MEXICO MAS ALLA DEL NEOLIBERALISMO. OPCIONES DENTRO DEL CAMBIO GLOBAL

José Luís Calva

JOSE LUIS CALVA (1945-).Economista mexicano. Nació en Ixmiquilpan, Hidalgo. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el doctorado en Economía Agrícola en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Ha impartido cursos y dictado conferencias en varias universidades latinoamericanas y estadounidenses. Actualmente es profesor e investigador de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía. Coordina el Seminario de Economía Mexicana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es asesor del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la FAO.Ha colaborado como articulista de fondo en los siguientes periódicos: Uno más uno; La Jornada; El Financiero; Reforma; El Universal y la revista Expansión. Participa como analista económico en el programa Momento Económico de Radio UNAM y Monitor de Radio Red. En 1999 fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. Es considerado un experto en los asuntos del campo en América Latina, por los méritos a sus estudios en esta materia se le otorgó el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog (1999).

Ha escrito numerosos artículos sobre economía agrícola y problemas del campo en México para revistas especializadas como : Revista Latinoamericana de economía y revista de la CEPAL. Algunos títulos de sus libros son: Crisis agrícola y alimentaría de México, 1982-1988; Los campesinos y su devenir en las economías de mercado; Probables efectos de un Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano; Alternativas para el campo mexicano; El modelo neoliberal mexicano; El modelo neoliberal mexicano. Costos, vulnerabilidad, alternativas; Globalización y bloques económicos. Realidades y mitos; Industria manufacturera. Situación y alternativas; La disputa por la tierra. La reforma al Artículo 27 y la nueva Ley Agraria; Mercado y Estado en la economía mexicana. Retrospectiva y prospectiva y La deuda social y la oferta del bienestar. Estado y política económica.

Del libro: México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, México, Plaza y Janés, 2000, 1ª parte, cap. II, pp. 21-25, 33-35; 3ª parte, cap.I, pp. 116-125; cap. II, pp. 126-131, 133-135; cap. III, pp. 140-147 ; cap. IV, pp. 148-152 ; cap. V, pp. 153-156 ; 4a parte, cap. I, pp. 168-188 y 279-287.

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MEXICO MAS ALLA DEL NEOLIBERALISMO. OPCIONES DENTRO DEL CAMBIO GLOBAL.

Primera parte.

Medio siglo en busca de comunión.

III

Construir el futuro, no volver al pasado.

Desde los años treinta, y sobre todo a partir del gobierno del presidente Cárdenas, el desarrollo económico mexicano –que alcanzó una tasa de crecimiento anual medio de 6.1% entre 1934 y 1982, y trajo consigo un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos- se había sustentado en una economía de mercado con un relevante (pero prudente, excepto a partir de los años setenta) intervencionismo del Estado como rector y promotor activo del desarrollo económico, como regulador del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios básicos, como inversionista en áreas estratégicas y como promotor del bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos.

La ideología económica y social de la Revolución mexicana, plasmada en el contrato social de 1917, había asignado al estado estas funciones desechando la ideología liberal del laissez-faire, laissez-passer.

A partir de 1983, la estrategia económica neoliberal –sustentada en la ideología ortodoxa que atribuye al Estado la causa de los males económicos- se orientó a acrecentar el papel de mercado como mecanismo de asignación óptima de recursos, maximizados de la producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico, transfiriendo a los agentes privados y al mercado, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas anteriormente asignadas al Estado.

La reducción de la injerencia del Estado en la economía comprendió: la liberación de precios internos (abriendo cauce a los lesivos precios monopólicos y oligopolios, v.gr. telefónicos, bancarios, etcétera); la apertura comercial externa, la liberación de los flujos de inversión extranjera, la liberalización del sistema financiero; la privatización de la mayoría de las empresas estatales y de algunos servicios de infraestructura pública y el achicamiento del papel del Estado como rector y promotor del desarrollo económico y del bienestar social, reduciendo o cancelando programas de fomento económico sectorial (para la agricultura, las manufacturas, etcétera), de infraestructura económica y de desarrollo social.

A casi dos décadas de iniciado el experimento neoliberal, con más mercado y menos estado, la prosperidad ofrecida por los reformadores neoliberales está cada vez más lejos de la realidad. Más aún: los resultados reales del modelo neoliberal contrastan negativamente con los observados durante el vilipendiado modelo económico presente.

Bajo el modelo keynesiano-cepalino- que puede denominarse sin abuso modelo económico de la Revolución mexicana- basado en la regulación del comercio exterior y en un relevante intervencionismo gubernamental en el fomento económico, el producto

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interno bruto se incrementó l5.9 veces (1,592.7%) durante el período 1935-1982, al crecer a una tasa media del 6.1% anual, lo que implicó un incremento de 340.4% en el PIB per cápita, al crecer a una tasa media del 3.1% anual (véase cuadro 3)

Bajo el modelo neoliberal –basado en la apertura comercial unilateral y abrupta y en la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico- el producto interno bruto sólo se incrementó 0.45 veces (45.5%) al crecer a una tasa media de 2.23% anual, lo que implico un incremento de apenas 0.32% en el PIB per cápita, que creció a una tasa media del 0.02% anual.

Durante los años de vigencia del modelo económico de la Revolución mexicana, la inversión fija bruta por habitante (en maquinaria, equipo y construcciones), se incrementó 1,022.1% en el período 1941-1982, al crecer a una tasa del 5.8% anual. En contraste, después de casi dos décadas de experimentación neoliberal, la inversión fija bruta por habitante en 1999 fue 4% menor a la observada en 1982, al decrecer a una tasa media del 0.24% anual.

Finalmente, durante gran parte del período keynesiano-cepalino, los pasivos globales de México con el exterior se mantuvieron en un nivel manejable (del 18.4% del PIB al 27.2% del PIB entre 1946 y 1970)* a excepción de los dos últimos sexenios del modelo; cuando se disparo el endeudamiento externo (saltando los pasivos externos del

27.2% del PIB en 1970 al 67.6% del PIB en 1982) lo que condujo al colapso financiero y cambiario de 1982.

En el concepto de pasivos externos incluimos la deuda externa (pública y privada), la inversión extranjera de cartera y la inversión extranjera directa (que gravita también sobre nuestras externas en forma de egresos de intereses, regalías y utilidades). Los porcentajes del PIB se calcularon en dólares de cuenta, que eliminan el efecto de la subvaluación o sobrevaluación del peso mexicano en la conversión del PIB mexicano de pesos a dólares o de los pasivos externos de dólares a pesos. Para el período 1940-1982 véase José Luís Calva. “Criterios recesivos de política económica para 1996. ¿Un México sin opciones de crecimiento?”, en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, núm. 104, México, IIEC-UNAM, 1996.

Precisamente, la estrategia económica neoliberal fue introducida en México con la promesa de “elevar el ahorro interno” para evitar “depender nuevamente en el futuro de recursos externos en forma excesiva”. No obstante, los pasivos externos de México crecieron de manera explosiva, saltando de 91 753.6 millones de dólares (MDD) al cierre de 1982 (después de la crisis de la deuda que estalló en agosto) a 270 196.9 MDD en 1994, cuando estalló el más grave colapso financiero de la historia mexicana, alcanzando los 344 174.2 MDD al cierre de 1999, lo que representa, a valor presente, más del doble de los pasivos acumulados hasta 1982.

En lo social, el modelo de la Revolución mexicana trajo consigo una significativa mejoría del bienestar. Como se muestra en el cuadro 3, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 96.9% en el período 1935-1982; con el neoliberalismo, en cambio, los salarios mínimos perdieron el 70.2% de su poder adquisitivo, es decir se deterioraron a menos de la tercera parte de los vigentes en 1982.

En consecuencia, el modelo neoliberal ha traído consigo un dramático deterioro del bienestar social. De acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), 18.7 millones de mexicanos cayeron en la pobreza entre 1984 y 1996, lo que implicó una regresión social de casi cuatro décadas, hasta

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niveles de pobreza que habían sido superados por el modelo de la Revolución mexicana al principiar los sesenta.

Por qué no regresar al modelo económico precedente.

Sería un error deducir del fracaso del modelo neoliberal la conveniencia de volver al modelo económico keynesiano-cepalino orientado unilateralmente a la sustitución de importaciones. Ello no es viable ni deseable. Mucho menos lo es volver a la estrategia macroeconómica de mediano plazo aplicada durante los años 1971-1982, cuyos erróneos manejos cambiarios y fiscales condujeron al primer gran colapso financiero de la historia contemporánea.

Precisamente, si el modelo neoliberal pudo reemplazar al modelo keynesiano-cepalino después de la crisis financiera de 1982, fue –abstracción hecha de otros factores políticos- por el desgaste que había experimentado ese modelo como resultado de los errores y omisiones de política de los últimos dos gobiernos preneoliberales.

En primer lugar, serios errores en política cambiaria, al no realizar oportunamente, frente al creciente déficit de cuenta corriente, los ajustes pertinentes en el tipo de cambio. La paridad peso/dólar se había mantenido constante desde 1954 hasta la devaluación de 1976, no obstante el enorme diferencial acumulado, durante los años setenta sobre todo entre la inflación mexicana y la inflación estadounidense (en el período 1955-1970, la inflación acumulada en México fue de 72.6% contra 44.4% en Estados Unidos; y en el quinquenio 1971-1975, las inflaciones acumuladas fueron de 76.5% y 38.6%), produciéndose una progresiva sobrevaluación del peso mexicano, que trajo consigo un creciente déficit de cuenta corriente (que ascendió al 4.96% del PIB en 1975), financiado principalmente con endeudamiento externo.

Después de la devaluación de 1976, volvió a mantenerse artificialmente la paridad peso/dólar estadounidense, no obstante el diferencial inflacionario nuevamente acumulado (la inflación acumulada entre 1977 y 1981 fue de 198.6% en México contra 59.6% en Estados Unidos, mientras que la paridad peso/dólar apenas pasó de $22.58 en 1977 a $24.51 en 1981), lo que nuevamente produjo un creciente déficit de cuenta corriente (que ascendió al 6.5% del PIB en 1981), desembocando en una tremenda adicción al endeudamiento externo y finalmente en el colapso financiero y cambiario de 1982.

En ambos períodos, el desequilibrio externo trató de ser corregido mediante un hipertrofiado proteccionismo comercial; mientras en 1970, sólo el 68.3% de las importaciones (en valor) estaban sujetas a permisos previos de importación, en 1974 su proporción subió al 82% y al 90.4% en 1976, después de que en agosto de 1975 se incrementaron los aranceles de importación del 75% de las fracciones. Sin embargo, el proteccionismo hipertrofiado resultó ineficaz para corregir el agigantado desequilibrio externo: el déficit comercial ascendió al 3.9% del PIB en 1975 y apenas descendió al 2.9% del PIB en 1976; mientras que el déficit corriente apenas disminuyó del 4.9% en 1975 al 4.1% del PIB en 1976. Durante el sexenio siguiente, la historia volvió a repetirse; las tasas arancelarias medias se elevaron del 14.9% en 1977 al 26.8% en 1981 y el 27% en 1982; y los permisos previos de importación, que habían descendido hasta el 60% del valor de las importaciones en 1980, aumentaron hasta el 85% en 1981 y al 100% en 1982. Una vez más, el hiperproteccionismo comercial resultó ineficaz para equilibrar las cuentas externas (el déficit de cuenta corriente ascendió al 6.5 del PIB en 1981), desencadenándose la

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crisis financiera. Lo peor es que el proteccionismo comercial hipertrofiado –es decir, excesivo y casi indiscriminado, precisamente por concebirse como mecanismo de ajuste de la balanza comercial- trajo consigo un fuerte sesgo antiexportador, agravado por la enorme sobrevaluación cambiaría que también generaba un sesgo adverso a los servicios comerciales (como el turismo), obstruyendo, paradójicamente, las vías naturales de superación del desequilibrio externo.En segundo lugar, el manejo imprudencial de las finanzas públicas que apareció en los años setenta condujo a una creciente brecha ingreso-gasto público insostenible en el largo plazo. Aunque la expansión del gasto comprendió un significativo incremento de la inversión pública y del gasto promocional del desarrollo humano y económico –y estuvo parcialmente acompañada de un significativo incremento de los ingresos del gobierno federal- dicha expansión comprendió también una suerte de economía del derroche (personal redundante en el sector público; subsidios innecesarios e indiscriminados a la actividad productiva, v.gr. bajas tarifas ferroviarias, eléctricas, de combustibles, etcétera, incluso a actividades altamente rentables que no requerían tales apoyos; estatizaciones inconvenientes, que incluyeron empresas que nunca debieron estar en manos del Estado, como cabarets, fábricas textiles, etcétera; inversiones azarosas en elefantes blancos o en áreas donde no era indispensable la inversión pública, sino sólo el apoyo a la inversión privada o social; programas superfluos o convenientes pero artificialmente encarecidos por la corrupción y las ineficiencias de gestión. Todo ello drenó las arcas del gobierno y condujo a un déficit fiscal que se ensanchaba aceleradamente y era, por tanto, insostenible en el largo plazo.En tercer lugar (último en orden, pero no en importancia), se omitieron ajustes en la estrategia general de industrialización, cuya conveniencia había aflorado claramente desde los años sesenta, cuando comenzaron a crecer aceleradamente las exportaciones manufactureras pero, al reducirse más de prisa las exportaciones agrícolas, se originaron presiones estructurales sobre el sector externo, que indicaban la conveniencia de pasar de la estrategia sustitutiva de importaciones, unilateralmente concebida, a una estrategia mixta de industrialización que combinara agresivo fomento de exportaciones con la sustitución de importaciones, tal como lo indicaban las experiencias de industrialización exitosas tanto en los desarrollos tempranos (Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera) como en los tardíos (Japón, Corea del Sur, etcétera) y tal como fue sugerido por algunos economistas mexicanos. El ajuste en la estrategia de industrialización (que implicaba una liberalización comercial selectiva y gradual, pero no una apertura comercial indiscriminada, unilateral y abrupta), preservando los principios de la Revolución mexicana, pudo haberse hecho exitosamente aun sin el boom petrolero, pero la riqueza petrolera habría facilitado la transformación estructural hacia una nueva fase de industrialización, ordenando las finanzas públicas y la balanza de pagos.El resultado de estos errores u omisiones fue un crecimiento dramático de los pasivos externos y del déficit fiscal que desembocaron en la crisis financiera de 1982 y en la brecha ingreso-gasto público insostenible.La tecnocracia neoliberal arribó al poder en estas condiciones y, en vez de rectificar prudentemente los errores de manejo macroeconómico –fiscal y cambiario- y de realizar los ajustes pertinentes en la estrategia de industrialización, manteniendo incólumes los principios de la Revolución mexicana, optó por un viraje de ciento ochenta grados inspirado en la ideología de laissez-faire, laisser-passer, desechando las funciones que la Revolución mexicana había asignado al Estado en la promoción

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de desarrollo económico, para efectuar una verdadera revolución económica neoliberal, basada en la apertura comercial unilateral y abrupta, así como en el severo achicamiento de las funciones del Estado en el desarrollo económico bajo el ideario friedmaniano que atribuye al Estado las fallas de la economía.

En consecuencia, México debe adoptar una nueva estrategia económica que supere tanto los excesos e ineficiencias estructurales del modelo sustitutivo de importaciones como los excesos e ineficiencias estructurales del modelo neoliberal. Desde luego, la nueva estrategia económica que reemplace al neoliberalismo deberá conciliar la consecución simultánea de los grandes objetivos macroeconómicos (estabilidad de precios, finanzas públicas sanas, equilibrio externo y crecimiento económico), cumpliendo simultáneamente los grandes objetivos del desarrollo social (alimentación, salud, vivienda, educación, capacitación laboral y equidad social) y afrontando exitosamente los grandes retos del desarrollo de la planta productiva (que incluyen su expansión, diversificación y tecnificación, la resulta reducción de las desigualdades entre los sectores y ramas de la producción, así como la articulación interna del aparato productivo), bajo un marco de preservación y mejoramiento ambiental.

TERCERA PARTE

POLITICAS DEL DESARROLLO GENERAL

I

Estado eficiente para el desarrollo sostenido.

La hipótesis según la cuál la mano invisible del mercado conduce providencialmente el accionar espontáneo de los agentes económicos privados, de modo que el mercado libre –sin intromisiones del Estado- es la mejor garantía del desarrollo económico sostenido y la equidad social, está siendo otra vez reconocida como una hipótesis unilateral y anticuada “Ahora tenemos conciencia –ha reconocido el Banco Mundial- de la complementariedad del Estado y el mercado”. “Un Estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios- y las normas e instituciones- que hacen posible que los mercados prosperen y que las personas tengan una vida más saludable y feliz. En su ausencia, no puede alcanzarse el desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social”

En general, la tesis neoliberal de que el achicamiento del Estado eleva la eficiencia del sistema económico no está corroborada por la experiencia universal. Países con alta participación del Estado en la promoción del desarrollo económico y del bienestar social (véase cuadro 19) muestran, con harta frecuencia, mayores grados de desarrollo y más altos niveles de bienestar.

Tampoco es exacta la tesis friedmaniana de que un Estado pequeño es más propicio para el desarrollo de la democracia. Por el contrario, Estados grandes (como Francia, Holanda, Alemania o Italia, donde los gastos del gobierno central representaron, en 1996, el 46.7%, 48.5%, 33.6% y 50.6% del PIB, respectivamente: véase cuadro 19) son frecuentemente, paradigmas de democracia política y también, de democracia económica y social, precisamente por la responsabilidad asumida por los poderes públicos en la distribución del ingreso y en la promoción activa del desarrollo económico y el bienestar social. Desde luego, no es el tamaño del Estado lo realmente

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relevante, sino su capacidad de emprender y promover eficazmente las tareas de interés común.

Históricamente, las dicotomías Estado-mercado, protección libre cambio, interés público-interés privado, han constituido el eje triádico en torno al cual se han conformado las grandes corrientes del pensamiento económico. Su posición respecto a los polos de estas dicotomías diferencia sustantivamente, en los siglos XVI-XIX, al mercantilismo (amén de la escuela histórica y los socialismos) del liberalismo clásico; y, en el siglo XX, al keynesianismo (amén de la economía social de mercado, la escuela japonesa de economía y los socialismos) del neoliberalismo. Las naciones han sido beneficiarias o víctimas cuando las políticas económicas prácticas de sus gobiernos –y las teorías económicas que las inspiran- han guardado, o no, un sensato equilibrio respecto a los polos de estas dicotomías.

Por fortuna, después de varios lustros de experimentación neoliberal esta emergiendo el reconocimiento de las debilidades y fallas del mercado entre importantes organismos multilaterales que recomiendan la intervención eficiente del Estado como condición de un exitoso desarrollo económico y social. Así, la revaloración de las funciones del Estado en el desarrollo viene siendo realizada por el Banco Mundial desde los primeros años noventa. “La intervención del sector público –señaló en 1991- no es de por sí una medida indeseable. Por el contrario, muchos tipos de intervención son esenciales para que las economías cristalicen todas sus posibilidades. En una lista abreviada de intervenciones indispensables se incluirían el mantenimiento del orden público, el suministro de bienes públicos, la inversión en capital humano, la construcción y reparación de las obras de infraestructura y la protección del medio ambiente. En todas estas esferas (y cabría sostener que en otras) los mercados son “deficientes”, por lo que es preciso que el Estado intervenga”. Un año antes, la CEPAL señalaba: “Parece conveniente desideologizar el tema de la intervención pública en el proceso de desarrollo” e “inducir una interacción eficiente entre los agentes públicos y privados”; la transformación productiva con equidad requiere una acción pública que “permita combinar la gestión macroeconómica con políticas sectoriales y con las orientaciones estratégicas”.

Así, después de dos décadas de borrachera ideológica adamsmithiana y del Estado (a fin de permitir a la mano invisible cumplir su mágica función de asignar óptimamente los recursos productivos, consiguiendo el pleno empleo y la equidad distributiva), es notoria la confluencia de influyentes organismos multilaterales a favor de políticas que guarden una sana complementariedad entre el mercado y el Estado.

La revaloración del papel de las instituciones y de las políticas públicas en el desarrollo ha emergido también en los nuevos hallazgos del pensamiento económico universal, especialmente de la nueva teoría del comercio internacional, la nueva teoría del crecimiento, el neoestructuralismo latinoamericano, la nueva teoría del desarrollo (que moderniza los argumentos de la “vieja” teoría del desarrollo), la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo; y, contundentemente, por la nueva investigación histórico-económica.

“Los gobiernos –decía el más reconocido fundador de la teoría del desarrollo, premiado con el Nobel de Economía en 1979- pueden ejercer una influencia notable en el crecimiento económico. Si hacen lo que deben, el crecimiento se acelera. Por el contrario, si hacen muy poco o lo hacen mal el desarrollo se retarda”, Cuarenta años después, la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo afirma, consistentemente, que las instituciones “explican el éxito o el fracaso, o bien el crecimiento o el estancamiento de un sistema socioeconómico”. “Los enfoques tradicionales –observa en México José Ayala- han analizado el desarrollo económico

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como un proceso cuya dinámica y resultados dependen esencialmente de los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios que se intercambian”, asumiendo “que los mercados llegan siempre a resultados eficientes.”. En realidad, “las naciones no producen dentro de sus fronteras aquello que la dotación original de recursos permite, como lo predice la teoría convencional, sino lo que las políticas y las instituciones permiten”.

En esta perspectiva, el ideal de un Estado mínimo se ha convertido en un axioma socialmente absurdo. Como señaló Ajay Chhibber, coordinador del informe sobre el desarrollo mundial 1997, del Banco Mundial: “Quizás el péndulo del desmantelamiento del Estado fue demasiado lejos, y ahora existe la necesidad de regresarlo a una posición intermedia”; al tiempo que el presidente del Banco Mundial, James D. Wolfenshon calificó “como punto de vista extremo” el que pregona que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión”, pues si bien un Estado de ese tipo no causaría ningún mal, tampoco sería muy beneficioso”. A fin de elevar el nivel de bienestar de la población –indica el documento del Banco Mundial- tendrá que ampliarse la capacidad del Estado, es decir, su capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente”. De esta manera, está emergiendo un nuevo consenso acerca de las funciones del Estado eficaz requerido para el desarrollo.

En primer lugar, se reconoce que el Estado es esencial para forjar las instituciones indispensables que el mercado requiere: un sistema jurídico garante del cumplimiento de los contratos, la protección de los derechos de propiedad, la estabilidad política, el orden público y la seguridad nacional, como funciones clásicas del Estado, a las que se han agregado la protección del ambiente.

En segundo lugar, políticas públicas activas para preservar y, en su caso reestablecer los equilibrios macroeconómicos, son consideradas condición crucial para el dinamismo económico de largo plazo. “La pasividad de las políticas macroeconómicas ante súbitos cambios externos –variaciones de las tasas de interés internacionales, los términos de intercambio o la disponibilidad de capital –o internos, ha concluido el staff de la CEPAL. “da por resultado un avance intermitente (stop and go) Así, la consecuencia ineludible es un descenso en el uso neto promedio de la capacidad productiva, seguida de un impacto adverso sobre el empleo”. Por ello, un Estado eficiente debe desplegar políticas macroeconómicas activas capaces de contener los eventuales desequilibrios internos y externos dentro de una franja de seguridad macroeconómica.

En tercer lugar, se admite como función crucial del Estado la provisión de la infraestructura física esencial, particularmente en obras de comunicación y urbanas como el drenaje y el suministro de agua potable.

En cuarto lugar, se reconoce la responsabilidad ineludible del Estado en la formación de recursos humanos, a través de la educación, el impulso al desarrollo científico-técnico y el apoyo a la capacitación laboral y empresarial.

En quinto lugar, se admite como función crucial del Estado cuidar la equidad en la distribución del ingreso y la superación de la pobreza, así como el despliegue de políticas sociales orientadas a promover la salud y la previsión social.

En sexto lugar, se considera responsabilidad del Estado –después de numerosas crisis bancarias sistémicas en el mundo- la creación de instituciones reguladoras y supervisoras del sistema financiero, a fin de garantizar la solidez y el cumplimiento eficiente de las funciones de intermediación financiera.

En séptimo lugar, se reconoce como función del Estado la corrección de fallas comprobadas del mercado. “Una normatividad debidamente formulada –por ejemplo- puede ayudar a la sociedad a aprovechar las fuerzas del mercado en beneficio de los

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fines públicos. La reglamentación puede contribuir a proteger a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente. Puede estimular la competencia y la innovación y, al mismo tiempo, poner coto a los abusos de los poderes monopólicos”.

En octavo lugar, aunque existen serias controversias respecto a las políticas sectoriales de fomento económico, la mayoría de los economistas –incluso neoclásicos- admiten que las fallas de mercado observadas en la innovación tecnológica, la capacitación de mano de obra o en los sistemas de crédito (frecuentemente inaccesible para las pequeñas empresas) justifican la intervención gubernamental para compensar dichas fallas. Desde luego, la corriente ortodoxa se inclina por medidas horizontales (que no favorezcan a ningún sector o rama de la producción en especial); pero otros economistas argumentan sólidamente la pertinencia de políticas sectoriales, cuando se trata de inversiones cuyas “externalidades” positivas (o efectos de arrastre sobre otras industrias) justifican apoyos especiales (v.gr. a industrias de avanzada tecnología); o bien, cuando existen rendimientos crecientes a escala que justifican apoyos compensatorios o de soporte hasta cierto umbral de producción; o incluso en caso de industrias decadentes donde se justifica la administración del ajuste a fin de atemperar sus efectos sobre el empleo, directos y colaterales. Por eso, hasta el Banco Mundial se muestra dispuesto a reconocer el despliegue de políticas indústriale, como un relevante instrumento para superar el subdesarrollo y conseguir elevadas tasas de crecimiento económico. ²³

Nueva institucionalidad para el desarrollo

Rigurosamente, la noción de equilibrio entre el mercado y el Estado arranca del reconocimiento dual de que, si bien los mercados presentan fallas que ser atemperadas o corregidas por el Estado, la intervención gubernamental presenta también fallas que deben ser atemperadas unas y evitadas otras, mediante reformas que eleven la eficiencia de las instituciones publicas.

En los países subdesarrollados ambos tipos de fallas suelen ser considerablemente mayores que en los países industrializados: tenemos mercados incompletos y harto imperfectos (es decir, sumamente segmentados, oligopólicos, con información deficiente y asimétrica; o de plano inexistentes algún ámbito); y tenemos instituciones públicas igualmente incompletas e imperfectas. “Muchos de los países en vías de desarrollo – escribo el economista ortodoxo Deepak Lal – se asemejan mas, en su funcionamiento oficial, a las rapaces e ineficientes naciones-estado de la Europa de los siglos XVII y XVIII, gobernadas por el enriquecimiento personal de sus gobernantes”. Tres décadas antes, Arthur Lewis escribió: “En la mayoría de los países ya sean los funcionarios civiles, los políticos, o ambos, se consideran con derecho a hacer fortunas mediante el cohecho, el peculado, el nepotismo, o mediante contratos que los favorezcan”.En 1800, la vida pública de la Gran Bretaña estaba tan corrompida como la de otros países, y es una especie de rompecabezas descubrir como pudieron hacerse desaparecer estas prácticas en el curso del siglo XIX. Con relación a Inglaterra, es indudable que las ideas de la ilustración, la presión externa sentida fuertemente a raíz de la guerra de Crimen, la necesidad de una burocracia más eficiente y funcional al emergente capitalismo industrial, así como la alternancia de partidos en el gobierno que se produjo desde fines del siglo XVIII, obraron conjuntamente a favor de un Estado más eficiente.

Sin embargo, cualesquiera que hayan sido sus móviles y trayectorias particulares, durante el siglo XIX “todas las naciones que cuentan hoy con una firme tradición industrial –concluyó el staff del Banco Mundial en su acuciosa (y heterodoxa)

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indagación sobre El Estado en un mundo en transformación- comenzaron a establecer modernas burocracias profesionales” e instituciones públicas razonablemente eficientes. Mas recientemente “muchos países de Asia oriental, han transformado unas burocracias débiles, corruptas y basadas en el clientelismo político en sistemas que funcionan razonablemente bien”.

Ciertamente, cada país ha seguido su propio camino para elevar la eficiencia de sus instituciones públicas. Pero una característica común de los modernos Estados industriales (incluidos los de nueva industrialización) estriba en el establecimiento de un servicio civil de carrera, cuyos rasgos fundamentales son: 1) un sistema transparente de acceso a los cargos públicos basado en la calificación profesional (mediante concurso abierto), y no en el clientelaje o el favoritismo; 2) un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica basado también en los méritos; y 3) una remuneración suficiente, correspondiente a la calificación profesional.

En México, destacados académicos mexicanos han planteado la urgencia, precisamente, de instituir un servicio civil de carrera, a fin de reemplazar la actual utilización de los cargos públicos como botín político o como activo para la compra de lealtades clientelares. “Los países con sistemas débiles de pesos y contrapesos –señala por su parte el citado estudio sobre El Estado en un mundo de transformación- tienen que hacer más hincapié en la transparencia y la competitividad. La experiencia de algunas economías de Asia Oriental, con un gran crecimiento económico, también demuestra que la meritocracia y la recompensa a largo plazo de los méritos profesionales ayudan a crear un sentimiento de solidaridad o compromiso común con las metas colectivas”. Sin duda, la administración pública meritocrática constituye un ingrediente fundamental de la fórmula político-económica que hizo saltar a Taiwán y Corea del Sur del subdesarrollo al grupo de países industrializados y de alto ingreso.

En segundo lugar, las evidencias empíricas internacionales indican que la eficiencia del Estado resulta ser mayor cuanto más amplio y efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial estriba en la verdadera separación de poderes. “Para crear un clima general de responsabilidad –señala el staff del Banco Mundial- se necesitan mecanismos formales de control, anclados en las instituciones estatales básicas”. Sin embargo, “en muchos países en desarrollo la supervisión legislativa y judicial del poder ejecutivo es débil”, “las legislaturas adolecen de falta de información y capacidad, y la independencia de la judicatura está en entredicho. Un poder judicial independiente es vital para asegurar que los poderes legislativo y ejecutivo asuman su plena responsabilidad ante la Ley, y para interpretar y hacer cumplir las disposiciones de la constitución nacional”. Desde luego, la separación de poderes comprende también la verdadera soberanía de los gobiernos de los estados, la independencia de sus poderes legislativo y judicial y la autonomía real de los municipios. Cuanto más amplia es la separación de poderes, mayor es el número de instancias de control y menor es el número de acciones arbitrarias.

En tercer lugar, las instituciones del Estado funcionan mejor cuanto más amplios son los cauces de expresión y participación de la ciudadanía, tanto en las decisiones de políticas públicas, como en su supervisión. Sin duda, la celebración de elecciones transparentes y verdaderamente libres constituye una forma crucial de expresión ciudadana en una democracia representativa; pero ésta representatividad es, con harta frecuencia, parcial o incierta, de manera que son necesarios canales adicionales de ejercicio directo de la democracia. La experiencia indica que “la eficacia del Estado es mayor cuando se escuchan las opiniones del sector empresarial y de la ciudadanía en general y se propicia la participación de ambos grupos en la determinación y aplicación de las políticas. Cuando los gobiernos carecen de mecanismos para escuchar estas

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opiniones, no responden a los intereses de la población. En muchos países, la capacidad de los grupos para hacerse escuchar está tan mal repartida como los ingreso. La disponibilidad de más información y una mayor transparencia son elementos vitales para entablar un debate público bien orientado y para incrementar la confianza del pueblo en el Estado, tanto cuando se examinan las prioridades de gasto como cuando se formulan los programas de asistencia social o se ordenan los recursos forestales y de otro tipo. Para que haya participación, hay que hacer llegar el sentir de los grupos pobres y marginados al centro mismo del proceso de formulación de políticas.

En cuarto lugar, tratándose de programas específicos o comunitarios, se consigue mayor eficiencia cuando se realizan mediante la participación directa de los beneficiarios en su diseño, ejecución y supervisión. “Cada vez hay más indicios de que los programas estatales son más eficaces cuando se recaba la participación de los presuntos usuarios y cuando se procura aprovechar el acervo social de la comunidad, en vez de luchar contra él. Los beneficios de este enfoque para los organismos gubernamentales se manifiestan en una ejecución más eficiente, una mayor sostenibilidad y un mejor intercambio de información”. En cambio, los repetidos fracasos de las actividades impuestas desde arriba son proverbiales en México.

En suma: a fin de que el Estado no gravite –como ahora- pesadamente sobre la sociedad socavando intereses fundamentales sino que, por el contrario, sea un instrumento eficaz de la sociedad para salvaguardar y promover los intereses comunes de la nación, es necesaria una profunda renovación de las instituciones públicas. La gran interrogante es: ¿hasta cuándo lo haremos? El apremio de las circunstancias nacionales no es menor del que orilló a los ingleses a los japoneses o a los coreanos a construir Estados eficientes. Tenemos un cuarto de siglo de crisis financieras recurrentes; casi dos décadas de adopción dogmática de recetas económicas (entre las cuales descuella la liberalización financiera imprudencial) previamente fracasadas en otros países; una brutal degradación de los niveles de vida de las mayorías nacionales a causa de la fanática aplicación de esas recetas; una seria ruptura de la cohesión social, que coloca en la cuerda floja la paz civil, estructuras de gobierno que han perdido la confianza de los gobernados; proliferación de la corrupción (que incluye la infiltración de instituciones públicas por el tráfico de drogas y, lo que es más costoso aun, por el tráfico de influencias); rupturas segmentarías del estado de derecho, con la proliferación de la subcultura de la ilegalidad y la impunidad. Por ello, la renovación de las instituciones es no sólo un imperativo de la verdadera modernización económica, como han postulado certeramente algunos colegas, sino también un imperativo de sobrevivencia nacional.

En quinto lugar (y es aquí donde radica el mayor de nuestros déficits) son necesarios liderazgos políticos incluyentes y audaces para conducir la reforma eficientizadora de las instituciones estatales. No obstante que “la existencia de un Estado eficaz y atento a las necesidades de la población –señala el staff del Banco Mundial- es decisiva para la salud y prosperidad a largo plazo de la sociedad”, a los países les resulta difícil establecer las instituciones necesarias para asegurar la eficiencia de su sector público. Una de las razones de esa dificultad es de orden político. Por ejemplo, es posible que haya fuertes intereses empeñados en mantener un statu quo injusto e ineficiente, mientras que los perjudicados por esa situación quizás no estén en condiciones de ejercer presiones eficaces para cambiarla. En los últimos años algunos políticos clarividentes han transformado las opciones a disposición de su pueblo mediante la adopción de decisivas medidas de reforma. Tuvieron éxito porque hicieron que los beneficios del cambio resultaran evidentes a todos los afectados, y forjaron condiciones que dieron mayor peso a grupos de beneficiarios que hasta entonces se

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habían mantenido en el anonimato. Desde luego, los pactos sociales que aseguran un espacio digno a todos los estratos sociales son convenientes para facilitar la reforma.

En suma: a la luz de las experiencias internacionales y de nuestras propias realidades, el tipo de Estado requerido para alcanzar la prosperidad de la nación, debe caracterizarse por los siguientes rasgos fundamentales: primero, la efectiva separación de poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) en el marco de un sistema de elecciones verdaderamente libres y transparentes (de manera que los poderes legislativo y judicial sirvan de contrapesos reales al poder ejecutivo y éste sea verdaderamente representativa de las mayorías nacionales); segundo, el establecimiento de un servicio civil de carrera basado en méritos, que evite el uso de los cargos públicos como botín político o como un activo para la compra de lealtades clientelares, asegurando así –junto con la acción vigilante de los poderes legislativo y judicial- la probidad de los funcionarios y la erradicación de la corrupción y la impunidad; tercero, la descorporativización, desoligopolización, independización y democratización de los medios masivos de comunicación, a fin de contar con una opinión pública activa, vigilante de los poderes del Estado; cuarto, el federalismo real de los Estados y la autonomía municipal con auténtica democratización de los procesos de elección y decisión; quinto, la ampliación de los cauces para la participación directa de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas públicas y en la supervisión de su ejecución; sexto, la participación de los beneficiarios directos de programas específicos de su diseño, ejecución y seguimiento.

EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL.

Este dramático empeoramiento de la distribución funcional del ingreso entre los factores de la producción no cayó del cielo: es un resultado intrínseco de la estrategia neoliberal. En particular, la política salarial –en vez de ser utilizada como herramienta para distribuir equitativamente los costos de la crisis, elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso- fue sistemáticamente utilizada como instrumento antiinflacionario (fijación adelantada de incrementos salariales iguales a las tasas de inflación proyectadas, siempre superadas por la inflación realmente observada), como palanca deliberadamente contraccionista de la demanda interna agregada (supuestamente encaminada a contener o reducir el déficit de cuenta corriente) y como factor de competitividad internacional (bajos costos laborales).

Como resultado, los ingresos de los trabajadores asalariados sufrieron una brutal reducción a lo largo de casi dos décadas de experimentación neoliberal. Los salarios mínimos fueron reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982 (al descender de $32.72 en 1982, a $9.76 en 1999, a precios de 1994: véase cuadro 21). Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946 (cuando el salario mínimo fue de $13.32, a precios de 1994)- No se trata sólo de una década perdida en desarrollo humano, sino de cinco décadas perdidas o, si se prefiere, de una regresión de medio siglo.

Los salarios manufactureros, que habían visto incrementar su poder adquisitivo de manera prácticamente ininterrumpida desde fines de la segunda guerra mundial hasta mediados de los setenta, con un incremento de 188% en su poder adquisitivo entre 1946 y 1975, al pasar de $44.40 a $127.85 (a precios de 1994) durante ese lapso –y que no obstante la política de topes salariales del gobierno de JLP mantuvieron casi intacto su poder adquisitivo logrado paso a paso durante los treinta años previos- sufrieron un brutal deterioro bajo el modelo neoliberal, cuando perdieron el 4l.5% de su poder de compra (al descender de $127.25 en 1982, a $74.46 en 1999), lo que representó una regresión de más de tres décadas, al situarse en 1999 a niveles inferiores a los de 1962

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(cuando las percepciones diarias de los trabajadores manufactureros fueron de $75.39, a precios de 1994).

Los salarios contractuales promedio de las ramas de jurisdicción federal sufrieron, bajo el modelo neoliberal, un deterioro mayor (63.9% de su poder adquisitivo) que los salarios manufactureros, al caer (a precios de 1994) de $51.79 en 1982 a $18.71 en 1999; y lo mismo ocurrió con los salarios medios de cotización del IMSS, que perdieron el 57.2% de su poder adquisitivo al caer de $76.61 en 1982 a $32.76 en 1999: véase cuadro 21), al tiempo que los salarios del sector formal de la industria de la construcción, se redujeron de $69.4l en 1982, a $26.59 bajo el gobierno del bienestar para la familia.

De acuerdo con los dogmas neoclásicos, se esperaba que los bajos salarios conducirían a un mayor nivel de empleo. Sin embargo, los mercados de trabajo no se comportaron conforme a los supuestos ortodoxos. Durante el sexenio 1983-1988, de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, en el conjunto de la economía mexicana sólo se generaron 509 mil empleos remunerados (a causa, obviamente, del nulo crecimiento económico: el PIB solo creció 0.2% anual). Pero durante ese lapso, cada año tocaron las puertas del mercado laboral poco menos de un millón de jóvenes demandantes de empleo, de manera que 5.3 millones de mexicanos disponibles no encontraron un puesto remunerado. Durante el período 1989-1997, según la última publicación del Sistema de Cuentas Nacionales de México, sólo se generaron 5.3 millones de empleos remunerados (incluyendo los empleos en las maquiladoras), pero cada año arribaron a la edad de trabajar poco más de 1.1 millones de jóvenes, de manera que 5 millones de trabajadores más carecieron de una ocupación remunerada. Como resultado agregado, en el lapso 1983-1997, quedaron sin ocupación remunerada en México 10.3 millones de demandantes de empleo. Durante el período 1998-1999, cada año arribaron a la edad de trabajar 1.2 millones de jóvenes, sin que se hayan creado suficientes puestos de trabajo remunerados.

Así, el abarrotamiento de los mercados de trabajo –que presiona los salarios a la baja, simplemente por efecto de la relación oferta/demanda, o sea por obra de la mano invisible del mercado- sumado a la poderosa mano negra de la política salarial depredadora, provocó la caída de la participación de los salarios en el producto interno bruto, al tiempo que la reforma neoliberal de la política agrícola provocó el severo deterioro de los ingresos campesinos (véase cuarta sección). No es casual que el neoliberalismo económico sea, por antonomasia, una eficiente fábrica de pobres.

En consecuencia, se registró una dramática degradación de los niveles de bienestar. De acuerdo con la CEPAL, el número de hogares mexicanos bajo la línea de la pobreza saltó de 4.7 millones en 1984 a 8.8 millones en 1996, de modo que, la población pobre pasó de 30.4 millones en 1984 a 49.1 millones en 1996, es decir 18.7 millones de mexicanos cayeron en la pobreza (véase cuadro 22). Durante el mismo lapso, el número de indigentes pasó de 11 millones en 1984 a 20.3 millones en 1996, es decir, 9.3 millones de mexicanos cayeron en la pobreza extrema. Más aún, durante el bienio previo (1983-1984) se había registrado ya un fuerte incremento de la pobreza, debido al desplome de los salarios reales (tan sólo en 1983, los salarios contractuales perdieron el 28.8% de su poder adquisitivo y los manufactureros se redujeron 24.7%), al deterioro de los ingresos campesinos y a la caída del PIB (-4.2% en 1983), con la consiguiente reducción del empleo. Según el destacado especialista en pobreza, Julio Boltvinik (quien aplica una metodología distinta a la de CEPAL), la población mexicana bajo la línea de la pobreza pasó del 48.5% en 1981 al 58.5% en 1984, alcanzando el 78% en 1996. Pero aun ateniéndonos a las cifras de la CEPAL, resulta

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que en las casi dos décadas de experimentación neoliberal más de veinte millones de mexicanos han caído en la pobreza.

Contrario sensu, durante los años de operación del modelo económico de la Revolución mexicana, la pobreza se redujo significativamente. De acuerdo con Boltvinik, la proporción de mexicanos pobres disminuyó del 77% en 1963 al 48.5% en 1981, magnitudes grosso modo coincidentes con las estimadas por el Programa Nacional de Solidaridad, según el cual la proporción de mexicanos bajo la línea de la pobreza descendió del 76.9% en 1960 al 45% en 1981. Pero, los avances en materia de reducción de la pobreza realizados durante estas dos décadas, fueron completamente revertidos por el modelo neoliberal.

Para escarnio de los mexicanos, el primer presidente neoliberal ganó la elección mediante el lema: “por una sociedad igualitaria”; y el último gobierno neoliberal arribó al poder con el lema: “bienestar para la familia”. Por eso, de cara a la próxima sucesión presidencial, cuando todos los candidatos ofrecerán bienestar y prosperidad, la ciudadana debe exigir que digan cómo. Porque si en vez de pasar a una nueva estrategia económica, se mantiene el modelo económico neoliberal, los resultados sólo pueden ser más de lo mismo: mayor deterioro salarial, más desigualdad en la distribución del ingreso, más pobreza y más sufrimiento humano.

En efecto, la brecha creciente entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres es resultado natural de los severos programas de cambio estructural, ajuste y estabilización, aplicados desde 1983 hasta el presente.

De acuerdo con la lista de Forbes, un país como es México registró en 1996 un mayor número de millonarios en dólares que Francia; y las fortunas agregadas de los 15 billonarios mexicanos sumaban 25.6 miles de millones de dólares, mientras que la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural, realizada en ese mismo año, reveló que el gasto familiar para alimentación fue menor de tres pesos diarios por miembro (es decir, 0.38 dólares, al tipo de cambio entonces vigente), en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; y en promedio nacional apenas alcanzó los 4.3 pesos (es decir, 0.54 dólares), a causa de lo cual la desnutrición infantil en el medio rural afecta al 55.95 de los niños menores de cinco años, según el estimador antropométrico talla para la edad; y, de acuerdo con el estimador peso para la edad, la desnutrición abarca al 42.7% de los niños. Así la economía de la desigualad ha alcanzado dimensiones inquietantes que socavan –de múltiples maneras- la cohesión social.

Por eso, durante la homilía en la Plaza de la Revolución de la Habana, Juan Pablo II condenó el “neoliberalismo capitalista que subordina la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado”. “En ocasiones, dijo, se imponen a las naciones, como condición para recibir nuevas ayudas, programas económicos insostenibles”. “De este modo se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos”. No son afirmaciones doctrinarias sino constataciones de hechos lacerantes.

La mano invisible del mercado no resolverá los problemas estructurales ni las vulnerabilidades macroeconómicas de México. En consecuencia, la pobreza y la marginación socioeconómica continuarán agravándose por obra y gracia de la mano invisible, mientras que las “compensaciones sociales” del neoliberalismo continuarán siendo una simple hoja de parra.

Si realmente deseamos superar las profundas asimetrías y segmentaciones estructurales así como los recurrentes modos macroeconómicos, que representan el más serio obstáculo para el crecimiento sostenido y, a la vez, la triada que provoca la

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marginación y empobrecimiento de una proporción cada vez mayor de los mexicanos, es necesario desplegar una estrategia económica integradora.

La elevación del bienestar social y la erradicación de la pobreza deben ser concebidos, en consecuencia, no como algo extrínseco a la estrategia económica (como males susceptibles de ser corregidos a través de simples mecanismos de compensación social), sino como algo intrínseco al correcto funcionamiento de la economía, ergo como el efecto natural de una nueva estrategia económica realmente congruente con los intereses nacionales.

RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD.

La productividad y la riqueza de las naciones están determinadas de manera relevante por el desarrollo de las aptitudes físicas e intelectuales de sus ciudadanos. Por eso, la inversión en nutrición, salud, educación, capacitación (laboral y empresarial) y desarrollo científico-técnico, constituye una de las más fructíferas asignaciones de recursos que las naciones pueden hacer la construcción de su futuro.

No obstante, los programas neoliberales de cambio estructural, ajuste y estabilización, aplicados con fanática perseverancia desde 1983 hasta el presente, han impactado adversamente la formación de recursos humanos. La reducción de los salarios reales y de los ingresos familiares de importantes segmentos sociales rurales y urbanos, con el consiguiente crecimiento dramático de la pobreza y de la indigencia, afectaron severamente las bases materiales del desarrollo físico e intelectual de la mayoría de los mexicanos.

Además, el incremento dramático de la pobreza de ingresos, en vez de ser atemperado mediante la expansión del gasto público en desarrollo social, se vio agravado por la evolución desfavorable de estas partidas. Mientras en las postrimerías del modelo económico precedente al neoliberal, el gasto social per cápita (en educación, salud, seguridad social, desarrollo regional y urbano y asistencia social) ascendió a $3,594.4 en 1981 y a $3,472.6 en 1982 (a precios de 1998: véase cuadro 25); al principiar los años noventa apenas alcanzó los $2,256.8, después de caer hasta $2,048.0 en 1988. Aunque posteriormente se observó cierta recuperación en el gasto social per cápita, que alcanzó los $3,536.2 en 1994, volvió a caer hasta $3,020.8 en 1995, para ascender a $3,668.5 en 1999, con la particularidad de que esta última cifra incluye el costo fiscal de la reforma del sistema de seguridad social, de manera que en magnitudes comparables al gasto público social per cápita es ahora significativamente inferior al ejercicio en 1982.

Estos resultados del modelo neoliberal contrastan con el esfuerzo en desarrollo humano realizado durante el vilipendiado modelo de la Revolución Mexicana. Mientras que en el período 1971-1982, el gasto social per cápita creció 175%, después de diecisiete años de experimentación neoliberal el gasto social per cápita fue apenas 5.6% mayor que el de 1982 (aun sin descontar el costo fiscal de la reforma de la seguridad social). De manera desagregada, las erogaciones federales per cápita en educación, que se habían expandido 210.9% durante el período 1971-1982, apenas crecieron 4.9% bajo el modelo neoliberal; el gasto per cápita en salud y seguridad social, que se había expandido 111.7% entre 1971 y 1982, sólo aumentó 22.8% después de dieciséis años de experimentación neoliberal (incluso sin descontar el costo de la reforma de la seguridad social); finalmente, el gasto per cápita en desarrollo regional y asistencia social, que había crecido 353.7% en el primer período (1971-1982), decreció 30.1% en el paraíso neoliberal (véase cuadro 25)

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Así, considerando exclusivamente la evolución del gasto público, México acumula casi dos décadas perdidas en desarrollo social; a lo que hay que agregar una regresión de más de cincuenta años en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como una regresión de casi cuarenta años en los salarios manufactureros; además del enorme retroceso observado en la proporción de mexicanos bajo la línea de la pobreza, donde la regresión es mayor de cuarenta años (vid supra).

Bajo cualquier indicador, el considerable esfuerzo realizado para incrementar los recursos destinados a la formación de capital humano, que se observó hasta 1982, se truncó abruptamente bajo el modelo neoliberal. Como proporción del producto nacional, el gasto social había pasado del 5.3% del PIB en 1971, al 9.2% del PIB en 1981; mientras que a tres lustros de perseverante experimentación neoliberal, el gasto social apenas representó al 8.65 del PIB (en 1997), después de haber caído al 5.75 del PIB en 1988. En 1999, incluyendo el costo fiscal de la reforma en la seguridad social, el gasto social apenas representó el 9.1% del PIB, pero si se descuenta el costo fiscal de la reforma –según estimaciones de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados- el gasto social representó apenas el 7.8% del PIB.

De esta manera, en vez de acortarse la brecha en desarrollo humano que nos separa de los países desarrollados, se agranda. Peor todavía: México se está rezagando dramáticamente respecto a otros países en desarrollo, incluso de nuestra América Latina. Para no hablar de los países desarrollados, donde el gasto social representa frecuentemente más del 30% del PIB, cabe recordar que, durante el bienio 1996-1997d, el gasto social representó el 17.9% del PIB en Argentina, el 22.5% del PIB en Uruguay y el 19.8% del PIB en Brasil, mientras que en México apenas representó el 7.8% del PIB (véase cuadro 26)- En valores absolutos, el gasto social per cápita en Argentina ascendió a l,570 dólares (en promedio anual) durante el bienio 1996-97; en Uruguay alcanzó los 1,37l dólares; en Brasil fue de 95l dólares; mientras que en México apenas alcanzó los 352 dólares. Debería dar vergüenza.

Al degradar las bases del desarrollo de las aptitudes físicas e intelectuales de los mexicanos, el modelo económico neoliberal socava las piedras angulares del desarrollo económico en el largo plazo.

Además, el consenso universal sobre la relevancia del desarrollo tecnológico como factor crucial de la productividad, la modernización y el crecimiento económico, contrasta flagrantemente con las realidades de la política económica mexicana. Mientras los exitosos países de reciente industrialización, como Corea del Sur, incrementan aceleradamente sus inversiones en ciencia y tecnología (hasta alcanzar el 2.7% del PIB) como instrumento de su pasaje al desarrollo, en México se observa una preocupante desatención de la investigación científico-técnica (después de haber caído hasta el 0.25% del PIB en 1988, el gasto federal en ciencia y tecnología aún no recupera los niveles alcanzados al principiar los ochenta: 0.47 del PIB en 1999 contra 0.49% del PIB en 1981). De esta manera, en vez de acortarse la brecha tecnológica entre México y sus principales socios y competidores comerciales, se perpetúa y agranda (véanse los indicadores básicos en cuadro 27). Nos mantenemos distantes del umbral que recomienda la OCDE del 1% del PIB en ciencia y tecnología para países en desarrollo; y más distantes de los porcentajes del PIB que destinan a ciencia y tecnología los países desarrollados o de reciente industrialización

No obstante la retórica modernizadora, productivita y eficientizadora de las estrategias neoliberales, la permanencia y profundización de la brecha científico-técnica compromete la competitividad de nuestra planta productiva, porque la aplicación de tecnologías innovadoras es elemento primordial de las ventajas competitivas.

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La hipótesis de que los países atrasados o de desarrollo medio pueden acceder a tecnologías competitivas mediante su compra en los mercados internacionales (lo que “justificaría” la reducción o estancamiento del gasto público en ciencia y tecnología), arranca del supuesto de que los mercados de tecnología son de competencia perfecta. Pero el mundo real es muy diferente de las fantasías adamsmithianas. Los mercados de tecnología se caracterizan por su marcada imperfección: la oferta de tecnologías no sólo se ve afectada por la producción legal, sino también y en su mayor medida, por los secretos comerciales. “La empresa multinacional suele explotar por su cuenta los conocimientos cuando la nueva tecnología se encuentra en su fase innovativa ascendente, fabricando y vendiendo productos”. Una vez que la tecnología está en su fase madura, a la empresa transnacional “le conviene transferir la producción a sus filiales en otros países, o bien establecer conversiones”. Y sólo cuando la tecnología “entra en su fase de declinación y los márgenes de utilidad son cada vez más bajos y, generalmente, otra tecnología de relevo está siendo perfeccionada en la propia firma, la empresa multinacional decidirá transferir la tecnología a otra empresa”.

Ahora bien, la aplicación de nuevas tecnologías suele implicar la adquisición de maquinaría, equipos e instalaciones ad hoc, cuya amortización suele requerir varios años, de manera que los compradores de una tecnología en declive pronto se verán operando con procedimientos y equipos obsoletos, o tendrán que absorber la reposición más pronta de la tecnología y los equipos anticuados, lo que incidirá en sus costos y en su competitividad.

De hecho, la aptitud para escoger certeramente entre las tecnologías efectivamente disponibles en los mercados internacionales, de adoptarlas a condiciones específicas, modificarlas o perfeccionarlas, depende del desarrollo de la investigación científico-técnica en el propio país.

Además, las experiencias de países que han desplegado estrategias exitosas de industrialización reciente, indican que la conquista de espacios crecientes en el mercado ha dependido –además de su eficiente desempeño como buenos seguidores tecnológicos y en ingenierías de reversa- del desarrollo de tecnologías propias, hecho que los ha colocado como oferentes de productos con tecnología de punta y, por tanto, originales, mejores en calidad o de más bajo precio. Por eso, al desatender el desarrollo de la investigación científico-técnica, el modelo neoliberal compromete también el desarrollo futuro de México

En el ámbito directamente productivo, la oferta neoliberal de conseguir la modernización económica y la elevación de la productividad, no sólo no se ha cumplido, sino que los resultados del modelo configuran una regresión respecto al dinamismo observado en las décadas previas al modelo neoliberal. La productividad agregada y de cada uno de los grandes sectores productivos, ha crecido menos bajo la estrategia neoliberal de “modernización” y “eficientización”, que en las décadas previas al experimento neoliberal. Mientras la productividad agregada del trabajo creció 3.3% anual durante el período 1961-1982, bajo el modelo neoliberal sólo creció 0.5% (véase cuadro 28); la productividad agrícola creció 3.5% anual en el primer período y 0.8% en el segundo; la productividad industrial creció 2.7% anual bajo el modelo precedente y solo 0.7% bajo el modelo neoliberal; y la productividad en los servicios creció 0.7% anual en el período 1961-1982, contra 0.1% anual bajo la estrategia neoliberal, que supuestamente nos conduciría a la modernización y eficientización.

Ciertamente, algunas empresas han logrado elevar su productividad, incluso a ritmos acelerados; pero el conjunto de la economía nacional arroja desastrosos resultados en materia de productividad bajo el modelo neoliberal. La causa radica, desde luego, no sólo en el descuido de la investigación científico-técnica, sino principalmente

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en el raquítico compartimiento de la inversión fija bruta (en maquinaría, equipo y construcciones), que después de haber crecido a una tasa del 5.8% anual en términos per cápita, durante el período 1940-1981, decreció a una tasa del 0.24% anual, en términos per cápita durante las casi dos décadas de experimentación neoliberal (véase cuadro 3). Se trata de otro de los nefastos resultados –al igual que el desastre bancario o el dramático incremento de la pobreza y la indigencia –de un modelo económico notoriamente inadecuado a la realidad, pero aplicado con fanática perseverancia durante casi dos décadas. Ya es tiempo de ponerle punto final.

Con visión nacional de largo plazo, la nueva estrategia de desarrollo económico debe otorgar atención prioritaria a la formación de recursos humanos, eo ipso: desplegar políticas salariales y de ingresos rurales que –complementadas, pero no falsamente suplantadas, por políticas asistenciales- aseguren la buena nutrición de las mayorías nacionales; mejorar sostenidamente el sistema de salud pública; reforzar el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta los programas de postgrado; impulsar resueltamente los programas de capacitación laboral y empresarial; y caminar a marchas forzadas en investigación y desarrollo tecnológico.

Debe recordarse que la atención simultánea de todas estas áreas se encuentra en la base del éxito económico de las naciones más avanzadas –incluidas las de reciente industrialización- y constituye la palanca fundamental para el logro de la equidad y la cohesión social. “La incorporación y difusión deliberada y sistemática del progreso técnico –señala la CEPAL- constituye el pivote de la transformación productiva y de su compatibilización con la democratización política y una creciente equidad social”. Por eso, la propuesta de la CEPAL, destaca “muy especialmente la formación de recursos humanos y el conjunto de incentivos y mecanismos que favorecen el acceso y la generación de nuevos conocimientos”. Asumiendo sus responsabilidades ineludibles, los poderes públicos deben poner manos a la obra.

IVPOLITICA DE DESARROLLO REGIONAL.

El desarrollo económico de México se ha caracterizado por marcadas desigualdades regionales que se manifiestan en la marginación de una gran proporción de la población; en profundas disparidades en infraestructura, producción per cápita, ingreso familiar, servicios sociales, grados de escolaridad y calificación laboral; en la excesiva concentración económica y poblacional en grandes zonas metropolitanas, con un marcado centralismo político y cultural, y un débil ejercicio real de la soberanía de los estados, la autonomía municipal y la democracia participativa.

Al interior de las grandes zonas metropolitanas caracterizadas por un crecimiento anárquico, son también manifiestas las desigualdades territoriales y la ausencia o deficiencia de la planeación espacial, que se plasman en “elevado déficit de vivienda, infraestructura y servicios sociales para los sectores populares; segregación territorial por clases sociales y calidad de vida; agudo problema de transporte, congestión vehicular y pérdida de productividad y eficiencia por el tiempo de circulación humana y mercantil; crecientes índices de contaminación de la atmósfera, el suelo y el agua en su interior y la periferia”.

Las disparidades espaciales en el desarrollo económico y social (algunos de cuyos indicadores se muestran en el cuadro 29) se mantienen y profundizan por la ausencia de una política de desarrollo regional, es decir de una estrategia integral orientada a corregir las profundas asimetrías espaciales en las condiciones económicas,

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sociales y culturales para el acceso de las poblaciones a niveles de ingreso y bienestar por encima de la línea de la pobreza.

Aunque las asimetrías socioeconómicas en el desarrollo regional constituyen un problema estructural endémico de México, los procesos de convergencia observados entre los años sesenta y los setenta se truncaron en los años ochenta, observándose una profundización de las desigualdades regionales. La reducción de la inversión pública en infraestructura, la contracción del gasto en desarrollo regional y urbano, el desmantelamiento de las políticas de fomento industrial y agrícola, la raquítica generación de empleos remunerados, con el consiguiente incremento explosivo del desempleo abierto y encubierto, el desplome de los salarios y el incremento dramático de la pobreza, son contribuciones de la estrategia neoliberal al agravamiento de la problemática territorial y de la inequidad en el desarrollo regional.

La integración neoliberal de México en el TLCAN, en vez de contribuir a reducir las desigualdades regionales, tiende más bien a ahondarlas, al priorizar áreas con ventajas competitivas descuidando las regiones menos favorecidas y, por ello, ampliando las brechas entre regiones marginales y “prosperas”.

Es ilusorio esperar que la mano invisible del mercado corrija las desigualdades regionales. Como señala Díaz Cayeros: “Desde un punto de vista teórico, el mecanismo a través del cual se lograría la convergencia en un modelo económico neoclásico es a través de la igualación de los precios de productos y factores entre regiones y la movilidad perfecta del trabajo y el capital entre estados que buscarían desplazarse hacia donde obtengan un mayor rendimiento. Sin embargo, debido a las restricciones de infraestructura y de tipo institucional, la movilidad de los factores es más bien limitada, y la igualación de precios no se realiza”. Por eso, la experiencia internacional indica que las desigualdades regionales, si no son atemperadas por políticas públicas, pueden agudizarse con la integración económica. (Habría que recordar, como ejemplo interno, que Oaxaca, Chiapas y Guerrero se encuentran en libre comercio con el resto de México desde el siglo pasado en que fueron suprimidas las alcabalas; sin embargo, tales estados presentan los mayores índices de marginalidad).

Por ello, el Estado debe asumir sus responsabilidades en el desarrollo regional, contrarrestando las tendencias del mercado a la ampliación de las desigualdades socioeconómicas. Como ha señalado Leonardo Curzio: “La historia económica reciente prueba un hecho sistemática en diversas latitudes del planeta: el agente principal para garantizar el desarrollo equilibrado de un país y paliar o suprimir las desigualdades regionales es el Estado. Si éste transfiere a otra instancia los instrumentos para disminuir las desigualdades (creación de infraestructura, etcétera) o reduce su capacidad económica para invertir y sus atribuciones para legislar a favor de una región o un sector, las probabilidades de ensanchar las desigualdades son muy amplias”.

En esta perspectiva, como experiencia paradigmática, las políticas regionales actuales de la Unión Europea y la filosofía que las inspira, deben ser referente para formular una política integral de desarrollo regional para México. Después de reconocer que la integración no necesariamente supondría equilibrado entre las diferentes regiones europeas, se formaron organismos especializados y fondos comunitarios (estructurales y de cohesión social) para compensar los costos sociales de la integración y reducir las desigualdades regionales, induciendo un proceso de convergencia en los niveles de ingreso y bienestar. Gracias a ello, se ha observado un proceso de convergencia regional: en 1989, el PIB per cápita de Grecia y Portugal era el 52.5% del PIB per cápita medio de la Comunidad Europea, mientras que Alemania tenía un PIB per cápita equivalente al 114.25 de la media comunitaria; en 1996, el PIB per cápita de Grecia y Portugal alcanzó el 64.9% y el 67.5% de la media comunitaria mientras que el PIB per

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cápita de Alemania convergió también hacia la media representado el 108.3% del promedio.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cambio, no hay un solo dólar de fondos compensatorios para paliar los costos regionales de la integración; y en México no existe una política integral de desarrollo regional para reducir progresivamente las desigualdades acumuladas.

Por ello, en lo externo, es necesario introducir en la agenda una futura renegociación del TLCAN a fin de constituir fondos compensatorios trinacionales, como expresión de la corresponsabilidad en los efectos regionales de la integración.

En lo interno, bajo cualquier escenario supranacional, el país requiere una política de desarrollo asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable (es decir, que contemple simultáneamente los objetivos de crecimiento económico, equidad social y conservación ambiental) y que, basada en un verdadero federalismo, corrija las profundas desigualdades regionales en las oportunidades de acceso a nivel mínimo aceptable de bienestar.

Una estrategia integral de desarrollo regional, orientada a corregir las asimetrías socioeconómicas territoriales debe articular las políticas de desarrollo general (especialmente las de educación, nutrición, salud, vivienda e infraestructura residencial), así como políticas federales de fomento económico (industrial, agrícola, energético, infraestructura de transporte, etcétera), todas las cuales deben contemplar la participación de las regiones en su diseño y supervisión y no sólo en su ejecución. Además, es necesario desarrollar, sobre bases democráticas, las autonomías aldeanas, municipales y estatales en la planeación, financiamiento y gestión de desarrollo, así como la política de ingreso y gasto público para incrementar los recursos propios de las aldeas, municipios y estados, sobre todo de los menos favorecidos, ampliando las bases materialistas de su soberanía.

V

SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL.

La degradación ambiental es una realidad cuyas expresiones se encuentran en prácticamente todas las regiones, alcanzando en muchas de ellas signos de gravedad que afectan las potencialidades del desarrollo económico nacional y la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Si bien el deterioro ambiental característico de la era industrial se originó bajo el modelo de industrialización sustitutivo de las importaciones, el neoliberalismo económico no sólo sustitutivo de importaciones, el neoliberalismo económico no sólo ha sido incapaz de contenerlo, sino que lo agravó mediante el impulso a la industria maquiladora generadora de emisiones tóxicas y residuos sólidos peligrosos, la admisión creciente de desechos químicos y radiactivos procedentes de Estados Unidos (que convirtieron a nuestro país en basurero materiales dañinos), y la laxitud en el cumplimiento de las normas ambientales, tanto por la insuficiencia del gasto público en control ambiental, como por la persistencia tolerancia y la corrupción.

En lo rural, el deterioro ambiental se expresa sobre todo en los procesos de erosión (que afectan en distinto grado aproximadamente al 75% del territorio) y de deforestación (que se manifiestan en una pérdida de 600 mil a 700 mil hectáreas de vegetación al año). Además, los procesos de salinización (cerca de 15% de la superficie), la contaminación de suelos y acuíferos por excesivo uso de agroquímicos, el sobrepastoreo en enorme superficies del Norte árido y semiárido que degrada suelos y

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amenaza con la extinción del 60% de las especies silvestres del área; así como en la pérdida paulatina generalizada de nuestra biodiversidad, son fenómenos que no sólo afectan la calidad de la vida humana sino representan pérdidas de potencial productivo.

La actividad industrial está generando alrededor de 4 millones de toneladas anuales de desechos que no reciben tratamiento adecuado y que afectan la salud humana y alteran –a veces de manera irreversible- los ecosistemas. A lo anterior se suma la contaminación vehícular (que en la ciudad de México genera tres cuartas partes de las emisiones) y la contaminación generada por servicios, que conjuntamente con la industria hacen que las principales zonas urbanas del país, y no sólo del Área Metropolitana de la Ciudad de México, tengan ya una calidad de vida seriamente menguada por la degradación ambiental.

El impulso que el modelo neoliberal ha otorgado –mediante el deterioro salarial, la tolerancia ambiental y la promoción directa –al desarrollo acelerado de la industria maquiladora, ha afectado el ambiente de las ciudades fronterizas, por las emisiones contaminantes y la generación de residuos sólidos, que en un 65% no son regresados a Estados Unidos de acuerdo con los convenios binacionales, sino que se depositan en territorio mexicano a cielo abierto, afectando la calidad del aire y causando riesgos de accidentes químicos e incidencia de malformaciones congénitas en niños de madres trabajadora o residentes en áreas aledañas. Además, de las casi 2000 industrias maquiladoras de la zona fronteriza, “más de mil consumen, procesan o producen materiales tóxicos (solventes, aceites. `plásticos, ácidos, etcétera) que sin tratarse descargan a los canales del agua” contaminando los principales ríos (Bravo, Grande y Colorado) que llevan estas sustancias al mar.

La conversión de México en basurero de desechos radiactivos y químicos procedentes de Estados Unidos apareció como grave problema ecológico precisamente bajo las administraciones neoliberales. La Organización de las Naciones Unidas, informa que el tercer mundo recibe cada año 40 millones de toneladas de basura tóxica (de los 400 millones de toneladas de residuos peligrosos que se generan en los países miembros de la OCDE). Según el Movimiento Ecologista Mexicano, existen alrededor de 8 millones de toneladas de desechos peligrosos dispersos en el territorio nacional, incluidos metales nucleares y fluidos de amoníaco provenientes de los Estados Unidos. “La zona fronteriza –señala la OCDE- recibe gran cantidad de desperdicios de EUA que se depositan a lo largo de los 3,200 km. De frontera. La secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), que se encarga del medio ambiente, es incapaz de determinar la cantidad exacta de este desperdicio”.

La contaminación de nuestras aguas ha alcanzado también dimensiones alarmantes. Sistemas hidrológicos enteros (como las de los ríos Lerma, Cutzamala, Tula, Mayo, Yaqui, Colorado, Blanco y Coatzacoalcos), se encuentran gravemente degradados por la sobreexplotación de los recursos híbridos y por la descarga de desechos sólidos y residuos químicos agrícolas e industriales, que también afectan al resto de las 31 cuencas hidrológicas más importantes del país. Las descargas de desechos industriales, agrícolas y urbanos, afectan también a nuestros mares, donde los equilibrios ecológicos se ven además deteriorados por la sobreexplotación de especies comerciales y la pesca indiscriminada de fauna de acompañamiento (sólo en la pesca del camarón cada año se pierden 400,000 toneladas de fauna acuática).

La asignación de recursos por la mano invisible del mercado tiende de manera natural, a la mayor ganancia en el menor tiempo, y por lo tanto, a disminuir los costos privados de producción sin considerar los costos sociales: ambientales y humanos.

Precisamente, los criterios puramente económicos de corto plazo, que relajaron el cumplimiento de las normas ecológicas, fueron incentivo relevante para que fábricas

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contaminantes se reubicaran en nuestro país. Por ello, es prioridad nacional el cumplimiento de nuestra legislación ambiental y de los acuerdos paralelos del TLCAN en materia ecológica, así como su ulterior perfeccionamiento para eliminar realmente la ventaja comparativa de la degradación ecológica y mejorar la calidad del ambiente.

Sin duda, el equipo de expertos que en este gobierno pasaron a ocupar los principales puestos de la Secretaría del Medio Ambiente es consciente no sólo de la alarmante gravedad de la problemática ecológica, sino también de los caminos y principios técnicos y económicos de su solución sobre horizontes de planeación de corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, a la pesada herencia de degradación ambiental se une la permanencia de los intereses y las relaciones de poder que han conducido a la dilapidación de los recursos naturales y al deterioro ambiental. De hecho, como escribió Enrique Leff, “el valor de los recursos naturales fue desestimado por privilegiar la maximización del crecimiento económico en el corto plazo”, ofreciendo “como bienes subsidiados por debajo de su costo (casi como bienes libres), los recursos de agua, suelos, bosques, petróleo”. “Estas políticas llevaron a preservar los privilegios de los sectores más poderosos de la sociedad y a dilapidar los recursos naturales y energéticos del país, antes que a destinarlos al desarrollo sustentable y al beneficio de la mayorías”.

Así, el problema de la degradación ambiental se identifica con el problema general de los destinos nacionales; es decir, con la búsqueda de un sano equilibrio entre la mano invisible del mercado y el papel regulador y normativo del Estado como representante del bien común, incluido el bienestar de los niños herederos del ambiente que ahora se construya o destruya.

El desarrollo ambiental requiere, desde luego, cuantiosos recursos económicos, cuya consecución sólo es factible mediante la afectación de los intereses beneficiados por las actuales relaciones de poder. Porque las más factibles fuentes de recursos para la preservación y mejoramiento ambiental consisten, precisamente, en diversas formas de internización de los costos ambientales. Los caminos para internizar costos, ya probados en otros países, son múltiples. Como ha señalado Quadri: “Siempre será mejor gravar aquellas cosas o actividades que deseamos minimizar o contener (emisiones, explotación de recursos, de energía, ocupación de la tierra, etcétera). No habría lógica alguna para mantener un sistema fiscal contrapuesto a los objetivos de la sustentabilidad”. Los recursos provenientes de los impuestos ecológicos se orientarían, precisamente, a “promover y financiar inversiones crecientes para reponer el acervo de capital ecológico y su productividad, en proyectos de reforestación, restauración ecológica, regeneración de suelos y pesquerías, energéticos renovales y eficiencia energética, nuevas tecnologías de control de contaminación. En general, el Estado debe asumir plenamente su carácter de representante del interés común de la nación, normando y vigilando la utilización racional de los recursos naturales y el mejoramiento ambiental. Por ello, un desarrollo económico equitativo y ambientalmente sustentable es inviable sin modificar esencialmente las relaciones de poder a favor de los intereses nacionales presentes y de las generaciones futuras.

En suma: en cualquier estrategia sensata y viable de desarrollo económico sostenido, la preservación y restauración del ambiente es parámetro y objetivo esencial: lograr un crecimiento económico que conserve y enriquezca, en vez de destruir, las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana; regular los procesos productivos y de consumo, introduciendo incentivos para utilizar mejor los recursos, minimizar impactos ambientales y restaurar ecosistemas; diseñar e instrumentar políticas que incluyan, entre sus criterios de eficiencia económica, la eficiencia en el uso, preservación y restauración de los recursos naturales, y que

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consideren congruentemente la sustentabilidad ambiental como elemento nodal de un verdadero desarrollo económico, concepto que incluye la superación de la pobreza y de la inequidad en la distribución del ingreso, son tareas de prioridad nacional.

CUARTA PARTE

POLITICAS DE FOMENTO SECTORIAL

I

POLITICA AGRICOLA PARA EL DESARROLLO INCLUYENTE.

En el campo, los programas neoliberales de cambio estructural, ajuste y estabilización –apegados a las prescripciones del FMI y del Banco Mundial- comprendieron un proceso de liberalización del sector agropecuario, cuyas vertientes principales fueron: 1) la severa reducción de la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico sectorial; 2) la apertura comercial unilateral y abrupta, que –realizada a marchas forzadas a partir de 1984- remató en la inclusión completa del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 3) la reforma de la legislación agraria que suprimió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad campesina ejidal y comunal, instituido por la Revolución mexicana, abriendo múltiples vías para el comercio de tierras y la concentración agraria en grandes unidades de producción.

Los promotores y ejecutores de la reforma suponían que este programa liberalizador –que dejaba a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado la libre asignación de los factores productivos –conduciría al incremento de las inversiones de capital en la agricultura, a la elevación de la eficiencia y al desarrollo de la producción de alimentos y materias primas agropecuarias.

EL DESASTRE AGRICOLA DE MEXICO: 1982-1999

Los resultados del experimento neoliberal sin embargo, han sido muy diferentes de los proyectados. El inopinado y abrupto proceso de reforma de las estructuras y mercados rurales provocó una severa crisis agrícola. En valor per cápita, el PIB agropecuario y forestal de 1999, resultó 17.6% inferior al de 1981. En kilogramos per cápita, la producción de los ocho principales granos en 1999 se redujo 27.6% respecto a 1981; la producción de carnes rojas disminuyó 34.6% en este lapso; la producción leche se redujo l5.5% y la producción forestal maderable fue 37.4% inferior a la registrada en 1981 (véase cuadro 30).

Como contraparte –no obstante la severa reducción del consumo alimentario de los mexicanos que cayeron en la pobreza y en la pobreza extrema –las importaciones de alimentos se dispararon de 1,790 millones de dólares en 1982, a 7,274 MDD en 1994 y a 8,601 millones de dólares en 1999 (véase cuadro 31).

Los principios e instrumentos esenciales de la reforma neoliberal de la política agrícola debían necesariamente desembocar en ese resultado.

En primer lugar, la apertura comercial unilateral y abrupta, que de manera recurrente se ha combinado con una nefasta política de peso fuerte que utiliza la tasa de cambio como ancla antiinflacionario y desemboca en sobrevaluaciones crecientes de nuestra moneda (fenómeno que se observó durante el sexenio 1989-1994 y nuevamente en los años 1996-20009, ha provocado un abrupto descenso de los precios reales de los

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productos agropecuarios en los que México tiene notorias desventajas competitivas (los cuales pasaron a regirse por los precios internacionales). Entre 1982 y 1999, los cultivadores de maíz (sumando al precio de garantía o concertación el subsidio del Procampo equivalente por tonelada, instituido en 1993 como un instrumento para compensar el deterioro de precios derivado de la liberación comercial: véase cuadro 32) perdieron el 52.7% del poder adquisitivo de su grano (respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor); los agricultores trigueros perdieron el 4l.9% y los productores de soya, el 50.3%. Pero en términos de rentabilidad, la pérdida fue todavía mayor: deflactados con el índice de precios de las materias primas de la actividad agrícola (IPMPAA: fertilizantes, combustibles, etcétera), los precios de los granos se deterioraron 59.3% en el caso del maíz, 50.7% en el caso del trigo y 58.2% en el soya (cuadro 32).

A los efectos adversos del desplome de los términos de intercambio del sector agropecuario, se sumó el abrupto repliegue del Estado en sus acciones de fomento rural. A contracorriente de lo ocurrido hasta mediados de los noventa en los países con sectores agropecuarios vigorosos (Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, etcétera), que reforzaron su intervencionismo gubernamental en el campo (llegando hasta la guerra de guerrillas de los subsidios), en México se produjo una precipitada supresión o reducción de los programas de fomento sectorial, bajo la noción neoliberal de que los agentes privados actuando en mercados desregulados y sin distorsiones derivadas de programas sectoriales logran la óptima asignación de los recursos productivos.

Así, la inversión pública en fomento rural disminuyó 93.4% entre 1981 y 1999 (es decir, a menos de la décima parte: véase cuadro 33)a, afectando tanto la necesaria expansión de la infraestructura (v.gr. la superficie anual abierta al cultivo irrigado disminuyó de 146.1 miles de hectáreas en 1981 a 9.1 miles de hectáreas en 1999), como las inversiones requeridas para mantener en operación la infraestructura previamente construida (la superficie rehabilitada y mejorada en 1981 fue de 142.1 miles de hectáreas; en 1999 sólo fue de 96.8 miles de hectáreas). Además, el gasto público global en fomento rural declinó 74.6% entre 1982 y 1999 (y 83.9%, si descontamos –como debe hacerse para que las cifras sean comparables- la bolsa del Procampo destinada a compensar parcialmente la caída de los precios reales de los granos: véase cuadro 33), afectando partidas estratégicas de investigación, extensionismo, sanidad vegetal, etcétera, y cancelando apoyos específicos, como ocurrió con la supresión del programa de maquinaría agrícola.

Finalmente, la tercera gran causa que ha hundido al sector agropecuario en el desastre es el escaseamiento del capital de trabajo disponible en forma de crédito agrícola. La banca nacional de desarrollo disminuyó (en saldos a diciembre, a precios constantes de 1994) sus créditos agropecuarios de 19,193 MDP en 1981 a 3,992 MDP en 1999 (véase cuadro 34), afectando severamente a los campesinos más necesitados: el área habilitada por Banrural se redujo de 7,263,000 hectáreas en 1982 a sólo 2,102,000 hectáreas en 1999. Por su parte, los créditos agropecuarios concedidos por la banca comercial (después de haber caído de 19,140.4 MDP en 1981 a 6.647 MDP en 1987), registraron entre 1988 y 1994 un significativo crecimiento, para caer posteriormente hasta l4,204 MDP en 1999. De hecho, su fugaz crecimiento no reflejo su situación de bonanza rural, sino más bien la acumulación de carteras vencidas y de adeudos impagos de agricultores que refinanciaron respectivamente sus vencimientos sin caer técnicamente en cartera vencida. En conjunto, el crédito canalizado al sector agropecuario por el sistema bancario (comercial y de desarrollo) cayó de 38,333.3 millones de pesos en 1981, a precios de 1994, a $18,196 millones en 1999, con la particularidad de que las carteras vencidas representaron el 26% de este monto, de

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manera que la cartera crediticia vigente al cierre de 1999 fue de apenas $13,47l.5 millones a precios de 1994.

Las causas del desastre agrícola, en vez de ser combatidas, fueron trastocadas, inculpándose al ejido como el causante del desastre. En consecuencia fue decretada –contra la opinión expresa de las más importantes organizaciones campesinas de México –la reforma neoliberal de la legislación agraria, que rompió el contrato social agrario de la Revolución mexicana al dar por terminado el reparto antes de cumplir cabalmente (en importantes regiones, como la mayoría de las de Chiapas) el mandato redistributivo del Constituyente; al suprimir el carácter patrimonial (inalienable, inembargable e imprescriptible) de la propiedad campesina ejidal y comunal, instituido desde la Ley Agraria zapatista de 1915; y al abrir múltiples vías a la reconcentración de la tierra, incluso bajo la figura de sociedades mercantiles que, en el extremo de los casos podrían acaparar en sólo 10,933 latifundios por acciones, la totalidad de los 180 millones de hectáreas agrícolas, ganaderas y forestales de México.

De esta manera, en vez de resolverse la crisis agrícola se agregó a ésta una crisis política: el alzamiento zapatista de Chiapas cuyo detonante fue precisamente, como señaló el subcomandante Marcos, la reforma neoliberal del artículo 27 constitucional.

Funciones de la agricultura en el desarrollo económico retrospección y prospectiva.

Tradicionalmente, la teoría del desarrollo ha postulado que la agrícultura debe contribuir al desarrollo económico desempeñando las siguientes funciones fundamentales: 1) producir los alimentos demandados por una población no agrícola creciente; 2) suministrar a la industria una provisión de materias primas agropecuarias; 3) generar excedentes agrícolas exportables en proporción mayor a las importaciones de bienes de capital e insumos para la propia agricultura, de manera que ésta contribuya a financiar las importaciones de maquinaría y equipo para la industria; 4) proporcionar un mercado interno para los productos de la industria; 5) generar excedentes de valor para la acumulación urbana mediante la canalización a la industria de una parte del plusproducto generado en la agricultura (vía exacciones fiscales, intercambio desigual o transferencias de ganancias extraordinarias apropiadas por los empresarios agrícolas más acaudalados y tecnificados); y 6) aportar mano de obra a las actividades no agrícolas.

Ahora bien, el cumplimiento cabal y sostenible de estas funciones radica en el incremento acelerado de la productividad del trabajo agrícola, el cual presupone un aumento considerable de las inversiones rurales. “De otra manera, la contribución de la agricultura a la industrialización sólo podrá realizarse mediante el decremento del nivel de vida de los campesinos, obstruirá el mercado interno rural de medios de consumo y de producción, bloqueará la productividad agrícola y provocará serias desproporciones en la estructura económica que a la larga frenarán el desarrollo.”

Al indagar las relaciones entre la agricultura y la industria en México, a fines de los años sesenta, connotados economistas reconocieron que, durante la época del llamado “milagro agrícola” (1946-1965, cuando el PIB agrícola creció a una tasa del 6.1 % anual), la agricultura había desempeñado eficientemente las seis funciones establecidas en la teoría del desarrollo. Pero al producirse el prolongado estancamiento agrícola de 1966-1976 (cuando la agricultura creció a una tasa media anual del 0.8%), comenzaron a cuestionarse estas funciones y a investigarse si la agricultura no habría sido esquilmada excesivamente a favor de la acumulación industrial. La hipótesis –explícita unas veces, implícita otras- afirmaba que la exacción desmedida de la agricultura, en términos de transferencias de valor o de capitales hacia la industria,

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había dado al traste con la propia agricultura, matando, por así decirlo, a la gallina de los huevos de oro. Aplicada esta tesis al período del estancamiento agrícola, y a los cinco o seis años que le precedieron, resulta una verdad incontestable. Sin embargo, varios autores presentaron la hipótesis como si esta exacción desmedida se hubiera producido de manera sistemática e ininterrumpida a partir del término del gobierno de Cárdenas, es decir, desde antes del llamado milagro agrícola, de modo que éste hubo de producirse, según esto, a pesar de la superexplotación del campo por la ciudad.

No hay duda de que durante la época del “milagro agrícola” la agricultura desempeñó un papel de primer orden a favor del acelerado desarrollo industrial (que alcanzó una tasa media anual cercana al 7% durante este período). En primer lugar, el abasto interno de alimentos y materias primas para una economía en rápida industrialización y urbanización fue ampliamente satisfecho por la agricultura nacional. En segundo lugar, millones de habitantes del medio rural emigraron a las ciudades, suministrando una abundante oferta de mano de obra y contribuyendo, de este modo, a la baratura de los salarios. En tercer lugar, durante el mismo lapso, más de la mitad de las exportaciones de mercancías provinieron del sector agropecuario y, al ser mínimas las importaciones agropecuarias, el campo cubrió alrededor de la mitad del déficit comercial manufacturero, con lo que contribuyó al financiamiento de las importaciones de máquinas y herramientas exigidas por la industrialización. En cuarto lugar, resulta también indudable que durante la época del milagro agrícola se expandió considerablemente el mercado interno rural para los productos de la industria nacional. Por una parte, porque precisamente en este lapso tuvo lugar una acelerada metamorfosis de la explotación campesina semipatriarcal (orientada en gran medida a la producción para el propio consumo) en pequeña agricultura mercantil, que demandó volúmenes crecientes de productos industriales tanto para el consumo personal como para el consumo productivo de las granjas. Por otra parte, porque la acumulación de capital en manos del ascendente empresariado agrícola de rancheros, exhacendados y ejidatarios enriquecidos, y la proletarización de numerosos campesinos obligados a comprar todos sus satisfactores, crearon también un dinámico mercado interno rural para la industria nacional.

En quinto lugar, en cuanto a las transferencias de valor de la agricultura hacia la industria vía intercambio desigual y exacciones fiscales, como aporte nodal de la primera al proceso de industrialización, cabe observar que no fueron, en la época del milagro agrícola, tan cuantiosas como suele suponerse, sino más bien virtualmente insignificantes (apenas 2.35 del valor acumulado del producto agrícola durante el período 1942-1960), sin contar las transferencias directas de capitales strictu sensu, acumulados como producto de rentas diferenciales –id est, las ganancias extraordinarias- apropiadas por los empresarios agrícolas más tecnificados y/o con mejores tierras, hacia ramas de inversión no agrícolas: industrias, comercios y servicios. Y este relativo equilibrio que entonces existió entre la agricultura y la industria fue uno de los más importantes factores que permitieron a la agricultura cumplir de manera sana sus demás funciones en el desarrollo económico, lo que implicaba que ella misma debió crecer de manera acelerada e interrumpida.

Pero lo más importante es que esta pequeña pérdida en los términos de intercambio del sector agrícola se vio ampliamente compensada, durante los años del “milagro agrícola”, por el mayor desarrollo de la productividad del trabajo agrícola respecto a la productividad de la industria y los servicios, como resultado del proceso de acumulación y tecnificación.

A partir de los primeros años sesenta, en cambio, las relaciones analizadas se invierten en forma desfavorable para el sector agropecuario y acaban por “matar a la

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gallina de los huevos de oro”, hundiendo a la agricultura en una larga recesión que duró diez años, los precios de garantía se congelaron en términos nominales y decrecieron progresivamente en términos reales de 1963 a 1972, hasta acumular una pérdida del 20 al 30% respecto al índice general de precios. Simultáneamente, se produjo una contracción relativa de la inversión y del gasto corriente canalizados por el sector público al fomento agropecuario.

Como resultado del estrangulamiento del sector agropecuario –convertido en fuente de transferencias de valor, strictu sensu, a favor de la industria, en medio de un proteccionismo casi exclusivamente industrial que descobijó a la agricultura –al final de los años sesenta, y sobre todo en los setenta, fue haciéndose patente que la agricultura estaba dejando de cumplir algunas de sus funciones. Las importaciones de mercancías agropecuarias –que habían oscilado alrededor del 5% del total de importaciones de 1954 a 1969 –comenzaron a crecer de manera continua y desde 1973 hasta 1978 los suministros extranjeros de productos agropecuarios oscilaron alrededor del 10% de las importaciones totales de mercancías.

De 1977 a 1981 (y sobre todo de 1978 a 1981) las relaciones entre la agricultura y las demás ramas de la economía invirtieron la evolución que les había caracterizado durante el período del estancamiento agrícola de 1966 a 1976. De nuevo se estimuló al sector agropecuario con un considerable aumento del gasto público que se canalizó a obras de irrigación y drenaje, investigación y extensionismo, crédito agrícola, insumos baratos (fertilizantes, combustibles y electricidad subsidiados), etcétera, y, sobre todo, con precios agrícolas redituables que crecían en proporciones mayores que los precios industriales y de servicios. La agricultura recuperó entonces su dinamismo hasta alcanzar tasas de crecimiento similares a las logradas en los años del “milagro agrícola”: 5.9 y 6.1% anual, respectivamente.

Pero esta recuperación del crecimiento agrícola resulto efímera.Al presentarse nuevamente una evolución de las relaciones de precios desfavorable a la agricultura se produjo la nueva crisis agrícola de 1982-1999, cuyos rasgos fundamentales hemos analizado en el apartado inicial de este capitulo.

Como resultado, el sector agropecuario ha dejado de cumplir desde los años ochenta las funciones sustantivas que de el se esperaban en el desarrollo económico: 1) no genera una suficiente provisión de alimentos y materias primas individuales para el abasto nacional; 2) por lo anterior, las importaciones agroalimentarias gravitan pesadamente sobre las cuentas externas de México; 3) las exportaciones agroalimentarias, en vez de contribuir con divisas para la importación de bienes de capital, se han tornado insuficientes para financiar las adquisiciones de comida en el exterior; 4) el descenso de la producción del sector agropecuario genera efectos multiplicadores negativos sobre el volumen agregado de la actividad económica, es decir, sobre la inversión, el empleo y la producción.

Y si bien permanece la función de la agricultura como proveedora de mano de obra para las demás actividades económicas, a través del éxodo rural, esta función es de lo mas inoportuna bajo las actuales condiciones de abarrotamiento de los mercados de trabajo urbanos, a causa de la raquítica generación de empleos remunerados durante casi dos décadas de experimentación neoliberal.

Por ello, en una estrategia realista de reconstrucción y desarrollo sostenido de la economía nacional, las funciones que la agricultura puede y no

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debe desempeñar en el crecimiento económico, deben ser redefinidas y asumidas congruentemente, mediante un paquete de políticas publicas de fomento agropecuario, que permitan su cumplimiento eficiente.

Funciones de la agricultura en el futuro de la economía nacional

En un certero proyecto de nación, el sector agropecuario debe ser considerado como parte de la solución de los grandes problemas nacionales, en vez de ser considerado simplemente como un problema.

De hecho, ningún programa nacional de crecimiento económico sostenido con equidad es viable si no se sustenta en un campo bonancible. El equilibrio permanente de las cuentas externas, la estabilidad de precios sostenible en el largo plazo, la elevación del nivel general de empleo y la generación de ahorro interno suficiente para financiar la inversión nacional, exigen la presencia de un vigoroso sector agropecuario.

Las Funciones relevantes que el sector agropecuario podría desempeñar en el futuro de la economía mexicana son las siguientes:

Primero. El sector agropecuario podría contribuir decisivamente al financiamiento del desarrollo mediante: a) la provisión de una oferta interna suficiente de alimentos y materias primas agrícolas a fin de apoyar el equilibrio permanente de las cuentas externas (en el ultimo trienio, las importaciones de alimentos alcanzaron la desequilibrante cifra de mas de 8,000 millones de dólares anuales y en 1999 ascendieron a 8,601 millones de dólares, que representaron el 97.2% del valor de las exportaciones de petróleo crudo: 8,851 MDD), b) la generación de excedentes exportables en magnitud considerable en aquellos cultivos de alta densidad económica en los cuales México tiene, de hace décadas, un lugar ganado en el mercado mundial, así como n nuevos productos con nichos de mercado; c) la transferencia a actividades no agropecuarias de los capitales excedentarios acumulados en el campo como producto de rentas diferenciales apropiadas por los productores agrícolas mas tecnificados o con mejores tierras, después de que estos, al presentarse un escenario de bonanza agrícola, recapitalicen sus granjas

Segundo. Contribuir de modo decisivo a la estabilidad de precios sobre bases sostenibles en el largo plazo, fincadas precisamente en la producción interna de satisfactores. No hay que olvidar las oscilaciones de los precios alimentarios internacionales ni la probable tendencia al alza de los precios agrícolas en un escenario de liberalización universal del comercio agrícola. Además, cuando se produzca la reactivación de la economía mexicana crecerá aceleradamente la demanda interna de alimentos, a mayor velocidad que la demanda agregada, puesto que lo primero que hará la población al conseguir empleo o mejorar su poder adquisitivo será volver a comer lo que acostumbraba antes del paraíso neoliberal. Por ello, sin una oferta interna suficiente de alimentos habrá significativas presiones inflacionarias y sobre las cuentas externas. La estabilidad de precios, eo ipso, sólo es sostenible en el largo plazo con una dinámica producción interna de alimentos.

Tercero. Preservar en el corto y el mediano plazo, sin demerito del necesario cambio tecnológico, el mayor volumen posible de empleos rurales a fin de aligerar las presiones sobre el mercado de trabajo urbano, además de generar en lo inmediato, con el mismo propósito, empleos adicionales por sustitución de importaciones. Dada la raquítica generación de puestos remunerados en el sector formal de la economía durante casi dos décadas de experimentación neoliberal (derivada del bajísimo crecimiento del

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PIB, cuya tasa media anual fue de apenas 2.2% anual de 1983 a 1999, la preservación y generación de empleos agrícolas es crucial para el equilibrio económico y social.

Cuarto. General efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economía nacional, mediante el desarrollo de un mercado interno dinámico en el medio rural para la industria productora de bienes de consumo, de insumos y de bienes de capital. Hay que recordar que por cada dólar de alimentos que México importa no solo transfiere al exterior divisas que no tiene, si no que también exporta los empleos e ingresos rurales y los elevados efectos multiplicadores de la actividad agrícola sobre la producción el empleo y la inversión. Un vigoroso sector agropecuario, es por tanto, importante motor de la dinámica económica general.

Además de las anteriores funciones de el sector agropecuario podría razonaplenente desempeñan en el desarrollo económico de México, la necesidad de formular y desplegar un programa integral de fomento agropecuario de largo plazo tiene como fundamento adicional los siguientes principios de economía nacional.

En primer lugar, el principio de la seguridad alimentaría que debe rescatarse como objetivo estratégico, dándole una concreción acorde con las realidades nacionales y del mercado internacional de alimentos. La seguridad alimentaría no puede dejarse a la deriva de la mano invisible del mercado, por múltiples razones, comenzando por la soberanía nacional, si los condicionamientos alimentarios no fueran una realidad en el mundo contemporáneo, y si hubiera absoluta seguridad de que el arma de los alimentos no se utilizara en el futuro para doblegar las voluntades de los pueblos, de nada abría que preocuparse por la dependencia alimentaría en el ámbito estricto de la soberanía nacional. El problema esta en que los condicionamientos son recurrentemente utilizados como poderosas armas de presión político-económica.

Pero aun suponiendo que en el futuro no existiera el riesgo de restricciones políticas para acceder a los alimentos importados, la necesidad de un sector agropecuario dinámico como soporte de la seguridad alimentaría tiene también razones puramente económicas.

Los mercados alimentarios internacionales no son de competencia perfecta. Por el contrario, figuran entre los mercados mas imperfectos debido a la presencia de fuertes corporaciones alimentarías, de subsidios abiertos o encubiertos a la producción, de créditos alimentarios subvencionados, de subsidios directos o indirectos a la exportación, etcétera, que distorsionan los precios internacionales. En general, el despliegue de políticas de fomento agropecuario es una realidad en los países que cuentan con sectores agropecuarios vigorosos y que encabezan los mercados alimentarios internacionales, capitaneados de facto por sus poderosas corporaciones.

Además, los mercados –aun cuando fueran perfectos, pero con mayor razón cuando no lo son- tienden de manera natural a polarizar la distribución del ingreso, concentrándolo en países, regiones y estratos sociales previamente enriquecidos. Esta concentración se produce también en el ámbito de los ingresos rurales y del poder de compra de los alimentos.

Por ello, en la práctica los mercados no garantizan el pleno empleo de los factores productivos. Por el contrario, la operación espontánea de los mercados tiende de manera natural a generar desempleo. Si en México se continúa descuidando la producción interna de alimentos y, por tanto, destruyendo las fuentes de empleo y de ingresos rurales, se seguirá propiciando la insuficiencia de recursos propios para

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nuestras adquisiciones de comida. La seguridad alimentaría del país se mantendrá vulnerable porque dependerá del endeudamiento para comer.

Además, los mercados internacionales de alimentos se caracterizan por marcadas oscilaciones en los precios, que presentan ciclos largos y cortos de ascenso y descenso. De hecho, durante los últimos meses de 1995 y durante 1996, por ejemplo, la pronunciada alza que se registro en los precios internacionales de los granos coincidió con la necesidad de México de importar alrededor de 10 millones de toneladas de granos.

Los modelos econométricos que en el futuro se diseñen como herramientas auxiliares para la toma de decisiones de política económica deben reflejar estas realidades, rescatando el principio de una vigorosa producción interna de alimentos –que no significa autarquía ni esta reñida con el fomento de una agricultura de exportación dinámica- como objetivo de alta prioridad nacional.

En segundo lugar, el principio de la armonía en el patrón de desarrollo debe reivindicarse como objetivo estratégico. El descuido de la producción interna de alimentos no solo significa riesgos alimentarios y desequilibrio en las cuentas externas si no también profundos desequilibrios internos en el patrón de desarrollo. Significa hombres desempleados, recursos naturales y potencial tecnológico desaprovechados, agravamientos de la inequidad en la distribución del ingreso, efectos multiplicadores adversos en las demás ramas de la economía nacional y, en suma, un serio obstáculo estructural para el desarrollo sostenido y la estabilidad permanente de la economía nacional.

En tercer lugar, el principio de los equilibrios económicos y sociales de largo plazo debe rescatarse también como objetivo estratégico. La fe ciega en las ventajas comparativas de corto plazo no debe prevalecer sobre los intereses del desarrollo económico nacional de mediano y largo plazos. Quien, por ejemplo, construye una casa para habitar en ella, sacrifica otros usos alternativos presentes de sus recursos para disfrutarlos en forma de una vivienda propia. Apoyar a la agricultura ahora costara sin duda a la sociedad recursos del presente, pero los resultados del fenómeno agropecuario se disfrutaran en forma de equilibrio de las cuentas externas, de armonía en el patrón de desarrollo económico, de seguridad alimentaría y de estabilidad social.

La historia económica de las naciones que cuentan con una agricultura exitosa muestra dos grandes momentos en la interrelación de desarrollo agrícola y el desarrollo económico general: en una primera fase, el sector agropecuario contribuye al financiamiento del desarrollo industrial y a la acumulación de capital urbano; en una segunda etapa, las actividades no agrícolas devuelven al campo los servicios que éste prestó al desarrollo económico general, efectuando transferencias netas de recursos a favor de la acumulación de capital agrícola y de la tecnificación de las granjas. Tal ha sido la experiencia de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Corea del Sur, etcétera, que hoy tienen una vigorosa producción agropecuaria interna.

En México –vid supra- hemos cumplido puntualmente la primera gran fase de la interrelación de la agricultura y las actividades no agrícolas, pero no hemos dado aún pasos hacia la segunda fase de esa interrelación. Hoy es tiempo de devolver a la agricultura los servicios que antaño prestó al desarrollo económico general del país. Al hacerlo, no sólo se estará obrando con un sentido histórico de justicia, sino también cono una actitud visionaria del interés nacional de mediano y largo plazos.

Política agrícola para el crecimiento sostenido con equidad.

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Para el cumplimiento cabal de las funciones que el sector agropecuario puede y debe desempeñar en el futuro de la economía mexicana es necesario impulsar la dinámica agrícola mediante un programa integral de fomento agropecuario, diseñado sobre un horizonte de plantación de corto, mediano y largo plazos.

En la actualidad el crecimiento de la producción interna de alimentos puede lograrse mediante las siguientes cinco vías, no excluyentes sino complementarias: 1) la reincorporación al cultivo de las tierras laborables que hoy se encuentran ciosa por incosteabilidad de las siembras y falta de capital de trabajo; 2) la ampliación de la frontera agrícola (existen diez millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva o encubiertas con monte bajo, susceptibles de incorporarse al cultivo); 3) la rehabilitación de la infraestructura disponible (cerca del 20 % de la superficie previamente irrigada se encuentra fuera de la operación por falta de inversiones para conservación o mantenimiento); 4) la construcción de nuevas obras de irrigación, para el beneficio de cuatro millones de hectáreas susceptibles de incorporarse al cultivo irrigado; 5) la elevación de los rendimientos por unidad de superficie y por unidad animal.

Un programa congruente de reactivación y crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria debe considerar simultáneamente esas cinco vías de crecimiento.

En el corto plazo, para lograr la reactivación y el crecimiento significativo inmediatos de la producción agropecuaria y sentar las bases de un crecimiento agropecuario sostenido en el mediano y largo plazo, la sociedad debe actuar sobre las tres grandes variables económicas que han provocado la severa crisis agrícola. En primer lugar, sobre los precios relativos agropecuarios, a fin de volver rentable la actividad de manera sostenida en el largo plazo, restaurando así la solvencia de los agricultores hoy entrampados en carteras vencidas o en reestructuraciones asfixiantes que reducen su capital de trabajo; en segundo lugar, actuar sobre el financiamiento agrícola, reestructurando adeudos c informe a la capacidad de pago real de los productores y abriendo canales de crédito fresco en condiciones preferenciales; en tercer lugar, actuar sobre el rezago en inversión pública en la infraestructura, atendiendo la rehabilitación de las obras previamente construidas y realizando nuevas obras pequeñas de construcción rápida, así cromo sobre el rezago del gasto público orientado a la transferencia de tecnología y a la solución de cuellos de botella que obstruyen la producción agropecuaria.

En el mediano y largo plazos (una vez reincorporadas al cultivo las tierras incultas por incosteabilidad y por falta de capital de trabajo, y una vez rehabilitada la infraestructura), las fuentes del crecimiento avícola serán la ampliación de la frontera agrícola (sobre las tierras ganaderas o de monte bajo susceptibles de cultivo) y la ampliación de la infraestructura hidroagrícola.

En el largo, mediano y corto plazos el aumento de los rendimientos es instrumento fundamental de la dinámica agrícola. Pero la batalla en el frente de los rendimientos implica la atención integral y simultánea de las diferentes fases o eslabones de la cadena de la innovación tecnológica: 1) la investigación científica y tecnológica para generar variedades mejoradas, insumos mejores y nuevas prácticas agrícolas, de almacenamiento, etcétera; 2) la reproducción en escala comercial y en

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volúmenes adecuados de los elementos materiales de las nuevas tecnologías (semillas mejoradas, fertilizantes, semen, pies de cría, etcétera); 3) la difusión o divulgación de los nuevos paquetes tecnológicos por región y sistema producto, y 4) la adopción de las nuevas tecnologías por los agricultores (lo que supone, ante todo, poder de compra de los agricultores y éste , a su vez, precios redituables).

Por consiguiente, un verdadero programa integral de fomento agropecuario con un horizonte de plantación corto, mediano y largo plazos, debe comprender los siguientes principios e instrumentos fundamentales.

Primero: Una política de precios de garantía o soporte para los productos agrícolas y pecuarios básicos, que otorgue certidumbre a las inversiones agropecuarias con base en bandas de precios establecidas en horizontes de largo plazo y sustentadas en criterios de rentabilidad, capaces de brindar a los productores posibilidades reales de capitalización, tecnificación y solvencia crediticia. Para que este sistema no gravite sobre los recursos fiscales escasos (sino que, por el contrario, permita liberar recursos para usarse como fondos frescos de fomento agrícola y ya o como compensadores de precios), es necesario utilizar al máximo los márgenes de maniobra en política comercial que aún tenemos en el TLCAN y en la OMC (incluyendo aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, así como los derechos especiales de México como país en desarrollo), además del mantenimiento de u tipo de cambio competitivo a fin de reducir al máximo los apoyos fiscales a los precios agrícolas. Hay que recordar que el sistema de precios de soporte, aplicado en EUA desde la Ley Agrícola de 1933 y en la Unión Europea desde el establecimiento de la Política Agrícola Común en 1957, permitió a EUA mantener su supremacía agrícola y a la Unión Europea convertirse en una de las potencias agrícolas del orbe. El objetivo que ha tenido el sistema de precios en esos países-que combinan política comercial selectivamente proteccionista con pagos directos- es el mismo que debe tener México: incentivar la oferta interna y poner a salvo a los productores nacionales frente a las oscilaciones de los precios internacionales y frente a la competencia desleal por el control de los mercados y el food power.

Segundo: un programa de largo plazo de apoyo a la investigación y al extecionismo agronómico y zootécnico, cuyos efectos en la productividad y las producción son considerables. ( la investigación agronómica y zootécnica debe realizarse en Mexico, entre otras razones porque la tecnologia de organismos vivos requiere investigación de in situ.) El programa debe considerar tecnologías convencionales, biotecnología y tecnologías alternativas de bajoinsumo energetico, asi como la divulgación de las tecnologías generales. La asistencia tecnica para elevar la eficiencia microeconomica extendiendo las practicas agrícolas y pecuarias ya aplicadas hora en escala comercial por granjas lideres que logran mayor eficiencia en kas asignaciones de recursos, debe ser incluida en el programa.

Tercero: incremento sustancial de los recursos politicos para obrar de infraestructura, a fin de aprovechar mejor nuestros recursos naturales(por ejemplo, el area irrigable asciende a 10 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 6 millones ya se abrieron al cultivo irrigado; la incorporación al riego de los 4 millones de hectáreas testantes- que ahora se dedican al pastoreo y a la siembra de temporal erratico- requiere inversiones directas del estado, por cuenta propia o en apoyo aoasociacion con agricultores.)

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Cuarto: canalización de un volumen adecuado de crédito fresco al sector agropecuario (que incluya segmentos de crédito con tasas de interés preferenciales para los pequeños cultivadores de productos prioritarios vinculados a programas de asistencia técnica), solucionando equitativamente el megaproblema de las carteras vencidas, convertido en un peso muerto del sector agropecuario y del sistema bancario. Es recomendable que el crédito agropecuario vaya acompañado de un programa de aseguramiento con apoyos fiscales a las primas de seguro (como se ha hecho en numerosos países con sectores agropecuarios vigorosos, incluso en los Estados Unidos), fomentando especialmente los fondos de autoaseguramiento de los agricultores.

Quinto. Como criterio general, dada la existencia de más de cinco millones de familias campesinas en México y la imposibilidad de que la economía mexicana logre absorberlos en otras actividades económicas durante los próximos años, la preservación de las fuentes de empleo e ingreso rurales y, por tanto, la atención, promoción y apoyo preferente de las pequeñas explotaciones agrícolas, debe ser un objetivo central del programa.

De hecho, las evidencias empíricas universales, así como los hallazgos de la investigación económico-agrícola mexicana, indican que la concentración de la tierra en grandes unidades de producción no necesariamente cumple el propósito de elevar la producción y la productividad agregada de la agricultura ni es congruente con la dotación relativa de factores (tierra, trabajo y capital) que presenta nuestro país.

En general, las evidencias universales indican que, globalmente consideradas, la pequeña agricultura mercantil es tanto o más eficiente que la gran unidad de producción en el uso de la tierra y el capital, aunque significativamente menos eficiente en el aprovechamiento del factor trabajo, donde la gran explotación resulta más eficiente que la pequeña.

Por consiguiente, en las naciones donde escasea el factor trabajo y abundan la tierra y el capital, sin duda el modelo idóneo de desarrollo agropecuario es el basado en unidades de producción de gran tamaño, que maximizan el rendimiento del factor trabajo. Pero en naciones donde abunda el trabajo pero escasean la tierra y capital, en un desatino inducir un modelo de desarrollo agropecuario no orientado a la maximización de la productividad del trabajo en grandes fincas agrícolas, puesto que este modelo implicaría un descenso en la productividad nacional, incluso laboral, debido a que los trabajadores desalojados del campo no encontrarían ocupaciones no agrícolas.

Ahora bien, en México nos encontramos precisamente en una situación de superabundancia de mano de obra y de escasez de tierra y capital. Además, los resultados de la investigación económico-agrícola mexicana corroboran que, en general (y a nivel de cada producto, en condiciones agroclimáticas y tecnológicas similares), la pequeña agricultura mercantil es tanto o más eficiente que la grande en el uso de los factores tierra y capital, aunque menos eficiente en el uso del factor trabajo.

La factibilidad de la elevación acelerada de la producción y la productividad de la tierra y el capital, sobre una base de pequeñas unidades de producción, deriva de la divisibilidad de los factores característica de la agricultura: los fertilizantes, las semillas certificadas, los mejoradotes de suelos, etcétera, pueden utilizarse lo mismo en una maceta que en un predio de 10,000 hectáreas, mientras que la maquinaría agrícola, si bien no es susceptible de adquisición por un pequeño labriego que cultiva dos o tres hectáreas graneras, si es factible su utilización en pequeñas explotaciones mediante el sistema de maquilas, de alquileres de maquinaría o de cooperativas campesinas.

Por ello, un modelo de desarrollo agropecuario fundado en una política de fomento que promueva la aceleración del cambio tecnológico sobre una estructura agraria de pequeñas granjas familiares sería congruente con nuestra dotación relativa de

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factores y, por ello mismo, con las particularidades económicas, sociales, geográficas y culturales de nuestro país porque tenemos una estructura agraria que incluye alrededor de cinco millones de pequeños agricultores. Este modelo optimizaría el aprovechamiento de los factores escasos, la tierra y el capital, sin provocar la expulsión de millones de familias campesinas cuya absorción en otras actividades económicas no es viable por lo menos durante los próximos veinte años.

En suma: un programa integral de fomento agropecuario, perfectamente compatible con los compromisos del país en la OMC e incluso en el TLCAN (sin demérito de futuras negociaciones), no sólo contribuiría al equilibrio sostenible de las cuentas externas, a la estabilidad de los precios internos y al dinamismo general de la economía mexicana, sino también a la armonía en el patrón de desarrollo, a la seguridad alimentaria y a la estabilidad social.

CONCLUSION

INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE POLITICA ECONOMICA.

Atendidas las evidencias empíricas de nuestra historia económica contemporánea, las realidades del entorno económico internacional y las experiencias de naciones de desarrollo económico exitoso, los principios e instrumentos fundamentales de una nueva estrategia de desarrollo sostenido con equidad viable y adecuada para México, pueden resumirse en los siguientes.

Primero: una política cambiaría activa cuyo objetivo prioritario sea contribuir al equilibrio sostenible de las cuentas externas y, en ipso, que evite en el futuro una nueva sobrevaluación del peso. Definiendo como tipo de cambio de equilibrio la paridad del peso. Definiendo como tipo de cambio de equilibrio la paridad peso/dólar estadounidense que se observa cuando la balanza comercial sin maquiladoras se encuentra en equilibrio, lo que indica que la planta productiva mexicana es globalmente competitiva con esa tasa de cambio –situación que se observó en el año 1988 (bajo las actuales condiciones de apertura comercial, que ya entonces se había realizado) y nuevamente en el primer semestre de 1996 (aún descontando los ingresos extraordinarios procedentes de los sobreprecios que alcanzó el petróleo en ese semestre)- dicha paridad peso/dólar debe ser adoptada como piso cambiario. Manteniendo en general el régimen de flotación, el Banco de México debe evitar –simplemente comprando dólares y fortaleciendo de paso su reserva de divisas (que puede ser parcialmente utilizada, como hizo Chile, para realizar compras de deuda externa con descuento en los mercados secundarios)- que el precio del dólar baje del piso cambiario, ajustando este piso periódicamente conforme a la diferencia entre las tasas de inflación mexicana y estadounidense. De esta manera, dispondremos de una política cambiaria que no sólo permitirá mantener la competitividad agregada de la planta productiva mexicana, sino también hará predecible el tipo de cambio, reducirá drásticamente los espacios de la especulación monetaria, otorgará certidumbre a las inversiones, así como realismo y permanencia al proceso de estabilización de los precios, contribuyendo como poderoso factor al equilibrio sostenible de las cuentas externas y, eo ipso, al crecimiento sostenido de la economía mexicana.

Segundo: una política comercial pragmática, que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior, aplicando (exactamente igual a como proceden –aunque no lo prediquen- Estados Unidos, Canadá y los demás países con desarrollo exitoso) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a los cuales tenemos derecho en el Tratado de Libre

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Comercio de América del Norte y como parte contratante de la OMC, además de aplicar órdenes de mercadeo y restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países desarrollados. No se trata de regresar al proteccionismo comercial exagerado de los años setenta, sino de racionalizar la apertura comercial, subordinándola a una política industrial que estimule el desarrollo armónico del aparato productivo nacional, elevando su articulación interna y aminorando las desigualdades en su desarrollo, impulsando preferentemente las ramas con mayores efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión física, el empleo y el ingreso nacional.

Lo anterior, sin demérito de emprender –sin prisas, pero sin omisiones- una renegociación del TLCAN, a fin de imprimir a la integración económica de América del Norte un contenido más equitativo, similar al estilo europeo de integración económica. Recuérdese que, no obstante que las asimetrías entre los países que integran la Unión Europea no son tan grandes como las que existen entre México y sus socios de Norteamérica (donde el PIB per cápita de Estados Unidos y Canadá es siete veces mayor que el de México; mientras que el PIB per cápita de Alemania es apenas 8.3% superior al de la media de la UE y el de Grecia, el país más “atrasado” de la UE, es apenas 35.1% inferior a la media), la Unión Europea ha instituido fondos compensatorios (estructurales y de cohesión social), cuyo principio básico consiste en que los Estados aportan recursos a esos fondos en proporción a su riqueza (PIB per cápita) mientras que las regiones y países reciben apoyos en proporción a su atraso o pobreza relativa. El objetivo es la convergencia de los niveles de desarrollo económico y de bienestar social. En el TLCAN, en cambio, no hay un solo dólar de fondos compensatorios. Además, en la integración europea existe el libre flujo de mano de obra.

Una reformulación del TLCAN sobre bases de mayor equidad debería, por tanto, encaminarse en cualquiera de las siguientes dos direcciones, por cierto no excluyentes: 1) que se reconozca la condición de México como país en desarrollo (condición que México tiene como parte contratante de la OMC), concediendo a México mayores márgenes de maniobra en políticas comercial y de inversión, particularmente en áreas de la economía altamente relevantes por su importancia en la generación de empleos; 2) introducir fondos compensatorios al estilo los estructurales y de cohesión social de la UE; y establecer el libre flujo de mano de obra, imprimiendo a la integración norteamericana una clara visión de desarrollo humano

Tercero: sanear las bases del financiamiento de nuestro desarrollo, desbrozando el camino para un nuevo ciclo largo de crecimiento económico sostenido. En este ámbito, el reto triple de una estrategia coherente consiste en: 1) elevar de manera sostenida el ahorro interno; 2) reducir la dependencia financiera externa; 3) prevenir y enfrentar eficientemente los eventuales choques externos, evitando su absorción directa en nuestra economía real, a costa de repetidas recesiones. Por ello, una estrategia consistente de financiamiento del desarrollo debe arrancar de la revisión de las políticas cambiaria y de comercio exterior (en el sentido antes propuesto) a fin de eliminar el déficit comercial sin maquiladoras y reducir sustentablemente el déficit de cuenta corriente, haciendo descender sostenidamente los requerimientos de ahorro externo. La palanca primordial para elevar el ahorro interno consistente, al revés de la estrategia neoliberal, no en incentivar el ahorro financiero y la especulación financiera, sino en incentivar la inversión física (y, eo ipso, el crecimiento económico), subordinando la esfera financiera a los intereses superiores de la economía real. En consecuencia, el despliegue de una verdadera política industrial es herramienta fundamental para elevar sostenidamente el ahorro interno y la inversión. Además, la estricta regulación y supervisión del sistema financiero, a fin de incrementar la asignación del crédito hacia

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las prioridades del desarrollo, evitar prácticas oligopólicas que elevan desmedidamente las márgenes de intermediación financiera, instituir los incentivos adecuados para el manejo prudencial del ahorro financiero y ampliar los espacios de acción de la banca nacional de desarrollo, elevando su eficiencia, son componentes fundamentales de un renovado sistema financiero que sirva eficazmente a los intereses superiores del desarrollo de la economía real. Finalmente, para desactivar prudencialmente los riesgos de choques en balanza de pagos, debemos hacernos cargo de que no está en nuestras manos decidir el nivel de las tasas de interés internacionales, ni los precios externos del petróleo, ni la dirección de los flujos financieros globales. Pero si está en nuestras manos mantener en equilibrio nuestra balanza comercial sin maquiladoras, considerando este equilibrio como el primigenio, ordenador y sustentador en el largo plazo de los demás equilibrios externos. Además, un eficiente manejo cambiario elimina el factor de especulación monetaria, desactivando la causa más relevante de desequilibrio externo por fuga de capitales nacionales, así como causa principal de la volatilidad de la inversión extranjera liquida. Lo anterior, sin demérito de introducir restricciones administrativas –como en Chile- a la entrada y salida de inversiones de cartera.

Cuarto: una política de estabilidad de precios con desarrollo económico y preservación de los equilibrios externos, para lo cual: a) debe ponerse punto final a los fuertes brotes inflacionarios recurrentemente desencadenados por macrodevaluaciones traumáticas, generalmente acompañadas de alzas abruptas de precios y tarifas del sector público. Para ello, es necesario mantener un tipo de cambio real permanentemente competitivo y evitar desbordes imprudenciales en las finanzas públicas, de manera que sea factible absorber eventuales choques externos (por caída súbita de ingresos, v. gr. Petroleros; o por alza súbita de egresos, v. gr de tasas de interés internacionales), sin afectar la demanda agregada real del sector público, evitando de este modo las típicas secuelas negativas sobre la actividad económica privada y agregada; b) evitar sobrerreacciones monetarias y fiscales –como respuestas exageradas a episodios de inestabilidad financiera- que afectan súbitamente la demanda agregada real y socavan la dinámica del crecimiento; c) la concertación como método para reducir el componente inercial de la inflación coordinando y armonizando las expectativas, debe ser retomada. Sin embargo, habida cuenta de la experiencia de los “pactos” –de consecuencias adversas para trabajadores asalariados y productores rurales- la futura concertación sobre expectativas inflacionarias debe evitar utilizar como precios guía, los salarios y los precios agrícolas, utilizando en cambio como guías los precios de grandes industrias y grandes servicios, conjuntamente con las tasas de interés y los precios y tarifas del sector público (previamente equilibrados)

Quinto: finanzas públicas sanas para el desarrollo económico con equidad, concepto que implica: 1) una política de gasto público dirigida a impulsar el progreso económico, humano y ambiental sobre un horizonte de planeación de largo plazo y ambiental sobre un horizonte de planeación de largo plazo, atendiendo rezagos productivos y fomentando sectores y áreas estratégicas y prioritarias, particularmente la formación de recursos humanos, la infraestructura económica y social, la industria energética, el desarrollo científico-técnico y las ramas de la industria y la agricultura con altos efectos de arrastre sobre la actividad económica, impulsando la articulación interna del aparato productivo, la superación de desigualdades sectoriales y regionales, así como las inequidades en la distribución factorial y familiar del ingreso, promoviendo a la vez el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo ambiental; 2) para la atención afectiva de estas responsabilidades ineludibles del Estado se hace imprescindible incrementar considerablemente el gasto público federal sobre bases sostenibles en el largo plazo, así como elevar la eficiencia y la eficacia de las

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instituciones públicas; 3) el financiamiento no inflacionario de la ampliación del gasto público debe lograrse primordialmente mediante el aumento de los ingresos tributarios del gobierno federal, de manera que se incrementen diez puntos porcentuales del PIB durante los próximos diez años (un punto porcentual anual). Para lograrlo, es necesario realizar una reforma fiscal que comprenda: a) simplificación y racionalización de la legislación tributaria eliminando o corrigiendo gran parte de las exenciones tributarias y de regimenes especiales que generan distorsiones y múltiples canales de elusión tributaria (v. gr. Régimen de consolidación fiscal para grupos de empresas; régimen simplificado que se aplica, por ejemplo, a las empresas de transporte terrestre y agropecuarias, sin distinguir grandes compañías de transporte de pequeños transportistas, o grandes agrobussines de pequeñas granjas campesinas); b) ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tribulación. (v.gr. capital golondrino, ganancias bursátiles de personas físicas, ganancias de capital de personas físicas, dividendos distribuidos entre los accionistas de las empresas, etcétera como se hace en países desarrollados); c) combatir resueltamente la evasión fiscal, para lo cual se requiere una profunda reforma del sistema de recaudación, que haga creible la erradicación de la corrupción y de la impunidad; d) acentuar considerablemente la progresividad del impuesto sobre la renta, incrementando la tasa marginal del ISR hasta 55% para ingresos personales mayores de $ 2 millones; e) incrementar la progresividad de los impuestos sobre el consumo, sea a través de mayores tasas de IVA sobre bienes suntuarios, o bien introduciendo un impuesto progresivo sobre el consumo global.

Sexto: desplegar una verdadera política industrial (en el amplio sentido del término, que comprende el fomento de todas las actividades productivas), orientada a superar las profundas desigualdades en el desarrollo de los sectores y ramas de la producción, la creciente desarticulación interna de la planta productiva y las profundas asimetrías en el desarrollo regional, triada que representa, a la vez, el más serio obstáculo al desarrollo sostenido de la economía mexicana y una de las fuentes principales de la marginación económica y social de la mayoría de los mexicanos. Instrumentos fundamentales de esta política industrial (en concordancia con las evidencias empíricas nacionales e internacionales, es decir, con las experiencias de los países exitosos) son los siguientes: a) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo de la economía real, comenzando por una política de comercio exterior pragmática (por lo menos similar a la que aplican nuestros principales socios comerciales), una política cambiaria competitiva y una política crediticia que (mediante tasas de interés medianamente competitivas) fomente la inversión productiva; b) políticas de fomento económico general, principalmente formación de recursos humanos (que comprende –además de las condiciones básicas de nutrición y salud- la educación formal, la capacitación laboral y de gestión productiva); construcción de infraestructura (que no sólo debe ser suficiente en calidad y cantidad, sino también competitiva en precios); fomento del desarrollo científico-técnico (a fin de apoyar alas empresas en el conocimiento, selección, adquisición, adaptación y generación de tecnologías apropiadas); y desarrollo del sector energético; c). formulación de una estrategia general de industrialización que contemple como prioridades simultáneas: la promoción de exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones a fin de asegurar el balance de divisas que posibilite el crecimiento acelerado y sostenido basado en el ahorro interno; la generación acelerada de empleos; la articulación interna del aparato productivo y la superación de desigualdades en nuestro patrón de crecimiento; la promoción preferente de áreas estratégicas y de ramas de la producción con elevados coeficientes de arrastre sobre el empleo, el ingreso y la inversión en el conjunto de la economía; d) desplegar instrumentos específicos de fomento sectorial en función de

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estas prioridades y realidades a la luz de la experiencia nacional e internacional (v.gr. sistema de precios de garantía o soporte para los productos agrícolas prioritarios; incentivos sistémicos para el fomento de industrias elegidas en función de las prioridades estratégicas, contra compromisos de desempeño por parte de los industriales, fomento de las redes de subcontratación, etcétera). No se trata, como se ve, de restaurar la estrategia industrial puramente sustitutiva de importaciones, sino de pasar a una nueva estrategia de industrialización que simultáneamente fomente el sector exportador, la sustitución eficiente de importaciones y la producción de bienes no comerciables para mercado interno.

Séptimo: colocar el empleo y el bienestar social, es decir al ser humano, en el centro de la estrategia económica y, eo ipso, como motivo constante de cada una de las grandes políticas públicas (comercial, cambiaria, fiscal, financiera, etcétera). La superación de la marginación socioeconómica y la erradicación de la pobreza deben ser concebidas no como algo extrínseco a la economía (como males susceptibles de ser corregidos a través de simples mecanismos de compensación social), sino con algo intrínseco al correcto funcionamiento de la economía, ergo como resultado natural una nueva estrategia económica integradora (incluyente de todos los mexicanos en las tareas y los beneficios del desarrollo), que comprenda: 1) una política industrial –en el sentido amplio del término, que incluye la promoción activa de la agricultura, las manufactureras, etcétera –orientada a generar suficientes empleos dignos para las nuevas generaciones y para absorber paulatinamente a los hoy excluidos, promoviendo, en consecuencia, la articulación interna y la reducción de las desigualdades en el desarrollo de los distintos eslabones de las cadenas productivas; 2) una estrategia integral de formación de recursos humanos (es decir, de inversión en “capital humano”) que comprenda desde la nutrición y la atención a la salud, hasta la educación formal, la capacitación laboral y la transferencia de tecnología (recuérdese que la productividad y la riqueza de las naciones tienen entre sus determinantes principales el desarrollo de las aptitudes físicas e intelectuales de sus ciudadanos, de manera que la inversión en estos rubros descuella entre las más fructíferas asignaciones de recursos que las naciones pueden hacer para la construcción de su futuro); 3) políticas públicas claramente orientadas al mejoramiento de la distribución del ingreso (incluyendo una política salarial activa tendiente al reparto equitativo del ingreso nacional disponible entre los factores de la producción) y al reforzamiento de la seguridad social; 4) la significativa ampliación de la cobertura y calidad de las políticas específicamente orientadas a la atención de los grupos sociales más vulnerables; 5) las políticas públicas contempladas en los puntos siguientes.

Octavo: desplegar una política integral de desarrollo regional asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable (es decir, que contemple simultáneamente los objetivos de crecimiento económico, equidad social y desarrollo ambiental) y que, basada en un verdadero federalismo, corrija las profundas desigualdades regionales en las oportunidades de acceso a nivel de bienestar superior al mínimo aceptable. Las políticas federales de fomento económico (agrícola, manufacturero, energético, turístico, de infraestructura, etcétera), deben contemplar el ámbito regional e incluir a sus pobladores en su diseño y supervisión y no sólo en su ejecución, y lo mismo hay que hacer en las políticas sociales (de educación, nutrición, salud, vivienda, capacitación para el trabajo, etcétera). Además, es necesario desarrollar, sobre bases democráticas, las autonomías municipales y estatales en la planeación, financiamiento y gestión del desarrollo, así como redefinir la política de ingreso y gasto público para otorgar mayores recursos a los municipios y estados, sobre todo a los menos favorecidos, ampliando las bases materiales de su soberanía. El criterio rector debe

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consistir en otorgar a los habitantes de las distintas regiones de México la oportunidad certera de acceder a un nivel de vida digno, por encima de una canasta básica de satisfactores esenciales de alimentación, salud, vivienda, vestido, educación, y recreaciones sanas.

En lo externo, en virtud de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no incluye mecanismos compensatorios para ayudar a las regiones a resarcir los costos de su integración económica internacional, es necesario introducir en la agenda una futura renegociación del TLCAN, a fin de establecer el libre flujo de mano de obra e instituir fondos compensatorios trinacionales, como expresión de la corresponsabilidad de las partes contratantes del TLCAN en los efectos regionales de la integración.

Noveno: la preservación y mejoramiento del ambiente es parámetro y objetivo esencial: lograr un crecimiento económico que conserve y enriquezca, en vez de destruir, las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana; regular los procesos productivos y de consumo, internizando los costos ambientales e introduciendo otros incentivos para mejorar la utilización de los recursos, minimizar impactos ambientales y restaurar ecosistemas; diseñar e instrumentar políticas públicas que incluyan entre sus criterios de eficiencia económica, la eficiencia en el uso, preservación y restauración de los recursos naturales, y que consideren congruentemente la sustentabilidad ambiental como elemento nodal de un verdadero desarrollo económico (concepto que incluye la superación de la pobreza y de la inequidad en la distribución del ingreso), son tareas de alta prioridad nacional

Décimo: para el logro eficiente y eficaz de las funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo humano, económico y ambiental es necesario elevar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas, asegurar la excelencia profesional y la probidad de sus funcionarios, así como la erradicación de la impunidad por actos de corrupción o por errores u omisiones en la gestión de los asuntos públicos. Por ello, el tipo de Estado requerido para alcanzar la prosperidad de la nación, debe caracterízarse por los siguientes rasgos fundamentales: primero, la efectiva separación de poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) en el marco de un sistema de elecciones verdaderamente libres y transparentes (de manera que los poderes legislativo y judicial sirvan de contrapesos reales al poder ejecutivo y éste sea verdaderamente representativo de las mayorías nacionales); segundo, el establecimiento, de un servicio civil de carrera basado en los méritos del servidor público, evitando así el uso de los cargos como botín político o como un activo para la compra de lealtades clientelares; tercero, la rigurosa rendición de cuentas y la supresión o significativo acotamiento de los fueros a todos los niveles; cuarto, el federalismo real de los estados y la autonomía municipal con auténtica democratización de los procesos de elección y decisión, vigorizando las legislaturas estatales y los cabildos municipales; quinto, la ampliación de los cauces para la participación directa de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas públicas y en la supervisión de su ejecución; sexto, la participación directa de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas públicas y en la supervisión de su ejecución; sexto, la participación de los beneficiarios directos de programas específicos en su diseño, ejecución y seguimiento; séptimo, la descorporativización, desoligopolización, independización y democratización de los medios masivos de comunicación, a fin de contar con una opinión pública mejor informada, vigilante de los poderes del Estado y capacitada para cumplir responsablemente sus deberes ciudadanos.

NOTAS.

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Roger D. Hansen, la política del desarrollo mexicano, México, Siglo XXI, 1971; James W. Wilkie, La revolución mexicana Gasto Federal y cambio social, México, FCE 1978; Raymond Vernon, El dilema de la economía mexicana, México, Diana 1967; Leopoldo Solis, La realidad económica mexicana; retrospección y perspectivas, México, Siglo XXI, 1970; Antonio Ortiz MENA, El desarrollo estabilizador; reflexiones sobre una época, México, Colmex-FCE, 1998; Enrique Cardenas, La política económica en México, 1950-1004, México, FCE, 1996, entre otros.José Luis Calva, El modelo neoliberal mexicano. Costos, vulnerabilidad, alternativas, México, Fontamara, 1993, Héctor Guillen, La contrarrevolución neoliberal, México, Era 1996; Nora Lustig, México, Hacia la reconstrucción de una economía, México auge, crisis y ajuste, Tomo III México, FCE, 1993, entre otros.

La introducción y prolongada aplicación en México de una estrategia económica basada en la regulación del comercio exterior y en un relevante intervencionismo gubernamental en la promoción del desarrollo, no ocurrió como resultado de la sumisión a presiones externas ni por obra de la imitación acrítica. Más bien, el modelo económico de la Revolución mexicana (como puede conceptualizarse sin abuso), si bien abreva en las corrientes del pensamiento universal, emergió como un genuino proyecto nacional, que precedió al consenso keynesiano de la posguerra y al consenso estructuralista latinoamericano. No es casual que el reconocido fundador del estructuralismo latinoamericano, Raúl Prebish, se haya permitido largas estancias en México para estudiar directamente la estrategia del desarrollo mexicano, como laboratorio natural del edificio teórico estructuralista. La fundación del banco central en los años veinte y de la banca nacional de desarrollo en los treinta; el fuerte activismo estatal en la construcción de la infraestructura básica (hidroagrícola, carretera, etcétera); la resuelta promoción de la educación y la salud pública; las políticas sectoriales orientadas al fomento de la agricultura (con sus múltiples instrumentos específicos: política de precios de garantía, Ceimsa-Conasupo, etcétera) y al fomento de la industría manufacturera (con sus instrumentos específicos, impulsores de la sustitución de importaciones); la intervención directa del Estado en el desarrollo de la industria, que arranca de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad en los años treinta y de la nacionalización de la industria petrolera; fueron acciones plenas de audacia e iniciativa de ese proyecto nacional, que procedieron al keynesiano y al estructuralismo latinoamericano (véase R Vernon, op. Cit; R.D. Ansen, op. Cit.J.W. Wilkie, op. cit.; A. Ortíz Mena, ep. Cit; entre otros).

Miguel de la Madrid, Quinto informe de gobierno, México, 1987; véase también Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México, 1983.

Como porcentaje del PIB en dólares de cuenta, los pasivos externos de México pasaron del 67.6% al cierre de 1982 al 105.5% del PIB en 1994 considerando el PIB a precios corrientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 1980; o del 63.5% del PIB en 1982 al 95% del PIB en 1994, si el cálculo se realiza con el PIB corriente del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 1993.

Comisión Económica para América Latina, Panorama Social de América Latina, 1998, Santiago de Chile, 1998; CEPAL, La brecha de la equidad, Santiago de Chile, 1993; y CEPAL-INEGI, Magnitud y evolución de la pobreza en México (1984-1992), Informe metodológico, México, INEGI, 1993.

Julio Bolivinik, “La insatisfacción de las necesidades esenciales en México”, en J.L.Calva (coord), Distribución del ingreso y políticas sociales, México, Juan Pablos-FAM-Enlace-Equipo Pueblo, 1995; y J. Bolivinik, “¡Quince millones de pobres extremos más!, en la jornada, México, 13 de noviembre de 1998; y Consejo Consultivo

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del Programa Nacional de Solidaridad, El combate a la pobreza, México, El Nacional, 1990.

Véase René Villarreal, Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. Un enfoque neoestructuralista (1929-7988), México, FCE, 1988; Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, México, FCE, 1996; Victor L. Urquide, México en la globalización. Condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable y equitativo, Informe de la Sección Mexicana del Club de Roma, México,FCE, 1996.

Véase Herminio Blanco, Las negociaciones comerciales de México con el mundo, México, FCE, 1994; Aldo R. Flores, Proteccionismo versus libre cambio. La economía política de la protección comercial en México, 1970-1994, México, FCE, 1998; Eduardo Gitli, “México: notas para un balance de la política comercial del sexenio 1983-1988”, en E. Gitli (coord.), Estudios sobre el sector externo mexicano, México, UAM-A, 1990; R. Villarreal, Industrialización, deuda y desequilibrio externo, op. Cit; y cálculos propios con base en Banco de México, Indicadores Económicos, op. Cit.; e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Véase Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, México, FCE, 1996; Jorge Hierro y Allen Sanginés Krause, “El comportamiento del sector público en México: 1970-1985”, en Felipe Larrain y Marcelo Selowasky (comps.) El sector público y la crisis de la América Latina, México, FCE, 1990; José Ayala, “Límites y contradicciones del intervencionismo estatal: 1970-1976”, en Rolando cordera (comp.), La crisis de la economía mexicana, México, FCE, 1981; Héctor Guillén, Origenes de la crisis en México 1940-1982, México, Era, 1984.

Véase especialmente René Villarreal, El desequilibrio externo en la industrialización de México (1929-1975). Un enfoque estructuralista, México, FCE, 1976.

Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1997, El Estado en un mundo en transformación, Washington, 1997.

Véase Eric Roll, Historia de las doctrinas económicas, México, FCE, 1975; Emile James, Historia del pensamiento económico en el siglo XX, México, FCE, 1957; Mar Blaug, Teoría económica en retrospectiva, México, FCE, 1985; David Ibarra, “Estado y mercado”, en Problemas del desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, núm 89, México, IIEC-UNAM, 1992; Michael Albert, Capitalismo contra capitalismo, México, Paidós, 1992; René Villarreal, La contrarrevolución monetaria. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo, México, FCE, 1986; Paul, Krugman, vendiendo prosperidad Sensatez e insensatez económica en una era de expectativas limitadas, Barcelona, Ariel, 1994; Héctor Guillen, La contrarrevolución neoliberal, México, era, 1997; Robert Wade, El mercado dirigido, La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del Este de Asia, México, FCE, 1999.

Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1991. La tarea acuciante del desarrollo, Washington, 1991.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe,, Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990.

Véase Paul Krugman (comp.), Una política comercial estratégica para la nueva economía internacional, México, FCE, 1991; Javier Orozco Alvarado, enfoques, modelos y nuevas teorías del comercio internacional, Guadalajara, CUCEA-UG, 1998. Andrés solimano (comp.), Los caminos de la prosperidad. Ensayos del crecimiento y desarrollo, México, FCE, 1998; Osvaldo Sunkel (comp.), El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista para la América Latina, México, FCE-CEPAL, 1992; Paul Krugman, Vendiendo prosperidad sensatez e insensatez económica en una era de

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expectativas limitadas, op. Cit.; Robert Wade, El mercado dirigido. La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del Este de Asia, op.cit., entre otros.

W.A.Lewis, Teoría del desarrollo económico, México, FCE, 1958.José Ayala, Instituciones y economía, México, FCE, 1999.Véase, El Financiero, México, 26 de junio de 1997.Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1997, op. Cit.CEPAL, Interacciones; entre macro y microeconomía, Santiago de Chile, 1996.Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1997, op. Cit.Véase Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1991 y 1997.Véase José Ayala, “La reforma del gobierno, Enfoques y propuestas”, en

J:L:Calva (coord.), hacia un nuevo modelo económico, México, Juan Pablos-UACS, 1998.

Deepak Lal, The Poverty of Development Economics, Londeres, IEA, Hobart Paperback 16, 1983, citado por Robert Wade, El mercado dirigido, La Teoría económica y la fundación del gobierno en la industria del Este de Asia, México, FCE, 1999.

W. A. Lewis, Teoría del desarrollo económico, op. Cit.José Luis de Jesús García Ruíz, Retos y condicionantes para el establecimiento

de un sistema de servicio civil en México, CIDE, Documento de trabajo núm. 50, 1997; y Maria del Carmen Pardo, “El servicio civil de carrera en México: un imperativo de la modernización”, en Gestión y política pública, vol. IV núm. 2 México, CIDE, 1995.

Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1997, op. Cit.Véase los trabajos incluidos en R. Uvalle y M. Bravo-Ahuja (coords.), Visión

multidimensional del servicio público profesionalizado, México, UNAM-Plaza y Valdés, 1999, entre otros.

Véase Robert Wade, El mercado dirigido, La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del Este de Asía, op. Cit.

Banco Mundial, informe sobre el desarrollo mundial 1997, op. Cit.Idem.Idem.Idem.Enrique Hernández Laos, “Condicionantes macroeconómicas de la evaluación

de la pobreza”, en Julio Boltvinik y E. Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, Siglo XXI, 1999.

Con base en INEGI, Estadísticas históricas de México, México, 1994, Véase también David Barkin, Un desarrollo distorsionado la integración de México a la economía mundial, México, Siglo XXI, 1991.

Con base en Jeffrey Lawrey Lawrence Bortz, Los salarios industriales en la ciudad de México 1939-1975, México, FCE, 1988, para salarios manufactureros medios nacionales hasta 1939-1975 (cuadro 9, Apéndice II); para deflactor, Banco de México, “Indice del Costo de la Vida Obrera”, en INEGI, Estadísticas históricas de México, México, 1994; para años posteriores fuentes de cuadro 20.

Con base en Banamex, División de Estudios Económicos y Sociales, México Social 1992-1993, México 1993; INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 1980; y J. L. Calva. “Costos sociales de la reforma neoliberal del Estado y principios de una estrategia alternativa en México”, en Carlos Vilas (coord.) Estado y Políticas sociales después del ajuste, Caracas, UNAM-Nueva Sociedad, 1995.

Con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1993 y Banamex, op. Cit.

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La pobreza extrema o indigencia es definida por la CEPAL, como aquella situación en que “los ingresos del hogar no son suficientes para atender las necesidades alimentarias del grupo familiar” (CEPAL, Panorama social de América Latina 1998, Santiago de Chile, 1998).

La insatisfacción de las necesidades esenciales en México”, en J. L. Calva (coord.), Distribución del ingreso y políticas sociales, México, Juan Pablos, 1995; y J. Boltvinik, “¡Quince millones de pobres más!2, en La Jornada, 13 de noviembre de 1998) véase también Julio Voltvinik y E. Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, México, Siglo XXI 1999.

Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El combate a la pobreza, México, El Nacional, 1992. Véase también una síntesis de diversas estimaciones de pobreza en Victor M. Soria, “Crecimiento económico micro, regulación política, crisis estructural y su impacto en la pobreza”, en Gabriela Correa López (ed.) Transformaciones económicas y bienestar, México, UAM-I, 1997.

Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996, México, 1997.

El Universal, México, 26 de febrero de 1997 y el Financiero, México, 26 de febrero de 1998.

Tradicionalmente, la teoría del desarrollo ha considerado la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico como determinantes cruciales del crecimiento en el largo plazo. Así W. Arthur Lewis señalaba como las “principales causas inmediatas del crecimiento”, “el esfuerzo por economizar”, “el aumento de conocimientos y su aplicación” y “el incremento del volumen de capital y de otros recursos por habitante” (A. Lewis, Teoría del desarrollo económico, México, FCE, 1974), La llamada nueva teoría del crecimiento coloca también la formación de “capital humano” (es decir, el desarrollo de “conocimientos, habilidades y atributos incorporados en los individuos”) y el desarrollo tecnológico generalmente asociados, como determinantes del dinamismo económico de largo plazo (véase OECD, Human Capital Investmen. Draff Report, Paris, 1997; y Pranab Bardhan, “La teoría del desarrollo: tendencias y desafios”, en Andrés Solimano (comp.). Los caminos de la prosperidad, Ensayos del crecimiento y el desarrollo, México, FCE, 1998)

La Jornada, México, 10 de enero de 1999.La afirmación de que el cambio tecnológico ha sido un factor importante en la

generación del desarrollo económico a largo plazo de los países ricos del mundo atraería un apoyo generalizado, quizá unánime (Nathan Rosenberg, Economía del cambio tecnológico, México, FCE, 1979)

Con base en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, México, 1991; EZPL, Quinto informe de gobierno, Anexo estadístico, México 1999; e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

José Luis Solleiro, “El tratado de Libre Comercio y el desarrollo científico y tecnológico en México”, en J.L.Calva (coord.), Formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico y productividad, México, Juan Pablos, 1997.

Ya el destacado economista del desarrollo H.W. Singer, observaba “la falsedad de la pretensión optimista de que existe una simple acumulación de ciencia y tecnología que favorece a quienes recién llegan al desarrollo” (H.W. Singer, La estrategia del desarrollo internacional. Ensayo sobre el atraso económico, México, fce, 1981); y Theodore W. Schultz señalaba que “para beneficiarse de los avances de las ciencias pertinentes logrados en otras partes del mundo, es necesario un cuerpo de científicos alternamente calificados”, subrayando, de manera específica, que “sería un grave error”

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suponer que la “investigación agrícola que se está llevando a cabo en los países de altos ingresos constituye un sustituto para las operaciones nacionales de investigación de alto nivel” (T. Schultz, “Aspectos económicos de la investigación agrícola”, en Carl K. Eicher y John M. Staatz (comps). Desarrollo agrícola en el Tercer Mundo, México, FCE, 1990).

Véase Miguel Angel Rivera, “El paradigma de la industrialización tardía y el aprendizaje tecnológico: repercusiones para México”, en Comercio Exterior, núm. 8, México, 1998; Armando Kuri Gaytan, “Competitividad y desarrollo tecnológico”, en J.L.Calva (coord.), Formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico y productividad, México, UG-Juan Pablos, 1997.

En los países desarrollados y en las experiencias exitosas de la llamada industrialización tardía en otras latitudes, existe un claro reconocimiento del carácter central que tienen la educación y la producción del conocimiento en el proceso de desarrollo (CEPAL, Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1992.

CEPAL, Educación y conocimiento, op. Cit.Véase Alberto Díaz Cayeros, Desarrollo económico e inequidad regional: Hacia

un nuevo pacto federal en México, Paris, 1998: J. Sempere y H. Sobrazo, “La descentralización fiscal en México. Algunas propuestas”, en Rogelio Arellano Cadena (comp.), México, Hacia un nuevo federalismo fiscal, México, FCE, 1996; y Mauricio Merino (coord.), en busca de la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano, México, COLMEX, 1994 y Cesar A. Herrera Toledo, “Las políticas del agua en México”, El Mercado de Valores, núm. 6, México, NAFIN, 1998.

Emilio Pradilla, “La política territorial y la configuración urbana regional”, en J.L.Calva (coord.), Desarrollo regional y urbano, México, Juan Pablos, 1995.

Estrictamente, México no cuenta con una política regional, sino con políticas sectoriales con marcadas dimensiones regionales. “Por ejemplo, las políticas de combate a la pobreza a pesar de que no se enfocan exclusivamente a la zona sur, ahí se les da una mejor importancia porque el sur tiene una mayor concentración de pobreza; las políticas para estimular la integración tecnológica tienen mayores efectos en las regiones que cuentan con sistemas de producción modernos. El gobierno federal no cuenta explícitamente con una política o estrategia territorial ex ante, la aplicación de las políticas sectoriales tiene efectos regionales diferenciados ex post” (OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, op. Cit.).

Alberto Díaz Cayeros, op. Cit.; y Mauricio de Maria y Campos, “El Sur de México, Necesidad de una Política de Desarrollo Regional”, en El Mercado de Valores, núm. 8, México, NAFIN, 1998.

A. Díaz Cayeros, op. Cit. Leonardo Curzio, “El desarrollo regional frente al proceso de integración económica”, en J.L.Calva (coord.) Desarrollo regional y urbano, Tomo I México, Instituto de Geografía, UNAM-CUCSH-UG-Juan Pablos, 1995.

Comunidad Europea, El tratado de la Unión Europea, Madrid, 1992; José Antonio Nieto Solis, Fundamentos y políticas de la Unión Europea, Madrid, Siglo XXI, 1998; y Clemente Ruíz Durán, “Globalización y desarrollo territorial: el caso de Europa”, en El mercado de valores, núm. I, México, NAFIN, 1999.

Véase Antonio Sánchez Bernal, “El municipio emprendedor: finanzas públicas y desarrollo local”, en David E. Loret y Basilio Verduzco, Demografía, trabajo y municipio en el occidente de México, México, UC-UCLA Juan Pablos, 1997; Rogelio Arellano Cadena (comp.), México: hacia un nuevo federalismo

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fiscal, op. Cit.; Carlos Alba, Ilan Bizberg, Helene Riviere (comps.) Las regiones ante la globalización, México, CEMCA-ORSTOM-COLMEX, 1998.

Véase V.M. Toledo, J. Carabias, C. Toledo y C. González Pacheco, La producción rural en México: Alternativas ecológicas, México, Fundación Universo Veintiuno, 1989; Victor Manuel Toledo, “El proceso de ganaderización y la destrucción biológica y ecológica en México”, en Enrique Leff (coord.). Medio ambiente y desarrollo en México, México CIIH, UNAM-Porrua, 1990; Instituto Nacional de Ecología (Sedesol), Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1993-1994, México, 1994.

Véase OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, Perspectivas, Paris, 1998; y M. Ricker, A. Chávez-Negrete, B. Chong. T. I. Fortoul y R. Torres, “Daños a la salud por la contaminación del aire en la ciudad de México y una propuesta para promover el auto eléctrico”, en Investigación Económica, núm. 227, México, FE-UNAM, 1999.

Véase OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, op. Cit.

Véase Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Programa del medio ambiente 1995-2000, México, 1995.

OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, op. Cit.Instituto Nacional de Ecología (Sedesol), Informe de la situación general

en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1991-1992, México, 1993, Semarnap-pnud, México, Escenarios económicos de largo plazo y efectos sobre la utilización de recursos naturales, México, Semarnap, 1999; y OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, op. Cit.

Enrique Leff, “Economía y democracia: las alternativas para el desarrollo sustentable y equitativo”, en J. L. Calva (coord.), Sustentabilidad y desarrollo ambiental, México, Juan Pablos, 1996.

Véase Enrique Provencio, “Políticas e instrumentos económicos para el desarrollo sustentable”, en J. L. Calva (coord.), Sustentabilidad y desarrollo ambiental, op. Cit.

Gabriel Quadri, “Economía, sustentabilidad y política ambiental”, en J.L.Calva (coord.)d Sustentabilidad y desarrollo ambiental, op. Cit.

Véase Carlos Toledo Manssur, “Propuestas globales para el desarrollo rural sustentable”, en J.L. Calva (coord.) Sustentabilidad y desarrollo ambiental, op. Cit.; y Enrique Leff. “Economía y democracia: las alternativas para el desarrollo sustentable y equitativo”, op. Cit.

Con base en Miguel de la Madrid, Quinto informe de gobierno, Anexo estadístico, México, 1987; y Ernesto Zedillo, Quinto informe de gobierno, anexo estadístico, México, 1999.

Con base en Comisión Nacional de Alimentación-INEGI, El sector alimentario en México, edición 1993; INEGI, Boletín de información oportuna del sector alimentario, junio de 1999, y Banrural, Boletín de prensa núm. 67, 13 de febrero de 2000.

Véase J.L.Calva, La disputa por la tierra, México, Fontamara, 1993.Véase entre otros, Yujiro Hayami y Vernon W. Ruttan, Desarrollo

agrícola, Una perspectiva internacional, México, FCE, 1992; Bruce F. Johnston y P. Kilby, Agrícultura y transformación estructural México, FCE,.1980.

Jose Luis Calva, Los campesinos y su devenir enlas economías de mercado, México Siglo XXI, 1988.

45

Véanse Jesús Puente Leyva, “Acumulación de capital y crecimiento del sector agropecuario de México: 1930-1967”, en I. Martínez (comp.), Bienestar campesino y desarrollo económico, México, FCE, 1971; y CESPA-SARH, El desarrollo agropecuario de México: pasado y perspectivas, México, SARH, 1982, entre otros.

Véase Luis Gómez Olivier, La política agrícola en el nuevo estilo de desarrollo latinoamericano, Santiago de Chile, FAO, 1994, y Roger Bartram Estructura agraria y clases sociales en México, México, era, 1974, entre otros.

G. Edgard Schuh, “La economía política del desarrollo rural en América Latina: comentario”, en Carl K. Eicher y Jonh M. Staatz (comps.), Desarrollo agrícola en el Tercer Mundo, México, FCE, 1991.

CESPA-SARH, op. Cit.; para 1980-1984, Nafinsa, La economía mexicana en cifras, México, 1986; para 1985-1986, INEGI, Estadísticas del Comercio Exterior, México.

José Luis Calva, op. Cit.; Guillermo Foladori, Polémica en torno a las teorías del campesinado, México, INAH, 1980, y Dirección General de Estadística, Primer Censo Ejidal 1935, Resumen General, México, DAPP, 1937; Idem, Segundo Censo Ejidal de los eum. 1940, Resumen general, México 1949; Idem. III, IV y V Censos Agrícolas Ganadero y Ejidal de 1950, 1960 y 1970.

Salomón Eckstein, “La producción agrícola en la economía nacional”, en Sergio Reyes Osorio, et. Al., Estructura agraria y desarrollo agrícola, México, FCE, 1974.

Cynthia Hewitt de Alcántara, La modernización de la agrícultura mexicana 1940-1970, México, Siglo XXI, 1978.

José Luis Calva, Crisis Agrícola y alimentaria en México, 1982-1988, Fontamara, México, 1988.

Con base en Dirección General de Economía Agrícola, SARH, Econotecnia Agrícola, vol. VI, núm. 11, México, 1982 y Banco de México, Indicadores económicos.

Véanse Fernando Rello, El campo enla encrucijada nacional, México, sep. 1986; y CESPA-SARH, op. Cit., entre otros.

José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México, op. Cit., y CESPA-SARH, op. Cit.

Véase segunda sección, capítulo II.Grupo de Trabajo INEGI-Banco de México-SHCP-Secofi, Estadísticas

de Comercio Exterior; y Banco de México, Indicadores económicos. Carpeta mensual.

Véase Cynthia Calva,Herwitt de Alcantara, op. Cit., y José Luis Calva, Los campesinos y su devenir en las economías de mercado, op. Cit.

Véase arriba, segunda sección, capítulo II. Véase también Banamex-División de Estudios Económicos y Sociales, México Social 1996-1998, México, 1998; y J.l.Calva, “Costos sociales de la reforma neoliberal del Estado y principios de una estrategia alternativa”, en Carlos Vilas (coord.), Estado y políticas sociales después del ajuste, Caracas, UNAM-Nueva Sociedad, 1995.

Ugo Pipitone, “La agricultura en el desarrollo: un eslabón olvidado”, en Investigación Económica, núm. 216 México, 1996, y Luis Gómez Olivier, “El papel de la agrícultura en el desarrollo de México2, loc. Cit.

FAO, Macroeconomía y políticas agrícolas: una guía metodológica, Roma, 1995.

46

Véase José Luis Calva (coord.). Globalización y bloques económicos. Realidades y mitos. México, Juan Pablos, 1994.

SARH, Inventarios de infraestructura rural ociosa, México, 1993.Antonio Turrent, “Aprovechamiento de la tierra de labor, tecnologías y

posibilidades de autosuficiencia alimentaria”, en José Luis Calva (coord.) Alternativas para el campo mexicano, México Fontamara-Fundación Friedrich Ebert-Pual-UNAM, 1993; Gaiska Asteinza, “Tecnologías alternativas en el campo mexicano”, en José Luis Calva (coord.), Alternativas para el campo mexicano, op. Cit. Y Rodolfo Quintero, “La biotecnología moderna y el campo mexicano”, en Josè Luis Calva (coord.). Alternativas para el campo mexicano, op. Cit.

Véase R. Schventesius, M.A. Gómez Cruz y J.L.Calva, « Las carteras vencidas del sector agropecuario », en J.L.Calva, (coord.), liberalización de los mercados financieros. Resultados y alternativas, México, Juan Pablos, 1996; y J.L.Calva (coord.) Liberalización de los mercados financieros, op. Cit.

Véase Albert Berry R. y William R. Cline, Agrarian structure and productivity in developing countries, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1979; U.S. Departament of Commerce, Bureau of the Census, 1978 Censos of agriculture, Washington, 1979, Ministerio de Agricultura en España, Red contable agrícola naciona. Resultados empresariales, Madrid, 1982; FAO, Comparaciones internacionales de la producción y la productividad agropecuaria, Roma, 1993; y, entre otros, J.L.Calva, “Principios fundamentals de un modelo de desarrollo agropecuario adecuado para México”, en J.L.Calva, (coord.), Alternativas para el campo mexicano, op. Cit.

Véase Alfonso Cebreros, “La reorganización productiva del campo mexicano”, en Comercio Exterior, núm. 9, México, 1990; José Luis Negrin, Análisis del minifundio en el agro mexicano, Comparación de productividad entre unidades agrícolas grandes y pequeñas, México, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Lucas Alamán,A.C. 1991, entre otros.

LOS FRAILES DEL SIGLO XX

LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS.

Luis González.

Luis González y González (1925-) Historiador mexicano.Nació en San José de Gracia, Michoacán. Estudió historia en El Colegio de México, asistió a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El Colegio de Francia y El Colegio Nacional de México. Fue becario del gobierno de Francia y de la Fundación Rockefeller.

Fue presidencia de la Sociedad Mexicana de Historia y director de Historia mexicana. Elaboró entradas para las enciclopedias: Metódica Larousse, Enciclopedia de México, The New Catholic y Grolier.

Actualmente es profesor e Investigador de El Colegio de México y El Colegio de Michoacán. Es colaborador de las revistas: Historia de América, Cahiers L’Histoire Mondiale, América indígena y Humanistas. Pertenece a varias corporaciones académicas, entre otras, a la Academia Mexicana de Historia, correspondiente de la Real de Madrid y de la Real Academia de la

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Historia correspondiente de la de España. Es miembro extranjero de la Académie des Sciences, Agricultura, Arts et Belles Lettres de aix en Provence, Francia, Ingresó a El colegio Nacional el 8 de noviembre de 1978.

Por Pueblo en Vilo obtuvo el Premio Harina de la American Historial Association. Recibió el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía y se le nombró miembro de la Crónica de la Ciudad de México.

Entre los numerosos títulos de sus obras podemos mencionar: El indio en la era liberal; El oficio de historiar; Invitación a la microhistoria; La magia de la Nueva España; La querencia; Los artífices del cardenismo; Los días del presidente Cárdenas; Galería de la Reforma; Jerónimo de Mendieta, Vida y Pasión; Todo es historia; Los balances periódicos de la revolución Mexicana; La tierra donde estamos. (Apuntes de historia regional y local del occidente de México); Liberalismo triunfante (1867-1911); Zamora; Sahuayo; Michoacán;d La ronda de las generaciones; Los protagonistas de la Reforma y la Revolución Mexicana; El entuerto de la conquista y Preludios, lirismos y silenter. Los senderos ocultos.

Del periódico: Suplemento Político de Uno más uno, domingo 27 de julio de 1983.

LOS FRAILES DEL SIGLO XX

LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS.

Hay un disco, cassette o rollo que abre todas las juntas de personas preocupadas por el quehacer universitario de México. Es un disco con la siguiente cantaleta: “Los propósitos de la vida universitaria son: formar profesionistas para el beneficio directo de la población del país y para su desarrollo económico independiente y con justicia social; hacer investigación científico-tecnológica, dando preferencia a la que se ocupe en resolver los problemas de las masas populares y difundir cultura para superar las injusticias que padece el pueblo raso”. Tal es la imagen idílica de la universidad mexicana; tales los principios establecidos por la ley para nuestras universidades.

Aquí no vamos a partir de un concepto abstracto e idílico de la educación superior en nuestro país, donde sólo acceden a la vida universitaria los jóvenes en pòsibilidad de disponer del propio tiempo, no aquéllos con obligación de trabajar desde antes de los l6 años. Aunque se insiste en que la universidad está abierta para todos, para la gente de cualquiera de los niveles sociales, lo cierto es que resulta inaccesible para la mayoría de los trabajadores. Quiérase o no, las universidades, y no sólo las privadas, tienen aire etilista. Son ya, sin duda, instituciones masivas, pero no de masas trabajadoras. La mayoría de su alumnado proviene de los grupos medio y alto de la sociedad mexicana, de la parte de la nación prófuga del arado, la coa, el metate y el martillo. El origen social de nuestros universitarios no es el más a propósito para la redención de indios, guarachudos y overolados.

Como quiera, las instituciones universitarias de México logran, pese a todo, cierta proyección social. Lo común es que nuestras universidades produzcan cuatro perfiles de egresados: los especuladores, los poderosos, los

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especulativos y los humanistas. Los primeros buscan ganarse la vida sin sudores y sobradamente; los segundos viven suspirando por obtener ascenso en su status social; los terceros no cesan en el aprendizaje y los últimos, quieren ganar amigos, y tienen vocación de servidores.

Quizá la mayor parte de los profesionistas se dejan llevar por la ambición y apetencia de medro, se sirven del título como patente de corso para enriquecerse aprisa, sin rigor y sin riesgo. Los profesionistas especuladores hacen poco que valga la pena. Es un vulgo del cual no cabe exigir actitud generosa. Una manera de hacerse ilusiones es pedirle peras al olmo. De los interiorizados por el egoísmo, sólo puede esperarse que tengan un mínimo de honestidad y no atenten contra la vida, la hacienda y la honra del prójimo, y que sean hábiles y contribuyan, sin proponérselo, a la salud de la gente, al desarrollo económico del país y a la paz social. El joven que no logra sobreponerse a la crianza impartida en muchos hogares clase medieros y chics, no podrá ser el que modifique el estado de injusticia social de México; pero, con un poco de vergüenza y si se recicla frecuentemente, está capacitado para contribuir, en pequeñas dosis, al mejoramiento de la vida comunitaria. Muchos economistas, contadores, administradores de empresas, estadísticos, financieros y abogados no contribuyen de manera significativa al bien común.

Desde el punto de vista del bien social, no son muy útiles los centaveros. Son preferibles los inclinados a imponer a otros la propia voluntad, los que se desviven por la adquisición de súbditos y administradores, las personas que buscan poder, pero no necesariamente con el propósito de convertir a los demás en alfombras. Muchos de los anhelantes a mirar el prójimo de arriba hacia abajo pueden convertirse en dinámicos capitanes de industria o en buenos profesores de la enseñanza media, especial y superior. Muchos escapan a las condiciones de sobajamiento sufridas en su hogar por la puerta de los cargos públicos. Para nadie es un secreto que, en la actualidad, la cúpula de la vasta clase política se construye mayoritariamente con egresados de las escuelas universitarias, ya no con héroes de los campos de batalla ni con picos de oro sin estudio. También es obvio que desde los puestos públicos, si los desempeñan personas capaces y con un mínimo de integridad, cabe hacer una labor cívica admirable. Como quiera, tampoco se pueden poner las mejores esperanzas en los egresados con propósitos de ascenso social, en gente que sueña en nichos, en dar órdenes y en recibir aplausos.

Cabe esperar mejores cosas de un tercer tipo de egresados egoístas. Con los que siguen de estudiantes después de salir de universidad, con los movidos por las simples ganas de saber, se forman los sectores de investigación del país. Se trata de alumnos que egresan con mayor número de dudas que de conocimientos, de jóvenes que rara vez se vuelven ricos, maestros notables o políticos de fuste. La gente con gusto por la investigación es un poco chiflada y suele servir a su sociedad, sin pretender hacerlo, sólo con descubrimientos de nuevas provincias del saber y del hacer. Los investigadores, aun cuando emprendan el cultivo de la ciencia pura, son útiles. Si se ocupan de resolver los problemas urgentes del mundo que los rodea pueden alcanzar la categoría de grandes servidores públicos, de héroes civiles. Al contrario del egoísmo de los otros profesionistas, el egoísmo de los investigadores se cotiza bien, es respetable. Seguramente la gana por el saber conduce a la desgana por problemas sociales de aquí y ahora, pero joie de vivre y distracción del sabio suele traducirse en beneficio social.

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Hoy todo hombre necesita su dosis cotidiana de saberes científicos. Este es el período de apogeo de la ciencia. La mayoría de los seres pensantes creen en el conocimiento científico como supuesto esencial del mundo civilizado. Se asegura que ningún país escapa al cientificismo. Se dice donde quiera: “vivamos plenamente esta fase científica de la historia haciéndonos de muchos investigadores, mimando la actividad científica”.Se dice también: “Si no queremos ser una nación dependiente, requerimos de nuestra propia ciencia y tecnología; necesitamos sacudir la dependencia tecnológica; es perentorio formar ejércitos de científicos que aseguren el desarrollo independiente de México.” Como quiera, no serán los investigadores, no será el servicio de investigación de las universidades el que logre sacar al buey de la barranca, el que permita la redención de la parte menos socorrida de la República y la marcha pareja, sin dolorosos contrastes de riqueza y pobreza, de sabiduría e ignorancia, de todos los mexicanos. El progreso técnico y científico sin sólido fundamento moral y amplitud de miras sólo consigue alivios momentáneos.

Describiré a las volandas al profesionista que requiere México para convertirse en un país libre, igualitario, fuerte y seguro de sí mismo. En algo se asemeja a los misioneros españoles del siglo XVI. El humanista egresado de nuestras instituciones universitarias no es una simple entelequia. De tal especie fueron Lucas Alamán, Justo Sierra, José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Agustín Yánez, Daniel Cosío Villegas y otros. Forman parte de este grupo de profesionistas que sobreponen al beneficio propio, el sentimiento de culpa, la cortesía, el amor a la morada humana, el sentido crítico, la indignación ante las injusticias, el goce de los bienes culturales, la camaradería, el ímpetu de amistad y cuatitud.

Con gente de estructura humanística se ejerce la tercera obligación de los institutos universitarios que, aunque lleve el nombre de difusión cultural, no sólo es eso. El deber aludido no se cumple con el arrojo de migajas de alta cultura al pueblo inculto, al que los despistados conciben más candoroso de lo que es. El verdadero humanista no cree que baste poner el saber universitario al servicio de la colectividad para salvarla. El buen humanista no presupone la idea del pueblo vacío de cultura y del universitario poseedor de todos los valores culturales. El humanista auténtico ve cómo la actual cultura mexicana tiene un origen principalmente popular. Dentro de los términos del nuevo humanismo, se establece una relación dialógico-comunicativa, un proceso de interacción entre los marginados y los que están en el candelero a fin de que todos terminen en éste y en sana paz. El redentorismo que buscan algunos universitarios, que se creen poseedores no sólo del dinero y las enseñanzas de la ciencia, es absurdo desde el momento en que ignora el nutrido tesoro popular. Las actitudes paternalistas de ricachones, autoridades y sabios no conducen a la anhelada redención del pueblo.

El humanista puede ser la punta de lanza de la transformación de México, en un sentido de mejoría, porque es consciente de que el agro –para citar un ejemplo- se halla en una fase precientífica y pretecnológica, y que por lo mismo puede recibir una enorme ayuda de quienes se han preparado en las disciplinas de la ciencia y la tecnología; pero la misma especie de hombres es consciente de que el agro posee valores sensibles, emotivos, éticos y estéticos que deben incorporar a su cultura las personas urbanas de formación universitaria. El egresado con espíritu humanístico es el que sabe lo que puede dar al pueblo y lo que puede recibir del pueblo.

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José Vasconcelos dijo lo necesario acerca de las relaciones entre la universidad y el pueblo. En una ocasión se dirige a las personas de cultura universitaria en estos términos: “Vengo a pedir a los intelectuales que salgande sus torres de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución para la obra de redimirnos mediante el trabajo con el pueblo, la virtud y el saber. “En otra ocasión escribe: “El progreso de la justicia en el mundo no podrá ser un hecho en tanto no se realice la unión íntima de los proletarios… con los obreros de la inteligencia. Sólo el contacto íntimo de los trabajadores con los intelectuales puede producir un renacimiento espiritual” que coloque a nuestra patria a la altura de los tiempos por venir.

Mucho más preocupante que la devaluación del peso debe ser la devaluación de valores de la cultura mexicana. No serán los hombres-máquina-de-hacer-dinero, ni los lanza órdenes y penas, ni los científicos y tecnológicos lo que saquen a México de la crisis de fondo, lo que suban e igualen el nivel de vida de los mexicanos. Como quiera, todos ellos pueden coadyuvar a la obra de salvamento a través del liderazgo humanístico de los frailes a lo siglo XX que deben caracterizarse por las pestañas quemadas en el estudio, por los sentimientos humanitarios y por la voluntad de servir al prójimo.

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