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MARZO 2014

I N F O R M E D E L A B O R E S 2 0 1 3

LICENCIADO MARCO VINICIO MARTÍNEZ GUERREROMAGIsTRADO PREsIDENTE DEL TRIbUNAL sUPERIOR AGRARIO

“La impartición de justicia agraria, factor determinante paragarantizar y preservar la paz social en el campo”

Lic. Marco Vinicio Martínez GuerreroMagistrado Presidente


INTRODUCCIÓN

1. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

1.1 DATOS GENERALES

1.2 DATOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

1.3 DATOS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

1.4 DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

2. REFORMAS AL MARCO NORMATIVO AGRARIO

2.1 NUEVA LEY DEL AMPARO

2.2 REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

3. PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

4. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN

4.1 DESIGNACIÓN DE MAGISTRADA NUMERARIA AL PLENO

4.2 SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL

4.3 RELACIONES CON LAS REPRESENTACIONES SINDICALES

4.4 FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA

4.5 TRANSPARENCIA

5. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

6. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

7. EVENTOS, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

8. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

9. ACTIVIDAD FINANCIERA

9.1 EJERCICIO PRESUPUESTAL PARA 2013

9.2 EJERCICIO PRESUPUESTAL PARA 2014 10. EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

CONCLUSIONES

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ÍNDICE


El servicio público exige que quienes lo presten actúen con responsabilidad, compromiso social, honestidad, eficiencia y eficacia. Pero también precisa que los servidores públicos transparenten su actuación y, sobre todo, rindan cuentas de ella a la sociedad, aportando toda la información necesaria para que pueda analizarse y valorarse con objetividad y justicia.

En este contexto, y para cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, ante el Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario que me honro en presidir, comparezco a informar del estado que guardó la administración y la impartición de justicia agraria durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, en todo el territorio mexicano.

En este informe se recogen e integran las tareas desarrolladas por los Tribunales Agrarios, las cuales son el resultado del esfuerzo, la voluntad y el compromiso de los Magistrados, así como del personal jurisdiccional y administrativo, quienes han coadyuvado al continuo avance en la consecución de las metas institucionales.

El 31 de diciembre de 2013 concluyó un año de la responsabilidad que me encomendó nueva-mente el Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario, al frente de esta institución. El esfuerzo desplegado durante 2013, en compañía de un equipo de servidores públicos comprometidos con la noble misión de impartir justicia mediante la aplicación irrestricta y transparente de la ley, nos ha permitido encauzar la energía de todos para alcanzar el mejoramiento significativo de la calidad de los servicios de justicia que ofrecen los Tribunales Agrarios.

La responsabilidad no fue menor: dar continuidad a la consolidación del Estado de Derecho en materia agraria, concentrando nuestros esfuerzos en garantizar el acceso oportuno a la justicia a los hombres y mujeres del campo mexicano que confían la resolución de sus conflictos a los Tribunales Agrarios, sabiendo que obtendrán una decisión justa, pronta, apegada a la ley y en plena consonancia con sus derechos humanos, garantizados en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al iniciar el año, nos impusimos como objetivo continuar la labor orientada a mejorar sustancial-mente la actividad jurisdiccional que desempeñamos, convencidos de que la consolidación de los Tribunales Agrarios como una estructura institucional útil a las necesidades de los justiciables, por cuanto permite establecer una mayor certidumbre en la tenencia de la tierra, generando, a su vez, las condiciones para evitar conflictos entre los ejidos, comunidades o propietarios particulares; para facilitar el acceso a los distintos programas de apoyo del Gobierno Federal; y para propiciar la inversión en el campo así como el aprovechamiento sustentable y ordenado de los recursos naturales.

INTRODUCCIÓN

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Los resultados que reportamos en este informe, la evolución de las instituciones y de las leyes mexicanas, exige el perfeccionamiento progresivo de la impartición de justicia agraria, en una más amplia dimensión, relacionada con la defensa de los derechos humanos legalmente reco-nocidos en las leyes nacionales e internacionales.

Por ellos y para cumplir con el reto de adaptar nuestra labor a una sociedad que cambia, es que hemos asumido un proceso de adecuación que busca mayor transparencia y eficacia para servir a los justiciables. Estos conceptos guían nuestro desarrollo como institución y representan un de-safío que requiere de un fortalecimiento institucional permanente, capaz de articular mecanismos administrativos y de gestión con metas claras, adecuados procesos de seguimiento a proyectos para el cumplimiento de plazos y la optimización en el uso de los recursos disponibles.

La actividad jurisdiccional, por su contenido y naturaleza profundamente humana, requiere de una constante adaptación a las necesidades y demandas que le plantea la cambiante realidad de la sociedad a la cual sirve. Es por ello, que lejos de asumir una posición triunfalista, reconocemos que todavía queda mucho por superar y perfeccionar en nuestra noble función; sin embargo, es para mí un valioso estímulo el apoyo brindado, no sólo por mis compañeros Magistrados, sino por toda esa gran familia de empleados jurisdiccionales y administrativos que forma el sistema de Tribunales Agrarios en todo el país.

Las muestras de apoyo y solidaridad del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y del Lic. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, las cuales se han dado siempre en un marco de respeto e independencia institucional, constituyen también un incentivo que nos hace ser optimistas hacia el futuro, pues solo mediante la unidad podremos superar los problemas y carencias y afrontar los retos que se nos presenten.

Asimismo, en este informe dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial a su Presidente, el Lic. Juan N. Silva Meza; al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República; a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados; al Ing. Cruz López Aguilar, titular de la Procuraduría Agraria; y al Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; quienes con su apoyo y solidaridad han contribuido al fortalecimiento de los Tribunales Agrarios, así como al avance en el proceso de consolidación del Estado de Derecho en materia agraria.

Gracias a las magníficas relaciones de respeto, independencia y colaboración recíproca con estas instituciones de los tres Poderes de la Unión, los Tribunales Agrarios pudieron alcanzar los obje-tivos y materializar los proyectos que se dan a conocer en el presente documento.

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Hoy, los Tribunales Agrarios avanzan en un proceso de evolución que busca establecer un sólido vínculo de confianza con los ciudadanos; una relación que requiere de un esfuerzo y compromiso que supera el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional y se proyecta en el mejo-ramiento permanente de nuestra acción.

En este informe damos cuenta de las acciones realizadas para fortalecer el Estado de Derecho en materia agraria, así como de los resultados alcanzados en la actividad jurisdiccional, a través de la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que deben ser observados en el desempeño de la función pública que realizamos.

Las estadísticas que presentamos en este informe, difícilmente pueden reflejar la magnitud real del esfuerzo cotidiano de todas y todos los integrantes de este órgano de justicia; sin embargo, dan cuenta palpable del compromiso de quienes integramos esta institución. Compromiso que refleja una clara consciencia de los desafíos que impone una sociedad que cambia y demanda un Estado de Derecho moderno y eficiente.

Es así, que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, período que comprende este informe, el Tribunal Superior Agrario dio pasos significativos encaminados a resolver los requerimientos para la impartición de una justicia no sólo pronta y expedita, sino fortalecida con herramientas institucionales para lograr un estudio y un conocimiento de mayor profundidad en el tratamiento de los asuntos planteados tanto por los justiciables, como por los profesionales del derecho que los representan.

Especial mención merece, en este contexto, la valiosa actividad llevada a cabo por los Magistra-dos al Pleno del Tribunal Superior Agrario, quienes a lo largo del periodo correspondiente a este informe, cumplieron cabalmente el mandato constitucional que perfila la esfera de competencias, facultades y atribuciones de este Cuerpo Colegiado.

Asimismo, es oportuno resaltar la ingente labor de las Magistradas y Magistrados Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios que, al igual que los Magistrados Unitarios Supernumerarios, siempre estuvieron atentos a materializar, en las decisiones adoptadas, los principios rectores de legalidad, prudencia, institucionalidad y expeditez, en aras de concretar el acceso a la justicia, correspondiente a los asuntos propios de su ámbito de competencias.

Este informe responde al quehacer de los Tribunales Agrarios en su conjunto; y los logros al-canzados en este año, son logros de todos y cada uno de los 55 Tribunales Unitarios Agrarios, incluyendo la sede alterna de Aguascalientes. Cada uno aportó su esfuerzo, su dedicación, en-trega y talento, en la atención de los asuntos de su competencia y jurisdicción, contribuyendo de esta manera al desarrollo de una Justicia Agraria más accesible, próxima y transparente, que está generando una mejor relación con los justiciables, así como un servicio de mayor calidad,

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capaz de garantizar – con rapidez y eficiencia, los derechos legalmente reconocidos a las mujeres y hombres del campo.

El cometido de imprimirle un mayor vigor, funcionalidad y eficiencia a los Tribunales Agrarios, es una responsabilidad compartida por todos los servidores públicos que trabajamos en esta noble institución, independientemente de la actividad particular que desarrollamos: los Magistrados, los Secretarios de Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta, los Jefes de Unidad de Asuntos Jurídicos, los Jefes de Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, los Jefes de Unidad Adminis-trativa, los Jefes de Audiencia Campesina, los Actuarios, los Ingenieros Agrarios, las Brigadas de Ejecución, personal operativo y personal administrativo del Tribunal Superior Agrario.

Por eso en este informe, reconocemos ampliamente a todo el personal su colaboración y su esfuerzo para cumplir con nuestras tareas y propósitos institucionales.

En este contexto, debemos destacar ampliamente la labor que han desempeñado, tanto el Sindi-cato Nacional de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, cuya Secretaria General es la C. Yadira Ivonne Benítez Medina; así como el Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de los Tribunales Agrarios representado por su Secretario General, el Lic. Luis Enrique Fuentes Rivas, en favor de sus representados y de un mejor funcionamiento institucional.

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• 1. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, los Tribunales Agrarios continúan cumpliendo cabalmente con el mandato constitucional de impartir justicia agraria expedita y honesta, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pe-queña propiedad.

Por ello y con plena jurisdicción y autonomía, las Magistradas y los Magistrados de los Tribunales Agrarios han actuado en todo momento en estricto apego al marco normativo aplicable y a las recientes reformas constitucionales que fortalecen y consolidan el Estado de Derecho y brindan paz social en el campo mexicano.

• 1.1 DATOS GENERALES

Durante el año que se informa, se recibieron 52,776 nuevos expedientes de los cuales 750 fue-ron asuntos relacionados con transferencias entre los Tribunales Unitarios Agrarios quedando un total de 52,026 asuntos, que sumados a los 41,652 que quedaron en trámite al 31 de diciembre de 2012, resultan un total de 93,678 asuntos, de los cuales fueron concluidos 50,122 expedien-tes, quedando pendientes de resolver 43,556.

Es de destacarse que la incorporación de nuevas solicitudes de los justiciables, reafirma la con-fianza que tienen los usuarios de justicia agraria en nuestra institución y la legitimidad de nuestros órganos jurisdiccionales.

INFORME DE LAbOREs 2013del Licenciado Marco Vinicio Martínez Guerrero

Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario

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• 1.2 DATOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, durante el año 2013 el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario celebró un total de 272 sesiones, en las que se resolvieron asuntos del ámbito jurisdiccional y administrativo.

En el año que se informa, el Tribunal Superior Agrario recibió un total de 694 asuntos, los cuales se acumularon a los 211 que quedaron en trámite al finalizar 2012, sumando un total de 905 expedientes para el 2013, de los cuales fueron resueltos 777 expedientes y 128 quedaron pendientes; es decir, se resolvió el 85.9% del total de asuntos concentrados en el año.

De los 694 asuntos que ingresaron en el Tribunal Superior Agrario, 538 correspondieron a re-cursos de revisión; 127 fueron excitativas de justicia; 17 a excusas; 6 versaron sobre juicios agrarios; 3 obedecieron a quejas jurisdiccionales; en 2 se atendieron conflictos de competencia y 1 correspondió a recusación. De igual manera, se recibieron 10 incidentes y se elaboraron 95 cuadernos de antecedentes.

Durante el año 2013, se presentaron proyectos de resolución ante el H. Pleno del Tribunal Supe-rior Agrario, por lo que en este orden de ideas, 1,015 resoluciones y acuerdos fueron revisados y aprobados; de los cuales 706 correspondieron a recursos de revisión; 29 a juicios agrarios; 100 fueron acuerdos plenarios; 149 excitativas de justicia; 16 excusas; 9 incidentes; 2 quejas jurisdiccionales; 3 conflictos de competencia; 1 recusación.

En apego al marco normativo aplicable, se enviaron 822 despachos a los Tribunales Unitarios Agrarios para que, por su conducto, se notificaran a las partes involucradas las sentencias dicta-das por el propio Tribunal Superior Agrario, quedando pendientes 60 notificaciones.


A los despachos diligenciados se suman 1,685 notificaciones realizadas en los domicilios pro-cesales señalados en el Distrito Federal, además de las que por comparecencia se realizaron en esta sede.

Por otra parte, se ejecutaron 10 sentencias relacionadas con la dotación de tierras mismas que fueron aprobadas por el H. Pleno, con las que se entregó una superficie de 5,237 hectáreas a 1,121 campesinos, con la respectiva elaboración y entrega de los documentos fundamentales a los beneficiarios.

• 1.3 DATOS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

Con base en los artículos 1, 2 y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, durante el año que se informa 52,082 asuntos fueron recibidos que al sumarlos con los 41,441 que al finalizar 2012 quedaron pendientes de resolver, resultan un total de 92,773 expedientes una vez descontados 750 asuntos relacionados con transferencias entre Tribunales Unitarios. De ellos, fueron resueltos 49,345 asuntos que representan un porcentaje de 53.2%, quedando en trámite 43,428 expedientes al 31 de diciembre de 2013.

Ahora bien y en lo que concierne a asuntos de competencia transitoria, durante el período de julio de 1992 al 31 de diciembre de 2013, se recibieron 14,894 asuntos, de los cuales, se resolvieron 14,818, quedando pendientes tan sólo 76 expedientes, lo que se tradujo en el desahogo del 99.5% de los asuntos de esta competencia.

Asimismo, en apego a los artículos 56, 57 y 58 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios y con la finalidad de resolver la problemática planteada en núcleos de población ejidal y comunal más lejanos a la sede de los Tribunales Unitarios Agrarios, durante 2013 se llevaron a cabo, en todo el país, 137 Programas de Justicia Itinerante, en los que fueron atendidos 1,451 poblados de 563 municipios, conociendo y desahogándose por esta vía 9,487 asuntos.

En este sentido, es pertinente destacar que los Tribunales Agrarios son orgullosamente los únicos órganos jurisdiccionales del país, que a través de sus itinerancias, imparten justicia en las sedes


y localidades más remotas del país, acercando con ello el ejercicio de la ley a los justiciables.

Conscientes de la importancia que reviste evaluar de manera permanente y constante el desem-peño de la actividades realizadas en los Tribunales Unitarios Agrarios y con la finalidad de verificar que sus labores se realicen en estricto apego al principio de la legalidad, en el año 2013, se llevaron a cabo 59 visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales, cuyos resultados fueron informados oportuna y cabalmente al H. Pleno del Tribunal Superior Agrario.

Cobra especial relevancia destacar la invaluable labor que realizan los Magistrados Numerarios y sus respectivos equipos de trabajo en los Tribunales Unitarios Agrarios, los cuales se traducen en la columna vertebral de este órgano jurisdiccional.

Es así como con la impartición de justicia que a diario se da en nuestros 55 distritos jurisdicciona-les, se fortalece la legitimidad y el prestigio de nuestra institución, la cual es reconocida en todas las instacias vinculadas con su operación.

• 1.4 DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

En el ámbito jurisdiccional, en la Oficialía de Partes se recibieron 12,400 promociones y requeri-mientos, mismos que fueron turnados a las diversas áreas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su trámite.

Se recibieron 393 demandas de Amparo Directo; 361 en contra de sentencias de recursos de revisión y 32 en contra de juicios agrarios.

Se sometieron a consideración del Pleno 396 acuerdos jurisdiccionales, de los cuales 15 se impugnaron en queja, lo que representa menos del 1% y de ese número, 5 resultaron fundadas y 5 infundadas, quedando 5 pendientes de resolución. De los acuerdos aprobados por el Pleno, en 27 de ellos se concedió la suspensión del acto reclamado con otorgamiento de garantía; en 50 se concedió sin garantía y en 109 se negó.


Se enviaron 397 despachos para diligenciar a los Tribunales Unitarios; se realizaron 603 comparecencias, notificaciones y emplazamientos y 449 desahogos de requerimientos a los Tribunales Colegiados.

Durante 2013, los Tribunales Colegiados resolvieron 142 amparos del mismo año, concediendo la protección de la Justicia Federal a los quejosos en 18 de ellos que representan solamente el 27.6 %; 37 fueron negados; 11 sobreseídos; 30 desechados y 46 incompetencias.

Además, los referidos Colegiados resolvieron durante el propio año 2013, un total de 341 amparos promovidos en diversos años, en los cuales concedieron la protección de la justicia federal única-mente en 90 casos; 107 fueron negados, 57 sobreseídos, 27 desechados y 60 incompetencias.

Cabe destacar que durante el año 2013, se enviaron a los Tribunales Colegiados 691 amparos, de los cuales 29 correspondían al año 2011, 281 al año 2012 y 381 de 2013.

En el rubro de Amparos Indirectos durante 2013 fueron tramitados 169 amparos, de los cuales se resolvieron 60 y 109 quedaron pendientes, el sentido de la resolución fue conceder la protec-ción de la justicia federal en 10 casos que representan únicamente el 17%; 6 fueron negados¸ 35 sobreseídos, 7 desechados y 2 incompetencias.

Durante el propio año 2013, fueron resueltos además 163 Amparos Indirectos promovidos en diversos años, en 36 de ellos que representan el 22% se concedió el amparo; 11 fueron nega-dos; 96 sobreseídos, 18 desechados y 2 incompetencias.

Se sometieron a consideración del Pleno 163 acuerdos de Cumplimiento de Ejecutoria, de los cuales 151 fueron relativos a sentencias del Tribunal Superior Agrario y 12 a acuerdos emitidos como Autoridad Sustituta del Presidente de la República.

Se elaboraron además 399 acuerdos de presidencia, de los cuales, 161 fueron respecto de sentencias que negaron, 152 que sobreseyeron, 74 que desecharon y 12 que tuvieron por no interpuesta la demanda de garantías.


Se atendieron un total de 1,066 requerimientos hechos por diversas autoridades de los cuales 549 fueron como superior jerárquico de los Tribunales Unitarios, 243 de 24 horas, 124 de 3, 5, 10 y 30 días y 150 sin término.

Se elaboraron y revisaron 148 contratos y convenios. Se contestaron demandas y se interpusie-ron recursos de todo tipo, en los asuntos laborales, civiles, penales y administrativos, en un total de 349. Se desahogaron 150 audiencias, y finalmente se participó en 24 diversos Comités.

• 2. REFORMAS AL MARCO NORMATIVO AGRARIO

• 2.1 NUEVA LEY DE AMPARO

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de abril de 2013, se expidió la Nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que constituye un hito en la historia de este proceso constitucional.

El impacto de la Nueva Ley de Amparo fue particularmente relevante en el Derecho Agrario, entre otras y muy importantes cuestiones porque introdujo el plazo de siete años para la interposi-ción de los amparos por parte de los núcleos agrarios, con lo que se otorgó una mayor seguridad jurídica al campo mexicano.

En el aspecto estrictamente procedimental, la nueva Ley introdujo disposiciones muy importan-tes relativas a la presentación de las demandas de amparo; los plazos y términos pare rendir el informe justificado por parte de las autoridades responsables: la determinación de éstas respecto a la concesión o no de la suspensión del acto reclamado; los plazos para notificar a los terceros perjudicados; así como el término para enviar los expedientes respectivos a los Tribunales Cole-giados de Circuito, entre otros.

Importancia subrayada tienen las reformas en materia de cumplimiento de sentencia que de-rivaron en innumerables requerimientos formulados al Pleno y al Presidente de este órgano


jurisdiccional como superiores jerárquicos de los Tribunales Unitarios Agrarios, cuya atención y tramitación se da en términos sumamente perentorios.

Para subrayar la importancia de dichas reformas y su impacto en materia agraria y por consi-guiente, en este órgano jurisdiccional, baste decir que el Pleno del Tribunal Superior Agrario, sesiona a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, todos los días hábiles del año.

• 2.2 REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

En un sistema normativo existe la demanda constante de su actualización, como lo es el Re-glamento Interior de los Tribunales Agrarios, ya que tiene como finalidad la de establecer con-diciones de eficacia en el desarrollo de las actividades encomendadas en diversas instancias administrativas y muy especialmente, en relación a la optimización y salvaguarda de los recursos financieros con estricto apego a la normatividad vigente, ya que es el instrumento jurídico a través del cual deben implementarse los procedimientos para cumplir cabalmente con las atribuciones, facultades y obligaciones que la ley les confiere a los servidores públicos.

Consecuentemente y mediante acuerdo del catorce de marzo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de abril del mismo año, se modificó el Artículo 47 bis del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, confiriendo con ello a los Magistrados, a los Secretarios de Acuerdos y a los Jefes de Unidad Administrativa, la optimización y salvaguarda de los recursos humanos, financieros y materiales, fortaleciendo con ello el control y la operatividad en los órganos jurisdiccionales.

• 3. PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Ante la gran responsabilidad de responder a los requerimientos en materia de justicia agraria, el Tribunal Superior Agrario, además de su cotidiana labor jurisdiccional, aprobó acciones enca-minadas a cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, destacan, entre otros, la aprobación de los siguientes acuerdos:

1.- En virtud de la significativa carga de trabajo que representaba la acumulación de 1,625 expedientes que existían en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14, con sede en Pachuca, Hidalgo, que lo ubicaba como el Órgano Jurisdiccional con mayor acumulación de asuntos en trámite, se llegó a la conclusión de que, con el fin de proporcionar una rápida y eficaz atención a los mismos, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, estimó conveniente para el desarrollo de las funciones jurisdiccionales en dicha Entidad, constituir el Distrito 55, con sede en la misma Ciudad de Pachuca, por lo que en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2013, se aprobó el acuerdo por el que fue creado el Distrito mencionado, mismo que inició sus funciones el 21 de octubre


Cabe destacar, que los ajustes aludidos en el párrafo anterior, se autorizaron con el propósito de facilitar el acceso de los justiciables a los Tribunales Agrarios, tomando en cuenta razones de cercanía y vías de comunicación, con base en el mapa carretero de los Estados de Jalisco y Colima, así como para favorecer, en la medida de lo posible, la menor redistribución y traslado de expedientes, identificando las zonas de impacto jurisdiccional la incidencia económica, social y cultural en relación con el número de asuntos generados por municipio, todo ello con el objetivo de equilibrar, el número de expedientes en trámite por cada Tribunal Unitario en las Entidades involucradas, tomando en consideración las estructuras de los mismos.

Consecuentemente y una vez analizados los requerimientos y con el fin de proporcionar un rápida y eficaz atención a los usuarios demandantes de justicia agraria, se concluyó que era preciso modificar los acuerdos de fecha veintiocho de mayo de dos mil dos y veintiuno de febrero de dos mil doce, publicados el diez de junio de dos mil dos y veinticuatro de febrero de dos mil doce, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, así como la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 13, 15 y 16 con sede en la Ciudad de Guadalajara, 53 con sede en Zapotlán El Grande, todos en el Estado de Jalisco y 38 con sede en la Ciudad y Estado de Colima.

3.- Con base en el Acuerdo 4/2013 se modificó el horario para recibir las demandas o promocio-nes de término en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos aprobado en sesión de 29 de agosto de 2013.

Lo anterior, ya que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de dos mil trece, se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor al día siguiente de su

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de 2013, confiriéndole competencia en 34 municipios de Hidalgo y a su vez transmitiéndole 855 juicios agrarios.

2.- Mediante acuerdo 3/2013 del Tribunal Superior Agrario, se modificó el ámbito de compe-tencia territorial de los Distritos 13, 15, 16 y 53 con sede en la ciudad de Guadalajara, los tres primeros y Zapotlán el Grande, todos ellos en el Estado de Jalisco y el Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, Colima, aprobando dichos cambios en sesión de fecha 30 de abril de 2013.

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publicación, misma que estableció en su artículo 21, primer párrafo que “La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales, ante las Oficialías de Partes corres-pondientes que habrán de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.”

En consecuencia, el Tribunal Superior Agrario, aprobó que el área de Oficialía de Partes de la Di-rección General de Asuntos Jurídicos, ampliará su horario a efecto de garantizar a los justiciables los medios y formas para cumplir con el derecho fundamental de defensa y acceso a la justicia, al acudir ante este órgano jurisdiccional.

• 4. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN

• 4.1 DESIGNACIÓN DE MAGISTRADA NUMERARIA AL PLENO

En un principio, es importante destacar que en el mes de abril de 2013, a propuesta del Presi-dente de la República, la H. Cámara de Senadores, en atención a sus atribuciones, procedió al nombramiento de la Maestra Odilisa Gutiérrez Mendoza, como Magistrada Numeraria al Pleno del Tribunal Superior Agrario, a reserva de que se rindiera la protesta de Ley.

• 4.2 SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL

Así también y en otro orden de ideas, se tiene debidamente institucionalizado que para dar cum-plimiento al mandato constitucional de impartir justicia agraria expedita y honesta, es determi-nante e indispensable contar con el capital humano necesario, el cual es el recurso más valioso de nuestros órganos jurisdiccionales. Por ello, ha sido una directriz primordial enfatizar en los procedimientos de selección de personal, tanto jurisdiccional, como administrativo, conformando con ello la plantilla laboral de los Tribunales Agrarios, reclutando a mujeres y hombres con co-nocimientos jurídicos y administrativos, así como con reconocida probidad y experiencia para el desarrollo de las funciones necesarias en la impartición de justicia, que dé certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.


Consecuentemente, durante 2013 se realizaron dos Convocatorias de Selección e Incorporación de Personal de Carrera Jurisdiccional; la primera, celebrada en la modalidad de Convocatoria Cerrada el mes febrero y la segunda en la modalidad de Convocatoria Abierta y Cerrada en los meses de septiembre y octubre, respectivamente. En total, concursaron 310 participantes, para seleccionar entre los mejores promedios las 4 plazas de Secretarios de Acuerdos, 10 Secretarios de Estudio y Cuenta, 13 Jefes de Unidad de Asuntos Jurídicos, 12 Jefes de Unidad de Regis-tro, Seguimiento y Archivo, 5 Actuarios Ejecutores, 58 Actuarios Notificadores y 11 Ingenieros Agrarios.

• 4.3 RELACIONES CON LAS REPRESENTACIONES SINDICALES

Convencidos que el papel que desempeña la base trabajadora que labora en esta institución, es pieza fundamental para el funcionamiento de este órgano jurisdiccional y con la finalidad de actuar en estricta observancia de la ley, garantizando el respeto de los derechos laborales de los servidores públicos de esta institución, se intensificaron las reuniones con las organizaciones sindicales de este órgano jurisdiccional, en un ambiente de cordialidad e imparcialidad, brindando una mayor interlocución y solución a los requerimientos planteados.

En tal virtud, mediante el esfuerzo conjunto y la concertación de acuerdos entre autoridades y representantes sindicales, se logró arribar a las nuevas Condiciones Generales de Trabajo de los Tribunales Agrarios, las cuales incorporan propuestas y negociaciones sustantivas vinculadas con las condiciones sociales y económicas en beneficio de la clase trabajadora.

Asimismo, se reanudaron las reuniones de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón con el pro-pósito de que las contrataciones y promociones del personal operativo, se conduzcan dentro de un marco de equidad.


• 4.4 FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cobra especial relevancia comentar que en el Ejercicio 2013, de manera destacada, se logró la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pú-blica, para crear 49 plazas que han permitido la conformación de las estructuras orgánicas para la creación de nuevos Tribunales Unitarios Agrarios.

Con todo ello, actualmente se dispone de una plantilla integrada por un total de 1,790 servidores públicos, de los cuales 1014, el 57%, son mujeres y 776 varones; es decir, 43% del total de la estructura.

• 4.5 TRANSPARENCIA

Para los Tribunales Agrarios ha sido fundamental transparentar las actividades jurisdiccionales y administrativas en cumplimiento a lo establecido en la legislación aplicable en dicha materia, correspondiendo a la Unidad de Enlace de los Tribunales Agrarios, previa intervención de las Unidades Administrativas competentes, ser el conducto para proporcionar a los interesados, la información solicitada con estricto apego a la normatividad correspondiente.

Consecuentemente, durante 2013 se registraron 41 solicitudes de información, mismas que fueron atendidas en su totalidad, resultando 21 procedentes, 4 improcedentes, 2 aclaraciones y 14 consultas de orientación o canalización.

El Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios conoció de 4 asuntos, en los que se ratifi-caron las clasificaciones hechas por las Unidades Administrativas correspondientes y por su par-te, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, conoció de dos recursos de revisión.


• 5. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

Con la finalidad de fortalecer las actividades de capacitación, profesionalización y desarrollo de los servidores públicos que laboran en los Tribunales Agrarios, para hacer eficaz y eficiente el desem-peño de sus labores y que con ello, dichas acciones se traduzcan en una mejora en los servicios de impartición de justicia, que beneficien tanto a los usuarios de nuestro órgano jurisdiccional, como al propio personal, dentro del Programa de Capacitación 2013, se instrumentaron cursos dirigidos a servidores públicos que desarrollan actividades jurisdiccionales y administrativas.

En ese sentido, con base en las reformas constitucionales, se impartieron cursos de capacitación en materia de Amparo y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional de la Administración Pública A.C., intitulados “El juicio de amparo, una visión del Derecho Agrario” y “La protec-ción jurisdiccional de los Derechos Humanos y el Control de Convencionalidad”, como una forma de colaboración con los órganos jurisdiccionales al proceso de aplicación de dichas reformas, evento que fue dirigido primordialmente, al personal jurisdiccional, como en el caso de Magistrados, Secretarios de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, Jefes de Unidad de Asuntos Jurídicos, Jefes de Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo.

De igual manera, se impartió a través de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el curso “Función Actuarial y Pericial en Materia Agraria”, dando ca-pacitación a los Actuarios Notificadores, Actuarios Ejecutores e Ingenieros Agrarios en temas necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo y conscientes de la relevancia de la Ética Judicial para el servicio público de impartición de justicia, se programó un curso en esa materia, a través del Instituto Nacional de la Adminis-tración Pública A.C.

De manera análoga y a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, se impartieron diversos cursos dirigidos al personal administrativo.


• 6. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Para los Tribunales Agrarios ha sido fundamental la vinculación con los tres Poderes de la Unión, las dependencias y organizaciones del sector agrario, instituciones académicas, así como con organismos públicos y privados, relacionados con los grupos de campesinos del país.

De igual forma y con el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento y modernización de la impar-tición de justicia en México, los Tribunales Agrarios continuaron participando como parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A. C. (AMIJ) en las actividades que desarrolló esta agrupación.

En este sentido y como muestra de ello, se asistió a la XX, XXI y XXII de las Sesiones Ordina-rias del Comité Directivo, realizadas respectivamente los días 15 de marzo, 14 de junio y 21 de noviembre, todas del año 2013, siendo el Tribunal Superior Agrario, el anfitrión de la XXI Sesión Ordinaria, así como de una Conferencia Magistral impartida en el marco del curso Control Difuso de Convencionalidad, impartida por dicha asociación.

Así también y en el marco de los trabajos realizados durante la Quinta Celebración del Día del Juzgador Mexicano, organizada por la AMIJ, fueron reconocidos los Licenciados Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos y Luis Ángel López Escutia, Magistrado Presidente y Magistrados Numerarios del Tribunal Superior Agrario respec-tivamente.

De manera análoga y conscientes de la importancia que reviste la participación en actividades académicas y docentes, el Tribunal Superior Agrario en coordinación con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM; la Universidad Panamericana; las Comisiones de Reforma Agraria del Senado de la República y la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del


Congreso de la Unión; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Procuraduría Agraria; el Registro Agrario Nacional; el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y la Barra Nacional Universitaria de Abogados A.C., llevó a cabo el XV Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y I Internacional, el cual contó con la presencia de representantes de Austria, Cuba, Italia y Venezuela. Asimismo, se realizó la entrega del Reconocimiento del Agrarismo Mexicano “An-drés Molina Enríquez” y de la Presea “Emilio Zapata Salazar”, galardonando a personalidades destacadas del sector agrario.

Se acudió a diversos espacios convocados por instituciones del sector agrario como fueron el 9° Congreso Nacional “Otros campos es posible”, organizado por la Central Campesina Carde-nista; al Foro Nacional “Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en México: Análisis y Pros-pectiva Legislativa”, realizado por la Cámara de Diputados; al Foro de Consulta sobre Justicia Agraria, celebrado en la Universidad de Chapingo; así como a la Reunión Regional de Capacita-ción y Actualización del Registro Agrario Nacional.

• 7. EVENTOS, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

En el mes de junio, se llevó a cabo la XI Reunión Nacional de Trabajo de los Jefes de Unidad Administrativa de los Tribunales Agrarios, la cual tuvo como objetivo, mejorar y agilizar los me-canismos operativos en materia administrativa y financiera, obteniendo como resultado de las sesiones que se llevaron a cabo, diversos criterios, procedimientos y compromisos para fortalecer el control interno y una interacción más ágil y precisa con las áreas del Tribunal Superior Agrario.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la IX Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios, la que se desarrolló en dos mesas de trabajo denominadas “Ley Agraria Sustantiva” y “Ley Agraria Adjetiva”, en las que fueron expuestos temas relevantes en materia agraria, así como la problemática presentada en los criterios de impartición de justicia agraria, participaciones que quedaron publicadas en la Revista de los Tribunales Agrarios, dada la calidad y trascendencia por el enriquecedor intercambio de experiencias en el ejercicio de la labor jurisdiccional.


Así también y en el marco de la lX Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios debe destacarse la brillante conferencia que tuvo a bien obsequiar el Mtro. Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las conferencias dictadas por parte de las Magistradas Lic. Maribel Concepción Méndez de Lara y la Lic. Carmen Laura López Almaraz.

Como parte del Programa de Actividades, correspondió a la Oficialía Mayor dar a conocer y difundir entre los asistentes, las responsabilidades, funciones y resultados que competen a las diversas áreas que la integran.

Por otro lado y en torno a la difusión del Derecho Agrario, los Tribunales Agrarios a través de su Magistrada Lic. María Antonieta Villegas López, titular del Distrito 47 en Puebla, Puebla y el Lic. Juan Gilberto Suárez Herrera, titular del Distrito 33 en Tlaxcala,Tlaxcala, participaron en entrevistas en el programa UNAMos Ideas del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


De igual manera, se llevó a cabo Ciclo de Conferencias Magistrales sobre Derecho Agrario, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la que Magistrados y Secretarios de Estudio y Cuenta de los Tribunales Agrarios, expusieron temas relevantes en materia agraria a estudiantes.

El trabajo de promoción académica y servicio social fue constante entre las actividades de los Tribunales Agrarios, por lo cual se acudió a diversas ferias y tianguis de servicio social, con la finalidad de reclutar a prestadores de servicio social y practicantes profesionales de diversas carreras, a efecto de coadyuvar en su formación profesional, reclutando para dichas actividades tanto alumnos, como pasantes, que con su esfuerzo y vocación apoyaron al quehacer cotidiano de nuestros órganos jurisdiccionales.

Los temas relacionados con el Derecho Agrario, la impartición de justicia, las actividades rea-lizadas por los Tribunales Agrarios, así como resoluciones, criterios jurisprudenciales y normas de aplicación interna, fueron divulgados en diversas publicaciones tales como el Boletín Judicial Agrario, la Revista de los Tribunales Agrarios, el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial, las Condiciones Generales de Trabajo, la Gaceta de los Tribunales Agrarios “La Semilla”, el Libro Coloreando la Justicia Agraria, la Memoria del Primer Congreso Internacional de Especialistas en Derecho Procesal Contemporáneo y los Murales Agrarios.

• 8. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Con motivo de la creación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 55, con sede en Pachuca, Hidalgo, se llevó a cabo el proyecto ejecutivo de adecuación y equipamiento del inmueble sede de dicho órgano jurisdiccional, destinando mobiliario, equipo de oficina, bienes informáticos, infraestruc-tura de telecomunicaciones, vehículos y los recursos materiales suficientes para su operación.


Asimismo, se apoyó a los Distritos 20 en Monterrey, Nuevo León, 24 Toluca, Estado de México y 44 Chetumal, Quintana Roo, que realizaron cambio de sus instalaciones, observando para ello la metodología y la normatividad correspondiente.

De igual forma y respecto a la rehabilitación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero., se brindaron los recursos para el restablecimiento de los daños que se registraron como consecuencia de los fenómenos naturales que ocurrieron en el Estado de Guerrero.

Durante el ejercicio 2013, como parte de las funciones administrativas y bajo un esquema de optimización en el uso de los recursos públicos, se fortalecieron las acciones para el mejoramien-to en la administración del presupuesto en materia de recursos materiales y servicios generales.

Bajo este contexto y atendiendo la demanda de los Tribunales Agrarios, destacan las adquisicio-nes para el desarrollo eficiente de los órganos de justicia agraria como son equipos de sistema contra incendio para los archivos jurisdiccionales, “vehículos para las funciones sustantivas de los propios Tribunales”, equipo topográfico de la más alta tecnología para fortalecer las labores

Distrito 20

Distrito 44 Distrito 24


que se realizan en campo en materia de justicia agraria; así como prendas de vestir con logotipo institucional para la identidad del personal jurisdiccional.

Sobresalen las acciones relacionadas con el mantenimiento de los muebles e inmuebles de los Tribunales Agrarios, a fin de contribuir a la conversión de sedes dignas, funcionales y con ambien-te laboral propicio para el personal.

De la misma forma, como acciones inherentes a su operación y en cumplimiento a la normativi-dad aplicable en la materia, deben destacarse los procesos de licitación que fueron ejecutados en justo apego a las disposiciones normativas vigentes, privilegiando la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos ejercidos.

Se instrumentaron acciones para fortalecer el control del parque vehicular y de inventarios, segui-miento a siniestros, baja de bienes y el cumplimiento respecto a la elaboración y entrega de los in-formes correspondientes para la rendición de cuentas ante la SHCP y las instancias fiscalizadoras.

• 9. ACTIVIDAD FINANCIERA

• 9.1 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

En 2013, se ejerció un presupuesto de 915.0 millones de pesos, para atender las necesidades del Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios, instrumentándose de manera oportuna y precisa, diversas readecuaciones y transferencias presupuestales.

Consecuentemente, el ejercicio del presupuesto 2013, se distribuyó de la siguiente manera: 596.0 millones de pesos para Servicios Personales, 32.6 millones de pesos en Materiales y Suministros, 224.9 millones de pesos Servicios Generales y 61.5 millones de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.


Debe destacarse que en el ejercicio del presupuesto se cumplió con las “Disposiciones de Austeri-dad, Ajuste al Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública”, establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, así como la normatividad vigente.

Con respecto al año anterior, en 2013 se superó en 35 millones de pesos el presupuesto ejerci-do; destacando que a diferencia de ejercicios anteriores, no se requirieron recursos adicionales, para cubrir los compromisos para atender las medidas de fin de año.

De igual forma, se logró dar suficiencia a partidas de gasto para atender de manera preferente, el Programa de Apoyo a las Tareas Jurisdiccionales, el Fortalecimiento de los Programas de Ca-pacitación, así como el apoyo a los Tribunales Unitarios Agrarios para la adecuación y cambio de instalaciones, mantenimiento de mobiliario y flota vehicular, así como disponer de las existencias suficientes y oportunas de materiales y suministros.

Es menester hacer hincapié que mediante la mayor interacción de las áreas ejecutoras de gasto y el monitoreo de las que coordinan su oportuno y correcto ejercicio, se logró un cumplimiento del 99.4%, toda vez que del total de 920.7 MDP de presupuesto modificado autorizado, se ejercieron 915.0 MDP, cifras que demuestran una mayor efectividad y eficiencia en materia de coordinación presupuestal.

• 9.2 EJERCICIO PRESUPUESTAL PARA 2014

Para el ejercicio fiscal 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 1,035 millones de pesos, recursos que serán destinados de la siguiente forma: 641.6 millones de pesos para Servicios Personales, 32 millones de pesos en Materiales y Suministros, 338.4 millones de pe-sos Servicios Generales, 1.2 millones de pesos para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y 21.8 millones de pesos en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.


Cobra relevancia el hecho de que el presupuesto asignado para 2014, es mayor en 120 millones de pesos en comparación con el presupuesto ejercido en 2013, lo que permitirá dar continuidad a los programas y acciones de impartición de justicia agraria.

De igual forma, propiciará la permanencia de personal especializado y, en consecuencia, mejo-rará la atención y reducción de los tiempos de atención y resolución de los asuntos emitidos en materia jurisdiccional, así como continuar con el otorgamiento de apoyo logístico, que se requiere en la operación cotidiana y sobre todo para la realización de las jornadas itinerantes que acercan la atención y justicia agraria a las comunidades que así lo demandan. Por lo anterior, nuestro más amplio reconocimiento y gratitud a los tres Poderes de la Unión por la comprensión y apoyo otorgados, lo cual continuará siendo factor determinante para el cumpli-miento de nuestros objetivos de impartición de justicia.

• 10. EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

En la actualidad, no se concibe organismo o institución alguna sin el uso de las herramientas, los apoyos y los beneficios que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es por ello que en los Tribunales Agrarios se han destinado considerables esfuerzos y recursos para fortalecer estas necesidades.

Al respecto, es menester reconocer que aún el camino es muy arduo para estar acorde a la vanguardia, respecto a los cambios tecnológicos y a la dimensión en la que se encuentran otros órganos jurisdiccionales y la mayoría de las instituciones públicas del país.

De igual manera, se implementaron métodos de operación para atender las necesidades en materia de tecnologías de información y comunicaciones con la finalidad de facilitar las tareas jurisdiccionales y administrativas que desarrollan los servidores públicos de nuestra institución y hacer eficaz y eficientes el desempeño de las labores realizadas.

Todo ello, fortaleció los mecanismos de modernización tecnológica que permitieron atender los Lineamientos de Austeridad emitidos por el Ejecutivo Federal.


Cobra especial atención el proceso de digitalización de todos los expedientes del personal activo, lo cual permite un mejor control administrativo y orienta los esfuerzos a una evolución y tendencia vanguardista que se traduzca en una auténtica herramienta de apoyo para nuestros servidores públicos y justiciables.

Por ello y para consolidar la red de comunicaciones entre los Tribunales Agrarios, con el Tribu-nal Superior, se concertaron acciones con el Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC; se instrumentaron servicios de enlace para intercomunicar a los edificios e instalaciones del Tribunal Superior Agrario y asimismo, se implementaron mecanismos de control de aplicaciones y dispositivos, para blindar, tanto la infraestructura informática, como el valioso acervo documental, ante intromisiones o ataques a nuestra red de información.

En cuanto al Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano, se brindó atención y apoyo para que el ingreso de los datos de los servidores públicos de los Tribunales Agrarios, se realizara de manera eficiente.

Se implementaron circuitos cerrados en los Tribunales Unitarios Agrarios, mediante el cual se brinda seguridad, principalmente a los servidores públicos que laboran dentro de nuestros inmue-bles, preservando, asimismo, la integridad de las instalaciones.

Así también, se llevó a cabo la digitalización de todos los expedientes del personal activo, lo cual permite un mejor control administrativo y de trayectoria laboral, fortaleciéndose los principios de eficiencia, eficacia y confidencialidad, en torno a la custodia y manejo de documentación, así como para efectos de todo tipo de consultas autorizadas.


Durante el periodo comprendido entre julio de 1992 y diciembre de 2013, los Tribunales Agrarios han recibido 740,382 asuntos de los cuales se ha dictado sentencia en 696,826 de ellos, lo cual representa un cumplimiento del 94.1% de los asuntos recibidos que sumaron un total de 740,382 expedientes, quedando en trámite –al finalizar el año que se informa– 43,556 asuntos, que representan el 5.9%.

Así también, del ejercicio 2010 al 2013, lapso durante el cual he tenido el privilegio de estar al frente de la Presidencia de este órgano jurisdiccional, se aperturaron 6 Tribunales Unitarios Agra-rios, a efecto de brindar atención a zonas de alto conflicto en los Estados de Guerrero y Chiapas, así como para responder a las cargas de trabajo que se registraban en Campeche, Jalisco e Hidalgo, equilibrando el trabajo jurisdiccional y la presencia en dichas entidades federativas.

Los esfuerzos que caracterizaron las tareas de nuestros órganos jurisdiccionales durante el 2013 se sustentaron en la impartición de justicia pronta y expedita, con la firme determinación de pre-servar los ideales de seguridad y paz social en el campo.

En este sentido, durante el año 2013 se continuó trabajando de manera sistemática, cabal y comprometida en aras de brindar a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios el más absoluto y transparente cumplimiento de la ley, para proteger sus auténticos y legítimos intereses, insertando año con año nuestra mejora continua.

La legalidad y eficacia, al cabo de 21 años de Justicia Agraria que imparten los Tribunales Agra-rios, han sido factores que atraen a nuestros justiciables, con la certeza y certidumbre de que sus demandas serán atendidas, entendidas y desahogadas, con el más justo e inquebrantable apego a la ley.

Estamos conscientes que nuestros Tribunales Agrarios han intensificado sus esfuerzos por hacer de la impartición de justicia, un ejercicio de legalidad, imparcialidad y oportunidad, factores que se ob-servan cotidianamente por parte de todos los cuerpos jurisdiccionales de los Tribunales Agrarios.

Por ello, el Estado de Derecho, como garantía inalienable de los gobernados, ha sido observado en todas y cada una de las Salas de Audiencias de los Tribunales Agrarios, foros en los que la impartición de justicia ha logrado que se destaque la más auténtica demanda de los justiciables, quienes han sido tratados de manera digna, honesta e imparcial por todos los servidores públicos de los Tribunales Agrarios.

En el 2013, como desde 1992, los impartidores de justicia de este órgano jurisdiccional han expresado mediante su capacidad, experiencia y probidad, que conforme a su ámbito de com-

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CONCLUsIONEs


petencia y en el desempeño de sus responsabilidades, la impartición de justicia ha sido expedita y honesta, cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Por ello, a los Magistrados del Pleno, los Magistrados de los Tribunales Agrarios y a los Magis-trados Supernumerarios, mi reconocimiento por su inquebrantable profesionalismo, liderazgo e institucionalidad en favor de los justiciables agrarios de nuestro país.

El respeto a los Derechos Humanos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, debe de privile-giar, sin menoscabo de sector alguno, a las clases más desprotegidas del país. Es así como con el más amplio respeto a los usos y costumbres de todos los grupos indígenas que concurren a nuestros Tribunales Agrarios en demanda de justicia, se incorporaron intérpretes y traductores para hacer más confiable y transparente la impartición de justicia agraria.

De esta forma, se ha pugnado por el uso de un lenguaje claro y sencillo en nuestras sentencias, las cuales han sido pronunciadas en estricto apego a la ley, ante la imperiosa necesidad de que se facilite a nuestros justiciables su adecuada comprensión.

La presencia de los Tribunales Agrarios y la impartición de justicia agraria se hizo patente en todas las entidades federativas del país, así como en las localidades y en las poblaciones más remotas, sin atenuar esfuerzos, ya fuera en zonas de alta dificultad de acceso o bajo condiciones climato-lógicas adversas o de escasa seguridad.

Por ello, orgullosamente se puede resaltar que mediante Programas de Justicia Itinerante, se acercó la impartición de justicia a los usuarios de nuestros órganos jurisdiccionales, con esque-mas de operación que hasta la fecha siguen distinguiendo a nuestros Tribunales Agrarios.

La aplicación de la ley por parte de los Tribunales Agrarios generó como consecuencias inmediatas la tranquilidad, confianza y paz social en el campo mexicano, conscientes del valor que representan para el país estas virtudes, todo ello dentro del ámbito de protección de los Derechos Humanos.

De manera puntual, transparente y racional, los recursos presupuestales que destinó el Gobierno Federal a los Tribunales Agrarios, se canalizaron y ejercieron con el más alto sentido de respon-sabilidad y legalidad, haciendo de la rendición de cuentas, el común denominador que en tiempo y forma caracteriza el cumplimiento de los compromisos informativos, ante las dependencias públicas, las instancias fiscalizadoras y los sectores sociales y privados del país.

Los resultados y las cifras cuantitativas que se reportan en este informe, más allá de los elemen-tos que facilitan la evaluación, permiten reconocer de manera satisfactoria y convincente, que se ha cumplido con el más alto sentido de productividad, toda vez que se han logrado avances y se han superado los resultados de ejercicios anteriores.

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En 2013, el capital humano tanto jurisdiccional como administrativo de los Tribunales Agrarios, continuó caracterizándose por ser el recurso más valioso, dada su vocación de servicio, institucio-nalidad y entrega, ya que sus resultados fueron la más clara muestra de la calidad y profesionalis-mo con la que se dictaron las sentencias y se brindaron los apoyos y servicios para su ejecución.

Consecuentemente, mi gratitud, respeto y admiración a todos y cada uno de los servidores pú-blicos que integran los Tribunales Agrarios y, a su vez, mi exhorto a seguirse brindando con el más alto sentido de nacionalismo, en favor de la justicia agraria, que da razón y sentido a nuestra misión.


LIC. MARCO VINICIO MARTÍNEZ GUERREROMagistrado Presidente

LIC. LUIS ÁNGEL LÓPEZ ESCUTIAMagistrado Numerario

LIC. MARIBEL CONCEPCIÓN MÉNDEZ DE LARAMagistrada Numeraria

MTRA. ODILISA GUTIÉRREZ MENDOZAMagistrada Numeraria

LIC. CARMEN LAURA LÓPEZ ALMARAZMagistrada Supernumeraria

LIC. JESÚS ANLÉN LÓPEZSecretario General de Acuerdos

LIC. JOSÉ ARMANDO FUENTES VALENCIAOficial Mayor

LIC. FRANCISCO JAVIER BARREIRO PERERADirector General de Asuntos Jurídicos

LIC. JULIO CARLOS BUREOS PADRÓNDirector General de Recursos Humanos

LIC. JUAN CARLOS MÁRQUEZ PINODirector General de Recursos Financieros

LIC. JULIANA DEL CARMEN GARCÍA SÁNCHEZDirectora General de Recursos Materiales

LIC. GUILLERMO FERNANDO LAURENCIO MONTES DE OCAContralor Interno

LIC. ROCÍO ALONSO GARIBAYEncargada del Despacho del C.E.J.A.

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marzo 2014 - tribunalesagrarios.gob.mx · gracias a las magníficas relaciones de respeto,...

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