maestrÍa en derecho civil y procesal civil...
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
UNIANDES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Jurisprudencia
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN DERECHO CIVIL Y
PROCESAL CIVIL
“EL JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA: CELERIDAD Y ECONOMÍA PROCESAL”
Autora: Ab. Ángela Romelia Aldaz Quiroz,
Tutores: Dra. Oly Álvarez G.
Dr. Marcelo Robayo C.
2015
CERTIFICACIÓN DE LOS TUTORES
Dr. Marcelo Robayo C. y Dra. Oly Álvarez G. certificamos que la presente tesis
ha sido elaborada por la señora ABOGADA ANGELA ROMELIA ALDAZ
QUIROZ, cumpliendo todos los requisitos reglamentarios y académicos de la
institución, por lo que recomendamos proseguir con el trámite correspondiente.
DEDICATORIA
A mis hijas, Laura Gabriela, Jessie Andrea y Mishelle Melissa, como
ejemplo de constancia, perseverancia y
superación personal
A mis padres Rosa (+) y Ángel, mi mayor ejemplo de
amor.
Abg. Ángela Romelia Aldaz Quiroz
AGRADECIMIENTO
A la vida, por la oportunidad de entrar en el “maravilloso mundo del
conocimiento.”
A mis padres por ser los cimientos de mi formación integral, A mi
hija Mishelle y a mi esposo Eddy, por la comprensión y la espera, A mi cuñada
Laura Joza Mejía y a su esposo Jorge Jurado Murillo, compañeros de viaje y
de estudio en esta aventura,
A mis amigos: Dr. Rubén Morán Sarmiento, Wilson Alcívar, María Macías y
Gloria Palacios, por el apoyo oportuno,
A la UNIANDES, al Abg. Jorge Gómez Fioravanti, a los Coordinadores de esta
Maestría, y a los Dres. Oly Alvares G. y Marcelo Robayo, C. por su acertada
dirección en este trabajo de investigación.
Ab. Ángela Romelia Aldaz Quiroz
ÍNDICE GENERAL
Pág.
Portada
Certificación de los tutores
Declaración de autoría
Dedicatoria
Agradecimiento
Índice general
Resumen
Abstract
Introducción 1
CAPÍTULO I
1. Marco Teórico 14
1.1. Antecedentes 14
1.2. Marco Conceptual 15
1.2.1. El Juicio 15
1.2.2. Personas que intervienen en el juicio 16
1.2.3. Importancia de determinar las Partes Procesales 18
1.2.4. El Procurador Judicial 20
1.2.4.1. Formas de Procuración 20
1.2.4.2. Aceptación y renuncia del mandato 21
1.2.4.3. Diligencias del Procurador Judicial 22
1.2.4.4. La falsa procuración 24
1.2.5. Clases de Juicios 25
1.2.5.1. El Juicio Ordinario 25
1.2.5.2. El Juicio Ejecutivo 26
1.2.5.3. El Juicio Verbal Sumario 27
1.2.6. La Demanda 29
1.2.6.1. Requisitos y contenido de la demanda 31
1.2.6.2. Calificación de la demanda 32
1.2.6.3. Citación y notificación de la demanda 33
1.2.6.3.1. La citación de la demanda 33
1.2.6.3.2. La notificación 37
1.2.7. La Contestación de la Demanda, las Excepciones
y Sus Clasificaciones 38
1.2.7.1.2 La Contestación de la Demanda 38
1.2.7.1.1. Las excepciones 42
1.2.7.1.1. Clasificación de las excepciones 42
1.2.8. El Juicio Ordinario 43
1.2.8.1. Definición del Juicio Ordinario 43
1.2.8.2. Clasificación de los Juicios Ordinarios 44
1.2.8.3. El Juicio Ordinario según el Procedimiento Oral 44
1.2.8.4. El Juicio Ordinario de Mayor Cuantía 46
1.2.8.4.1. Primera Instancia 48
1.2.8.4.1. Segunda Instancia 50
1.2.9. El Recurso de Casación 51
1.2.10. La Reconvención 55
1.2.10.1. Requisitos de procedencia 56
1.2.11. De los Términos 57
1.2.11.1 Definición, forma de contarlos 57
1.2.12. Importancia Procesal 58
1.2.13. Diferencia con el Plazo 59
1.2.13.1. Clases de términos y plazos 61
1.2.14. El Proceso 63
1.2.14.1. Definición 63
1.2.14.2. Proceso y Procedimiento 67
1.2.15. Principios Procedimentales 69
1.2.15.1. Principio de Celeridad Procesal 70
1.2.15.2. Principio de Economía Procesal 71
1.2.16. La celeridad y economía procesal en el
Juicio ordinario de mayor cuantía 72
1.2.17 Necesidad de la Reforma 74
1.3. Marco Referencial 79
1.3. 1. Derecho Comparado 79
1.3.1.1. El Procedimiento en la Legislación de América del Sur 79
1.3.1.1.1. Perú 79
1.3.1.1.2. Argentina 80
1.3.1.1.3. Venezuela 80
1.3.1.1.4. Chile 80
1.3.1.2. El Procedimiento Civil Ordinario en la Legislación Francia 82
1.3.1.3. El Procedimiento Civil Ordinario en la legislación Española 83
1.3.1.4. El Procedimiento Civil Ordinario en la legislación Alemana 84
1.3. 1.5 El Procedimiento Ordinario en los Estados Unidos de
Norteamérica 85
1.3.2. Conclusiones Parciales 89
CAPITULO II
2. Marco Metodológico y Planteamiento del Problema 90
2.1. Caracterización del sector investigado 90
2.2. Fundamentación Filosófica 90
2.3. Diseño de la Investigación 91
2.3.1 Nivel o tipo de investigación 91
2.4. Métodos y Técnicas 91
2.4.1 Métodos 91
2.4.2. Técnicas 92
2.5. Población y muestra 92
2.5.1. Población 92
2.6. Análisis e Interpretación De Resultados 94
2.6.1. Resultado de encuestas dirigidas a los Abogados en
Ejercicio profesional, en Derecho Procesal Civil 94
2.6.2. Conclusiones Parciales 102
CAPITULO III
3. Propuesta de Reforma Jurídica 103
3.1. Datos Informativos 103
3.1.1. Título de la propuesta 104
3.1.2. Tipo de propuesta 104
3.1.3. Resumen Ejecutivo 104
3.1.4. Descripción de la propuesta 105
3.1.5. Problema a resolver 105
3.1.6. Análisis Contextual 105
3.1.7. Justificación de la propuesta 105
3.1.8. Fundamentación teórica 106
3.1.9. Finalidad de la propuesta 106
3.1.10. Objetivos 106
3.1.11 Descripción de los beneficiarios 106
3.1.12. Metodología 106
Anteproyecto De Ley 108
Conclusiones Parciales 112
Conclusiones Generales 113
Recomendaciones 114
Bibliografía
RESUMEN
El procedimiento en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, tanto en primera,
segunda instancia y al momento de recurrir, establece plazos y términos
demasiados amplios y largos para su sustanciación.
En Ecuador, a los ciudadanos les toca vivir esta realidad social, jurídica y
económica, que obedece a diversos factores como son: la dilatación de los
términos procesales, demoras en la emisión de providencias, no hay concordancia
de la ley Adjetiva Civil con la Constitución, falta de aplicación de los principios
constitucionales establecidos para el Sistema Procesal, entre otros, dando como
consecuencia un inadecuado servicio a los justiciables y una mala imagen para la
función judicial, con el correspondiente costo económico para ambas partes.
El objetivo propuesto, previo un diagnóstico de la problemática existente, fue
proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil en el
Juicio Ordinario de mayor cuantía donde se acorten los término para
la contestación a la demanda y o posible reconvención, el término probatorio,
y al momento de presentar la Apelación que el escrito contenga la fundamentación
sobre la que verse ésta.
Los resultados del trabajo de campo realizado sobre una muestra de la población
de profesionales en el libre ejercicio, en el área procesal civil, dieron resultados
relevantes favoreciendo la propuesta de reforma planteada.
ABSTRACT
The present research is a problem that affects worldwide, what is the
procedure in Ordinary Trial higher level, both in first, second instance and
upon appeal, set time lines and broad and too long for substantiation.
Ecuador is no exception, citizens they live this social, legal and
economic reality, which is due to several factors including the expansion of
procedural terms in regular trials, delays in issuing orders, no concordance
Civil Adjective law with the Constitution, and the lack of application of
constitutional principles established for the procedural system giving poor
service due on individuals and a bad image for the judiciary, with the
corresponding economic costs to both parties.
The proposed objective, following a diagnosis of the existing problems, is to
launch a Draft Law Amending the Code of Civil Procedure, in the Ordinary
Trial higher level where shortened term for answering demand I may
counterclaim, the term evidence, and at the time of Appeal that the letter
containing the grounds on which see it.
The results of the field work carried out on a sample of the population of
professionals in the free exercise in the civil litigation area gave relevant
search results favoring the proposed reform proposal.
1
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la investigación
La importancia de realizar esta investigación que se intitula: “EL JUICIO
ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA: CELERIDAD Y ECONOMIA
PROCESAL”, tiene su fundamento en la problemática judicial que se ha
convertido en una realidad socio-jurídica-económica, para aquellos usuarios de
los servicios judiciales y jurisdiccionales.
Sobre todo que esta situación afecta, cuando las partes se enfrentan a un
proceso judicial ya sea como actor o como demandado, y particularmente en
los juicios ordinarios de mayor cuantía, donde se observan leyes que
establecen términos muy extensos para la contestación de la demanda y
posible reconvención, para la prueba y además para el momento de recurrir, lo
que consecuentemente dilata la sustanciación de éstos, se produce el
acumulamiento de causas y muchas de las veces termina en el abandono de
las mismas.
Una investigación realizada sobre el tema la encontramos en el Repositorio
UTC, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, intitulado: “Anteproyecto de Ley
Reformatoria al Código de Procedimiento Civil en su Título II, Sección 1ª Del
Juicio Ordinario, Parágrafo 1º y 2º De la Primera Instancia y Segunda Instancia,
en el que se incluya el sistema de oralidad para la sustanciación de los juicios
ordinarios a fin de evitar el acumulamiento de causas en los Juzgados de lo
Civil del Cantón Quito”, el cual establece las siguientes conclusiones:
1. “El 60,6 % de las partes procesales encuestadas consideran que
las causas que provocan la dilatación de los términos procesales en los
juicios ordinarios son: que los mismos por su naturaleza son
2
extensos, sumándose a esto que existe incumplimiento por parte
de los juzgadores en aplicar los términos establecidos en ley.
2. El 71 % de las partes procesales encuestadas que sustancian Juicios
Ordinarios en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil del
Cantón Quito, determinan que la demora en la sustanciación de los
procesos ordinarios sí origina el abandono de las causas.
3. El 88,5 % de las partes procesales encuestadas, consideran que
al aplicar el principio de oralidad en la sustanciación de Juicios
Ordinarios sí evitaría el acumulamiento de causas y la sustanciación del
Juicio Ordinario sería más rápida y eficaz.
4. El 100 % de las partes procesales encuestadas sí apoyan el Diseño
de un Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de
Procedimiento Civil en su Título II, Sección 1ª Del Juicio Ordinario,
Parágrafo 1º y 2º De la Primera Instancia y Segunda Instancia, en el que
se incluya el sistema de oralidad para la sustanciación de los juicios
ordinarios a fin de evitar el acumulamiento de causas en los Juzgados de
lo Civil del Cantón Quito.
Otra investigación referente al tema está realizada por Abogado Byron
Manuel Camacho Medina, en su trabajo de investigación sobre “Necesidad de
reformar los arts. 397, 398, y 405 del Código de Procedimiento Civil.”, en
esta investigación las conclusiones son las siguientes:
1. “Que la demanda es el medio por el cual las personas damos inicio al
proceso judicial, ya sea porque se nos ha vulnerado o queremos hacer
efectivo un derecho, de ahí la importancia de que los juicios se resuelva
3
lo más pronto posible, pero para lograrlo se debe reformar nuestro
ordenamiento en lo que respecta a los términos en el procedimiento
ordinario, con la finalidad de evitar la saturación de los procesos en los
Juzgados Civiles”.
2. “Que debe darse un estricto cumplimiento a las leyes en
especial a la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a los
principios procesales para que el procedimiento ordinario se inicie,
desarrolle y concluya lo más pronto posible y sea notorio la celeridad y
la economía procesal”.
3. “He comprobado que los términos establecidos en la actualidad para
los juicios ordinarios son muy extensos, permitiendo que existan
prolongados trámites, violentando de esta manera los principios
procesales establecidos en la Constitución de la República.
4. “Que se debe reformar los artículos 397, 398 y 405 del Código de
Procedimiento Civil, toda vez que permite la vulneración de los principios
procesales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador,
especialmente el de celeridad y economía procesal”.
5. “Que las disposiciones legales establecidas en los Arts. 397,
398 y 405 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que determinan los
términos para la contestación a la demanda, reconvención y apertura de
causa de prueba, no garantizan efectivamente los derechos de las
personas, es decir a tener acceso a una justicia sin dilaciones y sin
gastos, por lo que es necesario una reforma legal, a fin de que se
reduzcan éstos términos, con el propósito de salvaguardar los
intereses de la personas que someten algún conflicto a la resolución de
las personas encargadas de administrar justicia.
4
Un tercer criterio acerca del tema en estudio, se ha encontrado en la obra del
jurista Washington Baca Bartelotti, intitulada: “El juicio ordinario”, en cuya
investigación concluye anotando:
“Si el Estado aplica la política de desalentar el reclamo de un
derecho o negar la reparación de un perjuicio, está aplicando la
peor y más represiva conducta que se debe combatir y
vencer; más noble sería decirle al agraviado que no pierda
tiempo y dinero reclamando, que engañarle ofreciendo una
protección que se niega en la práctica.
Aun los lúcidos argumentos presentados por la doctrina en
defensa de juicio ordinario no convencen que merece vivir en
esta hora de nuestro desarrollo. Están vigentes procedimientos
que se han convertido en obstáculo para la aplicación de la
justicia y el perfeccionamiento del Derecho. La sociedad no
puede buscar solución a sus conflictos en formas y
procedimientos a los que falta agilidad y acierto.
Como expresa Camacho Medina en su investigación, debe darse
cumplimiento a la normativa constitucional vigente, en cuanto a los principios
procesales para que el procedimiento ordinario se inicie, desarrolle y
concluya lo más pronto posible y sea notorio la celeridad y la economía
procesal. Así también Baca Bartelotti, opina que en Ecuador, el procedimiento
ordinario que se ha convertido en obstáculo para la aplicación de la justicia,
falta agilidad y acierto a los procedimientos, por lo que es necesaria y
urgente una reforma que actualice este procedimiento y concuerde con las
normas establecidas en la Carta Magna.
5
En las tres conclusiones de las investigaciones anotadas se emiten criterios
similares, concordantes en los puntos siguientes:
1. Los términos dentro del Juicio Ordinario para contestar la demanda y
o posible reconvención, son muy extensos, lo que provoca dilatación en
la sustanciación de los procesos.
2. Las disposiciones legales establecidas en la Codificación del Código
de Procedimiento Civil, no están acordes con la normativa Constitucional
vigente, por lo que no garantizan la aplicación de los principios de
Celeridad y Economía procesal.
3. Se requiere de administración de justicia más rápida y eficaz por lo
que la ley Adjetiva Civil merece una reforma urgente que acorte los
términos establecidos.
En opinión personal, la normativa Constitucional en cuyo texto se expresan los
principios de Celeridad y Economía procesal, contiene la fuente necesaria que
servirá de base para elaborar el Proyecto de reforma al procedimiento del
juicio Ordinario, acortando los términos de contestación a la demanda y posible
reconvención, para que se garantice el derecho que tienen los justiciables, a la
tutela judicial efectiva, al momento de entablar un reclamo o de contestarlo
en la vía Ordinaria.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existe una realidad socio jurídica que conlleva un problema en la
administración de justicia a nivel mundial, dando como consecuencia un
inadecuado servicio a los justiciables, situación que obedece a diversos
factores como son: la dilatación de los términos procesales en los juicios
ordinarios, el incumplimiento y la falta de aplicación de los principios de
administración de justicia establecidos en la Carta Magna de cada país.
6
Ecuador no es la excepción a esta problemática que está afectando a
la sociedad que requiere de los servicios judiciales y jurisdiccionales,
encontrándose que el retardo y la dilatación de los términos en los que se
debe sustanciar un trámite ordinario y la excesiva carga procesal en los
juzgados, es ya un problema judicial, que trae como consecuencias:
1. Demoras en la emisión de providencias señalando fecha, día y hora
para la práctica de diligencias necesarias en el juicio.
2. Demora en la ejecución de las sentencias y hasta el abandono de
causas ya sean por parte de los actores o de los demandados
3. Demasiado retardo en la administración de justicia, no se observan ni
se aplican las disposiciones legales establecidas en la Constitución de
la República
4. La Adjetiva Civil no concuerda en mucho de sus artículos con la Carta
Magna, vulnerándoseles de esta manera a las partes procesales en su
derecho a una adecuada y célere administración de justicia.
Para responder a esta problemática, es necesario que los principios
constitucionales del Sistema Procesal y las normas establecidas en las
diferentes leyes, guarden relación, es decir, sean coherentes, porque si se
habla de una adecuada administración de justicia, si se habla de
Celeridad y Economía Procesal, éstos deben ser cumplidos y aplicados
en la tramitación de los procesos judiciales, a fin de que el juzgador o
administrador de justicia, otorgue la tutela judicial efectiva, que es una
garantía constitucional, fundamento del derecho de acceso a la justicia,
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, a los justiciables que esperan
que se concreten en sus procesos una verdadera aplicación de justicia, Todo lo
cual, lamentablemente, no se cumple en nuestro código adjetivo.
7
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El Código de Procedimiento Civil en el Juicio Ordinario de mayor cuantía,
establece términos excesivos para la contestación a la demanda y la eventual
reconvención, para el término de prueba y para fundamentar el recurso de
apelación, lo que atenta contra el principio de Celeridad y Economía Procesal
EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Derecho Procesal Civil.
EL CAMPO DE ACCIÓN
Términos para contestación de la demanda y eventual reconvención, término
de prueba y recurso de apelación.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Administración de justicia.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un Anteproyecto de reforma al Código de Procedimiento de Civil que
establezca en el Juicio de Ordinario de mayor cuantía, los términos de ocho
días para contestar la demanda o la eventual reconvención; ocho días para el
término probatorio, y que se fundamente la apelación en el escrito donde se
recurre, para garantizar los principios de Celeridad y Economía Procesal.
8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fundamentar teóricamente el juicio, la demanda, la contestación,
el juicio ordinario y el proceso.
Establecer la necesidad de una Reforma al Código de
Procedimiento Civil que establezca en el Juicio Ordinario de mayor
cuantía, los términos de 8 días para la contestación o la eventual
reconvención, ocho días para el término probatorio, y que se
fundamente la apelación en el escrito donde se recurre
Elaborar los elementos de la propuesta.
IDEA A DEFENDER
Mediante un Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código de
Procedimiento Civil que establezca en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, el
término de ocho días para contestar la demanda o la eventual reconvención,
ocho días para el término probatorio, y que se fundamente la apelación en el
escrito donde se recurre, con lo cual se garantizarán los principios de
Celeridad y Economía Procesal.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
VARIABLE DEPENDIENTE: Anteproyecto de Reforma al Código de
Procedimiento Civil que establezca en el Juicio Ordinario de mayor
cuantía, los términos de ocho días para contestar la demanda o la
eventual reconvención, para el término probatorio y que se
fundamente la apelación en el escrito donde se recurre de ella.
9
VARIABLE INDEPENDIENTE: Principios de Celeridad y
Economía Procesal.
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El presente trabajo fue propuesto para realizar la investigación pertinente
porque se considera que de su conocimiento, tratamiento y exégesis, se
elaborará un documento de Anteproyecto de L ey Reformatoria a la
Codificación del Código de Procedimiento Civil, en que se propongan reformas
a la estructura del procedimiento ordinario, se acorten los plazos y términos
establecidos, que se fundamente la apelación en el escrito donde se recurre de
ella, y que sus normas legales en este campo, sean concordante con la
normativa constitucional en lo referente a los principios de celeridad y economía
procesal
Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social que se
encuentra en una etapa de evolución jurídica, lo cual comprende la
adaptación y armonía de sus leyes con su Constitución, ésta comprende
principios, derechos y garantías y principios; el más importante de ellos, el
art. 424, establece la Supremacía constitucional cuyo alcance reafirma que
todas las normas deberán guardar armonía con la Constitución y Convenios
Internacionales que reconozcan mejores derechos, ante la modernización de
nuestro ordenamiento jurídico.
El aporte de la presente investigación está directamente dirigido a la población
ecuatoriana, se considera factible tanto en el aspecto económico, como en el
investigativo, se logrará solucionar este problema en armonía jurídica entre los
derechos constitucionales y la norma legal, a fin de que los justiciables tengan
acceso a una administración de justicia con agilidad y eficacia.
10
METODOLOGÍA
La presente investigación es de modalidad cuali-cuantitativa con predominio
cualitativo, el tipo de investigación es descriptiva por cuanto analiza el
fenómeno jurídico, sus manifestaciones y componentes.
La metodología Investigativa integra métodos, técnicas e instrumentos
para aplicarlos en el proceso de investigación y lograr los objetivos propuestos.
Se utilizará los siguientes métodos teóricos:
Histórico Lógico, para describir la evolución histórica del problema de
investigación.
Además se aplicará los métodos Científico, Analítico, Sintético, Inductivo
y Deductivo.
Científico.- Este método será de gran ayuda para el
cumplimiento y desarrollo del presente trabajo, mediante el cual se
puede determinar las debilidades y amenazas que impiden el normal
desarrollo de la administración de justicia. Se fundamentará
teóricamente conceptos sobre juicio, proceso, procedimiento, juicio
ordinario, principios, así como también se analizará las diferentes
instancias que tiene el Juicio
Ordinario; lo que facilitará el cumplimiento de los objetivos planteados.
Inductivo.- Este método será aplicado al momento de
plantear encuestas para los profesionales del derecho en libre
ejercicio en el área civil, que estén directamente ligados a temas
referentes al Juicio Ordinario; con el fin de conocer cuáles son sus
mayores necesidades y qué debilidades se encuentran en los mismos,
11
qué les impide cumplir el principio de celeridad en la administración de
justicia; paro lo cual mediante la propuesta que se presentará se
pretende dar posibles soluciones que faciliten la toma de decisiones.
.
La selección de los métodos y técnicas permitirá la aplicación de los
instrumentos, la interpretación de resultados y la viabilidad del camino hacia la
propuesta de la investigación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Encuesta: Esta técnica es fundamental para obtener datos e información de la
comunidad en general, para tener un criterio más amplio de la investigación;
por esta razón se elabora una selección de preguntas más convenientes, con el
fin de conocer las diferentes opiniones de las personas involucradas en el
estudio; con ella podremos obtener respuestas reales de los hechos, la
aplicación de esta técnica es de gran importancia en el presente trabajo ya que
mediante la misma se puede determinar la situación actual de casos referentes
a los juicios ordinarios de mayor cuantía. El instrumento de recolección de
datos es el formato del cuestionario a utilizar en la encuesta, el mismo que se
anexa al final de la presente investigación.
Revisión Bibliográfica: Esta Técnica permitirá obtener referentes teóricos en
base a la temática utilizada para el Anteproyecto de Juicio Ordinario de mayor
cuantía, celeridad y economía procesal.
APORTE TEÓRICO
En Ecuador, nada detiene la afluencia de causas en las Unidades judiciales.
(Juzgados). Existen procedimientos que se convierten en enormes
inconvenientes para la aplicación de la justicia. El proceso en la vía ordinaria
resulta ser la más extensa de todas las acciones de nuestro ordenamiento
jurídico, porque concede al accionado quince días de término para contestar
12
la demanda y proponer excepciones, ya sean dilatorias o perentorias, así
también, le da la opción a que formule reconvención, consecuentemente, se
concede quince días más de término, para que el accionante haga uso de su
derecho de contestar la contrademanda. Además, se establece un periodo de
pruebas de diez días, a diferencia de otros juicios. Una segunda instancia que
también tiene término de 10 días para fundamentar la apelación, y una prueba
de diez días. De este juicio se puede recurrir a la Casación.
Este es el modelo del proceso de conocimiento en el Ecuador, ya que es
la vía que permite discutir en forma amplia el derecho y faculta
asimismo al demandado para que se defienda en igual forma.
Es cierto que los ciudadanos comunes, aunque revestidos de sus derechos,
no pueden buscar soluciones a los conflictos que se presentan en la
administración de justicia, por falta de celeridad, por lo tanto, se requiere de la
acción de los profesionales del derecho, de los estudiantes del derecho, de las
instituciones del derecho para que se pueda aportar con soluciones, caso
contrario este fenómeno jurídico continuará, así como continuarán los
trámites lentos y largos, los gastos, las formalidades excesivas, las frecuentes
apelaciones, constituyendo una forma absurda de acceder a la justicia.
Por lo que se ha expuesto se puede concluir que la administración de
justicia no puede desestimar la existencia social de los tiempos modernos, por
consiguiente, indiscutiblemente hay que buscar la solución mediante
reformas a la ley adjetiva civil, con el fin de que se brinde una adecuada
y oportuna justicia, dando cumplimiento a los principios constitucionales de
celeridad y economía procesal.
SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA
La falta de cumplimiento y agilidad en la sustanciación de los procesos
ordinarios, no permite que el ciudadano tenga acceso a una justicia célere,
13
considerando que es deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de
los derechos constitucionales, dentro de los cuales se encuentra precisamente
el acceso al derecho jurisdiccional.
Con la Reforma que se propone de acortar los términos a ocho días para la
contestación a la demanda y o eventual reconvención, el término probatoria a
ocho días, y que al momento de apelar se incluya en el escrito la
fundamentación de ésta, se lograría un ahorro importante de tiempo, haciendo
más ágil el trámite, menos costo en el proceso y se garantizaría una
verdadera tutela judicial, consecuentemente, mayor bienestar para el
justiciable y para la sociedad.
En este proyecto se aplicará la investigación científica y de campo, se
utilizará la información existente y se aplicarán técnicas metodológicas, con la
finalidad de tener un completo discernimiento de la problemática y al mismo
tiempo una propuesta como alternativa de solución
NOVEDAD CIENTÍFICA
Las investigaciones anteriores que se han realizado y que han servido como
antecedentes para esta investigación, difieren con el presente trabajo en que
ellas, solo proponen una reforma, se dice que hay que reformar la ley adjetiva
civil, pero no proponen a cuántos días deben acortase los términos.
En el presente trabajo de investigación se propone en el anteproyecto de Ley
Reformatoria al Código de Procedimiento Civil, acortar los términos a ocho
días, tanto para la contestación a la demanda como a la eventual reconvención,
el término probatoria a ocho días, y que al momento de apelar se incluya en el
escrito la fundamentación de ésta, con la finalidad de concordar con los
principios de celeridad y economía procesal establecidos en la normativa
constitucional.
14
CAPITULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES
En el Ecuador, hasta el año 1938, predominó el procedimiento común ordinario,
a partir de este año se produjo una revolución contra la lentitud y complicación
del proceso ordinario, y se estableció el juicio verbal sumario, cuya visión era
de renovar la administración de justicia, pero el sistema no estuvo
preparado para la transformación. El juicio ordinario, fue revisado con mucho
cuidado, aun así conservó muchos inconvenientes, debido a que el legislador
no procedió a una labor de la eliminación de los incidentes figuras inútiles como
el trámite de las excepciones dilatorias y perentorias en dos etapas; y
la de figuras anticuadas como el término para alegar.
En 1978 se procedió a una nueva reforma, aunque no muy seria y meditada,
pero logró desterrar lo inútil y anticuado y eliminó, los obstáculos como la
tramitación en dos fases de las excepciones, el término supletorio de prueba y
el de alegar; y la iniciación de un juicio ejecutivo, para ejecutar la sentencia,
una vez ejecutoriado el fallo, pasando directamente como lo dispone el
actual Art. 498 que dice: los fallos se llevarán a efecto del mismo modo que las
sentencias dictadas en el juicio ejecutivo, reiterando este criterio en el Art.490
del mismo Código de Procedimiento Civil, que expresa: No es necesario iniciar
juicio ejecutivo para llevar a ejecución la sentencia recaída en juicio ordinario.
(Código de Procedimiento Civil, 2012)
Actualmente el Juicio Ordinario de mayor cuantía, establece un procedimiento
que ha dejado de ser útil para la justicia, así lo ha manifestado la doctrina
de varios autores como son:
15
Washington Baca Bartelotti, opina que “La legislación adjetiva civil ha
creado formas de actuación, equivocadamente llamados juicios,
denominándolos ordinario, ejecutivo, verbal sumario, especial, etc.
Adquieren vida útil-como ocurre con los actos procesales- a condición
de actuar u observar el ordenamiento señalado en la ley.
Heredamos el juicio ordinario y guardamos la herencia fiel,
celosamente. (Baca, 1991)
Niceto Alcalá- Zamora y Castillo le llama ¨mastodonte jurídico¨,
es añoso, sus orígenes se remontan a las primeras centurias del
imperio romano. (Alcalá-Zamora y Castillo, 1980)
1.2. MARCO CONCEPTUAL
1.2.1. EL JUICIO
“Juicio: proviene del latín iudicium, que significaba en el derecho romano, la
segunda etapa del proceso, que se desarrolla ante el iudex (juez). En Europa,
el iudicium no fue solo una etapa, sino todo el proceso”.
Según la escuela Judicialista de Bolonia, "el juicio es un acto en el
que intervienen cuando menos tres personas: el actor que pretende, el
demandado que resiste y el juez que conoce y decide".
Para el Dr. José García Falconí, juicio es una contienda o controversia entre
las partes sometida a conocimiento de un juzgado o tribunal”. (García, 2012)
En el trabajo monográfico sobre Teoría General del Proceso, “Los términos,
juicio, proceso y procedimiento, estos términos se han utilizado
como sinónimos; han correspondido a diversas etapas de la evolución del
derecho y de la doctrina procesal”
16
Actualmente, en los países de tradición hispánica la palabra juicio tiene, cuando
menos tres significados:
1. Como secuencia de procedimientos a través de los cuales se lleva a
cabo la sustanciación de todo un proceso
2. Como etapa final del proceso penal (conclusiones de las partes
y sentencia del juzgador)
3. Como sentencia propiamente dicha,
En Ecuador se utiliza la palabra juicio, con mayor frecuencia como "la reunión
ordenada y legal de todos los trámites de un proceso". El Art. 57 del Código
de Procedimiento Civil ecuatoriano, determina que: “Juicio es la contienda
legal sometida a la resolución de los jueces”.
Se resume esta definición de juicio, diciendo que: Juicio es el conjunto de
actos procesales, ordenados y establecidos en la normativa legal, dentro del
cual se somete la pretensión de un derecho a la decisión del administrador de
justicia.
1.2.2. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL JUICIO
Para el jurista Dr. Rubén Morán Sarmiento, las personas que intervienen en un
proceso son: “los que obran en representación del Estado (sector Público): el
juez, Secretario, el Ministerio Público, citador judicial, oficial Mayor; auxiliares
Públicos de la justicia; Notarios, Registradores, Depositarios Judiciales,
Policía Judicial, Síndicos, Liquidador de Costas. Por el sector
privado, a quienes interesa el destino de un proceso (sector privado): A las
partes: Actor, Demandado, Terceros. Quienes aportan servicios para la
17
concesión de la justicia: Testigos, Peritos, Intérpretes”. (Morán, 2011)
En la doctrina de Zerocol: “Las partes en el proceso”, se cita a - “Carnelutt,
quien distingue la parte en sentido material o sustancial de la parte en sentido
formal o procesal. Son parte en sentido material o sustancial los sujetos de la
relación jurídica sustancial. Por ejemplo, el comprador y vendedor en el
contrato de compra- venta; el que produce el daño y quien lo sufre, en el caso
de responsabilidad extracontractual. Son parte formal o procesal los sujetos que
ejerciten el derecho de acción y de contradicción en el proceso, es decir, el
demandante y el demandado”. (De la Oliva, 1990)
Esta fuente revela que: “Normalmente en el proceso civil hay dos partes: La
parte demandante y la parte demandada, que pueden, ser personas naturales,
personas jurídicas, patrimonios autónomos, etc. Cada parte, por otro lado,
puede estar constituida por una o más personas, dando lugar a la figura
procesal de litis consorcio. La idea de parte excluye la de terceros.
Para el Dr. Ricardo Levene, “las personas que intervienen en un proceso,
son aquellas indispensables para la relación procesal: Juez, acusador,
ministerio fiscal o querellante y el acusado. Son a quienes corresponde,
denunciar, acusar, y defender, respectivamente. Tienen potestad de acusación,
defensa y de jurisdicción. Se las puede clasificar en: Sujetos procésales,
partes, órganos auxiliares y terceros. Son las partes principales actor y
demandado sin los cuales no hay proceso y los secundarios son los jueces y la
parte operativa, organismos auxiliares y terceros que podrían intervenir de
darse el caso”. (Levene, 1995)
En el título II del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, encontramos el
tema de las Personas que intervienen en los Juicios, sección 1ª. Del actor y
demandado y dice en su art. 32. -Que el Actor es el que propone
18
una demanda, y demandado, aquél contra quien se la intenta-.
1.2.3. IMPORTANCIA DE DETERMINAR LAS PARTES PROCESALES
“Es importante determinar las partes en la relación jurídica material y luego,
las partes en el proceso correspondiente, para poder explicar la presencia
de la -relación jurídica - procesal en el ordenamiento procesal civil”
“La capacidad de ser parte en el proceso implica en principio aptitud de ser
titular de los derechos materiales o sustantivos en controversia o, mejor, aptitud
para afirmar en un proceso que se tiene la calidad de titular de tales derechos.
Lo importante es que el hecho de ser parte en un proceso importa pretender
ser titular de un derecho en conflicto amparado por la ley, pues, recién
en la sentencia se determinará si en efecto quien hizo la referida afirmación es
realmente el titular del derecho alegado o no”.
En el sílabo de Derecho Procesal Civil de la Escuela de Jueces del Consejo de
Judicatura, se encontró la siguiente doctrina: “En la relación jurídica sustantiva
existen los sujetos que lo integran y que son partes esenciales de cualquier
acto o contrato, y que al no existir o no intervenir dichos sujetos simplemente
deja de haber la relación jurídica. Es necesario mencionar que la fuente y el
origen de los sujetos del proceso se encuentran en el nacimiento de un
conflicto jurídico, ya que el hombre no vive aislado sino que tiene una vida
de relación social, la cual está regulada por el derecho, es indispensable para
lograr una existencia armónica y pacífica que se respete el derecho ajeno.”
En la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia, encontramos lo
siguiente: (Barcia, 2012)
"Se los ha de entender como supuestos previos que
necesariamente han de darse para constituir una relación
jurídica procesal regular o válida". Refiriéndose al punto de
referencia, expresa además, el procesalista argentino: "La
19
exposición sobre una relación jurídica debe dar, ante todo, una
respuesta a la cuestión relacionada con los requisitos a que se
sujeta el nacimiento de aquella. Se precisa saber entre qué
persona puede tener lugar, a qué objeto se refiere, qué hecho
o acto es necesario para su surgimiento, quién es capaz o está
facultado para realizar tal acto." (Consejo de la Judicatura,
2002)
Añade a lo manifestado, que: “Es necesario atender y dirigir la atención "a una
serie de importantes preceptos legales estrechamente unidos. Expresado
de otra manera, los sujetos del derecho son únicamente las personas y éstas
son de dos clases: naturales o jurídicas. Pertenecen al primer grupo, los
individuos de la especie humana, cualesquiera fuese su edad, sexo, raza o
condición. Las personas jurídicas, por definición de nuestro Código Civil, son
las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente”.
En síntesis, el derecho en cualquiera de sus ramas está en permanente
conflicto, y para restablecer el orden jurídico hay que plantear necesariamente
una acción.
Como lo expresa el Dr. Devis Echandía, en su obra “Teoría General del
Proceso, la Acción “es el ejercicio del derecho subjetivo, atributo de las
personas tanto naturales como jurídicas que recurren al Estado para que les
preste el servicio de su jurisdicción”
1.2.4 EL PROCURADOR JUDICIAL
En la doctrina encontrada en el Silabo de Derecho Procesal, ya citada, se ha
encontrado lo siguiente: “Cuando el sujeto procesal está ausente de la ciudad
o del país, o cuando por la carga abundante de trabajo, no puede comparecer
personalmente, interviene a través de la figura jurídica procesal conocida
como la procuración judicial. Los procuradores judiciales son mandatarios que
20
tienen poder suficiente para comparecer en juicio ya sea a nombre del actor o
del demandado, que requiere su servicio profesional”.
El Código de Procedimiento Civil, señala que: -“Son procuradores judiciales
los mandatarios que tienen poder para comparecer en juicio por otro. Tanto el
actor como el demandado podrán comparecer en juicio por medio de
procurador. Son hábiles para nombrar procuradores los que pueden
comparecer en juicio por sí mismos. Aspecto importante que hay que
recalcar es que la procuración judicial no la puede ejercer cualquier persona, ni
siquiera los padres o parientes, sino que es una facultad privativa del abogado
y ningún otro profesional de otras ramas liberales puede hacerlo o
desempeñarse como Procurador judicial”.-
1.2.4.1. FORMAS DE PROCURACIÓN JUDICIAL
La ley adjetiva civil determina que la procuración judicial se puede otorgar de
dos maneras, la primera, y más importante mediante escritura pública ante
notario, y por tanto, la procuración judicial consta en instrumento público que
hace fe pública, y sirve como medio de prueba plena y categórica. De allí
que es la manera más común de otorgar la procuración judicial.
La segunda forma de otorgar la procuración judicial es presentando al juez de
la causa un escrito en que el actor o demandado según sea el caso, designa
al abogado como su procurador judicial, pero el mandante tiene que reconocer
su firma y rúbrica ante el juez, para que tenga la calidad de instrumento
público.
1.2.4.2. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DEL MANDATO
Para la aceptación del Mandato, dice el Código de Procedimiento Civil en
su Art. 46, que el mandato o lo que es lo mismo la procuración judicial para
21
que tenga validez y produzca los efectos que se persigue es necesario que
el mandatario acepte desempeñar esta función. Dicha aceptación para
desempeñar la procuración judicial puede constar en la misma escritura
pública, y de ser este el caso, tendría que firmar la escritura tanto el mandante
como el mandatario.
Esta aceptación del mandato puede ser: expresa o tácita. La aceptación
expresa es la antes indicada, en tanto que, la aceptación tácita consiste en que
el procurador judicial ejecuta y lleva a la práctica las disposiciones del
mandato.
Aspecto importante del mandato es que el mandatario o procurador judicial
puede renunciar en cualquier tiempo al mandato, porque su compromiso es
producto de un acto libre y voluntario, pero también hay que tener en
cuenta que su renuncia no produce efectos inmediatos o automáticos. Luego
de la renuncia del mandatario o procurador judicial, ésta no se produce de
manera automática, si no que el procurador judicial seguirá ejerciendo las
funciones dispuestas en el mandato por un tiempo razonable hasta que el
mandante pueda asumir personalmente los negocios jurídicos encomendados
o hasta que designe un nuevo mandatario o procurador judicial.
El Art. 2071 del Código Civil, prescribe: “La renuncia del mandatario no dará
fin a sus obligaciones, si no después de transcurrido el tiempo razonable para
que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados.”
1.2.4.3. DILIGENCIAS DEL PROCURADOR JUDICIAL
Según el Art. 44 de la citada ley, el procurador judicial puede realizar y estar
presente en todas las diligencias del juicio pero requiere de cláusula especial
que debe constar en el mandato para las siguientes diligencias judiciales:
1. Para transigir
22
2. Para comprometer el pleito en árbitros
3. Para desistir del pleito
4. Para absolver posiciones o lo que es lo mismo para rendir
confesión judicial y deferir al juramento decisorio
5. Para recibir la cosa materia de litigio o tomar posesión de ella.
Así mismo, dice la fuente legal que no pueden ejercer la procuración judicial y
tampoco comparecer en juicio como procuradores judiciales: 1.- Los abogados
que se hallen suspensos en el ejercicio de los derechos políticos, 2.- Los que
hubieren sido declarados tinterillos según la ley, 3.- Los secretarios y más
empleados de los tribunales de justicia.
Cabe recalcar que el abogado que está patrocinando la defensa de un cliente
que ha sido demandado, y aun cuando no tenga la procuración judicial
legalmente otorgada, sin embargo, puede comparecer a nombre de su cliente
ofreciendo poder o ratificación y concurrir a juntas de conciliación, audiencias y
otras diligencias ante jueces, será suficiente que el cliente apruebe y ratifique la
intervención del abogado en cualquier diligencia, para dar por legitimada su
actuación y que dicha diligencia judicial se considere validada.
Según la Codificación del Código de Procedimiento Civil, Art. 45, los
procuradores judiciales deberán cumplir con las obligaciones primordiales:
legitimar su personería, cumplir con las instrucciones recibidas del mandante,
tomar en cuenta la información proporcionada para la defensa, disponer de los
documentos necesarios para defensa, informar al comitente el avance y estado
de la causa, proporcionar las piezas procesales que requiera, interponer
oportunamente los recursos que la ley concede, a fin de evitar que su
representado quede en indefensión, guardar absoluta reserva y el secreto de la
información proporcionada por el cliente, so pena del delito de prevaricato,
actuar apegado a derecho, con lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena
fe.
23
También deberá intervenir en toda la secuencia del juicio, sin que le sea
permitido excusarse de ejercerlo, por ejemplo, para no contestar demandas
nuevas estando facultado para ello y podrá dejar de actuar en el proceso
una vez que renuncie al ejercicio del mandato, y en tal caso asumirá
personalmente la defensa el poderdante o designará un nuevo procurador.
La procuración termina cuando el procurador haya renunciado al mandato o el
poderdante le haya revocado el poder, también cuando se produjere la
muerte del mandante, pero si esta se hubiera producido después de
presentada la demanda continuará actuando el procurador hasta que
comparezcan los herederos personalmente o se designe curador de la
herencia yacente.
No se debe confundir la procuración judicial con la procuración común,
que tiene otro alcance y connotación.
La procuración común procede solo en la litis consorcio, según la cual dos
o más personas pueden intervenir como actores o también como demandados,
y de este concepto nace doctrinariamente la litis consorcio activo o pasivo.
1.2.4.4. LA FALSA PROCURACIÓN
Otro tema importante es sobre la Falsa Procuración, la doctrina citada
expresa: “Si el abogado ha comparecido a una diligencia judicial ofreciendo
poder o ratificación, puede suceder que el cliente no le ratifique al abogado
su intervención, o puede también acontecer que el procurador judicial no
presente el poder en el término concedido por el juez, la consecuencia es que
el juez le declara falso personero e incurre en ilegitimidad de personería, lo
cual acarrea la nulidad del juicio. Esta nulidad debe ser declarada de oficio por
el juez, aun cuando la otra parte del litigio no lo reclame”.
24
Por lo tanto dice la fuente: “Esta declaratoria de nulidad de oficio, es una
potestad que le concede la ley al juez, en ejercicio de su función soberana de
administrar justicia. No hay que olvidar que la legitimidad de personería es una
solemnidad esencial común a todos los juicios e instancias y no siendo
ratificado el abogado en su intervención la consecuencia es que el juez
tiene que declarar de oficio la nulidad del juicio, lo cual constituye una
sanción muy grave, ya que el poderdante litigante ha perdido tiempo y dinero
y sin lograr una solución definitiva”.
A más, existe otra sanción para los declarados “falsos procuradores”, que
consiste en el pago de costas procesales, los daños y perjuicios
ocasionados, y además una multa de 1 a 10 dólares de los Estados Unidos de
Norte América por cada día de retardo proveniente de la falsa procuración y la
multa total no podrá exceder de la equivalente a 360 días. Esta sanción se da
aunque legitimare su personaría posteriormente.
1.2.5. CLASES DE JUICIOS
Según el jurista José García Falconí, los principales juicios son: El Ordinario,
EL Ejecutivo y el Verbal Sumario.
En la Codificación del Código de procedimiento Civil encontramos las
siguientes clases de juicios: El Ejecutivo, Ordinario y Verbal Sumario:
Los juicios de Expropiación, Posesorio (sobre conservación y recuperación de
la posesión, los de obra nueva o de obra ruinosa), Alimentos, los relativos a la
Servidumbre, tránsito y a otras servidumbres. De los juicios sobre
indemnización.
Además de éstos, también debe considerarse el Juicio Especial, dentro de los
cuales se consideran: Divorcio por muto consentimiento, los juicios de filiación
25
y de las pruebas del estado civil, del juicio sobre disenso de los padres o
guardadores para el matrimonio de menores de edad, del juicio sobre
emancipación voluntaria, de los juicios relativos a la tutela y curadurías, el
juicio sobre emancipación voluntaria. De la venta de bienes de personas
sujetas remate voluntario a guarda, los de Consignación, Disolución
voluntaria de la sociedad conyugal.
El juicio de exhibición, el de Competencia, el juicio sobre Recusación. Amparo
de Pobreza. De las providencias preventivas. Juicios de honorarios. Despojo
violento, también son juicios especiales.
1.2.5.1. EL JUICIO ORDINARIO
El Juicio Ordinario se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, desde
el artículo 395 al 412, su campo de aplicación, según manifiesta García
Falconí: “se debe reservar solo para aquellos negocios que por su importancia
o complejidad jurídica requieran de este procedimiento, esto es que la ley no
señale un procedimiento especial para esta clase de acciones.
En los siguientes capítulos de esta investigación se tratará más a fondo este
tema por cuanto es materia de estudio.
1.2.5.2. EL JUICIO EJECUTIVO
El Juicio Ejecutivo, según lo define el jurista referido, “es un procedimiento
contencioso, de aplicación general o especial según el caso y de tramitación
extraordinaria, por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una
obligación que consta de un título fehaciente e indubitado”.
En Ecuador el Código de Procedimiento Civil, trata este juicio desde el Art. 419
al 480, a más de que también lo trata en otras disposiciones legales y tienen
26
las siguientes características:
1. Es un procedimiento de aplicación general o especial según el caso
2. Es un procedimiento extraordinario o especial desde el punto de
vista estructural
3. Es un procedimiento compulsivo o de apremio en razón de que se
inicia porque el deudor no cumple con su obligación;
4. Es un procedimiento que tiene como fundamento una obligación,
cuya existencia se halla establecida en el Código de
Procedimiento Civil;
5. Es un procedimiento inspirado en sentimientos de protección
de los intereses del acreedor; y, de presunción en contra del
deudor.
“El fundamento principal, es obtener por el acreedor el cumplimiento forzado de
una obligación, que totalmente o parcialmente ha sido incumplida por el deudor.
Así, toda obligación cuyo cumplimiento se pretende obtener por medio de un
juicio ejecutivo, requiere la existencia de un Título, en el cual conste de manera
fehaciente e indubitada una obligación. El Juicio Ejecutivo empieza con la
demanda interpuesta por el acreedor en contra del deudor, basado en un Título
Ejecutivo.
1.2.5.3. EL JUICIO VERBAL SUMARIO
Esta clase de juicio, en teoría por lo menos, es un juicio que hace más
oportuna, expedita y económica la acción de la justicia, permitiendo obtener la
declaración de un derecho sin tener que someterse a los formalismos y lentitud
del juicio ordinario.
27
Como requisitos para que se tramite un juicio en la vía Verbal Sumaria, según
el tratadista García Falconí en la doctrina citada, se debe indicar:
1. Que la acción por su propia naturaleza, requiera de una tramitación
rápida para que sea eficaz y que el legislador no haya previsto un
procedimiento especial para esa acción; y,
2. Se exige que la ley fije tal trámite en forma expresa.
En cuanto a las características del Juicio Verbal Sumario, dice el citado autor:
1. Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento
de un derecho;
2. Es un juicio especial, porque sólo se lo aplica cuando así lo expresa la
Ley en forma expresa;
3. Es un juicio extraordinario o sui-generis desde el punto de vista
de su estructura;
4. Es un juicio en teoría por lo menos breve, por ser verbal y sumario, ya
que se reduce a demanda, citación, audiencia de conciliación y
contestación a la demanda, término de prueba de seis (6) días y
sentencia;
5. Las Cortes “Provinciales” que conocen en segunda instancia de esta
clase de procesos, deben fallar según lo actuado;
6. Es un juicio concentrado, esto es tanto la cuestión principal
como la accesoria deben resolver en sentencia.
Según el Lic. Rodrigo Aulestia en su obra "Compendio de Derecho Comercial
28
y Procesal Civil", Tomo II, señala los casos que se tramitan en Juicio Verbal
Sumario y que son los siguientes: “
“El Art. 828 del Código de Procedimiento Civil determina las demandas que por
disposición de la ley o por convención de las partes deben sujetarse a este
trámite, a saber: * Las de liquidación de intereses, frutos, daños y
perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada;* Las controversias
relativas a predios urbanos entre arrendador y arrendatario o
subarrendatario; y,* Los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento
especial.
Como excepción, indicaremos el caso del Art.695 que trata del
"Despojo Violento", conforme al Art. 972 del Código Civil, en que su
sustanciación es sumarísima.
Los relativos a servidumbre (Art. 696 C.P.C.) y los incidentes de
servidumbre ya establecidas. (703 C.P.C), y todos los incidentes
que se presentaren en juicio (a verbal sumario y del ejecutivo,
entre otros). - Las acciones de Inquilinato que se establecen en
la Ley de Inquilinato).
Las objeciones que se presenten respecto al pago del seguro,
cuando no existiere acuerdo con el asegurado o beneficiario (Art.
100, inciso 4to. de la Ley de Compañías de Seguros).
La oposición a la inscripción de una Marca (Art. 19 de la Ley de
Marcas de Fábrica). (Hoy regulada por la decisión 313 del Acuerdo
de Cartagena para el Régimen Común).
Infracciones que atenten contra los Derechos de Autor, literales a);
b); e); h; i) del Art. 117 de la Ley de Derechos del Autor (Art.
121 Ley de Derechos el Autor).
29
- El pago de cheques que no sea por insuficiencia de fondos ni
antedatado o, por enriquecimiento ilícito Art.57, inciso segundo de la
Ley de Cheques, tales como: Perdida causada por falsificación
(demanda contra el girado. Art. 60).
Cheque revocado por orden del girador (Art. 27).- Oposición a la constitución
de Patrimonio Familiar (Art. 864 Código Civil).Nulidad y recisión y cualquier
otro litigio que existiere sobre la Constitución de Patrimonio familiar (Arts.
864,687 y 870 del Código Civil). Las demandas de divorcio por cualquiera de
las causales del art. 109 del Código citado. Las impugnaciones de que trata el
art. 291 de la Ley de Compañías. El Cobro de Vales y demás documentos
mercantiles que no tengan trámite especial.
1.2.6. LA DEMANDA
El Dr. Rubén Morán, manifiesta que demanda “es el instrumento que pone en
movimiento la función jurisdiccional del Estado, es el medio con el que se
materializa el derecho de acción, es el vínculo del hombre con la justicia, es la
fase inicial del proceso. Esta lleva el propósito de recuperar un derecho
vulnerado, reivindicar una situación jurídica determinada, aliviar o corregir la
lesión de un interés particular, etc. Aspiraciones de justicia que constituyen el
universo de la demanda, pero que técnicamente deben ser recogidas en
pretensiones puntuales: Bienes, hechos, cantidades, etc., que van
dirigidas contra el demandado, pero que requieren claridad, detalles, prolijidad,
en los hechos que las respaldan, que faciliten la prueba y que permitan al
juzgador un mejor y más fácil análisis de proceso para su decisión final.”
(Moran, 2011)
Para Manuel Camacho Medina, Demanda es: “Es el medio que otorga la
ley por deducir la acción, haciendo valer el derecho que se reclama”.
Guillermo Cabanellas define a la demanda como la “Petición formulada en un
juicio por una de las partes.
30
Según el citado autor, la demanda suele ser una simple relación documental
que expresa de forma sucinta el objeto de la pretensión y la identificación de
las partes, dejando para el juicio, que se celebra en presencia del juez, el
desarrollo de los argumentos y alegaciones y los medios de prueba de los
mismos. Tal ocurre, por ejemplo, en los juicios de carácter laboral o en los
civiles en que la pretensión es de poca cuantía.”
Para Lino Enrique Palacios, “la demanda es un documento formal por el que
puede existir el llamado acto de conciliación que constituye el último intento de
avenencia entre las partes, pero que en la práctica ha derivado en un acto
rutinario y formal, de exigencia obligatoria en algunos supuestos, pero que
muy a menudo concluye sin acuerdo posible entre las partes, por ello se dice
que la demanda es el acto que inicia en la práctica el juicio o la relación jurídica
procesal. También es importante mencionar que la demanda suele revestir
diversas modalidades según la clase de juicio en la medida en que éstos son
breves, inmediatos o rápidos”. (Palacio, 2009)
Según Cabanellas, “a la demanda deben acompañar los documentos que
justifican la personalidad del demandante y su procurador o abogado, en su
caso, y todos los que sirvan como medio de prueba de las aseveraciones
vertidas, toda vez que con posterioridad esto es en la fase de prueba del juicio,
sólo podrán aportarse los anunciados en la demanda pero no, de los que no
pudo disponerse en el momento de presentarla, o los que aparecieren o se
produjeren en momento posterior a ella.”.
En la codificación del Código de Procedimiento Civil encontramos que
Demanda es el acto en el que el demandante deduce su acción o formula la
solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo.
1.2.6.1. REQUISITOS Y CONTENIDOS DE LA DEMANDA
Esta demanda según la normativa citada, debe ser clara y contendrá:
31
1. La designación del juez a quien se la propone
2. Los nombres completos, estado civil, edad, y profesión del actor y los
nombres completos del demandado
3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y
precisión
4. La cosa, cantidad o hecho que se exige
5. La determinación de la cuantía
6. La especificación del trámite que debe darse a la causa.
7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y
8. Los demás que la ley exija para cada caso.
1.2.6.2. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Presentada la demanda, dice la norma adjetiva civil, el juez examinará si reúne
los requisitos legales. Si no reúne éstos, se ordenará que el actor la
complete o aclare en el término de tres días, y si no lo hiciere, se abstendrá
de tramitarla, por resolución de la que podrá apelar únicamente el actor. La
decisión de segunda instancia causará ejecutoria.
El juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución
de los documentos acompañados a ella, sin necesidad de dejar copia. El
superior sancionará, con multa de diez a cincuenta dólares de los Estados
Unidos de América, al juez que incumpliere las obligaciones que le impone
esta norma.
32
Así mismo, la citada ley dice que no se podrá cambiar la acción sobre que
verse la demanda después de contestada por el demandado, pero se la puede
reformar, antes que principie el termino probatorio, pagando al demandado
las costas ocasionadas hasta la reforma. La decisión de esta norma no se
opone a que, en cualquier estado del juicio ordinario, se pase de éste al
ejecutivo, pero pagará el actor las costas que hubiere ocasionado a la otra
parte. Ordenando el paso al juicio ejecutivo, se empezará por dictar el
correspondiente auto de pago.
También dice la prenombrada ley, que se puede proponer en una misma
demanda acciones diversas o alternativas pero no contrarias ni
incompatibles, ni que requieran necesariamente diversa sustanciación a
menos que, en este último caso, el actor pida que todas se sustancien por la
vía ordinaria. No podrán demandar en un mismo libelo dos o más
personas, cuando sus derechos o acciones sean diversos o tengan diverso
origen. Tampoco podrán ser más personas por actos, contratos u obligaciones
diversas o que tengan diversa causa u origen.
1.2.6.3. CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.6.3.1. LA CITACIÓN DE LA DEMANDA
Según lo manifiesta el Dr. Rubén Moran en su obra Derecho Civil Practico,
tomo I, página 179, Citación es: “Acto con el cual se llega al conocimiento del
demandado con el contenido de la demanda (pretensiones que contra él se
deducen), acto solemne, fundamental sin el que no puede darse la contienda
judicial, tanto que cualquier irregularidad en su celebración provocará la nulidad
del proceso”
Según la normativa adjetiva civil, Citación es el acto por el cual se hace saber
al demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las
providencias recaídas en esos escritos.
33
El artículo 97 de la ley de Procedimiento Civil establece los efectos de este
requisito solemne dentro de un proceso como es la Citación, lo cual se detalla a
continuación:
1. Dar prevención en el juicio al juez que mande hacerla.
2. Interrumpir la prescripción.
3. Obligar al citado a comparecer ante el juez para deducir excepciones
4. Constituir ha demandado poseedor de mala fe, e impedir que haga
suyos los frutos de la casa que se la demanda, según lo dispuesto en el
Código Civil, y,
5. Constituir al deudor en mora, según lo prevenido en el mismo código.
De acuerdo con lo expresado por el Dr. Rubén Morán Sarmiento, en
concordancia con la ley de procedimiento civil, existen las siguientes formas de
citación:
1. Citación en persona.- “Es la citación más idónea y perfecta, es la
forma de llegar al conocimiento del demandado de manera inmediata
y segura, con las pretensiones del accionante, a través de la entrega
directa de la demanda y del auto inicial-que hace el citador al
demandado-“.
2. Citación por boleta.- La entrega por tres veces, de la demanda y
del auto inicial, en tres días diferentes, sujeto a los condicionamientos
siguientes:
Cuando no pueda citarse personalmente, se dejarán tres boletas, cada una
de ellas, en días y fechas distintas, el citador pondrá en la boleta la fecha de la
citación y el número de la misma.
34
Esta forma de citación tiene requiere de lo siguiente:
a) Que no se encuentre a la persona que debe ser citada, en el
domicilio señalado.
b) Que se trata en verdad de la habitación del demandado.
c) Dejar la boleta a miembros de familia o servidumbre del
demandado. d) Suscribir la diligencia, la persona que recibe la
boleta.
e) De no haber persona que la reciba, fija la boleta en la puerta principal
de la habitación.
f) Advertir la obligación del demandado de señalar casilla judicial
para posteriores notificaciones
g) Poner en la boleta, la fecha de la entrega y el número a la que
corresponde.
“Por consiguiente, esta forma de citación, perderá validez si se deja las boletas
en un lugar distinto a la habitación del demandado o en el lugar que ya dejó de
ser su habitación (anterior habitación).
3. Citación por la prensa.- Se encuentra determinado en el Art. 82
del Código de Procedimiento Civil y dice que cuando no sea posible
determinar la residencia del demandado, se lo citará mediante tres
publicaciones en días distintos en un periódico del lugar (de amplia
circulación), publicación que contendrá el extracto o resumen de la
demanda y del auto inicial, esta forma de citación que será manejada
por el secretario del juzgado. Los requisitos para proceder a esta
35
forma de citación son:
a) Que el demandante en su demanda, bajo juramento declare la
imposibilidad de determinar la presencia física del demandado
(residencia); probar la imposibilidad cuando se lo requiera
b) Que el juez la autorice
c) Que el Secretario elabore y entregue el extracto para su publicación (de la demanda y auto inicial).
d) Que la publicación se haga en el diario de la ciudad o del lugar
más cercano si no lo hubiere en el lugar de la demanda. El
requisito de - amplia circulación- es impreciso y relativo pues no
existen parámetros para determinar esa exigencia. Sin embargo
queda a criterio del juzgador su señalamiento.
e) Incorporar al proceso las publicaciones.
f) Esperar 20 días después de la última publicación para
proseguir la causa (tiempo de espera para que el demandado
comparezca a juicio).
Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará personalmente por
boleta y a los desconocidos o cuyas residencias fuere imposible determinar, en
la forma prevista en los incisos precedentes. Los citados que no comparecieren
veinte días después de la última publicación, podrán ser considerados o
declarados rebeldes.
4. Citación por delegación.- El Juez puede delegar a otra autoridad,
de mayor o menor rango, la práctica de determinadas diligencias
mediante deprecatorio, comisión o exhorto. La práctica de esta
forma de citación puede delegarse en el caso de que el demandado
se encontrase ausente de su domicilio.
36
Según lo indica la normativa citada, esta forma de citar tiene sus
condicionamientos:
a) Que el demandado tenga su domicilio en el ámbito territorial del
juez actuante. (Cantón) o fuera de ese ámbito, de manera
accidental (conserva el domicilio en la jurisdicción del juez).
b) Que no se trate de domicilio fuera de la jurisdicción Cantonal; pues
se pondría en juego la competencia del juez actuante.
c) Que el juez autorice esta forma de citación
d) Que el secretario elabore la delegación; (deprecatorio-comisión)
e) Que luego de cumplida la delegación, ésta se incorpore al proceso.
El Articulo 87 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, dice que
si la parte estuviere ausente se le citará por comisión al teniente político, o por
deprecatorio o exhorto, si se hallare fuera del cantón, provincia o fuera del país,
en su caso.
Así también expresa el Dr. Morán Sarmiento, que “los exhortos o cartas
rogatorias, que involucran a varios Estados es para diligencias a practicarse
fuera del ámbito territorial del Estado”.
1.2.6.4.2. LA NOTIFICACIÓN
La notificación, “es el acto por el cual se hace saber a una persona una
resolución judicial, en la forma determinada por la ley,” esto lo expresa el jurista
guatemalteco Mario Aguirre Godoy en su obra - El proceso y Procedimiento- ,
indica además, “que se trata de actos de comunicación, que son
37
ejecutados por el personal subalterno del Tribunal”. (Aguirre, 2005)
Así anota el autor que en el Código Procesal Civil y Mercantil (Guatemala) lo
relativo a notificaciones está regulado en los artículos 73 y siguientes.
De acuerdo a esta normativa, la Notificación es el acto por el cual se pone
en conocimiento de las partes, u otras personas o funcionarios, en su caso, las
sentencias, autos y demás providencias judiciales, o se hace saber a
quién, debe cumplir una orden o aceptar nombramiento, expedidos por el juez.
De la notificación, el actuario sentará la correspondiente razón, en la que
se hará constar el nombre del notificado y la fecha y hora de la diligencia. En
una sola razón podrá dejarse constancia de dos o más notificaciones hechas a
distintas personas. El Acta respectiva será firmada por el usuario.
En el artículo 83 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil
(Ecuador) encontramos también que: “Cuando falleciere alguno de los
litigantes, se notificará a sus herederos para que comparezcan al juicio”. A
quienes fueren conocidos se les notificará en persona o por una sola boleta, y
a quienes fueren desconocidos o no se pudiere determinar su residencia,
mediante una sola publicación en la forma y con los efectos señalados en
el Art. 82 (Por la prensa).
El Dr. Morán Sarmiento, en el texto citado en líneas anteriores, destaca
que: “ las notificaciones son determinadas diligencias que gozan de una
autonomía administrativa que no son contenciosas, pero su cumplimiento,
tiene la fuerza de una citación verdadera por las connotaciones que tiene para
el notificado, como son: Notificar la Cesión de Crédito, el Embargo de una
cuota de derecho que pertenece a varios titulares, El desahucio y
Requerimiento en materia de arrendamiento, el Reconocimiento de hijo, entre
otros.
38
1.2.7. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, LAS EXCEPCIONES Y SUS
CLASIFICACIONES.
1.2.7.1. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Para el jurista Morán Sarmiento, la Contestación a la demanda, “es el derecho
a la defensa que le asiste a todo aquel que es requerido judicialmente, para
oponerse a los fundamentos de la acción incoada, en aras de precautelar sus
intereses, cuya disputa, con legitimidad o no, le puede provocar lesión, total o
parcial, dependiendo de los resultados del fallo, resultados que serán la
consecuencia de un ejercicio cabal, imperfecto o inexistente, según el caso de
este derecho de defensa”.
La Ley adjetiva civil determina en su artículo 102 que la contestación a la
demanda contendrá:
1. Los nombres completos, estado civil, edad, profesión del demandado
comparezca por sí o por medio de representante legal o apoderado, y la
designación del lugar donde ha de recibir notificaciones.
2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los
documentos anexos a la demanda, con indicación categórica de lo
que admite y de lo que niega, y,
3. Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones
del actor.
Así mismo, la citada ley expresa que: “La contestación a la demanda se
acompañará de las pruebas instrumentales que disponga el demandado, y las
que acrediten su representación si fuere del caso. La transgresión a este
precepto ocasionará la invalidez de la prueba instrumental de la pretensión.”
“El juez cuidará de que la contestación sea clara y las excepciones contengan
los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, y los
39
requisitos señalados en los números de este artículo, y, de encontrar que no
se los ha cumplido, ordenará que se aclare o se complete. Esta disposición no
será susceptible de recurso alguno”.
“La falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento expreso sobre
las pretensiones del actor, será apreciada por el juez como indicio en contra
del demandado, y se considerará como negativa simple de los fundamentos de
la demanda, salvo disposición contraria”.
“Antes de recibida la causa aprueba, podrá el demandado reformar sus
excepciones y aún deducir otras perentorias. En la contestación podrá el
demandado reconvenir al demandante por los derechos que contra éste
tuviere; pero después de tal contestación solo podrán hacerlos valer en otro
juicio. Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo y en la
misma forma que la demanda, y serán resueltos en la sentencia.”
“Después de contestada la demanda, el actor no podrá desistir del pleito, sino
pagando al demandado las costas y en la forma prescrita en esta ley”
Dentro de este tema, la citada fuente jurídica, establece el tema de la
Acumulación de autos y dice: “Se decretará la acumulación de autos, cuando
se loa solicite por parte legítima, en los casos siguientes:
1. Cuando la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los
procesos cuya acumulación se pide, produciría en el otro excepción de
cosa juzgada;
2. Cuando en un juzgado haya pleito pendiente sobre lo mismo que
sea objeto del que después se hubiere promovido,
3. Cuando haya un juicio de concurso, al que se hallen sujetos los
asuntos sobre que versen los procesos cuya acumulación se pida, y,
40
4. Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se dividiría la
continencia de la causa.
Así mismo, determina esta ley que se divide la continencia de la causa:
1. Cuando hay en dos pleitos, propuestos separadamente, identidad
de personas, cosas y acciones
2. Cuando hay identidad de personas y coas, aun cuando las
acciones sean diversas
3. Cundo hay identidad de personas y acciones, aun cuando las
cosas sean diversas,
4. Cuando hay identidad de acciones y cosas, aun cuando las
personas sean diversas,
5. Cundo las acciones provienen de una misma causa, aunque sean
diversas las personas y las cosas, y,
6. Cuando la especie sobre que se litiga está comprendida en el
género que ha sido materia de otro pleito.
No se decretará la Acumulación:
1. Cuando los autos estén en diversas instancias
2. En el juicio ejecutivo y en los demás juicios sumarios, y,
3. En los juicios coactivos.
Decretada la acumulación, al proceso anterior se acumulará el posterior,
y actuarán el juez y el secretario que intervenían en el primero.
41
Art. 392.-El demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la
demanda, en cualquier estado del juicio, antes de sentencia. El allanamiento
de uno o de varios demandados, sobre una obligación común divisible, no
afectará a los otros, y el proceso continuará su curso con quienes no se
allanaron.
Las mismas reglas se aplicarán en caso de reconvención.
Art. 398.- Si, al tiempo de contestar a la demanda, se reconviniere al
demandante, se concederá a éste el término de quince días para contestar
a la reconvención.
1.2.7.2. LAS EXCEPCIONES
Según la doctrina de Oswaldo Roca A. En su publicación: Procedimiento
Civil, “Las excepciones, niegan hechos, desconocen derechos o impugnan
irregularidades del proceso”.
Las excepciones son el segundo ingrediente que conforma la contestación a la
demanda y que no debe faltar en la elaboración del documento. Si ben la
primera parte, se refiere a los hechos que constituyen el fundamento de la
pretensión del demandante, esta parte se refiere fundamentalmente a los
aspectos jurídicos que están en juego alrededor de la cosa que se discute.
(Arellano García, 1997)
Las excepciones se deducirán en la contestación a la demanda, según se
encuentra normado en la ley adjetiva civil.
1.2.7.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES
Las excepciones se clasifican en: Dilatorias y perentorias.
Las dilatorias, según el Código de Procedimiento Civil, son aquellas que
42
tienden a suspender o retardar la resolución de fondo, es decir dilatan el
proceso. Las más comunes son, o relativas al juez, como la de incompetencia,
o al actor, como la falta de personería por incapacidad legal o falta de poder,
o al demandado, como la de excusión u orden, o al modo de pedir, como la
de contradicción o incompatibilidad de acciones, o al asunto mismo de
la demanda, como la que se opone contra una petición hecha antes del
plazo legal o convencional; o a la causa o al modo de sustanciarla, como
cundo se pide que se acumulen los autos para no dividir la continencia de la
causa, o que a esta se dé otra sustanciación.
Las perentorias, según la fuente legal citada, son aquellas que extinguen en
todo o en parte la pretensión a que se refiere la demanda. Las más comunes
son: la que tiene por objeto sostener que se ha extinguido la obligación por uno
de los modos expresados en el Código Civil, y la de cosa juzgada.
1.2.8 EL JUICIO ORDINARIO
1.2.8.1. DEFINICIÓN DEL JUICIO ORDINARIO
Según lo manifiesta el Dr. José García Falconì, “su campo de aplicación debe
reservar solo para aquellos negocios que por su importancia o complejidad
jurídica requieran de este procedimiento, esto es que la ley no señale un
procedimiento especial para esta clase de acciones y se caracteriza por
lo siguiente: (Ovalle Favela, 1995)
1. Es un juicio declarativo o sea destinado a obtener el reconocimiento
de un derecho;
2. Es un juicio extraordinario o especial desde el punto de vista
de su estructura, pues difiere de los otros juicios.
3. Es un juicio concentrado, porque tanto las excepciones dilatorias
como las perentorias deben oponerse conjuntamente y se fallan en
43
sentencia.
En el Código de Procedimiento Civil, se encuentra normado el Juicio
Ordinario, desde el artículo 395 al 412, el mismo se debe tramitar ante uno de
los jueces civiles. El Art. 59 establece que -Toda controversia judicial
que, según la ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio
ordinario.
1.2.8.2 CLASIFICACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO.
La ley de procedimiento civil, contempla dos clases de Juicios Ordinarios que
son:
El juicio de procedimiento oral, que se refiere a los procesos
de menor cuantía (de hasta 5.000 dólares), y,
El Juicio Ordinario, común o de mayor cuantía.
1.2.8.3. JUICIO ORDINARIO, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ORAL
“En los juicios ordinarios que tienen por objeto pretensiones de tipo medio o
superior celebrados ante la autoridad judicial, la demanda representa mayor
interés. Esta es un documento escrito que expresará por fuerza la
identificación de los individuos que la solicitan y la de aquéllos contra quienes
se entabla la acción y las circunstancias en que se desarrollan con claridad y
precisión los hechos en párrafos separados, a continuación los fundamentos de
derecho esto es, la exposición clara de la doctrina jurídica que se estime
aplicable al caso concreto pretendido y la súplica o petición concreta que
reviste en el ámbito civil una importancia excepcional, ya que el juez está
obligado por el principio de congruencia, es decir, a guardar una relación
44
proporcional a lo pedido, de tal modo que no pueden accederse a materia
distinta ni mayor que la interesada en realidad. Cualquier sentencia que
infrinja esta regla será recurrible con amplias posibilidades de éxito.”
El Art. 407 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, establece que si
se trata de demandas cuya cuantía no pase de cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América, se presentará ante la jueza o el juez de lo civil respectivo,
acompañada de la prueba de que disponga el actor o anuncie la que deba
actuarse en la audiencia de conciliación y juzgamiento. La jueza o el juez
mandarán a citar al demandado, quien en el término de ocho días podrá
contestar la demanda proponiendo excepciones, a las que acompañará la
prueba de que disponga y anunciará la que deba actuarse en la audiencia de
conciliación y juzgamiento.
Transcurrido el tiempo señalado, con o sin contestación, la jueza o el juez
fijarán fecha para la audiencia de conciliación y juzgamiento, la que se realizará
no antes de tres días ni después de ocho días de la fecha de señalamiento. Si
inasisten ambas partes a la audiencia de conciliación y juzgamiento, la jueza
o el juez dará por concluido el proceso y dispondrá su archivo, al igual que si
inasiste la parte demandante. Si inasiste el demandado, la jueza o el juez
declarará su rebeldía, mandará en el mismo acto a practicar la prueba
solicitada por el actor, y dictará su fallo. Si asisten las dos partes, la jueza o el
juez promoverá la conciliación entre ellas. Si esta alcanza la totalidad del
litigio, la jueza o el juez dictarán sentencia aprobándola, de no contravenir a
derecho.
Si no hay acuerdo o si éste es parcial o no es homologado por ser contrario a
derecho, la jueza o juez dispondrá que a continuación se practiquen las
pruebas que hayan sido solicitadas por las partes. En la audiencia, se recibirán
las declaraciones testimoniales, la absolución de posiciones y la declaración de
los peritos, así como se examinarán los documentos y objetos que se hayan
45
adjuntado; inmediatamente se concederá la palabra a las partes para que
aleguen, comenzando por el actor. Si la audiencia se extiende más allá de las
dieciocho horas, se suspenderá para continuarla en el día siguiente y así hasta
concluirla. No podrá interrumpirse en ningún caso, salvo fuerza mayor.
Escuchados los alegatos, la jueza o el juez dictará en el mismo acto
sentencia, la que será reducida a escrito y debidamente fundamentada en el
término de cuarenta y ocho horas y se notificará a las partes en las veinticuatro
horas siguientes.
Únicamente se podrá apelar de la sentencia en efecto devolutiva. De la
sentencia que dicte la corte provincial no cabrá recurso de casación ni de
hecho. La corte provincial resolverá por el mérito de los autos, dentro
del término de cinco días de recibido el proceso. El incumplimiento de los
términos para sustanciar el procedimiento, será sancionado de conformidad con
las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial.
Como se ve, en esta clase de Juicio Ordinario, se presenta la demanda cuya
cuantía no supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, ante
la Unidad Judicial respectiva, el juez ordenará que se cite al demandado para
que conteste dentro del término de 8 días Si el accionado deduce
excepciones, o la demanda se fundare en hechos justificables se concederá
término probatorio de tres días. En este juicio no se admitirá ni se tramitará
accidente alguno.
Hay una audiencia única, en la que el administrador o administradora de
justicia deberá pronunciar sentencia. Del fallo se concederá recurso de
Apelación.
1.2.8.4. EL JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA
El juicio Ordinario o Declarativo es el más amplio, pues contiene períodos
46
procesales claramente definidos; con términos demasiado largos que a la vez
que permite el ejercicio de los derechos sustantivos en la forma más eficaz,
completa y posible, también permite que los juzgados se encuentren saturados
de procesos, vulnerando derechos de los ciudadanos a acceder a una
oportuna y eficaz administración de justifica. (Contreras, 2000)
Según Baca Bartelotti, “el Procedimiento Ordinario permite muchas
situaciones, como lo demorado de los términos, las partes dejan que
transcurran deliberadamente, no se considera ni tiempo ni costo, por esto
muchas veces el proceso queda en el abandono. La demora, se debe a la
propia estructura del poder judicial, así como a la ley adjetiva que la propicia y
que para entender su esencia, no pesa más que una sola réplica: - los trámites
lentos y largos, los gastos, las formalidades excesivas, constituyen una mera
velada de negar la justicia-; también dice que: “Si fuera como dicen que hay
acierto luego de la demora, los procesos ordinarios serían modelos de
profundidad en el conocimiento legal, doctrinario y jurisprudencial, pero no es
así.
El trámite ordinario para este autor, “es eso, como lo entiende la gente, común,
vulgar, de poca estimación, alejado de la excelencia, se ha convertido en fianza
que la ley rinde a favor de los remisos e incumplidos. Observa
términos excesivamente largos. La demora en el cumplimiento de la
obligación de administrar justicia oportuna, nace del culto de dilapidar el
tiempo; la naturaleza de la demora es culposa y a veces dolosa.
Concluye diciendo que: “Si la demora es falta contra el cumplimiento del deber,
mal puede dar lugar a la certeza; incumplir el deber no conduce al
conocimiento, y menos a encontrar lo cierto en lo dudoso. Los términos más
largos no suplen la falta de certeza, los incidentes más frecuentes, las
apelaciones reiteradas, sólo confunden, esconden los síntomas de una grave
dolencia de la justicia ecuatoriana. Los caminos de la certeza son cuestión de
47
métodos y técnicas”.
1.2.8.4.1. PRIMERA INSTANCIA
El Juicio Ordinario está contemplado el Código de Procedimiento Civil, desde
el art. 395: “Se presenta la demanda, el juez de oficio, examinará si es clara
y si reúne los requisitos determinados en el Art. 69. De no ser clara o de no
reunir aquellos requisitos, mandará que se la aclare o se la complete en el
término de tres días tal como se determina en el art. 68. Una vez que el juez
estime que la demanda es clara y completa, dará traslado con
apercibimiento en rebeldía, simultáneamente a todos los demandados”.
Según el Art.397 de la citada Ley: “el demandado tendrá el término de
quince días para proponer conjuntamente las excepciones dilatorias y
perentorias, las cuales se resolverán en sentencia. Entre las excepciones no
podrán proponerse las de oscuridad del libelo. Si al tiempo de contestar la
demanda, se reconviniere al demandante, se concederá a éste quince
días para contestar la reconvención” (Art. 398 C.P.C.).
Así también dice esta fuente legal, que: “si la Litis se hubiera trabado sobre
cuestiones de puro derecho, el juez pedirá autos y dictará sentencia. Si las
excepciones o la cuestión planeada en la reconvención versan sobre hechos
que deben justificarse, el juez señalará día y hora en los que las partes
deben concurrir, con el propósito de procurar una conciliación que dé
término al litigio. En el día y hora señalados, si solo una de las partes
hubiere concurrido se dejará constancia en acta, de la exposición que presente
y se dará por concluida la diligencia”.
También expresa la fuente la falta de concurrencia de una de las partes
constituirá indicio de mala fe, que se tendrá en cuenta para la condena en
48
costas al tiempo de dictarse la sentencia. Si concurrieren ambas partes, el juez
dispondrá, que cada una por su orden, deje constancia en el acta que debe
levantarse, de las excepciones que tuviere por conveniente hacer y,
principalmente, de las concesiones que ofrezca, para llegar a la conciliación. Se
entenderá que tales concesiones están subordinadas siempre a la condición
de ser aceptadas en la conciliación, de tal modo que no implicarán, en
caso alguno, reforma de las cuestiones de hecho y de derecho
planteadas en la demanda y en la contestación.
El juez por su parte, procurará, con el mayor interés, que los litigantes
lleguen a avenirse. Si las partes se pusieren de acuerdo, lo harán constar en
acta, y el juez, de encontrar que el acuerdo es licito y comprende todas las
reclamaciones planteadas, lo aprobará por sentencia, y declarará terminado el
juicio. La sentencia deberá inscribirse, cuando fuere necesario, a fin de que
sirva de título, para los efectos legales correspondientes. (Gómez Alvarado,
2013)
Si el acuerdo comprende solo alguna o algunas de las cuestiones
planteadas y fuere licito, el juez lo aprobara por auto y dispondrá que el
juicio continúe respecto de las cuestiones no comprendidas en el acuerdo de
conciliación, a menos que, dada la naturaleza de dichas cuestiones, no
puedan ser, en concepto del juez, consideradas y resueltas sino
conjuntamente. Si las partes no llegaren a conciliar, se dejará constancia, en
el acta, de las exposiciones de cada una y se dará por concluida la diligencia.
Estas exposiciones se tendrán en cuenta, al tiempo de dictar sentencia, para
apreciar la temeridad o mala fe del litigante al que pueda imputarse la falta de
conciliación. (Couture, 2000)
La diligencia de conciliación solo podrá diferirse por una vez, a solicitud de cada
una de las partes, y por un término que no exceda de cinco días. De no
obtenerse la conciliación sea por el caso de que no lleguen a conciliar (art.403),
49
o por cuanto una de las partes no asiste a la conciliación (Arrt.402.inc.2), el
juez recibirá la causa a prueba por el termino de 10 días, para que se
practiquen las que pidan las partes (Art.405). Concluido el término
probatorio, el juez pedirá autos y pronunciará sentencia. Las partes podrán
presentar sus manifiestos en derecho hasta antes de expedirse el fallo.
De la sentencia se puede apelar ante la Corte Provincial de Justicia y de este
fallo se puede recurrir ante la Corte Nacional de Justicia.
1.2.8.4.2 SEGUNDA INSTANCIA
En esta segunda etapa, la ley adjetiva civil determina que si el que apeló de la
sentencia no determinare explícitamente, dentro de diez días, contados desde
que se le hizo saber la recepción del proceso, los puntos a los que se contrae
el recurso, el ministro de sustanciación, a petición de parte, declarará desierta
la apelación y mandará devolver el proceso al inferior, para que se
ejecute la Sentencia, (Art.408).
Según lo establece el Art. 409 del Código de Procedimiento Civil, Si
comparece el apelante y determina los puntos a que se contrae el recurso, se
dará traslado a la otra parte, por diez días, dentro de los que podrá adherirse
al recurso. - Cualquiera de las partes tiene derecho, dentro del término que a
cada una se concede en los artículos anteriores, para solicitar que se actúe
pruebas. (Art. 410).
La corte superior, de ser válido el proceso, concederá el término de prueba
de diez días. Si no lo fuere, declarará la nulidad, disponiendo la respectiva
reposición. (Art. 411) Vencido el término probatorio, o en caso de no ser éste
procedente, se pedirán autos en relación y se pronunciará sentencia. De
este fallo puede recurrirse ante la Corte Nacional de Justicia, mediante el recurso de
Casación.
Según opinión del Dr. Rubén Morán, “es importante anotar que la
50
fundamentación del recurso de apelación es una gran medida por las
siguientes razones: a) contrarresta el usa del recurso solamente como medio
dilatorio, b) obliga al recurrente a orientar a la Sala de Corte, por qué, para
qué y los fines que persigue con el recurso; c) obliga al profesional del
derecho a ser profundo análisis y estudio de la causa que patrocina, para
que con el conocimiento jurídico adecuado, señale los aspectos
deficientes, confusos y equivocados, del juzgador en su sentencia”.44
La mayoría de las veces se apela de la sentencia, unas veces este recurso
sirve para dilatar el proceso, otra porque se ha omitido figuras jurídicas, la
cuales deben ser observadas por el superior. El recurrente tiene término de
tres días para interponer este recurso, el juez negará o concederá éste. Luego
hay que esperar un tiempo más (puede ser 7 días, 15 días, un mes o más)
para que el juzgado envíe el juicio al Superior, una vez recibido, la corte
avoca conocimiento de la recepción y ordena que en término de 10 días el
recurrente fundamente los puntos sobre los que versa la apelación. Luego
que se cumpla lo ordenado, se esperará a que el tribunal dicte otra providencia
donde califica la fundamentación y si hay situaciones de derecho que
probarse, se abrirá la causa a prueba por un término igual.
En esta etapa de la segunda instancia, como se observa también existen
plazos y términos, los cuales el interesado en la apelación tiene que esperar y
cumplir, y como es evidente, es demasiado largo el tiempo para llegar a la
solución de este conflicto en vía ordinaria. Si se habla de justicia, seguro que
con este tipo de procedimientos, no la hay.
1.2.9. EL RECURSO DE CASACIÓN
La Corte Nacional de Justicia, en sus diferentes Salas, ha denominado al
Recurso de Casación, como un medio de impugnación: “Supremo, vertical,
extraordinario, formalista, riguroso, independiente, de noble finalidad, especial y
51
de excepción; de carácter dispositivo y casuístico, de oportunidad, de
alta técnica jurídica, completo, de admisibilidad restringida, axiomático, y de
orden público, de aplicación estricta, matemática en su análisis”. Cuyo
principal objetivo es la nomofilaquia (apego incondicional a la regla), la
defensa del marco jurídico imperante, esto es la Constitución, las leyes, los
reglamentos y los principios universales del derecho.
“Este medio de impugnación, tiene el imperioso propósito de obtener que
las resoluciones judiciales dictadas en instancia definitiva puedan ser
revisadas por la Corte Nacional de Justicia, para evitar que a consecuencia
de aquella pueda sobrevenir agravio a una de las partes por error iudicando
o in procedendo en que pudiera haber incurrido el juez o tribunal inferior.
Cumple la noble finalidad de conservar la unidad e integridad de la
jurisprudencia (Tama, 2010) determinando la recta, genuina e igualitaria
inteligencia y aplicación de la ley”.
Atendiendo el procedimiento, la Ley de Casación es en general para todos los
juicios, incluyendo el Juicio Ordinario de mayor cuantía. El recurso deberá
interponerse dentro del término de cinco días posteriores a la notificación del
auto o sentencia o del auto definitivo que niegue o acepte su ampliación o
aclaración. Los organismos y entidades del sector público tendrán el término de
quince días. (Art. 5 ley de Casación) y según lo que determina el artículo 4
de esta Ley - el recurso solo podrá interponerse por la parte que haya recibido
el agravio en la sentencia o auto. No podrá interponer el recurso quien no
apeló de la sentencia o auto expedido en primera instancia ni se adhirió a la
apelación de la contraparte, cuando la resolución del superior haya sido
totalmente confirmatoria de aquella. No será admisible la adhesión al recurso
de casación.
En el escrito que contenga la interposición del recurso de casación deberá
constar en forma necesaria y obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el
52
art. 6 de la Ley de casación, los siguientes:
1. Indicación de la sentencia o auto recurridos con individualización del
proceso en que se dictó y las partes procesales,
2. Las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades
del procedimiento que se hayan omitido;
3. La determinación de las causales en que se funda; y
4. Los fundamentos en que se apoya el recurso.
Según lo manifestado por el Dr. Patricio García Bravo, “en la práctica, la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador, no admitirá el recurso si en el escrito en
el que se lo deduce simplemente se hace referencia general a las causales que
enuncia el artículo 3 de la ley o, si se manifiesta que, al mismo tiempo se
registran falta de aplicación y aplicación indebida, o falta de aplicación y
errónea interpretación de especificas normas de derecho. Este recurso debe
determinar con precisión las normas que se estima se han infringido en la
sentencia o auto respecto a los cuales se deduce el recurso y señalar el
modo en que la sentencia ha incurrido en tal infracción en el caso específico en
examen. (García Bravo, 2010)
“En cuanto a la calificación en el tribunal a quo, según lo indica la citada fuente
- Una vez interpuesto el recurso, el órgano judicial que hubiere expedido
la sentencia o auto objeto de presentación de aquel, dentro del término de tres
días, examinará si se han cumplido los requisitos exigidos para su trámite, a tal
efecto en la providencia de ese órgano debe determinarse: Si la sentencia o
auto respecto de los que se ha presentado el recurso está dentro de aquellos
contra los cuales éste procede, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley
de Casación de la ley de Casación”.
53
“Si se ha interpuesto en tiempo, es decir dentro de los términos previstos para
este efecto, en general 5 días posteriores a la notificación, 15 días para
caso de entidades públicas). 3) Si en el escrito mediante el cual se lo deduce
reúne los requisitos exigidos en el artículo 6. La Ley exige que en la
providencia se exponga en forma detallada los fundamentos y motivos de la
decisión o resolución.”
La misma fuente dice “Luego de cumplidos estos requisitos, la unidad judicial
dentro del término de tres días concederá el recurso y notificará a las partes, y
dispondrá de inmediato que se obtengan las copias necesarias para
la ejecución de la sentencia o del auto y en la misma providencia deberá
ordenar que se envíe el expediente a la Corte Nacional de Justicia. Si el juez
o tribunal a quo denegare el recurso, deberá fundamentar en forma motivada tal
negativa. Concedido el recurso se dejarán copias de la sentencia o auto
objeto del recurso a fin de que se pueda continuar con la ejecución”.
“Según el procedimiento, dentro del término de diez días posteriores a la
recepción del proceso la Corte Nacional de Justicia, notificará a las partes;
ordenará en la misma providencia, correr traslado a quienes corresponda con el
recurso que se ha deducido; y concederá el término de cinco días para que sea
contestado con los fundamentos jurídicos aplicables al caso. Durante el trámite
no se podrá ni ordenar la práctica de ninguna prueba, ni se aceptará incidente
alguno”.
De conformidad con el artículo 16 de la referida ley de Casación, - si la Corte
Nacional de Justicia encuentra procedente el recurso, casará la sentencia o
auto del que se trate, y expedirá el que en su lugar correspondiente, con
sujeción al mérito de los hechos demostrados según la sentencia o auto.
Cuando se trate de casación planteada por aplicación indebida, o por falta de
aplicación, o por errónea interpretación , según el caso, de los preceptos
jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que tales
54
circunstancias hubieren llevado a una equivocada aplicación o falta de
aplicación en las normas de derecho en la sentencia o auto, la Corte
Nacional de Justicia, anulará el fallo y remitirá el proceso, dentro del término
de cinco días, para que el juez o unidad judicial al que le correspondería
conocerlo en caso de recusación de quien expidió la providencia objeto de la
casación, a fin de que conozca la causa desde el momento en que se produjo
la nulidad y la sustancie nuevamente, ya con el arreglo a derecho.
La correspondiente Sala de la Corte Nacional despachará el recurso en el
término de noventa días, más un día por cada cien fojas. Si transcurrido ese
periodo, no se produjere el despacho del recurso, previa solicitud de parte, el
recurso podrá ser remitido a la Sala de Conjueces, los que deberán resolverlo,
dentro del término indicado.
1.2.10. LA RECONVENCIÓN
La Reconvención, según lo manifiesta el Dr. Rubén Morán Sarmiento en
su obra: “Derecho Procesal civil práctico”, página 219, Edición 2011- “es un
medio de defensa que tiene el demandado para contrademandar a su
demandante, a fin de perseguir la satisfacción de pretensiones en contra de
éste, a través de una sentencia condenatoria. Es una demanda que debe
reunir igualmente requisitos formales y de fondo. Se diferencia de la
excepción, puesto que ésta persigue solamente atenuar, desvirtuar, extinguir
las pretensiones del accionante; la reconvención va más allá, persigue obtener
una sentencia en contra del accionante. Se trata de dos acciones en un solo
juicio de dos actores y dos demandados, hay una acumulación subjetiva.
El Juez tiene que resolver las dos demandas, en la misma sentencia, y nada
extraño, que pueda aceptar las pretensiones de la reconvención y rechazar las
planteadas en la acción principal. A la reconvención se pueden oponer las
mismas excepciones que a la demanda”.
55
Según esta fuente: -“La doctrina habla de Reconvención Conexa e Inconexa; la
primera se refiere a asuntos que guardan entre sí relación y coherencia
jurídica, como cuando el actor reclama por el precio de la cosa vencida y el
demandado reclama la entrega de la cosa. La inconexa se produce por
reclamos, el uno contra el otro, que no guardan ninguna relación, son
temas totalmente diferentes. Nuestro sistema no hace distingos de manera
que la reconvención, permite que el demandado dentro del mismo juicio
demande una acción contra su demandante, conexa o no.
La doctrina delimita los conceptos de excepción y reconvención, como figuras
jurídicas, diferentes, aunque haya algunos autores, como por ejemplo
Chamorro y González Poveda, que incluso califican a la reconvención,
junto con la compensación y la cosa juzgada, dentro de la categoría de las
excepciones materiales. No obstante, la diferenciación en principio parece
clara, puesto que la excepción es la resistencia que hace el demandado frente
a la pretensión actora, mientras que la reconvención viene a ser como una
verdadera demanda que el demandado interpone contra el actor.
Según Gómez de Orbaneda la diferenciación se basa en consideración con la
finalidad que se pretenda a través de la compensación, cuando el demandado
pide la condena del actor por el exceso de crédito existente a su favor,
estaremos ante una auténtica reconvención, mientras que la misma sería
excepción cuando el demandado no hace valer su crédito para que se
declare su existencia, y sí para pretender la inexistencia del crédito del actor,
naturalmente perdiendo la parte de crédito exactamente igual a la
compensada.
Nuestra ley adjetiva civil establece: Art. 105.- En la contestación podrá el
demandado reconvenir al demandante por los derechos que contra éste
tuviere; pero después de tal contestación sólo podrá hacerlos valer en otro
juicio.
56
1.2.10.1. REQUISITO DE PROCEDENCIA
Según la citada fuente, “la Reconvención solo procede contra el actor del
juicio principal. El accionante reconvenido igualmente puede proponer
excepciones a la contrademanda.
En nuestra ley procesal, la Reconvención procede en los juicios ordinarios y
tiene limitaciones para otra clase de juicios, pues no cabe en el juicio
verbal sumario, ni en el ejecutivo, a menos que se lo haga con otro título
ejecutivo, en materia laboral solo cabe la Reconvención Conexa.
Según jurisprudencia relacionada con el tema, encontramos lo siguiente:
“La existencia de un juicio ordinario, reclamando la nulidad, por
simulación, de una escritura celebrada entre el autor de una
sucesión y su heredero, en su carácter, los actores, de
representantes o herederos del propio causante, no hace jurídicamente
imposible que el demandado intente una reconvención relativa a la
nulidad del testamento que otorgó a aquéllos la representación que
ostentan; ya que la reconvención no es otra cosa que una nueva
demanda que implica, en cierto modo, defensa dentro del mismo juicio
inicial, para el efecto de evitar la tramitación de varios procedimientos y
de que puedan pronunciarse en ellos sentencias contradictorias; es por
esto que la ley ha permitido que, dentro de un juicio, se pueda plantear
otro, para que se estudien y resuelvan en una misma sentencia; sin
que por ello la reconvención deje de ser una demanda, y sin que
pueda decirse que, al pronunciarse sentencia sobre ésta, no haya
mediado el consiguiente juicio”. (Estrada, 1993)
57
1.2.11. DE LOS TÉRMINOS
1.2.11.1. DEFINICIÓN, FORMA DE CONTARLOS
“Término Procesal es el espacio de tiempo, dentro del cual se deben realizar
los actos Procesales, o bien, se deben ejercer ciertos derechos”. (Araujo López,
1975)
Según el Art. 303 de la Codificación del Código Civil: - Se llama término al
período de tiempo, que concede la ley o el juez, para la práctica de cualquiera
diligencia o acto judicial.
“Los términos se contarán conforme a lo que dispone el Código Civil. (Art.303)
Cuando la ley o el juez conceda veinticuatro horas, el término correrá hasta la
medianoche del día siguiente al de la citación o conciliación”. (Art. 304 C.P.C.)
Según el Art. 305 C.P.C. “Todos los términos se cuentan desde que se hizo la
última citación o notificación, han de ser completos y correrán, además, hasta
la media noche del último día, salvo lo dispuesto por el inciso final del Art. 82”.
(Citación por la prensa).
Esta fuente establece: “Los recursos propuestos dentro de los tres días
siguientes a la última citación o notificación de una providencia, se tendrán por
legal y oportunamente interpuesto, no obstante el hecho de presentarse
solicitud de ampliación, reforma, aclaración o revocación de la providencia
recurrida, y sin perjuicio del derecho de las partes a interponer, también,
cualquier recurso en los tres días posteriores a la notificación del auto
que resuelva la preindicada solicitud, salvo lo que disponga otras leyes”.
Además dice, en el art. 312.- “No correrán los términos en los días feriados y
de vacantes y los jueces no podrán habilitarlos por ningún motivo. En el art.
317 se expresa: “Corren los términos legales aun cuando en la
providencia no se exprese el tiempo que deben durar. El Art.318 dice: “El juez
58
debe señalar términos, en los casos en que la ley no los señale expresamente.
Y el art. 319 establece: “El término de la distancia solo se concederá si el
emplazado se haya a más de quince kilómetro del lugar del juicio. Este será
fijado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta los medios de
comunicación, pero en ningún caso será mayor que el triple del término
ordinario, y se contará sin incluir éste.
1.2.12. IMPORTANCIA PROCESAL
“Es importante estudiar por separado el requisito de tiempo en los actos
procesales, ya que éstos están concebidos para ser realizados en un momento
dado o dentro de un espacio de tiempo prefijado. Unas veces ese acto
procesal ejecutado fuera de tiempo adolece de nulidad, pero otras veces no.
Esta consecuencia depende de su naturaleza”.
La importancia de los términos radica en que imponen orden en el ámbito
judicial, establecen un orden en el proceso, porque no se puede dejar al antojo
de las partes la realización de los actos procesales, incluso, el Juez mismo
está obligado a apegarse a dichos parámetros de temporalidad procesal, ya
que de no hacerlo, habría un total desorden dentro del proceso.
Por otro lado permite, también, que haya celeridad, por ejemplo, la Ley da un
término para contestar la demanda, dependiendo de la clase de juicio el
demandado contará con determinada cantidad de días para hacerlo, si tal
término no existiera y se dejara al arbitrio del demandado, se incumpliera el
principio de justicia, ya que él, podría no contestar nunca y detendría así
la aplicación de justicia.
De esa manera se evita que los procesos queden inconclusos por negligencia
de una de las partes que intervienen en un juicio, es por ello que la Ley ha
dado un tiempo limitado a efecto de que se cumpla con el formalismo legal y
así se dé continuidad por la vía regular al juicio, regular, en el sentido que no
59
se caiga en una situación incidental o inesperada.
De esta manera el juicio puede proseguir con la contestación del demandado o
sin ella, en su total silencio, y siendo este último el caso, la Ley misma ha
presumido que el demandado en forma tácita se ha opuesto a la acción
intentada en la demanda, y se presume que contestó en sentido negativo, no
se aplica aquí aquel adagio que reza: "El que calla otorga", en tanto la Ley por
anticipado le atribuyó una contestación al demandado silencioso,
negando todo”.
1.2.13. DIFERENCIA CON EL PLAZO
En la obra el Proceso y el Procedimiento, el Dr. Mario Aguirre Godoy56, cita a
Kisch, quien expresa: -“Los plazos son espacios de tiempo que
generalmente se fijan para la ejecución de actos procesales unilaterales, es
decir, para las actividades de las partes fuera de las vistas, como es, por
ejemplo, la interposición de un recurso por éstas.
Así mismo Aguirre cita a Guasp quien indica que: -“el plazo está
constituido por un espacio de tiempo, una serie de días, diferenciándolo de
término que es el período de tiempo constituido por un momento o serie de
momentos breve, no superior al día”-. También cita a Alcalá Zamora y
Castillo, quien opina: -“El plazo supone un lapso dentro del cual pueden
ejercitarse los actos procesales, mientras que término significa, el punto de
tiempo marcado para el comienzo de un determinado acto”.
Según el art. 33 del Código Civil ecuatoriano: -Todos los Plazos de días, meses
o años de que se haga mención en las leyes, o en los decretos del
Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se entenderá que
han de ser completos, y correrán, además, hasta la media noche del último
día del plazo. El primero y el último día de un plazo de meses o años
deberán tener una misma fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes
60
podrá ser, por consiguiente, de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un
días, y el plazo de un año de trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta
y seis días, según los casos.
Luego expresa: -Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años
constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo
corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al
segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. Se
aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y, en
general, a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos
de las autoridades ecuatorianas; salvo que en las mismas leyes o actos se
disponga expresamente otra cosa.
Así mismo encontramos en la ley civil, en el Art. 34.- Cuando se dice que
un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si
se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del
plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que
nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen
o expiran sino después de la media noche en que termina el último día de dicho
espacio de tiempo.
También el Art. 35 dice: .- En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los
decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se
comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea
de días útiles, expresándose así, pues, en tal caso, no se contarán los feriados.
De acuerdo con lo establecido anteriormente, tanto el Término como el Plazo,
son medidas de tiempo, la diferencia entre uno y otro radica en la forma cómo
están integrados, cómo se computan éstos, cómo se cuentan los tiempos.
Mientras que los términos, tal como dice la ley, son tiempos contados en días
61
hábiles, días laborables, no se cuentan ni en feriados, ni sábado ni domingos,
salvo que así lo exprese la ley o los decretos de gobierno, como por ejemplo,
se podría contar como parte de un término, un sábado laborable, como cuando
se laboran los sábados para pagar los días de carnaval, en el Ecuador.
Los Plazos son tiempos que corren todos los días, de lunes a domingo.
En resumen el término corre solo en días hábiles, no se cuentan ni feriados ni
días no hábiles (ni sábado ni domingo), a diferencia del plazo, que corre todos
los días incluidos feriados, días hábiles y no hábiles.
1.2.13.1 CLASES DE TÉRMINOS Y PLAZOS
Según la Codificación del Código de Procedimiento Civil en su art. 307, los
términos son Ordinarios y Extraordinarios. Ordinarios son los determinados por
la ley. Son extraordinarios los concedidos por el juez para las diligencias
judiciales que deben practicarse fuera del lugar del juicio.
Esta fuente determina que:- “Cuando el juez conceda término extraordinario, en
el mismo decreto señalará prudencialmente el número de días que ha de durar
aquel, según el tiempo que pueda emplearse en la ida y vuelta del despacho y
en la práctica de la diligencia, término que nunca será mayor del triple del
ordinario, y que se contará a partir de la fecha de remisión del deprecatorio,
exhorto, o comisión. El término extraordinario de prueba no suspende el curso
del ordinario, y, concluido éste, no se podrán practicar otras diligencias
probatorias que aquellas para las cuales se concedió el extraordinario.
Así mismo, dice: “En ningún caso, que no sea de los expresamente
determinados en esta Sección, podrán suspenderse o prorrogarse los términos.
En consecuencia, al principiar el decurso de un término, continuará sin
interrupción hasta su fenecimiento, no obstante cualquier solicitud o
incidente, ni aun de los de previo y especial pronunciamiento, y sin que pueda
62
el juez decretar la suspensión, ni producirse ésta de hecho. Tampoco se
suspenderá en el caso de que se demande exhibición, de acuerdo con el Art.
826.
La mencionada ley, también establece que: -“Si durante el decurso de un
término se suspende el despacho por algún acontecimiento extraordinario,
por el mismo hecho quedará suspendido el término. En este caso, el actuario
dejará en los autos constancia del día en que empezó la suspensión y de aquél
en que cesó el hecho que la produjo, debiendo el juez disponer inmediatamente
la continuación del término. (Art.311)
Finalmente expresa que:-“De igual manera, se suspenderá el término
probatorio, cuando ocurriere alguna circunstancia imprevista que impida la
concurrencia del juez o del actuario, pero la suspensión durará solo el tiempo
estrictamente necesario para que desaparezca el impedimento, debiendo luego
continuar, previo decreto del juez. Se suspenderá también cualquier término,
cuando las partes lo soliciten conjuntamente.”
La doctrina del Dr. Mario Aguirre Godoy, clasifica los plazos de la siguiente
manera:
Legales: Los plazos legales son aquellos que están establecidos en la ley.
Judiciales: Son aquellos que el Juez señala.
Convencionales: Cuando las partes convienen en dar por
concluido el término de prueba y lo piden así al Juez de común
acuerdo.
Comunes y particulares: Es común cuando corre igualmente para
las partes en el proceso. Es particular cuando se refiere a una parte
o persona.
Prorrogables e improrrogables: Que puedan extenderse o no para
63
el cumplimiento de los actos procesales.
Los plazos legales son por lo general improrrogables, a menos
que la misma ley lo permita.
Perentorios y no perentorios: Couture denomina a los perentorios
como “plazos fatales” y de “plazos preclusivos”, por los efectos que
producen, “aquellos que, vencidos, producen la caducidad del derecho,
sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte
contraria”. En cambio, en los plazos no perentorios “se necesita un acto
de la parte contraria para producir la caducidad del derecho procesal”.
Generalmente se llama “acuse de rebeldía”, expresión del principio
dispositivo que deja el impulso del proceso a la parte y mediante el cual
se provoca la caducidad del derecho que no se ejercitó.
Ordinarios y extraordinarios: Ordinarios aquellos que se
determinan sin que medie ninguna consideración especial para la
ejecución de los actos procesales. Extraordinarios se fijan cuando
concurren motivos específicos que salen fuera de lo común.
1.2.14. EL PROCESO
1.2.14.1. DEFINICIÓN
“Es importante comenzar manifestando que sentado el principio de que no es
admitida la defensa propia del derecho y agotados los medios pacíficos de
solución mediante un arreglo amistoso, transacción o por medio del
sometimiento al arbitraje, debe recurrirse a la protección del Estado, que actúa
por medio de los órganos en los cuales ha delegado su función jurisdiccional.
Desde que esa protección se invoca por la interposición de la demanda, que es
el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o lo
niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de procedimiento,
cuyo conjunto toma el nombre de proceso.
64
“Al proceso se lo entiende como la institución por la cual se resuelven los
litigios entre las personas por medio de un mecanismo que lleva incluida una
sucesión de actos como la posibilidad de alegación, prueba y resolución.”
“Proceso, es una institución jurídica que se encuentra regulada por el Derecho
procesal, mediante la cual los órganos a los que el Estado tiene
encomendada la función jurisdiccional que resuelven los diferentes conflictos de
intereses relevantes en el plano jurídico que se producen en cualquier forma de
convivencia humana.” (Palacio L. E., 2009)
Cabanellas de Torres Guillermo define al proceso como: “El que se tramita
por la jurisdicción ordinaria y sobre conflictos que atañen
primordialmente al derecho.”
De estas definiciones se puede decir que el proceso es una secuencia o serie
de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver,
mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Lo que
caracteriza al proceso es su fin; la decisión del conflicto mediante un fallo que
adquiere autoridad de cosa juzgada y en este sentido, proceso equivale a
causa, pleito, litigio o juicio. El proceso civil comienza con la demanda, en la
que el demandante expone los hechos y los argumentos jurídicos en los que
basa su pretensión, para luego citar y notificar respectivamente a las partes.
Para el Dr. José García Falconí, en su obra El Proceso,” la palabra proceso
viene del latín Procesus que se deriva del latín Procedere, que
significa avanzar, camino a recorrer, trayectoria a seguir en un sentido o
hacia un destino o fin determinado. En materia jurídica se define al proceso,
como una serie de actividades que se deben llevar a cabo, para llegar a
obtener la protección jurisdiccional, pero recordando que el nacimiento del
proceso en materia civil no es espontáneo ni instantáneo, sino que se lo
promueve en atención al principio dispositivo, señalado en el Art. 168 No. 6 de
65
la Constitución de la República”.
“El proceso así ha de entenderse como un conjunto de actos realizados por las
partes (actor o demandado) y el juez o tribunal concatenados y entre sí, en
cuanto uno sucede al que lo precede y es causa del que le sigue, y que van
desde el acto inicial hasta la ejecución de la sentencia; por esta razón el
maestro Garzonnet dice: “Es el conjunto de formas que deben observar los
ciudadanos para obtener justicia y los tribunales para administrarla”.
Aguirre Godoy señala que todo acto o suceso que produce una consecuencia
jurídica en el proceso, puede ser calificado como acto jurídico procesal.
Guaspda la siguiente definición: aquel acto o acaecimiento, caracterizado por la
intervención de la voluntad humana, por el cual se crea, modifica o extingue
alguna de las relaciones jurídicas que componen la institución procesal.
De acuerdo a José Almagro Nosete, el acto procesal es una especie de acto
jurídico, es decir, una expresión de la voluntad humana cuyo efecto jurídico y
directo tiende a la constitución, desenvolvimiento o extinción de la relación
jurídica-procesal.
Para Couture el acto procesal, “es aquel hecho dominado por la voluntad
jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales”.
“De lo anotado se desprende, que el derecho procesal es el conjunto de actos
coordinados que se ejecutan por y ante los funcionarios competentes del
órgano judicial del Estado, para obtener, mediante la actuación de la ley en un
caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los
derechos que pretenden tener las personas privadas o públicas, en vista de su
incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción, en este caso en
materia civil; señalando en conclusión que el proceso es una seria de actos
coordinados en la búsqueda de la tutela jurídica señalada en el Art. 75 de
66
la Constitución de la República”.
“Dentro del proceso, tanto las partes, el juez y los terceros desarrollan cierta
actividad tendiente a crear, modificar o extinguir una relación jurídica procesal,
esta actividad es la que conocemos como actos procesales y se desarrollan por
voluntad de los sujetos procesales, la presentación de la demanda y
su contestación son ejemplos de actos procesales de las partes, la
resolución y notificación, actos procesales del juez o sus auxiliares, la
declaración de un testigo o la presentación de un dictamen de expertos, actos
de terceros”.
Según esta fuente doctrinaria: “Es fundamental en una democracia, pues sin el
procedimiento reinaría la arbitrariedad y el desconcierto en las relaciones
sociales y en las de los particulares. El fin del proceso es la solución
pacífica de los conflictos de los interesados sometidos a la decisión de los
órganos que ejercen jurisdicción, con el objetivo de mantener y alcanzar la paz
social, que en doctrina también se llama la paz jurídica, la misma que está
señalada el Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial; pues lo normal
en la vida social, es que cada quien cumpla sus obligaciones, esto es que
reconozca los derechos ajenos, y lo anormal es su incumplimiento o su
desconocimiento, recordemos que las obligaciones que todos tenemos, están
señaladas en el Art. 83 de la Constitución de la República”.
La citada fuente señala que el proceso tiene tres elementos:
1. El elemento subjetivo, que se refiere a las personas que intervienen
en el proceso para iniciarlo y controvertirlo, y el funcionario encargado
de adelantarlo y darle solución definitiva; esto es por un lado las
partes procesales y por otro el juez;
2. El elemento objetivo, que se refiere a la pretensión que formula
el demandante para iniciar el proceso, pretensión que a su vez
67
se la traduce en la demanda en la parte que se señala los
fundamentos de hecho y de derecho;
3. El elemento actividad, esto es el proceso en materia civil se
inicia a petición de parte, pero luego se desarrolla de oficio, esto es
por impulso del juez.
Así mismo señala tres etapas procesales:
1. Cronológica, en cuanto tales datos y hechos se
verifican progresivamente durante un cierto tiempo;
2. Lógica, porque se relacionan entre sí como presupuesto
y consecuencias; y,
3. Tecnológica, porque se enlazan en razón del fin que persiguen.
Los hechos procesales, por otro lado, son acontecimientos, que sin ser
voluntarios, proyectan sus efectos dentro del proceso, como la muerte de
una de las partes o la pérdida de capacidad, que son claros ejemplos de
hechos procesales. Es decir, los actos procesales se diferencian de los hechos
procesales porque aquellos aparecen dominados por la voluntad y siendo el
proceso un producto de la voluntad humana, de ahí la importancia del
estudio de los primeros.
1.2.14.2. PROCESO Y PROCEDIMIENTO
Como se ha concluido en líneas anteriores- el proceso es una seria de actos
coordinados en la búsqueda de la tutela jurídica señalada en el Art. 75 de la
Constitución de la República-, es decir, es toda la institución, de principio a
fin, desde la demanda hasta la sentencia; ahora el “procedimiento”,
según Cabanellas, es el: “Modo de proceder en la justicia, la actuación
68
de trámites judiciales o administrativos, de este modo, procedimiento viene a
ser el mecanismo de cómo se va a llevar a cabo el proceso o de una parte de
éste”.
Proceso: es la suma de actos por medio de los cuales se constituye,
desarrolla y termina la relación jurídica.
Según Carnelutti el proceso denota "la suma de los actos que se realizan
para la composición del litigio. No debe confundirse proceso con
procedimiento, puesto que el primero es considerado como continente y el
otro como contenido, el primero es una combinación de procedimientos."67
Procedimiento: significa solo la composición externa, formal, del desarrollo
del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas
que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de
este.
Clariá Olmedo, afirma, "cuando se habla de procedimiento, cabe entender que
nos estamos refiriendo al rito del proceso. Es el curso o movimiento
que la ley establece en la composición de su marcha dirigida a obtener su
resultado, adecuándola a la naturaleza e importancia de la causa que tiene por
contenido".
Alcalá Zamora dice, "el procedimiento se compone de la serie de actuaciones
o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en
cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del
efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o
fragmento suyo".
“Es importante manifestar que en Ecuador, el Procedimiento en juicio ordinario,
es de carácter civil contencioso que puede ser declarativo, constitutivo, o de
condena y se aplica en todas aquellas gestiones, trámites y actuaciones que no
69
tengan una regla especial diversa.
Se resume diciendo que el procedimiento - en su enunciación más simple es “el
conjunto de formalidades a que deben someterse el juez y las partes en la
tramitación del proceso. Formalidades que varían según sea la clase de
procedimientos de que se trate (penal, civil, administrativo) y aún dentro de
ellos hay un procedimiento para cada uno, como sucede en el de cognición,
cuyo prototipo es llamado juicio ordinario. Existe un procedimiento para el
juicio ordinario de mayor cuantía y otro para el de menor cuantía. (Guasp, 1968)
1.2.15. PRINCIPIOS PROCEDIMENTALES
Se los conoce también como principios del procedimiento, son los criterios
funcionales y de carácter técnico que inspiran las normas de detalle que regulan
los diversos tipos del proceso civil. Así, el principio de oralidad y escritura,
que atiende a la forma de materializarse las actuaciones
procesales; la publicidad, que se refiere a la disponibilidad
por terceros del conocimiento del proceso y de su desarrollo; la buena fe
procesal, que atiende a que la utilización del procedimiento se haga de
acuerdo con las reglas de la buena fe y, por tanto, rechazando el fraude
procesal o abuso de derecho en el ámbito procesal civil.
La Constitución de la República del Ecuador, establece en su normativa
jurídica, los siguientes principios para la aplicación de la administración de
justicia:
Independencia, Autonomía, Unidad jurisdiccional, gratuidad, publicidad, y,
oralidad.
En el Art. 169 de la referida fuente constitucional, se determina que el Sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
70
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido
proceso.
1.2.15.1. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL
Este Principio pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas
que impiden la prolongación de los plazos y eliminan los trámites
innecesarios, este principio lo encontramos plasmado en el artículo 169 de la
Constitución de la República del Ecuador, y establece el carácter perentorio
e improrrogable de los plazos y que además obliga al juez a dictar la
resolución, sin necesidad de gestión alguna.
“En Ecuador se puso en marcha el sistema oral hace varios años, con el
propósito de lograr una verdadera realización del derecho y de una
administración de justicia, más equitativa. De esta manera, el legislador asume
este compromiso incorporando al sistema de justicia, un sistema de
juzgamiento oral con algunos matices particulares: un sistema donde se
respetan las garantías, lo que se va a traducir en un proceso público más justo
que servirá para generar confianza, credibilidad y seguridad en el
cumplimiento de las leyes”
“El término celeridad deriva del latin celeritas y significa rapidez y velocidad. A
partir de esta significación se puede conceptuar a la Celeridad procesal
como, la prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso,
este último concebido como un sistema de garantías. Celeridad significa,
entonces, encontrar una solución en el plazo más breve posible y el
Principio de Celeridad, consiste en que el Proceso, se concrete a las etapas
esenciales y cada una de ellas limitadas al término perentorio fijado por la
norma”.
71
“Con el principio de celeridad, lo que se busca es la restitución del bien jurídico
tutelado, objeto de la transgresión; en el menor tiempo posible. La Celeridad
Procesal está muy ligada a la realización del valor de la justicia, pero tal
celeridad implica cumplir con los plazos en estricto sensu y sin
dilaciones injustificadas.”
“El retardo injustificado de administradores de justicia y servidores judiciales
en general, serán sancionados de conformidad con la ley. Como vemos, son
las dilaciones injustificadas y el incumplimiento perentorio y estricto de los
términos procesales, aquello de lo que hasta ahora intenta proteger esta
normatividad”. Por lo general, sin el éxito deseado.
1.2.15.2. EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
El principio de Economía procesal, contenido en el artículo 169 de la
Constitución del Ecuador, del Sistema Procesal, comprende las
previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso,
evitando que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los
derechos e intereses comprendidos en él. Según Chiovenda, es la obtención
del máximo resultado posible, con el mínimo de esfuerzo. Es que no solo a los
actos procesales, sino a las expensas que ellos impliquen. La Economía
Procesal es un principio formativo del proceso que consiste en que con el
desarrollo del procedimiento se busca obtener siempre, el máximo
beneficio con el menor desgaste del órgano jurisdiccional.”
“El principio de Economía Procesal consiste en que una parte tenga la
oportunidad de oponerse a un acto realizado a instancia de la contra parte y
a fin de verificar su regularidad, por tanto, solo se presenta en los procesos
de tipo contencioso”.
“Se considera que es un conjunto de principios, formado por otros para lograr su resultado, entre éstos tenemos:
72
Concentración.- reúne todas las cuestiones debatidas o el mayor número
de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y
providencias.
Eventualidad.- Si en determinada etapa o estado del proceso una parte
puede realizar varios actos, debe llevarlos a cabo de manera
simultánea y no sucesiva, es decir, todos en el mismo lapso.
Celeridad.- El proceso se concrete a las etapas esenciales y el término
fijado por la norma.
Saneamiento.- Las actuaciones afectadas de nulidad sean susceptibles de
ser convalidadas por la parte en cuyo valor se establece.
Nulidad.- La sanción que la norma prevé para determinadas actuaciones
irregulares.
Gratuidad.- Le corresponde al Estado sufragar todos los gastos que la
función judicial entrañe, (locales, remuneraciones al persona, etc.)”
1.2.16. LA CELERIDAD Y LA ECONOMÍA PROCESAL EN EL
JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA
“La Constitución de la República del Ecuador, Ley Suprema, establece en los
principios del Sistema Procesal, prioridad a la necesidad de que la tramitación
del proceso sea lo más rápida y económica posible, exigencia, que proviene
de dos órdenes; el derecho interno y el derecho internacional. Dado que, con
la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, los
instrumentos internacionales que se incorporan al derecho interno obligan a
hacer efectivos esos derechos en la jurisdicción interna de los Estados.76
En el Código Orgánico de la Función Judicial, en su capítulo II, que habla de
los principios rectores y disposiciones fundamentales, en su artículo 4,
73
establece el principio de Supremacía Constitucional, y determina que: -
“Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y
servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones
constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras
normas de menor jerarquía.
El Art. 20 de la fuente citada (COFJ) establece el principio de Celeridad y
manifiesta que “- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto
en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido.
Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las
juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los
términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la
ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de
justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la
Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con
la ley.
“Para Bidart Campos, el derecho internacional tiene aptitud para ingresar al
derecho interno, y éste último ingresa al derecho internacional cuando el
sistema Estatal de derechos resulta más favorable y más amplio, esta figura de
internacionalización, refleja -a partir de la reforma constitucional- que la
persona humana es un sujeto investido de personalidad internacional, que la
cuestión de los derechos humanos ya no es de jurisdicción exclusiva o
reservada de los Estados, porque pertenece a una jurisdicción concurrente o
compartida entre el Estado y la jurisdicción internacional, y que los países neo-
constitucionalistas, como Ecuador, lo han asimilado claramente en la normativa
constitucional vigente”.
“Lo expuesto, refuerza la imperatividad constitucional en sentido de "afianzar la
justicia" -preámbulo-, con resguardo y especial ponderación de "los
derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona
humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en libertad -
74
Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Estado también se compromete a garantizar a toda persona, que pueda
disponer de un procedimiento breve y sencillo por el cual la justicia lo ampare,
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-; y que logre
obtener "la determinación de sus derechos" en un "plazo razonable"
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que deberían
extremarse los recaudos por parte de los operadores jurídicos, a fin de que
dichas garantías, se obtengan a la mayor brevedad. Ello resulta
fundamental, dado el carácter subsidiario de las prácticas tuitivas
internacionales.
Por lo expuesto se hace necesario que la respuesta interna sea oportuna y
eficaz, sin perjuicio de la adecuación de la legislación local, a los estándares
internacionales, tarea que compete a los abogados solicitarla, y a los jueces
otorgar, la tutela cierta e inmediata a los derechos humanos, ya que cuando un
tratado como el Pacto de San José de Costa Rica obliga a los Estados parte a
adoptar las medidas legislativas "o de otro carácter" (sentencias) que resulten
necesarias para la efectividad de los derechos, implica un compromiso de los
operadores jurídicos -y en especial de los jueces-, con el imperio de
la Constitución, la vigencia de los derechos humanos y el sistema
democrático’’.
1.2.17 NECESIDAD DE LA REFORMA
El procedimiento en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, obedece a una
estructura demasiado antigua, y que ha nuestro tiempo resulta obsoleta, ya no
responde a las necesidades del contexto social, jurídico, económico y
cultural de los habitantes de la ciudad de Manta, provincia de Manabí –
Ecuador, ya que establece términos demasiados largos y dilatados, que no
permiten a las partes procesales acceder a una justicia célere.
Como ha quedado anotado, la dilatación de los términos procesales en los
75
juicios civiles ordinarios se debe en unos casos a su estructura misma, que
establece plazos y términos largos y amplios, en otros casos al “irrespeto y no
aplicación de las disposiciones legales, por parte del Juzgador, el asunto
fundamental es que el Juez no observa ni aplica los términos conforme lo
manda la norma legal y cada acto procesal se demora excesivamente, no
califica la demanda dentro del término que determina la ley, no abre el término
de prueba oportunamente, se demora en los incidentes y no dicta la sentencia
dentro los términos establecidos, además de ello da curso o lugar a ciertos
incidentes que no tienen razón de ser. La dilatación de los términos procesales
no solamente representa una transgresión de la legalidad, sino una forma de
corrupción”
“En general, el proceso ordinario de mayor cuantía sigue teniendo un trámite
largo y tedioso. El reclamo de los destinatarios del Servicio de Justicia, sigue
poniendo énfasis en la excesiva duración de los juicios. Pese a que, nunca más
que ahora, frente a la vertiginosa aceleración histórica, se manifiesta la
necesidad de que la solución a un conflicto judicial recaiga en un tiempo
razonablemente limitado, de modo tal que la garantía de la efectiva tutela que
anida en el marco del debido proceso, satisfaga los valores de
pacificación, justicia y seguridad”.
“Se ha propiciado un cambio en la mentalidad de los operadores jurídicos,
promoviendo la simplificación en los trámites procesales, para que, dentro del
marco constitucional y legal, se abrevie la duración del proceso. Es un
deber del Juez encontrar la solución justa, o la solución mejor, en tiempo
oportuno. Al concepto de solución justa, que propicia Bidart Campos: la "más"
justa, o con menor injusticia -la mejor- (dice), agregamos que ésta solución,
debe ser alcanzada en tiempo oportuno o "razonable". Ello es así, porque cada
sentencia está hecha para un hombre concreto, de carne y hueso (Unamuno),
situado en un aquí y un ahora”.
Para explicar lo que requiere el justiciable, se cita el pensamiento de Capón
76
Filas, cuando dice que: “Los Derechos Humanos, reconocidos por la
conciencia crítica de la humanidad como válidos y exigentes de cambio en la
realidad y no en la mera abstracción de la norma, constituyen el lugar desde
dónde se juzga porque no se trata de cumplir con la ley sino concretar
repartos de justicia….el juez siempre juzga según normas, valoradas desde
los Derechos Humanos, no de acuerdo a su arbitrio.
“Si el abogado litigante recorriera ese mismo camino y comprendiera que toda
demanda es un proyecto de sentencia (Goldschmidt), tal vez muchos
problemas se solucionarían de otro modo o no se presentarían a discusión
porque son inexistentes o el interesado carece de razón”.
Cierto es que “con los Derechos Humanos como herramientas, el juez
construye la sentencia para concretar la justicia en cada caso. Del estudio de la
demanda, surge de inmediato una obligación para el órgano jurisdiccional:
cuando se considere incompetente, lo declarará de Ello es compatible con el
activismo judicial exigido -y esperado- por una sociedad que demanda de los
jueces respuestas técnicas cargados de pleno sentido humanista (Morello).
“Como vemos, el procedimiento debe adecuar nuevas exigencias,
para privilegiar la eficacia de la intervención judicial, su rapidez, su
flexibilidad, un nuevo modelo donde se afirme la idea de que el juez es más el
ejecutor de un orden público de protección social, que árbitro de una
controversia particular. Sin lugar a dudas, se podría decir que, con las
normas constitucionales y legales citadas, más la tutela que el derecho
internacional y el derecho interno garantizan al justiciable, los problemas de la
demora en el trámite del proceso, se hallan resueltos. Más, la realidad nos
demuestra que no es así.”
Esta es la situación que origina la problemática, el procedimiento para
sustanciar un Juicio Ordinario de mayor cuantía, es demasiado largo, dilatado,
77
demorado, su términos, sus plazos, no permite una rápido acceso a la justicia,
se vulneran los derechos consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuando se declara que todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, y que tiene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, y
no se cumple por cuanto no se cumple con los preceptos constitucionales
del Sistema Procesal, cual es el acceso a una justicia oportuna y sin
dilaciones.
Se vulneran los derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica,
cuando se reconocen que los derechos esenciales del hombre no nacen
del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
por cuanto no hay concordancia entre la Constitución de la República
del Ecuador y su ley procesal civil.
Se vulneran los derechos que consagra el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando declara que cada
uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad
de los derechos aquí reconocidos y que así también se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna, por cuanto aún el legislador ecuatoriano no ha
presentado una reforma a la ley adjetiva civil.
Se vulnera los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
78
Civiles y políticos que reconocen que, con arreglo a la Declaración Universal
de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el
disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria,
a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales
y culturales, por cuanto con el procedimiento ordinario establecido en la ley
procesal no puede acceder al uso y goce de una justicia oportuna.
Se vulnera lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, cuando establece que Ecuador es un Estado de derechos y justicia
social y que la soberanía radica en el Pueblo, cuya voluntad es el fundamento
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la Constitución y que, es deber del
Estado por medio de sus respectivos organismos e instituciones, brindar
seguridad jurídica, una vida digna y una tutela judicial efectiva, por cuanto
la administración de justicia, aún no brinda un adecuado servicio judicial.
(Constitución del Ecuador, 2008)
Los Artículos 397, 398, 405 y 408 de la Codificación del Código de
Procedimiento Civil, no guardan armonía con los principios procesales
establecidos en el artículo 169 de la Constitución de la República del
Ecuador, sobre todo los de Celeridad y Economía Procesal, para poder
acceder a un procedimiento sin dilaciones. Así también el artículo 82 que
habla sobre la seguridad jurídica, ya que al no concordar la ley adjetiva
civil y la norma constitucional, no se concreta, en este procedimiento
ordinario, el respeto a la Constitución, éstas caminan separadamente, y no
hay la coordinación del mandato constitucional con el legal, con ello
también se vulnera los derechos y garantías constitucionales de los
justiciables.
De acuerdo con el análisis realizado se observa, que existe una crisis en la
79
administración de justicia, por lo que fue menester investigar esta problemática,
realizar un diagnóstico de la realidad contextualizada en la ciudad de Manta,
Ecuador, para plantear a su vez alternativas de solución, que permitan la
tramitación del juicio ordinario en forma adecuada, oportuna, con rapidez y
eficacia. Los tiempos modernos, las realidades presentes, la diversos Tratados,
Pactos y Convenios internacionales, la Constitución de la República del
Ecuador, y los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos,
consagrados en los principios del Sistema procesal, exigen una solución a
este fenómeno judicial.
Por los motivos expuestos es que se considera necesario presentar una
Propuesta de Reforma a la Codificación del Código de Procedimiento Civil, en
Ecuador, en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, en cuyo procedimiento se
deben reducir los términos para contestar una demanda y una posible
reconvención, que se reduzca el término de prueba y que al momento de
recurrir, el escrito de apelación contenga la fundamentación sobre los puntos
en que versa ésta.
1.3. MARCO REFERENCIAL
1.3.1. DERECHO COMPARADO
1.3.1.1. EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO EN LA LEGISLACIÓN
DE AMÉRICA DEL SUR.
1.3.1.1.1. Perú.- El Art 398 del procedimiento civil, establece que
presentada la demanda se dará aplicación a lo dispuesto en los capítulos I y II
del título VII del libro segundo. El término de traslado al demandado será de 20
días. El Art. 402 de la referida ley indica que una vez cumplida la audiencia
que trata el Art. 101, el juez a petición de parte o de oficio decretará las
80
pruebas que considere necesarias. En el auto que decrete las pruebas el juez
señalará el término de 40 días para que se practiquen. 92
Según el Art. 478 los plazos máximos aplicables a este proceso son: 10 días
para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la
notificación de la demanda o de la reconvención. Treinta días para contestar la
demanda y reconvenir. Diez días para ofrecer medios probatorios. 93
1.3.1.1.2. Argentina.- Según la legislación adjetiva civil argentina en su
Art. 338, presentada la demanda en la forma prescrita el juez dará
traslado de ella al demandado para que comparezca y la
conteste dentro de 15 días. Según el Art 358 propuesta la reconvención o
presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor
quien deberá responder dentro de 15 días. El Art. 367 establece el pazo
de producción de pruebas que será fijado por el juez y no excederá de 40
días.
1.3.1.1.3. Venezuela.- En la legislación procesal civil venezolana,
se determina 20 días para contestar la demanda según el Art
344.- " el emplazamiento se hará para comparecer dentro de los
veinte días siguientes a la citación del demandado, o del último de
ellos si fueren varios. El Art 392, dispone quince días de
prueba, si el asunto no debería decidirse sin prueba, para
promoverlas y treinta días para
evacuarlas.
1.3.1.1.4. CHILE
El juicio ordinario es el procedimiento declarativo o de cognición, de mayor
81
cuantía (superiores en valor a 500 U.T.M), de general aplicación y supletorio
respecto de los otros procedimientos, escrito y destinado a resolver en primera
instancia los conflictos que dentro del mismo se promuevan. Todo conflicto civil
que no tenga específicamente regulada su forma de tramitación y no se trate
de una acción que por su naturaleza requiere tramitación rápida se ve de
acuerdo a las normas del juicio ordinario.
Este tiene cuatro fases bien marcadas: 1. Discusión. 2. Conciliación
obligatoria. Prueba. 4. Sentencia.
Fase 1. Período de discusión.- Empieza en el día cero, los actos procesales
que se cumple son: Presentación de la demanda, esta puede ser
retirada, modificada o suplantada por una nueva. El día 1 empieza
etapa de emplazamiento, el demandado es notificado. El plazo es de 15
días, si la notificación es dentro de la comuna, asiento del tribunal.
Demandado debe contestar en 6 días y presentar excepciones, puede
reconvenir al accionante y este debe contestar en 6 días las pretensiones del
demandado, también se conceden 6 días para que el demandado conteste al
accionante sobre la reconvención propuesta.
Fase 2. Periodo de Conciliación.- En la segunda fase, el juez emite una
resolución citando a las partes a una Audiencia de Conciliación. Esta tiene
un plazo de 15 días. Si se concilia, juez dicta resolución y se puede
apelar de ella.
Fase 3. Periodo de Prueba.- En esta etapa de prueba, la ley procesal
chilena determina que si no hay controversia hay allanamiento se pide que
termine el pleito, el juez dicta sentencia y se puede apelar de la misma. Si
hay hechos que probar las partes tienen 20 días de término para la
práctica de diligencias probatorias. En los diez días siguientes las partes
pueden hacer observaciones a las pruebas rendidas.99
Fase 4. Período de Sentencia.- El juez ordena el cierre del debate. El
82
tribunal puede decretar de oficio medidas probatorias para mejor resolver.
Ordena también, que se cite a las partes para que en el plazo de 60 días
puedan oír la sentencia. La sentencia pone fin a la instancia, resolviendo
la cuestión objeto del juicio
1.3.1.2. EL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACIÓN DE FRANCIA
En Francia, esta clase de juicio comienza con una tentativa de conciliación
entre las partes, caso contrario el actor intima al reo para que comparezca,
ante el Juez, hasta aquí sin intervención judicial. El escrito de intimación
debe otorgar al demandado un plazo legal entre ocho y quince días, el cual
debe comparecer ante el tribunal por medio de procurador, notificando al
demandante la personería de este. Si no comparece el actor está facultado
para pedir una sentencia en rebeldía la cual será a su favor solo si logra
demostrar la justicia de su petición.
Si comparece, se agota la fase preparatoria del litigio y comienza en el proceso
la directa intervención judicial. Luego una de las partes pide que se inscriba
en el registro le da un número en la lista de pleitos. Existen dos medidas, uno
la designación de un Juez para seguir el procedimiento, el primero dirige
actividades de instrucción y el segundo forma los autos, después la audiencia,
pero entre la formación y la audiencia se da la citación, fijando en tres días los
puntos de hecho y de derecho. Las pruebas se practican como un incidente. Y
por último la confesión que se da por interrogatorio o mediante exploración en
letrados y oral, los testigos son poco importantes en los procesos
franceses. Los peritos si son bien aceptados, los documentos y el
reconocimiento judicial. Luego terminadas las alegaciones se dicta sentencia
que comprende la fundamentación y el fallo, que abarca el encabezado y los
antecedentes de hecho, que son compuestos por el abogado vencedor, y la
amabilidad de la sentencia produce la calidad de cosa juzgada.
83
1.3.1.3. EL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
La LEC regula, en el Libro segundo, los procesos declarativos normando, con
carácter general, que toda contienda judicial entre las partes, que no tenga
señalada en la ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso
declarativo (art. 248.1).
Los procesos declarativos ordinarios que contempla la LEC, el juicio
ordinario, el cual, junto con el juicio verbal (y, aunque con otra distinta
naturaleza, el proceso monitorio), es uno de los más profusamente utilizados
en dichos tribunales. Como es sabido, este proceso (al que ha de acudirse
para solventar los conflictos señalados cualitativamente en el artículo
249.1 de la LEC, y aquellos otros que cuantitativamente superen la barrera
de los seis mil euros) se desarrolla a través de una primera fase escrita de
alegaciones (la demanda y la contestación a la demanda) y de dos
ulteriores fases orales (la audiencia previa al juicio y, propiamente, el juicio
oral).
Todos y cada uno de los actos y trámites que conforman dichas fases
procesales se examinan con detalle desde una perspectiva
eminentemente práctica, lo que hace que, junto al inicial comentario doctrinal
explicativo, se incorpore una cuidada selección de la jurisprudencia más
relevante habida sobre este proceso civil ordinario, así como una útil serie de
formularios, esquemas y casos prácticos.
Existe un trámite previo, que es la conciliación ante un órgano municipal.
Se presenta un escrito ante el órgano jurisdiccional.
El escrito de demanda con la pretensión
Se examina la demanda (requisitos)
84
El plazo es de nueve días para contestar la demanda
Si no comparece el demandado se le llama Incurso en
desobediencia al juzgado (rebeldía).
Medidas cautelares, si comparece y formula oposición al actor o
formula excepciones dilatorias, el actor puede presentar otro escrito
ante las formulaciones del demandado.
La prueba es admitida por el juez con sujeción a las pretensiones de
los litigantes, y ocurren dos periodos: 1. Petición específica de
alguna prueba a su concesión si el juez lo estima oportuno. 2.
Verificación definitiva de cada prueba.
Medios de prueba: la personal, representada por el examen de
las partes y la declaración de terceros, documentos, reconocimiento
judicial y los indicios que son las presunciones.
Conclusiones, es una última alegación de las partes, que se hacer
por escrito.
Decisión final, la sentencia, que es una fórmula legal y de derecho y
una parte dispositiva que es el fallo. La sentencia adquiere
firmeza, inmutable por gozar de la correspondiente autoridad.
1.3.1.4. EL JUICIO CIVIL ORDINARIO EN ALEMANIA
El trámite comienza sin necesidad de previa conciliación, salvo en los
asuntos de escasa importancia ante los tribunales municipales. Se
presenta la demanda, sin perjuicio de su necesaria notificación a la otra parte,
un acto que ha de dirigir el órgano jurisdiccional, el cual procede a dicha
notificación. La demanda contiene la pretensión procesal ante un tribunal
85
colegiado, uno de los componentes que actúa como juez aislado, señala al
demandado plazo para comparecer que en principio tiene que allanarse dentro
de dos semanas siguientes a la notificación. Si el demandado no comparece
en tiempo y forma, el demandante puede pedir que se le condene en
rebeldía, exponiendo la justicia de su pretensión o bien que falle el asunto
tal como se encuentra por una sentencia que se atenga al estado actual de
los autos; si por el contrario el demandado comparece, el procedimiento
continúa formalmente mediante su participación en el fondo del litigio, que le
permite decidir la pretensión de su adversario. El trámite esencial es el debate
oral destinado a recoger y valorar el material litigioso que ha de servir pare el
fallo. Llegado el día para el debate oral tras el llamamiento especifico del
litigio, exponen las partes sus respectivas posiciones y en caso necesario,
cuando la prueba debe seguir a la alegación se dicta una resolución judicial
ordenándola y fijando sus extremos. Se reconocen en particular las pruebas de
naturaleza persona, real y de actividad (interrogatorio personal, documentos
públicos y privados y la inspección ocular), practicada la prueba el proceso
se encuentra en su último trámite, la sentencia.
1.3.1.5. EL PROCESO ORDINARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.
“En el sistema del Common Law, existen características muy particulares,
debido a la influencia que tiene el sistema de precedentes en el derecho
procesal, por encima del derecho escrito. Evolución natural que responde a
las necesidades específicas de tiempo y espacio; y no al desarrollo de
corrientes ideológicas o filosofía jurídica. Existe diversidad normativa tanto en
el Sistema Federal como en el Estatal. “
“El proceso ordinario se inicia con un "service of process", que es la notificación
al demandado de un acto judicial, llamado "summons". Esta no incluye
el objeto de la demanda. Se realiza la notificación legal, personal o por fijación
de una copia de la demanda en la casa del demandado”.
86
“Las partes presentarán los "pleadings (alegatos de hecho y de derecho), si
éstos se fundan únicamente en motivos de orden jurídico, se plantea una
"motion to dismiss the complaint" (excepción previa), ésta deberá ser notificada
al actor, (“answer)”.
En Ecuador esta figura se compara con la negativa de la demanda.
Hay similitud con la declaratoria de Rebeldía, en la cual se tiene por
contestada afirmativamente la demanda y el proceso continúa sin la
participación del demandado
“La función principal es en sí admitir o negar las alegaciones en su contra. Al
contestar negativamente la demanda, y se podrá interponer excepciones, las
"motions in point of law", mismas que pueden ser: a.- falta de jurisdicción
sobre la persona del demandado, b.-falta de jurisdicción sobre el objeto de la
causa, c.- inexistencia de acto escrito, d.-incapacidad o falta de interés sobre el
objeto de la causa, e.-prescripción de la demanda, f.-litispendencia. Puede
que el demandado incluya en su "answer" una "counterclaims"
(reconvención). En este caso el actor tiene derecho a un último "reply”
(alegato). En Ecuador, correspondería a la reconvención y a la réplica”.
“Debido a la oralidad y la corta duración de la misma, surgieron una serie de
inconvenientes sobre el manejo de la prueba por las partes. Es por ello, que
se ha dado importancia a la fase previa a la audiencia y las actuaciones de las
partes, que se desarrolla principalmente después del intercambio de
argumentaciones, y no será hasta ese momento que se pueda decir
con claridad que se ha trabado la litis y se haya definido completamente el
objeto de las pretensiones procesales que serán conocidas en el Debate”.
87
“Durante esta fase previa se identifica: el "discovery and inspection" que
corresponde a la preparación del material probatorio, y la Pre-audiencia,
se debe seguir dos principios básicos: 1.- Las partes deben tener la
posibilidad de establecer la existencia de material probatorio, evitando
así el elemento sorpresa en la audiencia. 2.- Los expedientes deben
permitir a las partes conocer todas las pruebas recopiladas por sus
adversarios, estos no deben ser utilizados de mala fe, ni obstaculizar la
actividad del adversario”.
“La recolección de pruebas se lleva a cabo sin la intervención del juez. Las
partes solicitarán la producción de documentos o testificaciones previas
directamente. El Juez interviene cuando exista controversia, a solicitud de
parte y quien resolverá mediante orden escrita al incumpliente en caso
de que proceda la solicitud. Las pruebas recopiladas durante esta fase
no se encuentran disponibles ante la Corte, se encuentran en posesión de
las partes y serán incorporadas durante la audiencia. Hay casos en que
se precisa un jurado”.
“La fase más importante del proceso de conocimiento: el Debate o Audiencia
misma que tendrá lugar únicamente en el caso que el demandado haya
contestado negativamente la demanda ya sea en forma parcial o total.
Las reglas a seguir en esta fase no son uniformes en todos los Estados.
No todas las causas utilizarán la figura del jurado; ya que las partes podrían
prescindir de éste si hay un acuerdo, o en el caso de que el objeto de
discusión no sea de naturaleza fáctica”.
“El juez de juicio es el único que podrá resolver asuntos de derecho. En
la Audiencia que se lleva a cabo con la participación de jurado, el juez será
quien presida la audiencia y decidirá sobre todas las providencias
necesarias para decidir sobre la conducción del debate, igualmente,
queda en sus manos decidir sobre si un asunto es cuestión de derecho
88
o de hecho, también será quien valore sobre si un material probatorio
determinado es suficiente para justificar la petición de que un jurado emita
un veredicto”.
Las peticiones de las partes son introducidas en el debate mediante la
forma de "Mociones" cuando se trata de asuntos relacionados con la
conducción del proceso, las cuales son dirigidas al juez en forma oral. En
cambio cuando se trata de objetar la introducción de prueba al debate,
estas manifestaciones de las partes se presentan como "Objeciones”.
- La audiencia iniciará con los argumentos de apertura, continua
con la presentación del material probatorio. Una vez ofrecida toda
la prueba, las partes pueden mocionar solicitando al juez que
ordene al jurado pronunciarse en una forma específica, y que en
caso de que el jurado emita un veredicto contrario, el juez puede
anularlo y dictar una resolución conforme con lo demostrado en la
audiencia. Concluidas las argumentaciones, el juez dará las
instrucciones al jurado y explicará a éste, cuales son las cuestiones
que han sido sometidas a Debate, y en qué orden deben ser
decididas. Terminadas las indicaciones el Jurado se deberá retirar
para que en privado procedan a la deliberación y emitan así un
veredicto, que será el fundamento de la resolución -.
- Los veredictos del jurado pueden ser generales o especiales:
Generales si la cuestión es final, y condenan al demandado al
pago de una suma específica por daños y perjuicios, Especiales si
el veredicto se limita a decidir sobre aspectos de hecho, y dejan en
manos del juez determinar las cuestiones legales.
- El veredicto nunca será motivado. Se limita o a resolver una
cuestión de hecho, o bien a imponer un monto indemnizatorio. En
89
relación con los pronunciamientos en los que no existe
intervención del jurado, tampoco existirá obligación de motivar la
resolución. Igualmente, en la etapa de apelación las resoluciones
no serán motivadas y se limitarán a confirmar o anular la
resolución del juez inferior.107 A diferencia de Ecuador, en donde
por mandato constitucional, sí hay que motivar los fallos.
Como se pude observar, el Derecho comparado nos permite saber el
procedimiento que se aplica en otros países, y también se ha podido
determinar que en países como Chile, tiene en su normativa adjetiva civil,
un plazo de 6 días para contestar, un plazo de 6 días para reconvenir y
un plazo de 6 días para contestar la reconvención, por lo que podemos
resumir que la reducción de los términos que se está proponiendo en este
estudio investigativo se puede aplicar a la ley procesal civil ecuatoriana.
1.3.2. CONCLUSIONES PARCIALES
1. El procedimiento en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, presenta
una estructura que establece plazos y términos muy largos y
extensos, dilatando los procesos.
2. Existe retardo en el Sistema Procesal, por cuanto no se observan
ni se aplican las disposiciones legales establecidas en la
Constitución de la República, por parte de administradores de
justicia.
3. Las disposiciones legales establecidas en los Arts. 397, 398, 405
y 408 del Código de Procedimiento Civil, que determinan los
términos para la contestación a la demanda, reconvención,
apertura de causa de prueba y fundamentos de la apelación,
vulneran los derechos y garantías constitucionales de los
justiciables.
90
CAPITULO II
2. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR INVESTIGADO
Este Proyecto de Investigación surge a través de la detección de un
problema factible a solucionar en el ámbito jurídico como es el caso del
Juicio Ordinario de mayor cuantía, por tal motivo se verificó que las variables
del tema en investigación correspondían para su aprobación.
Algunos autores han realizado investigaciones sobre la necesidad de
reformar el procedimiento en el juicio ordinario de mayor cuantía,
proponiendo se determinen plazos y términos más cortos y la oralidad de
este proceso, otros, han propuesto investigar las estadísticas de los
procesos ordinarios y su duración, otros han analizado las casuísticas,
etc. El presente estudio científico, se centró en la investigación de la
realidad existente en la ciudad de Manta, Ecuador, relacionado al
procedimiento ordinario y su tramitación lenta y dilatada debido a los
términos y plazos establecidos.
2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El tema de investigación sobre el Juicio ordinario de mayor cuantía se
fundamenta filosóficamente con un enfoque lógico formal, enmarcado en los
Derechos Humanos, considerando al procedimiento ordinario como el
factor de la problemática para los justiciables, dado que estos ciudadanos
tiene derechos a la justicia- La norma constitucional tiene un
delineamiento de contenido axiológico en la arbitrariedad y abuso del
derecho.
91
2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se aplicó las siguientes tipos de investigación:
(a) De campo: Se realizó un estudio que nos permitió la participación
real, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la
fenomenología en consideración. Por lo cual establecimos las relaciones
entre la causa y el efecto;
(b) Cualitativa: Se recopiló información bibliográfica que permitió obtener
información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus
implicaciones, con el objeto de dar una visión de cómo opera y cuáles son
sus características.
(c) Cuantitativa: Se obtuvo datos estadísticos que permitieron obtener
información directa de la fuente a través de las encuestas.
2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.4.1. MÉTODOS
Se utilizó para el desarrollo de la investigación el método bibliográfico, en
el cual se agrupó la información encontrada en textos, descriptiva,
investigativa y analítica, la cual fue necesaria para la realización de
esta investigación y además el método inductivo y deductivo,
porque se pudo analizar la problemática, exhibiendo los hechos o
variables y su conexión, a través de la inferencia inductiva.
92
Método Bibliográfico: Por este método se desarrolló el análisis de
documentos, libros, textos que permitieron tener la información pertinente al
tema.
Método Inductivo: Por este método se obtuvo conclusiones generales a
partir de premisas particulares, a través de la observación de los hechos, su
registro, clasificación y análisis.
Método Deductivo: Una vez obtenido los datos generales aceptados como
válidos, se dedujo por medio del razonamiento lógico, hipótesis a fin de
aplicarla al caso y comprobar así su validez.
Método Estadístico: Se utilizó los procedimientos pertinentes que
posibilitaron el manejo o control de los datos cualitativos y cuantitativos
obtenidos dentro de la investigación
2.4.2. TÉCNICAS
La compilación de los datos, radica en el juicio de explícitos objetos, por
medio de la apreciación o impresión, por ello en esta investigación se utilizó
la técnica de:
Encuestas a los abogados de libre ejercicio en el área procesal
civil
2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.5.1. POBLACIÓN
El cálculo de la muestra se establece de acuerdo a la siguiente fórmula,
caracterizada por los abogados en libre ejercicio profesional especializados
93
en derecho procesal en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, Ecuador
Z = es el nivel de confianza(al 90%)
= 1.64 e = error de estimación (10%)
P = probabilidad a favor (60 %) Tc = 25 % anual
Q = probabilidad en contra (40%)
N o CP = población de abogados a
estudiar n = número de encuestas a
realiza.
n = Z2 PQN
Ne2
+Z2
PQ
n = (1, 64)2 (0, 6) (0,4) 550
550 (0, 10)2 + (1, 64)2 (0, 6) (0, 4)
n = 57.77 encuestas.
Redondeando se tendrían que realizar un total de 58 encuestas.
94
2.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
2.6.1 RESULTADO DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ABOGADOS EN
EJERCICIO PROFESIONAL, EN DERECHO PROCESAL CIVIL
PREGUNTA No.1.-
¿Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, establece plazos y términos que son demasiado amplios?
Tabulación Pregunta #1
Item Cantidad Frecuencia
SI 52 87,93
NO 6 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA:
A la primera pregunta planteada, 52 personas correspondiente al 89,66 % de los Encuestados respondieron que SI son muy amplios los plazos y términos del Código de Procedimiento Civil, en el juicio ordinario de mayor cuantía y 6 personas lo cual corresponde al 10,34 % de los encuestados dijeron que NO son amplios los términos y plazos.
95
PREGUNTA 2
¿Considera usted que para contestar la demanda y/o posible reconvención en el Juicio Ordinario de mayor cuantía serían suficiente los ocho días de término para cada una?
Tabulación Pregunta #2
Item Cantidad Frecuencia
SI 51 87,93
NO 7 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA:
Para esta pregunta 51 personas lo cual corresponde al 87,93 % de los encuestados respondieron que SI, para contestar la demanda y/o posible reconvención en el Juicio ordinario de Mayor cuantía serían suficiente los ocho días de término para cada una , y 7 personas correspondiente al 12,07 % de los encuestados respondieron que este tiempo NO es suficiente.
96
PREGUNTA No, 3
¿Considera usted que en el Juicio Ordinario de mayor cuantía el término
de prueba suficiente, sería de o c h o días?
Tabulación Pregunta #3
Item Cantidad Frecuencia
SI 50 86,21
NO 8 13.79
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0,00
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA:
A la tercera pregunta planteada el 50 personas correspondiente al 86,21% de los encuestados respondieron que SI serían suficientes los ocho días para el término de pruebas en el juicio Ordinario de mayor cuantía, y 8 personas lo cual corresponde al 13,79% de los encuestados dijeron que NO están de acuerdo con este término.
97
PREGUNTA No. 4
¿Considera usted que el término para formalizar el recurso
de apelación, en el Juicio ordinario de mayor cuantía, es
también demasiado largo?
Tabulación Pregunta #4
Item Cantidad Frecuencia
SI 51 87,93
NO 7 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0,00
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA: para esta pregunta 51 personas lo cual
corresponde al 87,93 % de los encuestados respondieron que SI
son demasiado largo el término para formalizar el recurso de apelación,
en el Juicio ordinario de Mayor cuantía, y 7 personas
correspondiente s al 12,07 % de los encuestados respondieron que NO
es demasiado largo el término.
98
PREGUNTA NO. 5
¿Considera usted que los actuales términos en el Juicio Ordinario
de mayor cuantía, atenta contra los principios de Celeridad y Economía Procesal?
Tabulación Pregunta #5
Item Cantidad Frecuencia
SI 51 87,93
NO 7 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0,00
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA:
Para esta pregunta 51 personas lo cual corresponde al 87,93 % de los encuestados
respondieron que los plazos SI atentan contra los principios de Celeridad y Economía
Procesal, y 7 personas correspondiente al 12,07 % de los encuestados
respondieron que NO.
99
PREGUNTA No. 6
¿Considera usted que la formulación del recurso debe ir en el mismo escrito
en el que se está recurriendo de la sentencia?
Tabulación Pregunta #6
Item Cantidad Frecuencia
SI 45 77,59
NO 12 20,69
SE ABSTUVO RESPONDER 1 1,72
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA: para la pregunta número 6, 45 personas lo
cual corresponde al 77,59 % de los encuestados respondieron que SI, la
formulación del recurso deber ir en el mismo escrito en el que se está
recurriendo de la sentencia en el Juicio ordinario de Mayor cuantía, y 12
personas correspondiente al 20,69% de los encuestados respondieron que
NO debe formularse el recurso en este escrito. Una persona se abstuvo de
responder
100
PREGUNTA No. 7
¿Considera usted que los términos señalados en las preguntas
anteriores pueden concretarse mediante reformas al código de Procedimiento Civil?
Tabulación Pregunta #7
Item Cantidad Frecuencia
SI 51 87,93
NO 7 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0,00
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA: para la pregunta número 7, 51 personas lo cual
Corresponde al 87,93 % de los encuestados respondieron que SI, las preguntas
anteriores pueden concretarse mediante reformas al Código de Procedimiento
Civil, y 7 personas correspondiente al 12,07 % de los encuestados respondieron
que No pueden concretarse mediante estas reformas.
101
PREGUNTA No. 8
¿Considera usted que las reformas antes indicadas garantizarían los
principios de Celeridad y Economía procesal?
Tabulación Pregunta #8
Item Cantidad Frecuencia
SI 51 87,93
NO 7 12,07
SE ABSTUVO RESPONDER 0 0,00
TOTAL 58 100
INTERPRETACIÓN TEÓRICA: para la pregunta número 8, 51 personas lo cual
corresponde al 87,93 % de los encuestados respondieron que SI, que las reformas
antes indicadas garantizarían los principios de Celeridad y Economía Procesal en el
Juicio Ordinario de mayor cuantía, y 7 personas correspondiente al 12,07 % de los
encuestados respondieron que No garantizarían estos principios.
102
2.6.2. CONCLUSIONES PARCIALES
1. Son amplios los plazos y términos establecidos en el procedimiento civil ordinario ecuatoriano y sería suficiente un término de ocho días para contestar la demanda y/o posible reconvención.
2. Sería suficiente que el término probatorio tenga un término de ocho
días y que es muy largo el término para formalizar el recurso de apelación, por lo que debería ir en el mismo escrito donde se recurre.
3. En el Juicio Ordinario de mayor Cuantía, los plazos y términos amplios y largos pueden acortarse mediante reformas al Código de Procedimiento Civil, para garantizar los principios constitucionales de Celeridad y Economía Procesal
103
CAPITULO III
3. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.
3.1. DATOS INFORMATIVOS
Esta propuesta nace de la necesidad de acoplar la Ley adjetiva civil
ecuatoriana a la normativa constitucional, de los tiempos actuales,
fundamentada en la doctrina, los tratados internacionales de Derechos
humanos, la legislación comparada, el neo constitucionalismo, a fin de
establecer un verdadero acceso a la justicia, basado en normas legales que
determinen un procedimiento adecuado y oportuno a los justiciables, con
plazos y términos ágiles, que cumplan la finalidad de la justicia.
Esta propuesta de reforma al Código Procesal Civil se propone:
1.- Acortar a ocho días el término para contestar la demanda,
2.- Acortar a ocho días, el término de la posible reconvención,
3.- Acortar a ocho días el término probatorio
4.- Establecer que en el escrito de Apelación de la sentencia de primera
instancia, se incluya la fundamentación de los puntos sobre la que versa la
misma.
104
3.1.1 TITULO DE LA PROPUESTA
ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA ACORTAR LOS PLAZOS Y
TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO DE
MAYOR CUANTÍA
3.1.2. TIPO DE PROPUESTA
Anteproyecto de Ley
3.1.3 RESUMEN EJECUTIVO
La presente propuesta ha sido elaborada con el objeto de contribuir a la
actualización del Derecho Procesal Civil ecuatoriano, pero sobre todo a la
necesidad que surge de modernizar del procedimiento del juicio ordinario de
mayor cuantía, fundamentalmente con el propósito de concordar sus leyes a la
normativa constitucional, en cumplimiento a los postulados del artículo 424 que
habla de la Supremacía Constitucional.
En este estudio investigativo se hizo uso de herramientas metodológicas como
son el método deductivo-inductivo, investigación científica, lectura y
observación. Se aplicó la técnica de la encuesta para la recolección de datos,
sobre una muestra de la población de profesionales en el libre ejercicio, en el
área procesal civil. Los resultados obtenidos fueron relevantes favoreciendo la
propuesta de reforma planteada.
105
3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta va dirigida a un grupo de justiciables, que demandan
reclamaciones en vía ordinaria de mayor cuantía, básicamente se trata
acortar el tiempo en el procedimiento para que los involucrados tengan
mejor acceso a la justicia.
3.1.5 PROBLEMA A RESOLVER
Con la reforma legal se resolverá el problema del tiempo que aqueja a los
justiciables y la concordancia de la ley con los principios constitucionales de
Celeridad y Economía Procesal.
3.1.6. ANÁLISIS CONTEXTUAL
La propuesta se fundamenta en los principios constitucionales del Celeridad
y Economía Procesal, cuyo incumplimiento por parte del sistema procesal,
se debe a la estructura con la que el procedimiento ordinario civil,
contiene, dejando a los reclamantes de un derecho, en la
incertidumbre por los demorados de los procesos.
3.1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.
Se justifica la propuesta ante la necesidad de determinar mecanismos
para actualizar el Derecho Civil procesal en el Ecuador, para el acceso
de los justiciables a una administración de justicia ágil y oportuna.
106
3.1.8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El Juicio Ordinario de mayor cuantía: Celeridad y Economía Procesal, tiene
una naturaleza jurídica constitucional, que se fundamenta en los derechos
humanos, derecho de igualdad y de justicia, para obtener un acceso a una
justicia célere.
3.1.9. FINALIDAD DE LA PROPUESTA
Actualizar la Ley de Procedimiento Civil acorde con la Constitución de la República del Ecuador.
3.1.10. OBJETIVO
1.- Acortar a ocho días el término para contestar la demanda,
2.- Acortar a ocho días, el término de la posible reconvención,
3.- Acortar a ocho días el término probatorio
4.- Establecer que en el escrito de Apelación de la sentencia de primera
instancia, se incluya la fundamentación de los puntos sobre la que versa la
misma.
3.1.11. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Ciudadanía ecuatoriana, principalmente las personas que pretenden el
reconocimiento de un derecho en la vía judicial ordinaria.
3.1.12. METODOLOGÍA
Proyecto factible.
107
De carácter diagnóstico: Conocimiento del problema
De solución: Propuesta de solución.
Este tipo de metodología se caracteriza por resolver
problemas puntuales y llegar a determinar la vialidad del presente
trabajo determinando la propuesta.
108
ANTEPROYECTO DE LEY
HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona, y que toda persona tiene el derecho de acceso,
entendiéndose inclusive el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país,
Que, en el Pacto de San José de Costa Rica, se reconocen que los
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos,
Que, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, se determina que cada Estado Parte se compromete a adoptar
109
medidas, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos y se comprometen a
garantizarlos en el ejercicio que en él se enuncian, sin discriminación
alguna,
Que, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos
reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de
las libertades civiles y políticas, y liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos
económicos, sociales y culturales,
Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que Ecuador es un estado de derechos y justicia social y que
la soberanía radica en el Pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las
formas de participación directa previstas en la Constitución y que es deber
del Estado por medio de sus respectivos organismos e instituciones, brindar
seguridad jurídica.
Que el artículo 75 de la Constitución del Ecuador señala que toda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad.
Que, la garantía normativa contenida en el artículo 84 de la Constitución
establece la obligación para todo órgano con potestad normativa de
adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los
110
derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y
los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de
las comunidades, pueblos y nacionalidades,
Que, el sistema procesal es un medio para la realización de justicia y que
las normas procesales consagrarán los principios de simplicidad,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal,
Que, el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o
inadecuada administración de la justicia, violación del derecho a la tutela
judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido
proceso.
Que, los Arts. 397, 398, 405 y 408 del Código de Procedimiento Civil,
vulneran los derechos y garantías constitucionales de los justiciables, al
mismo tiempo que atentan contra el espíritu de los principios procesales
de Celeridad y Economía Procesal, establecidos en el art, 169 de la
Constitución de la República del Ecuador, lo cual no permite el acceso a
un procedimiento civil ordinario sin dilaciones.
Que, es necesario realizar una reforma la Codificación del Código de
Procedimiento Civil, en Ecuador, en el Juicio Ordinario de mayor cuantía,
en cuyo procedimiento se deben reducir los términos para contestar una
demanda y una posible reconvención, que se reduzca el término de
prueba y que al momento de recurrir, el escrito de apelación contenga la
fundamentación sobre los puntos en que versa ésta.
La Asamblea Nacional en uso de sus facultades establecidas en el
Art.120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide
la siguiente:
111
LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO.
TÍTULO II
DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS JUICIOS
Sección 1a. Del juicio ordinario
Parágrafo 1ro. De la primera instancia
Art. 1.- Sustitúyase en el Art. 397, las palabras “quince días” por: “ocho
días”. Art. 2.- Sustitúyase en el Art. 398, las palabras “quince días” por: “ocho
días. Art. 3.- Sustitúyase en el Art. 405, las palabras “diez días” por: “ocho
días”.
Art. 4.- Refórmese el Art. 408 de la Codificación del Código de Procedimiento
Civil, el mismo que establecerá lo siguiente:
El Art. 408 dirá: En caso de apelación el recurrente deberá determinar
explícitamente los puntos a los que contrae el recurso, de no hacerlo el juez
no lo concederá.
Art. final… Quedan derogadas todas las normas que se opongan a esta
reforma, la que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
F) Gabriela Rivadeneira
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
112
CONCLUSIONES PARCIALES
El procedimiento ordinario civil ha originado crisis en la
administración de justicia.
Los Tratados, Convenios y Pactos internacionales, declaran que las
personas son sujetos de derecho y que los Estados parte, deben
reconocerlo en la normativa constitucional.
La Constitución de la República del Ecuador tiene una normativa
jurídica que es garantista de los derechos ciudadanos, por lo tanto
garantiza el acceso el derecho a una justicia célere, sin
dilataciones.
Es necesario una reforma al procedimiento civil ordinario.
113
CONCLUSIONES GENERALES:
En Ecuador, el Juicio Ordinario o proceso común, históricamente
remonta al Derecho Romano, por lo que su procedimiento con
términos largos y dilatados, ha originado un problema social,
económico y jurídico.
El Juicio ordinario aún se tramita por escrito y aunque,
considerado garantista por permitir a las partes probar los
hechos y ejercer su defensa en plazos más amplios, en la realidad
es un código de hace más de un siglo, se ha vuelto lento e ineficaz.
En las unidades judiciales se encuentran amontonados los procesos
sin sustanciación por lo demorado del procedimiento, muchos de los
cuales quedan abandonados.
La ley de procedimiento civil, en el juicio ordinario de mayor cuantía,
no es concordante con la normativa constitucional en relación a
los principios de celeridad y economía procesal.
El Estado ecuatoriano es garante de los derechos y garantías
constitucionales de los ciudadanos, entre ellos la tutela judicial
efectiva.
El Sistema Procesal establecido en el marco constitucional contiene
los principios sobre los cuales debe basarse la administración de
justicia.
El legislador ecuatoriano debe proponer proyectos de reformas a la
ley adjetiva civil.
114
RECOMENDACIONES:
El Estado, a través de la Asamblea Nacional, debe procurar el
análisis del código de procedimiento civil, en cuanto al procedimiento
ordinario a fin de proponer Proyectos de Reforma acortando plazos y
términos para la sustanciación de los procesos.
El Poder Judicial debe estar en constante control y evaluación de
sus tribunales para poder así promover las reformas necesarias
encaminadas a garantizar el Derecho Constitucional de las partes a
una pronta y cumplida justicia,
Los Administradores de justicia deberían dar cumplimiento a los
plazos y términos establecidos, con el fin de evitar retardación de
justicia, ya que de nada serviría una reforma o modificaciones en
cuanto a la reducción de éstos, si no se cumplen
Que se apruebe la presente propuesta de Ley Reformatoria, que
hace una modificación a los términos acorde con los principios del
Sistema Procesal: celeridad y economía procesal
BIBLIOGRAFÍA
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Código de Procedimiento Civil. (2012). Art. 490. Quito: Editorial Jurídica
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Palacio, L. E. (2009). Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires:
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Tama, M. (2010). El Recurso de Casaaciòn. Ecuador: Editorial Edilex
S.a. Pág. 31-31. .
ANEXOS
Anexo 1.- Formato de Encuesta.
Universidad Regional Autónoma de los Andes y Universidad de Guayaquil Programa de Postgrado: Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil
Tema de la Tesis: “EL JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA:
CELERIDAD Y ECONOMIA PROCESAL”
Situación problemática: En Ecuador y en el mundo, el procedimiento en el Juicio Ordinario de
mayor cuantía establece términos y plazos amplios y largos, originando un problema en la
administración de justicia. Esta situación obedece a diversos factores como son: la estructura
de la norma jurídica, dilatación de los términos procesales, demoras en el dictado de
providencias, incumplimiento y falta de aplicación de los principios de administración de
justicia establecidos en la Constitución, dando como consecuencia un inadecuado servicio a
los justiciables y una mala imagen para la función judicial.
Objetivo: Elaborar un Anteproyecto de reforma al Código de Procedimiento de Civil
que establezca en el Juicio de Ordinario de mayor cuantía, los términos de ocho días para
contestar la demanda o la eventual reconvención, a ocho días el término de prueba y que al
momento de recurrir, se incluya la fundamentación en el escrito de apelación, para garantizar
los principios de Celeridad y Economía Procesal.
Cuestionario dirigido a abogados en libre ejercicio profesional en el área civil del Cantón Manta Fecha:
Instrucciones: Por favor, lea atentamente las preguntas y marque con X la respuesta que considere pertinente. Gracias.
1. ¿Considera usted que el Código de Procedimiento Civil, en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, establece plazos y términos que son demasiado amplios?
SI NO
2. ¿Considera usted que para contestar la demanda y/o posible reconvención en el
Juicio ordinario de mayor cuantía serían suficiente los ocho días de término para cada una?
SI NO
3. ¿Considera usted que en el Juicio Ordinario de mayor cuantía el término de prueba suficiente, sería de ocho días?
SI NO
4. ¿Considera usted que el término para formalizar el recurso de apelación, en el Juicio ordinario de mayor cuantía, es también demasiado largo?
SI NO
5. ¿Considera usted que los actuales términos en el Juicio Ordinario de mayor cuantía, atenta contra los principios de Celeridad y Economía Procesal?
SI NO
6. ¿Considera usted que la formulación del recurso debe ir en el mismo escrito en el
que se está recurriendo de la sentencia?
SI NO
7. ¿Considera usted que los términos señalados en las preguntas anteriores
pueden concretarse mediante reformas al código de Procedimiento Civil?
SI NO
8. ¿Considera usted que las reformas antes indicadas garantizarían los principios de
Celeridad y Economía procesal?
SI NO