TICS

La masificación de Internet, un objetivo del Gobierno para posicionar al país en el mundo.

Responsabilidad Social

Premio a la Responsa-bilidad Social y al compromiso de las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia.

Comunidad

Los servicios públicos benefician a las po-blaciones de menos recursos económicos en nuestro país.

Junio de 2014

Los servicios públi-cos en Colombia se han consoli-dado en las dos

últimas décadas como un sector decisivo para la com-petitividad del país, pero al mismo tiempo para el desa-rrollo social del país en lo que a la solución de necesidades básicas se refiere.

De acuerdo con nuestra última revisión en Andesco, con 104 empresas afiliadas en acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural, tecnologías de la información, comunicaciones y televisión de Colombia, las coberturas secto-riales son las siguientes:

Servicios públicos, factor sostenible de competitividad y desarrollo social

En energía eléctrica 96%, con servicio de primera cali-dad. Prácticamente todo el país poblado cuenta con el servicio. El reto es la incorporación de energías alternativas y la intro-ducción definitiva de sistemas de transporte eléctrico.

En gas natural las conexio-nes domiciliarias ascienden a 7,3 millones, que brindan servicio a casi 30 millones de colombianos; es decir, las tres cuartas partes de la población nacional. El Gas Licuado de Petróleo le brinda el servicio a otros 10 millones de personas, observándose una cobertura a casi la totalidad de la ciudadanía del país.

El reto es seguir aumentan-do la cobertura de gas natural y el parque automotor con Gas Natural Vehicular, sobre todo en servicio público, con alto ahorro para los consumidores.

En Tecnologías de la In-formación y las Comunica-ciones, la penetración de la telefonía móvil es universal, con más de 48,8 millones de líneas (más líneas móviles que habitantes) y las fijas están cercanas a 7 millones. Los colombianos tienen acceso a equipos de última generación y permanentemente se están actualizando.

En materia de conectivi-dad por Internet, la pene-

tración de la banda ancha se ha aumentado a 8 millones de conexiones y más de 30 millones de colombianos tienen acceso en sus hogares a Internet. El país está a la vanguardia y es reconocido internacionalmente como una de las economías más avanzadas en este campo.

En otro importante frente del sector comunicaciones, se tienen 4,6 millones de asociados en televisión por suscripción, mientras la co-bertura de la señal abierta llega a prácticamente todos los rincones del país.

En acueducto la cobertura urbana es cercana al 90%. En

las ciudades grandes e inter-medias este indicador es cer-cano al 100%, con servicio de alta calidad.

En alcantarillado la co-bertura urbana es cercana al 85%. Allí el gran reto está en el tratamiento de las aguas servidas, que actualmente es del 35% del caudal tratado. Sin duda, será uno de los te-mas prioritarios en las próxi-mas décadas para el país.

En residuos sólidos, la cobertura de recolección en cascos urbanos es superior al 95%. Del total de las tonela-das de residuos generadas, al-rededor del 90% se disponen en rellenos sanitarios. 

A manera de conclusión, se puede identificar al sector de servicios públicos y TIC como uno de los más estratégicos en la economía, ya que representa casi el 5% del PIB; genera al-rededor de 100.000 empleos directos, más de 300.000 in-directos, al tiempo que irradia beneficios a la comunidad, la industria y el comercio.

Pero, definitivamente, los grandes retos del sector se re-sumen en una sola palabra: sos-tenibilidad, que será analizada desde todas sus variables en el 16 Congreso Nacional e Interna-cional de Servicios Públicos que Andesco realizará en Cartagena la última semana de junio.

Gustavo Galvis HernándezPresidente

Colaboradores en esta Edición

Mauricio López GonzálezVicepresidente Técnico

Alberto Solana VanegasDirector de la Cámara Sectorial de TIC

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

Edwin Cruz CaballeroDirector de las cámaras Sectoriales de Energía y Gas

Pierre UrriagoDirector de las Cámaras Sectoriales de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo

Juan José FuentesDirector de la Cámara Financiera Tributaria y Contable

Mónica Susana Isaza CarvajalCoordinadora de la Cámara Ambiental

Yulder Jiménez ClavijoDirector de Comunicaciones y RSE

Francisco Rodríguez GarcíaAsesor de Comunicaciones

Calle 93 N° 13 – 24 piso 3. Bogotá D.C., Colombia PBX: 6167611 andesco@andesco.org.co - www.andesco.com

La sostenibilidad, en-tendida como un fin superior en el cual convergen los intere-

ses, deberes y derechos de la socie-dad en su conjunto, en procura de un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, es el compromiso del sector de los ser-vicios públicos y comunicaciones y, en especial, el de las empresas afiliadas a Andesco.

Nuestras actividades están enmarcadas en función de con-tribuir al desarrollo sostenible, gestionando nuestros compro-misos con la sociedad desde las dimensiones económica, social y ambiental, enmarcadas en un esquema de buen gobierno, bajo el entendimiento de que ningu-na de estas puede alcanzarse sin el avance simultáneo y equili-brado en las demás.

Nuestros esfuerzos están en-caminados a la promoción de la investigación y el desarrollo e implementación de tecnolo-gías innovadoras que requiere el desarrollo sostenible; la pro-ducción de energías limpias y renovables que aporten a la prevención y reducción de emi-siones de carbono; el almacena-miento y eficiencia energética; el uso eficiente del agua; la preven-ción en la generación, reciclaje y aprovechamiento de residuos y subproductos de procesos; el aprovechamiento óptimo de todos los recursos naturales; la infraestructura de redes, comu-nicaciones y movilidad para ciu-dades inteligentes, entre otros.

La sostenibilidad de las em-presas del sector de los servicios públicos y comunicaciones está ligada al uso racional de los re-cursos naturales, en condicio-nes que aseguren relaciones de

equilibrio con las comunidades, en especial las más vulnerables económicamente, las cuales pueden verse afectadas por la utilización de los mismos. A partir de visiones transversa-les e integrales se busca generar valor y oportunidades de cre-cimiento en forma rentable y eficiente; en este sentido, las empresas de servicios públi-cos y comunicaciones apoyan la construcción de soluciones como movilidad en las ciuda-des, información para la gestión pública y gobierno en línea, im-plementación de estrategias de educación en el uso eficiente de los servicios públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, normas de construcción sostenible, so-luciones de eficiencia energética, utilización eficiente del recurso hídrico, prevención y reducción de emisiones, prevención y aprovechamiento de residuos y subproductos en los procesos productivos y protección de la biodiversidad, con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Mención aparte tiene el agua como elemento central de de-sarrollo sostenible, sobre todo frente a su disponibilidad en can-tidad y calidad. Por tanto, es fun-damental definir e implementar las políticas públicas y planes para la gestión integral de los recursos hídricos y de ordenamiento de cuencas hidrográficas. Igualmen-te, favorecer la introducción de medidas e incentivos regulatorios y fiscales que permitan alcanzar estos fines. Esta interacción con otros actores también busca la promoción de la recuperación de cauces, ecosistemas protectores, tales como bosques, manglares,

humedales, páramos, entre otros.Asimismo, la sostenibilidad

impone la prestación de servi-cios de agua potable de calidad y continuidad y sistemas de tratamiento de aguas residua-les, bajo el entendimiento de un compromiso financiero, social y ambiental por parte de las em-presas, el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los usuarios del servicio.

Para lograr la sostenibilidad es esencial el acceso a servicios de energía y gas para acelerar la erradicación de la pobreza, la promoción de la salud, la preser-vación de la vida y la satisfacción de necesidades básicas.

Es indispensable la gestión integral de residuos sólidos que abarque los actuales componen-tes de recolección, transporte y disposición final, incluyendo los esquemas de aprovechamiento y reciclaje; es indispensable apropiar tecnologías innovadoras, tanto de orden técnico como de ingeniería social con inclusión de los grupos vulnerables que se dedican a la re-cuperación de residuos.

Asimismo, es esencial el uso masivo y responsable de las Tec-nologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, como vehículos para el acceso de los colombianos a la Sociedad de la Información, a una ciudadanía digital y participativa, promo-viendo ciudades inteligentes con oportunidades para todos.

Finalmente, nuestras actua-ciones están en concordancia con procesos serios y responsa-bles de intervención social en las áreas de interés, con pleno respeto por los derechos huma-nos y así generar condiciones sostenibles para el entorno.

La sostenibilidad: el compromiso del sector de servicios

públicos y comunicaciones

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A inicios de la déca-da de los noven-ta, nuestro país experimentaba

un periodo de transición cons-titucional que trajo consigo la transformación del modelo de Estado. Mientras estuvo vi-gente la Constitución Política de 1886, el intervencionismo estatal en la prestación de los servicios públicos se materializó en la operación de toda la cade-na productiva de cada servicio, llegando hasta la fijación de las políticas para su ejecución. Sin embargo, el sistema mostraba, como gran debilidad, una enor-me dependencia de las regiones y municipios frente al poder central como determinador y responsable de la prestación.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y sobre la base de la adopción de la cláusula del Estado social, la descentralización administrativa y la autonomía de las regiones y de los entes territoriales, dicha transformación se evidencia particularmente, frente a la pres-tación eficiente de los servicios públicos domiciliarios y su direc-ta vinculación con los fines del Estado social de derecho.

La Carta Marga, entonces, deposita en cabeza del presi-dente de la República la fun-ción de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públi-cos domiciliarios. Igualmente le delega el Ejércicio, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del con-trol, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Para julio de 1994 se sanciona la Ley 142, norma orientada a garantizar la eficiencia, calidad, cobertura, acceso, solidaridad y equidad en la prestación de los servicios públicos, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y la atención prioritaria de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con su prestación. Desde entonces, uno de los principales retos que ha tenido que asumir la Superser-vicios en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas

Veinte años de la Ley 142 de 1994: una reingeniería aplicada a la sostenibilidad de los servicios públicos en Colombia

Por: Patricia Duque Cruz Superintendenta de Servicios Públicos Domiciliarios

ha consistido en el ejercicio de sus facultades en un escenario en el cual la desigualdad en las condiciones de vida de la po-blación aún prevalece, y cuyo marco legal se concibió en un contexto muy diferente de aquel en que se desarrolla hoy día la prestación de los servicios pú-blicos, particularmente frente al constante desarrollo y evolución de sus esquemas operativos.

Ante el desarrollo regulatorio de mecanismos de mercado, como son las subastas del cargo por confiabilidad en el servicio de energía eléctrica o las subastas para el suministro y transporte de gas natural, así como de políticas pú-blicas plasmadas en esquemas re-gionales de prestación del servicio, como los Planes Departamentales de Agua y, más recientemente, los esquemas de Asociación Público Privadas, principalmente aplica-bles a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, es posible denotar una verdadera evolución en el sector de los servicios públi-cos, comparable con el avance que significó la expedición de la Ley 142 de 1994.

El éxito del modelo implemen-tado con la ley en comento requie-re ser analizado desde la búsqueda de la sostenibilidad sectorial. En ese sentido es necesario tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

- Incorporación de instru-mentos para adoptar soluciones expeditas, pero provisionales, con el objeto de proteger la efectiva continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, cuando se encuentren circunstancias que amenacen comprometer en forma grave y urgente dicha prestación.

- Contar con un procedimien-to particular y expreso de defensa de los usuarios de servicios pú-blicos domiciliarios en sede de la empresa, que garantice el de-bido proceso en todas las actua-ciones que se surtan, tanto para el prestador que tiene derecho a defender su actuar, como para el usuario que tiene derecho a con-trovertir el actuar del prestador, sus métodos o sus conclusiones.

- La autonomía de las comi-

siones de regulación es indiscu-tible, sin embargo, hay aspectos de orden general y transversal a los servicios de energía, acueduc-to y alcantarillado, gas natural, aseo y GLP, que bien podrían ser objeto de regulación de manera uniforme, sin que con ello pueda entenderse que deben hacerse de forma idéntica.

Son notables los resultados y los avances de orden jurídico y operativo que han enmarcado el desarrollo de los servicios pú-blicos en estos 20 años, la expe-riencia ha permitido a cada actor sectorial, desde su propia pers-pectiva, obtener los elementos necesarios para evaluar, corregir, proponer y seguir evolucionan-do en la consecución de logros, no solo en términos de benefi-cios económicos, sino también sociales y ambientales.

El camino transcurrido tiene grandes aciertos para destacar; no obstante, si la visión es la sosteni-bilidad de los servicios públicos domiciliarios, y la misma es enten-dida como la capacidad de sobre-vivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones cambiantes, re-sulta pertinente una reingeniería que tenga como eje estructurante la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en la materia.

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El World Economic Forum (WEF) lle-vó a cabo un análisis de competitividad

de la energía a través del Glo-bal Energy Architecture Perfor-mance Index (EAPI) 2014, ín-dice que mide la adaptación de los sistemas energéticos de los países a los cambios del pano-rama energético mundial con respecto al aporte de sus siste-mas energéticos al crecimiento económico y al desarrollo de la seguridad energética, la soste-nibilidad ambiental y el acceso a la energía.

En esta versión, Colombia ocupó el puesto séptimo entre 124 países en el escalafón ge-neral, descendiendo un escaño con respecto al año pasado.

Pero hay otros indicadores para destacar, como que el país haya subido del puesto 16 al séptimo en el campo de “Energy Access & Security”, y del puesto 58 al 51 en el indicador “Environmental Sustainability”, lo que es más que plausible. También, Colombia mantiene el segundo lugar con respecto a la variable “Economic Growth & Development”.

Este índice ubica a nuestro país en una posición de privilegio a esca-la global, en el marco de los avances del sector de energía en materia de seguridad energética y económica aunque, al mismo tiempo, el in-forme avisa de la importancia de mejorar las condiciones de acceso a la electricidad, especialmente en zo-nas remotas del territorio nacional.

Con respecto a esto último, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) señala que, a 2013, el nivel de cobertura de energía eléctrica estaba cercano a 97 por ciento, con aproximada-mente 12 millones de viviendas conectadas, a pesar de lo cual, y en consonancia con la recomen-dación del EAPI 2014, impone retos de electrificación, especial-mente en zonas apartadas, del orden de 450 mil viviendas.

Esto indica que, si bien Co-lombia avanza hacia un sector de energía eléctrica de talla mundial, existen temas que el Gobierno Nacional podría de-sarrollar en una agenda de po-lítica energética de largo plazo, de tal forma que se asegure la sostenibilidad energética.

En promedio, el país presen-ta un consumo per cápita bajo (1.100 kWh-año/habitante, aproximadamente) frente a la región de América Latina y el Caribe, y en comparación con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos (OCDE).

Necesidades y perspectivasEntre los asuntos a tener en

cuenta y que tienen que ser del máximo invterés para el país, es-tán el fortalecimiento de la polí-tica energética para alcanzar una mejor eficiencia e incrementar el desarrollo de redes inteligentes.

También se requiere evaluar el desarrollo de una política pública para incentivar el aumento de nuevas demandas en el ámbito

La consolidación del sector energético en Colombia

En esta materia, el país presenta necesidades de in-terconexión, acceso y sostenibilidad que ya comien-zan a tener un compromiso legal de satisfacción y cumplimiento.

nacional, principalmente en el sector industrial, con criterios de eficiencia energética y competiti-vidad, que contribuyan a ubicar a Colombia en una posición más competitiva en la escala regional.

En lo que respecta a las pers-pectivas del Gobierno Nacional sobre el papel de nuestro país en las interconexiones internacionales (Centroamérica y región Andina), Colombia debe apoyarse en los es-tudios realizados hasta el momen-

to y darle prioridad a la armoni-zación regulatoria del sistema de interconexión eléctrica, en busca de viabilidad en los intercambios con Centro y Suramérica.

En especial, dado el aporte de la hidroenergía en la región a la mitigación del impacto am-biental, esta fuente de energía contribuiría favorablemente a las interconexiones internacio-nales de Colombia con países que poseen características y

cuencas diferentes, o en el apoyo hidrotérmico en el área Andina.

También es oportuno imple-mentar una estrategia de largo plazo para el tratamiento del dé-ficit de los fondos para subsidios de las tarifas de energía y gas.

Es fundamental para el desa-rrollo y la sostenibilidad del país considerar estos temas de polí-tica energética, por lo cual son adecuadas todas las instancias de diálogo entre las autorida-des y los agentes que permitan construir un sector viable y con una visión de largo plazo.

Base legal para avanzarVale la pena destacar, como

un gran esfuerzo del Gobier-no, la reciente promulgación de la Ley 1715 de 2014 sobre energías renovables, que está orientada, entre otros temas, al desarrollo de incentivos para la participación de la demanda en el mercado de energía, así como a aspectos de eficiencia energética.

Gracias a esta norma, y de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el país sigue dando pasos en la adopción de un sistema energéti-co más limpio, con el involucra-miento de las administraciones públicas, el sector privado y los entes locales, incentivando la pe-netración de fuentes no conven-cionales de energía con criterios de sostenibilidad medioambien-

tal, social y económica.Al mismo tiempo, se adelanta

la implementación de un progra-ma destinado a sustituir progresi-vamente la generación con diésel en las Zonas No Interconectadas (ZNI) para reducir los costos de prestación del servicio y las emi-siones de gases contaminantes.

Además, se creará el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar programas de eficiencia energética.

La cartera de Minas y Ener-gía también señala que la nueva normatividad establece el mar-co legal y los instrumentos ne-cesarios para la promoción y el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, fomentando la inversión, la in-vestigación y el desarrollo de tec-nologías limpias en la producción energética, el incremento de su eficiencia y la respuesta de la de-manda en el marco de la política energética nacional.

El Ministerio indica que la ley sancionada busca, además, esta-blecer planes de actuación para fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no sean susceptibles de reutiliza-ción y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en Zonas No Interconectadas (ZNI) y el potencial de la geotermia y la energía solar.

Si bien la calidad de vida de los colom-bianos ha mejorado notoriamente por

cuenta de mayores coberturas y niveles de continuidad y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el sector tiene por delante desafíos por superar en materia ambiental, más los retos que plantean los usuarios y la sociedad en general.

Con respecto al alcantarilla-do, aunque exista o no concien-cia con respecto al destino final de los residuos industriales o domiciliarios, la realidad es que son los ríos los que terminan re-cibiendo todos estos materiales contaminados, con las respecti-vas consecuencias que ocasionan en los ecosistemas.

El Gobierno y algunas empresas de acueducto y al-cantarillado municipales han hecho grandes esfuerzos para la construcción de obras que permitan tratar este tipo de aguas y mejorar la calidad de las corrientes. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, pues tan solo 30 por ciento del total de líquidos residuales del país tiene algún tipo de tratamiento.

La situación es similar en el caso de las basuras. Luego de recogidas, van a parar a los rellenos sanitarios, infraestruc-turas que han sido concebidas para que su impacto ambiental sea mínimo, lo que representa una mejora significativa en este tema en Colombia.

Pero no existe todavía una ver-

Sostenibilidad ambiental, el gran desafío en agua, alcantarillado y aseo

Es un hecho que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en nuestro país han presentado importantes mejoras a lo largo de los últimos años, aun a pesar de que siga habiendo casos aislados de poblaciones con escasez de agua potable o acumulación de basuras en las calles.

dadera conciencia con respecto a la degradación en la naturaleza de todos esos sobrantes, hecho con diferentes materiales y que van a parar a una caneca o a una bolsa negra. Por ejemplo, el papel y el cartón tardan alrededor de un año en biodegradarse; una lata de gaseosa, 350 años; las botellas de plástico, más de 100 años, y un vaso de icopor alrededor de 1.000.

Una mano a la naturalezaA pesar de que la mayoría de

las ciudades y las empresas presta-doras del país vienen trabajando para garantizar la oferta de luga-res para disponer de las millones de toneladas de residuos sólidos que se producen en Colombia, y minimizar con ello el riesgo de emergencias sanitarias, es cada vez mayor la restricción en el adelanto de estas obras, en especial por la poca disponibilidad de terrenos destinados a este fin.

En algunos países desarrolla-dos los rellenos sanitarios están prohibidos debido a la escasez de tierra y a la intención de revertir los efectos ambientales deriva-dos de las actividades humanas, motivando a las personas a la reutilización y a la reincorpora-ción de todos estos desperdicios al ciclo productivo de los bienes.

Por eso, botellas plásticas, vi-drio, papel y aparatos electrónicos obsoletos, entre otros, son reutili-zados en la elaboración de nuevos productos. De la misma manera, los desechos orgánicos son trata-dos y transformados como abonos para la actividad agrícola.

Entonces, ¿cómo ayudar a

mejorar las condiciones del medio ambiente a través de los servicios de agua potable y sa-neamiento? ¿Qué implica para la sociedad este propósito?

Un esfuerzo compartidoAntes de responder estas

preguntas, hay algo concreto: utilizar el medio ambiente para el desarrollo de las actividades humanas tiene un costo.

Un mejor ambiente es esfuer-zo común, no solo asunto del Gobierno. A este le corresponde definir las políticas, incentivos e instrumentos para la conserva-ción ambiental, de manera que se traduzcan en inversiones por parte del sector privado.

Sin embargo, es claro también que dichos incentivos pueden promover cambios en los hábi-tos de los consumidores, como por ejemplo ahorrar agua o sepa-rar las basuras en las casas. De la misma forma, el Gobierno des-tina, cuando es posible, recursos para el desarrollo de proyectos de interés nacional.

Infortunadamente, dichos recursos no son ilimitados y aquí es en donde les urge a los usuarios hacer esfuerzos para re-cuperar y mejorar los deterioros del medio ambiente.

Limpiar las aguas residuales antes de verterlas a los ríos es más costoso que no hacerlo, al igual que aprovechar o reciclar las basuras en lugar de llevarlas a un relleno sanitario. Asimismo, prevenir la deforestación de las cuencas en donde nace el agua que llega a nuestras casas implica

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costos más altos.Por ello, si la sociedad decide

promover un medio ambiente más limpio o menos deteriora-do para las futuras generacio-nes, tendrá que estar dispuesta a dedicar un mayor gasto a los servicios de agua y saneamiento, bien sea por medio de tarifas del servicio público o de impuestos.

Si esto se adopta el desafío será, entonces, promover la in-novación y el uso de mejores prácticas y tecnologías emplea-das en el mundo para el mejo-ramiento del medio ambiente, de manera que se garantice la eficiencia de los recursos desti-nados a ello.

La discusión está abierta.

El sector del gas na-tural en nuestro país goza de una buena salud, aunque no

por ello está exento de mejoras e implementaciones políticas y estructurales que le otorguen un mayor carácter de sostenibilidad.

En particular, desde la pro-mulgación de las leyes 142 y 143 de 1994, con el desarrollo de la política energética por parte de Ministerio de Minas y Energía, de la existencia del marco regula-torio definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y con la participación de empresas públicas, privadas y mixtas de los sectores de energía y gas en el país, se ha contribuido a la universalización del servicio en condiciones de calidad y con-fiabilidad para los colombianos.

Por otra parte, desde la expe-dición del Plan de Masificación del Gas Natural en 1986, que fo-mentó la construcción de la in-fraestructura de transporte que conectó al centro del país con los grandes yacimientos de ese combustible en la costa Caribe

Hacia una mayor viabilidad del gasEl Global Energy Architecture Performance Index (EAPI) 2014 resalta, para el caso colombiano, la

transformación del sector de petróleo y gas en los últimos años y la generación de ingresos por exportaciones.

colombiana, el sector ha logrado la expansión de este energético amigable con el medio ambiente a más de 7 millones de usuarios, de acuerdo con cifras del Minis-terio de Minas y Energía.

Si bien Colombia cuenta con una matriz de generación de energía con una alta par-ticipación de la generación hidroeléctrica, la incidencia de las variaciones climáticas sobre la hidrología exigen que el país cuente con fuentes com-plementarias que ofrezcan res-paldo al sistema eléctrico. Una de estas, el gas natural, que en este sentido está llamado a ser la fuente de energía de transición hacia las pares no contaminan-tes (MIT, 2012), debe ser una alternativa dentro de dicha ma-triz que contribuya a la seguri-dad energética y a la mitigación del impacto ambiental en todo el territorio nacional.

Y aunque a través del De-creto 2100 del 15 de junio de 2011, “Por el cual se establecen mecanismos para promover el aseguramiento del abasteci-

miento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones” se estableció un marco normativo para el gas natural, se requiere en Colombia una definición de política pública de largo plazo con respecto a este combustible en el marco de la sostenibilidad.

Es interesante hacer notar que, desde la perspectiva de la agenda mundial de la energía, los combustibles fósiles no con-vencionales, como es el caso del shale oil, el shale gas y el gas del carbón, entre otros, están inclui-dos en la política energética. Por eso se hace indispensable anali-zar y evaluar la incorporación de estas tecnologías como alternati-vas de abastecimiento de energía para el país.

En busca de más avancesEn general, es adecuado de-

sarrollar una política general de combustibles y energéticos para el país, especialmente con horizonte de largo plazo. De ahí que, aunque se han dado pasos importantes a través del Conpes 3762 de 2013 sobre Proyectos PINES, es deseable el desarro-

llo de una política pública de largo plazo para los proyectos de infraestructura energética, en donde se distribuyan adecuada-mente los riesgos entre el Estado y el sector empresarial.

Esto aplica, especialmente, a los compromisos adquiridos por el sector privado en la cons-trucción de proyectos hidroeléc-tricos, así como a las obras de interconexión, construcción de infraestructura de transporte de gas y activos de confiabilidad de gas, entre otros.

En la actualidad, el sector de energía y gas presenta un déficit estructural del esquema de solidaridad (Ley 142/94), dado el desfase entre subsidios y contribuciones, previéndose para la vigencia 2014 un déficit por concepto de aporte del pre-supuesto nacional a los subsidios de energía y gas del orden de 0,5 billones de pesos.

Con el fin de subsanar esta problemática estructural para los sectores de energía y gas natural, es necesario evaluar el recono-cimiento oportuno del costo

financiero asociado al tiempo de giro de los recursos por parte del Gobierno a las empresas, el empleo de otras fuentes de fi-nanciamiento de subsidios (i.e. regalías) y la revisión del subsi-dio al estrato 3, los consumos de subsistencia objeto de dicho subsidio y la revisión de esa estra-tificación. Todo esto, con el obje-tivo de asegurar la sostenibilidad del esquema de solidaridad.

En un mundo globalizado la construcción de un sistema tributario equitativo y estable, que contribuya al crecimiento económico y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es indudablemente una prioridad de los gobiernos. Como lo han señalado los ex-pertos, el gran reto de la política tributaria es garantizar la finan-ciación de los gastos e inversio-nes públicas bajo postulados de justicia, al tiempo que se mini-miza el impacto de la tributación sobre el mercado. Aunque las reformas adoptadas por el Go-bierno Nacional en los últimos años han pretendido cumplir con estos objetivos, no ha sido posible hasta ahora implementar en el país un modelo de tributa-ción que represente un balance óptimo de equidad y eficiencia.

De una parte, los tributos están aún lejos de ayudar efi-cazmente a la redistribución social del ingreso. Si bien se ha

Impuestos para la competitividadJuan José Fuentes Bernal

Director de la Cámara de Asuntos Tributarios y Financieros de Andesco

avanzado en la eliminación de beneficios que resultan contra-rios a la progresividad, subsisten en el régimen tributario condi-ciones más favorables para de-terminados sectores o grupos de contribuyentes, tanto en el caso de las personas jurídicas como en el de las personas naturales, que impiden que las cargas tributarias sean efectivamente mayores para quienes ostentan mayor capacidad de pago.

De otro lado, el sistema im-positivo sigue siendo oneroso, no solo para los contribuyentes sino para la administración tri-butaria, y sigue afectando las de-cisiones económicas, poniendo en riesgo la asignación óptima de recursos en la producción y el consumo. Los costos de cumplimiento de obligaciones que asumen los contribuyentes y los costos de recaudación que asume el Estado han venido aumentando debido a la com-plejidad del sistema, aspecto

que se refleja en el volumen de normas, el número de tributos que existen en el país, el tiempo que deben dedicar las personas al pago de impuestos y la exis-tencia de regímenes especiales o tratamientos exceptivos.

Bajo las premisas de la com-petitividad y la eficiencia se requiere un marco normativo simplificado, pocos tributos y un tratamiento homogéneo en lo que se refiere a tarifas y bases gravables. Infortunadamente, en Colombia no se cumplen estas condiciones. El número de impuestos, contribuciones

y tasas que se cobran en el país ha aumentado debido espe-cialmente al desarrollo de la potestad impositiva de los mu-nicipios y departamentos que ha dado lugar a una amalgama de gravámenes de las más variadas características. Esta especie de archipiélago legislativo ha traído como consecuencia, en muchos casos, la doble tributación por los mismos hechos y la falta de certeza sobre el valor efectivo de las cargas tributarias.

En el ámbito de los tributos nacionales la situación no es mejor. Entre 1992 y 2012 (pe-

ríodo de 20 años) se expidieron en el país diez reformas en esta materia (un promedio de una re-forma cada dos años), las cuales aumentaron significativamente el número de disposiciones le-gales y reglamentarias creando cada vez mas condiciones que se apartan de la regla general. Por citar un ejemplo, la última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) consagró tres sistemas distintos para la determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales (IMAN, IMAS y Sistema Ordinario) cuya aplicación, en unos casos obligatoria y en otros opcional, depende de la actividad econó-mica de los sujetos obligados y del monto de sus ingresos. Asimismo, el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CREE, concebido con la sana intención de aliviar la carga fiscal sobre las nóminas, ha resultado un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes y para la misma DIAN, debido a la falta de claridad en la definición de elementos estructurales, como la base gravable.

La simplificación del sistema tributario es un factor de com-petitividad y, como tal, debería

ser una prioridad del Estado. Esta labor debe ir acompañada de medidas orientadas a fomen-tar la inversión sin generar dis-torsiones, como la recuperación efectiva del IVA pagado en la adquisición de bienes de capi-tal, el ajuste de la retención en la fuente para evitar excesos frente al valor del impuesto sobre la renta, la ampliación del espectro de las tecnologías que califican para el acceso a los beneficios por mejoramiento ambiental y la armonización de la legisla-ción interna con la legislación de otros países con el fin de garantizar la justa distribución de las potestades impositivas y la neutralidad de la ley frente a las operaciones internacionales.

En la coyuntura política ac-tual, cuando se vuelve a hablar de la necesidad de una reforma tributaria orientada al control de la evasión y al mejoramiento de los instrumentos de recaudo, es fundamental escuchar la voz de los empresarios en el entendido de que este proceso merece un diálogo abierto, técnico y cons-tructivo, que recoja la experien-cia de los actores económicos en aras de fortalecer la competitivi-dad del país.

Por eso, continuar con la con-sideración de estos temas en ma-teria de gas natural en el marco de las discusiones de la política ener-gética en nuestro país y sostener los avances en materia regulatoria relacionados con su producción, transporte, distribución y comer-cialización, se hacen indispensa-bles para el establecimiento de un sector viable a largo plazo en el entorno nacional.

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La OCDE (Organiza-ción para la Coope-ración y el Desarro-llo Económicos), es

una organización que reúne a 34 países que generan el 80% del producto global del planeta. Colombia está aplicando para ingresar a ese grupo. Los énfasis del grupo son economía, educa-ción y medio ambiente. Colom-bia solo ha pasado el examen en el tema económico. Teniendo en cuenta los resultados de la primera Evaluación de Des-empeño Ambiental, realizada este año por la OCDE, se hace un llamado a las instituciones y empresas en general a mejorar la gestión ambiental en el país.

El principal mensaje que se desprende de esta primera evalua-ción, es la necesidad de dirigir los esfuerzos al desarrollo económico ambientalmente más sostenible y socialmente más equitativo.

Este informe de Evaluación, presenta un minucioso diagnós-tico de la situación ambiental en Colombia. En cuanto a la diversidad biológica, Colom-

Los retos ambientales de las empresas de servicios públicos

Por Mónica Susana Isaza CarvajalCoordinadora de la Cámara Ambiental, Andesco

bia, segundo país con mayor biodiversidad de América Lati-na, se enfrenta a una amenaza creciente como resultado de la expansión de la frontera agro-pecuaria, la minería ilegal, la deforestación, además de otras actividades. Si bien en la década pasada la tasa de deforestación disminuyó, entre el 30% y 50% de los ecosistemas naturales han sufrido algún tipo de transfor-mación. Luego el reto es cero to-lerancia contra la desforestación.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha sido un pilar fun-damental de las políticas colom-bianas sobre diversidad biológica, al que distintas fuentes interna-cionales han proporcionado un apoyo sustancial. Sin embargo, para alcanzar las metas de Aichi de proteger el 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marinas, para 2020 se requerirán grandes esfuerzos. Al respecto, hay margen para ampliar la uti-lización de instrumentos econó-micos, tales como el pago por servicios ecosistémicos, ámbito en el que Colombia ha adquirido

una valiosa experiencia.Si bien los conocimientos

sobre la diversidad biológica han mejorado, la falta de infor-mación científica y económica acerca de la biodiversidad y los ecosistemas sigue constituyendo un obstáculo importante para la formulación de políticas, según lo plantea el Informe.

En cuanto a la disponibili-dad de los recursos hídricos, el país posee abundantes re-cursos de agua dulce, pero con pronunciadas variaciones en la distribución espacial y temporal. Más del 60% de la población urbana vive en la cuenca Mag-dalena-Cauca, que solo tiene el 13% de la disponibilidad nacio-nal de agua. En consecuencia, si bien la intensidad de uso de los recursos hídricos es baja a nivel nacional, más de un tercio de la población urbana vive en zonas de escasez de agua moderada o grave. Hay que hacer más para garantizar la cosecha del agua.

En cuanto al suministro de agua, Colombia está próxima a cumplir el Objetivo de De-

sarrollo del Milenio, relativo al mejoramiento del suministro de este recurso. Las conexiones de los hogares a la red de suminis-tro de agua potable aumentaron del 87,3% en 2003 al 87,6% en 2010, mientras que las co-nexiones al sistema público de alcantarillado crecieron de un 72,9% a un 75,3% en ese mis-mo año. Sin embargo, debido al crecimiento de la población urbana, mantener los niveles de cobertura en las ciudades consti-tuye un desafío, al igual que en las zonas rurales.

En lo referente a la matriz energética del país, el infor-me señala que es relativamente baja en carbono. La energía hi-droeléctrica representa más de tres cuartas partes de la electri-cidad basada en energías renova-bles. El fenómeno de ‘El Niño’ da origen a déficits hídricos que disminuyen la producción de electricidad, como ocurrió en el periodo 2009-2010. Por este motivo, se planea expandir la capacidad de generación de electricidad a partir de combus-tibles fósiles, con el fin de reducir la vulnerabilidad del sistema a los períodos de sequía, sin me-noscabo de seguir desarrollando los proyectos hidroeléctricos que el país requiere y necesita.

En cuanto al manejo de los

residuos sólidos, el informe muestra que la cobertura de los servicios en este aspecto ha aumentado hasta un 97% en zonas urbanas en 2012, pero aún es limitada en las zonas rurales (22%). La proporción de manejo inadecuado de resi-duos se redujo del 27% al 7% entre 2005 y 2011. A pesar de este progreso, no se alcanzó la meta de 2010 respecto a la eliminación de residuos en el 100% de las municipalidades. Lo anterior, sin hablar del tema de aprovechamiento y reciclaje.

Esta evaluación de desempe-ño ambiental realizada por la OCDE tiene por objeto ayudar a Colombia a abordar sus princi-pales desafíos ambientales, y por ello presenta 45 recomendacio-nes, de las cuales se destacan dos relacionadas con el quehacer de las empresas de servicios públicos.

La primera recomendación: “Hacer del crecimiento verde un elemento medular del Plan Na-cional de Desarrollo 2014-2018 y disponer que los ministerios secto-riales rindan cuentas de los efectos ambientales de sus políticas”.

Esta recomendación trae a co-lación los devastadores efectos del fenómeno de ‘La Niña’ en 2010-2011 que estimularon los esfuerzos para una mayor inte-gración de las políticas económi-

cas y ambientales. La prevención de riesgos fue un paso impor-tante hacia la definición de una estrategia de crecimiento verde.

La segunda recomendación: “Fortalecer el sistema de ges-tión ambiental en el que in-tervienen distintos niveles de gobierno, sobre todo mediante una definición más clara de sus funciones y responsabilida-des”. En este aspecto, hay una intención clara del Gobierno en mejorar, incrementar y capacitar el recurso humano en las insti-tuciones ambientales para dar respuesta eficiente y oportuna a los trámites ambientales. En esta recomendación se sugiere, además, la articulación entre las autoridades ambientales.

En conclusión, las empresas de servicios públicos tienen un gran reto ambiental, continuando con el compromiso y voluntad que han venido adelantando hacia una eco-nomía más verde y un desarrollo sostenible, a través de buenas prác-ticas ambientales como la conser-vación y recuperación de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, generación de energía limpia con eficiencia energética por parte de toda la cadena de consumo; la im-plantación de planes y programas de ahorro y uso eficiente del agua; la gestión integral de residuos sóli-dos, entre otros.

Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial promueve la sostenibilidad en la comunidad

Por Yulder Jiménez Clavijo, director de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial

La Asociación Nacio-nal de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –

Andesco–, ha estado motivando entre sus empresas afiliadas a la promoción e implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, la cual apunta a la adopción de nuevas estrategias por parte de las empresa en todos los ámbitos de actuación, como el entorno del trabajo, la ética y gobierno corporativo, el entorno del mercado, el medio ambien-te, el impacto y la acción social, entre otros, los cuales se impo-nen como una metodología transversal en todas las áreas de gestión, enmarcando sus mejores prácticas y permitiendo a los em-presarios insertarse como actores

en el escenario de formulación de políticas públicas y formarse como ciudadanos corporativos.

Para ello ha contado con la colaboración especial de muchas entidades con las que se tiene una alianza estratégica y entre las cuales se destaca la Red Co-lombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas, entidad que avala cada año el premio Andesco.

En los eventos de capacita-ción, congresos, reuniones y publicaciones de Andesco, la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, forma parte del diálogo permanente. De hecho, las empresas de ser-vicios públicos son referentes en distintas iniciativas en todas

las áreas en la promoción de la responsabilidad social y su per-manente relación con los grupos de interés, compartiendo valor entre ellos.

Premio Andesco a la Respon-sabilidad Social Empresarial

Especial relevancia adquiere el Premio Andesco a la Respon-sabilidad Social Empresarial. Desde el 2006, la Asociación instituyó el premio ante la in-minente necesidad de apoyar, promover y valorar los esfuerzos del empresariado colombiano, especialmente las empresas de servicios públicos, alcaldías y organizaciones legalmente establecidas que presten servi-cios públicos domiciliarios y tecnologías de la información y las comunicaciones hacia una

sostenibilidad real en el tiempo.El premio es un instrumento

de fortalecimiento en la consoli-dación de una nueva cultura de relación de las empresas con sus grupos de interés, tanto desde lo público como desde lo privado.

El Premio Andesco a la Res-ponsabilidad Social Empresarial integra los aspectos ambiental, social, interno, de atención al cliente y de buen gobierno para incentivar al empresariado, ini-cialmente de servicios públicos y TIC, y luego, en 2010, a todo el empresariado en general, a pre-sentar sus balances e iniciativas para que sean evaluadas y reco-nocidas, a través de una selección y análisis rigurosos por parte de distinguidos jurados empresa-riales, académicos, organiza-ciones sociales y ambientales, con el acompañamiento en la evaluación por parte de la firma Pricewaterhouse Coopers.

Con este premio, Andesco motiva aún más la comprensión de la Responsabilidad Social Empresarial. Aspira a que se su-peren los paradigmas de la mera

asistencia caritativa filantrópica y procura que se consoliden los planes y programas que propen-den por el fortalecimiento social y económico de todos los que forman el sector de los servicios públicos y comunicaciones, como también otros sectores económicos en Colombia.

Sobre el Premio AndescoEs importante indicar que no

se trata de una presentación de un proyecto para ser evaluado. Es la conjunción de los cinco entornos señalados la que de-termina el reconocimiento.

En el entorno interior o de trabajo se analizan aspectos de seguridad laboral, relaciones la-borales y desarrollo laboral.

En el entorno de mercado o de atención al cliente se resaltan aspectos como el uso responsa-ble de servicios, la calidad en la prestación de los servicios y la accesibilidad a servicios presta-dos u ofrecidos.

En el desempeño social se estudian los aspectos relacio-nados con derechos humanos y desarrollo comunitario.

En el desempeño ambiental se evalúan la gestión ambien-tal, los usos de agua y energía, las estrategias de adaptación al cambio climático, el manejo de los residuos y la protección de la biodiversidad.

En el tema de buen gobierno corporativo los lineamientos estudiados están relacionados con la gobernanza, la ética y la transparencia.

Como bien puede verse, el premio Andesco en sus nueve versiones hasta el momento se ha convertido más bien en referencia para la promoción de la RSE. Las fichas del premio son en realidad elementos para un adecuado in-forme de sostenibilidad.

Cada año esperamos que más compañías participen del premio y así tener muchos más casos de estudios apuntando a propiciar los espacios para consolidar la senda de la soste-nibilidad en todos los ámbitos de actuación del empresariado colombiano en búsqueda de un mundo mejor.

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La adopción del mínimo vital en la capital del país ha traído grandesbeneficios a los habitantes de sectores poblacionales con menor capacidad

económica, con una responsabilidad añadida de tipo social y ambiental que Bogotá reconoce y agradece.

Desde que comenzó a regir el Decreto 064 de 2012, el 27 de febrero de

ese mismo año, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) ha entregado hasta 12 metros cúbicos bimes-trales de agua a los usuarios de estratos 1 y 2 de la ciudad, con un Programa que beneficia a más de tres millones de personas que ven significativos ahorros en sus reci-bos del acueducto, representando para el Distrito Capital una in-versión social bimestral superior a los 10.300 millones de pesos para ambos estratos.

El promedio histórico por vi-gencia ronda los 657.030 usua-rios, con una cobertura prome-dio de 106.890 beneficiarios del estrato 1 y 550.140 del estrato 2 de la capital del país.

Los beneficiarios lo expresan: “Ha sido una ayuda muy efecti-va, ya que esto nos permitió dis-minuir el costo de la tarifa en el

recibo desde el momento mismo en que el Alcalde ordenó que así fuera. Yo pagaba entre 130 y 140 mil pesos de agua, porque somos una familia de siete personas, y ahora me llega por 83 mil pesos la factura”, dice Gloria Amparo Sánchez Pérez, habitante del ba-rrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Así, desde la EAB se garantiza el acceso al derecho al agua, para que estas personas cuenten con las condiciones materiales que les permitan llevar una existencia digna con una justa y adecuada provisión del líquido vital, sin barreras de tipo económico.

Pero también conlleva, además de un clarísimo componente de responsabilidad social, un obje-tivo básico de cuidado del medio ambiente, para las presentes y futuras generaciones.

Hagamos cuentas. Las familias de estratos 1 y 2 reciben, sin nin-gún costo, seis metros cúbicos (seis mil litros) de agua al mes, y si con-

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El derecho al agua y a su cuidado, un propósito de la EAB

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La adopción del mínimo vital en la capital del país ha traído grandesbeneficios a los habitantes de sectores poblacionales con menor capacidad

económica, con una responsabilidad añadida de tipo social y ambiental que Bogotá reconoce y agradece.

sideramos que en Bogotá existe un promedio de cuatro personas por cada predio, podemos asegurar que esos 200 litros de agua diarios alcanzan para aseo personal (ocho litros de agua diarios), inodoro (24 litros de agua), preparación de ali-mentos (otros ocho litros), ducha (120 litros al día con base en ese promedio de cuatro habitantes por predio), lavaplatos (15 litros diarios), lavado básico de ropa (21 litros diarios) y consumo de agua para beber (cuatro litros de agua diarios).

Somos responsables

del consumoLa aplicación del mínimo vital

ya cumple dos años. Este derecho no significa, ni mucho menos, que el servicio deba ser totalmente gra-tuito. En este sentido, quien hace mejor uso del agua es quien más se beneficia.

Y esto es algo que los usuarios han entendido.

Veamos algunas cifras que hablan

de la importancia de la medida en Bogotá.

Solo durante la primera vigen-cia de 2014 se otorgó, cada dos meses, el mínimo vital a 670.001 usuarios, de los cuales 107.452 se incluyen en el estrato 1 (16 por ciento), y 562.549 en el estrato 2 (84 por ciento).

La adopción de esta medida ha beneficiado claramente a ha-bitantes de los estratos 1 y 2 de la capital, con ahorros globales cercanos a los 127 mil millones

de pesos, una significativa reduc-ción de gastos para los hogares de las familias de menos recursos económicos, que se refleja en una mejor calidad de vida para ellos, ya que el dinero que se ahorran termina siendo utilizado en más comida para sus hijos o para su-plir otras necesidades.

Así, el mínimo vital es una garantía de bienestar para los estratos 1 y 2, pero también es una manera de concien-ciar a las personas de la im-

portancia de este recurso y de su adecuada administración. Desde el gobierno distrital sus necesidades son prioridad y tienen capital importancia para la administración pú-blica de Bogotá. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ha cumplido el compromiso de la “Bogo-tá Humana” de garantizar el acceso al agua a la población de bajos recursos de la Capital de Colombia.

Sin duda, el agua es fundamental para la vida. No solamente es necesaria para abas-

tecer con agua potable y segura a una población, también lo es para proveer energía limpia, para generar las condiciones adecuadas para las actividades agropecuarias y piscícolas, como vía de transporte, como lugar de esparcimiento y recreación, entre otros usos. El agua dulce que es-curre por las cuencas en formas de arroyos, ríos, lagunas y lagos es una mínima fracción del agua del planeta. Gráficamente, si toda el agua de la Tierra estuviera con-centrada en un balde de 10 li-tros, apenas una cucharadita sería agua dulce para ser utilizada en los usos que hemos mencionado, sin tener en cuenta que parte de esa cucharadita está contamina-da por las actividades humanas. No sobra recordar que apenas se tratan parcialmente el 30% de las aguas residuales del país.

Cada vez que el clima estor-nuda, más de 300 municipios comienzan a tener problemas de suministro de agua y los campos asolados. Si llueve, las inundaciones y arrastre de pie-dras, lodo y árboles destruyen bocatomas, vías de penetra-ción, cultivos, entre otros. Es-tamos ante un vaivén de sequías e inviernos, sin avanzar en una gestión integral del agua.

En ese contexto, lo primero es reconocer que el agua es esca-sa y que es imperativo cuidarla, tratar de regular su ciclo desde el nivel local. Nada más perju-dicial para el manejo adecuado del agua que habernos creído potencia hídrica mundial, lo cual motiva su derroche, su contaminación y la falta de in-terés de los ciudadanos por ella.

Ecoversa hizo un estudio para Andesco donde se identi-ficaron y evaluaron los instru-mentos económicos, financie-ros y tributarios ambientales existentes en el país.

La mayoría de los instru-mentos presentan dificulta-des en su implementación. Todavía existen instrumentos económicos y financieros que no han sido reglamentados (tasas compensatorias, tasas de aprovechamiento forestal, pago

por servicios ambientales) o que no se les ha asignado recursos para su implementación (CIF de conservación). Esta falta de reglamentación crea un vacío en instrumentos que incentiven la conservación de ecosistemas na-turales por parte de particulares.

Frente al agua, es indispen-sable que además de poner en práctica aquellos instrumentos que ni siquiera han sido regla-mentados, hay que ser inge-niosos para generar incentivos poderosos para garantizar la cosecha del agua.

El país está en un dilema en-tre conservación y desarrollo. Lo que se impone es la premisa de la sostenibilidad, entendida esta como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo am-biental. Es un clamor nacional que páramos, zonas de manglar, humedales, pantanos, áreas de inundación natural, tienen que formar parte del catálogo de sitios en donde las activida-des productivas, distintas a la cosecha del agua, no pueden llevarse a cabo. La desforesta-ción es el cáncer que carcome a la nación. No es posible que alrededor de 300 mil hectáreas por año de bosque sean taladas para potrerización, cultivos líci-tos e ilícitos, explotación ilegal de la madera, entre otros.

Por tanto, el incentivo lógi-co es pagar como sociedad por estos servicios ambientales; pa-gar por esta cosecha del agua a quienes la deben proteger, que son los dueños de los terrenos en donde estos ecosistemas están; en palabras sencillas, pagar para que no se talen los frailejones, las matas de mon-te, los mangles, los morichales, las riberas de las cuencas, entre otros. Pagar por ampliar la fron-tera de las zonas de cosecha de agua, con estímulos para hacer pequeños lagos artificiales, la-gunas de pondaje, jagüeyes; in-centivar la creación de reservas de la sociedad civil con facilidad en sus trámites.

Una medida complementaria es un descuento en el impues-to predial al dueño del predio que conserve estos ecosistemas; el municipio que los otorgue debería ser compensado con recursos provenientes de otras

Por la cosecha del agua

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fuentes, como regalías, o siste-ma general de participaciones.

Hay que ampliar el presu-puesto de los Parques Nacio-nales y Áreas Protegidas; ser eficientes en el manejo de los recursos destinados a la con-servación, como los correspon-dientes a la sobretasa predial; inversión del 1% del presupues-to municipal; transferencias del sector eléctrico; tasas del agua y retributivas, entre otros.

Hay que sembrar millones de árboles para mitigar el cambio climático, y así regular natural-mente la escorrentía del agua y evitar que los sedimentos sean lo único que llegue a nuestros ríos.

Debemos pensar que los em-pleos verdes de guardabosques y sembradores de árboles pueden ser una alternativa para muchos de nuestros compatriotas que están en proceso de reinserción.

Finalmente, no olvidar las campañas masivas de educa-ción ambiental a todo nivel por parte de los medios de co-municación y los colegios. La televisión regional y comuni-taria debe ser la abanderada de la defensa y cuidado del agua.

En fin, como en Fuenteove-juna, todos a una por la cosecha del agua.

La relevancia de la infraestructura de servicios públicos en los resultados de desarrollo socioeconómico de un país proviene del hecho de que este tipo de infraestructura

provea simultáneamente servicios de consumo final a los hogares, así como servicios estratégicos de consumo intermedio para la producción de bienes y servicios en la economía.

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Internet, una de las claves en el desarrollo del país

La relevancia de la infraestructura de servicios públicos en los resultados de desarrollo socioeconómico de un país proviene del hecho de que este tipo de infraestructura

provea simultáneamente servicios de consumo final a los hogares, así como servicios estratégicos de consumo intermedio para la producción de bienes y servicios en la economía.

Desde la perspectiva de la oferta, este tipo de infraestruc-tura contribuye directamente al crecimiento en la medida en que se concibe como un factor de producción, así como indirec-tamente cuando las condiciones apropiadas de infraestructura de servicios públicos promueve el cambio tecnológico. Si se ve desde la orilla de la demanda, la infraestructura de servicios públicos facilita el acceso a ser-vicios que la población desea y requiere para su subsistencia.

Por tanto, resulta imperativo para un país en desarrollo como Colombia contar con una po-lítica pública clara que permita alcanzar el objetivo de masificar el acceso a Internet.

Con este propósito, el Ministe-rio de Tecnologías de la Informa-ción y las Comunicaciones (Min-TIC) lanzó el Plan Vive Digital a inicios de octubre de 2010 en el

marco del Congreso Internacional de TIC Andicom que se realizó en Cartagena, con una inversión inicial prevista de 5,5 billones de pesos, buscando la masificación de Internet y el desarrollo del ecosis-tema digital del país.

Tal como lo anunció el pre-sidente Juan Manuel Santos en ese momento, “Nuestro com-promiso como Gobierno será impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto ha-cia la prosperidad democrática. Está demostrado que el uso de las herramientas TIC en la vida de cada ciudadano tiene una gran influencia sobre la competitivi-dad y el desarrollo de un país”.

Las principales metas que se plantearon sobre los servicios bási-cos de telecomunicaciones fueron:

• Pasar de 27 a 50 por cien-to de hogares, y de 7 a 50 por ciento de MiPymes conectados a Internet.

• Multiplicar por cuatro las co-nexiones a Internet de banda an-cha, pasando de 2,2 a 8,8 millones.

• Triplicar el número de mu-nicipios conectados a la autopis-ta de la información a través de redes de fibra óptica, de alrede-dor de 200 a 700 municipios.

• Aumentar las conexiones internacionales del país.

• Asignar espectro adicional para 3G y 4G.

• Desplegar la Televisión Di-gital Terrestre y hacer uso del Dividendo Digital.

• Promover los cambios nor-mativos o legislativos necesarios para facilitar el despliegue de in-fraestructura en las regiones y el acceso en la propiedad horizontal.

• Masificar dispositivos para ingresar a Internet mediante la eliminación de aranceles.

• Eliminar el IVA para el ser-vicio de Internet.

• Dirigir subsidios de telefo-

nía fija hacia los subsidios para Internet.

Al respecto se debe señalar que las conexiones a Internet de banda ancha del Plan Vive Digital se concentran en cone-xiones fijas de Internet dedicado > 1.014 Kbps que, a pesar de que ha ido decayendo en su par-ticipación, sigue teniendo más de la mitad de las conexiones. Le sigue el Internet móvil 3G, con 42 por ciento de participa-ción, y el naciente 4G, con 1,6 por ciento.

Los números de la banda ancha

El número total de suscriptores a Internet de banda ancha (Downs-tream >= 1.024 Kbps y móvil 3G y 4G) fue de 7.639.061 al término del tercer trimestre de 2013, lo que representa una penetración de 16,21 por ciento, presentando un crecimiento trimestral promedio de 7,27 por ciento.

A pesar de que las conexio-nes a Internet fijo siguen sien-do mayoría, su participación de mercado ha caído en nueve puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2010, a fa-vor de una mayor participación de mercado de conexiones 3G (+8 pp) y 4G (+2pp).

Las suscripciones a Internet de banda ancha, según el tipo de acceso, muestran una variación porcentual mucho más constan-te para las conexiones fijas que para las móviles. Mientras las conexiones fijas crecen alrede-dor de una tasa de 5 por ciento y con una tasa hacia finales de 2013 de 2,6 por ciento, Internet móvil muestra, por el contrario, picos superiores a 30 por cien-to, tasas negativas en el último trimestre del 2012 (-2,47 por ciento) y una tasa de crecimien-to en el tercer trimestre de 2013 de 7,56 por ciento.

Sin embargo, el crecimiento trimestral promedio del acceso a Internet móvil es más que satis-factorio, ubicándose alrededor de 11,6 por ciento.

Con respecto a Internet fijo, en las ciudades más importantes del país su penetración ha ido

en aumento. El mayor índice lo presenta Barranquilla, con 29,6 por ciento; sigue Medellín, con 18,99 por ciento, y en tercer lugar se encuentra Bogotá, con 17,26 por ciento. Sin embargo, el crecimiento más notorio se presentó en Cali, con una tasa de crecimiento de 82,1 por ciento.

En lo que respecta al resto del país, el crecimiento fue de 39,4 por ciento, con una penetración inicial de 6,6 por ciento y final de 9,2 por ciento.

En lo que se refiere al acce-so a Internet móvil, la base de usuarios de telefonía móvil ha presentado un crecimiento no-table en poco menos de 4 años, con una tasa de crecimiento de 7,56 por ciento en el tercer tri-mestre de 2013 y un crecimiento trimestral promedio de 10,38 por ciento.

Además, la proporción de usuarios de telefonía móvil que también consume servicios de In-ternet móvil se ha incrementado, con una relación entre abonados de telefonía móvil y abonados a Internet móvil de 2,3 por ciento en el primer trimestre de 2010, pasando a 8,53 por ciento en el tercer trimestre de 2013.