los partidos politicos_en_el_pensamient_español_la_segunda_republica_v_1

Los partidos políticos en el pensamiento español

2

• Tras la sequía de la Dictadura de Primo deRivera, la Segunda República constituiría unpunto de inflexión en la historia de lospartidos políticos, marcado por unpluralismo hasta entonces desconocido yque hacía tabula rasa de experienciasanteriores. Gran parte de los partidosprotagonistas de esta nueva etapa surgiríanpoco antes del 14 de abril de 1931, o bien loharían justo en los meses sucesivos a laproclamación de la República, al amparo delpluralismo recién instaurado.

Este nuevo régimen ponía fin a las dossituaciones vividas con anterioridad: elsistema de partido único de la Dictadura, yel redu cido bipartidismo turnante, artificialy basado en la doctrina canovista de lospartidos legales que se había implantadodurante la Restauración.


• El gran cambio residía en dejar que los partidos surgiesen de forma espontánea, como resultado delejercicio del derecho de asociación, a través del cual se agrupaban los ciudadanos con una afinidadideológica 1. Los partidos dejaban de servir al Estado, ya fuera como órgano suyo (Unión Patriótica), yacomo mecanismos de estabilidad de la Constitución interna (Partidos Liberal y Conservador, durante laRestauración), y se convertían en instrumentos de la sociedad, en correas de transmisión de los interesesde la comunidad hacia el poder público.

Esta mutación tan acusada para el sistema de partidos tenía como soporte vital el reconocimiento de unanueva democracia parlamentaria. O, más en concreto, de la proclamación de la primera verdaderademocracia española 2, y de una revisión profunda del parlamentarismo. Veamos cómo se diseñaron unoy otro.

En primer lugar, la Segunda República trajo consigo una democracia, la primera auténtica que conociónuestro país, y con ella el pluralismo político se convirtió en una realidad. La democracia conllevó, portanto, el reconocimiento de los partidos políticos en el ámbito social, como reflejo de la complejidadideológica existente en España y que hasta entonces se había negado sistemáticamente. La admisión de ladiversidad política (nacionalismos, partidos confesionales, republicanismo, socialismo, etc.) se canalizó através de un derecho de asociación que hasta entonces había tenido serias dificultades para asentarse.Prácticamente todos los partidos triunfantes el 14 de abril de 1931, o los que surgieron en los mesessucesivos a su amparo, incluyeron en sus programas el derecho a asociarse para cualquier fin, ya fueseeconómico, cultural o político

3


• Apenas el socialismo siguió reservando el derechode asociación como instrumento de mejorasocioeconómica de los obreros, admitiendo, queno defendiendo, las asociaciones políticas comoun mero mecanismo burgués del que lossocialistas se valdrían transitoriamente paraimplantar la dictadura del proletariado 3.

El reconocimiento de las asociaciones políticas, ycon ellas del pluralismo, no fue, sin embargo,ilimitada. Por una parte, en la discusión delproyecto de ley regulador de las asociaciones,algunos diputados criticaron que se supeditaraéstas a la aprobación de sus estatutos, limitandoel ejercicio del derecho fundamental, quequedaba entonces sujeto al control gubernativo 4.Pero, además, es importante señalar que elpluralismo resultaba restringido por la exclusiónde las asociaciones que vindicaran la Monarquía 5,en lo que constituyó uno de los grandes males queimpregnaron la Segunda República: su escasacapacidad de conciliación.

4


• La democracia suponía, por tanto, admitir que la sociedad española no era uniforme, que cabíandiscrepancias ideológicas profundas. Algo que, aunque pueda parecer hoy obvio, no lo era tanto en el xix.Buena prueba de ello es el cambio de perspectiva en la idea de opinión pública. Frente a la tendencia tanhabitual en el xix de referirse a una sola opinión pública nacional, caracterizada por su racionalidad, Azaña,por el contrario, prefería hablar más bien de «opiniones», en plural. Cada partido representaba unaopinión concreta; ninguno podía erigirse en representante de la opinión nacional.

La idea de que los partidos emanaban del pluralismo ideológico existente en la sociedad española sirviópara liquidar dos ele mentos propios de la Restauración y la Dictadura. El primero de ellos era laartificiosidad. La Unión Patriótica había nacido a partir del poder público, como instrumento de apoyo aPrimo de Rivera, y mecanismo preparatorio para el restablecimiento de un parlamentarismo remozado;por su parte, durante la Restauración, los partidos turnantes habían sido construidos sin un respaldosocial, respondiendo a un plan minuciosamente trazado. En la Segunda República, los partidos emergíandel pueblo, los creaban los ciudadanos como asociaciones a través de las cuales canalizar sus discrepancias

ideológicas.

El segundo elemento al que se ponía fin, íntimamente ligado con la artificiosidad, era la idea de «partidode notables». Durante la Restauración, carentes de apoyo social, los partidos habían quedado sujetos aldominio de sus líderes, y otro tanto había sucedido con la Unión Patriótica que, a fin de cuentas, pretendíaser una escuela de nuevos políticos instruidos para dirigir a las masas. Todo ello cambia a partir de 1931

5


6

• Es cierto que el factor personalista todavía siguió pesando durante algún tiempo, y que fue frecuente lareferencia al «partido de Azaña» o al «partido de Alcalá Zamora», pero poco a poco estapatrimonialización dejó paso a una idea de «partido de masas». En realidad, este nombre no fue utilizado,pero el espíritu se encuentra ya presente en la época: son partidos que responden a unas ideologíassocialmente arraigadas, y que pretenden sustentarse en el mayor número de afiliados posible. De ahí quela organización de los partidos cobrase especial relevancia; una organización que no buscaba estar alservicio de los notables para dominar a los caciques locales, como había sucedido en la Restauración, sinoque pretendía garantizar a las bases una participación más o menos efectiva en la adopción de lasdecisiones del partido.

Determinados partidos tenían ya cierta tradición a este respecto. Muy en especial, el Partido Socialistahabía recorrido un trecho importante, puesto que siempre había sostenido la necesidad de un apoyoamplio de afiliados, al tratar de agrupar a toda la clase obrera para el primer asalto al poder. Otrosseguirían su misma senda. En todo caso, es en esta época de «partidos de masas», donde hallamos lasprimeras intervenciones favorables a un reconocimiento normativo de los partidos que permitiría,además, juridificar su estructura interna, imponiéndoles una configuración democrática

•

Pero si los partidos aspiraban a ser, «de masas»,debían luchar contra el mal endémico españoltantas veces referido: las masas neutras, lapoblación indiferente en términos políticos, queparecía haberse despertado por vez primera almenos el 14 de abril, por acción de los partidos.En buena medida, los partidos de la SegundaRepública confiaban en que la depuración delos procesos electorales sirviese para otorgar ala ciudadanía una renovada fe en el sistema queles hiciera salir de su letargo. Pero no faltóquien considerase que los institutos dedemocracia directa - sustancialmente elreferéndum y el plebiscito - servirían también aeste objetivo, ya que, al conceder participacióninmediata al pueblo, éste se sentiríaprotagonista de la vida política, e iríamadurando y educándose en términos políticosPero si la Segunda República supuso lainauguración de la democracia en España,también significó una depuración de unparlamentarismo seriamente herido

7



• Bajo este concepto se percibían en realidad dos realidades jurídicas: el término se empleaba enprimer lugar en un sentido amplio, como equivalente a régimen representativo. En un sentido másestricto, empezaba a utilizarse como sinónimo de sistema parlamentario de gobierno (es decir, unsistema de colaboración y confianza política entre Gobierno y Parlamento), aunque en estasegunda acepción solía emplearse más a menudo el término «régimen parlamentario».

En realidad, ambas vertientes del parlamentarismo habían entrado en franca decadencia desdefinales del xix, según hemos visto en su momento. En el xx las críticas más severas procedían tantode la izquierda socialista como del fascismo. En ambos casos, el parlamentarismo se identificabacon una forma de gobierno burguesa, aunque el motivo del desprecio no era idéntico: para elsocialismo, el sistema en cuestión estaba moldeado para perpetuar la dominación mesocrática;para el fascismo, por su parte, se trataba de un sistema ineficaz, basado en la lucha, discusión ycontienda que minaban la eficacia del Estado. En Alemania, la discusión alcanzaría las cotas máselevadas, cristalizando en la contienda doctrinal entre Schmitt y Kelsen. El primero rechazaba labase liberal del parlamentarismo, la fe en el debate y discusión, que no era más que la traslaciónal plano político de la idea burguesa de una economía basada en el libre intercambio 7. Las fuertescríticas de Schmitt, que sirvieron de base teórica a algunos de los planteamientos delnacionalsocialismo, fueron contestadas por un autor que tendría un enorme predicamento en laEspaña de la Segunda República: Hans Kelsen.

8


• Reacio a admitir una auténtica «crisis del parlamentarismo», el jurista austriaco prefería hablar de unmero «agotamiento» que era, en realidad, consecuencia del rechazo de la derecha y la izquierda hacia lademocracia misma. Kelsen identificaba el parlamentarismo con la democracia representativa, es decir,como un sistema de autogobierno por el pueblo en el que, en vez de decidir directamente la comunidad,lo hacía a través de sus representantes, conjugando así la libertad con una necesaria distribución de tarea

• . Para Kelsen, en los grandes Estados el parlamentarismo - identificado, pues, con régimen representativo -era la única solución posible para la democracia y, por tanto, oponerse al primero significaba negar lasegunda 8. En este parlamentarismo, los partidos políticos ocupaban un lugar preeminente, según Kelsen,a pesar de la ceguera de las Constituciones, reacias a regularlos. Los partidos eran asociaciones queservían para formar la voluntad del Estado, y resultaban imprescindibles cuando la sociedad habíaadquirido un alto nivel de complejidad. Negar la necesidad de los partidos, como hacían las teoríasindividualistas y organicistas era, según él, dar la espalda a la realidad política Por una parte, el individuono podía en las sociedades modernas lograr una influencia en el Estado, de modo que tenía que agruparsenecesariamente. Por otra, el presupuesto del organicismo, que era rechazar los partidos como meras«parcialidades egoístas», obviaba que las parcialidades eran un componente mismo de la democracia, quesuponía una transacción entre ellas. No existía ninguna voluntad general metafísica, por encima de lasparcialidades, sino que la voluntad general era el resultado de la negociación entre intereses sectarios.

9


Las críticas al parlamentarismo como régimen representativo estaban menos justificadas, sin embargo, que losataques dirigidos a su segundo significado: como sistema parlamentario de gobierno. En los debatesconstituyentes de la Segunda República este segundo sentido del concepto estuvo muy extendido, oponiendoel sistema parlamentario al sistema presidencialista 9. No existía, sin embargo, unanimidad a la hora dedeterminar qué caracteres revestía esta forma de gobierno: para unos diputados suponía el dominio delParlamento (lo que hoy llamaríamos más bien sistema asambleario), para otros, la mayoría, significaba, por elcontrario, un sistema de colaboración entre Parlamento y Gobierno, con exclusión del jefe del Estado, y basadoen mecanismos de equilibrio, cuales eran la responsabilidad política y la disolución parlamentaria.Resulta evidente que aquellos diputados que participaron en las Cortes de 1931 escribiendo una de las páginasmás célebres de la historia constitucional española, conocían bien las doctrinas extranjeras sobre lascaracterísticas del sistema parlamentario y, muy en especial, se hallaban versados en la lectura de los autoresfranceses, como Maurice Hauriou, André Esmein y Leen Duguit

10


Todos ellos coincidían en su descripción del sistema parlamentario en los términos que acabo de mencionar. Enalgunos casos, como en el tratado de Duguit, los partidos se analizaban precisamente en el apartado dedicadoa describir el sistema parlamentario de gobierno, lo que muestra que se considerasen elementos claves del

mismo.Y bien, ¿cuál era el defecto de este sistema? Fundamentalmente, a lo largo del xix, el sistema parlamentario sehabía ejercido de forma obstaculizadora. Las minorías habían impuesto su criterio, utilizando con demasiadafrecuencia las mociones de censura para ocasionar crisis gubernamentales, sin ofrecer a cambio alternativaseficientes de Gobierno. Por esa razón, el denominado «constitucionalismo de entreguerras» reaccionaríacontra este modelo, proponiendo lo que Mirkine-Guetzevich - bien conocido en la España de la SegundaRepública-11 descri biría como «parlamentarismo racionalizado» 12. Éste se caracterizaba, en primer lugar, porpostivizar en las Constituciones todo el modus operandi del sistema parlamentario, que hasta entonces se regíapor meras convenciones y costumbres constitucionales; y, en segundo lugar, por revestir a las relacionesEjecutivo-Legislativo de una serie de limitaciones y garantías destinadas a fortalecer al Gobierno y evitar lo quese denominaba un «parlamentarismo excesivo». Así, por ejemplo, se reformaron las fórmulas electorales,favoreciendo la formación de mayorías estables y evitando la excesiva atomización política del Parlamento, y,sobre todo, se impusieron unas exigencias más severas a la hora de poder plantear las mociones de censura,bien mediante el requisito de mayorías cualificadas, bien convirtiéndolas en mociones «constructivas», esto es,que debían proponer un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno que sustituyese al removido.

La Segunda República trataría de poner en práctica este nuevo parlamentarismo racionalizado.

11


• Buena prueba de ello fue el Manifiesto de la Derecha Liberal Republicana, de Alcalá Zamora y Maura,cuando señalaba la necesidad de superar un parlamentarismo vicioso «que discute y no legisla, derriba yno combate» 13, claro rechazo, en la primera parte de la proposición, del parlamentarismo liberal, y en lasegunda del parlamentarismo negativo.

Si la democracia suponía reconocer el surgimiento espontáneo de las asociaciones en la sociedad, parallevar sus demandas hasta el Estado, el parlamentarismo se centraba más en la incardinación de estospartidos dentro del Parlamento. Para ello era necesario, en primer lugar, encauzar el régimen electoral, demodo que las Cortes fuesen un fiel reflejo de las distintas corrientes ideológicas presentes en España. Nohabía que temer, pues, que distintas tendencias políticas se diesen cita en el Parlamento; era menesteracabar con el falseamiento político que había impuesto la Restauración el bipartidis mo turnista y su fielaliado, el caciquismo: no podía haber direccionismo por parte del Estado, era la sociedad la que transmitíaa este último sus preferencias políticas, con las que el poder público debía conformarse.

No obstante, es preciso señalar que, a pesar del nuevo protagonismo que la Segunda República otorgó alos partidos, no los constitucionalizó como asociaciones, aunque sí (tímidamente) como GruposParlamentarios. Dicho en otros términos, se obvió constitucionalmente la vertiente social de los partidos,pero al menos se reconoció su presencia en un órgano estatal. La Constitución de 1931 hacía por vezprimera en la historia española una concesión normativa a los partidos dentro del Parlamento

12


• ,.. A hora de regular la Diputación Permanente, que se reuniría en los recesos de las sesionesparlamentarias, el artículo 62 establecía que ésta estaría compuesta, como mínimo, de veintiúnrepresentantes «de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica», lo que suponía,según entendió el propio diputado Royo Villanova, que la existencia de los partidos adquiría «verdaderasanción constitucional» 14. Se empleaba el término fracción como sinónimo de Grupo Parlamentario 15.

Los Reglamentos de las Cortes contenían esta misma idea; de hecho, el Reglamento Provisional de lasCortes Constituyentes, aprobado el 18 de julio de 1931, es decir, más de seis meses antes que la propiaConstitución, ya regulaba en su Título III «las fracciones o grupos parlamentarios». En los artículos de esteReglamento la terminología resultaba aún muy confusa, y se empleaban indistintamente los términos«partido», «fracción» y «grupo parlamentario» para referirse a la misma realidad jurídica. La confusión sereduciría en el Reglamento del Congreso de los Diputados de 29 de noviembre de 1934, cuyo Título III serefería todavía a «fracciones» y «grupos», pero no mencionaba el término «partidos». Éste quedaba, pues,reservado para las asociaciones extraparlamentarias. Por otra parte, la agrupación en GruposParlamentarios constituía una obligación para los representantes si querían integrarse en Comisio nes, quese formaban en proporción a la importancia numérica de cada Grupo 16; además, aquellos diputados queno quisiesen integrarse en grupo alguno podían quedar automáticamente integrados en un grupoautónomo por decisión de la Mesa de la Cámara

13


• Los tiempos del representante individual y desligado de una formación política habían concluido.Es preciso mencionar, sin embargo, que, a pesar de la aparente confusión normativa entre grupos ypartidos, los diputados diferenciaron con bastante claridad entre ambos, como veremos enseguida,cuando trate de la idea de «partido mayoritario». Lo cual no impedía ver un nexo entre ellos: el GrupoParlamentario podía ser la «expresión parlamentaria» de un partido político 18, siempre, claro está, queno fuese un grupo mixto, integrado por diputados de distintas tendencias.En todo caso, se trata del primer reconocimiento constitucional en España de los partidos políticos, quepodría haber sido incluso más acusado si hubiese prosperado el artículo 53 del proyecto constitucional,que establecía que «será admitida sin discusión la renuncia al cargo que fuere presentada al Parlamentocon la firma del diputado a quien afecte». Al negociar este artículo, el Partido Socialista había intentadoque recogiese una redacción distinta, en virtud de la cual todo diputado que dejase de pertenecer alpartido con el que había accedido a su escaño perdería automáticamente su condición de representante.Se trataba, por tanto, de dar un protagonismo absoluto a los partidos sancionando el transfuguismo, algoque cuadraba perfectamente con un partido con una disciplina tan consolidada como el socialista. Aunqueesta propuesta no halló el beneplácito del resto de socios de Gobierno, la redacción ya indicada delartículo 53 del proyecto seguía garantizando una presencia impor tante a los partidos, ya que éstos podíanobligar a sus candidatos a firmar ex ante una renuncia sin fecha, que el partido podría hacer efectiva encualquier momento 19. Aunque este artículo finalmente tampoco pasó al texto definitivo, muestra unatendencia ya irrefrenable a someter a los diputados a la disciplina de partido y de la que eran conscienteslos propios representantes, aunque no faltara la siempre mordaz voz de Unamuno para oponerse a ella 20

14


• Los partidos como instituciones de Derecho público«La democracia moderna descansa directamente sobre los partidos políticos, cuya importancia es tantomayor cuanto más intensamente se realiza el principio democrático. Así las cosas, son comprensibles lastendencias - hasta ahora débiles - a conferir relevancia constitucional a los partidos políticos y aconfigurarlos jurídicamente como lo que ya son desde hace tiempo en la realidad: órganos de la formaciónde la voluntad del Estado»Hans Kelsen, De la esencia y valor de la democracia, 1920.Aunque los partidos políticos llevaban operando desde el primer tercio del siglo xlx, los estudiosdoctrinales de Derecho Político y Constitucional apenas si se ocupaban de ellos. Y, por supuesto, obrasmonográficas como la de Andrés Borrego publicada en 1855 eran todavía más excepcionales. Puededecirse que el Derecho público, en general, había dado la espalda a estas asociaciones. El tratamiento delos partidos se reservaba ante todo a opúsculos de sesgo histórico, político o sociológico.En los últimos años de la Restauración y durante la Segunda República, aunque tímidamente, estasituación empieza a cambiar, y los partidos ocupan un lugar en los tratados jurídicos 21. Curiosamente,este interés despegaba justo cuando más fuerza cobraban las voces que clamaban por la crisis delparlamentarismo, y con él de los propios partidos. La incoherencia es, sin embargo, aparente, ya que,como diría con acierto Francisco Ayala, la crisis de los partidos presuponía la madurez de éstos, y, portanto, la necesidad de estudiarlos.

15


• En 1916, Elorrieta y Artaza incluía en su Tratado elemental de Derecho Político comparado un capítulodedicado a los partidos políticos, señalando que, aunque éstos carecían de un reconocimientoconstitucional expreso, eran indispensables para el funcionamiento del Gobierno y, por tanto, no podíanquedar huérfanos de tratamiento doctrinal 22. Los partidos aparecían como una necesidad política en lospueblos modernos, respondiendo a una especialización que los distanciaba de otras formas asociativas:los clanes (por su voluntariedad), o las religiones y escuelas científicas y artísticas (por su intención dealcanzar el poder público). Elorrieta, sin embargo, no desarrollaría suficientemente la teoría de lospartidos, en parte debido a su excesivo apego a la doctrina extranjera - Bryce, Maine, Lowell, Tarde, Loriao Macaulay - a la que parafraseaba con demasiada frecuencia.. Por otra parte, tampoco se despegaba del régimen de partidos entonces vigente en España, lo que serefleja en su idea de que estas asociaciones podían reducirse a dos grandes tendencias, la de innovación yla de conservación, que correspondían, huelga decirlo, a las posiciones políticas de los partidos dinásticos.

El creciente interés del Derecho público por los partidos respondía, por otra parte, a la emergenteconciencia de que éstos eran auténticas instituciones jurídicas. La falta de reconocimiento expreso ytextual en las Constituciones 23 no era un problema insoslayable para esta afirmación, debidoprincipalmente a la propia concepción amplia de Constitución y Derecho constitucional

16


• A lo largo del siglo xlx el Derecho público español se había ido formando a partir de influencias muydiversas, en las que la ciencia política y la sociología ocupaban un lugar destacado, sobre todo a partir dela recepción del krausismo a finales de la centuria. El resultado fue que, frente al positivismo normativistaconstruido en Austria por Hans Kelsen y su teoría pura del Derecho, en España el Derecho público, y con élel Derecho constitucional, no se ocupó sólo de las normas positivas, sino también de instituciones yelementos sociales de relieve político, como podían ser la opinión pública o los partidos políticos.Tal era la perspectiva de Adolfo Posada, quien consideraba que el estudio de los partidos eraimprescindible para comprender «el gobierno constitucional fuera de las Constituciones escritas» 24. Eneste sentido, los concebía como órganos intermedios entre la sociedad y el Estado, destinados a transferira éste las diversas corrientes de opinión pública, convirtiendo las ideas en normas 25. Este carácterintermedio de los partidos les confería una naturaleza pública, hasta el punto de que ejercían funcionesconstitucionales que, por otra parte, variaban según la forma de gobierno en la que se incardinasen. Así,en un sistema presidencialista como el norteamericano, los partidos estaban llamados a cumplir unafunción electoral, al ofrecer a los ciudadanos una doble preferencia política, republicana o demócrata,para la designación del jefe del Estado. Por el contrario, en un sistema parlamentario, su función erasustancialmente representativa.El tratamiento jurídico de los partidos que realizaba Posada seguía siendo tributario de concepcionessociológicas, debido a su filiación krausista, heredada de Giner de los Ríos y, en menor grado, de Azcárate.

17


• Sin embargo, en 1931, precisamente uno de sus alumnos predilectos, Francisco Ayala 16, trató de aplicar alos partidos una metodología más estrictamente jurídica en lo que sería su tesis doctoral, cuyo sugerentetítulo era Los partidos políticos como órganos de gobierno en el Estado moderno 27. A pesar de laorientación sociológica de su maestro, y del hecho de cursar en Berlín estudios con Hermann Heller, autorde una de las más influyentes teorías del Estado del siglo xx, su tesis trataba de desprenderse deconcepciones sociológicas, que apenas instrumentalizaba en el primer capítulo, y que sí estarán presentesen otras obras. Precisamente su intento de asepsia metodológica le llevaba a rechazar clasificacioneshistóricas de los partidos - como la de Stahl, que diferenciaba entre partidos de la revolución y de lalegitimidad - y, sobre todo, las sociológico-biológicas de Róhmer y Bluntschili; un aspecto éste en el que seaprecia una notable influencia de Azcárate. Ahora bien, el hecho de que la tesis se desprendiese decontenidos sociológicos no suponía tampoco una concepción formal del Derecho, a pesar de lasreferencias que contiene a Hans Kelsen. Y ello porque Ayala confería a las convenciones constitucionales elcarácter de verdaderas normas jurídicas que completaban, o incluso alteraban, el contenido de laConstitución formal. El valor de las convenciones constitucionales tenía especial significación en GranBretaña donde ya en 1832 John James Park había señalado que junto a las leyes constitucionales escritas(o «Constitución teórica» del país) existía una «Constitución real», formada por las prácticasconstitucionales 28. En una línea parecida, el norteamericano Woodrow Wilson - a quien Ayala habíaconsultado para analizar el sistema presidencialista - señalaba que también en los Estados Unidosoperaban las convenciones constitucionales que, según él, incluso habrían modificado el sistemapresidencialista, mutándolo en un sistema asambleario 29. Finalmente, también el italiano VittorioEmmanuele Orlando - igualmente consultado por Ayala - admitía el valor de las convenciones al tratar delsistema parlamentario de gobierno .

.18


• La admisión de las convenciones como verdaderas normas jurídicas tenía gran relevancia, ya que permitíacolegir que los partidos, aunque ausentes del texto constitucional, podían tener un reconocimientojurídico a su través. Y éste era, precisamente, el núcleo de la tesis de Ayala

• Yendo más allá que Adolfo Posada, concebía a los partidos no sólo como asociaciones intermedias entre lasociedad y el Estado (entre el «ser» y el «deber ser», según terminología kelseniana, o entre lo fáctico y lojurídico), sino incluso como órganos de Derecho público material que venían a sumarse a los órganosformales que, como Gobierno, Parlamento o jefe del Estado, establecían las Constituciones escritas.Ahora bien, existía una conexión jurídica inevitable entre los aspectos constitucionales formales y losmeramente convencionales, ya que, dependiendo de la forma de Estado que articulase el textoconstitucional, los partidos asumían una estructura y funcionamiento diverso. En realidad, aunque Ayalahablase de forma de Estado, lo determinante para los partidos era la forma de gobierno, es decir, el modode concebir la división de poderes y de distribuir la dirección política del Estado.Partiendo de esta premisa, diferenciaba el papel de los partidos en una dictadura, en un sistemapresidencialista y en un sistema parlamentario. En la primera de estas formas de gobierno se producía unasimplificación extrema del sistema de partidos, reduciéndolos a uno solo que se identificaba con elrégimen político o principios sustanciales del régimen autárquico .

19


• Así sucedía en la Unión Soviética, donde el Partido Comunista pretendía monopolizar la representación dela clase obrera, o en el Fascismo italiano, donde se excluía a todo partido que no simbolizase los valoresfascistas. La diferencia entre ambos modelos residía apenas en el mayor intento de juridificación realizadopor el fascismo italiano, fruto de la tradición jurídica latina. Algo en lo que llevaba razón Ayala: no en baldeel fascismo se edificaría jurídicamente, al menos en parte, sobre las concepciones de Costituzione in sensomateriale de Mortati y Panunzio, dos de los más grandes iuspublicistas de aquel país.Por su parte, el análisis que hacia Ayala del funcionamiento de los partidos en un sistema presidencialistatomaba como modelo a Estados Unidos. Esta forma de gobierno conduciría, según su apreciación, albipartidismo, cuyo significado y funciones quedaban ligados a las elecciones presidenciales. Éstasobligaban a que existiese una bipolarización, esto es, dos alternativas, aunque las diferencias ideológicasentre republicanos y demócratas se habían reducido casi hasta la inexistencia. Una vez que uno de lospartidos obtenía la victoria, el sistema condenaba al otro a la exclusión total del gobierno, por lo que elpresidencialismo constituía un sistema de binomios. En realidad, al análisis - ciertamente tributario de lasteorías de su maestro Adolfo Posada - le faltaba considerar que el sistema presidencial funciona con dosfocos de poder, presidente y Parlamento, y que el partido perdedor en las elecciones presidenciales podíatener una presencia capital en el gobierno del Estado si obtenía la victoria en los comicios parlamentarios.Finalmente, el sistema parlamentario de gobierno ofrecía a los partidos dos posibilidades: bien laformación de un modelo bipartidista, bien pluripartidista. La opción era, en realidad, teórica, ya que Ayalaconsideraba que el bipartidismo (dualismo, según su terminología) no se habría realizado nunca de formaplena. No obstante, este modelo teórico se asentaba sobre la idea de que el progreso se obtenía a travésde la fuerza dinámica procurada por sendas acciones de impulso y conservación; una idea, como hemosvisto, sobre la que había teorizado previamente Azcárate .

20


• La peor imagen del bipartidismo parlamentarista la brindaba el artificial turno de partidos establecido enEspaña, basado en un caciquismo que se había instaurado merced a la ausencia de una verdadera opiniónpública. Y es que, según su perspectiva, el caciquismo había sido en primera instancia una entelequiacreada para mantener la ficción representativa ante la inactividad de las masas neutras; aunque con eltranscurso del tiempo se había convertido en la pieza clave del sistema y el medio que permitía alGobierno contar siempre con un Parlamento dócil.Si el bipartidismo era sólo una posibilidad teórica en un sistema parlamentario, no quedaba más remedioque admitir que esta forma de gobierno era todavía más proclive al pluripartidismo, como sucedía, porejemplo, en Francia, Alemania o Checoslovaquia. Este pluripartidismo era posible también gracias a que,como bien decía Mirkine-Guetzevich, en la mayoría de los países europeos se habían implantado fórmulaselectorales proporcionales. Ante el silencio constitucional, al menos la legislación electoral había dado unacobertura formal y positiva a los partidos políticos, ya que las fórmulas proporcionales consistíanprecisamente en eliminar el individualismo propio de la relación representativa, y conferir larepresentación nacional a partidos y no a diputados.Es aquí donde la postura que pretendía defender Ayala cobraba vida .

21


• Había que replantearse el sistema representativo liberal, basado en la relación diputado-nación, puestoque las convenciones constitucionales, respaldadas por la legislación electoral, habían creado un nuevoórgano de Derecho público, los partidos, nuevos sujetos de la relación representativa. De ahí que, comoAyala describía con clarividencia, había que reformular dos tipos de relaciones: por una parte, la delpartido con el cuerpo electoral y, por otra, la del diputado con el partido al que pertenecía. La primerasuponía que ahora el ligamen diputado-cuerpo electoral se mediatizaba a través de la presencia de lospartidos. De ahí las consecuencias de la segunda relación: el antiguo vínculo moral y político del diputadocon su partido se había juridificado. La responsabilidad por los actos de un procurador alcanzabanentonces a todo el partido, que había intervenido en su elección, y, por tanto, el transfuguismo podíaconllevar la pérdida del escaño.La tesis de Ayala avanzaba alguna de las cuestiones todavía candentes hoy en día. A pesar de que lostextos constitucionales seguían anclados en el siglo xlx, y se negaban a articular los partidos, la doctrina síles daba una cobertura. Nunca antes se había otorgado un papel tan preeminente a estas asociaciones entérminos jurídicos.

La idea de «partido mayoritario»«El poder no me interesa sino como instrumento de creación. Dedicarnos a soportar andamiajes caducos oa remendar fachadas deslucidas por las intemperies no nos sirve para nada»Manuel Azaña, Discurso a los republicanos catalanes, 30 de agosto de 1934

22


• Que la Segunda República trastocó totalmente los esquemas delxlx en relación con la idea de partido político resulta evidentecuando nos acercamos al ideario político de Manuel Azaña.Nadie expuso como él las notas características de una ideamoderna de partido, superando gran parte de los anatemas queestas asociaciones arrastraban desde el siglo anterior.

A falta de una exposición sistemática sobre los partidos, Azañadesarrolló sus ideas al respecto en diversas alocucionespúblicas, debates parlamentarios y discursos populares. Entodos estos foros trató tanto de la naturaleza y estructura de lospartidos en cuanto asociaciones políticas, como de las funcionesque les correspondían una vez lograban acceder al Parlamento.

En lo que se refiere al primer aspecto, Azaña se mostró siemprereticente a los institutos de democracia directa - tan utilizadospor las dictaduras-, viendo en los partidos el cauce normal através del cual podía actuar políticamente la nación en sudiversidad ideológica 31

23


• Es más, la reactivación de la sociedad española - sumida en la conocida ataraxia política - tenía quelograrse a través de su organización en partidos políticos. Pero si la democracia directa era una entelequia,también lo era el que un solo partido quisiera erigirse en único representante de la opinión nacional. Tal ycomo he señalado previamente, el concepto de opinión pública se descompuso y, muy a diferencia delsignificado atribuido por el liberalismo decimonónico, dejó de tener un contenido global ycualitativamente superior. Azaña insistía en que cada partido interpretaba a su modo lo que era «opiniónpública», por lo que ninguno podía, en puridad, acaparar tal concepto. Antes bien, lo que existían erandiversas opinio nes públicas, cada una de las cuales se canalizaba, entre otros medios, a través de lospartidos políticos. De esta manera, Azaña defendía el pluralismo respecto de posturas que trataban demermarlo, bien fuera a través de institutos de democracia directa, que suponían operar con binomios (unarespuesta electoral basada en el sí/no), bien a través de intentos partidistas de monopolizar la opinión

nacional.

Sin embargo, y aunque decidido partidario del pluralismo, Azaña introdujo un matiz de no pocaimportancia. Siguiendo una estela ya trazada desde Andrés Borrego, sostuvo que para que un partidomereciese este calificativo, debía tener un carácter nacional (como lo era su Acción Republicana, claroestá), ocupándose de los intereses generales del país por encima de la tutela de intereses locales oprofesionales.

24


• Algo que dejaba en una posición delicada a los partidos nacionalistas o, por ejemplo al Partido Agrario(que aglutinaba a pequeños y medianos agricultores interesados, ante todo de oponerse a la reformaagraria) a los que, sin embargo, Azaña no se refería expresamente.

En plena coherencia con su idea de «partido nacional», Azaña defendió un concepto claro de «partido demasas», aunque sin emplear dicho término. El carácter verdaderamente nacional de un partido noradicaba exclusivamente en su programa ideológico completo y general, sino también en un aspectoorganizativo: debían captar todos los afiliados posibles, echando raíces y extendiéndose a lo largo de todoel territorio nacional. Así pues, un partido era nacional desde una perspectiva ideológica, pero también,podría decirse así, física.

Por lo que se refiere a la organización y estructura de los partidos, también en estos extremos Azañasostuvo unas ideas modernas. En primer lugar, al considerar que la democracia interna constituía un gradode excelencia de un partido, tal y como sucedía con Acción Republicana. Esta exigencia, que, como heindicado anteriormente, se hallaba también presente en la obra del austriaco Kelsen, suponía un girorespecto de los partidos de notables, sustentados en la dominación casi oligárquica de sus dirigentes

25


• El otro punto defendido por Azaña no suponía unanovedad, al menos en apariencia. Me refiero a la disciplinade partido, que contaba con una larga trayectoria desde sudefensa por Antonio Alcalá Galiano. La diferencia con lasideas anteriores sobre este asunto radicaba en no ver ladisciplina como un seguidismo ciego a las pautas marcadaspor el líder del partido, sino como un vínculo ideológico alprograma partidista. El cambio de perspectiva no erabaladí: durante la Restauración, el carácter de partidospersonalistas y de notables que caracterizaban a losgrupos turnantes se reforzaba con una sólida disciplina,concebida como sumisión al jefe del partido, quedeterminaba todos los pormenores de las votacionesparlamentarias. El sistema de la Restauración se basaba,por tanto, en un estricto control de los dirigentes sobre suspartidos; control que operaba tanto fuera del Parlamento(dominio de los comicios a través de los caciques locales),como dentro del mismo (merced a la disciplina de partido).

Hasta aquí los aspectos que Azaña exponía relativos a laorganización y estructura de los partidos comoasociaciones políticas

26


• Pero también se ocupó, más si cabe, de la segunda vertiente: la actividad y funcionamiento de los partidosdentro del Parlamento. En este punto, es preciso adelantar que, como fue habitual durante la SegundaRepública, también Azaña distinguió entre los partidos políticos y los grupos parlamentarios, aunque nodesconoció el lógico ligamen que existía entre ambos. La diferencia entre dichas organizaciones -extraparlamentaria, la una; parlamentaria, la otra - la expuso con claridad cuando trató de las alianzas entreformaciones políticas. Para Azaña, el hecho de que se configurasen coaliciones electorales no obligaba aque, una vez accedían al Parlamento, los partidos individuales que las componían tuviesen que sostener unaidéntica opinión sobre los asuntos de Estado. De esta forma, las mayorías parlamentarias sustentadas sobrecoaliciones electorales debían someterse a un régimen específico de funcionamiento, ya que constituían unvínculo circunstancial para acceder a los escaños, pero, una vez en el hemiciclo, cada partido debía ser librepara defender su postura. Es más, siendo los partidos quienes componían las coaliciones, éstas no teníanpor qué reproducirse en el seno del Parlamento, entre los correspondientes grupos parlamentariosderivados de cada formación, que podían buscar unas alianzas muy distintas.

Pero, a pesar de las diferencias entre partido político y Grupo Parlamentario, Azaña no desconocía que elnexo entre ambos resultaba inevitable. Tan era así, que en realidad muchas de las decisiones adoptadas enel hemiciclo habían sido previamente pactadas por los partidos. De este modo, empezaba a plantearse unacuestión que hoy en día forma parte del centro del debate sobre el sistema de partidos, a saber, la idea deque éstos acaban siendo los verdaderos órganos decisiorios del Estado, actuando los Parlamentos comomeras Cámaras de registro.

•

27


• Ello suponía, claro está, otorgar a los partidos un protagonismo indiscutible al que acompañaba un cambioradical de actitud hacia lo que desde el siglo xviii había venido denominándose «política de partido». Enefecto, desde la Ilustración hasta los críticos del parlamentarismo, la imagen negativa de los partidosderivaba del hecho de considerar que no perseguían un interés nacional, sino el espurio beneficio partidista.El partido político constituía un símbolo de egoísmo, opuesto a conceptos acuñados desde el siglo xviii comola prosperidad pública, el bien público, la voluntad general o incluso la opinión pública, según hemos visto.La idea moderna de partido que se vislumbra en Azaña acabó por erradicar esta imagen distorsionada. Nohabía nada de malo en hacer «política de partido», ya que, en realidad, con ello sólo quería decirse que elpartido con más poder parlamentario trataría de convertir en realidad su programa, que, recuérdese, paraAzaña tendría que ser completo y preocupado por las principales cuestiones del país. Tampoco habíainconveniente en ver al Parlamento como un foro de discusión de partidos 32, algo tan criticado por laderecha, desde el carlismo hasta las posturas más filofascistas.

Azaña contribuyó, pues, a que comenzara a abandonarse la idea de que hacer política de partido constituíauna tacha: «Dentro de la Constitución y dentro del Parlamento - decía en el hemiciclo - los partidos luchanpor imprimir a la organización del Estado el carácter que a ellos les apetece más» 33. Del mismo modo,tampoco resultaba vergonzante autocalificarse como un hombre de partido. Esta premisa es básica paraentender la idea de «partido mayoritario» con el que soñaba Azaña.

28


• Si la política de partido no era mala en sí misma, debíaverse como consecuente que cada una de estasasociaciones buscase obtener el mayor númeroposible de escaños, para tratar de imponer su política.Esa debía ser la aspiración natural y legítima de unpartido. De ahí que, frente a aquellos que trataban dever la Constitución que se iba a elaborar como untexto de inte gración, Azaña no tuviese empacho enafirmar que si existiese un partido con amplia mayoríaen el Parlamento (cosa que ciertamente no ocurría),estaría absolutamente legitimado para imponer sumodelo constitucional, porque así se derivaba delapoyo electoral recibido. No pueden dejar detranscribirse estas clarificadoras palabras al respecto:«Si yo perteneciese a un partido que tuviera en estaCámara la mitad más uno de los diputados, la mitadmás uno de los votos, en ningún momento, ni ahora nidesde que se discute la Constitución, habría vaciladoen echar sobre la votación el peso de mi partido parasacar una Constitución hecha a su imagen ysemejanza, porque a eso me autorizaría el sufragio y elrigor del sistema de mayorías» .

29


• Y más allá de la Constitución, que formaba el marco político general del Estado, también la Ley, comonorma que servía para realizar políticas concretas, fue revisada por Azaña, quien dejó de considerarlacomo la obra de la voluntad general para convertirla en una pieza de artillería del partido mayoritario:«la ley es el objeto inmediato de la contienda de todos los partidos. Los partidos luchan por conquistarla ley, por hacerla ellos, por poner en la ley el sello de sus pensamientos, de sus ideas y de susaspiraciones. La ley es el prez inmediato que los partidos ganan cuando obtienen la victoria política»35. De los conceptos abstractos y generalistas del xviii se había transitado a la lógica de los grupos.

Pero lograr un partido mayoritario, con autoridad dentro del Parlamento, era harto difícil, y Azaña eraconsciente de ello. El primer paso para obtenerlo se hallaba, claro está, en la fórmula electoral. Azañase mostraba favorable a una fórmula mayoritaria, con el leve correctivo del voto limitado (votar a unnúmero de candidatos inferior al de escaños que debían cubrirse), muy a diferencia, por ejemplo, delos grupos católicos - de la CEDA de Gil Robles a Angel Herrera Oria-, que defendían con insistencia unafórmula proporcional. En realidad, la idea de un partido mayoritario, capaz de dominar el Parlamento eimponer su programa, derivaba de la propia idea de democracia que sustentaba el brillante estadista,identificada con un régimen de mayoría, sin necesarias concesiones a las minorías

30


31

• Una evidencia de cierto jacobinismo, muy alejadode las posturas liberales del xlx.Ello no obstante, y a pesar de la preferencia por lasfórmulas electorales mayoritarias - que fomentabanla creación de un partido dominante-, tambiéndefendió en el proyecto de ley electoral que loscomicios presidenciales se sujetasen a una segundavuelta, a efectos de favorecer que las fuerzaspolíticas se coaligasen, superando sus diferenciaspara constituir una fuerza única capaz de resistir alpartido opositor. Sin embargo, Azaña era conscientede que la lógica de las coaliciones respondía apremisas muy distintas a las de un partidomayoritario. Si las coaliciones construían unGobierno, obligaban a que cada partido cediese loimprescindible para garantizar la gobernabilidad delEstado: así lo expresaba Azaña al afirmar que, aunsiendo un hombre de partido, no podía actuarcompletamente como tal si no disponía de unamayoría homogénea suficiente y tenía queintegrarse en un Gabinete de coalición .


32

• Pero, más allá de esta premisa, lo cierto es que Azaña tampoco veía en las coaliciones de partidos, y en losGobiernos de coalición resultantes, un mal en sí mismas. No eran su desideratum político, desde luego, perohabía que convivir con esta realidad posible, ahora que se había liquidado el turnismo artificialEl sistema parlamentario de gobierno no se modificaba por esta circunstancia; mantenía su esencia, que erala necesidad de que el Gobierno se apoyarse, en todo caso, en una mayoría, ya fuese ésta políticamenteuniforme, o derivada de fuerzas heterogéneas. El cambio de mentalidad respon día a una asimilación de laesencia democrática; como decía Azaña, se habían terminado los tiempos en los que era el Gobierno el quedecidía la composición de las Cortes, amañando las elecciones; en la República recién instaurada, por elcontrario, había que acostumbrarse a que el Ejecutivo tendría que gobernar con el Parlamento que hubieseresultado de las urnas.

Es evidente que esta depuración electoral entrañaba riesgos para que el partido mayoritario al que aspirabaAzaña pudiese desplegar su fuerza. Para reducir la influencia de las minorías parlamentarias, Azaña sesumaba a la idea ya analizada del nuevo parlamentarismo racionalizador, reformulando el papel que elparlamentarismo clásico había concedido a las minorías. Debía superarse el obstruccionismo de los gruposminoritarios que acababa por imponer su criterio al partido dominante en la Cámara.El funcionamiento normal del sistema parlamentario exigía que el partido en el Gobierno abandonase elcargo cuando perdiese la confianza parlamentaria, pero era preciso también que no se juntasen minoríasdispares y heterogéneas con el único objetivo de derribar al Ejecutivo, sin tener capacidad para ofrecer unaalternativa positiva y obligando, pues, a una disolución parlamentaria anticipada.El partido equilibrador«Aspirarnos a centrar la política con un sentido nacional inspirado en la tradición, en los principios delDerecho público cristiano, que frena los excesos de la dictadura y de la democracia»José María Gil Robles, Cortes Generales, 18 de noviembre de 1933


33

• Frente a la idea de partido mayoritario y, por ende, dominante, que defendía Azaña, se alzaron otraspropuestas orientadas a constituir un partido político que actuase como elemento de equilibrio entre lasdistintas fuerzas políticas parlamentarias. La idea no era ni mucho menos novedosa: ya hemos visto cómodurante el Trienio Liberal el periódico afrancesado El Censor había sostenido una postura semejante, a fin deintermediar entre liberales moderados y exaltados. Durante la Segunda República, la composición plural delParlamento, nunca hasta entonces tan fraccionado, sirvió de acicate para rescatar esta idea de un partidodestinado a evitar los vaivenes políticos, sirviendo como bisectriz de los partidos extremos. Huelga decir quetal visión del partido se centraba básicamente en las funciones parlamentarias que iba a desempeñar, esdecir, no se ocupaba del partido en su vertiente de asociación social. En este sentido, incluso minimizaba elvalor de su programa, que podría quedar condicionado por la necesidad de apoyar a una u otra fuerzapolítica según las circunstancias.Dos son los estadistas que defendieron con mayor tesón esta imagen que podemos llamar «partidoequilibrador»: Alcalá Zamora y Gil Robles. Muy diferentes en sus opciones políticas, tampoco debedesconocerse que en tanto el primero tenía una mayor convicción teórica en la defensa de esta idea departido, Gil Robles, por el contrario, se movía por intereses más pragmáticos. Sin embargo, ya fuera porsincero convencimiento político o por estrategia política, ambos coincidieron no sólo en la defensa de esepartido que basculase entre los extremos, sino también al descartar una mera democracia de partidos,defendiendo otras formas de participación política, como las democracias directa y orgánica.Apenas proclamada la Segunda República, Alcalá Zamora, entonces jefe del Gobierno provisional, ya dejóclaro su rechazo a los partidos extremistas a través de un manifiesto publicado en El Sol (12 de mayo de1931)


34

• Unos meses más tarde, emplearía este mismodiario para exponer su idea de constituir unpartido de equilibrio político. Refiriéndose alpartido que lideraba, la Derecha LiberalRepublicana, no dudó en describirlo como unafuerza política gubernamental y moderadora quedebía cumplir con el objetivo de templar losextremos. La necesidad de contar con un partidode esta factura se agudizó por la experiencia de laSegunda República: tras los dos primeros años enlos que se implantó una política de izquierdasmerced a la conjunción republicano-socialista(Bienio Reformista, 1931-1933), el bienio marcadopor la alianza entre la CEDA y el Partido Radical deLerroux (Bienio Radical Cedista, 19331936) trazóuna senda conservadora que hizo bascular ala

República.

Ante las elecciones de 1936, Alcalá Zamora tratóde plasmar su ideal de partido de equilibrio:«Alcalá Zamora quería un partido centrista: noquería el triunfo de las derechas, tampoco el delas izquierdas. Quería desde el centro apoyarse enel ala que más le conviniera», señalaba AntonioVaquer 37. Desde su atalaya de la Jefatura del


35

• Ante las elecciones de 1936, Alcalá Zamora tratóde plasmar su ideal de partido de equilibrio:«Alcalá Zamora quería un partido centrista: noquería el triunfo de las derechas, tampoco el delas izquierdas. Quería desde el centro apoyarse enel ala que más le conviniera», señalaba AntonioVaquer 37. Desde su atalaya de la Jefatura delEstado, el político cordobés promocionó lacandidatura de Manuel Portela Valladares, al quehabía nombrado presidente del Gobierno (14 dediciembre de 1935), y que lideró el denominadoPartido Centrista .


36

• Convocados los comicios de 1936, Portela redactó un manifiesto electoral del Gobierno, en el quevindicaba su postura centro-republicana, que le permitía «actuar de elemento de compensación yponderación de nuestra política, y estabilizar la vida nacional», reclamando un ideal nacional «porencima de la antítesis partidista» 38. En la confección de las candidaturas fijada el 25 de enero de1936 se admitía cualquier tendencia, siempre que no fuese extrema, es decir, monárquica orevolucionaria. La opción Zamora-Portela contó con unas expectativas electorales muy positivas, queno se vieron reflejadas en los resultados reales, ya que el partido apenas consiguió una veintena deescaños; un fracaso estrepitoso que obligó a Portela a dimitir, máxime cuando se había apoyadoelectoralmente en la derecha, también perdedora de unas elecciones que, como es bien conocido,ganó el Frente Popular. El proyecto de un partido de equilibrio había quedado, pues, reducido alcampo de las ideas estériles.

En todo caso, la idea de un partido equilibrador, centrista e intermedio, no es más que el traslado alas asociaciones políticas del afán por un gobierno de equilibrio que siempre vindicó Alcalá Zamora. Elpresidente de la República sostenía una idea de balanza política que evocaba las teorías de laMonarquía Constitucional, e incluso del doctrinarismo, que se había ido forjando desde el primertercio del xlx. Frente a aquellos diputados - no pocos - que veían en el parlamentarismo un sistemade dominio de las Cortes, Alcalá Zamora siempre quiso darle una lectura distinta: la de un sistemadotado de diversos contrapesos, de manera que los órganos del Estado se mantuvieran en unabalanza continua.


37

• Dos eran los instrumentos constitucionales que debían servir a este diseño: un Senado (que laConstitución del 31 no llegaría a recoger) y una jefatura del Estado concebida como un podermoderador. Ambos aparecían así designados en el manifiesto de la Derecha Liberal Republicana(junio de 1930).De este modo, para Alcalá Zamora, el presidente de la República debía estar dotado de unascompetencias que se deslindasen claramente de las atribuciones del Gobierno 39; unas ideas queseguían la estela que en su día trazase Benjamín Constant al diferenciar entre el poder neutro del reyy el poder ejecutivo de los ministros. La lógica del poder moderador suponía que el presidente de laRepública ejercía unas competencias dirigidas a intermediar entre el poder legislativo y el ejecutivo.De esta manera, a él le correspondía disolver el Parlamento - por ejemplo por hostilidad con elGobierno - o vetar las leyes, del mismo modo que era, a su vez, el encargado de nombrar alpresidente del Gobierno, o incluso de dirigirle observaciones y consejos. No obstante, esta forma deentender el poder presidencial fue rechazada por la mayoría republicano-socialista dominante en laconstituyente, siendo Azaña el principal opositor a la idea de poder moderador.

Por lo que se refiere al Senado, puede decirse con propiedad que nadie en las Cortes Constituyentesde 1931 defendió su existencia con mayor empeño que Alcalá Zamora.


38

• Según él, la presencia de una segunda Cámara quedaba sobradamente justificada por variosaspectos: era idónea por la forma de Estado, la forma de gobierno y la organización territorialproclamados en la Constitución de 1931. En sus argumentaciones, comenzaba Alcalá Zamora porseñalar que el Senado resultaba inevitable al haberse proclamado una República en la que faltaba unfactor conservador - que en las Monarquías representaba al rey - que otorgase al sistema estabilidadfrente a los cambios constantes derivados de los vaivenes electorales. El Senado sería la Cámara queprocurase esa estabilidad. También imponía la existencia de una Cámara Alta la declaración que hacíael proyecto constitucional de que España era un Estado social y descentralizado. Ambos elementosmaterializaban unos intereses (socioeconómicos y territoriales) que debían contar con unarepresentación autónoma. En particular, por lo que se refiere a la organización territorial, AlcaláZamora subrayaba que, aunque España no fuese un Estado federal, sí lo era «federalizante», debido alas importantes competencias concedidas a las regiones. En consecuencia, proponía la formación deun Senado con una representatividad especial mixta, que agrupase intereses profesionales yterritoriales. Por cierto que la defensa de intereses territoriales también fue postulada fuera de lasCortes por algunos partidos regionalistas. Así, por ejemplo, el valenciano Partido de UniónRepublicana Autonomista pretendería la implantación de un Senado que representase a las regiones.En definitiva, una composición propia de una representatividad especial, que complementase a lademocracia inorgánica de la Cámara Baja.


39

• Pero lo que debe destacarse sobre todo es que Alcalá Zamora, anclado en una teoría que arrastrabamás de dos siglos de existencia, seguía viendo al Senado como una Cámara conservadora y demoderación, coincidiendo en este punto con otros diputados como Royo Villanova 40. No resultadifícil, pues, ver el nexo entre el partido de equilibrio y el Senado, puesto que ambos estabanllamados a cumplir un papel constitucional parejo: «Con una Cámara única - criticaba el estadistacordobés - es punto menos que imposible formar mayoría flexible, elástica, cambiable que, antenuevas necesidades, se adapte para atenderlas. Nada de tener el eje de maniobra apoyado en elcentro de las Cortes. Se produce, por el contrario, un fenómeno de polarización que lleva,inevitablemente, al predominio del extremismo» 41 Una polarización que resultaba, además, delrégimen electoral, favorable a que se formasen tendencias opuestas en las Cortes.A igual que Alcalá Zamora, también José María Gil Robles descartaba una democracia basadaexclusivamente en los partidos, siendo ésta una de las enseñas políticas del catolicismo político queél lideraba a través de la CEDA. Esta misma postura la había ejemplificado con toda claridadprecisamente su padre, Enrique Gil Robles, quien consideraba a los partidos políticos como malesnecesarios, derivados de la imperfección social y de la incapacidad por lograr una unidad en elespíritu nacional42.La inevitable presencia de los partidos debía complementarse, según José María Gil Robles, a travésde institutos de democracia directa y de democracia orgánica. En sustancia, ello significaba negar elparlamentarismo democrático que se había instaurado con la Segunda República y que, en efecto,conducía al pluripartidismo y a la absorción por parte de los partidos de la participación política. Ladefensa de la democracia directa suponía cuestionar el presupuesto de que la voluntad ciudadanasólo podía expresarse a través de la representación política .


40

• . Muy al contrario, Gil Robles sostenía que era posible que se produjese una disociación entre lavoluntad parlamentaria y la opinión pública, en cuyo caso la última palabra la tendría la propianación, a través de cauces de expresión directos 43. Es evidente que la postura de Gil Robles chocabade plano con las premisas de Azaña, su principal opositor en este extremo, ya que este último niadmitía el valor de la democracia directa, ni tampoco el que pudiera hablarse de una opinión públicanacional distinta de las opiniones particulares que expresaba cada fuerza política.

Si la defensa que hacía Gil Robles de la participación directa suponía cuestionar el papel deintermediarios de los partidos, su preferencia por la democracia orgánica entrañaba un rechazo delos presupuestos de la democracia liberal e individualista en la que aquéllos se sustentaban. Yahemos visto que la democracia orgánica era una aspiración del pensamiento católico conservador(incluido el carlismo con el que se había vinculado en sus orígenes), apoyada en las encíclicaspapales. Pero conviene no perder de vista que también otras fuerzas políticas muy alejadas de laCEDA tenían entre sus objetivos implantar un Senado orgánico. Aparte de la postura ya reseñada deAlcalá Zamora - con el que Gil Robles compartía también la idea del Senado como Cámara deequilibrio-, cabe señalar que el propio anteproyecto constitucional presentado por la ComisiónJurídica Asesora preveía la existencia de dos Cámaras, una de representación política y la otra conrepresentación de «los intereses sociales organizados» (art. 33).


41

• El krausismo también defendía esta misma postura, siendo Adolfo Posada su más claro ejemplo 44; eincluso Fernando de los Ríos consideraba que, aun siendo los partidos instrumentos necesarios parael gobierno de la nación, debían combinarse con una representación profesional, de manera que elhombre estuviera representado en abstracto en la Cámara Baja, y en cuanto a sus interesesparticulares, en la alta 45. Con tan heterogéneos compañeros de viaje no debe extrañar que GilRobles utilizase en apoyo de su postura a alguien tan alejado de sus postulados políticos como elheredero de Augusto Comte, Leen Duguit, por entonces el más preclaro representante de la escuelasociológica francesa y uno de los autores más influyentes durante la Segunda República.La democracia directa y orgánica debía dejar, sin embargo, un espacio a ese mal menor que eran lospartidos políticos. Pero, al igual que Alcalá Zamora, también Gil Robles sostuvo la idea de un partidoequilibrador, intermedio o de centro. Y ello aunque en la práctica política la CEDA, aliada con elPartido Radical de Lerroux durante el Bienio 1934-1936, logró dominar las Cortes e imponer su propiapolítica, sin tener que actuar como un presunto partido balancín, algo que nunca tuvo la ocasión deintentar Alcalá Zamora.Aun así para Gil Robles, la existencia de un partido intermedio constituía una necesidad, ya que era elmejor remedio para frenar las acometidas de los partidos extremos, e incluso de las coalicionesheterogéneas. De hecho, Acción Nacional, el primer partido de Gil Robles, había nacido dentro delpanorama político como un intento de intermediación entre las fuerzas católicas admitiendo paraello, entre otras, la idea de la accidentalidad de las formas de gobierno. Así visto, Acción Nacional yaera, de por sí, un ensayo de partido conciliador, al menos dentro del catolicismo político.


42

• El krausismo también defendía esta misma postura, siendo Adolfo Posada su más claro ejemplo 44; eincluso Fernando de los Ríos consideraba que, aun siendo los partidos instrumentos necesarios parael gobierno de la nación, debían combinarse con una representación profesional, de manera que elhombre estuviera representado en abstracto en la Cámara Baja, y en cuanto a sus interesesparticulares, en la alta 45. Con tan heterogéneos compañeros de viaje no debe extrañar que GilRobles utilizase en apoyo de su postura a alguien tan alejado de sus postulados políticos como elheredero de Augusto Comte, Leen Duguit, por entonces el más preclaro representante de la escuelasociológica francesa y uno de los autores más influyentes durante la Segunda República.La democracia directa y orgánica debía dejar, sin embargo, un espacio a ese mal menor que eran lospartidos políticos. Pero, al igual que Alcalá Zamora, también Gil Robles sostuvo la idea de un partidoequilibrador, intermedio o de centro. Y ello aunque en la práctica política la CEDA, aliada con elPartido Radical de Lerroux durante el Bienio 1934-1936, logró dominar las Cortes e imponer su propiapolítica, sin tener que actuar como un presunto partido balancín, algo que nunca tuvo la ocasión deintentar Alcalá Zamora.Aun así para Gil Robles, la existencia de un partido intermedio constituía una necesidad, ya que era elmejor remedio para frenar las acometidas de los partidos extremos, e incluso de las coalicionesheterogéneas. De hecho, Acción Nacional, el primer partido de Gil Robles, había nacido dentro delpanorama político como un intento de intermediación entre las fuerzas católicas admitiendo paraello, entre otras, la idea de la accidentalidad de las formas de gobierno. Así visto, Acción Nacional yaera, de por sí, un ensayo de partido conciliador, al menos dentro del catolicismo político.


43

– Y ello porque de hacerlo estaría ocasionando un cambio brusco a la nave del Estado. Eramenester, pues, permanecer temporalmente en la oposición, imponiendo su política a travésdel control parlamentario: «Los elementos de derecha - señalaba - deben, ante todo, favorecerla constitución de un Gobierno de tipo centro, que procure evitar un viraje demasiado bruscode la izquierda a la derecha»47, añadiendo que «no queremos oscilaciones demasiadoviolentas, en movimientos pendulares».La falta de sinceridad política de Gil Robles no puede descartarse. A fin de cuentas, durante elBienio Radical-Cedista gozaba de una gran mayoría que le permitía gobernar en coalición conLerroux. Pero aun así, Gil Robles decidía gobernar desde la oposición. Un Gobierno a la sombra,sin desgaste, como denunció Azaña.El colapso del sistema de partidos«La obra por hacer es ingente y tiene que serlo también el instrumento; se trata de tomar laRepública en la mano, para que sirva de cincel, con el cual labrar la estatua de esta nueva

España»José Ortega y Gasset, Rectificación de la República, 6 de diciembre de 1931.En ocasiones se ha considerado que el pluripartidismo de la Segunda República resultabaexcesivo, y que constituyó uno de los detonantes de su fracaso. Lo cierto es que ningún partidocontó durante esos seis años de una mayoría suficiente, lo que obligó a integrar coalicionesgobernantes, primero la republicano-socialista (1931-1932) y a continuación la radical-cedista(1933-1935). .


44

– La política de las coaliciones sirvió, al menos,para rectificar el pluralismo y garantizarcierta gobernabilidad al país.La situación se agudizó en las elecciones de1936, cuando el pluripartidismo adoptóelectoralmente un cierto aire debipartidismo. Tanto la izquierda como laderecha trataron de agruparse en dosgrandes coaliciones para enfrentarse en loscomicios convocados para el 16 de febrerode 1936. La complejidad del pluripartidismoquedaba así reducida, ya que se trataba debipolarizar al electorado en torno a dosgrandes bloques, uno de izquierdas (elFrente Popular) y otro de derechas(integrado por varias coaliciones de centro-derecha)


45

– El primero logró una mayor unidad, merced a un procesoordenado de presentación de las candidaturas, dirigido através de un Comité Nacional 48; el segundo no tuvo igualfortuna, ya que los esfuerzos de Gil Robles por aglutinar ala derecha española chocaron con enormes obstáculos,especialmente acusados a la hora de atraer a lostradicionalistas y a la díscola falange.No puede decirse en puridad que la idea de «bloques» o«frentes» fuese novedosa, ya que se trataba de resucitarla experiencia de las coaliciones, no sólo empleada en losdos bienios anteriores, sino también en los últimos añosde la Restauración, cuando los partidos dinásticos sedescompusieron en diversas tendencias. Pero, a falta depoder hablar de una nueva idea de partido-bloque, escierto que sobre todo el Frente Popular - por esa unidadque le faltó al centro-derecha - aportó nuevos conceptos.Debe tenerse presente, ante todo, que los partidos queahora se coaligaban no eran resultado de tendenciasdisgregadas de una misma formación - como habíasucedido durante la Restauración-, sino auténticospartidos dotados de sus masas de afiliados, de unaideología identificativa y de una organización internaautónoma


46

– Ello dificultaba enormemente la constitución de un nexo ideológico, amén de la complejidad dedecidir el reparto de candidaturas de cada formación.Estas dificultades se exteriorizaban en la creación de los programas electorales de los bloques. Lacoalición de centro-derecha, debido a las divergencias y a la falta de orden de sus integrantes, fueincapaz de formar un programa electoral conjunto, muy a diferencia de lo que había sucedido en1933, cuando había logrado redactar un escueto programa, si bien más caracterizado por aquello a loque se oponía, que por lo que proponía como alternativa.No sucedió así con el Frente Popular, que publicó el 16 de enero su manifiesto, que constituye altiempo un verdadero programa electoral y un pacto entre los partidos coaligados. Ésta es, pues, unade las novedades: el manifiesto ostentaba una doble naturaleza de instrumento interno, entrepartidos, y externo, de publicidad ante el electorado. Precisamente debido a esta dualidad, elmanifiesto presentaba una estructura original. Comenzaba con lo que podríamos llamar una«cláusula de residualidad», al afirmar que cada partido coaligado dejaba a salvo los postulados desus doctrinas, lo que equivalía a decir que se trataba de un pacto de mínimos que no comprometía niel sustrato ideológico ni la autonomía orgánico-funcional de cada partido. A continuación, elmanifiesto establecía ese programa mínimo, esto es, los puntos que decidían defender en común.Finalmente, se complementaba con lo que, haciendo un símil con los tratados internacionales,podríamos denominar como «reservas»: aspectos ideológicos que los republicanos rechazabanabiertamente del ideario socialista y que venían especificados por la expresión «los republicanos noaceptan».


47

– El carácter mínimo, electoral y hasta coyuntural del programa quedó bien descrito en la Historia delPartido Comunista, donde se señalaba que el apoyo brindado al Frente Popular «no podía serincondicional. Al concluir el Pacto del Frente Popular, el Partido no había hipotecado en modo algunosu independencia política. Es una cuestión de principio: un partido de la clase obrera, un partidomarxista-leninista, al establecer compromisos con otras fuerzas, no puede, en ningún caso, sin caeren el oportunismo, abandonar su independencia, renunciar a elaborar y a defender ante las masassu propia política» 49. No se puede decir con mayor claridad.

Pero la política de bloques, que en sí misma evidenciaba una crisis de la idea pluralista de partido 50,no fue la única solución pro puesta. Ortega y Gasset ofreció una alternativa, antes incluso de llegar alos prolegómenos de la Segunda República. Ya hemos visto una primera idea de partido en Ortega, ladel «partido educador», que tuvo ocasión de llevarse a afecto cuando en febrero de 1931 fundó,junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República.Inicialmente, ésta no se concibió como un partido político, sino como una asociación que pretendíafomentar los valores republicanos y la conciencia cívica, fundamentalmente aglutinando a losintelectuales como propagandistas de la República. De su apoliticismo queda constancia por el hechode que admitía en su seno a todos los que estuviesen dispuestos a realizar la mencionada labor,cualquiera que fuera el partido político al que perteneciesen 51. Sin embargo, ante las elecciones a laAsamblea Constituyente, la Agrupación cambió su naturaleza, tornándose en un verdadero partidoque concurrió a los comicios, obteniendo unos pobres resultados, a la altura de sus tenuesexpectativas.

La oleada de innovaciones políticas que se avecina

48

– Como partido estableció una organización interna (bastante esquemática), incorporó sólo a quienesno perteneciesen a otras agrupaciones políticas, e instauró unas cuotas de afiliación. En todo caso, laAgrupación al Servicio de la República no difería sustancialmente de la idea con la que Ortega habíaconcebido en su día la Liga para la Educación Política. Se trataba de una asociación de intelectualesdestinada a realizar una nueva política, consistente no sólo en la contienda parlamentaria, sino en laeducación política de la ciudadanía. La única diferencia entre ambas formaciones estribaba en que laAgrupación mutó su naturaleza, pasando a intervenir también en la política parlamentaria como unpartido político más.Pero Ortega tenía reservada una nueva idea de partido más amplia, que iría emergiendo a partir desu progresiva decepción con el modelo de República impuesto por la conjunciónrepublicanosocialista, y su hijo predilecto, la Constitución de 1931. Para Ortega, la República que suAgrupación había tratado de difundir no consistía sólo en un modo de proveer la jefatura del Estado;era mucho más. Implicaba construir un Estado nuevo, un «Estado nacional», reformando tanto lasociedad como el poder público. Nacionalizar el Estado significaba corregir algunos de los problemasmás genuinamente españoles: la falta de decencia en el comportamiento del poder público, y laconfrontación nacional. Respecto del primer aspecto, Ortega, sin emplear estos términos, oponíalegalidad y legitimidad, conceptos bien aclarados en Alemania por Carl Schmitt: para enmendar laindecencia del poder era preciso que inspirase respeto entre la ciudadanía, y no sólo que sus normasse cumpliesen


49

– Respecto del segundo aspecto, era necesario eliminar la política partidista, y trascender a losgrandes problemas nacionales.¿Había hecho hasta entonces el Gobierno algo al respecto? A finales de 1931 y en 1932, Ortega teníaclaro que la respuesta era negativa. La conjunción republicano-socialista no había realizado ese idealde República, se había limitado a desarrollar una política negativa (de lo «anti»), basada enproblemas particulares y partidistas, sin tener miras más elevadas. El resultado era que se habíaestablecido un nuevo «caciquismo republicano», del que eran responsables los partidos vigentes,todavía herederos de las estructuras e intereses de la Restauración.La alternativa que proponía Ortega no podía aplicarse a los bloques, políticos que se estabanedificando, sobre todo en los estertores de la República. Para instaurar una convivencia nacional, loprimero que debía descartarse era el binomio derechas/izquierdas que Ortega denostaba. Proponía,en su lugar, un nuevo modelo de partido al que se refería con el ampuloso nombre de el partidonacional. Un gran partido conciliador, por encima de las contiendas y disputas partidistas: «LaRepública necesita un nuevo partido de dimensión enorme, de rigurosa disciplina, que sea capaz deimponerse, de defenderse frente a todo partido partidista»; de ahí su carácter de «nacional», porque«la idea de la Nación expresa el deber de quebrar todo interés parcial en beneficio del destinocomún de los españoles»


50

– Un partido, pues, de unas dimensiones tales que, comoél mismo decía, «casi no pudiese llamársele partido» 54y que afrontase la tarea de nacionalizar el Estadoespañol. No es de extrañar que se haya visto en estapropuesta un vínculo con el gran partido tradicionalista- alternativa del socialismo - del que había hablado

Araquistain.El partido nacional era lo más opuesto posible al partidomayoritario de Azaña: si éste último veía en el partidopolítico un elemento de dominación (merced a lasmayorías parlamentarias), Ortega consideraba alpartido nacional como un partido de integración. Frentea la «Constitución epicena» (como Ortega denominabaal texto de 1931) y a la interpretación radical de laRepública, el partido nacional opondría unainterpretación de la República en la que ésta fuese «uninstrumento de todos y de nadie para forjar la nueva

nación»55Construido este partido, la Agrupación al Servicio de laRepública se integraría en él y desaparecería como tal. Yes que el partido nacional asumiría sus mismoscometidos, puesto que fomentaría la República comovalor ético, y no reduciría sus quehaceres al ámbitoparlamentario.


51

De hecho, Ortega criticaba también de la Constitución de1931 el haber establecido un parlamentarismo exclusivista,en el que toda la política se reducía a la acción de lospartidos en las Cortes. Esta crítica no significaba, sinembargo, que Ortega defendiese ni una democracia directani tampoco un Senado corporativo - como hacía porejemplo Gil Robles-, sino, simplemente, expresaba lacontinuidad de su concepto de «nueva política»: ésta no sereducía a la acción parlamentaria, sino también a laeducación del pueblo.La propuesta de Ortega de crear un partido nacional notuvo acogida. En Acción Española, el tradicionalista JoaquínArrarás llegaría a denunciarla como vacua, como una formacubierta, como todo lo de Ortega, por ornato dediccionario: un partido por el bien de la patria, ¿no era esolo que decían de sí mismos todos los partidos?, ¿cuál era ladiferencia? «ahí está el profesor frente al gran vacío que nopuede, que no podrá nunca llenar con palabras, por bellasque sean» . Por su parte, desde el nacionalsindicalismo,Ramiro Ledesma tenía que desmentir a quien fuera sumaestro, por que no cabía un partido de intelectuales; sóloera posible un partido de acción. Fraccionada España en dosbloques, desoída la llamada a la unidad política, la suerte dela República estaba echada.


52

Este texto es la transcripción del capítulo, del libro “Los partidospoliticos en el pensamiento español ”, de Marcial Pons Historia

Pontevedra, 8 de Febrero de 2014

INCUPLIMIENTO¿HAY QUE FIARSE DE LOS POLITICOS?

53

los partidos politicos_en_el_pensamient_español_la_segunda_republica_v_1

News & Politics