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Lunes 23 de Enero de 2017

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Una de sheriffs Pasamos de la ciudad más pequeña a la más grande del país. La semana pasada, en pleno enero, una despoblada Plaza de Mayo era atravesada a las ¡7 de la mañana! por una comitiva. La encabezaba el intendente de Ezeiza, Alejandro Santiago Granados, quien iba a reunirse con el ministro de Infraestructura de María Eugenia Vidal. Roberto Gigante lo recibió en el Banco Provincia, de donde Granados salió con una sonrisa de bigote a bigote. Se ve que al “Sheriff” le fue bien con el hombre de la obra pública bonaerense porque a la noche, pidió que prepararan la mejor mesa de su restaurant para agasajar a un amigo: Miguel Ángel Gil Marín, capo del Atlético de Madrid. Allí, Granados contó que también había estado con Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia, y con Sebastián García De Luca, viceministro del Interior. Tanta algarabía del peronista por sus relaciones macristas era observada desde otra mesa de “El Mangrullo”, por Edgardo Bauzá y Guillermo Cóppola. ¡Qué ensalada!

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Pese a que el agua que inundó el noroeste bonaerense comenzó a bajar, lo que da un panorama tranquilizador en los centros urbanos, persiste el anegamiento de los campos y se mantiene el alerta por si el drenaje del agua eleva la amenaza, informaron funcionarios bonaerenses, quienes describieron la situación como en un “compás de espera” para las localidades pertenecientes a la Cuenca Arrecifes, tanto en Salto -donde el agua baja tres centímetros promedio por hora- como en Arrecifes, donde se mantiene estable. En las localidades involucradas con el Canal Arrecifes, donde el río Arrecifes cambia su denominación según las ciudades adonde ingresa, la creciente comenzó a bajar aunque continúa el alerta. En Arrecifes, donde se espera que drene el caudal de agua que baja desde la ciudad de Rojas pasando por Salto, mantienen un alerta “día a día”, aunque con perspectiva más “estable”. El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, dijo que la situación se “estabilizó” y que el río “ha subido muy poquito”, y confió en que “en poco tiempo debería empezar a bajar”. Actualmente, la ciudad tiene 120 evacuados en los centros de evacuación y 50 autoevacuados.

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Uno tras otro, dispuestos en hilera a centímetros del camión cisterna, baldes y bidones “esperaban turno” para ser llenados de agua en Hernández, donde el vital recurso es tan escaso por estos días que el Municipio y el Ejército Argentino tuvieron que desplegar un operativo para proveerles al menos algunos litros para salir del paso. En rigor fueron 4 mil litros de agua y 50 bidones diarios los que ayudan a las familias de la zona a aliviar, aunque sea un poco, el calvario que vienen padeciendo desde principios de mes por los recurrentes cortes en el suministro de agua potable.

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“No podemos seguir así. Absa tiene que hacer algo por nosotros. Pagamos el servicio como cualquier usuario y tenemos que venir a buscar agua con baldes para poder lavar un plato”, se quejó Herminia Suárez, una frentista que aguardó pacientemente bajo un sol furioso que le llenaran el recipiente con un poco de líquido. “Somos una familia numerosa, con dos o tres baldes la verdad que no nos alcanza para nada. La empresa nos tiene que dar una solución porque no sale una gota”, dijo otra vecina que está sin suministro. Este fin de semana los operativos de distribución -con los que colaboró la Policía local- se desplegaron en calle 29 entre 512 y 513; 27 y 512 bis; 134 y 518. La semana anterior se habían ejecutado en 512 y 28 bis de José Hernández; y en 137 entre 64 y 65; 144 y 58; y 142 y 60, de Los Hornos, donde Absa ya anunció el inicio de obras. El subsecretario de Atención de Riesgo, Fernando Carlos, explicó que “existe un protocolo para que una vez detectado el problema, la Municipalidad solicita a la empresa ABSA que aporte respuestas sobre el déficit en el servicio y genere acciones para solucionarlo”. “Más allá de eso, desde el Municipio coordinamos con el Ejército y tras realizar relevamientos en los lugares, disponemos a cada uno de los barrios los aguateros correspondientes para dotarlos de este vital servicio en estos meses de altas temperaturas”, expresó el funcionario.

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El comienzo del año -caracterizado por una intensa ola de calor- encuentra a no pocas viviendas platenses sufriendo el verdadero martirio de la falta de agua, en una situación que se vino agudizando en las últimas semanas y que, en realidad, refleja fielmente las deficiencias de un servicio condicionado por su extrema fragilidad. En las últimas jornadas fueron vecinos de la localidad de Hernández los que carecieron de suministro y no dispusieron, literalmente, de una gota de agua para refrescarse o consumir. Tal como se informó, una falla en una válvula de la estación que abastece la zona fue la que ocasionó la escasez del servicio esencial y que derivó en el reclamo de los usuarios afectados. En ese contexto, con más de 30 grados sostenidos durante todo el día, no fueron pocos los moradores que eligieron dejar el barrio y mudarse este fin de semana a viviendas de familiares y amigos que tenían servicio y pileta para contrarrestar el fuego del termómetro de un enero sofocante. Para este caso concreto, fuentes de la empresa ABSA confirmaron que se produjo un inconveniente técnico con una válvula de 12 y 514, que fue reparada, para asegurar que con el correr de las de las horas la situación se vaya normalizando. Agregaron, asimismo, que se realizan recorridas diarias de las instalaciones y que las fallas, por ello, se detectan en forma inmediata, sin que se cierren a propósito las válvulas salvo que se trate de una maniobra específica para poder hacer una reparación. A rasgos generales, no puede dejar de señalarse que mientras distintos vecindarios carecen de un servicio constante de agua, en otros sitios se registran pérdidas que son de magnitud y que se mantienen durante muchos días. Se ha dicho en forma reiterada en esta columna que resultan paradójicas las penurias que sufre nuestra población, asentada, como las de Berisso y Ensenada, a orillas del estuario de agua dulce más vasto del mundo. Sólo el transcurso de muchos años sin realizar ningún tipo de inversión sobre las plantas de toma y las redes de distribución pueden explicar semejantes deficiencias. Pero al mismo tiempo, no puede dejar de mencionarse la incidencia que causa la sucesión de apagones y cortes prolongados del servicio eléctrico, tales como pérdida de alimentos y medicamentos, incomunicación, incremento de los márgenes de inseguridad por la oscuridad reinante, interrupción de tratamientos para problemas de salud, entre muchos otros de enorme gravedad. Pero, acaso, el mayor trastorno de todos resida en que queda inutilizada la distribución de agua. Lo cierto es que servicios esenciales, como son los de distribución de agua y energía eléctrica, no pueden fallar en modo alguno. Y resulta ciertamente abusivo que –tal como lo señalan los reiterados testimonios vecinales- estas fallas ocurren acompañadas, paradojalmente, por fuertes incrementos en las tarifas del servicio. Lo que vino ocurriendo en estos meses reviste la gravedad suficiente como para que las autoridades no aguarden un día más en la puesta en movimiento de políticas estructurales eficaces, destinadas a que se resuelva cuanto antes los graves problemas que enfrentan los vecinos cuando carecen de servicios tan esenciales.

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En los últimos días, la llegada de los picos de calor estival trajo consigo un agravamiento notorio en la situación sanitaria de un tramo ribereño del arroyo el Gato. Hasta hace poco sede de un asentamiento, hoy permanecen los restos de ese barrio informal demolido para avanzar en obras hidráulicas, y los vecinos denuncian que la proliferación de plagas es preocupante. A la altura de 3 y 514, y en sus inmediaciones, los perros callejeros merodean y los roedores e insectos se multiplican, entre escombros, tablas, chapas, placas de cartón, restos de instalaciones sanitarias improvisadas y bolsas plásticas rotas con basura que se pudre al sol. En ese tendal, los pastizales se desarrollan a ritmo acelerado, a metros del curso de agua más contaminado de la Región. “Hace un mes que los restos de las casillas están tirados a la vera del arroyo” recuerdan quienes habitan esa zona de Ringuelet, donde se sitúa el único puente vial entre los de la autopista Ricardo Balbín y la avenida 7: “exigimos que se levante toda la mugre porque es un enorme nido de ratas”. “No podemos estar hablando de concientizar acerca del hantavirus, el dengue y otras enfermedades y después dejar a la gente conviviendo con estos basurales”, advirtió el dirigente comunitario Pablo Pérez, quien puso en relieve que “a metros de todo este estropicio funciona un hogar de niños”. “Hace un mes que estamos con este problema, y obviamente es un imán para que los nenes se metan donde no les conviene” acotó Cristian, otro de los vecinos. La mudanza de las familias que habitan a orillas del arroyo El Gato, a su paso por Ringuelet -que culminaría, de acuerdo con las autoridades, a fines del primer cuatrimestre de este año-, es parte crucial del mega-proyecto hidráulico en ejecución como respuesta a las trágicas inundaciones de abril de 2013, ya que permitirá avanzar con el ensanchamiento del cauce. “La gente de esta zona empezó a movilizarse el año pasado, cuando empezaron con la mudanza de las familias y las demoliciones, porque no es la primera vez que los restos quedan tirados durante días” subrayó Pérez: “se forman enormes focos infecciosos, de los que la Municipalidad y la Provincia no pueden desentenderse porque son temas de responsabilidad social y salubridad”. Quienes vivan junto a las aguas negras y pestilentes del arroyo serán relocalizados en casas de dos o más dormitorios, erigidas sobre lotes de unos 200. Hace dos años, los primeros relevamientos a la vera del arroyo El Gato revelaron que para poder ensanchar el cauce a 40 metros allí donde hoy promedia los quince a veinte -entre las vías del ferrocarril Roca y el Centenario- había que desalojar a unas 400 familias.

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Es un ciclo de lluvia, inundación, el agro que culpa al clima, millonarias pérdidas económicas, el gobierno ofrece subsidios y promete obras. Y el círculo reinicia en el próximo temporal. Sucede de forma periódica y, estas semanas, tocó a regiones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “No es el clima, es el modelo agropecuario”, resumió la ONG Naturaleza de Derechos, dedicada al derecho ambiental. En el mismo sentido apuntaron organizaciones socioambientales que recordaron que, agronegocios mediante, Argentina es líder mundial en desmonte. Estudios muestran la influencia del cambio del uso del suelo. El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Lo precisó una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), difundida por este diario en abril pasado, cuando zonas de Córdoba y Buenos Aires sufrieron inundación. Nicolás Bertram, del INTA Marcos Juárez (Córdoba), uno de los autores del trabajo, remarcó que “los excesos hídricos no se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente”. “Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?”, es el título del trabajo académico (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables. Bertram lo explicó: “La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro de la superficie. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”. En 2015, frente a una inundación en Córdoba, el entonces gobernador José Manuel de la Soja culpó a la naturaleza: “Fue un tsunami que vino del cielo”. Ante los actuales anegamientos, la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid, empresarios del agronegocio y del modelo transgénico) dijeron: “Catástrofe climática. Las inundaciones en el centro del país, producto del temporal, dejaron al agro en alerta roja”. Horacio Brignone, de la campaña Paren de Fumigar (con agrotóxicos) de Santa Fe denunció que las autoridades sólo tomen como interlocutor al sector del agro: “Ante las inundaciones, subsidian al sector responsable de las mismas. Parece que al agua la van a parar con subsidios, exportaciones y ‘producción’. Hacen siempre lo mismo y esperan resultados diferentes”. Y compartió el comunicado del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), parte de la Campaña Paren de Fumigar: “El modelo agrobiotecnológico agrava las inundaciones. La aplicación del paquete de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa significó la subida de las capas freáticas. El monocultivo de soja y sus

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agroquímicos producen una impermeabilización del suelo. De esa forma, el agua no penetra, no absorbe y simplemente corre e inunda”. El comunicado está fechado en agosto de 2015, pero volvió a circular esta semana. Carlos Manessi, de Cepronat, explica: “Tiene total vigencia y por eso lo compartimos”. Cuestionó que el sector empresario y político solo mencione el cambio climático o el fenómeno conocido como “El Niño”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En el país se arrasaron 7,6 millones de hectáreas, un promedio de 300.000 hectáreas al año. Hernán Giardini, de Greenpeace, afirmó: “Todos los años somos testigos de grandes inundaciones. No es casualidad ni un fenómeno natural. Es consecuencia de la ausencia de una política ambiental nacional que proteja a nuestros bosques y humedales de los incendios, de los desmontes por el avance de la soja, la ganadería intensiva y los desarrollos inmobiliarios”. La localidad de Chabás, al sur de Santa Fe, es una de las localidades más afectadas por la inundación. Los vecinos cortaron la ruta nacional 33 y pidieron obras de infraestructura, canales y bombas para desagotar. Miguel Fabrro, junto a otros grupo de vecinos, no descartó la importancia de las obras pero marcó otras causas: “Es el modelo extractivista. Chabás tiene trece cuadras por trece, en medio de un mar de soja. El agua empezó a venir del campo sin que esté lloviendo en el pueblo. En 2 horas teníamos el 70 por ciento de las calles con agua”. Córdoba es una de las provincias más inundadas. Laboulaye, Las Varillas, Villa Huidobro, Adelia María, Chazón, San Francisco, Oncativo y Morteros, están en las localidades más afectadas. Darío Avila, abogado especializado en derecho ambiental y parte de la APDH Córdoba, llamó la atención: “Qué casualidad. Todas zonas del agronegocio, corazón sojero”. El gobierno de Córdo ba impulsa una ley para desmontar nuevas regiones y avanzar con el agronegocio.

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Es el hombre de confianza de María Eugenia Vidal, quien ya lo tuvo como su jefe de Gabinete cuando se desempeñó como ministra de Desarrollo Social en el Gobierno porteño. Pero los inicios de este salteño no fueron como político ni como abogado, sino como periodista deportivo. Llegado a la Capital Federal, Carlos Federico Salvai estudió en la escuela DEPORTEA y fue comentarista de una FM del barrio de Colegiales. Después, trabajó para Canal 11 de Salta, al que enviaba reportes desde el Congreso, donde conoció a la primera de las tres mujeres políticas que lo marcaron en su vida. “Con María Laura Leguizamón empecé a militar en la Juventud Peronista”, rememora Salvai. Luego recaló en la Legislatura porteña, siendo jefe de despacho de Leguizamón. Allí, conoció a Carolina Stanley, con quien se casó y tuvo dos hijos. Hoy Stanley es la ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri. Luego, el matrimonio comenzó a trabajar con Mauricio Macri, en la elección de 2003 donde pierde con Aníbal Ibarra. Allí, ambos empiezan a ser personas de confianza de María Eugenia Vidal, entonces enrolada en el Grupo Sophia. Luego, pone el foco en la gestión en territrorio bonaerense:“Lo más importante para nosotros fue reactivar la obra pública en un año de recesión, y haber generado con eso, entre 60 y 70 mil puestos de trabajo”, dice el ministro coordinador bonaerense. Y asegura: “No hay ningún municipio de la provincia que no tenga una obra pública con fondos provinciales”. Allí, pone los ojos en la anterior gestión bonaerense: “Lo que más me dolió a mí fue que en la provincia no había gestión. Tuvimos que empujar de cero un elefante”. -Pensando en la inseguridad ¿se hizo todo lo que se podía? -Nooo, tenemos muchísimo para hacer pero en este año hemos hecho más que otros gobernadores. Porque María Eugenia dio peleas que a ningún otro se le ocurrió dar. A otros se les dio más por pactar que confrontar”. -Cuando habla de “no confrontar” ¿habla de la relación Scioli-Cristina? -No lo quiero personalizar. Lo que pasa hoy en la provincia es porque los anteriores gobernadores no dieron la pelea que tenían que dar y eso que Scioli tuvo los mismos problemas que tenemos hoy nosotros. Pero hay ciertas peleas que no se dan desde la economía sino de la voluntad política. -¿Qué fue Scioli para los bonaerenses? -Difícil calificar eso (piensa largamente)… Fue un gobernador más que no le dejó nada a la provincia. Creo que su principal problema fue que siempre utilizó la gobernación para ser candidato a Presidente. - ¿Con el Presidente hay celos? porque Vidal viene en imagen, detrás del Papa y arriba de Macri -Nooo. Trabajar con esa tranquilidad es algo que tampoco Scioli tuvo, porque él y Cristina se medían todo el tiempo. Los logros que tuvimos este año -comenzar las clases a tiempo, garantizar insumos a los hospitales, tener la plata del aguinaldo- se dieron porque existe una buena relación entre ellos, de ser parte del mismo equipo con roles distintos. María Eugenia creció con Mauricio, fue su ministra y su vicejefa: es un vínculo que no tiene grieta, ella es la más macrista de todas”.

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María Eugenia Vidal y Mauricio Macri volverán a verse las caras hoy en Olivos, tras la pausa que la mandataria le impuso la semana pasada a su gestión en la provincia para descansar en las paradisíacas playas de la Rivera Maya junto a sus hijos, una ausencia que le costó furibundas críticas de la oposición. Además del repaso de las cuestiones domésticas como las inundaciones en el noroeste bonaerense, el encuentro -que arrancará a las 9 de la mañana- permitirá retomar y ajustar el esquema de la campaña legislativa en Buenos Aires, el distrito en el que el macrismo se jugará una de las cartas clave en esta elección de medio tiempo. "La reunión la agendaron hace dos semanas, cuando el Presidente regresó de sus vacaciones en el Sur", reveló un colaborador de Vidal que, sin embargo, dijo desconocer cuál será el eje central del convite. Ese pulso intenso a la campaña bonaerense, que irá de la mano de una mayor visibilidad en la gestión y en la obra pública, si bien tendrá a la gobernadora como principal protagonista se afianzará en una dialéctica compartida con intendentes y funcionarios del gabinete. La directiva ya tiene el sello de Vidal, quien poco antes de viajar hacia la costa mexicana mantuvo diversos encuentros con alcaldes del PRO y figuras clave de su equipo en los que registró la indicación: más gestión y mucha obra pública en marcha. El retiro veraniego de la gobernadora coincidió con el pico de crecida en las zonas de San Nicolás, lo que acarreó una andanada de críticas que llovieron especialmente desde sectores del kirchnerismo. Por caso, en las últimas horas el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, utilizó las redes sociales para mandar un furioso mensaje contra la gobernadora por este asunto. Le recordó cuando, durante la última campaña, "criticaba a nuestro gobernador Daniel Scioli cuando no se hizo cargo" de una situación similar "en Luján, porque estaba con un problema personal en Italia", y le reprochó sus vacaciones en el exterior. De vuelta hoy en La Plata, Vidal también redirigirá el GPS de su gestión hacia las zonas inundadas, en busca de acallar y amortiguar el peso de una embestida que, quizás, pudo haber evitado.

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En el gobierno bonaerense buscan contribuir, afirman, a que no se disparen los índices inflacionarios. Y además, a ordenar sus propias finanzas. Por eso, altos funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal ya bajaron línea a varios intendentes: quieren que los aumentos salariales que pacten con sus empleados no se salgan de la pauta salarial del 18% para todo 2017. La Provincia acordó con los gremios estatales -resta la crucial negociación con los docentes- un aumento de sueldos por ese porcentaje en cuatro cuotas de 4,5% cada una. E incluyó una cláusula de ajuste automático trimestral vinculada a la inflación para que los ingresos de los trabajadores “no pierdan poder adquisitivo” frente a una eventual disparada del costo de vida. Esa misma receta que acaba de salir a ponderar el gobierno nacional, es la que la gestión Vidal pretende que apliquen los municipios. Lo hace, trascendió, con una advertencia: comuna que se exceda en los aumentos no tendrá auxilio financiero de la Provincia. “Hay que se responsables. No se puede acordar un aumento que no se pueda pagar”, explican en la Gobernación. En el gobierno de Vidal no está dispuestos a financiar esos deslices. Y se lo están advirtiendo a los jefes comunales propios y ajenos. La primera advertencia llegó apenas despuntó enero durante una reunión del Foro de Intendentes de Cambiemos que se desarrolló en Lanús. Según se supo, en ese cónclave existió una minuciosa explicación del acuerdo salarial al que arribó la Provincia con los estatales y la necesidad de no salirse de ese esquema en la negociación con los empleados municipales. La cuestión no parece de fácil resolución. En principio, las realidades de las comunas son muy distintas ente sí. Además, varios sindicatos municipales ya salieron a advertir que rechazan el 18% y, finalmente, existe la expectativa de que los docentes, con su poder de fuego en la negociación, terminen llevándose un porcentaje superior. Por caso, el secretario de Gobierno del municipio de Adolfo Alsina, Martín Gavio, indicó que “hay una intención de bajar el acuerdo del 18% a los municipios”, pero reconoció que “va a ser difícil establecer eso como techo”, puesto que “los sindicatos ya anticiparon que es una oferta inaceptable”. Desde el ala gremial también creen que un acuerdo de esas características no será fácil. “Vamos a rechazar abiertamente esa oferta y tendremos conflictos en muchas comunas”, dijeron en ATE. En tanto, el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, consideró “apresurados” los acuerdos por el 18%, al recordar que “el año pasado el Gobierno preveía una inflación del 25% y terminó por encima del 40%”. “Los empleados municipales viven realidades muy diferentes”, dijo, por lo que vaticinó que “será difícil” que se logre una suba homogénea. De todas formas, algunos distritos comenzaron a hacer los deberes. Uno de los casos es La Plata donde el intendente Julio Garro acordó en diciembre una suba del 18% para todo 2017.

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En tanto, el distrito de Almirante Brown, gobernado por el peronista Mariano Cascallares, cerró un acuerdo anual por el mismo porcentaje a partir de marzo, con la misma modalidad que la establecida por la Provincia. En Rauch, donde gobierna Maximiliano Suescún (Cambiemos) el acuerdo anualizado trepa al 23%, con un primer pago del 15% para el primer semestre (ajustable si la inflación en ese período es mayor) y otras dos cuotas del 4%. En Balcarce, en tanto, el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, afirmó que la comuna ofrecerá una suba de entre el 17% y el 18%. En Trenque Lauquen el municipio ofreció una cifra similar, pagadera en cuatro cuotas, pero la propuesta fue rechazada por el sindicato. En General Viamonte, Franco Flexas (Cambiemos) acordó un aumento del 18% pagadero en dos cuotas semestrales. Finalmente, en Benito Juárez, donde gobierna el peronismo, la municipalidad decretó un aumento del 20% en dos cuotas. Habrá que ver qué postura adoptan otros distritos, en especial, aquellos gobernados por los más férreos opositores al gobierno de Cambiemos.

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Hace tiempo que en el oficialismo vienen afirmando que las caras visibles de la campaña para la legislativa 2017 serán el presidente, Mauricio Macri, y la gobernadora, María Eugenia Vidal, hasta ahora la dirigente con mejor imagen dentro de Cambiemos. Y en el esquema de diseñar el camino hacia las primarias de agosto, afirman que no les preocupa que sus candidatos para la legislativa tengan poco nivel de conocimiento sino que, al contrario, sostienen que para lanzarlos “no tienen apuro”. Por eso, postergarán la definición de las cabezas de listas a senadores y diputados provinciales lo más posible. Con esa idea, los dirigentes bonaerenses de Cambiemos recorrerían la Provincia con un mensaje unificado de trabajo para la alianza gobernante, con la consigna de “profundizar el cambio”. Con la preferencia en los candidatos “desconocidos”, las chances crecen para el médico Facundo Manes y la titular del Acumar Gladys González. Por ahora nada se descarta, incluso, la posibilidad de aceptar listas colectoras.

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El vicegobernador bonaerense en ejercicio del Ejecutivo, Daniel Salvador, admitió este fin de semana que la depuración realizada en la Policía generó “inconvenientes” relacionados con la inseguridad, pero advirtió que la Provincia tiene “voluntad política firme para pelear con las mafias de adentro y de afuera”. Se refirió así al pase a retiro obligatorio que el viernes pasado resolvió el gobierno de Vidal, a través del ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo. Tras conocerse la medida, que no fue disciplinaria pero en la práctica fue vista como una “purga”, el radical alertó que el gobierno tiene en claro que “no” debe “administrar la crisis” en la lucha contra la delincuencia, “sino revertirla”. “Hay que volver a recuperar la confianza en la Policía y, para eso, hay que hacer cambios muy profundos como se los está haciendo”, resaltó Salvador al referirse a la depuración concretada en esa fuerza de seguridad. Consultado sobre si la medida provocó problemas vinculados con la inseguridad, el Vicegobernador respondió: “Es posible que haya sido así, pero cada uno de los inconvenientes que pudo haber generado encontró una voluntad política más firme de seguir por el mismo camino”. “Donde haya que pelear con mafias de adentro y de afuera, habrá que mantener firme esa decisión, como hace la Gobernadora (María Eugenia Vidal)”, completó. Salvador, luego, sostuvo que “no hay que administrar la crisis” de la inseguridad, “sino revertirla”. “Por lo que hay que volver a recuperar la confianza en la Policía y, para eso, hay que hacer cambios muy profundos como se los está haciendo”, insistió. Y destacó la exigencia de “una declaración jurada en búsqueda de transparencia”, la entrega de “equipamiento acorde”, y el establecimiento de “tiempos de formación adecuados”, al sostener que “no puede ser que policías con cuatro o seis meses salgan a la calle”.

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“Cuenten conmigo para hablar con quien haya que hablar”. Mauricio Macri cerró una de las últimas reuniones de equipo comprometiéndose a interceder en persona con los mandatarios de los países que se rehúsen a avanzar en convenios de intercambio de información con la Argentina. Como dijo la semana pasada, el Presidente quiere poder “decirle a alguien que tiene antecedentes en su país que acá no es bienvenido”. Pero, mientras avanzan esas negociaciones, busca dar un golpe de efecto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: ya tiene listo el decreto para endurecer la política migratoria y, al mismo tiempo, esta semana lanzará un sistema que fortalecerá los controles sobre los 12 millones de pasajeros que cada año llegan vía aérea. Con el ejemplo del narco peruano Marco Antonio Estrada González, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, el jefe de Estado pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Según pudo saber este diario, el Presidente ya tiene el decreto listo y analiza oficializarlo esta semana. Desde el Gobierno, sin embargo, buscaron bajarle el tono y afirman que “se seguirá trabajando” -hoy hay una reunión prevista sobre el tema en Casa Rosada- y que podría demorar “unos días más”. Entre el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y el ministro de Justicia Germán Garavano pulieron el texto para evitar que prosperen las impugnaciones, como la que ya hizo por anticipado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es una regresión para los derechos de las personas migrantes”, consideró en un comunicado el organismo presidido por el periodista ligado al kirchnerismo Horacio Verbitsky. Desde el Gobierno rechazaron la acusación, dijeron que “sólo se ajustarán cuestiones para combatir al crimen que migra” y aseguraron que no cambiarán “nada en materia penal; y si así fuera se enviará al Congreso el proyecto”. Clarín accedió al texto del decreto. Se trata de una propuesta más moderada de la que reclamaban desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el director de Migraciones Horacio García; pero modificará tanto el plazo y las formas -administrativas y judiciales- para expulsar a un extranjero como los requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización. Por caso, se incluye un apartado en el que se habilita a revocar la residencia a los extranjeros condenados por “delitos por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero” aunque dicha decisión “no se encuentre firme”. Para ello, también se precisa la “obligación”, cuyo incumplimiento será “considerado falta grave”, para el Poder Judicial de “notificar” a Migraciones “de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero”. Según amplían fuentes oficiales, esto permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, Migraciones esté en condiciones de iniciar el acto para su expulsión. En Balcarce 50 buscan transmitir tranquilidad y dicen que sólo se busca imprimirle “razonabilidad” a la norma. Lo hacen antes las críticas que genera la iniciativa, por posible discriminación o xenofobia.

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Entre otras cosas, el decreto establecerá un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, que acotará a tres días hábiles el plazo que tendrá un extranjero para apelar su expulsión. Concluido ese trámite administrativo, se concederán otros tres días hábiles para interponer un recurso judicial y el juez actuante contará con el mismo tiempo para resolver. Lo mismo ocurrirá con las apelaciones en instancias superiores. Pero como la idea es reducir el margen de todas las maniobras dilatorias, que se multiplicaron en el caso de “Marcos”, el decreto fijará que “las oficinas públicas y entidades privadas deberán contestar el pedido de informes dentro de los cinco días hábiles”. De igual modo, el plazo para producir la prueba ofrecida en sede judicial “no podrá exceder los 20 días hábiles”. También se incrementará el tiempo mínimo que deberá esperar un extranjero expulsado para volver al país: de cinco a ocho años. Asimismo, a partir del decreto, para conseguir la ciudadanía los extranjeros deberán acreditar “residencia legal vigente” en Argentina de “dos años continuos”. Actualmente, la ley 346 habilita a aquellos “que residiesen en la República dos años continuos”. Muchos entran como turistas, se quedan luego de tres meses y terminan obteniendo la ciudadanía. Este cambio fue otro punto de los que objetó el CELS.

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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió esta noche al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, salpicado por una denuncia sobre supuestos pagos de una financiera vinculada al caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, y anticipó que esta semana el funcionario "se ocupará de aclarar" su situación. El funcionario se negó a "poner las manos en el fuego" por Arribas, porque consideró que se trata de "un concepto primitivo". "Lo que hay que hacer es seguir los caminos institucionales, nosotros confiamos en Arribas hasta que alguien nos demuestre lo contrario", aseguró. "Se discute sobre la verdad o la no verdad, pero no hay denuncia de corrupción, ni Arribas era funcionario público" cuando recibió el dinero de la financiera encargada de realizar pagos ilegales alrededor del mundo, manifestó el funcionario, en diálogo con Luis Novaresio, en el canal América. Peña habló sobre la presentación que hizo la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió, cuando se conoció una denuncia periodística que señalaba que el jefe de la AFI recibió cinco transferencias de dinero de la financiera de Leonardo Meirelles, que confesó realizar pagos ilegales por cuenta de Oderbrecht. Aclaró Peña: "Carrió lo que pide, lo único que dice es que muestre los papeles en la Justicia. Arribas ya está acá en Buenos Aires y esta semana se ocupará de dejar claro eso". "Espero que dediquen la misma energía y tiempo para decir 'en esta, la verdad, que no había nada', porque es feo manchar a una persona y a una familia por el hecho de que parece que daba la suposición de que había algo raro", afirmó Prat Gay y los cambios del Gabinete También confirmó que no habrá más cambios de ministro y consideró que era "un mito" la supuesta pelea entre él y el desplazado ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a quien elogió pero remarcó las diferencias del ex funcionario de Cambiemos. Al ser consultado en el programa Debo Decir, el ministro coordinador aclaró: "Todos los funcionarios, salvo el presidente Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti, estamos con la renuncia en la mano, a disposición". "No estamos anclados en la silla y no tiene que haber una crisis si hay algún cambio", dijo Marcos Peña y en cuanto lo vinculado a la salida de Prat Gay del gobierno, recordó que el ex funcionario tenía "una visión distinto del diseño del equipo económico". Insistió con que "es una mentira, es un mito" la existencia de una pelea entre él y el ex ministro y resaltó que "todos los días estábamos en contacto". "Alfonso fue un caballero en toda la discusión", afirmó el jefe de Gabinete y también planteó un elogio a Elisa Carrió, la diputada y fundadora de Cambiemos que suele expresar posiciones distintas al oficialismo. Peña advirtió que "cada uno tiene su estilo", como así también existen en el seno del oficialismo "desacuerdo con ciertos temas". Pero describió a Elisa Carrió como "un pilar central de Cambiemos".

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La edad de imputabilidad El funcionario defendió el proyecto de reforma del régimen penal juvenil -que implica una baja en la edad de imputabilidad- que impulsa el Gobierno y advirtió que "lo que no se puede es no dar la discusión". Para Peña, "es una discusión que hay que darla técnicamente, desde pediatras, a psicólogos", al cuestionar que sectores opositores anticiparon que no darán quórum para descutir los cambios al sistema penal. "Hay que tener de referencia qué pasa en el resto del mundo, en otras sociedades, qué marcos normativos tienen y qué resultados han obtenido", aseguró Peña. La gestión El jefe de Gabinete admitió que el 2016 fue un año difícil, pero se mostró confiado en que la economía va a tener datos positivos. "La inflación está más baja, en los últimos meses la inflación promedio de 1,5 por ciento", por lo que "anualizada es del 18 por ciento", afirmó Peña y agregó que "en el segundo semestre empezó un ciclo de creación de empleo". Otras definiciones La candidatura de Elisa Carrió, si es por la ciudad o por la provincia de Buenos Aires, "hay que definirlo con ella". Sin dudas, Alfonso Prat Gay podría ser candidato de Cambiemos. Estados Unidos está en un proceso en el que se está cerrando un poco más, pero hay que mirar los hechos. Cuando llegamos al Gobierno vimos el deterioro, el saqueo y la devastación que había en el Estado. Estuvo perfecto el viaje de María Eugenia Vidal de vacaciones y también estuvo perfecto que no hubiera vuelto.

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Si bien a lo largo de la última semana distintos ministros se mostraron confiados en que la Argentina está comenzando a salir de la recesión, tal como aseguró Jorge Triaca (Trabajo), y la economía se encuentra en condiciones de crecer “del 3,5% al 5%” -dijo Francisco Cabrera (Producción)-, en los despachos de la Casa Rosada aún hay varias cuestiones que siguen preocupando. Del informe interno publicado en exclusiva ayer por Clarín, titulado “Monitor de la economía real”, que circula entre los funcionarios de más alto rango, se desprenden cuatro puntos que inquietan al Gobierno sobre el rumbo económico del país: La caída de la cantidad de permisos para la construcción, la baja en las ventas minoristas, el derrumbe del precio internacional del trigo y del maíz, y la disminución en la recaudación tributaria en 2016. Dentro del “semáforo de la Economía Real” que figura en el informe, el primero de los puntos en rojo asegura que “continuó en noviembre la caída (21%) en los metros cuadrados permisados para construcción”. El economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, opinó que “durante el 2016 hubo un reacomodamiento en el sector, y en el 2017 habrá una reactivación, en especial en la parte privada, apoyada por los fondos provenientes del blanqueo de capitales”. La alerta que le sigue habla del el consumo, una variable que se mantuvo en baja durante todo el primer año de gestión de Mauricio Macri. El estudio interno alerta: “Las ventas minoristas cayeron 5,4% interanual en diciembre” -en comparación con el mismo mes de 2015-, aunque también aclara que “fue la menor tasa desde febrero”. Al respecto, Jorge Vasconcelos, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), explicó que las cifras están cotejadas con el último año de la gestión de Cristina Kirchner, cuando “las tarifas de los servicios públicos eran bajas, había una inflación reprimida, y no existía un incentivo al ahorro”, lo que en su conjunto generaba que se reemplazara consumo por ahorro. Ahora, asegura, el Gobierno pretende lograr un crecimiento “balanceado y sostenido”. El tercer punto negativo que hace foco el informe está relacionado al comercio y a las exportaciones: “El precio internacional del trigo cayó 19% y el maíz 9% durante 2016”. Ambos economistas consultados coincidieron en que el país “no se encuentra en una situación extrema por la baja en los precios de las commodities”, sino que por el contrario, y como también marca el documento del Gobierno “el sector agro-industrial ha recuperado rentabilidad debido a la eliminación de las retenciones”, expresó Vasconcelos. Justamente, relacionado a la cuestión de los impuestos, el último punto del estudio interno elaborado mensualmente por el ministerio de Producción, notifica que “en términos reales, incluso con blanqueo, la recaudación tributaria disminuyó levemente en 2016”, sumando en total $2.070 millones. Dentro de las más de 30 páginas que consta el documento, se detalla que “la presión fiscal tuvo una importante reducción a lo largo del año”. En palabras de Vasconcelos, “a la menor presión tributaria por la quita de los impuestos a las exportaciones -retenciones- y la suba del mínimo no imponible en ganancias, se sumó la recesión, que en su conjunto, afectó a la recaudación”. Mientras que Sica se inclinó en hablar sobre la economía informal: “Hay un desafío muy fuerte que es ampliar la base tributaria en aquellos sectores en los cuales no están registrados”.

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El intenso verano sigue dando muestras de su furia. Mientras volvieron los incendios a La Pampa, la ola de calor seguirá en buena parte del país. Es que el fuego renació el sábado en esa provincia y hasta esta noche se mantenía en cuatro focos, en tanto el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de hasta 40 grados para el norte de la Patagonia y el centro y norte del país hasta al menos el próximo fin de semana. A mediados de diciembre y hasta la mitad de este mes, La Pampa ya había sufrido incendios que dejaron un millón de hectáreas quemadas. Por eso volvió el sobresalto cuando este último sábado, y debido a las tormentas eléctricas, se reinició el fuego en esa provincia. De todas maneras, de una treintena de focos ígneos bajó ayer a cuatro focos activos. "No hay evacuados y están trabajando los Bomberos, Defensa Civil de la provincia e integrantes del Plan Nacional Manejo del fuego", le dijo Clarín el subdirector de Defensa Civil de Bahía Blanca Damián Bollak. Por estas circunstancias la provincia ya declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria. Y hoy buscaban controlar la situación en la zona de El Durazno, la zona Perú -por el oeste-, y en las rutas 154 y 35. La temperatura rondó en la provincia los 35° de térmica. "En El Durazno y en Rucanelo ya lo estaban cerrando, faltaba poco mientras que en el foco que estaba al límite con San Luis ya parecía controlado. En la zona Perú, en cambio, estaba activo. Pero como venía tormenta fuerte esperamos que nos ayude", contó Luis Clara, director de Defensa Civil. Por otro lado el informe del SMN sostuvo que se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre 18 y 25 grados y máximas de entre 35 y 40 en el norte de la Patagonia y las provincias de La Pampa y Buenos Aires. "En el resto de las regiones las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 24 y 29 grados y las temperaturas máximas entre 36 y 43 grados", advirtió el SMN en el parte sobre "altas temperaturas". Asimismo, manifestó que "sobre el norte de la Patagonia y la costa de la provincia de Buenos Aires, se esperan disminuciones temporarias de temperatura durante este período". "Sobre el centro-este del país se prevé un descenso de temperatura hacia el miércoles 25 debido al pasaje de un frente frío", informó. El informe, en referencia, al norte de la Patagonia y centro y norte del país, afirmó que "al menos hasta el final de la próxima semana se prevén temperaturas elevadas sobre el área de cobertura". Al atarcedecer, el SMN elevó el alerta amarillo a naranja para la Ciudad de Buenos Aires y también para Rosario y alrededores. La continuidad de las altas temperaturas hace que el calor pueda afectar negativamente en la salud, por eso el cambio de color. El escalón más peligroso es cuando en esta tabla el naranja pasa a rojo. Ahora el efecto sobre la mortalidad es "moderado-alto".

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La semana pasada no había sido buena para el Gobierno: el escándalo Arribas, la suba de naftas y los manteros habían marcado una caída en el índice de optimismo que semanalmente releva Management and Fit para Clarín. Ahora, quizás porque no fue una semana con muchos sobresaltos en la agenda del Gobioerno, los números se estabilizaron. "En términos económicos, las variables tuvieron un crecimiento marginal ante una semana sin grandes sobresaltos. Las expectativas y la confianza económica subieron 0.4 y 0.2 respectivamente", explicó Juan Pablo Hedo, de la consultora. Respecto de la cuestión que más suele preocupar a los argentinos, los precios, habló de una leve recuperación, con un matiz: es lo que más preocupa, aún en condiciones de mejoría. "La variable precios empieza a recuperarse nuevamente aunque continúa siendo el ancla del optimismo económico al ser la peor percibida", agregó. Desde la política, al macrismo le fue mejor. El Gobierno no trató temas destacables desde su agenda, y quizás esto haya tenido influencia: "En términos políticos, la suba fue mayor. La variable de liderazgo presidencial mostró una suba proporcionalmente más alta que el resto de las variables (más 1.46 a futuro y más 1.54 percepción actual)", explicó Hedo. Pero algunos indicadores bajaron: "Cae, no obstante, la percepción de la capacidad del gobierno (actual y a futuro) para resolver problemas (0.4 y 0.2). El resultado neto en ambos subindices es un alza de 0.6 puntos en las expectativas y el mismo guarismo para la percepción de clima político", señaló el analista político. La salida del Banco Nación de Carlos Melconian fue, tal vez, el tema más importante que el Gobierno puso como foco de atención. Esto tuvo, sí, un impacto en la percepción de la gente. "Los números parecen acompañar positivamente los recientes cambios propuestos por el Gobierno en la búsqueda de un equipo 'más homogéneo' así como también las primeras reacciones respecto al Código Juvenil Penal y la discusión sobre la cuestión migratoria", cerró Hedo.

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En la cabeza del Gobierno madura una idea para reformar la Justicia que no pasará inadvertida. Tendrá apoyos, pero también fuertes detractores. Se trata de un proyecto para eliminar la feria judicial, el receso durante el cual los tribunales cierran sus ventanillas habituales y mantienen turnos únicamente para atender temas de urgencia. Hasta hoy ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno: para algunos políticos, se asemeja a unas vacaciones de privilegio. La idea de suprimir la feria comenzó a germinar en el contexto de la plataforma Justicia 2020 y tiene al ministro del área, Germán Garavano , como uno de los promotores. El funcionario ensayó la experiencia cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones. Según pudo conocer LA NACION el plan del Gobierno es colocar el tema en la agenda del 2018. "Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", señaló Garavano, en diálogo con LA NACION. "También creemos que hay que ampliar los horarios de atención al público con dos turnos de trabajo", afirmó el ministro de Justicia, en un diálogo con LA NACION, al ratificar la necesidad de encarar cambios en la organización del sistema judicial Al respecto, la organización Fores elaboró un informe, en el que cuantificó que "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y que "el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año". "Si a ello sumamos que se trabajan seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas", agregó el estudio. La llamada "Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020", que elaboró Fores, fue una de las bases del proyecto de reforma de Justicia de Cambiemos . Durante su gestión en la Ciudad, Garavano suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en etapas: primero con una prueba piloto durante el receso invernal y, más tarde, durante el verano. Los fiscales y sus colaboradores podían tener sus vacaciones entre diciembre y abril, con un cronograma coordinado para conservar dos tercios de personal cuando la fiscalía estaba de turno y al menos un tercio en el resto de los días. De todas formas, una medida de este tipo no puede ser tomada desde el Poder Ejecutivo y está en manos de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal. Fuentes del máximo tribunal aseguraron a LA NACION que "cualquier cambio en la reglamentación se hará a partir de un consenso previo con los gremios de los judiciales". Qué pasa en la feria Durante la feria judicial no corren los plazos legales en los procesos en curso de todos los fueros, aunque los casos de urgencia son atendidos y resueltos por autoridades y empleados de turno.

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En Comodoro Py, donde se tratan los casos de corrupción más resonantes, los pasillos están despoblados de abogados, aunque muchas causas siguen su curso porque tienen detenidos o porque requieren medidas inmediatas. Hay, también, jueces y fiscales que aprovechan el silencio de enero para leer los casos y avanzar con el trabajo atrasado. Un juez federal que, tras algunos días de vacaciones, comenzó a leer expedientes en su despacho defendió la feria, al considerar que "unificar las vacaciones de la familia judicial es importante para ordenar la actividad". Y áñadió: "Muchos adelantamos trabajo clave". Otro colega, en cambio, consideró que se trata de "un régimen terriblemente obsoleto" y que hay que aumentar las horas de trabajo y disminuir la feria. "Los fiscales y jueces tienen la mitad de su día para hacer deportes porque hay un sistema de delegación que permite que deleguen su trabajo en sus equipos", graficó. Efectos de la medida La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, consideró que el inconveniente de eliminar la feria "no será tanto para los jueces como para los abogados, sobre todo los que no pertenecen a grandes bufetes". "Para los magistrados el trabajo es de dedicación completa, no es cierto que sólo se trabajan seis horas", consideró. El secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, prefirió no difundir ninguna postura oficial desde el sindicato por el momento. El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, dijo a LA NACION: "Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados que caminan los tribunales, es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero". Aunque admitió que un descanso de 45 días es un "privilegio", consideró que habría que "ampliar en dos horas el horario de atención, con dos turnos". Otras ONG dedicadas a estas problemáticas coincidieron con la mirada de Garavano. Desde ACIJ, Fernando Bracaccini agregó que "lo ideal sería generar un sistema de licencias para que el sistema funcione todo el año". Más enfático, Torcuato Sozio, que conduce la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), manifestó que la feria "no tiene sustento legal ni de razonabilidad" y que es una forma de "denegación de Justicia". Diagnóstico crítico El plan del Gobierno tiene como antecendete un informe de Fores (Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia) Estadísticas Se impulsa la obtención de datos transparentes del sistema de justicia, que permitan tomar decisiones de política judicial con sustento técnico y realizar mejoras estructurales Arbitrajes y justicia vecinal Promueven soluciones tempranas y métodos alternativos de resolución de conflictos para ahorrar los recursos económicos y el tiempo que requiere un proceso judicial tradicional Elección de jueces La iniciativa oficial apunta a despolitizar los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados. Hay un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura Más juicios orales La reforma procesal civil y la reforma procesal penal incorporarán audiencias públicas para resolver los conflictos. Los juicios orales volverían al sistema más ágil, sencillo y accesible Expediente digital Se promueve afianzar el uso del expediente digital y su gestión electrónica, lo que ya está en marcha. Se apunta a agilizar los trámites y facilitar el acceso remoto a las causas judiciales

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El procurador del Tesoro Nacional, Carlos Balbín, denunció ayer que desaparecieron registros que probarían el direccionamiento de fondos destinados a la obra pública por orden de la ex presidenta Cristina Kirchner al empresario Lázaro Báez . Según lo que explicó el funcionario, durante el último año del kirchnerismo en el poder se habrían eliminado 1345 archivos del Sistema único Informático para la Gestión Judicial (Sigej), un registro histórico que almacena todos los juicios en los que el Estado forma parte. Es en ese grupo de documentos donde figurarían pruebas contra la ex mandataria. El funcionario había ordenado auditar el Sigej porque ya se habían encontrado algunas irregularidades en varios registros que, de un momento a otro, dejaron de figurar en la plataforma. Uno de los funcionarios involucrados en las auditorías explicó que la eliminación de archivos de ese sistema se da únicamente cuando hay errores. Y ese no parece ser el caso. "Sacar un juicio del sistema es una irregularidad grave, porque los juicios sólo pueden ser borrados si hubo un error en la carga y, si están terminados, deben pasar al archivo histórico", señaló. Y agregó, según publicó ayer el sitio Infobae: "En estos casos hay indicios fuertes de que el borrado era para evadir los controles". Al concluir las auditorías, a fines del año pasado, Balbín había afirmado que "en varios casos, la información obrante en el Sigej no reunía los requisitos impuestos legalmente". Los documentos eliminados no sólo involucrarían a Báez, detenido desde abril del año pasado, sino que otros empresarios afines al gobierno kirchnerista también integrarían la lista. Aunque se hayan borrado esos registros, los juicios siguen su curso. En diciembre último, la ex presidenta fue procesada y embargada por el juez federal Julián Ercolini por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa que investiga los giros discrecionales y sobreprecios en la obra pública adjudicada a Báez entre 2003 y 2015, todo el período kirchnerista. También son investigados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López (detenido), entre otros. Participación El rastreo, del que participaron la Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), duró varios meses y la conclusión arrojó que en total fueron eliminados esa cantidad de archivos. Uno de los archivos borrados, según denunció Balbín ante la Justicia Federal, fue el de la causa "NECON S.A. c/ ESTADO NACIONAL -DNV- RESOL 777/01 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO", causa que investiga el giro de $ 40 millones por parte de Vialidad Nacional a pesar de que la Justicia no había homologado el acuerdo.

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Los peronistas que no la quieren repiten que no debería ser candidata. Incluso algunos de los que la quieren pronostican que no competirá. Pero los más cercanos a Cristina Kirchner aclaran que aún no tomó ninguna decisión. Develará el misterio al filo del cierre de listas, previsto este año para el 24 de junio. Al igual que su situación judicial, el futuro político de la ex presidenta volvió al centro de la escena esta semana. Aníbal Fernández cruzó fuerte a Julián Domínguez, quien había sugerido que Cristina no debía presentarse. Algo parecido había sostenido Miguel Pichetto, abanderado del peronismo que quiere enterrar el liderazgo de la ex presidenta. Pero lo llamativo es que el propio Aníbal y Diana Conti, soldados cristinistas, se atrevieron a opinar que al final ella optaría por no competir. "Son meros análisis personales. No hay nada definido", insisten en el círculo más cercano de la ex presidenta. La indefinición, que ella se encarga de alimentar, sembró de incertidumbre a todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, cruzado por esa frontera a veces porosa entre seguidores y detractores de Cristina. Hasta que no se sepa si será candidata, poco se conocerá del resto. Su decisión podría afectar también a otras fuerzas y a otros distritos, como el porteño. "Nadie define una candidatura ocho meses antes de una elección, porque no se sabe cuál va a ser el escenario", explicó a LA NACION un dirigente de La Cámpora. "Para equivocarse lo menos posible lo mejor es decidir lo más cerca de la fecha del cierre de listas", agregó. Más lejos de la ex presidenta evalúan que todo dependerá de sus posibilidades de triunfo. "No va a ir a perder; si la economía arranca, no va a ser candidata", analiza un intendente de la primera sección electoral. Informada y activa Sin agenda definida, ella pasa el verano entre El Calafate y Río Gallegos, cerca de su hijo Máximo y de sus nietos. Se mantiene informada y activa, como en el último tramo del año pasado. No abandonó sus intervenciones vía Twitter, con críticas duras al Gobierno. El descanso se combina con reuniones políticas. El 5 de enero recibió al presidente del PJ porteño, el sindicalista Víctor Santa María, quien viajó a la capital de Santa Cruz para colocar una placa en homenaje a Néstor Kirchner. "Encontré a Cristina con muchas ganas de dialogar, hablar y escuchar a todos los compañeros y no sólo a los de la provincia de Buenos Aires. Está pasando de su rol de liderazgo a uno más activo relacionado con la conducción", contó Santa María, a su regreso a Buenos Aires. Estuvo con Cristina y con Máximo durante casi seis horas. El dirigente no se llevó pistas de que la ex presidenta vaya a dar la pelea, pero volvió con margen para pedir en público por su candidatura. "El peronismo tiene la necesidad de que Cristina sea candidata, más allá de lo que ella esté pensando", dijo a LA NACION. También Martín Sabbatella, jefe de Nuevo Encuentro, hace fuerza porque se presente. "No sé si va a ser candidata; lo que sí sé es que si es, gana. Además, más allá de si se postula o no, es y va a ser la gran protagonista en la escena política de esta etapa", dijo a este diario. Los que plantean que la ex presidenta debe ser candidata no tardan en mencionar la intención de voto que conserva en la provincia de Buenos Aires, de unos 30 puntos, dicen. Esa cifra, tomada por cierta en casi todas las tribus del peronismo bonaerense, contribuyó a suavizar los enfrentamientos al interior de lo que era el Frente para la Victoria (FPV).

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Priorizar la unidad Hasta el grupo Esmeralda, el sector de intendentes más alejados de Cristina y el primero en impulsar una candidatura de Florencio Randazzo, levanta hoy una bandera blanca. "Si Cristina es candidata, vamos todos atrás de ella", dicen por lo bajo, también cansados de la indefinición del ex ministro del Interior. Esas necesidades mutuas fueron determinante en el último congreso del PJ bonaerense, donde se acordó mantener la unidad, al menos hasta que se aclare el escenario. De la decisión de Randazzo depende el futuro del sector hoy más alejado de la conducción de Cristina, como el Movimiento Evita. Sergio Massa aparece como la última opción. El ex ministro tampoco da pistas firmes. ¿Se atreverá a dar la batalla interna, incluso frente a Cristina? "El mejor escenario para Randazzo es un buen acuerdo con Cristina", dicen de uno y otro lado de la frontera. ¿Ella, candidata a senadora; él, a diputado? ¿Él como el candidato a senador de Cristina? Lo que no queda claro es si ese entendimiento es posible. "Ni Máximo ni Cristina hablan mal de Randazzo", dicen cerca de la ex presidenta, para mostrar espíritu de apertura. Otro planteo compartido por casi todos los sectores es que si Cristina no es candidata, no tendrá el poder para elegir el primer nombre de la lista. "Se terminó el esquema de poder delegado", dice un dirigente que la reconoce como su jefa, y descarta que ella pueda designar en su reemplazo a Daniel Scioli. Puestos a elegir entre el ex gobernador bonaerense y Randazzo, el dedo de la ex presidenta perdería peso entre los dirigentes. Todos esos factores y, sobre todo, la marcha del gobierno serán decisivos a la hora de las definiciones.

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Puertas afuera nadie duda, casi no hay disidencias ni espacio para voces discordantes. Pero por lo bajo pocos desmienten que la dirigente Milagro Sala se ha transformado en un dolor de cabeza continuo para el gobierno de Mauricio Macri. Y que el desgaste político al que el primer mandatario es sometido en relación con la detención de la dirigente de la Tupac Amaru debería morigerarse de alguna manera. En la última semana, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, pidió por la "libertad" de la líder de la Tupac Amaru, en línea con los reclamos de organizaciones internacionales de derechos humanos. En esa línea, dirigentes cercanos al Presidente comienzan a plantear en voz alta la necesidad de "cambiar de política" en relación con este caso y tomar "acciones concretas" que dejen a salvo al mandatario. Según pudo saber LA NACION, allegados como el diputado del Parlasur y amigo personal de Macri, Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, acuerdan con la necesidad de respetar los pedidos de los organismos de derechos humanos, dejar libre a Sala después de más de un año de prisión sin condena efectiva y evitar que en cada viaje al exterior el Presidente sea interrogado por la detención de la líder de Tupac Amaru, objetada por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una postura que, con matices, también sostendría la canciller Susana Malcorra, además de Cantón, miembro del gabinete de María Eugenia Vidal y el único que lo dice de manera pública. En medio de esta controversia, una altísima fuente de la Casa Rosada desmintió un presunto intercambio ríspido entre el propio Macri y el diputado radical Mario Negri en la última reunión de gabinete, en la que el primer mandatario le habría hecho saber de su incomodidad con la trascendencia que adquirió el caso Sala en el exterior. La versión fue negada, también, por el propio Negri a LA NACION, pero la duda quedó flotando. "Es uno de los problemas más complejos que hemos heredado. Pero no hay, al menos dentro de la Casa Rosada, posiciones divergentes con respecto a este tema. La justicia de Jujuy es independiente", afirmaron a LA NACION muy cerca del Presidente. Un dato es, de todos modos, innegable: el tema volvió a tratarse en la reunión de gabinete, de la que Macri salió reiterando su postura pública: hay que dejar que la justicia de Jujuy trabaje y determine la culpabilidad o inocencia de la dirigente de la Tupac Amaru. "Transmití en la reunión que hay que estar en Jujuy para entender lo que pasa allí, ese estado paralelo que Milagro Sala generó en esa provincia", afirmó Negri a este diario. La posición del titular del interbloque de diputados radicales escenifica el monolítico respaldo que la UCR brinda al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunciante de Sala desde 2009, cuando fue atacado por dirigentes que respondían a la líder de la Tupac y hoy con alta imagen positiva en las encuestas de su provincia. "Macri no se quiere pelear con Morales ni poner en riesgo la coalición de gobierno, aunque el tema lo incomoda", afirmó a LA NACION otro de los dirigentes que creen que el Gobierno podría hacer caso a las recomendaciones de la ONU y de la CIDH y promover la liberación de Sala. Otra carta que el Gobierno -y algunos radicales- esperan es alguna manifestación concreta de la Corte Suprema, en relación con el caso. "La Corte puede determinar que Sala no es peligrosa libre ni va a presionar a testigos. Pero, ojo, porque lo mismo podrían argüir los defensores de Lázaro Báez o José López", afirmó un dirigente radical que conoce el caso.

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Una eventual medida cautelar de la CIDH o el grupo de trabajo de la ONU -invitado por el Gobierno para que en el mes de mayo fiscalice las condiciones de detención de Sala- dejaría al Gobierno sin más alternativa que disponer la liberación de la dirigente social, aun sin el aval de la justicia jujeña. "Hay grupos anti-Gobierno que asocian la detención de Sala con la baja de la edad de imputabilidad y la represión a los mapuches. Después es difícil sacarte el sello de gobierno «antiderechos humanos»", reflexionó uno de los rebeldes.

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El agua sobra en algunos lugares del país. Pero falta en otros, o no llega, o se contamina. Según datos oficiales, la red de agua potable alcanza a poco más del 80% de los argentinos. Sin embargo, las alarmas se encienden cuando se mira el sistema de saneamiento, que comprende cloacas y desagües pluviales, y sobre todo, el tratamiento de los residuos cloacales. Los datos oficiales surgen del Plan Nacional del Agua, "Se estima que de los 43 millones de habitantes de la Argentina (2015), el 84,4% tienen acceso a agua por red pública y el 58,4% a cloacas. No hay estadísticas confiables respecto del nivel de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, algunas fuentes calculan que se encuentra entre el 15 y el 20% de las aguas recolectadas", dice el trabajo. Pero más allá de las estadísticas, en el Ministerio del Interior y Obras Públicas, y puntualmente en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, saben que la cifra es mucho menor. Sucede que hay ciudades -La Plata, Santa Rosa, parte de Salta o de Mendoza, por caso-, que tienen redes, pero que necesitan una inversión millonaria para remediar años de falta de mantenimiento. En los últimos meses del año pasado, se inició un paquete de obras para remediar un atraso de décadas. Se trata de 22.000 millones de pesos de proyectos que se licitaron en 2016 o lo harán este año. "Es el Plan Nacional de Agua más ambicioso de nuestra historia. Son obras que van a representar trabajo para casi medio millón de argentinos cuando esté todo en funcionamiento y la posibilidad cierta de lograr el objetivo que nos planteó el Presidente de que dentro de cuatro años el 100% de los argentinos tengan agua potable y el 75% de nuestros compatriotas tengan acceso a una cloaca y a plantas de tratamiento de efluentes", dijo el ministro Rogelio Frigerio. Los números dicen que apenas entre el 17 y el 20 por ciento de todos los residuos cloacales de todo el país se tratan y se devuelven a las fuentes hídricas. El resto, se vierte sin tratar y genera contaminación y enfermedades. Es uno de los ejes de la gestión. Los datos de agua y saneamiento son uno de los principales aspectos que se toman en cuenta a la hora de medir el desarrollo de infraestructura sanitaria del país. Y allí se ve el deterioro. En Chile, que empezó con un plan ambicioso de cobertura en la presidencia de Eduardo Frei (1994/2000) ya logró una cobertura de más de 95% en los tres aspectos: agua corriente, saneamiento y tratamiento. Uruguay tiene un índice similar para agua corriente, llega a alrededor de 75% de los hogares con cloacas y recolecta y trata más de 50% de sus residuos. El subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, sabe que el presidente Mauricio Macri ha puesto allí uno de los focos de gestión. Y entonces, además del plan de obra, se abocó a mejorar los niveles de prestación, hoy repartidos en empresas, cooperativas o gobiernos provinciales o municipales. Se estima que en la Argentina existen 1828 prestadores de servicio de agua y saneamiento. De ese total, hay 28 sociedades estatales o entes autárquicos, 12 sociedades anónimas privadas, 381 entes centralizados y 1407 cooperativas comunales. "Los niveles de operación de servicios son malos. Empresas costosas y sin buenos parámetros de rendimiento. Deberíamos ir a un esquema en que los costos operativos estén cubiertos con la tarifa", dice Bereciartúa. La inversión, claro está, quedaría a cargo del Estado.

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"Los recursos no alcanzan. Las ciudades argentinas han crecido sin planificación. Son extendidas y con una densidad poblacional baja. La necesidad de infraestructura per cápita es alta", agrega Bereciartúa. De acuerdo con los datos del Censo 2010, existen inequidades de acceso a los servicios a nivel regional e incluso dentro de las mismas jurisdicciones provinciales. El Área Metropolitana de Buenos Aires es la región que presenta las mayores diferencias en la cobertura con el 99,6% de la población de la ciudad de Buenos Aires que recibe servicios de agua potable por red, mientras que el área del Gran Buenos Aires la cobertura apenas llega al 70% (con algunos partidos como Ezeiza, Ituzaingó, Malvinas Argentinas, José C. Paz con coberturas inferiores al 18%). En el servicio de cloaca por red la brecha es más pronunciada, con una cobertura en la ciudad de Buenos Aires que se ubica en el 98,7% y en el resto del Gran Buenos Aires con una cobertura del 38%, con casos extremos como Ituzaingó, Malvinas Argentinas, José C. Paz con coberturas inferiores al 10 por ciento. Este año se licitarán dos obras claves en el Sur bonaerense, una en Berazategui y otra en Lomas de Zamora. Además, se licitó un plan cloacal en Córdoba. Son los proyectos más importantes. Entre los tres suman más de $ 10.000 millones.

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A través del Boletín Oficial el Gobierno formalizó cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores. Tal como lo había publicado LA NACION, el presidente Mauricio Macri dispuso mediante los decretos 54/2017 (sobre Riesgos del Trabajo), 52/2017 (sobre Feriados Nacionales) y 51/2017 (sobre la situación de congestionamiento de mercaderías arribadas al territorio aduanero argentino, sin destino aduanero), los cambios en cuestión. El jefe del Estado aceleró la salida del decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen de ART con el objetivo de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. Si bien el proyecto de ley ya tenía media sanción del Senado, Macri apuró el decreto y no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso para evitar que se sigan amontonando expedientes en los tribunales. Un dato: en 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Las ART califican la situación actual como inviable por el fuerte incremento de la litigiosidad: de cada 100 accidentes laborales ocurridos en Buenos Aires, 38 presentan demandas. Desde 2003, la cantidad de juicios se multiplicó por 40, indican desde el sector. Los reclamos acumulan, en la actualidad, unos 4500 millones de dólares, lo que tiene un alto impacto sobre el salario bruto. El nuevo esquema establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días. El otro DNU que publicado es el que le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, 4700 containers que están incautados o sin reclamar en la Aduana. Con esto el Presidente busca que esos elementos, entre los que hay ropa, juguetes y comida, entre otras cosas, se repartan entre organizaciones vulnerables o en zonas de catástrofe. Otro de los proyectos que se demoraron en el Congreso fue el del nuevo cronograma de feriados. Si bien estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, no se trató. Los días no laborables serán 16, y se eliminan los feriados turísticos que estuvieron vigentes hasta el último año. Cumplir con los 180 días de clases y reconocer que los feriados puente no generaron las ganancias esperadas en el sector turístico, pese a la resistencia que ejercieron para evitar el nuevo cronograma, son dos de los principales motivos que impulsaron al Gobierno a modificarlos. "Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente", decía la norma que no fue tratada en el Parlamento, y que se mantuvo en el nuevo texto. Las fechas exceptuadas son las correspondientes al 1° de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre.

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El gobierno nacional dispondrá en 2017 de cerca de $ 50.000 millones que destinará a impulsar la vivienda para atender a "toda la pirámide poblacional", alentando a la vez el mercado del crédito hipotecario, anunció el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr. "El objetivo es atender a toda la pirámide poblacional y generar un mercado de crédito hipotecario en la Argentina", señaló el funcionario. El funcionario dijo que de los $ 50.000 millones, $ 25.000 millones corresponden al programa Procrear y el resto a planes de hábitat y desarrollo urbano, como la urbanización de asentamientos y villas . "La idea es tener una política unificada dentro del Plan Nacional de Vivienda, al que se le suman los planes federales con la construcción de 70.000 viviendas sociales en distintas provincias y municipios, orientados a los sectores de más bajos recursos", indicó. Kerr dijo que " se segmentaron todos los programas" de vivienda para facilitar el acceso al crédito a cada individuo en relación a sus necesidades e ingresos, "y no darle un crédito subsidiado a quien no necesita" como ocurrió en la anterior administración. Líneas disponibles El subsecretario dijo que la meta para este año dentro del programa Procrear Solución Casa Propia es otorgar 18.000 créditos hipotecarios para comprar viviendas nuevas o usadas. Se trata de créditos a 20 años, donde las familias deben ahorrar entre 10% y 15% del valor de la propiedad, a lo que se le suma una bonificación de hasta $ 300.000 por parte del Estado y un crédito hipotecario nominado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) al que se accede por puntaje con una tasa del 5%. El destino es vivienda única, familiar y de ocupación permanente y la valuación de los inmuebles tiene como techo $ 1,5 millón. "Relanzaremos las líneas de crédito para la construcción individual en lote propio. La meta es dar entre 10.000 y 15.000 préstamos", señaló el funcionario. Además de la línea casa propia, el ente también impulsa el plan Procrear, que permite acceder a viviendas a estrenar. "Vamos a arrancar con 15.000 viviendas nuevas de estos desarrollos. La mitad ya está preadjudicada por sorteo. Los demás serán seleccionados con sistema de puntaje", señaló Kerr. Se planea entregar 23.000 unidades, a las que se podrán acceder con crédito hipotecario con plazos de pago de hasta 20 y 30 años para departamento de 1, 2 y 3 dormitorios. Por último, el funcionario destacó que también cuenta con una línea para lotes. "Son 10.000 lotes en ejecución. La idea es terminarlos y volcarlos para que puedan ser comprados con crédito hipotecario. Muy pocos están sorteados, sólo 3.000, y están distribuidos en todo el país", sostuvo.

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Una encuesta realizada por la consultora Polldata sobre evaluación del primer año de gestión del presidente Mauricio Macri, arrojó que un 45% de los encuestados considera que el primer mandatario cumplió "pocas" de sus promesas de campaña. El informe, publicado en diario Perfil, señala además que un 32,6% cree que Macri cumplió "la mayor parte" de sus promesas de campaña, y un 17,9%, ninguna. Sin embargo, según el relevamiento, realizado sobre 565 casos en Capital Federal, Macri mantiene un nivel de aprobación del 54%. Respecto a la situación económica, un 16,7% de los encuestados que cree que en este 2017 estará "mucho mejor", y un 31,1%, "algo mejor". En este marco, un 12,9% considera que estará "algo peor", y un 23,6% "mucho peor".

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A poco más de un mes de la salida de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, el nuevo presidente de la compañía Mario Dell'Acqua puso en marcha los motores para darle vuelo al plan de ajuste que le solicitaron desde la Casa Rosada. Dell'Acqua mantuvo varias reuniones. Recibió y dio instrucciones, aunque todavía no se oficializaron. Según pudo saber ámbito.com, el ajuste en AA comenzará por el cierre o mudanza de sucursales en país y el exterior y el desplazamiento de cientos de trabajadores. "Bajaron línea de reducir personal", confesó un alto ejecutivo con acceso a las oficinas donde se resuelve la política comercial de la compañía. "Se viene un ajuste paulatino de personal", subrayó, tras pedir el anonimato de su identidad para evitar represalias. Hasta mediados de 2016 Aerolíneas ostentaba una plantilla de 12.040 trabajadores en el mundo. Pero la "mesa chica" del gabinete económico que integran Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui exigió reducirla 25%. El argumento es conocido: déficit presupuestario. Este plan no es nuevo. Costantini lo recibió apenas asumió, pero resistió su implementación a fondo y se fue. La misión del exTechintDell'Acqua es clarísima. Desde ahora, insistirá con los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas, aunque desde la aerolínea lo nieguen. Los detalles del renovado ajuste se trasmitieron a los principales gerentes en una reunión celebrada el lunes 9 de enero en una la sala de conferencias de AA del aeropuerto Jorge Newbery. "Vamos a Aeroparque", se dicen entre gerentes cada vez que hay cónclave. Fue una presentación formal de la nueva conducción y de los lineamientos de trabajo. "Hay que achicar el número (de empleados)", proveyó el principal orador. Durante la gestión de Costantiniunos 800 trabajadores aceptaron indemnizaciones y dejaron sus puestos. En ese lote se despidieron históricos pilotos, mecánicos, administrativos y oficiales de venta. Ante la consulta de ámbito.com, el gerente de Asunto Públicos de AA, Pablo Marcó, dijo que en la reunión de gerentes "no se habló de ninguna cifra" de despedidos "ni de un supuesto ajuste de planta". "Eso es totalmente falso", enfatizó. • Achicamiento vs. Optimización Las sucursales que ya no operan o dejarán de hacerlo en el país son las de Bariloche, Puerto Iguazú, San Isidro y la de Cabildo y Congreso, que desde hace unos días ya cerró sus puertas. En Europa ordenarían bajar las persianas, mudarse o vender los muebles de las oficinas de Roma y Madrid. También podrían desactivar la atención al público por mostrador en algunas de las principales ciudades de América latina. "Generan mucho gasto en dólares", se esgrimió en la reunión, con las planillas de costos en el exterior sobre la mesa. Otra estrategia para reducir el déficit es unificar filiales, como se prevé con la de Resistencia y la de Corrientes. "El 2016 implicó la eficientización en la optimización de recursos, que implicó una nueva organización de toda la estructuración comercial de la compañía, agrupando en siete regiones las diferentes oficinas comerciales", explicó Marcó. Hoy, el grueso de los pasajes se vende por la web o teléfono y argumentan que no se justifica el pago de alquileres o expensas por semejantes inmuebles. Se estima que en 2016 creció 10% la facturación total de boletos. "Con el personal en etapa de jubilación que atendía en sucursales se llegó a un arreglo y en otros casos, como en el Conurbano o la Ciudad, se cerraron las sucursales y esa misma gente pasó a trabajar a Perú 2, desde donde se atiende toda la operación comercial de Buenos Aires", complementó el vocero.

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"La compañía está en un proceso de eficientización, y eso implica hacer análisis para generar una optimización de recursos, que le permita lograr el déficit cero en los próximos años, que es un objetivo que se mantiene" con la nueva conducción, explicó Marcó. Todavía es incierto el destino de las propiedades de la empresa. El objetivo sería colgarles carteles de alquila o vende, como ya se hizo con algunos pisos de la torre de AA de Perú y Rivadavia. Pero hay inmuebles de los que todavía no se puede disponer, como el de Bariloche, que por un convenio con la municipalidad fue a manos de la Secretaría de Turismo local y el Emprotur. Esta imponente esquina de 545 metros cuadrados, con auditorio para 100 personas, está ubicada en pleno centro de Bariloche, en Mitre y Villegas. Fue inaugurada en 1980, pero permaneció una década en el abandono absoluto, hasta que Aerolíneas firmó un acuerdo con la Municipalidad para ceder su uso hasta 2023 a cambio de una exención de impuestos. Antes de dejar el cargo, Costantini amenazó con romper el convenio y exigió la devolución de la cabaña. A la empresa estatal había llegado una supuesta oferta de una chocolatería por un alquiler de $ 200.000 mensuales. Finalmente, el intendente Gustavo Gennuso logró encaminar la renovación del comodato otorgando una drástica reducción en el pago de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH). Según el plan de ajuste, lo que dejaría de funcionar son las oficinas comerciales del área de la planta baja. En Río Negro subsistirían las sedes de Viedma y General Roca, pero ya no como sucursales, con todas las variantes de operaciones. "Éramos sucursal hasta octubre del año pasado, ahora solo hacemos ventas", dijeron desde del Alto Valle a este medio. Las funciones de la oficina en Puerto Iguazú quedarían absorbidas por la sucursal de Posadas y la "representación" en El Dorado. Desde Cataratas se vuela regularmente a Buenos Aires, Rosario, Córdoba y El Calafate. Es uno de los destinos más rentables. En el chalet de AA ubicado en la esquina de Victoria Aguirre al 295 todavía no acusaron recibo. "Trabajamos normalmente, tenemos venta de pasajes, reservas y atención al público. Oficialmente no tenemos nada", dijeron asombrados. En esta sucursal trabajan cinco personas en ventas y tres en administración. El local de Aerolíneas en Belgrano fue escenario de una tragedia con suerte. En 2012 tres personas que pasaron por la puerta en medio de un temporal resultaron heridas por el desprendimiento del mampostería con el logo de la empresa. La antigua marquesina de unos cinco metros de largo se desplomó por el viento y la lluvia y golpeó a dos hombres y a una mujer. Cuando la sucursal Belgrano fue reinaugurada, el expresidente de AA Mariano Recalde justificó la inversión: se encuentra ubicada en una esquina estratégica de la ciudad, pasan alrededor de 8.000 pasajeros mensuales. Sin embargo, desde hace una semana ya cerró sus puertas y una decena de empleados fueron desalojados. • En Europa también se consigue La sede romana de AA comparte edificio con el hotel boutique CaesarHouse. Queda a 200 metros del Coliseo, a la vista del Foro Romano. "El hotel está unos pisos más arriba, nosotros no sabemos nada diferente", respondieron en Roma ante la consulta deámbito.com por el posible cierre. Por ahora es un misterio si el futuro sombrío de esta sucursal está atado al sostenimiento de la ruta que une Ezeiza con la capital italiana y la dificultosa capacitación de pilotos para que migren del Airbus A340 a los A330. En principio, el destino se mantendría. La casa de AA en Madrid la reinauguró Cristina de Kirchner en 2010. Está ubicada en Calle de la Princesa N° 12, continuadora de la Gran Vía que lleva a la Puerta de Alcalá y la Plaza Mayor. Comparte edificio con Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), un organismo estatal a cargo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, que busca fomentar los viajes de extranjeros a la Argentina. Tras la privatización a manos de la española Iberia en los '90 y la posterior venta al Grupo Marsans, la delegación permaneció cerrada durante varios años hasta que fue restaurada por la reestatización. Unas 45 personas trabajan allí, con call center propio. "No estamos al tanto de nada, esta información nos ha sorprendido, acá estamos trabajando normalmente", expresó con acento español una empleada del área de Administración. El relanzado plan de ajuste se aplicará progresivamente en las próximas semanas. Dell'Acqua y su nuevo vicepresidente Siro Astolfi, exabogado de los españoles de Marsans en la quiebra de AA, ya encendieron los motores. Los gremios aeronáuticos están en alerta.

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A pesar de la polémica con sectores de la oposición y hasta algunos oficialistas que reclamaron la sanción de la iniciativa por parte del Congreso, el Gobierno pondrá en marcha hoy con un decreto de necesidad y urgencia la nueva reforma del régimen de riesgos del trabajo con la que aspira a contener la "industria del juicio" montada sobre el sistema, escenario que castiga los costos laborales de las empresas. Los datos sobre el incesante aumento de las demandas contra las aseguradoras iniciadas en 2016 parecen justificar la decisión oficial de recurrir a un DNU para apurar la aplicación de la reforma y no esperar los tiempos legislativos, donde solo resta la aprobación final de la Cámara Diputados. Entre enero y diciembre pasado, la cantidad de nuevos juicios trepó a 127.503, lo que representa un incremento del 20% respecto de las 106.021 demandas presentadas en 2015. Solo en diciembre último ingresaron a los tribunales laborales 12.248 juicios, una suba interanual del 45%, según el informe definitivo de 2016 elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) al que accedió El Cronista en forma exclusiva. No obstante, los picos de nuevas demandas se registraron en septiembre y agosto, con 14.443 y 13.786 presentaciones respectivamente, con aumentos en la cantidad de juicios que promediaron el 50% respecto a 2015. Otro de las conclusiones más significativas del informe de la UART es la fuerte concentración de las nuevas demandas en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos 12 meses, el distrito aglutinó el 48% de los juicios ingresados en todo el país, registrando un crecimiento interanual del 36,9%. La concentración de casos y el crecimiento de juicios respecto de 2015 para las demás principales jurisdicciones mostró que la provincia de Buenos Aires condensó el 16,2% de las demandas, presentando un incremento de 21,6%, seguida por Santa Fe con el 12,7% de los juicios y un crecimiento del 2,8% y Córdoba con el 9,7% de las presentaciones y un suba interanual del 0,8%. Por otra parte al analizar la cantidad de juicios iniciados en relación con los trabajadores cubiertos por el sistema, el informe advirtió de una tendencia creciente a lo largo del período analizado, registrando un valor máximo en 2016 de 139 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. La preocupación que genera la catarata de juicios contra el sistema determinó al Gobierno a apurar la aplicación de la reforma del régimen mediante un DNU, sorteando al Congreso. El decreto, que ya fue firmado por el presidente Mauricio Macri y será publicado hoy en el Boletín Oficial, replica el texto de la iniciativa que obtuvo en diciembre pasado media sanción del Senado, después de una serie de cambios acordados con la CGT. En concreto la reforma establece que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. Así el Ejecutivo pretende que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.

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El gasto primario creció arriba del 90% en diciembre, en términos interanuales, según surge de cálculos de cómo evolucionaron las cuentas públicas teniendo en cuenta que el déficit primario que se alcanzó en 2016 fue de 4,6% del PBI. Sin embargo, este porcentaje encierra los ingresos tributarios que se obtuvieron del blanqueo, sin los cuales el rojo fiscal durante el año pasado habría alcanzado casi los 6 puntos al poner en contraste con el PBI. Entre octubre y diciembre se recaudó, por la penalidad que se cobró a quienes decidieron entrar al régimen de sinceramiento fiscal $ 106.700 millones, según había detallado la AFIP a principios de enero cuando dio a conocer los datos de ingresos tributarios. Este número implica que estos recursos equivalieron, aproximadamente, a un 1,3% del PBI. De esta manera, si no se consideraran, el 4,6% de déficit primario para 2016 (que fue confirmado por fuentes oficiales a este diario) el número treparía hasta el 5,9%. Según estimó la consultora ACM, en diciembre el gasto primario habría crecido un 107% hasta llegar a 326.896 millones. En ese sentido, asignó a los ingresos fiscales del blanqueo $ 100.000 millones, que se suman a los $ 156.932 millones de recursos tributarios ordinarios. Así, el déficit primario de diciembre habría sido de $ 69.964 millones. Hasta noviembre se había acumulado un déficit de $ 300.036 millones, más el rojo de diciembre, se habría terminado en $ 370.000 millones, equivalentes al 4,6% del PBI. Hay que recordar que la meta oficial de este año era llegar a un 4,8% del PBI. De todos modos, si no se contabilizaran los ingresos del blanqueo, el déficit habría trepado a un 5,9%. "Para cumplir con el 4,8% previsto en la meta oficial para 2016 estaban pisando gasto que iba a ir para el año que viene. Luego con los ingresos extraordinarios que se obtuvieron lo que hizo la gente de Nicolás Dujovne es anticipar gasto, por lo tanto bajaron la deuda flotante a nivel mínimo", sostuvo en diálogo con este diario Javier Alvaredo, socio fundador de la consultora ACM. Agregó que además "aprovecharon para devengar erogaciones también: para la última semana adelantaron $ 8000 millones de obra pública que tenían parado". "Habrá que ver específicamente a qué renglones se asignaron estos recursos, pero en caso de que se haya dado impulso a los gastos en infraestructura, dicha inyección de fondos podría mover el amperímetro en términos de cuál podría ser la dinámica de la inversión y el empleo a futuro", detalló ACM en un informe. También Gabriel Caamaño Gómez, de Consultora Ledesma, identificó que "para que sea verdad lo de 4,6% de déficit, el gasto en diciembre tuvo que crecer a un ritmo superior al 90% anual". Y, sobre esto, vaticinó que algunas erogaciones de los meses anteriores que no se habían pagado, ahora sí se abonaron. "Es decir, liquidaron deuda flotante", definió. En los meses anteriores, el "devengado" venía subiendo más fuerte que el "base caja". Señaló que, además, en diciembre de 2015 hubo deuda que se generó que no se computó, lo que dio un punto bajo de comparación. De todos modos, resaltó que "con el nuevo PBI revisado por el Indec, el déficit de 2015 fue de 4% y, al contabilizar la deuda flotante, cerró en 5%. Así, está confirmado que en 2016 no hubo ajuste; el impacto es negativo". El Gobierno dará a conocer en los próximos días (probablemente hoy) el detalle del resultado base caja de las cuentas fiscales del 2016.

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Donald Trump busca mostrar que avanza rápido en los temas sobre los que puso más énfasis en su campaña. El flamante presidente de EE.UU. anunció hoy que pronto comenzará a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, según sus siglas en inglés) con los líderes de México y Canadá. “Vamos a empezar a negociar lo que tiene que ver con NAFTA. ¿Alguien ha oído hablar del NAFTA? Basamos nuestra campaña en parte en NAFTA”, dijo el presidente en un acto en la Casa Blanca, en el que juraron sus cargos varios funcionarios. Explicó que lo hará durante su próxima reunión con el jefe de Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, que vendrá a Washington el 31 de enero. Trump explicó que en ese encuentro también hablarán de otros temas candentes como “inmigración y seguridad en la frontera”. Aún no tiene agendada una bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, pero se estima que lo hará pronto. El presidente lanzó así el tema y no dio precisiones sobre qué aspectos del complejo tratado volverá a negociar con sus vecinos. En la agenda para sus primeros cien días de su gobierno presentada antes de las elecciones, Trump había dicho que sus prioridades estaba en la renegociación del NAFTA ya que lo considera un tratado “terrible”. El denuncia que este pacto, que entró en vigor durante el gobierno de Bill Clinton y que crea una zona de libre comercio entre los tres países, ha perjudicado a los trabajadores estadounidenses porque las empresas trasladan su producción afuera de EE.UU., donde los costos son más baratos. Sin embargo, no queda claro qué aspectos del tratado podría renegociar Trump mediante órdenes ejecutivas, sin aval del Congreso, el órgano que ha ratificado el pacto en su momento. A pesar de que allí hay mayoría republicana, muchos legisladores oficialistas podrían resistirse porque son favorables al libre comercio. Otro tema que seguramente será debatidos es el migratorio. Trump prometió que construiría un muro en la frontera y que iba a deportar a inmigrantes indocumentados, aunque luego dijo que se enfocaría primero en los que habían cometido delitos. También había señalado que México pagaría por la construcción de muro, algo que Peña Nieto siempre negó. Ahora dice que Estados Unidos adelantaría el dinero para construirlo más rápido y que México lo reembolsaría después. Será otro tema caliente de la bilateral. Más allá de los anuncios sobre el NAFTA, Trump encendió un intenso debate sobre su apoyo popular, al mencionar hoy con ironía la masiva ola de marchas en Estados Unidos y en el mundo que el sábado salieron a protestar por su llegada a la Casa Blanca. En su cuenta de Twitter, el presidente escribió: “Miré las protestas de ayer pero tengo la impresión de que recién tuvimos una elección! ¿Por qué estas personas no votaron?”, preguntó y acusó a los actores, directores, artistas y cantantes que se subieron al escenario en Washington para hablar en contra del presidente de “hacer mucho daño a su causa”. En un segundo tuit, una hora más tarde, Trump eligió un tono más conciliador y declaró que respetaba el derecho a manifestarse: “Las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Aunque no siempre esté de acuerdo, reconozco los derechos de la gente a expresar sus opiniones”.

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El ex presidente del Congreso venezolano, Henry Ramos Allup, anunció hoy que dos representantes del gobierno y dos de la oposición se reunirán en los próximos días con el Papa en el Vaticano. La intención opositora es reencauzar el diálogo congelado entre ambas partes, aunque sin dejar de lado su reclamo de convocatoria urgente a elecciones anticipadas, algo que el chavismo rechaza. El anuncio -sobre el que Allup no dio más precisiones- se produce horas antes de que la oposición marche mañana en Caracas y en otras importantes ciudades del país para exigir al gobierno que llame a elecciones nacionales. En diciembre deberían haberse elegido los gobernadores y alcaldes y los sondeos anticipan una sonora derrota del oficialismo, en medio de una fenomenal crisis social y económica. La semana pasada, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, rehusó que el chavismo esté dispuesto a acceder a ese pedido. “Las urnas están guardadas”, sostuvo el ex titular de la Asamblea Nacional y líder del sector más intransigente del chavismo. Al hacer su anuncio, Ramos Allup -uno de los líderes más importantes de la oposición- afirmó que era necesaria la presión de la calle para lograr que se realicen las elecciones. El sábado, los mediadores entre el Gobierno y la oposición entregaron a la opositora Mesa de Unidad Democrática una propuesta para reactivar las conversaciones, congeladas desde diciembre pasado. La propuesta había sido entregada el jueves al presidente Nicolás Maduro en la reunión que éste sostuvo con el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, el nuncio apostólico Aldo Giordano y los ex presidentes de Republicana Dominicana, Leonel Fernández; de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos. Antes, los facilitadores visitaron la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por la directiva que prestó juramento el 5 de enero y que el gobierno desconoce por considerarla “inconstitucional”. La directiva, encabezada por el presidente Julio Borges, reclamó a los mediadores que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique el cronograma electoral para 2017, que prevé los comicios de gobernadores y alcaldes, pero que todavía no han sido convocados por el gobierno. El proceso sufrió un retroceso la semana pasada cuando el representante enviado por el Papa Francisco, monseñor Claudio María Celli, renunció a su tarea y regresó a Roma. Celli es un experimentado diplomático que ha estado encargado por Francisco de tejer acuerdos para un acercamiento con el gobierno comunista de China. Quienes siguen el caso consideraron el hecho como un revés para el Papa, quien había apostado al diálogo tras recibir al presidente Maduro en el Vaticano. Fuentes de la oposición han difundido una interpretación doble del tema: de un lado estiman que Maduro abusó de la confianza del Vaticano, aunque por el otro consideran que los prelados tuvieron un exceso de buena voluntad para con el gobierno, que nunca quiso cumplir sus compromisos. El pasado 7 de enero, con una dureza poco frecuente, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció la ausencia de voluntad real para el diálogo entre el gobierno y la oposición y repudió al régimen por “el sufrimiento que produce al pueblo”. El presidente del organismo, monseñor Diego Padrón, expresó: “No hubo una sincera voluntad de dialogar”. Pero luego apuntó al gobierno al remarcar que ninguno antes “había hecho sufrir tanto a un pueblo como el que ahora administra el país”.