memoria de la sexta mesa redonda 2

“Sexta Mesa Redonda”

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La materia electoral en la justicia constitucional local Cynthia Chanut Esperón

I. Introducción

De los artículos 40, 73 y 124 de nuestra Constitución se desprende, por un lado, que en el

sistema federal existe una doble pirámide normativa, siguiendo la concepción piramidal

kelseniana: por un lado, la pirámide federal, integrada por aquellas materias enumeradas

en el artículo 73, incluyendo las facultades implícitas, y por otro, la pirámide local,

compuesta por el resto de materias no atribuidas constitucionalmente a la Federación. Por

encima de ambas pirámides se encuentra la Constitución federal. Sin embargo, entre

ambas no existe relación jerárquica, sino que se trata de competencias distintas.1

Por otra parte, de estos numerales se deriva que en la forma federal del Estado

mexicano existen dos niveles de organización judicial: uno federal y otro local. Esto implica

que el Poder Judicial está dividido en dos niveles, los cuales debieran ser, de acuerdo con

la teoría federal, independientes uno del otro. Sin embargo, la realidad apunta que el

ámbito de justicia local se encuentra –o tal vez, se encontraba— en un orden subordinado

y dependiente del ámbito federal.

El derecho electoral mexicano sin duda ha experimentado una evolución importante que

se advierte fácilmente al comparar el texto original de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, de 1917, con el vigente. El proceso de transición democrática

en nuestro país, que inició con cuestiones relacionadas con la organización y calificación de

elecciones, ha derivado en una reforma electoral en el ámbito federal, con implicaciones

indubitables en las entidades federativas.

1 En efecto, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que entre la legislación federal y local no existe relación jerárquica, sino competencia determinada por la Constitución general, pues su artículo 133 no establece ninguna relación de tal naturaleza entre las legislaciones federal y locales, sino que, en caso de una aparente contradicción entre ellas, se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir esa ley de acuerdo con el sistema de competencia que la norma fundamental establece en su artículo 124, en tanto que todas las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación, se entienden reservadas a los Estados. Cfr. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Judicial de la Federación 1917‐1995, tomo I (materia constitucional), México, 1995, p. 185, tesis: “LEGISLACIÓN FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN”.

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En efecto, dado que muchas de las disposiciones que rigen el sistema electoral federal,

rigen también los de los estados, los sistemas locales han tenido que adecuar su norma

interna para ajustarla al texto de la Constitución federal. Sin embargo, algunas otras reglas

se han mantenido dentro de la competencia local, y también han sufrido modificaciones

importantes desde el texto Constitucional federal.

En la primera parte del presente trabajo se atiende a la distribución de competencias

entre la Federación y los estados y algunos cuestionamientos sobre el desequilibrio entre

las jurisdicciones locales y la federal derivados de la estructura de nuestro sistema jurídico,

de lo cual la justicia electoral no está exenta.

En segundo lugar, se da un panorama general sobre las fuentes que informan los

derechos electorales que, como mínimo, deben prever las constituciones y legislaciones

locales, a saber: la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia, y la

referencia a su dispersión en el texto constitucional.

En tercer lugar, se analiza lo que hemos denominado “bases fundamentales del Derecho

Electoral Local en la Constitución Federal”, es decir, las garantías y directrices previstas por

la Constitución federal conforme a las cuales deberán ajustarse las legislaturas locales al

regular la materia electoral, por ejemplo, en materia de elección de gobernadores, de

integración y designación de las legislaturas locales; en la regulación de los procedimientos

electorales estatales, de los medios de impugnación electoral y las garantías de autonomía

administrativa y jurisdiccional.

En este último apartado, se analiza la estructura de los órganos jurisdiccionales

electorales locales en las diferentes entidades federativas con el objeto de dar un

panorama general al respecto e identificar tres aspectos: si pertenecen o no al poder

judicial del Estado, si son Tribunales o Salas, si son permanentes o temporales, y el marco

normativo local en que se sustenta lo anterior. De este análisis se obtiene un reporte

esquemático y gráfico.

Asimismo, en el rubro de autonomía administrativa y jurisdiccional, se aborda el estudio

del juicio de revisión constitucional electoral, como mecanismo de revisión constitucional

de los actos definitivos de las autoridades electorales locales a cargo del Tribunal Electoral


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del Poder Judicial de la Federación, y la forma en que sus determinaciones inciden en

la definitividad de la justicia electoral local. De la misma manera, se hace un análisis

estadístico y se presenta una gráfica.

Es importante señalar que el objetivo de esta presentación no es arribar a conclusiones

finales, sino, por el contrario, se trata de un análisis preliminar con el objeto de plantear

interrogantes sobre los actuales modelos de justicia electoral de las entidades federativas,

su relación con el sistema de justicia electoral federal y la interacción entre ambos, para así

poder empezar a desarrollar nuevos modelos.

II. Distribución de competencias entre la Federación y los estados

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado la existencia de cinco

órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal,

el del Distrito Federal y el constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el

sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, los estados, los municipios

y el Distrito Federal.2

Asimismo, el Tribunal Pleno ha distinguido entre “leyes federales” y “leyes generales”,

siendo aquéllas las que regulan atribuciones conferidas a determinados órganos con el

objeto de trascender únicamente al ámbito federal; mientras que las segundas son una

excepción al artículo 124 constitucional, ya que se dictan por el Congreso de la Unión por

disposición expresa de la Constitución, por lo cual son de obligatorio cumplimiento en

todos los órdenes jurídicos federales, locales, del Distrito Federal y municipales.3

Fundamentalmente encontramos en los artículos 40, 41, 115, 116 y 124 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el marco de distribución

de competencias entre la Federación y los estados.

2 ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 2005, Tesis: P./J. 136/2005, p. 2062. 3 LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Tesis: P. VII/2007, p. 5.


El artículo 40 de la CPEUM establece que nuestro país se instituye en una República

representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo

lo que concierne a su régimen interior, pero unidos todos en una Federación.

Esta libertad y soberanía no es absoluta, encuentra limitaciones como el artículo 41, al

disponer que las constituciones locales no pueden contravenir a la Federal, y el artículo

116, que prescribe la división del poder público de manera análoga al federal, es decir, en

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, aunque el artículo 124 reserva a los estados las

facultades que no estén expresamente conferidas a la Federación, ello debe ser en sintonía

con el artículo 115, es decir, sin que las autoridades estatales invadan la esfera

competencial de los municipios.4

Por tanto, el ámbito competencial de los estados se integra, en principio, por las

facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los municipios.5

En efecto, dado que muchas de las disposiciones que rigen el sistema electoral federal,

rigen también los de los estados, los sistemas locales han tenido que adecuar su norma

interna para ajustarla al texto de la Constitución federal. Sin embargo, algunas otras reglas

se han mantenido dentro de la competencia local, y también, han sufrido modificaciones

importantes desde el texto Constitucional federal.

Señalábamos que los dos niveles de organización judicial que existen en nuestro sistema

jurídico, el federal y el local, teóricamente son independientes uno del otro, pero que en la

realidad, la justicia local ha estado históricamente subordinada y dependiente del ámbito

federal.

Una primera explicación de esta posible subordinación de la legislación local a la federal

deriva del centralismo político y económico que el país ha vivido desde antaño,

principalmente debido a que el Congreso federal ha asumido facultades para legislar en

4 Por la particularidad de las bases constitucionales del sistema político-electoral del Distrito Federal, las mismas se excluye del presente trabajo. 5 Cfr. tesis: P./J. 81/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Para mayor abundamiento sobre las garantías constitucionales del derecho electoral local, Cfr. José Alfonso Herrera García, “Las garantías constitucionales del derecho electoral local”, Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2004.


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diversas áreas, desposeyendo a las entidades federativas de materias para legislar de

manera independiente, en atención al sistema de distribución de competencias del que

hablamos, y que también les ha generado un incremento del número de asuntos para

desahogar.6

Otra razón que explica el desequilibrio entre jurisdicciones es la facultad de que goza la

justicia federal en varios medios de impugnación para revisar las resoluciones de los

Tribunales locales, resolviéndose cuestiones de legalidad y de constitucionalidad local,

como sucede en el juicio de amparo directo. Esta naturaleza del amparo directo le confiere

una connotación de subordinación a la justicia local frente al ámbito federal. Además,

establece el problema de la “doble jurisdicción”, que acarrea un elevado costo económico

y de tiempo. Tal fenómeno, aunado al centralismo de facultades por parte del gobierno

federal, ha debilitado a los Poderes Judiciales de los estados, a pesar de que, la mayoría de

los litigios se originan en la justicia local. Es decir, la justicia local representa el primer

contacto de los gobernados con la administración de justicia; su debilitamiento, por tanto,

implica un grave obstáculo para un auténtico acceso a la justicia.

La existencia de esta subordinación jurisdiccional de los Tribunales locales produce

distintos efectos en el ordenamiento jurídico y en la organización estatal en su conjunto.

Una muy importante es que las entidades federativas no cuenten con las instituciones que

auténticamente resuelvan las controversias sobre la aplicación del derecho en última

instancia, lo que implica una falta de ejercicio autónomo del poder local y una debilidad

institucional ante la imposibilidad de que la interpretación que hagan de su propia

Constitución y leyes, prevalezca en definitiva, y de que sus criterios interpretativos

impacten en la administración de justicia del Estado, pues están sujetas al “visto bueno” de

la justicia federal.

Quizá lo más grave es la debilidad con la que queda estructurada la organización federal

en su conjunto ya que el ámbito local se ve subordinado totalmente a la jurisdicción

federal y, aún más grave es que ésta es la percepción más generalizada de la sociedad. Así,

6 Cfr. Cynthia Chanut Esperón, “El Poder Judicial de la Federación y la tutela de la independencia de los Poderes Judiciales Locales”, en La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, Manuel González Oropeza y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Coords.), Porrúa, México, 2006, pp. 91 y 92.


es común escuchar que en el país existe una justicia de dos calidades: la federal y la de los

estados; aquélla en constante desarrollo y ésta en el olvido, y que los ciudadanos se

sientan más seguros en manos de un juez federal que en las de un juez de los Estados,

etcétera.

En este contexto, más adelante analizaremos el caso de la justicia electoral local y el

impacto de la justicia electoral federal en sus resoluciones.

III. La Constitución federal como referente de los contenidos mínimos de las

constituciones locales

Del apartado anterior se desprende que la Constitución general establece únicamente

exigencias mínimas que los estados pueden ampliar o detallar en uso de la facultad

conferida en el artículo 124.

La propia Constitución federal no prevé límites expresos a la posibilidad de efectuar

reformas a las Constituciones locales, esto es, no prohíbe ni siquiera restringe la facultad

de los Congresos Estatales para modificar los textos de sus Constituciones, sino que señala

los principios que deberán respetar éstas a fin de lograr la armonía con los principios

fundamentales del Ordenamiento Supremo e impedir cualquier contradicción con el

mismo.7

En materia electoral, este principio se traduce en que los sistemas electorales estatales

deben observar las garantías electorales que la CPEUM establece como marco general,

pero pueden ampliarlas o fortalecerlas, siempre y cuando no las contravengan, y no

invadan competencias de la federación o de los municipios.

El Pleno de la Suprema Corte sostuvo este criterio desde el 2002, al resolver la

controversia constitucional 16/2000, en que se determinó que la facultad otorgada

7 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 53 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS QUE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE COMO CUESTIONES MÍNIMAS QUE LAS CONSTITUCIONES LOCALES DEBERÁN PLASMAR EN SUS TEXTOS. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de 2002, Tesis: P./J. 33/2002, p. 901.


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a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz para

conocer y resolver el juicio de protección de derechos humanos, previsto en la

Constitución Política de esa entidad federativa, no invade la esfera de atribuciones de los

Tribunales de la federación, pues aquél se limita a salvaguardar, exclusivamente, los

derechos humanos que establece el propio ordenamiento local. Con ello se reconoce la

facultad de las entidades federativas para establecer garantías diversas a las previstas en el

pacto federal y medios de impugnación para salvaguardarlas, lo cual no incide en el ámbito

competencial de la Federación.8

IV. El régimen interno del sistema electoral y su vinculación con los estándares

internacionales

El creciente interés en la aplicación y cumplimiento de los estándares internacionales,

sobre todo en el rubro del derecho internacional de los derechos humanos, no ha sido

ajeno a la materia electoral. En los últimos años México ha suscrito y ratificado importante

número de tratados internacionales en estos rubros, con lo cual se amplía el espectro de

derechos y se reconfigura el marco normativo aplicable.

En efecto, de acuerdo con la reciente interpretación de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación en torno al nivel jerárquico que ocupan los tratados internacionales de

conformidad con el artículo 133 constitucional, éstos se ubican jerárquicamente abajo

de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la

medida en que el Estado mexicano, al suscribirlos, contrae libremente obligaciones frente

a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de

derecho interno, y deben ser cumplidos o de lo contrario se incurre en responsabilidad

internacional del Estado, tal como lo establece la Convención de Viena Sobre el Derecho de

8 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD OTORGADA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN, PUES AQUÉL SE LIMITA A SALVAGUARDAR, EXCLUSIVAMENTE, LOS DERECHOS HUMANOS QUE ESTABLECE EL PROPIO ORDENAMIENTO LOCAL. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de 2002, Tesis: P. XXXIII/2002, p. 903.


los Tratados y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional

consuetudinario pacta sunt servanda.9

Asimismo, el Pleno de la Corte ha establecido que el principio de "supremacía

constitucional" implícito en el texto del artículo 133 constitucional se traduce en que la

Constitución federal, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados

internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión",

esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la

Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las

leyes generales.10

Conforme esta nueva interpretación más abierta y garantista, la Suprema Corte de

Justicia da un paso adelante respecto de sus criterios anteriores en cuanto a la ubicación

jerárquica de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico mexicano,

confiriéndoles ahora un lugar privilegiado al situarlos por encima de las leyes generales,

federales y locales, pero por debajo de la Constitución.

En consecuencia, no sólo la Constitución federal, sino también los tratados

internacionales, orientan los derechos que como mínimo deben prever y garantizar las

constituciones locales. Por tanto, el reconocimiento y tutela de los derechos político‐

electorales no se agota en el ordenamiento doméstico (sistema jurídico mexicano con tres

9 TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, abril de 2007, P. IX/2007, p. 6). 10 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, abril de 2007, Tesis: P. VIII/2007, p. 6.


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niveles: federal, local y municipal), sino se expande a través de las normas de derecho

internacional.

Hemos de recordar que el derecho internacional de los derechos humanos, y los

sistemas internacionales de protección de derechos humanos operan con base en el

principio de subsidiariedad, es decir, se aplican cuando hay fallas o deficiencias en el

ámbito interno, pero no lo substituyen, por el contrario, lo complementan.

Asimismo, el principio de derecho internacional conocido como pro homine o pro

persona, dispone que frente a dos posibles interpretaciones de una misma norma, se

aplique la que más favorezca al individuo. No sólo eso, conforme al criterio de

interpretación dinámica del derecho internacional, la interpretación de normas que

tutelan derechos debe hacerse de manera amplia y dinámica, mientras que las de aquellas

que los restringen, requieren de una interpretación también restrictiva.

Finalmente, los principios de pacta sunt servanda y de primacía del derecho

internacional sobre el interno, imponen a los Estados parte de los pactos internacionales a

cumplir los compromisos adquiridos en ellos y que las obligaciones asumidas por el Estado

en virtud de un pacto internacional, priman sobre las que establece su derecho interno.

Pero el derecho internacional no postula su primacía en la esfera del derecho interno de

los Estados, pues éstos deciden cómo se incorpora el derecho internacional en su

ordenamiento jurídico y el rango jerárquico que éste tiene en relación con sus normas

internas. El juez interno deberá aplicar las disposiciones de su ordenamiento interno, y si

éstas le obligan preferir el derecho interno sobre el internacional, habrá emitido una

resolución válida en el sistema jurídico interno, pero entrañará la responsabilidad del

Estado en el plano internacional.

Por tanto, la clave para cumplir satisfactoriamente con las normas internacionales e

internas, se dará en la medida en que los ordenamientos jurídicos nacionales se

encuentren preparados para cumplir con las normas internacionales.

De todo lo expuesto deriva un marco normativo del derecho internacional de los

derechos humanos que vincula al Estado mexicano en su conjunto, sin que la distribución

de competencias derivado de nuestro régimen federal, lo exima del cumplimiento de las


mismas ya que de lo contrario se incurre en responsabilidad internacional, aunque el acto

o resolución violatorio sean perfectamente conformes con la norma interna.

En lo que toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada vez más se refuerza la

tendencia a aplicar en sus resoluciones tratados internacionales. Sólo por citar un ejemplo,

al resolver los amparos en revisión 218/2008, 219/2008, 220/2008, 221/2008 y 229/2008,

en sesión de 19 de junio de 2008, en los que se impugnaron las modificaciones al anterior

sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador (legislación

vigente a partir del 1 de abril de 2007), se determinó que las mismas satisfacen los

estándares internacionales en materia de derechos humanos.11 Para ello se definió en

primer lugar los instrumentos internacionales que incorporan el derecho a la seguridad

social y sus alcances, para posteriormente confrontarlos con la norma impugnada.12 El

Pleno concluyó que la Ley del ISSSTE impugnada cubría los mínimos generales que

establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos no especializados en

seguridad social antes citados, así como con las prestaciones mínimas a que se refiere el

Convenio 102 sobre la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Incluso en la tesis aislada 2a. CV/2007, la Segunda Sala de la Corte se pronunció sobre la

conformidad del texto constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos,

respecto de las garantías de audiencia y de acceso a la justicia.13

11 Los amparos en revisión mencionados dieron lugar a la jurisprudencia de rubro y texto: ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2007). No puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de "San Salvador", adiciona a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983 (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Septiembre de 2009, Tesis: P./J. 124/2008, p. 37). 12 En ese sentido, se señaló que el derecho a la seguridad social se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 22 y 25); en el Pacto Internacional de Derechos Humanos (artículos 9, 10.2 y 10.3); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVI); en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26); en el protocolo de "San Salvador" en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9) y de manera especializada en el Convenio No. 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social (norma mínima). 13 DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA


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Asimismo, los tribunales federales tienen diversos criterios sobre la vinculación de los

tratados internacionales, incluso respecto de la procedencia del juicio de amparo. Así por

ejemplo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene la

procedencia del amparo contra leyes o actos contrarios a los tratados internacionales

suscritos por México, por formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión.14 Por su parte,

el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que

cuando los tratados internacionales reglamentan y amplían los derechos fundamentales

tutelados por la Carta Magna, deben aplicarse sobre las leyes federales que no lo hacen,

máxime cuando otras leyes también federales, los complementan.15

En materia electoral resulta de especial interés lo dispuesto por la Convención

Americana sobre derechos humanos, al respecto el artículo 23 dispone lo siguiente:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de

representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los

electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su

país.

CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, agosto de 2007, p. 635, Tesis: 2a. CV/2007. 14 DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Agosto de 2008, p. 1083, Tesis: I.7o.C.46 K. 15 TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, septiembre de 2004, p. 1896, Tesis: I.4o.A.440 A.


2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

El precepto transcrito determina que los ciudadanos deben gozar de los siguientes

derechos y oportunidades: 1. participar en la dirección de los asuntos públicos,

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 2. votar y ser elegidos

en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto

secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores; y 3. tener acceso, en

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Otros derechos vinculados con la materia electoral, tutelados por la citada Convención

son, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de réplica e incluso el derecho a la

tutela judicial.16

Es importante señalar que en reiteradas ocasiones la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha realizado el análisis de los casos respectivos a la luz,

entre otros ordenamientos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sería interesante sin duda identificar a nivel local los casos en los que los órganos de

impartición de justicia de las entidades federativas resuelven los asuntos invocando

tratados o jurisprudencia internacional.

En este rubro podría reflexionarse sobre la conveniencia de transitar hacia modelos que,

como ocurre en varios países de la región, posibilitan la aplicación directa y resolución de

los casos con base en jurisprudencia y normas internacionales, aun de manera preferente a

la norma interna e incluso por encima de la Constitución. Algunos países han resuelto este

problema desde el marco constitucional, previendo en ésta la incorporación de los

tratados internacionales en materia de derechos humanos al sistema jurídico interno.

16 Al final del presente trabajo se reproducen algunos preceptos que tutelan derechos electorales en tratados internacionales de los que México es parte.


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V. Dispersión normativa de los principios constitucionales del derecho electoral local

Los principios que la Constitución federal establece para que los estados regulen la materia

electoral en sus respectivas Constituciones, son abundantes y se encuentran dispersos en

el texto constitucional, debido a la vinculación existente entre varias de las instituciones

electorales federales, con las locales y municipales; y además, como se dijo, con las normas

de derecho internacional sobre la materia, derivadas de los pactos en los que México

es parte.

Sin embargo, nos enfocaremos a comentar las normas constitucionales del derecho

electoral local que tienen incidencia directa en el ámbito local, dejándose de lado aquellas

que si bien le son aplicables, no lo son de manera exclusiva, como serían la libertad de

expresión (artículo 6); el derecho de petición en materia política (artículo 8); el derecho

de asociación y reunión en materia política (artículo 9); prohibición a los extranjeros a

participar en los asuntos políticos (artículo 33); la calidad jurídica de ciudadano de la

República (artículo 34); los derechos de los ciudadanos a votar, a ser votados, de asociarse

para participar en asuntos políticos y de ejercer el derecho de petición en materia política

(artículo 35); las obligaciones de los ciudadanos a votar y a desempeñar los cargos de

elección popular para los que hubieren sido elegidos (artículo 36); la suspensión de las

prerrogativas ciudadanas por falta de cumplimento de las obligaciones aludidas (artículo

38); la consagración constitucional, finalidad y prerrogativas de los partidos políticos

(artículo 41); etcétera.

Pero el precepto toral que informa el derecho electoral local es el artículo 116 de la

Constitución, que contiene las directrices conforme a las cuales los estados deben dividir el

ejercicio del poder público, que son como hemos dicho, los requisitos mínimos que deben

satisfacer las Constituciones locales, pero pueden ser ampliados en áreas de una mejor y

más benéfica regulación, siempre que no contravengan al Pacto Federal.


VI. Bases fundamentales del derecho electoral local en la Constitución federal

1. Obligaciones de los ciudadanos en materia político‐electoral

El artículo 34 constitucional establece los requisitos para ser ciudadano mexicano, a saber,

ser mexicano, haber cumplido 18 años, y tener un modo honesto de vivir. Por su parte, el

artículo 36 en sus fracciones IV y V señala las obligaciones de los ciudadanos en materia

electoral, que consisten en desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o

de los Estados (fracción IV) y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida,

las funciones electorales y las de jurado (fracción V).

Es cuestionable la vigencia de estas obligaciones para los ciudadanos, máxime que en

términos del artículo 38, fracción I, el incumplimiento de las mismas sin causa justificada

acarrea la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por un año,

además de las demás penas aplicables.

2. Elección de gobernador del Estado

El artículo 116, fracción I, contiene los requisitos que las constituciones locales deberán

prever en la elección y nombramiento de los gobernadores de los estados.

Se establece la duración máxima de 6 años en el cargo y los requisitos personales para

ser gobernador constitucional de un estado: ciudadano mexicano por nacimiento y nativo

de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día

de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece

la Constitución Política de la Entidad Federativa.

Asimismo, se consagran los principios de prohibiciones absoluta y relativa de reelección

para el cargo de gobernador, según se trate de aquellos electos popularmente, en forma

ordinaria o extraordinaria; o de aquellos que hayan ocupado el cargo en la modalidad de

gobernador sustituto, interino, provisional, suplente o designado para concluir un periodo.

3. Elección de las legislaturas locales

Las directrices para integración y elección de las legislaturas locales se prevén en la

fracción II, del artículo 116 constitucional.


111111999

Se establece el número de representantes en las legislaturas de los Estados proporcional

al número de habitantes; la integración de las legislaturas de los Estados con diputados

elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los

términos que señalen sus leyes; y el principio de no reelección absoluta y relativa.

4. Garantías y principios en las elecciones locales

El artículo 116, fracción III, establece las garantías que las Constituciones y leyes de los

Estados en materia electoral deberán tutelar.

El inciso a) consagra la garantía del sufragio universal, libre, secreto y directo en los

procedimientos electorales por medio de los cuales se elige al gobernador del Estado, a los

diputados al Congreso local, así como a los presidentes municipales, síndicos y regidores

de los ayuntamientos.

De acuerdo con el inciso b) del citado precepto constitucional, el ejercicio de la función

electoral deberá realizarse con base en cinco principios constitucionales básicos: el de

legalidad, el de imparcialidad, el de objetividad, el de certeza y el de independencia.

En la jurisprudencia 1/2003, el Tribunal Pleno determinó que el alcance de la citada

norma constitucional, no sólo consiste en que el legislador local deba establecer en sus

normas todas las disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las

autoridades electorales se rijan por dichos principios, sino que también comprende la

conformación orgánica de esos entes, dado que los principios antes mencionados fueron

establecidos atendiendo a la naturaleza y características que deben de poseer las

autoridades electorales en cuanto que son responsables del desarrollo de procesos

electorales confiables y transparentes. Así, debe estimarse que los principios de legalidad,

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia a que alude la Constitución federal,

tienen como finalidad tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades electorales

estatales, como la conformación de las mismas.17

17 AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, febrero de 2003, Tesis: P./J. 1/2003, p. 617.


5. Garantías de autonomía administrativa y jurisdiccional

El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución general, ordena que las autoridades

que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan

las controversias en la materia, deberán gozar de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones.

Esta autonomía se refiere a cuatro aspectos: el político, el financiero, el jurídico y el

administrativo.18 La autonomía política significa que los órganos deben funcionar sin

sujeción a algún otro; la financiera garantiza la independencia desde el punto de vista

económico; la jurídica consiste en las atribuciones del órgano para regular su operación y

funcionamiento; y la administrativa faculta al órgano electoral para establecer los

parámetros de su organización interna.19

La organización de las elecciones en los estados se realiza a través de organismos

autónomos permanentes que reciben disímbolas denominaciones. En algunos reciben el

nombre de Instituto, en otros Consejo y en otros Comisión.

El régimen de la organización y conformación de los órganos jurisdiccionales electorales

en los estados, no es uniforme. Entre otras, encontramos diferencias en su incorporación o

no al Poder Judicial estatal, si se conforman como Tribunales o como Salas, si son

temporales o permanentes, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Estructura de los órganos electorales locales

Estado PJ

F

No

PJF

Sala Tribunal Permanente Tempor

al

Fundamento

constitucional

local20

Aguascalientes X X X Art. 17, apdo. B,

pfo. 13

18 María del Pilar Hernández, “Autonomía de los órganos electorales”, en Reforma judicial. Revista mexicana de justicia, México, núm. 1, enero-junio 2003, pp. 79-90. 19 Idem. 20 Fuente: Dirección General del Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Octubre de 2009.


111222111

Baja California X X X Art. 57 , pfo. 1 y 6

Baja California

Sur

X X X Art. 87

Campeche X X X Art. 77

Coahuila X X X Art. 11 fr. IV, pfo.

2

Colima X X X Art. 86 bis, inciso

a), numeral 3,

apdo. B, fr.V y VI

Chiapas X X X Art. 14 bis, apdo.

B, fr. III y 49 pfo.

4

Chihuahua X X X Art. 37

Durango X X X Art. 90

Estado de

México

X X X Art. 13, pfo. 2

Guanajuato X X X Art. 31, pfo. 10

Guerrero X X X Art. 25, inciso c),

pfo. 9

Hidalgo X X X Art. 93

Jalisco X X X Art. 56, pfo. 1

Michoacán X X X Art. 98, A, pfo. 3

Morelos X X X Art. 86 pfo. 1


Nayarit X X X Art. 135 apdo. d),

47 fr. XIX y 60 fr.

III

Nuevo León X X X Art. 43 pfo. 1

Oaxaca X X X Art. 25 apdo. E

Puebla X X X Art. 3, fr. IV

Querétaro X X X Transitorio

Quinto de la

reforma 12 de

septiembre

de 1996

Quintana Roo X X X Art. 49 fracc. II,

pfo. 7

San Luis Potosí X X X Art. 32

Sinaloa X X X Art.15 pfo 4

Sonora X X X Art. 22 inciso d)

pfo. 6

Tabasco X X X Art. 63 bis

Tamaulipas X X X Art. 20 fracc. IV

Tlaxcala X X X Transitorio

Tercero de la

reforma del 12

de enero de 2007

Veracruz X X X Art. 55

Yucatán X X X Art. 16 apdo. C,

fracc. III


111222333

Zacatecas X X X Art. 90

Distrito

Federal

X X X Art. 176 Código

Electoral del

Distrito Federal

De estos datos se desprende lo siguiente:

El 44% de los órganos jurisdiccionales locales electorales pertenecen al Poder Judicial del

Estado, y el 56%, no.

1. Relación del órgano de justicia electoral con el Poder Judicial del Estado 2009

44%

56%

Pertenecen al Poder Judicial del Estado

No pertenecen al Poder Judicial del Estado

En cuanto a su estructura, encontramos que los órganos jurisdiccionales locales

electorales se conforman como tribunales o salas, las cuales pueden ser temporales o

permanentes. Así tenemos que el 85% de las Entidades Federativas (28 entidades)

responden a la estructura de Tribunales electorales permanentes; el 3% cuenta con un

Tribunal temporal (Aguascalientes); el 9% tienen Salas electorales o administrativas

permanentes (Campeche y Querétaro) y el 3% tiene una Sala electoral temporal (Tlaxcala).


2. Naturaleza de los órganos de justicia electoral de los estados de la república 2009

3%

85%

9%3%

Tribunal temporal

Tribunales electoralespermanentes

Salas electorales oadministrativas permanentes

Sala electoral‐administrativatemporal

Por otra parte, el sistema de acceso a la justicia electoral local en el territorio nacional

presenta diferencias. En una primera aproximación al tema, sin ser una investigación

acabada, podemos citar algunas diferencias:

Diferente número de instancias procesales: mientras que en la mayoría de los casos, los

conflictos se resuelven en una instancia jurisdiccional, en el estado de Hidalgo la legislación

contempla dos instancias jurisdiccionales.

Diversidad en la denominación de los medios de impugnación.

Diversidad en el número de medios de acceso a la justicia electoral: van desde dos

(Querétaro), tres (mayoría de las legislaciones) y hasta cinco (Morelos y Nuevo León); aún

cuando de manera general, la procedencia de los instrumentos procesales abarca a los

mismos actos o resoluciones electorales.

Mecanismos para garantizar los derechos político‐electorales de los ciudadanos: la

mayoría de los ordenamientos electorales resultan omisos al respecto; sin embargo

algunas legislaciones electorales estatales prevén este tipo de mecanismos de tutela

(Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo, entre otros).

De esta manera, en el rubro de “garantías de autonomía administrativa y jurisdiccional”

en que nos encontramos, podemos ubicar las siguientes conclusiones parciales:


111222555

No hay uniformidad en la naturaleza de los órganos jurisdiccionales electorales, ya que

encontramos órganos constitucionales autónomos, Tribunales electorales incorporados a

los Poderes Judiciales locales, y órganos de naturaleza mixta.

En consecuencia, tampoco existe uniformidad en la estructura interna de los órganos

jurisdiccionales electorales.

Se requiere la elaboración de diagnósticos reales acerca de las fortalezas y debilidades

de la justicia electoral en el territorio nacional, con base en el cual se puedan construir

nuevos modelos que respondan eficientemente a las exigencias actuales en esta materia.

Esta inquietud se planteó en la propuesta para elaboración del “Libro Blanco de la

Justicia Electoral en las Entidades Federativas”; un documento que ayudará para tomar

acciones concretas. 21

6. Garantía del establecimiento de medios de impugnación electoral: Juicio de revisión

constitucional electoral y acciones de inconstitucionalidad en materia electoral

a) Juicio de revisión constitucional electoral (JRC)

El establecimiento de mecanismos de impugnación electoral es una garantía

constitucional del derecho electoral local ya que a través de ellos se garantiza que los actos

y las resoluciones electorales sean siempre con apego a los principios de legalidad (artículo

116, fracción IV, inciso d)) y de constitucionalidad (artículo 99, fracción IV), esto último

como competencia exclusiva de la Suprema Corte.

Si bien desde 1986 se estableció el Tribunal de lo Contencioso Electoral como Órgano

Jurisdiccional competente para resolver los conflictos de naturaleza electoral, no es hasta

1996 con la incorporación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se

prevé un sistema judicial de impugnación electoral y se establece un nuevo sistema de

medios de impugnación en esta materia, con repercusiones en el ámbito local, al prever

mecanismos de impugnación en contra de resoluciones de autoridades electorales

estatales.

21 Véase www.amij.org.mx. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, es una agrupación integrada por todos los órganos de justicia del país; organizados en 11 apartados, de acuerdo con la materia y competencia.

http://www.amij.org.mx/


El juicio de revisión constitucional electoral reviste especial interés para la justicia

electoral local, ya que a través de ella son impugnables los actos o resoluciones que con el

carácter de definitivos y firmes emitidos por las autoridades electorales locales

(administrativas o jurisdiccionales)22 violatorios de la Constitución federal y que puedan

resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado

final de las elecciones de gobernadores, de diputados locales y de ayuntamientos.

Su regulación se encuentra fundamentalmente en los artículos 99, fracción IV, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, b); 189, fracción I,

d); y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3.2, d), y 86 a

93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a estos preceptos, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el conocimiento y resolución definitiva e inatacable del juicio de revisión

constitucional electoral (JRC). Tienen competencia para conocer del mismo tanto su Sala

Superior como sus Salas Regionales. La primera tiene competencia en materia de

elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; en tanto que la Sala

Regional que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la

violación reclamada, tiene competencia en materia de elecciones de autoridades

municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa y titulares de los

órganos político‐administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal. 23

Los sujetos legitimados para promover este juicio son los partidos políticos (artículo 88

LGSMIME) y procede, como se dijo, contra actos o resoluciones definitivos y firmes de las

autoridades electorales locales, con el objeto de garantizar la constitucionalidad de

los mismos, los cuales deberán cumplir ciertos requisitos, a saber:

22 El artículo 99, fr. IV, de la Constitución Federal expresamente alude a “las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios” es decir, institutos o consejos estatales electorales; y a las autoridades competentes para “resolver las controversias que surjan durante los mismos”, esto es, los Tribunales electorales estatales u órganos jurisdiccionales equivalentes. 23 El Tribunal Electoral cuenta con cinco Salas Regionales (artículo 192 LOPJF) con sede en Guadalajara (Primera Circunscripción: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora), Monterrey (Segunda Circunscripción: Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), Xalapa (Tercera Circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco Veracruz y Yucatán), D.F. (Cuarta Circunscripción: D.F., Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y Toluca (Quinta Circunscripción: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán).


111222777

Que sean definitivos y firmes

Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el

resultado final de las elecciones.

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos

electorales.

Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente

fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos.

Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por

las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se

pudieran haber modificado, revocado o anulado.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados conduce al desechamiento

de plano del medio de impugnación.

De esta forma el JRC viene a constituirse en una suerte de casación en materia

electoral,24 propia del federalismo judicial electoral que caracteriza el sistema jurídico

mexicano. En efecto, se trata de un auténtico proceso jurisdiccional de control de

constitucionalidad de naturaleza electoral, cuya procedencia se actualiza ya que han sido

agotados los medios locales de impugnación, de manera muy similar a lo que ocurre en el

juicio de amparo directo cuya procedencia se sujeta al principio de definitividad.

De manera similar a lo que acontece en el juicio de amparo, se ha considerado que el

sistema de revisión constitucional electoral a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, atenta contra la definitividad de las resoluciones de los órganos locales,

restándoles autonomía e independencia.

Ciertamente que con la actual estructura el sistema jurídico mexicano, la justicia federal

juega un papel primordial en las jurisdicciones locales. La posibilidad de revisar y revocar

los fallos definitivos de las autoridades locales implica al menos, una limitante dentro del

24 Nos referimos a la casación en su acepción original del derecho francés del siglo XVIII, como recurso a través del cuál el órgano revisor “casa” o anula las sentencias de los inferiores cuando son contrarias a derecho.


marco de fortalecimiento por el que actualmente atraviesan las jurisdicciones locales. Sin

embargo, desde otra óptica, este mecanismo significa el fortalecimiento de los medios de

tutela de las garantías constitucionales de los derechos político‐electorales de los

justiciables y, por ende, de la justicia electoral en su conjunto. Podríamos decir incluso,

desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que implica el

cumplimiento del compromiso internacional de los estados de tomar en su régimen

interior todas las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos reconocidos

en los pactos internacionales en los que sean parte, y no sólo eso, sino que éstos sean

accesibles y eficaces.

A continuación se presentan algunos datos estadísticos sobre el comportamiento del JRC

durante los últimos 13 años. La información estadística nos puede dar algunos datos sobre

la manera en que objetivamente se está dando esta relación entre la justicia electoral local

y la federal, en el caso del JRC.

En primer lugar debemos tener presente que de 1996 a 2007 únicamente la Sala

Superior del TEPJF conocía del JRC. Con la reforma de 2008, se otorga competencia a las

Salas Regionales para conocer de este juicio. No obstante, es importante señalar que la

Sala Superior ha sostenido el criterio de que ésta tiene la competencia originaria para el

conocimiento y resolución de los juicios de revisión constitucional electoral, con excepción

de lo expresamente previsto como supuestos de competencia de las Salas Regionales.25

Por otra parte, a finales de 2006 se renueva la primera integración (1996) de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De esta forma, a la

fecha es posible hablar en términos generales de dos integraciones del Tribunal Electoral:

la primera que transcurrió de finales de 1996 al 2006, conformada por 7 magistrados con

duración de 10 años improrrogables en el cargo, y la actual, integrada de igual forma.26

25 Este criterio se refleja en la jurisprudencia 6/2009 de la Sala Superior, Cuarta Época, de rubro: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN EL ÁMBITO ESTATAL”. 26 El artículo quinto transitorio del decreto de reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, señala: “QUINTO. Los nuevos Magistrados Electorales deberán designarse a más tardar el 31 de octubre de 1996 y, por esta ocasión, requerirán para su elección del voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.”


111222999

El total de JRC resueltos por el Tribual Electoral desde 1996 a la fecha es de 5,621

asuntos.27

Podemos dividir los resultados en dos grupos, el A, representando los asuntos

declarados fundados y fundados en parte, y el B, con los asuntos infundados, desechados,

sobreseídos o que por algún motivo diverso no prosperaron. En el grupo A tenemos 1,048

asuntos y en el B 4,573 asuntos, que equivalen al 18.64% y 81.36% respectivamente, como

podemos advertir en la siguiente tabla y su gráfica correspondiente: 28

Grupo Anterior integración

(1996‐2006)

Integración actual

(2006‐2016)

Total

A 769 279 1,048

B 3,090 1,483 4,573

3,859

1,762 5,621

27 Datos actualizados al 16 de octubre de 2009. Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 28 Idem.


3. Total de asuntos de revisión constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1996‐2006

0

1000

2000

3000

4000Total d

e asun

tos

A 769 279

B 3090 1483

(1996‐2006) (2006‐2016)

ANTERIOR INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN ACTUAL

Si analizamos con mayor detenimiento estas cifras, advertiríamos que en su primera

integración (1996‐2006), la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió 3,859 asuntos. En

el grupo A tenemos 769 asuntos y en el B 3,090 asuntos, que equivalen al 19.93% y

80.07%, respectivamente, como podemos advertir en la siguiente tabla: 29

Sentido 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

TOTAL

A y B 30

Fundado 1 21 34 51 68 33 21 52 55 25 46 407 A: 769 Fundado en

parte 1 27 36 59 53 61 28 27 25 8 37 362

Infundado 123 142 120 299 240 137 315 351 159 225 2,111

B: 3,090

Desechamiento 4 37 70 45 89 110 45 143 114 84 122 863

Sobreseimiento 4 5 7 6 9 3 4 3 3 4 48

Otro31 3 2 3 14 4 5 11 3 2 21 68

6 215 289 285 529 457 239 552 551 281 455 3,859 3,859

29 Datos del 1 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 2007. Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 El total A y B engloba los resultados de los asuntos fundados y fundados en parte, frente a los que no lo fueron por las diversas causas señaladas en la misma. 31 El rubro “otro” comprende los asuntos que por diversas razones no prosperaron y fueron reencausados a otros medios de impugnación.


111333111

La representación grafica es la siguiente:

4. Sala Superior del TEPJF. Juicios de Revisión Constitucional 1996‐2006

2111, 55%

48, 1%68, 2%

407, 11%

362, 9%

863, 22%

FUNDADO FUNDADO EN PARTE INFUNDADO DESECHAMIENTO SOBRESEIMIENTO OTRO

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

121 34 51 68

3321

52 55

2546

0

100

5. Sala Superior del TEPJF. Total de JRCE fundados 1996‐2006

Esto significa en sus primeros 10 años de funcionamiento, la tendencia del Tribunal

Electoral fue declarar infundados o desechar los JRC, lo cual implica, en una primera

lectura, un voto a favor de la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales

locales.

Durante la segunda integración, tenemos un total de 1,762 JRC tramitados del 1 de

noviembre de 2006 al 16 de octubre de 2009, de los cuales 279 pertenecen al grupo A y

1483 al grupo B, es decir, 15.84% y 84.16%, respectivamente, como se indica en la

siguiente tabla:


GRUPO

SUP SG SM SX SDF ST TOTAL

A 190 22 18 1 18 30 279

B 793 233 151 38 110 158 1483

La grafía correspondiente sería:

6. Total de Jucios de revisión constitucional electoral tramitados en las salas regionales del TEPJF

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Total de asuntos

A 190 22 18 1 18 30

B 793 233 151 38 110 158

SUP SG SM SX SDF ST

Esta tendencia se observa en todas las Salas, pues aunque el número de asuntos

tramitados varía, en el periodo que se analiza las estadísticas se elevan en el número de

asuntos infundados y desechados por encima de los fundados.

Los datos desagregados se reflejan en la siguiente tabla:32

32 Datos del 1 de noviembre de 2006 al 16 de octubre de 2009. Fuente: Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El total A y B engloba los resultados de los asuntos fundados y fundados en parte, frente a los que no lo fueron por las diversas causas señaladas en la misma.


111333333

Sala Sentido 2006 2007 2008 2009 Total Total

A y B

SUP

Fundado 6 62 25 22 115 190

Fundado en

parte 7 41 22 5 75

Infundado 47 375 77 29 528 793

Desechamiento 14 138 30 14 196

Sobreseimiento 5 3 2 1 11

Otro33 40 12 6 58

Total

SUP 79 659 168 77 983

SG

Fundado 3 12 15 22

Fundado en

parte 2 5 7

Infundado 7 172 179 233

Desechamiento 6 26 32

Sobreseimiento 2 2 4

Otro 1 17 18

Total

SG 21 234 255

SM

Fundado 1 14 15 18

Fundado en

parte 3 3

33 El rubro “otro” comprende los asuntos que por diversas razones no prosperaron y fueron reencausados a otros medios de impugnación.



A y B

Infundado 5 92 97 151



Otro 2 14 16

Total

SM 10 159 169

SX

Fundado 1 1 1

Infundado 20 20 38

Desechamiento 2 2

Otro 4 12 16

Total

SX 4 35 39

SDF

Fundado 6 5 11 18

Fundado en

parte 7 7

Infundado 29 33 62 110


Sobreseimiento 2 2

Otro 8 7 15

Total

SDF 60 68 128

ST Fundado 5 21 26 30


111333555


A y B

Fundado en

parte 4 4

Infundado 26 112 138 158



Otro 2 4 6

Total

ST 36 152 188

TOTAL 79 659 299 725 1,762

Si representamos gráficamente la información anterior, respecto de la Sala Superior,

tenemos:

7. Sala Superior del TEPJF. Total de demanda de JRCE 2006‐2009

FUNDADO EN PARTE, 75, 8%

DESECHAMIENTO, 196, 20%

SOBRESEIMIENTO, 11, 1% OTRO, 58, 6%

FUNDADO, 115, 12%

INFUNDADO, 528, 53%


6

62

2522

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009

8. Sala Superior del TEPJF. Total de JRCE que resultaron fundados 2006‐2009

9. Salas Regionales del TEPJF. Demanda total de JRCE 2008 y 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Núm

ero de

asuntos

SG 15 7 179 32 4 18

SM 15 3 97 34 4 16

SX 1 20 2 16

SDF 11 7 62 31 2 15

ST 26 4 138 10 4 6

FUNDADO FUNDADO EN PARTE INFUNDADO DESECHAMIENTO SOBRESEIMIENTO OTRO

La siguiente gráfica nos permite observar en términos porcentuales, el número de

demandas que derivan en revisión constitucional entre 2006 y 2008 de acuerdo con la

información de 8 entidades federativas.34

34 Fuente: avances del anuario estadístico judicial, 2006-2008, AMIJ-CIDE, presentado en la octava Asamblea General Ordinaria de la AMIJ.


111333777

Es decir, en 10 años de la primera integración del Tribunal Electoral se resolvieron 3,859

JRC, mientras que en los casi 3 años de la nueva integración, se han resuelto 1,762

asuntos. Esto nos demuestra que el número de JRC promovidos ha ido en aumento, si bien

no de manera uniforme, pero el incremento ha sido significativo y permanente tanto en la

primera integración del Tribunal Electoral como en la actual.

En las gráficas 4 y 7 se observa el comportamiento de la demanda de revisión

constitucional ante la Sala Superior bajo el periodo anterior y nuevo. Se observará que el

número de asuntos de revisión constitucional que resultaron fundados o fundados en

parte no sobrepasan el 21% de la demanda total de asuntos.

El primer periodo que va de 1996 a 2006, sólo son fundados el 20% de los casos. En el

segundo periodo y bajo la nueva integración del TEPJF se observa que sólo representa el

18%. En la gráfica 9, relativa a las Salas Regionales observamos un comportamiento similar.

El número de asuntos que resultan fundados o fundados en parte no sobrepasan los 30

asuntos en cada una de las cinco Salas, al menos entre 2008 y 2009.

Llama especial atención, el número de asuntos que resultaron infundados: en la Sala

Superior en ambos periodos, más de la mitad de los asuntos resultaron infundados. En las

Salas Regionales se sigue la misma tendencia, del total de asuntos presentados resultan


infundados entre 60 y casi 180 asuntos, esto sin considerar que sólo el 20% de asuntos

fueron desechados.

Es importante aclarar que esta demanda de justicia no es homogénea en todos los años,

por ejemplo en la Sala Superior de acuerdo con las gráficas 5 y 8, se observará el

movimiento y distribución de mínima cantidad de asuntos que resultaron fundados.

Estos datos nos permiten generar algunas hipótesis relacionadas con la definitividad de

las sentencias emitidas por los órganos estatales electorales. Es decir, sólo un mínimo

número de resoluciones emitidas por autoridades estatales electorales es modificado por

una autoridad electoral federal.

La gráfica 10 nos permite profundizar un poco más en esta hipótesis, se observará en

términos porcentuales, el número de demandas que derivan en revisión constitucional

entre 2006 y 2008 de acuerdo con la información de 9 entidades federativas. Ahora bien,

regresando al comportamiento heterogéneo de la demanda de juicios de revisión

constitucional y en este caso de asuntos fundados (gráficas 5 y 8) responde a la dinámica

electoral de cada estado y región asignada a cada Sala.

Los datos presentados en este apartado sólo representan un primer intento de analizar

la interacción entre la justicia electoral local y la federal a través de reportes estadísticos,

con el objeto de identificar en un futuro análisis más profundo y detallado, las fortalezas y

debilidades del actual sistema (federal y los diversos sistemas locales), con lo cual se

podrán proponer modelos más eficientes retomando las experiencias exitosas en cada

entidad (legislación, diseño institucional de los órganos electorales administrativos

(Consejos, Comisiones, Institutos, etcétera) y jurisdiccionales (Tribunales, Salas, entre

otros) y desechando aquellas que no lo hayan sido.

b) Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral

Mediante reforma constitucional de 1994, se introducen las acciones de

inconstitucionalidad entre los mecanismos de control constitucional a cargo de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, las cuales en un principio no eran procedentes en contra de

actos en materia electoral, sin embargo, al introducirse el inciso f) del artículo 105


111333999

constitucional, se legitima a las dirigencias de los partidos políticos con registro estatal

para presentar estas acciones exclusivamente en contra de leyes.

El análisis de este mecanismo escapa a los propósitos de este trabajo; sin embargo, cabe

destacar que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,

prevé una regulación especial para las acciones de inconstitucionalidad en materia

electoral, por ejemplo, la brevedad de los plazos procesales en relación con los que rigen

los procesos ordinarios.

7. Sanciones en materia electoral local

El artículo 116, fracción IV, establece que las Constituciones y leyes de los estados en

materia electoral garantizarán que se tipifiquen los delitos y determinen las faltas, así

como las sanciones que por ellos deban imponerse.

Para tal efecto, las legislaturas locales pueden inspirarse en la legislación federal o bien

crear nuevas conductas delictivas, en uso de su competencia constitucional para legislar en

la materia. Recordemos que los límites para esta actividad del legislador local será el

respeto a lo dispuesto en la Carta Magna y, como hemos apuntado al principio, serán

también fuente del derecho penal electoral local, los pactos internacionales que sobre la

materia haya suscrito el Estado mexicano.

VII. Conclusiones

Históricamente, la transformación de la normativa constitucional y legal del sistema

electoral federal, impacta necesariamente en el desarrollo de los ordenamientos

electorales locales debido a los fenómenos de transposición y adecuación de las

instituciones.

No hay uniformidad en la naturaleza de los órganos jurisdiccionales electorales, ya que

encontramos órganos constitucionales autónomos, Tribunales electorales incorporados a

los Poderes Judiciales ocales, y órganos de naturaleza mixta.

En consecuencia, tampoco existe uniformidad en la estructura interna de los órganos

jurisdiccionales electorales.


Se requiere la elaboración de diagnósticos reales acerca de las fortalezas y debilidades

de la justicia electoral en el territorio nacional, con base en el cual se puedan construir

nuevos modelos que respondan eficientemente a las exigencias actuales en esta materia.

AMIJ trabaja en la elaboración del ibro Blanco de la Justicia Electoral en las Entidades

Federativas, para hacer este análisis con base en el cual se podrán tomar acciones

concretas.

En México, el sistema jurídico político‐electoral sigue siendo de corte casacionista en

relación con las resoluciones definitivas de los órganos electorales locales.

Desde su integración en 1996, la litigiosidad de los asuntos ha ido en aumento, pues

inició con 6 asuntos en dicho año y a la fecha se han resuelto en total 5,621 JRC.

De estos asuntos, fueron declarados fundados y fundados en parte 1,048 JRC, y 4,573

corresponden a asuntos infundados, desechados, sobreseídos o que por algún motivo

diverso no prosperaron, lo cual equivale a 18.64 % y 81.36 %, respectivamente.

Esto significa que desde sus inicios y a la fecha, se ha mantenido la tendencia del

Tribunal Electoral en declarar infundados, desechar o sobreseer los JRC, lo cual implica, en

una primera lectura, un voto a favor de la constitucionalidad de los actos de las

autoridades electorales locales.

Los datos presentados sólo representan un primer intento de analizar la interacción

entre la justicia electoral local y la federal a través de reportes estadísticos, con el objeto

de identificar en un futuro análisis más profundo y detallado, las fortalezas y debilidades

del actual sistema (federal y los diversos sistemas locales), con lo cual se podrán proponer

modelos más eficientes retomando las experiencias exitosas en cada entidad (legislación,

diseño institucional de los órganos electorales administrativos (Consejos, Comisiones,

Institutos, etcétera) y jurisdiccionales (Tribunales, Salas, entre otros) y desechando

aquellas que no lo hayan sido.


111444111

Anexo. Algunos derechos electorales tutelados en tratados internacionales

de los que México es parte

Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por

medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones

públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que

garantice la libertad del voto.

Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo

2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de


b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su

país.

Artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer


Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las

mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos

gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de

la vida pública y política del país.

Artículo 5, c), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación Racial

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la

presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar

la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico,

particularmente en el goce de los derechos siguientes:

…

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser

elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la

dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de

igualdad, a las funciones públicas.

Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de

su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones

populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.


111444333

Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de


b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su

país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para"

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e

internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

…

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar

en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.


Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con

sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y

basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el

régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de

los poderes públicos.


111444555

Sobre la justicia constitucional en Coahuila Germán Froto Madariaga

En primer término, quiero agradecer en todo lo que vale, la invitación que me hiciera la

Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte, a través de su director, el Juez Juan José

Franco Luna, para asistir a este importante evento nacional.

Considero importante también, antes de entrar a comentar los casos relevantes que se

han fallado en Coahuila, el hacer un breve resumen histórico de la forma en que surgió y

se estructuró este Tribunal en mi estado.

Como es bien sabido, después que Veracruz superó las impugnaciones jurídicas que se

interpusieron al estructurar este tipo de tribunales, se generó una tendencia nacional a

favor de su establecimiento en otras entidades.

La experiencia de Coahuila se inserta en esas nuevas tendencias y en 2001, se realiza una

reforma constitucional, en la que se establecieron las bases mínimas para desarrollar los

procedimientos constitucionales que pudieran someterse a su consideración.

Sin embargo, no fue sino hasta que se emitió la Ley de Justicia Constitucional, del estado

en 2005, cuando realmente comenzaron a presentarse asuntos de esa naturaleza ante el

Tribunal y que la ciudadanía empezó a tener confianza en ellos.

En su momento, Coahuila optó porque fuera el Pleno del Tribunal Superior, el que se

erigiera en Tribunal Constitucional y los mismos magistrados que lo integran, conocieran y

desahogaran las causas de esta naturaleza.

Debemos precisar, que el modelo Coahuila, sólo está facultado para conocer

de: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, cuestiones de

constitucionalidad, omisión legislativa y control difuso local; por lo que se excluyen a

su conocimiento, otro tipo de asuntos que no sean estrictamente los que tienen que ver

con cuestiones constitucionales.

Asimismo, hay que dejar asentado que en mi estado se optó por este modelo, partiendo

de la base de que era más importante destinar recursos a la estructura fundamental del


Poder Judicial, que a la creación de una Sala Constitucional, ya que el modelo adoptado

resultaba notoriamente más económico.

Casos relevantes

En términos generales se puede decir que en Coahuila se han tramitado cerca de 20 casos,

entre los que sobresalen los siguientes:

Primero

Una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Instituto de Acceso la información

del Estado respecto de la aplicación de una norma de la Ley Orgánica de la Contaduría

Mayor de Hacienda del Congreso Local, referente a la reserva o publicidad de las cuentas

publicas respecto de fiscalización, la cual fue resuelta por el Tribunal Constitucional,

estableciendo la constitucionalidad de la norma de la Ley Orgánica, que determinó que las

cuentas públicas constituyen información reservada, por tratarse de procesos en curso

y que ésta será pública una vez que el Congreso emita el dictamen correspondiente, ya sea

que apruebe o desapruebe la Cuenta Pública de que se trate.

Segundo

Una acción de Inconstitucionalidad presentada igualmente por el Instituto de Acceso a la

Información, en la que demandaba la declaración de invalidez del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón.

Tesis

“COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE HUAJUAPAN DE LEÓN,

OAXACA. EL REGLAMENTO QUE LA CREA, EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO,

TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De conformidad con

lo previsto en los artículos 34, fracción XI y 112 de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Oaxaca, los Ayuntamientos de esa entidad pueden proponer a la

Legislatura Local, por conducto del Ejecutivo, la creación de organismos

municipales descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio; sin

embargo, dichos preceptos no los autorizan para crear este tipo de organismos por


111444777

sí solos. Ahora bien, aun cuando en términos del artículo 115 fracción II, segundo

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

Ayuntamientos están facultados para expedir reglamentos, cierto es que tales

ordenamientos tienen que ceñirse a lo que establezcan tanto la Constitución

General como la del Estado, así como las leyes federales y locales, además de

adecuarse a las bases normativas que emitan las legislaturas y versar sobre

materias o servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los

Municipios. En esa virtud, el Reglamento Interno de la Comisión Municipal de

Derechos Humanos de Huajuapan de León, Oaxaca, por el cual ese Ayuntamiento

creó tal entidad con el carácter de organismo descentralizado y lo dotó de

facultades, resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución

Federal, pues lo cierto es que, independientemente de la bondad de que se

multipliquen los organismos protectores de los derechos humanos y de que, a

través de ellos se promueva la cultura de la legalidad y la defensa de tan

trascendentales derechos, especialmente en el ámbito municipal, resulta

indispensable que su creación tenga un apoyo jurídico y, en la especie, el

Ayuntamiento de Huajuapan de León carece de facultades tanto para crear

organismos descentralizados por sí solo, como para legislar en lo relativo a los

organismos protectores de los derechos humanos, pues dicha atribución no está

contemplada en la Constitución Federal, ni en la del Estado, así como tampoco en

alguna de las legislaciones secundarias de carácter federal o local.”

El Tribunal resolvió declarar la invalidez del referido Reglamento, en virtud de que el

Municipio de Torreón y en realidad cualquier municipio, carece de facultades para emitir

Normas Reglamentarias en Materia de Acceso de Información Pública, así como, para crear

un órgano autónomo encargado de esta materia, en virtud de que, el único facultado para

ello por la constitución Local, es el Instituto Estatal.


Tercero

Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos del

Estado, en contra del Gobernador y del Congreso Local, por considerar que dos artículos

que habían sido derogados de la Constitución Local, a iniciativa del ejecutivo, y que se

referían a la “indemnización por error judicial grave”, eran inconstitucionales porque

se había violado el proceso legislativo al realizarlos.

Dicha acción, se declaró improcedente por lo que respecta al “Proceso Legislativo” de la

reforma a la Constitución, por estimarse improcedente el control constitucional respecto

de las reformas de la Constitución, ya que existe una diferencia importante entre el

Proceso Legislativo genérico, y el Proceso de Reformas a la Constitución.

Cuarto

Omisión Legislativa presentada por el Municipio de Torreón por considerar que el

Congreso local había incurrido en dicha omisión al no derogar diversos artículos de la Ley

de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila.

Al respecto el Tribunal declaró la inconstitucionalidad por omisión de los artículos

cuestionados, ordenando al Congreso que cumpliera con su tarea de derogarlos en

acatamiento de una Reforma Federal.

De todas las causas que se han presentado ante el Tribunal Constitucional en Coahuila,

en la actualidad sólo está pendiente un caso de inconstitucionalidad representado por

integrantes de la entonces Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado y que se

relaciona con el Código Civil en lo referente al Pacto de Solidaridad, que se incluyó

en dicho Código. Dicha causa se encuentra en estado de resolución.

Por último es pertinente puntualizar que a la fecha el Tribunal no ha conocido de ningún

caso de inaplicación de norma (control difuso) por lo que no podemos hacer alusión a este

tipo de casos. Muchas gracias.


111444999

Las Constituciones locales y el control de constitucionalidad en materia electoral

Manuel González Oropeza

Esta participación tiene como origen y eje central una preocupación surgida a partir de la

reforma constitucional de 2007, relacionada con el control constitucional que se ejerce a

nivel federal y a nivel local, respecto de la justicia electoral.

Se trata de una ponencia meramente especulativa, hipotética y no representa de

ninguna manera una posición institucional, pero como estas mesas redondas han sido

precisamente medios académicos en los que se discuten estas ideas con total libertad,

pues nos abrigamos a esa tónica de la mesa.

Queremos comenzar, en primer lugar, con un pequeño tributo a este gran Estado de

Campeche, el cual cumple 140 años de haberse formado en este 2009. Es un estado en el

que para su constitución la materia electoral fue fundamental. Este es un estado que surge

a raíz de un conflicto electoral en 1858, contra las elecciones de gobernador en Yucatán,

Pantaleón Barrera.

El Distrito de Campeche, con Pablo García y otros próceres de esta tierra, se levantan en

armas, tal y como sucedía en todo el país, pues era el medio único para dirimir las

controversias electorales, y es por eso que se afirma que el estado de Campeche surge a

raíz de un conflicto electoral. No es el primero que sucede en este estado de ya larga

tradición político electoral; los conflictos electorales están debidamente registrados desde

1817, cuando el síndico procurador Chávez del distrito de Campeche es anulado en su

elección o suspendido con tal carácter por estar en quiebra, según se dice en el registro

correspondiente. En 1825 se decreta también la nulidad de la elección del Ayuntamiento

de Campeche por el gobierno del estado, como en 1848 por el gobierno de Yucatán, al cual

todavía pertenecía Campeche. Finalmente, en el año de 1861, el gobierno del estado de

Campeche surge por un conflicto electoral, como ya lo habíamos apuntado.

Puede advertirse que el estado de Campeche tiene un historial muy interesante y muy largo

de conflictos electorales que han ayudado a conformar la Constitución de este estado.


De igual manera, esta mesa redonda es un modesto tributo al gran jurista Don Manuel

Crescencio Rejón, quien nace en 1799 y fallece en octubre de 1849.

Pero Campeche, también debemos recordarlo, es un estado donde los derechos humanos

fueron preconizados, fueron promovidos con mucha anticipación, con gran avance incluso

respecto de los derechos humanos establecidos en la Constitución federal. El regidor de

Campeche Miguel de Lantz, en el temprano año de 1840, propone la libertad de cultos y la

abolición de fueros en el estado. Joaquín Baranda, quien fuera gobernador del estado, en su

informe ante el jurado de sentencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en

contra de Pablo García, primer gobernador del Estado de Campeche, dijo: "en donde hay una

Constitución, debe haber un castigo para el que la viole, de lo contrario el cumplimiento de esta

ley fundamental sería completamente ilusorio". Baranda se refería en ese momento a la

constitución federal, pero él no distinguió en su discurso entre la Constitución federal y las

Constituciones de los estados; de tal suerte que donde hay una Constitución debe haber los

medios jurídicos adecuados para impugnar cualquier acto contrario a esa Constitución. Eso nos

da la pauta para discurrir sobre una tesis que se estableció en el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "Conflicto entre una disposición legal local y

la Constitución de la respectiva entidad federativa, en el ámbito nacional su solución constituye

control de la legalidad y no de la constitucionalidad". Es decir, cuando un Tribunal Electoral

estatal ejerce la facultad de anular una disposición normativa del estado por ser inconsistente

con la Constitución del estado, según esta tesis del 2005, es un control de legalidad y no de

constitucionalidad. Tenemos que recordar que esta tesis es anterior a la reforma constitucional

de 2007, donde se le negaba al propio TEPJF un control de la constitucionalidad de las leyes,

aunque sí lo tenía, resultaba muy limitado con respecto de los actos, no así de las leyes.

Esto quiere decir que con la reforma de 2007 debiéramos de cambiar, no sólo en el

Tribunal Electoral, sino en toda la comunidad jurídica mexicana, la concepción de que

cuando un juez local inaplica una ley local por contravenir su Constitución local, eso, para

la justicia federal debe ser considerada como un control de legalidad y no un control de

constitucionalidad extendida, digámoslo así.

Nos congratulamos de que la mesa precedente en la mañana, con las brillantes

intervenciones, como siempre lo han sido, de magistrados como Carlos Arenas Bátiz, se haya


111555111

puesto con tal precisión los puntos sobre las íes en muchos de los problemas que tenemos en la

actualidad. ¿Qué es una Constitución estatal?, ¿qué carácter, qué norma, qué jerarquía tiene

la Constitución de un estado?, ¿es una mera ley reglamentaria de la Constitución federal?,

porque precisamente la tesis del Tribunal Electoral del 2005 parte del fundamento de que se

trata de una ley reglamentaria y en consecuencia es un control de legalidad el que se ejerce

respecto de las leyes del estado y de la Constitución del estado.

Yo me permito diferir ya de esa perspectiva, y ya lo he hecho del conocimiento público en

algunos artículos que se han publicado con motivo de estas mesas redondas. Para mí, la

Constitución de un estado no es una mera ley reglamentaria de la Constitución federal, sino una

ley constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que es una ley expedida por un poder constituyente

delegado en las entidades federativas, para complementar a la Constitución federal.

Las leyes federales, en este sentido, no complementan la Constitución federal, sólo la

reglamentan. Están sometidas a la competencia y a los lineamientos que la Constitución

federal determina. El artículo 73 de la Constitución determina y establece cuáles son las

materias que el legislador federal puede regular a través de una ley federal. Expedida esta

ley federal se agota la facultad legislativa y, por supuesto, ya corresponden a la categoría

de leyes federales que emanen de la Constitución a que se refiere el artículo 133. Pero

nuestra Constitución federal únicamente tiene diversas disposiciones aisladas con respecto

a las Constituciones estatales.

Ya lo enfatizaba el Magistrado Francisco Martínez Sánchez, también en su espléndida

participación, que la Constitución federal delga a los estados la capacidad de constituirse a

sí mismos y de determinar el régimen interior del estado, pero no les fija el contenido. No

fija en qué materias son competentes los estados ni de qué manera tienen que organizar

sus poderes, ni qué derechos fundamentales puede o no pueden establecerse. Ese es

nuestro federalismo.

Nuestro federalismo es un federalismo, como diría Alexis de Tocqueville, absolutamente

concurrente. Esto le causa una cierta confusión a algunos magistrados, pero creemos que esa

confusión la debemos de entender de distinta manera. Para quien esto escribe, la mejor forma

de entenderlo es leer el artículo 50 de la Constitución federal de 1824. El artículo mencionado


establece que las leyes federales se expedirán sobre todas las materias respetando la legislación

de los estados, es decir, los estados tenían en esa Constitución la competencia originaria de

legislar sobre cualquier materia pero eso no implicaba que la federación no pudiera legislar

sobre esas mismas materias que los estados ya hacían, pero cuando legislara sobre esas mismas

materias tenía que cuidar el no trasgredir los principios ya establecidos en la legislación

respectiva de cada uno de los estados.

Ese es un sistema muy a la americana; Mariano Otero se inspiró en los artículos de la

confederación de 1777 para determinar la distribución de competencias de nuestro

sistema federal, que técnicamente no le corresponde el nombre de sistema federal. Le

corresponde más bien el nombre de confederación, porque la federación solamente puede

legislar en las materias que están expresamente establecidas en la Constitución. El

Profesor Cruz Reynoso, de la Universidad de California, durante su Conferencia Magistral

hará referencia a casos como McCulloch vs. Maryland en la jurisprudencia norteamericana,

en donde se explica claramente esta cuestión. Pero la Constitución de 1824 no estableció

este sistema de distribución de competencias, sino que estableció el sistema federal de la

Constitución norteamericana de 1787, en donde los estados y la federación concurren para

legislar sobre las mismas materias, exceptuadas algunas pocas que están confiadas de

manera exclusiva a la federación.

¿Cómo queda la Constitución de los estados con respecto a este sistema de distribución

de competencias? Si el artículo 124 de nuestra Constitución federal establece que los

funcionarios federales sólo pueden hacer lo que expresamente está otorgado en la misma,

los funcionarios estatales pueden hacer todo lo demás y la Constitución determina que

tienen facultades reservadas. ¿Reservadas a quiénes?, a los poderes constituyentes

estatales; esto quiere decir que la Constitución no impone una uniformidad en los estados

y por eso esta diversidad puede generar confusión, tal y como lo describió el señor

Magistrado Osmar Cruz Quiroz en una mesa anterior, pero que realmente no es tal porque

cada entidad federal es soberana y es autónoma en su régimen interior, sobre todo en

aquellas facultades reservadas a los estados.

Siendo esto así, ¿qué diferencia existe entre una Constitución local y una ley federal

reglamentaria de la Constitución federal?


111555333

Nosotros vemos mucha diferencia. Primero, el contenido de una ley federal está

expresamente determinado en la Constitución Federal por el artículo 124. El contenido de

la Constitución estatal no está expresamente definido en la Constitución federal. Sí

establece algunos parámetros o lineamientos, y prohibiciones o mínimos con los que

debe de contar la Constitución del estado, entre ellos el respeto a los principios

electorales, por ejemplo.

Pero corresponde a la Constitución en el estado dar contenido propio, con plena libertad

porque esas son sus facultadas reservadas. Pero entonces una Constitución, una norma

que hace eso complementa a la Constitución federal, la que está describiendo

precisamente cuáles son las facultades del gobierno federal.

Este país, me lo recordó el letrero a mi llegada al aeropuerto de Campeche, son los Estados

Unidos Mexicanos, y los estados tienen facultades reservadas que están descritas en sus

respectivas Constituciones, y los dos forman parte del sistema constitucional mexicano.

Entonces, el contenido de una Constitución local no está definido expresamente en la

Constitución federal, sino que cada estado le puede dar el contenido que desee.

Segundo, una ley federal se expide y se agota, ya no genera otras normas de la misma

categoría o de categoría subordinada, por lo menos provenientes del mismo poder

legislativo. Sí generan reglamentos, pero corresponden en la esfera administrativa, al

Poder Ejecutivo o a los otros poderes. Mientras que una Constitución estatal lo que genera

es todo un orden normativo en el estado, genera leyes locales y esas leyes locales son

precisamente reconocidas en nuestra jurisprudencia, con la misma categoría que tienen las

leyes federales, porque distribuyen competencias distintas.

En conclusión, la tesis que reduce a un control de la legalidad los actos que los tribunales

locales hagan para la anulación de leyes locales cuando contravienen a la Constitución del

estado, me parece que no toma en cuenta, en primer lugar, la categoría especial que

tienen las constituciones estatales en nuestro sistema jurídico mexicano. Por supuesto

estas ideas son meramente doctrinales y no se encuentran reconocidas dentro de ninguna

jurisprudencia ni están reconocidas en ninguna norma más que en la Constitución, claro.


Una interpretación de la Constitución como la que he venido mencionando podría llegar a

esta conclusión.

Pero esa carencia del reconocimiento del control constitucional que hacen los Tribunales

estatales también omite algo muy importante, que la materia electoral no es una mera

materia de legalidad, es una materia de constitucionalidad, fundamentalmente.

Desde 1977 a nivel federal y en muchos años posteriores a nivel estatal, los principios

electorales, la organización de las elecciones y los principios en los que se sustenta la

justicia electoral ya corresponden a los contenidos de las Constituciones en los estados y a

la Constitución Federal.

Es en consecuencia, una facultad constitucional. De tal suerte que todos los Tribunales

electorales locales deben ejercer un control de la constitucionalidad interna que repercute

o repite los principios electorales de Constitución federal.

No solamente porque la ley estatal es ley complementaria, y porque la ley constitucional

está derivada de la Constitución federal, sino porque se repiten técnicamente los

principios: de equidad, de imparcialidad, de objetividad que regula las elecciones, y que

están previstos en la Constitución federal y se repiten en las Constituciones de los estados.

Entonces, como decía muy bien el Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, ¿hasta dónde

empieza el control constitucional federal y hasta dónde empieza el control constitucional

local? Eso es confuso si se sigue considerando a las Constituciones locales como meras

leyes reglamentarias, pero ya deja de ser confuso si se considera que las Constituciones

locales son leyes constitucionales, leyes complementarias de la Constitución federal para

reducir todo a un solo control constitucional, el nacional, digamos.

Veamos ya por último, algunos casos que el TEPJF ha resuelto particularmente en este

año, donde se ve de manera clara que el litigio electoral algunas veces se aparta de esta

realidad de las Constituciones locales respecto de la Constitución federal, y trata

de reducir las Constituciones estatales en meras leyes de la Constitución Federal.

Por ejemplo, en tres Juicios de Revisión Constitucional (JRC), el 18, 19 y 20 de 2009 del estado

de Colima, en donde una coalición impugna la resolución del Tribunal Electoral

del estado, el cual se refiere a que la ley electoral reglamenta el uso de la propaganda político‐


111555555

electoral que no debe afectar el equipamiento urbano. Y la pregunta fue ¿forma parte del

equipamiento urbano los autobuses públicos o no? Allí el Tribunal responsable respondió que

era necesario interpretar lo expuesto en la fracción quinta, artículo 212 del Código Electoral de

manera conforme al artículo 86 bis de la Constitución del estado de Colima para justificar que la

propaganda política puesta en los autobuses públicos o municipales de Colima pueda hacerse a

pesar de que el artículo 86 bis de la Constitución de Colima podía interpretarse de sentido

negativo. Aquí, la Sala Superior consideró que la interpretación que había hecho el Tribunal

Electoral del estado había sido exclusivamente con respecto a la ley electoral y que no había

hecho una adecuada interpretación de la Constitución del estado. Sin embargo, hay situaciones

todavía más interesantes con respecto a este tema. Todos los juicios que se provocaron en Baja

California con motivo de la mal llamada ley anti‐chapulín, aquella ley que prohibía que un

funcionario público quien detentaba un cargo público pudiera pedir licencia para optar por otro

cargo público. Así conocimos presidentes municipales que renunciaban al cargo para ser

candidatos a gobernador o de diputados locales que renunciaban para participar en la contienda

electoral por las presidencias municipales. Esos casos nos llegaron cuando no podíamos nosotros

pronunciarnos respecto a la constitucionalidad de la ley de Baja California, porque como se

recordará, en los Tribunales Electorales estuvimos limitados al control de la constitucionalidad de

las leyes por una jurisprudencia de la Suprema Corte, que afortunadamente la propia SCJN

propició la reforma de 2007 para otorgar al TEPJF plenitud de competencia constitucional

tratándose de las leyes. ¿Pero qué hicimos respecto de estos casos de Baja California que eran

muy interesantes? En la Constitución del estado de Baja California se había prohibido

expresamente que estos funcionarios pudieran seguir u optar antes del fin de su mandato por

otro cargo de elección popular. En el fondo esto se entiende como una restricción al derecho

político de ser votado por el hecho de ser un servidor público.

No podíamos declarar la inconstitucionalidad de los artículos correspondientes de la

Constitución del estado de Baja California por lo que la Sala Superior interpretó

la Convención Americana de Derecho Políticos y Sociales, en el sentido de que no se podía

limitar los derechos políticos, sino por ciertas características o aspectos, entre los cuales no

estaba el ser servidor público, es decir, no se le puede castigar a un servidor público, por

decirlo así, por optar buscar otro cargo de elección popular. Al contrario, yo creo que es


muy sano por el contacto electoral, ¿cómo lo hace un servidor público en el desempeño

de su función? Podría ser recompensado por el electorado, digámoslo así, por el

electorado si al optar por otro cargo de lección popular resulta victorioso en la elección.

Entonces fuera del análisis del control de la constitucionalidad del estado y de la

federación, la Sala Superior implementó la aplicación del tratado internacional y quizá por

primera vez el TEPJF dio un parámetro muy claro respecto a la interpretación del artículo

133 de la Constitución federal, el cual establece que los tratados internacionales, al ser ley

suprema de la Unión, cualquier disposición que haya en contra en las Constituciones del

estado los jueces tendrán que aplicar con preferencia el tratado internacional y eso fue lo

que hicimos en estos casos de Baja California.

Por último, queremos hacer referencia a los JRC 476, 482 y Recurso de Apelación (RAP)

1758 deI año 2006, en los cuales fundamentalmente se hicieron impugnaciones en contra

de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y aquí el

partido político que impugnó se atrevió a mencionar que las autoridades electorales del

estado no deberían aplicar la Constitución del estado de Jalisco sin aplicar la ley electoral.

Esto hace énfasis en el grado de falta de respeto, digámoslo así, a las funciones de los

estados, cuando se trataba de la aplicación del porcentaje de participación proporcional, si

era el 3.5% de la votación total como lo decía la Constitución del estado o como lo dice la

mayoría de las legislaciones estatales el 3.5% de la votación emitida. Es decir, restando lo

votos nulos y de candidatos no registrados. El partido actor impugnó que el Tribunal

aplicara la disposición de la Constitución del estado con preferencia a lo dispuesto por la

ley electoral. Y mencionaba que la ley electoral era la que se debía aplicar por ser una ley

especializada, prácticamente por decir "la Constitución estatal en este sentido no cuenta".

Afortunadamente, la Sala Superior manifestó que el Tribunal responsable tenía la

obligación de aplicar el texto constitucional de la entidad federativa porque es un órgano

competente para resolver las cuestiones en materia electoral. En los términos

preferentemente de su Constitución local y debe de observar la supremacía de dicho

cuerpo normativo. En materia electoral aún queda mucho por definir, el papel que juega la

Constitución del estado, su supremacía no sólo por parte de los Tribunales locales, sino

también por parte del TEPJF.


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¿Por qué han fallado los intentos en algunas entidades federativas en la impartición

de justicia constitucional local? Dr. Francisco Martínez Sánchez

1. Planteamiento preliminar

Son muchas las razones por las cuales no existe una justicia constitucional local.1 Sin

embargo, hay dos (sino las únicas, al menos sí bastante importantes) que ocupan el hilo

conductor de esta ausencia por su intima relación con el tema de los derechos humanos. Y

aunque distintas, están íntimamente conectadas.

La primera razón es de carácter ideológico; la segunda, de carácter conceptual. Ambas,

como se verá más adelante, poco a poco se han empezado a abandonar, pero siguen

vigentes en el pensamiento de una parte importante de la comunidad jurídica.

La razón ideológica descansa en la tradicional concepción del Estado decimonónico,

según la cual (y una de sus características) los estados nación son un todo homogéneo.

Conforme lo anterior, un país homogéneo no tendría mayores problemas para regirse bajo

una idea centralista, y un país heterogéneo debería ser regido bajo el principio federal. Y

con todo lo absurdo que parezca, en México predominaba (hasta hace poco) la idea de la

homogeneidad y (aquí viene lo absurdo) a pesar de ello se imponía el sistema federal como

forma de gobierno. El resultado fue desastroso: había un reconocimiento literal al sistema

federal en la Constitución pero “inanimado” en la práctica. En materia constitucional local,

esto se refleja en el hecho de que la Constitución Política Federal2 sí tiene un “guardián”3

1 Se agrupan, bajo categorías diversas, las razones. Algunas veces son se carácter teórico técnico, algunas otras veces de índole contextual, e incluso, también se acude con frecuencia a razones de índole “real” y se menciona aquí la precaución de implantar una justicia constitucional local por el temor al cacicazgos estatal (cfr. Estrada, 2008, 6). Para una variedad de razones aludidas por los constitucionalistas mexicanos explicando los motivos de la falta de una implantación de justicia local efectiva puede consultare la siguiente bibliografía: Astudillo, 2006; Uribe, 2003; Rabasa, 2001; Una compilación con variados puntos de vista sobre este tema puede verse a González Oropeza y Ferrer Mac-Gregor, 2006. Por otro lado, no se pasa por alto de que hay Estados con justicia constitucional local como son los Estados de Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, 2 De aquí en adelante CPEM 3 Uso aquí el termino “guardián” como expresión fiel a la propuesta teórica kelseniana quien desarrollo la idea de guardián de la Constitución bajo el sentido literal alemán de “Hütter der Verfasstang”.


(la Suprema Corte de Justicia de la Nación4)5. En tanto que el sistema local no cuenta —en

la mayoría de los casos— con un “guardián local” pues la homogeneidad no exige

descentralización, sino al contrario: centralización.

Por lo que se refiere a la segunda razón y de carácter conceptual, esta no es de menor

importancia. De hecho puede decirse que, sin pasar por alto el fuerte vínculo con la

anterior idea, es una razón técnica (a diferencia de la primera que es ideológica) y cuya

presencia han utilizado constantemente los detractores de la justicia constitucional local:

¿cómo armonizar la justicia constitucional local con la justicia constitucional federal? La

razón conceptual parece encerrar una paradoja: si la justicia local será revisada al final por

la justicia federal, no se observa mucho la utilidad de la primera, pues al final se acudiría —

de nueva cuenta— a la revisión constitucional federal. Por otro lado, si la justicia local no

puede ser revisada por la justicia federal se violentaría el principio de supremacía

constitucional. Pero en tanto la aparente paradoja no se resuelva deja un daño colateral a

la justicia constitucional local. Ciertamente, lo anterior ha ocasionado que se abandone a

los individuos de cada uno de los Estados, pues aunque su Constitución local les reconozca

ciertos derechos no garantizados por la CPEM, estos individuos no tienen medios de

defensa contra ello.6

4 De aquí en adelante SCJN 5 Así lo ha manifestado la SCJN en diversas resoluciones. Al respecto puede verse la acción de inconstitucionalidad 4/2005, Tesis: P. XI/2008, Página: 673, Tesis aislada, Rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 6 Al menos así ha sido desde que se sucedió el conocido caso de Elpido Fontes (amparo en revisión 3112/92). Y esa misma idea se sigue aplicando. Téngase como ejemplo paradigmático los asuntos de cuestión de inconstitucionalidad planteadas por los Estados en defensa de su propia constitución local (vid. Tesis: P./J. 23/2005 bajo el rubro siguiente: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE AJUSTAR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES ORGÁNICOS Y SECUNDARIOS DE LA ENTIDAD A LAS DISPOSICIONES DE UN DECRETO POR EL QUE SE MODIFICÓ LA CONSTITUCIÓN ESTATAL). No hay que pasar por alto que cuando un derecho reconocido en una constitución local tiene conexión con la constitución federal, la situación es distinta y ante lo cual la garantía de protección constitucional sí opera. Al menos así se ha establecido en la tesis Tesis: P./J. 29/2006 de febrero del dos mil seis bajo el siguiente rubro: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, Y 38, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN, SE OPONEN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL, POR LO QUE TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.


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Pero las dos razones antes aludidas sí se conectan con el tema de los derechos humanos,

carecen hoy de convicción; es decir, a la luz de estas ideas, no hay razón para presentar

objeciones a la justicia constitucional local. Por el contrario, son los mismos derechos

humanos quienes abonan el terreno para una justicia constitucional local. Y estas ideas son

los ejes rectores de la presente exposición.

Este documento versará sobre tres puntos: en primer lugar se observará cómo la fuerza

de los derechos humanos margina las características del Estado decimonónico y obliga a la

implantación de un Estado constitucional democrático (1). En segundo lugar, se explorará

cómo —si se adoptan las nuevas necesidades exigidas por los derechos humanos— al

implantar un modelo de Estado constitucional democrático, entonces, la aparente

paradoja entre justicia constitucional local y federal desaparece y, por el contrario, dicho

federalismo adquiere vigor pues el Estado constitucional democrático requiere de él (2);

finalmente, teniendo presente las ideas expuestas en 1 y 2 —y a manera de conclusión—

se considerará la viabilidad de la reforma constitucional en sus numerales 102 inciso b y

116 de la CPEM (3).

2. Constitucionalismo y derechos humanos: la ruptura del mito decimonónico.

Hasta hace poco,7 el sistema jurídico político mexicano se alimentaba de una sola visión

constitucional:8 la visión decimonónica del Estado Liberal.9 En general, son cinco ideas las

7 Los cambios se han venido presentando paulatinamente por factores internos y externos y la mayor parte por reivindicaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en materia interna las reivindicaciones identitarias, reclamaciones de género y petición de justicia social están exigiendo la superación de los principio del estado decimonónico (Quizás una de los primeros cambios de esta visión se da con el reconocimiento en el artículo segundo (antes cuatro) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de aquí en adelante CPEUM) de que la “Nación tiene una composición pluricultural”). Por otro lado, los factores externos se integran principalmente por los tratados internaciones en materia de derechos humanos y la interrelación entre países en virtud del fenómeno de la globalización. 8 Como se sabe, en la actualidad, existen al menos tres visiones normativas doctrinales encontradas: el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo. Según se adopte una u otra visión, el diseño constitucional tendrá consecuencias diferentes (cfr. Del Águila, 1995, 549-651). En una apretada síntesis (cfr, Moreno, 2008, 335-357) se puede decir que para el liberal “los derechos son previos a cualquier deber y primero reclamo lo mío antes de que me exijas reconocer lo tuyo. La democracia se institucionaliza en una forma representativa, hay un ámbito de decisiones fuera de la política y, finalmente, se hace uso de la regla mayoritaria en su expresión numérica: cada ciudadano un voto, cada voto un número y, al final —en número— gana la expresión más numérica”; para el republicano “Los intereses egoístas del individuo no son los distintivos sino su


que rigen a esta concepción paleopositivista del Estado: (a) homogeneidad del estado, (b)

soberanía como concepto orgánico y principio de legitimidad, (c) principio de validez

formal, (d) interpretación lógica del derecho, (e) garantías individuales como herramientas

y no como sustancia de los derechos humanos, (f) catálogo flexible pero armónico de los

derechos humanos.

a. El gran temor a la heterogeneidad es la aparente ingobernabilidad que parece

producir. Por ello, el Estado decimonónico partió de una idea sencilla pero irreal: las

sociedades políticas constituían una agrupación de iguales. No se pasa por alto que había

grados de tolerancia con la diferencia (el famoso principio igualdad para los iguales).10

Pero dicho grado de tolerancia no significa la apertura a la diferencia real sino sólo a la

aparente o legal.11 Afortunadamente esta idea de la homogeneidad se ha ido desgastando

gracias a las exigencias (cada vez más fortalecidas) de los derechos humanos.

Efectivamente, en diversas partes del mundo, la homogeneidad ha sido cuestionada bajo

el reclamo de los derechos humanos. Y la lucha es en contra de un sistema jurídico

aparentemente igual para todos los individuos, pero con graves problemas de exclusión y

de ausencia de mecanismo legales para el respeto a la diferencia. Tómese por ejemplo (de

las muchas situaciones), el caso del uso del velo en las sociedad inglesa, el retiro del

peculiar situación de individuo político. Aristóteles, por cierto, creía que “aquel que vivía fuera de toda comunidad sólo podía ser un dios o un animal” (Del Águila, 1995, 587). Por lo cual tiene que haber una cierta disposición a la colaboración y a la consagración de una “voluntad general”. Los intereses particulares, explicaba Rousseau, se transforman en intereses generalizables o mejor dicho: cada uno de los miembros de la sociedad aportará su libertad natural para obtener la libertad civil y hacer a cada uno tan libre que sólo se respeta a uno mismo”; finalmente, para el comunitarista, Para una concepción comunitaria, los lazos entre los miembros de la sociedad va más allá de una virtud cívica, es un lazo de fraternidad: hermano o hermana son los distintivos para identificar a los miembros de la comunidad. Ese lazo de fraternidad o hermandad se crea en virtud de una tradición común y compartida”. 9 Ferrajoli (2004, 94-101), —quien consagró la expresión decimonónica del Estado Liberal— contrapone dicha visión “paleopositivista” a la concepción liberal de avanzada reflejada en el Estado Constitucional de derecho garantista (cfr. Ferrajoli, 2007, 71-89). 10 Vid. Amparo en revisión 662/93, Tesis: P. LV/95, Página: 72, Rubro: IGUALDAD, PRINCIPIO DE. EL ARTICULO 470, FRACCION III, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al consagrar el principio de igualdad, no prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diversas entre sí, sino a dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situación semejante, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la desigualdad establecida por el legislador en determinados supuestos, es la vía de realización del principio constitucional de igualdad. 11 Una critica a esta idea de igualdad en sentido formal y no material aplicada por la SCJN puede verse en Bárcena (2007)


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crucifijo en la sociedad alemana, el debate sobre la enseñanza “cívica” en España, las

reivindicaciones multiculturales en la mayoría de los países latinoamericanos.

México también ha tenido sus propios problemas internos. Un asunto protagónico en

México ha sido el caso de los testigos de Jehová. En este caso, el incumplimiento a los

deberes cívicos frente a los derechos humanos ha llevado a la SCJN a la navegación en un

estado de incertidumbre entre favorecer la homogeneidad a través del respeto a los

deberes cívicos12 o favorecer la heterogeneidad por medio de la libertad religiosa.13 Por

ello, tratadistas mexicanos como Carbonell (2008, 539) han llegado a manifestarse sobre

este asunto de los testigos de Jehová de esta manera: “Hay que recordar que en los

Estados democráticos el derecho no puede imponerse simplemente por la pura fuerza

física de la coacción estatal, sino que tiene sobre todo que convencer a sus destinatarios

de la bondad, o pertinencia de cumplir con la norma”.

Sea como fuere, el Estado no es homogéneo, es realmente heterogéneo: muchas ideas,

muchos perfiles y muchas culturas conviven unas con otras. Por ello, esta idea de

homogeneidad, como explica el hoy ministro de la SCJN José Ramón Cossío (2002, 170‐

171), tuvo que ser abandonada pues “fue imposible seguir sosteniendo la idea de que las

sociedades eran homogéneas, y las Constituciones, meras representaciones de esa

12 Al principio la suprema corte estableció lo siguiente (Amparo en revisión 64/90, TA, Página: 209, Rubro: ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, LEY SOBRE EL. NO SE VIOLAN GARANTIAS CONSTITUCIONALES AL SEPARAR A UN ALUMNO DE SU ESCUELA POR INCUMPLIRLA.). Los acuerdos que las autoridades educativas adopten para separar a los alumnos con base en la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, no violan garantías en su perjuicio porque si por imperativos concernientes a su convicción de conciencia de una fe religiosa se permitiera a los que la profesan apartarse de las normas jurídicas que regulan el comportamiento de toda la sociedad, equivaldría someter la vigencia de esas normas, a la aprobación del individuo, lo que a su vez pugnaría con el acto de creación del derecho por parte de la comunidad. Así, tales acuerdos apoyados en que el alumno, so pretexto de pertenecer a los "Testigos de Jehová" omite rendir honores a los símbolos patrios contemplados en la invocada Ley, no trasgreden los artículos 3o., 14 y 24 constitucionales. El 3o. porque no se está impidiendo en forma absoluta el ingreso a las instituciones educativas, sino que únicamente se trata de preservar el espíritu de ese precepto derivado de la titularidad que se confiere al Estado para la conducción de la tarea educativa; el 14, porque si la educación como garantía individual de los mexicanos, está al margen de toda creencia, dogma o doctrina religiosa, no rige el principio de previa audiencia para que los alumnos sean separados de las escuelas, pues de escucharlos implicaría el absurdo de darles oportunidad de oponerse a las disposiciones reguladoras de la disciplina interna del plantel, bajo argumento de su fe de la secta denominada "Testigos de Jehová"; el 24, porque de conformidad con este artículo las ceremonias o devociones del culto religioso, se circunscriben a los templos o domicilios particulares, de modo que no es admisible que se traduzcan en prácticas externas que trasciendan en el ámbito social del individuo. 13 Cfr. Soberanes, 2001, 69-70


homogeneidad”. Los derechos humanos, si se toman en serio, sólo pueden ser respetados

bajo la idea de la heterogeneidad y no de la homogeneidad.

Afortunadamente, tanto en el ámbito doctrinal (cfr. Cossio, 2002) como en el ámbito

judicial se empieza a general la transformación de Estado decimonónico a estado

constitucional democrático.14

b. Otra característica del Estado decimonónico es la idea de soberanía como concepto

orgánico y principio de legitimidad. Bajo la influencia de la doctrina rousseauniana, la

soberanía es considerada de esta manera como única e indivisible. Y esta idea, en tema de

derechos humanos, ha acarreado graves problemas en la actualidad. Pues ni es única ni es

indivisible, pero eso sí, se invoca constantemente como justificación para la violación de

los derechos humanos.

Ciertamente, para los defensores de los derechos humanos, la soberanía en el ámbito

externo debe domesticarse debido al “estado salvaje” que se vivió (y aun se vive) con las

guerras mundiales, las intervenciones armadas de países poderosos en contra de los

débiles, pues la soberanía así concebida es la negación misma del Estado de derecho y, en

consecuencia, implica a nivel externo (internacional) a una ley de la selva, y a nivel interno

a una ley sin principios garantistas. En el ámbito interno tampoco se puede seguir

apelando a la idea de soberanía absoluta, ya que, dicen los partidarios del sistema

garantista, no debe haber poderes absolutos pues todos los poderes deben ser limitados

(Ferrajoli 2004).

Y no se trata de una apelación teórica. Realmente el concepto de soberanía se ha visto

endeble en los últimos tiempos. Por ejemplo, el fenómeno de la globalización ha debilitado

a la soberanía en su relación con el exterior (establecimiento de tribunales internacionales

14 Una de las últimas opiniones de la SCJN ha mejorado la idea de igualdad. Vid al respecto la Tesis: 2a. LXXXIV/2008 Página: 440; Rubro: IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA). “Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino imperativo”.


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y de órganos mundiales de protección a los derechos humanos que han repercutido en la

concepción clásica de la soberanía externa y que se vislumbra como una fuerte esperanza

de acabar con el “estado salvaje” en que se vive en la comunidad internacional). Y las

luchas por el respeto a los derechos de las minorías han puesto en tela de juicio la idea de

soberanía al interior. Hoy, la soberanía debe ser concebida en términos de “dispersión”

(Habermas) con un flujo contextual y “dúctil” a diversos escenarios y sociedades. Bajo esta

nueva idea de soberanía, la relación entre la Federación y los estados sería más de

coordinación que de subordinación (lo mismo se podría decir de la relación entre el Estado

mexicano y otros estados mundiales).

c. Principio de validez formal. La noción de validez constituye uno de de los conceptos

elementales de la teoría del derecho y del Estado. Sin embargo, se trata de una noción

sumamente polémica. No por casualidad el panorama mundial jurídico se ha configurado

con base en dos posturas encontradas: el positivismo frente al iusnaturalismo. Pasando

por alto el intenso debate que puede surgir sobre este tema, se puede señalar que el

positivismo defiende la idea de una validez formal; por el contrario, el iusnaturalismo lucha

por la reivindicación de una validez sustancial. De alguna forma, dentro del escenario

mundial (y también en el mexicano) el temor ante la inseguridad jurídica llevó a definir la

ventaja de una corriente sobre otra. Fue así como el positivismo se implantó en muchas

sociedades, incluso la mexicana. Y en la tradición positivista era moneda corriente que la

validez formal fuera el primero (y único) elemento de decisión. Sin embargo (y de nueva

cuenta aparecen los derechos humanos), se presentaron situaciones en diversos lugares

del mundo que dieron lugar a una revisión del modelo imperante.

Son muchos los casos que se pueden traer a colación. Pero quizás algunos de los más

notables son los procesos penales seguidos en contra de ciertos militares del régimen

alemán‐nazi. Ahí, la defensa de los militares alegaba que sus defendidos no habían hecho

más que cumplir con el derecho positivo, y ante lo cual la responsabilidad penal no

procedía. La contraparte, como se sabe, argumentó que más allá del derecho positivo hay

valores superiores a los cuales se les debe respeto.

Otro caso singular (menos publicitado y por lo mismo con menos influencia política) lo

constituye el caso francés de “lancer de nain” (lanzamientos de enanos) que llevó a los


juristas de aquel país a un intenso debate. La polémica giró en torno a un enano que era

lanzado —por su propia voluntad y bajo el amparo del régimen de contratos civiles— como

objeto de diversión. La disputa, versó —pues— sobre si se debía permitir el lanzamiento

de enanos, porque la ley positiva lo tutelaba o, por el contrario, impedir dicho lanzamiento

aunque se atacará un texto positivo de la ley. La solución de la justicia francesa fue que no

se debía permitir el lanzamiento de enanos.15

Por otro lado, en cuanto a la situación mexicana y a pesar que desde hace algunos años

la SCJN se ha alejado de una visión rigurosamente positivista,16 no dejan de surgir los

conflictos. Por ejemplo, fue muy difundido el caso del poeta chiapaneco Sergio Hernán

Witz Rodríguez. Los hechos fueron los siguientes: el poeta elaboró un poema cuyas

manifestaciones atentaban contra los símbolos patrios. Específicamente escribió en su

poema lo siguiente: “Yo me seco el orín de la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se

acuestan los perros y que nada representa, salvo tres colores y un águila que me producen

un vómito nacionalista o tal vez un verso lopezvelardiano de cuya influencia estoy lejos”.17

Como era de esperarse, dicha actitud fue calificada de ultraje a las insignias nacionales,

previsto y sancionado por el artículo 191 del Código Penal Federal. Se siguieron las

instancias judiciales correspondientes y el asunto llegó a la SCJN. Ya allí, los ministros

tenían frente a sí, de nueva cuenta, una tensión entre el derecho fundamental a la libertad

de expresión y la legalidad de la sanción prevista en el Código Penal federal. Al final

resolvieron con base en el principio de legalidad del Código Penal Federal (Amparo en

Revisión 2676/2003). No obstante, dos integrantes del máximo tribunal presentaron un

15 Otro caso en este tenor es el famoso asunto alemán “Lüth”. Los hechos fueron los siguientes: una conocida autoridad en materia de periodismo (H. Lüth) pedía boicotear la película Jud Sûb con el argumento de la ideología antisemita del director (Harlan). La empresa cinematográfica demandó a Lüth y utilizó como base de su demanda una disposición del BGB pues así se plasmaba que “el que dolosamente cause daño a otro de manera contraria a las buenas costumbres está obligado a repararlo”. Para la empresa cinematográfica la actitud de Lüth atentaba contra las buenas costumbres, pues promovía el boicot. El caso tuvo sus diversas instancias judiciales y, al igual que el caso de lanzamiento de enanos, originó un intenso debate. Al final se amparó a Lüth. 16 Amparo en revisión 553/89, III, Segunda Parte-1, Página: 419, Rubro: INTERPRETACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS. El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del Derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del Derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. 17 Publicado en la revista Criterios de Chiapas número 44 de abril del año 2001.


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voto de minoría (Ministro José Ramón Cossío Díaz y Ministro Juan N. Silva Meza) y

pugnaron por abandonar la idea de validez en sentido formal y consolidar un Estado

constitucional democrático anclado en una validez sustancial de respeto a los derechos

humanos. Específicamente escribieron que:

“Lo que nos correspondía, en definitiva, era garantizar el ámbito de

protección de un derecho fundamental y emitir una resolución que diera

plena operatividad práctica a lo que nuestra Constitución establece,

otorgando plena vigencia a los derechos civiles de los ciudadanos, elemento

sobre el cual debe apoyarse la construcción de la democracia que nuestra

Constitución prevé. Ello nos obligaba a amparar al quejoso contra el artículo

191 del Código Penal Federal, como medida imprescindible para

salvaguardar el núcleo de su derecho a expresarse libremente en nuestro

país, y a difundir las propias ideas mediante la publicación de escritos”.

Aquí es importante notar que la validez sustancial otorgada por los derechos humanos

no corre el riesgo de extravío como el ocasionado por el derecho natural. Esto es así

porque la validez sustancial se interrelaciona con la validez formal. O, si se quiere, ambas

constituyen las caras (aunque distintas) de una moneda.

Esto se entenderá mejor si de nueva cuenta se acude al voto de minoría de los ministros:

“Amparar al quejoso en esta instancia no implicaba —es importante

subrayarlo— hacer una declaración general de inconstitucionalidad del

artículo 191 del Código Penal Federal, ni expulsarlo definitivamente del

ordenamiento jurídico. Como es propio del juicio de amparo en nuestro

sistema jurídico, mediante el cual no se ejerce un control de

constitucionalidad de la ley con efectos erga omnes, sino inter partes, esto es,

para el caso concreto y no de manera abstracta, el delito de ultraje a los


símbolos patrios se mantendría en el Código Penal y podría constituir el

parámetro para perseguir penalmente las conductas que así lo ameriten”.

No por casualidad es demasiada certera la afirmación del hoy Magistrado González

Oropeza (1998, 254) cuando escribe que “Por lo que respecta a México, la interpretación

judicial está atrapada en la aplicación letrista de la ley”.

d. Interpretación lógica del derecho. Otro de los mitos acuñados por el Estado

decimonónico es el de la aplicación, por regla general, de lógica en el derecho. No se pasa

por alto que habrá casos muy sencillos en los cuales las reglas lógicas son de fácil

aplicación. O como escribe Guastini (2008, 40) hay casos fáciles en los cuales

efectivamente el juzgador hace una aplicación lógica: “Cuando un juez decide un caso fácil,

se limita a tomar conocimiento de la norma: su enunciado interpretativo puede ser

verdadero o falso. Por el contrario, cuando resuelve un caso difícil, realiza un acto de

voluntad”. Aunque también es importante resaltar que el rechazo a una aplicación lógica

tampoco puede significar el desprecio a otras herramientas racionales de interpretación,

como puede ser la idea de ponderación o adecuación. Pero en todo caso, la concepción

decimonónica considera al juez como un ser neutral y su función se limita a ser la de un

lector autorizado por la ley para desarrollar un proceso lógico‐aplicativo de la norma al

hecho concreto. En otra presentación, para los partidarios de esta postura el texto

normativo tiene un sentido univoco “y susceptible de ser conocido, y que desconoce por

tanto la vaguedad y lo equivoco de los enunciado normativos” (Guastini 2008, 40). Con

cierto grado de exageración, el importante constitucionalista italiano Ricardo Guastini

(2008, 40), dice que “esta postura aparentemente no es compartida por nadie”. Olvida que

en México existen juristas que todavía creen (de buena o, hacen creer, de mala fe) en la

aplicación lógica del derecho.

Realmente y como explican algunos juristas (cfr. Cossio y Raigosa 1998), la invocación a

la aplicación literal y lógica del derecho esconde una manipulación ideológica: o bien que

el juez no tiene intereses políticos o que, si los tiene, puede separar fácilmente su

personalidad ideológica de su personalidad jurídica. Contra esta visión, los partidarios de

los derechos humanos han hecho notar de forma importante que no resulta fácil separar al


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hombre o mujer juez del hombre o mujer que interactúa en la sociedad. El hombre o mujer

juez no puede quitarse “su ideología socio‐cultural” al momento de entrar al juzgado. Y si

no pueden hacerlo, entonces la justicia no es más que la decisión de los que detectan el

poder o, en el mejor de los casos, de una visión unitaria de la vida. Por ello, se ha dicho que

“es imposible seguir interpretando a las normas constitucionales como la pura y acabada

decisión de quienes detectan el poder” (Cossio y Raigosa 1998, 269). Aun más: no es

posible pretender que en las actuales condiciones de pluralidad política y social... los

actores sociales se sometan a un punto de vista unitario decidido con independencia de

sus particulares interese e ideologías” (Cossio y Raigosa 1998, 269).

e. Garantías individuales como herramientas y no como sustancia de los derechos

humanos. Una deficiencia notable del Estado decimonónico en la tutela de los derechos

humanos se vislumbra cuando protege formulas vacías y no sustanciales en torno a los

derechos humanos. Efectivamente, toda vez que los derechos humanos son valores y no

conceptos vacíos, su reconocimiento acarrearía una especia de reconocimiento al

iusnaturalismo y para evitarlo proponen —mejor— una salida instrumental. En el caso de

México, la SCJN ha establecido (para el caso de los artículos más invocados en el litigo

mexicano: 14, 16) que las garantías individuales son un instrumento y no la sustancia.18

Con ello, el amparo mexicano literalmente cierra las puertas a los derechos humanos, pues

sólo permite su ejercicio cuando se trata de violación a las garantías individuales (art. 1 de

la Ley de Amparo).

f. Catálogo flexible, pero armónico de los derechos humanos. La SCJN reconoció hace

tiempo que “Las garantías constitucionales no deben tomarse como un catálogo rígido,

invariante y limitativo de derechos concedidos a los gobernados, que deba interpretarse

por los tribunales de amparo en forma rigorista, porque ello desvirtuaría la esencia misma

18 Improcedencia 1986/96, Tesis: I.6o.C.28 K, Página: 547, Rubro: GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos humanos del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos.


de dichas garantías”.19 Esto es, consagró jurídicamente la idea de un catálogo flexible.20

No obstante, dicha flexibilidad se vio oscurecida por una razón ideológica. Según esta

concepción el catálogo de derechos, aunque flexible, era armónico. La base de la armonía,

como ya se ha manifestado líneas arriba, radicaba en la imposición de una sola visión

constitucional: la construcción decimonónica del Estado liberal.21

Ciertamente, y como explica Sánchez (2008, 256‐257), para la SCJN el catálogo de

derechos humanos consagrados en el apartado de garantías individuales se rige bajo la

idea de que se trata de “una ordenación apriorística e inmutable”; circunstancia “derivada

de una postura axiológica decimonónica”.

Al tratarse de un “todo armónico” basta con un solo “guardián” o en el mejor de los

casos es suficiente con crear una institución22 (que sin facultades jurisdiccionales para

resolver controversias) vigile el respeto a dicho catálogo.23 Por ejemplo, en el caso de

México, se ha creado una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (y en los ámbitos

locales Comisiones Estatales de Derechos Humanos) cuyas resoluciones únicamente tienen

el carácter de recomendaciones. No pueden, dichas Comisiones (y tampoco deberían, claro

está), resolver con carácter judicial la protección de los derechos humanos, pues esta

función corresponde a un Tribunal Constitucional (o a quien haga sus veces). Desde luego,

se podrá objetar que esta protección ya está reconocida por la Suprema Corte de Justicia

19 Amparo en Revisión 597/73, p.39, tesis aislada. Rubro: GARANTIAS INDIVIDUALES, ALCANCES DE LAS. 20 Téngase presente que hay un campo fértil de discusión académica sobre si la SCJN puede conocer de violaciones a Derechos humanos que no estén contenidos dentro de las garantías individuales (cfr. Martínez Sánchez 2006, 109). 21 cfr, Moreno, 2008, 335-357 22 Esta Institución cuyos antecedentes más remotos se encuentran en el Eflore (Esparta) y Euthynoi (Atenas) encuentra su mejor expresión en el Ombudsman de Suecia. Para una revisión del Defensor del pueblo en historia latinoamericana puede consultarse a Fix-Zamudio (2001, 403-422). 23 Constitucionalmente, para el caso de México, la comisión Nacional de Derechos Humanos y conforme al artículo 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es parte de los “organizamos de protección de os derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, son excepción de los del poder judicial de la federación, que violen estos derechos”. La Suprema Corte de Justicia de nación ha reconocido bajo el rubro COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, como funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo siguiente (amparo en revisión 590/98, tesis VI.3º. 16K, página 507, tesis aislada) : “es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones”.


111666999

de la Nación,24 pero, como se ha dicho,25 la protección a los derechos humanos desde el

ámbito local no está garantizada.

3. Estado Constitucional democrático y justicia constitucional local

El Estado de derecho contemporáneo o, en una expresión más adecuada, el Estado

constitucional democrático —como se ha visto— tiene características contrapuestas al

Estado decimonónico. En primer lugar, parte de la idea de que los estados‐nación son

sociedades plurales y altamente heterogéneas. En segundo lugar, considera a la soberanía

como una idea útil, pero alejada de la tradicional visión rousseauniana; es decir, la

soberanía deja de ser un concepto unitario e indivisible para convertirse en un concepto

dinámico, dúctil y disperso. En tercer lugar, la idea de validez adquiere un doble rostro: la

norma es válida por cumplir con los requisitos legales (hecho), pero además por cumplir

con el respeto a los valores tutelados por la norma (cfr. Ferrajoli, 874). En cuarto lugar, se

separa de la interpretación lógica del derecho y su lugar lo ocupa una teoría

neocognitivista contemporánea. Según esta teoría neocognitivista, el derecho puede tener

casos fáciles, pero también casos difíciles en virtud de la ambigüedad y vaguedad del

textos normativo. Ante lo anterior, el juzgador tendrá que actuar conforme a parámetros

distintos al señalado por el modelo decimonónico. En quinto lugar, los derechos humanos

son “valores” o deberán ser “valores” constitucionalizados y no simple herramientas. En

sexto lugar, los derechos humanos constituyen un catálogo flexible y dinámico sujeto a las

reglas de ponderación.26 Pues bien, todo lo anterior ¿cómo se conecta con la justicia

constitucional local?

La respuesta está en la solución a la paradoja planteada líneas arriba. La paradoja, como

se recordará, se presenta de la siguiente manera: si la justicia local será revisada al final

24 Al menos así, se ha establecido por la suprema Corte de justicia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales. Vid. (Amparo en revisión 136/2002, tesis II.2o. Pág. 1737) DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y ALUDIDOS EN LA RECOMENDACIÓN DE ALGUNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMPARO PROCEDENTE EN EL CASO DE. 25 Recuérdese el caso de Elpidio Fontes. 26 La ponderación se convierte en una herramienta para resolver los casos de tensiones entre derechos humanos.


por la justicia federal, no se observa mucho la utilidad de la primera, pues al final se

acudiría —de nueva cuenta— a la revisión constitucional federal. Por otro lado, si la justicia

local no puede ser revisada por la justicia federal, se violentaría el principio de supremacía

constitucional. Ahora bien, creo que dicha paradoja se presenta únicamente bajo el marco

de un estado decimonónico pero pierde fuerza bajo el amparo de un Estado constitucional

democrático. Esto se entenderá si se revisan cada una de las características de la

propuesta constitucional y democrática.

a. El fundamento socio‐jurídico lo constituye una sociedad heterogénea. Precisamente

por ello, en Estados de esta naturaleza el federalismo se presenta como una solución. Las

múltiples ramificaciones socio‐culturales encuentran en dicha fórmula política un

elemento de unidad. Esto no significa, desde luego, volver a la criticada postura de una

declaración de homogeneidad irreal. Por el contrario, la diversidad es reconocida y

agrupada bajo intereses comunes (y no de características comunes): la necesidad de

interrelación entre los diferentes y bajo el pacto de acuerdos políticos. El acuerdo político,

en este caso, es la adhesión al sistema federal regido por los principios constitucionales de

democracia y derechos humanos.27 En este tenor, la heterogeneidad y no la

homogeneidad es la que otorga sentido al artículo 40 de la CPEM cuando prescribe que “Es

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una republica representativa, democrática,

federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen

interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta

Federación”.

Pero la operatividad de esta situación (federalismo) reposa sobre una evidente base: la

Constitución local materializada y no solamente formalizada. Es decir, si la Constitución

local únicamente se limita a transcribir lo establecido en otras constituciones locales o, en

el peor de los casos, reiterar lo que la Constitución federal ha dicho, el federalismo pierde

su razón de ser. Efectivamente, si el federalismo se ha menoscabado por la actitud

centralista de la Federación, también se debilitado por la pereza legislativa local (cfr. Valls

2008, 138). Se deben dejar para la Federación los aspectos comunes y normativizar en los

27 No por casualidad los derechos humanos (tutelados a través de las garantías individuales) y la organización política-jurídica (democracia) establecida en el artículo 116 de la CPEM son las normas que regulan el pacto federal


111777111

estados las necesidades especificas (incluso hasta por cuestiones de ubicación territorial

cada estado tiene necesidades propias. Piénsese, por ejemplo, en el caso del Estado de

Veracruz, que colinda con el mar, y compárese con el estado de Hidalgo, que no tiene

dicha colindancia). En suma: la heterogeneidad, si la es tal, exige una Constitución local

distinta a la federal. Y dicha distinción adquiere firmeza con un elenco específico de

derechos humanos.

b. Un concepto “nuevo” de soberanía. La idea de un nuevo concepto de soberanía es,

como resulta conocido, obra de Luigi Ferrajoli, figura central en la propuesta de un Estado

de derecho de corte garantista. Bajo esta óptica la soberanía se aproxima más al concepto

de autonomía política. Su función, con este nuevo rostro, consiste en ordenar y tutelar el

propio esquema político, siempre con base en los derechos humanos. La soberanía implica,

de este modo, libertad antes que poder. Y en el caso de justicia constitucional local, la

soberanía significaría libertad para regirse políticamente (Constitución local), pero,

además, para supervisar dicho régimen a la luz de los principios garantistas. Esto es, una

soberanía en estos términos significa la idea de dictarse leyes (autolegislación o autonomía

política), pero —y aquí algo importante— significa, al mismo tiempo, el derecho (de cada

entidad federativa) a revisar por sí misma su autolegislación. Esto es, la Constitución

(impuesta por la característica de la heterogeneidad) reclama un “guardián”. Y dicho

guardián es mayormente demandado (o, si se quiere, legítimamente justificado) cuando

cada Estado integrante de la Federación cuenta con su propio elenco de derechos

humanos. En suma: la segunda característica aporta elementos de justificación para la

creación de un guardián constitucional local.

c. Validez. Una preocupación permanente en los teóricos mexicanos del derecho

constitucional local, es la idea de una duplicidad normativa. No obstante, creo que dicha

duplicidad normativa desaparece si se atiende a un doble concepto de validez normativa.

Ciertamente, para el Estado constitucional democrático, al partir del hecho de la

heterogeneidad, el sistema de jerarquía solo prevalece para resguardar principios

universales abstractos pero se sustituye por una relación de coordinación en niveles éticos


concretos.28 Para ser más claro: los derechos humanos tienen un doble rostro (o si se

quiere una doble validez). Un rostro es su universalidad, aunque esta universalidad

generalmente es de carácter abstracto (validez formal) pero también tienen el rostro de la

validez de contenido (validez sustancial). Como validez formal, un derecho humano puede

consagrar el derecho a la libertad de creencias. Pero esa libertad de creencias presentará

diversas facetas según la sociedad de la que se trate. Así, por ejemplo, no tiene el mismo

valor para un musulmán creyente el derecho a rezar (derecho a la libertad de religión) que

para un norteamericano ateo. Para el primero, el derecho a la libertad de religión

constituye un elemento esencial de su vida, para el segundo, el derecho a rezar no pasa de

ser una “buena intención”. Por ello, en un sistema federal todos los estados deben estar

regidos por principios universales abstractos (derecho a la libertad, derecho a la igualdad, y

otros) pero dichos derechos deberán ponerse en marcha con un elenco de derechos

humanos específicos para cada uno de los Estados. Piénsese, por ejemplo, en las

diferencias contextuales que tiene el Estado de Oaxaca en relación con el Estado de

Monterrey. Sus necesidades y sus posturas éticas concretas varían considerablemente

(aunque todos deben estar regidos por los principios constitucionales de la Federación).29

La idea de soluciones contextuales se ha utilizado para justificar algunas otras

aplicaciones jurídicas (Bayón 2006, 105) pero también para el tema de los derechos

humanos (cfr. Caso Lovelace vs. Canada).

Por lo anterior, una de las funciones de los guardianes constitucionales locales (función

que no podrían llevar a cabo un Tribunal federal) es la de encontrar soluciones

contextuales para las controversias suscitadas en virtud de los derechos humanos

reconocidos en las Constituciones locales que aunque similares a los de la Constitución

federal adquieren el matiz propio en cada Estado. Por el contrario, la función de un

Tribunal Constitucional Federal (en esta lógica) seria la de vigilar los principios universales

abstractos.

28 Se sigue aquí la distinción de Habermas entre moral y ética (Habermas 2005). 29 Incluso, propiamente y a pesar de la disputa en torno al lugar que ocupan los tratados internacionales en la jerarquía constitucional, lo cierto es que la exigencia del respeto a los tratados en derechos humanos cada vez mas adquiere fortaleza, por lo cual (en materia de derechos humanos) no prevalecerá la opinión de la Federación, sino del mundo. Esto es, y como escribe Ferrajoli, se están abriendo las puertas hacia un constitucionalismo mundial (cfr. Ferrajoli 2004, 102- 106).


111777333

d. Interpretación del derecho y e. Valores. Si se acepta la idea de que el derecho se

interpreta y no se aplica lógicamente y además se acepta la idea de valores superiores que

rigen a una sociedad, entonces se acumulan razones para que sean jueces locales los que

resuelvan el tema de los derechos humanos (en lectura ética concreta) y no jueces

federales, que por su posición geográfica y política no mantienen una estrecha relación

con la normatividad a la cual desean tutelar. Además, aceptar las dos razones aludidas

(interpretación del derecho y valores) acaba con la aparente superioridad intelectual de los

jueces federales sobre los jueces locales pues ¿por qué debe considerarse que unos son

mejores que otros? Al final de cuentas, tanto unos como otros tienen la misma capacidad y

razonan de forma similar. La distribución de funciones no debe ser considerada como una

división de superioridad‐inferioridad.

e. Derechos humanos como catálogo flexible. Un elenco de derechos humanos en una

Constitución local debe partir de la idea de que los derechos humanos (como se dijo líneas

atrás) tienen dos tipos de validez: la validez formal y la sustancial. La validez formal otorga

universalidad y la sustancial concede materialización. Una y otra generan flexibilidad

dentro del catalogo de los derechos humanos y dejan una apertura interesente para el

doble reconocimiento de derechos humanos. Desde luego, el manejo de dos discursos

diferenciadores de los derechos humanos (universal abstracto y ético concreto) impone

precaución al momento de reglamentar. Aunando al hecho de que podría haber derechos

humanos de carácter ético concreto que, en nombre del federalismo, exijan un respeto

uniforme en todos los Estados federados.

Por otro lado, la flexibilidad de catálogo permite dos agregados adicionales en una

Constitución local sin el riesgo de caer en la repetición innecesaria (cfr. Martínez Sánchez

2006, 104‐112): por un lado, el reconocimiento a derechos humanos reconocidos en

tratados internacionales y todavía no incluidos en el pacto federal, y por el otro lado, la

creación de nuevos derechos humanos.


4. A manera de conclusión: la puerta a la protección total de los derechos humanos y la

necesidad de un “guardián” de la Constitución local.

Los apartados 1 y 2 han servido como premisas de una conclusión que aquí se quiere

expresar: la protección total de los derechos humanos en una sociedad heterogénea no

puede pasar por alto la necesidad de un guardián de la Constitución local. Este guardián

puede adquirir diversos rostros y diversas formas.

En cuanto a los rostros, el modelo más difundido hasta nuestros días es el prototipo

europeo. Como se sabe, este prototipo europeo deposita la confianza de la guarda de la

Constitución a un Tribunal Constitucional. Sin embargo, este modelo europeo adquiere

diversas tonalidades en razón a su composición (número y elección de juzgadores), a su

posición política (autónomo, dependiente del poder legislativo, dependiente del poder

judicial), su parámetro de control, su competencia, el procedimiento y la fuerza de las

sentencias dictadas. Además, tampoco es la única alternativa de guarda a la Constitución.

Existen otras alternativas (eso no significa, desde luego, que se abandone la idea de un

guardián de la Constitución). Por ejemplo, Holanda no cuenta con un Tribunal

Constitucional y la guarda se concede al Parlamento a través de la vía de las leyes

reinterpretativas.

En cuanto a las formas, la guarda de la Constitución puede ser monopolizada por una

sola institución jurídica (Kelsen propuso un Tribunal Constitucional; Schmitt concedía esta

facultad al ejecutivo) o compartido a través de un diálogo interinstitucional por dos o mas

instituciones jurídicas (Poder Judicial y Poder Legislativo, o Poder Judicial y Poder

Ejecutivo). El caso paradigmático es el del sistema canadiense y su figura (promotora del

diálogo entre el Parlamento y el Poder Judicial) de la cláusula notwithstanding.

A pesar de esta variedad de propuestas, considero que por el momento y dado la

transición que vive México hacia una democracia, el mejor modelo de guarda de las

constituciones locales es la de un Tribunal Constitucional local. Esto no significa (contrario

a lo que pueda pensarse) una limitación a la autonomía política de los estados federados.

Por el contrario, es precisamente un elemento de fomento a la autonomía política.


111777555

Este Tribunal Constitucional local deberá contemplar los siguientes principios:30

1.‐ El principio de heterogeneidad. Un Tribunal Constitucional funciona precisamente

para respetar la heterogeneidad social y no para suprimirla. Al menos así se ha expresado

en las corrientes más avanzadas del derecho constitucional (cfr. Denninger y Grimm 2007).

Al respeto, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en su calidad de

guardián de la Constitución de aquel país, ha dejado escrito en la sentencia Washington v.

Glucksberg que su función es precisamente la de permitir el debate, la lucha de ideas, pues

todos los problemas jurídicos no son fáciles de resolver bajo una óptica individualista,

puesto que “hay un debate honesto y profundo acerca de la moralidad, la legalidad” de

dichos temas polémicos; ante lo cual, una sentencia constitucional debe ser promotora de

la deliberación y el fomento al pluralismo; es decir, que “permita que tal debate continúe,

tal y como debe ser en una sociedad democrática”.

2.‐ El principio de estatuto constitucional. El Tribunal Constitucional local sólo tiene

sentido si las constituciones locales se vuelven operantes.

3.‐ El principio del monopolio constitucional. El diseño institucional otorgará la

protección a un solo guardián y recaerá precisamente en los Tribunales Constitucionales

locales.

4.‐ El principio de pluralidad ideológica en su Constitución. Independientemente del

mecanismo de selección de los o las jueces constitucionales, el perfil de cada uno de ellos

o ellas deberá permitir la integración de un cuerpo colegiado con una pluralidad ideológica

(y no política).

5.‐ El principio de funciones jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá diversas

funciones de acuerdo al contexto de cada estado, pero principalmente (en forma

irrechazable) se constituirá para proteger los derechos humanos reconocidos en las

constitucionales locales.

6.‐ El principio de autonomía. Como se mencionó líneas arriba, y aquí se reitera, el

Tribunal Constitucional local deberá tener autonomía para obtener una adecuada

30 Principios comunes a todos los diseños constitucionales que siguen el modelo europeo y cuya lista, principalmente, ha sido elaborada por Favoreu, 1994, 15 y sigs.).


funcionabilidad. Ciertamente, “A fin de lograr una verdadera estabilidad y funcionamiento

de los poderes en cada entidad federativa, se considera que debe independizarse la justicia

constitucional de la ordinaria legalidad, y así con la más absoluta imparcialidad se

pronunciaría una decisión de gran peso jurídico en la impartición de la justicia

Constitucional” (Martínez Sánchez 2006, 112).

Ahora bien, y quizás pensando en la materialización de esta idea, el elemento

básico es el de la necesaria reforma al artículo 116 de la CPEM. Dicha reforma, deberá

tener principalmente cinco ejes temáticos. Primero: la obligatoriedad de los Tribunales

Constitucionales locales como mecanismos tutelados (y promotores) por (y para) el pacto

federal. Segundo: la naturaleza y ubicación del Tribunal Constitucional dentro de la

tradicional división de poderes; Tercero: los principios rectores de los Tribunales

Constitucionales locales. Cuarto: las funciones del Tribunal Constitucional; Quinto: la

composición de los Tribunales Constitucionales locales.

Sobre los anteriores ejes temáticos cabe precisar algunas breves acotaciones. Por lo

que se refiere a la obligatoriedad en la instauración de los Tribunales Constitucionales,

debe tenerse presente que con dicha propuesta no se violenta el principio de soberanía de

los estados, pues como se apuntó en muchas líneas atrás (y aquí se reitera), la soberanía

debe entenderse como un mecanismo de coordinación para con los demás estados, y es

precisamente el pacto federal el que debe crear mecanismos apropiados para dicha

coordinación. En este tenor, la existencia —por obligatoriedad a través del pacto federal—

de Tribunales Constitucionales locales no limita el ejercicio soberano, sino que, por el

contrario, lo facilita y lo promueve.

En segundo lugar, la existencia de Tribunales Constitucionales locales tampoco

violentaría la tradicional división de poderes, pues cada uno de ellos se ubicaría dentro del

Poder Judicial, pero con autonomía propia funcional, técnica y presupuestal.

En tercer lugar, los Tribunales Constitucionales locales deberán regirse por los

principios arriba anotados. Dichos principios serán la guía de dichas instituciones y servirán

para generar una sociedad democrática y plenamente respetuosa de los derechos

humanos.


111777777

En cuarto lugar, sobre las funciones de los Tribunales Constitucionales locales,

deberán especificarse claramente las funciones de cada uno de ellos para evitar duplicidad

de funciones con la SCJN. En este caso deberá tenerse presente que los Tribunales

Constitucionales locales deberán, antes que nada, atender la tutela a los derechos

humanos constitucionalizados únicamente en las Constituciones locales (nuevos o

contextualizados) pues los derechos humanos ya previstos en la Constitución federal serán

objeto de tutela a través de la vía federal. Por otro lado, también es necesario que dichos

Tribunales atiendan los casos en los que aún no se encuentran caminos legales para su

solución. Específicamente todos los relacionados a la organización interna del Estado. Y

aquí la lista puede ser grande, pues entrarían los casos de control constitucional (por

ejemplo el control a la reforma constitucional) o la solución de conflictos31 (conflictos

entre dos o más municipios, un municipio frente a un órgano autónomo y otros casos).

En quinto lugar, no debe pasarse por alto la composición de los Tribunales

Constitucionales locales. Y con objeto de asegurar la pluralidad y la diversidad de

opiniones, éste debe ser un órgano colegiado e integrado por funcionarios con diversa

perspectiva socio‐política.

Ahora bien, una propuesta de reforma al artículo 116 quedaría de esta manera:

ARTICULO 116. …

I. …

II. …

III. …

31 Propiamente es la acción de controversia constitucional de índole local. Como sabe, esta situación no encuentra cobijo dentro de nuestra legislación federal. Hasta el momento la idea imperante es que no hay posibilidad de controlar las acciones inconstitucionales locales si estas carecen de vinculación con violaciones a la Constitución federal (tesis: P/J; 30/2000, p. 812, rubro: CONTROVERSIAS CONTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO LE COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSCIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL).


… (actual contenido de la fracción III)

…(actual contenido de la fracción V)

Cada Estado instaurará un Tribunal Constitucional local a quien se le confiará la guarda

de la integridad y supremacía de la Constitución local del Estado de que se trate, en los

estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, se regirá bajo el siguiente marco

normativo

1.‐ Principios: se regirá por los principios de respeto a la heterogeneidad social, estatuto

constitucional, monopolio constitucional, pluralidad ideológica. primacidad de los

derechos humanos y autonomía.

2.‐ Naturaleza del Tribunal Constitucional: …

3.‐ Funciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional local tendrá

competencia

— Para conocer de las violaciones a los derechos humanos garantizados por la

Constituciones locales y no previsto por la Constitución Federal

— Para conocer y resolver los conflictos surgidos en la aplicación de la Constitución

Política de los Estados

— De las controversias constitucionales locales. Se entenderá por controversia

constitucional…

— De las acciones de inconstitucionalidad locales. Se entenderá por acción de

inconstitucionalidad local…

4.‐ Ejercicio de la acción. Cada Estado diseñara el modelo institucional para el ejercicio

de la acción ante los Tribunales Constitucionales locales.

5.‐ Composición de los Tribunales constitucionales locales. Éstos se integran de forma

colegiada y corresponderá a a cada estado diseñar la estrategia de selección de sus

integrantes.

IV. …

VII. …


111777999

Finalmente, y en conclusión, la implantación de Tribunales Constitucionales locales,

significará un avance importante en el aseguramiento de los dos pilares fundamentales de

la aspiración de toda sociedad contemporánea: el respeto a la democracia y a los derechos

humanos

Fuentes consultadas

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111888111

Sobre los retos de la controversia constitucional a nivel local Silvia del Carmen MOGUEL ORTIZ

Agradezco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral de la

Federación, su amable invitación para participar en esta sexta mesa redonda sobre

la justicia constitucional en las entidades federativas, tema que es de gran trascendencia

para el desarrollo correcto del federalismo mexicano.

En esa temática de la controversia constitucional a nivel local su funcionamiento, retos y

perspectivas, se puede apreciar con claridad la posibilidad de la trascendencia de las

decisiones constitucionales estatales como medios de defensa de las mismas, cuya

comprensión, legislación y resultados pueden delinear una contribución sustancial también

para el desarrollo del constitucionalismo mexicano.

El tema de las controversias estatales debe entenderse, en lo fundamental, dentro de la

estructura orgánica que para el efecto delinea en lo correspondiente la Constitución

Federal, como el evento jurídico que en su atención jurisdiccional compromete las

posibilidades completas del sistema que superan la simple consideración jurídica, para

integrarse al todo de complejidad que el acto de autoridad comprometido representa.

Entonces, de gran importancia resulta la evolución del sistema jurisdiccional en lo que

respecta a los medios de control de la constitucionalidad, tanto en lo previsto por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en lo establecido en las

constituciones de algunos Estados.

Para el estudio de este tema es necesario efectuar consideraciones que sirvan de partida

al comentario que se propone. En primer lugar, debe reconocerse la falta de una

regulación constitucional local, que establezca las bases mínimas, ésta es, una de las

principales problemáticas que enfrenta el derecho procesal constitucional local.

Vale para nosotros el argumento de lo que se ha legislado en Campeche al respecto. En

la Constitución Estatal el artículo 88 fracción IV, (reformado el 2 de febrero de 2001);


contempla una facultad que otorga al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

conocer y resolver los conflictos entre:

A. El Estado y un Municipio;

B. Un Municipio y otro;

C. Un Municipio y una sección municipal;

D. Una Sección Municipal y otra;

E. Los Poderes, Ejecutivo y Legislativo del Estado;

F. Cualquiera de los anteriores y una entidad paraestatal;

G. Dos entidades paraestatales;

H. Dos entidades paramunicipales, o

I. Una entidad paraestatal y una paramunicipal.

En el Estado de Campeche, el medio de control orgánico competencial considera un

número de supuestos de procedencia que plantean diversas inquietudes, tanto en la

significación real como en su desarrollo procedimental.

Por ejemplo, en el caso de las Secciones municipales, se les legítima para promover un

conflicto orgánico. Esta legitimación nos hace pensar que en la Constitución local se

reconoce la existencia de esas Secciones así como su esfera competencial, o se habilita al

Legislador local para establecerlas y dotarlas de una competencia propia.

Pero al analizar las fracciones III y IV del artículo 102 de la Constitución Política del

Estado de Campeche, encontramos que los Municipios podrán subdividirse

territorialmente en Secciones Municipales, las cuales serán administradas por un cuerpo

colegiado, auxiliar del Ayuntamiento, al cual se le nombrara Junta Municipal, de elección

popular directa, que será integrada por tres Regidores y un Síndico. Incluso en el artículo

105 de la misma Constitución se señalan las funciones y los servicios públicos que le

corresponden al Municipio, pero nunca se menciona que se le confiere a las Juntas

Municipales competencia alguna.


111888333

De igual forma al analizar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Campeche1, prevén que cuando la extensión o densidad de la población sean los

necesarios, el Municipio podrá subdividirse en Secciones Municipales que serán auxiliados

en sus funciones por Juntas Municipales en las Secciones que se dividan, incluso el

gobierno municipal estará a cargo de estas Juntas, que dependerán del Ayuntamiento.

De acuerdo con estas disposiciones, difícilmente podría sostenerse que existe un ámbito

competencial reservado a las Secciones Municipales que resulte ajeno al ámbito propio del

Municipio al que pertenezca.

Para obtener mas resultados nos deberíamos hacer la siguiente pregunta: ¿es

cuestionable la posibilidad jurídica de que exista una controversia constitucional entre un

municipio y una Sección Municipal?.

Por lo que al estudiar el artículo 115 de la Constitución General de la República, no

anuncia la competencia de estas entidades territoriales en el seno del Municipio, ni la

Constitución del Estado de Campeche, ni la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Campeche establecen un ámbito de competencia propio y exclusivo de las citadas

Secciones.

A su vez, los conflictos orgánicos entre Secciones Municipales, en el supuesto que ambos

pertenezcan al mismo Municipio, los mismos podrán resolverlo por el Ayuntamiento

respectivo, sin que ello implicara el ejercicio de una atribución jurisdiccional.

Entonces, en este tema de las Secciones Municipales se abre una importante posibilidad

de estudio.

En otro orden de ideas, es interesante considerar la posibilidad de que existan conflictos

entre los Poderes del Estado y un organismo paraestatal, a lo que debemos tomar en

cuenta que los organismos pertenecen a la administración pública y el titular es el

Gobernador del Estado, tal como lo señala el artículo 2° de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Campeche.

1 3, 10, 30, 33, 148 y 150


En relación a los posibles conflictos entre el Poder Legislativo del Estado y los

organismos paraestatales, se abre otra interesante consideración respecto de la

representación de estos organismos. En la lectura integral del tema también se establece

una interesante interrogante.

El tema central en estas dos ultimas consideraciones consiste en la perspectiva de

legitimar al Gobernador del Estado para promover un conflicto constitucional, lo que se

debe resolver realizando una ponderación política entre centralizar en el Ejecutivo Local la

defensa de ese ámbito de la administración pública o bien descentralizar la misma entre

los órganos de gobierno de las entidades u organismos paraestatales. Sin embargo, lo

cuestionable de esa descentralización radica en la posible afectación a la valoración que

corresponde realizar al Ejecutivo local sobre la conveniencia política, social o económica de

iniciar el juicio respectivo.

Lo que se debe ponderar es que por una parte los conflictos constitucionales no pueden

darse entre órganos cuya relación se rige por el principio de jerarquía y que, por otro lado,

en el caso de los conflictos en los que se vean involucradas esferas competenciales de

diversas entidades políticas, especial cuidado debe tenerse al determinar qué Poderes u

Órganos son los legitimados para promover el juicio respectivo.

Por otra parte, es necesario agregar que en la Constitución Política del Estado de

Campeche se señala que estos juicios serán resueltos por el Pleno del Tribunal Superior

de Justicia del Estado, lo que desde luego motiva comentarios e interrogantes sobre la

naturaleza y funciones del órgano al que la Constitución deposita esta importante función.

Tratando de atender propiamente al tema, debemos aceptar que la consolidación de los

sistemas locales de control constitucional jurisdiccional están determinados por el

establecimiento de sus bases en la Constitución General de la República. Para que este

sistema de medios locales funcione es necesaria su articulación con los medios de control

de la constitucionalidad de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el contexto se ve la íntima vinculación entre el tema de la controversia constitucional

local y la jurisdicción local. La doctrina al estudiar la justificación de una jurisdicción

constitucional local reconoce que la consolidación de la misma está condicionada a su


111888555

grado de eficacia protectora con los medios de control nacionales, cuando menos en

tres aspectos:

A. Agotamiento obligatorio de los medios locales,

B. Definitividad e inimpugnabilidad de lo resuelto en los medios locales respecto del

régimen interno, y

C. Ensanchamiento de la tutela conferida en los medios locales respecto de los

medios nacionales.

Puede entenderse, por tanto, que el establecimiento de la justicia constitucional local

podría estar condenada al fracaso, pues los sujetos legitimados para promover los medios

de control locales definitivamente optarán por acudir a la justicia constitucional local si

tienen la certeza de que a través de ella pueden obtener la misma protección que en la

justicia constitucional nacional.

Por lo consiguiente, si se trata de que los Estados establezcan sus propios medios de

control para defender su constitución, y que los gobernados crean en las instituciones

estatales, a las que se han dado en denominar como controversias constitucionales,

acciones de inconstitucionalidad y el juicio de protección de derechos humanos; se estima

que las resoluciones emitidas por estos medios locales deben ser definitivas e inatacables,

esto es, que no proceda en su contra el juicio de garantías, es decir, que los Estados deben

atender el orden jurídico parcial en el cual las normas que constituyan el parámetro de

control, siendo correcto que en la Constitución de cada Estado se reproduzcan los

mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se puede citar que el régimen interno de los Estados se constituye en las normas

jurídicas que despachen los órganos locales con potestad normativa, es decir, en la

Constitución del Estado.

Para que esto pueda alcanzar una justicia constitucional local; es necesario que la

Constitución Local, se ampare en las disposiciones establecidas en la Constitución General

de la República, que rige las atribuciones al seno de los Estados y los Municipios;

esencialmente lo establecido en los artículos 115 y 116 de esta norma Fundamental.


Si los juicios constitucionales locales no fueran resueltos como se señaló anteriormente,

éstos serían revisables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que permitiría que

problemas relacionados con el régimen interno de los Estados se resolvieran a través de

los medios de control nacionales.

Un sistema que pretendiera un adecuado control constitucional local tendría que

reconocer la definitividad e inatacatabilidad de lo sostenido por los órganos de la justicia

constitucional local al señalarse el alcance de los normas constitucionales relacionadas con

el régimen interno de los Estados y, por otra parte, daría lugar a que la Suprema Corte

de Justicia de la Nación mantuviera su posición de órgano terminal en materia de

interpretación de la Constitución General.

En conclusión, para ser eficaz la jurisdicción constitucional local, se estima necesario

reformar la Constitución General de la República para establecer las bases que la rijan, que

las decisiones emitidas por las Salas Constitucionales de los Tribunales Superiores de

Justicia de los Estados de la República sean definitivas e inatacables en lo que se refiera al

régimen interno del Estado.

Lo que implica reconocer que las violaciones indirectas que se hicieran a los artículos 14

y 16 Constitucionales, por no respetarse lo establecido en las Constituciones Locales, no

podrán ser análisis en la jurisdicción constitucional nacional.

Agradezco la paciencia de su tiempo para escuchar estas ideas en torno a estas

cuestiones superiores del constitucionalismo estatal.


111888777

La duda de ley: interpretación creadora de leyes secundarias locales por la sala constitucional

del Estado de Veracruz Ricardo Morales Carrasco

“Los tribunales constitucionales deben decir algo… y en el estado de Veracruz, su Sala

Constitucional, lo está haciendo”.

En el Estado de Derecho moderno uno de los paradigmas es la transformación de los

diversos Poderes en una conjunción de participación activa en la creación de las leyes

secundarias.

El Estado de Veracruz no ha escapado a dicha vertiente, y desde la denominada

“reforma integral” del 2000 a la Constitución veracruzana, se facultó que el mundo jurídico

veracruzano, con excepción de la propia norma suprema, podía ser innovado por diversos

entes públicos, así como por la ciudadanía.

Así, paralelamente a la forma clásica o normal de creación de leyes secundarias, que

todos conocemos, con la participación del Poder Ejecutivo y Legislativo primordialmente,

que está prevista principalmente en los artículos 34 al 39 constitucionales; coexisten otras,

las que distinguiremos como:

La iniciativa popular: prevista en el artículo 34 fracción VII de la constitución estatal, por

el cual se reconoce que el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los Ciudadanos

del Estado, en términos de la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, que fuera

publicada en la Gaceta Oficial de 19 de octubre de 2000, la cual, entre otros aspectos,

exige que el escrito de presentación sea firmado por el menos 0.2 por ciento de los

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado correspondiente a la elección de

Ayuntamientos más recientes; misma que se actualizó con la vigente Ley para enfrentar la

epidemia del VIH‐SIDA publicada en la Gaceta Oficial del jueves 25 de diciembre de 2008.

La auténtica: que es una atribución del Congreso, consistente en dar la interpretación

auténtica de las leyes o decretos, de acuerdo con la fracción II del artículo 33

Constitucional, materializada en el Decreto número 881 ‘DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA


DE LEY’ que se publicó en la Gaceta Oficial el 16 de octubre de 2004, mismo que fuera

declarado invalido por la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus

acumuladas 27/2004 y 28/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado: Con las sentencias que dicte en

los asuntos de las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y las

Acciones de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, previstas en las fracciones I, II y

III del artículo 65 de la Constitución, respectivamente; las cuales, en el caso de las dos

primeras, si alcanzan la aprobación de la mayoría calificada de las dos terceras partes de

sus miembros serán obligatorias; mientras que la última, por mayoría simple alcanza a ser

obligatoria para todas las autoridades; sobra decir que de estos procedimientos

constitucionales se carece de ley reglamentaria,1 aunque se han resuelto las Controversias

Constitucionales identificadas como Cuadernillo 57/2003 y la 1/2006; así como la Acción

de Inconstitucionalidad 1/2001.

La duda de ley: Instrumento de control constitucional del cual tiene competencia la Sala

Constitucional para dar respuesta fundada y motivada a las peticiones formuladas por los

demás tribunales y jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la constitucionalidad o

aplicación de una ley local, en el proceso sobre el cual tengan conocimiento. Las peticiones

tendrán efectos suspensivos y deberán ser desahogadas en un plazo no mayor de 30 días

naturales, en los términos que disponga la ley, prevista en la fracción IV del artículo 64 de

la Constitución local; la cual también carece de ley reglamentaria, sin embargo, los propios

precedentes de la Sala han servido para irla autorregulando.

Esta facultad de la Sala Constitucional es una de sus atribuciones más acabadas de

control constitucional, que consiste en fijar la interpretación obligatoria de las leyes

secundarias, con efectos erga omnes.

La interpretación en su definición más difundida consiste en desentrañar el sentido de

una expresión, la cual puede tener diversos grados, desde este, hasta el de declarar la

inconstitucionalidad de le ley secundaria o de parte de ella.

1 Sobre dicho aspecto puede consultarse el Anteproyecto de Código de Derecho Procesal Constitucional para el Estado de Veracruz, del mismo autor.


111888999

Al particular debe destacarse que esta Sala Constitucional por mandato expreso del

artículo 56 fracción I de la Constitución del Estado, en relación con el 64 fracción IV del

propio ordenamiento, mismo que se reproduce de forma textual en los numerales 3

fracción I y 45 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es el máximo

interprete de todo el ordenamiento legal y constitucional del Estado cuando se formulen

este tipo de instrumentos de control constitucional, a los que la magna ley les da el

carácter de peticiones para la obtención de una respuesta fundada y motivada sobre la

constitucionalidad o aplicación de una ley local, que doctrinariamente se conocen como

cuestiones de constitucionalidad o dudas de ley, respectivamente, de donde se desprende,

de manera irrefutable, que lo aquí decidido, por orden del mismo texto máximo estatal

forma parte integrante del artículo sobre el cual se formula la consulta, obligando no sólo

al peticionario, sino a todas las autoridades jurisdiccionales del Estado, quienes tienen el

deber de acatarla.

De allí la consideración que tuvo el Poder Constituyente permanente para encargar a

esta Sala el que mantuviera la supremacía constitucional, que no es otra cosa de que

ninguna ley está por encima de la Constitución de nuestro Estado, para lo cual se le obligó

a que cuando se le pidiera alcanzará hasta decretar la inconstitucionalidad de una norma,

como interpretarla, así como a todos los demás ordenamientos que se encuentran

jerárquicamente debajo de ella, de lo que sigue a manera de guisa el que la interpretación

que se dé a cualquier precepto sea por esa supremacía parte integrante del ordenamiento

normativo, y de allí su obligatoriedad.

Esto es así, ya que de la iniciativa de la denominada “reforma integral” a la Constitución

Veracruzana sucedida en el dos mil, así como de su dictamen, y texto expreso aprobado, se

señaló que para mantener la supremacía de la Constitución local, se erigía en el Poder

Judicial del Estado el valladar para mantenerla, por lo que se encargaba esto a un órgano

especializado en materia constitucional, único y pionero en toda la historia constitucional

de nuestro país, denominado Sala Constitucional, cuya razón de existir esta principalmente

en función de que la interpretará y cuidará su supremacía cuando se formularan

estas peticiones, con mayor razón cuando se hicieren sobre las demás partes del

ordenamiento normativo.


Con la instalación de la Sala Constitucional se dotó a nuestro sistema jurídico del control

difuso de la Constitución, mediante un examen preliminar de las cuestiones

jurisdiccionales a debate, dotando a ese órgano de intérprete máximo de todas las leyes

locales y de allí su vinculación jurídica que obliga a todos.

Por consecuencia es este Tribunal el vigilante de dicha norma fundamental, es quien la

personifica, le da voz y actualidad, y por ende de todas las demás partes del andamiaje

legal local cuando se instauran estas opiniones consultivas que no tienen más limites que

se solicite por una autoridad legitimada para ello, sobre un proceso en trámite, dando una

respuesta fundada y motivada que se plasmará en una interpretación que tiene que estar

en sincronía de los principios de nuestra máxima norma fundamental de la entidad y con

todo el demás sistema legal estadual.

Tal como lo enarbola el artículo 80 de la Constitución del Estado, al decir que:

“...

TITULO SEXTO

CAPÍTULO I

DE LA SUPREMACÍA

DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 80. En el Estado de Veracruz, la Constitución y leyes federales, los tratados

internacionales y esta Constitución será la ley suprema.

...”

Así cualquier artículo o ley secundaria sometida a consulta forma parte del edificio legal

estatal que sostiene a la Constitución local, para lo cual la respuesta que se produzca

formará parte de ese edificación normativa y gozará de sus mismas características, por

disposición expresa de la propia Constitución estatal, que en su ingeniería constitucional

facultó a la Sala Constitucional a interpretar toda esa obra jurídica, cuando se presenten

esas dudas, para que se demuestre que la construcción normativa es perfecta, careciendo

de lagunas, omisiones, silencios, contradicciones, inexactitudes, antinomias, al posibilitar

jurídicamente que el sistema legal asimismo tenga los remedios para funcionar; y esta es


111999111

precisamente la finalidad del ejercicio de este vigilante constitucional, adecuar que en

nuestro orden jurídico estatal no existan desde el nivel de la supremacía constitucional

imperfecciones, al dotarnos de los mecanismos constitucionales para mantener su

verticalidad por medio de interpretaciones, las cuales corresponden a este Tribunal.

La Sala Constitucional ha resuelto de manera efectiva cuatro procesos constitucionales

de Duda de Ley, con los siguientes resultados:

NÚMER

O

PROMOVENTE ARTÍCULO SOBRE EL CUAL

SE TIENE LA DUDA

RESPUESTA FUNDADA Y

MOTIVADA

PUBLICADO

EN LA

GACETA

OFICIAL DEL

ESTADO

1DL/20

07

JUEZ DE

GARANTÍAS DE

RESPONSABILID

AD JUVENIL

PARA EL

ESTADO DE

VERACRUZ.

El Transitorio Quinto de la Ley de

Responsabilidad Juvenil del

Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, que se publicó en la

Gaceta Oficial del estado el once

de septiembre de dos mil seis,

que dice:

“...

Quinto.‐ Los adolescentes

comprendidos en el artículo 3,

fracción II, de esta ley que se

encuentren procesados en el

sistema penal para adultos, serán

remitidos al Juez Especializado a

la entrada en vigor de esta ley.

...”

Debe interpretarse de esta forma:

“...

Conforme a las siguientes reglas:

I.‐ Si se encontrará durante la

preinstrucción, deberá ser remitido

al Juez de Garantías de

Responsabilidad Juvenil del Estado.

II‐ Estando abierto el periodo de

instrucción, deberá ser remitido al

Juez de Garantías de

Responsabilidad Juvenil del Estado.

III.‐ Ya en el periodo del juicio, sin

haberse dictado sentencia, deberá

de ser remitido al Juez de Garantías

de Responsabilidad Juvenil del

Estado.

IV.‐ Cuando se le hubiera dictado

sentencia, y esta no ha causado

estado, deberá de ser remitido al

Juez de Juicio para que ordene la

reposición del procedimiento, y

envié el asunto al Juez de Garantías

Martes 23

de octubre

de 2007.



Estado.

V.‐ En los casos de apelaciones de

autos o sentencias, sin haberse

resuelto estas, deberá ser remitido

a la Sala de Responsabilidad Juvenil

del Estado, para que ordene la

reposición del procedimiento para

que conozca el Juez de Garantías.”

3DL/20

07

JUEZ DE

GARANTÍAS DE

RESPONSABILID

AD JUVENIL

PARA EL

ESTADO DE

VERACRUZ.

El Transitorio tercero de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, que se publicó en la

Gaceta Oficial del Estado el dos

de julio de dos mil siete, que dice:

“Los asuntos que se encuentre en

trámite al momento de la entrada

en vigor del presente decreto

serán remitidos a los juzgados

de adolescentes que

corresponda”

Debe interpretarse de esta forma:

“I.‐ Si al adolescente ya se le

hubiere dictado resolución por una

autoridad jurisdiccional local y

hubiere interpuesto recurso de

apelación, sin haberse resuelto

este, deberá ser remitido a la Sala


Estado.”

Lunes 22 de

octubre de

2007.

1DL/20

08

JUEZ DE

GARANTÍAS DE

RESPONSABILID

AD JUVENIL

PARA EL

ESTADO DE

VERACRUZ.

El Transitorio Octavo de la Ley


Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, que se publicó en la



que dice:

“...

Octavo.‐ Las órdenes de

aprehensión y de comparecencia

libradas contra los adolescentes

que comprende esta ley y que no

hubieren sido ejecutadas, al

entrar en vigor esta ley, quedarán

sin efecto y, a solicitud del

Ministerio Público Especializado,

Debe integrarse de esta forma:

“…

Si aquellas ordenes se hubieren

ejecutado, deberán los jueces

penales del sistema para adultos,

de comprobar la edad de aquellos

y, una vez justificada su

adolescencia remitirlos al Juez de

Garantías del Juzgado de

Responsabilidad Juvenil para el

estado, para que las deje sin efecto

y, a petición del Ministerio Público

Especializado, a dicho juzgador,

que las gire nuevamente si

procediere.

Jueves 9 de

octubre de

2008


111999333

los Jueces las librarán

nuevamente si procediere.

…”

…”

1DL/20

09

MAGISTRADOS

INTEGRANTES

DE LA SALA

CONSTITUCION

AL DEL

TRIBUNAL

SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL

ESTADO DE

VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA

LLAVE, EN SU

CARÁCTER DE

TRIBUNAL DE

LEGALIDAD.

El Transitorio Séptimo de la Ley


Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave, que se publicó en la



que dice:

“... TRANSITORIOS

…

Séptimo.‐ A la entrada en vigor

de esta ley, las investigaciones

ministeriales iniciadas en contra

de los sujetos que comprende la

misma serán remitidas al

Ministerio Público Especializado

en Adolescentes.

…”

Debe integrarse de esta forma:

“… El Agente del Ministerio Público

Especializado en Adolescentes es la

única autoridad competente para

conocer de la investigación que se

incoe en contra de estos.

…”

Viernes 5

de junio de

2009

De dichos antecedentes puede destacarse que las Dudas de Ley 1DL/2007 y 3DL/2007

concluyeron con interpretaciones, mientras que la 1DL/2008 y 1DL/2009 integraron la Ley,

es decir la adicionaron, convirtiendo así a la Sala Constitucional en un verdadero

Legislador, no sólo negativo, sino activo del ordenamiento veracruzano.

Inclusive la última de ellas destacó el inicio del establecimiento de tesis de jurisprudencia

local, toda vez que la interpretación fijada se hizo con base en las competencias

constitucionales de esta Sala Constitucional y de conformidad con los artículos 3 fracción

XIII, 43 fracción I y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como 34 y 42 del

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, se sentaron los siguientes criterios

relevantes:


“DUDA DE LEY. LEGITIMACIÓN ACTIVA. De la finalidad perseguida con la

figura de la duda de ley, el espectro de su tutela jurídica y su armonización

con los artículos 56 fracción I y 64 fracción IV de la Constitución Política del

Estado de Veracruz, en relación con los artículos 3 fracción I y 45 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se desprende que podrán

tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional de la duda de

ley a que se refiere la comentada fracción IV del artículo 64 de la propia Ley

Suprema local, de manera genérica: los Tribunales —el Pleno del Tribunal

Superior de Justicia, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como el

Tribunal Contencioso Administrativo— las Salas —Civiles, Constitucional

cuando actué como autoridad de legalidad, Electoral, Penales y de

Responsabilidad Juvenil— , y los jueces, porque precisamente estos órganos

comprenden al Poder Judicial del Estado, son los que pueden pedir a la Sala

Constitucional que dé respuesta fundada y motivada sobre la

constitucionalidad o aplicación de una ley local. En consecuencia, otros

órganos derivados, como podrían ser el mismo Consejo de la Judicatura por

ejemplo, que ejercitan actos jurisdiccionales y los que aun estando fuera de

este Poder también lo hagan, podrán tener legitimación activa, sin embargo,

se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que,

en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de

supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento

procesal y al espectro de su tutela jurídica.”

“PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA LEY DE

RESPONSABILIDAD JUVENIL PARA EL ESTADO SÓLO DA COMPETENCIA AL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA.

Los procesos penales de los adolescentes deben de ser competencia, desde

la etapa de la investigación, por autoridades especializadas en dicha materia;

el indicado derecho contenido en el artículo transitorio séptimo de la Ley de

Responsabilidad Juvenil del Estado, creado para la transición normativa, que

se vuelve a reproducir en parte en el 24 de la ley comentada, permite, a los


111999555

adolescentes acceder a órganos de procuración e impartición de justicia

penal especializados para hacer valer sus derechos de manera efectiva, así

como ofrecer pruebas en su defensa y poder obtener una resolución

favorable a sus intereses, lo que se traduce en el respeto a las formalidades

esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones

fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento para

Adolescentes (investigación, instrucción, defensa, pruebas y sentencia). En

congruencia con lo anterior, la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado

de Veracruz, al contener los preceptos que se refieren al proceso seguido

contra adolescentes por las conductas delictivas en que incurran, obliga a

que una vez instruida la investigación ante el Ministerio Público y realizada la

remisión al Juez, ambos especializados, el adolescente tiene derecho a una

defensa jurídica gratuita; a ser siempre tratado y considerado como inocente,

mientras no se compruebe la realización de la conducta que se le atribuye; a

ser informado, en un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente,

a solicitar la asistencia inmediata de un abogados y, en su casos, de sus

padres, tutores o representantes legales, sobre las razones por las que se le

detiene, juzga o impone una medida; la persona o autoridad que le atribuye

la realización de la conducta tipificada como delito; las consecuencias de la

atribución de la conducta, así como de la detención, juicio y medida; los

derechos y garantías que le asisten en todo momento; el derecho del

adolescente para que sus padres, tutores o representantes, participen en las

actuaciones y se les brinde asistencia en general. Además, en atención a que

los procedimientos en que se vean involucrados menores son de máxima

prioridad e interés público, en aras de salvaguardar plenamente el derecho

que tienen a ser escuchados, su declaración debe ser rendida únicamente

ante el Juez o entrevistarse voluntariamente ante el Ministerio Público,

ambos especializados, bajo los criterios de voluntad, brevedad, asistencia de

su defensor así como de un profesional de la salud; aunado a que cuando

exista ansiedad, fatiga o daño psicológico producidos por la declaración, ésta


se suspenderá, reanudándose a la brevedad posible. Por lo que respecta a su

juzgamiento se asegurará un sistema de enjuiciamiento acusatorio, oral,

continuo, contradictorio, concentrado y expedito, atendiendo a la

supletoriedad del Código de Procedimientos Penales para el Estado de

Veracruz. Así como que el Juez decidirá sobre la responsabilidad del

adolescente y la resolución deberá estar debidamente fundada y motivada,

así como escrita en un lenguaje claro y accesible al adolescente.”

Para que el Presidente del Poder Judicial del Estado procediera a su compilación,

sistematización y publicación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 11, 12, 38

fracción XVIII y 40 fracción XX de la referida ley, así como 68 del comentado reglamento.

Hasta dónde llegará esta competencia de la Sala Constitucional es una Duda de ley que

ese mismo Tribunal, en su momento, deberá responder fundada y motivadamente.


111999777

La acción de inconstitucionalidad y la acción por omisión legislativa a nivel local: ¿Cómo han funcionado?

Alejandro Naime González

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado

de México, por mi conducto, expresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en

particular al señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, al Magistrado Manuel González

Oropeza y a todos los organizadores de esta 6ª Mesa Redonda, su más cumplido

agradecimiento por la oportunidad de que la voz del Poder Judicial mexiquense pueda

expresarse en este foro y ante tan distinguida concurrencia de disertantes y participantes.

El señor presidente me pidió que, a propósito del tema de la Mesa, viniera y les platicara

cuál es la experiencia de la Sala Constitucional del Estado de México en materia de

acciones de inconstitucionalidad y de acción por omisión legislativa. Al respecto, si me

permiten, les traigo la siguiente información:

Es en el año 2004, cuando se reforma la Constitución Política Local, para crear la Sala

Constitucional del Poder Judicial del Estado, a la que se le confiere competencia para:

1. Garantizar la supremacía y control de la propia Constitución;

2. Substanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se

deriven de la Constitución Local, excepto en materia electoral, que se susciten

entre:

• El Estado y uno o más municipios

• Un municipio y otro

• Uno o mas municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo

• El poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado

3. Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de

leyes, reglamentos estatales o municipales, bandos municipales o decretos

de carácter general, por considerarse contrarios a la propia Constitución y que

sean promovidas por:


• El Gobernador del Estado

• Cuando menos el 33% de los integrantes de la legislatura

• El equivalente al 33% de los integrantes de un ayuntamiento del Estado

• El Comisionado de los Derechos Humanos del Estado, en materia de derechos

humanos.

Al efecto, el 13 de octubre de 2004, hace poco más de cinco años, se integró la Sala

Constitucional del Poder Judicial del Estado, con cinco Magistrados, que además,

continúan en su adscripción original, puesto que la Sala se integra exclusivamente cuando

hay algún asunto en trámite y funciona en horario vespertino. El cargo de Magistrado de la

Sala Constitucional es honorífico. Y aunque opera la figura del Magistrado instructor, los

demás integrantes están presentes y pendientes del desarrollo del procedimiento.

Desde su creación, la Sala ha tenido una muy baja incidencia de asuntos radicados:

• En 2005 se promovieron dos controversias constitucionales

• En 2007 se promovieron dos controversias constitucionales y un acción de

inconstitucionalidad

• En 2008 se promovió UN controversia constitucional

• En 2009 se promovió una controversia constitucional y una acción de

inconstitucionalidad

Es decir, se han promovido seis controversias y dos acciones de inconstitucionalidad. En

total se han radicado ocho asuntos.

De las seis controversias promovidas, tres se desecharon por diversas causas, dos se

sobreseyeron por improcedencia y solo en un caso se resolvió en el fondo.

Y de las dos acciones de inconstitucionalidad, una se desechó y una se resolvió en el

fondo.

Como las acciones de inconstitucionalidad son una parte de la materia de esta mesa,

haré una breve recapitulación de cada una de ellas:


111999999

En el caso en el que se decretó el desechamiento, la actora era la Síndico Procurador de

un ayuntamiento del Estado y demandaba al Cabildo y al Presidente Municipal, por el

hecho de haber emitido un acuerdo por el que se ordenó desincorporar de la sindicatura

municipal, a la unidad jurídica. Es decir por quitarle una dependencia administrativa. En

este caso se desechó por falta de legitimación y porque el acto emitido por el cabildo no es

de naturaleza general.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad que se resolvió en el fondo es un asunto

radicado y resuelto en definitiva este año, en el que el Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado promovió en contra un ayuntamiento del Estado de México, porque al

expedir el bando municipal el 5 de febrero pasado, incluyó, en el capítulo de infracciones

administrativas, algunas conductas que ya se encuentran descritas como delitos en el

Código Penal para el Estado, tales como: portación de arma prohibida, algunos tipos de

lesiones, robo de autopartes y daño en los bienes. Y con ello, dijo el actor, se afectaban los

derechos humanos protegidos en la Constitución Política del Estado.

La Sala consideró que era correcto el planteamiento del Comisionado de los Derechos

Humanos, porque se crea inseguridad jurídica para los habitantes del municipio, ante la

posibilidad de un doble reproche por una misma conducta y además corresponde en

exclusiva al Congreso del Estado la determinación de las conductas que deben

considerarse como delito. Por lo que decretó la invalidez de las disposiciones impugnadas.

La autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de esa resolución,

resolviendo la propia Sala confirmar el fallo impugnado.

Esta acción de inconstitucionalidad tiene una peculiaridad: al dar cumplimiento a la

resolución, la autoridad municipal, a través de la Síndico Procuradora, que es su

representante legal, advirtió a la Sala Constitucional que daba cumplimiento al fallo ad

cautelam, pues estaba preparando la presentación de una controversia constitucional.

Y en efecto, un día antes de que concluyera el periodo constitucional de tres años del

ayuntamiento que emitió el bando municipal que fue impugnado parcialmente, promovió,

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Controversia Constitucional 73/2009, en

contra de la Sala Constitucional, alegando sustancialmente que al resolver el recurso de


revisión, la Sala había invadido su esfera de competencia, específicamente la relativa a la

expedición de su bando municipal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II párrafo

segundo del artículo 115 Constitucional.

La Suprema Corte de Justicia admitió la demanda y ha emplazado a la Sala Constitucional

del Estado de México para que conteste y ha dado vista al tercero interesado, en este

caso el Comisionado Estatal de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de

la República.

Al respecto, la Sala Constitucional ha contestando la demanda, argumentando por un

lado diversas causales de improcedencia, pero sosteniendo especialmente que la

Controversia Constitucional no puede constituirse en un ulterior recurso para combatir las

resoluciones de la Sala Constitucional que han causado ejecutoria y que han sido

cumplimentadas totalmente por la autoridad demandada.

La controversia se encuentra en estado de citación para audiencia de pruebas y alegatos,

que se desahogará en los primeros días del mes de noviembre.

La resolución que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia, será de gran

trascendencia. Los integrantes de la Sala Constitucional consideramos que la controversia

intentada por el ayuntamiento deberá declararse improcedente y consecuentemente

habrá de decretarse el sobreseimiento, lo cual dejará intocada la resolución dictada y ello

fortalecerá a los tribunales de justicia constitucional local.

Salvo su mejor opinión, se trata de un tema muy interesante.

Por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, es como hasta ahora ha

funcionado la Sala Constitucional en el Estado de México.

En líneas anteriores decía que la incidencia de asuntos es muy baja, a lo que se debe

sumar el hecho de que en seis de ocho asuntos no se examinó el fondo de los mismos por

causas de desechamiento o de improcedencia. Esto quiere decir que no resulta lógico que,

a pesar de que en el estado hay más de 15 millones de habitantes y 125 municipios, en

donde muchos de ellos presentan una compleja y múltiple problemática, en cinco años,

solo se promovieran ocho asuntos, de los cuales sólo en dos hubo certeza en la demanda y

se llegó a dictarse sentencia de fondo.


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No podría darse una respuesta en el sentido de sostener que en el Estado todo está en

orden y no hay controversias entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales o entre

estos y algún o algunos ayuntamientos, o entre estos mismos, que se deriven de la

Constitución Local o bien, que no se produzcan leyes, reglamentes estatales o municipales,

bandos municipales o decretos de carácter general, que pudieran ser contrarios a la propia

Constitución. No tengo una relación de unos u otro casos, pero tampoco puede afirmarse

que no existan.

Si vemos en el caso de la Suprema Corte de Justicia, las controversias y las acciones de

inconstitucionalidad están a la orden del día y no se acaban.

¿Qué es lo que pasa entonces en el Estado de México?

Yo creo que hay un profundo desconocimiento de la existencia de la Sala Constitucional

y, sobre todo, de sus atribuciones y sus alcances. Es decir, sobre todo los municipios, se

encuentran inmersos en fenómenos de politización extremos y dejan a un lado los

intereses auténticos de la comunidad. Tienen en muchos casos una visión corta de

los medios que tienen al alcance para defender la autonomía y los intereses municipales.

No todos lo conflictos que se dan en la esfera de la administración pública estatal o

municipal, son salvables a través de los medios políticos o de la concertación. Muchos

deben ser llevados a instancias legales para sacarlos adelante, como en el caso de la Sala

Constitucional. Sin embargo, el desconocimiento de los medios de control de la

Constitución Local origina que no se recurra a ellos.

He tenido la oportunidad de platicar con diversos funcionarios estatales y municipales y

les he preguntado sobre la competencia de la Sala y he recibido respuestas muy curiosas:

algunos no la conocen, otros no saben cuál es su propósito y en el mejor de los casos me

han dicho que en el municipio no han tenido necesidad de recurrir a ella. Y no he

encontrado a nadie que sepa explicar, siquiera de manera aproximada, el tema de la

competencia de Sala Constitucional Local.

Las facultades de derecho de las universidades pública y privadas que hay en el Estado

de México, al menos las que conozco, no han integrado a sus programas de derecho

constitucional el estudio de la justicia en esta materia en las entidades federativas. Es decir


no se están formando profesionales del derecho con este conocimiento indispensable, ni

con un perfil de un constitucionalismo mas desarrollado.

En el caso del Estado de México, yo creo que debe continuarse con la difusión del tema

en todos los niveles, no para darle trabajo a la Sala, sino para darle utilidad y para

preservar los principios que establece la Constitución Política Local y con ello impedir los

excesos de cualquier autoridad, que hoy en día es una práctica más o menos regular en el

ejercicio de la administración pública.

Ahora bien, cambiando al tema de la acción por omisión legislativa, debo comentarles

que no se encuentra regulada en la Constitución Política del Estado de México.

Relativamente es nueva la actividad que en materia constitucional local desarrolla el

Poder Judicial del Estado y aún cuando la incidencia de asuntos en la Sala Constitucional es

baja, de ninguna forma se puede descartar examinar lo relativo a la conveniencia o la

necesidad de legislar en materia de acciones por omisión legislativa.

Si bien por cuanto a tener en la Sala Constitucional algún planteamiento específico de

alguna autoridad estatal o municipal en el sentido de intentar reclamar al Poder Legislativo

del Estado la omisión de legislar en algún tema al que estuviere obligado, hasta el

momento no hay ningún registro. Por el contrario, en los últimos años el Congreso del

Estado ha mantenido un ritmo legislativo bastante copioso, incluso diría yo, excesivo.

Probablemente se deba a su pluricomposición, en el que las diferentes fracciones

partidistas tratan de sobresalir y justificarse a través del planteamiento de iniciativa de

leyes y reformas frente a sus iguales. Aunque esto en ocasiones genera más

inconvenientes que beneficios por muy diferentes razones.

Un ejemplo reciente es el relativo a la reforma al sistema procesal penal constitucional

en México, que ha impactado a los fueros federal y locales. En el caso del Estado de

México, aun y cuando el régimen de transitoriedad de la reforma concede un plazo

de ocho años para la conversión al nuevo sistema, una comisión de servidores públicos del

Poder Judicial elaboró un proyecto de ley que se elevó al rango de iniciativa del Pleno

del Tribunal y fue aprobado por la Legislatura del Estado. Adicionalmente se reformó toda


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la legislación secundaria vinculada al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, el cual ya

funciona en el Estado en algunas regiones.

Entonces el Congreso del Estado lleva una dinámica de trabajo muy competitiva y tal vez

no existan muchas posibilidades de que se diera el caso de la omisión legislativa que afecte

el debido cumplimiento de la Constitución Política Local. Pero es sólo una probabilidad y

no una certeza, por lo que no puede descartarse de ninguna forma la actualización de

algún caso concreto. Y desde luego no debe permitirse que eso ocurra para después

generar el estudio y en su caso las reformas correspondientes.

La acción por omisión legislativa no es un tema menor. Se trata de un medio de control

constitucional que no puede hacerse de lado. Junto con la controversia constitucional y

con la acción de inconstitucionalidad, constituye un medio eficaz para defender a la

Constitución. Son tres las herramientas adecuadas para poner remedio a cualquier

irrupción a los límites de la constitución.

Yo creo que es el momento en el que el Estado de México debe colocarse sobre la mesa

el tema para incluirlo en el debate político y jurídico. Implica la necesidad de armonizar el

sistema jurídico estatal, a partir de una Constitución fuerte, moderna, actualizada y, sobre

todo, adecuadamente blindada, para que el Poder Judicial tenga los instrumentos

adecuados para garantizar su vigencia.

Debe aprovecharse que ya está regulado el tema del control constitucional en el Estado,

a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, para

complementarlo con la acción por omisión legislativa.

Esta es la oportunidad de que se inicien de manera seria y no aislada las reflexiones

sobre el tema y, en su caso, aprovechar la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Superior

de Justicia está facultado por la propia Constitución Local para iniciar leyes y como arriba

se dice, llevar el tema en forma de iniciativa, al debate político y jurídico en el Congreso del

Estado de México.

En las mesas que nos han antecedido, se han tocado los puntos finos sobre el tema del

desarrollo de la justicia constitucional en las entidades federativas.


Salvo su mejor opinión, el tema de las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por

omisión legislativa, sin dejar de lado el de las controversias constitucionales, están en

pleno desarrollo en México. Considero que lejos de que se encuentre paralizado, más bien

está en movimiento. Pero debe seguir impulsándose, como se ha hecho a través de esta 6ª

Mesa Redonda, que por ese simple hecho, constituye un gran mérito de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación. Después de este evento, lo que sigue es que regresemos a

nuestros estados a hacer lo propio.

Ya se habló de la importancia del tema de la voluntad política. Tenemos que propiciarla.

Tenemos que buscarla. Tenemos que dar lugar a la reflexión sobre el tema. Los efectos del

presidencialismo mexicano, del que ya también se habló en este foro, deben continuar

atenuándose para dar lugar a la modernidad y al desarrollo.

Los mecanismos de control constitucional dan salud y vigor a la democracia. Fortalecen

el estado de derecho, lo actualizan, lo perfeccionan y lo hacen dinámico.

Ciertamente hay algunas entidades en las que aún no se dan las condiciones políticas y

jurídicas para el establecimiento de los mecanismos de defensa de sus constituciones

locales. Pero eso no es grave porque la tendencia apunta hacia el desarrollo. Lo grave sería

que la actitud de los especialistas fuera de pasividad. No puede negarse que hay

paradigmas que deben romperse y esa es precisamente la actitud que la sociedad espera

para que se fortalezcan los sistemas de justicia local.

Y finalmente, como también ya ha sido comentado en este foro, el control constitucional

que tienen los estados y el que ejerce el Poder Judicial de la Federación, lejos de

contraponerse, se complementan, lo cual garantiza a la sociedad un sistema político y

jurídico armónico y de coordinación y colaboración de los diferentes niveles e instancias de

gobierno.

memoria de la sexta mesa redonda 2

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