en la Universidad Camilo José Cela de la capital de España. Ha impartido fundamentalmente otras disciplinas que no son el Derecho eclesiástico del Estado y el Derecho canónico, de ahí el giro que están tomando sus últimos libros hacia la Filosofía del Derecho (anterior área de conocimiento de Filosofía del Derecho, Moral y Política), el Derecho Constitucional, la Historia del Derecho y la Historia del pensamiento jurídico.

En las páginas de Sánchez Bayón se traspira también un cierto desasosiego crítico, que emerge igualmente en algunos otros escritos suyos frente a los modos de selección y de control universitario del profesorado en España. El problema, en el fondo y en la forma, era, es y probablemente seguirá siendo económico, y eso tanto en la Europa civilizada como en Estados Unidos; en el Estado español se le añade, a ese clarísimo componente económico, una tonalidad de localismo, camarillas, escuelas, etc. Lo primero es una cuestión que viene de antiguo; ya lo decía en 1949 G. D. Dieke:

«The question of money has finally come up in connection with the universities. While this does not present the most serious problem for the universities, yet it is nevertheless one which cannot be disregarded. I believe this problem has many aspects with which Europeans are unifamiliar and a few words may therefore be devoted to it. Higher education is expensive. A university could not possibly exist from the fees the students pay. In Europe it is practically taken for granted that the State will support the universities. In the United States, there has been a different attitude about this, and the consequences of this possibly are at the root of some of the most serious of the immediate problems now facing the universities»2.

2 G. D Dieke, “Post war problems in American Universities”, en Quaestiones academicae

hodiernae varias virorum doctorum exterarum praesertim gentium Commentationes in honorem lustri sexagesimi septimi Universitatis Groninganae collegerunt studiosi groningani, Groninga, 1949, pp. 41-42. En esa misma obra universitaria aparecen pocas, pero muy sólidas colaboraciones, nada menos que de Karl Jaspers, „Der übernationale Sinn der abenländischen Universität“, pp. 9-13, donde precisa: „Der Sinn der Universität ist die Erforschung und Lehre der Wahrheit in ihrem ganzen jeweils erreichbaren Umfang. In dem Willen zur Wahrheit liegt die Autonomie der Universität. Sie setzt voraus, das Wahrheit um jeden Preis in der Welt sein solle, und dass auf die Dauer Wahrheit zwar nicht einfach das Glück aber die Menschenwürde ausmache, und dass ihre bedingungslose Erhellung Gottes Wille sei. Daraus folgen vor allem die Grundsätze für das Leben der Universität“ (pp. 9-10). Además, escriben Alfred Ernout, “Les études classiques en France”, pp. 14-19; J. G. Van der Corput, “Enkele universitaire problemen”, pp. 20-26; Edgardo Baldi, “Problèmes de la recherche scientifique en Italie après la


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Las cosas siguen siendo, en buena parte, así, pero mientras las

Universidades importantes y mejor cualificadas en los rankings en Estados Unidos son mayoritariamente las privadas, en España las mejores son, con diferencia, las públicas, donde en el único ranking universal de base amplia que existe, el de Webometrics, la más relevante de las privadas es la Universidad de Navarra (casi indefectiblemente la primera de España que no es pública), que aparece la 29 del Estado español, con 28 universidades públicas que la aventajan en calidad; la segunda privada o semipública es la Oberta de Catalunya, la 42 y, en tercer lugar, la de Comillas en el puesto 51.

Pero, ad casum, pongamos algunos ejemplos más, como la Universidad Europea de Canarias, que ocupa el puesto 18.261 del mundo, estando por tanto la Universidad Camilo José Cela, en la que profesa como docente e investigador Antonio Sánchez Bayón, situada como la 3.506 del planeta y la 66 de entre las Universidades u otros centros sueltos de enseñanza superior en nuestro país. No es un mal lugar el de la U. Camilo José Cela porque está por delante de no pocos centros educativos españoles, algunas Universidades públicas y varias privadas y concordatarias españolas.

Varias de las ideas aquí recogidas, ya ha tenido oportunidad de ponerlas de relieve Antonio Sánchez Bayón en otras publicaciones suyas. El número de referencia a autores y a obras es abundante. Se citan a veces los libros, en otros muchos casos no, pero en ningún momento se indica en qué lugar de su obra, en qué pagina o páginas el autor dice aquello que Sánchez Bayón recoge.

Muchas citas son refranes, en otros casos referencias oportunas o ideas de conjunto, pero la totalidad de esas citas se pueden encontrar en el buscador google.es, por temas y con la simple indicación del autor. Ello no empece que haya mucha cultura en este libro, que podría mejorarse con unas conclusiones numeradas, que permitieran a los lectores tener una idea más clara de lo que aporta el humanismo iberoamericano a la cultura universal.

En cualquier caso hay un desfase cultural, esencial3, económico y natural del mundo de los países hispanoparlantes y lusófonos de América y de África, si los comparamos con EE.UU., Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Escocia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Austria, Italia, Hungría, Lituania, Suecia, Noruega y Finlandia. Negarlo es absurdo desde todo punto de vista. Decía Joseph Marie de Maistre (1753-1821) que «el cetro de la ciencia pertenece a Europa en cuanto que es cristiana»4, y no nombra para nada a Hispanoamérica. Manifesta non egent probatione! [La presente recensión crítica ha sido realizada de manera parcial en el seno de los proyectos de investigación "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (n. ref. FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), "TRADICOR: Sistema de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e

guerre”, pp. 27-32; A. Pais, “Het Institute for Advanced Study”, pp. 45-49; A. Norman Jeffares, de la Universidad de Edinburgo, “Problems Confronting British Universities”, pp. 50-59 y Radhabinod Pal, “The Basis ol Ultimate Legal Relations according to Ancient Hindu Conception”, pp. 60-69. 3 Ya P. P. F. J. H. Le Mercier de la Rivière escribía, con profundidad, precisamente sobre las

diferencias de las sociedades políticas por razones de todo tipo, en L’Ordre natural et essentiel des sociétés politiques, París, chez Desaint, 1767, 2 vols., 353 y 547 pp. 4 Joseph de Maistre, Le serate di Pietroburgo, trad. italiana de Gennaro Auletta, Milán y Roma,

2004, p. 134.


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interpretación" (PIE 13-054) y "TERMITUR: Diccionario inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (Ref. HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)]. [Recibida el 12 de diciembre de 2013].

María Cristina Toledo Báez

Verónica del Valle Cacela

Corrado Malandrino, Democrazia e federalismo nell’Italia unita, Claudiana, Torino, 2012, 127 págs.

RESUMEN: Libro muy interesante a nivel teórico sobre distintos planteamientos en torno al federalismo, sobre el que existen más de cuatrocientos setenta conceptos diferentes. El caso italiano es el que más preocupa a Malandrino, pero sabe volar alto. La Liga del Norte tiene unas ideas y unos objetivos que son parecidos a los que se dan en Escocia, Cataluña (el honorable Artur Mas ha tenido contactos secretos con la cúpula de la Liga del Norte) y ahora en Crimea. En la Europa de las libertades, los pueblos que han sido naciones no pueden seguir constreñidos y la libertad de autodeterminación ha de estar presente en los planteamientos democráticos civilizados.

PALABRAS CLAVE: Corrado Malandrino, Federalismo, Confederación, Fascismo, Gianfranco Miglio, Liga del Norte.

Corrado Malandrino es uno de los más prestigiosos catedráticos de Historia

de las doctrinas políticas con que se cuenta actualmente en las Universidades italianas. Tiene asignada una cátedra Jean Monnet, que avala su pensamiento europeísta. Es docente de la Universidad del Piamonte Oriental. Plantea en esta obra el que se lleve a cabo una reforma federal a nivel europeo y que el federalismo también tenga un cierto sentido, aunque ya de antemano pone de manifiesto que la palabra federalismo cuenta con más de cuatrocientas setenta acepciones distintas (pág. 6), lo que ya de por sí origina no pocos problemas. La primera pregunta que cabe hacerse es si el federalismo fomenta la unidad o la diferenciación y, en el caso particular italiano, cuál es la ideología de la Liga del Norte. Para Malandrino el federalismo nace como una realidad unitaria:

«La federación hace referencia con su denominación a un verdadero y propio Estado federal, mientras que la confederación, que no tiene carácter estatal, indica un ámbito de pactos, temporal y transitorio, que no implica alguna limitación o renuncia de soberanía por parte de sus miembros. Naturalmente una confederación puede, dentro de determinadas condiciones que están establecidas por y en el contexto histórico-político, transformarse y tender con el tiempo hacia el objetivo de la federación» (pág. 12).

La oposición del federalismo a la idea de la soberanía absoluta del Estado

moderno es clara. Terminológicamente esta obra le sirve a Malandrino para situar «el municipalismo antinacional y antiunitario» (p. 22) opuesto a la unidad italiana.


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Luego se detiene en estudiar el pensamiento de Carlo Cattaneo, con sus teorías de la federación italiana y la Europa federal de las naciones, para pasar más tarde a las ideas de Giuseppe Mazzini (1805-1872), con las críticas de Giovanni Gentile (1875-1944) y sus ideas de una Italia nueva, que no se puede, según él, entender sin el fascismo, que para el filósofo de Castelvetrano era «un movimiento político, y por tanto moral e implícitamente comprensivo de todo el desarrollo espiritual de la nación»1.

Pasa Malandrino, en un segundo momento, a estudiar a Garibaldi y su Memorandum alle potenze d’Europa, a Cavour, a Luigi Carlo Farini, a la propia terrible dictadura fascista que asoló la península italiana en un ventenio que pone los pelos de punta, para luego recoger las ideas de Luigi Sturzo, de Alcide De Gasperi y por último de Gianfranco Miglio y la Liga del Norte.

La Padania no puede estar produciendo riqueza para mantener a una Sicilia, llena de mafiosos, y que es un lastre económico y social para el Estado italiano. La Liga del Norte es aire fresco en una Italia sumida durante décadas en la corrupción política y en las crisis permanentes del Gobierno. Lo importante no es la concepción federalista, sino que la Padania, como Cataluña, Escocia, Québec, Euskadi o Crimea alcancen la anhelada independencia, con la

1 Giovanni Gentile, “Dopo la fondazione dell’Impero [1936]”, en Politica e cultura, Florencia,

2004, p. 164.


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palabra, explicando las cosas, escribiendo, razonando, y, si fuera obligado porque no queda otro camino, poniendo los puntos sobre las “i” o sobre las “o”, y, si se diera el caso insoportable de ser asfixiados por el poder central, recurriendo a otros medios más contundentes y eficaces al mismo tiempo.

Por supuesto, Corrado Malandrino no comparte estas afirmaciones nuestras en su libro, pero no importa, pues hay que seguir luchando teóricamente para que los pueblos logren sus objetivos, ahora y en los próximos años. [Recibida el 20 de diciembre de 2013].

Manuel J. Peláez

María Jesús Espuny Tomàs, Olga Paz Torres, Guillermo García González y

Josep Cañabate Pérez, Esquemas de Historia del Derecho social y de las instituciones laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 204 págs.

RESUMEN: Nos enfrentamos a un texto que constituye un instrumento de trabajo para el discente y el docente de Historia de las Relaciones Laborales, dentro de la carrera que en forma de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos ha substituido a la anterior diplomatura en Relaciones Laborales y a la licenciatura de segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. Está escrito con una claridad meridiana y con unos esquemas orientadores. PALABRAS CLAVE: Derecho Social, Historia de las Relaciones Laborales, Derecho del Trabajo, Política Social, Ley de la silla, Instituto de Reformas Sociales, Instituto Nacional de Previsión.

Un acierto sin duda es la publicación de este libro para la nueva asignatura

de Historia de las Relaciones Laborales, materia básica del primer curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Pero esta publicación, que responde al título de Historia del Derecho Social y de las Instituciones Laborales, se limita exclusivamente a la edad contemporánea, a un solo país, España, y además se cierra con la Segunda República. Se circunscribe a aspectos de interés histórico-jurídico, pero no de historia de las ideas jurídicas, laborales y sociales (el liberalismo, el anarquismo, el socialismo utópico, el socialismo científico, el socialismo de cátedra, el marxismo, el comunismo, la doctrina social de la Iglesia). Si aparecen alguna vez, es de forma colateral e insubstancialmente tratados en el libro colectivo que estamos recensionando.

Para un planteamiento racional y coherente de la Historia de las Relaciones Laborales hemos de partir desde los griegos, con las teorías de Aristóteles totalmente degradantes sobre el trabajo hasta el último tercio del siglo XX en Europa, refiriéndose también a los países civilizados y desarrollados cultural y científicamente de América, es decir Estados Unidos y Canadá, con posibilidad de extenderlo igualmente a los que integran en ese continente la denominada Francia de Ultramar.

No obstante, el equipo dirigido por Espuny ha sabido moverse con una racionalidad y sistemática, en la elaboración de este manual, verdaderamente encomiable. Dicen muchas cosas y las explican muy bien, desde la desaparición de los gremios por el triunfo de la libertad de industria y de comercio. La Ley Benot, de 24 de julio de 1873, promovida por el Ministro de Fomento Eduardo Benot Rodríguez, resulta, con parámetros de nuestros días,


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como completamente desquiciada, pues establecía los diez años como edad mínima para trabajar, pero con respecto a su época supuso un avance notable, como se encargan los autores del libro de recordarnos, recogiendo una parte del discurso de Francesc Pi i Margall (29 de abril de 1824 – 2 de noviembre de 1901) pronunciado ante las Cortes republicanas defendiendo el texto: «Debemos también velar porque los niños no sean víctimas, ya de la codicia, ya de la miseria de sus padres; debemos evitar que se atrofien y se enerven en los talleres por entrar en ellos antes de la edad necesaria para sobrellevar tan duras tareas. Hemos de solicitar condiciones para los niños que entren en las fábricas y, sobre todo, hacer que el trabajo no impida su desarrollo intelectual, que, por desgracia, es muy escaso en las clases jornaleras» (p. 55).

También los autores indican la publicación de la Ley sobre trabajos peligrosos de los niños de 26 de julio de 1878 que es objeto de detallada disección por el cuarteto elaborador del manual. Además se detienen en la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883, la Ley de accidentes del Trabajo de 30 de enero de 1900, el Instituto de Reformas Sociales creado por un Real Decreto de 23 de abril de 1903, la Ley del descanso dominical de 3 de marzo de 1904, el Reglamento para la Inspección de Trabajo de 1906, el Instituto Nacional de Previsión erigido por Ley de 27 de febrero de 1908, la Ley de la silla de 27 de febrero de 1912 [de ella resaltan los autores varias ideas contenidas en la norma, de las cuales precisamos un par de ellas, en concreto «la mujer no debe trabajar de pie, sino sentada» y «diferentes estudios higiénicos y sanitarios habían probado que el trabajo de pie podría provocar congestión de los ovarios y en la matriz, dando lugar a abortos y partos prematuros», p. 98], la Ley de 11 de julio de 1912 sobre el trabajo nocturno de


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la mujer2, la Ley de 19 de mayo de 1908 sobre Consejos de Conciliación y Arbitraje Industrial, la Ley de 19 de mayo de 1908 que autorizaba al Gobierno la creación de Tribunales Industriales, la aparición del Ministerio de Trabajo en 1920, el Código del Trabajo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la constitucionalización del trabajo en la Segunda República.

Instrumento de estudio muy útil para el discente de Historia de las Relaciones Laborales, dedica una atención mínima incomprensible al bienio radical-cedista y a las medidas laborales tomadas por los gobiernos del Frente Popular antes del 18 de julio de 1936 y en los territorios dominados por los republicanos. Es, no obstante, un manual sin bibliografía y sin consideraciones, ni valoraciones doctrinales sobre las distintas normas e instituciones, cuando hay un conjunto de autores, en su mayor parte profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social o de Trabajo Social y antes de Política Social, o estudiosos de las Instituciones sociales y laborales que escribieron y aportaron ideas, pensamientos, reflexiones que están bien distantes de la inconsistencia o la vulgaridad para no tenerlas en cuenta. Leyendo la obra El Castillo de Franza Kafka (1883-1924) me encuentro con una cita adecuada a la idea que quiero y pretendo reflejar: «las camareras de las habitaciones están acostumbradas a mirar por el ojo de la cerradura, y por eso tienen la costumbre de deducir de una pequeñez que realmente ven algo tan enorme como falso en su totalidad»3. No es éste el caso de los autores de la obra, en primer lugar porque no es lo suyo prácticar la honesta tarea de la profesión de camareras de habitación, sino que la cita nos sirve para no quedarnos solo en el resumen del reducido enunciado de algunos de los artículos de las leyes y de los reales decretos, sino que hay que ver que es lo que han dicho y cómo lo vieron o lo han visto con gafas de aumento francesas, alemanas e italianas, no por el ojo de una cerradura, Álvaro Núñez López, Eugenio Pérez Botija, Manuel Alonso Olea, Gaspar Bayón Chacón, José Maluquer Salvador, Luis Enrique de la Villa Gil y, sobre todo, José Luis Monereo Pérez. En cualquier caso este libro también presta un buen servicio al docente (pero no al investigador) de la asignatura básica del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. [Recibida el 18 de diciembre de 2013].

Manuel J. Peláez

2 Me trae a la memoria el trabajo nocturno femenino no solo las consideraciones de Gustav von

Schmoller sobre las cabareteras, sino el interesante artículo de Irena Boruta y J. Carby-Hall, “Quelques réflexions du jour sur l’interdiction du travail de nuit des femmes”, en Derecho comercial comparado [en el que también hay colaboraciones de Huub A. H. Audretsch, Ezio Capizzano, Alexander Korthals-Altes, Norman E. Palmer, Luigi Filippo Paolucci, Antonio Pavone La Rosa, David L. Perrott, D. Rhidian Thomas, Niccolò Salanitro y Carlo Ubertazzi], Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1989, pp. 3087-3113. 3 Franz Kafka, Obras Completas, I, El Castillo, trad. de Miguel Sáenz, Galaxia Gutenberg,

Barcelona, 1999, p. 1008.


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V.V. A.A., Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las

ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática en homenaje a Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte, en Revista Europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (noviembre 2013), 209 págs.

RESUMEN: Se ha organizado en España un homenaje científico al gran historiador del Derecho y constitucionalista francés Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913). La ocasión es el centenario de su nacimiento. Las colaboraciones son de profesores de Italia, Francia, Canadá y Alemania. Los editores son Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri. Los contenidos muy variados: Derecho constitucional, Historia de las doctrinas políticas y Teorías de defensa de los valores republicanos. PALABRAS CLAVE: Adhémar Esmein, Arnaldo Merio Scattola, Gábor Hamza, Stamatios Tzitzis, Thomas Gergen, Henri Pallard, Francesca Biondi, Elisa Mongiano, Loredana Garlati, Guillaume Sacriste, Italia Maria Cannataro, Giacomo Pace Gravina, Gabriele Carletti, Corrado Malandrino, Luciano Musselli, Manuel J. Peláez, Miriam Seghiri.

El presente homenaje al gran jurista de Estado francés Jean-Paul-Hippolyte-

Emmanuel Adhémar Esmein era obligado habiéndose cumplido en 2013 el centenario de su muerte. Fue un jurista poliédrico, que cultivó lo que ahora se corresponderían con diversas áreas del conocimiento jurídico. Pero al margen de sus publicaciones, muy abundantes y sobre materias nada fáciles, escribió unos Éléments de droit constitutionnel français et comparé, libro del que se hicieron varias ediciones, cada vez con más añadidos, que le superaron en vida pues algunas fueron editadas ya fallecido Esmein, y que está considerado como una obra capital dentro de la fundamentación del constitucionalismo contemporáneo.

El homenaje se abre con una justificación del mismo de la mano de Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri, bajo el título “La oportunidad y conveniencia de estos «Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática en homenaje a Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte»”, pp. 1-12.

Le siguen las colaboraciones propiamente dichas del homenaje, salidas de la pluma de Arnaldo Merio Scattola, catedrático de Historia del las ideas políticas de la Universidad de Padua, bajo el título “Civitas e respublica nell’aristotelismo político della prima età moderna”, pp. 13-34; Gábor Hamza, catedrático de Derecho romano y de Derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, “Bemerkungen zur geschichte der direkten Demokratie in Europa”, pp. 35-43; Stamatios Tzitzis, director adjunto del Instituto de Criminología de la Universidad de París II Panthéon-Assas, “Cultura religiosa e diritti fondamentali”, pp. 45-49; Thomas Gergen, catedrático de la Universidad Europea de Economía y Management de Luxemburgo, “Professeur à l’université et directeur de bibliothèque municipale: le père Gibault de Poitiers et son programme pour l’enseignement universitaire


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après la Révolution Française”, pp. 51-66 y Henri Pallard, catedrático de Filosofía y Teoría del derecho de la Universidad Laurentiana, en Sudbury, “Transformation dans la signification de la liberté religieuse: histoire et philosophie”, pp. 67-78.

Una segunda remesa de colaboraciones viene constituida por los estudios salidos de las plumas de Francesca Biondi, catedrática de Historia de las ideas políticas de la Universidad de Catania, “Pietro Nenni e la nascita della Repubblica Italiana”, pp. 79-84; Elisa Mongiano, catedrática de Historia del derecho medieval y moderno de la Universidad de Turín, “Il principio di nazionalità nella formazione dello stato unitario italiano: il contributo di Pasquale Stanislao Mancini”, pp. 85-97; Loredana Garlati, catedrática de Historia del derecho medieval y moderno de la Universidad de Milán-Bicocca, “La sovranità alla nazione, la giustizia al popolo: l’istituzione della giuria in Francia tra principi costituzionali e leggi penali (1789-1810)”, pp. 99-121; Guillaume Sacriste, “Sur le républicanisme d’Adhémar Esmein”, pp. 123-140; Italia Maria Cannataro, profesora de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad de Messina, “The edge of politics: the Caudillos in Latin America and the question of sovereignty”, pp. 141-155; Giacomo Pace Gravina, catedrático de Historia del derecho medieval y moderno de la Universidad de Messina, “Tra Costituzione siciliana e Costituzione spagnola: la ‘Guerra di Sicilia’ del 1820-21 e il processo al generale Rosaroll”, pp. 157-166; Gabriele Carletti, catedrático de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad de Téramo, “Machiavelli nelle «Osservazioni» di Melchiorre Delfico”, pp. 167-186; Corrado Malandrino, catedrático de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad del Piamonte Oriental, “A critique of democratic party and mythology of patriotism in Robert Michels”, pp. 187-200 y Luciano Musselli, profesor emérito de Derecho eclesiástico de la Universidad de Pavía, “I cattolici e l’Unità d’Italia. Le linee di fondo dell’evoluzione di un rapporto”, pp. 201-209.

En la presentación, los editores Peláez y Seghiri resaltan la importancia de Jean-Paul-Marie-Hippolyte-Emmanuel Adhémar Esmein por su condición de profesor universitario de diversas disciplinas jurídicas, aunque no en todas dejó escritas publicaciones, pero sí las hizo de relieve en materias como el Derecho canónico matrimonial1. También en la presentación se precisa el relieve que

1 Ver Adhémar Esmein, Études sur l’histoire du droit canonique. Le mariage en droit canonique,

París, 1891, 2 vols. Hay una segunda edición publicada en París, Sirey, 1935, 507 pp. Esmein señala la importancia, como no puede ser menos, de San Ramon de Penyafort, autor sobre el que sigue siendo la biografía mas orientadora, la clásica elaborada por Ferran Valls i Taberner (1888-1942), publicada con numerosos añadidos, estudios complementarios, glosas, etc., de la que existe una versión inglesa (que casualmente es la más completa de todas) de Gloria Corpas Pastor, St. Raymond of Pennafort: A critical edition and English translation, Comares, Granada, 2010, LXXXVIII + 147 págs., de la que al menos se han publicado dos recensiones valorativas que tengamos noticia, a cargo, la primera, de Manuel J. Peláez, en la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 1 (marzo 2011), pp. 207-210, y, la segunda, salida de la pluma de Juan María Flores Gallego, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXXV (2013), pp. 810-814, en la que Flores advierte: «nos encontramos ante una obra de una calidad excepcional en la que Gloria Corpas Pastor ha tenido que hacer frente a una gran cantidad de dificultades traductológicas como la traducción de topónimos, antropónimos y nombres de instituciones y asociaciones» (p. 809). Por otro lado, Gloria Corpas Pastor, aparte de dirigir numerosas tesis doctorales de Traducción e Interpretación, fue capaz de llevar a buen puerto una impresionante tesis de Derecho privado, bajo su tutela, que fue defendida en la Universidad de Málaga el 30 de noviembre de 2002 por Inmaculada Almahano Güeto, El contrato de viaje combinado en alemán y español. Las condiciones generales. Un estudio basado en corpus, en dos volúmenes, que ponen en


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Esmein concedía al derecho romano, pero Peláez y Seghiri obvian a Esmein como canonista. Adhémar Esmein fue el jurista de Estado por antonomasia de la Tercera República y defensor del Estado laico, a pesar de su condición de católico.

Esmein no estuvo en contra de las tres leyes educativas de Jules Ferry, ni de las medidas anticlericales de algunos de los gobiernos, y llevó a cabo un estudio magistral de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 17892, de la propia Constitución de 3 de septiembre de 1791 y del Decreto de la Convención Nacional de 21-22 de septiembre de 1792, que abolió la monarquía en Francia. También comenta la ulterior declaración de la Convención Nacional de que la República francesa es única e indivisible, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano contenida en los artículos 1-35 de la Constitución de 24 de junio de 1793, la declaración de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano recogida en la Constitución de 22 de agosto de 1795 (los derechos en sus artículos 1-22 y los deberes en otros posteriores numerados del 1 al 9), la Constitución de 13 de diciembre de 1799 con su título primero de 14 artículos sobre el ejercicio de los derechos.

evidencia el dominio de la legislación y de la doctrina iusprivatista germánica por parte de Almahano. 2 Resulta magnífica, y nunca está de más dejar de recordarla, la monografía de Alexis Bertrand,

La Déclaration des droits del homme et du citoyen de 1789. Introduction à l’enseignement civique (Éd. 1900), Hachette Livre, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2012, donde precisa en un pasaje que «aquellos que encuentran la declaración incompleta e insuficiente cabe hacerles el doble reproche de haber olvidado de situar los deberes al lado de los derechos y haber silenciado ciertos derechos esenciales, por ejemplo la libertad de enseñanza y la libertad de asociación» (p. 140). Alexis Bertrand sostuvo que «la Declaración de los derechos contiene implícitamente una declaración de los deberes morales (la ley no tiene autoridad sobre las conciencias, y su reino no alcanza al fuero interno), sino de deberes sociales, es decir exigibles por la sociedad. Y estos deberes no son otra cosa que los límites de nuestros derechos» (p. 142), pues «la sociedad no puede jamás olvidar que no tiene como misión escrutar las intenciones, que son la fuente de moralidad y de la inmoralidad de los actos: es suficiente que se ocupe de que esté vigente el derecho» (p. 143). La revolución de 1789 como otras revoluciones en el siglo XIX patentizan que Francia fue un país de revoluciones, de libertades y de violencia, como quedó claro en el Congreso celebrado en el Centro de Estudios Revolucionarios de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand II, donde fue acogido un encuentro titulado De l’interprétation de l’histoire: Révolutions au XIX

ème,

violence et identité, del que informan ampliamente Miriam Seghiri y Manuel J. Peláez, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXVIII (2006), pp. 813-819, donde recogen la sorprendente afirmación: «En todo momento a lo largo del Congreso estuvo presente ese sistema brutal de ejecución capital denominado guillotina inventado por Joseph Guillotin (1738-1814)… Pero Anne-Sophie Morel llegó todavía más lejos al afirmar que la guillotina como decapitación era una castración, no andándole a la zaga Mme Bernard-Griffiths para quien el asalto de la Bastilla es un símbolo por ser ésta la prisión del despotismo monárquico y bien sabe ella de que estaba hablando como editora de las actas del Congreso internacional dedicado a la revolución francesa y el vandalismo revolucionario» (p. 819). Marie-France Borot resaltó que las concubinas y petroleras de París «de la comuna son mujeres fatales que cayeron en una erotización del poder y en una crisis de histerismo colectivo. La dra. Borot habló en términos precisos de que las petroleras lograron una erotización histérica de la lucha revolucionaria» (p. 817). Las actas de ese congreso tardaron en editarse y se hizo por el Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 2011. Por otro lado, como de todos es sabido, la guillotina acabó en Francia con la llegada a la presidencia de la República de François Mitterrand, quien había dejado bien claro: «en mi conciencia, en la fe de mi conciencia, yo soy contrario a la pena de muerte… Yo no soy nada favorable a la pena de muerte» (ver Robert Badinter, L’abolition, París, Fayard, 2000, p. 230).


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Además no hay texto constitucional, senado-consulto o Ley de relieve político que deje Esmein de reflexionar sobre ella con considerable agudeza. Igualmente lo hace con la carta constitucional de 14 de agosto de 1830, la Constitución republicana de 4 de noviembre de 1848 y las leyes constitucionales de la Tercera República, la de 25 de febrero de 1875 relativa a la organización de los poderes públicos, la ley de 24 de febrero de 1875 sobre la organización del senado, la de 16 de julio de 1875 sobre las relaciones entre los poderes públicos, la derogación del art. 9 de la Ley constitucional de 25 de febrero de 1875 por Ley de 21 de junio de 1879, que rezaba que «la sede del poder ejecutivo y de las dos Cámaras estará en Versalles», la Ley de 14 de agosto de 1884 modificando parcialmente las leyes constitucionales de 1875, pero no la revisión parcial de 10 de agosto de 1926, pues se sale del marco cronológico anterior a la segunda guerra mundial de las reediciones de la obra de Esmein. Y, por supuesto, sin dejar de lado, la Ley de 9 de diciembre de 19053.

Aprovechan Peláez y Seghiri para reflejar la muy escasa influencia que las obras de Esmein tuvieron en España en su momento, pese a que hubo quienes siguieron sus enseñanzas en la École pratique des Hautes Études de París y dejan entrever que no fue autor conocido, cuestión que puede ponerse en duda, por Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), gran jurista y político republicano español al que se le viene prestando mucha atención en los últimos dieciocho años por parte de Patricia Zambrana Moral (aunque últimamente esté más concentrada en el Derecho marítimo medieval y el contrato de pasaje), Miriam Seghiri, Manuel J. Peláez, Antonio M. López García, María Encarnación Gómez Rojo (de forma más colateral, pues son otros los juristas que le interesan), Sergio Fernández Riquelme, etc., recogiendo y publicando documentación contenida en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

La colaboración de Merio Scattola sobre el aristotelismo político es de las más llamativas del presente homenaje a Adhémar Esmein. Es un estudio sorprendente sobre los conceptos de civitas y res publica en Aristóteles y en comentaristas como Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Johannes Althusius (c. 1563-1638), Henning Arnisaeus (c. 1575-1636), Konrad Horneius (1590-1649) y Hermann Conring (1606-1681), entre otros4.

3 Ver Pierre Tournemire, “La loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’État”,

en La laïcité dans le monde ibérique, ibéroaméricain et méditerranéen: idéologies, institutions et pratiques, ed. Thomas Gomez, Université de Paris X – Nanterre, 2006, pp. 21-31, obra colectiva donde se recogen también otros trabajos, de entre los que resaltamos los de Enzo Marzo, “La laïcité et le dogmatisme des religions”, pp. 9-19; Fernando Castroga, “La laïcité: un modèle pour l’Europe du sud? Les expériences historiques du Portugal et de l’Italie à la lumière du cas français”, pp. 33-51; Vítor Neto, “La laïcité de l’État au Portugal”, pp. 69-83; José Da Costa, “Debates em torno do laicismo na Assembleia Nacional Constituinte de 1911”, pp. 85-103; Giacomo Losito, “D’une rive à l’autre du Tibre: la laïcité en perspective de longue durée”, pp. 115-129; Manuel J. Peláez, “Teorías de laicidad en España. Laicidad, legislación y política anticlerical de la Generalitat de Catalunya (1931-1938 y 2003-2005)”, pp. 153-177. Ver además Patricia Zambrana Moral y Manuel J. Peláez, “Más información sobre Congresos, actividades y jornadas conmemorativas del Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 sobre separación del Estado y de las Iglesias. Laicidad a través de la bioética laica”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXX (2008), pp. 705-718. 4 Vemos que falta P. Scriverius, Respublica Romana. Honon urbis aeternae, Elzevier, Leiden,

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Gábor Hamza, que es capaz de escribir de los temas más variados, hace un resumen de diversos planteamientos referidos al sistema de democracia directa, tales cuales fueron formulados por Daniel de León (1852-1914), Juan de Mariana (1536-1623), Giambattista Vico (1668-1744), Giandomenico Romagnosi (1761-1835), Berthold Georg Niebuhr (1776-1831), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Otto von Gierke (1841-1921) y William Blackstone (1723-1780).

Los derechos subjetivos, la libertad y la igualdad tienen su origen en una matriz religiosa judía y cristiana (ortodoxa y católica, principalmente), lo que se deduce del artículo de Stamatios Tzitzis, esta vez en texto en lengua italiana (abandonando los idiomas francés y griego al que nos tiene acostumbrados). Da particular relieve a Guillermo de Ockham, a la escuela de Salamanca y a Michel Villey.

Tzitzis contrasta el planteamiento cristiano de los derechos humanos con el racionalismo kantiano que inspira el texto de la constitución francesa de 4 de octubre de 1958, publicada en el Journal officiel de la République français del 5 de octubre de 1958, y en cuyo preámbulo se señalaba que «el pueblo proclama solemnemente su adhesión a los Derechos del hombre y a los principios de la soberanía nacional tal y como éstos han sido definidos por la declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946».

El artículo de Thomas Gergen, colaborador habitual tanto de la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, como de la presente Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, se detiene en un caso singular, el de Jérôme-Bonaventure Gibault (1761-1834), catedrático de la Universidad de Poitiers y traductor el latín del Código civil francés de 1804. Gibault, aparte, elaboró un proyecto de reforma de los estudios jurídicos.

Desde Sudbury (Ontario) Herni Pallard envía un artículo sobre la libertad religiosa y la tolerancia, a la vez que la discriminación que puede llegar a producirse en relación al sexo, sin percatarse Pallard que donde se da indubitablemente es en los países de confesionalidad del Islam, mientras que en los países de tradición confesional luterana, evangélica y católica produce una cierta hilaridad el que se atreva a establecer comparaciones y similitudes con los de creencia musulmana. El ejercicio de la religión es privado, pero debe ser respetado y tolerado por los poderes públicos. Los fundamentalismos, por otro lado, no son otra cosa que intolerancia. En el Canadá francés se da un respeto notable a los derechos referentes al ejercicio de la libertad religiosa.

Pietro Nenni (1891-1979) es un personaje clave en el nacimiento de la República Italiana, tras el referéndum del 2 de junio de 1946. Francesca Biondi estudia sus discursos parlamentarios, su idea del socialismo y la escisión provocada en 1947 por Giuseppe Saragat (1898-1988). También Biondi describe la relación de Nenni con Alcide De Gasperi (1881-1954).

Para Elisa Mongiano, la figura a la que presta su atención es a Pasquale Stanislao Mancini, comentando el principio de la nacionalidad en la formación del Estado moderno, sirviéndose de un aparato bibliográfico y doctrinal tan amplio como bien documentado.

Loredana Garlati estudia la institución del jurado en Francia, resaltando la importancia de la obra de Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, reedición, Vaduz y Paris, 1978. En Francia el jurado no tuvo


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la aceptación popular y el reconocimiento por parte de la doctrina jurídica que alcanzó a tener en Inglaterra.

Se centra Guillaume Sacriste en el republicanismo de Adhémar Esmein. La teoría republicana5 es diferente de la teoría liberal clásica y de la teoría socialista. Así precisa Sacriste, recogiendo el pensamiento de Esmein, que «la libertad republicana no nace de la libre concurrencia entre individuos. La libertad republicana se debe construir políticamente a través de la igualdad por un acto de la voluntad que se impone a la realidad social» (pp. 123-124).

Italia Maria Cannataro, de la Universidad de Messina, estudia la figura de los

caudillos en las nacientes repúblicas norteamericanas, y la falta de legitimidad democrática de esta figura singular, aunque existen teorías diversas al respecto.

La revolución siciliana de 1820-1821, la Constitución gaditana de 1812 y la figura del general constitucional Giuseppe Rosaroll es el objeto de la colaboración de Giacomo Pace Gravina.

Hace referencia Gabriele Carletti a la relectura de Maquiavelo llevada a cabo por Melchiorre Delfico (1744-1835), mientras que Corrado Malandrino, en inglés, estudia la obra de Robert Michels y lo que en su momento representó el Partido Socialdemócrata alemán, estudiando también el antiparlamentarismo y la crisis psicológica del socialismo.

Se cierra el homenaje con una colaboración que envía desde la Facultad de Jurisprudencia de Pavía Luciano Musselli sobre los católicos y la unidad italiana, destacando dos momentos claves cuales fueron el Pacto Gentiloni de 1913 y los Pactos Lateranenses de 1929.

Era obligado homenajear en ámbito no francés a Adhémar Esmein y hacer una profesión de fe en la importancia de los valores republicanos, democráticos y civiles, con una tradición que en España no ha sido tan notable como en la vecina Francia, donde ya en 1789 P. A. D’Aubusson publicaba en París su libro que recogía la Profession de foi politique d’un bon François, impreso por Laurens jun. et Cressonnier.

[La presente recensión crítica ha sido realizada parcialmente en el seno de los proyectos "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores" (n. ref. FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), "TRADICOR: Sistema

5 Consultar el breve, pero sugerente libro de Charles Renouvier, Manuel républicain de

l’homme et du citoyen, publié sous les auspices du ministre provisoire de l’instruction publique, Paris, 1848.


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de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e interpretación" (PIE 13-054) y "TERMITUR: Diccionario inteligente TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (Ref. HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)]. [Recibida el 23 de diciembre de 2013].

María Cristina Toledo Báez

V.V. A.A., Glossae. European Journal of Legal History, Valencia, 10 (2013),

revista electrónica (http://www.glossae.eu/glossae-10-2013).

RESUMEN: La resurrección de la publicación periódica Glossae, de la mano de Aniceto Masferrer, es sin duda un motivo de particular satisfacción, y además que en su segundo número de la nueva época se le dedique un homenaje a quien fue su fundador, el gran catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Murcia, en cuya Facultad de Derecho fue profesor titular, catedrático, decano y profesor emérito. No bien tratado en determinados momentos dentro de su área de conocimiento, sin que hubiera existido motivo alguno para ello, era obligado este homenaje a nuestro mejor estudioso del Derecho común, y al iushistoriador hispánico más conocido y valorado en Alemania. El contenido de esta entrega es tan variado como de elevada calidad. Bueno sería que además de la versión electrónica, se hiciera también una impresa en papel que le fuera entregado con todos los honores y reconocimientos a Antonio Pérez Martín. PALABRAS CLAVE: Antonio Pérez Martín, Aniceto Masferrer, Javier Alvarado Planas, Francisco Baltar Rodríguez, Manlio Bellomo, Fernando Betancourt Serna, Juan Bautista Cañizares Navarro, Paolo Cappellini, Orazio Condorelli, José Antonio Escudero López, María del Camino Fernández Giménez, Alejandro Guzmán Brito, Jan Hallebeek, Magdalena Martínez Almira, Leandro Martínez Peñas, Manuela Fernández Rodríguez, Aniceto Masferrer, Juan Alfredo Obarrio Moreno, María Emma Montanos Ferrín, María Cruz Oliver Sola, Francisco Luis Pacheco Caballero, Andrea Padovani, Maurici Pérez Simeón, Carlos Petit, Miguel Pino Abad, Rafael Ramis Barceló, Pere Ripoll Sastre, Santos Manuel Coronas, Rosalba Sorice, Giuseppe Speciale, José Franco Chasán.

Ha resucitado la revista Glossae, bajo otras manos distintas de aquellas que

la hicieron nacer y la mantuvieron en funcionamiento hasta 1996. Detrás de la misma está Aniceto Masferrer, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Valencia, donde aterrizó procedente desde la Universidad de Girona. Una cosa que sorprende en este homenaje es que ninguno de los compañeros del área de conocimiento de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, más de quince, haya querido colaborar en este homenaje. Probablemente lo hubieran hecho por la personalidad internacional y la independencia de Antonio Pérez Martín, pero estando al frente del homenaje Masferrer y Javier Alvarado Planas, que han participado en muchas de las actividades de todo tipo organizadas por la “escudería”, ello haya hecho retraerse a varios de homenajear a un hombre como Antonio Pérez Martín, el

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mejor historiador del Derecho común con que hemos contado en España. Sin embargo, esto son puras suposiciones nuestras. No escriben en el homenaje iushistoriadores muy preparados, tales son los casos de Yolanda Blasco Gil, Jorge Correa Ballester, Pilar García Trobat, Dolores Guillot Aliaga, María Pilar Hernando Serra, Pascual Marzal Rodríguez, Remedios Ferrero Micó, Francisco Javier Palao Gil, Carlos Tormo Camallonga y Sergio Emiliano Villamarín Gómez. Lo peor de todo es que no aparezca el patriarca valenciano Mariano Peset Reig, que publicó un libro otrora famosísimo de Johannes-Michael Scholz y Antonio Pérez Martín, Legislación y jurisprudencia en la España del antiguo régimen, Universidad de Valencia, Valencia, 1978, y algo puede decirse de un autor de miles de páginas también jubilado, que fue titular de dicho departamento Vicente Graullera Sanz. ¿Por qué no participan en el homenaje? ¿Es qué acaso no han sido invitados o es por las personas de quiénes ha partido la iniciativa del homenaje? Sinceramente, lo desconocemos, pero es que tampoco nos podemos imaginar lo que ha motivado estas dolorosas ausencias.

Es más si nos propusiéramos hacer una relación de los veinte mejores historiadores del derecho que ha habido en España en el siglo XX y en los años que llevamos transcurridos del siglo XXI, sin duda seríamos muchos los que coincidiríamos en que un sitial preferente sería ocupado por Antonio Pérez Martín, y además aparecerían diecinueve que podrían ser (como algunos pensarían que pudieran ser otros) Luis García de Valdeavellano y Arcimís, Alfonso García Gallo, Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde Abadía, Bartolomé Clavero Salvador, Francisco Tomás y Valiente, José Orlandis Rovira, Juan Beneyto Pérez, José Antonio Escudero López, Tomàs de Montagut i Estragués, José Sánchez-Arcilla, José Manuel Pérez Prendes y Muñoz de Arracó, Gonzalo Martínez Díez, Mariano Peset Reig, Antonio García y García, Antonio Merchán Álvarez, Carlos Petit, Antonio Jordà Fernández y José María Pérez Collados.

Nuestro homenajeado es un hombre sencillo, de talante apacible, discreto, sin vueltas, ni revueltas, de los que sabe y dice la verdad, no de aquellos que engañan a todo el mundo y utilizan el teléfono como instrumento de trabajo para intrigar con unos y con otros. Pérez Martín ha sabido además mantenerse siempre en una posición de independencia, que le honra y que dignifica su tarea universitaria con su sola presencia.

Antonio Pérez Martín es un conocedor de las fuentes históricas del Derecho como ha habido pocos en España. Sus ediciones son impecables y muestran su familiarización con la paleografía y con la lengua latina, a la vez que una seguridad extraordinaria, unida a una prudencia proverbial, a la hora de valorar y estimar el trabajo ajeno, a pesar de su agudeza crítica extraordinaria, un auténtico fuera de serie para quienes conocen su obra en profundidad, sin el oropel con el que se autoadornan otros (no me refiero a la Historia del derecho exclusivamente, sino también y mucho más a otras áreas de conocimiento jurídicas).

La obra maestra de Pérez Martín es la monumental Proles Aegidiana, a la que dedicó muchos años de su vida, dejando un resultado insuperable en lo más difícil y solamente completable, con el paso del tiempo, en menudencias que se pueden ir añadiendo sobre los colegiales del San Clemente de los españoles de Bolonia, y de los que faltan, pues la Proles se cerró en 1977. La tarea ingrata de consultar miles de documentos en aquella obscura habitación


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que albergaba el Archivo del Colegio de España, más luego las tesis de los colegiales que estaban en la sala biblioteca colindante también casi en tinieblas, la documentación del Archivio di Stato de Bolonia, la de los archivos diversos de la propia Universidad, las centenares de horas que empleó Antonio Pérez Martín siguiendo las huellas de canonistas y de doctores in utroque iuris de los siglos XIV a principios del XIX, sus conocimientos paleográficos extraordinarios, su superior preparación en latín, italiano y alemán, hacen de esta obra, en cuatro tomos, editada por una institución del siglo XIV y preparada metodológicamente y completada bibliográficamente en el Max-Planck de Historia del derecho Europeo de Fráncfort del Meno, algo auténticamente inconmensurable. A ello acompaña el esquema biográfico originalísimo y sorprendente que aplica a la casi totalidad de las semblanzas de los colegiales. Y, sobre todo, la claridad.

Además Antonio Pérez Martín no sólo ha tenido una vida dedicada al estudio de los juristas, sino que también se ha preocupado de investigar en campos a veces distantes para algunos historiadores del derecho en España. Me refiero a la Historia del derecho civil y del derecho procesal. Hay historiadores del Derecho que solo escriben sobre Instituciones político-administrativas históricas; los trabajos de los cultivadores de esa rama en exclusiva no revelan al verdadero jurista, pues pueden llevarlos a cabo, y con mayor fruto, en algunos casos, historiadores generalistas salidos de las Facultades de Filosofía y Letras o de las de Geografía e Historia. Hace ya tiempo que repetimos esta idea muchas veces, y vamos a seguir haciéndolo, pues la dificultad que plantea el Derecho civil del pasado o el procesal hace que se retraigan y se dediquen a lo fácil, a lo no complicado, a aquello para lo que no se necesita saber mucho y menos pensar demasiado. Adhémar [Jean-Paul-Hyppolyte-Emmanuel] Esmein (1848-1913) y Paul-Marie Viollet (1840-1914), los dos grandes historiadores del Derecho durante la Tercera República francesa, brillaron (aparte de, en el caso de Esmein, por sus Éléments de droit constitutionnel, libro al que se le ha dedicado un Congreso por la relevancia que tuvo) por sus artículos y libros de historia del derecho civil y del derecho procesal. Esos cultivadores, con los que nos encontramos en España, de la historia de los Consejos de la monarquía moderna, de la administración territorial, de las Cortes, de los corregimientos, de las fuentes del Derecho (no en su contenido, sino en sus elementos puramente externos, cronológicos, de vigencia, de influencia, de redacción de las mismas), no son auténticos juristas. La prueba es la cantidad de historiadores que, sin haber pasado por una Facultad de Derecho o de Derecho canónico, cuentan con resultados magníficos y casi definitivos (respecto al momento en que fueron escritos) en estos campos del saber. Ahora bien, el estudio histórico del Derecho civil, del Procesal civil, del Procesal penal, del Concursal, del Agrario, del Derecho de los seguros, del Derecho procesal canónico, del Hipotecario, del Notarial, del Penal canónico, del Derecho de aguas1, eso son otras palabras, reservadas, sin duda, para gente de otro nivel.

1 Ver la magnífica tesis doctoral que dirigió el benemérito profesor Josep Maria Font i Rius a

Francisco Javier Teira Villar, sobre el Régimen jurídico de aguas en el Llano de Lérida (siglos XII-XVIII), Barcelona, 1967, o los estudios de Patricia Zambrana sobre el Derecho de aguas, tales cuales “La protección de las aguas frente a la contaminación y otros aspectos medioambientales en el Derecho romano y en el derecho castellano medieval”, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVII, 2º semestre (2011), pp. 597-650 e “Historia del Derecho medioambiental: la tutela de las aguas en las fuentes jurídicas


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Solo hay que detenerse un momento en el por muchos considerado jurista catalán más importante del siglo XX, Ramon Maria Roca Sastre (1899-1979), y ver el conocimiento que tiene del derecho germánico, del derecho romano justinianeo, de la pandectística y de su derecho romano actual, es algo no visto entre los historiadores del derecho de una determinada escuela. Claro, Roca Sastre triunfó en las oposiciones de notarías, en las de registros y en las de judicatura, y no contento con eso opositó de nuevo por libre a notarías para poder posesionarse de una plaza en Barcelona, sacando el número uno.

Antonio Pérez Martín cuando estudia las fuentes del derecho común brilla con luz propia al ir describiendo con maravillosa y clara prosa las instituciones de Derecho civil, penal y procesal. Cuando examina las glosas sabe ser certero en el conocimiento de la aportación que las mismas suponen y distingue lo que carece de interés y de valor de lo que sí supone una interpretación jurídica novedosa en relación al momento. Cuando Antonio Pérez Martín se adentra en las Partidas, sabe que está contemplando, como él mismo ha puesto de relieve, la «obra cumbre del derecho común en España».

También se ha ocupado de la institución del mayorazgo y de la recepción en España del derecho procesal construido por los posglosadores. Colaboró en el monumental Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, dirigido por Helmut Coing.

Iniciado Antonio Pérez Martín en la Historia del Derecho en la Universidad de Granada con Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, en realidad su verdadero y principal maestro fue Helmut Coing (1912-2000) en el Max-Planck de Historia del Derecho Europeo de Fráncfort. Gibert fue un personaje atípico e impertinente, con singularidades destacables, pero sin la orla de genialidad con la que sus discípulos (pocos) han querido distinguirle. En cambio, Helmut Coing es uno de los juristas más completos, más sólidos y más pluridisciplinares que ha habido en la Europa del siglo XX. El mismo Antonio Pérez Martín no se ahorra adjetivos al presentarnos al jurista originario de Celle: «Helmut Coing es el último representante de varias generaciones de investigadores alemanes, que remonta sus orígenes a Friedrich Carl von Savigny y entre los que se encuentran estudiosos de la talla de Theodor Mommsen2 y Franz Wieacker. Universitario que, como ningún otro, consiguió imprimir principios éticos en los fundamentos del Derecho, representa a la generación de juristas alemanes que después de la segunda guerra mundial buscó y halló una concepción nueva y sólida del Derecho, enmarcado en la herencia cultural europea común»3.

Las colaboraciones del homenaje (indicaremos la cualificación de los autores que hayamos identificado) son las siguientes: Aniceto Masferrer, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Valencia, “Ius commune y tradición jurídica europea. Notas sobre la contribución del Prof.

castellanas de la Edad Moderna”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXIV (2012), pp. 277-319. 2 Para no pocos los tres juristas más importantes de toda la historia de la Humanidad han sido

Bartolo da Sassoferrato, Friedrich Carl von Savigny y Theodor Mommsen. 3 Antonio Pérez Martín, “Helmut Coing (1912-2000)”, en Juristas Universales, Madrid y

Barcelona, 2004, vol. 4, pp. 618-624. Concluye su semblanza, tras una enumeración impecable de sus méritos, con una valoración humana del personaje: «Helmut Coing fue un hombre sencillo, humilde, impasible, siempre impecablemente vestido, accesible y con un estilo elegante, pero no complicado, y con una claridad de pensamiento que convertía en comprensibles las nociones más elevadas y abstrusas. En sus publicaciones no hay más páginas que las estrictamente necesarias» (p. 622).


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Antonio Pérez Martín a la historiografía jurídica europea”, pp. 1-47; Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, “Saberes traslaticios: la leyenda de las dos columnas prediluviales”, pp. 48-69; Juan Francisco Baltar Rodríguez, catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Zaragoza, “Los ejercicios de oposiciones a profesor titular de Salvador Minguijón”, pp. 70-87; Manlio Bellomo, catedrático jubilado de Historia del derecho medieval y moderno de la Universidad de Catania, “Consuetudo Bononie in Curia Bulgari Scripta”, pp. 88-94; Fernando Betancourt Serna, catedrático de Derecho romano de la Universidad de Sevilla, “Fuentes del Ius Canonicum Particulare español e indiano”, pp. 95-107; Juan Bautista Cañizares Navarro, profesor contratado de Ciencias Jurídicas Básicas en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, “El Código penal de 1822: sus fuentes inspiradoras. Balance historiográfico (desde el siglo XX)”, pp. 108-136; Paolo Cappellini, “La «Rivincita» della teología política. Note a margine dei processi di normalizzazione dell’eccezione nell’epoca della «Democrazia Globale»”, pp. 137-159; Orazio Condorelli, catedrático de derecho eclesiástico y canónico de la Universidad de Catania, “Ragione, autorità e consenso: costanti [no constanti] e varianti nella dottrina canonistica della norma giuridica”, pp. 160-185; José Antonio Escudero López, catedrático jubilado de Historia del derecho y de las instituciones, “El conflicto de los bienes del Monasterio de Sijena: breves apuntes”, pp. 186-191; María del Camino Fernández Giménez, profesora titular de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, “La Inquisición y los obispos en la Restauración Absolutista tras el Trienio Liberal (1825)”, pp. 192-203; Alejandro Guzmán Brito, profesor emérito de Derecho romano de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “La división de los contratos en Luis de Molina”, pp. 204-214; Jan Hallebeek, “Cumplimiento forzoso de las obligaciones de hacer. Dos ejemplos de la tradición romanística”, pp. 215-225; Magdalena Martínez Almira, “El intercambio de moros cortados entre España y Marruecos tras la firma del Tratado de 1767. La Comunidad de Musulmanes de Cartagena”, pp. 226-252; Leandro Martínez Peñas, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, y Manuela Fernández Rodríguez, profesora titular interina de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, “Guerra, ejército y construcción del Estado Moderno: el caso francés frente al hispánico”, pp. 253-276; Aniceto Masferrer, “La antinomia ‘Derechos fundamentales-soberanía nacional’ en los orígenes del constitucionalismo moderno”, pp. 277-302; Juan Alfredo Obarrio Moreno, catedrático de derecho romano de la Universidad de Valencia, “El embargo en la literatura jurídica en los reinos hispánicos”, pp. 303-345; María Cruz Oliver Sola, catedrática de Derecho romano de la Universidad pública de Navarra, “Principios generales del Derecho de Navarra”, pp. 346-408; Francisco Luis Pacheco Caballero, catedrático de Historia del derecho y de las instituciones, “Formación histórica de la responsabilidad extracontractual o aquiliana en el derecho Español (II). La recepción medieval del daño aquiliano en los derechos valenciano y catalán”, pp. 409-429; Andrea Padovani, “Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma (1405-1409)”, pp. 430-456; Maurici Pérez Simeón, profesor de Derecho romano de la Universidad Pompeu Fabra, “El comentario de Josep Finestres a los Iuris Epitomae de Hermogeniano”, pp. 457-488; Carlos Petit, catedrático de Historia


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del derecho y de las instituciones de la Universidad de Huelva, “El legislador y la biblioteca. Los fondos de Andino en la Universidad de Sevilla”, pp. 489-506; Miguel Pino Abad, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Córdoba, “Los ‘privilegios penales’ de los ancianos en el Antiguo Régimen”, pp. 507-523; Rafael Ramis Barceló, profesor de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de las Islas Baleares, “Estudiantes hispanos de leyes y cánones en la Universidad de Pisa (1543-1665)”, pp. 524-544; Pere Ripoll Sastre, “La Diputació del General de Catalunya: una panorámica jurídico-cultural e histórico-institucional”, pp. 545-573; Santos Manuel Coronas, catedrático jubilado de Historia del derecho y de las instituciones, “Martínez Marina y el Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación de León y Castilla (1808)”, pp. 574-604; Rosalba Sorice, “Studenti, universitates e statuti nello studio di Catania, documenti inediti”, pp. 605-614; Giuseppe Speciale, “Una remota e dolorosa eredità. Credito agrario, colonizzazione, bonifica nella Sicilia postunitaria”, pp. 615-627. Luego se acompañan una serie de noticias sobre congresos y reuniones científicas, que incomprensiblemente se encarga de redactar José Franco Chasán, alumno del 2º curso del Grado en Derecho (lo nunca visto hasta ahora). Las recensiones ya tienen otro perfil, están escritas por catedráticos de Derecho romano o historiadores del derecho cualificados, y versan cinco sobre libros publicados en España y dos más, una sobre un libro en francés y otra sobre una obra en inglés publicada en Berlín.

Valoremos ahora y comentemos algunos de los trabajos indicados del homenaje.

La colaboración de Orazio Condorelli, como casi todo lo suyo, de notable relieve y sin duda el mejor trabajo de Derecho común del homenaje con el de Andrea Padovani. Este Condorelli es nieto del afamado filósofo del Derecho y político monárquico Orazio Condorelli (1897-1969) e hijo del catedrático de Derecho eclesiástico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Catania Mario Condorelli (1933-1985), discípulo de Arturo Carlo Jemolo [tanto la semblanza de Mario Condorelli como la de Jemolo, aparecerán publicadas a principios de 2014, en el tomo 2º del Diccionario de canonistas y eclesiasticistas europeos y americanos] y autor de aquella obra importante de Derecho canónico que se titulaba I fondamenti della libertà religiosa nell’elaborazione canonistica dei secoli XII-XIV, Milán, 1960, senda que fue seguida por su hijo que primero asumió responsabilidades en una plaza de Historia del derecho canónico, para luego quedar adscrito al sector científico Derecho eclesiástico y canónico. El abuelo cuenta con contribuciones muy sólidas, tal es el caso del pequeño pero sorprendente estudio Ignorantia iuris: Preliminari, Catania, 1926, un artículo muy conseguido sobre “Equità e diritto”, que vio la luz en los Annali del Seminario Giuridico della Reggia Università di Catania, año I, fasc. 2 (1933) [sed 1934], pp. 245-299, y, sobre todo, las distintas versiones de su manual, Lezioni di filosofía del diritto, que aparecieron en la propia Catania, y la colección de sus publicaciones de Filosofía del Derecho y Teoría del Estado (sobre el Estado romano, Hans Kelsen, Maquiavelo, etc.).

El de José Antonio Escudero López es un estudio de microhistoria jurídica, que resulta impropio para un homenaje a un historiador de perfil tan europeísta, como Antonio Pérez Martín, y en una revista tan internacional como la presente, aunque luego, bien mirado, el artículo puede ser de los que diga más


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cosas originales, porque desde la microhistoria es desde donde se puede con mayor facilidad decir algo nuevo. En cualquier caso el estudio está motivado por la solicitud de un informe a la Real Academia de la Historia y el autor promete publicarlo más extenso en otra revista, y lo adelanta en «Glossae, revista digitalizada», «brillante como siempre pero desplumada y sin páginas» (p. 187). Paginar está paginada y así en la red la ve todo el mundo. Incomprensibles son las observaciones críticas, que lleva a cabo José A. Escudero, hacia la Generalitat de Catalunya y el Tribunal Constitucional, calificando el contencioso de marras como «un conflicto histórico-jurídico en el que lamentablemente parecen haber primado más las razones políticas que las propiamente jurídicas e históricas» (p. 191). Casan perfectamente sus afirmaciones con su acendrado aragonesismo y anticatalanismo, en unos momentos en que Cataluña está sufriendo y desangrándose porque desde Madrid le niegan todo, hasta el pan, la pimienta y no quisiera decir qué otras cosas más…, para no ser grosero. Contemplo a mi viejo amigo y primer maestro, Jaume Sobrequés i Callicó, en la vanguardia de una lucha ideológica y conceptual en su caso, y me apena verlo encanecido y dejándose piel para defender un ideal nacional, que esperemos no sea aplastado por los tanques o finiquitado por la guardia civil.

Apunta cuestiones originales María del Camino Fernández Giménez, aunque se mueva casi siempre en ámbitos inquisitoriales. Su tesis ya suscitó controversias, aunque defendieron el valor de la misma el propio Antonio Pérez Martín, Enrique Gacto (que, dicho sea de paso, no colabora en este número de la revista, como tampoco Enrique Álvarez Cora, dos tipos realmente trabajadores e inteligentes, que desconozco la razón de su falta de sintonía con Pérez Martín, lo que no empece que me parezcan inconcebibles estas salidas de tono enriqueñas y que no participen en el homenaje, pero ellos saben más que yo) y el mismo José Antonio Escudero, y por escrito otros fueron ambiguos y alguno especialmente crítico con Camino Fernández. La “caja roja” guarda algún secreto, pero lo que no sé, a estas alturas, es cuál puede ser.

Mucha afición le ha cogido el más prestigioso romanista de todo el continente americano Alejandro Guzmán Brito, profesor emérito de la Universidad Católica de Valparaíso, al jurista Luis de Molina (1535-1600), según constatamos de nuevo. En un Seminario para profesores de Derecho civil, Derecho romano e Historia del derecho que impartió en la Universidad de Málaga puso de relieve como capital el libro De iustitia et iure en seis volúmenes. Resulta curiosa la noticia de que Molina falleció el 12 de octubre de 1600.

El artículo de Javier Alvarado Planas va en la línea de los caballeros custodios del Sagrado secreto, que como es sagrado y secreto no sabemos en qué consiste. En cualquier caso, como todo lo suyo, muy bien documentado y claramente meritorio.

Aparece también María Emma Montanos Ferrín. No podemos pronunciarnos sobre su colaboración, pues podríamos equivocarnos, tanto para bien como para mal. Solamente sobre su condición multiconocida de plagiaria como puede verse en Alfonso Otero Varela, “Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el cambio del ordenamiento medieval”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LXIII-LXIV (1993-1994), pp. 451-548; Alfonso Otero Varela, en “Historia del Derecho Criminal en Compostela”, en Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 8, nº 1 (1999), pp. 141-186,


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refiriéndose Otero Varela a Emma Montanos Ferrín, “La criminalización de los derechos del pater familias”, destinado al homenaje a Arias Bonet, y publicado antes en Estudios de Historia del Derecho Criminal, Madrid, 1990, pp. 15-75; Emma Montanos Ferrín, “La inexistencia de circunstancias agravantes en el derecho histórico”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 74 (1988), pp. 399-441 y Emma Montanos Ferrín, “El asesinato”, publicado en los mencionados Estudios de Historia del Derecho Criminal, Madrid, 1990, pp. 256-316 y luego editado a donde iba destinado Estudios de Derecho romano e Historia del Derecho Comparado, Barcelona, 1991, vol. XVIII, pp. 5499-5554; Faustino Martínez y Martínez en la publicación periódica Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 14, nº 2 (2005), pp. 334-341, hablando de una “copista” = Emma Montanos; Faustino Martínez y Martínez, en Biblos. Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica, on line en www.ucm.es/info/byblos/otero.htm, donde vuelve a aparecer la “copista”; Manuel J. Peláez, “Derecho germánico, germanismo, francofonía y catalanismo en el pensamiento y la actividad jurídica, política e histórica de un afrancesado F. Valls i Taberner (1888-1942) y el germanismo de raíces schmittianas de Alfonso Otero Varela (1925-2001)”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2008, en www.eumed.net/rev/cccss/02/mjp3.htm; Guillermo Hierrezuelo Conde, “Sobre el Imperio Plantagenêt y el Derecho común”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009, en www.eumed.net, dedicándole varias páginas y con cotejos amplios y bien documentados, con una precisión milimétrica, y en Guillermo Hierrezuelo Conde en el Anuario de Historia del Derecho Español, LXXV (2005) de 2006, pp. 1139-1142, pero ocultando, a través de una mano irresponsable, el nombre de la verdadera plagiaria Emma Montanos Ferrín y poniendo el del otro ajeno espiritual y materialmente a los plagios, sin que el Anuario de Historia del Derecho Español lo haya enmendado. Además la condición plagiaria y plagística de Emma Montanos puede verse en Socionet.ru (Moscú), EconBiz (Leipzig), EconPapers (Örebro), Ideas-Repec (Reserva Federal del Banco de San Luis), en distintos lugares. Incomprensiblemente, una revista tan seria como Glossae la tiene en su consejo de redacción.

Lo de Santos Coronas responde a la línea en este caso sí comprensible de estos últimos años de dar vueltas a las mismas cosas que ya se le habían leído. El artículo de Carlos Petit, aunque ya había escrito sobre Pedro Sainz de Andino (1786-1863) en otras ocasiones, resulta atractivo.

Encontramos interesantísimas las páginas de Rafael Ramis Barceló, historiador del derecho emergente y en extremo agudo en sus observaciones, con una matriz filosófica que le dignifica, es decir que es alguien que piensa. Miguel Pino Abad es uno de nuestros estudiosos del derecho penal histórico, junto a Aniceto Masferrer, más señeros. No lo perdamos de vista.

La colaboración de Juan Francisco Baltar va en una línea de trabajo de Historia de los juristas de los siglos XIX y XX, manejando fuentes de diferentes archivos, en la que se ha consagrado internacionalmente como uno de los mejores en España.

Obarrio se ha entregado en los últimos años con armas y cartucheras al Derecho común y a la Historia del derecho privado, dejando de lado el derecho preclásico, clásico y postclásico romano. El resultado: dice cosas originales, que de otra forma sería muy difícil, sin dar vueltas, revueltas y pentavueltas al Digesto.


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Me entristece que no haya podido colaborar en este homenaje una persona, que nos ha dejado de golpe, Consuelo Maqueda Abreu, tan perseguida y denostada por los de su propia escuela, pero que supo luchar, sola ante el peligro, y alcanzar la cátedra de Universidad con la enemistad de toda una cohorte de la UNED. Antonio Pérez Martín la valoraba y supo defenderla en momentos para ella difíciles, pero había otros intereses de todos conocidos, que ya han sido puestos de manifiesto en varios lugares.

Es una bendición celestial ver publicado este homenaje a Antonio Pérez Martín y una colosal idea la de Aniceto Masferrer y Javier Alvarado Planas, la de resucitar una publicación iushistórica señera en el Derecho común. El corazón de los historiadores españoles del Derecho debe estar tan alegre, como cuando dos historiadores del derecho, que son conocidos, se ponían alegres con la sangre amable de las uvas. [Recibida el 23 de diciembre de 2013].

Manuel J. Peláez

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