LOS INTENDENTES DE CÓRDOBA EN EL SIGLO XX

LOS INTENDENTES DE CÓRDOBA EN EL SIGLO XX

César Tcach(Coordinador)

Liderazgos, gestiones y relaciones entre nación, provincia y municipio

Diseño de colección y portada: Lorena Díaz

Edición gráfica: M. J. Lio y L. Díaz

Diagramación: Marco J. Lio

Edición: Emilia Casiva

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Universidad Nacional de Córdoba, 2020

Autoridades UNCRectorDr. Hugo Oscar Juri

VicerrectorDr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira

Secretario GeneralIng. Roberto Terzariol

Prosecretario GeneralIng. Agr. Esp. Jorge Dutto

Directores de Editorial de la UNCDr. Marcelo BernalMtr. José E. Ortega

Los intendentes de Córdoba en el siglo XX: liderazgos, gestiones y relaciones entre nación, provincia y municipio / César Tcach... [et al.] ; compilado por César Tcach.- 1a ed. - Córdoba: Editorial de la UNC, 2020. Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y onlineISBN 978-987-707-139-9

1. Historia. 2. Historia Política. 3. Historia de la Provincia de Córdoba . I. Tcach, César, comp. CDD 320.98254

ÍNDICE

Prólogo, César Tcach 9

Emilio Olmos: progreso urbanístico y ampliación democrática municipal (1925-1929), Desirée del Valle Osella 13

De boyero a intendente: Juan B. Medeot, un socialista en el municipio. Sampacho (1932-1936), Karina Martina 43

Un administrador bajo el signo del fascismo: Carlos Vismara, intendente de Río Cuarto (1932-1936), Rebeca Camaño Semprini 75

Donato Latella Frías: el intendente audaz (1936-1943), César Tcach 109

“La democracia no tiene nada que ver con el municipio”: cese de las autonomías y centralización político-administrativa en el Poder Ejecutivo provincial (1943-1955), César Tcach y Rebeca Camaño Semprini 123

Victor Martínez: el intendente prolijo (1963-1966), César Tcach 139

La gestión de Hugo Taboada en la intendencia de la ciudad de Córdoba: entre los impulsos modernizadores y la presión de los actores corporativos (1969-1970), Emilse Pons 153

La intendencia para la “felicidad del pueblo” (1973-1976), María Clara Iribarne 187

Orden y moral: el coronel Romanutti en la intendencia de Córdoba (1976-1979), Alejandro Moreno 225

Las intendencias de Ramón Bautista Mestre: transformación y eficiencia en la gestión municipal (1983-1991), Gabriela Closa 249

La intendencia radical de Juan Ricardo Cornaglia en San Francisco (1983-1986), Jacqueline Gómez 287

Villa María bajo el signo del radicalismo: las intendencias de Miguel Ángel Veglia (1987-1999), Carolina Cortez 303

Hacia una metamorfosis urbana: las intendencias de Martí, entre la desconcentración y la descentralización municipal de Córdoba (1991-1999), Verónica Basile 325

Hipólito Faustinelli: la construcción del liderazgo partidario y su primera intendencia de Río Segundo (1995-1999), Gustavo Di Palma 355

Las gestiones municipales de “Manolo” Rivalta de 1995 a 2007. Villa del Rosario, Edgardo Rivarola 389

Sobre los autores 415

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PRÓLOGO

En las primeras décadas del siglo XXI, el Estado ha ocupa-do el centro de variadas investigaciones sociales, enfocadas desde diversos ángulos de análisis. También han proliferado estudios que, abandonando los grandes relatos, han prefe-rido escalas de análisis más reducidas y mensurables. Em-pero, aún son aislados los trabajos centrados en los estados municipales, interesados en indagar sus lógicas internas, sus problemáticas específicas y sus liderazgos; es decir, desde una perspectiva con potencialidad para dilucidar su proyección sobre los ámbitos provincial y nacional. Más difícil aún, es encontrar una obra cuya mirada se extienda sobre una tem-poralidad extendida –gran parte del siglo XX e inicios del XXI– contemplando el caso de ciudades grandes como Cór-doba, Villa María, Río Cuarto y San Francisco como de es-pacios político-geográficos más reducidos como Sampacho, Villa del Rosario o Río Segundo.

En una clave que combina lo sociológico, lo politológi-co y lo historiográfico, esta obra hunde sus raíces en la reno-vación de la Historia Política y las Ciencias Sociales, duran-te las últimas décadas. Los acontecimientos no son mirados como objetos de estudio encerrados en el castillo de su propio acontecer sino enlazados a procesos de más larga duración; los estudios de caso no son guetos sino apenas piezas de un rompecabezas que exige de modo imperativo asociar unos a

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otros para poder dar cuenta de los fenómenos con explicacio-nes más integrales. Ello exige a su vez, identificar relaciones de continuidad y cambio, deconstruir mitos y sostener ar-gumentaciones en las que los elementos interpretativos sean capaces de defenderse: primero, con la lectura de todas las bibliotecas de uno y otro lado del abanico político-cultural; segundo, con evidencias empíricas suficientemente contrasta-das unas con otras.

En los últimos años, los politólogos se han esmerado en discernir los secretos de una dimensión de análisis que sue-len denominar con frecuencia “política subnacional” y que los historiadores suelen bautizar con el nombre de fenómenos extracéntricos: la política en el interior del país. Desde ese campo de preocupaciones intelectuales y en una mirada cen-trada en el orden municipal, este libro contribuye a dilucidar las dinámicas del sistema político en escala regional y pro-vincial. Permite vislumbrar por el ojo de la cerradura de cada una de las experiencias municipales, un arcoíris de prácticas y culturas políticas que ponen en diálogo pasado y presente.

Cabe destacar, finalmente, que todos los autores de este libro se han forjado intelectualmente en el crisol de los pos-grados de la Universidad Nacional de Córdoba: Emilse Pons, Desirée Osella, Rebeca Camaño Semprini, Jacqueline Gó-mez, Carolina Cortez, Gabriela Closa, Karina Martina, Gus-tavo Di Palma y Edgardo Rivarola en el marco de la Maestría en Partidos Políticos del Centro de Estudios Avanzados, que actualmente forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra UNC. Verónica Basile es Doctora en Estudios So-ciales de América Latina, Rebeca Camaño Semprini y Emilse Pons son también Doctoras en Historia y María Clara Iribar-ne es Doctora en Ciencia Política. Una parte sustantiva de este formidable colectivo de investigadores ha sido financiado

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por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC y por el CONICET. Asimismo, forman parte casi en su totalidad del Programa de Historia Política de la UNC que se desarrolla –desde su fundación en el año 2010– bajo mi dirección.

César Tcach

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EMILIO OLMOS: PROGRESO URBANÍSTICO Y AMPLIACIÓN DEMOCRÁTICA MUNICIPAL (1925-1929)

Desirée del Valle Osella

“… bastará señores diputados que comparemos la ciudad que hemos conocido hace más de dos déca-das, la ciudad quieta y tranquila, un tanto chata y un tanto colonial (…), transformada por esta catapulta del progreso, por este espíritu visionario que fue el intendente Olmos, en la ciudad moderna, inquieta y rumorosa (…)”1

“[Olmos] es el verdadero fundador de la gran urbe mediterránea que comienza a delinear su elegante dibujo sobre el antiguo trazado de casco aldeano”2.

Carrera política

Recordado por la magnitud de las obras públicas realizadas en la ciudad de Córdoba durante sus intendencias, Emilio Felipe Olmos se convirtió hacia finales de la década del 20 en una figura ampliamente reconocida en la provincia y en el país, sin que su accionar trascendiera en los hechos los lindes municipales. En un breve lapso, su nombre se tornó un ícono de modernización y progreso. Como se verá en el

1 Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba (DSHCDPC), 30-4-1932, p. 417.2 La Capital, 3-4-1929. Citado en Boletín Municipal de la Ciudad de Córdoba (BMCC), 1929.

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desarrollo del artículo, diversas cuestiones cooperaron para que ello sucediera.

Olmos nació en Río Cuarto el 26 de mayo de 1883. Su padre fue Miguel Olmos, hermano del conocido hacendado, comerciante y ex gobernador de Córdoba Ambrosio Olmos, perteneciente al Partido Autonomista Nacional. Su madre fue Rosa Roca, prima hermana del reformista Deodoro Roca. A los trece años Emilio se radicó en la ciudad de Córdoba, donde fue interno del Colegio Santo Tomás y, en 1900, cursó sus estudios en la Casa de Trejo. Se recibió como Ingenie-ro Geógrafo en 1905 y Civil en 1909. Una vez graduado, se asoció con J. Allende Posse con quien efectuó numerosas obras públicas para la provincia mediterránea. Contrajo ma-trimonio con Eulogia Palacio, perteneciente al patriciado de Santiago del Estero3.

Al promediar la década del 20, Olmos era reconocido públicamente como “hombre de empresa, ingeniero distin-guido, clubman del mejor cuño”4; pero no registraba partici-pación política partidaria. Su postulación a la intendencia se produjo a raíz de que el por entonces segunda vez gobernador de la provincia, Ramón J. Cárcano, le propusiera elevar su nombre. Esta condición de outsider de la política era destacada por La Voz del Interior, diario que denunciaba que el riocuar-tense constituía una figura sin capital político, “Que nadie le conoce” y “que le han improvisado intendente”5. También el vespertino Córdoba señalaba que la carrera política de Olmos se había iniciado “de la noche a la mañana”6.

La pregunta que surge es entonces por qué fue designa-do candidato por el Partido Demócrata (PD). Para respon-

3 El País, 30-4-1931.4 Córdoba, 25-10-1931.5 La Voz del Interior, 15-12-1925.6 Córdoba, 25-10-1931.

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derla, es preciso destacar dos cuestiones: en primer lugar, que las elecciones municipales de 1925, en las que Olmos venció a Enrique Martínez (UCR) fueron las primeras realizadas bajo la nueva Ley Orgánica de Municipalidades7, corolario de la Reforma Constitucional de la provincia de Córdoba (1923). Esta última implicó, por un lado, una ampliación de la ciuda-danía municipal, ya que a partir de entonces dejaron de votar solo los contribuyentes y pudieron hacerlo todos los hombres mayores de dieciocho años que supieran leer y escribir. Por otro lado, conllevó a una relectura de las atribuciones del go-bierno comunal. Ello derivó en que este último dejase de ser unánimemente considerado como mero reducto administra-tivo y que diversos convencionales comenzaran a reconocer la importancia de pensar el manejo comunal como una tarea de gobierno, ya que debía dar respuesta a una serie de problemas inherentes a la vida en la ciudad8.

7 El PD triunfó en ocho de las diez secciones en que se dividía electoralmente la ciudad de Córdoba, obteniendo 7968 sufragios, contra 6585 alcanzados por la UCR. El PC logró 363 y el PS 148. Los votos en blanco fueron 142 (La Voz del Interior, 16-12-1925). En la capital votaron 15206 ciudadanos, que representan el 86, 03 por ciento de los inscriptos en el padrón (La Voz del Interior, 19-12-1925).8 La Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Córdoba fue una apuesta por solucionar la crisis institucional que tenía lugar debido a la abstención electoral de la UCR mediterránea, originada por el rechazo de esta última a una ley electoral promulgada durante el gobierno del demócrata Rafael Núñez. La reforma buscaba evitar la intervención federal. La cuestión del régimen municipal generó profundos debates y polarizó a los convencionales. Un sector de ellos bregaba por continuar el criterio vigente de la calificación del sufragio, que restringía la participación solo a quienes pagaran patentes (para ellos, eficacia y democracia eran categorías antagónicas), mientras que otros buscaban extenderla a todos los habitantes de la ciudad. Los primeros se basaban en la idea de municipio como un ente apolítico, cuya función era la técnica/administrativa, noción tributaria del diagramado constitucional alberdiano, como ha señalado Ternavasio (1988). Los segundos, en cambio, destacaban el carácter político del régimen municipal y la importancia de que todos participaran de la toma de decisiones locales para fomentar el interés por la

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Sin embargo, esta relectura de las atribuciones del go-bierno municipal no llegó a imponerse en la Convención Reformada; y muchos convencionales mocionaron por man-tener a los partidos alejados del manejo de la comuna. Este llamado a la prescindencia de los partidos era declamativo, dado que tanto demócratas como radicales participaban de las luchas municipales, aunque bajo otras denominaciones (Co-mité del Comercio, Unión Comunal, etcétera). No obstante, esta concepción posiblemente incidiera en la designación de Olmos como candidato del PD. Su condición de outsider, le-jos de constituir un escollo para su candidatura a intendente, era un elemento capitalizable. El hecho de postular un per-sonaje ajeno a la política y vinculado a la producción se en-marcó en una estrategia tendiente a asociar su nombre con “la eficiencia” y “la administración”, elementos que durante mucho tiempo fueron conceptuados como fines exclusivos de la acción municipal.

De este modo, el primer candidato a intendente eleva-do bajo la denominación partidaria del PD fue una figura sin trayectoria política, aunque perteneciente al patriciado mediterráneo y reconocido en el mundo empresarial. Esto se relaciona con la segunda causa que sin duda incidió en la postulación del ingeniero: la necesidad de los demócratas de proponer para tal cargo a una figura que gozara de amplias vinculaciones con la sociedad, la industria y el comercio.

En líneas generales, es posible colegir que la coyuntura de 1925 fue propicia para el advenimiento político en el pla-

comunidad. Si bien la comisión de Régimen Municipal propuso la instauración del sufragio universal masculino, este no fue aprobado, imponiéndose el criterio de calificación del voto. Empero, el criterio de inclusión ya no sería económico (el contribuyente), sino “la capacidad”, entendida como la alfabetización. A partir de la Ley Orgánica de Municipalidades promulgada por la legislatura provincial en abril de 1925, votaron en elecciones municipales Córdoba los varones mayores de dieciocho años que acreditaran saber leer y escribir.

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no municipal de una figura como Olmos. Ello porque aunque dichas elecciones fueron las primeras realizadas bajo la nueva normativa electoral, todavía el peso de la concepción admi-nistrativa de la comuna (Cfr. Ternavasio, 1988: 404) subsistía y era preciso presentar a una figura ajena a los partidos polí-ticos para “administrar” la ciudad. Al ser el riocuartense inge-niero y exitoso empresario, ello fue explotado electoralmente.

Si bien, como se destacó con anterioridad, Olmos ca-recía de un cursus honorum al interior del partido, pronto adquirió gran protagonismo en él y amplió notablemente su capital político, a tal punto que desafió y desplazó a la coali-ción dominante de la organización (Cfr. Panebianco, 1990). Esto le permitió alcanzar en menos de un lustro significativos espacios de poder9. Además, comenzó a ser una figura recono-cida a nivel nacional por el impulso modernizador que ases-tó a la ciudad. Tanto amigos, correligionarios como incluso adversarios destacaron que su accionar municipal no podría olvidarse, ya que transformó la capital mediterránea. Su pri-mera intendencia fue catalogada por la prensa como el “eje de la transformación edilicia de la ciudad”, debido a que afrontó los principales problemas urbanos, finalizando su mandato “con un prestigio incontrastable”10.

Sin embargo, no solo su gestión pública fue reconocida, sino también su habilidad para articular alianzas al interior de su partido y con otras fuerzas políticas. En poco tiempo Olmos supo conquistar numerosos respaldos, a tal punto que, en 1932, año en el que falleció, gozaba de un enorme ascen-diente en la opinión pública cordobesa y había sido electo gobernador junto a Pedro J. Frías. A su vez, era reconocido

9 El vespertino Córdoba sostuvo “aunque empezó a gravitar en la política en horas altas de la vida”, reveló de inmediato aptitudes para ello. Córdoba, 25-10-193010 Córdoba, 25-10-1930

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en el ámbito nacional por sus intendencias y por la defensa que hizo de los principios democráticos ante el intento de instauración de un sistema de representación corporativo, or-questado por las autoridades que asumieron el poder tras el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

Por otra parte, a su capacidad de forjar alianzas y al im-pulso que le confirió a la obra pública, se añadió que Olmos introdujo una serie de cambios en el gobierno municipal que modernizaron la administración. Entre ellos, modificaciones tributarias derivadas de la Reforma Constitucional del ‘23 y la confección de un sistema de registro que tornó más efectiva la percepción de la renta.

Todos estos cambios introducidos posibilitaron que su imagen fuera asociada a la modernización de la ciudad y a la eficiencia. Entre los demócratas, particularmente, se convirtió en una figura vinculada “al orden” y fue presentado como un líder “diferente”, al que diferenciaron del “típico político crio-llo”, del “orador fogoso y populachero”. En cambio, aquellos aseguraban que Olmos les hablaba a los ciudadanos de los problemas vitales por los que atravesaba el país y se abocaba a resolverlos11.

Intendencias: políticas públicas municipales, conflictos lo-cales, relación entre los poderes del Estado

A la hora de analizar la gestión de Olmos es preciso diferen-ciar su primera administración de la segunda, debido a que durante 1925-1928 este dirigió la comuna bajo un gobierno provincial de su mismo signo político. En cambio, en 1928 lo hizo habiendo asumido el gobierno provincial la UCR. A

11 El País, 29-4-1932

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su vez, mientras que durante el primer trienio se registraron numerosos avances en obras públicas y en salubridad, durante la segunda gestión el intendente debió enfrentar la embestida promovida por un sector del radicalismo provincial que se hallaba en el gobierno, que pretendió hacerse con el control de la comuna, lo que limitó las iniciativas del ejecutivo.

Este conflicto tuvo dos etapas. La primera, cuando el senador radical Pedro Vivas presentó un proyecto de Ley de Revocatoria Municipal. La segunda cuando, fracasado aquel intento debido a divisiones del propio partido gobernante, Vivas propuso la intervención de la municipalidad, la que acabó aprobándose hacia mediados de 1929. Durante esta última etapa, Olmos ya había renunciado a la intendencia y la comuna estaba a cargo del demócrata Telesforo B. Ubios (presidente del Concejo Deliberante). El ex intendente, por entonces, se hallaba abocado a disputar la presidencia de su partido, a la que accedió en 1929, tras haberse posicionado como emblema de la renovación partidaria que el PD inició luego de la derrota provincial de 192812.

En diciembre de 1925 Emilio Olmos asumió la inten-dencia de Córdoba luego de atravesar la comuna por un pe-ríodo de intensas irregularidades, derivadas en gran medida de la reforma de la carta magna provincial y de la demora en la sanción de la Ley Orgánica Municipal. En este escenario, Olmos anunció desde un primer momento que su objetivo era mejorar los servicios, construir obras públicas y encarar la solución de problemas urgentes, dentro de un plan de orden y economía. Para hacerlo, aseguró que se incrementarían los ingresos mejorando la percepción de la renta a través de un reajuste de ciertos resortes administrativos13.

12 Para más información de esta cuestión ver Vidal, 2000 y Osella, 2016.13 Por ejemplo, el pago por el derecho de faenar reses dentro de los nuevos mataderos. A partir de la creación de estos últimos, la comuna comenzó a

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Estas modificaciones quedaron eclipsadas en el balance que a posteriori se hizo de su gestión, por el enorme recono-cimiento que obtuvo el progreso urbanístico registrado en la segunda mitad de la década del 20. Ello no resulta extraño, dado que su primera intendencia se caracterizó por un enor-me impulso de la obra pública, que modificó de sobremanera la ciudad.

Al comenzar las sesiones del Concejo en el año 1926 em-pezaron a debatirse diversas cuestiones tendientes a dinamizar la ciudad y atender ciertos problemas de salubridad presentes por entonces. En materia urbanística se trató la ampliación de la red tranviaria a “barrios suburbanos”, la apertura de nume-rosas calles, tales como Campillo, en Alta Córdoba, la pavi-mentación de los cementerios San Jerónimo y San Vicente14. Olmos indicó que un problema de resolución imperativa era el de la pavimentación15, y se abocó a resolverlo. Durante sus administraciones se pavimentaron 587.309.39 m2 de calles16.

Además, se crearon los nuevos mataderos y se prohibió faenar fuera de ellos. Otra medida adoptada fue el decretar que la provisión de carne a la ciudad se efectuaría los días lu-nes (debido a que por entonces se realizaba los sábados, estan-do para la semana en mal estado)17. También se reglamentó la venta de frutas y verduras18. Sin lugar a dudas que el principal cambio registrado en materia de higiene alimentaria fue la edificación del “Mercado Modelo”, el “Mercado de Abasto” o “Mercado Norte”; la construcción de los mercados de ba-

controlar la faena y a multar a los contraventores. Para ello, se creó el cargo de Inspector de Matanzas Clandestinas.14 Actas de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba (ASHCDC), 8-4-1926. 15 BMCC, 1926.16 BMCC, 1929.17 ASHCDC, 1926. 18 ASHCDC, 12-3-1926; 16-3-1926; 23-3-1926.

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rrio Alta Córdoba, San Vicente y Pueblo Alberdi, así como la reconstrucción completa y ampliación de la superficie del Mercado Sud.

Las fotografías de la época testimonian las deficientes condiciones de salubridad que existían para el expendio de alimentos en la ciudad al promediar los años 20. Por entonces, los quinteros y productores concurrían con sus productos para la venta a la denominada “Plaza España”19, donde luego se eri-gió el “Mercado Modelo de Abasto”. Pese al avance en materia de salud pública de la población que importaba la creación de este mercado, su puesta en funcionamiento desencadenó una serie de tensiones entre la comuna y sectores corporati-vos que llegaron a amenazar con interrumpir el suministro de productos de primera necesidad a la ciudad. Olmos denunció públicamente que, desde el momento en que se proyectó la construcción de este mercado, estos grupos intentaron ejercer presiones para que no prosperara la iniciativa20.

Independientemente del accionar de estos sectores, los “mercados modelo” acabaron habilitándose. La creación de ellos se inspiró en una concepción preventiva de la salud, que enfatizaba en la necesidad de profilaxis. Por ello, su creación estuvo a cargo no solo de la Comisión de Hacienda y Obras públicas, sino también de la de Higiene21.

Indudablemente el de Olmos fue un gobierno de tran-sición y de ensayo, producto de la Reforma Constitucional y el nuevo Régimen de Municipales que aquella instauró, basa-

19 El Mercado Norte, ubicado entre las calles Oncativo, Rivadavia, San Martín y Sarmiento, se emplazó en el terreno en que se hallaba la llamada Plaza España. Por ello, probablemente para evitar posibles disgustos con los miembros de la comunidad española, con fuerte inserción en la ciudad, se estipuló el cambio de nombre de la “Plaza Centenario” al de España. ASHCDC, 24-2- 1926.20 BMCC, 192621 Para más información sobre el accionar de Olmos en materia de salud pública, ver May de Carranza, 2000.

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do en una nueva concepción de las atribuciones del gobierno municipal. La ciudad dejó de pensarse como un reducto que era preciso administrar y pasó a entenderse como un gobier-no, que debía atender las necesidades y demandas de una po-blación en aumento. Entre ellas las referidas a la salud, a las que el intendente se abocó a dar respuesta. Este declaró que las funciones de la Asistencia Pública eran vitales debido a que atendían el cuidado de la salud pública, la higiene co-lectiva, la lucha contra enfermedades infecto-contagiosas, la vigilancia de los alimentos y del agua, la atención domiciliaria a enfermos que carecían de recursos, el funcionamiento de nosocomios, etcétera.

Entre las diversas medidas adoptadas pueden mencionar-se: la confección y el reparto de folletos y carteles, comunican-do las medidas necesarias para la profilaxis de la hidrofobia; y la vacunación gratuita de los perros. Por otro lado, el concejo autorizó al ejecutivo para imprimir una cartilla elaborada por médicos destinada a las madres de “hogares humildes” que contenía indicaciones referidas al cuidado y la alimentación de la primera infancia, a fin de disminuir el índice de mortali-dad infantil. También a finales de 1927 se realizó en Córdoba el Primer Congreso Panamericano de Tuberculosis. El evento contó con un subsidio municipal y con adhesión activa del municipio, que incluso envió delegados al congreso.

Además de estas medidas puntuales dirigidas a atender un problema específico, se inició una campaña para propiciar el cuidado de la salud en la población. En febrero de 1926 desde la Asistencia Pública se emprendió una campaña pro-filáctica mediante un folleto único que contenía recomenda-ciones precisas, de escritura simple y concisa, para leerse una vez por semana en las escuelas. Esto fue complementado con conferencias brindadas por médicos a las que deberían asistir maestros y alumnos municipales. Asimismo, se publicaron en

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los diarios los nuevos métodos de profilaxis y se colocaron avisos en los tranvías y salas de espectáculos para llamar la atención del público22.

El gobierno se concentró en asegurar la higiene de la ciudad, por lo que se controló el cumplimiento de las orde-nanzas referidas a la limpieza del municipio, y se tomaron medidas para garantizarlo. Se mantuvo la estrategia de multar a quienes violaban las ordenanzas municipales que regulaban el aseo, y se promovió la instalación de hornos incineradores de basura, para una mejor organización de los servicios de limpieza. Para conocer el funcionamiento de estos se enco-mendó a José Minetti, uno de los propietarios del “Molino Centenario”, el estudio de los sistemas de limpieza y de hor-nos incineradores de las distintas capitales y ciudades del viejo mundo y la confección de un informe23.

Durante las intendencias de Olmos se registraron, tam-bién, importantes avances estadísticos y administrativos. En relación con el primer punto cabe mencionar la creación, en 1926, del Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba, reco-pilación anual destinada a la publicación de ordenanzas, reso-luciones y decretos municipales que, con el correr del tiempo, llegó a incorporar también en sus páginas información di-versa considerada de interés comunal. Además, se ordenó la confección por parte del Registro Civil de un índice general y único, en base a fichas, con los nacimientos, defunciones, enrolamientos y casamientos24.

En cuanto al segundo punto, resultan ilustrativos los cambios operados en la percepción de los impuestos munici-pales. Como el mismo Olmos declaró, su objetivo era mejorar servicios y construir obras públicas sin aumentar en general

22 BMCC, 1926.23 BMCC, 192624 BMCC, 1927.

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los impuestos, sino mejorando la percepción de la renta (re-ajustando resortes administrativos –empadronamiento de viviendas y baldíos– revisando las tasaciones, etcétera). Para ello, la oficina de Padrones de Inmuebles aumentó su perso-nal para actualizar los datos, inspeccionó las propiedades calle por calle y empadronó baldíos.

Esto obedecía a que, rectificado el catastro, se podría aplicar el impuesto a la tierra libre de mejoras, gravamen que había sido incorporado por la Ley Orgánica Municipal de 1925, por lo que fue el gobierno el Olmos el que comenzó a trabajar para recaudarlo. Se advirtió desde el gobierno que este impuesto no recaería sobre pequeños propietarios, sino sobre aquellos que poseyeran grandes extensiones baldías. Su aplicación fue presentada por el intendente como una “obra social y política” que se enmarcaba en cambios impositivos que reposaban en “bases más justas y científicas”25.

Otras transformaciones registradas a nivel impositivo fueron la supresión del derecho de sisa, que gravaba al peque-ño comercio e industria26; se estipuló a fines de 1927 el pago por derecho de faenar reses dentro de los nuevos mataderos; el aumento de los impuestos al juego (hipódromos y agen-cias de carrearas) y la creación de un gravamen a las agencias de lotería. Para Olmos el juego debía estar reglamentado y constituir una fuente de ingresos fiscales. Por otra parte, se tomaron también diversas medidas tendientes a fiscalizar los gastos municipales27.

Imbuido Olmos en una concepción que entendía al go-bierno de la ciudad como un problema político- social, pro-

25 BMCC, 1926.26 Mensaje del intendente municipal. 18-1-1926. BMCC, 1926.27 Por ejemplo, en enero de 1927 se creó la Oficina Distribuidora de vales de nafta para los automóviles de reparticiones oficiales. Esta permitiría controlar los gastos de combustible. BMCC, 1927.

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movió diversos proyectos desde la intendencia para atender a la cuestión obrera. Por ejemplo, se estipulaba la obligato-riedad de establecer en las fábricas que emplearan mujeres, salas-cunas en las que las madres pudieran tener a sus hijos lactantes en las horas de trabajo. Lo interesante es que el rio-cuartense aclaraba que muchos podrían objetar la facultad del gobierno comunal para dictar una normativa de esta na-turaleza, aduciendo que era el Estado provincial quien debía hacerlo, pero esgrimía que “la nueva función político-social atribuida a los municipios” tras la Reforma Constitucional y la Ley Orgánica habilitaba a las comunas a dichas tareas. “El gobierno municipal dentro del concepto de institución político social, está en el deber de abordar, decididamente, estos problemas”28.

Otra ordenanza destinada a regular las relaciones obrero-patronales estipulaba que todo contrato de concesión de al-gún servicio u obra pública celebrado por la municipalidad, debería establecer para los obreros empleados la jornada de ocho horas y como mínimo el salario percibido por el perso-nal municipal29.

En líneas generales, cuando diversos centros obreros so-licitaban subsidios al municipio, sus pedidos eran respondi-dos satisfactoriamente. Por ejemplo, en 1926 se le otorgó al Centro Cultural Obrero Femenino dinero para costear gastos destinados a educación. En 1927 el Círculo de Obreros per-cibió un subsidio de cuatrocientos pesos m/n para afrontar el pago del Edificio Escolar y Social30. En ese mismo año, el Círculo de Obreros de Alta Córdoba obtuvo dinero para la instalación de un centro médico, etcétera31.

28 BMCC, 1926.29 BMCC, 1926.30 BMCC, 1927.31 BMCC, 1927.

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Además, medidas que favorecieron a los trabajadores es-tuvieron destinadas a dar respuestas desde el Estado munici-pal a otro acuciante problema de la época: el de la vivienda. A finales de diciembre de 1926 el Concejo aprobó un contrato para la construcción en la ciudad de mil casas habitacionales que serían vendidas por sorteo a obreros que no excedieron el jornal de cuatrocientos pesos mensuales. En septiembre de 1928 una ordenanza estipuló que desde el año siguiente, las casas de inquilinato de Pueblo Güemes quedarían bajo la administración directa de la municipalidad (antes la admi-nistraba la “Sociedad El Hogar”). Estas serían vendidas a los empleados, que las pagarían mensualmente. Tendrían priori-dad los maestros y obreros municipales, aquellos empleados de la comuna que percibieran un sueldo menor a doscientos pesos y los obreros en general32. Por otra parte, a comienzos de 1929, Olmos envío al Concejo un proyecto para construir mil casas, para atender a la construcción de viviendas propias para obreros que fueran económicas e higiénicas33.

Las medidas tendientes a garantizar la “vivienda higiéni-ca” y preservar la salud pública, no solo se limitaron a iniciati-vas de construcción de nuevas residencias, sino que se dispuso el control de las existentes. Así, se clausuraron conventillos y se fijaron multas a aquellos que no se ajustaron a las mejoras aconsejadas por la municipalidad34.

Las diversas medidas destinadas a atender a lo que en la época se consideró “cuestión social”, no pueden analizarse sin considerar la necesidad del PD de atender a ella como imperativo para afrontar la competencia electoral, frente a un radicalismo que hacía suyo dicho tópico y una izquierda que adquiría presencia en el movimiento obrero provincial.

32 BMCC, 1928.33 BMCC, 1929.34 BMCC, 1927.

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En líneas generales, el notable progreso registrado fue posible merced a que durante la administración de Olmos las relaciones con el Concejo Deliberante fueron armónicas y el cuerpo colegiado colaboró con las diversas iniciativas emana-das del Ejecutivo. Incluso, este último autorizó al primero a la contratación de un empréstito de once millones de pesos m/n35. Cuando el intendente fundamentó el proyecto, ale-gó que el momento era inmejorable para contraer el crédito, debido a que la situación económica era estable y la relación entre los poderes de Estado, nacionales, provinciales y comu-nales era cordial.

Una medida novedosa y que evidencia el afán por idear una planificación para el crecimiento urbano fue, a fines de 1926, el dictado una ordenanza autorizando al Ingeniero Be-nito Carrasco para realizar un plan de urbanización para la ciudad y los barrios suburbanos36. A raíz de ello, Carrasco elaboró una propuesta que denominó “Plan Regulador y de Extensión”. Este constituía un “plan orgánico” de desarrollo urbano a concretarse en un lapso de cincuenta años y obede-cía al desafío planteado por el aumento poblacional. Dentro de los aspectos sugeridos se hallaban diversas cuestiones que comprendían desde la creación de plazas, espacios públicos, la prolongación de calles, el avance sobre las aparentemente infranqueables barrancas, las que el ingeniero aseguraba que, si bien constituían un escollo, este era susceptible de ser sorteado.

El Plan Regulador fue el resultado de un importante es-tudio de los principales problemas de la ciudad y constituyó, a la vez, un programa orgánico tendiente a que las autoridades

35 El empréstito era para convertir la deuda municipal consolidada y para llevar adelante cuatro grandes obras públicas: ensanche de la Av. 24 de septiembre; construcción de un horno incinerador de basura; traslado de la Administración de limpieza y talleres de obras públicas y, en el lugar que ocupa en barrio San Martín, se realizaría una plaza y se levantaría el Palacio Municipal.36 BMCC, 1926.

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los afrontaran. Entre las dificultades que existían en Córdoba Carrasco mencionaba: la Cañada, catalogada como un “foco de infección y cloaca al aire libre” que atravesaba la ciudad en su parte más poblada; la poca fiabilidad respecto a la calidad del agua potable, la falta de plazas, parques, campos de juegos atléticos, la escasez de edificios públicos adecuados, la insu-ficiente cantidad de hospitales, baños públicos, necrópolis y barrios de habitación y residencia para los obreros37. Como el plan era una apuesta integral, Carrasco propuso que para eje-cutarlo se nombrara una comisión, integrada por el intenden-te, ingenieros urbanistas, el Jefe de Obras Públicas, un médico higienista, financistas y abogados38.

Lo mencionado hasta aquí permite colegir que las ges-tiones municipales de Olmos marcaron un punto de inflexión en la historia de la capital cordobesa, pero no solo debido al exponencial desarrollo de la obra pública experimentado, sino porque su gobierno reveló un cambio en la concepción del municipio. Las ideas circulantes en la época que entendían a la ciudad como un problema político-social, se plasmaron en la ciudad a partir de la gestión olmista. Desde el muni-cipio se comenzó a dar respuestas a cuestiones vinculadas al crecimiento urbano, a la promoción de la salud pública y de la higiene, al esparcimiento, a las condiciones de vida de los sectores subalternos, etcétera. Lo novedoso fue el grado de transformación urbana alcanzado y que las medidas adopta-das se hicieron diseñando un plan, y que incluso se debieron ajustar resortes administrativos y fiscales para aprovisionarse de los recursos necesarios.

37 Nuevamente, la vivienda de los sectores subalternos fue considerada como un problema a resolver por el Estado, como un problema público. Atender esta cuestión era dar respuestas también a la salud pública, al combatir enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, que se propagaba en ambientes carentes de higiene y ventilación y avanzaba exponencialmente a raíz del hacinamiento. 38 Carrasco, Benito J. “Plan Regulador y de Extensión”. Memoria y expediente Urbano. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Córdoba, 1927.

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La magnitud y la celeridad de los cambios operados con-dujeron a que la administración de Olmos fuera considerada como “progresista”, lo que indudablemente contribuyó a su reelección en la jefatura de la comuna en 1928. A partir de su segunda intendencia, comenzaron a percibirse muchos de los beneficios de las transformaciones operadas con anterioridad y se continuó con el avance de las medidas orquestadas. Fue en esta etapa cuando se habilitó el Mercado Norte (1928) y se inauguraron, a principios de 1929, las nuevas instalaciones del Estadio Club Atlético Belgrano, bajo la dirección técnica de la construcción por parte de la municipalidad. Salvador Martínez, entonces presidente del club, agradeció a quien ca-talogó como el “intendente progresista de la ciudad”39.

La relación entre el intendente y los poderes públicos y corporativos

Al promediar la década del 20 la Convención Provincial de la UCR levantó la abstención electoral y resolvió concurrir a la lucha. Ello no sin aclarar que el partido conceptuaba a la Ley Orgánica Municipal como “deficiente” por poner en manos de la policía y empleados del gobierno la inscripción y formación del padrón e, incluso, el juicio de las elecciones40. En diciembre de 1925 se efectuaron los comicios municipales. En la capital se enfrentaron el PD, el Partido Socialista (PS) y la UCR. La UCR antipersonalista decretó la abstención. Esto llevó a que muchos de sus dirigentes renunciaran al partido, se reincorporaran al radicalismo y votaran por sus candidatos41.

39 BMCC, 1929.40 La Voz del Interior, 19-10-1925.41 La Voz del Interior, 12-12-1925

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Antes de la Reforma Constitucional del ‘23 los partidos no se presentaban a las elecciones bajo su denominación parti-daria, sino con rótulos tales como Comité del Comercio, Co-mité de la Industria, Unión Comunal, etcétera. En 1925, en cambio, los dos candidatos que se opusieron y contaron con posibilidad de éxito lo hicieron bajo la etiqueta de los principa-les partidos, siendo Enrique Martínez quien lideró la fórmula de la UCR y Emilio Olmos la del PD. Este último obtuvo 7.969 sufragios contra 6.585 alcanzados por el primero, y se impuso en ocho de las diez secciones en que se dividía el muni-cipio. Los comunistas obtuvieron 363 sufragios y el PS 14842.

El resultado llevó a que a partir de 1925 Olmos conduje-ra la comuna capitalina y contara con mayoría en el Concejo Deliberante y que la minoría quedara en manos de la UCR. A su vez, el ingeniero desempeñaba el ejecutivo local en el marco de un gobierno provincial ejercido por su mismo par-tido. El gobernador, Ramón J. Cárcano, constituía un aliado de Olmos, por lo que la relación entre el Ejecutivo comunal y provincial fue completamente armónica. No obstante, el radicalismo tenía mayoría en la legislatura y se originó un intenso conflicto entre ambos poderes que adquirió tal mag-nitud que entre 1925 y septiembre de 1926 no hubo sesiones parlamentarias (Cfr. Bischoff, 2008). Ello incidió para que muchas medidas, vinculadas fundamentalmente a atender a la cuestión social, que normalmente se hubiesen intentado promover desde el legislativo provincial, se implementaran desde la comuna.

42 Las únicas secciones en las que el PD fue derrotado por la UCR fueron la 6° y 7°. En donde los demócratas registraron mayores votos fue en la 3°, donde se hicieron con 1.215. La UCR también obtuvo su mejor desempeño allí, alcanzando 959 sufragios. El PC exhibió su mayor logro en la 2°, alcanzando 67 votos, mientras que el PS en la séptima, obteniendo apenas 33 votos. La Voz del Interior, 16-9-1925.

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En el ámbito local, las disputas tampoco estaban ausentes. De hecho, al momento de asumir Olmos, el Concejo Delibe-rante de la ciudad de Córdoba acababa de transitar un período de agudas reyertas entre los concejales y el Ejecutivo municipal. En 1925 se produjo un resonante conflicto entre el Concejo Deliberante y Manuel S. Ordoñez (h), quien ejercía el cargo de intendente. El hecho que desencadenó la reyerta fue una orde-nanza en la que Ordoñez (h) vetó la concesión de los mataderos a un particular luego de que el Concejo la aprobara. Los con-cejales intimaron al Ejecutivo a respetar las ordenanzas, como prescribía la ley. El intendente desconoció y vetó la resolución que elegía nuevo presidente del Concejo a Belisario Villegas y solicitó al Ejecutivo provincial el uso de la fuerza pública43.

Sin embargo, no fue necesario apelar a ella, debido a que Villegas decidió que se expidiera la justicia44. Finalmente, el 15 de abril de 1925 se trató la ley de municipalidades en la Cámara de Diputados. En medio del candente conflicto municipal, una disposición transitoria de la Legislatura es-tipuló que las autoridades ejecutivas y legislativas quedaban en ejercicio de sus funciones hasta que se pusiera en práctica la ley y hubiese elecciones. A su vez, se estableció que estas autoridades prorrogadas no podrían otorgar concesiones ni finalizar contratos45. Estas disposiciones fueron objetadas por los concejales debido a que vulneraban las facultades de los concejos. Los ediles denunciaron que la treta fue para mante-ner a Ordoñez (h)46 en la intendencia47 y, fundamentalmente,

43 Los Principios, 3-4-1925.44 Los Principios, 4-4-1925.45 Los Principios, 16-4-1925.46 Ordoñez había sido electo presidente del Concejo el 1 de julio de 1924, hasta marzo, cuando debía elegirse otro. El Concejo eligió a Belisario Villegas; pero Ordoñez desconoció esto por creer que estaba en acefalia porque, a su criterio, cesaban en sus funciones cuatro concejales, y se negó a hacer entrega de la intendencia. 47 ASHCDC, 1925.

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lograr que no se concretara la ordenanza de concesión de ma-taderos aprobada por el Concejo48. Finalmente, los concejales elevaron el 23 de abril una renuncia colectiva. El Concejo no sesionó hasta el 17 de diciembre de dicho año, cuando se aprobaron los diplomas de los concejales, se designaron au-toridades y, al día siguiente, Olmos juró como intendente49.

Tras quedar constituido el órgano deliberativo de la ciu-dad, la minoría radical hizo saber que, si bien no acordaba con la ley orgánica municipal, ni con el procedimiento de las elecciones comunales, se hallaba en el recinto para servir de contralor al oficialismo demócrata. Iniciadas las sesiones ordinarias, los ediles de la oposición no emprendieron una postura obstruccionista, sino que aprobaron numerosos pro-yectos del Ejecutivo y promovieron otros.

En marzo de 1928 se efectuaron nuevamente elecciones comunales. En la ciudad de Córdoba se opusieron Emilio Ol-mos; Alberto Stucchi (UCR); Francisco Mulet (PS) y Miguel Contreras (PC). Tras ellas, Olmos fue reelecto intendente50.

48 El concejal radical Albarenque, culpó a la legislatura (integrada por Ordoñez padre) de amparar los intereses de la familia Ordoñez, que eran abastecedores de carne y se beneficiaban vetando la concesión a Luis Curuchet (ASHCDC, 1925). El incidente se resolvería recién en 1929, con una ordenanza autorizando a la comuna a abonarle a Curuchet 150.000 pesos m/n como indemnización por el pleito en torno a la concesión de los mataderos (BMCC, 1929). 49 ASHCDC, 1925. 50 Los Principios manifestaba que Olmos era el único candidato susceptible de conquistar la intendencia y su triunfo estaba asegurado. Esto queda de manifiesto en una imagen de humor político, que representa a los comicios como una riña de gallos en la que solo hay un gallo en la pelea, que simula ser Olmos. El diario del Obispado señalaba respecto a este último que pocas veces un funcionario de carácter electivo había logrado en Córdoba “rodearse de tanto auspicio”, en el poco tiempo que estuvo al frente de la intendencia. Luego, lo definía como “un hombre de gobierno y administración de dotes realmente excepcionales”, destacando su labor en consolidar la deuda flotante municipal y en la obra pública llevada a cabo. “Emilio F. Olmos es una figura destacada y simpática del ambiente cordobés tradicional (…),” aseguraba el periódico.

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No obstante, por entonces el radicalismo triunfó en la pro-vincia y el Ejecutivo provincial quedó en manos de Enrique Martínez y José Antonio Ceballos51. A nivel nacional, Hipóli-to Yrigoyen fue reelecto presidente.

De este modo, se produjo una reconfiguración del ejer-cicio del poder a nivel provincial que operó menoscabando la capacidad de acción del Ejecutivo municipal, al verse se-riamente comprometida la autonomía municipal debido a los avances del Legislativo y Ejecutivo provincial sobre la co-muna. En la nueva coyuntura política, el riocuartense debió enfrentar diversas presiones tendientes a desalojarlo del poder hasta que finalmente renunció a la intendencia en 1929.

No obstante, este no fue el único obstáculo que debió sortear Olmos en su segundo mandato. En mayo de 1928 aquel enfrentó fuertes presiones corporativas provenientes de ciertos gremios, entre ellos la Federación Agrícola y el Sindi-cato Agrícola. El intendente fue llamado al recinto delibera-tivo local para que informase sobre el estado del problema y una vez allí señaló que al día siguiente de habilitarse el Mer-cado de Abasto se desató el conflicto, e inmediatamente el Ejecutivo se puso en contacto con los representantes de los intereses afectados. Estos tenían el propósito de no concu-rrir al mercado. En un primer momento, adujeron oponerse por considerar que existían inconvenientes de orden técnico (en los planos) y económico52. El intendente aseguró que el aprovisionamiento de la ciudad se hallaba asegurado, empe-ro, a los pocos días el Concejo debió reunirse para tratar la cuestión, dado que la huelga se había declarado. Finalmente, el cuerpo deliberativo emitió una ordenanza autorizando al

51 En la disputa por el Ejecutivo provincial, el radicalismo elevó el binomio Enrique Martínez-José Antonio Ceballos, mientras que los demócratas presentaron la fórmula Julio A. Roca (h)-Mariano Pío Ceballos.52 AHCDC, 1928.

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Ejecutivo a invertir fondos para aprovisionar a la capital de artículos de primera necesidad, en caso de que la medida de fuerza prosperara53. Finalmente, el conflicto fue subsanado.

Mientras tanto, apenas constituido el Concejo Delibe-rante se avizoraron dos posicionamientos diferentes entre los ediles radicales. Mientras que algunos negaron que fuesen a emprender un accionar obstruccionista54, al hacer uso de la palabra Roberto Blanco, en cambio, sostuvo que por una “anomalía” la UCR se hallaba en minoría en el cuerpo de-liberativo, dado que ellos constituían la “mayoría absoluta” de la política nacional55. Esta concepción “unanimista” de la política presente en el radicalismo de la época (Cfr. De Pri-vitello, 2015) hallaría eco en el recinto legislativo provincial, fundamentalmente de la mano de Pedro E. Vivas, mentor de las diversas medidas tendientes a desalojar al PD de la comu-na. Empero, los sectores partidarios de estas medidas no he-gemonizaron el Concejo. Incluso, cuando Olmos renunció, agradeció a dicho cuerpo la “cooperación inteligente” que le había dispensado56.

La situación municipal cambió radicalmente a partir de agosto de 1928 cuando el vicegobernador Ceballos asumió la gobernación al ser designado Martínez vicepresidente de la nación. Inmediatamente producido el recambio guberna-mental, el senador Vivas presentó ante la Cámara un proyecto de reforma de la Carta Orgánica municipal. En este se adop-taba un nuevo sistema de empadronamiento y se establecía la caducidad de las autoridades municipales y su sustitución por las que resultaran electas en base al nuevo padrón.

53 BMCC, 1928.54 AHCDC, 1928. 55 El incidente fue porque la comisión de poderes, encargada de aprobar los diplomas “filtró” que Esquivel había sido procesado en Tucumán (por lo que podía quedar inhabilitado para el cargo). Empero, su diploma resultó aprobado.56 BMCC, 1929.

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Si bien estos sectores, en afán de legitimar la medida que promovían, diagnosticaron que el régimen electoral municipal no era representativo; no se abocaron a modificar la legislación municipal para garantizar futuros comicios más representati-vos, sino que idearon un proyecto tendiente a desalojar a los demócratas de las intendencias que controlaban. Esto le signi-ficó al partido gobernante una serie de cuestionamientos, no solo por parte de la oposición, sino incluso intrapartidarios, que llevaron a que la revocatoria municipal no fuera aprobada.

Olmos señaló que la ley de revocatoria no acordaba al pueblo el derecho de destitución de sus funcionarios electi-vos, sino que les daba a los partidos la facultad de derrocarse recíprocamente. Por ello, afirmaba “No se ha creado un me-dio de enjuiciamiento democrático (…), sino un instrumento de venganza, de odio y de persecución política y un obstáculo permanente para la estabilidad institucional”57.

Inmersas en estos conflictos, las iniciativas del Ejecuti-vo atravesaron por un compás de espera, debido, entre otras cuestiones, a inconvenientes fiscales. La ordenanza impositi-va de 1929 se aprobó recién a mediados de enero de dicho año. El retraso obedeció a razones de orden político, dado que desde mayo a diciembre la comuna se vio sumergida en la inestabilidad ocasionada por las tentativas de revocatoria. Olmos denunció que a ello se añadió la incitación constante del radicalismo a la ciudadanía para que esta no pagara los impuestos municipales, asegurándoles una futura disminu-ción en caso de que ellos asumieran. A raíz de esta medida, el jefe comunal declaró que 1928 había sido el primer año que cerró con un balance deficitario. Para asegurar el equilibrio fiscal sin aumentar impuestos ni paralizar obras, en el nuevo proyecto de presupuesto se proyectaba una disminución de gastos, entre ellos en los sueldos superiores (inclusive el de in-

57 BMCC, 1929.

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tendente) y un recorte del presupuesto asignado a cuestiones de etiqueta. Empero, los salarios inferiores se mantuvieron sin modificaciones.

Por entonces, hallaban eco en las páginas de los diarios nacionales rumores de una inminente dimisión del intenden-te que había transformado la capital de Córdoba. El periódico rosarino La Capital halagaba a Olmos, a quien definía como el “verdadero fundador de la gran urbe mediterránea” y una “figura expectable de resonancia nacional”58. Finalmente, el 1 de mayo de 1929 el ingeniero renunció a la intendencia. En el texto de dimisión advirtió “Llegué a la intendencia sin experiencia en el manejo de los negocios públicos. Mi único bagaje consistía en mis hábitos de trabajo, y en el propósito de consagrar al bienestar y el progreso de mi ciudad, todas mis energías. (…) Dejo una obra de gobierno que resistirá la acción del tiempo”59.

La jefatura de la comuna quedó a cargo de Telésforo Ubios, presidente del Concejo Deliberante. A mediados de julio de 1929, Pedro Vivas presentó un proyecto de inter-vención que acabó concretándose. El gobierno provincial de-signó al radical Ángel V. Baulina interventor de la ciudad de Córdoba60, quien el 26 de agosto se hizo cargo del municipio. Al respecto, el vespertino Córdoba esgrimía que aquella mu-nicipalidad se había tornado el eje de discusión, adquiriendo las noticias vinculadas a ello un lugar en las páginas de los principales diarios del país, dado que “allí estaba gobernando otro partido y su administración había adquirido legítima fama de progresista”61.

58 La Capital, 3-4-1929. Citado en BMCC, 1929.59 BMCC, 1929.60 Córdoba, 24-8-1929.61 Córdoba, 13-8-1929.

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Desde su renuncia a la intendencia hasta su muerte

La razón esgrimida por Emilio Olmos tras su dimisión fue su intención de abocarse por completo a la reorganización inter-na que se estaba efectuando en el PD62. El partido se había renovado luego de la derrota en las elecciones provinciales de marzo del ‘28 y, en 1929, se desataron intensas disputas por la dirección de la organización. Tras ellas, Olmos fue designado presidente del partido.

Esto último fue posible, en gran medida, por un lado, por haber apoyado el riocuartense desde un comienzo la re-novación iniciada por los jóvenes de la agrupación. Por otro, gracias a lograr articular alianzas con numerosos dirigentes del interior provincial y ampliar la representación de estos en la Convención Partidaria, máxima autoridad de la agrupación.

En 1930, tras el golpe de Estado del 6 de septiembre, Olmos fue electo candidato a gobernador por la Convención, logrando vencer las presiones ejercidas por la intervención fe-deral, a cargo del nacionalista salteño Carlos Ibarguren, para que se designara a Guillermo Rothe. Durante el tiempo que estuvo en el poder el uriburismo, Olmos presionó por la rea-lización de comicios y se opuso a las reformas corporativistas que Uriburu intentó implementar. Desde Córdoba, defendió

62 Desde la derrota provincial en 1928, los jóvenes del PD cuestionaron las alianzas a nivel nacional que el partido había realizado y se opusieron a ciertos mecanismos de toma de decisiones al interior de la agrupación. Debido a ello, propusieron una renovación de los postulados del partido, y lograron aprobar una nueva Carta Orgánica y una novedosa plataforma partidaria (Cfr. Vidal, 2000). Si bien no consiguieron que se aprobara el voto directo de los afiliados, lograron ampliar la democracia en la organización al aumentar exponencialmente el número de convencionales y darles mayor representación a los hombres del interior de la que antes tenían. La apuesta fue por convertir al PD en lo que, desde sus orígenes proclamaron sus “fines oficiales” (Panebianco, 1990) y convertirla en un partido de principios y de programa.

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la “intangibilidad de la ley Sáenz Peña” y se convirtió en un referente del partido a nivel nacional.

Finalmente, cuando el gobierno de facto efectuó comi-cios generales en noviembre de 1931, Olmos fue consagrado gobernador de la provincia, asumiendo en febrero de 1932. No obstante, delegó a los pocos días el mando en el vice go-bernador, Pedro J. Frías, por encontrarse enfermo de grave-dad. El 29 de abril de 1932 falleció en su domicilio de la calle Rivera Indarte, en cuyas veredas numerosos ciudadanos se congregaron para despedirlo.

Luego de su muerte, su figura fue exaltada por amigos y adversarios. La Voz del Interior, afín al radicalismo y oposi-tor a los gobiernos demócratas, manifestó que aquel tuvo el aplauso de sus adversarios sinceros63. Dentro de los demócra-tas vinculados a la renovación del ‘28, el legislador provincial Amado Roldán señaló “la intendencia de Olmos, andando los años, cuando se acallen las pasiones (…) tiene que ser his-tórica”. Agregó que la importancia de sus administraciones quedaba exhibida si se comparaba la Córdoba de la década del 10, que era una ciudad “quieta y tranquila, un tanto y un tanto colonial”, que fue transformada por la “catapulta de progreso” que significó Olmos, en una ciudad “moderna, inquieta y rumorosa”, con pavimentos, plazas, amplias aveni-das, en una la ciudad fabril64.

Mientras que el progreso urbanístico que Olmos intro-dujo en la capital, su condición de estadista y de funcionario laborioso y exigente65 fueron destacados por adversarios y co-rreligionarios, estos últimos resaltaron otra contribución del

63 La Voz del Interior, 14-4-1932.64 DSHCD de la Provincia de Córdoba, 30-4-1932. 65 Olmos envió una circular a los respectivos jefes de las reparticiones municipales diciendo que si no se ponían al día con los trabajos en un plazo dado, se implantaría el horario doble (mañana y tarde). Los Principios, 30-11-1926.

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ingeniero: su incidencia en la renovación interna iniciada por el PD en 1928. Roldán hizo hincapié en la lucha interna que protagonizó y exhortó a los hombres del partido a continuar el camino trazado por Olmos. En la cámara de senadores de Córdoba, Allende sintetizó en gran medida lo que para nu-merosos actores de la época implicaba el deceso del goberna-dor, al anunciar que “La muerte de Emilio F. Olmos priva al pueblo de un ciudadano virtuoso, al Partido Demócrata de su mejor dirigente”66.

Reflexiones finales

El desempeño en la función pública de Olmos estuvo fuerte-mente signado por la idea de “orden”. Este era conceptuado por la élite gobernante como requisito para el progreso. Inserto en el PD, agrupación política que nucleó a partir de 1913 a numerosos miembros del disuelto Partido Autonomista Nacio-nal, y perteneciente a una familia que tuvo entre sus miembros a un gobernador de aquel signo político, Olmos sintetizó con su accionar el lema de la generación del 80: orden y progreso; pero se enmarcó dentro del “reformismo liberal” (Zimmerman, 1995). A su vez, su afán por atender a ciertas demandas sociales no fue ajeno a la atención prestada a ellas por los principales partidos de oposición, el radicalismo y el socialismo.

Por otra parte, es preciso considerar que las notables transformaciones que Olmos le imprimió a la ciudad medi-terránea eran tributarias de un clima de ideas vigentes en la época que entendían que “la cuestión municipal” no se vincu-laba solo con lo administrativo, sino que los problemas en las ciudades eran de origen social y político. Por ello el accionar del riocuartense se desplegó en múltiples direcciones.

66 Diario de Sesiones de la HCS de la Provincia de Córdoba, 28-4-1932, p. 168.

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Esta concepción había quedado plasmada ya en la Con-vención Reformadora de la Constitución de 1923. En ella quienes sostuvieron aquella lectura del gobierno municipal no lograron hacer primar su criterio, imponiéndose aquellos que bregaron por el mantenimiento de la restricción del su-fragio amparados en la concepción administrativa del munici-pio. No obstante, a partir del triunfo de Olmos la vertiente de ideas que comprendía el manejo de los asuntos municipales como una cuestión de gobierno penetró en el Ejecutivo local.

Sus gestiones se destacaron tanto por el impulso a la obra pública, la promoción de la higiene y la salud, como por la convicción de necesidad de ordenar el crecimiento urbanís-tico y prever determinadas cuestiones, renunciando a la im-provisación. Como advirtió en su dimisión, dejaba una obra de gobierno que resistiría la acción del tiempo67.

Desprovisto de un cursus honorum al interior del PD, pronto Olmos se convirtió en un referente para numerosos demócratas y en un funcionario reconocido a nivel nacional. Lideró dos renovaciones, por un lado, la vinculada a promo-ver una mayor democracia al interior de la agrupación políti-ca a la que pertenecía y, por otro, aquella ligada a una nueva forma de concebir el gobierno de la ciudad, en la que efi-ciencia y democracia se volvían indisociables y no categorías antagónicas, como algunas voces aseguraron que eran hacia comienzos de la década del 20.

De este modo, los demócratas hallaron en Olmos un di-rigente que encarnó en su persona dos de los principales fines oficiales del partido: orden y democracia. Esto último quedó de manifiesto, además, por la defensa que hizo de la Ley Sáenz Peña ante el peculiar proyecto corporativista que se intentó implementar en Argentina a comienzos de los años treinta.

67 BMCC, 1929.

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Referencias bibliográficas

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Zimmerman, E. Los liberales reformistas. La cuestión social en Ar-gentina. 1890-1916. Sudamericana, Buenos Aires, 1995.

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DE BOYERO A INTENDENTE: JUAN B. MEDEOT, UN SOCIALISTA EN EL MUNICIPIO. SAMPACHO (1932-1936)1

Karina Martina

Introducción

Tras el golpe de Estado de 1930, en un intento por legiti-marse, el gobierno militar convocó a elecciones generales hacia finales de 1931. Dado que el radicalismo decidió no participar, se abrió una etapa fundamental para el resto de los partidos políticos opositores al régimen de facto, funda-mentalmente para el Partido Socialista (PS). Este constitu-yó, por primera vez, una alianza electoral (la denominada Alianza Civil) con otra fuerza política (el Partido Demócrata Progresista)  para participar de las elecciones presidenciales, alcanzando en esta coyuntura electoral la máxima representa-ción parlamentaria desde su incorporación a la arena política (Cfr. Camarero, 2005). En la provincia de Córdoba el par-tido logró obtener cinco diputados nacionales, un senador y siete diputados provinciales, cinco concejales en la capital, cuatro en Sampacho y Laboulaye, dos en Canals, Pascanas, Marcos Juárez y Ucacha, uno en Morteros, Huinca Renancó y San Francisco; y las intendencias de Sampacho y Laboulaye (Cfr. Iñigo Carrera, 2005).

1 Con el término “boyero” sus adversarios políticos se referían despectivamente al origen colono de su familia y a su trabajo como cuidador y guía de los bueyes en la chacra de sus padres.

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Esta representatividad y proyección del partido en el te-rritorio nacional en general, y en el cordobés en particular durante la década del 30, no ha sido estudiada en profundi-dad, siendo acotados los trabajos que dan cuenta del desem-peño de las gestiones municipales socialistas2. En el caso de la provincia de Córdoba, los trabajos que estudian el socialismo en el periodo que nos interesa analizar, se centran en el desa-rrollo político del PS en la capital cordobesa y aquellos que abordan su accionar en el interior cordobés llegan hasta las primeras tres décadas del siglo XX. De esta manera, puede observarse que existe un vacío historiográfico, principalmente en las localidades del interior, con respecto a una de las déca-das fundamentales en la historia del PS como lo fue la década de 1930. En función a ello es que el presente capítulo intenta avanzar en la reconstrucción del desempeño del socialismo cordobés mediante el estudio de una de las dos intendencias que el PS obtuvo en las elecciones de 1931, analizando la gestión encabezada por el socialista Juan Bautista Medeot en la localidad de Sampacho entre 1932 y 1936.

El trabajo se halla estructurado en tres ejes: en el primero de ellos se reconstruye brevemente la carrera política del in-tendente haciendo hincapié en su universo ideológico y en su extracción social para, en un segundo momento, adentrarse en las políticas públicas implementadas teniendo en cuenta la alianza electoral que lo llevó al poder, así como la oposición a la que debió enfrentarse. Finalmente, en el último aparta-do, se describe la relación entablada por el municipio con los gobiernos provincial y nacional respecto a un tema que fue crucial no solo para la localidad sino también para su carrera

2 Entre ellos se pueden mencionar los trabajos de Mabel Cernadas (2013) acerca de la intendencia socialista de Agustín de Arrieta en Bahía Blanca y el desafío de transformar la cultura política “criolla” y el de Leticia Prislei (2001) sobre la experiencia socialista en Neuquén.

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política: el terremoto acaecido en junio de 1934, fenómeno sísmico que, junto con la vuelta del radicalismo al escenario político tras su abstención electoral, puso en jaque la posibili-dad de una reelección de Juan B. Medeot en 1935.

El intendente3

Extracción social

Juan Bautista Medeot nació en la localidad de Sampacho4 en 1896, siendo el mayor de doce hermanos y nieto de inmi-grantes austríacos que habían llegado a esa colonia fundada por el gobierno provincial hacia 1875. Sus padres emplazaron un almacén y despacho de bebidas y dos lotes en las proxi-midades que servían de chacras. Allí Don Juan (como lo lla-maron a lo largo de su vida) comenzó a trabajar entre los diez o doce años de edad en el taller de herrería y carpintería de los hermanos Pascual y Pepe Tomassini, establecidos junto con su cuñado Domingo Panuccio. Luego de la disolución de

3 Para la elaboración de este apartado se emplearon como fuentes de información manuscritos de Juan B. Medeot, escritos durante sus últimos años de vida, a través de los cuales intentaba reconstruir la historia de Sampacho desde su propia historia familiar. Dichos escritos serán publicados en un compilado titulado Ensayos para una autobiografía y recopilados por su hijo, Edmundo Medeot, quien muy amablemente le cedió a la autora del presente capítulo un borrador.4 Sampacho es una localidad ubicada en el actual Departamento Río Cuarto, a 50 km de la ciudad cabecera del mismo. Los orígenes de la localidad se remontan a la creación del Fortín San Fernando fundado en 1785 pero fundamentalmente a la creación de la Colonia en el año 1875, primera colonia oficial impulsada por el gobierno provincial. A la misma arribaron una importante cantidad de inmigrantes europeos pero no será hasta 1897 en que comience a ponerse en marcha la conformación de un gobierno municipal mediante el nombramiento, por parte del gobierno de la provincia, de una comisión municipal. Las primeras elecciones se realizaron en 1899.

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aquella sociedad se trasladó a la localidad vecina de Coronel Moldes, donde se radicaron Pascual Tomassini y Domingo Panuccio, allí permaneció alrededor de un año y retornó a Sampacho. En paralelo, ayudaba a su padre en la atención de las chacras. Posteriormente, trabajó en las máquinas trilla-doras como engrasador o aceitero y a veces como apuntador. Fue en esa época que tomó contacto con algunos hombres llegados de otros pueblos que traían ideas nuevas para él y que despertaron su interés por la literatura, “despertaron mi mente, me convertí en un ácrata y ateo” (Cfr. Medeot, s/d).

Como solo tenía estudios primarios se inscribió en un curso por correspondencia de teneduría de libros, diploma que debió complementar con otras materias afines funda-mentales para el ejercicio de la profesión. Comenzó a adquirir libros de mayor profundidad, lo que le llevó un par de años de estudios autodidactas para mejorar la caligrafía, la ortogra-fía, la aritmética, la redacción de correspondencia y cuentas, la escritura a máquina. Esto le permitió trabajar varios años en escritorios: con Félix Tomassini en ferretería, corralón de maderas y afines; con Pedro Piombi en cereales y recibidor; y arreglando algunas contabilidades en Sampacho y en Coronel Moldes. En edad adulta aprendió lenguas como el esperanto, con la finalidad de conectarse con gente de todo el mundo.

Al llegar a la intendencia se desempeñaba como inspec-tor de zona de La Segunda, sociedad de seguros contra los accidentes de trabajo y como agente local del órgano de pren-sa de la Asociación de Cooperativas Argentinas, La Coope-ración. Trabajaba, además, como martillero público en una oficina  jurídica comercial adscripta al estudio de los aboga-dos de la localidad de Río Cuarto, Juan F. Remedi y Juan P. Pressacco, hasta que decidió radicarse con su familia en dicha ciudad para que sus dos hijos varones pudiesen cursar sus es-tudios secundarios en el Colegio Nacional.

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Universo ideológico y carrera política

A punto de cumplir con sus derechos cívicos, debiendo esco-ger partido solicitó cartas orgánicas y programas a la Unión Cívica Radical, al Partido Demócrata Progresista y al Parti-do Socialista; “como defensor de la clase obrera explotada y oprimida” optó por este último (Medeot, s/d). Ingresó al PS como afiliado directo a fines de junio de 1916. Poco tiempo después organizó, junto a un grupo de hombres apoyados por el Centro Socialista de la ciudad de Río Cuarto, la creación de un Centro Socialista (CS) en la localidad.  Durante sus primeros años de vida, el centro debió hacer frente a los em-bates del párroco local y de la fuerza policial (Cfr. Dellavalle, 2014: 64-65). Previo a su paso por la intendencia, durante la década del 20 ejerció una importante actividad en diversas instituciones de la localidad: en el movimiento obrero local siendo secretario del Sindicato de Oficios Varios; fue secretario y agente de se-guros de una seccional que la Federación Agraria Argentina había organizado en la localidad de Sampacho; en el plano deportivo, en el año 1919, junto a un grupo de vecinos reor-ganizó el Club Atlético Sampacho del que fue su secretario y, con respecto al mutualismo, fue varios años secretario de la Sociedad Italiana Trento-Triesti. Dentro del CS ocupó todos los cargos, fue delegado en con-gresos provinciales y nacionales, y candidato a diversos pues-tos electivos. A partir de 1916, y durante un buen periodo, fue corresponsal de La Vanguardia (órgano oficial del PS), co-laborando, además, en periódicos de Río Cuarto (La Idea), de Córdoba y San Francisco (El Dardo), y como redactor de La Voz, durante el periodo en que fue intendente y de Voz Socia-lista (órgano de prensa del PS local) a partir de 1936.

No obstante su arribo a la intendencia fue a través de una alianza electoral, en una entrevista realizada por el periódico

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cordobés La Voz del Interior remarcaba su identidad socialista: “Hace mucho tiempo que milito en las filas del partido y en consecuencia mi acción pública se ajustará a los preceptos ge-nerales que el socialismo sostiene en su prédica. El gobierno comunal será un gobierno de izquierda, comprendiendo esto derechamente, sin prevenciones ni subterfugios”5.

Políticas públicas municipales

Aliados

Dentro de las políticas públicas encaradas por su gobierno se destacaron las reformas de orden administrativo, en las que se reajustó el sistema de contabilidad, se revisó la ordenanza general con la finalidad de adecuarla a la realidad de la locali-dad, se impulsó una reforma impositiva que consistió en la re-baja de impuestos y la creación de otros que gravaban el vicio, el juego o el privilegio, se unificó el impuesto de alumbrado público y de limpieza en uno general y se disminuyeron los gravámenes sobre la producción y los consumos (matadero, rodados, alumbrado e higiene). Se buscó, además, reducir los gastos del municipio. Hubo un aumento en la inversión de servicios en obras públicas, asistencia médica, medicamentos y servicio fúnebre gratuitos, riego de calles, ropa, calzado y alimentos para los niños en edad escolar; se abarató el consu-mo con la reducción de impuestos a los artículos de primera necesidad; se estableció que los obreros del municipio traba-jaran ocho horas y gozaran del sábado inglés. Para combatir la desocupación se explotó una vieja cantera municipal y se realizaron obras públicas, entre las que se pueden mencionar:

5 La Vanguardia, 4-2-1932.

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la construcción de un dique de contención de las aguas del arroyo, el arreglo de la avenida principal, la pavimentación de las principales calles, desagües, cordones, veredas, arbolado de calles y la proyección de una sala de primeros auxilios. Complementariamente, se redujo el precio del contrato por los servicios de alumbrado público y privado y se obligó a la empresa ferroviaria el pago de los impuestos generales.

A lo largo del periodo la administración socialista bus-có distinguirse de los gobiernos anteriores haciendo hincapié en la transparencia de sus actos de gobierno, implementando para ello un Boletín Oficial desde el cual publicitaba los actos de gobierno.

No obstante, en la puesta en marcha de dichas políticas públicas es necesario tener en cuenta quiénes fueron los alia-dos y opositores del intendente socialista. Con respecto a los primeros, debe considerarse cómo llegó Medeot a ocupar el Departamento Ejecutivo sampachense. En las elecciones de diciembre de 1931, que tenían como finalidad regularizar la situación de las municipalidades intervenidas tras el golpe de Estado, se presentaron dos fuerzas políticas, el Partido De-mócrata de Córdoba y la llamada Alianza Civil, establecida entre el Partido Socialista local, cuyo centro se reorganizó en esta coyuntura6  y el Partido Juventud y Progreso. Esta última agrupación, de carácter local, fue creada el 8 de diciembre de 1930 con la finalidad de intervenir en las luchas comunales admitiendo en sus filas “a todos los hombres libres y de vo-luntad”. Dejándoles libertad de acción frente a los partidos políticos que actuaban en el orden provincial o nacional, as-

6 Al parecer el Centro Socialista se desarticula hacia mediados de la década de 1920 reorganizándose como tal hacia inicios de octubre de 1931. (Cfr. Informe de la Junta Ejecutiva al VIII Congreso Ordinario de la Federación Socialista Cordobesa, diciembre de 1932, p. 13; La Voz del Interior, 29-10-1931; La Vanguardia, 8-11-1931)

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piraban a desterrar de las luchas comunales “la prepotencia del caudillo de comité”7. Mientras se formaba la lista de ad-herentes se resolvió en asamblea, de la que participaron cator-ce ciudadanos, constituir la comisión provisoria de la misma resultando presidente Juan B. Medeot; secretario Luis Padilla; tesorero Pedro Boais (Boé); vocales Carlos Peñaloza Gómez, Juan Santamaría y Luis García.  

Esto nos permite observar las particularidades de las prácticas encaradas por los socialistas en espacios locales al in-terior del país, acercándonos a sus maneras concretas de hacer política8. La puesta en marcha de dicha agrupación por parte de Medeot pudo responder a la desarticulación del Centro

7 Acta de fundación del Partido Comunal Independiente Juventud y Progreso, 8-12-1930. Solo Medeot y Boé eran afiliados socialistas. 8 Dicha “Alianza Civil”, a diferencia de la organizada para las elecciones gene-rales que tenía como finalidad apoyar la fórmula presidencial Lisandro de la Torre- Nicolás Repetto no fue conformada en Sampacho por el PS y el Partido Demócrata Progresista. En la provincia de Córdoba –a diferencia de lo que acontecía en provincias como Santa Fe y Buenos Aires, donde había un claro predominio del Partido Demócrata Progresista y del PS, respectivamente– la fórmula fue encabezada únicamente por socialistas y, fundamentalmente, por intelectuales reformistas que se habían unido a las filas del PS tras el golpe de Estado de 1930 decidiendo presentarse para las elecciones provinciales y comunales con lista propia, no solo en la capital cordobesa sino también en di-versas localidades del interior, incluidas las más importantes del sur provincial, como Río Cuarto y Laboulaye. La única particularidad fue Sampacho, donde se decidió seguir la política impulsada por la Federación Socialista Cordobesa (FSC) de realizar pactos en el orden comunal con centros de la Alianza Civil, ya que consideraban que aún persistían las circunstancias que habían deter-minado la coalición con dicha agrupación. Estos pactos debían hacerse con la base de la plataforma pertinente del PS y estarían sometidos en cada caso a la autorización de la Junta Ejecutiva. Debido a que las elecciones se realizarían a fines del mes de diciembre resolvió reconocer, a pesar de lo exigido en los esta-tutos, en condiciones a los Centros de la Provincia que no tuviesen seis meses de antigüedad y a los afiliados con menos de dos años de adhesión. A pesar de esto, la Alianza Civil decidió no concurrir a las elecciones municipales como entidad política a fin de no desvirtuar los móviles exclusivos que motivaron su constitución, lo cual explicaría el apoyo electoral brindado por el Partido Juventud y Progreso al PS sampachense (Cfr. Informe de la Junta Ejecutiva de

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Socialista local y, además, a un intento de conciliar intereses locales y permitir el apoyo de la masa independiente, bajo el ala de la Alianza Civil, agrupación que contó con el apoyo de los sectores trabajadores y posiblemente de radicales, cuyo partido había optado por la abstención electoral.

En dichas elecciones la Alianza Civil alcanzó 311 votos contra 193 de los demócratas nacionales obteniendo así la mayoría dentro del Concejo Deliberante; entre los concejales electos se encontraban vecinos que no militaban en las filas del socialismo como Sebastián Martínez y Ángel Berté y tam-bién afiliados al PS como era el caso de  Pedro P. Boé, Fortu-nato Menel y los integrantes electos del tribunal de cuentas, Luis Pellizaro y Ubaldo Fanin9. El Partido Demócrata, por su parte, obtuvo dos bancas por la minoría de la mano de San-tiago Bridarolli y Basilio Bressán.

Los opositores y las arenas de conflicto

Más allá de las dificultades acarreadas por la crisis económica de la época, el verdadero problema al que debió hacer frente Medeot fueron sus adversarios políticos, cuya oposición no se dio únicamente en el plano legislativo sino, fundamental-mente, en el espacio público. Los panfletos lanzados a la calle por los sectores opositores antecedieron a la aparición en abril de 1933 del periódico La Verdad, voces a las que se sumó la del sacerdote de la localidad como representante de los secto-res conservadores y católicos en la articulación de una “liga antisocialista”10. Frente a ella, el partido de gobierno empleó

la Federación Socialista de Córdoba al VIII Congreso Ordinario, diciembre de 1932. p. 22 y 23; Tcach, 2012; Osella, 2015 y Martina, 2016). 9 La Vanguardia, 16-1-1932.10 El único número que se ha conservado data del día 23 de abril de 1933. Dis-ponible en el Museo Histórico Regional San Fernando de Sampacho (MHRS).

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para su defensa no solo las páginas del órgano oficial del PS, La Vanguardia, sino también las del periódico local La Voz, publicación quincenal que si bien se decía independiente de-fendía la labor de la comuna socialista11.

Los principales conflictos giraron en torno a: el veto por parte del intendente de un subsidio destinado a la celebra-ción de las fiestas patronales de la Virgen de La Consolata; el discurso de un militante socialista en torno al rol de la Iglesia católica; el proyecto de aumento de impuestos y sueldos al personal administrativo y obrero de la municipalidad; el paso al bando opositor por parte de un concejal de la Alianza; el riego y pavimentación de las calles; la desocupación y el ma-nejo de los fondos llegados para los damnificados por el sismo de 1934 para la creación de una sala de primeros auxilios.

La oposición por parte del sacerdote de la localidad no era nueva y en el periodo que nos ocupa se intensificó12. Así, antes de la asunción a la intendencia por parte de Medeot, desde las páginas de La Vanguardia se denunciaba que en Sampacho el cura párroco Cinotto, inspirado en la pastoral lanzada por el obispado, se encargaba de desprestigiar a la

11 El primer número aparece el 10 de abril de 1932, el último corresponde al 7 de junio de 1934, se estima dejó de editarse a raíz del sismo acaecido tres días más tarde de su última edición. Aparecía el segundo y cuarto domingo del mes, a partir de fines de junio de 1932 lo hacía el segundo y cuarto jueves de cada mes, tenía editor responsable, la administración estuvo en manos de Francisco Carbonatto hasta mediados de marzo de 1934 en que se hizo cargo de la misma Pierino Boé, aunque no se mencionaba su nombre. Dentro de la documentación de Juan B. Medeot se encontraron borradores de la columna “Chuzasos” que fueron publicados en el ejemplar del día 9 de marzo de 1933. En 1934 aparece semanalmente los días jueves hasta su desaparición (ejempla-res disponibles en el MHRS).12 La iglesia católica tuvo siempre un fuerte peso en la localidad, desde sus co-mienzos como colonia y fundamentalmente desde la llegada del cura párroco a la localidad en 1905, Sampacho se constituyó en una ferviente devota a la Virgen de la Consolata, virgen piamontesa, región de la que procedían la ma-yoría de los habitantes del lugar; en 1915 es declarada patrona de la localidad por el papa Benedicto XV.

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Alianza Demócrata-Socialista y que para ello contaba con el apoyo del comisario de policía, encargado de obstaculizar la reapertura del Centro Socialista local13.

A los cuatro meses de su asunción, el intendente dio a conocer una carta abierta dirigida al sacerdote de la localidad desde el periódico local La Voz, a raíz de los dichos realizados por el cura en misa. Estos dichos se relacionaban con el veto que Medeot efectuó a un proyecto presentado por la mino-ría, y aprobado por el cuerpo de concejales que destinaba un subsidio de veinticinco pesos a la comisión pro-fiestas patro-nales de la localidad. Ante el reclamo del cura, el intendente respondió diciendo que no estaba de acuerdo con que una religión debiera ser mantenida con el dinero “de los que no creen en ella o tienen otras creencias o no profesan ningu-na”. Respecto al hecho de que administraciones anteriores otorgaran dicho subsidio, opinaba que “la ley del progreso humano avanza y va dejando atrás lo innecesario, lo inútil, sus resabios”, el Concejo Deliberante tenía para tratar tareas más importantes. Acusaba al cura, además, de hacer política desde el púlpito en contra del bolchevismo, el comunismo y el socialismo, incitando a la formación de un “organismo de reacción” denominado “acción católica”14.

Hacia fines de diciembre de 1932 el Centro Socialista organizó una conferencia a cargo de Emilio Partelli, socialis-ta riocuartense, quien realizó ciertas consideraciones respecto a la Iglesia católica y su rol en la obstrucción del progreso. Como consecuencia, aparecieron una serie de panfletos que respondían a dicho discurso mostrando cuál era el posiciona-miento de la Iglesia respecto al socialismo15. Estos panfletos

13 La Vanguardia, 8-11-1931.14 La Voz, 23-6-1932.15 Aparecidos durante el primer trimestre de 1933. Disponibles en el MHRS, “Caja Juan B. Medeot”.

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no fueron firmados por sus autores; en solo uno de ellos, titu-lado “Oscurantistas”, aparecía la firma del cura Juan Cinotto, quien intentaba mostrarle a los representantes del PS que el progreso no devenía del socialismo enumerando obras de geó-logos, ingenieros y demás profesionales vinculados a la ciencia que no abandonaron la fe católica. Afirmaba que “en el firma-mento de la ciencia los católicos oscurecen a los socialistas, y por consiguiente pueden los católicos bajo este concepto lle-var mucha honra y satisfacción el calificativo oscurantistas”16.

En otro de los panfletos que circularon por Sampacho en la misma época se realizaban críticas, fundamentalmente, hacia las leyes de divorcio y de educación impulsadas por el Estado, afirmando que la base sobre la que se asentaba la indi-solubilidad del matrimonio y de la familia era “la obligación de la educación de los hijos”. La “secta” socialista entregaba completamente al Estado esta educación y su instrucción, lo que no hacía más que destruir el bienestar del obrero, co-rrompiendo así al pueblo17. En otra oportunidad, en un pan-fleto que circulaba a comienzos de 1933 titulado “¿Yo socia-lista?” escribía un supuesto ex afiliado al PS   tildándolo de “farsa criminal”, “depotismo inaguantable” en cuyo centro se insultaba duramente a los burgueses y se calumniaba a los cu-ras, denunciando las “crueldades” que los socialistas cometían contra aquellos obreros que no querían militar en sus filas: “se los insultaba, se los maltrataba, amenazaba, se intimidaba a sus mujeres, se pellizcaba y amenazaba a sus hijos”. Se pre-guntaba por qué el socialista tenía ese odio a la patria y a la religión católica “¿No puedo ser un buen obrero siendo un buen católico? ¿Yo volver?... ¿yo volver a ser socialista?... Qué horror… ¡Antes me matan!”18

16 Juan Cinotto, “Los Oscurantistas”, enero de 1933.17 Panfleto anónimo, “El socialismo destruye la familia y proclama el amor libre”, 1933, mecanografiado.18 Panfleto anónimo, “¿Yo socialista?”, 1933, mecanografiado.

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Un último impreso escrito en dicha lógica fue el im-pulsado por la “Liga antisocialista de Sampacho” dirigido a los señores socialistas que tanto exclamaban en contra de los frailes, cuestionándoles cuántas escuelas tenían y a cuántos niños educaban. Les preguntaban por qué los sueldos obteni-dos en cargos electivos no eran entregados a la colectividad y se los tildaba de embusteros, engañadores y explotadores de la miseria y de la ignorancia del pueblo.

Otro de los frentes de batalla abiertos hacia la gestión del intendente fue el manifiesto que lanzaron los concejales por la oposición, Basilio Bressán y Santiago Bridarolli, jun-to a otro que hasta entonces pertenecía a la Alianza, Ángel Berté, dirigido al pueblo de Sampacho en febrero de 1933 y cuya intención, decían, era la de “defender los intereses  ge-nerales comprometidos por el intendente quien con su ‘ne-potismo absolutista’ pretendía arrollar con todo: con Pueblo con Concejo y hasta… con el dinero de los contribuyentes”. Criticaban la pretensión de aumentar los sueldos al personal municipal y del servicio de riego, vinculado fundamental-mente con la compra de un camión regador en perjuicio del contribuyente; se criticaba el hecho de que el Boletín Oficial fuera impreso en la firma de un amigo del intendente y que la cobranza de impuestos no se realizara de manera regular y uniforme, recompensando la “lealtad de los amigos”19.

Como respuesta, el periódico oficialista La Voz, desde la columna “Chuzasos”, les cuestionó el hecho de que en el seno del Concejo Deliberante no decían nada al respecto, ya que allí “no hay quien les sirva de apuntador”20. A raíz de tales acusaciones, el 8 de marzo de 1933, el intendente convocó a la ciudadanía a un acto en que le daría respuestas. Expuso allí

19 Bressan, Basilio- Berté, Ángel- Bridarolli, Santiago, “Al pueblo de Sampa-cho”, febrero de 1933.20 La Voz, 9-3-1933.

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los antecedentes relacionados con la constitución de la Alian-za Civil, se refirió a lo que había hecho desde la intendencia, a lo que los tres concejales le impidieron hacer y a la labor que se proponía llevar adelante. A continuación habló el diputado nacional Juan P. Pressacco respecto al significado que debían tener las plataformas electorales, al deber que pesaba sobre los que componían una agrupación, a la necesidad de que la mayoría se mantuviese íntegra y a la obligación de renunciar que tenían los que no estaban de acuerdo21.

Finalmente, Berté fue separado de la agrupación, lo cual se hizo público través de La Voz el 13 de abril de 1933. No obstante, siguió desempeñando su cargo de concejal hasta el final de su mandato. Respecto a dicha medida, usó las páginas de La Verdad para referirse a su expulsión de la Alianza soste-niendo que nunca fue afiliado socialista o adherente, que la llamada Alianza fue ficticia, “una denominación circunstan-cial”, debido a que en Sampacho no había demócratas pro-gresistas. Mencionaba que había aceptado la candidatura “a fuerza de ruegos e insistencias”. Respecto a su labor de “obs-trucción” se preguntaba si esta se vinculaba con el cambio de nombre de la calle “19 de noviembre”, con el nombramiento del abogado Pressacco para asesor letrado de la municipalidad o con haber votado en contra de la compra del camión rega-dor, por no haberse llenado las formalidades y requisitos que fijaban las leyes. Respecto a su “esterilidad absoluta” en el des-empeño del cargo, sostenía que la primera iniciativa que tuvo entrada en el concejo y que se relacionaba con la construcción de cunetas fue de su autoría, razón por la cual fue vetada por el intendente y se preguntaba cuáles eran las iniciativas de los otros tres concejales de la mayoría22.

21 La Voz, 9-3-1933.22 La Verdad, 23-4-1933.

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Otro manifiesto que salió a la calle, que Medeot destaca en sus memorias, es el que se oponía al proyecto de aumento de impuestos y sueldos para el personal municipal proyectado por el Departamento Ejecutivo para el año 1933, refiriéndose despectivamente a la figura del intendente apelando a sus orígenes, con el título “De boyero a intendente” decía:

¡Pobre iluso enaltecido, que hasta el día que pisó los din-teles del Municipio daba lástima en su indumentaria de malevo, remataba en una gorra, que tenía tantas mate-rias extrañas acumuladas, que se le inclinaba a un lado como a apache!… Ahora ya no la usa; ya tiene como ca-lar sombrero y buen traje… ¿Y en lo sucesivo?... ¡Ah! En lo sucesivo precisará levita de cola y punta y bastón…23

Las críticas que se le realizaban eran similares a las del ma-nifiesto de los concejales, a las que le sumaban el cuestionamien-to por la creación del periódico La Voz como “órgano oficial” del municipio, financiado por los dineros públicos. Finalmente, se sostenía que debía solicitarse la renuncia del intendente.

Otro tema de preocupación fue el de la desocupación, que originó un nuevo foco circunstancial de oposición a la labor de Medeot, vinculado a un panfleto lanzado por el se-cretario general del Sindicato de Oficios Varios, M.L. Zosso, en marzo de 1933. En ese impreso se dejaban entrever las disputas de poder en torno al movimiento obrero local, tras la separación  de un grupo de trabajadores que conformó un nuevo sindicato, el de los Obreros Municipales, en su mayo-ría integrado por militantes socialistas y cuyo secretario fue Secundino Rodríguez. Más allá de dicha separación, lo que le solicitaba el Sindicato de Oficios Varios al intendente era

23 Panfleto anónimo, “El pueblo solicitará el rechazo del fantástico proyecto de aumento de impuestos y sueldos. De boyero a Intendente”, 1933.

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que se respetara el acuerdo establecido con la municipalidad y se tuviera en cuenta a sus afiliados para las tareas a efectuarse en la comuna, debido a la aparición del nuevo sindicato que amenazaba con no permitirles trabajar al servicio de la muni-cipalidad24. En el panfleto que lanzó a la ciudadanía, el sindi-cato más antiguo decía solidarizarse con el manifiesto de los concejales, cuya validez residía en el hecho de que no gozaban de remuneración alguna, solo defendían los intereses de la población, eran miembros honorarios, no como el intendente que necesitaba de “sus 180 NACOS”. Cerraban solicitando la renuncia del intendente y del Inspector General Félix Fanin25. Ante tal panfleto, desde La Voz se decía que el “pseudo secre-tario” había seguido las directivas de los concejales opositores, remarcando la ingenuidad de los trabajadores26.

En la edición del 23 de marzo de 1933, La Voz lanzaba un suplemento titulado “Un consejo a los trabajadores. A pro-pósito de un nuevo panfleto”, en el que se mencionaba que el intendente había procurado distribuir el trabajo de la mejor manera, pero sin poder contentar a todos ya que contaba con escasos recursos y  se sostenía que los reclamos debían dirigir-se al gobierno de la provincia y de la nación, lugares desde los que deberían dar soluciones al problema de la desocupación. En torno a la solidaridad que manifestaban con los concejales de la oposición, se les recordaba que habían sido ellos los que se opusieron a todo aumento de salarios y sueldos al personal de la municipalidad.

Para darle solución al tema, la intendencia, con el acuer-do de la mayoría de los trabajadores, creó una Bolsa de Traba-jo con el fin de dar ocupación a los obreros en tareas relacio-nadas con las obras públicas, distribuidas por turnos27.

24 Nota disponible en la caja “Juan B. Medeot”, MHRS.25 Panfleto anónimo, “Al pueblo y colonia de Sampacho”, 1933.26 La Voz, 23-3-1933.27 La Voz, 23-3-1933.

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Hacia mediados de 1933 la disputa giró en torno al proyecto de pavimentación de las calles principales de la lo-calidad, costeada por los propios beneficiarios. Esto generó críticas por parte de la oposición al interior del Concejo, en-cabezadas por Berté, quien propuso pavimentar las calles del pueblo empleando guano, alternativa de la que se mofaron durante unas cuantas ediciones desde La Voz28.

Otro de los focos del conflicto se relacionaba con el ma-nejo de los fondos que llegaron al municipio con la finalidad de ayudar a los damnificados por el terremoto que sacudió a Sampacho en junio de 1934. Se había denunciado al hasta entonces Inspector General Félix Fanin de usarlos para re-construir su vivienda, quien en abril de 1935 decidió renun-ciar como empleado municipal, para poder obrar con liber-tad ante las acusaciones realizadas. La encargada de investigar dicha situación y elaborar un sumario al respecto fue una comisión designada por el Concejo Deliberante, e integrada por los representantes de la oposición, Ángel Berté, Sebastián Martínez y Santiago Bridarolli. Según Medeot, respecto a la investigación efectuada y en torno a la presentación del suma-rio realizado  el 15 de marzo de 1935, la comisión no seguía ninguna regla, solo tenía como propósito condenar29.

También a raíz del manejo de los fondos recibidos, a comienzos de mayo de 1935 un grupo de vecinos elevó una nota al intendente con la finalidad de cuestionarle el intento de destinar parte de estos a la construcción de una sala de primeros auxilios30. Se le pedía, además, que cualquier medi-

28 La Voz, 23-3-1933.29 “Apuntes de un manifiesto al pueblo sobre una investigación”. Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.30 El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo para la construcción de una sala de primeros auxilios data del 11 de febrero de 1935 para la realización de planos, pliegos de condiciones, especificaciones, contrato e inventario del

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da que se adoptase en adelante sobre el asunto fuese en actos abiertos con amplia publicidad de sus reuniones y citaciones; que se licitara la construcción del hospital actual, previo in-ventario prolijo de sus existencias materiales; y que se repar-tiesen los fondos, tal como lo hacía la provincia, utilizando el censo realizado. Cerraba diciendo que, si la municipalidad no adoptaba las medidas solicitadas, el pueblo, que era quien las formulaba, se vería en el deber de hacer respetar sus dere-chos31. Medeot dejó constancia de que, a consecuencia del sismo, el hospital quedó completamente destruido.

El intendente decidió retener la nota elevada, dado que a su juicio implicaba el “delito de sedición” al invocar los pe-ticionantes la representación del pueblo, como así también el de “atentado” y “resistencia contra la autoridad” al ser firma-da, entre otros, por el comisario de policía. La intendencia, en defensa de las autoridades legítimamente elegidas por el voto popular, resolvió pasar la nota al juez del Crimen de turno en la ciudad de Río Cuarto, con copia al Ministro de Gobierno y al Jefe Político del Departamento32.

Ante tales denuncias, Medeot argumentó que toda la ac-tividad desempeñada por la municipalidad en torno a la solu-ción de los problemas ocasionados por el sismo fue publicitada a través del Boletín Oficial, al igual que las medidas de previ-sión y de defensa tomadas33. También se dieron orientaciones a los propietarios con miras a las nuevas edificaciones, de acuer-do a lo que aconsejaron los técnicos geólogos; allí figuraban,

material útil proveniente del Hospital San Roque, destinando para ello cien pesos del fondo pro-damnificados. La subvención que el gobierno nacional le otorgaba a dicho hospital se adjudicó para ese año a la municipalidad para aten-der la sala de primeros auxilios. Disponible en Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.31 Nota de vecinos con fecha 5 de mayo de 1935. Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.32 Decreto Nº65, 24 de mayo de 1935. Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.33 El Pueblo, 9-9-1934.

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además, las sumas recibidas para los damnificados de la locali-dad, un detalle de lo invertido y el saldo correspondiente. En todo el proceso tuvo participación una comisión vecinal presi-dida por el intendente, de la que formaban parte más de veinte vecinos y concejales. Se pagaron alquileres y se repararon los muebles de las escuelas para que pudieran funcionar. Todo se hacía bajo el control del Concejo, a quien la intendencia dio amplia participación, ajustándose a sus disposiciones luego de hacer conocer el ejecutivo municipal su opinión por medio de un proyecto de ordenanza. Propuesta en la que se tendía a fa-vorecer las viviendas más humildes en mayor proporción. Con los exiguos fondos restantes, frente a la magnitud del desastre, el Concejo resolvió esperar a que el gobierno de la provincia, poseedor del grueso de los fondos, realizara su distribución. Una vez conocida, ese cuerpo, sin intervención ninguna de la intendencia, confeccionó una lista y, subsanando algunas lagunas y favoritismos, adoptó una disposición que excluía a los propietarios residentes fuera de la localidad y reservaba una suma para aceptar reclamos de los posibles omitidos en la lista oficial, a los que se fijó un plazo para reclamar. Ello ocurrió en el mes de junio de 1935, publicándose en el Boletín Municipal que apareció en ese mes, y los vecinos fueron a reclamar de esas medidas recién el 26 de diciembre.

La reorganización de los grupos opositores se dio a fines del año 1935, en el marco de las elecciones municipales a rea-lizarse en el mes de noviembre, simultáneas a la elección para gobernador. En ellas, tras el levantamiento de la abstención, la Unión Cívica Radical volvió a la competencia electoral de la mano de Amadeo Sabattini, quien resultó electo goberna-dor. El Centro Socialista sampachense tenía confianza en que triunfaría aunque denunciaban que la oposición comenzaba a “acaparar libretas” y a “formar un padrón a gusto de los ofi-cialistas”, quienes excluyeron a más de 150 electores oposito-

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res del radio municipal y en cambio dejaron a más de 250 de la colonia y a otros que habitaban en otras localidades, “con el evidente propósito de perjudicar a los socialistas”. El CS re-solvió concurrir a las elecciones municipales en conjunto con la Alianza Progresista, encabezada nuevamente por Juan B. Medeot. Se presentaron a la lucha también los demócratas na-cionales. Finalmente las elecciones arrojaron como ganadora a la fórmula radical encabezada por Antonio Trentini con 334 votos, como segunda fuerza se posicionó la Alianza Progresis-ta con 271 escaños y, por último, la lista de los Demócratas Nacionales con 22934. Ante dichos resultados Pressacco men-cionaba que en Sampacho el triunfo socialista era seguro, sin embargo, cuando demócratas y radicales tuvieron la evidencia de ello llegaron a un acuerdo que consistió en el armado del padrón que sirvió para el triunfo radical35. 

La “ira divina”: Estado, Iglesia y partidos ante el terremoto de 1934

En el escrito presentado por Medeot al Centro Socialista Sampachense, con la finalidad de dar cuenta de su labor a lo largo de su primer año de trabajo, mencionaba que realizó diferentes gestiones oficiales con el grupo parlamentario so-cialista provincial y nacional, como así también ante los po-deres públicos de la provincia (Ministerio de Hacienda y de Obras Públicas) y de la nación (Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dirección de Tierras y Colonias, la Dirección de Puentes y Caminos de la Nación), con los que mantuvo correspondencia vinculada a temas administrativos y a algu-

34 La Vanguardia, 17-11-193535 La Vanguardia, 1-12-1935.

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nas obras que la comuna pretendía realizar36. No obstante, las gestiones oficiales que marcaron a fuego la intendencia de Medeot fueron las vinculadas con el terremoto acaecido en la localidad el 10 de junio de 1934. Este acontecimien-to, que significó un hito en la historia sampachense, permite vislumbrar las relaciones y las disputas de poder entabladas entre el gobierno municipal y el gobierno demócrata provin-cial en torno al manejo de los fondos destinados a socorrer a los damnificados por el sismo. El Poder Ejecutivo provincial se manejó a través de decretos, sin considerar algunas de las propuestas encaradas en la legislatura cordobesa por parte del bloque de representantes socialistas. A nivel nacional, el Con-greso sancionó una ley que tenía como finalidad reconstruir ediliciamente a la localidad, pero los fondos que habilitaba a enviar jamás llegaron a destino.

Sucedido el terremoto, los periódicos de la época refleja-ron la situación vivida en la localidad y las gestiones iniciadas por el intendente Medeot, solicitando ayuda a las diferentes esferas de gobierno. Inclusive, medios simpatizantes del Par-tido Demócrata destacaban su accionar: “eterna gratitud de-berá el pueblo de Sampacho (…) ha sabido hacer honor a su cargo y a la altura de la dolorosa emergencia”37.

El intendente le hizo saber al gobernador, a través de un telegrama, que el noventa y cinco por ciento de las edifica-ciones se hallaban en el suelo o en estado ruinoso, agregando que necesitaban con urgencia materiales sanitarios, carpas o vagones para alojar a los vecinos que quedaron sin techo. El gobernador dispuso que viajase el Ministro de Gobierno, Dr. Garzón Agulla; el Director de Obras Públicas, Ingeniero Gil Montero y los ingenieros Bustos y González para que estu-

36 La Vanguardia, 14-3-1933.37 El Pueblo, 13-6-1934.

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diasen la situación y adoptaran las medidas indispensables. El Comando de la Cuarta Región Militar ordenó el envío de carpas y una dotación de soldados para evitar posibles desór-denes. Se gestionó ante las autoridades del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico el préstamo de vagones que se hallaban esta-cionados en Villa Mercedes, para alojar a los damnificados. El número de heridos eran incalculable pero ninguno revestía carácter de gravedad. Muchos vecinos migraron a localidades vecinas para alejarse del foco del peligro38.

A tres días del sismo, los diputados socialistas en el Congreso de la Nación encabezados por Juan P. Pressacco, presentaron un proyecto de ley con la finalidad de destinar 100.000 pesos para socorrer a la localidad de Sampacho, pero finalmente el Congreso aprobó una suma de 200.000 pesos, avalando así el proyecto presentado por los legisladores demó-cratas cordobeses (entre ellos Courel, Cafferata, Alonso y Cár-cano), suma que sería entregada al gobierno de la provincia. Este hecho fue el comienzo de las disputas en torno a quiénes eran los primeros en tomar medidas ante la problemática y a las falencias de las propuestas presentadas. En paralelo, la legislatura de Córdoba aprobó una ley que destinaba 50.000 pesos para socorrer a los damnificados por el sismo39.

A pesar del sentimiento de solidaridad hacia Sampacho, ciudad a la que arribaba ayuda de diversas partes del país, Medeot señalaba que “el clero de la docta” aprovechó polí-ticamente la situación afirmando “desde sus púlpitos y con sus pasquines” que dicha catástrofe era un “castigo de la ira divina” por tener Sampacho un intendente socialista40. Cabe

38 La Vanguardia, 12-6-1934; 13-6-1934.39 Expedientes 299 y 289 de la Cámara de Diputados de la Nación. Archivo Histórico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (AHCDN).40 Escrito de Juan B. Medeot para ser publicado en el Anuario Socialista, año 1934. Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.

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señalar que uno de los edificios más perjudicados por el sismo fue el de la Iglesia de la localidad, para cuya reconstrucción el obispado inició una importante colecta41.

Una de las primeras ayudas llegó desde la localidad veci-na de Río Cuarto, en la que se creó una comisión de socorros para la iniciativa de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, cuyo presidente era Juan F. Re-medi (socio de Juan P. Pressacco en un estudio jurídico, para entonces asesor letrado de la municipalidad de Sampacho). Integraron la comisión central el intendente Carlos Vismara en calidad de presidente, el Jefe Político Gustavo Carranza, el Jefe del Regimiento 14 de Infantería Teniente Coronel José Luis Villegas, el presidente del Centro Comercial Hugo Sto-rani y Juan F. Remedi, este último designado secretario. Los fondos recaudados hacia el mes de septiembre de 1934 fue-ron girados a la comisión nombrada de oficio por el gobierno de la provincia42. Es de destacar que algunos miembros de la comisión riocuartense formaron parte de la comisión pro-vincial, no solo por vecindad geográfica con la localidad de Sampacho sino también por cercanía ideológica con el parti-do gobernante en la provincia. Esta comisión –a la que debía incorporarse Medeot– fue designada por el gobernador Frías para administrar los fondos destinados a ayudar a Sampacho, donde funcionaría su sede43.

Con respecto a la composición, Medeot no estuvo de acuerdo ya que consideraba que no se respetaba la autono-

41 Los Principios, 15-6- 1934. 42 El Pueblo, 14-6-1934; 15-6-1934.43 Dicha comisión estaba presidida por el Jefe del Regimiento 14 de Infantería; por el ingeniero Arturo López Sivilat del Departamento de Obras Públicas de la Provincia en carácter de vicepresidente; y, en el rol de vocales, el Jefe Político del Departamento Río Cuarto, el cura párroco de Sampacho Juan Cinotto, el Director del Museo de Ciencias Naturales de la Provincia Dr. Juan Olsacher y el Médico de los Tribunales de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Ernesto Álvarez.

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mía municipal de Sampacho; era indispensable para él que la comisión aludida estuviese formada por algunos vecinos de la localidad, dado que conocían las necesidades que se vivían en el lugar. Por esta razón, en un principio se negó a integrar-la44. No obstante, días más tarde respondió afirmativamente a la invitación con la condición de que una vez conocido y aceptado dicho plan, la muncipalidad de Sampacho se hiciera cargo de la administración de los fondos respectivos45.

Simultáneamente, a tres días de la sanción del decreto del gobierno provincial, el bloque socialista propuso en la Cá-mara de Diputados cordobesa la creación de una Junta de Re-construcción del pueblo de Sampacho. A los fines de unificar criterios, se estipulaba que estaría integrada por un represen-tante de la nación, otro de la provincia (nombrados por los respectivos poderes ejecutivos), el intendente municipal y tres concejales de Sampacho. La presidencia sería ejercida por el representante provincial, tendría a su cargo todo lo concer-niente a la distribución de víveres y socorros a la población y la reconstrucción de los edificios damnificados por el terre-moto elaborando para ello un censo, un plan de reconstruc-ción y determinando el monto de los créditos a otorgar. En la fundamentación del proyecto se sostenía que no bastaba con la distribución de ayuda con carácter perentorio, sino que se apuntaba a la reconstrucción del pueblo destruido46. Los sec-tores conservadores, a través del diario riocuartense El Pueblo, argumentaban que esta propuesta ya no tenía razón de ser, de-bido a que el Poder Ejecutivo había designado una Comisión Oficial47. Sin embargo, por considerar que esta no cumplía

44 La Vanguardia, 25-6-1934.45 La Vanguardia, 29-6-1934.46 Proyecto de ley “Junta de Reconstrucción del Pueblo de Sampacho”. Tomo NPD 90. 1934-1. Archivo Histórico de la Legislatura de Córdoba.47 El Pueblo, 5-7-1934.

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con sus funciones, los vecinos y la municipalidad de Sam-pacho decidieron realizar un censo de los damnificados para elaborar un plan de ayuda. Desde el órgano oficial del PS se hicieron públicos los aportes llegados a la intendencia como ayuda para los damnificados desde localidades vecinas, como así también de las intendencias de la Capital Federal y de la ciudad de Córdoba que por iniciativa de los legisladores so-cialistas giraron a la intendencia sampachense una ayuda de 50.000 y 5.000 pesos respectivamente48.

Consecuentemente, en función de la labor que se ve-nía desempeñando y de los fondos con los que se contaba, el 22 de julio un grupo de vecinos junto al intendente de Sampacho decidieron crear una comisión local para entre-vistarse con los poderes públicos, bloques parlamentarios y la prensa en general, con el objetivo de interesarlos por la suerte del pueblo y solicitarles una ley especial de créditos para reedificar Sampacho y la parte de la colonia afectada49. Dicha comisión estaba presidida por el intendente municipal e integrada por el presidente del Partido Demócrata local, Ángel Pegoraro, el valuador de rentas Eudoro Rodríguez, el Dr. José Rozzi, Jovita Redondo y Antonio Trentini (militante radical)50. Esta comisión redactó un memorial para fundar el petitorio, en el que se solicitaba se confeccionase un pla-no más reducido del pueblo, expropiando o comprando la nación las manzanas necesarias, con el fin de reducir su ex-tensión desmesurada, semidespoblada, para así formar una población más compacta y concentrada, fácil de prodigarle

48 La Vanguardia, 11-7-1934.49 Así lo hizo a comienzos de agosto de 1934 entrevistándose con el gobernador Frías y el presidente de la nación, respectivamente, solicitándoles se interesaran ante los legisladores nacionales para que contribuyeran a la sanción de la ley del proyecto socialista (El País y La Voz del Interior, 03-8-1934; La Vanguardia, 13-8-1934).50 El País y La Voz del Interior, 3-8-1934.

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los beneficios edilicios. La intendencia gestionaría en algunos bancos créditos en una suma igual a la que podía disponer la municipalidad para ayudar a los damnificados. A quienes se resolviera beneficiar, se les levantaría una casa con comodida-des mínimas, higiénica y segura, condonándole la mitad del costo del edificio y debiendo pagar lo restante el interesado al banco, en cuotas de amortización a un plazo razonable51. No obstante, finalmente esta comisión no fue reconocida como tal por el gobierno provincial.

En la esfera nacional, a fines de julio de 1934 el dipu-tado nacional por Córdoba, Juan P. Pressacco –perteneciente al Partido Socialista– presentó un proyecto de ley en el que se solicitaba un préstamo de 2.000.000 de pesos nacionales a ser invertidos en préstamos para construcción y reparación de construcciones en la localidad de Sampacho, dado que hasta el momento los socorros y ayudas que llegaron habían tenido como finalidad satisfacer las necesidades más inmediatas de alimentación y abrigo. Este proyecto fue aprobado finalmen-te un año después, el 27 de agosto de 193552. Al respecto, desde El Pueblo, se criticaba el hecho de que para los que no contaban con los medios, de nada les serviría que les abrieran un crédito bancario para reconstruir su vivienda. Criticaban además la postura del legislador en torno a la labor de la co-misión oficial, afirmando que un buen estudio de la situación no podía hacerse de un día para el otro53.

También desde el periódico riocuartense La Reacción se criticaba la postura asumida por Pressacco y lo tardío de su accionar respecto al problema de Sampacho, dado que se-gún este órgano fue el mismo intendente sampachense como presidente de la comisión pro-reconstrucción, en su calidad

51 La Vanguardia¸ 23-7-1934.52 Expediente Nº 532. Cámara de Diputados de la Nación. AHHCDN.53 El Pueblo, 29-7-1934.

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de socialista, quien le pidió a su correligionario una coope-ración más eficaz54.

En paralelo a la necesidad de reconstruir la localidad se encontraba la de reanudar las clases, las que comenzaron a dictarse en los vagones del ferrocarril que la provincia había solicitado. Esta situación se mantuvo hasta octubre de 1934 cuando, en ocasión del Congreso Eucarístico, la empresa reti-ró esos vagones pretextando necesitarlos para el transporte de pasajeros. Así, las escuelas provincial y nacional que allí fun-cionaban fueron suprimidas y el Consejo Nacional de Edu-cación trasladó a su personal, por lo que varios centenares de escolares quedaron sin atención alguna55. En función a ello, el intendente envió una nota al Consejo Provincial de Edu-cación el 24 de diciembre de 1934 con la finalidad de saber si había alguna disposición respecto a la reanudación de las clases para el siguiente ciclo lectivo, informándole que eran 849 los niños en condiciones de concurrir a la escuela y que no contaban hasta el momento con ninguna institución pú-blica o privada para hacerlo56. Fue recién en febrero de 1935 que el gobierno provincial decidió destinar una partida de 25.000 pesos, autorizados por la Junta del Trabajo creado por Ley Nº 3606, para la reparación del edificio escolar y la de los demás edificios administrativos con fondos ordinarios del presupuesto general.

También en ese mes, por medio de un decreto, el gobier-no demócrata anunció la distribución de 236.715 pesos, que se hallaban bajo la administración de la Comisión Oficial, en-tre los damnificados por el terremoto. En dicho documento se mencionaba que las construcciones debían ajustarse estric-tamente a las disposiciones que dictaba la municipalidad de

54 La Reacción, 29-7-1934.55 Córdoba, 19-10-1934.56 Caja “Juan B. Medeot”, MHRS.

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Sampacho, se fijaba además el importe de las indemnizacio-nes que serían destinadas exclusivamente para reconstrucción de los edificios y obras afectadas por el siniestro, y se harían efectivas a los damnificados a medida que se realizasen los tra-bajos. En las construcciones era obligatorio emplear material y mano de obra de la localidad, siempre que ello fuera posible y en igualdad de precios y condiciones con los elementos im-portados de afuera.

Respecto a la distribución de dichos fondos, desde Tri-buna Socialista (órgano oficial de la Federación Socialista de Córdoba) se criticaba el accionar del gobierno demócrata por haber procedido “con injusticia en unos casos y con favori-tismos en otros”. A la iglesia, por ejemplo, se le asignaron 15.000 pesos pero numerosas familias quedaron sin techo. Se sostenía que se pretendía seguir castigando a la población de Sampacho por “haberse dado una administración socialista”57.

Aún en 1938, bajo gestión radical, la municipalidad de Sampacho seguía padeciendo las consecuencias del sismo, así lo demuestra la nota elevada por el intendente Trentini el 4 de octubre de 1938 al presidente de la Cámara de Diputa-dos solicitando la sanción del proyecto de ley, presentado por Teobaldo Zavala Ortiz (a fines de septiembre de 1938), por el que se acordaba un subsidio extraordinario de 40.000 pesos a favor de la municipalidad. En dicha nota se hacía mención de la ley aprobada en 1935 en que se destinaban 2.000.000 de pesos en préstamo diciendo que, no obstante todos los pe-didos requeridos de parte de la comuna y población, siempre “fueron desoídos por el poder ejecutivo”58. Otro de los pro-yectos presentados por Zavala Ortiz, en septiembre de 1938, se relacionaba con el pedido de un subsidio extraordinario de

57 Tribuna Socialista, 20-3-1935.58 4 de octubre de 1938. Expediente 150. Cámara de Diputados de la Nación. AHHCDN.

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100.000 pesos para la reconstrucción de la iglesia parroquial de Sampacho, en cuya fundamentación mencionaba que la Ley Nº 12.189 no había sido cumplida sin dar, el poder eje-cutivo nacional, explicación alguna. El legislador radical ya había solicitado en noviembre de 1936 que se reglamentara y cumpliera con lo establecido por dicha ley, sin éxito alguno59.

Reflexiones finales

Juan B. Medeot –trabajador desde niño, autodidacta y socia-lista desde joven– asumió la intendencia de Sampacho tras las elecciones de diciembre de 1931, en las que el PS se presentó en alianza con otro partido de alcance municipal integran-do así la Alianza Civil. A lo largo de su mandato (que inició en febrero de 1932 y culminó en abril de 1936), encaró im-portantes obras públicas y debió enfrentar diversos focos de oposición vinculados con la puesta en marcha de proyectos que afectaban, fundamentalmente, a los principales contribu-yentes (como lo fue el caso de la pavimentación de las calles o el aumento de impuestos) y que tenían como finalidad pa-liar las consecuencias de la crisis económica de la época. Los principales adversarios políticos fueron el Partido Demócrata Nacional y la Iglesia católica, cuya voz era canalizada por el sacerdote de la localidad. Dichos adversarios no solo se expre-saron a través de sus representantes en el Concejo Deliberan-te, sino también en el espacio público a través del púlpito de la Iglesia y mediante el uso de panfletos, hasta la aparición en abril de 1933 de un periódico opositor, conformándose en dicha coyuntura una “liga antisocialista”.  

59 12 de noviembre de 1936. Expediente 867. Cámara de Diputados de la Nación. AHHCDN.

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Aunque quizás el problema más importante que Medeot debió enfrentar durante su gestión fue el del terremoto pro-ducido en junio de 1934, que mostró el malogrado alcance del accionar del socialismo cordobés en el plano legislativo en torno al tema, el peso ejercido por el partido gobernante a cargo del ejecutivo provincial como así también la desaten-ción del gobierno nacional. Podría decirse entonces que fue este episodio, sumado a la vuelta de la Unión Cívica Radical a la competencia electoral,  lo que recortó la posibilidad de una reelección de Juan B. Medeot hacia fines de 1935.

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UN ADMINISTRADOR BAJO EL SIGNO DEL FASCISMO: CARLOS VISMARA, INTENDENTE DE RÍO CUARTO (1932-1936)

Rebeca Camaño Semprini

Introducción

A comienzos de 1931 la presión simultánea de los partidos políticos, el Ejército y los principales medios de prensa habían llevado al gobierno de Uriburu a poner en suspenso los pro-yectos de ingeniería institucional más ambiciosos del nacio-nalismo integrista y a ensayar una salida electoral que, espe-raban, se convirtiera en un acto plebiscitario sobre su gestión. Sin embargo, el revés sufrido en los comicios bonaerenses de abril de 1931, en los que triunfó el radicalismo, llevó –luego de su anulación– a un repliegue del gobierno y a la convoca-toria de elecciones de autoridades nacionales para noviem-bre (Cfr. Macor, 2001: 59-61). Esto tuvo su correlato en las provincias y municipalidades que desde septiembre del año anterior se encontraban intervenidas1.

Consecuentemente, el 27 de diciembre se realizaron elecciones municipales en Río Cuarto. En ellas, los princi-pales contrincantes fueron Carlos Vismara, por el Comité de Comercio y Domingo Grandi por el Partido Demócrata2. Aunque el radicalismo había decretado la abstención, que de-bía hacerse también efectiva en los espacios municipales3, una

1 Justicia, 18-11-1931. 2 Justicia, 26-11-1931. 3 Justicia, 4-12-1931.

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de sus alas apoyó decididamente al primer candidato. Esto –sumado al apoyo de comerciantes y empresarios– le permitió triunfar, aunque escuetamente, con 1.725 votos frente a los 1.597 obtenidos por su adversario. Muy lejos quedó el Parti-do Socialista, que solo obtuvo 148 votos. Este contraste nota-ble con lo que ocurrió a nivel nacional –e incluso provincial–, donde el voto radical se orientó hacia el socialismo, puede ex-plicarse si se atiende al predominio que para entonces tenían los sectores más conservadores dentro de la UCR riocuartense (Cfr. Camaño, 2015).

Su gestión se caracterizó por el fomento de la obra pú-blica como paliativo de la crisis económica que atravesaba entonces el país. Sin embargo, aunque dicha política le per-mitió contar con el renovado apoyo de parte de las “fuerzas vivas” locales, también le granjeó la oposición de propietarios y constructores. A esto se sumó el resquemor que generó en la sociedad riocuartense su pública adscripción al fascismo. Las crecientes críticas y las movilizaciones de rechazo llevaron a que sus otrora aliados políticos emprendieran una arremetida en su contra. Ambos problemas se trasladaron al Concejo De-liberante, la prensa local y las calles de la ciudad, espacios que se constituyeron en arenas de estos conflictos.

No es un político sino un administrador: perfil de Carlos Vismara

Fueron los sólidos lazos sociales, más que una carrera políti-ca, los que catapultaron a Vismara a la intendencia. Al pre-sentarse como candidato hizo hincapié tanto en sus orígenes extrapartidarios, lo que le permitía escapar a los vicios de la política, como en sus antecedentes en el mundo de los nego-cios, que sustentaban sus dotes para la administración. Esta

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concepción acerca de los rasgos que debía asumir su gestión al frente de la municipalidad se hallaba imbuida de su ideología fascista, públicamente reconocida.

Carrera política

Carlos Vismara se hallaba sólidamente inserto en la sociedad riocuartense, tanto por sus actividades económicas como por su participación en diversas instituciones locales, entre las que se destacaban la Sociedad Italiana Porta Pía y el Centro Co-mercial, Industrial y Ganadero de Río Cuarto, a las que llegó a presidir. La primera había sido fundada en 1875 y sus miem-bros tradicionalmente tuvieron una destacada actuación en la política municipal, llegando varios de ellos a ocupar el Eje-cutivo municipal (Alfredo Boasi, Moisés Valentinuzzi, For-tunato E. Remedi y Tiburcio Luque, estos últimos dos como miembros de una Comisión Administrativa) y otros tantos a desempeñarse como concejales (Pietro Adamo, Chiafreddo Manavella, Felice Remedi, Pietro Solari, Angelo Rotondi, Ca-yetano Vitale) entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX (Cfr. Lucero Moriconi, 2014). Es decir, esta entidad no solo era un ámbito de sociabilidad que contribuyó a mo-dernizar las prácticas en el espacio público riocuartense sino que también constituyó un espacio en el cual se reproduje-ron lazos sociales, se favoreció la concreción de negocios y el establecimiento de alianzas políticas. En cuanto al segundo, podemos decir que desde fines del siglo XIX se registraron diversas instancias asociativas en la ciudad que procuraron nuclear a los sectores comerciantes, entre las que se destacó el Club Central de Comercio, el cual fue un espacio recreativo. Desde los primeros años del siglo XX hubo un claro intento de participar en política, especialmente a partir del Comité de Comercio fundado en 1912. Existió una notoria confluencia

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entre quienes participaron en esta experiencia y los fundado-res del Centro Comercial, Industrial y Ganadero en 1922. Sus integrantes se hallaban especialmente vinculados al co-mercio importador-mayorista. Sin embargo, también poseían –como en el caso de Vismara– intereses diversificados vincu-lados al agro (consignación de inmuebles, cereales y hacienda, seguros, finanzas, etc.). En síntesis, aunque no puede hablarse de una trayectoria política propiamente dicha, puesto que no integró las filas de ningún partido, estos espacios le sirvieron de catapulta para su candidatura por el Comité de Comercio en las elecciones municipales de diciembre de 19314.

Su campaña frente al candidato demócrata Domingo Grandise se basó en la presentación de la contienda como un enfrentamiento entre la administración y la política. Al res-pecto, se afirmaba: “El Comité del Comercio no es una enti-dad política y precisamente en eso radica su prestigio. Su lista de candidatos a intendente y concejales responde a su elevado propósito administrativo, dejando a un lado la política”5. En efecto, entre los candidatos a concejales se incluían nombres provenientes del radicalismo (Hugo Storani, Adelo Berti), el conservadorismo (Alfredo Remedi) y el nacionalismo español (Alejandro Carreira)6.

Pese a esto, y eludiendo la abstención decretada por el partido, contó con el franco apoyo electoral del radicalismo garzonista de Río Cuarto. Este ala de la UCR respondía al dirigente cordobés Agustín Garzón Agulla, para quien la de-mocracia no era sino “el gobierno de los mejores para el bien de todos” y que, pese a reconocerse liberal, no ocultaba su fe

4 Este partido de alcance municipal contaba con prácticamente dos décadas de desempeño en Río Cuarto, habiendo conseguido llevar a la intendencia a Daguerre (1918-1921) y en dos oportunidades a Vicente Mójica (1922-1925 y 1925-1927) en las primeras décadas del siglo XX.5 Justicia, 21-12-1931. 6 Justicia, 5-12-1931.

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católica; por el contrario, hacía de ella el norte de sus deci-siones políticas (Moyano Aliaga y Garzón de Nelles, 2000: 409). En el espacio riocuartense, este sector se hallaba lidera-do por el médico Felipe Gómez del Junco, quien había estado a cargo del Hospital Antituberculoso durante la intervención municipal entre 1930-1932 y luego apoyó decididamente la candidatura de Vismara.

Este respaldo se vio plasmado además en las hojas de la prensa afín, haciendo de Justicia el “paladín” de su campaña. Vismara fue el único candidato al que entrevistó el diario, otorgándole, además, las páginas principales de la publica-ción a las palabras vertidas por el aspirante al Ejecutivo muni-cipal. Asimismo, a casi una semana de los comicios, auguraba que –de ganar– Vismara y los concejales que lo acompañaban encabezarían “un gobierno comunal de orden y progreso sal-vando a la Municipalidad de Río Cuarto de la ruina en que se encuentra y bregando porque nuestra urbe se mantenga en las debidas condiciones de estética e higiene”7. “Están frente a frente la administración y la política” sentenció Justicia en vísperas de la contienda electoral. La primera, de acuerdo con el diario, estaba representada por el Comité del Comercio, mientras que la segunda lo era por el Partido Demócrata. Se-gún la evaluación que realizaba, el pueblo riocuartense había fijado sus ojos en Vismara y cifrado en él sus esperanzas por-que “no es un político, ni un intelectual, sí simplemente un administrador, lo que evidencia su actuación financiera, pues supo hacer el milagro de sacar una fortuna de la nada”8. Este respaldo –como el del sector garzonista al cual respondía Jus-ticia– fue retirado poco después cuando, como veremos en los próximos apartados, crecieron los conflictos tanto al interior del propio radicalismo como entre los elementos democráti-cos y los simpatizantes locales del fascismo.

7 Justicia, 18-12-1931.8 Justicia, 26-12-1931.

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Universo ideológico

La concepción que Vismara tenía tanto de la política como de sus funciones públicas remitía a la tradicional oposición en el ámbito municipal entre administración y política. En una percepción dicotómica de ambas esferas, mientras la ad-ministración era homologada a una gestión racional, eficien-te y sistemática, la política era percibida como un ámbito en el que predominaban el pragmatismo, los intereses mezqui-nos de los distintos partidos políticos, la discrecionalidad y el conflicto. Consecuentemente, tal como ya había queda-do explicitado en la campaña, Vismara le otorgaba una clara preminencia a la primera, al tiempo que prácticamente des-preciaba a la segunda. Lejos de atemperarse con el paso del tiempo, esta postura se fue consolidando durante su gestión. Así, en 1934, afirmaba: “todo Río Cuarto sabe perfectamente que yo nunca he tomado la menor participación política: que tal ha sido, es y será, mi invariable norma de conducta”9. No obstante esta formulación discursiva, tal como ha señalado Oszlak (1980), la opción por la administración, tanto como por la política, remite a un modelo alternativo de decisión y acción y, en última instancia, presupone también una forma de hacer política.

Seguramente esta visión se derivaba de su adscripción al fascismo públicamente reconocida, aunque bajo la aclara-ción de que: “Es verdad que soy fascista, pero fascista italiano, como no es menos verdad que el fascismo italiano nada tiene que ver ni se inmiscuye con el de cualquier otra nación”10. Lejos de constituir un mero acto perlocutorio, esta afirma-ción remitía a las distancias que mediaban entre dos tipos de fascismo actuantes en la provincia que, pese a sus similitudes,

9 El Pueblo, 22-3-1934.10 El Pueblo, 22-3-1934.

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presentaban diferencias sustantivas; entre las que podríamos destacar el contraste entre el cuño elitista y aristocratizante del fascismo criollo y el componente plebeyo del italiano. En efecto, la recepción de este último en Córdoba distó de ser lineal o refleja. Por el contrario, se vio resignificada en virtud de la matriz ideológica integrista que predominaba en el cato-licismo tradicionalista mediterráneo. Se trataba de un tipo de pensamiento político sacralizado, aggiornado pero premoder-no, que enlazaba con la vieja tradición clerical de los sectores patricios provinciales y miraba con cierto desprecio elitista a las mayorías populares (Cfr. Tcach, 2008).

Pese a que Vismara manifestaba no participar de polí-tica ni inmiscuirse en las actividades fascistas criollas, de las que buscaba discursivamente alejarse, en 1934 le dio un ma-nifiesto apoyo –en tanto autoridad municipal– a la Acción Nacionalista Argentina (ANA) para la organización de una serie de conferencias en distintos puntos de la ciudad. Esta organización, también denominada ADUNA, había sido fundada en 1932 por uriburistas como Juan P. Ramos, Carlos Obligado y Alberto Uriburu (Cfr. Buchrucker, 1987). Este último, hijo del ex presidente, participó junto a otros diri-gentes metropolitanos como el Tte. Coronel Kinkelin y el ex interventor federal Torino de estos mitines, acompañado por legionarios uniformados11. La participación del intendente en la conferencia de cierre celebrada en el Teatro Municipal fue duramente criticada por los sectores democráticos de Río Cuarto y, como veremos en el siguiente apartado, renovó el enfrentamiento con las fuerzas políticas que lo habían apoya-do electoralmente en 1931.

La cercanía con este fascismo resignificado en virtud de la matriz ideológica integrista que predominaba en el catoli-cismo tradicionalista, también se puso de manifiesto en 1935

11 El Pueblo, 15-3-1934 y 18-3-1934.

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cuando arribó a la ciudad el flamante obispo diocesano, Mon-señor Leopoldo Buteler. Al descender del tren, el prelado fue recibido por Vismara –en calidad de intendente municipal y presidente de la comisión de homenaje–, quien expresó:

Venís en nombre del Dios de la paz en estos momen-tos aciagos en que la civilización moderna está en crisis, porque ha receptado en su agonía todos los delirios de las pasiones humanas para arrancar de la Humanidad a Jesucristo; ha pedido al cesarismo pagano sus cruelda-des; a la herejía sus blasfemias; al arte sus concupiscen-cias y a la impiedad su pluma envenenada para acabar, si posible fuera, con la Iglesia y sus ministros, con su doc-trina y su culto, cuando ahora más que nunca se siente la necesidad imprescindible de la religión católica, esa gran civilizadora de los pueblos, en la triple espera del progreso intelectual, moral y material (…).¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna al ungido del Señor! ¡Hosanna al primer Obispo de Río Cuarto!12

Existía una plena concordancia del pensamiento de Vis-mara con el que Buteler había manifestado a lo largo de su carrera eclesiástica y radicalizaría en los años sucesivos: con-dena de la modernidad, reprobación de las tentaciones mun-danas, crisis de moralidad. Como un adelanto de las buenas relaciones mantenidas entre el Poder Ejecutivo municipal y las nuevas autoridades eclesiásticas, esa noche los edificios pú-blicos de la ciudad fueron iluminados, haciendo que la misma luciera “espléndida”, según el diario católico Los Principios, quien además destacó “la actitud eficiente del jefe de la co-muna procurando el mayor realce de estos festejos, en los que tan patente se ha manifestado el acendrado catolicismo de la ciudad”13. Esta imagen da cuenta de la buena predisposición

12 El Pueblo, 22-3-1935. 13 Los Principios, 22-3-1935.

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de los poderes políticos para con las autoridades eclesiásticas, al poner al personal municipal al servicio de la Iglesia y todo el empeño para que la celebración católica tuviera el mayor bri-llo posible. Las palabras de Vismara en el marco de la recep-ción ofrecida en la municipalidad son muestra de lo anterior:

Señores, la fe de Río Cuarto está bien cimentada, la obra a realizarse es mucha, en vuestras manos está, Excmo. señor el encauzarla, dirigirla y alentarla. La sujeción a la Iglesia y a vuestro poder no nos rebaja, al contrario, mas conscientes de nuestra responsabilidad, nos ennoblece y ensalza14.

Esta subordinación de la autoridad política a la eclesiás-tica no era meramente protocolar, sino que puede enmarcarse dentro de la política de acercamiento a la Iglesia católica em-prendida –bajo distintas circunstancias y características– tan-to por los fascistas italianos como por los criollos a lo largo de la década de 1930. Reflejaba, por otra parte, la simpatía con que las jerarquías eclesiásticas miraban la experiencia fascista, en tanto modelo corporativista que podía conjugarse con el catolicismo social (Cfr. Tcach, 2008).

Extracción social

Vismara había nacido en Italia en 1874, hijo de José Vis-mara y Emilia Ripamonti. Fue justamente la pertenencia a esta vinculada familia lo que le permitió llegar a la ciudad de Río Cuarto a comienzos del siglo XX como gerente de la im-portante firma comercial Ripamonti. En efecto, esta familia era propietaria rural de la zona La Brianza, al sudeste de Río Cuarto, donde contaban con unas 38.000 hectáreas. Durante

14 El Pueblo, 23-3-1935.

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los primeros años del siglo XX habían fundado la citada casa comercial, dedicada tanto a la comercialización de productos agropecuarios como al abastecimiento de insumos para la ac-tividad agropecuaria.

A través de la familia Ripamonti se hallaba vinculado, por medio de lazos matrimoniales y a través de la concerta-ción de negocios conjuntos, con otras familias inmigrantes como los Jorba, los Daguerre y los Remedi. Estos apellidos integraron, asimismo, diferentes espacios de sociabilidad en-tre los que se destacaron la Biblioteca Moreno, el Club Social (luego, Jockey Club) y las distintas sociedades de socorro mu-tuo. El formar parte de estos ámbitos les permitió integrarse a los sectores dominantes locales donde predominaban los des-cendientes de los conquistadores del siglo XVI y los primeros pobladores del siglo XVII y XVIII que habían controlado las rutas comerciales (del circuito potosino) y monopolizado las estructuras de poder local.

Consecuentemente, fueron sus lazos familiares y sociales los que le permitieron a Vismara el llegar a posicionarse eco-nómica y políticamente. En el primer caso, luego de varios años desempeñándose como gerente, logró independizarse y formar su propia firma para el financiamiento de inversio-nes inmobiliarias, consignatarias y de líneas de crédito, entre otras. Como hemos visto, fue justamente su capacidad para los negocios lo que le sirvió de base para la elaboración de su campaña electoral.

Obras públicas y ajuste presupuestario: las políticas municipales

El eje central de su administración fue la política de obras públicas emprendida para atemperar las consecuencias de la

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recesión y el desempleo provocados por la crisis económica. En efecto, esta había causado serios problemas a los agricul-tores para comercializar su producción, lo cual sumado al aumento de los arrendamientos y la falta de créditos, tuvo efectos acentuados en el comercio y la industria (Cfr. Or-tiz Bergia, 2009: 116). Su importancia no puede soslayarse en una ciudad como Río Cuarto, articuladora del espacio rural circundante, a través de los servicios financieros y de intermediación comercial de los productos agropecuarios, así como proveedora de insumos, maquinaria, herramientas y alimentos producidos en una industria que aún no supera-ba la etapa manufactura (Cfr. De Imaz, 1965; Hernández y Carbonari, 2012).

Fue en este contexto, entonces, que el proyecto origi-nal, presentado por el Departamento Ejecutivo en octubre de 1932 incluía un plan de mejoras infraestructurales con ca-rácter compulsivo. Puntualmente, se propuso la licitación de un plan de pavimentación e instalación de un sistema cloacal domiciliario. El pago recaería sobre los propietarios, quienes además de los pavimentos y cordones, deberían costear las veredas construidas o mejoradas y las cloacas instaladas. El plazo para efectuar estos pagos era de ciento veinte meses, es decir, diez años, con una tasa de interés del ocho por ciento, pudiendo también efectuarse un solo pago al contado15. Pese a que –con proporciones más acotadas– finalmente fue con-cretada y con el paso de los años sería recordada como “punto inicial de la gran evolución edilicia que emprendió nuestra ciudad”16, esta propuesta despertó opiniones enfrentadas y tuvo interesantes consecuencias para la política local.

15 El Pueblo, 29-10-1932. 16 El Pueblo, 24-8-1945.

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Aliados

Vismara llegó a la intendencia con el franco apoyo de las “fuerzas vivas” riocuartenses y el respaldo electoral del radi-calismo garzonista. Con respecto a las primeras, puede decir-se que su plan de obras públicas provocó una división entre aquellas que le retiraron su respaldo y quienes se lo renovaron. Entre estas últimas, encontramos a la industria ladrillera y el comercio riocuartenses. Ambos hicieron público el aval que le prestaban a esta propuesta. Así, en octubre de 1932 los re-presentantes de la producción ladrillera elevaron una nota al intendente y, por su intermedio, al Concejo Deliberante, en la que señalaban:

Los que suscriben, representantes directos de la industria ladrillera de la localidad, que en la hora presente sufre las consecuencias de la paralización general por la crisis sin precedentes que aflige al país, se han enterado de que la municipalidad tiene a estudio un importante plan de obras públicas (…). La importancia de tales obras ra-dicaría (…) en el hecho de la inversión de capitales ex-traños a nuestro medio, en una proporción que por sí sola bastaría para conjurar el grave problema de la falta de trabajo, que si llegara a prolongarse, abatirá nuestras energías llevando la miseria y la desesperación a nuestros hogares (…). Por ello (…) pedimos la pronta realización de las obras proyectadas, afirmando que ese solo hecho por su gran transcendencia económica y social, bastará para prestigiar esa administración haciendo a sus repre-sentantes acreedores a la consideración pública17.

Coincidentemente con estas apreciaciones, reconocidas firmas comerciales riocuartenses prestaron su apoyo a través de una nota elevada al Concejo Deliberante:

17 El Pueblo, 23-10-1932.

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Aunque conocemos dicho plan solo en líneas generales, ello nos basta para solidarizarnos con la gestión del señor intendente, quien apreciando con singular acierto los complejos problemas del momento ha buscado la solu-ción más satisfactoria para los múltiples intereses afec-tados por la crisis que agobia todas las actividades de la vida común (…). Los beneficios que la ejecución de esos trabajos traerá a la población, son cuantiosos y alcanza-rán a todos por igual. El empleo de fuertes capitales en una proporción nunca vista entre nosotros permitirá la ocupación de numerosos obreros que hoy soportan los rigores de la más cruda miseria y traerá también la vida a nuestro desmoralizado comercio, tonificando todas las actividades de tal manera que el pavoroso problema del hambre, que ya se asoma por todas partes, extraviando las conciencias, se habrá conjurado para siempre quizás18.

Con respecto a sus aliados políticos la situación fue aún más compleja. El hecho de que reconociera su adscripción al fascismo italiano y participara de las reuniones de organiza-ciones de derecha como la ANA, fue disparador para que se produjera un realineamiento político. Para comprender este proceso deben tenerse en cuenta varios aspectos. Por una par-te, tenemos que señalar que –merced al establecimiento del voto directo para las internas partidarias de la UCR– había comenzado a producirse una renovación dirigencial dentro del radicalismo riocuartense, como consecuencia de la cual los sectores más tradicionales del partido estaban siendo des-plazados por el ala sabattinista. Por otra parte, esta renova-ción se tradujo en un cuestionamiento cada vez más explícito hacia aquellos sectores del radicalismo que habían apoyado la candidatura de Vismara, tanto porque se había burlado la abstención establecida como por la ideología fascista del in-

18 El Pueblo, 4-11-1932.

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tendente. Finalmente, las acusaciones de “colaboracionismo” que recaían sobre los radicales garzonistas de Río Cuarto y los rumores de vinculaciones –por asociación– con el fascis-mo, llevaron a que a partir del mismo 1932 estos sectores no solo le retiraran su apoyo sino que además iniciaran una dura campaña en su contra. En cambio, otros radicales como el concejal Hugo Storani, pese a estar vinculado con el ala más progresista del radicalismo local, mantuvo su apoyo a las po-líticas impulsadas por el Ejecutivo municipal durante toda la gestión de Vismara.

Opositores

Como ya hemos indicado, la disminución de su gravitación al interior del partido llevó al sector garzonista, nucleado en torno a Felipe Gómez del Junco, a abandonar el apoyo hasta el momento brindado a Vismara, posicionándose a partir de entonces en la oposición, tanto dentro del Concejo Delibe-rante, de la mano del concejal Adelo Berti, como en los me-dios de prensa. En esta estrategia cumplió un importante rol el diario Justicia, desde cuyas páginas se emprendió una fuerte arremetida en contra de Vismara.

A fines de 1932, este reacomodamiento estratégico del ra-dicalismo garzonista coincidió con la oposición que despertaba entre parte de las “fuerzas vivas” riocuartenses el plan de obras públicas presentado por Vismara. Anteriormente señalamos que el comercio y la construcción habían apoyado la propues-ta. Por el contrario, los sectores constructores y propietarios la rechazaron de plano. Los primeros, porque les significaba una competencia a sus propias ofertas privadas de obras cloacales y los segundos porque no veían ventajoso hacer inversiones en propiedades destinadas, en su mayoría, al alquiler19.

19 El Pueblo, 8-11-1932.

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Además de la rivalidad de los otrora aliados, Vismara debió enfrentar la oposición de los sectores democráticos de Río Cuarto. En efecto, luego de la citada participación en la conferencia de cierre de la ANA, en abril de 1934 los partidos políticos actuantes en Río Cuarto decidieron unirse en un frente único con el propósito de “realizar un acto de afirma-ción democrática, rebatiendo las argumentaciones de los que aspiran a reemplazar nuestras democráticas instituciones con un régimen dictatorial”20.

Consecuentemente, las fuerzas políticas opositoras se unieron en defensa de las “dos columnas de la vida cívica”: la libertad y la democracia, esperando colocar a Río Cuarto “a la vanguardia de los pueblos libres”21. En la organización de este frente antifascista –constituido por representantes de la Unión Cívica Radical y los partidos Demócrata, Socialista y Comunista– tuvo un rol protagónico la Juventud Radical, bajo la presidencia del sabattinista Humberto Strubbia. En el acto central de afirmación democrática, organizado en abril de 1934, dicho dirigente afirmó que Río Cuarto se hallaba contra toda fuerza que ostentara la ideología fascista, catalogándolas de reaccionarias y traidoras de la verdadera argentinidad.

Durante los meses siguientes, fueron sostenidos los ac-tos de afirmación democrática y antifascista en la ciudad, co-ronados en diciembre con la oficialización del Frente Único Antifascista22. Esta experiencia constituyó un antecedente vanguardista en la estrategia de constitución de frentes po-pulares impulsada a partir de 1935 por el VII Congreso de la Internacional Comunista para enfrentar al fascismo, la cual llevaría una década más tarde a la creación en la ciudad de la Agrupación Pro-Conciliación Nacional para enfrentar las candidaturas peronistas.

20 El Pueblo, 27-3-1934.21 El Pueblo, 5-4-1934.22 El Pueblo, 7-12-1934.

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Arenas de conflicto

Podemos identificar al menos tres arenas en las que se desa-rrollaron conflictos entre el oficialismo y los sectores oposi-tores. La primera de ellas estuvo constituida por el espacio por antonomasia para la discusión de la política municipal: el Concejo Deliberante. La segunda fue la prensa riocuartense, en particular si atendemos al rol jugado por el diario Justi-cia. La tercera: la propia calle. En efecto, no fueron pocos los enfrentamientos callejeros que se dieron entre las fuerzas de-mocráticas y aquellas que adscribían al fascismo. Asimismo, la plaza se constituyó en repetidas oportunidades en tribuna pública de ambas tendencias.

En cuanto a la primera arena de conflicto, podemos de-cir que un momento especialmente álgido tuvo lugar hacia fi-nes de octubre de 1932 cuando, como respuesta a las peticio-nes de los sindicatos locales que aducían tener fichados “2300 obreros que a la sazón se encontraban en la más completa indigencia a causa de la desocupación reinante”23, el Depar-tamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de obras públicas (centrado en la construcción de pavimentos, cloacas domiciliarias y desagües pluviales) que tendía a paliar la paralización de las construcciones en la ciudad y el consecuente desempleo de los obreros del ramo. Como hemos visto, si esta iniciativa contó rápidamente con el apoyo de las entidades que nucleaban a la industria ladri-llera y el comercio locales (actividades que, de ser aprobada, resultarían a la postre beneficiadas), simultáneamente suscitó la oposición tanto de la Comisión de Constructores de Obras, Cloaquistas y Anexos como de los sectores propietarios. Tam-bién los financistas locales se mostraron reticentes ante la

23 El Pueblo, 30-10-1932.

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propuesta estatal, pues los plazos e intereses propuestos eran mucho más ventajosos que los que ellos hubieran ofrecido en forma privada24.

Teniendo en cuenta estos posicionamientos, resulta in-teresante el seguimiento de las discusiones de este proyecto en el seno del Concejo Deliberante porque permite identificar algunas interferencias de la lógica corporativa de mediación política25 en su desarrollo. Para comprenderlas acabadamente, debemos tener en cuenta que su tratamiento provocó reali-neamientos dentro de las fuerzas políticas allí representadas. Por ejemplo, el radical garzonista Adelo Berti, que había sido elegido por el Comité de Comercio, se movió a partir de en-tonces hacia una posición opositora en sus tareas legislativas. En su argumentación en contra, manifestó estar “en el H. Concejo representando al gremio de cloaquistas y construc-tores y por su mandato rechazar[ía] de plano el proyecto, sin estudiarlo”. Esta postura fue condenada de plano por la prensa demócrata: “Un señor concejal dispuesto a defender con preferencia intereses de un determinado gremio –que son los suyos propios– decorosamente debe abandonar el cargo, ya que el electorado lo eligió para la defensa de los intereses colectivos en general y no los particulares y personales”. Tam-bién se cuestionaba al Concejo Deliberante por no sancionar tal conducta26.

Por el contrario, desde las páginas del diario radical no solo se aplaudía el desempeño del Legislativo sino que se ins-taba a los propietarios riocuartenses a la desobediencia fiscal hasta que renunciaran las autoridades comunales:

24 El Pueblo, 21-10-1932; 23-10-1932; 25-10-1932; 1-11-1932; 4-11-1932; 8-11-1932. 25 Retomamos la distinción realizada por Ansaldi (1994).26 El Pueblo, 23-11-1932.

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El proyecto de pavimentación y cloacas, está ya ente-rrado. Será inútil que se inyecten oxígeno. Los cadáve-res no resucitan. Ahora solo resta castigar a los audaces obligándoles a renunciar. ¡Viva la resistencia pasiva! ¡A no pagar impuestos municipales! ¡Propietarios de pie! El pueblo en masa los acompaña. La lucha debe ser sin cuartel hasta conseguir la victoria27.

No obstante que este objetivo no fue alcanzado, pues tras rechazar su proyecto el Concejo Deliberante unánime-mente le otorgó su “voto de confianza” a Vismara, quien des-empeñó normalmente sus funciones hasta 1935, este episodio tuvo importantes consecuencias para la vida política local. En primer lugar, como consecuencia de la discusión generada en torno al plan de obras públicas proyectado por el Ejecuti-vo municipal quedó constituido el Centro de Propietarios y Contribuyentes de Río Cuarto, entidad que a partir de en-tonces tuvo una fuerte presencia en la toma de decisiones ati-nentes a la administración comunal. En segundo lugar, pese a su carácter corporativo, su conformación no estuvo exenta de intereses partidarios. En efecto, la comisión encargada de redactar su estatuto estuvo integrada tanto por el concejal Berti como por los dirigentes Felipe Gómez del Junco y Teó-filo Bermúdez, todos pertenecientes al ala garzonista del ra-dicalismo local. Esta circunstancia no se le escapó a la prensa demócrata, la cual sentenció:

El movimiento político, disfrazado de apolítico, está di-rigido por una de las fracciones radicales. Nosotros so-mos muy entusiastas por la agremiación de los señores propietarios y de los señores contribuyentes en general (…). Pero una entidad que naciese impulsada por mez-

27 Justicia, 23-11-1932.

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quinas finalidades de orden político, fatalmente iría de-recho al fracaso más rotundo28.

En tercer lugar, el plan de obras públicas emprendido por el gobierno estuvo lejos de ser abandonado tras este re-chazo. Cediendo a las presiones de los sectores constructores, cuando el Ejecutivo presentó nuevamente su plan de obras públicas en 1934 se limitó a la pavimentación de alrededor de cincuenta cuadras, dejando de lado las obras cloacales. Sin embargo, en esta oportunidad los intentos corporativos del Centro de Propietarios y Contribuyentes por influir en las decisiones gubernamentales y frenar las proyectadas reformas resultaron infructuosos. El Ejecutivo logró ese año, además, la sanción de dos iniciativas muy importantes en esta área: las ordenanzas generales de pavimentación y construcciones, con las cuales quedaban reglamentadas los proyectos públicos y privados en este sentido29. Además de una victoria personal de Vismara sobre los adversarios a sus políticas públicas, tanto de la oposición como de su propio partido, significaba un triun-fo de los poderes públicos sobre las corporaciones defensoras de los intereses económicos de un sector.

La segunda arena fue, como hemos señalado, la prensa local. Particularmente nos ocupamos del diario Justicia, por su rol tanto en la campaña electoral de 1931 –al que ya he-mos hecho referencia– como en la envestida en contra de Vis-mara a partir del año siguiente. Dados los vínculos que esta publicación tenía con los sectores garzonistas, su cambio de rumbo respondía al realineamiento que se había producido también dentro del radicalismo. Así, en noviembre de 1932,

28 El Pueblo, 30-11-1932. 29 Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (AHMRC). Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante (24-8-1934; 31-8-1934; 7-9-1934).

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en la presentación de una entrevista que se le realizó a Gómez del Junco, Justicia aseveraba:

Retirado este apoyo [el del radicalismo garzonista] y el del periodismo que los auspició en las difíciles horas de la lucha, las actuales autoridades de la comuna, son virtualmente cadáveres. Si tienen un ápice de pudor, deben retirarse, sin esperar acciones cuyas consecuen-cias pudieran ser fatales, dada la efervescencia pública. El comercio, el radicalismo y el periodismo, los repu-dian enérgica y públicamente. Por lo tanto, no pueden honradamente continuar en sus cargos. Su situación no puede ser más desairada. El repudio es general. Han fra-casado y deben irse30.

Para lograr la renuncia de las autoridades municipales promovió –como ya mencionamos–la desobediencia fiscal. Asimismo, buscó instalar en la opinión pública riocuarten-se la idea de que la comuna sufría una acefalía, al tiempo que instaba a la movilización en contra de las autoridades municipales para lograr su renuncia. En este sentido, a fi-nes de 1932 sentenciaba: “La intendencia, virtualmente está vacante”31; y meses después, bajo el título de “Río Cuarto dejará sentir su voz de protesta contra las autoridades muni-cipales”, argumentaba:

Es por demás justificable la unánime protesta que reco-rre los cuatro costados de la ciudad y también razonable y justiciera la actitud asumida por el pueblo (…) cuyo repudio y desprecio al intendente se ha de exteriorizar una vez más en el gran mitin que se llevará a cabo esta tarde en la plaza pública donde la expresión sincera de

30 Justicia, 18-11-1932.31 Justicia, 30-11-1932.

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un general sentir ha de ir a retumbar en el vacío caserón del inútil palacio municipal32.

Por otro lado, y como parte de la estrategia que los radi-cales emprendieron para librarse de las versiones que los vin-culaban a tendencias fascistas, Justicia publicó una serie de editoriales en los que buscaban establecer una clara diferencia entre el gobierno municipal y la UCR. Así, por ejemplo, en una nota se preguntaba retóricamente “Las actuales autorida-des municipales, ¿son o no radicales?”33 y en otra, afirmaba “La comuna es fascista, no radical”34, al tiempo que instaba a los radicales a negar públicamente cualquier vinculación con Vismara en particular y, más ampliamente, con el fascismo: “El Comité de Circuito debe de hablar. La actitud en silencio es complicarse”35.

Las críticas en este sentido se reavivaron al año siguiente cuando Vismara asistió en calidad de intendente al citado mi-tín nacionalista celebrado en el Teatro Municipal. Frente a su defensa fundada en que el fascismo italiano al que adscribía nada tenía que ver con el surgido en Argentina y lejos estaba de inmiscuirse en la política nacional, Justicia le recordaba que tiempo atrás dentro de su entorno se había manifestado: “El movimiento que se está operando en nuestro país es igual al que se está operando en Italia, Austria, Alemania y que ya está entrando en Francia, Inglaterra y que acabará por impo-nerse en todas partes”36.

Fue en particular este conflicto entablado entre las fuer-zas fascistas y las democráticas el que se trasladó a la calle.

32 Justicia, 3-11-1933. 33 Justicia, 2-8-1933. 34 Justicia, 6-6-1933.35 Justicia, 7-6-1933.36 Justicia, 22-3-1934.

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Dos momentos fueron particularmente ríspidos: octubre de 1933 y marzo-abril de 1934. El primero de ellos se desató a partir de la constitución de un “fascio argentino” en la ciudad y se caracterizó por la lucha por la conquista de los espacios públicos riocuartenses. Así, el miércoles 25 de octubre El Pue-blo informaba: “Carteles murales, distribución de periódicos, volantes, circulares, etc. han puesto de manifiesto la gran acti-vidad que los afiliados a dicha agrupación están desarrollando en su afán proselitista”37; pero dos días después, anunciaba: “Todos los carteles de propaganda fascista que se habían co-locado en los muros de la ciudad, ayer amanecieron cubiertos por otros de propaganda democrática”. El diario condenaba este procedimiento, pues “si exigimos el respeto a la libertad, para la emisión de las ideas propias, no se puede tolerar lo que resulta toda una provocación a las ajenas” y advertía: “hemos de señalar el peligro que entraña ese procedimiento de cubrir los carteles de una propaganda con los de otra, ya que ello puede conducir fácilmente a incidentes desagradables y de más ingratas consecuencias”38.

Efectivamente, los enfrentamientos adquirieron mayor intensidad al año siguiente, alcanzando su culminación en el marco de las conferencias adunistas a las que ya hemos hecho referencia. Frecuentemente estas terminaban con “protestas, silbidos, gritería y correrías”39, en las que tumultuosamente se enfrentaban los grupos de derecha y quienes se presen-taban como defensores de la democracia y la libertad. Pero también dieron lugar a respuestas más orgánicas, como la conformación del mencionado frente antifascista, en cuyo desempeño ocupó un rol importante la organización de mi-

37 El Pueblo, 25-10-1933.38 El Pueblo, 27-10-1933.39 El Pueblo, 18-3-1934.

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tines en distintos puntos de la ciudad. La prensa demócrata celebraba este tipo de iniciativas por ser “la primera vez que, en un acto eminentemente político, se unan las fuerzas polí-ticas más antagónicas en un gesto de solidaridad, por la de-fensa de nuestras instituciones democráticas amenazadas por las corrientes ‘fascistas’”40.

La importancia de la competencia simbólica por la con-quista del espacio público se vio plasmada por El Pueblo:

Desde la misma tribuna, donde se quiso “ganar la calle”, con insultos, agravios, gestos y provocaciones descome-didas; donde se pregonó que la democracia ha fracasado, levantarán su voz los ciudadanos que tienen fe absoluta en el régimen vilipendiado, por estar convencidos de que aun con todas sus imperfecciones es el mejor41.

Como puede observarse, ambos grupos buscaban apro-piarse de los espacios públicos como una forma de defender e incluso imponer una determinada concepción política. El dominio de la calle significaba, entonces, la identificación de la sociedad riocuartense con la democracia o con el fascismo, según quién lograra imponerse.

Intervencionismo y centralización: las relaciones entre municipio, provincia y Estado nacional

Pese a la abstención decretada Vismara llegó a la intendencia con el sustento de la estructura partidaria y electoral del radi-calismo. Sin embargo, como hemos visto, poco después gran parte de este apoyo fue retirado merced a las críticas internas

40 El Pueblo, 27-3-1934. 41 El Pueblo, 7-4-1934.

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suscitadas entre los sectores más progresistas de la UCR rio-cuartense. Uno de los principales argumentos alzados en su contra fue su manifiesta adscripción al fascismo. Esta no se tradujo, no obstante, en una actitud autoritaria hacia el in-terior de su partido o de los concejales que lo acompañaban. Fueron frecuentes, ya lo mencionamos, las oportunidades en que los propios miembros del oficialismo se opusieron a las iniciativas presentadas en el Concejo por el Ejecutivo. No re-sulta extraña esta situación si atendemos a que, además de la fuerte afluencia de radicales, el Comité de Comercio era un partido de alcance municipal que también nucleaba en su seno a dirigentes que, en el espacio provincial y nacional, adscribían al conservadurismo e, incluso, al nacionalismo. Lo que llama la atención es que frente a estas disidencias Vismara no tomó ningún tipo de represalia, dejando actuar a sus co-rreligionarios con total libertad.

La contracara de esta actitud fue, sin embargo, una fuerte influencia del Ejecutivo en el seno del Legislativo, no solo porque la mayoría de las iniciativas de ordenanzas fueron elevadas por aquel sino también por la presencia fí-sica del intendente en sus sesiones ordinarias. Más allá de las oportunidades en que fue interpelado, Vismara participó en la mayoría de las reuniones celebradas durante su ges-tión. En ellas se le permitía no solo brindar sus argumentos, sino también participar de las discusiones como uno más de los concejales, aunque, evidentemente, no contaba con voto alguno. Pese a que algunos oficialistas discutían acalorada-mente con él como lo hacían con sus colegas opositores, no cabe duda de que su sola presencia podía influir en la toma de decisiones e implicaba un desdibujamiento de los lími-tes entre los poderes de gobierno. Como en otros aspectos ya analizados, esto quedó particularmente de manifiesto al tratarse los proyectos de obras públicas impulsados desde el

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Ejecutivo. Estos también resultaron fundamentales para en-tender las relaciones entabladas por el Estado municipal con el provincial y nacional.

Relación gobierno municipal-gobierno provincial

La crisis económica de 1930 significó el inicio del tránsito desde un Estado liberal, hacia uno intervencionista, manifies-to en los programas y las acciones del gobierno demócrata a cargo de la provincia. En un contexto en que la provincia buscaba intervenir en las condiciones de vida de los secto-res obreros, regulando el mercado de trabajo cordobés pero también de aquellos que se hallaban en sus márgenes. Dos instituciones, creadas entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, fueron clave en este proceso: el Departamen-to Provincial de Trabajo y el Consejo Provincial de Higiene (Cfr. Philp, 1998: 68-76).

Fue precisamente a instancias del primero de estos orga-nismos que se llevaron a cabo una serie de mejoras edilicias en las dependencias municipales, a los fines de “dar ocupación a la mano de obra y movimiento a la industria y al comercio”. En efecto, además de la política de obras públicas ya analiza-da, también se emprendieron acciones tales como construc-ción de cercas y veredones, limpieza de baldíos y blanqueo de los frentes de los edificios. Asimismo, la provincia impulsaba la sanción de “ordenanzas sobre obras públicas que se refieran a la higiene, ornamentación y deslinde de las propiedades”42. Tanto los planes de pavimentación y cloacas como la Orde-nanza General de Construcciones pueden ser ubicados dentro de esta tónica.

42 AHMRC. Departamento Ejecutivo. Caja 2. Nota del Superior Gobierno de la Provincia al intendente municipal de Río Cuarto (15-4-1932).

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Si bien este plan respondía a las demandas de los sectores trabajadores riocuartenses, formaba parte también de un pro-grama más amplio, desarrollado por el gobierno provincial en todo el ámbito cordobés y obedecía a una determinada con-cepción de la función del Estado y de la política social que se acentuaría en los años siguientes, de la mano del sabattinismo primero y el peronismo, luego (Cfr. Ibid.: 73). Dentro de este conjunto de iniciativas, también puede ubicarse la rea-lización de un censo general de desocupados en el territorio de la provincia impulsado en 1932, con el fin de orientar “las medidas conducentes a solucionar, en la manera de lo posible, este problema que gravita tan decididamente en la economía y en el estado social de la población”43.

Durante esta primera mitad de la década del treinta, la intervención estatal no era concebida como algo permanen-te sino más bien como una medida provisoria y temporaria frente a los efectos de la crisis económica (Cfr. Ibid.: 81). En consonancia con esta tendencia, la municipalidad empren-dió algunas medidas paliativas, complementarias de aquellas destinadas a ocupar mano de obra, como la organización de una olla popular. Sin embargo, por otro lado también se recu-rrió a medidas de ajuste, focalizadas en los sectores asalariados como la rebaja de salarios y jubilaciones y la modificación de la ordenanza de estabilidad y escalafón de empleados muni-cipales, lo cual precarizaba aún más su situación económica y laboral44. Era marcado el contraste que en este sentido se mantenía con las medidas implementadas por el gobierno provincial, que no solo seguía el ritmo del gobierno nacio-nal en su intento por institucionalizar las relaciones laborales,

43 Ibid.44 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (4-5-1932; 23-6-1933)

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sino que además generaba iniciativas innovadoras como la ley de conciliación y arbitraje (Cfr. Ibid.: 74-75).

Estas medidas discordantes no obstaculizaron las buenas relaciones mantenidas por los gobiernos municipal y provin-cial durante el período estudiado. Pese a que Vismara era aje-no al partido demócrata que dirigía los destinos de Córdoba y al hecho de que hubiera llegado con el apoyo del radicalismo local, su vinculación con los gobernadores Olmos y Frías se caracterizó por la cordialidad y cooperación mutua. Cuando el primero de ellos falleció, en abril de 1932, Vismara presen-tó un proyecto de ordenanza para designar con su nombre a la plaza ubicada frente al Palacio Municipal. Para fundamen-tar esta elección no solo se consideraba el origen riocuartense de Olmos sino que también se destacaba su desempeño ad-ministrativo, en particular como intendente de la ciudad de Córdoba. En el debate dentro del Concejo Deliberante se dio la paradojal situación de que fueron algunos miembros del propio oficialismo quienes se opusieron a la denominación, pero los restantes representantes del Comité de Comercio en alianza con la minoría demócrata consiguieron la aprobación del homenaje propuesto por el intendente45.

El apoyo brindado a la política demócrata se hizo ex-tensivo a su sucesor a cargo de la gobernación, Pedro Frías. Esto quedó particularmente de manifiesto en su visita a la ciudad en junio de 1933, cuando Vismara le dio la bienveni-da destacando “su tesonera labor y brillante administración”. En dicha ocasión el intendente no solo presidió la comisión de recepción y homenaje sino que además abrió las puertas del Palacio Municipal para tributarle el homenaje protocolar en su salón de fiestas, acompañado de “numerosa y calificada

45 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (10-6-1932).

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concurrencia”46. Si esta ceremonia estuvo restringida a las fa-milias distinguidas de la ciudad, la población en general fue convocada a demostrarle sus simpatías en la plaza Gobernador Olmos, lo cual no dejaba de estar cargado de simbolismo. El reconocimiento a las dotes administrativas fue recíproco, pues en su discurso Frías manifestó: “Os invito a levantar las copas por la prosperidad de esta ciudad histórica y por el acierto creciente de su digno gobierno municipal, que dentro de las facultades de la Constitución y de la Ley, cumple su tarea de bien colectivo”47. Estas palabras no parecen azarosas sino que probablemente fueran un reconocimiento a su respeto por la legislación vigente, pese a su adscripción al fascismo.

Relación gobierno municipal-gobierno nacional

Como ya hemos establecido, el intervencionismo estatal como paliativo de la crisis económica de los años treinta fue una constante durante los años treinta. Al igual que en el es-pacio municipal y provincial, también a nivel nacional se bus-có una mayor eficiencia en la producción agrícola-ganadera a través de la modernización de la infraestructura de trasporte, riego y almacenamiento de la producción, así como también de las condiciones de la vida rural. Estos propósitos llevaron a implementar una política de centralización de la actividad de cada uno de los ministerios bajo las consignas de “modernizar el campo” y “urbanizar el país” tendientes a la construcción de un territorio cohesionado y homogéneo (Cfr. Ballent y Go-relik, 2001).

Sin embargo, si observamos el período desde la perspec-tiva inversa, situándonos en el espacio municipal, podemos

46 El Pueblo, 17-6-1933.47 El Pueblo, 18-6-1933.

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observar un intento por parte del Estado de desligarse de aquellos servicios que le resultaban circunstancialmente one-rosos y presiones para trasladarlos al ámbito nacional. Una de las principales iniciativas en este sentido fueron las gestiones tendientes a que Obras Sanitarias de la Nación asumiera la prestación del servicio de aguas corrientes, hasta entonces rea-lizado por la municipalidad riocuartense.

El proyecto, que fue presentado en marzo de 1932 por el Departamento Ejecutivo e incluía la cesión de las instala-ciones al Estado nacional, fue aprobado casi inmediatamente por el Concejo Deliberante en forma unánime, atendiendo a la “positiva economía” que significaría para la comuna. La estrechez presupuestaria que atravesaba el municipio llevó a que se planteara la posibilidad de suspender inmediatamen-te los servicios, inclusive a aquellos que todavía no contaban con las instalaciones necesarias para que Obras Sanitarias los proveyera de agua48.

A partir de entonces se inició una competencia de juris-dicciones entre el Estado municipal y el nacional. Pese a que Obras Sanitarias había pasado a ser la responsable del servi-cio, la municipalidad pretendía seguir teniendo injerencia en el monto de las tasas percibidas. Cuestionaba que el criterio utilizado fuera la uniformidad y no se discriminara teniendo en cuenta el valor de cada propiedad y reclamaba para sí el de-recho de evaluar las inversiones realizadas por la dependencia nacional y si estas se correspondían con los precios estableci-dos, todo ello “en defensa de los vecinos”49.

Por calificar de “confiscatorias” las tarifas cobradas, Vis-mara inició gestiones ante el Estado nacional para conseguir

48 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (30-3-1932; 8-4-1932).49 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (30-12-1932).

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una reducción de los montos percibidos. En esta tarea contó con la colaboración de la provincia pues, como muestra de las buenas relaciones de las que hablamos en el apartado anterior, el gobernador Frías actuó como intermediario. Aunque se ob-tuvo un descuento del veinticinco por ciento, los reclamos del municipio no cesaron, pues por una parte se consideraba como inadecuado el sistema aplicado para el cobro y, por la otra, se pretendía obtener la retroactividad de la rebaja conse-guida, pues aun cuando se aplicara, si se hacía con el criterio vigente, continuaría siendo excesivo50.

En estos reclamos se buscó hacer un frente común con otras municipalidades del país que se encontraban en una si-tuación similar, al tiempo que se recurrió a los legisladores nacionales para que trasladaran estas inquietudes al seno del Congreso Nacional. Ambas estrategias rindieron sus frutos, pues meses más tarde se consiguió una reforma de la ley que regía el acuerdo entre las municipalidades y Obras Sanitarias, lo cual posibilitó el reconocimiento de la retroactividad que se demandaba51.

Reflexiones finales

Vismara hizo de sus dotes para la administración y oríge-nes extrapartidarios el leitmotiv de su campaña electoral. Sin embargo, su llegada a la intendencia se vio catapultada por el apoyo proselitista y electoral de uno de los sectores más tradicionales del radicalismo riocuartense. Tanto este sostén

50 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (30-12-1932; 20-10-1933).51 AHMRC. Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. (28-9-1934).

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como el brindado por buena parte de los intereses económi-cos locales fue quitado poco después, por la conjunción de una política de obras públicas que perjudicaba a los sectores más acomodados de la ciudad con una manifiesta adscripción al fascismo que incomodaba a sus otrora aliados políticos.

Aunque su orientación ideológica hizo que participara, con un alto costo político, de reuniones de asociaciones de derecha, esta no se tradujo en un accionar autoritario en el desempeño de sus funciones ni en sus relaciones con los conce-jales oficialistas. Estos mantuvieron con frecuencia una actitud reticente e, incluso, contraria a los proyectos presentados por el Ejecutivo, sin que se produjera ningún tipo de represalia.

Una de las principales características de su gobierno, que tuvo importantes consecuencias para la vida política riocuar-tense de los años siguientes, fue la interferencia de la lógica corporativa de mediación política en el desarrollo de las discu-siones legislativas. Asimismo, y como contracara, la creación del Centro de Propietarios y Contribuyentes obedeció no solo a intereses económicos sino también partidarios. Estos proce-sos, que afectaban al radicalismo y al escenario político local en general, resultan particularmente importantes para compren-der, años más tarde, los orígenes del peronismo riocuartense.

Vismara moriría, precisamente, en los albores de este nuevo movimiento político, en agosto de 1945. Hasta enton-ces, y desde 1939, se había desempeñado como agente consu-lar italiano. Aunque al dar la noticia de su deceso los diarios locales obviaron hacer referencia a esto, resulta evidente que fueron sus vínculos con el fascismo los que le permitieron ocupar tal cargo en plena Segunda Guerra Mundial. Omi-tiendo este “detalle”, la prensa local lo recordaba, tal como él mismo se había presentado en 1931, como un exitoso admi-nistrador que supo llevar las riendas de la municipalidad en un momento de profunda crisis económica.

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DONATO LATELLA FRÍAS: EL INTENDENTE AUDAZ (1936-1943)

César Tcach

Al producirse el golpe militar de 1930, Donato Latella Frías era un funcionario menor del gobierno radical de José An-tonio Ceballos y daba clases de historia del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, institución de la que ha-bía egresado con el título de abogado en 1920. Tucumano de nacimiento y emparentado con estratos altos de la sociedad cordobesa, defendió empero –a contragusto del fervor gol-pista de las élites– la legalidad y legitimidad del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Su resistencia al golpe se reflejó, en primer lugar, en sus actitudes en el ámbito universitario.

El derrocamiento del presidente radical tuvo como im-pacto inmediato la renuncia del rector de la UNC, Luis Posse. Asumió en su lugar el vicerrector, ingeniero Pedro Gordillo, quien el 26 de septiembre ofreció al interventor Carlos Ibar-guren, una calurosa bienvenida en la universidad. En tono apologético, lo calificó de “espíritu selecto” y “predilecto de la ciencia”. Empero, la renuncia de Posse debía ser tratada, tres días más tarde, por la Asamblea Universitaria, en la que esta-ban representadas las tres facultades (Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Derecho y Medicina) a través de sus respectivos consejos directivos. La gran mayoría de los docentes votaron a favor de la renuncia para poner a tono la UNC con las pre-tensiones disciplinadoras de los militares golpistas: solo nueve profesores votaron (con el apoyo de los tres consiliarios estu-

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diantiles), por el rechazo a la renuncia en actitud desafiante a la dictadura. Uno de esos pocos docentes antigolpistas fue Donato Latella Frías1.

En diciembre de 1930 fue detenido por la policía por participar junto a Amadeo Sabattini y otros dirigentes radi-cales de un complot destinado a derrocar a la dictadura de Uriburu. Según cuenta Carlos Ibarguren en sus memorias, los complotados –que contaban con el apoyo en militares de baja graduación del Regimiento 13 de Infantería, sectores de la policía y bomberos– habían planeado asaltar los arse-nales de Córdoba y Río Cuarto, hacer volar las vías férreas para impedir el arribo de tropas del gobierno nacional, apa-gar todas las luces de la ciudad y ocupar los cuarteles (Cfr. Ibarguren, 1999). En estas circunstancias, Latella Frías fue detenido junto a Amadeo Sabattini, profundizándose el ciclo represivo iniciado con el golpe. Muchos dirigentes radicales se vieron obligados a exiliarse, la mayoría en Uruguay. Cabe recordar que en esta época, por primera vez en la historia de Córdoba, las autoridades gubernamentales ordenaron la que-ma de libros considerados subversivos: en el patio del Cuar-tel de Bomberos. En los años siguientes, durante el gobierno del Partido Demócrata, liderado por Pedro J. Frias, su jefe de policía Manuel Villada Achaval desarrolló una implacable ac-ción represiva y las bandas de extrema derecha gozaron de una notable impunidad: el 28 de septiembre de 1933 se cobraron la vida –en pleno barrio Güemes– del diputado cordobés del Partido Socialista, José Guevara (Cfr. Tcach, 2017).

En el plano provincial, entre 1930-34 la deuda de la pro-vincia con el Estado nacional ascendió a dos millones y medio de pesos y la deuda flotante (de corto plazo) superó los tres

1 Revista de la Universidad Nacional de Córdoba Nº 7-8, 267-268 y 278-281, septiembre-octubre de 1930.

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millones de pesos. En este marco, la deuda externa municipal superó los 402 mil pesos2. Según un estudio encargado por centros comerciales e industriales de Córdoba, el municipio tuvo un presupuesto equilibrado hasta 1925, tendencia que comenzó a revertirse a partir de la intendencia de Emilio Ol-mos (1925-29) y se profundizó en los años siguientes: a partir de la década del treinta todos los presupuestos municipales cerraron con déficit3. En noviembre de 1935, la derrota en las elecciones del candidato demócrata a la intendencia munici-pal, Julio de Tezanos Pinto, abrió paso al estrellato político de Donato Latella Frías. La propuesta de la UCR, Amadeo Sabattini, Gobernador-Donato Latella Frías, intendente de la ciudad de Córdoba, logró imponerse por el escaso margen de un puñado de miles de votos.

Latella Frías intendente: obras para un liderazgo alternativo

El intendente electo distó de ser el eco del gobernador. Cons-truyó, desde un principio, un perfil propio que descansó en dos pilares: la modernización de la ciudad y el respaldo políti-co del expresidente de la nación, Marcelo T. de Alvear. Con-viene a mi argumentación detallar ambos aspectos.

Pese al déficit heredado de los anteriores gobiernos mu-nicipales, a partir de su elección la obra constructiva de Latella Frías fue febril. El siguiente cuadro ofrece un panorama de su programa de modernización urbana centrado en la creación y revalorización del espacio público.

2 Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, Diario de Sesiones, 1936: 115-1153. 3 La Voz del Interior, 21-11-1941.

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Cuadro IConstrucción de plazas, mercados, alumbrado público y calles asfaltadas/ otrasPlaza Leandro Alem (1937)Plaza Jerónimo del Barco (1938)Plaza Américo Aguilera (1938)Glorieta del Parque Las Heras (1937)Rambla de Bv. San Juan/ Bv. Junín (1939)Escultura del Indio “Himno al Sol”Nuevo Mercado Sud (1939)Mercado Municipal de PatatasArco de Córdoba (1942-43)Paredones de La Cañada (1942-43)Columnas artísticas con alumbrado (plazas San Marín, Urquiza y Vélez Sarsfield)Teatro Griego del Parque Sarmiento (remodelación/gradas de cemento)Paseo Sobremonte (remodelación/fuente luminosa)Pavimentación de 300 cuadras (1939)

Fuente: Ciudad de Córdoba. Intendencia Municipal del Dr. Donato Latella Frías 1936-1940. La obra realizada. Córdoba, 1940

El rediseño urbanístico –a veces a expensas de la vieja ciudad colonial– fue acompañado del anhelo de asociar la naturaleza a la Córdoba moderna: en tres años (1936-39) se plantaron alrededor de 1800 árboles: cedros, robles, tilos, fresnos, pinos, sauces, paraísos, acacias, jacarandás…

El programa latellista de modernización urbana tuvo como apoyaturas en su implementación al secretario de Obras Públicas de la municipalidad, José Lencinas, y al secretario de Hacienda, Alejandro Moyano. Ese programa fue acompa-ñado de una activa política social orientada hacia la mejora

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de las condiciones de vida de los sectores populares. Así, por ejemplo, la creación del Mercado Municipal de Patatas tenía por objeto “evitar el encarecimiento y establecer el control de la producción y el consumo”. Asimismo, se instituyó el Seguro Mutualista para Obreros y Empleados municipales, se dispusieron fondos para la construcción de casas para traba-jadores y se potenciaron las escuelas municipales de varones, como las Nº 10 y 15.

En lo relativo a la salud pública, se pusieron en funcio-namiento dispensarios barriales para asistencia médica; los niños pobres podían recibir alimentos en el Dispensario Pro-tector de la Infancia. Cabe señalar también la construcción del Pabellón para infecciosos del Hospital Rawson y la incor-poración de ambulancias a la Asistencia Pública4. El servicio de agua corriente se amplió a diversos barrios de la ciudad, Alta Córdoba, San Vicente y Gral. Paz, entre ellos (Cfr. Vera de Flachs, 1987). Este programa de modernización incluyó la creación de nuevas instituciones, en especial, el Catastro Municipal y la celebración de los Congresos de Municipali-dades a efectos de ordenar, articular y coordinar demandas y proyectos. Latella Frías llegó a crear una Banda de Música de la Municipalidad de Córdoba5.

Las formas de hacer política del intendente develaban un enérgico perfil de liderazgo. No le tembló para cambiar el nombre de la Av. Argentina por el de Hipólito Yrigoyen. De acuerdo con el diario La Voz del Interior, los ediles con-servadores, “maestros en el insulto” abandonaron el recinto del Consejo Deliberante, “indignados” y profiriendo “gra-ves amenazas”6. Tampoco dudó en emplazar por decreto a

4 Ciudad de Córdoba. Intendencia Municipal del Dr. Donato Latella Frías 1936-1940. La Obra Realizada. Córdoba, 1940.5 Ibid.6 La Voz del Interior 3-6-1936.

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la Compañía de Tranvías Eléctricos, dado que se negaba a “realizar los trabajos pertinentes para el arreglo y consolida-ción de las vías donde se realizan obras de pavimentación”. El intendente advirtió a la empresa que en caso de no hacerlo, lo haría la propia municipalidad y requeriría su cobro “por el medio legal que corresponda”7. Igualmente, puso límites al poder de los sectores vinculados a la comercialización de la carne. Ante la solicitud de los carniceros que hicieron un petitorio contra la introducción de carnes frías en la ciudad (los frigoríficos), prometió limitarla. Pero ante la subida de los precios de la carne, el propio municipio decidió vender a precios más bajos para obligar a disminuirlos: compró al efecto, setenta y ocho animales8.

Latella en el ajedrez radical

La transformación de la ciudad fue percibida por la mayoría de los cordobeses como una respuesta necesaria a los impera-tivos de la hora. La ampliación de la base popular que apo-yaba al intendente se asoció al potenciamiento de su poder político en el interior del radicalismo.

El ex presidente de la nación durante el período 1922-28, y principal dirigente de la UCR tras la muerte de Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, observaba con simpatía la gestión de La-tella Frías; más aún, lo consideraba como el futuro sucesor de Amadeo Sabattini en la jefatura del radicalismo de Córdoba. El 21 de mayo de 1937 Alvear ofreció a Latella Frías un banquete en el Hotel Castelar, de la Capital Federal, al que asistieron al-tas autoridades del Comité Nacional de la UCR y personalida-des del mundo político. Pocos meses después, el 10 de agosto

7 Los Principios 27-9-1936.8 La Voz del Interior 29-9-1937, 20-10-1937 y 22-10-1937.

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de 1937, fue el propio Alvear –acompañado de los prestigiosos dirigentes radicales Enrique Mosca y José Luis Cantilo– quien visitó a Latella Frías en su despacho municipal9.

Ciertamente, los movimientos políticos del intendente en sincronía con figuras relevantes del Partido Radical en el orden nacional, distaban de pasar desapercibidos al gober-nador Sabattini. Tampoco su buena relación con el clero: el 30 de agosto de 1937 recibió la visita del Nuncio Apostólico monseñor José Fietta en compañía del Arzobispo Lafitte. Y el 1 de octubre de ese año, la visita del Cardenal Primado Dr. Santiago L. Copello. En contraste con Sabattini, Latella Frías poseía aceitados vasos comunicantes con sectores del patricia-do cordobés. Así, en julio de 1939 la revista Ecos de Córdoba elogiaba la obra del intendente: inauguración del Mercado Sud, multiplicación de centros de asistencia pública con far-macias, fundación de escuelas municipales en barrios aparta-dos del centro, la veneciana fuente del Paseo Sobremonte…10. Se trataba de una revista culta y patricia: había sido promovi-da por figuras tradicionalistas de la ciudad de Córdoba, entre ellos el ex gobernador radical Julio C. Borda (1917-1919), Eduardo Mota del Campillo, Nicolás Carranza Lucero y el general Agustín Pérez Carranza (hijo de Antonio Pérez Gar-zón y Cristina Carranza Castellanos, estaba casado a la sazón, con Lucila Águeda Amuchástegui).

El duelo Sabattini-Latella Frías

Los recelos entre ambos dirigentes tuvieron como prueba de fuego las elecciones internas de octubre de 1939. Se presen-

9 Ciudad de Córdoba. Intendencia Municipal del Dr. Donato Latella Frías 1936-1940. La Obra Realizada. Córdoba, 1940. 10 Ecos de Córdoba Nº 10, Córdoba, julio de 1939.

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taron tres listas de candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba. Una, encabezada por Miguel Ángel Ferrando (ex presidente del centro de estudiantes de Ingeniería) que res-pondía al sabattinismo (cuya fórmula gubernativa era Santia-go del Castillo-Arturo Illia), otra liderada por Joaquín Manu-bens Calvet perteneciente al sector más conservador que en el orden provincial orientaba Agustín Garzón Agulla y una tercera que promovía la reelección del intendente Donato Latella Frías. El panorama para este distaba de ser sencillo: sus logros como intendente debían competir con las grandes obras de Sabattini, como el nuevo Dique San Roque. Al darse inicio a su construcción, tres días antes de la elección interna, el gobernador evocó un recuerdo poco grato para la gestión municipal: el drama de la inundación de la ciudad que se ha-bía producido el 15 de enero de ese año. Señalaba Sabattini:

Está el recuerdo trágico de la inundación producida por la Cañada. Imaginemos lo que puede acontecer si ex-traordinarias precipitaciones pluviales, determinasen el rápido crecimiento de esta corriente de habitual pereza, simultáneamente con la de este río. Horas terribles de desolación llegarían (…). El viejo murallón que los exi-mios ingenieros Casafauth y Bialet Massé levantaron en concepción magnífica, no ha sido suficiente. Era preciso superarla y comenzamos a hacerlo hoy (…). Construidos los tres diques cambiará la fisonomía de la provincia11.

En contraste con las dificultades financieras que tenía el municipio, Sabattini destacaba: “el dinero sabe de las in-versiones seguras. Tratándose de Córdoba, no cabe suponer la existencia de dificultades en el crédito. Administrándo-nos con ajustada escrupulosidad cobramos al contribuyente

11 La Voz del Interior, 12-10-1939.

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y cumplimos con fidelidad nuestros compromisos”. El me-canismo empleado consistía en la emisión por parte del go-bierno provincial de títulos de renta, “sanos, perfectamente garantizados” que, subrayaba el gobernador, eran los que el inversor busca12.

En la ciudad de Córdoba, el padrón de afiliados radica-les ascendía a 22.312 personas de los cuales votaron más de quince mil13.

Cuadro IIResultados electorales - Elección interna de candidatos a intenden-te radical (1939)Donato Latella Frías 5621Miguel Ángel Ferrando 4854Joaquín Manubens Calvet 4043Diferencia de votos 1138

Fuente: La Voz del Interior 17-10-1939. Los datos proporcionados por el matutino católico Los Principios eran ligeramente diferentes: Latella Frías 5662 votos, Ferrando 4599 y Calvet 4102 sufragios. Los Principios 17-10-1939

El triunfo de Latella Frías en el orden municipal guardaba cierta consonancia con el revés sabattinista en el plano de las candidaturas a gobernador en la ciudad de Córdoba: Gar-zón Agulla obtuvo 7.575 votos contra 6.439 de Santiago del Castillo, aunque este se impuso por su predominio en el interior provincial, superando en alrededor de cinco mil votos a su competidor14.

El triunfo de Latella Frías en las elecciones internas de octubre de 1939 tuvo un sabor amargo para el sabattinismo, pero también para el ganador: de acuerdo a la Carta Orgáni-

12 La Voz del Interior, 12-10-1939.13 La Voz del Interior, 15 y 16-10-1939.14 La Voz del Interior, 16,17 y 18-1939.

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ca, para poder ser reelecto como candidato a intendente era requisito obtener “tantos votos como la suma de los votos obtenidos por los otros candidatos más uno”15. Desde esta perspectiva, la candidatura correspondería al sabattinista Mi-guel Ángel Ferrando. La reacción del latellismo fue inmedia-ta. La Agrupación Cívica Radical (ACR) que respondía a La-tella Frías, argumentó que si bien el Artículo 59 establecía que para ser postulado a la reelección era menester haber obtenido la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos emitidos), también estipulaba que el candidato del partido para poder ser reconocido y proclamado debía contar con mayoría sim-ple en las elecciones internas. Esta incongruencia de la Car-ta Orgánica fue resuelta finalmente por el Comité Nacional, que decidió la celebración de nuevos comicios internos. La respuesta sabattinista se hizo escuchar a través de la voz de su candidato a intendente. Ferrando sostuvo que si Latella Frías era candidato nuevamente a intendente, debía renunciar a su cargo para hacer campaña electoral, dado que de otro modo, supondría una “coacción moral” sobre los empleados muni-cipales; Ferrando añadía que él mismo había renunciado a su cargo en la Dirección Provincial de Vialidad16.

El tema “moral” estaba muy presente en las impugna-ciones que el sabattinismo hacía a una nueva candidatura de Latella Frías. La comisión del Comité Provincial que estudió el tema sostuvo que el Art. 59 era contrario a la perpetuación de los hombres en sus cargos “por razones de moral política y porque en el régimen democrático es de su esencia la reno-vación de los hombres en las funciones públicas ejecutivas”17. Al fin de cuentas, ¿si Don Amadeo había resuelto dejar la

15 La Voz del Interior, 15-10-1939.16 La Voz del Interior, 26-11-1939.17 La Voz del Interior, 28-10-1939.

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gobernación y volver a su casa, por qué no habría de hacerlo el intendente?

El núcleo latellista respondió con argumentos lega-les: “La ley Orgánica de Municipalidades y la propia Carta Orgánica del partido, autorizan la reelección del intendente municipal, lo que supone la legitimidad de su rol político de candidato aparejado a sus funciones administrativas de man-datario comunal”18. Por otra parte, para Latella su triunfo iba a contribuir a equilibrar las relaciones de poder en su partido, es decir, compensar la excesiva injerencia de Sabattini en la toma de decisiones19. Cuando el 17 de diciembre se contaron los votos de los nuevos comicios, se constató que había ga-nado en todas las seccionales: obtuvo 7.419 sufragios contra 6685 de Miguel Ángel Ferrando20. Una parte de los votos de los simpatizantes de Garzón Agulla se inclinaron por Latella Frías, concediéndole así la posibilidad de la reelección. Visto el nuevo revés del sabattinismo en el interior de la UCR capi-talina, el editorial de La Voz del Interior intentó sintetizar en su título: “El ocaso del caudillismo”21.

Dificultades económicas y autonomía municipal

El segundo mandato de Latella Frías como alcalde de Cór-doba estuvo signado por la crisis fiscal y financiera. El défi-cit, heredado de las administraciones municipales del Partido Demócrata, se profundizó en este período, en correlación con la magnitud y proliferación de las iniciativas orientadas a la transformación y modernización de la ciudad.

18 La Voz del Interior, 29-11-1939.19 La Voz del Interior, 17-12-193920 La Voz del Interior, 18-12-1939.21 La Voz del Interior, 20-12-1939.

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El municipio tenía una deuda por consumo de energía eléctrica superior a los 2200 millones de pesos con la Compa-ñía de Luz y Fuerza Motriz, empresa que decidió acudir al po-der judicial. La secuencia de acontecimientos fue vertiginosa: el juez Juan Paz Pitt –secretaría Jorge Tagle– ordenó el embar-go del treinta por ciento de las cuentas municipales, pero ante la apelación del municipio, el Superior Tribunal de Justicia revocó esa sentencia. Empero, en enero de 1941 el Juez de Feria Hilario Martínez dispuso la intervención judicial de la Tesorería de la Municipalidad. Cuando el 14 de enero se hizo presente el oficial de Justicia Juan José Gollan junto a Tris-tán Paz Casas, designado interventor en las finanzas muni-cipales, en la Tesorería Municipal fueron hostilizados por los empleados y por el público, no pudiendo cumplir su misión. Latella denunció el “avasallamiento de la autonomía munici-pal”. “Usted no interviene nada”, le gritó al oficial de Justicia que labraba el acta. En consecuencia, se levantó un sumario contra el intendente y otros militantes radicales como “auto-res de atentado y resistencia contra la autoridad y desacato”. El edificio de la municipalidad fue ocupado por trabajadores radicales latellistas. El Partido Demócrata y el matutino del arzobispado, Los Principios, apoyaron a Latella Frías e insi-nuaron la responsabilidad política del gobernador22.

La situación no hizo sino agravarse. Las gestiones realiza-das por la Municipalidad de Córdoba para conseguir un prés-tamo en Buenos Aires fracasaron, circunstancia que motivó al intendente a presentar su renuncia. Su dimisión, sin embar-go, fue rechazada. Latella Frías recibió el apoyo del Concejo Deliberante, pero también del radicalismo alvearista y de la ilustre figura de Honorio Pueyrredón (frustrado gobernador de la provincia de Buenos Aires en los comicios de 1931 que

22 Los Principios, 15, 23 y 24-1-1941.

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anuló el dictador Uriburu)23. Finalmente un grupo financiero –Consorcio de Crédito Inmobiliario y Financiero Bracht SA– concedió un préstamo millonario que salvó la situación (Cfr. Vera de Flachs, 1987). Se evitó la debacle y los sueldos de los empleados volvieron a pagarse normalmente.

Desplazado por el golpe militar de junio de 1943, pocos meses más tarde, el 5 de septiembre de 1943 se inauguró su última obra, paradójicamente la más emblemática: el Arco de Córdoba24. Símbolo del acceso a una ciudad empeñada en distinguirse por su modernidad, y expresión del desfasa-je entre lo que acarició ser y pudo ser su gestión municipal. Latella Frías, líder de fuerte personalidad e ilustrado docente universitario, fue portador en su itinerario político de la po-lifacética audacia de conspirar contra Uriburu, competir con Sabattini y encarar con energía la transformación de la vieja ciudad colonial, poniendo énfasis en el uso social de un espa-cio público renovado.

Referencias bibliográficas

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Ibarguren, C. La historia que he vivido. Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

Tcach, C. (Coord.) Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea. Editorial de la UNC, Córdoba, 2017.

Vera de Flachs, C. La Intendencia del Doctor Donato Latella Frías 1936-1943. Poder Legislativo, Córdoba, 1987.

23 Los Principios, 11 y 12-8-1941.24 La Voz del Interior, 6-9-1943.

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“LA DEMOCRACIA NO TIENE NADA QUE VER CON EL MUNICIPIO”: CESE DE LAS AUTONOMÍAS Y CENTRALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (1943-1955)

César Tcach y Rebeca Camaño Semprini

Introducción

Producido el golpe de Estado de 1943 y luego de la inter-vención federal de la provincia fueron interrumpidas las fun-ciones de los intendentes y concejos deliberantes cordobeses, cuyas funciones fueron asumidas por la flamante Oficina de Municipalidades. Luego del triunfo peronista en los comicios nacionales y provinciales de febrero de 1946, crecieron las ex-pectativas de un pronto llamado a elecciones municipales que le devolvieran a las ciudades de la provincia su autonomía político-administrativa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo pro-vincial, encabezado por Argentino Auchter –primer goberna-dor peronista de la provincia de Córdoba– declaró subsistente su intervención, pese a que esto resultaba violatorio de lo es-tablecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades y desconocía lo dispuesto por el Supremo Tribunal de Justicia expidiéndose a favor de la realización de comicios. Desoía, además, los reclamos no solo de la opo-sición sino también de sectores del propio peronismo (Cfr. Camaño Semprini, 2014).

Todos estos argumentos fueron vertidos durante los me-ses venideros por los apoderados de los partidos políticos de los distintos distritos –particularmente de la UCR– reclaman-do a las respectivas juntas electorales el inmediato llamado a

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elecciones. El resultado de estas gestiones fue invariable: las juntas daban curso a las peticiones y se dirigían al Ministerio de Gobierno y a los comisionados municipales para solici-tar los padrones y recursos necesarios para afrontar los gastos ocasionados por las tareas previas a las elecciones y su propia realización, pero la respuesta obtenida del ejecutivo provincial era la desautorización para librar los fondos necesarios (Cfr. Camaño Semprini, 2016). Cuando miembros de la prensa interpelaron al gobierno sobre esta decisión, la respuesta ob-tenida fue que “no facilitar[ía] los medios porque no ha[bía] convocatoria. Si el gobierno tuviera la decisión de convocar, le daría los medios”1.

Simultáneamente la “cuestión municipal” ocupó un lugar importante en las discusiones dentro de la Legislatu-ra cordobesa. Mientras en la Cámara de Diputados la ma-yoría peronista malogró un proyecto del bloque radical de convocatoria a elecciones municipales, el Senado –donde el peronismo era minoría– eliminó del presupuesto para 1947 a la Oficina de Municipalidades e incluyó una partida para las juntas electorales de la provincia con el fin de que pu-dieran organizarse los comicios2. Sin embargo, el gobernador Auchter decidió rehabilitar la dependencia, bajo el rótulo de Dirección General de Municipalidades. Conservaba los mis-mos fines y disposiciones que su antecesora, pero se daba un paso más en el sojuzgamiento de la autonomía de las mu-nicipalidades al establecer que serían estas quienes deberían sostenerla presupuestariamente: cada una de ellas debía elevar una partida proporcional a su población como aporte para el funcionamiento de la Dirección. Además, para lograr un control más estricto sobre las finanzas de las comunas, el terri-

1 La Voz del Interior, 3-7-1946.2 La Voz del Interior, 2-7-1946; El Pueblo, 1-1-1947.

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torio de la provincia fue dividido en zonas a las que se asignó un contador inspector3.

Esta medida no representaba un caso aislado. Por el con-trario, se hallaba enmarcada en un proceso de centralización político-administrativa en el ámbito nacional, caracterizado por la concentración geográfica y funcional de la autoridad, que encontró su réplica en el interior de la provincia (Cfr. Tcach y Philp, 2010). A diferencia de lo que ocurría en otros espacios, como en la provincia de Buenos Aires (Cfr. Mar-cilese, 2009), en Córdoba no se buscó otorgar cierta legiti-midad a las autoridades municipales delegadas del gobierno provincial a través de la creación de juntas vecinales asesoras. Contrariamente, fueron desoídos en reiteradas ocasiones los reclamos de vecinos que –como los riocuartenses nucleados en torno a organizaciones corporativas como el Centro de Propietarios y Contribuyentes– protestaban en defensa de sus intereses (Cfr. Camaño Semprini, 2014). Fue con estos argu-mentos que los sectores opositores caracterizaron al gobierno de Auchter como una continuidad de la intervención federal que había regido a la provincia entre 1943 y 1946 e incluso como su profundización4.

Municipalidad de la ciudad de Córdoba: entre la imagina-ción política de Martín Ferreyra (h) y la realidad de Pío Giraudi (1946-47)

Como es sabido, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, se impuso la fórmula peronista Argentino Auchter goberna-dor, Ramón Asís vicegobernador. El primero provenía de un

3 Córdoba, 2-1-1947; El Pueblo, 6-3-1947.4 El Pueblo, 29-10-1946; 5-12-1946.

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sector nacionalista y antiliberal del radicalismo y encabezaba al radicalismo converso nucleado en torno a la UCR (Junta Renovadora); el segundo también era de origen radical, ha-biéndose destacado en las filas del movimiento estudiantil como un fogoso luchador antifascista: abandonó la UCR y lideró al naciente Partido Laborista (PL). La mayoría de los electores que votaron por el peronismo, lo hicieron con la boleta del PL, circunstancia que impactó sobre la correlación de fuerzas entre ambos sectores en el interior del peronismo.

El 5 de marzo, el vicegobernador Asís y los laboristas creyeron haber llegado a un pacto con el gobernador Auchter. Este reconocería su relevancia política, concediéndole la in-tendencia de la ciudad de Córdoba y varias carteras ministe-riales. Vana ilusión: ese mismo mes la convención de la UCR (JR) proclamó a Martín Ferreyra (h) como su candidato a intendente5. Apoyado también por agrupaciones nacionalis-tas de derecha, Ferreyra se había desempeñado como tesore-ro durante la campaña electoral. En rigor, unía en su figura capital económico y simbólico. Su padre, el médico Martín Ferreyra, había sido cofundador del Partido Demócrata, des-tacado terrateniente y propietario de Caleras Malagueño. Su palacio, ubicado en las inmediaciones de la Plaza España, era posiblemente el más imponente de la ciudad. Para el PL no había dudas: sus adversarios en el interior del peronismo esta-ban dando cabida y proclamando a “representantes genuinos de las fuerzas oligárquicas cordobesas” (Tcach, 2014: 36-37).

El conflicto en torno al control político de la munici-palidad de la ciudad de Córdoba fue uno de los detonantes centrales del primer acto de represión de peronistas contra peronistas. El 17 de mayo de 1946, los diputados y sena-dores laboristas dejaron sin quórum a la Asamblea Legisla-

5 A la postre, estas proyectadas elecciones municipales no tuvieron lugar.

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tiva donde Auchter debía jurar como nuevo gobernador de la provincia, razón por la cual debió trasladarse al Palacio de Tribunales para hacerlo ante el Superior Tribunal de Justicia. A la tarde, una manifestación laborista que avanzaba por la calle San Martín expresando a viva voz su repudio al pac-to presuntamente violado por Auchter, fue sometida –según fuentes legislativas– a una “sableadura brutal”. Los manifes-tantes se dispersaron para congregarse luego frente a la plaza San Martín, donde fueron ferozmente apaleados por la poli-cía6. Pero la represión no terminó allí. Al concentrarse luego los laboristas frente a la sede de su partido –sita en la calle Catamarca 247– el jefe del Cuerpo de Caballería, Horacio Erasmo Novaro, ordenó a la policía montada cargar sobre la multitud que se había reunido para escuchar la palabra de Ramón Asís:

Al primer toque de clarín los policías desenvainaron sus sables y comenzaron una tremenda carga sobre el públi-co que trataba de huir en distintas direcciones. Los ve-cinos socorrían a los que caían (…). Los que se hallaban en la puerta del comité, al pie mismo de los caballos, recibían la descarga de golpes que se hacían a diestra y siniestra. Son muchos los lesionados por los golpes (…). Casi simultáneamente con la carga del escuadrón, se oyeron detonaciones de armas de fuego7.

En estas circunstancias, el dirigente obrero laborista Fe-derico de Uña, expresó: “la provincia está en manos de pis-toleros” (Tcach, 1991: 105). Lo cierto es que estos hechos causaron honda impresión y el debate en torno a ellos formó parte de la agenda legislativa del bienio 1946-47.

6 Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, Diario de Sesiones, tomo 1, pp. 462-463 (1946). 7 Córdoba, 18-5-1946.

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Tras la represión, el gobernador nombró a Jorge Vaca Narvaja como Director General de Municipalidades y a Pío Pablo Giraudi como intendente (Comisionado Municipal). Su gestión estuvo marcada por escándalos de corrupción. El más resonante fue un convenio firmado con la empresa de transporte Vespasiani que, al parecer, beneficiaba ampliamen-te a esta8. El Senado constituyó –a instancias de los laboristas pero con el respaldo de la UCR y el Partido Demócrata– una comisión investigadora (desconocida por el ejecutivo provin-cial) para investigar los presuntos ilícitos en el municipio. En sus conclusiones, destacaba la constatación de un estado de anarquía administrativa erizado de hechos delictuosos. Fede-rico de Uña, indignado, afirmó: “No creo lejano el día en que veamos colgados en una plaza pública por ese mismo pueblo, a todos los que han defraudado su confianza y estafado sus dineros”9. Poco tiempo antes, el vicegobernador Ramón Asís había expresado el mismo sentir en tono algo más mesurado: “Queremos que Córdoba, centro político y espiritual del país, sea la primera provincia argentina, sin traidores, sin coime-ros y sin ladrones”10. El repudio generalizado de la dirigencia política –a excepción de los partidarios del gobernador– se fundaba también en otro oscuro episodio: en un allanamiento se encontró una valija diplomática conteniendo documentos sobre negocios municipales. La valija era de Osvaldo Delga-do (secretario político del vicepresidente Hortensio Quijano) quien había sido denunciado anteriormente en la Cámara de Diputados por estar vinculado a la gestión de una concesión de ómnibus para una empresa. El hallazgo comprometía, asi-mismo, a Juan Amorós, director de la Oficina de pavimentos,

8 Véase al respecto las declaraciones de Federico de Uña y Raimundo Fabre, en diario Córdoba 24-10-1946.9 Córdoba, 7-6-1947.10 Córdoba, 14-2-1947.

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cercas y veredas de la Municipalidad. Al parecer, Amorós in-tervenía de modo activo en las licitaciones del municipio y otras reparticiones gubernamentales11.

En el marco de este conflicto, los funcionarios del Parti-do Laborista que trabajaban en la municipalidad –aun antes de que se conociesen los resultados de la investigación del Senado– renunciaron en masa12. El desprestigio de Giraudi afectaba al propio Auchter, que era acusado en la Legislatura de “usurpador” por concentrar en su persona el “ejecutivo, deliberativo y Tribunal de Cuentas”13. Tras exhibirse en el Se-nado el prontuario policial del intendente de facto, el gober-nador optó por desplazarlo del cargo en el otoño de 194714. Culminaba, así, la primera experiencia peronista al frente del municipio de la ciudad de Córdoba.

Los municipios tras la intervención federal

A fines de junio de 1947 la provincia fue intervenida como consecuencia tanto de las desavenencias al interior del pero-nismo cordobés como de la pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo. Meses después el nuevo gobierno creó la Ins-pección General de Comunas en reemplazo de la Dirección, argumentando que esta no había respondido a los fines de su creación por falta de agilidad administrativa. Para subsanar este problema, la nueva dependencia fue dividida en tres sec-ciones: Inspección (encargada de las inspecciones contables y técnicas a las municipalidades, debía elevar informes al Minis-terio de Gobierno), Finanzas (tenía a su cargo la evaluación

11 Córdoba, 1-4-1947.12 Córdoba, 3-10-1946.13 Córdoba, 28-3-1947.14 Córdoba, 25-3-1947.

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de presupuestos, cálculo de recursos, empréstitos para obras públicas, ordenanzas impositivas, etc.) y Entradas y Salidas (responsable de la recepción, movimiento y salida de toda ac-tuación relacionada con los asuntos de los municipios)15.

Los recurrentes reclamos por el retorno a la normalidad institucional fueron ignorados por los interventores federales y la cuestión estuvo totalmente ausente en el discurso de fin de año de Bargas Velmonte, centrado en las elecciones para diputados nacionales a realizarse en febrero de 1948. Para-dójicamente, según el interventor estos comicios significarían para Córdoba “una nueva etapa en el constante perfecciona-miento de sus derechos cívicos”16. La oposición también le asignaba una importancia fundamental a esta instancia elec-toral, dado que en ella se pondría a prueba la normalidad de la vida cívica nacional, dependiendo de la libertad de expre-sión escrita y oral que se les otorgara a los partidos opositores, así como de la limpieza de los comicios. También se vinculaba el más pronto o tardío retorno a la autonomía provincial (y municipal) con los resultados que obtuviera el oficialismo el 7 de marzo.

La prensa demócrata y radical denunció en múltiples oportunidades el dualismo de las autoridades políticas en el desenvolvimiento de la campaña. Mientras los comunicados oficiales pregonaban el respeto a las libertades políticas de los ciudadanos, eran frecuentes los procedimientos arbitrarios para coartar los actos de proselitismo de los partidos de la oposición. La Jefatura Política de Río Cuarto, por ejemplo, le negaba el permiso a la UCR y le revocaba el suyo al PC para llevar a cabo su asamblea pública de proclamación de candidatos en la Plaza Olmos (frente al Palacio Municipal) al tiempo que le otorgaba autorización para varios actos al par-

15 El Pueblo, 6-12-1947.16 El Pueblo, 4-1-1948.

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tido peronista, incluso en la plaza General Roca, la principal de la ciudad, donde estaban prohibidas por ordenanza con-centraciones de carácter político17. Por otra parte, mientras el Interventor Federal daba amplias garantías de prescindencia política, se multiplicaban las denuncias de participación de empleados públicos en actividades proselitistas del peronis-mo, tales como el Comisionado y el Subcomisario de Calera que encabezaban mitines o los jueces de Despeñaderos (que dirigían la pegatina de carteles de propaganda peronista) y Toledo (que presionaba a los afiliados radicales para que se abstuvieran de votar)18.

Otro hecho que despertó las suspicaces críticas de la oposición fue el paso por la provincia del matrimonio presi-dencial dos semanas antes de la realización de las elecciones, visitando las ciudades de Río Cuarto, Córdoba y Deán Fu-nes19. A los efectos psicológicos que una visita de este tipo provoca en los potenciales electores (Cfr. Duverger, 1957: 175), deben sumarse las explícitas manifestaciones proseli-tistas vertidas por Perón y, sobre todo, Evita, pese a que se trataba de una visita oficial:

Pido a todas las mujeres que el 7 de marzo próximo in-viten a todos los hombres de la patria a estar presentes para que voten por la argentinidad, porque votando por el peronismo se afianzará cada vez más nuestra Argen-tina y ella será más justa tanto social como económica-mente20.

Más allá de estos antecedentes y algunas denuncias efec-tuadas durante su desarrollo respecto a la intervención de em-

17 El Pueblo, 22-11-1947, 2-3-1948, 4-3-1948 y 5-3-1948.18 La Voz del Interior, 7-3-1948.19 La Voz del Interior, 23-2-1948.20 La Voz de Río Cuarto, 22-2-1948.

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pleados públicos en los comicios21, el 7 de marzo las elecciones para diputados nacionales se llevaron a cabo con normalidad. En ellas, el peronismo obtuvo 163.908 votos, mientras que el radicalismo 117.186 y muy lejanamente, los demócratas 18.950, los comunistas 3.143 y los socialistas 2.051. Pese a este amplio triunfo, las disputas entre los diferentes núcleos del peronismo aún no estaban resueltas, por lo que aunque antes de fin de año se celebrarían elecciones provinciales, el retorno a la normalidad institucional en el ámbito municipal estuvo ausente de la plataforma electoral del brigadier San Martín, candidato a gobernador por el peronismo. Este “si-lencio sugestivo”, como lo calificó la prensa opositora del in-terior provincial, llevaba a sospechar que se pensaba mantener el régimen de intervención a las comunas22. Estas conjeturas se vieron confirmadas tras el triunfo peronista y la llegada de su candidato a la gobernación. Para San Martín la convocato-ria a elecciones comunales era una cuestión que no tenía “ma-yor urgencia”, dado que el régimen municipal debía adaptarse a la nueva Constitución en ciernes.

Tal como ha señalado Marcilese (2009) para el caso bo-naerense, es probable que influyera en esta decisión el hecho de que en las instancias comunales eran los referentes polí-ticos del distrito quienes debían disputarse la preeminencia electoral con otras fuerzas políticas, sin contar con la candida-tura aglutinadora de Perón. El supuesto temor a una pérdida de poder por parte del oficialismo si se dejaba a los dirigentes locales librados a su suerte, fue ratificado por el aplazamien-to de las elecciones municipales hasta noviembre de 1951, convergiendo con las presidenciales. Detrás de esta decisión pueden identificarse tanto los problemas internos del partido como el ya referido proceso de centralización político-admi-

21 La Voz del Interior, 11-3-1948.22 El Pueblo, 30-11-1948.

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nistrativa. Pese a que en su primer mensaje de apertura de las sesiones legislativas San Martín había manifestado que en su gestión serían “celosos defensores de la autonomía provincial en función de los intereses generales de la nación”23, durante su mandato se impuso la práctica del “primer lunes”: cada mes los gobernadores de las distintas provincias viajaban a Buenos Aires para participar en reuniones con el presiden-te Perón. Aunque el gobernador manifestó que a ellas “No vamos a pedir órdenes, vamos a coordinar acciones”24, estos encuentros evidenciaban la concentración geográfica de la au-toridad en un centro político, Buenos Aires, y en un líder, el general Perón (Cfr. Tcach y Philp, Op. Cit.).

Este proceso experimentó una marcada aceleración des-pués de la reforma de la Constitución Nacional y su correlato a nivel provincial. Se buscaba –como luego con la nueva Ley de Ministerios de 1950– llevar a cabo la revolución peronista en Córdoba, para lo cual se postulaba necesaria la “unidad de ideología entre el gobierno nacional y el gobierno provincial” (Philp, 1998:144). El proceso de construcción institucional emprendido a partir de entonces se caracterizó por la exclu-sión de las propuestas de la oposición. Si bien su voz no fue acallada, dado que se produjeron extensos debates legislati-vos, las decisiones políticas estuvieron reservadas al partido mayoritario (Cfr. Ibid.).

En la Legislatura cordobesa –autorizada por una dis-posición transitoria de la nueva Carta Magna a actuar como Convención Constituyente– el debate en torno a la normativa que afectaba al régimen municipal ocupó un lugar importan-te. Para el oficialismo “el municipio no [era] cuerpo político; [era] un cuerpo administrativo, y como tal, [tenía] una auto-nomía relativa”. Por lo tanto “la democracia no [tenía] nada

23 El Pueblo, 4-5-1949.24 El Pueblo, 9-12-1949.

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que ver con el municipio”25. La oposición argumentaba que, lejos de sustraer a las municipalidades de la política, la reforma propuesta significaba subsumirlas en esta. En este sentido el convencional demócrata José Antonio Mercado denunciaba:

La interferencia constitucionalizada del poder político en la vida administrativa y económica de los munici-pios, se consuma en una medida que no guarda, ni tiene precedentes en la historia del comunalismo argentino (…). Se execra la intervención de los políticos en la vida municipal de la Provincia, dominantemente en la Capi-tal, pero se intenta constitucionalizar una inmensa tren-za de intereses políticos que envolverán con sus fuertes ligaduras todo este supuesto régimen municipal del que estará ausente el pueblo, sin cuya intervención mal po-dría hablarse de Municipios o Comunas26.

Pese a estos reclamos, fueron aprobadas diversas mo-dificaciones que, con un claro tinte centralizador, afectaban al régimen municipal cordobés. Su autonomía se vio fuerte-mente sesgada al eliminar la disposición que proclamaba la independencia de las municipalidades y al suprimir la posi-bilidad de acordar los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de los funcionarios electivos27. Se excluía la elec-ción del Tribunal de Cuentas y sus funciones delegadas en el Consejo Provincial de Municipalidades, cuyos miembros serían nombrados por el gobernador con acuerdo del Sena-do. El período de mandato de las autoridades municipales fue fijado en tres años, con reelección y renovación conjunta con los senadores provinciales. Las ciudades eran divididas

25 Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente 1949, p. 615 26 Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente 1949, p. 656.27 Estos derechos habían sido otorgados en 1939 por decreto reglamentario Nº 1083 de la Ley 3419, durante la gobernación de Amadeo Sabattini.

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en distintas categorías, solo en las que superaran los diez mil habitantes habría municipalidades, el resto estarían a cargo de comisiones municipales. En la capital provincial, el inten-dente sería nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y la Cámara de Diputados actuaría como Con-cejo Deliberante.

Una vez puesta en vigencia la nueva Constitución Pro-vincial, se vieron reavivadas las expectativas de un pronto lla-mado a elecciones municipales, pero desde el gobierno pro-vincial se adujo que, a los fines de adecuar el régimen al nuevo ordenamiento legal, resultaba necesario reformar la Ley Orgá-nica de las Municipalidades. A mediados de agosto de 1950 el bloque de senadores radicales presentó un Proyecto de Emergencia tendiente a devolver a las comunas su autonomía aplicando provisoriamente las reglamentaciones entonces vi-gentes hasta que se sancionara la proyectada reforma, pero fue desechado y esta no fue consumada sino hasta 1951.

La Ley Orgánica Municipal, sancionada rápidamente de cara a los comicios a celebrarse en noviembre (donde conflu-yeron las elecciones nacionales, provinciales y municipales), estableció una distinción entre comisiones municipales de primera y segunda categoría, según la localidad superara los mil quinientos habitantes o no. Solo las primeras tendrían un Concejo Deliberativo y únicamente las municipalidades elegirían a sus poderes ejecutivo y legislativo. Este último –a diferencia de lo que ocurría con la legislación anterior, que establecía un sistema proporcional– solo estaría compuesto por la mayoría y la primera minoría, correspondiéndole ocho y cuatro concejales respectivamente28.

El llamado a elecciones municipales en 1951 estuvo lejos de significar el inicio de un proceso de retorno a las autono-

28 Ley Nº 4291. Ley Orgánica Municipal. 1951.

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mías. Solo nueve ciudades29 eligieron intendente y concejo deliberante, imponiéndose en ellas el peronismo. La única ex-cepción fue Bell Ville, donde triunfó el radical Hugo Leonelli, cuya gestión fue truncada poco después de asumir. Luego de sendos pedidos elevados por el peronismo y la CGT locales a raíz de una serie de despidos de empleados públicos, la muni-cipalidad fue intervenida en julio de 195230.

En las elecciones municipales de 1954 –también cir-cunscriptas a un puñado de municipios– los candidatos a in-tendente de la UCR triunfaron en Villa María (Isidro Fernán-dez Nuñez), Bell Ville (Hugo Leonelli) y Villa Dolores (Felipe Celli): todas fueron intervenidas por el ejecutivo provincial (Cfr. Frávega, 2006: 253). En rigor, como espacios de control territorial, durante la experiencia del peronismo histórico pre-dominó el imperativo pragmático de conservar férreamente los municipios bajo el control de los gobernadores.

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Frávega, O. Historia de la Unión Cívica Radical 1890-2000. Córdoba, 2006.

29 Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Bell Ville, Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Dolores, Alta Gracia y Río Tercero. Estas eran las ciudades que, por superar los diez mil habitantes, se encontraban habilitadas por la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades para elegir tanto intendente como concejo deliberante. Quedaba exceptuada la capital provincial, que por la misma normativa, era gobernada por un comisionado designado por el Poder Ejecutivo y provincial, mientras que las funciones anteriormente desempeñadas por el Concejo Deliberante eran delegadas en la Legislatura provincial. 30 La Voz del Interior, 17-7-1952.

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VICTOR MARTÍNEZ: EL INTENDENTE PROLIJO (1963-1966)

César Tcach

Víctor Hipólito Martínez Martinoli era descendiente de una familia de inmigrantes gallegos, cuyas preferencias políticas se habían repartido entre radicales y demócratas. Su abuelo, Heriberto Martínez, fue cofundador del Centro Gallego de Córdoba, y su padre, Raúl Victorino Martínez Carranza, se había afiliado a la UCR en 1914. Su tío, en cambio –el abo-gado José Heriberto Martínez Carranza– había adherido al conservador Partido Demócrata ese mismo año, habiendo compartido el estudio jurídico con Rafael Núñez, a la sazón, gobernador de la provincia de Córdoba entre 1919-1922.

El abuelo materno de Víctor Martínez, José María Mar-tinoli, era un abogado proveniente de Italia, que logró inser-tarse en la docencia cordobesa como profesor de Derecho Ro-mano en la universidad, dando clases también en el Colegio Nacional Deán Funes. Como ya señalaron algunos estudiosos (ver Vidal, 2000; Ferrari, 2007; Ferreyra, 2011), lazos ma-trimoniales con sectores patricios, inserción en la vida polí-tica y actividades comerciales se conjugaron para situar a las distintas ramas de la familia en el meridiano de los sectores pudientes e influyentes de la sociedad cordobesa.

En las elecciones de 1963, el radicalismo de Córdoba obtuvo un triunfo contundente. En contraste con lo ocurrido en el plano nacional, consiguió el control de ambas cámaras legislativas. Sumó casi 400 mil votos, superando en más de

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100 mil sufragios al peronismo (que había dispuesto el voto en blanco) y en más de 200 mil al Partido Demócrata. Víctor Martínez –con apenas treinta y ocho años de edad– fue elec-to intendente de la ciudad capital, sustituyendo así, al poder efectivo ejercido sobre el municipio por su primo, el interven-tor federal Rogelio Nores Martínez, quien había gobernado la provincia durante el bienio 1962-63 (Cfr. Tcach, 2002).

El legado económico dejado por su antecesor distaba de ser prometedor. El municipio tenía un marcado desequilibrio presupuestario, el déficit era de alrededor de 300 millones de pesos; además, por un decreto promulgado apenas tres meses antes de cesar en su cargo, su primo Rogelio Nores Martínez modificó el presupuesto municipal con la creación de 432 empleos nuevos. Víctor Martínez los canceló sin dubitacio-nes: dejó sin efecto esos nombramientos con excepción de los relativos al Cuerpo de Inspectores de Tránsito y de los docen-tes del Instituto Municipal Ricardo Rojas1.

Otro legado dejado por la anterior administración muni-cipal fue el contrato con IBM World Trade Corporation por el que se pagaron 129.324 dólares (que podrían ampliarse a más de 150 mil por recargos e intereses financieros), por la provisión de un equipo mecánico con destino a la Dirección General de Rentas. Se había comenzado a pagar durante la gestión prece-dente, pero Víctor Martínez denunciaba que no se tenía nin-guna noticia de la fecha en que podría entregarse. Consideraba que el procedimiento era “inusitado y violatorio de los derechos de la Comuna”, por lo que requirió a IBM la inmediata entrega en funcionamiento del equipo y suspender entretanto la parte restante de la primera cuota. Finalmente, IBM hizo una prime-ra entrega de los equipos prometidos, en enero de 19642.

1 Boletín Municipal de la Ciudad de Córdoba (en adelante BMCC) N° 3586, p. 3066. 2 BMCC) N° 3586, pp. 3073-3074; BMCC N° 3593, p. 3256.

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A diferencia de la gestión anterior, marcada por una es-trecha dependencia del PEN (Nores Martínez fue tributario de quien lo había designado, el presidente Guido), el nuevo alcalde cordobés, electo por el voto popular, mantuvo mayo-res márgenes de autonomía con respecto al Estado nacional. Así, se emplazó a Ferrocarriles del Estado para colocar barre-ras de seguridad en los paso nivel de Vélez Sarsfield y Camino a Santa Isabel, Camino a San Antonio y Rogelio Martínez, Av. Richieri y Av. Malagueño, Camino a San Carlos, entre otros cruces peligrosos3.

El ejercicio de la honradez administrativa y la búsqueda –a la postre, infructuosa– de la profesionalización de la admi-nistración pública municipal, se tradujeron en diversas inicia-tivas. En el verano de 1964, el Concejo Deliberante aprobó la creación del Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Personal de la Administración Municipal, siendo promul-gada por Víctor Martínez el 21 de marzo de ese año4. Las licitaciones se hicieron en un marco de transparencia institu-cional: Córdoba debía ser la vidriera del gobierno de Arturo Illia. A partir de septiembre de 1965, el boletín municipal dejó de ser quincenal para ser diario. Disminuyó su tamaño a una o dos hojas, pero se publicó todos los días, proveyendo de información inmediata de los temas y resoluciones muni-cipales. Prolijamente, se daban a conocer de modo regular los ingresos y egresos de cada mes.

La lucha contra los sobornos en el ejercicio de la fun-ción municipal se tradujo en la separación del recaudador de la Grúa Municipal de la ciudad de Córdoba5. Otro ejemplo pequeño pero significativo de la lucha contra el fraude fue dis-puesto por la Sección de Pesos y Medidas de la Municipalidad:

3 BMCC N°3602, p. 3394.4 BMCC Nº 3594, pp. 3279-3280.5 BMCC N°3975.

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en las estaciones de servicio de combustible se facilitaron a disposición del público aparatos de medición de los líquidos6. Asimismo, se creó la Dirección Municipal de Organización y Métodos, con el objetivo de “aplicar principios científicos a la administración”. Se organizaron cursos de capacitación en distintos niveles, jerárquicos, intermedios e inferiores7.

Expansión urbana y Estado social

En esta época se emprendió el ensanche de las calles Maipú y Chacabuco. Para ello fue necesario expropiar con indem-nización a sus propietarios casas y terrenos. La más alta fue pagada al Arzobispado: algo menos de un millón y medio de pesos por 187 metros cuadrados del inmueble sito en Av. Ol-mos y Maipú8. Asimismo, se avanzó significativamente en la pavimentación del Cerro de las Rosas, cuya ejecución estaba a cargo, desde la gestión anterior, de la empresa Vda. De Pa-gani e Hijos SRL9. Barrios más modestos, como Los Paraísos, también se pavimentaron.

A la orden del día estuvieron los proyectos de loteo presentados ante la municipalidad por grandes propietarios urbanos. Así, fue aprobado el proyecto de loteo presentado por Luis Filemón Posee en terrenos de su propiedad ubicados en Camino a San Carlos. Como contrapartida debía ceder a la municipalidad terrenos para espacios verdes y recreati-vos. Pero el más importante fue presentado por miembros de su familia: su primo Rogelio Nores Martínez, quería lo-tear los terrenos que tenía en Barrio Santa Isabel III Sección;

6 BMCC Nº 4010, p. 4451.7 BMCC N° 3613, p. 3637.8 BMCC Nº 3987, p. 4379.9 BMCC Nº 3595, p. 3308.

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igualmente aspiraba a lotear conjuntamente con Isabel Nores Martínez de Bustos Fierro, Enrique Nores Martínez, Alejan-dro Nores Martínez, José Luis Nores Martínez, Teresa No-res Martínez de Cafferata y Francisco José Nores Martínez, tierras de su propiedad en Barrio Alberdi. En ambos casos fueron aprobados, pero a cambio del traslado al dominio público municipal de varias hectáreas destinadas a espacios recreativos, así como de la apertura de nuevas calles. En el caso de Santa Isabel –barrio poblado de obreros industriales vinculados al sector automotriz– se les exigió 9.284 metros cuadrados para ser utilizados como espacios verdes frente a la plaza principal del barrio10.

Las políticas públicas que acompañaron el crecimiento de la ciudad estuvieron marcadas por un notable interven-cionismo estatal. La municipalidad creó nuevos organismos de salud pública. Tuvo especial relevancia la génesis de la Di-rección de Asistencia Social a la Niñez, dado que su acción descansó en una partida incluida en el presupuesto anual del municipio: el Fondo de Asistencia Social a la Niñez. Esta dependencia de la Secretaría de Salud Pública de la Muni-cipalidad tuvo entre sus funciones principales suministrar asistencia médica a los niños (a domicilio y en consultorios), contribuir en el plano nutritivo alimentario y organizar ac-tividades recreativas (excursiones, paseos) y deportivas. De este modo, se aprobó un “Plan Extraordinario de Espacios Verdes para la Niñez”. Queda abierto un interrogante, su fi-nanciación. A los efectos de dar viabilidad a esta política se aprobó un recargo en el importe de las entradas al Hipódro-mo. El juego, pues, debía ser gravado en función social11. En esta misma época, la Escuela de Carpintería Municipal de-

10 BMCC Nº 3596, p. 3322 y BMCC Nº 3604, pp. 3427-3428. 11 BMCC Nº 3606, pp. 3459-3460.

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pendiente de la Dirección General de Escuelas Municipales, otorgó becas para facilitar sus estudios a los alumnos12. Esta política se inscribió en un plan de mejoramiento de la cali-dad de la enseñanza municipal. Así, el Estatuto del Docente Municipal estableció los ascensos por concurso y la imposi-bilidad de los maestros sin título habilitante de ascender al nivel superior13. De este modo, se eliminó la discrecionalidad de los intendentes para realizar designaciones y traslados. En el plano de las relaciones laborales entre Víctor Martínez y los trabajadores municipales, estas fueron armónicas. Se es-tableció el seguro integral de enfermedad con carácter obli-gatorio para todos los obreros y empleados municipales14. A principios de 1966, el municipio se hizo cargo de las deudas contraídas por el sindicato. En rigor, la política de subsidios sociales del municipio fue muy activa, y se tradujo –pese a la situación financiera heredada de la gestión anterior (el Con-cejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a con-traer un empréstito de hasta 500 millones de pesos)– en su ayuda a múltiples instituciones, muchas vinculadas a sectores populares, otras, no tanto. Así, recibieron apoyos económicos desde centros vecinales (generalmente para contribuir al me-joramiento de sus sedes, la construcción de espacios escolares o instalaciones deportivas) y el Calera Bochas Club (para el techado de su sede) hasta el Club Atenas o la pequeñoburgue-sa SADE (Sociedad Argentina de Escritores) para concretar el sueño de la Casa del Escritor; desde el modesto Club Atlético Presidente Roca hasta la más acomodada Unión Cordobesa de Rugby (se le pagó la deuda que había contraído para ad-quirir y construir la Casa del Rugby), el Club del Paracaidista para adquirir una aeronave o la Asociación Católica de En-

12 BMCC Nº 3992, p. 4393.13 BMCC Nº 3879, pp. 3939-3946.14 BMCC N° 3910, p. 4141.

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fermeras, vinculada a la Iglesia Católica. Esta política amplia de subsidios ponía de manifiesto una concepción del Estado: social y benefactor.

En consonancia con esta concepción, pero también en aras de ampliar sus bases sociales de apoyo, se promovieron los centros vecinales y se legitimaron en su seno los mecanis-mos de participación democrática. De este modo, se lleva-ron a cabo elecciones en todos los centros vecinales, recono-ciéndose las autoridades electas. Pronto, se concretaron los comicios en los centros vecinales de Manuel Belgrano, Las Malvinas, 1º de Mayo, Villa Bustos, San Roque, Pueyrredón Este, Observatorio, Altamira, Las Margaritas, Parque Capital, Alto Alberdi, Arguello Norte, Yofre Sur, entre otros15. Estos reconocimientos iban acompañados de apoyos concretos. El centro vecinal de barrio Guiñazú recibió un subsidio para dar término a la construcción de una biblioteca y un dispensario. El de barrio Yapeyú se vio beneficiado por la transferencia de lotes de terreno de propiedad municipal para la construcción de su sede social, dispensario y local del Registro Civil16. Las reuniones de los centros vecinales tanto para elegir autorida-des como para presentar o discutir memorias y balances eran publicadas en el Boletín Municipal de la ciudad.

La intervención activa del municipio en la construcción de un Estado social de Derecho se manifestó, asimismo, en el objetivo de fundar un banco estatal municipal. Se formó una comisión de estudio –en consonancia con el programa electoral que había sostenido Víctor Martínez– pero distó de poder concretarse17. Por cierto, difícil es soslayar que esta po-lítica no solo se correspondía con una concepción del Estado sino también con el objetivo del radicalismo orientado a for-

15 Véase, BMCC Nº 3587,3590, 3591, 3604 y 3605.16 BMCC Nº 3604 y 3605.17 BMCC N° 3622, p. 3706.

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talecer su influencia en los barrios, en su competencia con el peronismo. En este período, se registró un esfuerzo constante y sostenido por mantener y multiplicar los vasos comunican-tes con la sociedad civil. Así, por ejemplo, para estudiar las tarifas de transporte se creó una comisión asesora integrada por representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, los centros vecinales, los transportistas, el gobierno provincial y municipal18.

Conservadorismo cultural

La adhesión al duelo por la muerte de Kennedy en noviem-bre de 1963, reflejaba bien los valores de quien conducía el municipio. Sostenía que por “su dinámica y valiente magis-tratura, definida vocación democrática, por su acendrado es-píritu cristiano y por sus nobles prendas morales (…) había conquistado un lugar de privilegio en el orden de los valores que guían al mundo libre”19. Como puede apreciarse, de-mocracia, catolicismo y anticomunismo ocupaban un lugar sobresaliente en la mirada del intendente. En rigor, Víctor Martínez aspiraba a la construcción de un Estado social, pero en una clave cultural conservadora y católica. Alguna vez con-fesó en una magnífica entrevista –realizada por el historiador Eduardo Chehín– que habiendo sido invitado a incorporar-se al Partido Demócrata Cristiano, pensó para sus adentros: “irme a la Democracia Cristiana a hacer un movimiento de izquierda o quedarme en la Unión Cívica Radical a hacer un movimiento de derecha”20. Esta mirada se reflejó en una rela-

18 Por decreto 1785 de octubre de 1964. BMCC Nº 3608, p. 3483. 19 BMCC N° 3588, p. 3102.20 Entrevista de Eduardo Daniel Chehín con Víctor Martínez (15-11-2002), Informe SECYT, UNC. 2003.

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ción de continuidad en las prácticas culturales con respecto al período precedente.

Por un decreto que databa de la época de la “Revolución Libertadora” –durante la intendencia de Emilio Olmos– se había creado la “Comisión Honoraria de Moralidad, Califi-cación de Espectáculos Públicos, Publicaciones y Materiales Plásticos”, dependiente de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad. Víctor Martínez confirmó a sus integrantes, designados durante la gestión anterior de Nores Martínez, por haber demostrado “celo, capacidad y una adecuada con-tracción a su delicada misión”. Esa comisión incluía en su seno a dos representantes de OASMO (Organización Ame-ricana de Salvaguarda Moral): Alberto Díaz Bialet y Héctor Pacheco Loza21.

En junio de 1964, el municipio eximió de pagar dere-chos de edificación a instituciones religiosas y, casi simultá-neamente, designó a una importante avenida con el nombre de Ejército Argentino22. En este punto cabe subrayar las di-ferentes posturas del intendente y el gobernador, Justo Páez Molina, pese a pertenecer a la misma fuerza política. Mien-tras Páez Molina se enfrentaba con el Arzobispado de modo abierto a raíz de la derogación de las normas que regulaban y potenciaban la enseñanza privada religiosa, y denunciaba al Ejército como un nefasto factor de poder sobre la democracia argentina (como expresión de rechazo a su gobierno, el 1 de mayo de 1964, al inaugurar Páez Molina el período ordinario de sesiones de la Legislatura brillaron por su ausencia tanto el Arzobispo Ramón Castellano como el Comandante del III Cuerpo de Ejército, General Salas Martínez), Víctor Martínez se esmeraba en elogiar y agradar a las dos instituciones que alardeaban de ser las fundadoras del país.

21 BMCC Nº 3588, p. 3104, noviembre de 196322 BMCC Nº 3599, pp. 3352-3353.

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Cabe recordar que en marzo de 1964, la Carta Pastoral del Episcopado de Córdoba –firmada por el arzobispo Caste-llano, y los obispos Alberto Deane (Villa María), Pedro Lira (San Francisco) y Moisés Blanchoud (Río Cuarto)– criticaba la infiltración del pensamiento liberal y positivista en el go-bierno de Córdoba y lo instaba a decidirse “entre el respeto a la concepción teocéntrica y la concepción laicista, desenten-dida del destino sobrenatural del hombre”. La furia eclesiás-tica se relacionaba con la decisión gubernamental de derogar el Decreto 928 del anterior gobernador, Nores Martínez, que autorizaba a los colegios privados la libre contratación de su personal docente, la estructuración de planes de estudio pro-pios y que propugnaba de modo explícito “la enseñanza de la religión de Estado” (Tcach, 2002: 193-195).

Las tensiones entre gobernador e intendente afloraron con motivo de la celebración religiosa del Jueves Santo de 1964. Al evocar el episodio, Víctor Martinez recordaba:

… se planteó todo un problema si el intendente iba ir al acto religioso a la plaza San Martín, cuando el goberna-dor no iba (…) yo era el representante de la ciudad de Córdoba y la ciudad de Córdoba era católica (…) yo fui al acto, me sacaron una foto como si fuera un desafío al gobernador o un desaire (…) que no fue, que no podía ir porque tenía sus razones, porque no lo dejaban ir, por-que no quería ir23.

En julio de 1964, con motivo de las celebraciones de la Semana de Córdoba, la Comisión Honoraria fue integrada por el gobernador, el vicegobernador, el arzobispo, el coman-dante del Tercer Cuerpo de Ejército, el Jefe de la Guarnición

23 Entrevista del historiador Eduardo Daniel Chehín con Víctor Martínez (15-11-2002), ya citada.

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Aérea, presidentes de cámaras legislativas, del Superior Tribu-nal de Justicia, de la policía, presidente de la Bolsa de Comer-cio, el Centro Comercial e Industrial y el secretario general de la CGT24. El orden de jerarquías era transparente. El mismo fue reproducido –pero con la inclusión de los centros vecina-les y las dos universidades, estatal y privada, además de algu-nas otras asociaciones– en la Comisión Honoraria para estu-diar la reestructuración de la nomenclatura de calles y barrios.

Otros signos delatan la visión del mundo que inspiraba al intendente. El 20 de enero de 1966 el Departamento Eje-cutivo municipal llamó a concurso “para la realización de un monumento a Cristo”, a quien denominaba, “la divina figura del redentor”, para ser situada en los Altos de San Vicente. Asimismo, en consonancia con los valores tradicionalistas que impregnaban su práctica cultural, el premio municipal de literatura en el rubro novela ostentaba el nombre de un escritor de derecha y judeofobo, Gustavo Martínez Zuviria (Hugo Wast), uno de cuyos hijos –paradójicamente– asumió la gobernación de Córdoba tras el golpe de Estado del general Onganía, que por cierto liquidó de un plumazo la intenden-cia de Víctor Martínez.

Epílogo

El 15 de septiembre de 1965, el intendente resolvió adherir a los actos conmemorativos del 10° aniversario de la revolución que derrocó a Perón. En la nota de adhesión, se sostenía:

(…) dicha gesta ya ha sido juzgada como un hecho de honda trascendencia que dio como resultado el derro-camiento de un régimen que no consultaba con la raíz

24 BMCC N° 3594, pp. 3280-3281.

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histórica de la nacionalidad y expresaba que adhiere a las celebraciones porque es “mandato imperativo” de los poderes públicos honrar y exaltar los fastos conmemora-tivos de nuestra historia25.

Menos de un año después, el golpe militar tendría por blanco el gobierno radical del que formaba parte. Illia fue derrocado por los militares el 28 de junio de 1966. Ese día, asumió como intendente de facto de la ciudad de Córdoba, el Cnel. Emilio Casares; como secretario de Gobierno el Tte. Cnel. Néstor Fortunato Fazio y en la Secretaría de Obras Pú-blicas del municipio, el Tte. Cnel. Carlos Longo. La cartera de Hacienda fue ocupada por el Tte. Coronel Mario Sverdlik. En Salud Pública fue designado el Mayor, Dr. Ernesto Calvo. Tres tenientes coroneles, un coronel y un mayor reemplaza-ron a su prolijo gobierno de formas cuidadas. Culminaba, así, en el marco municipal, un ensayo original de combinar Estado social con catolicismo y democracia en un marco de competencia política restringida por la proscripción de Perón. Como gobernador de Córdoba asumió el general Gustavo Martínez Zubiría (h), hijo de Hugo Wast, racista escritor de la derecha católica argentina.

Ya anciano, Víctor Martínez reflexionaba en el año 2002 sobre su vocación política y la rectitud que había presidido su vida pública:

A veces a mí me dicen, Ud. puede caminar por las calles o Ud. es un hombre sano, como si me dijeran un halago a mí… y sí… eso… es lo natural, esta es la condición sine qua non (…) gente va por hedonismo (…) esto es una cosa que yo no la concibo. El político es otra cosa (…) no va con la Mirta Legrand. Yo no he ido nunca a

25 BMCC N° 3637, p. 3797.

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un almuerzo. Respeto, ella hace su show, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”26.

Ciertamente, la honestidad y la mesura formaron parte de su capital simbólico. En 1973, como candidato a gobernador por el radicalismo, hizo una excelente elección, forzando a su rival, Ricardo Obregón Cano, a una segunda vuelta electoral.

Referencias bibliográficas

Ferrari, M. “La Argentina de los años 1916-1930. Cuatro itine-rarios políticos en tiempos de democracia ampliada”. En: Cahiers des Amériques Latines, IEHAL, 2007.

Ferreyra, J. R. y Martínez, H. “Estrategias de inmigrantes es-pañoles y sus descendientes en Argentina y Perú (siglos XIX y XX)”. En: XVII Reunión Americana de Genealogía, Quito, 2011.

Tcach, C. “Gobierno y oposición en la Córdoba de Illia”. En: Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, 2011.

Tcach, C. De la revolución libertadora al Cordobazo. Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.

Vidal, G. El avance del poder clerical y el conservadorismo en Cór-doba en la década del 20. LASA, Miami, 2000.

26 Entrevista de Eduardo Chehín con Víctor Martínez, citada.

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LA GESTIÓN DE HUGO TABOADA EN LA INTENDENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA: ENTRE LOS IMPULSOS MODERNIZADORES Y LA PRESIÓN DE LOS ACTORES CORPORATIVOS (1969-1970)

Emilse Pons

Introducción

Abordar el estudio de la ciudad, y más específicamente, de una gestión municipal en particular desde una perspectiva histórica, supone un doble desafío: por un lado, considerar –sin dejar de articular– el contexto local con la doble dimen-sión nacional-provincial, ya que, en cierta medida, el muni-cipio es en escala menor caja de resonancia de las políticas instrumentadas desde un nivel más general. Por otro lado, el desafío de “historiar” focalizando el análisis en procesos –y en los cambios y continuidades– sin caer en el mero relato acon-tecimental o en el desarrollo de extensas cronologías.

Nuestro objeto de estudio es la gestión municipal del arquitecto Hugo Francisco Taboada, quien estuvo al frente de la comuna durante un breve período de tiempo (16 de julio de 1969- 10 de abril de 1970), período caracterizado por la conflictividad de ciertos actores sociales y por lo profuso y prolífico de la obra pública.

Para muchos cordobeses, la figura de Taboada aparece en cierta medida desdibujada: si bien su apellido les resulta familiar y ligado a la gestión municipal, pocos pueden situar cronológicamente su período al frente de la intendencia y menos aún su adscripción y-o filiación partidaria, ya que su

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recorrido político-partidario es por demás extenso y variado. Desde sus épocas de funcionario de la dictadura de Onganía; su paso por las filas del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo); la creación de su propio espacio político, Acción para el Cambio (APEC) y la posterior incorporación a la coa-lición de fuerzas políticas lideradas por el justicialismo cordo-bés a principios de la década del noventa, Unión de Fuerzas Sociales (UFS).

El nombre de Taboada viene sí rápidamente a la memo-ria, cuando se busca la asociación entre su gestión y muchas de sus obras públicas más significativas, tales como la peato-nalización del centro de la ciudad, el cambio de circulación de numerosas arterias céntricas, la sistematización del Río Primero, etc., dando muestra de la significación, permanen-cia y apropiación de determinados hitos patrimoniales en la memoria colectiva de los cordobeses.

Los objetivos a desarrollar en el presente capítulo, no se circunscriben exclusivamente al análisis de la proyección y planeamiento urbano de Taboada (la cual supuso un giro radical por el nivel de incidencia e impacto en el desarrollo cotidiano de la ciudad) sino que también se extienden al aná-lisis de la relación entre el ejecutivo municipal y distintos ac-tores políticos-sociales muchos de ellos relevantes, tales como el empresariado local (especialmente los permisionarios de transporte urbano y los permisionarios de la recolección de residuos), la Cámara de Comercio de Córdoba, los vecinos de la ciudad nucleados en la Federación de Centros Vecinales, etc. El análisis de la relación con estos actores sociales supone a su vez, la consideración y estudio de determinadas políti-cas, teniendo en cuenta la incidencia de las mismas sobre los intereses sectoriales y considerando asimismo en qué medida las políticas públicas son producto de la presión de específicos intereses corporativos.

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Abordando el contexto y rastreando orígenes

La situación provincial post Cordobazo (1969), que lesionó la aparente estabilidad del régimen autoritario de la “Revolu-ción Argentina”, supuso la instancia de redefinir o continuar el rumbo trazado originalmente en 1966; más allá de ciertas voces discrepantes en el seno de las propias Fuerzas Armadas, se optó por la profundización de la revolución, reforzando la idea de la supresión de la política y relegando la apertura hacia el “pautado” tiempo social.

La protesta social antiautoritaria de mayo de 1969, mo-tivó la renuncia del gobernador Caballero y la posterior inter-vención militar en Córdoba, intervención que sería breve –en función del razonamiento de los hombres del régimen– hasta tanto se aplacara la conflictividad y se designara un “gober-nador natural”. El escogido fue Jorge Raúl Carcagno1, quien tuvo como objetivo evitar la reiteración de eventuales “Cor-dobazos” y de posibles rebrotes de violencia que podrían de-venir según los altos mandos militares, con la movilización gremial. Tras el fugaz paso de Carcagno por la administración provincial (16 de junio de 1969- 27 de junio de 1969), se abre una etapa particular del gobierno de la Revolución Argentina en la provincia de Córdoba, caracterizada por la intención del gobierno central de otorgar algunas gobernaciones a ciertos civiles y/o militares con lazos o predicamento en importan-tes sectores de la sociedad civil, que puedan producir ciertas aperturas y convocar a la participación de distintos sectores, pudiéndose entender como un modo de construir cierto con-senso civil (Cfr. Ollier, 2005).

1 Jefe de la IV Brigada de Tropas Aerotransportadas del III Cuerpo de Ejército, quien había cumplido un rol importante como jefe de las tropas de represión en mayo de 1969. La Voz del Interior, 17-6-1969.

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Esta iniciativa comenzó a instrumentarse en Córdoba desde mediados de 1969 con la designación al frente de la administración provincial del Comodoro Roberto Huerta (27 de junio de 1969- 7 de abril de 1970)2.

La designación de Huerta significó un hecho particular, ya que se constituyó en el primer gobernador- interventor de la Revolución Argentina en Córdoba que no era natural de la provincia; a diferencia de sus antecesores en el cargo, confor-ma su gabinete con funcionarios de escasos antecedentes en la vida política- partidaria y en la gestión pública, pero de un marcado perfil técnico. Considerado por varios observadores políticos como nacionalista, su afinidad con el frondicismo es un dato insoslayable, más allá de la cartera que ocupase en 1958: en diciembre de 1972, producida ya la apertura política y en vistas a los comicios de marzo de 1973, Roberto Huerta encabeza la fórmula para gobernador del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) que responde a Frondizi3.

Esta permeabilidad de Huerta a los postulados doctri-narios y programáticos del frondicismo (específicamente “in-tegración y desarrollo”) es posible de ser visualizada en dos pilares de su gobierno: la defensa y promoción industrial de la provincia de Córdoba y la búsqueda de la conciliación y la mediación en el mundo laboral. A estos postulados, se agrega el objetivo de reformar y modernizar el aparato administrati-vo de la provincia bajo la premisa de criterios eficientistas, dis-

2 Declarado en situación de retiro en 1951 tras participar en la intentona golpista contra el peronismo, desempeñó varios cargos ligados a la Aeronáutica, siendo designado Ministro de Aeronáutica y luego Secretario de Armas en 1958 durante el gobierno de Frondizi. Al momento de ser designado gobernador de Córdoba, desempeñaba simultáneamente tres cargos en la provincia de Río Negro: Ministro de Economía, Director del Banco Provincial y Superintendente General de Aguas. La Voz del Interior, 28-6-1969. 3 La Voz del Interior, 15-12-1972.

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poniéndose una serie de medidas tales como: la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios, la reestructuración de la Secretaría General de la Gobernación, agrupando en ese or-ganismo las dependencias vinculadas con la gestión adminis-trativa y la creación del comité permanente para la reforma administrativa que funcionó bajo la presidencia del Secretario General de la Gobernación.

Una de las atribuciones de los gobernadores-interven-tores designados por el poder central del régimen de la “Re-volución Argentina”, era la designación de los intendentes. Durante este régimen, se evidencia una clara política de cen-tralización y control de los municipios por parte del gobierno de la provincia, a través de la creación de la Dirección General de Municipalidades en julio de 19664 que resta autonomía a las mismas. En el Artículo Nº 1 del decreto de creación de dicha dirección dependiente del Ministerio de Gobierno, se establece que la misma “tendrá a su cargo el asesoramiento, fiscalización e inspección y desenvolvimiento de las comunas de toda la provincia, así como sus relaciones con el Poder Eje-cutivo”. En el mismo decreto, se consignan las atribuciones y deberes de los comisionados municipales y de los tribunales de cuentas de los municipios. La libertad de acción de los comisionados queda totalmente subordinada a las decisiones del Poder Ejecutivo provincial, ya que todos los proyectos de ordenanzas deben estar sujetos a la verificación y aprobación de la intervención provincial (Cfr. Pons, 2005).

Durante este período de anormalidad institucional, sig-nado por recurrentes nombramientos y remociones de las au-toridades provinciales en función de los vaivenes de la política nacional, las designaciones de los intendentes o comisionados municipales constituyeron una constante. Difícil lograr un

4 La Voz del Interior, 7-7-1966.

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acabado o cabal conocimiento de las distintas realidades mu-nicipales del interior provincial: ya hacia fines de la década del sesenta, la provincia registraba un total de 225 municipios. Es por ello que, frente a los cambios gubernamentales a nivel provincial, era frecuente que se plantearan algunas de las si-guientes situaciones: la continuidad del intendente designado bajo la intervención anterior, el cambio inmediato de comi-sionado municipal o bien la intendencia de algún municipio otorgada a algún referente de los ex partidos políticos con cierto predicamento en sectores de la sociedad civil.

La administración Huerta, una vez en el poder, se apresta a conformar su gabinete provincial y a designar a los comisio-nados municipales. La intendencia capitalina –por la relevan-cia o rango que supone– recae en manos del arquitecto Hugo Francisco Taboada. Ahora bien, ¿quién es Taboada? ¿Cuál es su trayectoria política anterior a la asunción como intenden-te municipal? Rastrear sus orígenes y/o sus antecedentes nos permitirá en parte analizar y comprender su gestión pública.

Natural de Córdoba y arquitecto de profesión. Gradua-do en la Universidad Nacional de Córdoba en 1957, especia-lizado en diseño arquitectónico, realiza estudios sobre su es-pecialidad en Europa y hasta 1963, realiza diversos proyectos sobre diseño. En 1966 en colaboración con otros arquitectos, obtiene el Primer Premio en el Concurso Nacional de Ante-proyectos para el Palacio Legislativo de La Rioja y en 1967, obtiene el Primer Premio del Concurso Nacional Centro Cí-vico Administrativo de la provincia de Santa Fe5.

Al momento de asumir como intendente municipal el 16 de julio de 1969, no registraba filiación partidaria especí-fica o paso alguno por la administración pública, no obstante guardaba un estrecho lazo con el por entonces interventor

5 La Voz del Interior, 15-7-1969.

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Huerta, lazo que continuaría con posterioridad sobre todo en el espacio político del desarrollismo.

Rápidamente se apresta a conformar su gabinete, dando juramento al día siguiente de su asunción a los nuevos secre-tarios de Estado del municipio. Los escogidos fueron: el con-tador Raúl Ríos (Secretario de Economía y Hacienda), el em-presario de la construcción Ítalo Martín (Secretario de Obras y Servicios Públicos), el doctor Raúl Cafaratti (Secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social), el abogado y escribano Marcelo Cardeillac (Secretario de Administración y Asuntos Internos) y el doctor Smoriz (Secretario de Salud Pública).

Arquitecto de profesión, sin trayectoria política y pú-blica anterior a su gestión municipal, ¿cuáles son las ideas rectoras que están presentes, los principales lineamientos u objetivos a lo largo de casi un año de prolífica gestión, cuáles los principales problemas a sortear?

Pilares de su gestión

El municipio, célula de la comunidad

La “Revolución Argentina” desde sus proclamas iniciales, tuvo como objetivo hegemónico, erradicar la concepción y praxis política entendida desde una visión liberal/partidaria. La sus-pensión de la política del régimen solo iría a restituirse pau-latinamente desde una concepción corporativista liderada por uno de los sectores de las Fuerzas Armadas (los paternalistas) cuyo máximo exponente era el propio Onganía6.

6 “Por corporativismo se entiende a la doctrina que propugna la organización de la colectividad sobre la base de asociaciones representativas de los intereses y de las actividades profesionales (corporaciones). Dichas corporaciones engloban tanto a los patronos como a los trabajadores de las diversas ramas

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Desde esta concepción, los partidos políticos eran sinó-nimo de divisiones, faccionalismo y disgregación de la tan anhelada unidad. Como instancia superadora a esta situación, propiciaba la participación de distintos sectores, canalizada por medio de organizaciones básicas, cuyas necesidades e in-tereses disímiles, solo serían aprehendidos e integrados por una autoridad superior. Según el propio Onganía: “...había que lograr una participación funcionalmente orgánica, que tenía su área inicial más adecuada en los municipios y culmi-naría en el ensamblamiento de las organizaciones básicas de la comunidad con el Estado” (O’Donnell, 1996: 125).

Según es posible observar, el proyecto corporativista su-ponía o entendía la participación sociopolítica por medio de las organizaciones básicas y el eslabón inicial de dicho proyec-to se encontraba en el municipio, “célula de la comunidad”. Es por ello que se toman una serie de medidas tendientes a revitalizar la acción de los municipios y de instituciones específicas como los consejos consultivos vecinales: solo el municipio –entendido como reaseguro o resguardo moral de la nación– podría ser el dique de contención ante el avance arrollador de los valores atentatorios de la cultura occidental y cristiana. El plan o proyecto corporativo que comenzó a delinearse y a instrumentarse en la provincia de Córdoba con las intervenciones provinciales de Ferrer Deheza (1966-1967) y Caballero (1967-1969), continuó bajo la administración de Roberto Huerta, post Cordobazo.

económicas. En el plano político, el modelo corporativo se presenta como alternativa al modelo representativo democrático. Preconiza la realización de una democracia orgánica donde el individuo ya no vale como mera entidad numérica sino como portador de intereses precisos y clasificables. La representación obviamente no estaría determinada por el sufragio universal; estaría determinada por delegados o representantes de las diversas asociaciones profesionales, quienes manejarían la cosa pública de acuerdo a los intereses reales y no desvirtuados de cada grupo, sin interferencia de los partidos políticos” (Bobbio y otros, 2002: 372-377).

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Huerta y Taboada, el intendente capitalino, se muestran en parte consustanciados con el ideario corporativista, y en parte forzados a continuar con el obcecado plan del gobierno nacional de sentar una base distinta para la política, a pesar de que la realidad política tras la movilización de mayo de 1969, evidenciaba la inoperancia y la resistencia civil al proyecto. Prueba de ello, lo constituye la reunión provincial de inten-dentes que se realizó en la ciudad de Córdoba los primeros días de enero de 1970, reunión a la que asistieron los jefes co-munales de los 225 municipios de la provincia de Córdoba7.Taboada, lord mayor de la ciudad anfitriona, consustanciado con el concepto del municipio “célula de la comunidad”, ex-presa en ocasión del agasajo a los intendentes:

… me considero en el deber de pensar en alta voz por honestidad intelectual frente a colegas, con relación al raro privilegio que para nosotros importa ser intenden-tes de la Revolución Argentina. Esta condición trae con-sigo la aparente ventaja de no estar sujetos a las atadu-ras formales que la organización municipal conlleva en épocas de aparente normalidad institucional. Pero, en cambio, trae aparejada la grave responsabilidad de servir a un movimiento revolucionario que ha asumido ante la república el compromiso de la modernización del país, en todos sus planos, incluyendo por definición, el plano de la actividad comunal. Este compromiso que cada uno de nosotros ha asumido al aceptar la dura tarea de ingre-sar a la función pública bajo un sistema revolucionario, es a la vez un reto a la imaginación, al espíritu creador… espíritu creador para dar formas nuevas a la vieja preocu-pación de erigir al municipio en escuela de virtudes repu-blicanas, en núcleo central de la vida nacional…8

7 La Voz del Interior, 8-1-1970.8 La Voz del Interior, 9-1-1970 (el destacado es nuestro).

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Del extracto de estas palabras de bienvenida se deduce la importancia otorgada por los hombres de la Revolución Ar-gentina, más específicamente por Taboada, a reforzar el traba-jo a nivel de los municipios, núcleos centrales de la vida nacio-nal en cuanto encierran en sí mismos las virtudes republicanas y son la valla de contención a los elementos que distorsionan los valores de la sociedad occidental y cristiana.

Esta conceptualización del municipio, y la revalorización del mismo en cuanto pieza clave de un plan más general, en-tiéndase el plan corporativo, conlleva para el caso de la ciudad de Córdoba, específicamente durante la gestión de Taboada, una revitalización de la acción vecinal, particularmente de los centros vecinales.

Si bien es cierto que al interior del organigrama de las dependencias y organismos del ejecutivo municipal, desde lar-go tiempo, existió la Dirección de Promoción Vecinal, en este período de un régimen autoritario cobra mayor relevancia, ya que se propicia un contacto más directo y cercano con los centros vecinales, entendidos como el canal de participación de la sociedad en su nivel más básico. Señal de esta política de acercamiento lo constituye – a instancias del gobierno– la conformación en septiembre de 1969 de la Federación Cor-dobesa de Centros Vecinales, la cual pretende conseguir su jerarquización, en una acción de colaboración permanente con las autoridades. Será por intermedio de estos, junto a los Centros y Consejos Zonales creados y por crearse (en función del decreto de creación del Consejo Asesor de la Provincia) que se tenderá a la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudad (pavimento, luz, agua, cloacas, etc.)9. Cercana

9 Es aquí en este punto, en donde resulta necesario diferenciar entre la Fede-ración Cordobesa de Centros Vecinales y por otro lado la Coordinadora de Centros Vecinales surgida en enero de 1969, a partir de la protesta del pueblo de Córdoba por la fuerte suba de los impuestos inmobiliarios durante la adminis-

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y alineada al gobierno, la Federación Cordobesa de Centros Vecinales sostiene:

Entendemos que la autoridad municipal, provincial y aún nacional, podrán encontrar en la Federación de Centros Vecinales, el apoyo para la concreción de todo cuanto signifique elevar el nivel de la población. En-contrarán también la crítica serena, veraz, elevada, sin la mezquindad de doble sentido. Esta Federación no persigue fines de orden político, religioso, ni ideológico, sino el de ser útiles a la sociedad propendiendo en toda forma a la grandeza de la patria10.

Prueba de los lazos estrechos entre la Federación de Cen-tros Vecinales y el intendente Taboada, así como también del lugar otorgado a estos centros de participación barrial-comu-nal, lo constituye la medida que dispone el control del servi-cio de transporte urbano de pasajeros a los centros vecinales. Serán estos, en función de la disposición municipal, los que controlarán, planillas mediante, los horarios y frecuencias de los ómnibus, y los que asentarán en las planillas de inspec-ción, las irregularidades presentadas en el servicio11.

Planeamiento Urbano

Anteriormente mencionábamos la significación, permanen-cia y apropiación de determinados hitos patrimoniales en la memoria colectiva de los cordobeses y cómo algunas obras públicas –ya sea con un fin estrictamente funcional, ya sea

tración Caballero. La protesta antigubernamental de la Coordinadora, liderada por Enrique Vicario, constituyó un elemento más de tensión durante el álgido y conflictivo mayo de 1969 en Córdoba. Tanto una como otra (ya sea la Federa-ción, ya sea la Coordinadora), actuarán de manera diferenciada y separada con respecto a problemas y situaciones conflictivas durante la gestión de Taboada.10 La Voz del Interior, 14-10-1969.11 La Voz del Interior, 13-12-1969.

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con un fin recreativo, de ocio, o netamente de embellecimien-to– calan profundo en la identidad y en la idiosincrasia del conjunto de los habitantes de una ciudad. ¿Cómo poder por si acaso deslindar o desafectar de esta identidad colectiva a la peatonal de Córdoba? ¿O al centro histórico de la ciudad? ¿O a la Costanera y La Cañada?

La gestión municipal del intendente Taboada, puso un especial énfasis en la cuestión del planeamiento urbano; parte de este énfasis explicable a partir de los impulsos moderniza-dores de la época en el contexto de una ciudad en constante y progresivo crecimiento; en parte por la inversión del onga-niato en la obra pública (Cfr. Rouquié, 1982). Esto sumado a otro factor que no debemos dejar de mencionar: un inten-dente- interventor de profesión arquitecto y orientado especí-ficamente al diseño12.

Cuando hablamos de planeamiento urbano, nos referi-mos a

una temática variada que básicamente tiene que ver con el ordenamiento del territorio y que va de la evaluación y gestión de emprendimientos urbanos de carácter re-sidencial, comercial y equipamientos de diverso tipo, protección del patrimonio arquitectónico y urbanís-tico, tareas de regularización urbana, estudios de red vial urbana tendientes a estructurar sectores urbanos en consonancia con la densificación y extensión del área urbanizada de Córdoba, a la elaboración de nuevos ins-trumentos normativos13.

12 Rastreando en los antecesores de Taboada, podemos contrarrestar la idea generalizada que asocia la titularidad del ejecutivo municipal, con funcionarios de profesión abogados. Han sido varios los ingenieros (el título habilitante de arquitecto data de mediados del siglo XX) y arquitectos al frente del municipio de Córdoba que diseñaron y ejecutaron obras de significación e impacto en la ciudad: Luis Revol (1887-1889), Ángel Machado (1902-1903), Manuel Martín Federico (1951-1954), y Rafael Rodríguez Brizuela (1967- 969) entre otros.13 Portal institucional de la Municipalidad de Córdoba, sección Dirección de Planeamiento Urbano, Córdoba, 2018.

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Desde finales de la década del cuarenta, la ciudad de Córdoba experimentó una profunda transformación: de ser una tranquila capital de provincia hasta convertirse en una di-námica y pujante ciudad industrial, que reflejó y condensó en su interior, las vigorosas luchas del movimiento obrero y del pueblo de Córdoba en su conjunto, en la protesta y rebelión popular de fines de los sesenta contra el régimen autoritario.

Esta reconversión, más precisamente esta reconfigura-ción de la identidad y fisonomía de la ciudad de Córdoba, estuvo acompañada de cambios y rediseños en lo que se re-fiere específicamente al planeamiento urbano: más allá de los característicos crecimientos irregulares y sin ningún tipo de planificación, típicos de varias ciudades latinoamericanas, la ciudad de Córdoba elaboró planes de urbanización con cierta o importante proyección a largo plazo, que tuvieron inciden-cia en la reconfiguración estética, estructural y funcional de la ciudad. En este sentido, o en esta línea se inscriben el Plan Regulador de la Ciudad de Córdoba de 1954, conocido tam-bién como el “Plan La Padula”14 y el plan de 1973 conocido como “Diagnóstico tentativo y alternativas de desarrollo físi-

14 Ernesto La Padula, arquitecto italiano radicado en Córdoba a partir de 1948, desarrolló una intensa actividad como urbanista en el ámbito del Minis-terio de Obras Públicas (MOP) de la provincia y como docente en la Universi-dad Nacional de Córdoba. Elaboró un plan regulador de la ciudad, intentando institucionalizarlo desde 1954, con un primer plan piloto, que fijaba áreas de-finidas para diversos sectores (Cfr. Malecki, 2013). El Plan La Padula, luego de varias idas y vueltas, y disuelto en 1958 el equipo que lo trazó, es aprobado e institucionalizado en 1962 por la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, creándose el Consejo Municipal de Planificación Urbana de la ciudad de Córdoba; en 1968 se nombra una comisión para la reorganización del Estudio Técnico de Planificación y se crea la “Asesoría de Planeamiento Urbano”. Podemos afirmar que, más allá de los cambios de gobierno y de los recambios de funcionarios en áreas específicas, particularmente en el área de urbanismo y planificación, las ideas fuerza del Plan La Padula continuaron hasta entrada la década del setenta.

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co para la ciudad de Córdoba”, elaborado en conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Arquitec-tura y Urbanismo y la asesoría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba15.

Los cambios a nivel de planeamiento urbano durante la intendencia de Taboada, se enmarcan entre estos planes y sus diagnósticos y proyecciones. Si bien parte de las obras públicas de esta intervención provincial se adscriben en los lineamientos generales de una planificación anterior con perspectiva de largo plazo, otra parte de las obras públicas responden a la iniciativa de esta prolífica gestión municipal. Tanto unas como otras, tuvieron relevancia y alto impacto, buscaron poner fin a viejos y acuciantes problemas, y muchas de ellas, levantaron fuertes polémicas al interior de la sociedad cordobesa.

Uno de los problemas más acuciantes en la ciudad de Córdoba hacia fines de los sesenta lo constituía el tránsito vehicular, de allí que muchas medidas municipales tuviesen como objetivo agilizarlo. Es por ello que se concluye con el ensanche de las avenidas Olmos y Maipú y se establece la mano única en importantes arterias de la ciudad16. En la mis-ma línea y con el mismo objetivo –la agilización del tránsito vehicular– se procedió a la eliminación de dos plazoletas del centro de la ciudad de Córdoba, y la consiguiente remoción de los monumentos de quizás, los dos máximos exponentes o protagonistas de la historia de Córdoba: el jurista Dalmacio Vélez Sarsfield y el general José María Paz. El diario local, así refleja la noticia, celebrando lo que consideran una medida atinada y de utilidad pública:

15 Diagnóstico tentativo y alternativas de desarrollo físico para la ciudad de Córdoba, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Córdoba, 1973.16 La Voz del Interior, 31-8-1969.

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La información suministrada por la Municipalidad de Córdoba, expresa textualmente que será eliminada a efectos de agilizar el tránsito la plaza Vélez Sarsfield… (Se alude luego a la celeridad con que ha sido empren-dida dicha tarea) luego de esta primera “escalada” las autoridades tienen prevista similar eliminación con la otra plaza que tiene la “calle ancha”, que otrora vestía adoquines de algarrobo, la correspondiente al General Paz. No cabe duda que la población verá con sorpresa este cambio singular en la fisonomía del centro ciuda-dano, pero debe entenderse que cumplirá una funda-mental necesidad de orden en el tránsito vehicular y de necesidad para los peatones17.

Si bien la medida es celebrada por la prensa local, augu-rando aceptación entre los vecinos, dicha medida será amplia-mente cuestionada, especialmente por la remoción, traslado y por la posterior indefinición en la reinstalación de los monu-mentos de Vélez Sársfield y el General Paz; cuestionamiento que provendrá por un lado, de los defensores de la memoria histórica, para quienes trasladar los monumentos significa sa-car la figura de los próceres de sus históricos emplazamientos, y por otro lado, de los defensores del patrimonio arquitectó-nico. Actores de peso, como la Bolsa de Comercio de Córdo-ba, se pronuncian al respecto afirmando:

Los dos monumentos y las plazas en que están erigi-dos dan una fisonomía y un estilo a Córdoba que debe mantenerse. Extendida una medida semejante no sería

17 La Voz del Interior, 1-3-1970. Con posterioridad, se decide trasladar e instalar el monumento a Vélez Sarsfield a la conocida plaza blanca en la intersección de las avenidas Vélez Sarsfield e Hipólito Irigoyen. La mención “calle ancha” alude a la avenida General Paz; la plazoleta Vélez Sarsfield se encontraba en la intersección de las actuales avenidas San Juan, Vélez Sarsfield, e Irigoyen.

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difícil, por razones que hacen a las exigencias de la ciu-dad, ver desaparecer a la brevedad testimonios de nues-tra historia que constituyen una obligación resguardar18.

Más allá de la andanada de críticas, el ejecutivo munici-pal sigue en su tesitura de eliminar las plazoletas mencionadas y de trasladar los monumentos, sosteniendo su postura en el tecnicismo y en la funcionalidad de una ciudad moderna, re-legando a un segundo plano o reduciendo la importancia de la preservación de la memoria histórica. Así lo afirma:

… esto es solamente un problema de tránsito. La plaza Vélez Sarsfield se había transformado en un serio incon-veniente para la circulación y por eso se ha resuelto sa-carla de allí…es necesario aclarar una cosa fundamental. Un monumento no es un monolito. Todo monumento erigido en recordación de un prócer, debe permitir la realización de un acto público. Y eso resulta totalmente imposible, en un lugar como este, en donde se anudan seis avenidas19.

Desde el ejecutivo municipal, la disyuntiva entre preser-vación de sitios históricos o “desarrollo y funcionalidad” de la ciudad se resuelve en favor de esta última, a pesar de los cues-tionamientos de diversos sectores y actores de peso del con-texto local. Algo similar y en función del mismo objetivo, la agilización del tránsito, ocurrió con los antiguos restos del Ca-licanto, que quedaron reducidos a una mínima expresión en la actual esquina de las calles Belgrano y Boulevard San Juan20.

18 La Voz del Interior, 6-3-1970.19 La Voz del Interior, 3-3-1970.20 La Voz del Interior, 15-8-1969. La sistematización del arroyo de La Cañada, iniciada bajo la gobernación de Santiago del Castillo (1940-1943) implicó la desaparición de la mayor parte del Calicanto –la antigua muralla

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Si bien son fuertes las críticas por parte de los defensores del patrimonio histórico tras la demolición de las plazoletas y el traslado de los monumentos, el proyecto del ejecutivo munici-pal de recuperar para la ciudad su centro histórico, goza de am-plio consenso y respaldo por parte de la ciudadanía cordobesa.

En efecto, el proyecto de revalorización del mismo, plan-teaba la necesidad de poner de relieve las riquezas históricas y arquitectónicas que forman parte del acervo cordobés, lo cual implicó la puesta en valor de los edificios de la manzana comprendida por la avenida Vélez Sarsfield, y las calles Deán Funes, Obispo Trejo y 27 de abril, buscando dar relieve a los monumentos de carácter histórico y artístico que existen en el centro de la ciudad y que hasta el momento no habían sido su-ficientemente valorizados desde el punto de vista urbanístico. La idea desde Planeamiento Urbano de la ciudad es generar un todo orgánico que no desentone con el rico patrimonio colonial de la ciudad21. Como parte de esta revalorización, la comuna encaró los trabajos pendientes relativos a la manzana comprendida por las calles 27 de abril, Obispo Trejo, Caseros e Independencia, donde está situado el convento de las Teresas y donde funcionará el Museo de Arte Religioso. Esta manzana que enlaza a la Catedral con la Iglesia Compañía de Jesús, es una parte vital del proyecto y representa la segunda etapa a cumplir en el desarrollo de la iniciativa, luego del trabajo en la manzana donde se encuentra el convento de Las Catalinas.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de largo plazo del municipio: el proyecto de revalorización del centro his-tórico de la ciudad, se remonta hacia el año 1962, fecha de

que durante varios siglos sirvió de defensa o contención a las indomables aguas del peculiar arroyo– y de otras construcciones tradicionales a la vera del mismo; no obstante, se resguardaron restos a modo de preservación del patrimonio histórico.21 La Voz del Interior, 1-3-1970.

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la creación del Consejo Municipal de Planificación Urbana, en donde se plantea la imperiosa necesidad de revalorizar el legado histórico- patrimonial22.

El proyecto esbozado por el Consejo Municipal de Pla-nificación Urbana en 1962 y retomado por la gestión Taboa-da, supuso limitar la altura de los edificios para de esta forma dejar liberados los monumentos históricos; con este fin, la comuna encaró un vasto plan de expropiaciones, haciendo acuerdos con los propietarios de inmuebles, con el objetivo también de lograr una amplia visualización del Cabildo, de la Catedral, del Convento Las Teresas, del oratorio Obispo Mercadillo, habilitando las plazoletas de la Compañía de Je-sús y la del fundador23. En el marco de este objetivo, con el fin de visualizar el patrimonio arquitectónico, se planea recuperar el monumento histórico del Cabildo y para ello se buscará una nueva sede para la Jefatura de Policía que fun-ciona en sus instalaciones y se abrirá una pequeña calle que irá desde las calles Deán Funes hasta el Pasaje Santa Catali-na para que pueda ser apreciada la Catedral. Con el mismo propósito de visualización, se expropiará y se abrirá una calle que una Caseros y 27 de abril para realzar el patrimonio del Convento Las Teresas, donde está instalado el Museo de Arte Religioso; lo mismo se planea con el antiguo oratorio del Obispo Mercadillo, rodearlo de un predio que lo destaque del resto de las construcciones24.

Observamos así que varias de las medidas de la gestión Taboada tendieron a optimizar el funcionamiento de la ciu-dad en su cotidianeidad, siendo algunas de ellas bastante po-lémicas ya que implicaron la confrontación con los defenso-res de la memoria y del patrimonio histórico. Otro tipo de

22 La Voz del Interior, 2-3-1970.23 La Voz del Interior, 2-3-1970.24 La Voz del Interior, 2-3-1970.

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medidas gozaron de aceptación y reconocimiento, sobre todo aquellas que tendieron a rescatar y revalorizar el patrimonio histórico-arquitectónico.

Más allá del relativo consenso, más allá de las críticas, podemos afirmar que la gestión Taboada, desde el punto de vista del planeamiento urbano, realizó cambios profundamen-te significativos (así percibidos y vividos por el ciudadano- vecino de Córdoba) que configuraron un nuevo panorama urbanístico, intentando definir o configurar un perfil distinto de ciudad, similar a algunas ciudades europeas y norteameri-canas. Nos referimos específicamente a la peatonalización del centro de la ciudad y a la sistematización del Río Primero.

Con respecto a la peatonalización, en el proyecto ini-cial, son cinco las cuadras destinadas exclusivamente para el tránsito peatonal, y comprende a las calles San Martín, en-tre Deán Funes y Avenida Colón y las calles 25 de mayo - 9 de julio, entre Rivadavia y Avenida General Paz. Uno de los objetivos centrales de este proyecto, que emula al de ciertas ciudades europeas y norteamericanas, encuentra la siguiente fundamentación en el ejecutivo municipal:

Todas estas tareas fueron realizadas para revitalizar los centros comerciales y evitar las obsolescencias de los centros tradicionales como ocurre en ciudades nortea-mericanas, que ante el auge del parque automotor, los “shopping center” o centros de negocios, se instalan en las afueras de las ciudades25.

La medida se fundamenta en razones económicas –re-vitalización comercial del centro de la ciudad– pero también en razones sociales, ya que el ciudadano no puede hacer uso y/o apropiarse provechosamente del espacio urbano, frente

25 La Voz del Interior, 24-10-1969.

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al desmesurado y descontrolado crecimiento de esta parte de la ciudad. Así se fundamentan estas razones desde el ejecu-tivo municipal:

Fundamentándose en aspectos no solo culturales sino también sociales, que indican la necesidad de fortalecer el desarrollo del casco como centro de actividades vitales de la ciudad, la Comuna se propone hacer funcionar la zona con dominio del peatón sobre el automóvil. La idea central es la de transformar las calles vehiculares existen-tes en ámbitos adecuados al peatón, lo que posibilitará el uso de las mismas como zonas de compras, contactos comunitarios, recreos, sin la interferencia y molestia que hoy produce la circulación de vehículos. Por lo tanto, se constituirán en un foco de atracción que contribuirá a fortalecer el futuro desarrollo del centro…26

Por otra parte, y también con un doble objetivo, tanto funcional como de embellecimiento, se destaca la licitación para la obra de la sistematización vial del Río Primero. Los argumentos que justifican su realización son el crecimiento demográfico de la ciudad y el incremento de su parque auto-motor, que han tornado insuficientes las vías de penetración al centro de la ciudad. La obra supuso la pavimentación de dos calzadas de tránsito rápido de 7,20 metros de ancho una en cada margen del Río Primero desde el puente Florida (ca-lle Santa Fe) hasta el vado de barrio Juniors (calle Uruguay). Además, la obra comprende calzadas colectoras, accesos, nu-dos de empalme con puentes existentes, obras de arte, obras especiales, etc. Esta primera etapa de sistematización desde calle Uruguay hasta calle Santa Fe, abarcaba seis kilómetros de pavimentación.

26 La Voz del Interior, 24-10-1969.

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Un insoluble problema de vieja data

Barrios donde sus pobladores, obreros, escolares, deben caminar cuadras y más cuadras para ir al encuentro de un ómnibus que la mayoría de las veces pasa colmado y cuyo recorrido ha sido trazado siguiendo un criterio rentable, importando un bledo la satisfacción de las ne-cesidades populares: mientras tanto los detentadores del privilegio pasan veloces en sus coches último modelo, temiendo ser alcanzados por los gritos de indignación y descontento de los explotados27.

La cita corresponde a un comunicado emitido por la Coor-dinadora de Centros Vecinales de Córdoba, titulado “La pa-ciencia del pueblo se ha agotado”, de mediados de diciembre de 1969, ante un nuevo paro del transporte urbano de pasa-jeros, aunque bien podría situarse en cualquier momento de los últimos años, sobre todo a partir de las deficientes condi-ciones del servicio y el maltrato para los usuarios por parte de las empresas prestatarias.

Hablar del transporte en Córdoba constituye un tema espinoso y recurrente, cuya problematicidad se remonta a más de cinco décadas atrás, a partir de la disolución de la vieja empresa estatal (CATA), y en un contexto en donde prác-ticamente no existen, o son muy tenues o poco definidos, los marcos regulatorios para las empresas, particularmente en aquellas referidas al transporte urbano de pasajeros. Débil o tenue definición de los marcos regulatorios de la actividad empresarial del transporte urbano sumado a, por un lado, el afán de lucro desmedido por parte de los empresarios de la actividad y, por otro lado, la escasa intervención del Estado en lo que atañe a la defensa de los derechos de los usuarios, en

27La Voz del Interior, 14-12-1969.

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un contexto de creciente y progresiva acumulación por parte de las empresas.

El giro en lo que a esta problemática se refiere durante la administración Taboada, lo constituyen por un lado, los intentos de estructurar y definir un marco regulatorio y por otro lado, la rígida y por momentos desestabilizadora postura empresarial, negándose a encuadrarse en dicho marco y ape-lando a posturas y prácticas tan perniciosas y/o nocivas como el lockout empresarial.

Es conocido que el régimen autoritario de la Revolución Argentina (1966-1973) favoreció al sector empresarial desde el punto de vista jurídico-legal, ya sea tanto para el desarrollo de su actividad, ya sea en la relación patronal-obreros. Lo no-vedoso en cuanto a la administración municipal de Taboada es la reacción de estos actores corporativos de peso –los em-presarios del transporte urbano de pasajeros– reacción acorde a la de un capitalismo salvaje, manifestada en los sucesivos amagues y en el concretado lockout patronal, frente a una ges-tión que buscó enmarcar la actividad, no dentro de la órbita del Estado o de la planificación estatal, sino bajo la gestión privada con un mínimo ordenamiento y bajo determinados parámetros normales de una actividad empresarial.

Rastreando en los orígenes del conflicto: corría el año 1946 y el absoluto control que ejercían los sectores privados en perjuicio de la comunidad cordobesa, motiva la aparición y creación del monopolio estatal del transporte urbano de pasa-jeros, conocido y llamado popularmente por sus siglas, CATA (Comisión Administradora del Transporte Automotor)28.

La deficiente prestación del servicio, las repetidas que-jas de los usuarios y el creciente y acumulativo déficit de la empresa estatal motivaron hacia el año 1962, tras el derroca-

28 La Voz del Interior, 7-8-1969.

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miento de Frondizi y bajo la intervención provincial de Nores Martínez29, y en un contexto de sucesivas huelgas, la disolu-ción de la CATA. El desvanecimiento por decreto del mono-polio estatal del transporte de pasajeros fue visto con sumo agrado por parte de los empresarios privados que, solapada-mente, ejercieron “presión” sobre la intervención para lograr el manejo y la concesión de este servicio público. La UTA, en comunicado, se expresaba sobre este controvertido panorama:

Denunciamos la pretensión gubernamental de destruir la empresa CATA procediendo a la paralización de un fundamental servicio público y lanzando a la calle a 1500 trabajadores. El gobierno cumple con esta medida con la vieja aspiración de los transportistas privados, al-gunos de cuyos sectores empresarios aspiran al monopo-lio total del transporte urbano de pasajeros30.

Tras la disolución, la intervención federal de Nores Mar-tínez emplazaba a las empresas APTUA y TASAC para que se hicieran cargo de las distintas líneas de ómnibus, tarea que las mismas cumplieron con llamativa celeridad31. ¿Qué pasaría con los obreros del volante, hasta hace poco empleados del Estado? El ejecutivo municipal los invitaba a formar coopera-tivas debiéndose inscribir para participar en las adjudicaciones de los ómnibus que prestaban servicios en la empresa. Reca-pitulando: con la formación de las cooperativas y los trans-portistas convocados, el transporte volvía a manos privadas. Los problemas continúan pero son de otra índole: hacia me-

29 Tcach, César “Los Nores Martínez: policía y sacristía en una ciudad de enclave (Córdoba 1962-1963)”. En: César Tcach (Comp.) Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia Contemporánea. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2017.30 La Voz del Interior, 25-8-1969.31 Ídem.

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diados de 1969 durante la gestión de Taboada, las “empresas” de transporte adeudaban alrededor de 1000 millones de pesos a las cajas previsionales en concepto de aportes jubilatorios y aproximadamente 500 millones a entidades bancarias.

En el marco de este complejo panorama, sumado al in-cumplimiento de los convenios laborales, atrasos en los suel-dos, el no respeto de los días francos de los trabajadores, la falta de renovación de las unidades del transporte, etcétera, la intendencia de Taboada se decide a ordenar y reglamentar el servicio del transporte urbano de pasajeros acorde a lo estable-cido por la ordenanza N° 5397, la cual dispone la reconver-sión total del sistema de transporte urbano, abandonando el hasta entonces vigente régimen de cooperativas por la consti-tución de las sociedades anónimas32.

La constitución de las sociedades anónimas es de suma importancia ya que asegura la responsabilidad legal de las em-presas permisionarias convertidas en sociedades anónimas, per-mitiendo un contralor severo de las actividades empresarias y del cumplimiento estricto de sus obligaciones administrativas, sociales y laborales. La renuencia de los transportistas a iniciar el proceso de reconversión en sociedades anónimas, se entiende a partir de la obligatoriedad de la cancelación de sus deudas anteriores o previas y del encuadramiento legal de la actividad.

La Ordenanza N° 5397 –de fecha 23 de agosto de 1968, bajo la anterior intendencia de Rafael Rodríguez Brizuela– establecía como plazo para la constitución de las sociedades anónimas, el 18 de agosto de 1969. Según consta en el Artí-culo Nº 19 de dicha ordenanza:

Solo podrán ser concesionarias sociedades regulares, le-galmente constituidas o inscriptas, con sede social en la

32 Ordenanza Nº 5397 del 23 de agosto de 1968, Digesto de Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, Tomo 11 – Ordenanzas Nº 5361 a 5450.

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ciudad de Córdoba y con término de duración no me-nor al plazo de la concesión. En ningún caso, una socie-dad podrá ser titular de todas las concesiones otorgadas por la municipalidad, ni superará los límites máximos o mínimos, que con referencia a las concesiones de líneas, estableciera la reglamentación33.

En la misma ordenanza se establece que el otorgamiento de las concesiones se efectuará por el ejecutivo previa licita-ción pública y que la municipalidad podrá disponer unila-teralmente modificaciones transitorias de la concesión o de su régimen, cuando fueran necesarias por razones de urgente interés público o causas de fuerza mayor. A su vez, en la mis-ma ordenanza, se establece que la existencia de determinadas concesiones no limitará en manera alguna la posibilidad de la municipalidad de crear nuevos servicios o determinar la cesación total o parcial de las vacantes34.

La ordenanza es dura y explícita en cuanto a las sancio-nes aplicables a los concesionarios en lo referente al incum-plimiento de la prestación del servicio, incluyendo sanciones que van desde lo económico hasta la rescisión de contrato. Así lo refleja el Artículo 35: “Podrá disponerse la caducidad de la concesión: a) en caso de suspensión voluntaria del servicio o abandono del mismo; b) la comisión dentro del lapso de un año de más de seis infracciones a los requisitos de fun-cionamiento que hacen a la seguridad del servicio; c) ante desconocimiento de disposiciones del DE tendientes a la re-gularización del servicio”.

Más allá de estas exigencias, en la Ordenanza Nº 5430 durante la gestión Taboada –complementaria de la N º 5397–

33 Ibid.34 Ordenanza Nº 5397 del 23 de agosto de 1968, Digesto de Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, Tomo 11 - Ordenanzas Nº 5361 a 5450.

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los empresarios locales del rubro se ven beneficiados, ya que el llamado a licitación no fue abierto. En el Artículo Nº 5 sobre los proponentes se establece:

Podrán presentarse como proponentes a la licitación, las sociedades regulares legalmente constituidas o en for-mación, con sede social en la ciudad de Córdoba, con términos de duración no menor de seis años e integradas únicamente por actuales permisionarios de transporte colectivo urbano, registradas como tales en la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Córdoba35.

Los empresarios del transporte nucleados en sus fede-raciones APTUA Y FETAP han aceptado el plazo que se da desde la municipalidad para poner en marcha las empresas bajo el nuevo sistema a partir del primero de octubre de 1969; las empresas prestatarias se han avenido a la constitución de siete sociedades anónimas36.

A partir de allí, se dará inicio a una seguidilla de disputas entre la gestión municipal y los empresarios en torno a te-mas y/o cuestiones sensibles de fuerte incidencia a nivel de los usuarios del transporte urbano, como por ejemplo el meca-nismo a adoptar para el aumento de tarifas. La municipalidad se niega frente a la presión de los empresarios, a dar aumento automático a las tarifas del transporte urbano acorde al mer-cado y la inflación, sosteniendo que la regulación del costo de las mismas es eminentemente político: “Nosotros creemos que la tarifa es privativa del poder del Estado y debe ser este quien las regule”37. Desde esta mirada, se sostenía que las ta-rifas no podían “ser aumentadas automáticamente, cuantas

35 Ordenanza Nº 5430 octubre de 1969, Digesto de Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, Tomo 11 - Ordenanzas Nº 5361 a 5450.36 La Voz del Interior, 2-10-1969.37 La Voz del Interior, 6-10-1969.

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veces se le antoja al transportista, porque de esa manera se desvirtuará la facultad de control y la condición de represen-tante del usuario que le asiste a la municipalidad… si no, ¿para qué estamos nosotros”38?

A partir de la vigencia de estas ordenanzas que buscan darle un encuadre legal al sistema de transporte, se empezarán a implementar una serie de medidas desde el ejecutivo para facilitar y mejorar el servicio de transporte de pasajeros que encontrará renuencia y en muchos casos, la desobediencia por parte de los permisionarios, negándose en ciertos casos a someterse a la inspección del municipio para corroborar el estado de constitución de las recientes sociedades anónimas, elevando quejas por la planificación del sistema e insinuando tempranamente amagues de lockout patronal39.

La negativa a las inspecciones tiene sustento: las empre-sas permisionarias han desacatado nuevamente a la autoridad municipal, y específicamente a la Ordenanza 5397, ya que no presentaron las escrituras de constitución de las socieda-des anónimas de acuerdo a lo especificado en los contratos de concesión. Intimando a las mismas, Taboada dispone una nueva ordenanza, la Nº 5543, que obliga a la constitución de las SA antes de finalizar 1969; si así no lo hicieran los contra-tos podrían anularse40. Las empresas se verían obligadas entre otras cuestiones a: aceptar la fijación de tarifas por parte del

38 La Voz del Interior, 14-10-1969.39 El lockout empresarial es relativamente frecuente para el período abordado, sobre todo por la falta de penalizaciones severas para este tipo de práctica empresarial. Sin ir más lejos, los antecedentes más próximos de lockout de los permisionarios fue a mediados de 1965 con el objetivo de lograr un aumento del boleto. Luego, a inicios de 1966, los permisionarios nucleados en APTUA y en FACTAP (transporte interprovincial) levantan el paro tras el aumento del precio del boleto. Ver La Voz del Interior, 5-10-1969.40 Ordenanza Nº 5543 del 6 de octubre de 1969, Digesto de Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, Libro Nº 13- Ordenanzas Nº 5471-5585.

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Estado municipal, cumplir los contratos laborales e identifi-car con número y destino a las unidades de transporte.

En el medio de la disputa empresarios- municipio, se encuentran los usuarios y también los obreros del transporte, afectados por los sucesivos incumplimientos de los convenios laborales de la patronal41.

Nuevamente, la problemática toma un nuevo giro frente al recurrente incumplimiento laboral y la amenaza de un nue-vo paro: el Decreto Nº 5590, que dispone la intervención de las empresas permisionarias del transporte urbano42. Taboada fundamenta las razones del decreto en los siguientes términos:

La medida tiene el propósito de normalizar la prestación del servicio. No es posible que todos los meses, cuan-do llega el momento de abonar los haberes, el público usuario deba pagar las consecuencias de los desacuerdos entre los obreros y las empresas. Esperamos que la acti-tud de la comuna se comprenda en sus justos términos. La situación en el transporte debe ser definitivamente regularizada y asumimos la plena responsabilidad de la medida que fue dictada43.

41 Esta situación lleva a los paros del 6 y 12 de diciembre de 1969 y del 12 de enero de 1970 (específicamente por el tema salarial, el no respeto de los días francos, la “errónea” liquidación de los sueldos, etc.). Los cercenamientos de libertades gremiales son causales del paro del 27 de enero de 1970: comenzó siendo un paro parcial, para luego ser un paro general ante ciertas actitudes de la patronal como la suspensión de delegados gremiales, entre ellas, la suspensión de Atilio López, secretario de UTA y delegado de la empresa General Lavalle por quince días. La suspensión según adujeron los empresarios se fundamentó en el hecho de que López desempeñaba actividad gremial y se encontraba en uso de licencia por enfermedad. En La Voz del Interior, 27-1-1970.42 Ordenanza Nº 5590, 13 de enero de 1970, Digesto de Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, Tomo Nº 13.43 La Voz del Interior, 14-1-1970. La medida goza del total respaldo del in-terventor provincial Roberto Huerta. El interventor de las empresas conce-sionarias es el Secretario de Transporte del municipio Comodoro Jorge Luis

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Esto representa quizás uno de los puntos más álgidos del conflicto municipio- permisionarios: los empresarios embis-ten contra el ejecutivo a través de una seguidilla de solicitadas en el periódico local tratando de “limpiar “ su imagen frente a la sociedad aduciendo que se intenta mostrar a un empresa-riado mezquino y abusivo con respecto a los trabajadores, tra-tando de instalar la problemática del transporte bajo disyun-tivas o antinomias ya superadas: las medidas del municipio o bien significan un retorno a la vieja CATA o la entrega del transporte a los monopolios nacionales o extranjeros.

El decreto-ordenanza de intervención de las empresas permisionarias sumado a la negativa municipal del aumento del boleto frente a la presión constante de los empresarios enrarecen aún más la relación Estado municipal- empresa-rios, llegando a su punto más álgido con el paro de trans-porte decretado por la FETAP por cuarenta y ocho horas, para los días 9 y 10 de marzo de 1970. La tensión derivó en un lockout empresarial. Los argumentos de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (FE-TAP) para justificar esta impopular medida constituyen una constante a lo largo de la historia local en lo que respecta a la problemática del transporte: líneas deficitarias, servicio noc-turno deficitario, alto costo laboral, necesidad de subvencio-nes por parte del Estado, mayores gastos que “necesariamen-te” deben trasladarse al precio del boleto, etc. Se pretende que la comuna absorba lo que llaman los mayores costos de explotación bajo la forma de una subvención a las empresas prestatarias, o en su defecto que sea el público usuario el que se haga cargo de las ventajas que los empresarios pretenden alcanzar por vía coactiva44.

Moreno, quien será el encargado de someter a un examen de competencia a las empresas para luego otorgar o no la concesión.44 La Voz del Interior, 9-3-1970.

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¿Qué actitud toma el municipio frente a este lockout empresarial? Se estructura un operativo de emergencia, y la comuna solicita la colaboración de los centros vecinales y los sindicatos obreros para transportar a la población. El dato más llamativo de esta situación lo constituye la postura de UTA, cuyos choferes están dispuestos a prestar servicios y apoyan la incautación de colectivos por parte de la municipalidad. El lockout patronal, sobre todo por tratarse de un servicio tan ele-mental como el transporte de pasajeros afecta a gran parte de la población, se estructura en el centro de la escena y concita el interés y la atención por parte de la ciudadanía de Córdoba.

La municipalidad decide la incautación de las unidades de transporte y reglamenta una nueva ordenanza que cambia el rumbo del conflicto, la Ordenanza Nº 5612 del 9 de marzo de 1970, que dispone el llamado a licitación abierta en un plazo de sesenta días para la concesión del sistema de trans-porte, llamado en el cual no podrán tomar parte las empresas que participaron del lockout45.

El clima de tensión se acentúa con la incautación de los colectivos, con la negativa de varios empresarios a la confis-cación de sus unidades y con el rechazo a la presencia de los delegados interventores en cada una de las empresas. El ejecu-tivo municipal se muestra firme en su objetivo de normalizar la actividad empresarial en el transporte, así lo afirma frente a los miembros de la Coordinadora de Centros Vecinales de la ciudad de Córdoba, ya iniciado el proceso de incautación de unidades:

45 Ordenanza Nº 5612, 9 de marzo de 1970. En los artículos 3 y 4 de dicha ordenanza se dispone la intervención de las empresas a los fines de la norma-lización del servicio y se detallan las atribuciones del interventor, quien entre otras funciones puede nombrar un delegado-interventor en cada empresa. Re-cordemos que el servicio del transporte urbano de pasajeros venía desempe-ñándose de una manera precaria, a partir de la Ordenanza Nº 5543 de fecha 6 de octubre de 1969.

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Nosotros no vamos a retroceder. Esta batalla la ganará el pueblo y no la Municipalidad, para lo cual ustedes debe-rán repetir el comportamiento inicial de indicar dónde se esconden los ómnibus, para que nosotros los ponga-mos en servicio. Esta posición es respaldada y compar-tida por el gobernador de la provincia y nosotros la va-mos a hacer cumplir… en la reorganización del servicio de transporte tendrán decisiva participación los centros vecinales de la ciudad y que el llamado a licitación no contendrá una sola cláusula que no refleje el interés de la población de Córdoba46.

Los transportistas niegan la medida ya que aducen no haber recibido notificación alguna y en caso de que así fuera, las empresas la consideran arbitraria y extemporánea por ha-berse normalizado la prestación del servicio. El conflicto da un inesperado giro, el cual supone un freno o parate al proce-so iniciado por la municipalidad, giro que proviene del poder judicial: con el fin de posibilitar que los siete interventores se hagan cargo de las empresas, se solicitan las respectivas órdenes de allanamiento a las líneas declaradas intervenidas. La justicia no hace lugar al pedido de orden de allanamiento formulado por el ente comunal, por ende no se puede eje-cutar la intervención a las empresas47. Nuevos pedidos a la justicia, rechazo a recursos interpuestos por la municipali-dad. La renuncia del interventor provincial Roberto Huerta a principios de abril de 1970 y en consecuencia la dimisión del ejecutivo municipal Hugo Taboada, interrumpió el desarrollo de este conflicto entre el ente comunal y los permisionarios, y abortó los intentos de ordenar y regular la actividad de los empresarios del transporte, y la partida fue ganada por el sec-tor empresarial una vez más.

46 La Voz del Interior, 17-3-1970.47 La Voz del Interior, 18-3-1970.

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Reflexiones finales

El estudio y análisis histórico de la ciudad, y más específica-mente el período de una intendencia en particular, implica varios desafíos: por un lado, observar y focalizar la mirada en la estrecha relación que se opera entre el ámbito provincial y el ámbito municipal, ya que gran parte de las políticas guber-namentales al interior de una ciudad emanan desde la esfera provincial y en muchos casos, si bien la autonomía munici-pal existe, esta se encuentra reducida a una mínima expre-sión, ya sea por una cuestión política, ya sea por una cuestión económica. Para el caso que fue objeto de nuestro análisis y teniendo en cuenta el peculiar contexto político, el régimen autoritario de la “Revolución Argentina”, la ciudad ocupaba un lugar importante en el engranaje y en el plan político de los militares en el poder, ya que desde su visión, solo la ciudad –célula básica de la comunidad– era el reaseguro de los valores de la civilización occidental y cristiana. De allí que la desig-nación de los intendentes, el presupuesto asignado, las obras ejecutadas y el funcionamiento de determinados órganos de participación comunal (como los centros vecinales) ocupa-ran un lugar más que importante en los planes de gobier-no. La efímera pero prolífica gestión de Taboada, no escapa a esta premisa: hombre de estrecha confianza del gobernador Huerta, quien lo designa al frente del ejecutivo municipal, no obstante su margen de autonomía es nulo, ya que todas las iniciativas y proyectos debieron gozar de la anuencia del gobernador- interventor.

Más allá de la estrecha relación órbita nacional-provin-cial-municipal, el otro desafío de analizar históricamente la ciudad lo constituye el hecho de poder desagregar lo inme-diato de lo mediato, las medidas a corto plazo de las medidas a largo plazo. La administración de un municipio implica so-

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brellevar la marcha de lo cotidiano, dando respuesta inme-diata a varios problemas que irrumpen de manera acuciante. Para el período que fue objeto de nuestro estudio, buscamos rescatar aquellas políticas de cierto alcance y/o de largo pla-zo que manifestaron o evidenciaron cierta continuidad en el tiempo: imbuido de ideas desarrollistas y con la pretensión de modernizar la ciudad de Córdoba, la intendencia de Taboada dotó al municipio de infraestructura necesaria y acorde a los nuevos ritmos, sin olvidar o relegar el resguardo del patrimo-nio histórico y arquitectónico de Córdoba.

El estudio y análisis del municipio, en este caso bajo la intendencia de Taboada, nos puso de relieve o manifiesto los problemas irresolutos de vieja data, variable casi siempre presente bajo cualquier gestión de gobierno. Para el período que nos atañe, el problema del transporte urbano de pasaje-ros y de los permisionarios, demostró no solo la permanencia y continuidad del conflicto a lo largo del tiempo, sino que puso en evidencia el poder de presión y de desestabilización que juegan los actores corporativos de peso en el espacio y al interior de una ciudad.

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LA INTENDENCIA PARA LA “FELICIDAD DEL PUEBLO” (1973-1976)

María Clara Iribarne

Introducción

El trienio 1973-1976 en la ciudad de Córdoba estuvo tam-bién (al igual que otras provincias y a nivel nacional) fuerte-mente condicionado por el escenario de disputa interna del movimiento peronista. La victoria electoral antes que embar-car a los distintos sectores en el apoyo de la gestión ejecutiva disparó las pujas de poder al interior de la administración del Estado, que se vio tensionada por reclamos de muy diversa procedencia y envergadura. La demarcación entre izquierda y derecha en el peronismo, que adquirió ribetes dramáticos en un marco de violencia política creciente, ha permitido trazar marcos de interpretación tendientes a identificar las posicio-nes de los actores y sus espacios de adhesión; pero al calor de los acontecimientos, esta delimitación necesaria resulta insu-ficiente para expresar acabadamente los matices y diversidades de concepciones, los giros y reacomodamientos producidos en el proceso político.

Es posible identificar diferentes momentos en el curso de esos años, relativos a las prácticas, discursos y alianzas cam-biantes de los protagonistas. Si los actos de campaña electoral acompañaron el eslogan “liberación o dependencia”, el rápido declive del presidente Cámpora y la persistente cruzada de denuncia a los “infiltrados” –ubicando en ese lugar al gober-

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nador de Córdoba y su vice, por parte de las máximas auto-ridades del Consejo Superior del Movimiento Nacional Jus-ticialista– impregnó de una manera muy distintiva la gestión de lo local. Este trabajo propone una primera aproximación a la gestión iniciada por Juan Carlos Ávalos y continuada por José Coronel, procurando avanzar sobre sus peculiaridades aunque entendiendo que ambas no pueden ser escindidas del complejo contexto en el que se desenvolvieron.

El triunfo del FREJULI: la gestión Ávalos

El 11 de marzo de 1973, en Argentina, se celebraron eleccio-nes de todas las categorías institucionales que normalizaban la situación de excepción creada por el golpe de Estado de 1966.

En la ciudad de Córdoba, insignia de la lucha antidicta-torial, se presentaron a competir por la intendencia siete espa-cios políticos, dejando en evidencia la importancia asignada a la contienda electoral tras los largos años de obturación de la participación impuesta por la dictadura. El Frente Justicialista de Liberación se apuntó con la candidatura de Juan Carlos Ávalos; Francisco Bazán, representando a la Alianza Popular Federal; Esteban Pauli, por Nueva Fuerza. Atilio Argüello del Partido Social Democrático, lo hizo por esa fuerza. Además, participaron también Carlos Saiz, del Frente de Izquierda Po-pular; Albinio Serafin por Acción Popular Revolucionaria y la Unión Cívica Radical, representada por Ángel Taleb.

Juan Carlos Ávalos, el candidato del FREJULI que ter-minaría siendo electo, aunque oriundo de Catamarca, residió en Córdoba capital desde sus años juveniles, en los que se trasladó para ejercer de maestro y cursar la carrera de medi-cina. Fue jefe de Clínica del Hospital Córdoba, de Sanidad Escolar de la nación y la provincia. También se desempeñó

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como médico endocrinólogo del Hospital Italiano. Participó en la fundación del partico peronista como congresal nacio-nal del Congreso Constituyente del partido, en 1947. Mili-tante activo de la “resistencia peronista” fue sometido a los “consejos de guerra” durante la aplicación del Plan Conintes. Se desempeñó como profesor de la escuela Superior de Con-ducción Política de su partido (1965-1966) y fue también integrante del Consejo Provincial del Partido Justicialista por el distrito Córdoba, desde 19711. Participó activamente tan-to en el gremio docente como en la asociación profesional de médicos, lo que le valió un conocimiento público que excedía los marcos partidarios. Su destacada trayectoria, los vínculos con sectores gremiales y una larga experiencia en distintos es-pacios sindicales y de gestión le otorgaron el capital político necesario para representar y ganar las elecciones en un distrito tradicionalmente adverso al peronismo.

A pesar de la nutrida oferta electoral, la campaña muni-cipal quedó bastante desmerecida en los medios de comunica-ción, atravesada por la compulsa a nivel nacional y provincial y las tensiones generadas con el poder militar en retirada, que mantuvo la vigencia del estado de sitio hasta pocos días antes de los comicios.

El triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI en adelante) a escala local contrastó con la victoria obtenida por el candidato radical a la gobernación –el ex-in-tendente Víctor Martínez2– en la ciudad capital. Juan Carlos Ávalos, obtuvo una ventaja de poco más de 23.000 votos por sobre el candidato de la UCR, Dr. Angel Taleb. Este resultado es sugestivo si se piensa en la extendida convicción de que la

1 La Voz del Interior, 11-3-19732 La fórmula de la UCR a la gobernación de Córdoba, se impuso por 3.373 votos sobre Ricardo Obregón Cano-Atilio López del FREJULI. La Voz del Interior, 17-3-1973.

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ciudad de Córdoba, escenario de las masivas expresiones del “Cordobazo” de 1969 y el “Viborazo” de 1971, fue concebida por la militancia radicalizada como “capital de la revolución”. Las dos fuerzas más votadas, FREJULI y UCR, concitaron la adhesión mayoritaria de los ciudadanos. Una parte de la izquierda más radicalizada convocó al voto en blanco (Parti-do Comunista Revolucionario y Vanguardia Comunista). Es interesante visualizar que para la categoría de gobernador-vice solo se emitieron poco más de 8 mil votos en blanco, mientras que para la categoría intendente ascendió a más de 21 mil su-fragios. Estos datos parecerían indicar que lo que Juan Carlos Ávalos perdió por izquierda supo capitalizarlo al interior del peronismo, donde obtuvo una diferencia en relación a Ricar-do Obregón Cano-Atilio López de más de 7 mil votos en las elecciones del 11 de marzo.

PARTIDO-FRENTE PRESIDEN-TE-VICE

GOBERNA-DOR-VICE

INTEN-DENTE

Alianza Popular Revolucio-naria 16.326 8.806 11.996

Alianza Popular Federal 44.040 - -Alianza Republicana Federal 4.469 - -Demócratas de Córdoba 3.432 -Frente de Izquierda Popular (FIP) 2.699 2.296 2.763

Frente Justicialista de Libe-ración 189.358 178.951 186.677

Nueva Fuerza 6.332 4.489 6.733Socialista de los Trabajadores 4.734 4.393 -Socialismo Democrático 2.763 2.481 2812Unión Cívica Radical 145.663 182.324 162.964Federalista - 21.250 26.659Blanco 7.129 8.801 21.378

Fuente: La Voz del Interior, 17-03-1973

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Varias son las razones que permiten explicar los resulta-dos. En primer lugar, aunque las elecciones municipales sue-len estar menos sujetas a definiciones ideológicas e incluso partidarias, el contexto en el que se desarrollaron esos comi-cios, el fin de los siete años de dictadura de la “Revolución Ar-gentina”, también permearon las expectativas de una opinión pública predispuesta a conceder su voto a favor de los candi-datos peronistas presentados como los principales adversarios del régimen militar.

Un segundo factor residió en la imagen y el nivel de co-nocimiento del candidato. Juan Carlos Ávalos, médico cata-marqueño de cincuenta y siete años, había realizado toda su vida profesional en Córdoba, como médico escolar y en el Sa-natorio Sobremonte, atendiendo a los afiliados de las mutuales sindicales, lo que le significó un elevado índice de popularidad y la construcción de relaciones con actores influyentes. Ade-más, su activa participación en la resistencia peronista le había granjeado el respeto de sus compañeros y la adhesión, incluso de aquellos grupos vencidos en la reorganización partidaria, como el sector vinculado a Alejo Simó, que se reconocía en esa tradición.

Un tercer elemento residió en el armado electoral del Dr. Ávalos, que buscando recomponer las heridas dejadas por la interna partidaria de 1972, buscó la integración de grupos que habían quedado marginados de los cargos electivos, de-mostrando bastante pragmatismo y amplitud en aras de con-seguir un objetivo, en una etapa signada por las distinciones de todo tipo. En consecuencia, obtuvo un respaldo sin fisuras del peronismo a su postulación, apoyo que no logró plasmar en la primera vuelta el candidato a gobernador. La lista de concejales del FREJULI3 tuvo una integración preponderante

3 La lista estuvo integrada por: Benjamín Cabral, José Domingo Coronel, Miguel Flores, Víctor A. Lorenzo, Tomás Montilla, Juan Facundo Quiroga, Jorge Améri-

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del obregonismo4 –con la excepción de José D. Coronel– y Jorge A. Rabanelli, procedente del Movimiento de Integra-ción y Desarrollo. La presidencia del cuerpo recayó en Miguel Ángel Flores5.

De los tópicos destacados durante la campaña electoral, no puede dejar de mencionarse la denuncia del estado finan-ciero y de la deuda de la comuna6 que dejaba la administra-ción anterior, asociada a la promesa de ejecutar una disciplina severa con la evasión contributiva y una política redistributi-va: “el que tenga más, deberá contribuir en mayor medida al sostenimiento de la carga pública y a su vez, daremos más al que menos tiene y más necesita”7, sostenía Ávalos. Criticaba el sistema de transporte, se oponía al traspaso de las escuelas provinciales y anunciaba obras para los barrios junto al diseño de un plan de viviendas, con la mirada puesta en la erradi-

co Ravanelli, Juan Ignacio Silva, Humberto Spinsanti y Agripina Sueldo de Cari.4 Entrevista a Luis Ávalos, secretario personal y sobrino del intendente, 29-1-2018.5 La lista de concejales del FREJULI en Córdoba capital fue postulada por el candidato a gobernador Ricardo Obregón Cano (cercano a la tendencia), a través de una heterogeneidad ideológica que integró desde Tomás Montilla, proveniente de las filas nacionalistas y anticomunistas hasta Víctor A. Lorenzo, de la Tendencia Revolucionaria –con la excepción de José Domingo Coronel del espacio Organización Única de Trasvasamiento Generacional y Jorge Ra-banelli, por el Movimiento de Integración y Desarrollo–. El derrocamiento de Obregón condujo a los ediles a diferenciarse de las posturas del gobernador depuesto y a acercarse a los lineamientos y discursos de la ortodoxia. Entrevista Dr. Luis Avalos, 29-1-2018.6 Se creó una comisión investigadora presidida por el Secretario general e in-tegrada por los Secretarios de Cultura, Acción Social, Gobierno y Secretaría Económica y Hacienda. Su función era investigar al gobierno anterior entre el 29 de junio de 1966 hasta el 25 de marzo de 1973. Se invitaba asimismo a in-corporar a tres miembros del HCD. En principio se establecía la realización de un informe a presentarlo en noventa días. Posteriormente, a través del Decreto 292 se prorrogó la redacción del informe por otros noventa días. Boletín Mu-nicipal de la Ciudad de Córdoba (BMCC) Nº 712, 3-8-1973, p. 5 y BMCC Nº 730, 31-10-1973.7 La Voz del Interior, 9-3-1973; entrevista a Juan Carlos Ávalos, 29-1-2018.

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cación de las villas de emergencia, principalmente las de la rivera del entonces Río Primero.

Entre sus primeras medidas de gobierno, además del nombramiento de sus colaboradores8, puede contarse a la Or-denanza 6079 que establecía la modificación presupuestaria para el año 1973 en razón de un aumento salarial y de las bo-nificaciones por antigüedad para los empleados municipales. También, y en consonancia con otros entes estatales, se deci-dió la reincorporación del personal cesanteado tras el derroca-miento de Perón en 1955 y a los agentes despedidos en 19719.

“Para el pueblo lo que es del pueblo”: entre las demandas inmediatas y la gestión

José Antonio Garretón incursiona en la noción de “legitimi-dad instrumental” para dar cuenta de la débil credibilidad de las instituciones en América Latina, percibida por vastos sectores sociales como “instrumentos o mecanismos de con-quista o defensa de intereses (…) más que principios y marcos legitimados de la vida social y la acción individual y colecti-va” (Cfr. 2000: 70). Las experiencias frustrantes acumuladas en las intervenciones militares, sumado al clima de triunfa-lismo imperante, imprimieron una sobrecarga de demandas que tendieron a resolverse por medio de la acción directa, en

8 Secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social; Pablo O. Figuerero; Sec-retario de Obras y Servicios Públicos, Arquitecto José V. Muscara; Secretario General, Dr. Pedro E Dulom; Daniel Luna Maldonado como Secretario de Economía y Hacienda; Hipólito Smith, Secretario de Salud Pública; y Miguel Manzur, Secretario de Transporte. Resulta interesante resaltar que el armado del gabinete municipal se nutrió de figuras de la Juventud Peronista de la rama política del movimiento, no contenidos en las expresiones mayoritarias de la tendencia o de la JP de la República Argentina. Entrevista al Dr. Luis Ávalos, 29-01-2018.9 BMCC Nº 694, 6-6-1973, p 1. Ordenanza Nº 6079.

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un intento por lograr reivindicaciones y espacios de poder a través de la presión colectiva. La serie de “tomas” que se desplegaron en todo el país fueron un claro ejemplo de la estrategia llevada adelante por distintos grupos de la militan-cia peronista devenidos en “grupos de presión”10, dejando en evidencia, también, la escasa credibilidad del funcionamien-to institucional. La Municipalidad de Córdoba no quedó al margen de este proceso.

El mejoramiento de las remuneraciones y las iniciati-vas de reparación no impidieron que un grupo del Sindica-to Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Agrupación de Trabajadores Municipales Peronistas y Empleados Municipales, realizaran una toma del Palacio 6 de Julio para forzar una audiencia con el intendente a quien le reclamaban por nombramientos de “personas extrañas al movimiento peronista”11. El respaldo obtenido por Ávalos en los comicios de marzo no lo excluía del tironeo y las pujas facciosas al interior del peronismo cordobés, en fuerte estado de movilización. Los conflictos, asumidos en clave ideológica, se expresaron tempranamente y desde diversos actores. Las “tomas” de barrios, como Villa Alberdi y General Urquiza, en demanda de agua potable y luz eléctrica, arreglo de calles y servicio de transporte, al igual que los reclamos de los vecinos organizados de Villa El Libertador, no solo manifestaban las expectativas abiertas ante la nueva administración. La presen-cia del gobernador provincial en el lugar de los reclamos pro-

10 Entre el 4 y el 15 de junio de 1973, donde se produjeron las más de seiscien-tas “tomas” a lo largo y ancho del país, “la movilización alcanzó picos de verdadera insurrección (…). Estas acciones no respondían a una conducción unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraiga-dos, hasta funcionarios de gobierno, desde activistas y simpatizantes del ala izquierda, hasta, en algunos casos, militantes de la derecha peronista” (Svampa, 2000: 400).11 La Voz del Interior, 12-06-1973 (El destacado es nuestro).

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metiendo acercar soluciones, generaba tensiones con el Lord Mayor de la ciudad, cuya agenda y promesas de obras públi-cas en esos sectores se había decidido prioritaria12.

El intento de las distintas facciones del peronismo de lide-rar el proceso político condujo, en ocasiones, a forzar enfrenta-mientos. Un episodio, narrado por el secretario privado del Dr. Ávalos, revela la lógica que anidaba a algunos grupos durante aquellos meses. A poco de asumida la nueva gestión, la ambu-lancia que cubría los traslados sanitarios de Villa El Libertador necesitaba de una reparación. Frente al requerimiento de las autoridades para llevarla a arreglar, la comisión vecinal, en la que la Tendencia Revolucionaria tenía fuerte predicamento, decidió la toma del barrio y del dispensario. La presencia del secretario del área Hipólito Smith, prometiendo el reempla-zo de la ambulancia rota por otra, fue denegada sosteniendo, frente a los vecinos, que los flamantes funcionarios “siempre habían mentido”13 y que no se podía tener confianza en ellos. La anécdota muestra no solo el clima deliberativo y maximalis-ta de esos meses, sino también la despiadada lucha interna que distaba de priorizar la gobernabilidad del propio espacio políti-co. Al mismo tiempo, demuestra que el criterio de legitimidad, para estos grupos, no estaba fundado en el origen electoral, sino más bien en la capacidad de expresar las reivindicaciones de los sectores populares a través de la acción directa.

Los diarios locales también enunciaron la ansiedad por mejoras en la ciudad y una clara actitud de denuncia de las situaciones de deterioro y abandono de los espacios públicos a poco de comenzada la administración. Con fotos semanales en los diversos periódicos dejando en evidencia carencias de la gestión, el diario Los Principios, en una sección titulada “la

12 La Voz del Interior, 4-09-1973 13 La anécdota es sugestiva porque marca no solamente el inmediatismo de muchos grupos, sino la utilización de un discurso impugnador del poder. Las autoridades acababan de ser nombradas.

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lente acusa” hacía suya la idea de que las imágenes hablan por sí mismas. Editoriales y notas críticas en La Voz del Interior; o una columna semanal del diario Córdoba destinado a po-ner de relieve los problemas en los barrios, daban muestra del papel fiscalizador hacia la nueva administración que habían asumido los tres medios locales.

Sin embargo, pese a las aspiraciones de soluciones inme-diatas y a las voces críticas, que cuestionaban la situación del tránsito, el pésimo estado de las calles y la proliferación de vendedores ambulantes, el intendente Ávalos logró concretar algunas de sus promesas de campaña como la creación del Servicio Móvil de Medicina de Urgencia, en el que se preveía el equipamiento y recursos humanos para cinco ambulancias con vistas a cubrir las emergencias14, obteniendo parte de los recursos necesarios a partir de la creación de tasas provenien-tes de las carreras de caballo y del juego15 y también el lla-mado a licitación para cuantiosas obras públicas de servicios esenciales, como agua potable, cloacas y cordón cuneta. Estas iniciativas, no obstante, se vieron demoradas por los siste-máticos pedidos de prórroga de las empresas licitatorias16. La gestión Ávalos fue profusa también en ordenanzas vinculadas al embellecimiento de espacios barriales a través de construc-ción de plazas y mejoramiento de espacios verdes17.

Las estrecheces presupuestarias del municipio fueron mencionadas con motivo de la celebración de los 400 años de la ciudad. La austeridad proclamada se limitó a una misa y un acto protocolar. El contraste de la ausencia de festejos con el financiamiento otorgado por el municipio para solventar los

14 BMCC Nº 720, 11-9-1973; Ordenanza Nº 6125.15 BMCC Nº 729; 30-10-1973; Ordenanzas Nº 6131 y Nº 613216 Véase los BMCC en 1973.17 Barrio Cerro Chico; Plaza de Parque Patricios; Barrio Industrial. BMCC Nº 726, 18-10-973; Ordenanzas Nº 6140, 6141 y 6142; Plaza de los Burros de Barrio San Martín. BMCC Nº 720, 11-9-1973; Ordenanza Nº 6121.

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gastos de movilización para el regreso de Perón a la Argenti-na18, la política de reincorporación de cesanteados post 1955, ya mencionada, o la instrumentación de la Ordenanza 614719, en la que se comprometía al adelanto de hasta cinco meses de la jubilación para el agente municipal, que acogiéndose a ese derecho, así lo requiriera, deja en evidencia qué tipo de polí-tica buscaba consolidar el intendente. Lo que las decisiones de gasto de la gestión Ávalos parecían expresar, era la absoluta prioridad destinada a mejorar la situación de los trabajadores municipales y consolidar su base de apoyo en el frente inter-no. La normalización institucional de 1973 no se comprende por fuera del intento de consolidar los espacios de poder en el Estado, tras muchos años fuera de él, y en el contexto de una dramática disputa al interior del movimiento peronista.

Paro de transporte: jaque al vicegobernador y prólogo del golpe policial

El transporte público de pasajeros constituyó uno de los pro-blemas centrales de la gestión Ávalos y uno de los ejes desde donde se transparentó el enfrentamiento con los actores que se expresaban tras el apoyo a Obregón Cano-Atilio López.

El 24 de diciembre de 1973, la UTA, el gremio de trans-portes urbanos de pasajeros, y del que el vicegobernador se encontraba con pedido de licencia al cargo de Secretario Ge-neral, decretó un paro sorpresivo, reclamando un aumento de haberes. La ciudad quedó sin ómnibus y el malhumor social en medio de las fiestas de fin de año contribuyó a poner más tensión al conflicto. La falta de acuerdo con los propietarios

18 BMCC Nº 706, 19-6- 1973; Decreto Nº 14, Serie C.19 BMCC, 18-10-1973, p 5.

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del transporte, quienes sostenían que un aumento a los traba-jadores sin recomposición del precio del boleto era imposible, implicó a los actores gubernamentales. El municipio, bajo cuya jurisdicción se encontraba el tema, intentó desligarse del mismo, aduciendo que, al ser un tema salarial, competía al Ministerio de Trabajo su resolución. Por otra parte, la figura de Atilio López en el gobierno provincial, su ascendencia so-bre los trabajadores de UTA en conflicto, encendieron todas las suspicacias posibles en el Palacio 6 de Julio y buscaron el involucramiento de la provincia para la resolución del tema, lo que no impidió que se intimara a los prestatarios del servi-cio a reanudarlo. Por su parte, el Concejo Deliberante, tam-bién hacía un llamado a las partes para buscar una solución, desligándose del área de competencia.

La crisis desatada en diciembre, que se extendió hasta febrero, tuvo interpretaciones interesadas entre los distintos actores del peronismo, que utilizaron el reclamo gremial y empresarial para nacionalizar el conflicto (el propio Perón se involucró en el tema) y hacerlo jugar en la desestabilización del gobierno provincial. En ese contexto, el intendente Ávalos pidió la intervención de la provincia20, abroquelándose en la decisión del gobierno nacional de respetar el “pacto social”, el plan económico de estabilización de precios y salarios que devino instrumental en la lucha de depuración interna del peronismo, buscando delimitar a través de él, el alineamiento

20 “Ante huelga dispuesta por Sindicato del Sr. Vicegobernador, alentado y sostenido desde la Casa de Gobierno en que la actuación del Gobierno Munic-ipal es de firmeza y absoluto acatamiento a Normas de Acta de Compromiso Nacional, denuncio al Sr. Ministro del Interior amenaza e intento de interven-ción a esta Comuna por el único delito de no prestarse a oscuras maniobras. Estando comprometida la paz social en Córdoba y la absoluta falta de garantías del Estado Provincial, solicito a V.E. la intervención directa del Estado Na-cional ante los graves sucesos que vive Córdoba”. Intendente Ávalos. El Des-camisado. Año I; Nº 35; 15-1-1974; Los Principios, 7-1-1974.

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a Perón o la integración a las filas “infiltradas” al peronismo por el marxismo.

El episodio de la crisis del transporte que implicó a acto-res del ejecutivo y legislativo municipal, provincial, al Poder Ejecutivo nacional, a la justicia, a trabajadores y empresarios, es demostrativo de cómo una acción, en este caso la reivin-dicación de los delegados de UTA por el mejoramiento de haberes, desencadenó una crisis política de tal magnitud, que culminó en un rediseño del mapa político cordobés. Tras el pedido de aumento, y las medidas de fuerza iniciadas por el sindicato, en un momento particularmente sensible para los usuarios del transporte público, como las fiestas de fin de año, se fueron concatenando actores con intereses diversos. Los empresarios, buscando transferir los costos salariales al valor del boleto; los delegados de UTA, forzando sus reivindicacio-nes sectoriales por encima de cualquier otra consideración. Por su parte Atilio López, en ejercicio de la gobernación, tam-poco quiso resignar su legitimidad como combativo defensor de los intereses de los trabajadores.

En rigor, la crisis del transporte fue una de las tantas ma-niobras utilizadas por distintos actores de la interna peronista para jaquear al gobierno provincial, al que identificaban ali-neado a los sectores de la tendencia revolucionaria, devenida en el “enemigo” tras el asesinato, en septiembre de 1973, de José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT.

En febrero de 1974 se produjo el alzamiento policial, en-cabezado por Antonio Domingo Navarro y respaldado por el peronismo ortodoxo, la Juventud Sindical Peronista, la Juven-tud Peronista de la República Argentina y la máxima dirigen-cia a nivel nacional, incluido el presidente Perón, que culminó con la renuncia del gobernador y vice y la intervención federal a la provincia. El aislamiento del sector político que apoyaba a Obregón Cano, tuvo también su correlato a escala local. Por

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esos días, el intendente Juan Carlos Avalos tuvo que pedir li-cencia por enfermedad. La línea sucesoria indicaba al concejal Miguel Ángel Flores, hombre cercano al gobernador. Sin em-bargo, el resultado del “navarrazo” también lo eyectó del Pala-cio 6 de Julio y se produjeron realineamientos en el Concejo Deliberante. El 3 de marzo asumió interinamente el Concejal José D. Coronel (con la ausencia del renunciado Flores) quien además fue nombrado presidente del cuerpo legislativo muni-cipal. Por su parte, Tomás Montilla ocupó la jefatura de ban-cada, en reemplazo de Juan Ignacio da Silva. Este reacomoda-miento del tablero político del oficialismo obligó al presidente del bloque de la UCR, Manuel Galvez a sostener: “Una vez más este bloque se ve en la ineludible necesidad de denunciar en el recinto los hechos que suceden como acontecimiento de la vida interna del partido gobernante por la supremacía o conducción del Frente Justicialista (…). No participaremos tomando partido por uno u otro bando en pugna”21. Ponien-do aún más tensión institucional, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Osvaldo Figuerero, colaborador del intendente en uso de licencia, pedía la renuncia del con-cejal Flores como sustituto de Avalos y lo hacía en nombre de todos los secretarios. Las razones esgrimidas se enmarcaban en la cruzada depuradora en la que se embarcaron los opositores internos de Obregón y López y la oportunidad para ganar te-rreno en los espacios institucionales. El tenor de la nota, en la que se acusaba al concejal Flores de intentar “someter a la mu-nicipalidad a los manejos del gobierno provincial” del que se denunciaba que profesaba “oscuros e inconfesables designios” contrarios a la doctrina justicialista y la política del General Perón; derivó en la renuncia del secretario y del subsecretario de Transporte, Angel Manzur y Luis A Peralta22.

21 Los Principios, 3-3-1974.22 Los Principios, 3-3-1974. Finalmente Luis Peralta se mantuvo unos meses más en su cargo

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El argumento utilizado contra la gestión Obregón Cano, la falta de respeto del “pacto social” –en rigor, al acuerdo so-cial de precios y salarios diseñado por Perón para controlar la inflación– presentado como “empresa de reconstrucción nacional” y su cuestionamiento, “proveniente de esquemas ideológicos reñidos con el ser nacional”23 fue utilizado por los funcionarios municipales, aun cuando la recomposición sala-rial de sus empleados fue constante y sistemática –violando la misma norma que proclamaban defender–. No era casual, en consecuencia, que otros actores, como la Bolsa de Comercio, se embanderaran instrumentalmente en defensa del mentado pacto social para manifestar su oposición al incremento de tasas y cargas tributarias decididas por el municipio. El diario Los Principios llamaba también la atención de las autoridades, que tras el saldo institucional ya mencionado, autorizaron el incremento del boleto urbano de pasajeros y el aumento de taxis24. Eliminados el gobernador y el vice de la lucha políti-ca cordobesa, el recurrentemente enunciado pacto social y su dogmática invocación se desvanecieron, dejando en evidencia el oportunismo de su utilización.

Las disputas palaciegas

El proceso de depuración ideológica en el que se embarcó el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, que tuvo a Obregón Cano y Atilio López entre sus principa-les damnificados a escala provincial, repercutió a nivel local a través de la intervención de distintos centros vecinales, como Centro América, de la Seccional 13; Residencial Santa Isabel

23 Véase la nota pública del Sr. Figuerero contra el Concejal Flores. Los Principios, 3-3-1974.24 Los Principios, 3-4-1974.

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de la Seccional 10 y la cesantía del director de la Secretaría de Acción Vecinal, aduciendo la “falta de identificación con el proyecto de Liberación y Reconstrucción Nacional que sus-tenta el presidente Perón”25.

José Domingo Coronel, militante de la Organización Única de Trasvasamiento Generacional, fue el único concejal de ese agrupamiento, del que también participaba el Secreta-rio de Hacienda del ejecutivo municipal, Luna Maldonado y José Manuel De la Sota, Secretario del Concejo Deliberante. Los integrantes de esta corriente estaban fuertemente enfren-tados a Montoneros y la tendencia26, por considerar que no eran auténticamente peronistas.

El interinato del concejal Coronel a cargo del ejecutivo municipal, se caracterizó por una amplia campaña comuni-cacional en la que daba cuenta de las acciones emprendidas (Cfr. Cuccheti, 2008). Una parte importante de ellas, vincu-ladas a inspecciones, libración de actas y clausuras, que fue-ron cuantificadas por rubro y ampliamente publicitadas. Otra iniciativa de fuerte impacto público fue el anuncio de aseso-ramiento gratuito para sectores de bajos recursos tanto en la confección de planos para viviendas como en la documen-tación requerida para la percepción de subsidios familiares. Con esta medida, daba continuidad a las acciones emprendi-das por el equipo Ávalos de los “miércoles de puertas abiertas con organizaciones populares”27.

El cariz propagandístico de la gestión interina y una serie de decisiones vinculadas a nombramientos en la planta mu-nicipal, encendieron las luces de alarma entre los colabora-dores del intendente Ávalos, principalmente su secretario de gobierno, a quien José Coronel pidió la renuncia y –frente a la

25 BMCC Nº 742, 13-5- 1974; Decreto Nº 1704, Serie A, 29-1-1974.26 Autodenominación de los diversos sectores del Peronismo Revolucionario.27 Entrevista Luis Avalos, 29-1-2018.

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reticencia de Figuerero– dispuso por decreto su cesantía28. En rigor, lo que estaba en ciernes según se desprende de fuentes orales, era la búsqueda de alejamiento definitivo del intenden-te electo, a quien se pretendía declarar insano. La consolida-ción del nucleamiento de la Organización Única de Trasvasa-miento Generacional liderado en Córdoba por Coronel, un grupo sin demasiado desarrollo aunque con sólidas alianzas a nivel nacional con el hombre fuerte del gobierno, José López Rega29, requería la ocupación de espacios institucionales. La enfermedad del Dr. Ávalos se reveló como la posibilidad de “quedarse” con la intendencia de una de las principales ciuda-des del país. En este contexto, a fines de abril, el intendente Ávalos “sorpresivamente” reasumió sus funciones. La crónica de Los Principios sostenía “En forma desusada y a una hora in-esperada (las 2 a.m.) reasumió la intendencia en el primer piso municipal”30. Además, insistía el diario en que “pese a que fueron invitados, los concejales no asistieron a la ceremonia”. El cuerpo legislativo del FREJULI, tras los acontecimientos de reequilibrios de fuerzas operados en el peronismo cordobés, apostaba en la compulsa de poder por las alianzas y respaldos del joven concejal, dejando circular el rumor de destitución del intendente electo, hecho que finalmente no ocurrió, pero que evidenciaba los tirones, disputas y el clima deliberati-vo del oficialismo. El incidente con el bloque de concejales del propio partido terminó saldándose a favor de Juan Carlos Ávalos, en un agasajo propiciado por el concejal Da Silva.

En los breves meses en que se reincorporó el intendente electo, las circunstancias a nivel provincial (la intervención

28 Entrevista con el sobrino y secretario privado del intendente Ávalos, Luis Ávalos. En la reunión celebrada con los colaboradores de Ávalos, se impuso la moción de Luis Peralta, sobre la necesidad de que Juan Carlos Ávalos reasumiera sus funciones inmediatamente para evitar el golpe palaciego. 29 Entrevista Luis Ávalos, 29-1-2018.30 Los Principios, 27-4-1974.

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Brunello) y nacional (la muerte de Perón), no contribuyeron a enfriar las conflictivas relaciones internas. El municipio se plegó al clima imperante de orden y disciplinamiento, ins-tando a la ciudadanía, preferentemente las amas de casa, a denunciar los intentos de especulación de los comerciantes, realizando operativos moralizadores en clubes nocturnos, ho-teles alojamientos y espectáculos a través de la policía muni-cipal, y a sancionar la falta de higiene en fachadas y veredas de la ciudad, para lo cual se anunciaron vastos operativos. También se continuó con iniciativas tendientes a aproximar el municipio a los barrios, facilitando la realización de trá-mites municipales en las vecinales, (otorgamiento de docu-mentos de identidad, o realización de planos de viviendas) implementando un concepto que en futuras décadas tendría gran impacto: la descentralización.

El 5 de septiembre de 1974 murió Juan Carlos Ávalos y el Palacio 6 de julio nuevamente fue sacudido por las as-piraciones de sucesión. Interinamente reasumió el concejal Coronel, pero el concejal Tomás Montilla también expresó sus aspiraciones a ocupar el sillón del Lord Mayor. Mientras José Coronel buscaba respaldos en el Comando Superior del Movimiento Nacional Justicialista, Montilla lograba el apoyo del bloque de concejales. Tras conversaciones y consultas en los distintos ámbitos partidarios y en medio del reemplazo a nivel provincial de Duilio Brunello por el Brigadier Raúl La-cabanne, la compulsa volvió a favorecer a Coronel, quedando Montilla en la línea sucesoria al asumir como presidente del cuerpo de concejales. La disputa, que tomó luz pública, pro-vocó un editorial del diario católico titulado “Mala Impre-sión”, donde tácitamente tomaba partido por José Coronel, cuestionando los acuerdos y negociaciones de los concejales y proclamando a Tomás Montilla como futuro intendente, antes del deceso de Ávalos. Finalmente el 25 de septiembre

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asumió José Coronel, con veintiocho años y estudios universi-tarios aún no concluidos. Los Principios ponía especial énfasis en el abierto enfrentamiento de Coronel mantenido contra la política del ex gobernador Ricardo Obregón Cano31.

El verticalismo, que impregnó las prácticas del oficia-lismo de esos años, quedó nuevamente evidenciado en esta crisis de sucesión. La exigencia de renuncia de los concejales solicitada por el Consejo Superior partidario, logró desmoro-nar la candidatura de Montilla, pero expresaba, una vez más, la indiferencia ante la legitimidad electoral, que claramente detentaban los ediles.

La gestión Coronel

El respaldo obtenido por José Coronel de parte de las autori-dades partidarias, no desactivó las pretensiones del titular del Concejo Deliberante. Emulando la iniciativa de acercamiento del ejecutivo municipal a los barrios, Montilla dispuso man-tener reuniones con vecinos y buscar una fuerte presencia en los medios de comunicación. Por su parte, José Coronel de-signó a sus colaboradores y envió un telegrama a la presidenta de la nación consignando “Queda el cargo y este soldado del movimiento a su entera disposición”32.

El clima de la administración de octubre de 1974 puede calibrarse a la luz de las declaraciones emitidas por intendente y funcionarios. Mientras Coronel se mostraba satisfecho por la presencia de colaboradores “auténticamente peronistas”33, el nombrado secretario de gobierno, José Manuel de la Sota, planteaba “ganar la guerra por la paz, despreciando a aquellos

31 Los Principios, 25-9- 1974.32 Córdoba, 25-9-1974.33 Córdoba, 16-10-1974.

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que quieren la violencia”34 y Haydée Giri, subsecretaria de Acción Social sostenía que la suya era “una feliz esclavitud” al tiempo que declaraba “Quiero hacer público mi fanatismo por la causa de Perón”35. Las declaraciones remitían más a la interna peronista que a la gestión municipal.

El transporte urbano de pasajeros se mantuvo como uno de los principales ejes de conflicto, a través de la presión de las empresas por aumento de tarifas y la afirmación del titu-lar de transporte denunciando “mala administración”. Como novedad se dispuso la implementación de cospeles, abonos y precios diferenciales.

Otra iniciativa de la gestión Coronel fue la modificación del organigrama a través de la creación de siete secretarías, jerarquizando áreas y ampliando la posibilidad de nombra-mientos políticos. El nuevo diseño quedó integrado por Go-bierno, Cultura, Servicios Públicos, Economía, Policía Muni-cipal, Salud Pública y Obras Públicas. Es interesante remarcar el incremento de funciones otorgado a la flamante secretaría llamada Policía Municipal. A través de direcciones se adjun-taron muy diversas funciones que abarcaron desde áreas de control de “costumbres y esparcimiento público”, pasando por vigilancia de obras privadas, policía municipal (tránsito), control alimentario y ambiental y un cuerpo de inspectores de la dirección de abastecimiento36. Esta secretaría mantuvo también una fuerte presencia mediática por medio de la difu-sión de inspecciones, sanciones y estadísticas de infracciones, acompañando el clima de control social imperante.

Desde el Concejo Deliberante se proponían iniciativas tendientes a ganar las simpatías de los empleados municipa-les. La concejal Sueldo de Cari (titular del bloque del FREJU-

34 Córdoba, 25-9-1974.35 Córdoba, 22-10-1974.36 Córdoba, 29-10-1974.

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LI), planteaba que en caso de fallecimiento de agentes muni-cipales, se procediera al nombramiento de familiar directo del extinto (hijo/a o esposo/a)37. El proyecto dejaba en evidencia la concepción imperante en el staff gubernamental: más que atender las necesidades del municipio y los vecinos, de lo que se trataba era de mantener conformes a las familias de los empleados y granjearse el apoyo sindical.

La crisis económica de esos años, la fuerte inflación y también una administración más ocupada de los conflictos internos que de la gestión comunal, hizo que muchas de las obras comprometidas no fuesen realizadas. En septiembre de 1975 se produjo un frente de tensión entre las autoridades y diversas asociaciones nucleadas en la Bolsa de Comercio y el Centro Comercial e Industrial de Córdoba. El motivo de la confrontación fue la disposición por ordenanza de nuevas tasas municipales. Mientras las más de 125 entidades38 tildaban la medida de inconstitucional, aduciendo que no se debe pagar dos veces el mismo tributo y anunciaban una rebelión fiscal, el municipio, a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, en una solicitada, invocaba la emergencia económica, amenazaba con el impedimento de suministrar servicios y acusaba a los empresarios de intentar bloquear y empobrecerlo. La lectura que se realizaba en el Palacio 6 de Julio era la de “una nueva manifestación del boicot al gobierno del Pueblo”39.

37 Córdoba, 23-10-1974.38 Federación de Comercios CGE; Centro de Propietarios; Centro de Alma-ceneros Minoristas; Federación de Expendedores de Combustible; Cámara de Comercio Automotor; de barraqueros; carroceros; federación Gráficos, drogu-erías, artículos médicos; industria del calzado; artes gráficas; industria de la madera; industriales metalúrgicos; joyerías; entidades de financiación y crédi-to; del vestir; libreros; revendedores de neumáticos; ópticas; de la confección; inmobiliarias; fabricantes de maquinaria agrícola; jugueterías; fraccionamiento de gas licuado; de golosinas; de la vivienda; del mármol; de cereales y un largo etcétera. Córdoba, 12-9-1975.39 Córdoba, 15-9-1975.

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Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, la intervención militar a la comuna denunció penalmente a José Coronel por la utilización de fondos millonarios en un corto período de tiempo (del 1 de enero al 23 de marzo) en el rubro de “gastos reservados” y “acción vecinal” del que no efectuó la obligatoria rendición de cuentas. También se difundieron irregularidades presupuestarias, licitaciones dolosas y un sobredimensiona-miento de los nombramientos de agentes municipales40.

El diario La Voz del Interior, presentaba como caso testi-go de la corrupción y escasa moralidad de la gestión peronista a una maniobra vinculada a la distribución de juguetes para la festividad de Reyes. Mencionaba una licitación con sobre-precio, a favor de un comerciante relacionado al asesor del ex intendente, Carlos González Barbieri. Pese al alto monto, los juguetes no se habían entregado, incautándose la totalidad de la mercadería a la espera de ser revendida. Cohecho y defrau-dación a la administración pública y la detención de los autores fue el saldo del episodio. Pero la pedagogía del periódico apun-taba a la estafa moral que significaba una festividad que im-plicaba a niños, y demostraba la maldad de los protagonistas.

El Concejo Deliberante tampoco se libró de la mirada fiscalizadora de los nuevos ocupantes del poder. Bajo el títu-lo “Corrupción administrativa en el Concejo Deliberante”, se sostenía que el cuerpo de ediles mantenía una planta de personal integrada por 259 personas, de las cuales 158 eran de planta permanente, 45 contratados y 40 personal de maes-tranza. También se acusaba al concejal Tomás Montilla de uti-lizar a su favor 15.958.000 pesos moneda nacional a su favor en “gastos reservados” y “acción vecinal” en menos de tres meses y sin rendición de cuentas41.

40 174 agentes (contratos políticos, asesores). Personal provisorio 1272 agentes y 25 empleados en comisión. La Voz del Interior, 27-4- 1976.41 La Voz del Interior, 27-4- 1976.

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Comentarios finales

Las elecciones de marzo de 1973 concitaron una adhesión mayoritaria a las listas del FREJULI, junto a un importan-te consenso, expresado en las urnas y la calle, en torno a la injerencia militar en la vida política del país. Se van, se van y nunca volverán, era la principal consigna voceada por aque-llos meses. Sin embargo, tres años más tarde, se cerraba el círculo con una nueva intervención de las Fuerzas Armadas, con la aquiescencia o pasividad de vastos sectores de la socie-dad civil.

¿Cómo explicar la pérdida de legitimidad democrática en un periodo tan corto de tiempo? Juan Linz (1987) en un texto devenido clásico, se pregunta por las condiciones que resultan en el quiebre de los regímenes democráticos. En su exhaustivo análisis de experiencias comparadas enumera di-ferentes factores que van desde la persistencia de una cultura política no democrática a la incapacidad de los distintos ac-tores para mantener la legitimidad en el ejercicio del poder.

Las desmedidas expectativas depositadas en las capacida-des del gobierno democrático, se tradujeron en frustraciones marcadas, cuando las respuestas no llegaron o se demoraban. A la base de las aspiraciones de soluciones inmediatas, subya-cía una mirada mistificada y estilizada del peronismo, que se erigió en los años de proscripción en depositario de ilusiones contradictorias e incluso antagónicas.

Confrontadas a la gestión de lo público, las administra-ciones locales sufrieron el desgaste de gestionar un municipio con recursos acotados, y con algunas de sus iniciativas blo-queadas por conflicto de intereses42. Pero a ello habría que

42 La iniciativa de crear una empresa municipal de obras públicas, durante la gestión Ávalos, contó con la férrea oposición de los grupos que tradiciona-lmente se presentaban a licitaciones. Las sucesivas prórrogas de las licitaciones

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agregar la débil cultura democrática de los propios actores que sustentaban su legitimidad en los apoyos partidarios más que en el veredicto de las urnas.

Ciertamente, la gestión municipal careció de eficacia y efectividad43. La heterogénea composición ideológica en las filas del elenco gubernamental, y la disputa por los espacios de poder en el Estado, contribuyó a erosionar la acción gu-bernamental. Este fenómeno que a escala nacional tuvo su contención por la carismática figura de Juan Domingo Perón, a nivel local se tradujo en bloqueos entre los diferentes grupos e inacción en la administración. Muerto Perón, el proceso de sucesión por el poder eclipsó la gestión de lo público, arras-trando al gobierno municipal a una acción más preocupada por mantener sus apoyos de cara a la interna partidaria que a la resolución de los problemas de la ciudad.

Finalmente, la violencia creciente del período, en la que el propio Estado se involucró con la represión ilegal, contri-buyó a erosionar las adhesiones y la credibilidad en el sistema democrático.

Referencias bibliográficas

Cuccheti, H. “Aversión y parentesco: la construcción de una me-moria política antimontoneros en el peronismo”. En: Re-vista Política y Gestión, 2008. Disponible en: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centCro_historia_politica/material/189.pdf»

efectuadas, puede haber sido una respuesta a esta idea, que finalmente no pudo ser ejecutada (Entrevista con Miguel Ávalos).43 Una acción es efectiva cuando se logra su fin objetivo y específico. Y es eficaz cuando los objetivos son percibidos como satisfactorios por la ciudadanía (Cfr. Linz, 1987: 42-45).

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Garretón, M. A. Política y Sociedad entre dos épocas. América La-tina en el Cambio de Siglo. Homo Sapiens, Rosario, 2000.

Linz, J. La Quiebra de la Democracia. Alianza Universidad, Ma-drid, 1987.

Svampa, M. “El Populismo imposible y sus actores” En: J. Su-riano. Nueva Historia Argentina. Tomo IX, Violencia, Pros-cripción y autoritarismo 1955-1976. Sudamericana, Buenos Aires, 2003.

Intendente demócrata Emilio Olmos y la urbanización de Córdoba. Fuente: Los Principios, 23-3-1928

Retrato del intendente Emilio Olmos. Fuente: El País, 30-04-1932

Sampacho, titular de un panfle-to antisocialista, enero de 1933. Fuente: Repositorio Museo Histórico Regional “San Fer-nando de Sampacho”

Carlos Vismara, intendente de Río Cuarto (1932-35).Fuente: El Pueblo, 24/08/1945

Reivindicación del fascismo en Río Cuarto. Fuente: Justicia, 06/06/1933

Expresidente Marcelo T. de Alvear, visita a Donato Latella Frías, agosto de 1937. Fuen-te: Ciudad De Córdoba. Intendencia Municipal del Dr. Donato Latella Frías. 1936-1940. La obra realizada. S/F

Inauguración del Mercado Sud, 1 de mayo de 1939. Fuente: Ciudad De Córdoba. Inten-dencia Municipal del Dr. Donato Latella Frías. 1936-1940. La obra realizada. S/F

Celebración del 1ro de mayo en la localidad de Sampacho. En el centro, el intendente socialista Juan Medeot. Fuente: Repositorio Archivo personal del Sr. Eduardo Medeot

Boceto de la primera etapa del proyecto peatonal durante la intendencia del Arq. Taboada. Fuente: LVI, 24-10-1969

Boceto que muestra los trabajos de remodelación en el lugar donde se encontraba la plaza Vélez Sarsfield (en la actualidad, confluencia de las Avenidas Vélez Sarsfield, Hipólito Irigoyen y Boulevard San Juan). Fuente: LVI, 8-03-1970

El intendente de Córdoba, José Domingo Coronel, saluda al interventor, Brigadier Raúl Lacabane. Detrás del primero, un joven José Manuel de la Sota, entonces Secretario de Gobierno de la Municipalidad. Fuente: LVI, 16-09-2018

Héctor Romanutti recibió la intendencia de manos del gobernador Carlos Chasseing, el 26 de abril de 1976. Fuente: Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.

La imagen, publicada en el diario La Voz del Interior el día de la asunción de Raúl Alfonsín a la presi-dencia, refleja el generalizado optimismo sobre las potencialidades de la democracia. Fuente: LVI, 10-12-1983

Discurso de Ramón Bautista Mestre en el acto de asunción, 1983. Fuente: LVI, 11-2-1983

Ramón Bautista Mestre junto al presidente Raúl Alfonsín y al gobernador Eduardo Angeloz, en la inauguración de la Feria Internacional Córdoba (FICO), 1984. Fuente: LVI, 5-07-1984

En el centenario de la ciudad de San Francisco, su intendente Juan Ricardo Cornaglia junto al gobernador Eduardo Angeloz y el presidente Raúl Alfonsín, 1986. Fuente: La Voz de San Justo, 10-9-1986

Incorporación de los trolebuses al transporte público de la ciudad. Ramón Bautista Mestre en el acto de inauguración, 1990. Fuente: LVI 18-03-1990

Ramón Bautista Mestre y Miguel Ángel Abella, intendente de Río Cuarto, 1991. Fuente: LVI, 20-03-1991

Ramón Bautista Mestre y Miguel Ángel Abella, intendente de Río Cuarto, 1991. Fuente: LVI, 20-03-1991

Ruben Martí y los CPC. Fuente: Córdoba Primera Metrópoli Des-centralizada de la Argentina. Editorial Municipal de Córdoba, Imagen Asoc. Graziani Gráfica SA, 1999

Hipólito Faustinelli, a su derecha Mario Negri, 1995. Fuente: Archivo fotográfico Di Palma

El intendente municipal de Villa del Rosario, Manuel Humberto Rivalta, junto con su equipo de gestión, 1998. Fuente: Archivo Carlota Tapia, militante del PJ en Villadel Rosario

Víctor Matínez, intendente de la ciudad de Córdoba durante el gobierno de Justo Páez Mo-lina (1963-1966). Fuente: LVI, 21-11-2017

Hipólito Faustinelli, intendente de Río Segundo (1995-1999 y 2003-2007). Fuente: Archivo fotográfico Di Palma

Miguel Ángel Veglia. Intendente de Villa María por el radicalismo (1987-1999). Fuente: gentileza de María Cristina López

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ORDEN Y MORAL: EL CORONEL ROMANUTTI EN LA INTENDENCIA DE CÓRDOBA (1976-1979)

Alejandro Moreno

“Quiero un gobierno fuerte, para que nuestro objetivo de formar una democracia fuerte sea conseguido en el más bre-ve lapso posible”1. Esta afirmación del coronel (r) Héctor Romanutti –en una entrevista periodística realizada al con-cluir 1976– lo exhibe alineado con los propósitos declara-dos por la Junta Militar que dio el golpe para derrocar al gobierno de Estela Martínez de Perón, en medio de una ola de violencia que parecía incontenible por los enfrentamien-tos armados.

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, la Junta Mi-litar –integrada por el Teniente General Jorge Videla (Ejér-cito), el almirante Emilio Massera (Armada) y el Brigadier General Orlando Agosti (Fuerza Aérea) – dio a conocer la proclama golpista, en la que declaró el objetivo de “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y solo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder”. Al igual que la dictadura de Onganía –que postuló una revolución en tres tiempos (económico, social y finalmente político) – el autodenominado Proceso de Reor-ganización Nacional planteó que sería un paréntesis en la his-toria argentina (Cfr. Troncoso, 1984: 107-108).

1 La Voz del Interior, 31-12-1976.

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El diseño institucional

Los militares no reconocían haber violado el sistema republica-no. En cambio, aseguraban garantizar su continuidad, al afir-mar en la proclama que “las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República” (Ibid.: 108). En el diseño institucional de la Junta Militar, solo quedaba en suspenso el sistema demo-crático hasta que la sociedad recuperara las condiciones para ejercerlo sin demagogia, lo que debía interpretarse, básicamen-te, sin peronismos ni izquierdas violentas. La Constitución Na-cional, así como las provinciales, seguían en vigencia, aunque parcialmente y por debajo del Acta y del Estatuto del Proceso en la pirámide jerárquica del Estado; incluso, los gobernantes a veces apelaban a ellas para justificar algunas decisiones. Sin embargo, la Junta Militar de comandantes fue definida como “el órgano supremo de la Nación” y el Artículo 14 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional establecía que este te-nía prioridad y estaba por encima de la Constitución Nacional (Cfr. Ibid.: 112). Es decir, en casos de conflictos entre la Cons-titución y el Estatuto, tenía prioridad este último.

El sistema republicano requiere de una división de po-deres y un sistema de contrapesos que la Junta Militar reela-boró por fuera de los mandatos constitucionales. De los tres poderes, permanecieron dos, el ejecutivo y el judicial, y fue suprimido el legislativo (tanto el Congreso Nacional como las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes). Para la formación de las leyes se crearon, a nivel nacional y provin-cial, comisiones de asesoramiento legislativo que elaboraban y revisaban los textos. Un esquema de equilibrio de poderes solo se mantenía dentro de las Fuerzas Armadas, ya que la Junta Militar estaba integrada por un miembro de cada una y ellos elegían al presidente; además, en la Comisión de Aseso-ramiento Legislativo nacional también había un reparto de si-

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llas entre las armas. A nivel municipal, el intendente proponía las ordenanzas y el Poder Ejecutivo provincial tenía la facultad de aceptarlas o rechazarlas. El propio Romanutti explicaría que el gobierno de la provincia “en estas circunstancias actúa como Concejo Deliberante sustituto”2.

Como ha afirmado Hugo Quiroga,

“La dictadura militar de 1976 fue una dictadura institu-cional, no personal, del conjunto de las fuerzas armadas, que procura evitar la personalización del poder a tra-vés de un sistema de normas que establecía a un cuerpo colegiado –la Junta Militar– como órgano supremo del Estado, y a un órgano unipersonal –el Presidente de la Nación– como el ejecutor de las grandes políticas traza-das por el poder supremo” (2004: 44).

El camino de regreso a la vida democrática no tenía plazos establecidos, pero se daría luego de la reeducación cívica de los argentinos (básicamente: el abandono de la “demagogia”), mi-sión que comenzaría por los municipios y que, de tener éxito, tendría que desembocar en la formación de una fuerza política heredera del Proceso. “El intendente municipal es el soldado que está peleando en la primera línea de este proceso”, dijo Videla en Junín (Buenos Aires), el 15 de octubre de 19773.

Si bien el Proceso buscaba controlar, al mismo tiempo buscaba la promoción del orden social y la participación de los argentinos. Por ello, durante la dictadura el ámbito muni-cipal era el espacio autorizado para el ejercicio de la “micro-política”. Además de asegurar el control capilar de la sociedad, la escala reducida del municipio lo constituía un espacio ade-cuado para ejercer una “ciudadanía municipal”, apolítica y local (Cfr. Canelo, 2016).

2 La Voz del Interior, 8-9-1976.3 La Voz del Interior, 16-10-1977.

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Romanutti, orden y moral

En la ciudad de Córdoba, para esa misión de “reeducación cívica” se designó a coronel (r) Héctor Romanutti, quien asu-mió la intendencia el 26 de abril de 1976. Podemos suponer que se valoraron en Romanutti dos antecedentes importantes para la tarea de desarrollar un “gobierno fuerte”: fue jefe de la Policía de Córdoba entre 1969 y 1970 e intendente de facto de Jesús María entre 1972 y 1973.

Romanutti tuvo la oportunidad de desarrollar una ges-tión en la Municipalidad de Córdoba, ya que permaneció durante tres años. Antes que él, desde la mañana del golpe de Estado, el Palacio 6 de Julio estuvo a cargo del coronel Héctor Osvaldo Carbonari, a quien el interventor militar de la provincia, el general de Brigada José Vaquero, había de-signado como comisionado municipal. El último intendente del gobierno peronista había sido José Coronel, un concejal que llegó al gobierno por la muerte de Juan Carlos Avalos, el ganador de la elección municipal del 11 de marzo de 1973. Coronel ejerció la intendencia entre el 5 de abril de 1974 y la mañana del golpe de 1976.

Romanutti se fue recién el 29 de marzo de 1979, por lo que se debe retroceder hasta las dos gestiones consecutivas del radical Donato Latella Frías, entre 1936 y 1943, para encontrar un intendente que haya permanecido más tiempo en ese cargo.

Carbonari, en su fugaz paso por la municipalidad, dejó establecidas las líneas rectoras de lo que debía ser la gestión de su sucesor: el restablecimiento del orden y de la moral, tanto dentro del Estado como en la sociedad. Para eso, cesanteó a los empleados designados entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 1976 –presumiblemente peronistas–, elaboró un proyecto para establecer la jornada laboral de siete horas e inició de-

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nuncias de corrupción contra el ex intendente José Coronel. También mandó a erradicar los vendedores ambulantes del centro de la ciudad, limpiar de las paredes las pintadas de los grupos guerrilleros y, aplicando una vieja ordenanza, repri-mió la venta de artículos que sean considerados lesivos a la “decencia pública”4.

Romanutti siguió con esa línea trazada por Carbonari. Así reflexionaba el intendente sobre cuál era la piedra angular para las soluciones de ese tiempo: “Personalmente, estimo que la base de todos nuestros padecimientos, de todas nuestras frustraciones, son de orden moral. Estamos en una profunda crisis moral. Solucione usted ese escalón de la crisis general, y por gravitación se solucionarán todos los demás escalones con una velocidad impresionante”5.

Una ordenanza que grafica la batalla que quería dar el intendente en el campo moral fue la 6737/77, que regula-ba el funcionamiento de los hoteles alojamiento, alejándolos del centro (tanto que debían localizarse a más de 500 metros hacia afuera de la Circunvalación), de las escuelas y de las iglesias (a no menos de 300 metros en línea recta) e incluso casi invisibilizándolos porque solo podían ser señalados con “un signo de identificación luminoso de color celeste circular de no más de quince centímetros de diámetro, y dos flechas indicadoras de entradas y salidas de vehículos”6. Así, desapa-recieron del centro hoteles tradicionales como Nuevo Globo, Gran Globo, París, Rincón e Ideal, los que debieron mudarse a las nuevas zonas habilitadas sobre las rutas E-53, 112, 102, 103 y 1047.

4 La Voz del Interior, 15-4-1976.5 La Voz del Interior, 31-12-1976.6 Ordenanza municipal Nº 6737, 30-12-1977.7 La Voz del Interior, 7-1-1978.

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La subversión

La moral cristiana era un muro de contención contra la sub-versión. Para la Navidad de 1977, la municipalidad publicó un aviso saludando a los vecinos y pidiendo a Dios que “nos ilumine contra los falsos espejismos y estemos alertas contra quienes pretenden subvertir nuestros ideales”8.

Romanutti no tenía misiones directas contra la subver-sión, pero cumplía con tareas vinculadas a los objetivos del Proceso. Por ejemplo, hizo aprobar la ordenanza 6603/76 que ordenó a los propietarios de inmuebles a mantener las fachadas “libres de todo elemento que importe desaseo (inscripciones, carteles pegados, etc.)”9. Más allá de un objetivo higiénico o visual, estaba el de eliminar las inscripciones que recordaban las luchas políticas y guerrilleras de los años anteriores. La gravedad del asunto se evidenciaba en que la municipalidad establecía multas en dinero por el incumplimiento, como era habitual, pero también podía disponer el arresto del respon-sable desde un día a tres meses. Cuando surgieron algunas crí-ticas por esta atribución que se concedía a la municipalidad, Romanutti la justificó con el Artículo 18 de la Constitución Provincial, que permitía a un individuo apelar a un recurso de habeas corpus ante una detención que considerara arbitraria. La cuestión era importante para el gobierno militar; en Mar del Plata, por ejemplo, hubo doce detenidos por no borrar leyendas de las paredes de sus propiedades, siendo acusados de “colaboradores de la subversión por negligencia”10.

Incluso los medios de comunicación podían cometer actos subversivos, según Romanutti. El intendente recibía a centros vecinales y organizaciones sociales que llevaban críti-

8 La Voz del Interior, 24-12-1977.9 Ordenanza municipal Nº 6603, 1-9-1976.10 La Voz del Interior, 27-11-1976

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cas a su despacho, pero no era así de tolerante con los cuestio-namientos de los diarios. En el acto de asunción, declaró a Los Principios que esperaba que la prensa colabore con su función transmitiéndole “las inquietudes de la población”11. Esa ex-presión iba en línea con otra de Videla, quien en 1977 diría a los periodistas que debían “suplir esos vacíos, esos silencios institucionales que ocurren necesariamente en esta particular circunstancia”12.

Sin embargo, un episodio muestra un rostro distinto. Ro-manutti ofreció junto al gobernador Chasseing un agasajo a los periodistas el 7 de junio, a poco de asumir. Con los recortes de un artículo de La Voz del Interior sobre la falta de desagües en Villa Páez, que llevaba como volanta “Cachetazo a la indife-rencia”, lanzó una severa advertencia a los periodistas:

La situación municipal es calamitosa, pero todos debe-mos tener paciencia. Lo que ocurre no es culpa de este gobierno. Hay coima por todos lados; corrupción por todas partes. Estamos en camino y haremos lo nuestro en forma honesta y necesito que ustedes (los periodis-tas) también lo hagan en forma honesta. Estamos en guerra. No estamos en épocas de paz. No se puede so-liviantar a la población. Se puede aplicar el Código de Justicia Militar a cualquiera de nosotros. Si le hacen perder la fe a la gente no haremos nada. Esto (refirién-dose a los recortes) es acción sicológica y quebranta la moral de la gente. Es preciso reorganizar todo en paz. Tanto el presidente de la Nación, como el gobernador y el intendente queremos desembocar en una democracia representativa, republicana y federal, pero que estén da-das las condiciones13.

11 Los Principios, 27-4-1976.12 La Voz del Interior, 29-4-1976.13 La Voz del Interior, 8-6-1976.

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El 7 de diciembre de 1977 calificó de subversivas una serie de notas del diario Córdoba tituladas “La Política del Si-lencio”, en las que se criticaba la política de transporte de la municipalidad. Por esos artículos, Romanutti querelló a los directivos del Córdoba por calumnias e injurias, exigiendo una reparación moral. En la audiencia de conciliación del 29 de diciembre de 1977, el director del Córdoba, José Luis Romero Victorica, se retractó y aceptó publicar un texto en el diario del día siguiente. En una de las notas se había escrito que las autoridades municipales no explicaron “las causas del regalo de 4.750 millones de pesos nacionales por mes” que le hicieron a los permisionarios del servicio y que “ya se aprestan a establecer nuevas tarifas”. Romero Victorica dijo que por “hidalguía” de-bía “reconocer y corregir los errores que pudieran cometerse”14.

Las medidas de fuerza tampoco eran aceptadas. Dentro de la municipalidad la situación estaba tan controlada que en noviembre de 1976 la Federación de Sindicatos de Traba-jadores Municipales afirmó en un comunicado que la patria “ ha de estar por sobre cualquier ambición y por encima de cualquier derecho, no importa la justificación que tenga ese derecho”15. Pero en 1978 sucedió que choferes de la empresa Lavalle fueron al paro por la demora en cobrar el aumento salarial dispuesto en enero. Aunque la municipalidad buscó, y logró, un rápido acuerdo con la empresa y la UTA, los tra-bajadores recibieron entretanto una dura respuesta de la mu-nicipalidad mediante un comunicado en el que se anunciaba que se tomarían “las medidas que correspondan”, igualando la medida de fuerza a una acción subversiva:

Se hace un deber prevenir a los incautos –particular-mente a los jóvenes recientemente incorporados a las Empresas de Transporte– para que no sirvan de “idiotas

14 La Voz del Interior, 30-12-1977.15 La Voz del Interior, 7-11-1978.

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útiles” a aquellos profesionales de la agitación apátrida. Ello, con el único y sano propósito de que nadie venga a llorar como mujer lo que no supo defender como hom-bre libre en sus decisiones personales16.

El vecino contribuyente

Romanutti apeló al vecino desde su primer discurso por cade-na de radio y televisión. En la particular ficción republicana del Proceso, convocó a “cogobernar” a los centros vecinales, a través de un esquema de “minimunicipios” que comenzaría a organizar recién hacia el final de su mandato, en 1979. “Co-gobernar significa que cada centro vecinal asuma la responsa-bilidad de hacer ver al mal contribuyente, al mal vecino, que está violando una disposición reglamentaria del municipios y una ley de convivencia”, dijo17. “Contribuyente” y “vecino” fueron sinónimos en esta gestión y en realidad el intendente parecía preferir la primera definición. “El contribuyente es el juez, y a él hay que recurrir para que emita opinión”, conside-ró ante una pregunta sobre la valoración de la gente respecto de su administración, a poco de comenzar18. Mientras prepa-raba su despedida, publicó un aviso a doble página con una síntesis de su gestión. El título fue “Usted invierte, la Muni-cipalidad administra” y cerraba con “Las utilidades son para Ud. y la ciudad”19.

El vecino como contribuyente que invierte por utilidades encierra una idea de eficiencia en el manejo de las cuentas pú-blicas que se manifestó desde el inicio de la gestión. Romanu-

16 La Voz del Interior, 30-3-1978.17 La Voz del Interior, 19-5-1976.18 La Voz del Interior, 31-12-1976.19 La Voz del Interior, 18-3-1976.

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tti denunció que la economía municipal atravesaba una seria crisis y, como antes Carbonari, apuntó al desmedido gasto en personal como causa principal. Según la información oficial, la planta municipal aumentó en 3.448 empleados durante la administración peronista 73-76, lo que implicó un incremen-to del 65 por ciento (de 5.302 a 8.759)20, el Concejo Deli-berante tenía 259 empleados, de los cuales el 30 por ciento no cumplía horarios ni realizaba tareas específicas21. Por ello, se inició una política de racionalización de personal, que co-menzó con la cesantía de todo aquel de planta transitoria de-signado entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 1976. Los que ya venían trabajando desde 1975 o antes, y tenían contratos hasta el 31 de marzo de 1976, también quedaron cesantes22. Una ley provincial, a su vez amparada por otra nacional, daba el sustento a la racionalización, que perseguía tanto un obje-tivo económico como otro político. Romanutti lo explicó así:

Estamos racionalizando… echando y racionalizando. No vamos a echar por echar, no nos interesan las ideas políticas de los agentes, salvo que sean comunistas. La tarea de ir puliendo nos llevará todo el año 77, pero lo grueso de la misma lo cumpliremos antes de fin de mes. Cuando necesitemos personal capaz recurriremos a los llamados a concurso, como hemos hecho días atrás soli-citando diez dactilógrafos23.

Los concursos para ingresar a la administración pública y un censo de empleados fueron otras dos medidas de Roma-nutti para organizar la municipalidad. La racionalización fue por dos vías. Una ley provincial sancionada durante la inter-

20 Los Principios, 27-4-1976.21 La Voz del Interior, 30-4-1976.22 La Voz del Interior, 31-3-1976.23 La Voz del Interior, 4-12-1976

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vención de Vaquero, la 5911, autorizó a los despidos de los empleados estatales, que estuvieren vinculados “a actividades de carácter subversivo o disociadoras”24. Otra ley, la 5913, en cambio, autorizaba despidos, con el pago de indemnizacio-nes, en casos “sin connotaciones partidistas o sectoriales”25. Y la Ley 592926 delegó esa atribución en los intendentes, que Romanutti concretó mediante la ordenanza 659627.

La disminución del número de empleados fue una de las grandes metas de la administración municipal, lo cual se consiguió dejando una planta de menos de 6.000 al final de la gestión Romanutti. Sin embargo, no fue tan simple reducir el impacto de la masa salarial sobre el total del presupuesto. La inelasticidad de ese gasto se evidencia en la comparación en-tre el presupuesto de 1977 y su ejecución presupuestaria. Las erogaciones previstas representaban el 30,99 por ciento, pero finalmente se gastó el 47,49 por ciento. En paralelo, lo presu-puestado para trabajos públicos, que fue el 49,27 por ciento, resultó muy diferente a lo ejecutado, el 28,82 por ciento (Mu-nicipalidad de Córdoba, 1978).

Además de disminuir el número de empleados, Roma-nutti modificó el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal, a través de la ordenanza 6906. Esta nueva norma abrogó las ordenanzas que regían la actividad de los trabajadores municipales desde la década del cincuenta, lo cual, entre otras cuestiones implicó anular la “preferencia” que tenían los hijos de los empleados para acceder a los cargos pú-blicos. La ordenanza reconoció el derecho de agremiación y la participación mayoritaria de los empleados en el Tribunal de Disciplina. Además, prohibía el ingreso laboral a la municipa-

24 http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/25 http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/26 http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/27 Ordenanza municipal Nº 6595. 1-6-1976.

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lidad de quien “de cualquier forma esté o hubiese estado vincu-lado a actividades de carácter subversivo o disociadoras o que en cualquier forma preconice o fomente dichas actividades”28.

La caracterización del vecino como contribuyente tuvo como respuesta que los mayores cuestionamientos a la ges-tión llegaran por esa misma vía. El aumento de los impuestos movilizó críticas de organizaciones como el Centro de Pro-pietarios de la provincia de Córdoba y la Unión Argentina de Propietarios, que fueron particularmente activas en la elabo-ración de comunicados contrarios a las políticas municipales. En 1978, ante una suba de la Tasa de Servicios a la Propiedad, ambas organizaciones, presididas respectivamente por Pedro Renella y Moisés Calvo, enviaron e hicieron pública una nota al intendente criticando los “desmesurados aumentos”29. Ese tipo de manifestaciones eran frecuentes para cuestionar a Ro-manutti, e igualmente para criticar al gobierno provincial.

La participación vecinal

Romanutti pedía la participación de los vecinos pero, al mismo tiempo, quiso organizarla porque, según explicó, no podía recibir a los más de doscientos centros vecinales que había en la ciudad de Córdoba. Para eso, ideó el sistema de las Delegaciones de Acción Vecinal, que venían a ocupar un lugar entre los centros vecinales y la municipalidad. En este sentido, a poco de asumir afirmó:

Cogobernar significa hacer de cada barrio de nuestra ciudad un minimunicipio, donde su representante no importa cuál sea su ideología pero sí importa cuál sea

28 Ordenanza municipal Nº 6906. 29-12-1978.29 La Voz del Interior, 25-3-1978.

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su dedicación para llevar adelante su barrio, porque este es su pequeña y querida patria. Cogobernar signifi-ca que acudan solamente para los problemas de mayor envergadura y digo esto por experiencia: exprofeso he recibido a varios centros vecinales, todos con proble-mas comunes30.

Al comenzar 1978, Romanutti dictó la ordenanza 674631 y el decreto reglamentario 91132, que organizaron la partici-pación vecinal. La ordenanza confirmó, en primer lugar, el cambio de nombre de la Dirección de Promoción Vecinal por el de Dirección de Asistencia Vecinal. La modificación es políticamente sugestiva: la “asistencia” implica un sujeto me-nos activo que la “promoción”. Además, la ordenanza creó las Delegaciones de Acción Vecinal, a razón de una por cada sec-cional, como instituciones superiores a los Centros Vecinales. Las delegaciones serían “representantes directos de la acción vecinal”, mediadoras entre la municipalidad y los centros ve-cinales. La idea era que estas organizaciones vecinales selec-cionen “las peticiones desechando aquellas improcedentes o que por su escasa importancia, no sean conducentes a los fines expresados”. Asimismo, se determinó la clausura temporaria de los centros vecinales para inventariar sus bienes y realizar una reestructuración legal33.

El decreto reglamentario ratifica el objetivo de organi-zar los reclamos vecinales que llegaban a la municipalidad, al expresar que las delegaciones y los centros vecinales de-bían “brindar solución a las necesidades colectivas del sector que comprendan”34. También fija los objetivos de los centros

30 La Voz del Interior, 19-5-1976.31 Ordenanza municipal Nº 6906, 29-12-1978.32 Decreto Reglamentario Nº 911, 20-2-1978.33 Ordenanza municipal Nº 6906, 29-12-1978.34 Decreto Reglamentario Nº 911, 20-2-1978.

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vecinales, orientados al orden y la colaboración de los cor-dobeses con la municipalidad; igualmente, refleja la idea del Proceso de restituir el sistema democrático a partir del nivel municipal. La actividad vecinalista debía ser la esperada es-cuela de civismo, esto es, el punto de partida de la refunda-ción democrática que querían los militares. Las tareas enco-mendadas a los vecinalistas, entonces, fueron las de:

• Estudiar, seleccionar y evaluar las necesidades del sec-tor que comprende, procurando brindar las solucio-nes adecuadas, de acuerdo a las posibilidades socio-económicas del vecindario.

• Promover la actividad cultural, deportiva y social de los vecinos, tratando de crear en ellos conciencia de solidaridad, unidad y armonía.

• Inculcar a los vecinos la necesidad del cumplimien-to de los deberes cívicos para con la comunidad y el Estado, procurando la colaboración con ambos para la obtención del bienestar general. El Centro Vecinal debe ser pues, una escuela de civismo.

• Prestar apoyo a la autoridad municipal y policial en las campañas de moralidad del sector que com-prenda, como asimismo en el cumplimiento de las ordenanzas de salubridad y seguridad, difundiendo su contenido y denunciando toda infracción a las mismas.

• Colaborar con la municipalidad en el mantenimien-to de la higiene, embellecimiento y ornamentación del sector que comprenda.

• Buscar fundamentalmente la activa participación de la familia y su colaboración con el Centro Vecinal35.

35 Decreto Reglamentario Nº 911, 20-2-1978.

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El sistema institucional diseñado por estas normas re-plicaba tenuemente el previsto en la Constitución Nacional para el Poder Legislativo. Para ser elector en un centro vecinal debía contarse con veintiún años de edad. Para ser elegido miembro de un centro vecinal, veinticinco años, y para inte-grar la Delegación de la seccional, treinta años. La Constitu-ción de 1853-60 establecía las mismas edades para votar, para ser diputado nacional y para ser senador nacional. De esta manera, en el esquema procesista, el centro vecinal quedaba asimilado a la Cámara Baja y la Delegación a la Cámara Alta. Las autoridades de los centros vecinales y de las Delegaciones de Acción Vecinal serían electas, aunque no habría urnas.

Para los centros vecinales, la forma de votar consistiría en presentar una lista con los nombres de los integrantes pro-puestos para la comisión directiva, acompañada de otra fir-mada por los vecinos que la apoyan. La lista con más firmas sería la ganadora, y si hubiera empate, definiría el intendente. La comisión directiva –que entraría en funciones con autori-zación del intendente– tendría un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, además de un suplente para cada cargo; todos ellos durarían un año en el cargo.

Cada delegación tendría un delegado, un secretario, un tesorero y cuatro vocales, más un suplente para cada uno, y estos durarían tres años en el cargo. Otra vez, en la ana-logía institucional del Proceso con el Senado y Diputados, la delegación sería más estable en el tiempo que los centros vecinales. Los candidatos a ocupar cargos en las delegaciones serían propuestos, por escrito, por los representantes de los centros vecinales.

Por tratarse de la primera vez, habría en las delegaciones interventores designados por el intendente, por lo que el ex-perimento democrático no tuvo ejecución práctica durante la gestión de Romanutti.

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El 2 de noviembre de 1978 Romanutti puso en fun-ciones a los trece interventores de las delegaciones por sec-cionales: Juan Carlos Torres (4ª), Miguel Camps (5ª), Ángel Populin (6ª), Ramón Corujo (7ª), Wenceslao Svec (8ª), Da-niel Loza (9ª), Américo Rubiolo (10ª), Arcángel Teruel (11ª), Nicolás Flores (12ª), José Grifía (13ª), Patricio Pereyra (14ª), Francisco Caramanico (16ª), José W. López (17ª)36.

Los vecinos comenzaron a involucrarse en la obra públi-ca, realizándola, como para la remodelación de una plaza en barrio Las Violetas, o preservándola, como los de San Vicente y la “Primera Canchita de mi Ciudad”. También, financián-dola directamente, como a la red de agua corriente en el ba-rrio San Roque37.

Autodefinición ideológica

Romanutti se definía con una laxitud ideológica llamativa. A poco de asumir buscó apoyo en dos ex intendentes, uno radical y el otro peronista, y ambos muy recordados por la obra pública que realizó en la ciudad, aunque pertenecían a sectores marginales de sus respectivos partidos. El 26 de mayo recibió la visita del radical Donato Latella Frías, intendente entre 1936 y 1943, quien le aconsejó que se preocupe es-pecialmente por las finanzas y la obra pública. Romanutti explicó que “esta apertura al diálogo se inserta dentro del proceso de reorganización municipal, mediante consultas sin distinción de banderías políticas”, y que quería “aprender de la gente que sabe más que nosotros”38. El 2 de junio almorzó

36 Los Principios, 3-11-1978.37 La Voz del Interior, 20-12-1978; Los Principios, 8-3-1979; Los Principios, 22-3-1979.38 La Voz del Interior, 27-5-1976.

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con Martín Federico, el peronista que dirigió la municipali-dad entre 1951 y 1954. Juntos, analizaron la agenda de temas de la ciudad. Al salir, Federico dijo que “es necesario que la población conserve un poco de paciencia para ver soluciona-dos sus problemas, superando toda cuestión partidista, que no frustre las nobles intenciones de todo argentino que, a no dudarlo, lucha por mejorar las condiciones del país”39.

El intendente que formaba parte de un proceso que sus-pendía la actividad política comenzó legitimándose con ellos (igual, aclaró que no era “ni político ni politiquero”40). Luego, en su primer discurso a los cordobeses llamó a un presunto “cogobierno” que consistía en una activa participación vecinal frente a las obligaciones cotidianas. Romanutti dijo necesitar de “la población, su participación activa, no en el gobierno en sí, sino en todas aquellas obligaciones que son propias de una vida comunitaria”. Los centros vecinales y las organizaciones sectoriales fueron convocados para transmitir sus opiniones. “Nuestra intención es esta: gobernar con las instituciones de la ciudad de Córdoba”, explicó en otra ocasión41.

El primer intendente del Proceso usaba un lenguaje que podría llamar a confusión al leérselo hoy, porque prometía “pro-ceder dentro de la doctrina cristiana, pero con espíritu de cam-bio con justicia revolucionaria, con conducta revolucionaria”42. La revolución, en aquella época, no significaba lo mismo para todos y Romanutti no se distanciaba de los objetivos políticos del Proceso. Ser revolucionario, para él, era iniciar un cambio profundo en las instituciones estatales. Debe recordarse, en este sentido, que el golpe de 1955 se autodenominó Revolución Libertadora y el de 1966 Revolución Argentina.

39 La Voz del Interior, 3-6-1976.40 Los Principios, 28-4-1978.41 La Voz del Interior, 13-1-1979.42 La Voz del Interior, 31-12-1976.

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La doctrina cristiana que citaba lo llevaba a manifestar una preocupación por los sectores más pobres de la ciudad: “Estamos todos consustanciados con un profundo sentido humano, identificados en una totalidad con nuestro accionar; estamos seguros que si el tiempo lo permite, llegaremos a las clases más necesitadas con la prudencia, la lógica y la celeri-dad que el tiempo nos reclame”43.

También en su réplica a la Bolsa de Comercio por la estatización de parte del servicio de transporte, dijo: “Desea-ríamos que cuando nos retiremos de este Palacio ‘6 de Julio’, que nos juzguen, no por los caminos, por los puentes, por las tarifas de transporte, sino como decía Toynbee44: ‘Por el vaso de agua que no hicimos llegar al que tenía sed, o por el pedazo de pan que no dimos a quien tenía hambre’”45.

En relación a la economía, su posición no fue unívoca, tomando decisiones privatistas (con la recolección de resi-duos), estatistas (con el transporte y el servicio funerario) o de promoción del cooperativismo (al recomendar a los pro-ductores del cinturón verde que formen cooperativas)46. Tam-bién aceptó la municipalización del alumbrado público, que estaba en manos de la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba)47.

“No soy libre-empresista a nivel de libertinaje; no soy es-tatista a nivel de corporativismo”, se definió48. Para defender-se de las críticas por la intervención del Estado en las activida-des económicas, afirmó que “la sola presencia de un servicio

43 La Voz del Interior, 13-1-1979.44 Arnold J. Toynbee, historiador británico que sostenía que el progreso de las civilizaciones obedecía al liderazgo de “minorías creativas”.45 La Voz del Interior, 13-1-1979.46 Los Principios, 28-4-1978.47 La Voz del Interior, 13-4-1977-48 La Voz del Interior, 13-1-1979.

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regulador hace bajar los costos a nivel del consumidor y eleva los beneficios para el productor”49. “No les tenemos miedo a las empresas del Estado”, agregó50.

Romanutti estuvo absolutamente alineado con las direc-trices del Proceso, pero en la interna del gobierno militar se mantuvo firme junto al gobernador Chasseing, en el enfren-tamiento político-económico de este con la Nación, llegando incluso a cuestionar la administración del Ministro de Eco-nomía: “O Martínez de Hoz arregla el problema financiero o nos hundimos todos juntos”, advirtió una vez51.

Un pragmático

Para la gestión, Romanutti fue un pragmático, lo que se reve-ló al encarar temas clave para la ciudad, como los servicios de transporte urbano de pasajeros y de recolección de residuos. La crisis del transporte fue uno de los principales problemas que debió afrontar Romanutti, fundamentalmente por las presiones de los empresarios para obtener mejores tarifas. También había roces por las frecuencias y por recorridos que los empresarios no querían cumplir. Con su estilo, el inten-dente dijo en octubre de 1976 que la crisis se superaría “por las buenas o por las malas”52. El punto de mayor confronta-ción ocurrió en el tramo final de la gestión de Romanutti, cuando licitó el nuevo recorrido por la avenida de Circunva-lación. Como no hubo oferentes, la municipalidad anunció que al servicio lo prestaría por sus propios medios, y anticipó que habría resistencia del sector privado. “La comuna va a su-

49 Los Principios, 28-4-1978.50 Los Principios, 28-9-1978.51 Los Principios, 28-4-1978.52 La Voz del Interior, 27-10-1976.

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frir embates serios porque va a atacar a sectores privados (…). Ello va a costar sangre, sudor y lágrimas”, dijo53.

No era la primera vez que Romanutti introducía al Es-tado en la actividad económica: ya lo había hecho, con mu-cho estruendo, al crear el Servicio Funerario Municipal, que abarataba los costos a los más pobres, lo cual provocó una reacción de las empresas del sector; por ello, luego creó una fábrica de ataúdes. “Tuvimos que hacer la fábrica de cajones porque las empresas privadas nos boicotearon. Queríamos comprar cajones y no había”, explicó54.

Por el servicio de Circunvalación estatal, la oposición al intendente surgió de la Bolsa de Comercio, el 2 de enero de 1979:

Lamentamos tener que señalar al señor intendente que este proyecto no coincide con la política general tra-zada por las autoridades nacionales y que se relaciona con la urgente necesidad de transferir a la actividad privada funciones y servicios que el Estado realiza con ineficiencia y a un elevado costo, aplicando el princi-pio de subsidiaridad por el cual el Estado mantendrá aquellos servicios y actividades que la empresa privada no puede cubrir55.

Diez días después, el intendente respondió en una con-ferencia de prensa transmitida por radio y televisión y acom-pañado por su gabinete y por presidentes de las empresas de transporte, a las que convocó para el evento. Allí recordó que después de dos licitaciones sin oferentes, en mayo y septiem-bre de 1978, resolvió que la municipalidad tome el proyecto:

53 Los Principios, 28-9-1978.54 Los Principios, 28-9-1978.55 La Voz del Interior, 3-1-1979.

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“El Estado subsidiariamente va a cubrir un servicio, que no es que no se pueda cubrir, sino que no se quiere prestar por parte de la empresa privada”, recalcó56. En agosto de 1979, ya sin Romanutti, el servicio fue finalmente concedido a una empresa privada.

Distinto camino tomó con el servicio de recolección de residuos, que prestaba la municipalidad con auxilio de la Cooperativa de Servicios y Provisión de Camiones Córdoba Limitada y lo privatizó por completo. En 1978, contrató a la empresa Venturino y Asociados para la recolección de resi-duos y a la anterior Cooperativa para la limpieza de las calles, después de dos intentos frustrados en 1977 por unificar la prestación de los servicios.

La actualización de la nomenclatura de las calles de la ciudad reflejó el pragmatismo ideológico de Romanutti. Cór-doba tenía unas cientos de calles sin nombres o con nombres repetidos. Varias ordenanzas fueron organizando la nomen-clatura, destacándose en los nuevos nombres los de figuras políticas y militares del siglo XIX; también de soldados víc-timas del terrorismo. La ordenanza 6754 fue la que más po-lémica provocó en la sociedad cordobesa. Esa norma le mo-dificaba el nombre a muchas calles y pasajes. Entre ellas, a la Avenida Colón, que pasaba a llamarse Avenida Ejército Ar-gentino desde San Martín hacia el norte; y a General Alvear, que tomaba en todo su recorrido, por extensión, el nombre de Avenida Juan Bautista Justo57. Dirigentes del Partido Socialis-ta Democrático celebraron la decisión del intendente de facto como un reconocimiento al fundador del Partido Socialista58. Hubo críticas, como la de la Junta Provincial de Historia, por

56 La Voz del Interior, 13-1-1979.57 Ordenanza municipal Nº 6754. 15-2-1978.58 La Voz del Interior, 9-5-1978.

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considerar que Alvear era un nombre anterior a Juan B. Justo, y porque se dañaba la “coherencia” del eje Alvear-Ituzaingó59. Pero el diario Los Principios inició una fuerte reacción en con-tra de la extensión del nombre Juan B. Justo, que terminó teniendo éxito en 1979, cuando el intendente que le siguió a Romanutti, el teniente coronel (r) Alejandro Gavier Olmedo, restituyó el nombre de Alvear a esa calle. Los Principios criticó a Romanutti en un editorial por el homenaje a Justo: “Poner su nombre a una de las calles más céntricas de Córdoba –tradicional centro del catolicismo argentino– constituye un error apreciable”60.

La salida

Los planes de Romanutti se interrumpieron en forma abrup-ta, como consecuencia de la renuncia del general de Brigada Carlos Chasseing a la gobernación. Chasseing se enfrentó en 1978/79 al presidente Videla y al Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, porque desde la nación exigieron a las provincias más grandes que aporten fondos al Tesoro Na-cional. Las obligadas eran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además de la ciudad de Buenos Aires, por un total de trescientos millones de pesos, que no serían reintegrados61. Las provincias debían resignar su participación en el Fondo Regional, lo que para Chasseing era inaceptable porque se interrumpirían obras públicas importantes como diques y ca-minos62. A su vez, los municipios debían colaborar con las provincias.

59 La Voz del Interior, 22-8-1978.60 Los Principios, 18-4-1978.61 La Voz del Interior, 18-1-1979.62 La Voz del Interior, 1-2-1979.

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El debate por la distribución de fondos entre la nación y las provincias estaba muy presente. En Córdoba se había formado en 1977 la Fundación Mediterránea, un nombre por sí mismo sugestivo acerca de los intereses geopolíticos a defender63. El primer trabajo presentado fue elaborado por los economistas Domingo Cavallo, Héctor Montero y Dante Olivieri y el tema fue, precisamente “Distribución de Recur-sos Fiscales Nacionales entre Provincias y Municipalidades. Una evaluación sobre la equidad de los criterios de reparto”64.

El 1 de febrero de 1979, se anunció la renuncia del go-bernador después de una reunión que mantuvo con el presi-dente Videla, en la cual se presume que ratificó su defensa de los fondos provinciales. De inmediato renunció Romanutti, aunque el nuevo gobernador, Adolfo Sigwald, tardó casi dos meses en aceptársela, por lo que debió insistir65. El intendente explicó en un mensaje de despedida por la cadena de radio y televisión que se iba del Palacio 6 de Julio “por amistad” con Chasseing66. Su sucesor, el coronel (r) Raúl Corletti, mantuvo pronto una reunión con Sigwald para analizar el aporte que la municipalidad debía realizar a la provincia67.

Referencias bibliográficas

Canelo, P. La política secreta de la última dictadura argentina 1976-1983. Edhasa, Buenos Aires, 2016.

Municipalidad de Córdoba. 24 meses de labor. Imprenta Muni-cipal, Córdoba, 1978.

63 La Voz del Interior, 3-7-1977.64 La Voz del Interior, 13-11-1977.65 Los Principios, 23-3-1979.66 La Voz del Interior, 30-3-1979.67La Voz del Interior, 10-4-1979.

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Quiroga, H. Dictadura, sistema político y legitimación. Homo Sa-piens Ediciones, Rosario, 2004.

Troncoso, O. El proceso de reorganización nacional. Centro Edi-tor de América Latina, Buenos Aires, 1984.

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LAS INTENDENCIAS DE RAMÓN BAUTISTA MESTRE: TRANSFORMACIÓN Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (1983-1991)

Gabriela Closa*

El 10 de diciembre de 1983, Ramón Bautista Mestre de la Unión Cívica Radical (UCR) asumió el cargo de intendente de la ciudad de Córdoba. Había ganado las elecciones libres y sin proscripciones, realizadas después de la dictadura que se extendió entre 1976 y 19831. Su gobierno estuvo determina-do por el gran imperativo de ese momento: la reconstrucción democrática, después de la larga noche de la dictadura. De acuerdo a su evaluación, encontró a la municipalidad inmersa en una profunda crisis económico-financiera, con un mar-cado deterioro en la prestación de los servicios esenciales y en el estado de la infraestructura urbana. En ese marco, los objetivos básicos de su gestión fueron el saneamiento de la

* La autora agradece al Dr. Alberto Marcos Zapiola, quien fue Asesor Letrado, Secretario de Servicios Públicos y Secretario General en las intendencias de Mestre, por su valioso testimonio y por la documentación partidaria que puso a su alcance. A los Dres. Marcela Ferrari, Virginia Mellado y Mario Arias Bucciarelli por sus comentarios a un avance de este trabajo presentado en las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia de Mar del Plata, en agosto de 2017.1 A partir de la recuperación de la democracia, las elecciones se transformaron en el momento de la expresión de la voluntad general y la libertad política. Isi-doro Cheresky afirma: “Los actos electorales marcan el ritmo de la vida política e ilustran la fuerza reguladora de la expresión de la voluntad popular. Se vota en serio, y cada vez menos como la convalidación formal de situaciones de po-der, como sucedía en las elecciones de fachadas promovidas por los regímenes totalitarios y autoritarios” (Cheresky, 2006: 29).

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economía, la puesta en marcha de un ambicioso plan de obras públicas y la reparación de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más humildes.

Mestre se destacó por llevar adelante un intenso y trans-formador programa de gobierno, por lo que es recordado como uno de los mejores intendentes que registra la historia de Córdoba. Estuvo al frente de la municipalidad por dos períodos consecutivos, de 1983 a 1987 y de 1987 a 1991. A lo largo de su gestión, consolidó la imagen de un hombre pragmático, austero y buen administrador. Además, su buen desempeño fue la base para proyectar su carrera política hacia los escenarios provincial y nacional: entre 1995 y 1999 fue gobernador de Córdoba, en 1994 convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional, en 1999, in-terventor federal en la provincia de Corrientes y al concluir, Ministro del Interior de la Nación, cargo que ocupó hasta diciembre de 2001.

Sobre estas consideraciones, los objetivos de este traba-jo son analizar las intendencias de Mestre, atendiendo a las principales realizaciones y dificultades de sus gobiernos como también a los soportes políticos e ideológicos de su plan y re-construir su carrera política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) considerando los juegos de poder que estableció con los otros referentes del partido, especialmente con Eduardo César Angeloz, quien fue tres veces gobernador de la provincia.

La formación política

El primer intendente de la democracia nació en San Juan, ca-pital de la provincia homónima, el 21 de agosto de 1937. Fue el segundo de los de los tres hijos del matrimonio conforma-do por Pedro Mestre Femenía y Juana María Brizuela. Su pa-

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dre, inmigrante de origen valenciano, había llegado de niño a la Argentina, en 1911, y su familia se radicó en esa provincia, donde se dedicó a la producción de vid y olivo. Siendo adulto, continuó con esa actividad y a nivel político se identificó con el radicalismo yrigoyenista2 (Cfr. Capellupo, 2003:15-16). Su madre era mendocina y modista de profesión.

En 1955, Ramón Bautista Mestre se trasladó a Córdo-ba para iniciar los estudios de odontología en la Universidad Nacional y poco tiempo después comenzó su militancia es-tudiantil en la Agrupación de Estudiantes Reformistas de Odontología (AERO)3 (Cfr. Ibid.: 31). En esos años, la so-ciedad estaba atravesada por las fuertes tensiones que implicó el estallido de la Revolución Libertadora y por la recompo-sición del campo político tras el derrocamiento del gobier-no peronista. En 1958, fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de su Facultad y, poco tiempo después, Secretario General de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

En ese momento, un tema que involucró al movimien-to estudiantil y a los sectores intelectuales de todo el país, fue el debate sobre el funcionamiento de las universidades privadas. En diciembre de 1955, la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu había promulgado el decreto ley 6403/55 cuyo artículo 28 permitía que las universidades pri-vadas pudieran emitir títulos oficiales. En 1958, el presidente Arturo Frondizi decidió reglamentar ese decreto, lo cual dio lugar a intensos enfrentamientos entre quienes apoyaban la instauración de la enseñanza privada universitaria, aunque fuera confesional, y quienes, recuperando la tradición liberal decimonónica y de la Reforma Universitaria, consideraban que la educación universitaria era competencia del Estado

2 Testimonio de Eduardo Mestre. 3 Ibid.

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y por lo tanto debía ser laica. Finalmente, el proyecto del gobierno se aprobó, con lo cual Frondizi se enajenó el apoyo de los estudiantes universitarios (Cfr. Tcach, 2003: 32). Mes-tre, quien se había afiliado a la UCR a los diecinueve años, adhirió a la corriente reformista y como militante estudiantil participó activamente en las asambleas que se realizaban en el Córdoba Sport y en las tomas de la universidad, lo que le permitió adquirir experiencia como dirigente político e in-teractuar con las personalidades más destacadas de aquellos años4 (Cfr. Capellupo, Op. Cit.: 37 y 43). Siendo todavía estudiante, contrajo matrimonio con Cristina Sueldo, con quien tuvo cuatro hijos. Una vez que finalizó los estudios de odontología alcanzó el doctorado.

Poco tiempo después, se integró a la estructura política de la UCR. En efecto, para las elecciones de 1962, formó parte de los equipos de salud del candidato a gobernador de la provincia, Arturo Umberto Illia. Como se sabe, el triunfo de los candidatos que pertenecían al justicialismo, en el marco de la proscripción del peronismo impuesta por los militares, provocaron la anulación de esas elecciones. Un año después, otro radical, Justo Páez Molina, fue elegido gobernador de Córdoba (1963-1966), y en esa oportunidad Mestre pudo ac-ceder a cargos en el gobierno: primero fue Secretario de Salud y luego Secretario General de la gobernación. El golpe militar de 1966, que dio inicio a la denominada “Revolución Argen-tina” y colocó en la presidencia de la nación al general (r) Juan Carlos Onganía, puso fin a la primera experiencia de Mestre en un cargo público; en la provincia, los primeros intervento-res fueron el general Gustavo Martínez Zuviría (h) y Miguel Angel Ferrer Deheza, cuyos gobiernos se caracterizaron por su signo autoritario y conservador.

4 Testimonios de Américo Tatián y Julio César Moreno.

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En contraste con los aires retrógrados que se expandían desde el gobierno, otros sectores de la sociedad cordobesa atravesaban un período de intensa movilización y reflexión derivado de la amalgama de transformaciones económicas, sociales e ideológicas que se habían producido desde la se-gunda mitad de la década de 1950. En efecto, la radicación de la industria automotriz modificó el perfil productivo de la provincia y cambió la estructura económica de la ciudad. A lo que hay que agregar los ecos de la Revolución Cubana y los procesos de descolonización en África y Asia, en el surgimien-to de un sentimiento antiimperialista y anticolonialista que arraigó en los sectores juveniles universitarios. La existencia de gobiernos de facto, las limitaciones para el ejercicio de la actividad política, la proscripción del peronismo promovie-ron también un debate sobre el funcionamiento del sistema político y el papel de los partidos. Además, en esos años se empezó a conformar en Córdoba un sindicalismo antiburo-crático y disidente que demostró su arraigo en el estallido del Cordobazo, en 1969.

En este marco, algunos partidos políticos recibieron al gobierno autoritario con expectativas, como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), otros prestaron su apoyo al gobierno de facto como el Partido Demócrata (Cfr. Tcach, 2012: 218). Por el contrario, la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), especialmente el sector liderado por el presidente depuesto –Arturo Umberto Illia– adoptó una posición crítica hacia la dictadura. Por esos motivos, a pesar de la prohibición guber-namental de realizar actividades políticas y de la incautación de la Casa Radical, sede del partido, se mantuvo, dentro de lo posible, y aún a costa de ser blanco de la represión policial, el hábito de llevar adelante reuniones periódicas. En ese marco, se formó la Junta de Acción Política, una especie de Comité

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Central ampliado, de la que participaban dirigentes locales y nacionales (Cfr. Ibid.: 217). También, en 1967, se realizó la primera reunión de la UCR en la clandestinidad, en el hotel San Uberto de Nono, la cual fue disuelta por la policía, pero, no obstante, se conformaron comisiones de trabajo (Cfr. Frávega, 2006: 299).

Al año siguiente, desde la juventud del radicalismo, sur-gió la iniciativa de realizar una reunión nacional, en Setúbal –provincia de Santa Fe– de todos los grupos de jóvenes que había en país, con el objetivo de discutir el papel que había desempeñado en radicalismo en la sociedad argentina, el que le correspondía en la coyuntura de la lucha contra la dictadu-ra de Onganía y la forma de organización que debía adoptar el partido para lograr una mayor inserción en las masas5 (Cfr. Muiño, 2011: 59). Esa reunión dio lugar a la formación de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical, la que cuestionó a la dirigencia en manos de Ricardo Balbín y el programa del partido6. Mestre participó de ese movimiento (Cfr. Tcach, Op. Cit.: 228).

En 1969, por iniciativa del Comité Central de la pro-vincia, se convocó al Primer Congreso Provincial de Estudio y Actualización Doctrinaria en el Hotel Palace de La Cumbre. En la declaración se afirmó la posición antiimperialista y re-volucionaria de la UCR, a favor de la liberación y en defensa de los intereses populares (Cfr. Servetto, 2000: 351). En ese contexto, se fue definiendo una franja de militantes, deno-minada “generación intermedia”, de la cual Mestre formaba

5 Entrevista a Leopoldo Moreau.6 Los sectores de la juventud, opuestos a la conducción de Ricardo Balbín, consideraban que imprimía al partido una dirección extremadamente mod-erada: “La intención declarada era transformar a la UCRP en un partido de masas, nacionalista, popular y revolucionario”. También, “se expidieron por el repudio a las salidas electoralistas condicionadas, los golpes de Estado y toda forma de perpetuación del régimen” (Persello, 2011: 300).

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parte, que abogaba por la actualización ideológica y dirigen-cial del partido. En 1971 se formó el Movimiento Nuevo de Córdoba en el que revistaban Arturo Umberto Illia, Eduardo C. Angeloz y Víctor Martínez y que luego comenzó a ser co-nocido como Línea Córdoba. Por esos días Angeloz fue ele-gido Presidente del Comité Central de la Provincia. Por su parte Mestre, entre 1972 y 1982 fue secretario de la Junta de Acción Política del Comité provincial y desde 1973 a 1976 diputado provincial y presidente de su bloque, integrando la Comisión de Presupuesto.

El inicio de un nuevo tiempo

En el marco del descongelamiento de la actividad política, tras el colapso de la dictadura y del consecuente llamado a eleccio-nes, Angeloz creó, en 1982, el Centro de Investigación Radi-cal (CIR), con el objetivo de trabajar sobre los programas de gobierno a poner en marcha, en caso de ganar las elecciones. Mestre era integrante de Línea Córdoba y se incorporó a este Centro. Por esos días, el partido estaba abocado a la conforma-ción de las listas de candidatos y fue Angeloz, en su condición de presidente de la UCR de Córdoba y de candidato a gober-nador, quien lo propuso para estar al frente de la intendencia de Córdoba, en la asamblea del departamento capital:

A mí se me ocurrió que el candidato a intendente de-bía ser un hombre joven, con formación política y a la vez con experiencia en la administración. (…) También pensé que no debía pertenecer estrictamente al grupo de amigos, ya que la mayoría se incorporarían al gobierno provincial, si yo ganaba, y había que abrir el juego par-tidario para que todos los sectores estuvieran representa-dos (Angeloz, 2014: 179)

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Una de las comisiones del CIR se encargaba de la cues-tión municipal de la ciudad de Córdoba, pero Mestre no es-tuvo de acuerdo con la orientación que se le daba a las dis-cusiones, por lo que, después de aprobada su candidatura, decidió crear su propio grupo, el Centro Radical de Estudios Municipales (CREM), para avanzar en la elaboración del plan de gobierno, designando como coordinador general y respon-sable técnico al arquitecto Guillermo M. Irós y como repre-sentantes políticos a Macario Carrizo y Walter Nacuzzi7 (Cfr. Capellupo, 2003: 148). Desde ese momento, el ritmo de tra-bajo del equipo se caracterizó por un gran dinamismo. Tenían un proyecto de ciudad y de gestión municipal, lo cual se pudo apreciar en la plataforma municipal de la UCR titulada: “…porque Córdoba necesita un tiempo radical”8.

Por sus antecedentes en la función pública y en el par-tido, como también por la forma en la que había constituido su equipo de colaboradores y organizado el plan de gobierno, Mestre controlaría, como recurso de poder, una de las zonas de incertidumbre del partido, en el nivel municipal, como es la competencia. Angelo Panebianco define a la competencia como el “poder del experto”, “el saber especializado”, entendi-do este como el manejo de las relaciones político-organizativas, tanto internas como externas y el reconocimiento, por parte de los demás actores, “de que algunos poseen las cualidades idó-neas para desempeñar ciertos roles” (Paniebianco, 1990: 85).

La UCR ganó las elecciones en los tres niveles de go-bierno: nacional, provincial y municipal. En este nivel, Mes-tre obtuvo 300.980 votos, frente a los 214.208 del Partido Justicialista (PJ), cuyo candidato fue José Manuel de la Sota

7 Testimonio de Guillermo M. Irós.8 En la plataforma municipal se presentó un detallado plan que contemplaba cuatro aspectos: el jurídico- institucional, la política social, la infraestructura de servicios y la política económico financiera.

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(Cfr. Capellupo, Op. Cit.). Como se sabe, también resultaron victoriosos Eduardo César Angeloz como gobernador de la provincia y Raúl Alfonsín como presidente de la nación. En sintonía con el proceso que se estaba viviendo en el escenario nacional, se trataba “del esplendoroso renacer de la vida social y política de toda una comunidad. En esos días de esperanza ilimitada, los primeros pasos que dio Alfonsín en cuanto a los derechos fundamentales fueron consistentes con el espíritu épico del momento” (Gargarella, 2010: 28).

El 25 de noviembre se puso en funciones al Concejo Deliberante y se eligieron sus autoridades: el presidente era Fernando Montoya (UCR), el vicepresidente primero Ing. Miguel Marietti (UCR) y el vicepresidente segundo el gre-mialista Eduardo Loto (PJ). El cuerpo estaba compuesto por treinta y dos ediles, diecinueve de los cuales pertenecían a la bancada radical y trece al bloque justicialista; los presidentes eran Walter Nacuzi y Luis Nazar, respectivamente9. Después de cumplida con esta instancia, se pasó a un cuarto inter-medio hasta el 10 de diciembre, fecha en la que tenían que asumir Mestre y sus secretarios.

La ceremonia de asunción se realizó en la sala de sesio-nes de la Legislatura de la Provincia, ante los miembros del Concejo Deliberante y estuvieron presentes el gobernador y vice electos, Doctores Eduardo César Angeloz y Edgardo Ro-ger Miguel Grosso, el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Raúl Francisco Primatesta, los legisladores y funcionarios provin-ciales electos, familiares y público en general. Desde los bal-cones del recinto legislativo, jóvenes entusiastas le daban al acto un color inusitado, con la entonación de cánticos que demostraban la alegría, esperanza y confianza por la etapa de-mocrática que se inauguraba ese día.

9 La Voz del Interior, 25-11-1983.

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El nuevo intendente prestó juramento por Dios, la Pa-tria y el honor10. En su discurso de asunción marcó un efecto de frontera al señalar las diferencias entre la dictadura y el gobierno democrático que comenzaba ese día11 (Cfr. Aboy Carlés, 2001: 168-169). Por cierto, consideró que el ejercicio del sufragio ponía fin a “un penoso período, cuya caracterís-tica dominante fue la utilización discrecional de los resortes del poder y la aplicación de un plan que afectó la dignidad del hombre y de la nación, destruyó su patrimonio y sometió al pueblo a privaciones lesivas al decoro humano”12. Además, resaltó el papel que desempeñó la UCR en el proceso de la recuperación democrática porque fue el partido que “con más vigor, con mejores títulos y con mayor sensatez y elevada conducta reclamó el imperio irrestricto de la Constitución, el restablecimiento del Estado de Derecho y la concordia entre todos los argentinos”13. Asimismo, se refirió a la institución municipal como “una de las más fecundas realizaciones de nuestro Derecho Público”, como cuna de la civilización y sede de las libertades de los vecinos:

En el municipio comienza la vida pública, allí se aprende a votar, a defender las propias maneras de ver, a resistir, a combatir, a ser independiente. Y también se aprende el

10 La Voz del Interior, 11-12-83. 11 Sobre el concepto de frontera política, Aboy Carlés dice que “referirnos a ella evoca la imagen de una discontinuidad, de un término, un confín o un linde, constituyendo en su conjunto la imagen ambigua de una coexistencia de registros espaciales y temporales (...) Entenderemos por tanto a la frontera política como el proceso mítico de constitución de una abrupta diferencia re-specto del pasado, la conformación de una identidad que deviene hegemónica y que establece una radical discontinuidad con la objetividad dominante, con la sedimentación preexistente materializada en las identidades políticas vigen-tes” (Op. Cit.).12 Mensaje del Intendente Ramón B. Mestre ante el HCD, 10-12-1983. 13 Ibid.

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manejo práctico de los negocios públicos, porque este no se improvisa, y en el municipio no se declaman los pro-blemas, sino que debe dárseles una solución concreta14.

En el plano teórico, se basó en los aportes de Joaquín V. González, Domingo F. Sarmiento, José Manuel Estrada y Juan Bautista Alberdi; en el político valorizaba las figuras se-ñeras de la UCR como Amadeo Sabattini, Santiago del Casti-llo y Justo Páez Molina15. Asimismo, resaltó el papel que iba a desempeñar su partido en el momento de la recuperación de la democracia tras los años oscuros de la dictadura: “la UCR no viene a castigar sino a reparar” y que la bandera de la repa-ración iba a presidir todos los actos de su gobierno16.

Su mensaje, de alto contenido social, expresó la inten-ción del gobierno municipal de restituir derechos y de aten-der las necesidades de ciudadanos de menores recursos:

Aspiramos a que los sectores socialmente marginados se incorporen activamente a la vida de la ciudad y que participen de la recepción de recursos y servicios y que desarrollen su responsabilidad y su libertad, porque de esta manera aseguraremos la existencia y vitalidad de la democracia17.

Al finalizar la ceremonia de asunción, Mestre y sus cola-boradores, se dirigieron hacia el Palacio 6 de julio, sede de la municipalidad, donde fueron recibidos por el comisionado municipal saliente, Dr. Eduardo Cafferata y allí el nuevo in-tendente tomó juramento a los secretarios de su gabinete18.

14 Ibid. 15 Ibid.16 Ibid.17 Ibid. 18 La Voz del Interior, 10-12-1983.

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Para poner fin a una jornada tan importante para la ciudada-nía y por indicación del presidente Alfonsín, las funciones de gala, que tradicionalmente coronaban los actos de asunción de nuevas autoridades, fueron reemplazadas por fiestas populares en las que participaron artistas y deportistas. En la ciudad de Córdoba, el festejo se denominó “festival por la reconquista de la democracia” y se desarrolló en la Plaza de la Intendencia19.

El gobierno municipal, 1983-1991. Gobernar con obras

Hacia 1983, la ciudad de Córdoba tenía 1.100.000 habitan-tes aproximadamente y su ejido comprendía un área de 576 km cuadrados. Presentaba una serie de problemas sociales y urbanísticos que conformaban la compleja agenda del nuevo gobierno. En efecto, desde la década del cincuenta, debido a la instalación de las industrias metalmecánicas, se había produ-cido un crecimiento importante de la población y la ciudad se había expandido desordenadamente, dando lugar a zonas que tenían una irregular y dispar prestación de servicios básicos. A esto se sumaban los condicionamientos geográficos de su em-plazamiento, la implementación de políticas inadecuadas por parte de los gobiernos precedentes y la “ausencia” del Estado en la planificación urbana. También se sentían los efectos de la crisis económica que afrontaba el país, lo cual se evidenciaba en el deterioro general del espacio público y el aumento de la población marginal. De acuerdo al diagnóstico realizado por las autoridades de la nueva gestión, la ciudad estaba:

… innecesariamente extendida y excesivamente centra-lizada, presentaba una marcada insuficiencia de equi-pamientos y de infraestructura, problemas crónicos de

19 La Voz del Interior, 10-12-1983.

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transporte urbano, precarias condiciones de vida en sus áreas periféricas, falencias en sus desagües pluviales, contaminación ambiental, áreas urbanas inconexas y de-gradación paisajística y ambiental de lugares y recursos urbanos (Irós, 1991: 22-23)

Partiendo de la premisa de que el papel de la municipali-dad debía ser integral y que por lo tanto, tenía que considerar el desarrollo del ciudadano para mejorar su calidad de vida, las obras se orientaron a satisfacer las necesidades dentro de una serie de prioridades y “en función de un contenido social irrenunciable” (Ibid.: 21). En ese marco, se puso en marcha el Plan General de Desarrollo Urbano que tenía como obje-tivos generales, mejorar la eficiencia de los servicios urbanos, proveer de equipamiento básico a las áreas de salud y educa-ción en las zonas más carenciadas, promover la dignidad de la población marginal que habitaba las villas de emergencia, descentralizar las funciones urbanas, integrar los sectores in-conexos y revalorizar los edificios y espacios urbanos que die-ran identidad a la ciudad (Cfr. Irós, 1991: 61).

Desde el inicio de la gestión, el sentido social orientó las acciones del gobierno y se manifestó con el lema “de la periferia al centro” porque “la periferia marginal de la ciudad ocupaba el centro de la acción municipal” (Irós, Op. Cit.: 85; Cervio, 2015: 374). En este aspecto, fue muy importante la revalorización y afianzamiento del ámbito barrial, donde se sentaron las bases para el desarrollo de actividades educati-vas, sanitarias, de servicios y recreativas, siendo sus espacios de localización la escuela, el centro de salud o dispensario, el centro administrativo descentralizado, el playón deportivo y la plaza. Asimismo, se mejoró la prestación de servicios a tra-vés de la instalación del alumbrado público y la extensión de las redes de gas natural y agua corriente. Para muchas de estas iniciativas se promovió la organización de los vecinos a través

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de la formación de cooperativas y entes. Otro lema que con-densó los objetivos de la política municipal fue: “Obras, no palabras”, con el cual se destacaba la eficiencia de la gestión y el cumplimiento de las promesas de campaña.

Una obra emblemática de la gestión de Mestre fue la creación de treinta y ocho escuelas de nivel primario, las que se construyeron en las zonas más necesitadas de la ciudad. En el inicio del ciclo lectivo de 1984, a solo sesenta días de la asunción del gobierno, se inauguraron treinta y dos estable-cimientos, veintitrés de los cuales eran nuevos, en los que se impartía enseñanza para 1º y 2º grado y había 2.624 alumnos inscriptos20. Los servicios de educación se complementaban con un programa de prevención y promoción de la salud. También se daba a los alumnos la ración alimentaria y la copa de leche durante todo el año y se les entregaban guardapolvos, calzado y útiles escolares. Para colaborar con el equipamiento de las escuelas se creó la Comisión de Ayuda a las Escuelas Municipales de la ciudad de Córdoba (CAEMCOR) que se dedicaba a recaudar fondos y donaciones21. El presidente Al-fonsín estuvo presente en la apertura del ciclo lectivo 1984, en el que se inauguró la Escuela Justo Páez Molina de Barrio Las Palmas, en el oeste de la ciudad. El desarrollo del sistema educativo fue gradual porque se fueron abriendo los grados a

20 Las escuelas estaban ubicadas en las zonas periféricas y barrios carenciados de la ciudad. Los barrios donde se instalaron las primeras escuelas fueron: Santa Isabel, 2º Sección; Cabildo; José Hernández; José Ignacio Díaz, 1º, 2 y 3º secciones; San Carlos; Rosedal Anexo; Las Palmas; Villa Allende Parque; Villa Cornú; Centro América; Parque Liceo; Comercial; Colonia Lola; Santa Cecilia; Quintas de Arguello; Villa Siburu; Villa Azalais; Sargento Cabral; Villa Urquiza; Los Plátanos; Renacimiento; San Roque; Los Boulevares; Sangre y Sol; La Toma; Patricios Este; José Ignacio Díaz, 4º Sección; Ituzaingó Anexo; Los Sauces; Villa Rivera Indarte; Barrio Sachi; Villa 9 de julio; General Arenales y Los Paraísos. La Voz del Interior, 6-3-1984.21 La Voz del Interior, 2-3-1984 y 3-3-1984.

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medida que los niños avanzaban en la escolaridad y también se incorporaron las salas de jardín de infantes, de tal modo que, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en 1991, el último de la gestión, Mes-tre expresaba que para esa fecha, se educaban en las escuelas municipales más de 16.000 niños22.

Con respecto a la situación de los habitantes de villas de emergencia, la Dirección de Desarrollo Humano de la Mu-nicipalidad calculaba que en el inicio de la gestión, había en la ciudad ochenta y tres asentamientos con una población estimada en 57.000 habitantes. Los programas de erradica-ción se iniciaron en 1984 y se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Participación Vecinal y Desarrollo Hu-mano. Para la municipalidad existía la prioridad de reubicar a las villas que estaban asentadas en terrenos destinados a la construcción de obra pública “la cual corresponde al interés colectivo de la ciudad y no puede verse entorpecida por la localización de estos asentamientos marginales” (Irós, Op. Cit.: 91). Por ese motivo, se pusieron en marcha planes para trasladar a sus habitantes mediante el sistema de viviendas “semilla” y del Programa Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua (EPAM). Asimismo, se desarrollaron también planes de vi-vienda destinados a sus trabajadores y empleados, los que se ejecutaron en colaboración con organismos provinciales y nacionales (Ibid.: 89-91).

Asimismo, fueron intensas y continuas las tareas que se realizaron para mejorar la conectividad y la integración en-tre las zonas de la ciudad como también la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, se llevó adelante un importante plan de obras que consistió en la ex-

22 Mensaje pronunciado por el intendente Ramón B. Mestre, ante el HCD, 01-05-1991.

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tensión de la red vial, la construcción de puentes y viaductos, la pavimentación de calles y avenidas, el alumbrado público, la modificación del sistema de transporte en ómnibus y la in-troducción del sistema de trolebuses. Se proyectó también la instalación del ferrourbano, pero no llegó a concretarse.

Un párrafo aparte merece el plan de revalorización del río Suquía. A pesar de que en 1982 se habían realizado obras de remodelación y parquización, durante la gestión del Arq. Miguel Angel Roca al frente de la Secretaría de Obras Pú-blicas, es cierto que durante muchos años la ciudad había crecido de espaldas y su ribera se había convertido en lugar de asentamiento de viviendas precarias, basurales, depósitos e industrias contaminantes (Ibid.: 145-146). Desde el inicio de la gestión, la recuperación de río fue un objetivo primordial. En función de ello, se limpiaron los márgenes, se sanearon sus aguas, y a cada lado del curso de agua se construyó una avenida costanera, lo que contribuyó a hacer más fluido el tránsito vehicular. De ser una zona marginal, la ribera se con-virtió en un parque lineal, lugar de encuentro y esparcimiento para los vecinos. El punto culminante fue la inauguración de la Isla de los Patos, en 1987, donde se instaló una importante colonia de aves, lo que le dio al lugar una singular belleza23. Otro tanto ocurrió con la extensión de la sistematización del arroyo La Cañada, lo cual implicó el mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona que atravesaba.

En el ámbito de la cultura, se desarrollaron numerosas experiencias que fueron demostrativas del ambiente de crea-tividad y de libre expresión que promovió el gobierno en de-mocracia, como la realización de la Bienal del Humor y la Historieta en Democracia, el Encuentro Regional de Escri-tores, la Semana de Córdoba, el Encuentro Intercolegial de

23 La Voz del Interior, 18-81991.

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Teatro, la actuación de la Orquesta Municipal de Cuerdas, el Coro y de la Banda Juvenil, las Jornadas de Historia, por nombrar solo algunas. También se destacó la recuperación de edificios históricos como el Cabildo de la ciudad y la Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo.

Escenarios conflictivos

A los desafíos que implicaba dar respuesta a los problemas de la ciudad, se sumaba la delicada situación económica-finan-ciera en la que se encontraba la municipalidad. El déficit para el ejercicio 1984 ascendía al 50,8 por ciento del presupues-to24. Había dos elementos que confluían para que los gastos fueran excesivos: por un lado la planta de personal estaba so-bredimensionada; por otro, el contrato que la municipalidad tenía con la empresa encargada de la recolección de residuos y limpieza de calles, ASEO, era sumamente oneroso25. En el inicio de 1984, Mestre afirmaba que considerando solo los sueldos, las cargas sociales y los servicios de la empresa de limpieza, la municipalidad gastaba, en el primer trimestre de ese año, 130 pesos argentinos por cada cien que ingresaban26. A esto se sumaba una recaudación impositiva muy inferior a la prevista. La municipalidad también tenía deudas con pro-veedores, con la empresa ASEO, con el Instituto Provincial de Asistencia Médica (IPAM) y la Caja de Jubilaciones, en-

24 Mensaje del Intendente Ramón B. Mestre al HCD, 10-12-1983.25 El contrato fue suscripto el 30 de julio de 1981, por el comisionado municipal, Dr. Rubén Juan Pellanda y los representantes de las empresas Waste Management de Argentina, Impresit Sideco, SEVEL (del Grupo Macri) y Manliba. La municipalidad adujo que no se habían respetado los procedimientos correspondientes y que por lo tanto se podía anular el contrato. Esta iniciativa contó con el apoyo del Concejo Deliberante. 26 Mensaje del intendente Ramón B. Mestre al HCD, 01/05/84.

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tre otras. Para solucionar esta situación se implementó una estricta política de reducción de gastos y de racionalización administrativa. En julio de 1984 se anuló el contrato con la empresa ASEO. También se mejoraron los procedimientos de recaudación impositiva y aumentaron los controles logrando, en consecuencia, un incremento de los ingresos y una dimi-nución de la morosidad.

Esta política dio buenos resultados: en 1985, Mestre afirmaba que, a pesar de haber recibido la Municipalidad en una situación económica y financiera muy compleja, habían logrado equilibrar las cuentas y podrían realizar la obra pú-blica con recursos genuinos. Por su parte, el gobernador de la provincia, Angeloz, afirmaba que Mestre había hecho la mejor intendencia de Córdoba, con un mérito extra: “jamás le pidió un peso a la provincia por fuera de lo que le corres-pondía” (Angeloz, Op. Cit.: 180).

En paralelo, se levantaron voces denunciando el alto cos-to de los impuestos, el cobro de intereses excesivamente altos por retraso en los pagos y hasta los embargos de viviendas por deudas impositivas. Los vecinos solicitaban la elaboración de planes de pago, el congelamiento de la deuda y cuando el caso lo ameritase, la exención del pago de impuestos (Cfr. Franco et. alt., 2015: 167)

Al poco tiempo de asumir, se plantearon problemas con los trabajadores municipales. En ese momento, las negocia-ciones fueron desarrolladas por el cuerpo de delegados por-que todavía el sindicato no estaba normalizado. Los puntos de conflicto eran: la situación de los contratados, el retraso salarial y el escalafón. El intendente sostenía la posición de no renovar los contratos a los empleados que habían sido desig-nados durante el año 1983; por otro lado, los que hubieran sido celebrados con anterioridad al 10 de enero de 1982 se-rían renovados por noventa días para analizar adecuadamente

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su situación. El 29 de diciembre de 1983, una parte de los empleados a los que no se les renovó el contrato, iniciaron una huelga de hambre en la explanada del Palacio 6 de julio.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se normalizó a fines de 1984 y asumió Rubén Da-niele, como Secretario General, cargo que ostentó durante treinta y tres años. En el marco de las políticas orientadas a la racionalización de los gastos, los conflictos con el sindicato fueron una constante durante todo el período y estuvieron motivados por demandas de incrementos salariales, por la oposición por parte de los trabajadores a la reducción de bo-nificaciones y las limitaciones para realizar horas extras, entre otras. A la vez, en el contexto de un proceso inflacionario, especialmente en 1986-87 e hiperinflacionario en 1989-90 la conflictividad con los trabajadores fue intensa. Además de las reivindicaciones específicas, se reclamaba al intendente la apertura de espacios de diálogo.

En los barrios los reclamos giraban en torno a la dificul-tad de la municipalidad para brindar los servicios de mane-ra completa y eficiente. En efecto, las quejas se dirigían a la prestación del servicio de transporte urbano, la provisión de agua potable, energía eléctrica, gas (aunque entre los servi-cios mencionados había algunos que correspondían a la pro-vincia). Los vecinos afectados se organizaron por medio de la formación de “comisiones”, “coordinadoras”, “mesas” y la metodología consistió en la presentación de petitorios, notas, la organización de marchas, cortes de calles con quema de cubiertas (Cfr. Ibid.: 163).

En relación al acceso a la red de gas natural, se reclamó a la municipalidad por la realización de obras de infraestruc-tura para poder conectarse a la red, por el elevado costo, el sistema de financiación y por la tercerización. En ese sentido, la municipalidad afirmaba que se habían podido realizar esa

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obra gracias a la participación de los vecinos, exaltaba su or-ganización y lo evaluaba como una forma de ejercicio de la democracia, cuando en paralelo los vecinos denunciaban que los costos de las obras eran muy altos y que la municipalidad cobraba intereses excesivos. También se reclamaba por la falta de diálogo. (Ibid.: 164).

Una política que fue celebrada por la municipalidad fue la normalización de los Centros Vecinales en 1985. El ámbito barrial constituía un espacio privilegiado para la participación ciudadana, por ese motivo era una medida inobjetable, acor-de con los principios democráticos que ostentaba el gobierno. Los Centros Vecinales habían sufrido los embates de la dicta-dura, muchos habían sido intervenidos o habían languidecido hasta desaparecer por falta de recursos. La municipalidad rea-lizó un nuevo ordenamiento de los centros pero este no satis-fizo las expectativas de los vecinos. Ellos consideraban que, en ese diseño, se había privilegiado el cálculo político partidario por sobre sus intereses y se había cristalizado una organiza-ción de arriba hacia abajo. Por ese motivo, se organizó el I Encuentro Vecinalista, que se reunió el 18 de mayo de 1985 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Cfr. Ibid.: 169). Esto dio lugar a un periodo de intensos debates no obstante lo cual, el Concejo Deliberante aprobó el 1º de octubre de 1985 la Ordenanza 8125 que reglamentaba el proceso de norma-lización de los Centros Vecinales y durante 1986 se produjo su aplicación.

Acuerdos y tensiones en la UCR

La gestión exitosa que desarrolló Mestre al frente del muni-cipio, le sirvió para fortalecer su posición y fue la plataforma de lanzamiento para proyectar su carrera política hacia otros

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espacios. Estamos de acuerdo con Tula y De Luca cuando afirman que “los cimientos del poder político se fabrican den-tro de las fronteras provinciales: la base del apoyo de los di-rigentes se localiza en este nivel y es allí donde en casi todos los partidos se forjan las carreras políticas” (2015: 75). En ese proceso, de construcción de poder y de desarrollo de su cur-sus honorum, a Mestre le tocó competir con quien era el jefe indiscutido del partido en Córdoba y también tenía aspira-ciones de transcender el coto local, el gobernador Angeloz. El periodista Sergio Suppo (2013) afirma que, si bien entre am-bos no había diferencias ideológicas, nunca se llevaron bien y preferían mantenerse más distantes que próximos; Angeloz estaba interesado en que se respetara su jefatura, Mestre en construir su propio liderazgo. De este modo, las elecciones de medio término de 1985, en las que se debían elegir diputados nacionales y, en Córdoba también, senadores provinciales y miembros del Comité Provincial y Capital de la UCR, fueron el momento para plantear las diferencias.

Esta era la primera prueba electoral que enfrentaba el gobierno nacional desde el inicio de su gestión en 1983. En la ciudadanía estaba viva la esperanza de la capacidad de la democracia para dar respuesta a los problemas más acucian-tes. En efecto, se había dado solución al diferendo limítrofe con Chile, los delitos por las violaciones a los derechos hu-manos se encauzaban por el inicio del Juicio a las Juntas y la economía mostraba señales de recuperación por la imple-mentación del Plan Austral. El presidente Alfonsín promovió la idea de que se conformaran listas de unidad, pero, en el escenario mediterráneo, esa directiva solo se respetó para la lista de candidatos a diputados nacionales27. En consecuen-cia, en el departamento Capital no quedó otra alternativa que

27 Los candidatos fueron: Roberto Llorens (LC), Alberto Prone (LC), Carlos Becerra (RyC), Conrado Storani (h) (RyC), Felipe Botta (LC).

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realizar elecciones internas. Se enfrentaron dos listas, ambas integradas por hombres que pertenecían a Línea Córdoba y a Renovación y Cambio. En efecto, la Lista uno (angelocista) llevó como candidatos a senadores por el departamento Capi-tal a Nilo Neder (LC) y Regino Maders (RyC), mientras que la tres (mestrista) a Héctor Sander (LC) y Ramón Contreras. Para la jefatura del Comité Capital los candidatos fueron, por la Lista uno, Alfredo Orgaz y por la tres, Fernando Montoya. Ambas agrupaciones coincidían en señalar que sus diferencias no eran ideológicas y declaraban su apoyo al gobierno en los tres órdenes, nacional, provincial y municipal. Pero mientras la lista de Orgaz consideraba que Mestre era un intendente más de la UCR y que las diferencias con su sector eran “polí-ticas”, la de Sander reconocía que por ser hombres del depar-tamento Capital, sus mayores esfuerzos estaban concentrados en facilitar la gestión municipal y por lo tanto las diferencias con la lista del angelocismo eran “de estilo”28. El 21 de julio se realizaron las elecciones internas y el triunfo benefició a los candidatos que respondían al gobernador: la Lista uno obtu-vo 18.825 votos, frente a los 11.320 de la Lista tres29.

De acuerdo al análisis de Julio César Moreno, el triun-fo de la Lista uno implicó un claro respaldo al gobernador Angeloz y una mayor influencia de Renovación y Cambio. De este modo, se consolidaba la alianza entre Línea Córdoba y Renovación y Cambio, con mayor participación de la se-gunda, lo que era comprensible por el liderazgo indiscutido de Raúl Alfonsín y por la preeminencia de su línea en todo el territorio nacional. La derrota afectó al intendente Mestre porque muchos de sus hombres estaban en la Lista tres. En-tre los radicales se afirmaba que no se había cuestionado la gestión municipal, a la que todos calificaban como muy efi-

28 La Voz del Interior, 7-7-198529 La Voz del Interior, 27-7-1985.

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ciente, pero sí el estilo de gobierno al que consideraban poco abierto al diálogo y a la participación30.

En septiembre de 1987, se realizaron las elecciones en todo el país para gobernadores, diputados nacionales y au-toridades municipales. En Córdoba, también se elegían di-putados provinciales. Angeloz y Mestre se presentaron para renovar sus mandatos31. En ese momento, la situación del go-bierno de Alfonsín había cambiado sustancialmente respecto de la última prueba electoral, y era sumamente delicada. La ilusión democrática mostraba señales de agotamiento. A pesar del éxito inicial que representó en Plan Austral en el comba-te contra la inflación, esta nuevamente había comenzado su marcha ascendente y el equipo económico no acertaba con las medidas adecuadas para controlarla. Además, el peso de la deuda externa era asfixiante. Desde la izquierda se acusa-ba al gobierno de aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional; desde la derecha de no realizar los ajustes necesarios y de mantener el sobredimensionamiento del Estado. Por su parte, el movimiento obrero, controlado por el PJ, había lanzado una oposición frontal, la que se ex-presó en la realización de paros generales y en la obstrucción de las medidas que adoptaba el gobierno. A esto se agregaba la delicada situación política a causa del primer levantamiento carapintada en la Semana Santa de 1987 y la sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida32. Así, la incapa-

30 La Voz del Interior, 22-7-1985. 31 Como se sabe, la reforma de la Constitución Provincial, sancionada ese mismo año, permitió la reelección del gobernador. 32 La dirigencia política de Córdoba expresó su apoyo para el gobierno de Raúl Alfonsín en el marco del levantamiento carapintada de Semana Santa. Se hizo una marcha en defensa de la democracia y se emitió un documento. En primera fila marcharon los dirigentes: Eduardo Angeloz, José Manuel de la Sota, Ramón Mestre, Juan Carlos Maqueda, Alfredo Orgaz y Mario Ne-gri, entre otros. Estamos de acuerdo con Ricardo Sidicaro cuando afirma que,

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cidad o imposibilidad del gobierno para construir los apoyos necesarios a su gestión, se tradujo en una creciente pérdida de confianza y de apoyo por parte de los sectores corporativos y de la sociedad en general. Además, a nivel partidario, el pe-ronismo había avanzado en el proceso de renovación, lo que le sirvió para constituirse en una opción para el electorado independiente. De este modo, los cambios en la valoración y expectativas que despertaba el gobierno de Alfonsín, como también las nuevas propuestas del peronismo, ahora mayo-ritariamente renovador, tuvieron su correlato en el resultado de las elecciones. En efecto, el PJ se impuso en diecisiete pro-vincias (cinco más que en 1983) y la UCR solo mantuvo los distritos de Córdoba, Río Negro y Capital Federal.

Durante la campaña electoral, el Peronismo Renovador hacía alusión a las diferencias que había entre el gobernador y el intendente como una forma de justificar el cambio. Mes-tre insistía en que las diferencias solo eran de estilo, no de proyectos políticos porque los de ambos estaban alimentados por “la filosofía de la UCR”: “Y si no fuese así no estaríamos en presencia de un partido democrático sino de uno autori-tario, totalitario, donde hay uno solo que piensa, uno solo que opina y uno solo que dirige. Este no es el estilo de la UCR”33. El resultado de las elecciones favoreció por segunda vez a la UCR, aunque las diferencias con su rival más cercano, el Frente Justicialista Renovador (FJR), se achicaron con res-pecto a 1983. En la intendencia, ocurrió algo similar: Mestre obtuvo 272.445 votos contra 252.236 de Miguel Balestrini, candidato del FJR (Capellupo, Op. Cit.: 144).

desde distintos sectores de la sociedad, se vio la decisión de sancionar la Ley de Obediencia Debida como un privilegio otorgado a los militares, que incidió negativamente en el restablecimiento de la confianza y legitimidad de las insti-tuciones (Sidicaro, 2001: 47).33 La Voz del Interior, 4-9-1987.

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El gobernador Angeloz fue el primero después de cua-renta y siete años que pudo terminar el mandato constitu-cional de cuatro años. El último en esa situación había sido Amadeo Sabattini, quien finalizó el suyo en 1940. Además, era la primera vez que un gobernador se sucedía a sí mismo. Algo similar ocurrió con el gobierno municipal. El intendente Donato Latella Frías completó su primer período de gobierno (1936-1940) y fue reelecto; el segundo fue interrumpido por el golpe militar de 1943.

El 10 de diciembre de 1987 Mestre asumió nuevamente la intendencia municipal. Las autoridades electas y salientes asistieron al acto que se realizó en el salón de la Legislatura de la Provincia. El público, numeroso, entusiasta, las saludó a medida que iban ocupando sus lugares, pero lo hicieron con más intensidad cuando ingresaron Mestre y Angeloz, espe-cialmente cuando se abrazaron. Desde las gradas se entonaba una consigna que anunciaba, de alguna manera, las aspiracio-nes de uno y otro para el futuro cercano: “Pocho-Ramón un solo corazón. Pocho presidente y Ramón gobernador”34.

Mestre pasó revista, en su discurso, a los puntos más so-bresalientes de su gestión, resaltó el clima de libertad que se vivió en esos años y expresó el deseo de consolidar la “cultura del esfuerzo” que permitió que se llevara adelante la obra pú-blica municipal, a la que calificó como “una verdadera hazaña civil”. Habló también de la creación de una nueva cultura política “que pone al hombre en el centro de la preocupación del gobierno”. De la misma forma que cuatro años atrás, la jornada terminó con una fiesta popular, el Festival de la De-mocracia, que se realizó sobre los márgenes del río Suquía, en la intersección de Bv. Guzmán y San Martín35.

34 La Voz del Interior, 11-12-1987.35 Ibid.

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Tras las elecciones de 1987, se modificó la composición del Concejo Deliberante e ingresaron representantes de otros partidos políticos, quebrándose el bipartidismo que había sido característico en el primer período. En efecto, los nuevos re-presentantes eran: Alfredo Keegan del Movimiento de Inte-gración y Desarrollo (MID) y Juan Carlos De la Peña de la Democracia Cristiana (DC), que había ingresado dentro del FJR. Las críticas a la gestión de Mestre giraban en torno a la importancia que se le daba a la realización de grandes obras por sobre la falta de calidad en la prestación de algunos servi-cios, como por ejemplo el transporte urbano de pasajeros, el alumbrado público o la reparación de las calles en los barrios. Finalmente, el presidente del Bloque de Concejales del FJR, Jorge Terreno, señaló que Mestre se había limitado a hacer una reseña de sus años de gobierno y que solo había anunciado la transformación del sistema de transporte y el funcionamiento de la radio municipal. También que había atribuido la crisis económica a las dimensiones del Estado y al comportamiento social cuando debería haber reconocido que la misma se de-bía a “la incapacidad de un gobierno claudicante para adoptar posturas firmes frente a las presiones internas y externas”36.

La ruptura

El buen resultado de la UCR de Córdoba en las elecciones de 1987, ubicó a Angeloz en la primera línea de posibles candi-datos para las elecciones presidenciales de 1989 y Alfonsín lo postuló como precandidato a pesar de la oposición que había dentro de su propio sector (Cfr. Persello, 2011: 337). Allana-do el camino en el interior de Renovación y Cambio, en la

36 La Voz del Interior, 2-5-1988.

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UCR se realizaron elecciones internas37. Finalmente quedó consagrado Angeloz y orientó la campaña hacia la necesidad de achicar el Estado, suprimir los gastos superfluos, introdu-cir reformas de corte neoliberal.

En las elecciones se tuvo que enfrentar con Carlos Saúl Menem, quien se presentó por el Frente Justicialista Popu-lar (FREJUPO), una coalición de partidos liderados por el PJ. Las elecciones se realizaron en mayo y resultó ganador Menem, quien obtuvo 47,5 por ciento de los votos; el se-gundo lugar quedó reservado para la UCR que recogió el 32,5 por ciento de votos, más el 4,6 por ciento que recibió por el aporte de la Confederación Federalista Independiente, que llevó a Angeloz como candidato a presidente y a Cristina Guzmán como vice. La inflación que continuaba en ascenso desembocó en el estallido hiperinflacionario de junio/julio de 1989. La crítica situación económica, política y social se tor-nó insostenible. Hubo saqueos de negocios, especialmente de ventas de alimentos y de supermercados, en distintos lugares del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en las ciudades de Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza. El presidente Alfonsín decretó el Estado de sitio y, en el marco de una verdadera hecatombe social, se vio obligado a adelan-tar, en cinco meses, la entrega del poder. El nuevo presidente, Menem, invitó a Angeloz a formar parte del gabinete, alter-nativa que este no aceptó. El gobierno logró salir de la situa-ción de hiperinflación, pero no obstante, se reeditó en marzo de 1990; recién la aplicación del Plan de Convertibilidad, a partir de abril de 1991, logró estabilizar los precios y reducir significativamente la inflación.

37 En las internas compitieron las fórmulas: Eduardo C. Angeloz-Juan Manuel Casella y Luis León -Carlos Yeregui. El resultado favoreció a la primera, que obtuvo 88,64 por ciento de los votos (Cfr. Ferrari y Closa, 2015: 53).

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La debacle económica de 1989 y la renuncia de Alfonsín desprestigiaron y dividieron internamente a la UCR, pero a pesar de ello la figura de Angeloz era positiva, tenía proyección nacional y era una posible carta de triunfo para el próximo desafío electoral de 1995. Por otro lado, la aguda crisis econó-mica de ese momento y las dos experiencias hiperinflaciona-rias repercutieron, obviamente, en las finanzas municipales y dieron argumentos para criticar las medidas que adoptaba el intendente. Sobre este tema, fue significativo lo que dijo Jorge Terreno, titular de la bancada justicialista en el Concejo De-liberante, ante la decisión de la comuna de cobrar el tres por ciento diario por mora en el pago de los impuestos, excepto en el inmobiliario y en el de los cementerios: “La municipalidad se ha convertido en una mesa de dinero, cobra intereses usura-rios como los financistas”. Además, insistió en la necesidad de reformular el presupuesto municipal porque el plan de obras públicas con el que pretendía continuar el intendente no era acorde a la realidad del país38.

A nivel provincial, la próxima prueba electoral se ubica-ba en 1991, año en el que se renovaban las autoridades de la provincia y la municipalidad, además de bancas en la Legisla-tura. En marzo de 1990 no se había planteado el tema de las posibles candidaturas. En esos días, se le preguntó a Mestre si estaba de acuerdo con que Angeloz se presentara nuevamente:

Creo que Angeloz es un gran gobernador. Y si más del cuarenta por ciento de la población ha pensado que po-día ser presidente, si las encuestas de hoy dicen que es el hombre que tiene mayor popularidad para ejercer esa función y que es uno de los políticos más confiables, caramba, si no puede ser gobernador de la provincia39.

38 La Voz del Interior, 10-6-1989.39 La Voz del Interior, 29-3-1990.

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En 1991, Angeloz decidió presentarse nuevamente como candidato a gobernador por un tercer periodo40. Ante esta situación, Mestre, quien había reconocido un tiempo an-tes que Angeloz era el mejor candidato, se opuso a su postu-lación y decidió enfrentarlo en elecciones internas. La actitud de Angeloz se enmarcaba en una particular interpretación del Artículo 136 de la Constitución de la Provincia, reformada en 1987, que permitía la reelección. Ante la impugnación por parte de diferentes sectores del arco político, incluidos algu-nos del radicalismo, la cuestión llegó hasta el Tribunal Supe-rior de Justicia, quien resolvió que la postulación de Angeloz, en 1991, era la segunda en el marco de la nueva Constitución y, por lo tanto, era legal.

Por el contrario, Mestre sostenía que la intención del gobernador iba en contra de los principios fundacionales de la UCR. En una solicitada dirigida a los afiliados, Mestre ex-presaba que las diferencias con sus adversarios no eran perso-nales sino de principios. Afirmaba que el gobernador aspiraba a sucederse a sí mismo y que eso estaba en contra de lo que establecía la carta orgánica de la UCR (Arts. 146 y 147) y la Constitución de la Provincia (Art. 136):

No guardo contra mi oponente ningún sentimiento que pueda menoscabar su larga, sacrificada y exitosa militan-cia. Durante décadas compartimos los mismos ideales, afrontamos innumerables riesgos y siempre nos vieron juntos en las horas dolorosas de la derrota y en las jorna-das jubilosas de la victoria.(…)Me formé en la escuela republicana de la UCR. En este partido aprendí que la primera obligación del demócra-ta es acatar y defender la ley, sin ambigüedades ni inter-

40 La Voz del Interior, 2-3-1991.

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pretaciones forzadas. Aprendí, también, que la periodi-cidad en el ejercicio de las funciones públicas contribuye a mantener y vigorizar el sistema democrático. Cuando hombres y círculos se perpetúan en el poder se pone en duda la vitalidad de las instituciones pues se veda el acceso de las corrientes transformadoras que nacen y crecen en el seno de la sociedad y, desde luego, en el seno de los partidos políticos41.

El 23 de marzo Mestre lanzó su línea interna denomi-nada Movimiento de Participación y Renovación (MPR) con un acto en el Estadio del Centro. La nueva línea se organizó en veinte de los veintiséis departamentos que tenía la provin-cia42. También se constituyó la Junta Directiva Provincial bajo la presidencia del senador Fernando Montoya43. En el docu-mento fundacional, se comprometían a retomar las banderas históricas de la UCR y a asegurar sus ideales éticos. También se exhortaba a defender la Constitución porque solo su acata-miento aseguraba la vigencia del concepto republicano44. La actitud de Mestre constituyó un desafío al liderazgo de Ange-loz, lo que provocó mucho malestar en la ex Línea Córdoba. Angeloz quería formar una lista de unidad. Pero Mestre ini-ció conversaciones con el intendente de Río Cuarto, Miguel Ángel Abella, quien pertenecía a Renovación y Cambio, para sumarlo a sus filas. Angeloz también hizo lo mismo. Como se puede advertir las líneas que no podían confluir eran la de Mestre y la de Angeloz, aunque ambas estaban dispuestas a

41 Solicitada, La Voz del Interior, 16-5-1991.42 Los departamentos eran: Capital, Colón, Calamuchita, Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, Roque Saenz Peña, San Alberto, San Javier, Santa María, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba, Unión y San Justo.43 La Voz del Interior, 24-3-1991.44 Ibid.

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formar una alianza con Renovación y Cambio. Finalmente, la fórmula del Movimiento Participación y Renovación quedó integrada por Ramón Mestre-Miguel Ángel Abella (candida-tos a gobernador y vice) y Mario Negri (candidato a inten-dente de Córdoba). La otra lista llevaba como candidatos a Eduardo C. Angeloz-Edgardo Grosso (gobernador y vice) y Rubén Martí (candidato a intendente de Córdoba). Se pre-sentó también una tercera lista, perteneciente al Núcleo San Lorenzo, que postulaba a Nicolás Asís para la intendencia de Córdoba. Esta lista apoyaba, a nivel provincial, a la fórmula Angeloz-Grosso.

El 1 de mayo de 1991 Mestre pronunció el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Era el último de sus dos gestiones consecutivas frente al Pala-cio 6 de julio. En esa oportunidad, como era habitual, hizo re-ferencia a las obras realizadas en la municipalidad desde 1983, pero también se refirió a la próxima realización de elecciones y a su decisión de no presentarse como candidato a intendente, “a pesar de que no exist[ían] impedimentos legales para que un ciudadano pued[iera] ejercer cargos comunales electivos por dos, tres y aún más períodos”45. El único funcionario de la provincia que estuvo presente fue el vicegobernador, Dr. Mario Negri, quien pertenecía al Movimiento Renovación y Cambio, y era aliado al jefe de la comuna en disputar al go-bernador Angeloz en la interna46.

En las internas se elegían candidatos para setenta y cin-co intendencias del interior provincial. La lista de Angeloz-Grosso fue la única que se presentó como tal en la mayoría de los municipios, lo cual era demostrativo de que su influencia llegaba a toda la provincia. Las otras listas seguían distintas

45 Mensaje del intendente Mestre al HCD del 1-5-1991.46 La Voz del Interior, 2-5-1991.

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modalidades: en algunos municipios se presentaba la lista de la alianza Mestre-Abella, en otras el MPR y MRyC por se-parado y finalmente también se presentaban treinta y cinco candidatos independientes47.

En el acto de cierre de campaña, realizado en la ciudad de Córdoba, en el Pabellón Verde de FECOR (Complejo Fe-rial Córdoba) el candidato a vicegobernador, Grosso, mani-festó su sorpresa porque no hubo consenso para formar una sola lista; consideró que mestristas y alfonsinistas se habían “equivocado” y que no comprendía cómo habían desafiado al gobernador. Señaló que Angeloz era el político más creíble de la Argentina y que era “el único que garantiza[ba] la victoria del radicalismo”. Por su parte Martí, candidato a intenden-te, fustigó la gestión de Mestre, criticó “la brutal indexación de las tasas” y señaló que “el municipio deb[ía] servir y no agobiar a los vecinos”. También anunció la apertura de más centros de salud, la creación de más escuelas y el mejora-miento del sistema de transporte48. El cierre estuvo a cargo de Angeloz, quien se concentró en los grandes temas de la política nacional y casi no hizo referencia a la interna. Enfa-tizó la importancia de la UCR y del gobierno de Alfonsín en la recuperación de la democracia y la defensa de la libertad y los derechos humanos, aunque consideró que era prioritario dedicarse al desarrollo económico. También exhortó a los ra-dicales a mantenerse unidos y “acompañarlo para alcanzar el gobierno nacional en 1995”49.

Por su parte, Mestre y Abella realizaron el acto de cierre en la ciudad de Río Cuarto. El intendente capitalino insistió en los reparos éticos que implicaba la nueva presentación de

47 La Voz del Interior, 19-5-1991.48 La Voz del Interior, 17-5-1991.49 Ibid.

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Angeloz y manifestó que en caso de perder las elecciones con-tinuaría trabajando en el radicalismo.

Las elecciones se realizaron el 19 de mayo de 1991 y el resultado favoreció ampliamente a la lista que encabezaba el gobernador Angeloz, la que obtuvo el 70,2 por ciento de los votos frente al 29,8 de la fórmula que lideraba Mestre50.

En agosto, se realizaron los festejos por los cien años de la UCR y la celebración, que llevó por lema “con la fuerza de la historia, proyectándonos hacia el futuro”, encontró al partido inmerso en la lucha electoral porque la fecha de las elecciones se había fijado para el 8 de septiembre51. Las cele-braciones se extendieron por tres días e incluyeron una fiesta cívica, un fogón criollo, homenajes a los padres fundadores del radicalismo, Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, una misa en la iglesia de los Padres Capuchinos, oficiada por el Arzobispo de Córdoba, Cardenal Raúl Francisco Primatesta y un acto de cierre en la Casa Radical, donde hicieron uso de la palabra el senador Nilo Neder, en representación de la comisión del centenario y Eduardo Angeloz, en su condición de presidente del Comité Central52. Mestre solo participó del acto que se realizó el primer día en FECOR. Por cierto, esa fue su primera aparición en la “arena” política desde la derrota en las elecciones internas. El festejo por el aniversario pronto devino en un acto de campaña. Sobre el escenario quedaron los candidatos: Angeloz, Grosso y Martí. Los temas musicales que se escucharon fueron Córdoba, te quiero y Un tiempo radi-cal, utilizados en la campaña de 1983 y Uno de nosotros, tema que popularizó Martí53.

50 La Voz del Interior, 22-5-1991.51 La Voz del Interior, 1-8-1991.52 Ibid.53 La Voz del Interior, 4-8-1991.

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Otro elemento que daba cuenta de las fisuras que había en el interior de la UCR fue que en la campaña, el candidato a intendente, Rubén Martí, no hacía mención a la gestión de Mestre al frente de la municipalidad. Martí mantenía contac-tos con miembros de otros partidos políticos para lograr acuer-dos de gobernabilidad, por ejemplo con la Unión Vecinal, que lideraba Eduardo Cafferata, la Mesa de Integración Vecinalista y el Partido Justicialista54. También formó el Centro de Es-tudios para la Ciudad y tenía sus propios equipos, realizaba seminarios abiertos sobre medio ambiente, centros vecinales, agua potable, transporte, salud, cooperativas y mutuales55.

Las elecciones se realizaron el 8 de septiembre. La UCR obtuvo para la categoría gobernador y vice el 52,03 por cien-to, en segundo lugar se ubicó la Unión de Fuerzas Sociales (UFS) con el 36,49 por ciento, más el aporte del 5,75 de la Confederación Federalista Independiente. Angeloz con-solidaba su liderazgo, había mejorado su performance con respecto a las elecciones de 1987 y a las de Convencionales Constituyentes de 1986. Sin embargo, este fue su peor perío-do de gobierno, porque hubo señales de mala administración, se multiplicaron los casos de corrupción que involucraron al-tos funcionarios de su gobierno como Luis Medina Allende y Jaime Pompas y en 1995 estalló una crisis económica sin pre-cedentes, a consecuencia del “efecto Tequila”, que lo obligó a renunciar, cinco meses antes de la finalización de su mandato.

En mayo de 1995, se realizaron las elecciones para la re-novación de autoridades nacionales, provinciales y municipa-les. A nivel provincial triunfó el candidato de la UCR, Ramón Bautista Mestre. Ante la renuncia de Angeloz, Mestre debió asumir anticipadamente el cargo de gobernador y hacer frente

54 La Voz del Interior, 1-8-1991.55 Ibid.

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a la crisis. En esa oportunidad pudo demostrar nuevamente su perfil de “buen administrador en tiempos de tormentas”56.

A modo de cierre

A lo largo de este capítulo hemos analizado la obra que desa-rrolló el intendente Ramón Bautista Mestre en sus dos perío-dos consecutivos al frente de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, la cual estuvo marcada por un fuerte impulso transformador que se orientó a dar respuesta a una serie de problemas de larga data, pero también a desarrollar un pro-yecto político, social, urbanístico y cultural. Entre los logros más importantes, podemos resaltar la creación de las escuelas municipales, el establecimiento de los dispensarios y centros de salud, la modificación del sistema de transporte urbano de pasajeros y la incorporación de los trolebuses, la recuperación del Río Suquía con la construcción de la avenida Costanera, la ampliación de La Cañada y la intercomunicación de los barrios a través de la construcción de los puentes Tronador y Turín. Además, se adoptaron medidas de eficiencia y ra-cionalidad administrativa que se evidenciaron en la cancela-ción del contrato con la empresa de recolección de residuos y limpieza de calles, ASEO, en el control de gastos, en la mejora de la recaudación impositiva. Cuando Mestre asumió en su cargo, la situación económica y financiera de la muni-cipalidad era deficitaria y al finalizar su gestión las cuentas estaban saneadas y había activos en caja. La obra de Mestre se inscribió en el momento de la reconstrucción democrática de los años ochenta y como tal impregnó todos los aspectos

56 Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/478999murioencordobaelexministroyexgobernadorramonmestre, 7-3-2003.

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de su gestión. Por ese motivo, sus realizaciones estuvieron determinadas por la necesidad de restituir derechos, reparar situaciones de desigualdad e injusticia y poner en marcha un proyecto de ciudad.

En 1983 gozó de la fuerza que tenía la UCR porque sus hombres se impusieron en toda la línea: Raúl Alfonsín en la Nación, Eduardo C. Angeloz en la provincia, Mestre en la intendencia. A eso se sumó su capacidad de trabajo y los aciertos de las medidas que puso en marcha en el marco de un conjunto de logros de los gobiernos provincial y na-cional. Cuando en 1987 las perspectivas de la UCR a nivel nacional se volvieron sombrías por la irresolución de la crisis económica, la asechanza permanente del poder militar y la re-cuperación del peronismo en su versión renovadora, Córdoba emergió nuevamente como una “isla radical” y el electorado demostró una vez más su fidelidad. Mestre continuó así con un nuevo mandato, hasta que en 1991 decidió competir con Angeloz por la gobernación y pasó a la oposición, creando su propia línea interna dentro del partido.

El éxito de su gestión al frente de la municipalidad, la eficiencia de su administración y la marca que dejaron en la memoria de los cordobeses las políticas que implementó fue-ron el insumo básico para su triunfo en las elecciones de 1995 que le permitieron acceder, en un contexto sumamente difí-cil, a la gobernación de la provincia.

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LA INTENDENCIA RADICAL DE JUAN RICARDO CORNAGLIA EN SAN FRANCISCO (1983-1986)

Jacqueline Gómez

El presente trabajo constituye un acercamiento a la intenden-cia radical de Juan Ricardo Cornaglia, la construcción de su carrera política, partiendo desde la consideración que el país regresaba de una dictadura militar y que la participación ciu-dadana se manifestaba en las diferentes esferas de la sociedad. El análisis tiene la pretensión de examinar las principales po-líticas municipales teniendo en cuenta las arenas de conflictos que pudieron haberse suscitado desde la oposición local en diálogo con el contexto provincial y nacional.

A partir de 1983, las políticas públicas estatales estuvie-ron signadas por el desafío que planteó el regreso a la de-mocracia. Es por ello que se hace necesario revisar la gestión municipal en el nuevo marco político y económico.

El intendente

Juan Ricardo Cornaglia (1919-1997) provenía de una fami-lia empresaria1 de la ciudad de San Francisco, con una im-portante participación en diferentes espacios comunitarios locales, que le permitieron ir construyendo una identidad de

1 Empresas de Pompas fúnebres Cornaglias Hnos.

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pertenencia social2. De una larga trayectoria familiar de mi-litancia en la Unión Cívica Radical, el hogar de los Cornaglia fue espacio de discusiones políticas y acogimiento de candida-tos radicales provinciales y nacionales que visitaron la ciudad en diferentes campañas electorales, como fue el caso del Dr. Balbín en 1952. La reconocida oposición al peronismo, les va-lió la persecución política a algunos miembros de esta familia durante el período precedente a la “Revolución Libertadora”.

La participación por un cargo político se inició con poco éxito con la candidatura de Ricardo Cornaglia para senador provincial por el departamento San Justo, durante la gober-nación de Justo Páez Molina. En las elecciones de marzo de 1973, la Unión Cívica Radical local llegaba dividida a los sufragios, Emilio Cornaglia3 se presentaría por la agrupa-ción política denominada Movimiento de Unión Vecinal y la Unión Cívica Radical llevaría a la banca a un reconocido in-dustrial del mármol de la ciudad y militante del radicalismo: Marcos Nicolini4.

En 1982 el final del Régimen Militar implicó el llamado a elecciones democráticas; es importante recordar que estas estuvieron reglamentadas por el gobierno militar en tres do-cumentos: el estatuto de los partidos políticos, el cronograma electoral y la ley electoral5. En ese año, Ricardo Cornaglia se identificaba a nivel nacional con la línea interna del Movi-

2 Presidente del centro vecinal de Barrio Iturraspe. Presidente de la Comisión pro monumento al fundador de la ciudad: Bernardo Iturraspe.3 Secretario de la Juventud Radical sección quinta de Córdoba, sobrino de Ricardo Cornaglia.4 Los resultandos dieron el triunfo en la ciudad y en primera vuelta, al FRE-JULI con su candidato el Sr. Mariano Planells con 10.944 votos, 8.157 para el Movimiento de Unión Vecinal y luego a la UCR con 7.417.5 El cronograma electoral fijaba, entre otras cuestiones, que la asunción de las nuevas autoridades se realizaría el 30 de enero de 1984, y es por eso que la plataforma electoral del radicalismo establecía en su tapa: período 1984-1988.

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miento al Yrigoyenismo (MAY), un grupo reducido de ra-dicales conducidos por el chaqueño Luis León y que en las elecciones internas provinciales de Córdoba fue derrotada por la alianza entre Línea Córdoba y el Movimiento de Renova-ción y Cambio.

Sin embargo, en 1983 la Unión Cívica Radical local se divide a partir de la decisión de un grupo de jóvenes de ge-nerar una línea interna de competencia bajo la conducción de Ricardo Cornaglia, denominada Movimiento Principista6, ganando las internas por el Comité de Circuito a Línea Cór-doba7. El Doctor Eduardo Angeloz daría la orden de brindar todo el apoyo necesario a Cornaglia, sin embargo Línea Cór-doba redactó un documento donde manifestaba que no iba a brindar ningún tipo de colaboración y que frente al ofreci-miento de integrar la lista de cargos que presentó el radicalis-mo, ningún dirigente aceptaría.

Resuelta la elección interna favorable a Cornaglia, en las elecciones generales el candidato radical va a contender con cinco candidatos de diferentes espacios políticos: Partido Jus-ticialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Intransigen-te, Movimiento de Integración y Desarrollo Movimiento de Unión Vecinal8.

La campaña electoral contó con la visita de los candida-tos nacionales y provinciales, y con una amplia participación de la ciudadanía en especial, frente a la presencia de los can-

6 El Movimiento Principista surgió en 1921 como una línea dentro del radi-calismo, que convocaba a la acción pública para reorganizar la UCR según sus principios originarios.7 De acuerdo a los testimonios consultados, esta elección revistió un interés inusitado para el Partido Radical del departamento San Justo, debido al peso que se sabía tenía en la provincia Línea Córdoba. Es por ello que el Principismo va a solicitar la presencia de un veedor del Ministerio de Justicia.8 Orlando Batistelli (PJ); Dr. Elso Barbaresco (PDC); Dr. Florentino Mateo Arnaudo (MID); Contador Alberto Lamberti (MUV).

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didatos de los dos partidos más representativos, el Dr. Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Dr. Ítalo Luder por el del Partido Justicialista (PJ). El lanzamiento de campaña consistió en la elección de un barrio de la ciudad, es decir que no se optó por espacios emblemáticos de dinámica partidaria como habían sido el comité o la plaza central de la ciudad; continuándose con la misma modalidad a lo largo de todo el proceso preelectoral. Elección de un barrio, proyec-ción audiovisual sobre la vida de Hipólito Yrigoyen y, como oradores, un representante de la Juventud Radical, un can-didato a concejal, cerrando el candidato a intendente: Juan Ricardo Cornaglia.

En septiembre de 1983, el Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical de la ciudad publicó su plataforma electoral donde se evidenciaban políticas públicas municipa-les, enmarcadas en el contexto posdictatorial de promover un Estado de derecho “reparador” en las diferentes esferas socia-les y en especial hacia los sectores más postergados.

La disposición del gabinete municipal se conformó, en términos de Vonmaro, a partir del reclutamiento de militan-tes y dirigentes que comparten “mundos sociales de perte-nencia” y que, en el contexto de época, poseían como rasgo identitario ciertos recursos estéticos y morales, tales como una nueva clase política que no anclaba en el pasado de los seten-ta. Por ello se observa la participación de jóvenes que daban sus primeros pasos en la militancia política junto con aquellos dirigentes del partido que Marcela Ferrari (2015) denomina “la generación intermedia”, que promediaba ya los cincuenta y cinco años. Esto se puede observar en la lista de concejales titulares y suplentes, conformada por abogados, médicos y empresarios, algunos de ellos reconocidos por los más jóvenes como los “históricos del partido”, y las secretarías de gobierno

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que fueron ocupadas por profesionales (ingenieros civiles, ar-quitectos, contadores, médicos).

Entre los valores que manifestaban compartir, estaban aquellos que se acompañaban con el partido en general, tales como la defensa de la democracia como valor máximo del cual emanaba la paz y la vida, y para ello era necesario poner fin a las distinciones o divisiones, trabajar por la unión del país y del partido radical, recurriendo al pasado histórico yri-goyenista. En la plataforma para la labor del gobierno muni-cipal había una recurrencia a una conducta moral de derechos y deberes dentro de los marcos constitucionales provincial y nacional9. A pesar de esto, no se observa en este primer acer-camiento a las fuentes en los distintos alegatos del intendente, o quien estuviera a cargo del ejecutivo municipal por su licen-cia, alguna palabra condenatoria del último gobierno militar; por ejemplo en la inauguración de la apertura de las Sesiones Ordinarias del 1° de mayo de 1984 se señalaba:

En esta oportunidad adecuada para poner en conoci-miento de vuestra honorabilidad y del pueblo de nues-tra ciudad, la situación en que fue recibida la Comu-na de las últimas autoridades del fenecido Proceso de Normalización Institucional, sin que ello importe poner en tela de juicio ni prejuzgar la actuación de la anterior administración ni la honorabilidad de los vecinos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de la conducción municipal durante el periodo de facto. Ello queda li-brado a la consciente apreciación de cada habitante de nuestro medio10.

9 Comparando la introducción de la plataforma del Partido Justicialista, si bien se recurre a recuperar las nociones de derechos del trabajador, niños y ancianos no hay una ni una sola mención a la Constitución Nacional o Provincial. 10 Mensaje del intendente interino, Dr. Federico Panero, en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

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Política municipal

El triunfo de la Unión Cívica Radical sobre su competidor más directo, el Partido Justicialista, fue por una diferencia de 3477 votos; quedando conformado el Concejo Deliberante por cinco representantes del radicalismo11 y cuatro concejales del Partido Justicialista12.

Tal como lo reflejaba la plataforma y siguiendo la táctica del gobierno nacional y provincial, la democracia debía servir para restablecer los derechos perdidos durante la última dicta-dura militar, reparación que el gobierno municipal realizaba a través de acciones concretas como la creación de organis-mos municipales que otorgaban un servicio al vecino. En este orden de cosas, cabe destacar la creación de la Secretaría de Salud Pública y Acción Social que abarcaba la gestión de la Asistencia Pública13, el Centro Materno Infantil y los dispen-sarios de la periferia que también acogieron centros maternos infantiles, cuyo programa consistió en servicios gratuitos: pla-nes de vacunación y distribución de leche para los niños hasta los dos años de edad. En el área de prevención, se organizaron planes de “Educación para la salud”, extendidos a los barrios de la ciudad y en cuanto a la capacitación hubo cursos de perfeccionamiento para el personal de enfermería de la salud pública, seminarios a cargo de profesionales médicos de la Universidad Católica de Córdoba y cursos de educación sa-nitaria a cargo de profesionales y de personal médico para los vecinos de la ciudad.

11 Federico Panero, Gordo Raúl, Nicolini Marco, Caverzasi Valentini Roberto, Mondino Emilio.12 Nicolas Juan Carlos, Biazzi Roberto Alejandro, Gudiño de Tortosa Nélida, Llaryora Luis Alberto.13 La Asistencia Pública municipal hace referencia al segundo centro de salud más importante de la ciudad, después del hospital, ubicado en la zona céntrica de la ciudad.

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El modo de gestión municipal se replicó en el área de educación y cultura: en la primera fue la creación del Ga-binete Multidisciplinario de Atención al Discapacitado; el apoyo e implementación del programa provincial PAICOR; la implementación de becas para estudios secundarios; fon-dos para la reparación de escuelas y guarderías; la entrega de útiles escolares; Plan Educacional Periférico destinado a la promoción de la mujer; el apoyo escolar para el nivel prima-rio en Lengua y Matemáticas para niños de escasos recursos. En el caso del Plan Periférico Cultural14 es interesante no solo observar las acciones implementadas sino el discurso del Secretario de Cultura, donde se reconoce a la cultura como un derecho social, al que deben acceder todos los sec-tores sociales.

La sensibilidad social puesta de manifiesto en las políti-cas públicas implementadas, generó un piso de consenso en-tre las principales fuerzas políticas. Las relaciones entre oficia-lismo y oposición en el seno del Concejo Deliberante fueron cordiales. En todo caso, las principales discusiones se dieron en las comisiones donde se trataban los diversos temas, pero la mayoría de los dictámenes se acordaron por unanimidad.

De todas maneras, vale preguntarse si esta “armonía” que se evidenciaba en el recinto municipal, implicó la no existencia de conflicto durante la intendencia radical. Y acá podríamos afirmar que las arenas de conflicto que tuvo que sortear Cornaglia pueden dividirse en dos componentes: uno estrictamente judicial y el otro más relacionado con las tensio-nes que se generaron al interior del partido.

14 Consistió en la implementación en los barrios suburbanos de la ciudad (pla-zas) de la actuación de los elencos municipales. Coro Municipal de niños, Coro Polifónico Municipal, Academia de Danza Municipal (folclóricas y españolas), Banda Municipal de Danzas, Taller Municipal de Teatro, Taller Municipal de Títeres, Taller Literario Municipal, Grupo Experimental de Teatro.

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Dos juicios, dos absoluciones, muchas dudas

Dos veces el intendente Cornaglia fue llevado a la justicia por conflictos administrativos. Es decir que la justicia debía di-rimir si las facultades del intendente eran discrecionales (no regladas) o si debían ajustarse a un procedimiento. En el pri-mer caso15, junto con los integrantes del Tribunal de Cuentas, debió afrontar una imputación por el presunto delito16 de mal desempeño de los deberes de funcionario público.

Resulta llamativo que el día en que debía presentarse a declarar, se haya realizado una marcha de los empleados mu-nicipales17, quienes se movilizaron hasta la radio local entre-gando un volante en el que expresaban: “Nos movilizamos en defensa de la democracia contra todo intento golpista”, manifestando su “repudio a la campaña destinada a despres-tigiar al gobierno municipal” y la solidaridad y lealtad para con el intendente y sus funcionarios de probada honradez18. Finalmente, la justicia falló a favor del ejecutivo municipal, absolviendo a los acusados.

En el año 1986, el intendente debe afrontar un segun-do conflicto judicial, a partir de la denuncia realizada por un integrante del Tribunal de Cuentas por la minoría; nue-vamente la acusación era el dolo en el que habría incurrido el intendente junto con el Secretario de Hacienda, tomando la decisión de adelantar el pago de la ya licitada obra para la construcción de una antena de transmisión de repetición de los canales de Córdoba. En este caso la acusación era más

15 Año 198516 Fue acusado de pagar un monto de 60.000 pesos de manera ilegal, para rescindir un contrato para la construcción de nichos en el cementerio local, con la firma Tambone y Cia., que había sido contratado durante el gobierno de facto municipal. 17 Aproximadamente unos quinientos empleados.18 La Voz del Interior, 30-4-1985.

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grave porque la licitación había establecido precio y forma de pago, o sea que la conducta a seguir por el ejecutivo no era discrecional sino reglada19. Es necesario contextualizar que en el interior provincial, el único canal que se podía ver, y con serias deficiencias, era el Canal 10, por lo que la obra tenía la pretensión de ofrecer la posibilidad de recibir la transmisión por aire de los canales 8 y 12 de Córdoba. Detrás de este ser-vicio, según el testimonio del abogado defensor20, se puede llegar a evidenciar una clara intención política por parte del gobierno provincial21, dice el letrado:

En la medida que para el año 85 la reelección no estaba aún sancionada, el Doctor Eduardo César Angeloz se veía presidenciable y con mucha visión política, consi-deró que un buen medio para hacer campaña política, era a través de la propaganda de su obra de gobierno; de ahí el interés por progresar a la televisión como un medio masivo. Si no, se hace difícil explicar el interés de semejante inversión económica teniendo en cuenta que para los canales 8 y 12 el mercado del interior era poco rentable en términos de oferta y demanda22.

Este primer acercamiento a los testimonios orales, nos permite ir evidenciando que las opiniones al respecto no coin-

19 La empresa que había ganado la licitación, había acordado una parte de pago para el acopio de materiales y otra por avance de obras. Debido al proceso inflacionario que ya comenzaba a atravesar el país, la firma viendo que no solo no iba a tener utilidad sino quebrantos, decide solicitar de manera muy infor-mal que se le adelante el pago y a cambio realizaría una bonificación de precio. Cornaglia que no tenía formación jurídica pero sí empresaria, observó que el beneficio económico para la municipalidad era importante, y con la anuencia del asesor letrado y del secretario de economía decide efectivizar el pago.20 Asesor letrado a cargo de la defensa de Cornaglia en este conflicto.21 Las municipalidades del interior ofrecían el terreno y los costos de insta-lación de la antena, mientras que el gobierno provincial proveería los equipos de transmisión.22 Entrevista realizada por la autora, 19-1-2018.

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ciden, por lo que en la entrevista realizada al primer concejal oficialista, él cree ver en la denuncia una acción que tal vez fue promovida o forzada por intereses opositores, para deslegiti-mizar al gobierno municipal. Carlos Cornaglia sostuvo que la obra de la antena fue una promesa de campaña realizada por Juan Cornaglia, con el propósito de acercar un servicio de tele-visión gratuito y de calidad para los vecinos, y advirtió que tras la judicialización del caso, estaban los intereses privados de la televisión por cable, que ya comenzaba a surgir en el país23.

De todas maneras, este conflicto sirvió para demostrar el apoyo del gobierno provincial24, al poner al servicio de la defensa a uno de los letrados más reconocidos, el Doctor José Cafferata Nores. Finalmente, la justicia declaró la absolución en la medida que se consideró que el hecho había sido bene-ficioso para la hacienda municipal.

¿La vieja política o los viejos políticos?

Como se sostuvo antes, los conflictos no vinieron desde los partidos políticos opositores; sino a partir de las tensiones que se generan entre las líneas partidarias que respondían al sector alfonsinista: Renovación y Cambio y Línea Córdoba, que expresaban al ejecutivo provincial, dándose este forcejeo a veces a través de los sectores juveniles. En este contexto poselectoral y con el clima de entusiasmo que impregnaba la época, es importante observar las voces que sectores del radicalismo comienzan a manifestar. Hubo un claro apoyo al gobierno provincial, pero por otro lado se observa un in-tento de consolidar a la juventud como el sector generador

23 Entrevista realizada por la autora, 6-3-2018.24 El rumor que existió y que algunos todavía sostienen que las relaciones del intendente con el gobernador Angeloz fueron respetuosa pero no afectuosas.

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del triunfo en la ciudad; es en esta trama que el delegado del Departamento San Justo ante el Comité Provincial de la Ju-ventud Radical, declararía:

Evidentemente, la juventud de San Francisco es una de las que más ha trabajado en el Departamento San Justo (…) en esta ciudad industrial por excelencia, donde por lógica cuenta con obreros (…) la juventud ha tenido que trabajar muy duro con los sectores gremiales, en un medio que también cuenta con una Universidad y con un centro de estudiantes (ORES)25, por lo que se le am-plía el campo político26.

Indudablemente se estaba fijando una posición de dis-puta de poder, porque no solamente se atribuían la gestión del triunfo, sino que se estaba apuntando que la juventud era la que había tenido contactos con los gremios y con el sector estudiantil, relegando de esta manera a los cuadros dirigentes del radicalismo local.

Todo parece mantenerse en el plano de la discusión o la expresión verbal, hasta que el llamado a elecciones internas del comité provincial, para julio de 1985, comenzó a generar una serie de reuniones que pondrían de manifiesto las dispu-tas por espacios de influencia. En esta coyuntura, signada por las elecciones de julio, que tendrían lugar en San Francisco en febrero de 1985, el Centro Cívico Presidente Arturo Um-berto Illia (del Movimiento Renovación y Cambio), llamó a una reunión para elegir las autoridades de núcleo y delega-dos de la asamblea departamental. Paralelamente, un grupo de afiliados del partido creó la agrupación Hipólito Irigoyen, realizando una elección de autoridades; el Centro Cívico sacó

25 Organización Radical de Estudiantes Secundarios. 26 La Voz de San Justo, marzo de 1984.

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un comunicado donde denunció varias irregularidades27 de la mencionada reunión y de la forma de elección, procediendo a la impugnación por parte de los autodenominados fundado-res de Renovación y Cambio local. Finalmente, Renovación y Cambio, elegiría nuevas autoridades y delegados.

Mientras tanto Línea Córdoba elegía a las autoridades de Junta Promotora: Pte. Luis Alberto Canalis y los delegados a la asamblea departamental; realizándose ulteriormente un “asado popular” con la presencia del presidente de la Juventud Radical provincial y subsecretario de Gobierno de la Muni-cipalidad de Córdoba, Dr. Raúl Cingolani. Línea Córdoba hablaba de 1200 jóvenes afiliados al partido, tomando para ello el segmento etario de dieciocho a treinta años, plantean-do la necesidad de un debate donde el partido posibilite la coordinación entre el sector estudiantil y el gremialismo, y aliente que en el comité se hable de política y elecciones, en-tendiendo que es a la juventud a la que le corresponde llevar la avanzada para obligar al partido a tomar decisiones de pro-fundo contenido político.

Pero así como para las elecciones presidenciales se firmó un acuerdo entre las dos líneas partidarias, en junio de 1985 se lleva a cabo en la ciudad una reunión de los núcleos inter-nos de la UCR, repartiéndose la representatividad del futu-ro Comité Departamental, cabiéndole la presidencia a Línea Córdoba a través del senador provincial Mario Brook, y la vicepresidencia al Dr. Carlos Cornaglia28, representante de Renovación y Cambio.

A pesar de este acuerdo, en el año 1986 Línea Córdo-ba va a publicar un documento que criticaba fuertemente al

27 La edad de algunos electores superaba los treinta años, no se permitió emitir el voto a varios afiliados y se acusaba de utilizar la violencia física y verbal para imponer una lista elegida sin moción, negándose el “principio de mayoría”. 28 Hijo del intendente.

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gobierno municipal, siendo los puntos litigantes de la crítica, el estado de situación económico local, haciendo hincapié en el sector de la industria de máquinas herramientas. Este se vería afectado por la reducción del mercado y la crisis agríco-la ganadera, por la desigual competencia con los productos extranjeros, por la imposibilidad de capitalizar y mecanizar el campo y su consecuente desarrollo de la industria. Como efecto colateral de este estancamiento de la economía local, se señala la migración de la juventud a las capitales de las pro-vincias para realizar sus estudios universitarios, y se señala de manera textual:

Parte de ella ha valorizado sus capacidades a nivel de la dirigencia nacional, pero difícilmente retorne para ser dirigente de su comunidad de origen. Otros vuel-ven pero se retraen al ejercicio de sus profesiones al no hallar canales de participación (…), la dirigencia no experimentó los cambios y las actualizaciones que el crecimiento social impone. (…) y un amplio sector de dirigentes se encierra en un exilio interior. Superar el estancamiento es el principal desafío del mo-mento en que nos toca ser protagonistas29.

Frente a esta postura, el presidente de la junta departa-mental de Renovación y Cambio, señaló que el gobernador estaba preocupado por esa juventud porque entendía que ha-bía algún tipo de desviaciones de izquierda a su interior. Se recuerda entonces que se trataba de un proyecto nacional –y no local, departamental o provincial– que estaba articulado en torno a la figura de Raúl Alfonsín.

Evidentemente, los tres primeros años la intendencia es-tuvo signada por una significativa disputa de los espacios de

29 La Voz de San Justo, julio de 1896.

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participación; aunque no se puede afirmar si era entre las lí-neas internas del partido o si la juventud buscaba espacio uti-lizando como vehículo para canalizar su participación a estos núcleos internos. Seguramente fueron ambas cosas, lo cierto es que la juventud se había volcado al partido con toda la fuerza de las circunstancias históricas del momento. La juven-tud buscaba siempre un interlocutor de fuste que vehiculizara sus deseos, y ese interlocutor sabía que el ímpetu y el desen-fado que ofrecen los jóvenes pueden ser un buen “canal para traer agua para su molino”. Uno de los dirigentes que tal vez supo hacer esa lectura fue el senador provincial Mario Brook, que no solo pertenecía a Línea Córdoba sino que además fue referente de la juventud local.

Reflexiones finales

La intendencia de Juan Ricardo Cornaglia tuvo una raigam-bre popular, el compromiso político se había establecido des-de la campaña electoral en los barrios, la plataforma electoral se realizó a partir del recorrido por estos, puerta por puerta. Podemos pensar que “la intendencia del Toto”, como la re-cuerdan en la ciudad, estuvo marcada por la institucionalidad política, si pensamos a esta como la manera en que se mani-fiesta el funcionamiento de los tres poderes en las democracias liberales. Más allá de los intereses –ciertos o no– de diferentes sectores, políticos, económicos o personales, lo cierto es que el Poder Ejecutivo municipal y parte importante del gabinete fueron llevados a la justicia para dirimir los hechos imputa-dos.

En este caso, los candidatos radicales fueron reclutados entre militantes y simpatizantes partidarios. El politólogo Marcelo Cavarozzi señaló que la apertura democrática abrió

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un ciclo “de la profesionalización de la política” (1999: 89). En los años siguientes, la política tendió a transformarse en un modo de vida de hombres y mujeres, en una actividad profesional, de dedicación exclusiva o casi exclusiva. Juan Ri-cardo Cornaglia fue el último de los “políticos románticos”, afirmaron las diferentes fuentes orales consultadas. Tal vez, porque no entendió que la tribuna iba a ser remplazada por la televisión, y porque todavía seguía pensando como Alem: “El deber no se cumple sino haciendo algo más de lo que el deber manda”. El “Toto” fue el último intendente que asumió en la madurez de sus días (tenía sesenta y seis años de edad). Después de él, se registró un relevo generacional: ningún in-tendente sanfrancisqueño superaría los cuarenta años y los modos de hacer política estarían marcados por la tendencia a la profesionalización de esa actividad.

Referencias bibliográficas

Cavarozzi, M. Autoritarismo y democracia 1955-2006. Ariel, Buenos Aires, 1999.

Ferrari, M. y Gordillo, M. La reconstrucción democrática en clave provincial. Prohistoria, Rosario, 2015.

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VILLA MARÍA BAJO EL SIGNO DEL RADICALISMO: LAS INTENDENCIAS DE MIGUEL ÁNGEL VEGLIA (1987-1999)

Carolina Cortez

Miguel Ángel Veglia llegó a la intendencia  villamariense  en 1987, en un contexto político favorable. El tradicional arraigo de la ciudad de Villa María al Partido Radical, sumado a los altos niveles de legitimidad alcanzados durante la intenden-cia de Horacio Cabezas –también radical– durante el período de transición democrática, favorecieron este clima de apoyo al partido. A lo largo de sus mandatos, Veglia debió enfren-tar adversidades (tanto intra como extrapartidarias) que con el tiempo se fueron profundizando hasta terminar desgastando gran parte de su poder. En este marco,  se  desarrollarán sus tres períodos de gobierno, atendiendo a la vinculación de la UCR local con el ámbito provincial y nacional y a las causas de la derrota radical en 1999. Las fuentes que se utilizarán son las Actas de Concejo Deliberante de Villa María, entrevistas reali-zadas a miembros de su familia, sindicalistas e integrantes par-tidarios tanto del oficialismo como de la oposición y los pe-riódicos de la época: El Diario del sur de Córdoba (de alcance local) y La Voz del Interior (de alcance provincial).

Algunos comentarios sobre su vida1

Miguel Ángel Veglia nació en la ciudad de Villa María el 15 de abril de 1950. Provenía de una clase media trabajadora: sus

1 Reconstrucción elaborada a partir de entrevista a Cristina López, mayo de 2017.

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padres, llamados Policarpo José Veglia y Teresa Ana Favole –descendientes de inmigrantes piamonteses– nacieron  en la zona rural de Pampayasta (localidad ubicada a 60 km de Villa María) y desde muy chicos trabajaron en el campo. Se casa-ron en 1948, cuando Policarpo tenía veintidós años y Tere-sa dieciocho, ya viviendo en Arroyo Cabral. Allí desempeña-ron varios trabajos: él se dedicó a lustrar muebles, fue sodero y luego taxista hasta jubilarse. Ella, si bien se dedicó al hogar, además realizó trabajos de costurera y bordadora, aportando a la economía familiar. De allí se trasladaron a la ciudad de Villa María donde tuvieron tres hijos: Miguel Ángel, Carlos y Adriana. Residieron en dicha ciudad hasta su muerte, Po-licarpo en el año 2005 y Teresa en 2011. Ambos eran casi analfabetos y si bien ninguno se dedicó a la política, los dos fueron afines al Partido Radical.

Miguel Ángel nació y creció en el barrio Almirante Brown de la ciudad y trabajó desde los doce años (fue cadete, vendió revistas, entre otros). Realizó sus estudios secundarios en una escuela nocturna, mientras trabajaba en una compañía de seguros. Luego ingresó a trabajar en el Banco de Córdo-ba, donde decidió seguir los estudios superiores cursando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Así fue que se instaló en esa ciudad. A mitad de la carrera, re-gresó a Villa María a trabajar en un estudio jurídico en el que comenzó siendo empleado y tras recibirse en 1980, se asoció a dicho estudio. 

Unos años antes de terminar su carrera, en 1976, se ha-bía puesto de novio con Cristina López, oriunda de Villa Ma-ría. Los padres de Cristina fueron personas muy trabajadoras que vivieron en la austeridad. Igual que los padres de Miguel, provenían de la zona de Pampayasta y se conocían. Ellos sim-patizaron con el peronismo, sin ser militantes. Cristina logró alcanzar estudios superiores en Pediatría, profesión a la que se dedicó toda su vida. 

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Miguel y Cristina se casaron en 1981 y tuvieron dos hi-jos: David en 1984 y Verónica en 1986. Ambos nacieron en plena actividad política de su padre, y alcanzaron sus estudios superiores en Ingeniería Civil y Veterinaria, respectivamen-te. En la actualidad David milita en el partido radical, siguien-do los pasos de su padre. Dedicando su vida a la política y con sesenta y cuatro años de edad, el 14 de mayo de 2014 Miguel Angel Veglia murió tras una descompensación cardíaca.

El comienzo de su carrera

Miguel Ángel se afilió a la Unión Cívica Radical en 1971, un año después de haber terminado sus estudios secundarios en la Escuela Superior de Comercio de la localidad de Villa Ma-ría. Para esa época, ya era estudiante de abogacía en la Uni-versidad Nacional de Córdoba. Al respecto, comentaba: “La principal actividad que teníamos era estudiantil pero nunca formé parte de la Franja Morada (…) Con el golpe de Estado tuve que dejar de militar, aunque siempre estuve participando de alguna manera”2.

Durante el periodo de la dictadura militar, siguió estu-diando y formándose en la clandestinidad: “Todas las sema-nas nos reuníamos entre dos o tres a leer y debatir de  política. La vida universitaria permitía mucho eso. En el año 81 vien-do cómo se daba la decadencia de la dictadura, nos juntamos en la clandestinidad un grupo de profesionales que nos auto-titulamos jóvenes profesionales”3.

Con el retorno a la democracia, fue Raúl Alfonsín quien alcanzó el ejecutivo nacional representando a la Unión Cívica

2 Entrevista a Miguel Ángel Veglia, agosto de 2008.3 Ibid.

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Radical. En ese entonces, en las internas por la UCR locales para intendente, Veglia apoyó la candidatura de Horacio Ca-bezas, quien unos meses después alcanzaría el triunfo en Villa María. Fue a partir de ese triunfo, que la carrera política de Mi-guel Ángel Veglia despegó, obteniendo el cargo de secretario del comité departamental en 1984. En 1985, asumió como presi-dente del comité del circuito y poco tiempo después, renun-ció para presentarse como candidato a intendente.

Durante sus estudios superiores, Miguel Ángel se nutrió de información política de toda índole: radical, peronista, so-cialista, etc. Al respecto comentaba:  

Me leía todas las revistas de política. Conocí a un se-ñor llamado Levantachi, que tenía un kiosco en Colón y Gral. Paz. Él me daba los martes a la noche, todas las revistas repetidas o que estaba prohibida su circulación: las bases del peronismo, radical de izquierda, revistas so-cialistas, algunos comentarios radicales. Nos reuníamos entre dos o tres afiliados radicales en Córdoba y siempre había alguno peronista y nos juntábamos a discutir de política4. 

En 1981, cuando  comenzó a existir la posibilidad del retorno a la democracia, Miguel Ángel,  quien nunca dejó de militar en la clandestinidad, se comenzó a reunir con un grupo de profesionales que se autotitularon “profesionales ra-dicales”. Este grupo estuvo formándose por mucho tiempo, bajo el liderazgo del escribano Fiol. Se reunían en su casa y allí debatían de política. Fiol fue un miembro tradicional del radicalismo local, respetado y reconocido por su honestidad y trabajo. Además alcanzó el cargo de Diputado Nacional, por lo que fue reconocido también a nivel provincial y nacional.  

4 Ibid.

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Su primer período de gobierno 

Miguel Ángel  Veglia  gobernó la ciudad de Villa María  re-presentando al radicalismo  durante tres períodos consecu-tivos:  desde 1987 hasta  1999.  Su primera intendencia se desarrolló sin grandes inconvenientes, en un clima optimis-ta  (gracias a la gestión anterior de Horacio Cabezas) carac-terizado por mantener un clima conciliador lo que le había permitido dejar un alto porcentaje de legitimidad. 

A diferencia de lo que ocurría en la ciudad de Villa Ma-ría, para 1987 el clima político nacional fue en deterioro; el radicalismo estaba complicado tanto en materia económica como política. La inflación nuevamente representaba un pro-blema; el gobierno experimentaba signos de desgaste por fal-ta de soluciones efectivas a la crisis económica y continuaba presionado por las recurrentes protestas protagonizadas por la CGT. Además, estaba presente la precaria solución que le había dado al problema militar con las sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estas leyes, por cier-to, no habían satisfecho las demandas de los militares, con lo cual el peligro de una nueva sublevación no estaba del todo descartado; tampoco las expectativas de la sociedad parecían satisfechas, en lo que se refería a la revisión del pasado y el castigo de los culpables, lo cual se traducía en la pérdida de confianza y credibilidad (Cfr. Closa, 2004:120).

Si bien el radicalismo, luego del triunfo de las elecciones de 1983, había logrado imponerse también en la renovación de diputados de 1985, unos años después ya no pudo man-tener en vigencia su poder. En la renovación de diputados y gobernadores de 1987 se comenzó a reflejar, en el ámbito nacional, la decadencia del partido. Esta inflexión respondía a dos razones: la importancia que recobraron entre los traba-jadores las demandas económicas y sociales –alrededor de las

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consecuencias distributivas regresivas de la inflación y de los ajustes antiinflacionarios implementados por el gobierno– y los escollos que enfrentaban las demandas políticas (Cfr. Bon-net, 2008: 96-97).

Esta fue la realidad nacional en la que se desenvolvie-ron las elecciones de 1987. Diferente situación atravesaba la ciudad de Villa María. Si bien las condiciones socio-políticas y económicas existentes en el ámbito nacional repercutían di-rectamente en la ciudad, las condiciones históricas de la pro-vincia, y específicamente de Villa María, eran diferentes.  

La impronta radical de los ciudadanos villamarienses, la política de gobierno aplicada por Horacio Cabezas, los me-dios que utilizó para resolver los conflictos socio-laborales existentes en la ciudad y su capacidad para renovar el poder municipal, hicieron que los ciudadanos siguieran confiando en el radicalismo. 

En 1983 Miguel Ángel Veglia se había alineado con Ho-racio Cabezas. Esta fracción del partido pretendía renovarse y romper con la tradicionalidad del comité –que hacía años era cerrado– traspasándose el poder entre unos pocos. Luego del triunfo de Cabezas en estas elecciones, Veglia asumió como secretario del comité departamental en 1984 y en 1985 asu-mió como presidente del comité del circuito, renunciando al poco tiempo para ser candidato a intendente. 

Para estas elecciones  (1987),  Veglia  se encontraba en-frentado a gran parte de los miembros de su partido. Preten-día presentarse como candidato a intendente pero no recibía el apoyo suficiente para lograrlo. Luego de recibir presiones en varias oportunidades, debió renunciar a la lista de Cabezas y se presentó por fuera de esta tendencia. Representaba una lí-nea renovadora dentro del partido, encabezando a la juventud radical de Villa María con planteos nuevos. Fue así que el 7 de junio de 1987 se desarrollaron las internas radicales presen-

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tándose tres listas: Lista 1 (representada en el municipio por Jorge Valinotto); Lista 3 (encabezada por Daniel Baysre); Lis-ta 4 (representada por Miguel Ángel Veglia).  

Para sorpresa de muchos, triunfó la Lista 4 encabeza-da por Veglia. Del total de los votos emitidos, esta obtuvo el 42 por ciento. La Lista 1 alcanzó el 39,8 por ciento y la Lista 3 logró el 18 por ciento. Miguel Ángel supo advertir la necesi-dad de transformar discursivamente al partido y pudo captar gran parte del electorado radical joven.  

A pesar de no presentar alianzas políticas relevantes en la época, logró ser candidato a intendente por la UCR. No estuvo alineado en el ámbito provincial con quien entonces fuera el gobernador, Eduardo Angeloz. Este último encabeza-ba la Lista 3, representada en el municipio villamariense por Daniel Baysre.  

Fue entonces que  Veglia se presentó como candidato en las elecciones a intendente de septiembre. Desarrolló su campaña bajo un discurso que vinculaba al justicialismo con el pasado represivo y autoritario de la  década del 70. Así lo expresaba:

Tenemos mucho por mejorar, somos el partido que está concretando el cambio a través de debates, a través de la democracia. No nos olvidemos que venimos de un pasado autoritario, sin derechos, un pasado guiado por el peronismo; ahora es el momento, la oportunidad para defender nuestra democracia (en Cabezas, 2003: 412).

Si bien el justicialismo se defendía frente a estas acusa-ciones, la mayoría electoral la obtuvo el radicalismo. A pesar de la amplia lista partidaria, los resultados fueron los siguien-tes: 18.668 sufragios para el radicalismo y 15.261 sufragios para el Peronismo Renovador representado en la ciudad por Alcides Demarchi, quien se encontraba en segundo lugar. El

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radicalismo obtuvo una victoria holgada frente a esta segunda fuerza. Los demás partidos –entre todos– obtuvieron alrede-dor de 3.050 votos (Ibid.: 412-413) 

En la provincia de Córdoba, el triunfo electoral también fue para el radicalismo: Eduardo Angeloz, quien representó a dicho partido en la provincia, logró 729.927 votos contra 661.015 que había alcanzado Bercóvich Rodríguez, represen-tando a FJR (Frente Justicialista de la Renovación).  

Su primera gestión de gobierno se desenvolvió sin dema-siados conflictos. Fue un período de avances en asuntos socia-les y culturales, se aprobaron algunas obras públicas como el pavimentado de calles, tendido eléctrico, entre otros. 

Algunos de los conflictos más complejos que de-bió afrontar Veglia durante su primera gestión, se desarrolla-ron con el Secretario General del gremio de los municipales: Camilo Rodríguez, quien era partidario de la UCR y había sido presidente de la CGT-Villa María. Los enfrentamientos entre Veglia y Rodríguez fueron permanentes y hostiles debi-do a una lucha de poder en el interior del partido, situación que muchas veces dificultaba el avance de sus políticas o deci-siones. Al respecto Rodríguez comentaba: 

El mismo Alfonsín lo llamó a Veglia para pedirle que me dejara trabajar con él (Veglia). Pero  Veglia  le res-pondió: Mire doctor, pídame cualquier cosa pero este tipo se queda parado donde está. ¡Me tuvo nueve meses parado en la municipalidad! Creo que Veglia fue el peor intendente que tuvo Villa María. Yo no tenía ningún puesto durante sus gestiones pero tuve enfrentamientos políticos porque era una persona muy cerrada. Yo he tenido más problemas en los gobiernos radicales que en los justicialistas5.

5 Entrevista a Camilo Rodriguez, agosto de 2009.

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Por su parte, Veglia explicaba: 

La fuerte oposición que durante mis gestiones tuve que enfrentar, estuvo centralmente dentro de mi partido. Camilo Rodríguez dificultó en gran medida mi gestión, complicándome con varias cuestiones como por ejem-plo no recolectando la basura en la ciudad durante va-rios días. Así que tuve que salir yo, manejar el camión y dedicarme a levantar la basura. Hasta ese punto llegaron mis enfrentamientos con él. Si bien reclamaba por me-jores condiciones salariales, en realidad era una lucha personal. No me podía ni ver, no respetaba mis decisio-nes, fue siempre una tensa relación6.

Durante las gestiones de Veglia, la CGT-Villa María no organizó paros o reclamos en los que corriera riesgo de deses-tabilización política la ciudad. Los conflictos fueron central-mente con el sindicato de municipales liderado por Rodrí-guez. Además, la CGT no era considerada de un importante apoyo electoral en los períodos electivos. Sus miembros perte-necieron tanto al radicalismo como al peronismo, por ello al momento de decidir en las elecciones cada uno optaba según sus propias convicciones.

Década del 90: segundo y tercer gobierno de Veglia  

Durante el desarrollo de los períodos de gobierno de Veglia –fines de la década de los 80 y la década de los 90– ocurrieron importantes transformaciones en el país:  se profundizaron medidas neoliberales, implementadas sobre reformas estruc-turales, en la búsqueda permanente de reducción de las res-

6 Entrevista a Miguel Ángel Veglia, agosto de 2008.

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ponsabilidades del Estado. Si bien fue a partir de los 80 que se establecieron las reformas impulsadas por el Banco Mundial para reducir la deuda fiscal –apertura, ajuste, privatización y reducción de las tareas del Estado– desde la década del 90 se implantaron con gran rigidez (Cfr. Bonnet, Op.Cit.: 175) 

Se había producido una nueva oleada de inversión ex-tranjera, una recuperación del sector privado, un importante control de la inflación, un crecimiento parcelado de la eco-nomía, un auge del consumo de las clases medias y altas, una reorganización del sector agrario, un gran crecimiento de la deuda externa y un aumento de los grados de fragmentación social (Cfr. Ibid.:175).

Con la profundización de las reformas neoliberales, el sistema democrático comenzó a cuestionarse por una conjun-ción de causas: la deslegitimación del poder del Estado, el agotamiento de la credibilidad de la moneda, la destrucción de los derechos básicos sociales y el ajuste caótico, que derivó en reformas económicas estructurales. 

La desestatización que se produjo generó dos efectos: el primero permitió la reconstrucción de la autoridad política, surgieron los “hiperpresidentes” tomando las decisiones polí-ticas, favoreciendo la pérdida del sentido de la misma, con-centrando todo el poder. Esta pérdida de sentido de la política estuvo ligada a la exhibición de la corrupción en las decisiones tomadas y al cambio en el estilo en la política social. El se-gundo efecto fue la transformación de la visión universalis-ta de la justicia social hacia un clientelismo focalizado (Cfr. Ibid.:178).

En este contexto, se reconfiguraron las funciones y las formas de organización de los partidos políticos, caracteriza-dos por poseer una base electoral donde la ciudadanía aparece como espectadora de las ofertas políticas, basadas principal-mente en la confianza hacia el líder del partido y en la perso-

313

nalización del mismo a través de los medios de comunicación, no tanto ya en convicciones ideológicas. Amplia irradiación social, pragmatismo y éxitos electorales pasaron a constituir sus principales vectores (Cfr. Kirccheimer, 1980: 329). 

Fue en este contexto de transformaciones, que se desa-rrollaron las elecciones de 1991, en el marco de un gobierno nacional justicialista con Carlos Saúl Menem en el gobierno, quien desplazó al gobierno radical de Raúl Alfonsín e imple-mentó profundos cambios basados en las medidas neolibera-les, fuertemente vinculados a las exigencias del Banco Mun-dial y el FMI. 

Previamente a las elecciones generales,  se desarrolla-ron las internas radicales  el 19 de mayo de 1991 presentán-dose dos listas con alcance provincial y una municipal: 1) Lí-nea Movimiento, Participación y Renovación, Movimiento Nacional Renovación y Cambio, con la boleta 2, como fór-mula a gobernador y vice se presentaron Ramón Mestre- Mi-guel Ángel Abella y como candidato a intendente, se presentó Carlos Gagliano. 2) La Línea Córdoba, boleta N° 1, postuló para gobernador y vice la fórmula Eduardo Angeloz- Edgar-do Grosso y para intendente de Villa María a Miguel A. Ve-glia. 3) La línea de Alcance Municipal, con boleta N°12, se presentó para candidato a intendente Rodolfo Banchio -Mo-vimiento Radical Villamariense.7

En estos comicios, el angelocismo se impuso en toda la provincia, siendo la primera vez que se presentaba solo a una elección  interna. En 1983 existía la trilogía Alfonsín-Ange-loz-Mestre; en 1985 fue aliado con Renovación y Cambio (en pleno auge del alfonsinismo en todo el país) en contra del mestrismo (al que venció con holgura); y en 1987 y 1989 se hicieron listas conjuntas para los cargos partidarios y elec-

7 El Diario del Sur de Córdoba y La Voz del Interior, 20-5-1991.

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tivos. Recién en las últimas elecciones el  angelocismo  con-currió con sus propias fuerzas, enfrentando a una alianza del mestrismo con Renovación y Cambio8.

En esas elecciones la ciudad estuvo alineada con la pro-vincia;  Veglia  se presentó en la misma lista que  Angeloz. En Villa María –con 4.904 electores– los resultados fueron los siguientes: Miguel Ángel Veglia obtuvo 3.097 votos; Ro-dolfo Banchio alcanzó 1.002 votos; mientras Carlos Gaglia-no logró 8059. Por lo tanto, la primera fuerza provincial en Villa María fue la lista de Angeloz y, a diferencia de lo que ocurrió en Córdoba capital, la segunda fuerza fue la munici-pal, no la de Mestre (Cfr. Cortez, 2015: 108).

Los resultados de estas internas dejaron al descubierto la gran aceptación y apoyo obtenido por el entonces intenden-te, Miguel Ángel Veglia, realidad que se iría transformando a partir de estos años. 

Las elecciones generales de 1991 

Durante la campaña electoral de 1991, el radicalismo villama-riense corría con tres ventajas importantes: por una parte su principal opositor, el peronismo, se encontraba fragmentado y desorganizado; por otra parte, Veglia venía de un gobierno muy positivo, con un alto índice de legitimidad; y por último, Veglia ligó su campaña de manera estratégica a la de Eduar-do  Angeloz, quien era el actual gobernador y que volvía a postularse para su segundo mandato. Veglia basó su campaña en las obras realizadas durante su primer período de gobierno (1987-1991). Si bien se puede caracterizar a esta campaña como negativa por los ataques permanentes entre los partidos

8 La Voz del Interior, 20-5-1991.9 El Diario del Sur de Córdoba y La Voz del Interior, 20-5-1991. 

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mayoritarios, no necesitó un gran despliegue propagandísti-co para alcanzar el triunfo. Recorrió los barrios de la ciudad explicando los avances de su gobierno y las obras en las que pensaba seguir trabajando. En este marco exponía: 

Nuestras obras son la garantía de lo que hacemos. Mu-chos hablan de participación pero no están dispuestos más que a exhibir su imagen (…). Tratamos de ser lo más honestos y leales posibles a la vez que ponemos los pies sobre la tierra. Yo escucho que prometen viviendas, mano de obra, todo, pero nadie dice cómo se hará para pagar los sueldos que es una realidad que tira abajo cual-quier expectativa (…). Si bien no puedo prometer obras faraónicas, sí puedo por ejemplo hablar de un plan de red de gas, cloacas, cordón cunetas, etc. Y a la par de las obras que avalan nuestros planes para el futuro, hay un trabajo de ordenamiento cuyo resultado se verá dentro de poco tiempo10.

El peronismo, por su parte,  representado por Arturo Moroni (un reconocido médico de la ciudad, quien había sido elegido candidato sin interna alguna y a último momen-to), se movilizó por algunos barrios de la ciudad atacando al radicalismo a través de las promesas incumplidas y explicando las transformaciones que generarían en la ciudad en caso de llegar al gobierno:  

Es necesario hablar de una Argentina nueva. Es tiem-po de una rehabilitación moral y mental. Hay que ha-blar otra vez de trabajo y ahorro (…). Debemos reem-plazar el esquema de gobierno que a partir del autori-tarismo ha convertido a la autoridad municipal en un reflejo personalizado y solitario del ejercicio de poder11.

10 La Voz del Interior, 3-9-1991.11 Entrevista a Arturo Moroni, agosto de 2008.

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Para el cierre de campaña, Angeloz viajó hasta Villa Ma-ría acompañando a Miguel Ángel Veglia. El acto final se reali-zó el 4 de septiembre, en el que Angeloz expresó toda su con-fianza al candidato local. Esta situación de apoyo provincial aportó a la imagen positiva del radicalismo de la ciudad, a di-ferencia del fuerte enfrentamiento que tenía el candidato local del peronismo con De la Sota, colocándolo así en desventaja. 

Para comprender la amplia ventaja del radicalismo frente al peronismo en estas elecciones, es importante con-siderar que si bien las diferencias de propuestas no variaron profundamente entre estos dos partidos (ya que se basaron en las promesas de obras públicas y en un reacomodamien-to administrativo en términos generales, y además ambos recorrieron los diferentes barrios de la ciudad para que su palabra llegara directamente a la sociedad),  el radicalismo estaba internamente organizado y consolidado, con fuerte apoyo provincial. 

En la ciudad de Villa María, los resultados electorales del 8 de septiembre de 1991, a gobernador y vice fueron los siguientes: 

 • Unión Cívica Radical: 20.657 votos (55,26 por ciento); • Unión de Fuerzas Sociales: 10.271 votos (27,48 por ciento); • Confederación Federalista: 2.097 votos (5,60 por ciento); • Unión Centro Democrático: 1.045 votos (2.79 por ciento)12.

Estos resultados corresponden a los cuatro partidos que recibieron más de 1000 votos. Las demás agrupaciones polí-ticas no alcanzaron ninguno más de 505 votos, entre ellos el Partido Social Republicano con 505 votos; MID con 409; Alianza Frente Popular con 330; Partido Demócrata Cristia-

12 El Diario del Sur de Córdoba, 9-9-1991.

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no con 271. Los demás no llegaron a obtener 150 votos (Par-tido Comunista, Movimiento al socialismo, Partido Obrero, Acción Popular y Acción Solidaria Villa María).  

Por otra parte, en los resultados electorales a intenden-te de Villa María, el radicalismo obtuvo una diferencia de casi 10.000 votos con respecto al peronismo. Tras el abrupto descenso del justicialismo, como declaraba en su titular El Diario del sur de Córdoba, la UDC ganaba una banca en el Concejo Deliberante: en estas elecciones se dio una histórica entrada del liberalismo al poder legislativo de la ciudad re-presentado por Edgar Bernaus, convirtiéndose así en el tercer partido que consiguió un escaño desde la reinstauración de la democracia en 198313. 

Por otra parte, el radicalismo seguía afianzando su supre-macía tras las elecciones del 3 de octubre de 1993, en las que se renovaron diputados nacionales. En Buenos Aires y en gran parte del resto del país, se impuso el justicialismo; en cambio en la provincia de Córdoba los resultados fueron diferentes. Es-tas elecciones permitieron reconocer el apoyo que todavía tenía el radicalismo en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Vi-lla María. “La UCR confirmó la supremacía que mantenía, al imponerse en los comicios legislativos. En el senado provincial logró los dos tercios; de los trece departamentos en los que se votó, el peronismo solamente venció en General Roca”14.

El diario La Voz del Interior evaluaba el resultado en tér-minos de una implicancia bipartidista, al decir: “A pesar de la ventaja que obtuvo el radicalismo sobre el peronismo (de siete puntos), en lo que respecta a la disputa por las nueve bancas que se renovaron en la Cámara de Diputados de la Nación, debió ceder una al primer candidato de la Unión de Centro

13 El Diario del Sur de Córdoba, 9-9-199114 La Voz del Interior, 4-10-1993.

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Democrático, Germán Kammerath, quebrándose así el bipar-tidismo que en este terreno se venía observando desde 1983”15.

Para estas elecciones a diputados nacionales, los partidos que se presentaron en la ciudad fueron: la Unión Cívica Ra-dical, el Partido Justicialista, la Unión Centro Democrático (UCeDé), la Alianza Juntos por Córdoba, el MID, el Mo-vimiento Dignidad e Independencia Nacional (MODIN), la Confederación Federalista Independiente, el Movimiento Socialista Trabajadores, la Corriente Patria Libre, la Acción Popular, el Movimiento Reformador Independiente.  

En la ciudad de Villa María, los resultados de los parti-dos mayoritarios fueron: para la Unión Cívica Radical 17.259 sufragios y para el Partido Justicialista 12.751  (Cfr. Cabe-zas, 2003: 471). A excepción de los partidos de derecha la li-beral, UCeDé y el nacionalista MODIN, los demás partidos obtuvieron menos de 500 cada uno. Por otra parte, la diferen-cia en cantidad de votos entre los partidos mayoritarios, siguió manteniendo un amplio margen: el radicalismo se imponía so-bre el peronismo por 4.508 sufragios16. En gran parte del resto del país, los resultados fueron diferentes que en Córdoba. El PJ triunfó en dieciséis provincias y en Capital Federal. En este último distrito por el 32,7 por ciento contra el 29,8 por ciento que obtuvo el radicalismo, un sorprendente triunfo a través del cual Duhalde ratificaba su liderazgo en Buenos Aires. 

Durante este segundo período de gobierno, luego de ha-ber triunfado ampliamente en las internas partidarias, Miguel Ángel Veglia tuvo un importante acercamiento con el enton-ces senador departamental, Luis Caronni, quien encabezaba junto con Felipe Botta, la conducción partidaria villamarien-se. Como consecuencia de ese acercamiento surgieron nom-bres para el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical.

15 La Voz del Interior, 4-10-1993.16 El Diario del Sur de Córdoba, 1991.

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En dicha nómina se integraron: por un lado, Miguel Ángel Maceda, Roberto Quiñones, Juan Carlos Cavigliasso (hom-bres cercanos a Veglia); y por otro lado, Luis Sánchez, Feli-pe Botta, Gustavo Marcelino Lazzuri y Antonio Anibal Fiol, quienes respondían a Caronni. 

Poco tiempo antes de que asumiera su cargo en el Con-cejo Deliberante, Felipe Botta renunció a su banca –quedan-do como titular del circuito Villa María y esperando un cargo en la legislatura provincial que nunca llegaría– y fue reempla-zado por Bartolomé Ghione, alineado con Luis Caronni. Este período de gobierno fue complicado para el entonces inten-dente. A finales del año 1993, se denunció un faltante de di-nero en la caja principal y de esta manera se puso en marcha el proceso judicial que luego la opinión pública conocería como “el defalco municipal”. En este juicio, que se desarrolló du-rante dos años, se responsabilizaba a quien era la tesorera de la municipalidad, la Sra. Alicia Basualdo, por un faltante de más de 700.000 pesos de la caja principal. Si bien el entonces intendente se puso a disposición para esclarecer dicho conflic-to, ello le significó un alto precio político.  

El último gobierno radical  

Para Veglia, las elecciones de 1995 fueron muy complicadas. Gran parte de su legitimidad se veía en detrimento tanto por la presión ejercida dentro de su partido como por la oposición peronista, que no había pasado por alto el conflicto del faltan-te de dinero en la caja municipal.  

El radicalismo desarrolló sus elecciones internas el 27 de noviembre de 1994, postulándose en Villa María dos lis-tas: la Lista 27, Línea Federal, Modeso, Nueva Convocatoria (Candidato Héctor Massel) y la Lista 5, Ateneo Elvira Rosso,

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Movimiento Participación y Renovación, Agrupación Radi-cal Independiente (Candidato Miguel Ángel Veglia).  

 De un total de 13.602 inscriptos en el padrón electoral, concurrieron a las urnas 13.596 electores. Los resultados fue-ron los siguientes: Veglia obtuvo un total de 2.876 sufragios y Massel alcanzó 2.851 votos (Cfr. Cabezas, Op.Cit.: 504). Es decir que Miguel Ángel Veglia obtuvo el triunfo con una diferencia mínima.

Estas elecciones fueron cuestionadas por la línea que en-cabezaba Massel, quien solicitó a la Junta Electoral Partidaria un recuento de votos, poniendo en duda la transparencia del proceso. Si bien esta situación no prosperó, profundizó aún más las diferencias internas del radicalismo. Al respecto Ve-glia comentaba: 

…mis peores enemigos estuvieron dentro de mi parti-do. Yo quería volver a postularme como intendente en 1999, pero cuando sale  la carta orgánica en 1997  se votó la no reelección. Fue votada por los peronistas pero también por los de mi partido. Yo tenía cuatro años de gobierno más la reelección pero en la carta orgánica me cortan la reelección. Mis propios compañeros, específi-camente los radicales angelocistas, me querían sacar del poder. Y así fue que me dejaron afuera…17 

Estas pujas de poder en el seno de partido, si bien com-plicaban aún más el desempeño político de Miguel Ángel Ve-glia, pusieron en jaque la permanencia del partido en el go-bierno. El radicalismo dejaba entrever sus debilidades internas, sus enfrentamientos. Y frente a esta realidad, el justicialismo local venía en ascenso. Se fue modernizando, incorporaron a técnicos que los asesoraran políticamente y formaron equipos

17 Entrevista a Miguel Ángel Veglia, agosto de 2008.

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de trabajo que les permitieron transformar el funcionamiento del partido, surgiendo así como una real alternativa de poder frente a un radicalismo en decadencia.  

Fue entonces que el 14 de mayo de 1995 en la ciudad de Villa María, de un total de 41.232 votantes, 16.491 eli-gieron continuar con el partido de gobierno (representaban el 40 por ciento) y 14.084 tendieron a apoyar al peronismo (representando el 36,16 por ciento, considerando que se ha-bía presentado en Alianza con la UCeDé). De los seis partidos restantes, ninguno alcanzó el 6 por ciento, la mayoría de los votos se inclinaron por los dos partidos mayoritarios (Cfr. Ca-bezas, Op. Cit.:155) 

El triunfo por cuarta vez consecutiva lo obtuvo el radi-calismo, aunque con una reducida diferencia de votos. Veglia consiguió su tercer mandato de gobierno pero desde antes que comenzara a desarrollarse la campaña, entendía que estas elecciones iban a ser muy complicadas:  “1995 fue mi peor época política: tenía el problema de la muerte de un chiquito en una hamaca, las críticas de unos vales, el defalco, tenía un montón de cosas en contra, sin embargo gané”18.

Unos años antes de las mencionadas elecciones –para 1991– un concejal justicialista comenzaba a comprender las necesidades sociales y políticas partidarias que se estaban pre-sentando en la ciudad. Eduardo  Accastello paulatinamente conquistó espacios de poder hasta lograr el acceso al ejecutivo en las elecciones de 1999. La lucha política desarrollada por este candidato, se hizo visible cuando ingresó como concejal en 1991 y desde este espacio de poder  institucional, pudo desempeñar una activa participación parlamentaria.  

Como concejal, logró la aprobación de la creación de la Universidad Nacional de Villa María, siendo ello un antes y

18 Ibid.

322

un después para el crecimiento de la ciudad. La creación de esta institución de estudios superiores, le otorgó el apoyo de gran parte de la sociedad. En 1995, para Eduardo Accastello asumir la responsabilidad de la candidatura municipal con un peronismo fragmentado, sin recursos suficientes, lejos de constituir un salto al vacío, fue la antesala de un ascenso que se potenciaría con el tiempo. Accastello introdujo también un modo diferente de articular al partido, no ya tan ligado a la provincia, sino más bien, buscando apoyo directo del presi-dente de la nación (Cfr. Cortez, 2015: 163).

En este contexto,  para 1999  Veglia  quedaba fuera del juego político y Luis Caronni, su sucesor como candidato a intendente por el radicalismo, no logró crear una imagen par-tidaria lo suficientemente positiva como para continuar con el legado de Veglia. Así, luego de dieciséis años consecutivos de poder en manos del radicalismo, comenzaba una nueva etapa del peronismo en la ciudad. 

Reflexiones finales

Miguel Ángel  Veglia  supo mantenerse en el poder  duran-te doce años, a pesar de la oposición ejercida en el seno de su partido. Desarrolló una gran capacidad política para mante-ner un alto número de adhesiones, estando vinculado perma-nentemente al pueblo, recorriendo los centros vecinales. Supo también consolidar su poder y ligarse al gobierno provincial como un importante respaldo político. Además durante sus períodos de gobierno, se pueden destacar dos realidades que favorecieron la permanencia de Veglia en el poder: contó con la impronta radical villamariense y corrió con la ventaja de atravesar gran parte de sus gobiernos sin una oposición orga-nizada y consolidada.  

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Sus intendencias tuvieron un alto porcentaje de legitimi-dad, aunque para 1995 la situación comenzaba a cambiar. Si bien alcanzó por tercera vez consecutiva el ejecutivo local, los resultados electorales fueron muy acotados con respecto a la oposición. El peronismo comenzaba una reestructuración y modernización partidaria, que le permitió modificar su ima-gen mostrándose como una verdadera alternativa de poder, frente a un radicalismo que entraba en decadencia luego de tres intendencias consecutivas. Por la imposibilidad legal de postularse nuevamente como intendente, Veglia debió dejar el gobierno en 1999 y el nuevo candidato a la intendencia por la UCR, Luis Caronni, no logró presentar al partido como una fuerza modernizante y transformadora para la ciudad.   

Quedan abiertas muchas variables por continuar anali-zando y estudiando –como el desarrollo de las sesiones legis-lativas o el juicio por el defalco municipal, entre otras tantas– ya que fueron períodos extensos y de gran intensidad política en la ciudad y en el país. Luego de la derrota radical ocurrida en 1999, la UCR no pudo volver a alcanzar el ejecutivo local hasta la actualidad.

Referencias bibliográficas

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Cabezas, H. Villa María y su Radicalismo. Brignone, Villa María, 2003.

Closa, G. El Peronismo Renovador de Córdoba (1983-1988). Te-sis de Maestría en Partidos Políticos. Universidad Nacional de Córdoba [Inédita], 2004.

Cortez, C. El partido justicialista como oposición. Un caso de es-tudio: el partido en Villa María entre 1983 y 1995. Tesis

324

de Maestría en Partidos Políticos. Universidad Nacional de Córdoba [Inédita], 2015.

Kirccheirmer, O. “El Camino hacia el Partido de Todo el Mun-do”. En: Kurt Lenk y Franz Neumann (eds.) Teoría y socio-logía. Críticas de los partidos políticos. Anagrama, Barcelo-na, 1980.

Fuentes

Fuentes orales: entrevistas Demarchi, Alcides (abogado, ex candidato por el partido pero-

nista villamariense durante los períodos electorales de 1983 y 1987), septiembre de 2008. 

López, Cristina (esposa de Miguel Ángel Veglia), mayo de 2017. Moroni, Arturo (médico, candidato a intendente por el justicia-

lismo en el año 1991), agosto de 2008. Rodríguez, Camilo (ex secretario de la CGT Villa María entre

1973 y 1985), agosto de 2009. Veglia, Miguel Ángel (abogado y ex intendente de la ciudad de

Villa María), agosto de 2008. 

Fuentes periodísticasEl Diario del sur de Córdoba, Villa María, 1984-1995. La Voz del Interior, Córdoba, 1987-1995.

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HACIA UNA METAMORFOSIS URBANA: LAS INTENDENCIAS DE MARTÍ, ENTRE LA DESCONCENTRACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1991-1999)

Verónica Basile

Introducción

Iniciada la década del noventa, el país vivía en un clima de estabilidad democrática, que posibilitó el tercer llamado a elecciones para la renovación de intendente y gobernador desde la recuperación institucional en 1983. A nivel munici-pal, el radical Ramón Mestre finalizaba su segundo mandato al frente de la ciudad –sin posibilidad de reelección– a di-ferencia del por entonces gobernador Eduardo C. Angeloz, quien tras una reforma constitucional transitaba hacia su ter-cer mandato. El justicialista Carlos S. Menem había asumido la presidencia a fines de 1989 sucediendo así al radical Raúl Alfonsín. En la ciudad capitalina, la UCR buscó y obtuvo la continuidad del gobierno municipal a través de la figura de Rubén Américo Martí, que al igual que su predecesor reten-dría la intendencia a lo largo de dos períodos consecutivos (1991-1995 y 1995-1999).

Su paso por el municipio cordobés quedó en la memo-ria local –entre otras iniciativas– por la instauración de los Centros de Participación Ciudadana (CPC), impulsados en el marco de una reforma municipal orientada a la descen-tralización y desconcentración administrativa. Asimismo, en términos territoriales, geográficos y/o urbanos plantearon una reconfiguración de la ciudad, un punto de inflexión respecto

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de la tensión entre el centro y la periferia que desde fines de los setenta se intentaba resolver. Por otra parte, durante su mandato se sancionó la primera Carta Orgánica Municipal (1995), como norma fundamental de la comuna, de acuerdo a lo establecido en el Art.18, 182 y 183 de la Constitución Provincial y resultado de la autonomía brindada a los muni-cipios a través de la reforma constitucional en el año 1994 (Art. 123 Constitución Nacional). Finalmente, en términos político-partidarios algunos lo recuerdan por ciertas desave-nencias y controversias en su relación con el radicalismo local.

Estas líneas se proponen revisar el derrotero tanto en su trayectoria política como en las singularidades de su gestión entre los años 1991-1995 y desde la reelección hasta 19991. Abordamos, en un primer momento, algunos aspectos bio-gráficos, para en una segunda y tercera instancia, explorar es-pecíficamente cuáles fueron las particularidades de su gestión al frente del municipio de Córdoba a lo largo de la década de los noventa, las principales políticas públicas municipales que configuraron ese período y su relación con los poderes provinciales y nacionales en un contexto de reforma estatal y de signo neoliberal.

El intendente: carrera política, universo ideológico y ex-tracción social

Nacido en Córdoba, Rubén Américo Martí comenzó su mi-litancia partidaria en la Unión Cívica Radical a los dieciséis años. Al igual que su predecesor en la intendencia, se formó profesionalmente como odontólogo. Durante su paso univer-sitario, en los convulsionados años sesenta empezó a vincu-

1 En la primera elección (1991) obtuvo más del 48 por ciento de los votos y un 44,8 por ciento en los comicios que le otorgaron la continuidad del mandato.

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larse con la política. Con la recuperación democrática, desde las filas de Víctor Martínez en la Línea Córdoba (en adelante LC), fue electo como legislador de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, lugar que ocupó entre los años 1983 y 19872. Como parte del bloque mayoritario, coman-dado por Alfredo Orgaz, presidió la Comisión de legislación social, salud e higiene y fue el autor de la primera Ley Pro-vincial de Ambiente. Culminado ese mandato se incorporó al gabinete del gobernador Eduardo C. Angeloz dentro del área de Asuntos Sociales, primero como secretario (09/02/1987 – 12/12/1987) y luego como ministro de dicha cartera. En ejercicio del ministerio, puso en marcha una serie de iniciati-vas que, en sus palabras, fueron posteriormente extendidas a la ciudad de Córdoba cuando asume la Intendencia3.

En aquellos comicios municipales de 1991, Rubén Mar-tí se enfrentó principalmente a Hugo Taboada4, ex comisio-

2 De acuerdo a Carlos Bejar, en 1973 cuando incursiona Raúl Alfonsín en la política interna de la Unión Cívica Radical, como adversario de Ricardo Balbín por la candidatura presidencial, vuelven nuevamente a aflorar las corrientes internas. Con la candidatura de Alfonsín se crea Renovación y Cambio de Córdoba, los que acompañaban a Balbín iban como Línea Nacional, la línea que él representaba en el país. Sin embargo, en términos de Bejar en Córdoba acompañaban la candidatura de Balbín, pero no se integran a su corriente nacional, preservando su propia fisonomía cordobesa que da origen a Línea Córdoba. A esta línea perteneció el ex Presidente Arturo Illia y quien fuera vicepresidente de Alfonsín, el cordobés Víctor Martínez. De acuerdo a Bejar, la Línea Córdoba agrupaba a la mayoría de la dirigencia más representativa del radicalismo cordobés y se mantendrá como tal hasta el año 1989, cuando surge la aspiración de promover desde Córdoba una candidatura presidencial, que en este caso era el gobernador entonces de Córdoba, Eduardo César Angeloz. (Cfr. Entrevista a Carlos Alberto Bejar realizada por Alicia Servetto y Marta Philp el día 17 de noviembre de 1999, en el Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba, sito en Belgrano 270, ciudad de Córdoba. La entrevista fue realizada para el proyecto “Las fuentes orales: uno de los recursos posibles para escribir la historia política contemporánea de Córdoba”. Consulta disponible en el Archivo de la Palabra, CEA-UNC). 3 Entrevista a Rubén A. Martí, 23-10-2008.4 Su breve gestión es recordada por asumir el municipio luego del Cordobazo, por impulsar la primera peatonalización de las calles céntricas, la sistematización

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nado municipal y creador de Acción para el Cambio (APEC), quien se presentaba apoyado por J.M. De la Sota y tras ven-cer a Miguel Balestrini en las elecciones internas del PJ como candidato de la Unión de Fuerzas Sociales5. Los resultados electorales definieron un 48,8 por ciento para el candidato de la UCR que se presentó con la Unión Vecinal, un 43,2 por ciento para Hugo Taboada (UFS-CFI) y un 2,9 por ciento para el candidato de la Unión del Centro Democrático (UCe-Dé): José Palazzo. En 1995, Martí renovó su apoyo, obtenien-do el aval popular para un segundo mandato obteniendo el 44,8 por ciento de los votos. En esos comicios se enfrentó con el candidato peronista César Albrisi quién alcanzó el 31,2 por ciento y Germán Kammerath en representación de la UCe-Dé local, quién obtuvo el 8,6 por ciento. No obstante, este último sería luego quien lo sucedería a partir de 1999, tras el triunfo electoral en representación de una coalición entre el PJ y otros partidos aglutinados bajo el nombre de Unión por Córdoba (alianza que retendrá el poder provincial desde en-tonces hasta el presente de este artículo, no así el municipio).

La plataforma electoral de 1995 había sido delineada con el apoyo de la Fundación Sol Ciudad 2000, entidad que Rubén Martí presidía y a través de la cual organizó semina-rios de planeamiento urbano y un programa de formación

del río que atraviesa la ciudad y por la estructuración del sistema vial en trama urbana cordobesa. Tras nueve meses al frente del municipio, renuncia luego de que el comodoro Roberto Huerta –por entonces interventor– deja la gobernación por su enfrentamiento con el Gral. Onganía. En las elecciones de 1983, Taboada se había postulado en representación del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Del mismo modo lo hizo en los comicios de 1987. Finalmente, el 26 de marzo de 1991 fundó Acción para el Cambio (APEC) (una escisión del MID) y el 1 de julio de ese año, en las elecciones internas del Partido Justicialista, obtuvo la candidatura a intendente en representación de la Unión de Fuerzas Sociales (UFS).5 Coalición integrada por el Partido Justicialista y el Partido Acción para el Cambio y la Democracia Cristiana, que postulaba como candidato a gobernador al justicialista renovador José Manuel De la Sota.

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y capacitación especializado en gestión local. Algunas de las actividades contaron con el apoyo de Facultad Latinoameri-cana de Ciencias Sociales (FLACSO), manteniendo esa vin-culación entre municipio y campo académico, que caracterizó a su gestión.

Si bien el repertorio de políticas impulsadas durante su doble mandato comunal es amplio y pueden ser analizadas en sus diferentes dimensiones, en este capítulo, nos disponemos a revisar las particularidades que asumió el gobierno municipal del radical Rubén A. Martí en relación con las estrategias de descentralización en su dimensión política, territorial y cultural.

Hacia la modernización del Estado municipal

Durante los dos ejercicios consecutivos que estuvieron a su car-go, los ejes principales consistieron en la descentralización y en el incremento de la participación ciudadana. En el acto de asun-ción, según la prensa local, el flamante intendente señalaba:

…a ocho años de la recuperación democrática, la so-ciedad argentina aún arrastra resabios de una cultura autoritaria, que inhibe la participación popular. Es res-ponsabilidad de quien se precie de demócrata contribuir a la erradicación definitiva de esos vicios. Es por ello que trabajaremos para gente, por la gente, pero fundamen-talmente con la gente6.

En ese sentido, anunciaba que modernizaría la estruc-tura del Estado municipal. En aquel discurso inaugural, ma-nifestaba que la concepción social de la gestión comunal se nutría de dos consideraciones: por un lado, de la “realidad

6 La Voz del Interior, 11-12-1991.

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fáctica” de la crisis por la que estaba atravesando el país y, por otro lado, de “las convicciones filosóficas políticas de la Unión Cívica Radical que ubican al hombre como la causa esencial de nuestra acción”. En relación a lo que definía como una crisis generalizada, destacaba: “el aumento del desem-pleo, el deterioro de los servicios del Estado y el crecimiento de la población con necesidades básicas insatisfechas”. En tal sentido, argumentaba que todo ello obligaba a “concebir la gestión municipal desde una perspectiva más amplia que la tradicional”, entendida como aquella “en la cual los gobiernos locales solo abordan los problemas desde un concepto físico de ciudad”7. Asimismo, de la lectura de aquel discurso pueden reconocerse también como asuntos prioritarios de su agenda de gobierno: la institucionalización de los centros vecinales, los aspectos culturales y la problemática ambiental. Algunas características del proceso de reforma y modernización del Es-tado municipal son analizadas a continuación8.

Reforma y modernización estatal: revalorización de los gobier-nos locales

Los límites temporales en los que se enmarca este capítulo coinciden con un período en la Argentina y otros países de la región en que se produjeron una serie de transformacio-nes vinculadas a la política, la economía y la sociedad. Esas

7 Mensaje del Intendente, diario de sesiones, 29ª reunión, 4ta. sesión especial, 10-12-1991.8 Parte de lo aquí desarrollado fue analizado en la Tesis doctoral “Políticas culturales municipales de Córdoba 1991-2003” de mi autoría defendida en el año 2016, bajo la dirección del Dr. Cesár Tcach, en el marco de la mención en Análisis interdisciplinario en historia y política contemporánea del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

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reconfiguraciones emergieron como consecuencia de un con-junto de reformas que eran presentadas como estrategias para revertir la crisis del modelo económico y del aparato estatal. El contexto de los años ochenta, que le valieron la calificación de la “década pérdida”, fueron cimentando un conjunto de medidas “antiestatistas” y orientadas hacia el mercado. En los términos de Oscar Oszlak:

La reconversión neoliberal de los años setenta y ochenta partió de un diagnóstico que atribuía la crisis económica al fracaso de un modelo de organización social fundado en una matriz Estado-céntrica que había facilitado un intervencionismo excesivo del Estado, la asunción de roles no pertinentes y la conducta predatoria de quie-nes controlaban su aparato. Planteado el problema en estos términos, la solución no podía ser otra que correr las fronteras, sustituyendo Estado por mercado, estable-ciendo un nuevo esquema de división social del trabajo y desregulando la actividad económica (1999: 85).

Se impuso –de manera dominante– una orientación política y económica de tipo neoconservador que, a diferen-cia de la estrategia desarrollista (que ubicaba al Estado como centro del proceso) consideró al mercado como el principio constitutivo de la reorganización social (Cfr. Lechner, 2003). En términos de Cavarozzi (1996) significó el traspaso de una sociedad Estado-céntrica a una mercado-céntrica. En ese pro-ceso, se reconocen dos momentos y/o tipos de reformas: las de primera generación, orientadas a la transformación estruc-tural de los roles estatales y las de segunda generación, des-tinadas a la mejora del funcionamiento de las instituciones estatales. En la Argentina estas políticas tuvieron lugar a partir del año 1989, durante el gobierno justicialista de Carlos S. Menem, cuando se sancionaron las leyes de Emergencia Eco-

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nómica y de Reforma del Estado. A partir de ellas se desre-guló la economía, se autorizó la privatización de las empresas estatales, se reformó la administración pública y se ejecutó la transferencia de los servicios públicos a las provincias. La descentralización era entendida como el traspaso de responsa-bilidades del poder central hacia los gobiernos subnacionales y un componente esencial de la necesaria modernización es-tatal. A partir de ella, los gobiernos provinciales y municipales adquirieron mayor autonomía y una ampliación de la pres-tación de los servicios al tiempo que se les demandaba una mayor capacidad de intervención.

En el ámbito municipal, las reformas introducidas por el gobierno de la Unión Cívica Radical durante los prime-ros años de la década de los noventa, estuvieron en mayor medida contenidas en el denominado Plan Estratégico de la Ciudad (PEC) que establecía como eje central la creación de los Centros Participación Ciudadana (comúnmente conoci-dos por sus siglas CPC). Los lineamientos de la reforma del Estado municipal aparecían de manera reiterada –y textual– en decretos y ordenanzas, publicaciones oficiales e incluso en la prensa local. En uno de esos artículos, el intendente Martí se refirió a los motivos que la impulsaban y que pa-recían traspasar lo meramente técnico, apuntando a cierto sustrato cultural:

… modernizar el Estado municipal no solo implica mo-dificar aspectos puramente administrativos o efectuar ajustes tecnológicos dentro su estructura, sino que se trata de transformar relaciones de poder, juego de in-tereses, pautas culturales, resistencias al cambio, que se presentan como trabas para la consecución de los obje-tivos fijados9.

9 La Voz del Interior, 12-7-1992.

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Uno de los actores clave intervinientes en el proceso de modernización municipal de esta gestión fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). A través del proyecto denominado Ges-tión Urbana en Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe (GUCI), este organismo brindó su asistencia y di-rigió la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la administración local, que fue luego utilizado para el diseño del plan estratégico para la ciudad. De esta manera, Córdoba formaba parte de un programa mayor junto a otras cinco ciu-dades latinoamericanas10. En el ámbito local, la Universidad Nacional de Córdoba ejerció un papel significativo en este proceso mediante la participación del Instituto de Investiga-ción y Formación en Administración Pública (IIFAP), como así también a través de la figura de su por entonces rector, el Dr. Francisco Delich; quien además acompañó a través de la publicación cuantiosa de artículos de opinión en el diario local La Voz del Interior11.

10 A mediados de los ochenta la CEPAL había agregado la gestión urbana como un área de trabajo. En el año 1990, la incorporación de Italia como Estado miembro del organismo reforzó esta línea a través de un programa que consistía en el examen, formulación y la aplicación concreta de sistemas e instrumentos en seis ciudades de América Latina y el Caribe. Las ciudades participantes fueron: Cuzco (Perú), Manizales (Colombia), Ouro Preto (Brasil), Puerto España (Trinidad y Tobago), Valdivia (Chile) y Córdoba (Argentina). En los informes de la CEPAL se indicaba que estas habían sido seleccionadas por el rápido proceso de urbanización y de descentralización administrativa que estaban atravesando. Asimismo, se aducía el rol decisivo que tenían las ciudades de la región en el marco de un nuevo escenario internacional de apertura e integración. Eran consideradas como ciudades intermedias aquellas áreas urbanas con población entre 100.000 y un millón de habitantes (Cfr. Jordan y Simioni, 1998). En 1991 Córdoba tenía alrededor de un millón doscientos mil habitantes.11 Véase: en la sección de Opinión del diario La Voz del Interior los artículos de su autoría: “Del Estado y su gestión estratégica” (16-11-1992); “La idea de ciudad” (08-11-1994); “Un plan estratégico para Córdoba (28-11-1994);

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Con un horizonte de cuatro años, el Plan de Acción para la Modernización de la Administración Municipal estableció como macro-objetivos la descentralización y el fortalecimien-to institucional12. Para su consecución fueron articulados en torno de cuatro programas bajo los rótulos de: Simplificación Administrativa; Descentralización y Desconcentración; Priva-tizaciones, Concesiones y Participación Ciudadana y, por últi-mo, el Fortalecimiento de las Relaciones Intergubernamenta-les. El primero de ellos estaba orientado a disminuir el poder excesivo de la burocracia mediante la utilización de sistemas de información para la gestión, la introducción de mecanismos de planificación y evaluación, la reestructuración y programas de desarrollo del personal y la formalización de la estructura orgánica. El segundo se proponía como una forma de acerca-miento de los servicios a los usuarios y establecía como prin-cipal instrumento la creación de los Centros de Participación Ciudadana (CPC). El tercer programa tenía como objetivo aumentar la eficiencia comunal a partir de la participación del sector privado, aunque establecía se daría preeminencia a la figura de la concesión por sobre la de la privatización. En este punto mencionaban a los centros vecinales. Finalmente, el cuar-to estaba orientado a la gestión de mecanismos de coordina-ción y negociación entre los niveles institucionales (nacional, provincial y municipal)13. En 1995 se creó la Subsecretaría de Planificación Estratégica y Desarrollo Económico como área de actuación y atención específica tanto para el seguimiento y ejecución del Plan estratégico-participativo.

Si bien hubo algunos cuestionamientos respecto de las iniciativas, prevalecía cierto consenso político y social en

“La cultura en el desarrollo económico de Córdoba” (24-01-1995); “Una metrópolis, una aldea” (23-06-1998). 12 Decreto Nº 659/ A de abril de 1992.13 Véase el punto III del Documento Base Decreto Nº 659/A-1992.

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torno a la necesidad de modernización y descentralización del Estado. De acuerdo a Oscar Oszlak existía “una opinión pública sensibilizada al discurso de la reforma” y el debate quedaba reducido a cuáles debían ser “los instrumentos de cambio a emplear, más que a la necesidad del cambio mismo” (1999: 86). El diario local observaba que pese a las diferencias partidarias se había otorgado el aval a los procesos en marcha. Jorge Terreno, presidente del bloque de concejales opositor (Unión de Fuerzas Sociales), señalaba: “las ideas fuerza que son rectoras para el justicialismo capitalino es la descentrali-zación administrativa y funcional de la ciudad de Córdoba”. Respecto de la propuesta del partido gobernante (UCR) ma-nifestaba que no se trataba de “abrir un número no suficien-temente justificado de sucursales en el interior (los barrios)” sino de “concebir una nueva estructura urbana que contemple la posibilidad de la creación de nuevos centros, bien defini-dos, al servicio de zonas periféricas”14. Por su parte Juan José Orta Córdoba, también opositor pero perteneciente al bloque de la UCeDé, sostenía: “Debemos abrirle las puertas del go-bierno al ciudadano. Con descentralización. Llevando a cada barrio una oficina municipal autónoma, con recursos. Que entregue en concesión los servicios de cada zona, y que pueda el vecino, participando, controlarlos en forma cotidiana”15. A lo que agregaba, debía incorporarse la participación del capi-tal privado en el municipio.

Sobre este aspecto también adhería Roger Carreras de la Confederación Federalista Independiente observando: “la ciudad que tenemos está adquiriendo las características de una megalópolis con las ventajas y desventajas que ello supone”,

14 Terreno, Jorge. “No desaprovechar el plan de estabilidad”. La Voz del Interior, 12-7-1992. 15 Orta Córdoba, Juan José. “El vecino: centro del municipio”. La Voz del Interior, 12-7-1992.

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por ello afirmaba: “aprobamos calurosamente la instrumen-tación de la iniciativa privada como mecanismo idóneo”16. Todos estos argumentos pueden ser leídos en el marco de una corriente neoliberal creciente desde mediados de los años se-tenta, a partir de la cual los poderes locales aparecían redefi-nidos, las ciudades y sus gobiernos emergían como los nuevos actores participantes en el escenario internacional.

Por otra parte, a mediados de la década de los noventa los sociólogos urbanistas catalanes Jordi Borja y Manuel Cas-tells publicaron Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información (1998[1996]). En este texto además de ofrecer una reflexión sobre la economía global proponían una serie de políticas concretas respecto de la esfera muni-cipal17. Los autores consideraban que las ciudades obtenían un lugar protagónico en la generación de desarrollo. En efec-to, sostenían su necesaria promoción hacia el exterior con el fin de convertirlas en “fuentes de atracción para inversores y turistas” a través de la construcción de “una imagen fuerte y positiva que se apoyaba en la oferta de infraestructuras y servicios (comunicaciones, económicos, culturales, seguridad, etc.)”. Del mismo modo, consideraban que era ineludible de-

16 Orta Córdoba, Juan José, “El vecino: centro del municipio”. La Voz del Interior, 12-7-1992.17 Asociados a la sociología urbana francesa de inspiración marxista (“nueva sociología urbana”). Manuel Castells es reconocido por ser uno de los pioneros en reflexionar sobre las transformaciones suscitadas en torno de las llamadas nuevas tecnologías de la información. Por su parte, Jordi Borja ejerció funciones dentro del Ayuntamiento de Barcelona y fue el responsable del diseño de los planes estratégicos de esa ciudad, Bilbao, Cartagena de India y Bogotá en Colombia y Río de Janeiro en Brasil. En Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información reflexión originada para la reunión de Hábitat II de las Naciones Unidas en el año 1996, analizan la relación entre economía global y gestión local y regional, propone políticas concretas de gestión y consideran la posibilidad de re-inventar la democracia y crear calidad de vida a partir de lo local. Este libro posee traducciones al inglés e italiano.

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sarrollar en paralelo una promoción interna, lo que en sus palabras significaba “dotar a sus habitantes de patriotismo cívico, de sentido de pertenencia”. Sugerían que ello era po-sible a partir de obras y servicios visibles y, en tal sentido, especificaban: “tanto los que tienen un carácter monumental o simbólico como los dirigidos a mejorar la calidad de los es-pacios públicos y el bienestar”. Del mismo modo, apuntaban a la importancia de la innovación político-administrativa que suponía afrontar la participación ciudadana, el desarrollo de políticas integradas y la cooperación social. Esta última, con-cebida como imprescindible para enfrentar nuevas problemá-ticas y en ese sentido reconocían en el fomento de activida-des culturales las posibles herramientas integradoras de una población heterogénea. Señalaban que eran tres los campos sobre los que debía actuarse: la vivienda social y la urbaniza-ción, la generación de empleo y la oferta cultural. Respecto de esta última, distinguían entre la externa (destinada actuar como un factor de atracción) y la interna (como elemento de integración). Todas estas consideraciones eran resumidas en la premisa de construir ciudad en la periferia, a partir de un Plan Estratégico que contemplara la monumentalización, las comunicaciones, las centralidades urbanas y descentraliza-ción político-administrativa (Cfr. Borja y Castells, 1998:154 -159). Muchas de las políticas y acciones desplegadas por la gestión comunal de la UCR durante la década de los noventa encuentran sus fundamentos en estos postulados. Además de ser hallados transcriptos de manera casi textual en numerosos documentos oficiales, en el año 1994 Borja incluso estuvo en la ciudad de Córdoba para colaborar con el diseño del Plan Estratégico para la ciudad (PEC). En aquella ocasión, acorde a su línea de pensamiento, recomendaba que la ciudad de-bía desarrollar “una competitividad en algún campo especí-fico, como en educación universitaria, en la organización de

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congresos y convenciones o en la prestación de servicios para empresas o en nuevas tecnologías”18. Estas propuestas luego se vieron traducidas en proyectos de gobierno, que en su ma-yoría no pudieron ser realizados en aquella instancia, pero dé-cadas después se vislumbran algunas iniciativas en ese sentido.

Un plan estratégico para la ciudad

El instrumento de modernización fue el denominado PEC, de acuerdo a las fuentes oficiales concebido a partir de la necesidad de atender el crecimiento y el grado de desarro-llo económico y urbano alcanzado en esas últimas décadas. Guillermo Marianacci, a cargo de su coordinación y por en-tonces Subsecretario General de la municipalidad, explicaba que se trataba de “un proyecto colectivo y global de la ciu-dad y su gestión” que tenía por objeto “identificar las prin-cipales tendencias y oportunidades para definir acciones que permitieran su desarrollo en forma sostenida, sustentable y equitativa”19. En términos de su legitimación, las autoridades municipales argumentaban que la ciudad reunía las condi-ciones necesarias para emprender este tipo de planificación e indicaban que podía reconocerse como antecedente “la exis-tencia de una sociedad con altos niveles de protagonismo y vocación expansiva de la ciudad”. Por otra parte, destacaban “la presencia de actores urbanos advertidos de la necesidad

18La Voz del Interior, 15-10-1994.19La Voz del Interior, 15-10-1994. Cabe señalar que Marianacci se desempeñaba además como profesor e investigador del IIFAP - UNC. Posteriormente siguió ejerciendo funciones durante el gobierno municipal del Partido Nuevo (2003-2007) cuyo intendente era Luis Juez; un hombre proveniente del peronismo que a finales del año 2002, como ex fiscal anticorrupción alentó la conformación del partido político que reunió a militantes peronistas, radicales, vecinalistas, socialistas, sindicales, de fuerzas de izquierda y miembros sin experiencia o compromisos partidarios.

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de articular políticas comunes con el municipio (y con otros actores)”20. Por su parte Francisco Delich, rector de la Univer-sidad Nacional, sostenía que “la planificación estratégica de la ciudad aparecía para oponerse a una sociedad dominada por la coyuntura y la retórica de vagas proposiciones”21.

Para el diseño del PEC se creó el Consejo General del Plan Estratégico (Decreto Nº 1646, 1994) a partir del cual fueron convocados diversos actores públicos, privados y en-tidades no gubernamentales. La constitución de consejos y comisiones suponía por definición la toma decisiones demo-cráticamente por consenso, unanimidad o mayoría respecto de un interés público. Hallamos que esta forma colegiada fue una modalidad recurrente durante la gestión radical de los años noventa.

La elaboración del PEC fue acompañado de instancias de capacitación. Una de ellas fue un seminario denominado “Desarrollo y estrategias en la ciudad de los 90” llevado a cabo durante los primeros días de abril del año 1995. Fue organiza-do por la Municipalidad en conjunto con la Universidad Na-cional de Córdoba y del mismo participaron los denomina-dos expertos nacionales e internacionales, entre los cuales se encontraba Manuel Castells, Jordi Borja, como así también, en representación de la CEPAL, el chileno Pablo Jordán, en-tre otros, principalmente provenientes de España. Resaltamos este aspecto por el hecho de que durante los años objeto de nuestro análisis, se constituían como modelos paradigmáticos de ciudad las españolas Barcelona y Bilbao.

El proceso de implementación del PEC, al igual que toda la acción gubernamental durante ese período, fue acom-pañado por una fuerte política comunicacional anclada en la

20 La Voz del Interior, 7-9-1994.21 Delich, Francisco “Un plan estratégico para Córdoba”. La Voz del Interior, 28-11-1994.

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distribución de informes en los distintos medios de comu-nicación masiva, auspicios y campañas de publicidad. De acuerdo con la prensa, Rubén Martí basó su gestión en una política de acercamiento a los cordobeses, del mismo modo se lo colocaba como uno de los intendentes que más gastó en publicidad oficial. Lo calificaban como un operativo de marketing destinado a promocionar su figura política en un contexto mayor, en tanto señalaban que se trató de una cam-paña que no solo alcanzaba los medios locales sino también extranjeros22. Puede ser leído como parte de las estrategias que debían desplegarse acorde a lo señalado por Borja y Castells sobre los nuevos roles que asumían los poderes locales en el escenario internacional. No obstante, debe reconocerse que en determinados momentos funcionó como un operativo de campaña electoral en vistas a la culminación del primer man-dato (Cfr. Borja y Castells, 1998).

El 14 de mayo de 1995 fueron llevadas a cabo las elec-ciones comunales que permitieron al radical Rubén Martí renovar su mandato por otros cuatro años (1995-1999) tras obtener el apoyo del 44 por ciento del electorado23. Con la promesa de avanzar en la desconcentración administrativa y profundizar los ejes trazados en el período anterior, durante el segundo mandato se inauguró la mayoría de los Centros de Participación Ciudadana.

22 La Voz del Interior, 7-1-1997. 23 Fueron en total nueve los candidatos, entre ellos: César Albrisi por el Partido Justicialista, Jorge Bertona por el Frepaso, Alfredo Keegan por el Partido Acción para el Cambio (APEC), Néstor Moccia por entonces un joven de 27 años de Patria Libre en representación de la alianza Frente de la Resistencia y el Peronismo que Resiste, Oscar Praniuk (Modín), Pedro Marsal (Confederación Solidaridad) y Francisco Alonso (Movimiento Reformador Independiente). En estos comicios se definía también una nueva conformación en el Concejo Deliberante y se elegía a los convencionales municipales encargados de establecer la Carta Orgánica de la Ciudad en el mes de julio de 1995.

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Acorde a aquellas funciones que adquirían los poderes locales, Martí participó intensamente en diferentes organiza-ciones intergubernamentales de carácter nacional e interna-cional e incluso presidió algunas de ellas24. En ocasión de su presencia en el 32º Congreso Mundial de la Unión Interna-cional de Municipios (IULA), en el mes de septiembre de 1995 en La Haya (Holanda), Martí reafirmaba sus conviccio-nes puestas de manifiesto en su primer mandato:

Existe una fuerte necesidad de lograr vías alternativas a los modelos tradicionales de gestión pública. La búsque-da de eficacia se ha convertido en uno de los principales caminos de la legitimación democrática de los gobier-nos (…) la descentralización, la autonomía municipal y la participación ciudadana son, hoy por hoy, las nuevas coordenadas del desarrollo latinoamericano25.

A mediados de los años noventa, el historiador Waldo Ansaldi publicó un artículo acerca de la modernización en la provincia de Córdoba de fines del siglo XIX. En relación a ello y en términos braudelianos señalaba al mantenimiento de la zona céntrica como matriz de la ciudad como un caso de larga duración. Describía cómo allí estaban concentradas la sede del poder, de la cultura, del comercio, la banca y las

24 Federación Argentina de Municipios (Presidente entre 1997 - 1998), Foro Latinoamericano de Alcaldes para la Seguridad Ciudadana (Presidente en el año 1995), Asociación Mundial de Grandes Metrópolis (en la cual presidió una de las comisiones entre 1993 - 1996), Unión Iberoamericana de Autoridades y Poderes Locales (IULA), Unión Iberoamericana de Municipalistas - IUM (que presidió entre 1998 - 2000) Grandes Metrópolis (presidente entre 1996 - 2002). 25 La Voz del Interior, 11-10-1995. Debe señalarse además que, de acuerdo a nuestra revisión, puede hallarse frecuentemente la alusión al paso de una democracia representativa a una participativa, siendo esta además considerada una competencia de los gobiernos locales.

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distracciones. Sin embargo, en ese mismo artículo el histo-riador reconocía que desde mediados del siglo XX había en Córdoba “una tendencia creciente a atenuar –si no revertir tal función– a partir del desplazamiento de algunas actividades hacia otras áreas de la ciudad” (Ansaldi, 1997: 76). De alguna manera, esta referencia da cuenta del proceso de desconcen-tración que se había iniciado y que estaba transformando a la ciudad. Tal como señaláramos, el proceso de desconcentra-ción fue también un eje de los gobiernos comunales de facto (1976-1983). En las memorias oficiales de dichas gestiones, señalaban la existencia de una “situación de desequilibrio en la ciudad, marcada por un casco céntrico plenamente desa-rrollado y una periferia barrial circundante atrasadas en sus infraestructuras urbanas y consecuentemente en el nivel de vida”26. En ese período, el arquitecto Miguel Ángel Roca, por entonces Secretario de Obras Públicas (julio 1979-abril 1981), estuvo al frente de un plan urbanístico anclado fun-damentalmente en la recuperación y preservación patrimo-nial27. Parte del proyecto incluía la refuncionalización de los antiguos mercados de abasto barriales a partir de la creación de centros culturales oficiales. El primero de ellos fue el de-

26 Memoria Oficial 1982-1983, p. 151.27 Arquitecto cordobés, nacido en el año 1940. Autor de numerosas obras referenciales de la ciudad de Córdoba. En su mayoría de carácter público como la Plaza España, la Plaza Italia, las glorietas de la peatonal, la peatonalización de la calle Obispo Trejo, la plazoleta frente al Rectorado, la proyección de las sombras del Cabildo y la Catedral, el pasaje Santa Catalina, el Hospital de Urgencias de la ciudad, un conjunto de sucursales del Banco de la Provincia de Córdoba. Del mismo modo, son reconocidas obras privadas como el complejo habitacional Santo Domingo, gran parte de las galerías comerciales características del centro de la ciudad, además de numerosas intervenciones en otras provincias y países. Rocca también ejerció la función de Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba (1992-1994, 1994-1996, 1996-1999, 1999-2002) y fue Secretario de Planeamiento, es el autor de un conjunto de edificios de la Ciudad Universitaria.

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nominado Paseo de las Artes y consistió en la adaptación de un conjunto de casas obreras localizadas en el Barrio Güemes, aledaño a la zona céntrica y Nueva Córdoba. Sucesivamente le siguieron la apertura de los mercados en los barrios San Vicente (1981), Alta Córdoba (1981) y General Paz (1982). Con la recuperación de régimen democrático, las nuevas au-toridades observaban que persistía en la ciudad el problema de “un centro desarrollado y una periferia que se debatía entre la incomprensión y el olvido”28. En tal sentido, se propusieron ensayar una tímida desconcentración administrativa a partir del establecimiento de dos sedes administrativas municipales: una destinada a cubrir la zona sur y otra, el sector norte de la ciudad. Una de las políticas centrales de ese gobierno, bajo la dirección del radical Ramón Mestre, fue la creación de escue-las primarias municipales que, entre otros propósitos, tenían por objeto llegar a la periferia y hacer frente a esa tensión. Las publicaciones oficiales describían: “los edificios escolares se convirtieron en núcleos donde se desarrollaron diversas ac-tividades comunitarias, a través de ellos decenas de barrios periféricos pudieron realizar actividades sociales y culturales que llevaron progreso y bienestar” (Ibid.). Por su parte, los centros culturales oficiales continuaron funcionado pero am-pliaron la oferta de servicios artísticos y culturales a través de la instauración de los Talleres Libres de formación.

Llegada la década de los noventa, como mencionamos anteriormente, la CEPAL tuvo un rol protagónico en la pues-ta en marcha de la descentralización durante el ejercicio de Rubén A. Martí. Este organismo recomendaba la desconcen-tración de las funciones municipales con el fin de mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al municipio. En segundo tér-

28 Memoria oficial: “Ocho años después 1983-1991”, Municipalidad de Córdoba.

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mino, sugería promover la participación ciudadana en la for-mulación de políticas municipales y por último, modernizar las metodologías de planificación urbana. En respuesta a los dos primeros, el gobierno radical creó los Centros de Partici-pación Comunal (CPC)29. Significativamente, el encargado de su diseño arquitectónico fue nuevamente Miguel Ángel Roca, quien asumió como Secretario de Desarrollo Urbano (1991 a 1993).

Los CPC fueron proyectados como espacios para la mi-croplanificación. El propósito de acuerdo al discurso oficial era “acercar la Municipalidad a cada barrio con la premisa de pensar y construir la ciudad desde la perspectiva del hombre que la vive”30.

En su mayoría los CPC fueron ubicados en la periferia, en lugares definidos como las fronteras de la ciudad, zonas de ingreso y salida a la misma. Por su parte, Roca los cali-ficaba como puertas urbanas. Se procuraba estuvieran en el centro de cada distrito, los cuales no se correspondían con las tradicionales jurisdicciones de las seccionales policiales y circuitos electorales. Su localización estaba sujeta a variables vinculadas con la densidad poblacional, accidentes geográ-ficos (naturales o construidos por el hombre) y vías de ac-ceso (teniendo en cuenta los corredores y recorridos de los transportes públicos). Se estimaba que cada polo cubriría un espectro de entre ochenta mil a doscientos mil habitantes. En los términos de la CEPAL, y acorde al discurso de los técnicos españoles, consistía en la creación de nuevas centra-lidades31. Asimismo, esperaban que funcionaran como sím-bolos urbanos periféricos y espacios de referencia para los

29 Ordenanza Nº 8816/1992.30 Decreto 659/A 1992.31 CEPAL LC/R.1791, 1998.

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habitantes de la zona. Una década después, la arquitecta Sara Bongiovanni señalaba:

Esta experiencia era por entonces excepcional en Amé-rica Latina, y entre sus objetivos se destacaban la inten-ción de acabar con la centralización del poder y aproxi-mar la gestión administrativa al pueblo; revertir la trama burocrática del control municipal, sumando eficiencia y modernidad en trámites y gestiones; representar en es-tos centros las necesidades y aspiraciones culturales de la comunidad e impactar sobre la ciudad con imágenes –formas y espacios– como nuevas experiencias estéticas asociadas a funciones sociales32.

Arquitectónicamente, habían sido diseñados para alber-gar la sede para un futuro alcalde y para las juntas vecinales. Uno de los principales objetivos pronunciados aunque esca-samente logrado era el de “trasladar la toma de decisiones a una instancia más cercana a los problemas de cada zona, reser-vándose para el nivel central las funciones de fijación de polí-ticas, coordinación, supervisión, y control”33. En las palabras de Rubén Martí, su proyección era asignarles un presupuesto participativo en base a los impuestos que allí recaudaban y eliminar el Concejo Deliberante. Explicaba: “Se reúnen los directores de los CPC con el alcalde mayor y hacen la legis-latura (…) evitamos el 5 por ciento en gastos políticos de los empleados y concejales (…) Todos son ejecutivos y en un momento se juntan y son deliberativos”34.

En términos culturales, el matutino local calificó a los CPC como “pulmones barriales en un momento en que in-

32 La Voz del Interior, 29-11-2007. 33 Decreto Nº 659/A 1992.34 Entrevista a Rubén A. Martí, 23/10/ 2008.

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ternet se expandía y que los llamados ‘shopping centers’ se consolidaban”35. Por otra parte, les atribuían el hecho de ha-ber permitido el acceso a obras de artistas consagrados, ge-neralmente expuestos en museos, en el centro de la ciudad y más cerrados a un público especializado. De acuerdo a la periodista, Analía Iglesias, el valor cultural residía en “la ex-presión y la riqueza comunitaria que deja como saldo”36. En un informe de su autoría, Guillermo Marianacci (1998:29), al frente de la planificación estratégica sostenía que la creación de los centros periféricos involucraba “un redescubrimiento, para los cordobeses (….) fundamentalmente una revaloriza-ción de la cultura de los vecinos, la cultura del barrio.” Por su parte, el Director de Cultura Claudio Massetti señalaba que “cada barrio o grupo de barrios tuvo su centro cultural y rápi-damente fue considerado el lugar donde se expresaba la iden-tidad del sector por donde se accedía a propuestas culturales que antes solo se ofrecían en el centro de la ciudad”(Massetti, 2007: 188). Sin embargo, desde el ámbito académico, Clau-dio Tecco explicaba que la identidad en las ciudades inter-medias sobrepasa –no está sujeta– a lo barrial. Acorde a ello, observaba que si bien el Programa de Descentralización “me-joró la accesibilidad geográfica de la población a los servicios municipales” y “fueron significativos e intensamente utiliza-dos los espacios para el desarrollo de actividades culturales y recreativas”, lo que no podía asegurarse es que ello cumpliera con el objetivo de “ser espacios de expresión de la identidad barrial”. En ese sentido, sugiere que en ciudades densamen-te pobladas y de amplia movilidad es necesario considerar el uso que los habitantes hacen del espacio urbano, es decir, su vida cotidiana que en gran medida no está circunscripta a lo barrial (Tecco, 2000).

35 La Voz del Interior, 31-12-1996. 36 La Voz del Interior, 23-5-1993.

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A pocos años de la instalación de los CPC, comenzaron a aparecer los cuestionamientos respecto de las consecuen-cias que tenían en la trama urbana y su reconfiguración. Los CPC propiciaron la generación de nuevos entornos comer-ciales, por fuera del tradicional centro de la ciudad. Este pro-ceso fue acompañado por la aparición de los denominados “barrios cerrados” (popularmente llamados countries) que no solo introdujeron cambios en relación a los circuitos y los consumos de los ciudadanos, sino también en los modos de vivir y relacionarse.

Llegado el siglo XXI y ante un nuevo gobierno de dife-rente signo partidario (Unión por Córdoba), en los términos del arquitecto Carlos Page, flamante Director de Patrimonio Cultural (2000-2002), hubo un conjunto de fenómenos que provocaron la pérdida de “ese territorio común a todos los ciudadanos, reemplazado por una sucesión de pequeñas ciu-dades donde los vecinos se esconden para protegerse de los otros”37. Frente a esa “Gran Ciudad” postulaba “el retorno a la ciudad histórica”. Consideraba que la “revitalización del centro histórico” permitiría a los hombres “el reencuentro con su identidad a través del pasado”38. En este debate, Mi-guel Ángel Roca, quien observáramos fue artífice del diseño urbanístico de Córdoba en los años ochenta y noventa, expli-caba: “sin centro no se puede hablar de periferia”, por lo que avalaba la recuperación del área central. Sin embargo, seña-laba que “para dar respuesta a ello, se debe, a su vez, reforzar la periferia, crear territorio con autosuficiencia y no mera dependencia funcional y simbólica”. A lo que agregaba: “hay que acrecentar el patrimonio histórico construyendo el pa-trimonio nuevo” acorde al modo en que concibió los CPC39.

37 La Voz del Interior, 31-12-1999. 38 La Voz del Interior, 31-12-1999.39 La Voz del Interior, 20-12-2002.

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Finalmente, señalar que la ciudad de Córdoba, no fue la única experiencia en este tipo de desconcentración. En Rosa-rio (provincia de Santa Fe) durante los gobiernos socialistas de Hermes Binner y Miguel Lifschitz se llevaron adelante la descentralización de las áreas burocráticas municipales a tra-vés de seis centros distritales, con base administrativa pero también sociocultural. Una particularidad de la experiencia rosarina, en relación a la infraestructura, fue que para el dise-ño y remodelación de los edificios fueron convocados diferen-tes arquitectos de reconocida trayectoria, los argentinos Luis Grossman y César Pelli, además del colombiano Laureano Forero y el portugués Álvaro Siza Vieira. Con ello queremos señalar que había allí también una influencia de las corrientes socio-urbanísticas europeas mencionadas en este trabajo. No obstante, en el caso de Córdoba la gestión de la UCR privi-legió a arquitectos y artistas cordobeses, en miras quizás de reforzar la identidad local.

En términos físicos, en el caso local se trató de una des-concentración, llegar a la periferia, generar nuevas centralida-des a partir de una ampliación de la infraestructura, quedando pendiente la descentralización política y la autonomía de es-tas instituciones (que continuaron dependiendo de un poder central). En relación a la promoción de la participación ciu-dadana, que se esperaba alcanzar, consideramos se trató solo de una desconcentración administrativa que facilitó el acceso a determinados servicios y actividades municipales, pero que no significó una descentralización orientada a la ampliación del poder social-ciudadano.

Aliados, opositores y arenas de conflicto del gobierno de Martí

En materia personal, en diferentes artículos periodísticos y memorias respecto de otros correligionarios se distingue a

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Rubén Martí como un dirigente conciliador y de trato afable. No obstante, tuvo sus diferencias tanto en líneas opositoras como al interior de su propio partido. Su relación con el ra-dicalismo, estuvo marcada desde el comienzo de su gestión por cierta tensión. Su predecesor Ramón B. Mestre, también radical pero de otra línea interna, dejaba el mandato muni-cipal vaticinando que su sucesor –de igual signo partidario– no lograría el éxito que había tenido su gestión. Enfrentados anteriormente, en 1985, mantendrán sus diferencias luego cuando Mestre fuera gobernador, pese a un breve intervalo en el que se unieron a través del denominado “Pacto de las M”. Por otra parte, Martí manifestó sus desacuerdos en ma-teria política con el gobernador radical E. Angeloz, pese a haber integrado su gabinete en los años precedentes. Aunque quizás no explicitadas, como resultado de esas desavenencias entre el poder provincial y el partido en general, quedaron de manifiesto las ausencias de los principales referentes en dife-rentes actos de gobierno, como por ejemplo, los festejos por la conmemoración de la fundación de Córdoba.

En materia de gestión, como hemos señalado, si bien tuvo algunas observaciones existió un importante consenso, contando con el acuerdo del resto de los partidos, el sector privado y la ciudadanía en general para impulsar el proyecto de modernización y descentralización municipal. Sin embar-go, uno de los puntos conflictivos durante su gobierno fue la acusación de irregularidades en la expropiación de los terre-nos para la construcción de los CPC, hecho que llegó a una instancia judicial, siendo finalmente sobreseído. Por otra par-te, al igual que otras gestiones municipales, mantuvo como una deuda pendiente de la comuna, la resolución al problema recurrente del servicio público de transporte (entre ellos el conflicto en la regulación de taxis y remises).

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Durante su gestión llegó a ocupar la vicepresidencia del Comité Nacional de la UCR, cargo al que renunció en 1998. Por otra parte, su renuencia a presentarse a la candidatura como gobernador, su acercamiento y algunas declaraciones elogiosas hacia líderes de otros partidos, generaron rispideces con sus correligionarios. No obstante, finalizada la década del noventa, de los referentes radicales locales fue quien concluyó su mandato y mantuvo un alto apoyo y reconocimiento so-cial. En su paso por la intendencia, Rubén Martí se retiró con un setenta por ciento de imagen positiva, sustentada en las obras públicas realizadas durante los ocho años al frente del gobierno; imagen que retuvo varios años después.

Reflexiones finales

El gobierno municipal de los años noventa es recordado por la figura de su intendente y fundamentalmente por una serie de acciones que transformaron el paisaje urbano. En su haber, debe señalarse la construcción de nudos viales, el emplaza-miento de los Centros de Participación Ciudadana, la recu-peración y ampliación de los espacios “verdes” – parques de la ciudad– producto ello de una política ambiental más amplia que incluyó la forestación, controles y monitoreo de conta-minantes atmosféricos y la creación de la Universidad Libre del Ambiente, entre otros programas que le valieron el mote del “intendente verde-ecológico”. Por otra parte, en términos culturales es recordado por la creación de los fondos de estí-mulos a la actividad artística que propiciaron el desarrollo de una industria editorial local, la edición musical y fomento de un circuito de teatro independiente, como así también por el emplazamiento del conjunto escultórico del artista cordobés Antonio Seguí conocido como la “familia urbana” entre otras

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obras de arte de manifactura local desplegadas en diferentes puntos de la ciudad40.

En relación a lo analizado en estas líneas respecto de su gestión, más allá de la valoración positiva que adquirió en términos de desconcentración administrativa y participación ciudadana la creación de los centros periféricos, reconocemos que la descentralización política no fue alcanzada. Asimismo, respecto al alcance real de la participación ciudadana, si bien se facilitó el acceso a determinados servicios municipales, esto no significó la ampliación real que la descentralización pre-tendía alcanzar.

Cuestionado por no querer presentar su candidatura a gobernador en el año 2003, respecto de lo cual adujo proble-mas de salud, su carrera política había continuado entre los años 2000-2001 como Subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, en el seno del Ministerio del Interior, durante el gobierno de la Alianza. Se desempeñó luego como Presi-dente de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación (01/04/2001- 10/12/2001) y fue electo Senador de la Na-ción por la provincia de Córdoba (10/12/2001-10/12/2003). Posteriormente, sin asumir cargos, se mantuvo cercano a la arena política como asesor, y sus últimos esfuerzos estuvieron orientados al Instituto de Planificación Municipal cuando el radicalismo recupera el poder municipal bajo la figura de Ramón Mestre hijo. En el año 2013, en un acto voluntario, decidió poner fin a su vida.

En la memoria colectiva de los cordobeses, su paso por la intendencia permanece asociado a los centros de descentra-lización administrativa popularmente llamados “CPC” y es recordado como uno de los intendentes que transformaron la trama urbana de la ciudad.

40 Específicamente sobre la política cultural puede consultarse la tesis doctoral de mi autoría (Basile, 2016).

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CENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Año Fecha de Inauguración Observaciones

CPC Argüello 1994 16 de marzo Auditorio (238 butacas)

CPC Centro América 1994 09 de agosto Auditorio

(178 butacas)CPC Pueyrredón 1994 30 de noviembre Auditorio

(124 butacas)CPC Villa El Libertador 1995 27 de marzo Auditorio

(164 butacas)CPC Empalme 1995 25 de abril s/d

CPC Colón 1996 18 de mayo Auditorio (166 butacas)

CPC Ruta 20 1998 14 de octubre Auditorio (180 butacas)

CPC Rancagua 1999 18 de septiembre s/dCPC Monseñor Pablo Cabrera 1999 26 de febrero Auditorio

(265 butacas)Fuente: de elaboración propia a partir de diversas fuentes documentales.

Referencias bibliográficas

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HIPÓLITO FAUSTINELLI: LA CONSTRUCCIÓN DEL LIDERAZGO PARTIDARIO Y SU PRIMERA INTENDENCIA DE RÍO SEGUNDO (1995-1999)

Gustavo Di Palma

El intendente

Hipólito Faustinelli es un dirigente político que, en repre-sentación de la Unión Cívica Radical, llegó a ser dos veces intendente de la ciudad de Río Segundo (1995-1999 y 2003-2007), Ministro de Obras Públicas e interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (2000-2001), legislador provincial (2007-2009) y diputado nacional (2009-2013). En diciem-bre de 2015, tras sumarse con la agrupación vecinalista To-dos por Río Segundo a la campaña de Verónica Gribaudo, candidata de Unión por Córdoba a la intendencia, fue de-signado por el gobernador Juan Schiaretti como vocal de la Dirección Provincial de Vialidad. Esta investigación se centra en los inicios de Faustinelli dentro de la actividad política, la construcción de su liderazgo y los principales rasgos de su primera gestión.

Carrera política

Los antecedentes políticos de Hipólito Faustinelli, “el Poli”, dicen que ocupó su primer cargo público relevante en 1984, a los veinticinco años de edad y poco tiempo después de gra-duarse como ingeniero civil en la Universidad Nacional de

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Córdoba. El radical Francisco “Pancho” Martínez1 designó al joven profesional como Secretario de Obras y Servicios Públi-cos a través del decreto 0290 del 30 de noviembre de ese año.

El 4 de febrero de 1986, el intendente produjo un enro-que en su gabinete: a través del decreto 0418, designó a Faus-tinelli como Secretario de Gobierno y a Eduardo Agnone, que ocupaba dicho cargo en ese momento, lo puso al frente de la Secretaría de Obras Públicas (Agnone presentó su renuncia, cuestionando las condiciones en las que se produjo su des-plazamiento de la anterior función). El decreto también fue firmado por el secretario de Hacienda Carlos Pavesio, reem-plazado pocos días después por el contador Roberto Benatti.

Tras la derrota a manos del peronismo en 1987 (que coincidió con la peronización del país en elecciones que fue-ron cruciales para el destino del gobierno de Raúl Alfonsín), Faustinelli siguió vinculado al radicalismo de Río Segundo, donde vio las condiciones propicias para consolidar sus ambi-ciones políticas. Así fue como se instaló junto a su familia en una vivienda ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad, mientras desarrollaba su actividad en el ámbito público de Villa del Rosario y Capilla del Carmen2.

Para llegar a la intendencia de Río Segundo, tuvo que sortear tres grandes instancias: dos elecciones internas y la elección general de 1995, desafíos que no le resultaron sen-cillos. La primera batalla que libró fue por el control del comité local, un escalón clave para luego lanzarse al gran

1 Francisco Martínez, un productor agropecuario sin antecedentes relevantes en la militancia partidaria, se convirtió en candidato a partir de su condición de ciudadano muy conocido y respetado por los vecinos de la zona. Ejerció la intendencia de Río Segundo en el periodo 1983-1987 y fue concejal de la UCR en el periodo 1987-1991. 2 Faustinelli fue representante técnico, director y secretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Villa del Rosario (1987-1991) y asesor de Obras Públicas en la comuna de Capilla del Carmen (1989-1994).

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objetivo de gobernar la ciudad que lo había convertido en su hijo adoptivo.

Durante los primeros meses de 1992, el radicalismo se en-contraba en busca de la unidad largamente postergada. Fue así que, para evitar una interna prevista para fines de marzo de ese año, referentes de cinco corrientes lograron sellar un acuerdo3.

La Lista Unidad estaba encabezada por Daniel Passado-re, un médico cirujano afiliado al radicalismo recientemente y cuyos antecedentes familiares lo emparentaban con el Parti-do Demócrata (en el que había militado largamente su padre, también médico). Las cinco líneas que se agruparon en ese espacio decidieron no concurrir a la interna forzada por el grupo de dirigentes que empezaban a responder a Faustine-lli, por lo que la asistencia no alcanzó el piso exigido por la Carta Orgánica de la UCR (diez por ciento de los afiliados) y la lista de Passadore quedó así proclamada como nueva con-ducción partidaria4.

Después de ese frustrado comicio, las divergencias inter-nas continuaron latentes y finalmente hubo una nueva con-vocatoria a elección para definir las autoridades del comité, en mayo de 1993. Dirigentes y militantes con antecedentes en las distintas líneas existentes dentro del partido en ese mo-mento comenzaron un proceso de reacomodamiento, que significó la confluencia de hombres y mujeres históricamente enfrentados o la ubicación en veredas opuestas de correligio-narios que antes compartían un mismo espacio.

En la Lista 7, encabezada por Faustinelli como referen-te de la corriente Nueva Convocatoria, convergieron figuras

3 Las corrientes que lograron el acuerdo fueron la Agrupación Arturo Um-berto Illia (cercana al angelocismo), el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, la angelocista Línea Federal (ex Línea Córdoba), el Centro Cívico Domingo Granja (también cercana al angelocismo) y Nueva Convocatoria (corriente fundada por Mario Negri).4 Comerciando y Algo Más (en adelante CAM), julio-agosto de 1992.

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fundamentalmente de la Agrupación Arturo Umberto Illia y del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio (MNRC), con una trayectoria más larga en el radicalismo de Río Segundo que la exhibida por el joven espacio del candidato principal. La Lista 15, que lideraba Passadore, se presentaba como “Unidad Línea Federal de Córdoba y Movimiento de Participación y Renovación” (es decir, como un acuerdo entre el angelocismo local y dirigentes que pasaron a militar en la corriente del exin-tendente de la ciudad de Córdoba Ramón Bautista Mestre, que aspiraba a suceder a Angeloz en la gobernación).

Una tercera lista, la número 10 del Movimiento de Re-cuperación Radical (MORERA), llevaba como candidato a presidente del comité al angelocista Juan Roberto Cartujo. Esa corriente estaba integrada por jóvenes dirigentes que mi-litaron activamente en 1983 (“la juventud del 83”) y la mayo-ría de ellos reivindicaba los ideales del alfonsinismo.

La interna partidaria finalmente se llevó a cabo el 9 de mayo de 1993 y triunfó la lista de Passadore. Pero esa fue una prueba fundamental para Faustinelli: plantó bandera en un sector de afiliados y demostró que podía encolumnar a diri-gentes de distintas fracciones tras su figura. Con un poco más de trabajo político y mostrándose como el genuino garante de la unidad, podía convertirse en el verdadero líder del centena-rio partido en Río Segundo.

La interna de noviembre de 1994 para definir candida-tos a la elección municipal fue la gran pulseada para terminar de definir las posiciones de dos rivales que, a esa altura, eran irreconciliables. Faustinelli había logrado ponerse a la cabeza del Movimiento de Unidad Radical (MUR), mientras Passa-dore estaba al frente del acuerdo entre Línea Federal (LF) y el Movimiento de Participación y Renovación (MPR).

Un análisis de las listas de ambos candidatos en esa elec-ción y las listas que encabezaron en 1993, refleja la actitud

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oscilante de los dirigentes y afiliados activos. También mues-tra la frágil composición de los espacios que coexistían en la UCR local: aunque la lista de Faustinelli decía contener a dirigentes representativos de todas las corrientes, entre ellas el angelocismo y el mestrismo, formalmente ambas líneas res-paldaban a Passadore.

Tanto la boleta de Faustinelli (4), como la de Passadore (7), aparecían en el cuarto oscuro con los mismos candidatos a la presidencia (Horacio Massaccesi-Antonio María Hernán-dez), la gobernación (Ramón Mestre-Luis Molinari Romero) y los cargos legislativos nacionales y provinciales. Solo cam-biaba el cuerpo de candidatos municipales.

Dos temas suscitaron fuerte polémica en las tensas se-manas previas a la interna: Carlos Rodríguez, secretario de Acción Política y Asuntos Electorales del Comité, propuso una encuesta para definir la candidatura a intendente, pero la idea fue rechazada por Faustinelli, que también cuestionó el procedimiento para depurar el padrón de afiliados. El 22 de octubre, Rodríguez difundió un comunicado de prensa criti-cando duramente esa actitud5.

En ese contexto se llevó a cabo la interna en la fecha prevista. Y esta vez Faustinelli logró su objetivo: ganó la elec-ción con un aplastante 61,86 por ciento de los votos contra el 31,79 por ciento de la lista de su rival, que sin embargo obtu-vo el porcentaje necesario para ingresar candidatos al Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas por la minoría6.

Superada esa instancia quedó para Faustinelli el desafío mayor: la elección municipal de 1995. En principio la meta era mayo de ese año (fecha prevista para las elecciones a nivel nacional y provincial), margen suficiente para curar las heri-das de la agitada interna.

5 Actas del Comité de Circuito de la UCR (1993-1994).6 Datos de escrutinio del Comité de Circuito de la UCR.

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Pero el intendente peronista Edgardo Boyero, aprove-chando la autonomía municipal, decidió convocar la elección local en fecha separada. Confiaba en que un mano a mano con la oposición, sin el contexto de las campañas para pre-sidente y gobernador, le daría un mayor margen político. Las encuestas de los primeros meses del año lo posicionaban como favorito, pero Boyero postergó la elección municipal para el 13 de agosto7.

Tras las elecciones de mayo, sin embargo, la situación municipal evidenció un rápido deterioro. La acumulación de una elevada deuda (2 millones de pesos, según admitía el go-bierno), más un importante atraso en el pago de sueldos a em-pleados y en el pago a proveedores8, complicaron las chances de Boyero y fortalecieron la imagen de Faustinelli.

En una elección muy reñida, el postulante radical final-mente logró su objetivo y ganó por solo 274 votos al candi-dato peronista, poniendo de esa manera fin a ocho años de hegemonía del PJ en Río Segundo. Faustinelli cosechó 4.241 votos (46,05 por ciento), contra 3.967 de Boyero (43,07 por ciento), dejando muy atrás a los otros candidatos9.

7 A fines de marzo de 1995, el peronismo de Río Segundo también había tenido su interna, abierta en este caso, para definir las candidaturas al gobierno municipal. Participaron cuatro listas pero en un contexto menos tenso que la interna radical y con una importante asistencia de votantes independientes. Según los cómputos finales del Consejo del Partido Justicialista local, Boyero ganó esa elección, con el 44 por ciento de los votos. 8 La Voz del Interior, 28-12-1995.9 El vecinalista y exdirigente radical Armando Conterno obtuvo 524 votos (5,69 por ciento) y el ucedeísta Ricardo López 199 (2,16 por ciento). El otro dato de la jornada fue el bajo porcentaje de asistencia a las urnas, en com-paración con la elección de mayo: se presentó a votar el 77,55 por ciento del padrón de 11.876 ciudadanos habilitados para votar, unos cinco puntos menos que en las elecciones en las que se impusieron en Río Segundo Carlos Menem para la presidencia y Ramón Meste para la gobernación. La Voz del Interior, 14-8-1995.

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Universo ideológico

De Faustinelli no se conocen datos fehacientes sobre su mi-litancia política en el ámbito universitario, ya que cursó casi toda su carrera de ingeniería mientras la dictadura mantenía congelada la actividad de los centros de estudiantes. Una car-tilla de campaña del Movimiento de Unidad Radical (MUR) lo define como “militante de cuna radical”.

Al llegar al gabinete de Martínez, el novel ingeniero te-nía un perfil eminentemente técnico, pero pronto comenzó a insertarse en los vericuetos de la vida partidaria local, empa-pándose con una retórica de comité que tenía a los afiliados como principales destinatarios. Los mensajes a sus correligio-narios buscaron apelar a la unidad y la participación, median-te un discurso fundamentalmente pragmático y localista.

Cuando Faustinelli se lanzó como precandidato a inten-dente, el MUR envió una cartilla a los afiliados en la que se adjudicaba la condición de ser una confluencia de “todas las corrientes de existencia real y efectiva de la UCR”, tal como se había definido la Lista Unidad dos años antes. El texto expresa que en ese espacio participaban “dirigentes represen-tativos” de LF, Nueva Convocatoria (NC), el Movimiento de la Democracia Social (MODESO), el MPR, el Centro Cívico Domingo Granja y el MORERA.

Desde la concepción de esa fracción del radicalismo, la convergencia imponía “superar aspiraciones personales y an-teponer el bien común de la gente de Río Segundo”. A partir de dicho principio de acción política, Faustinelli era el candi-dato que estaba “por encima de los alineamientos internos” y garantizaba que la UCR fuera gobierno de Río Segundo.

Finalmente, el folleto del MUR muestra la preocupa-ción de sus dirigentes por fortalecer la identidad local del can-didato, un costado del que adolecía a causa de su origen ajeno

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a Río Segundo. Sobre este aspecto el texto afirma: “Faustinelli es una necesidad de Río Segundo porque la obra más hermosa del hombre, la familia, la construyó en Río Segundo, aquí nacieron sus hijos; Faustinelli ya es de Río Segundo y con él aquí, cambia la historia”.

Por otro lado, la declaración de principios del MUR ex-presa su compromiso con el sistema democrático y republica-no y con “la participación y el protagonismo de los afiliados”. Propone “la unidad del partido principalmente en la acción y el libre debate de ideas para enriquecer las propuestas y definir las acciones políticas”.

La declaración de principios concibe a la política como “una indiscutible vocación de servicio”, además de impulsar la formación de los dirigentes y la idoneidad como “condición fundamental” para acceder a responsabilidades representati-vas. En ese sentido, alienta “profundizar la politización del pueblo, convirtiendo al Comité en escuela de formación po-lítica”. La honestidad es señalada “un valor básico del MUR”.

A instancias de Faustinelli, por último, las dos prime-ras propuestas que aparecen en la plataforma electoral de la UCR para la elección municipal de 1995 apuntan a la vivien-da (“ejecución de 250 viviendas en una primera etapa, con materiales y mano de obra local”) y la generación de fuentes de trabajo (“Programa de Cooperativas Laborales” y “promo-ción de Río Segundo para la radicación de industrias”). En su concepción sobre las políticas de Estado, se evidencia una marcada valoración de la obra pública y la creación de empleo como principales factores para dinamizar la economía local, por lo que ambos instrumentos de base keynesiana se trans-formaron en los ejes fundamentales de su gobierno.

A propósito de la ola de anuncios sobre radicaciones in-dustriales en Río Segundo entre los años 1996 y 1997, un análisis de La Voz del Interior señala que en ese periodo “el des-

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empleo cayó en picada por la fuerte presencia del Estado mu-nicipal como promotor del desarrollo, bastante alejada de las recetas dictadas por la ortodoxia económica”10. Dos años más tarde, otro análisis del mismo diario destaca que, en su mejor momento, el gobierno de Faustinelli se caracterizó como “pa-radigma de una administración agresiva y progresista”11.

La política de Faustinelli se basó en “un esquema de fuertes exenciones fiscales para estimular la instalación de in-dustrias y el desarrollo de un ambicioso programa de obras públicas financiadas con endeudamiento público”12. El inten-dente radical orientó esas medidas con una consigna que en gran medida explica el elevado endeudamiento municipal en su primer mandato: “Si la deuda se usa para invertir, no hay que tenerle miedo”13.

En la plataforma electoral de 1995 aparece en tercer lu-gar la acción social con eje en la salud pública, sostenida en el principio de “solidaridad y equidad social” que Faustinelli reafirmó en sus discursos frente al Concejo Deliberante: “Este gobierno defenderá a ultranza los principios del Estado muni-cipal, como son la educación, la creación de fuentes de traba-jo, la igualdad social y un servicio de protección al que menos tiene, además de una salud pública concebida como inversión para los sectores de menor poder adquisitivo”14.

Extracción social

Faustinelli vivió toda su infancia y adolescencia, y parte de su juventud, en el seno de una clásica familia de clase media del barrio capitalino de Nueva Italia. Su desembarco en la Muni-

10 La Voz del Interior, 7-7-1997.11 La Voz del Interior, 2-8-1999.12 La Voz del Interior, 7-7-1997.13 La Voz del Interior, 7-7-1997.14 La Voz del Interior, 13-3-1997.

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cipalidad de Río Segundo fue gracias al viejo vínculo de amis-tad que Martínez tenía con su padre, cuyas raíces familiares se hunden en la pampa gringa del interior provincial.

Desde su temprano debut como asesor municipal, Fausti-nelli nunca abandonó la función pública y no tuvo demasiado tiempo para la actividad profesional en el ámbito privado. Ve-cinos que recuerdan su arribo a Río Segundo refieren que el jo-ven ingeniero llegó en un modesto vehículo y mostraba aspecto austero. Al poco tiempo se instaló junto a su esposa en una casa propiedad de Pancho Martínez en la periferia de la ciudad.

Esa imagen de Faustinelli contrasta con el holgado estilo de vida que le señalan los mismos vecinos durante sus últimos años en Río Segundo, ciudad de la que emigró en 2012 para instalarse en un barrio cerrado de Villa Allende. Pese al recelo por su sostenido crecimiento patrimonial a la par de su casi completa dedicación a la política y a la actividad en la esfera estatal, nunca prosperó en el ámbito judicial ninguna denun-cia en su contra.

Resueltos los rechazos iniciales que despertaba entre al-gunos sectores del radicalismo, Faustinelli logró moldear ante sus correligionarios un perfil que le permitió potenciar su pe-netración en los sectores populares, según lo sintetiza uno de los folletos de campaña del MUR: “Sencillez para comunicar-se con todos, sin distinción; sensibilidad social para valorar la realidad y transformarla, haciendo posible la justicia social”.

Políticas públicas municipales

Faustinelli tuvo la destreza política de lograr la unidad del ra-dicalismo tras muchos años de divisiones y alejamiento del po-der municipal, pero también cosechó acérrimos adversarios en las propias filas de la UCR, el peronismo, los medios locales y

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vecinos de activa participación en asuntos municipales. Esos sectores crearon un escenario de confrontación con el gobierno municipal que se proyectó sobre todo el periodo 1995-1999.

Aliados

En los inicios de su gestión, Faustinelli se apoyó en su propia fracción interna, cuyos cuadros políticos y técnicos nutrie-ron distintos espacios del municipio. El retorno de la UCR al poder también significó un punto de inflexión en el Comi-té, que en el mismo diciembre de 1995 quedó presidido por Edgardo Vassallo, hombre leal al intendente que había sido designado Secretario de Servicios Públicos y cuya postulación surgió de una lista única con dirigentes de NC, LF, el MPR y el MODESO15.

Tras ese recambio, el órgano de conducción de la UCR local actuó con disciplinado alineamiento respecto a la ges-tión municipal, por lo que la transferencia de potencial re-presentativo hacia el jefe del gobierno local contribuyó a de-bilitar la disputa intrapartidaria16. Desde una posición crítica, el vicepresidente del órgano de conducción en ese momen-to, Eduardo Román, señala el mecanismo de la cooptación17 como pilar esencial para que Faustinelli llevara a cabo su cons-

15 CAM, diciembre de 1995.16 El debilitamiento de los partidos políticos deriva en un predominio de las autoridades municipales sobre las democracias partidarias, afectando su condición de escenarios deliberativos y de mecanismos de refuerzo del con-trol político. La expansión y diversificación de los asuntos de gobierno excede doctrinas, plataformas y burocracias partidarias, mientras cobra más relevancia la confianza de los votantes en los integrantes de listas a cargos electivos, espe-cialmente en quienes la encabezan (Cfr. Leirás, 2004).17 La dependencia del partido oficialista con relación al gobierno municipal se establece mediante la absorción de cuadros y militantes en la estructura admin-istrativa, un tipo de incentivo selectivo traducido en clientelismo e incentivación material de los seguidores y miembros del partido (Cfr. Panebianco, 1982).

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trucción política: “Casi todas las autoridades del Comité es-tán involucradas en el gabinete o tienen parientes directos en puestos municipales. Eso hace que no exista la oposición para tratar temas importantes”18.

Las dos conducciones del Comité que se sucedieron a lo largo del primer mandato de Faustinelli siguieron la misma lógica, bajo la presidencia de hombres que le respondían y cumplían funciones de distinto rango en el municipio: Vassa-llo (periodo 1995-1997) fue secretario de Servicios Públicos y de Asuntos Institucionales19, mientras que Hugo Arce (perio-do 1997-1999) era “una persona de la más absoluta confianza del intendente”20.

Frente a las críticas por la conformación del Comité con miembros de su gabinete, Faustinelli fue contundente: “El par-tido no es el que gobierna, gobierna el intendente que repre-senta a un partido político y se debe a este”21. La capacidad de conducción de los dirigentes partidarios cedió espacio al patro-nazgo político ejercido por el intendente, que impuso su poder decisionista con recursos no disponibles para el partido22.

Cuando Faustinelli ganó la elección municipal, los únicos dirigentes radicales de primera línea que llegaron a Río Segun-

18 CAM, setiembre de 1996.19 CAM, febrero de 1999.20 CAM, enero de 1998.21 CAM, marzo de 1996.22 Ante la transferencia de poder de los partidos hacia los intendentes, los militantes, en particular los “punteros”, obedecen las directivas trazadas por los jefes municipales desde el aparato estatal, convertido en unidad de disci-plinamiento y coordinación política en detrimento de la burocracia partidaria. Los punteros constituyen un subtipo particular muy relevante de dirigente partidario local, con acceso a recursos del aparato estatal con los que controlan un determinado número de militantes y afiliados (Panebianco, 1982). Esta situación responde a la caracterización de “partidos cartel” que desarrollan Katz y Meir (2015), cuyos principales rasgos son la profesionalización de la política y organizaciones partidarias que se hacen parte del Estado, utilizando como fuente principal de recursos las subvenciones estatales.

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do para acompañarlo en los festejos fueron Mario Negri y Ana Dressino, referentes de NC23. A las pocas semanas de asumir la intendencia, mientras tanto, Negri fue la primera visita política relevante en su calidad de diputado nacional de la UCR.

Pero el flamante intendente venía cimentando un progre-sivo acercamiento con Ramón Mestre, que comenzó durante la interna de 1994 y se consolidó con el correr de los meses, convirtiendo al sucesor de Angeloz en su principal aliado fue-ra del distrito. En una visita a Río Segundo en plena campaña y cuando aún no era gobernador, Mestre evitó pronunciarse a favor de alguno de los precandidatos a la intendencia, pese a que Passadore tenía el apoyo formal del MPR local: “Uno de los dos ganará, pero luego de las internas el derrotado se debe encolumnar detrás del triunfador y debe apoyarlo decidida y respetuosamente”24.

En el Concejo Deliberante, mientras tanto, Faustinelli tuvo un fuerte respaldo por parte de Julio Pastorino (presi-dente del cuerpo en todo el periodo), Miguel Zuliani y Elvis Vecino, tres de los cuatro ediles oficialistas. La oposición pe-ronista actúo con unanimidad, aunque la actitud cerrada de los hermanos Edgardo y Rubén Boyero contrastó con el perfil moderado de Víctor Lizzul (presidente del bloque), más ape-gado al discurso de consenso 25.

Opositores

El Concejo Deliberante constituyó la principal caja de reso-nancia de las disputas entre el intendente y los opositores a su gobierno. El primer y más enconado adversario fue Daniel Passadore, quien arrastraba una vieja animosidad con Faus-

23 La Voz del Interior, 14-8-1995.24 CAM, diciembre de 1994.25 CAM, marzo de 1997.

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tinelli desde la interna de 1994. El porcentaje que obtuvo la lista derrotada en esa oportunidad le dio derecho a integrar la lista que la UCR presentó en la elección general, como uno de los representantes de la minoría.

Al conformarse las autoridades del Concejo Deliberan-te, Passadore fue designado como presidente del bloque radi-cal, decisión con la que el oficialismo pretendía mantenerlo contenido. Enrolado en el angelocismo cuando se afilió al partido y luego mudado a las filas del mestrismo, Passadore nunca asimiló el resultado de la interna de 1994 y, desde en-tonces, amalgamó una relación muy estrecha con el peronista Edgardo Boyero26.

La estrategia oficialista hacia el concejal que insinuaba convertirse en un problema para el gobierno finalmente fra-casó: en la sesión del Concejo Deliberante del 17 de abril, a un mes y medio de haberse iniciado el periodo ordinario del año 1996, Passadore impulsó un pedido de informe por falta de pago de los sueldos de noviembre de 1995 a los emplea-dos del Hospital Municipal27, basándose en supuestos ilícitos como “malversación de fondos, retención indebida de habe-res y abuso de autoridad”. El resto de los ediles lograron sua-vizar esa postura, aunque acordaron citar al intendente para una interpelación28.

Las autoridades del Comité, mayoritariamente alineadas con Faustinelli, condenaron la dura actitud del edil frente al gobierno. Además, pidieron una sanción del tribunal de dis-ciplina partidario y la inmediata renuncia del concejal como presidente del bloque29.

26 Hechos, mayo de 1996.27 El hospital había sido recientemente transferido al municipio desde la órbita provincial.28 Hechos, mayo de 1996.29 Hechos, mayo de 1996.

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A mediados de mayo los concejales radicales Pastorino, Zuliani y Vecino declararon a su par de bancada “concejal di-sidente” y resolvieron desconocerlo como presidente del blo-que y representante de su partido en el seno del cuerpo30. En su resolución expresan “la lamentable obligación de fraccio-nar el bloque, para poner claridad sobre una gestión que debe dedicar prácticamente un tercio de su tiempo útil a disipar las sospechas con que pretende cubrirla un concejal de nuestro propio partido”31

A fines de 1996, el Tribunal de Conducta de la UCR finalmente expulsó a Passadore y canceló su ficha de afilia-ción32. Sin embargo, a mediados de 1997 fue reincorporado a las filas partidarias y desde ese momento se alineó con el resto de los concejales oficialistas33.

El otro gran rival de Faustinelli en el Concejo Delibe-rante fue el exintendente Edgardo Daniel Boyero, que pese a su derrota como candidato a la reelección, ganó el derecho a ocupar una banca por la minoría peronista gracias al Artícu-lo 14 de la Ley Orgánica Municipal 8.10234. Cuando el jefe municipal abrió las sesiones ordinarias de 1996, criticó a su sucesor por las importantes deudas del municipio con pro-veedores, la Caja de Jubilaciones de la provincia, el Instituto

30 La concejal Elvis Vecino fue designada como presidente del bloque oficialista.31 Más adelante, el mismo texto manifiesta: “Lejos de conocer los verdaderos móviles del comportamiento que tiene el concejal Passadore, nos vemos sorprendidos en nuestra buena fe cuando luego de arduos debates en el seno del bloque, una vez en el plenario del concejo adopta unilateralmente posturas que no se condicen en absoluto con la bancada” (Hechos, junio de 1996).32 Hechos, enero de 1997.33 CAM, agosto-setiembre de 1997.34 El Artículo 14 de la Ley 8.102 establece: “El candidato a intendente mu-nicipal será candidato simultáneamente a primer concejal en la lista de su partido. En caso de resultar electo para el primero de los cargos, será reem-plazado automáticamente por el segundo de la manera que se determina para las suplencias”.

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Provincial de Atención Médica (IPAM) y el Banco de Cór-doba, además de la falta de seguros por accidentes de trabajo para el personal35.

El gesto de Faustinelli en la sesión inaugural del Conce-jo Deliberante de aquel año jamás fue olvidado por Boyero, que a cambio devolvió una rígida actitud opositora expresa-da en el apoyo de las acciones emprendidas por Passadore en el seno del cuerpo, aunque sin el encarnizamiento de su par radical. Muchas veces el exintendente se vio obligado a salir en defensa de su gestión, ante las críticas disparadas desde el oficialismo.

Los hermanos Boyero y el concejal Lizzul representaron la expresión institucional del peronismo como oposición, sin que la burocracia partidaria tuviera una intervención orgá-nica activa en las disputas políticas de ese periodo. Mientras tanto, algunos referentes peronistas que actuaron de manera autónoma ejercieron una sistemática crítica hacia la gestión municipal a través de FM Universal, una popular emisora de Río Segundo orientada a esmerilar al gobierno de la UCR. Arsenio Bravino, director del medio con larga militancia en el gremio docente, mostraba un discurso ideológicamente afín a la derecha peronista.

El círculo de adversarios irreconciliables de Faustinelli se completaba con Armando Conterno, uno de sus más antiguos antagonistas. Como concejal radical, Conterno planteó una férrea oposición a la intendencia de Boyero, pero se presentó

35 La Voz del Interior, 13-3-1996. Pocos días después de asumir, el intendente señaló que Boyero había dejado el municipio con una deuda de 1.915.545 pesos que no estaba reflejada en el acta de transferencia, pues se había de-tectado una diferencia de casi 90 mil pesos respecto al informe recibido (LVI, 03/01/1996). Cuando Boyero abrió en 1992 el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, también denunció una deuda mayor a la recono-cida por las autoridades salientes (encabezadas por el también peronista Raúl Carlos Romero).

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en 1995 como candidato a intendente por la Unión Vecinal de Córdoba. Esa actitud le valió su expulsión de la UCR36.

Cuando Conterno volvió a presentarse como candidato de la Unión Vecinal de Río Segundo en 1999, planteó severos cuestionamientos a la transparencia y el nivel de gastos de la gestión de Faustinelli37. En el anochecer del 1 de agosto de 1999, cuando quedaba claro el triunfo del peronismo por solo 158 sufragios, también se conoció que Conterno había logrado romper por primera vez desde 1983 el rígido biparti-dismo vigente en el Concejo Deliberante, gracias a los 1.584 votos que lo respaldaron38.

El histórico dirigente volvía así a la condición de con-cejal opositor, pero ahora como vecinalista. La aparición en escena de Conterno y su buen desempeño electoral fue un problema para el oficialismo, según admitió el propio Fausti-nelli ante la prensa39.

Hacia el interior de la UCR persistieron durante algún tiempo los enojos y recelos hacia la figura de Faustinelli entre algunos dirigentes (fundamentalmente entre los que se ha-bían alineado con Passadore en las elecciones internas), pero durante el transcurso de su gestión municipal poco a poco el intendente logró neutralizar o cooptar con cargos en el mu-nicipio a los pocos disidentes que habían quedado. Pese a que no sirvió para evitar la derrota, el partido cerró filas en torno al gobierno como no había ocurrido en el periodo 1983-1987.

36 Resolución del Tribunal de Conducta de la UCR, 04/10/1995.37 CAM, junio de 1999.38 Los resultados electorales de esa elección municipal, desdoblada como en 1995, fueron los siguientes: Víctor Lizzul (PJ), 4197 votos (40,40 por ciento); Hipólito Faustinelli (UCR), 4039 (38,88 por ciento); Armando Conterno (vecinalismo), 1584 (15,25 por ciento); Daniel Passadore (Acción por la República), 190 (1,83 por ciento) y Juan Carlos Frontera (Nuevo Movimien-to), 149 (1,43 por ciento). La Voz del Interior, 2-8-1999.39 La Voz del Interior, 2-8-1999.

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Arenas de conflicto

Faustinelli transformó la obra pública y la radicación de fuen-tes de trabajo en los fundamentos de su primera gestión mu-nicipal: sobre el final de su primera intendencia, Río Segundo tenía trescientas nuevas viviendas, un optimizado servicio de agua corriente, una importante obra de desagüe y un poten-te polo industrial (aunque a punto de desvanecerse). Pero la deuda contraída para ejecutar obra pública y el creciente gasto corriente fueron sus principales focos de conflicto político, mientras que el boom fabril tuvo un efímero alcance.

Al asumir, Faustinelli se encontró con proveedores recla-mando montos más elevados que los reconocidos en el acta de transferencia, deudas pendientes desde dos o tres años atrás y obligaciones impagas con el IPAM, la Caja de Jubilaciones y el Banco de Córdoba, que se descontaban de la coparticipa-ción municipal y el Fondo Financiero de Descentralización (FOFINDES). También había un fuerte atraso en el pago al personal y de los aportes al Sindicato de Trabajadores Muni-cipales, mientras el parque automotor del municipio estaba convertido “en chatarra”, según las nuevas autoridades40.

En una sesión extraordinaria luego de la asunción de Faustinelli, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión del municipio a la ley provincial de emergencia económica, tras cuatro horas de complicado análisis y la oposición del pero-nismo con el exintendente Boyero como principal vocero41. Semanas después, el intendente dispuso la “reestructuración, reforma y transformación de la administración municipal” a través del Decreto 025/96 reglamentario de la ordenanza de adhesión a la ley de emergencia económica provincial42.

40 La Voz del Interior, 28-12-1995.41 La Voz del Interior, 3-1-1996.42 La Voz del Interior, 23-1-1996.

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En los primeros meses de gestión, la relación de Fausti-nelli con el sindicato fue relativamente normal, pero en junio de 1996 la entidad gremial declaró el estado de alerta y mo-vilización. Aunque los empleados tenían en ese momento sus salarios al día, el disparador del conflicto fue el atraso en el pago de las retenciones por cuota sindical43.

Al cumplir su primer año de gobierno, el intendente consideraba que la situación financiera estaba bajo control. Admitía que se habían acumulado 150 mil pesos más sobre una deuda de dos millones y medio, aunque con los salarios al día y 45 mil pesos de gastos adicionales por el traspaso del hospital por parte de la Provincia, de los que solamente se cubrían 18 mil a través del FOFINDES44.

Sin embargo, el histórico secretario general del sindicato, Jorge Martín45, acompañó sus reclamos gremiales al gobierno de Faustinelli con severas críticas hacia la falta de austeridad y la dimensión del aparato político. Con el paso de los meses los cuestionamientos se acrecentaron.

Aunque la actitud crítica del gremialista quedó con-dicionada por su participación en la campaña peronista de 1999 como tercer candidato a concejal titular (el candidato a intendente era Víctor Lizzul), los datos objetivos lo respal-daban. Mientras los presupuestos de todo el periodo radical muestran la expansión de cargos de director y subdirector (los componentes más cuestionados de su aparato político)46, a través de una ordenanza que promulgó al inicio de 1998 Faustinelli amplió su gabinete con cinco secretarías: Asuntos Institucionales y Desarrollo Social, Coordinación e Industria,

43 CAM, setiembre de 1996.44 La Voz del Interior, 11-1-1997.45 Jorge Martín dirige el Sindicato de Trabajadores Municipales de Río Segundo y Zona desde 1984 hasta la actualidad.46 Información extraída de los presupuestos municipales 1996-1999.

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Hacienda y Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y Servicios Públicos y Medio Ambiente47.

Sobre el final de su mandato, Faustinelli no pudo evi-tar que el rojo de las finanzas municipales derivara en una nueva crisis, con efectos ya conocidos por los riosegundenses: importante atraso en el pago de sueldos, protestas de los em-pleados municipales y hasta una olla popular frente a la mu-nicipalidad. El mismo escenario que cuatro años antes había criticado al peronista Edgardo Daniel Boyero.

A comienzos de 2000, finalmente, el Gobierno de Cór-doba divulgó un ranking de los peores municipios según su situación económica. La Municipalidad de Río Segundo apareció entre las cinco más comprometidas, según el infor-me con un nivel de deuda de 10 millones de pesos en ese momento48.

El otro frente acuciante de la primera gestión de Faus-tinelli fue el problema de la desocupación. Los problemas en la estructura productiva de Río Segundo pusieron a la ciudad en una endeble situación en el marco de las crisis de la econo-mía nacional y, pese a que la inestabilidad económica fue una constante durante toda su historia, en la década de 1990 se profundizaron los problemas en la actividad privada, lo que en alguna medida explica las causas que convirtieron al em-pleo municipal en un importante paliativo. En ese contexto, tanto el intendente radical como su antecesor Boyero busca-ron en las radicaciones industriales un medio para canalizar la demanda de empleo no absorbida por el municipio.

Faustinelli asumió con un difícil escenario en materia laboral. Hacia 1995, con una población de casi 17.500 habi-

47 La Voz del Interior, 22-1-1998.48 Además de Río Segundo, entre las cinco peores municipalidades se ubic-aron, según el informe citado, Villa Nueva, La Falda, Villa General Belgrano y Jesús María. La Mañana de Córdoba, 6-1-2000.

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tantes, se estimaba en Río Segundo una masa de desocupados cercana a las tres mil personas49.

Uno de los momentos más dramáticos que le tocó afron-tar al nuevo gobierno radical lo sintetiza el siguiente título periodístico, tres meses después de iniciarse la gestión: “Cerró empresa Delmaíz y despidió a su personal”50. Sin embargo, al poco tiempo llegaron las buenas noticias, porque en junio de 1996 el gobierno provincial anunció la radicación en Río Se-gundo de la autopartista Dhelpi Packard51, que llegó a ocupar en poco tiempo hasta 1400 trabajadores con un promedio de edad no mayor a veinticinco años52.

Faustinelli declaró de interés municipal a cinco empresas a lo largo de 1996, con beneficios fiscales importantes a cam-bio de las inversiones realizadas. Hasta mediados de 1997, los medios capitalinos dedicaron amplias coberturas al ejemplar desarrollo logrado por Río Segundo en cuestión de meses. Uno de los varios títulos de tapa sobre el nuevo polo industrial señala: “Río Segundo derrota el desempleo con inversiones”53.

Los 40 millones de dólares invertidos en la ciudad a par-tir de la radicación de las autopartistas internacionales y el resurgimiento de la principal empresa alimentaria de la zona (Georgalos) fueron claves para la salida de una crisis que se veía como terminal. Según La Voz del Interior, “la especial

49 La Voz del Interior, 7-7-1997. 50 La Voz del Interior, 16-3-1996. El cierre de la refinería Delmaíz, que dejó sin trabajo a 140 personas, fue derivación de un trágico episodio ocurrido en 1992: la explosión de un tanque con 60 mil litros de anhídrido sulfuroso en su planta, que dejó el saldo inmediato de cuatro muertos y ochenta heridos (el saldo final fueron seis fallecidos). 51 La Voz del Interior, 21-6-1996. Delphi, dedicada a la fabricación de mazos de cables para sistemas de distribución de energía en automóviles, realizó en Río Segundo una inversión de 14 millones de pesos en una planta de 14 mil metros cuadrados cubiertos. La Voz del Interior, 21-11-1996. 52 La Voz del Interior, 28-12-1999.53 La Voz del Interior, 7-7-1997.

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ubicación geográfica, una política pública que aprovechó las oportunidades y una población con perfil interesante para es-tos proyectos permitieron que la ciudad se acoplara a la recon-versión del sistema productivo del país”54.

En su informe de media página sobre la excepcional recuperación de Río Segundo, el diario pondera la rápida respuesta que el municipio pero también el sector privado brindaron a los primeros contactos de las autopartistas. La intendencia no solo resolvió eximir los proyectos del pago de tasas municipales por veinticinco años, sino que otorgó parte de las tierras que ocuparon las plantas55. La conjunción del esfuerzo municipal y de la voluntad privada fue el resultado de comisiones multisectoriales integradas por funcionarios, concejales, miembros del Centro Comercial y gremialistas, decisión tomada por Faustinelli con el fin de lograr el máximo respaldo político a sus gestiones de “soluciones laborales”56.

El propio gobernador Ramón Mestre, en una conferen-cia de prensa que brindó en mayo de 1997, destacó que la radicación de tres industrias autopartistas en Río Segundo se logró porque “el municipio ofreció la tierra para cuya com-pra el Centro Comercial donó los recursos”57. Esa medida fue cuestionada por algunos sectores de la comunidad cuando las firmas cerraron sus plantas sin restituir los terrenos.

Todo ese entusiasmo que había empezado a mediados de 1996 quedó pulverizado a fines de 1999, a pocos días de haber asumido el intendente justicialista Víctor Lizzul y por efecto de la profunda crisis recesiva que atravesaba el país. A tres días de cerrar el año, otra vez los riosegundenses tuvieron a su ciudad en la tapa de los diarios por una noticia ingrata

54 La Voz del Interior, 7-7-1997.55 Ibid.56 La Voz del Interior, 6-4-1996.57 La Voz del Interior, 31-5-1997.

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vinculada al desempleo: “Angustia en Río Segundo, se va una fábrica”58. La empresa Delphi, acosada por la recesión, final-mente resolvió el cese de sus actividades.

Pero el gobierno de Faustinelli también logró alimentar la transitoria mejora de la economía local a través de la obra pública: solo con los planes de vivienda se generaron durante su gestión 350 fuentes de trabajo59. Sin embargo, el costo del ambicioso plan ejecutado por el intendente radical acrecentó el nivel de endeudamiento, situación que no tardó en reper-cutir sobre las finanzas municipales y los contribuyentes. Al entrar a su tercer año de gobierno, el presupuesto municipal para obras alcanzó más de 5 millones de pesos60.

La mayor parte de las viviendas construidas fueron eje-cutadas con créditos que la Dirección Provincial de Vialidad otorgó al municipio a través del Fondo de la Vivienda de Córdoba (FOVICOR). También se construyeron veinticua-tro viviendas con financiación del Banco Hipotecario Nacio-nal y doce a través del denominado Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI), destinado a familias consideradas en situación de riesgo habitacional61.

La gestión radical obtuvo seis planes FOVICOR, de los que llegó a ejecutar en forma completa cinco. El municipio ponía la coparticipación como garantía de cumplimiento del convenio y de la amortización del financiamiento62.

58 La Voz del Interior, 28-12-1999.59 La Mañana de Córdoba, 20-6-1997.60 La Voz del Interior, 7-3-1998.61 La Mañana de Córdoba, 5-12-1997. Casi todas las viviendas se construyeron por administración en terrenos comprados por el municipio en la zona norte de Río Segundo, excepto las del plan PROMUVI que fueron emplazadas en la zona sur. Las manzanas donde se ejecutó la mayor parte de los planes Fovicor entre 1996 y 1999 eran totalmente vírgenes hasta la gestión de Faustinelli, que designó a esa nueva barriada de clase media con el nombre de una persona determinante en su carrera política: Francisco Martínez (fallecido en enero de 1996, un mes después de la asunción del nuevo gobierno radical).62 La Voz del Interior, 2-4-1997.

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A comienzos de 1998 el municipio también comenzó a ejecutar la obra de desagüe pluvial para la zona sur, con fondos del Programa de Desarrollo Municipal (PRODEMU) al que Río Segundo accedió mediante un convenio firmado por Faustinelli con el gobernador Ramón Mestre. Por ese acuerdo, la Provincia otorgó para la ejecución de la obra un subpréstamo de 994.489 pesos, procedentes del Banco Inter-nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El municipio también obtuvo 133.500 pesos, financiados por la misma en-tidad, para ejecutar el proyecto de fortalecimiento institucio-nal a partir de la incorporación de equipamiento informático a la gestión administrativa del municipio63.

Si bien las obras de vivienda y desagüe pluvial pusieron en estado de debate a la opinión pública y a sectores de la oposición por las sospechas de sobreprecios y deficiencias en los trabajos realizados, la mayor polémica fue la aplicación de un préstamo para optimizar la red de agua potable. El ori-gen de la operatoria fue el convenio suscripto en mayo de 1995 por la intendencia de Boyero con el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (CoFAPyS)64, que puso a dispo-sición de la Municipalidad de Río Segundo un subpréstamo de 1.979.400 pesos procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)65.

Esos recursos tenían un doble destino: poco más del 50 por ciento debía ser orientado a “mejoramiento institucio-nal, comercial y operativo y a los estudios y diseño corres-pondientes al emprendimiento”, el resto a la ejecución de las mejoras en la red66. En campaña, Faustinelli criticó la decisión

63 La Voz del Interior, 25-10-1997. 64 En octubre de 1995, a través de la Ley Nacional 24.583/9, el CoFAPyS fue disuelto y en su lugar se creó el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental (ENOHSA).65 La Voz del Interior, 18-7-1997.66 Ibid.

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de gestionar el préstamo, pero una vez que accedió al gobier-no municipal mantuvo el convenio firmado por Boyero con CoFAPyS-ENOHSA.

De esa manera, el gobierno radical avanzó con cada una de las etapas previstas, pese a la fuerte oposición del peronis-mo y de algunos vecinos. Los cuestionamientos tuvieron va-rios disparadores: las deficiencias en la construcción del nuevo tanque de 450 mil litros, el importante aumento en la tarifa cobrada a los usuarios y el elevado presupuesto del ente autár-quico creado para administrar el servicio.

El gobierno de Faustinelli argumentó que, a partir del convenio suscripto por Boyero, el municipio estaba obligado a crear un ente autárquico para gestionar el servicio de agua corriente67. Ese ente, denominado Servicio Municipal de Agua y Saneamiento (SerMAS), fue concebido con un direc-torio tripartito y con recursos y personal propio, aunque con presupuesto y régimen tarifario aprobados por ordenanzas del Concejo Deliberante. El detalle que resultó llamativo para los opositores es que, una vez creado el SerMAS por Ordenanza 777 de noviembre de 1997, Faustinelli designó como vocal del directorio a Liliana Moreno de Sadino68, Secretaria de Ha-cienda del gobierno anterior que participó en todas las ges-tiones llevadas a cabo por Boyero ante CoFAFyS-ENOHSA.

En la documentación suscripta por Boyero y Moreno de Sadino, consta que el programa del BID tenía previsto “dar participación efectiva al capital privado para la administración y mejoramiento del servicio”, a los fines de reducir los défi-cits operativos en la administración del sistema69. Pero en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante para el periodo 1997, Faustinelli asumió el compromiso público de no priva-

67 La Voz del Interior, 1-4-1998. 68 Ibid. 69 Ibid.

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tizar el servicio de agua y señaló la responsabilidad del Conce-jo Deliberante en la fijación de las tarifas70. De ese modo, el servicio finalmente quedó bajo la órbita del SerMAS.

El punto más tenso durante todo el proceso de ejecu-ción del proyecto fue el fuerte aumento en la tarifa del agua corriente, decidida por el gobierno de Faustinelli durante los primeros meses de 1998. Ese fue el paso previo a la trans-ferencia del servicio a manos del ente autárquico, en medio de una intensa oposición ejercida por el peronismo y distin-tos sectores de la comunidad. A partir de la modificación del cuatro tarifario, la tarifa única que pagaban los usuarios fue reemplazada por un sistema de categorización en cuatro zonas de acuerdo al área de residencia, en tanto que el cobro del servicio pasó de bimensual a mensual, con un incremento de entre 37 y 60 por ciento según la zona71.

La crítica del bloque peronista en el Concejo Deliberan-te apuntó a que el incremento era “injustificado y excesivo, provocando un grave impacto en la comunidad”, a lo que sumó el reclamo de mayor austeridad en el presupuesto para el funcionamiento del SerMAS para evitar que los sueldos de funcionarios y otros gastos no indispensables se convirtieran en “una pesada carga para los contribuyentes”72. El presupues-to del flamante ente para 1998 ascendía a casi 1.400.000 pe-sos, con partidas anuales de 42.480 pesos para el sueldo de los tres directores, 30.000 pesos para estudios, investigaciones y asistencia técnica y 43.200 pesos para envío de cedulones, entre los puntos más objetados por los ediles del PJ73.

La modificación del cuadro tarifario generó la inmedia-ta reacción de un grupo de vecinos que recolectaron firmas

70 La Voz del Interior, 13-3-1997.71 La Voz del Interior, 27-3-1998.72 La Voz del Interior, 27-3-1998.73 La Voz del Interior, 27-3-1998.

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para presentarlas ante el Concejo Deliberante, para evitar el aumento del costo del servicio74. Pero a fines de marzo de 1998, el órgano legislativo del municipio descartó el intento de iniciativa popular avalado por 2300 firmas y aprobó por simple mayoría el ajuste tarifario (apoyo de los cuatro ediles radicales y rechazo de los tres peronistas), en medio de un clima tenso, como consecuencia de los cruces entre las partes durante los días previos y la circulación de volantes en defensa de las distintas posiciones75.

En esa instancia, el encargado de ejercer la defensa de la posición del gobierno ante la opinión pública fue el Se-cretario de Coordinación e Industria, Aldo Baruchelli, que explicó las consecuencias de mantener la tarifa vigente antes del aumento: “El servicio era deficitario y no alcanzaba a cu-brir el pago de las cuotas del crédito y el costo del sistema de bombeo, con el agravante de la deuda mantenida por muchos de los 5200 usuarios”76.

Relación entre el nivel municipal y supramunicipal

Durante la primera experiencia de gobierno de Hipólito Faus-tinelli, la relación de la Municipalidad de Río Segundo con la Provincia alcanzó un alto nivel de fluidez. La clave fue la estrechísima relación personal forjada entre el gobernador y el intendente, que supo ganar la confianza de Ramón Mestre gracias a su arrollador estilo de gestión.

Esa circunstancia transformó al periodo 1995-1999 en el momento de la historia de Río Segundo con un récord de visitas oficiales por parte de un gobernador. Las inauguracio-

74 La Voz del Interior, 27-3-1998.75 La Voz del Interior, 3-4-1998.76 La Voz del Interior, 1-4-1998.

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nes de obras constituyeron un inmejorable escenario para que Mestre repitiera en ocho oportunidades sus apariciones en la ciudad, mostrada como modelo por la prensa capitalina y el propio mandatario cordobés.

El compromiso de Mestre con el intendente que lo lle-naba de satisfacciones políticas fue total. Además de facilitarle la consecución de más de 3 millones de pesos en vivienda con los planes FOVICOR, mas otro millón para la obra de desagüe, dio impulso a obras de infraestructura como la ruta C-45 (Río Segundo-Alta Gracia) y la iluminación del inter-cambiador de tránsito en la entrada de Río Segundo.

Cuando se radicó la autopartista Delphi y la Munici-palidad de Río Segundo debió ejecutar la infraestructura de servicio en el sector donde quedó emplazada la planta, la Di-rección Provincial de Vialidad otorgó un subsidio de 39.200 pesos para la pavimentación de uno de los accesos77. El com-promiso del gobernador de mejorar el desarrollo de la región, se completó a través de la extensión de la estratégica ruta pro-vincial 13 hasta Santa Fe78.

Faustinelli actuó con reciprocidad hacia Mestre cuando, a comienzos de 1997, comenzaron a plantearse dificultades en varios municipios del interior por la demora en la trans-ferencia de la coparticipación por parte de la provincia, con el agravante de los descuentos por deudas con organismos provinciales en la remesa de diciembre de 1996. Varios in-tendentes debieron enfrentar la inquietud de la Federación de Sindicatos Municipales por los atrasos en el pago de sueldos y, en esa oportunidad, Faustinelli fue el jefe municipal que dio mayor muestra de alineamiento con las decisiones de la ad-ministración provincial: “La retención de la coparticipación por amortización de deuda es lógica en aquellos municipios

77 La Voz del Interior, 21-11-1996.78 La Voz del Interior, 14-7-1996.

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que le debemos a la Caja de Jubilaciones y al IPAM (…). Lo importante es ver de qué manera se levanta la recaudación fiscal para hacer frente a los gastos municipales y también la creación de fuentes de trabajo”79.

Faustinelli aclaró ante la prensa que “la Municipalidad de Río Segundo no recibió la coparticipación completa de la segunda quincena de diciembre, solo ingresaron entre 40 y 50 mil pesos, cuando en condiciones normales debería receptar 120 mil pesos, además de los recursos pertenecientes al Fondo Financiero de Descentralización (FOFINDES)”80. Ese dato no impidió que el intendente de Río Segundo mostrara leal-tad total hacia el gobernador, pese a que su municipio resultó uno de los más perjudicados.

Tras la derrota de 1999 y con la provincia bajo control del peronismo, Faustinelli pudo evitar su vuelta al llano gra-cias al ofrecimiento de Ramón Mestre para que lo acompa-ñara en la misión de administrar la provincia de Corrientes, distrito donde el exgobernador fue designado como interven-tor por Fernando De La Rúa. El dirigente riosegundense fue designado como ministro de Obras Públicas e Interventor del Instituto de Vivienda.

Reflexiones finales

Cuando Hipólito Faustinelli concluyó su primer mandato como intendente, Río Segundo presentaba notables cambios en su fisonomía urbana, gracias a los logros en materia de infraestructura desde 1995. Pero también quedó un cuadro de crisis muy compleja en el municipio, caracterizado por el alto nivel de endeudamiento, sueldos atrasados, protestas

79 La Voz del Interior, 29-1-1997.80 La Voz del Interior, 29-1-1997.

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gremiales y serias dificultades para pagar a los proveedores, exactamente el mismo escenario que el intendente radical le había criticado a su antecesor Edgardo Boyero.

Como el exintendente peronista, Faustinelli también imitó la decisión de presentarse a la reelección desdoblando la fecha del comicio municipal, hecho que convirtió a Río Segundo en la primera ciudad cordobesa con elección local luego de la asunción de José Manuel De la Sota como gober-nador81. Y al igual que Boyero, el radical tampoco alcanzó su objetivo de continuar al frente de la intendencia por un segundo periodo consecutivo.

Pese a todo el esfuerzo de Faustinelli en la gestión de radicaciones industriales y la generación de mano de obra a través de la obra pública, cuando llegó el momento de la elec-ción municipal en agosto de 1999, el tema laboral perma-necía como la principal preocupación de los riosegundenses, que veían paralizada la infraestructura fabril por efecto de la crisis económica alimentada por la recesión brasileña. Duran-te esa campaña los candidatos se vieron obligados a poner el acento en propuestas para paliar el desempleo82.

Pero más allá del problema de la desocupación y la cre-ciente necesidad de asistencia social expresada por los secto-res humildes, junto a reclamos de obras menos masivos pero siempre a la orden del día como la pavimentación de calles, el tema que mayor polémica generó entre los candidatos en esa coyuntura fue el endeudamiento del municipio. Frente a los números esgrimidos por la oposición sobre el rojo de las cuen-tas públicas de Río Segundo, el oficialismo sostenía que la si-tuación estaba “atada a los problemas en el sector industrial, sin que eso pudiera afectar el desempeño de la administración”83.

81 La Voz del Interior, 22-7-1999.82 Ibid.83 Ibid.

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En los cálculos de Faustinelli, los cuatro años de gestión vertiginosa garantizaban un amplio rédito electoral más allá de la endeble situación financiera del municipio, en virtud del impacto social de la obra de gobierno y con la ventaja que daba el control del aparato municipal. Antes de escalar nuevas posiciones en la carrera de hombre público, había muchos elementos de enorme peso que alentaban su segura reelección.

Sin embargo, algo falló. En una ciudad donde hasta ese momento ningún intendente había logrado el objetivo ree-leccionista, Faustinelli no pudo romper esa tradición, tras un gobierno en el que no faltó casi ninguna de las características típicas de las disputas políticas observables en los sistemas po-líticos a escala municipal84.

La experiencia de gobierno y los acuerdos que tejió con distintos sectores y dirigentes, en casi todos los casos coopta-dos a través de cargos en el municipio, le sirvieron para con-solidar su liderazgo dentro de la UCR local, que desde ese momento se volvió cada vez más dependiente de su figura. Los trabajos que desarrolló en municipios vecinos antes de ser intendente de Río Segundo, pero fundamentalmente la trascendencia a nivel provincial de su gestión de gobierno, le permitieron también encumbrarse como dirigente de peso a nivel departamental y como uno de los referentes radicales más importantes del interior.

Pero en la elección municipal de 1999 el intendente radical de mayor proyección provincial debió enfrentarse a

84 En un trabajo sobre el Estado municipal en Argentina, Mensa (2007) describe los siguientes rasgos de la competencia política a nivel local: conflicto de poderes y puja por la supremacía entre el intendente y los concejales; disputas en el Con-cejo Deliberante por conflictos políticos ajenos a las gestiones municipales; ten-dencia a la burocratización administrativa; crecimiento desmesurado de la planta de personal; escasez de recursos financieros con alta dependencia de copartici-pación transferida por las provincias y recaudación limitada al pago de sueldos, sin capacidad recaudatoria para solucionar múltiples exigencias cotidianas.

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un peronismo local fortalecido por la “primavera delasotis-ta”, mientras en plena campaña el municipio fuertemente endeudado se hundía en sus ya recurrentes crisis financieras asociadas a los procesos electorales, con el agravante de los devastadores efectos de la crisis económica brasileña sobre el efímero polo autopartista local. Frente a ese cuadro de situa-ción, el candidato a intendente peronista, Víctor Lizzul, tenía como principal propuesta de campaña la rebaja de impuestos, en línea con el principal caballito de batalla de José Manuel De la Sota en su campaña para la gobernación meses antes85.

Aunque De la Sota caracterizó al ajustado resultado fa-vorable al peronismo en Río Segundo como “solo un triunfo local”, el justicialismo provincial brindó un enorme respaldo a su candidato en el circuito y el propio gobernador reforzó la campaña electoral con su presencia el martes previo a la elección, polemizando incluso con Faustinelli. Aunque Lizzul se impuso por el exiguo margen de 158 sufragios, el conjunto del disperso voto opositor al intendente radical sumó 61 por ciento de los votos86, con la novedad de que la Unión Veci-nal encabezada por un exradical, Armando Conterno, obtuvo una banca en el Concejo Deliberante y logró romper el bi-partidismo tradicional, dejando al radicalismo con solamente dos ediles frente a cuatro del peronismo.

Faustinelli no asumió como concejal, posibilidad otor-gada por la Ley Orgánica Municipal 8102 a los candidatos a intendente derrotados. Tras el castigo que recibió en las urnas después de una gestión con muchos logros que terminó en medio de una profunda crisis económico-financiera, las cir-cunstancia políticas lo alejaron por un tiempo de Río Segun-do mientras integraba la intervención encabezada por Ramón

85 La Voz del Interior, 2-8-1999.86 Ibid.

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Mestre en Corrientes, aunque nunca resignó su liderazgo in-terno. En 2003, los votantes de la ciudad que lo vio nacer rescataron políticamente lo positivo de su primera gestión, dándole la segunda oportunidad que le habían negado cuatro años antes.

Referencias bibliográficas

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Leirás, M. “Organización partidaria y democracia: tres tesis de los estudios comparativos y su aplicación a los partidos en Argentina”. En: Revista SAAP, Vol. 1, Nº 3, 2004.

Mensa, A. “El Estado municipal en Argentina”. En: Provin-cia, Nº 17, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2007.

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LAS GESTIONES MUNICIPALES DE “MANOLO” RIVALTA DE 1995 A 2007. VILLA DEL ROSARIO

Edgardo Julio Rivarola

El intendente Manuel Humberto Rivalta ganó las elecciones en 1995, con la unidad de diversas fuerzas políticas en el PJ y un radicalismo fracturado. En este capítulo se describe su gestión a través de las entrevistas a propios y opositores. Se revisa la forma de hacer política a través de la conformación del “Grupo de los 13” como espacio de consenso; las modali-dades de acuerdos legislativos en el Concejo Deliberante; los recursos económicos y las prioridades otorgadas para definir la obra pública.

La ciudad de Villa del Rosario es la cabecera del depar-tamento Río Segundo de la provincia de Córdoba, tiene unos 15.073 habitantes según censo de 20081 y fue fundada el 27 de enero de 1795 (Cfr. Grenón, 1930). Las actividades eco-nómicas con mayor incidencia en el Producto Bruto Regio-nal del departamento son la producción de manufacturas, de energía eléctrica y la agropecuaria2. La incidencia de la activi-dad agrícola en Villa del Rosario es importante, pero el rubro industrial y comercial es dinámico y genera mayor cantidad de fuentes de trabajo. El crecimiento de la actividad y renta-bilidad agrícola tiene repercusión inmediata en la localidad, porque permite un incremento del consumo de las personas

1 Dirección General de Estadísticas y Censos, Censo Provincial de Población 2008.2 Dirección General de Estadísticas y Censos, Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba 1993-2009.

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asociadas a esas explotaciones. Dicho crecimiento se muestra en el aumento de la demanda de productos de uso inmediato, como comestibles, vestimenta y en el crecimiento de los ser-vicios del sector de la construcción (Cfr. Álvarez, 2009). Las actividades industrial, agropecuaria y comercial sufrieron un proceso de estancamiento en la segunda mitad de la década de los años 90, pero se revirtió esa situación a partir de 2002, cuando creció su volumen y dinamismo productivo.

En las entrevistas, los secretarios municipales de Hacien-da y Finanzas de ciudad de Villa del Rosario, Eduardo Rodrí-guez3 y Oscar Arnoletti,4 identificaron sectores de ocupación económica de la población según el rubro y su condición respecto del capital: un grupo, los empleados públicos (na-cionales, provinciales, municipales) y de jubilados vinculados a los servicios de salud y educación, valorado como el más numeroso. En segundo lugar, los empleados de industrias y de comercio que también conforman un sector mayoritario pero más pequeño que el primero. Aquí identificaron a los empleados de las fábricas de muebles de madera y de alimen-tos, los supermercados, comercios en general, los albañiles y sus empleados. En tercer lugar, ubicaron a los pequeños co-merciantes o cuentapropistas, los productores agropecuarios (agrícolas y ganaderos), los comerciantes acopiadores de gra-nos y representantes de empresas del rubro, quienes cuentan con capacidad de consumo e inversión en el medio5. También coincidieron respecto al crecimiento de los niveles de desocu-pación en el quinquenio 1995 - 2000 y a su considerable dis-minución en el decenio 2000-2010, y en que dicha situación

3 Entrevista a Eduardo Rodríguez, secretario de Hacienda y Finanzas de la gestión del PJ, 22-11- 2011.4 Entrevista a Oscar Arnoletti, secretario de Hacienda y Finanzas de la gestión de la UCR, 22-11- 2011.5 Entrevista a Juan Carlos Bertorell, docente jubilado, 19-6-2010 y a Rodríguez y Arnoleti (ver supra).

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tiene relación con que los sectores de la población con NBI son una minoría. Por cierto, el Censo Provincial de Población 2008 muestra que el 9,4 por ciento de los habitantes de la localidad se encuentran con necesidades básicas insatisfechas NBI6, lo que significa uno de cada diez habitantes.

El Intendente Manuel Humberto Rivalta

Manuel Humberto es reconocido en la ciudad como “Mano-lo” Rivalta, y por ello muy pocos conocen su nombre de pila. Aquí se usará su apodo, porque es parte de la identidad que se ha construido en el espacio socio comunitario y político en que se desempeña.

Fue intendente municipal en tres oportunidades ganan-do las elecciones en 1995 con el sello del partido Justicialista (PJ) Lista 2, y en 1998 y 2003 con el sello de Unión por Córdoba (UPC), además se presentó como candidato en las elecciones en 2007 y 2011 con el sello de UPC. Nacido en Villa del Rosario, anteriormente a sus funciones públicas, tra-bajó en el Molino Harinero Villa del Rosario hasta su cierre en la década del noventa; participó activamente en el Centro de Propietarios de Camiones, posteriormente impulsó su em-prendimiento apícola y es reconocido en la localidad como apicultor, también fue asociado partícipe en el Club Atlético y Biblioteca Villa del Rosario, donde fue presidente durante años anteriores a 1995. La imagen de Manolo como político siempre estuvo ligada al modelo de un trabajador, de un veci-no activo en la comunidad, del “apicultor que se dedicó a la política”; un hombre originario del pueblo con participación en la vida cotidiana de los vecinos. Esta imagen sintetiza la del

6 Dirección General de Estadísticas y Censos, Censo Provincial de Población 2008.

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resto de los integrantes del equipo de gestión: vecinos de la localidad, algunos comerciantes, otros trabajadores públicos y/o profesionales, pero siempre personas con gran inserción social, muy conocidas por sus actividades.

Algunos de sus funcionarios lo definieron como un in-tendente que muy difícilmente aceptaba un gasto que no fue-ra muy bien justificado7. Él mismo reconoce esa situación y argumenta que cuando ingresó al municipio existían muchas deudas y por lo tanto era muy complicado poder gestionar en ese primer período8. Pero además, de sus palabras surge una idea que puede ser asociada a la situación y marco de la déca-da de 1990, cuando desde el gobierno nacional y provincial se anunciaban permanentes discursos relativos a recortes de presupuesto. En ese sentido, su discurso, de carácter ideoló-gico centrípeto, se relacionaba con argumentos relativos a la austeridad y la transparencia.

Desde el inicio de la democracia en 1983 las dos fuerzas políticas que se han sostenido en el sistema de partidos de Villa del Rosario han sido la Unión Cívica Radical (UCR) y el PJ, ambas se han presentado a las elecciones municipales y han cumplido mandatos. También aparecieron otras fuerzas políticas en las elecciones municipales, pero ninguna sostu-vo continuidad como estas dos estructuras políticas partida-rias tradicionales.

Cuadro IIntendentes municipales de Villa del Rosario desde 1983 a 2019Período Intendente Partido1983 – 1987 Ezio R Bosetti UCR1987 – 1991 Juan C Bertorello UCR

7 Entrevista a Fernando Neira, a Eduardo Rodríguez y a María Teresa Valiente.8 Entrevista a Manuel Humberto Rivalta, 19-7- 2012.

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1991- 1995 Juan A Audisio UCR1995 - 1999 Manuel H Rivalta PJ1999 - 2003 Manuel H Rivalta PJ UPC2003 - 2007 Manuel H Rivalta PJ UPC2007 - 2011 Roberto H Herrera UCR2011 - 2015 Roberto H Herrera UCR2015 - 2019 Ricardo Manera UCR

Fuente: de confección propia con datos otorgados en las entrevistas realizadas por el autor a Juan Carlos Bertorello el 19 de junio de 2010; a Juan Capello el 21 de septiem-bre de 2010 y a Pedro Rodríguez el 21 de septiembre de 2010.

El 14 de mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipa-les, provinciales y nacionales para los poderes ejecutivo y le-gislativo. En esta oportunidad fueron elegidos para intenden-te municipal Manolo Rivalta, para gobernador de la provincia Ramón Bautista Mestre y para presidente de la nación fue reelegido Carlos Saúl Menem. En las elecciones municipa-les hubo cinco candidaturas a intendente. La UCR presentó a Juan Alberto Audisio para la reelección, candidatura que se vio debilitada en el seno del partido. En esa oportunidad, Audisio no logró conformar un consenso partidario que le garantizara la posibilidad de reelección, algunos de sus fun-cionarios, juntos con referentes de la localidad pertenecien-tes a líneas políticas multipartidarias, conformaron la Unión Vecinal (UV) y se lanzaron a las elecciones. El candidato a Intendente de la UV fue Julio Ramón “Yoli” Rivarola (ex director de una escuela técnica de nivel secundario), quien obtuvo aproximadamente un 20 por ciento de los votos que se constituyeron entre radicales, peronistas e independientes. Ese resultado le restó mayor caudal de votos al radicalismo que al peronismo, el cual pudo retener mejor sus electores, ganando así al PJ la primera elección municipal.

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Cuadro IICandidaturas a Intendente Municipal Villa del Rosario

de 1983 a 2015

Elec

ción

Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 Candidato 4 Candidato 5

1983

Ezio R Bosetti

Ernesto Ettlin

Emilio Acevedo

UCR PJ P Demócrata

1987

Juan C Bertorello

Omar H Giardelli Juan Capello Eduardo

RodríguezUCR PJ UDC PI

1991

Juan A Audisio

Atilio A Biagetti

UCR PJ

1995

Juan A Audisio

Manuel H Rivalta

Pedro Rodríguez

Julio R Rivarola

Gerardo O Cravero

UCR PJ UCD Unión Vecinal

Acción por la República

1998

Américo D Godino

Manuel H Rivalta José Tobares

UCR PJ – UPC Unión Vecinal

2003

Juan C Bertorello

Manuel H Rivalta

Elmo E Murúa

UCR PJ – UPC Nuevo Movimiento

2007

Roberto H Herrera

Manuel H Rivalta

Nadir A Nifury Luis Lazcano

UCR PJ – UPCMovimiento de Acción

Vecinal

Alianza Frente Cívico

2011 Roberto H Herrera

Manuel H Rivalta

UCR PJ - UPC

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2015

Ricardo Manera

Nadir A Nifury

Carlos Rodríguez

UCR PJ - UPC Córdoba Podemos

Fuente: de confección propia con datos otorgados en las entrevistas realizadas por el autor a Juan Carlos Bertorello el 19 de junio de 2010; a Juan Capello el 21 de septiem-bre de 2010 y a Pedro Rodríguez el 21 de septiembre de 2010.

La campaña del PJ de 1995, se centró en un mensaje que sos-tenía la necesidad de “gobernar con el sentido común”, que significaba por un lado, la crítica a la gestión del radicalismo y, por el otro, la propuesta para la construcción de una nueva forma de gobierno. Esta era una propuesta centrípeta, ligada al reconocimiento de Manolo por parte de un amplio sector de la población; un candidato nuevo conocido por su trabajo en la localidad, por lo que el PJ se conformó como un partido fuerte que pudo contener las aspiraciones y anhelos de la ma-yoría de sus militantes.

La gestión municipal a través del funcionamiento del “Grupo de los 13”

Para el primer período de la gestión y las elecciones respec-tivas, el equipo de trabajo estuvo formado por integrantes del PJ y de la Unión de Centro Democrática (UCD). Para el segundo (1999 - 2003) y tercer período de gobierno muni-cipal (2003 - 2007), el partido Justicialista llegó como UPC, asociado a dirigentes con trayectoria en la UCD y en la UV. Esta última aportó a José Tobares, quien fue visto siempre con un perfil independiente que sostenía consenso de electo-res de origen autónomo. Cabe destacar que en las elecciones del 2003, José Tobares se incorporó al equipo de trabajo de Manolo Rivalta como secretario de gobierno. La UCD con-

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tribuyó con militantes y dirigentes desde 1995, Eduardo Ro-dríguez conformaba ese espacio y desde la primera gestión de Manolo Rivalta fue el Secretario de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas. El PJ se manifestó dentro de UPC como expresión de la política predominante, los partidos peque-ños que se sumaron fueron cooptados por el justicialismo: las reuniones partidarias de la coalición se realizaban en la sede PJ, las autoridades que se elegían periódicamente eran del peronismo, las acciones que se desarrollaban como las ce-lebraciones del día del niño, de los líderes como Eva y Juan Domingo, eran propias del peronismo. Los integrantes de los equipos de gestión que se asociaban desde otros partidos se afiliaban al PJ.

Durante estas gestiones, en la localidad hubo tres se-cretarías municipales: la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Gobierno. Dentro de la primera se sostenía la Dirección de Rentas y dentro de la segunda la Dirección de Servicios Pú-blicos. Los integrantes de estas secretarías y direcciones fueron militantes del partido y/o de los partidos integrantes de las alianzas formadas, y las funciones se fueron modificando. En la Secretaría de Obras y Servicios Públicos estuvo Armando Olloco (comerciante) desde 1995 hasta 1997, y Elmo “Pato” Murúa, carpintero y docente de la escuela técnica desde 1997 hasta 1999.El secretario de Obras y Servicios Públicos fue Jor-ge Gómez desde 1999 hasta 2007, quien antes de la función pública era comerciante vinculado a la actividad de la impren-ta, donde se desarrollaban fundamentalmente impresiones de publicidades. El secretario de Hacienda y Finanzas Eduardo Rodríguez, tuvo una larga trayectoria como trabajador del Banco de la Provincia de Córdoba sucursal de Villa del Ro-sario (y otras de la región), además de poseer un comercio de venta de muebles para el hogar, dos actividades que eran las

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referencias permanentes de la ciudadanía respecto de él. El secretario de gobierno de la gestión iniciada en 2003 fue José Tobares, odontólogo originario de la ciudad de Córdoba y, en la localidad, se vinculó con una familia cercana a la UCR.

El Concejo Deliberante estuvo formado por el PJ con cuatro concejales y las minorías distribuidas por dos conceja-les de la UCR y uno de la UV entre 1995 y 1999; tres conce-jales de la UCR entre 1999 y 2003; dos concejales de la UCR y uno de Nuevo Movimiento (NM) entre 2003 y 2007. El NM fue un partido pequeño que tuvo origen en un sector del peronismo, su principal referente Elmo “Pato” Murúa, es-cindido del equipo de gestión Manolo Rivalta. Sus electores eran procedentes del peronismo y también recibió apoyo de electores independientes. El partido se alineó a la formación política de Luis Juez (Partido Nuevo) en 2003 y Elmo Murúa fue el candidato a intendente municipal. Así en el período 2003-2007 logró incorporar un concejal (Ver cuadro II).

En todos los casos los concejales fueron personas reco-nocidas como vecinos de la ciudad, entre ellos comerciantes, profesionales y/o docentes, trabajadores, o militantes del par-tido. Por ejemplo, algunos integrantes del bloque justicialista fueron: Vilma Contreras, ama de casa y con perfil militante en el partido desde la “primera hora”, esposa de Héctor Ar-güello, quien también tenía muchos años de militancia en el partido; Raúl Comes, docente universitario; Rosa Ambrogio, médica y propietaria de una clínica privada de la ciudad y José Barrionuevo, docente de nivel secundario de mucha tra-yectoria y reconocimiento en su trabajo profesional en una escuela agropecuaria de la localidad. Algunos integrantes del bloque de la UCR fueron: Juan Carlos Bertorello, quien fue intendente municipal por la UCR entre 1987 y 1991, sostuvo una larga militancia en el partido y era conocido por la ciu-dadanía por su tarea docente en la escuela técnica (de la que

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fue director) y la activa participación en comisiones de apoyo a instituciones de la localidad; Miriam Audisio una miem-bro activa del partido, arquitecta de larga trayectoria y muy bien valorada en su profesión por los pobladores de mejores recursos económicos de la localidad. En tanto el concejal de NM fue Daniel Caciorgna, activo participante en este espacio político emergente, la ciudadanía lo referencia con su activi-dad laboral como empleado administrativo y de gestión en la Bodega Luchessi de la localidad.

Las formas de gestionar a través de las cuales se desem-peñan los actores políticos son reveladoras de las formas de hacer política en la localidad. Las gestiones de Manolo Rival-ta tuvieron elementos que le otorgaron particularidades a las mismas. Las decisiones se tomaban a través de la organización del “Grupo de los trece” (G 13) como unidad de gestión don-de se generaban los consensos necesarios para la administra-ción municipal.

La intervención de este grupo en la toma de decisiones para llevar adelante la administración municipal, fue una cla-ve en la forma de hacer política en el período de Manolo Ri-valta. Todos los entrevistados9 hicieron referencia a la impor-tancia que tenía ese grupo de trabajo en la gestión municipal. El G13 se constituyó en un espacio de debate y acuerdo entre los funcionarios y actores partidarios de los poderes ejecutivo, legislativo, espacio en el que se determinaban las prioridades de la gestión, se distribuían las tareas y funciones; y también era un grupo de consulta para el intendente. Los objetivos de su conformación y funcionamiento, tanto como la forma de

9Entrevistas realizadas a Manuel Rivalta, 19-7-2012; a José Tobares, 19-7- 2012; a Eduardo Rodríguez, 15-6-2012; a Jorge Gómez, 18-7-2012; a Hugo Heredia, 17-7-2012; a Fernando Neira, 20-7-2012; a Vilma Contreras, 17-9-2012; a María Teresa Valiente, 18-7-2012; a Héctor Argüello, 2-3-2013; y a Rita del Carmen Arce, 27-6-2012.

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trabajo han sido modificados a lo largo de las tres gestiones. Más allá de las modificaciones que en el tiempo haya teni-do, los entrevistados lo muestran como una “institución” que particularizó la forma de operación en la función pública y el modo de gestión.

El G13 fue propuesto y sostenido políticamente por el mismo intendente desde su primer mandato. En mayo de 1995, cuando el peronismo ganó las elecciones, Manolo Ri-valta propuso la formación según esta modalidad de trabajo. El G13 estaba conformado por el intendente municipal y su secretario privado, los tres secretarios del Poder Ejecutivo (de Gobierno, de Hacienda y Finanzas, de Obras y Servicios Pú-blicos); un director de Obras Públicas; los cuatro concejales del partido (la mayoría del Concejo Deliberante); la secreta-ria del Concejo Deliberante y los dos tribunos de cuentas del partido (mayoría del tribunal de cuentas); lo que suma trece integrantes. Según cuenta Manolo, tomó la experiencia de la sugerencia de un compañero intendente de una localidad cercana10; antes de asumir el gobierno del municipio el 10 de diciembre de 1995, en las semanas posteriores al triunfo electoral. En su entrevista, Manolo Rivalta lo definió como un equipo de trabajo extraoficial (sin sostenimiento de or-denanza ni decreto), como un espacio de debate y elección de estrategias y acciones de gestión, donde se decidía según la mayoría respecto “de lo que se iba a hacer”11. Si se revisa desde una mirada institucional, el G13 funcionaba como es-pacio de consulta para el ejecutivo y el legislativo, ya que las decisiones allí adoptadas (por mayoría) se plasmaban en la resolución de un decreto o una ordenanza. También era el es-pacio de discusión para consensuar entre miembros del Poder Ejecutivo y legisladores del PJ, las líneas generales del texto de

10 Entrevista realizada a Manuel Rivalta, 19-7- 2012.11 Ibid.

400

posteriores ordenanzas y decretos municipales o de acciones de la administración. Se reunían generalmente todos los días lunes al final de la tarde o noche, porque –según Vilma Con-treras– así se anticipaba un día a las reuniones del Concejo Deliberante programadas para los martes por la noche12. Ma-nolo Rivalta en la entrevista manifiesta que esa experiencia es “destacable” y que “nos dio muy buen resultado durante los doce años”13.

De las reuniones semanales resultaban consensos entre los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo; se cons-tituía entonces, en un espacio de comunicación donde el eje-cutivo preanunciaba al legislativo y acordaba el texto de cada proyecto de ordenanza municipal. Además, en ese proceso, los mismos concejales del bloque peronista trataban con los concejales opositores algunas posiciones y posibles acuerdos para preparar el ingreso de las ordenanzas más polémicas al concejo. Según Manolo Rivalta, esta modalidad de trabajo facilitó las instancias de acuerdos, porque “los concejales de nuestro bloque ya sabían de qué se trataba el proyecto que se enviaba, entonces se evitaban enfrentamientos entre bloques y entre el ejecutivo y legislativo (…) tal vez, por una falta de discusión previa”. Para Manolo Rivalta, el espacio de trabajo posibilitaba a cada participante un rol activo y en condiciones de igualdad respecto del resto; incluso manifestó que, cuando algunas acciones de gobierno propuestas por él no lograban el consenso necesario, esa medida no se ejecutaba. Respecto a lo cual dice: “algunas ideas que llevaba a ese ámbito, (…) pero que la mayoría no estaba de acuerdo, (…) no se hacían (…) yo le había dado la particularidad de haberme ‘autoimpuesto’ que todas las opiniones valieran lo mismo”14.

12 Entrevista realizada a Vilma Contreras, 17-9- 2012.13 Entrevista realizada a Manuel Rivalta, 19-7- 2012.14 Ibid.

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Los entrevistados conservan una representación del es-pacio como “instancia de construcción de consensos” pero no de igualdad de condiciones entre sus integrantes. Entre los integrantes del G13 existían miembros más activos que otros. El secretario de gobierno del tercer período, José Tobares, ma-nifestó que se discutían cuestiones relativas al cómo hacer las actividades de la gestión y que, entre ellos, Eduardo Rodrí-guez y Jorge Gómez eran más aguerridos e independientes de criterios y que las problemáticas que llevaron mayores debates y consensos fueron las relativas al desarrollo urbano y a la instalación de la empresa para curtiembre de cueros en Vi-lla del Rosario15. Según Eduardo Rodríguez eran espacios de construcción de consensos y de toma de decisiones para ge-nerar acciones: “eran lindas, porque eran reuniones de mucho (…) trabajo de conciencia, de pelearse, de discutir y bueno de tomar resoluciones…por mayoría” donde “se decidía el cómo, no el qué hacer”16. Si bien los entrevistados manifesta-ron una participación igualitaria de cada integrante del G13, las discusiones se daban respecto de la búsqueda de la forma a desarrollar para ejecutar las acciones; o sea, se debatía so-bre “cómo” hacer únicamente, mostrándose implícitamente una desigualdad respecto de la discusión del “qué” hacer en la gestión. Los temas de debate estaban configurados según esa dinámica, pero todos los miembros evaluaban que era una forma adecuada de discusión y de acuerdo respecto de la mo-dalidad de la gestión.

15 Entrevista realizada a José Tobares, 19-7-2012. La instalación de la cur-tiembre en Villa del Rosario fue muy polémica. Una vez instalada e inaugurada por el Vicegobernador Juan Schiaretti e iniciadas sus actividades productivas comenzó una polémica entre los vecinos. Muchos se oponían a la continuidad del funcionamiento de la empresa en inmediaciones de la ciudad por la sospe-cha del peligro de contaminación que supuestamente generaba.16 Entrevista realizada a Eduardo Rodríguez, 15-6- 2012.

402

A pesar que los entrevistados siempre afirmaron que los integrantes del G13 tenían una participación igualitaria y que todos tenían voz y voto de forma equivalente, pue-de observarse que existían funciones diferentes y por tanto jerarquías o liderazgos de algunos de sus miembros. Natu-ralmente así debió suceder, porque en el grupo de trabajo había dicha jerarquización puesto que, desde su origen, los miembros tenían distintas funciones, responsabilidades y re-presentaciones. Formar parte del grupo que decía ‘qué’ ges-tión se llevaría adelante, era una cuestión relacionada con la representación o la capacidad reconocida que cada miembro lograba respecto del resto de los integrantes. Las entrevistas permiten verificar que entre los miembros reconocidos por esa capacidad de gestión o de representación, estaban el mis-mo intendente Manolo Rivalta y los secretarios José Tobares, Eduardo Rodríguez y Jorge Gómez, incluso la intervención de Vilma Contreras era considerada relevante por su partici-pación en el Concejo Deliberante. Tal como lo expresaran la secretaria del Concejo Deliberante Marité Valiente y la con-cejal referente del PJ Vilma Contreras, quienes manifestaron la existencia de jerarquías implícitas en las reuniones del G 13, poniendo particular acento en la figura del intendente haciendo referencia a que se le rendía cuenta de las acciones desarrolladas y las por desarrollar17.

Los opositores criticaban esa forma de gestión porque la consideraban como una injerencia de un poder sobre otro, según Vilma Contreras en el Concejo Deliberante eran per-manentes las referencias que los concejales opositores hacían respecto de las reuniones del G13, argumentando que el Po-der Ejecutivo avasallaba las decisiones del legislativo y del Tri-bunal de Cuentas. Según Vilma:

17 Entrevistas realizadas a María Teresa Valiente, 18-7-2012 y a Vilma Contreras, 17-9-2012.

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La oposición, nos criticaba este tipo de reuniones, por-que decían que eso era confundir los roles, que el legis-lativo tenía que estar siempre muuuy separado del ejecu-tivo, (…) que tenía que haber una verdadera división de poderes. Yo particularmente, he dicho que la división de poderes está, no es tajante (…) no es mezclar los roles, el tener este tipo de reuniones e intercambiar ideas, yo de-cía particularmente que no, que para nada se quebraba esa división de poderes18.

El G13 es una experiencia de unidad de gestión muni-cipal que se ha comportado considerando formas de partici-pación, de construcción de consensos, de espacio de opinión y discusión, de acuerdo a modalidades democráticas. Una ex-periencia que principalmente infunde una modalidad demo-crática para las decisiones como equipo de trabajo en el seno del conjunto de la gestión municipal, que adoptó una forma transparentada, por cuanto todos los actores estaban entera-dos de las acciones a ejecutar y de los fundamentos de las mis-mas. En relación a la crítica que la oposición hacía respecto a que el G13 era un espacio en el que podría darse una instancia de influencia del PE sobre el PL, podría decirse que en tér-minos reales no es necesario que exista un G13 o modalidad similar para que el Concejo Deliberante sea influenciado en sus decisiones. No es esta la modalidad que pueda significar que los grupos de presión, en términos de Ramírez (2005), puedan influenciar sobre las decisiones del gobierno. Ramírez ha revisado justamente cómo los grupos de presión influyen sobre el gobierno, sin tener participación en él, sin ser parte (a través de elecciones o como funcionarios o trabajadores) en sus instituciones.

18 Entrevista realizada a Vilma Contreras, 17-9-2012.

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Las acciones de la gestión y los recursos para ejecutarlas

Los entrevistados muestran que las prioridades de la gestión circularon en dos sentidos: uno, en relación a la efectiva pues-ta en marcha y distribución de la obra pública; y otro, en la puesta en valor de una administración contable sin déficit. Sobre la primera había una marcada cohesión de criterio en la que todos revalorizaban su participación en la gestión de la obra pública; pero respecto de la administración de las cuen-tas del municipio, existía una inmediata referencia al criterio del intendente como actor determinante en la distribución de recursos y administrador del gasto público. Todos recono-cieron en Manolo Rivalta una persona austera, a la que había que “fundamentarle muy bien un gasto” que estuviera por fuera de las obras públicas o también para hacer una operato-ria de pedido de empréstitos19.

El criterio de evaluación para decidir qué obra pública se realizaba y para evaluar cómo resultaba tal ejecución, te-nía como parámetro un aspecto funcional: era considerada fundamental que dicha obra posibilitara una mejora de la calidad de vida de los vecinos. Explicitan este criterio de se-lección las obras públicas que se realizaron, como la apertura de calles para nuevas subdivisiones en lotes20; la construcción de cordón cuneta21; la extensión de sistemas de alumbrado público, de la red de gas natural, de agua potable y de cloa-cas; la construcción del IPEM Nº 55 (cogestionado con el gobierno provincial y nacional)22; la concreción de planes de

19 Entrevista realizada a Fernando Neira, 2-3-2012.20 Honorable Concejo Deliberante de Villa del Rosario (HCDVR), ordenanzas municipales Concejo Deliberante 746-A-04, 21-9-2004; 749-A-04, 28-9-2004; 756-A-04, 7-12-2004; 821-A-06, 25-7-2006; 864-A-07, 15-5-2007; 874-A-07, 14-8-2007.21 HCDVR, Ordenanza municipal 803-A-05, 27-12-2005.22 HCDVR, Ordenanza municipal 776-A-05, 26-7-2005.

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vivienda23; los servicios de riego, arreglo y barrido de calles, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos, etc. En los doce años de gestión se construyeron y entregaron 299 viviendas; para dimensionarlo el secretario privado Fernan-do Neira manifestó que entregaron “una vivienda cada 15 días”24. El carácter funcional de la construcción de viviendas tenía por objeto cubrir una demanda creciente e insatisfe-cha en la localidad, especialmente hacia el tercer período de gestión. También, y con un criterio de tipo funcional y de mejoramiento de la imagen de la ciudad, se desarrolló la obra del Centro Cultural José Luis Peralta y paseo cultural en la vía de unión entre la Estación Terminal de Ómnibus y la calle Monseñor Lindor Ferreyra. Este conjunto de edifica-ciones albergó a la Escuela Municipal de Folklore, a la Banda Municipal de Música, al Coro Polifónico Municipal, a la es-cuela Municipal de Ajedrez y al Conservatorio Provincial de Música25. Al final de la gestión se comenzó la obra de distri-bución de la red de cloacas26 y se iniciaron gestiones para re-cibir apoyo del gobierno nacional en la construcción de una red de desagüe pluvial27. La administración y gestión de la obra pública era primordial y por ello se había indicado para esa secretaría a Jorge Gómez, considerado por José Tobares, Eduardo Rodríguez y Fernando Neira como un gestor de excelencia, que lograba buenos canales de comunicación con

23 HCDVR, Ordenanzas municipales 738-A-04, 10-8-2004; 739-A-04, 10-8-2004; 771-A-05, 14-6-2005; 772-A-05, 14-6-2005; 780-A-05, 30-8-2005; 841-A-06, 10-10-2006; 842-A-06, 6-10-2006; 875-A-0, 14-8-2007; 877-A-07, 4-9-2007.24 Entrevista realizada a Fernando Neira, 2-3-2012.25 HCDVR, Ordenanzas municipales: 805-A-05, 27-12-2005; 818-A-06, 25-7-2006.26HCDVR, Ordenanzas municipales: 774-A-05, 5-7-2005; 819-A-06, 25-7-2006; 820-A-06, 25-7-2006.27HCDVR, Ordenanza municipal: 863-A-07, 15-5-2007.

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las administraciones de la nación y la provincia afines de ob-tener los recursos económicos necesarios para dichas obras.

En coincidencia con esta modalidad de gestión y como parte activa de la misma, los concejales del partido utilizaban los mismos criterios de selección de acciones y trabajo. En el Concejo Deliberante funcionaron dos comisiones de estudio de la legislación municipal28: la Comisión de Hacienda, Fi-nanzas, Obras y Servicios Públicos y la Comisión de Legisla-ción General. La especificidad de la primera muestra la prin-cipal demanda de la gestión municipal. Según informara la concejal del PJ Vilma Contreras, estas comisiones existían al momento de asumir en 1995 y se sostuvo ese funcionamiento durante las tres gestiones29.

En segunda instancia se valoraba la austeridad de una administración sin déficit, algo que Manolo Rivalta manifies-ta cuando recuerda que recibió en 1995 una “municipalidad quebrantada económicamente, que hubo que pagar créditos y salir a cobrar deudas”30. Según su secretario privado, Manolo Rivalta era particularmente sobrio y moderado para adminis-trar el municipio: “…no tuvo la práctica de hacer bonos por materiales (cemento, chapas), esos bonos que te daban para que retires de la ferretería los materiales que después la muni-cipalidad pagaba”31.

En la revista de difusión en la campaña electoral del 2007 (que fuera la última durante una gestión suya), el par-tido presentó cinco gráficos a modo de brindar una mínima rendición de cuentas del período 1996 hasta 2006. La in-formación de esa página en la revista de campaña electoral,

28 Las comisiones están reglamentadas en la Ley Orgánica de Municipal Nº 8102, 1991; Art. 30 (inc. 16).29 Entrevista realizada a Vilma Contreras, 17-9-2012.30 Entrevista realizada a Manuel Rivalta, 19-7-2012.31 Entrevista realizada a Fernando Neira, 20-7-2012.

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muestra que la administración municipal intentaba comuni-car un modelo de administración austero, con crecimiento e independencia de otras administraciones a nivel nacional o provincial32. La comunicación de tal imagen, se confirma en las representaciones que la mayoría de los entrevistados del oficialismo, incluso de la oposición, tienen. Tanto los funcio-narios como los concejales del PJ como del radicalismo ma-nifestaron esa característica de la administración de la gestión de Manolo Rivalta.

Los recursos económicos para la obra pública prove-nían tanto de los ingresos propios del municipio, como de los ingresos de las coparticipaciones correspondientes por ley y, también, de los ingresos de toma de créditos o partidas especiales de subsidios, que provenían de la administración nacional o provincial33. Por lo general, los ingresos propios del municipio estaban comprometidos con el funcionamien-to mínimo de la administración, a veces se cubrían los suel-dos, se hacían algunos mantenimientos de vehículos, etc. Los gastos mínimos de funcionamiento de la actividad municipal se lograban cubrir a través de los ingresos de coparticipación que corresponden por ley y no son motivo de negociación con la administración provincial, para garantizar que lleguen a la gestión municipal. Para el desarrollo de nueva infraestruc-tura se recurría a la capacidad de negociación que la gestión municipal tenía frente a la administración provincial y na-

32Partido Justicialista; Revista Ideas claras... Propuestas concretas. Campaña electoral Intendente 2007.33 Entrevista realizada a Eduardo Rodríguez, 3-12-2011 y HCDVR, Ordenanzas municipales: 738-A-04, 771-A-05, 772-A-05, 774-A-05, 805-A-05, 841-A-06, 842-A-06, 863-A-07, 869-A-07, 875-A-07, 877-A-07, donde se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar gestiones ante entidades de la administración nacional y provincial y otros entes autárquicos para recibir subsidios, firmar convenios para recibir recursos económicos que solventen la ejecución de la obra pública en la localidad.

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cional. El intendente Manolo Rivalta, su secretario privado y los secretarios de Gobierno y Hacienda manifestaron que el secretario de Obras Públicas Jorge Gómez fue un excelente gestor, que tenía capacidad para conseguir en sus viajes a las dependencias del gobierno nacional o provincial subsidios y financiamiento para obras, que permitieran la construcción de trabajos de infraestructura como la distribución de cloacas, de redes de agua y gas, etc. En las entrevistas hubo reiteradas muestras de la necesidad de gestionar dinero para obras en las jurisdicciones nacional o provincial, mostrando que los fondos propios (incluidas las coparticipaciones) eran insufi-cientes para dar cobertura a las necesidades del municipio. A pesar de la independencia administrativa que este tuvo para afrontar emprendimientos por cuenta de sus propios ingresos y de los provenientes de fondos de coparticipación, las gestio-nes en el gobierno nacional y provincial fueron fundamenta-les para la puesta en marcha de distribución de redes de ser-vicios (como cloacas y desagües) e infraestructura en general. Las entrevistas (y las autorizaciones expresas para gestionar fondos otorgadas por el Concejo Deliberante), dan cuenta de que las negociaciones que se realizaban en la administración nacional o provincial eran fundamentales para proyectar em-prendimientos nuevos en la ciudad.

La problemática respecto de la injerencia de los fondos públicos del Estado nacional en los presupuestos subnaciona-les, revisada por Oscar Oszlak (2003), muestra que los pre-supuestos de provincias y municipios al final de la década del noventa estuvieron constituidos con un 62 por ciento de dinero proveniente de las coparticipaciones y otras formas de financiamiento. El caso de Villa del Rosario refleja esa situa-ción, porque los presupuestos municipales desde 1995 hasta 2011 estuvieron formulados con una creciente impronta de los aportes de origen nacional y provincial. Los fondos de las

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coparticipaciones estaban determinados por ley y por tanto les correspondían a los municipios por derecho, pero estos recursos económicos no cubrían las demandas para llevar adelante la gestión de gobierno. Por ello, existía la necesidad de gestionar “personalmente” otros fondos de la administra-ción nacional para ejecutar obras públicas y, sobre todo, si eran recursos que el municipio debía justificar, rendir, pero no reintegrar. Oszlak (2003) plantea que durante la déca-da de 1990, las funciones del Estado nacional argentino se transfirieron a las provincias y posteriormente a los muni-cipios, mientras el Estado nacional minimizaba funciones, los municipios aumentaban obligaciones y tareas por cubrir. Además, ese esquema de construcción de presupuestos que el Estado nacional generó, debilitó las capacidades locales de generar recursos, así los presupuestos municipales quedaron cautivos de los fondos enviados desde la gestión nacional. La situación de esos recursos administrados por los municipios, que se encuentran determinados por el envío de fondos di-nerarios de la nación, está registrada por los funcionarios de la gestión pero con una particularidad que el texto de Oszlak no advierte. Según plantearon los entrevistados, los recursos económicos para el funcionamiento de la gestión municipal provienen de la recaudación propia y de la coparticipación, pero los que se utilizan para generar nueva infraestructura como ampliación de servicios, provienen de fondos que se gestionan particularmente y se consiguen por contactos34 que los funcionarios o el intendente municipal ponen en juego. La comunicación con funcionarios de la gestión nacional es fundamental para poder desarrollar nuevas obras en la ges-tión municipal.

34 Entrevistas realizadas a Eduardo Rodríguez, 22-11-2011y a Oscar Arnoletti, 22-11-2011. Ambos secretarios de Hacienda municipales del peronismo y del radicalismo respectivamente.

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El vínculo entre la gestión y los espacios políticos de oposición

De las entrevistas a Alejandro Lucero, Vilma Contreras y Eduardo Rodríguez35 se advierte que el espacio de debate, de intercambio de informaciones y negociaciones entre la ges-tión y partidos opositores, estaba instituido en el seno del Concejo Deliberante principalmente y, en un segundo plano, en los espacios de la televisión y la radio. Mientras la concejal Vilma Contreras no dio mayor importancia a las emisiones de la televisión por cable y a las radios de frecuencia modulada, como espacios de debate entre la gestión y la oposición, el secretario del bloque de la UCR Alejandro Lucero le concedió mayor valor por el resultado directo que significaba la comu-nicación con el electorado para hacer pública alguna situación particular desde los medios.

Ambos bloques (PJ y UCR) plantearon la buena comu-nicación que existía en el Concejo Deliberante, respecto del diálogo e instancias de debate y negociación para la elabo-ración de proyectos de ordenanzas y revisión de acciones de gobierno en general. Aunque con diferentes opiniones, con-textualizadas por sus condiciones de secretario de bloque opo-sitor (en el caso de Alejandro Lucero) y de concejal oficialista (en el caso de Vilma Contreras), manifestaron una forma de comunicación aceptable y acorde con las buenas costumbres. Según Lucero:

Había un diálogo fluido, pero eeeh, los proyectos no tenían una profundidad de debate porque, (…) daba la sensación de que ellos marcaban el tiempo político, en el sentido de que el proyecto lo necesitaban para tal día

35 Entrevistas realizadas a Alejandro Lucero, 5-7-2013; a Eduardo Rodríguez, 15-6-2012 y Vilma Contreras, 17-9- 2012.

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y si no había un acuerdo, al proyecto lo aprobaban con su mayoría propia36.

Debe destacarse que el secretario del bloque de la UCR marcó el límite del debate y el consenso en las demandas que el ejecutivo imponía, respecto de las necesidades de obtener una ordenanza para desarrollar acciones de gobierno, deman-da que llegaba por medio de los concejales oficialistas. Según Vilma Contreras:

… toda obra pública necesita ordenanzas (…) y desde el Concejo Deliberante se acompañaron esas gestiones. Yo puedo decir que de los doce años que estuve como concejal y con compañeros de adentro de mi partido como de la oposición distintos, (…) todos acompaña-ron la obra pública37.

La concejal del oficialismo reivindicó su capacidad de diálogo y construcción de consensos como presidenta del Concejo Deliberante38 y como líder del bloque (aunque no manifestara dicha condición); mostrando que logró el acom-pañamiento del cuerpo legislativo para la obra pública. De al-guna manera, los consensos se construían con cierta celeridad en el debate entre los bloques del oficialismo y la oposición. Alejandro Lucero ratifica esa situación cuando manifiesta que: “Había cuestiones que no admiten debate, por ejemplo: llegaba un proyecto de viviendas, y sabemos de las necesi-dades de vivienda que hay en la ciudad, y como oposición

36 Entrevista realizada a Alejandro Lucero, 5-7-2013.37 Entrevista realizada a Vilma Contreras, 17-9-2012.38 En su entrevista Vilma Contreras manifestó que la condición de presidente del Concejo Deliberante rotaba anualmente, así los cuatro concejales oficialistas cumplían dicha función a lo largo del período de gestión. 17-9-2012.

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siempre hemos apoyado las iniciativas de la gestión39. Am-bos manifestaron que había cuestiones en que no tenían des-acuerdos, también lo indicaron el intendente Manolo Rivalta y el Secretario de Hacienda Eduardo Rodríguez. Esos espa-cios de acuerdos tácitos, estaban vinculados a la obra pública que podía significar un mejoramiento en el modo de vida de los habitantes de Villa del Rosario. Además, la oposición siempre tuvo que revisar sus posiciones, considerando no caer en una obstrucción que pueda significarle una condena social por no apoyar una obra pública evaluada positivamente por la población.

Pero sí hubo un espacio de debate que fue motivo de disidencias. Los proyectos de ordenanzas que se referían a la distribución de los recursos provocaron mayor debate en el Concejo de Deliberantes. Por ello, el secretario del bloque de la UCR y la concejal del PJ coincidieron en que los núcleos de discusión más dificultosos fueron siempre los proyectos de or-denanzas del presupuesto anual y las revisiones de memorias y balances anuales. Lo plantean en estos términos:

Los núcleos más duros eeeh, siempre están relacionados con lo que es el gasto público y la lectura de (…) la or-denanza del presupuesto, gastos y recursos. Entendemos que en el juego de la democracia el que gana es el que gobierna y ha sido votado para que su plataforma se lle-ve a cabo, entonces sabemos que (…) en el presupuesto se va a reflejar parte de lo que ellos han prometido como plataforma electoral. En la memoria y balance anual (…) también se producían debates y nunca había acuer-dos (…) por la lectura que ellos hacían de las finanzas del municipio…por ejemplo: se inflaba el superávit40.

39 Entrevista realizada a Alejandro Lucero, 5-7- 2013.40 Entrevista realizada a Alejandro Lucero, 5-7- 2013.

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El debate respecto de la distribución de recursos y la lec-tura y/o interpretación sobre esa distribución, es muy relevan-te para el cuerpo legislativo y sus integrantes, allí se resuelven dudas respecto del destino que han tenido los fondos, sobre las suspicacias que pueda generar el proceso de administra-ción de los recursos públicos:

En lo que más presentaba problemas (…) el bloque de la UCR, era en la cuestión del presupuesto. A fin de año cuando teníamos que evaluar el presupuesto, yo creo que, de todos los años una sola vez lo acompañaron. Las otras veces, (…) aprobaban el presupuesto en gene-ral, como venía presentado y después en el desglosado, en algunos ítems querían incorporar más partidas, en otros menos, en algunos querían eliminarlo; se anali-zaban esas propuestas del bloque y si no aprobábamos esas modificaciones ellos no aprobaban el presupuesto41.

La comprensión manifestada por Alejandro Lucero so-bre que, en el sistema democrático el que gana determina las prioridades de gestión y, con ello, la distribución de recursos, da lugar a la proyección que sobre este tenían. Marca así una dificultad de dimensión política para definir el presupuesto anual, dictado por el poder que otorgan las elecciones al par-tido de gobierno. Y con ello se dirige mayor atención al perfil fiscalizador del concejal que mira el balance anual como una instancia de encontrar errores contables, más que políticos. La oposición tuvo dificultad para discutir el presupuesto des-de una dimensión política ya que era minoría; por otro lado, la dificultad de descubrir errores contables era aún mayor, por la fortaleza que presentaban los balances. Estas dificultades están determinadas por esa dimensión política de las acciones

41 Entrevista realizada a Vilma Contreras, 17-9- 2012.

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partidarias, sostenidas en el respaldo y representatividad que las urnas han otorgado. Esa dificultad política y técnica con-table, hubiera sido resuelta si el tribuno de cuentas de la UCR hubiera objetado y fundamentado algún rechazo de compro-bante de gastos públicos, pero en ninguna entrevista se hizo referencia a una situación tal.

La concejal del PJ reconoce el proceso de debate sobre el presupuesto anual como una instancia de dificultad para la construcción de consensos, pero acotada en el tiempo, ya que “ese proceso llevaba unos quince días”. Su mirada confirma el poder que tenía el bloque de concejales del partido de gobier-no, porque afirma que las modalidades de gestión del debate en el Concejo Deliberante para las instancias de aprobación del presupuesto anual próximo y del balance del año anterior, estuvieron siempre atravesados por la fortaleza de una funda-ción política y una fundación contable fuerte que legitimaba las acciones del bloque del PJ.

Referencias bibliográficas

Grenón, P. Villa del Rosario. Documentos para su historia. Córdo-ba, s/d, 1930.

Oszlak, O. “El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”. En: Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 42 (168), 2003. 

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SOBRE LOS AUTORES

BASILE, VerónicaEs Doctora en Estudios Sociales de América Latina con mención en Análisis interdisciplinario en Historia y Política Contempo-ránea, y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria posdoctoral CONICET. Posee una especialización en gestión de las organizaciones sin fines de lucro y formación en gestión cultural. Es Profesora de Historia del Arte y Estudios Culturales en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta (Universidad Provincial de Cór-doba). Integra el grupo de investigación dirigido por la Dra. Alejandra Soledad González: “Hacia una Historia Cultural del pasado reciente argentino: artes, juventudes y políticas en la se-gunda mitad del siglo XX”, Córdoba en red (inter)nacional, en el Centro de Investigaciones de la FFYH con aval de la SECyT -UNC y el Archivo de la Palabra, en el marco del Programa de Historia Política de Córdoba del CEA - FCS UNC. Ha partici-pado como compiladora y autora en la publicación Juventudes, políticas culturales y prácticas artísticas. Fragmentos históricos sobre la década de 1980, editada por Alción, y publicado en revistas científicas nacionales e internacionales.

CAMAÑO SEMPRINI, RebecaEs investigadora asistente del CONICET, bajo la dirección de César Tcach. Doctora en Historia y Magister en Partidos Polí-

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ticos, por el Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Se des-empeña como profesora Asistente del CEA-FCS-UNC e inte-gra el Programa de Historia Política de Córdoba de la UNC. Entre sus publicaciones, se destacan su libro Peronismo y poder municipal. De los orígenes al gobierno en Río Cuarto (Córdoba, 1943-1955), su artículo publicado en Colombia, “El sueño de la Nación católica: el golpe de Estado de 1943 y la Iglesia argentina. Una mirada desde el obispado de Leopoldo Buteler (Río Cuarto, 1943-1946)”, en la revista Historelo así como su estudio “Laicos y políticos: la Acción Católica en la vida par-tidaria riocuartense (1936- 1946)”, en la Revista de Historia Americana y Argentina Mendoza.

CLOSA, GabrielaEs Profesora y Licenciada en Historia por la Facultad de Filo-sofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y Magister en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avan-zados de la misma Universidad. Es docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados, Coordinadora Académica de la Maestría en Partidos Políticos de ese Centro, codirectora del proyecto “Oficialismo y oposición: conflicto y prácticas polí-ticas en Córdoba (1930 – 2015)” y directora del proyecto “El Archivo de la Palabra y los testimonios de los actores políticos, sociales y culturales en la Córdoba contemporánea”. Es docen-te de la cátedra Historia Social y Política III (Argentina) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado capítulos de libros sobre los gobiernos de Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre y sobre la Renovación Peronista en Córdoba.

CORTEZ, Carolina Es Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Na-cional de Rio Cuarto. Magister en Partidos Políticos por la

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Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del Programa de investigación en Historia Política de Córdoba en el Cen-tro de Estudios Avanzados perteneciente a la UNC. Actual-mente se desempeña como docente y capacitadora en nivel medio y superior. Publicó diversos trabajos en revistas nacio-nales e internacionales.

DI PALMA, Gustavo Magíster en Partidos Políticos del Centro de Estudios Avan-zados, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacio-nal de Córdoba (UNC). Licenciado en Comunicación Social (UNC). Cursó un posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación dictado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Desde 2011 integra como investigador adscripto el Programa de Historia Política del Centro de Estudios Avanzados (CEA-UNC) y desde 2018 forma parte del equipo del “Archivo de la Palabra” en la mis-ma unidad académica. Es autor del libro Introducción al pe-riodismo. Internet y tecnología digital, prensa gráfica, radio y TV (Editorial Brujas). Publicó distintos artículos para revistas académicas: “El Estado en Latinoamérica y los desafíos del posneoliberalismo” (Reflexión Política, Bogotá, 2014); “La re-presentación del pasado reciente desde la derecha” (Aletheia, La Plata, 2014) y “La política en Córdoba en el periodo 1973-1976: un campo de ensayo para la dictadura militar” (Revista Escuela de Historia, Salta, 2016). Escribe sobre temas políticos internacionales y problemáticas políticas y sociales del ámbito nacional en La Voz del Interior.

GOMEZ, Jacqueline Es Profesora de Historia por la Universidad Nacional de Cór-doba y Magister en Partidos Políticos (CEA). Se desempeña como docente del Profesorado en Enseñanza Secundaria de

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Historia del Colegio Superior San Martín (San Francisco, Córdoba). Es especialista en historia política de San Francisco y su campo de preocupaciones intelectuales se ha centrado en el período 1973-1983. Integra el Programa de Historia Política de Córdoba que dirige César Tcach.

IRIBARNE, María ClaraEs Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Río Cuarto y Dra. en Ciencia Política por la Univer-sidad Nacional de Córdoba. Es autora del libro  El diario del Arzobispado en la Córdoba Peronista. Del triunfo electoral al Golpe de 1976, publicado por la Editorial de la UNC. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “El cau-dillo, Marchar y Leña. Tres miradas nacionalistas sobre la Universidad”, incluido en el libro, La Universidad Reforma-da. Hacia el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, EUDEBA;  “Obregón Cano. Entre la desestabilización pre-sidencial y la pasividad montonera. Una interpretación del navarrazo” publicado en PolHis, revista del Programa Interu-niversitario de Historia Política; y, en coautoría con César Tcach,“Desandando los caminos de la represión: Un acerca-miento a la experiencia del Equipo Argentino de Antropolo-gia Forense”, en la revista Estudios, 2014.

MORENO, AlejandroEs Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. En 2018 la Legislatura de la Provin-cia de Córdoba publicó su libro El Recinto con motivo de la celebración del centenario de la sede parlamentaria. Se desempeña como periodista en el diario cordobés Alfil. Su tesis de Maestría en Partidos Políticos (CEA-UNC) centra su interés en la cuestión legislativa durante la dictadura mi-litar (1976-83).

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OSELLA, Desirée del Valle Es Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Hu-manidades (FFYH) de la Universidad Nacional de Córdo-ba. Magíster en Partidos Políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y doctoranda en Historia por la FFYH. Becaria de doctorado de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante de los proyectos de investigación “Actores políticos y Actores Sociales en los espacios regiona-les” dirigido por el Dr. Javier Moyano y “Oficialismo y oposi-ción: Conflicto y prácticas políticas en Córdoba. 1930-2007” dirigido por el Dr. César Tcach (CEA-UNC).

MARTINA, Karina Es Profesora en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria doctoral del Consejo Nacio-nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Colabora como docente en las cátedras de Historia de las po-líticas educativas e Introducción a la Historia y a las Cien-cias Sociales de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Departamento de Historia de la UNRC. Participa como integrante del proyecto de investigación “Río Cuarto: la ciudad y la región. Procesos y actores en perspectiva histó-rica” y es miembro del Programa de Investigación de Historia Política de Córdoba radicado en CEA- FCS- UNC. Estudia diferentes aspectos relacionados con la participación política del Partido Socialista en la provincia de Córdoba durante la primera mitad del siglo XX.

PONS, EmilseEs Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Magister en Partidos Políticos por el

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Centro de Estudios Avanzados y Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del programa de investigación Historia Política de Córdoba que dirige Cé-sar Tcach, en el Área de Historia y Política Contemporánea del CEA. Ha sido becaria del CONICET y sus estudios se centran en el análisis de los movimientos opositores y de los partidos políticos durante regímenes autoritarios, específica-mente sobre el período de la “Revolución Argentina” (1966-1973) en Córdoba.

RIVAROLA, Edgardo JulioEs Profesor de Historia y Magister en Partidos Políticos por la Universidad Nacional de Córdoba. Integra el Programa de Historia Política de Córdoba que dirige César Tcach en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias So-ciales de la UNC. Especialista en historia de Villa del Rosario; en la actualidad, se desempeña como docente en la Universi-dad Nacional de Villa María. En sus trabajos, aborda las for-mas de hacer política en la historia reciente, poniendo énfasis en el tema de las redes políticas de intercambio.

TCACH, CésarEs Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid (1984) y Doctor en His-toria por la Universidad Nacional de Córdoba (1989). Es In-vestigador Principal del CONICET y profesor Titular Plena-rio de la UNC. Director de la Maestría en Partidos Políticos de Centro de Estudios Avanzados y coordinador académico del área de Historia y Política del Doctorado en Estudios So-ciales de América Latina de la Facultad de Ciencias Socia-les de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige desde el año 2010 el Programa de Historia Política de Córdoba de la UNC. Cuenta con numerosos libros y artículos publicados en Argentina y el exterior.