LOS CONSEJEROS DEL PRINCIPE. Saber técnico y política en los procesos dereforma económica en América Latina.

Antonio Camou

...las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, aquellos que se consideran exentos de cualquier influencia intelectual, usualmente son esclavos del pensamiento de algún economista difunto.

John Maynard Keynes, Teoría General del Empleo, el Interés y la Moneda, 1936, cap. 24, parág. V.

Hasta donde nos alcanza la vista y la memoria histórica, todos los Príncipes tuvieron sus escribas y sus consejeros. Cuando en las primeras décadas de este siglo Max Weber reseñó el papel que jugaba el estamento de los literatos en la China milenaria, no tuvo más remedio que reconocer que su origen "está sumido para nosotros en la oscuridad"1. Del mismo modo, tan antiguo como su linaje son algunas de las típicas funciones que en todo tiempo y lugar han cumplido esos personaje encargados de "crear, distribuir y aplicar ideas" en la solución de problemas sociales y políticos. También hay que remontarse muy atrás para encontrar los primeros argumentos que favorecieron el saber de los expertos por oposición a la indocumentada voluntad popular expresada en el mero número, ese "abuso de la estadística" -al decir de Borges- que es toda democracia.

Desde los días de la Grecia clásica nos hemos acostumbrado a oír por boca de Sócrates, o del personaje platónico que fue Sócrates, la idea de oponer "continuamente la postura razonable de confiarse al conocimiento del experto frente a la costumbre irracional de seguir a la mayoría"2. Por aquello de que "el juicio correcto se basa en el conocimiento y no en el número"3, una cuestión crucial que desveló a los filósofos atenienses era la de determinar la mejor forma de gobierno de la república ideal, una república que sólo habría de ser rectamente gobernada por un "rey-filósofo".

Claro que tan añejas como las pretensiones de los hombres de ideas -sabios o filósofos, científicos o tecnócratas- por gobernar la pólis de acuerdo con lo que se supone es la recta razón de su tiempo (de la filosofía, la ética o la economía neoclásica), son los estrepitosos fracasos de muchos de ellos para lidiar con los demonios tercos de la política. El mismo Platón se convenció en carne propia, después de sus descaminados intentos por instruir a un díscolo monarca de Siracusa, que no es tan fácil llevar a la práctica los ideales pergeñados por los filósofos. En principio porque la lógica y las urgencias que guían el quehacer del político raramente se compadecen con el devaneo meditativo y el cultivado jardín de las dudas en que vive todo hombre de pensamiento: "un príncipe -ha dicho el emperador Adriano imaginado por Marguerite Yourcenar- carece de la latitud que se ofrece al filósofo, no puede permitirse diferir en demasiadas cosas a la vez"; otro poco por la sinuosa desconfianza del político a los dictados de la lejana teoría: "temía no ver en mí -

1    ? Cfr. Ensayos sobre Sociología de la Religión (1920), Madrid, Taurus, 1984, Parte III, capítulo V, pp. 389 y ss.

2    ? David J. Melling, Introducción a Platón (1987), Madrid, Alianza, 1991, p. 38.

3    ? Cfr. Platón, Laques, 184 d.

dice Platón de Dión de Siracusa- otra cosa que no fueran sino palabras, un hombre que nunca pondría voluntariamente sus manos en una tarea concreta"4; pero también hay razones más profundamente arraigadas en la matriz de constitución histórica que da origen a la crítica ilustrada de la política: si en buena medida la figura ideal-típica heredada del intelectual se configura como la de un "antagonista del poder" guíado por una inmaculada "ética de la convicción", la imagen especular que se construye desde la política es la del intelectual como alguien que "pretende hacer política contra la política", un estilo de intervención pública que acostumbra ampararse en la crítica para eludir el compromiso con las siempre desagradables consecuencias de toda operación sobre el mundo real5.

En esta larga historia de encuentros y desencuentros entre el mundo del saber y la política las sociedades modernas le fueron incorporando sus propias características, y también sus propias tensiones. Entre las más destacadas, como ha señalado Lewis A. Coser, hay que anotar el hecho de que el vasto proceso de burocratización de la vida social ha llevado a que la "productividad cultural -que alguna vez pudo haber sido asunto de artesanías- se racionaliza de manera que la producción de ideas se parece, en los aspectos principales, a la producción de otros bienes económicos". Paralelamente, el lugar que detentaba el literato y el intelectual de tipo "generalista" es paulatinamente ocupado por el "experto", dotado de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de orientarlo a la solución de problemas concretos de elaboración de políticas6. En el mismo sentido, la vinculación entre los especialistas y la política se opera cada vez más al interior de redes de asuntos (issue networks) que conectan agencias de gobierno, tanques de pensamiento, centros de investigación, fundaciones privadas, organismos multilaterales, empresas patrocinadoras de proyectos, y otras organizaciones complejas, que dejan poco espacio a la figura -tal parece que declinante- del intelectual "independiente"7.

Así presentada, la discusión entre saberes y política no es nueva, aunque comienza a tomar su perfil contemporáneo en el período que arranca con la segunda posguerra, en el caso de los países centrales, y con el auge desarrollista y modernizador de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta en buena parte de América Latina. En ese contínuo temporal, que corre parejo con la mayor complejización y diferenciación de las estructuras burocráticas gubernamentales, y con la creciente profesionalización y organización académica de las ciencias sociales en el subcontinente, parece claro que el proceso de elaboración y puesta en práctica de políticas económicas ha experimentado en los últimos años un cambio significativo en lo que respecta a la influencia de la dinámica institucional de las ideas y los saberes especializados, tanto sobre el "contenido" de las reformas como en lo que respecta a la "forma" de intervención de nuevos actores y organizaciones. En particular, un conjunto de personajes especializados en la creación, distribución y aplicación del saber a las cuestiones de políticas, "analistas simbólicos" o

4    ? Carta VII, 328 c.

5    ? Cfr. las posiciones de Reinhard Koselleck, Sheldon Wolin y Hannah Arendt a partir del análisis de Nora Rabotnikof, "Max Weber: el sentido de la ciencia y la tarea de los intelectuales", en Laura Baca Olamendi e Isidro H. Cisneros, Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX, México, Triana Editores & FLACSO, 1997.

6    ? Cfr. Lewis A. Coser, Hombres de Ideas. El punto de vista de un sociólogo (1965), México, FCE, 1968, p.284. El subrayado es mío.

7    ? Un trabajo clásico sobre las "issue networks" es el de Hugh Heclo, "Las redes de asuntos y el poder ejecutivo" (1978), en Luis F. Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Porrúa, 1992, Tomo 2 de la Antología de Políticas Públicas, pp. 257-284. Sobre la declinación del intelectual generalista puede consultarse Daniel Bell, "Las guerras culturales en USA (1965-1990), Claves de Razón Práctica, N 32 y 33, mayo y junio de 1993.

"tecnopolíticos" según diferentes denominaciones8, han comenzado a cumplir una función estratégica en la orientación política de las sociedades latinoamericanas9.

En términos generales, y desde un punto de vista disciplinar, cuando pensamos en el vinculación entre saber técnico y saber político se nos aparecen tres grandes líneas de trabajo, que si bien están estrechamente relacionadas guardan cierto grado de autarquía una respecto de la otra. En primer lugar, se nos presenta una línea de trabajo que podríamos llamar de corte epistemológico, centrada en el examen de los parecidos y las diferencias entre el saber del científico y el saber del político, en las direcciones de causalidad cruzada entre ambos mundos, e incluso en el tipo de formación de sus portadores (o agentes). Las dos conferencias del invierno revolucionario de 1919 pronunciadas por Max Weber, que han sido recogidas bajo el título de El Político y el Científico, ilustran claramente este tipo de reflexión. Una segunda línea, de raíz sociológica, analiza a los intelectuales como categoría social, sus diversas tipologías, su formas de socialización y formación profesional, y los espacios institucionales de su actuación, tanto en el sector privado como público. Los trabajos clásicos de Talcott Parsons, Robert K. Merton o del ya citado Lewis A. Coser, entre muchos otros, ejemplifican esta tendencia. Finalmente, una tercera corriente, cercana a la anterior pero de orientación más claramente politológica, estudia el papel de los intelectuales expertos y los saberes especializados en la dinámica política en general y en el proceso de elaboración de políticas públicas en particular. Aunque desde perspectivas dispares, los nombres de Alexis de Tocqueville y Antonio Gramsci merecen figurar entre los lejanos pioneros de esta vertiente.

En las breves notas que siguen quisiera presentar algunos rasgos sobresalientes de esta última estrategia de investigación, tal como ha emergido renovada en los últimos años, para presentar después, si no conclusiones, al menos algunas conjeturas para la discusión tomando unos pocos ejemplos del caso argentino.

¿EL REGRESO DE LAS IDEAS AL PRIMER PLANO?

No es una curiosidad menor el hecho de que buena parte de los científicos sociales -quienes se supone que invierten una porción importante de su tiempo en producir y discutir ideas- le otorguen a las mismas un escaso papel explicativo en la dinámica de los hechos sociales y políticos. Más proclives a creer en la influencia de las estructuras económicas y/o de las elecciones estratégicas basadas en el cálculo de autointerés, el rol de las ideas en la explicación del cambio social ha ocupado un lugar marginal, cuando no sospechado de insanable ingenuidad. La paradoja se hace más desconcertante aún si pensamos que los economistas -quienes fundamentan sus modelos analíticos en las motivaciones últimas de los individuos basadas en el propio interés- le dan a las ideas económicas una importancia mucho más significativa que otros profesionales de las ciencias sociales. La insistencia -de Keynes a Friedman, de Hayek a Krugmann- en que las buenas ideas favorecen la conformación de "diagnósticos adecuados" y de "políticas

8    ? "Analistas simbólicos" es una expresión acuñada por Robert B. Reich, la cual hace referencia a las actividades de "negociación estratégica, identificación y resolución de problemas" y que abarca a todos aquellos que "identifican, resuelven y manejan problemas mediante la manipulación de símbolos" (economistas, técnicos, investigadores científicos, juristas, etc.). Cfr. The Work of Nations, New York, Alfred A. Knopf, 1991, esp. cap. 14. Más recientemente, Richard Feinberg y John Williamson han popularizado el término de "tecnopolíticos" (technopols), el cual ha sido recogido también por el trabajo de Jorge Domínguez (Technopols. Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s, Penn State Press, 1997) para referirse al grupo de técnicos/políticos que llevaron adelante las tareas de la reforma económica. En buena medida, podría decirse que los tecnopolíticos son un subconjunto específico dentro del mundo más amplio formado por los "analistas simbólicos" o los intelectuales-expertos.

9    ? Un tratamiento detallado de estos asuntos con referencia a un caso particular los he desarrollado en De Cómo las Ideas Tienen Consecuencias. Analistas simbólicos y usinas de pensamiento en la elaboración de la política económica argentina (1983-1995), Tesis de Doctorado, FLACSO-México, 1997.

correctas" es un núcleo duro constitutivo de la disciplina económica que los sociólogos y politólogos -salvo unas pocas excepciones dignas de mención- tienden a mirar con cierto recelo. Afortunadamente para nuestra mejor comprensión del cambio económico, político y social, esta situación ha empezado a cambiar en los últimos años. En tal sentido, un creciente cuerpo de investigaciones han destacado el papel explicativo de las ideas y los saberes especializados en el proceso de elaboración de políticas, proponiendo esquemas analíticos renovadores y estudios empíricos originales10.

La especial atención que hoy se le ha comenzado a asignar a la dinámica institucional de las ideas contrasta agudamente con el lugar secundario que la sociología y la ciencia política le venían otorgando durante las últimas décadas. Tradicionalmente los estudios de élites se concentraban en aquellos grupos que visiblemente eran responsables "directos" de la toma de decisiones, por tal razón era usual que los trabajos iniciales que abrieron camino a esta perspectiva se concentraran en el estudio del "triángulo de poder" formado por las élites militares, económicas y políticas, y que dejaran en un segundo plano a todos aquellos que encargados de producir y aplicar conocimientos. Otra de las razones que explica ese desplazamiento a un cono de sombras de quienes la literatura bautizaría después como "analistas simbólicos" se refiere a la persistente dificultad para apresar mediante categorías operacionalizables el mundo elusivo conformado por los intelectuales. A diferencia de los tomadores de decisiones que ocupan posiciones institucionalizadas en organizaciones específicas, los intelectuales han sido definidos como "todos aquellos que crean, distribuyen y aplican cultura, es decir, el mundo simbólico del hombre, incluyendo el arte, la ciencia y la religión"11, y en este universo no es tarea fácil, nunca lo ha sido, ofrecer una imagen consistente. Pero de manera más fundamental, los fenómenos de producción, distribución y aplicación de saberes y destrezas intelectuales aparecían como subordinados a los "núcleos duros" de la dinámica de toda sociedad, conformada básicamente por las cuestiones centradas en la economía y la política. En este punto es sintomático que los sociólogos que se ocuparon de examinar el papel de los intelectuales y técnicos en la sociedad y el Estado, coincidieran en asignarles un papel claramente subalterno con respecto al tomador de decisiones; un papel que en muchos casos partía de la propia autopercepción de los especialistas acerca de las funciones que podían cumplir dentro del aparato de gobierno. Como señalara Robert K. Merton en torno al rol de los intelectuales en la burocracia pública norteamericana de la segunda posguerra: "el político señala las metas (los fines, los objetivos), y los técnicos, a

10    ? Sin la pretensión de ser exhaustivo, podríamos hablar de cinco vertientes de investigación dentro de este remozado regreso de las ideas. En primer lugar, desde una perspectiva "estado-céntrica", se destacan trabajos como los de Margaret Weir y Theda Skocpol, "Las estructuras del estado: una respuesta 'keynesiana' a la Gran Depresión" (1985), Zona Abierta, 63/64, 1993. En segundo término, desde el extremo opuesto de las versiones "socio-céntricas", nos encontramos con los análisis de Peter Gourevitch, Políticas Estratégicas en Tiempos Difíciles. Respuestas comparativas a las crisis económicas internacionales (1986), México, FCE, 1993. Una tercera variante la ofrecen las distintas contribuciones de los autores que podemos llamar "neoinstitucionalistas", tales como Kathryn Sikkink, Judith Goldstein, Robert O. Keohane o Jeff Checkel, entre los que destacaría el sugerente libro de Peter A. Hall (ed.) The Political Power of Economic Ideas. Keynesianism across Nations, New Jersey, Princeton University Press, 1989. En cuarto lugar, podemos incluir a los animadores del "giro argumentativo" en el estudio de las políticas públicas, tal el caso de John W. kingdon en su artículo "Agendas, Ideas, and Policy Changes", en Lawrence Dodd y Calvin Jillson (eds.), New Perspectives on American Politics, Washington, Congressional Quarterly, 1994. Finalmente, una variación de lo anterior se encontrará en los estudiosos de las llamadas "comunidades epistémicas" como Peter M. Haas (ed.), "Knowledge, Power, and International Policy Coordination", International Organization, Winter 1992, vol. 46, N 1.

11    ? Tal es la definición clásica de Seymour Martin Lipset en El Hombre Político. Las bases sociales de la política (1960), BsAs Eudeba, 1977, cap. X, p.298. Lipset realiza una distinción funcional que tuvo larga heredad; es la que distingue entre los intelectuales "creadores" de bienes simbólicos (en general, artistas, filósofos, escritores, etc), aquellos que son "distribuidores" de esos bienes (tales como los maestros, críticos de arte, periodistas, etc), y los que "aplican la cultura como parte de sus tareas profesionales" (médicos, abogados, ingenieros, etc.).

base de conocimiento especializados, indican diferentes medios para llegar a esos fines"12. Esta "fórmula", preanunciada por el análisis clásico de Max Weber, ha sido en buena medida la imagen dominante de la relación entre conocimiento y política, al menos hasta estos últimos tiempos, en el que han empezado a emerger como figuras relevantes los "tecnócratas" y "tecnopolíticos" en el renovado escenario social y político de nuestra época.

En efecto, en los últimos años hemos asistido tanto a una importante transformación de la dinámica de los procesos de produción, circulación y aplicación de conocimientos, y con ello a una redefinición del papel del intelectual-experto, como de una revisión del proceso de elaboración de políticas. Como lo han resumido José Joaquín Brunner y otros autores, en las contemporáneas sociedades del saber "parece haber llegado el momento en que el conocimiento deja de ser el dominio exclusivo de los intelectuales y sus herederos más especializados -investigadores y tecnócratas- para convertirse en un medio común a través del cual las sociedades se organizan, se adaptan y cambian"13. Esta nueva realidad ha venido induciendo, a su vez, "una verdadera revolución dentro del ámbito de las ciencias sociales, cuya conexión con los procesos de decisión y de interacción que tienen lugar en la sociedad aumenta exponencialmente"14. De este modo,

...en un mundo cuyas estructuras y apariencias están representadas por estrictos mapas de conocimientos: la pobreza es cuantificada rigurosamente, los movimientos de la opinión pública son medidos por las encuestas, a cada momento empleamos estadísticas sociales y los propios problemas de la sociedad existen una vez que son identificados por la investigación... se desconfía de las soluciones puramente ideológicas y se insiste en la necesidad de otorgarles un fundamento técnico. Cada vez más, la política se apoya en el saber experto, y algo similar ocurre con los ministerios, el Parlamento, los partidos, los sindicatos y los medios de comunicación15.

Ciertamente, ninguno de los autores incluidos dentro de este "regreso" de las creencias y los saberes al primer plano argumenta que las ideas son factores "determinantes" en el proceso político; más bien, asumen desde un principio que las explicaciones fundadas en la dinámica institucional de las ideas y los saberes expertos "complementa" otro tipo de explicaciones basadas en el cálculo de autointerés de los actores y/o en condicionamientos estructurales (económicos, políticos, culturales, etc.) que operan como restricciones y oportunidades a las decisiones de los agentes. Como hace ya casi ochenta años señalara Max Weber en un pasaje de la Sociología de la Religión, es claro que son los intereses materiales los que dominan inmediatamente la acción de las personas y las sociedades, pero esos intereses discurren por los "rieles" que le trazan las ideas, y es precisamente éste problema, el de la constitución e influencia de los "rieles", el que se ha vuelto a poner en el primer plano en los últimos años.

Hasta donde puede verse, este revitalizado interés por la influencia social y política de las ideas ha surgido de dos rechazos y de un reconocimiento. Por un lado, es fruto de la recusación hacia los variados determinismos estructurales, que condenaban a las ideas a

12    ? Cfr. "El papel del intelectual en la burocracia pública", publicado como capítulo IX de su Teoría y Estructura Sociales (1949, 1957, 1968), México FCE, 1987, p.293.

13    ? La cita de Brunner es de José Joaquín Brunner & Guillermo Sunkel, Conocimiento, sociedad y política, Santiago, FLACSO, 1993, p. 15. Este libro forma parte de una serie de trabajos que recogen los resultados del "Programa sobre Utilización del Conocimiento Producido por la Investigación Social", llevado a cabo en FLACSO-Chile entre 1989-1991.

14    ? Cfr. José Joaquín Brunner et al., Paradigmas de conocimiento y práctica social en Chile, Santiago, FLACSO, 1993, p.12.

15    ? Ibidem, p.9 (el subrayado es mío).

habitar en el devaluado mundo de las superestructuras y los reflejos; por otro, es también hijo del rechazo a las pretenciones "imperialistas", hoy en retroceso, del paradigma económico de la elección racional aplicado a estudiar la sociedad o la política, que suele dar por supuesto que tenemos una especie de acceso inmediato a los intereses de los actores. El reconocimiento es algo más indirecto pero no menos importante: fue gracias a la forma en que alcanzaron el poder Ronald Reagan y Margaret Thatcher, montados sobre una oleada intelectual de derecha impulsada por un puñado de estratégicos "tanques de pensamiento", que las ideas regresaron como objeto de investigación, haciéndose evidente la pertinencia de un viejo adagio según el cual "las ideas tienen consecuencias"16. En tal sentido, no es casual que muchos de los principales autores que pueden ser englobados en este nuevo enfoque de la dinámica institucional de las ideas (o de la dinámica ideacional de las instituciones) sean ingleses o americanos, y hayan sido influidos, o impactados, por la incidencia de la "guerra de las ideas" que comenzó a darse en los países centrales desde mediados de los años setenta.

Entre los rasgos distintivos de este movimiento hay dos o tres que merecen ser destacados. En primer lugar, los autores antes citados no estudian las "ideas políticas", sino más bien analizan las "ideas en las políticas", esto es, en los cursos de acción concretos encarados por los gobiernos (en las 'policies' para decirlo a la americana), prestando especial atención al análisis de la estructura, naturaleza y dinámica estatal. De este modo, las elaboraciones conceptuales de esta corriente se ubican en un registro de "alcance medio", como hubiera dicho Robert Merton, entre los sistemas generales de creencias y las creencias personales de los actores individuales, formando racimos o conjuntos más acotados de creencias que toman la forma de saberes institucionalmente producidos y objetivamente materializados en libros o en informes técnicos, en discursos políticos o en documentos partidarios, y que orientan las acciones políticas concretas de los tomadores de decisiones. Como ha señalado Miles Kahler, "ideas" o "conocimientos" económicos pueden resultar nociones vagas a la hora de definir los sujetos a que se aplican, por tal razón cuando hablemos de dichas ideas habrá que referirlas más específicamente a "modelos de realidad económica (cómo trabaja el mundo) y a las recomendaciones que fluyen de esos modelos (qué deben hacer los diseñadores de políticas)"17. En segundo lugar, estos autores comparten una aguda sensibilidad hacia las normas y reglas sociales que operan en contextos específicos de acción; en un sentido amplio pero defendible de la palabra, son partidarios del revival "neoinstitucionalista", al otorgarle un papel explicativo central al hecho de que las ideas se corporeizan (utilizan profusamente la metáfora de la "embeddedness" de las ideas) en las instituciones.

Finalmente, otro rasgo característico se refiere al papel de las ideas como guías o puntos focales en la estructuración de la acción. Lejos de adscribir a vagas determinaciones "estructurales", como el viejo marxismo o el estructural funcionalismo parsoniano, pero saturados también de centrar reductivamente el análisis sociopolítico en las acciones de actores individuales guiados por el afán de maximizar su autointerés, los estudios mencionados ubican a las ideas y los saberes en un rol de mediación entre intereses -no siempre claros- en conflicto. Puesto que "existe una considerable ambigüedad acerca de la realidad económica, ha dicho Peter Gourevitch, la ambigüedad permite hacer diversas interpretaciones"; y en tal sentido la "ideología económica también puede decidir los cálculos políticos, al influir sobre las interpretaciones de quiénes son los actores, de qué desean y de lo que harán: hasta el punto en que es incierta la realidad económica -lo que en

16    ? Este punto es especialmente señalado por James A. Smith, "Think tanks and the politics of ideas", en David C. Colander & A. W. Coats, The Spread of Economic Ideas, Cambridge University Press, 1989, cap. 15, pp. 175-194.

17    ? Cfr. su excelente trabajo "La ortodoxia y sus alternativas: explicación de las aproximaciones a la estabilización y el ajuste", en Joan M. Nelson (edit.), Crisis Económica y Políticas de Ajuste (Princeton University Press, 1990), Bogotá, Norma, 1994.

la vida real ocurre casi siempre- los elementos cognoscitivos afectan la toma de decisiones"18.

LA REFORMA ECONOMICA EN AMERICA LATINA Y MAS ALLA

Hacia mediados de 1989 el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, solía recordar que "allí donde mi predecesor, Jacques de Larosiére, empleaba todo su tiempo en persuadir a los Ministros (de Economía latinoamericanos) acerca de lo que había que hacer, yo he encontrado que ahora son ellos mismos quienes quieren hacer lo que hay que hacer"19.

Al margen de resaltar un asunto básico en toda decisión política compleja (hay que saber lo que hay que hacer, hay que querer hacerlo, y naturalmente, hay que poder llevarlo adelante), las declaraciones de Camdessus también testimonian un hecho insoslayable: entre mediados y finales de la década de los '80, en el marco de severas restricciones internacionales y a la vuelta de reiterados e insatisfactorios rendimientos económicos, las élites gobernantes de América Latina fueron alcanzando un creciente consenso acerca de la necesidad de llevar adelante un conjunto más o menos homogéneo de políticas económicas.

Cierto es que ese consenso no fue nunca un bloque monolítico de opiniones unificadas, y que estuvo lejos de ser solamente un versallesco intercambio de argumentos y de demostraciones técnicas, abstraídas de situaciones concretas de poder y de reacomodos en función de interes materiales contantes y sonantes; pero vale la pena destacar que ese consenso fue también el resultado de un intenso proceso de intercambio de ideas y de visiones sobre los problemas a enfrentar y los posibles cursos de acción para resolverlos.

Asimismo, es claro que ni el FMI, el Banco Mundial, los acreedores externos, la Reserva Federal americana u otros actores del drama de las reformas tuvieron claro desde un principio "lo que había que hacer", y que posteriormente, en el lento y sinuoso proceso de persuasión de los tercos policymakers vernáculos, los organismos multilaterales de crédito tuvieron un destacado papel al condicionar financieramente el "convencimiento" de los encargados de tomar las decisiones políticas en favor del llamado ajuste estructural. Pero en cualquier caso, la emergencia de un diagnóstico autónomo, conformado al interior de los gobiernos, y que fuera especialmente promovido por grupos de especialistas y técnicos incorporados a la función pública, tuvo un papel altamente significativo como factor motorizador de las reformas.

En la conformación de ese diagnóstico endógeno se ha resaltado el papel estratégico que tuvieron un conjunto de intelectuales-expertos agrupados en organizaciones orientadas a la investigación y a la producción de saberes especializados, y vinculados mediante un denso entramado de relaciones personales, profesionales y políticas con diversas fuentes de poder, tanto locales como transnacionales. Este grupo de técnicos y especialistas fueron, a la vez, promotores de nuevas ideas para tratar con la dura realidad económica que les tocó en suerte enfrentar a sus gobiernos (pensemos en los planes económicos "heterodoxos"), e intermediarios (o mediadores) entre las visiones e intereses de complicadas redes de asuntos integradas por políticos, funcionarios de organismos multilaterales, empresarios, operadores financieros y otros actores -formales e

18    ? Cfr. Op Cit., p.72.

19    ? Michel Camdessus, Washington DC, Junio de 1989. Citado por John Williamson, The Progress of Policy Reform in Latin America, Washington DC, Institute for International Economics, N 28, January 1990, p.1. El paréntesis es mío.

informales- del proceso de reformas económicas encaradas desde los inicios de la década del ochenta.

En este marco general de transformaciones, tanto de los "contenidos" de las políticas económicas como de la "forma" de su elaboración, es posible presentar algunas hipótesis para la discusión a la luz de los enfoques de la dinámica institucional de las ideas.

a) SABER TECNICO Y POLITICA EN LOS PROCESOS DE REFORMA ECONOMICA. La literatura comparativa sobre la reforma económica en América Latina -orientada a esclarecer los factores políticos que han condicionado dichos procesos de reforma- estuvo inicialmente centrada en el papel de macrovariables tales como el "tipo de régimen" (autoritarismo o democracia), para posteriormente evolucionar hacia una consideración más desagregada de los factores políticos e institucionales que mayor incidencia tuvieron en el proceso de ajuste y reestructuración económica (capacidades institucionales del estado, liderazgo político autonomizado de grupos de poder, etc). En este esquema el papel de la dinámica institucional de las ideas y los saberes especializados apareció por largo tiempo desdibujado.

Este desplazamiento de las ideas a un lugar secundario ha dependido de dos premisas que estudios posteriores consideraron inadecuadas. En primer lugar, el grueso de la literatura mencionada da por sentado la conformación de un diagnóstico económico, y a partir de allí examina la dinámica y los condicionantes políticos de los programas de ajuste; de este modo, se le otorgó un espacio reducido al examen de la elaboración (y de las reelaboraciones) del diagnóstico mismo y a la configuración simbólica de los alegatos políticos capaces de movilizar -u obstaculizar- los recursos de poder necesarios para llevar adelante las reformas. En segundo término, muchos de esos trabajos han reiterado un viejo lugar común, hoy desestimado por el análisis de políticas públicas, en el sentido de suponer una distinción "fuerte" entre el establecimiento de objetivos políticos y la elaboración técnica de los planes y programas económicos, quizá repitiendo sin querer la antigua distinción entre "política" y "administración".

Por el contrario, el examen detenido de la evolución de las políticas económicas en América Latina de la última década y media ha documentado la existencia de diferentes y cambiantes diagnósticos económicos, y con ello ha comenzado a impugnar cualquier trivialización de una "receta" económica predeterminada. Asimismo, hoy por hoy parece claro que no es posible establecer ninguna distinción tajante entre cuestiones "técnicas" y cuestiones "políticas" en el proceso de elaboración de políticas públicas. De este modo, un examen riguroso de los procesos de reforma económica debe esclarecer los diferentes cursos de políticas propuestos, algunos de los cuales se tomaron y otros no, sopesar los argumentos en pugna en el marco de cambiantes dinámicas de interés, y evaluar el papel de algunos actores o grupos que impulsaron diferentes soluciones "técnicas" a problemas económicos puntuales. En ese marco de preocupaciones, resulta poco auspicioso preguntarse por los intereses que "en última instancia" se movían "por debajo" de las alternativas "técnicas", y que en definitiva explicarían que se haya adoptado una medida económica y no otra. Los estudios sobre la dinámica institucional de los saberes especializados han comenzado a poner de manifiesto que en el proceso de elaboración de políticas públicas en las sociedades complejas toda cuestión "técnica" importante conlleva -constitutivamente unida a ella- cuestiones de "política"; y parejamente, cualquier cuestión "política" relevante (o donde converjan intereses de alguna entidad) implica la resolución de importantes cuestiones "técnicas". De este modo, cuestiones "técnicas" y cuestiones "políticas" son como dos puntas de un mismo ovillo. Se puede entrar al ovillo por una punta o por la otra, se puede, también, estipular de manera más menos pragmática una zona de "demarcación" -siempre arbitararia por cierto- entre ambos extremos de hilo, pero en todo caso, las dos puntas están indisolublemente unidas, y en el medio está siempre un complicado entramado de ideas e intereses, creencias técnicas y evaluaciones políticas, que el análisis tiene que tratar de desentrañar. Como lo señaló hace muchos años años

Friedrich von Hayek, revisando una vez más la tan llevada y traída cuestión de fines supuestamente "políticos" y medios técnicos supuestamente "neutrales"20,

...los fines de un plan económico, o de cualquiera de sus partes, no pueden definirse separados del plan particular. Pertenece a la esencia del problema que la confección de un plan económico envuelve la elección entre fines en conflicto o competitivos: las diferentes necesidades de las diferentes personas. Pero cuáles fines, de los que están en conflicto, deberán sacrificarse si deseamos obtener otros, o, en resumen, cuáles son las alternativas entre las que hemos de elegir, sólo pueden saberlo quienes conozcan todos los hechos; y sólo ellos, los técnicos, están en situación de decidir a cuáles de los diferentes fines ha de darse preferencia. Es inevitable que ellos impongan su escala de preferencias a la comunidad para la que planifican21

b) LAS REDES DE EXPERTISE, ANTES Y AHORA. En líneas generales, el patrón de reclutamiento de economistas profesionales a los gobiernos latinoamericanos -sobre todo al nivel de lo que hoy llamaríamos la "gerencia media"- ha seguido cauces similares a los observados en los países centrales, tal como fuera constatado en los ya citados trabajos pioneros de Robert K. Merton y Lewis A. Coser. De acuerdo con esto, a partir de la segunda posguerra se observa una sistemática incorporación de especialistas y técnicos salidos de las universidades a diferentes estratos de la burocracia pública; fenómeno éste vinculado tanto a la mayor complejización y diferenciación de las estructuras burocráticas, que demandaban nuevos y más capacitados profesionales, como a la mayor y mejor oferta académica y profesional de las Universidades, en particular en lo que se refiere a las ciencias sociales. En este sentido, la incorporación de especialistas y técnicos al seno de la burocracia estatal constituye una tendencia de largo plazo. Pero cuando comparamos esas experiencias con las registradas a lo largo de la década de los años '80 encontramos algunas diferencias dignas de mención.

En primer lugar, sobre un horizonte de creciente profesionalización de los cuadros económicos que se han venido incorporando a la función pública, se destaca una significativa "autonomía relativa" del entramado institucional formado por las fundaciones, centros de investigación, tanques de pensamiento y consultoras especializadas que elaboran sus diagnósticos y recomendaciones de políticas. Contrariamente a ciertos enfoques reduccionistas, es muy difícil sostener una causalidad lineal que va de los "intereses" de los actores (empresarios u organismos multilaterales, por caso) a las decisiones de políticas públicas, y lo que más bien encontramos es la mediación de estos circuitos de expertise que, a la vez que contribuyen a configurar esos propios intereses, también inciden sobre las políticas estatales a fin de disciplinar a los agentes económicos y al propio Estado de acuerdo con patrones de análisis y evaluación derivados de modelos y teorías económicas. Dicho gráficamente, estos analistas simbólicos, y sus organizaciones, están lejos de ser "intelectuales orgánicos" en ningún sentido reconocible de la palabra.

En segundo lugar, resalta también el carácter semipúblico (o semi-privado) de estas organizaciones, generalmente constituidas como entidades civiles sin fines de lucro, y sostenidas por una amplia gama de fuentes de financiamiento, que incluye a empresas con intereses económicos diferenciales, fundaciones internacionales, y hasta el propio Estado nacional, quien les encarga trabajos de consultoría o asesoramiento. Este tipo de inserción social distingue a estas redes de expertos de otras configuraciones institucionales similares habidas en el pasado; así, se distinguen de los casos de asesoría externa que el gobierno norteamericano ejerciera en las décadas del '30 al '40 (tales como las "misiones" Niemeyer o Kamerer); de los estudios y asesoramientos ofrecidos por organismos del sistema de

20    ? Una discusión que desde otra perspectiva ha sido un leit motiv de la Teoría Crítica frankfurtiana.

21    ? Cfr. Friedrich A. von Hayek, Camino de Servidumbre (1943), Costa Rica, Libro Libre, 1989, p.79.

Naciones Unidas, tales como las colaboraciones del personal técnico de CEPAL, especialmente relevante entre mediados de los años '50 y mediados de los '60; y tampoco debe confundirse con los esquemas de "condicionalidad" ejercida por el Banco Mundial (o incluso del propio FMI), ligada a los préstamos para reformas estructurales que comenzaron a tener especial relevancia desde mediados de la década de 1980. Asimismo, el carácter no gubernamental de buena parte de estas organizaciones las separa de los contingentes de técnicos y economistas profesionales que elaboran políticas desde el interior de las agencias estatales, tal como fue especialmente destacado durante el período "desarrollista"22.

En tercer lugar, y no por ello menos importante, se destaca el hecho de que -de manera creciente- la gestión directa de los asuntos económicos en América Latina ha sido encomendada a técnicos sin credenciales partidarias, pero con reconocidas antecedentes profesionales. Si en experiencias gubernamentales anteriores era usual que los economistas profesionales se incorporaran a funciones de asesoramiento, o en el mejor de los casos de gerencia "media" dentro del sector público, en los últimos años se observa un avance de los técnicos "apartidarios" a los más altos rangos de la toma de decisiones, e incluso se hace de esas credenciales un signo valorado políticamente como positivo. De hecho, este avance de los economistas apartidarios, vinculados en primera instancia a un conjunto reducido de redes de expertise, que acceden a los más altos niveles de decisión de la política económica se pone de manifiesto al examinar diversas experiencias latinoamericanas23. Para el caso argentino, por ejemplo, de los 13 ministros de economía que el país tuvo entre 1976 y 1996, solamente tres de ellos eran economistas "partidarios", dos de los cuales duraron en sus funciones escaso tiempo en la medida en que ocuparon sus cargos en turbulentos períodos de transición entre dos administraciones políticas24.

VER CUADRO DE LA PAGINA SIGUIENTE

22    ? Un análisis que destaca la naturaleza no gubernamental, independiente, o de pertenencia al así llamado "tercer sector" de la sociedad, de estas organizaciones dedicadas a la investigación, y en casos más específicos, al análisis y elaboración de propuestas de políticas, se encontrará en Daniel C. Levy, Building the Third Sector. Latin America's Private Research Centers and Nonprofit Development , University of Pittsburgh Press, 1996.

23    ? Este fenómeno ha sido destacado para el caso chileno en el sugerente trabajo de John Markoff & Verónica Montecinos, "El irresistible ascenso de los economistas", Desarrollo Económico, vol. 34, N 133, abril-junio de 1994. Para el caso mexicano puede consultarse el trabajo de Martín Puchet Anyul, "La economía durante los '80: notas para un debate sobre sus cambios analíticos y profesionales", Desarrollo Económico, vol. 33, N 129, Abril-Junio de 1993.

24    ? Además de Bernardo Grinspun, que duró un año en su cargo, los otros dos economistas radicales tuvieron un mandato efímero: Juan Carlos Pugliese, quien ya había sido Ministro de Economía durante la gestión del presidente Illia (1963-1966), estuvo 51 días a cargo de la cartera económica; mientras que Jesús Rodríguez, que lo reemplazó, duró los últimos 40 días del gobierno de Alfonsín.

Ministros de Economía (1976-1996)

Adscripsiones institucionales

José Alfredo Martínez de Hoz

Vicepresidente 2 de FIEL al momento de asumir como ministro.

Lorenzo Sigaut Vocal de la Comisión de Estudios de FIEL

Roberto T. Alemann Vocal del Consejo Directivo de FIEL

José María Dagnino Pastore

Primer Director de Investigaciones y luego Asesor de FIEL

Jorge Wehbe

Bernardo Grinspun Economista partidario (Partido Radical)

Juan V. Sourrouille Miembro del IDES Profesionalmente vinculado a CEPAL y al CEDES.

Juan C. Pugliese Economista partidario (Partido Radical)

Jesús Rodríguez Economista partidario (Partido Radical)

Miguel Roig Vocal del Consejo Directivo de FIEL.Directivo de Bunge y Born.

Néstor RapanelliVocal del Consejo Directivo de FIEL. Directivo de Bunge y Born.

Domingo F. Cavallo Director del IEERAL (FM)

Roque Fernández Director del CEMAFUENTE: Elaboración propia con base en información institucional.FIEL: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. IDES: Instituto de Desarrollo Económico y Social. CEDES: Centro de Estudios de Estado y Sociedad.IEERAL/FM: Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación MediterráneaCEMA: Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina

c) ¿LOS NUEVOS ARTICULADORES DE HEGEMONIA? En base a las consideraciones anteriores parece claro que estos "tecnopolíticos" vienen cumpliendo, dentro de las élites dirigentes, una importante función de amalgama, de producción de visiones y creencias congruentes, y más específicamente, de alegatos de políticas públicas que contribuyen a la formación de un conjunto de consensos básicos que aparece en el centro de todo paradigma de gobernabilidad hegemónico. De manera más concreta, la enredada trama institucional conformada por consultoras económicas especializadas, centros de investigación, "tanques de pensamiento" y fundaciones políticas han comenzado a constituir desde hace un tiempo a esta parte una dimensión fundamental e ineludible del proceso de elaboración de políticas públicas. En esos nuevos espacios institucionales se entretejen vinculaciones entre políticos, empresarios, académicos, consultores, funcionarios de organismos multilaterales e inversores externos, y se producen y hacen circular ideas e informaciones, indicadores de coyuntura y encuestas de opinión, análisis políticos y proyectos de ley, estudios de factibilidad y "tarjetas" ejecutivas en los que se trata de persuadir al Príncipe de turno de la necesidad de tomar un determinado rumbo de acción, se resume el sentido de una política, se argumenta en favor de una resolución ministerial, o se alega por un cambio en un régimen impositivo. Los destinatarios de esas ideas son los tomadores de decisiones que conforman las élites gobernantes del país, pero quienes producen esas ideas y saberes expertos, los "analistas simbólicos" en el lenguaje computadorizado de Robert Reich o la "élite letrada" en el reposado lenguaje decimonónico de Juan Bautista Alberdi, son ellos mismos y por derecho propio parte substantiva y fundamental de una nueva élite dirigente que desde los albores de las recuperaciones democráticas se han venido abriendo paso en la pirámide del poder.

Por diversos mecanismos -desde la común formación académica en universidades de prestigio hasta la dependencia profesional y económica de redes institucionales (separadas de las filiaciones partidarias orgánicas)- este circuito del expertise tiende a generar una visión análoga de los problemas y las soluciones políticas disponibles; contribuye asimismo a relativizar el desacuerdo y a evitar las posiciones cerradas en virtud de polarizaciones ideológicas; y favorece -al apelar al expediente autoritativo del saber especializado- la reducción de la complejidad de posibles soluciones políticas alternativas fincadas en el principio de la soberanía popular. En definitiva, la gran mayoría de los "analistas simbólicos" ligados al proceso de elaboración de políticas operan como catalizadores del consenso, o, si se prefiere usar otros términos, como formadores de hegemonía, y en última instancia como soportes substantivos de la gobernabilidad democrática de una sociedad. Como una especie de "partido transversal" recorren

diferentes formaciones políticas, y más allá de los cambios producidos por las elecciones, las orientaciones básicas de las políticas estratégicas se mantienen.

d) ¿POLITICA DE EXPERTOS O POLITICA DEMOCRATICA? Nacida del contractualismo de los siglos XVII y XVIII, de la economía política y de la filosofía utilitarista, la democracia decimonónica creyó siempre que las unidades últimas de la sociedad política eran los individuos (formalmente) libres e iguales, y que entre estos y el Estado ningún grupo, clase, etnia o corporación podía sobreponerse. No sin un dejo nostálgico, Norberto Bobbio ha llamado a esta lejana ilusión la incumplida promesa de la sociedad política de los individuos, o más precisamente, la promesa del gobierno de los ciudadanos. En tal sentido, la realidad de las democracias existentes nos muestra que cada vez más los grupos, las asociaciones o las corporaciones organizadas tienen una presencia mayor que la de los ciudadanos. Como lo ha reconocido Bobbio al examinar con sano realismo la dinámica de las sociedades complejas, "no son los individuos sino los grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática"25.

Esta constatación ha dado lugar a dos tipos de preocupaciones bastantes distintas. Por un lado, nos encontramos con la crítica "progresista" que señala la distorsión que los grupos "tecnocráticos" introducen en el proceso de deliberación democrática, tergiversando las preferencias populares con base en la calculabilidad técnica de las restriciciones y las factibilidades. Por otro lado, nos enfrentamos a la preocupación más conservadora que pone de manifiesto la "brecha" abierta entre la sobresimplificación del debate político y ciudadano en torno a cuestiones de alta complejidad vis á vis la necesaria sobrecomplejización del debate al interior de las redes de expertise. Sea cual fuere la posición que se tome en definitiva, esta doble brecha, de ida y vuelta, entre los intereses ciudadanos y el tipo de intervención que se acostumbra a llamar "tecnocrática", es una realidad que llegó para quedarse. Como consuelo final, a quienes estén interesados en la dinámica política de las políticas públicas tal vez no nos quede más remedio que reconocer, con Giandomenico Majone, que

... todas las batallas de reforma social se han combatido entre los conservadores, que exageran los límites de lo posible en las políticas públicas, y los progresistas, que los desestiman. Ayudar a los decisores y a la opinión pública a que eviten tanto la exageración como la subestimación precipitada de los límites es una de las contribuciones más útiles del análisis (político) a la deliberación pública26.

Que así sea.

/// "Los Consejeros del Príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina", en Carlos H. Acuña (comp..), Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, BsAs, Proyecto de Modernización del Estado, 2007. (Reedición del artículo originalmente publicado en Nueva Sociedad, Venezuela, Nro. 152, noviembre-diciembre de 1997. ISSN 0251-3552, pp. 54-67).

25    ? Norberto Bobbio, El Futuro de la Democracia (1984), México, FCE, 1986, p. 18.

26    ? Cfr. Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process, Yale University Press, 1989, p. 69-70.

LOS “JUEGOS” DE LA EVALUACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ARGENTINA. Notas sobre las interacciones conflictivas entre Estado y universidad.

Antonio Camou

1) PRESENTACION

Los hombres son todos buenos, pero si se los controla, son mejores...

Juan D. Perón

Según es fama, la universidad pública argentina arrastra viejos males y enfrenta también una serie de renovados desafíos. Entre los primeros, habría que recordar la carencia de un sistema articulado de educación superior, las miserias derivadas de un presupuesto escaso y mal asignado, o las lamentables consecuencias de la operatoria de redes clientelares y partidarias enquistadas en los espacios de decisión institucional. Entre los segundos, la problemática de la evaluación –sin ser el único punto de la agenda a considerar- tiene a mi juicio una posición estratégica: por un lado, porque es en el marco de procesos de autorreflexión crítica, de debate y de consenso de los propios actores del campo universitario donde pueden ser tematizados tanto las antiguas carencias como los nuevos retos; por otro, porque la evaluación es el nexo sistémico que conecta las necesidades y exigencias de la sociedad con el funcionamiento de las instituciones universitarias a través de la autoridad del Estado.

Aunque las cuestiones a considerar son muchas, en estas notas voy a prestar atención a una sola de las caras de los juegos de la evaluación, la que hace referencia a las respuestas estratégicas de los profesores-investigadores en los procesos de evaluación institucional, por lo que también deberemos dejar para otra ocasión el examen de otros aspectos importantes de la problemática evaluativa. En conjunto, analizaré los problemas de evaluación como parte de los desafíos de la regulación estatal, y trataré de mostrar en qué sentido los procesos de evaluación institucional son el eslabón más débil en la cadena de juegos de evaluación universitaria.

El trabajo ensaya una mirada centrada en la interfase conflictiva entre las políticas universitarias y su puesta en práctica en contextos institucionales específicos, prestando especial atención al modo como una serie de iniciativas, cuyos diseños y objetivos han sido establecidos a nivel del Estado nacional, son adoptadas, adaptadas y/o resistidas en el ámbito de instituciones concretas. Si en esta ocasión me concentro en analizar una cierta microfísica de los apoyos y las resistencias a las reformas, más que en estudiar el camino de retorno a las políticas estatales, esto no constituye un sesgo a favor de una lectura lineal del impacto de las políticas públicas; en todo caso, me interesa especialmente echar alguna luz sobre esa confusa zona donde se vinculan las políticas, las respuestas de los actores y los cambios institucionales27.

27 Antecedentes teóricos de un enfoque de “economía política” que analiza los lazos intrincados entre políticas, actores e instituciones se encontrarán –entre otros- en Peter Hall (1986), Peter Gourevitch (1986), Stephan Haggard y Robert Kaufman (1992 y 1995) o en Joan Nelson (1994). Para un análisis del “ensamblaje conflictivo” entre políticas universitarias e instituciones véase Acosta Silva (2000), los trabajos reunidos por Pedro Krotsch (2002), o las investigaciones de García de Fanelli (2005).

Para acercarnos a nuestro problema consideremos los siguientes ejemplos. Supongamos que Ud. es un buen ciudadano que paga sus impuestos y tarifas pero tiene dificultades con su servicio telefónico (o de gas, o de energía eléctrica, etc.), la compañía no le da respuestas, y Ud. desea quejarse para que le solucionen esas dificultades. En principio, el marco regulatorio existente le da intervención a un Ente regulador que tiene poder de actuar, incluso multando severamente a las empresas. Que esto se haga o no dependerá de muchas circunstancias, pero, en principio, el marco institucional (allí donde existe) lo permite. Supongamos ahora que Ud. padece problemas de inseguridad en su vecindario, y la Comisaría no los soluciona, e incluso los agrava; en este caso, podría aliarse con otros vecinos y elevar su queja a las autoridades. Aquí el asunto es más complicado porque en nuestro país la policía no depende directamente del Municipio (como en otros países), pero Ud. puede apelar a dos recursos: en primer lugar, seguir quejándose hasta que su demanda llegue a oídos de la máxima autoridad ejecutiva provincial, quien tiene facultades para intervenir, por ejemplo, removiendo al Comisario de su zona; y en segundo lugar, le queda una lejana herramienta en sus manos que es el voto: puede votar por aquellos partidos que le aseguren (si Ud. les cree) mayor seguridad. Pero finalmente supongamos que Ud. considera que la formación de los profesionales universitarios es mala o poco exigente, o que las universidades no están dando su mejor esfuerzo para contribuir al desarrollo productivo del país, o que están siendo poco críticas con el neoliberalismo y la marcha de la globalización: ¿A quién recurre? Misterio. Nótese que en todos estas situaciones he considerado problemas de segundo nivel de intervención, es decir, Ud. ya ha ido a hablar con la Comisaría y les ha sugerido que estén más atentos con la operatoria del crimen organizado, pero no le han hecho mucho caso, y también les ha propuesto a las autoridades universitarias más cercanas a su domicilio que mantengan el examen de ingreso a Medicina, pero tampoco le han hecho caso, y por eso está buscando la intervención no judicial de una autoridad superior.

Pues bien, lo que tenemos es un problema general de regulación, ese conjunto de políticas públicasque establecen las condiciones de producción de un bien y/o la provisión de un servicio (Lowi, 1992), una de cuyas instancias es la evaluación y la acreditación de títulos, carreras o instituciones. En términos generales, y adaptando libremente algunas ideas de Adam Przeworski (1998), distinguiré tres dimensiones de la regulación universitaria: la responsabilización (accountability), la evaluación-acreditación y la gestión-supervisión-control. Cada una de estas dimensiones está constituida por una relación (ya veremos que conflictiva) entre el Estado y alguna otra cosa28.

Digamos que en términos generales la responsabilización obliga al Estado -como máxima autoridad pública para tomar decisiones jurídicamente vinculantes sobre el conjunto de la sociedad- a dar cuenta ante la ciudadanía de los actos universitarios. Ciertamente, la universidad puede (y debe) dar cuenta de esos mismos actos ante la sociedad, pero la ciudadanía no tiene herramientas efectivas directas para exigir esa accountability, por eso requiere dar un largo rodeo a través de la autoridad estatal. En un sentido análogo, los bancos están obligados a dar información a sus clientes (actuales y potenciales), pero quien puede ejecutar esa obligación es la Superintendencia del Banco Central, y no los dispersos y habitualmente desinformados clientes29. Por su parte, la evaluación-acreditación es una relación estructural específica entre las universidades y el Estado a través de una agencia de evaluación relativamente

28 Sobre el nuevo rol del “Estado evaluador” puede consultarse Neave (2001) y Philip G. Altbach (2000). Para una perspectiva latinoamericana el conocido trabajo de José Joaquín Brunner (1990). Un análisis del caso argentino en Krotsch y Puigróss (1994).29 Un ámbito en el que claramente el Estado se hace responsable ante la sociedad por los actos universitarias es en el cumplimiento de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

autónoma, en nuestro caso la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), por eso también hablaré del Estado/CONEAU, o simplemente de la CONEAU30. Y finalmente tenemos una relación -bastante más confusa, coyuntural y conflictiva- de gestión-supervisión-control, cuando observamos el vínculo entre las universidades y el Estado en su dimensión de autoridad ejecutiva o gubernamental de turno; en este caso el Estado/Gobierno/Ministerio de Cultura y Educación/Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) produce cursos de acción específicos a fin de guiar al sistema hacia el logro de determinados objetivos de política universitaria31. La Fig. 1 ofrece un diagrama muy simplificado de estas relaciones problemáticas.

FIG. 1. Algunas relaciones básicas de regulación entre Estado, universidad y ciudadanía

Naturalmente, lo que hace más interesante el caso (a diferencia de las compañías telefónicas, los bancos o la policía) es que las universidades gozan de autonomía. Como es sabido, el reclamo por la autonomía fue enarbolado con especial ímpetu por los reformistas de 1918, y desde entonces los sectores más dinámicos y progresistas de la vida universitaria lo han mantenido como un principio clave que garantiza la calidad, la pluralidad y la independencia crítica de la investigación y la enseñanza. Este principio ha sido consagrado por la Constitución Nacional de 1994 y su pertinencia es inobjetable. Pero ciertas interpretaciones han extremado el punto, llegando a sostener que el gobierno nacional de turno, o incluso el Estado, no deberían desarrollar ningún tipo de políticas de regulación universitaria, salvo las decisiones de asignación presupuestaria. Lejos de esta opinión, aquí nos tomaremos en serio los desafíos planteados por el cumplimiento del artículo 70 de la vigente Ley, puesto que establece un delicado equilibrio -o una sana tensión- entre el respeto a la autonomía universitaria y la máxima potestad de ejercicio del poder público al que el Estado no puede ni debe renunciar. Por eso es que se torna especialmente problemática la definición de los

30 Como lo ha señalado la Comisión: “la evaluación se presenta como un instrumento adecuado para establecer una forma de regulación de las instituciones universitarias orientado a la mejora de la calidad de la formación brindada por ellas” (CONEAU, 2002: 3). Las cursivas son mías.31 La diplomática redacción del artículo 70 de la Ley 24.521 de Educación Superior permite vislumbrar la complejidad del problema. Dice así: “Corresponde al Ministerio de Cultura y Educación la formulación de las políticas generales en materia universitaria, asegurando la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en la presente ley y respetando el régimen de autonomía establecido por las instituciones universitarias”. Las cursivas son mías.

límites y las modalidades concretas bajo las cuales se ejerce ese legítimo poder regulador, a efectos de que no se desnaturalice en intervenciones indebidas o contraproducentes32.

A esta altura a todo el mundo le queda claro que la regulación pública supone un tipo de ejercicio de poder para que alguien haga algo que no le gusta demasiado, y en este asunto las personas y las organizaciones tienen notables parecidos. Hasta donde sabemos, a nadie le gusta competir, o mejor dicho, a nadie le gusta enfrentar la posibilidad de perder en una competencia, y esto vale tanto para futbolistas como para políticos en campaña, empresarios capitalistas o profesores universitarios. Si aún así la gente se pone a competir es porque –en términos generales- el premio que se obtiene al ganar es muy grande o porque las presiones son muy fuertes. De este modo, el ejercicio de un poder (la utilización del “palo”) o la existencia de incentivos orientados a promover un interés (la “zanahoria”), serían dos mecanismos institucionales maestros para orientar acciones hacia la competencia y el máximo rendimiento. Se sobreentiende que en ausencia de un mercado “competitivo”, cuando es el Estado el que regula directamente a una organización pública, deberá contar con la voluntad política, la legitimidad y los dispositivos organizacionales (estructuras burocráticas autónomas, meritocráticas, jerarquizadas, etc.) para accionar el “palo”, y con los recursos presupuestarios (¿necesarios o suficientes?) para mover la “zanahoria”33.

Se entiende que la justificación social de la regulación pública descansa en el hecho de que sólo cierto tipo de reglas fuerzan a los actores a tener comportamientos orientados a producir resultados beneficiosos para el conjunto (o para el mayor número de personas), y que el supuesto antropológico que le otorga sentido a la regulación es que los seres humanos son todos buenos, pero si se los controla, son mejores...34 En resumidas cuentas, y tomando como referencia un comportamiento promedio, si ciertas normas no obligaran a un empresario capitalista para que produzca con calidad y buen precio, tenderá a volverse monopólico –para beneficio exclusivo de sí mismo y en perjuicio del conjunto-, y si a los profesores universitarios no se nos obligara a concursar periódicamente nuestras cátedras también reduciríamos la calidad de las clases en perjuicio de los alumnos. Desde esta perspectiva, lo que puede forzar a un actor a someterse a reglas estrictas de competencia es el interés o el poder, o una combinación de ambos. Pero también habrá que tener en cuenta la contracara del asunto: tanto el empresario como el profesor requieren de grados considerables de libertad para innovar, y para aprovechar individualmente los beneficios de esa innovación. Este equilibrio entre libertad (o autonomía) y control es clave para lograr el “adecuado” funcionamiento de las personas, las organizaciones y las sociedades complejas35.32 Para simplificar el argumento, paso por alto la existencia de una serie de “órganos de coordinación y consulta del sistema universitario” (Consejo de Universidades, Consejo Interuniversitario Nacional, etc.), según lo establecido por los arts. 71 al 73 de dicha Ley.33 No se me escapa que un tercer mecanismo de coordinación hay que buscarlo en las creencias y valores internalizados por los actores sociales (los “sermones”), pero dejaremos esta discusión entre paréntesis hasta llegar a la parte final del texto. Un cuarto mecanismo serían lo que podemos llamar los “teoremas”, es decir, las conexiones de sentido argumentables mediante criterios objetivos de refutación y de prueba (aunque muchas personas descreen de su “existencia”). Un tratamiento clásico de estas formas de coordinación social se encontrará en Talcott Parsons (1971); Un tratamiento actualizado en Habermas (1987), en Hood (1991) y en Lechner (1997); Un análisis menos técnico, aunque no menos agudo, en las escenas iniciales de El Padrino, Parte I, en el jugoso diálogo entre Marlon Brando y el funebrero Bonasera. 34 En palabras de Juan Carlos Del Bello (1993), al justificar las iniciativas de su gestión: estos cambios “apuntan a asegurar una mayor autonomía real para las instituciones universitarias, en el marco de unas mínimas y flexibles regulaciones estatales que tienden a mejorar el sistema y garantizar la fe pública que la sociedad deposita en estas instituciones”. Las cursivas son mías.35 Como es obvio, opciones ideológicas fundamentales se dan en torno a este tipo de cuestiones. En los extremos están dos posiciones claras: toda la libertad que sea posible con el control que sea necesario (opción a la que me acerco), o bien, todo el control que sea posible con la libertad que sea necesaria. Lo

En términos muy generales, podríamos decir que en un esquema regulatorio la ciudadanía (que en la jerga que utilizaré es el actor principal) le encarga al Estado (el agente) que vele por la provisión de una muy buena educación universitaria (producción de investigación, etc), y para eso le destina recursos públicos; y el Estado (ahora transformado en principal) le encarga a las universidades que lo hagan (el agente), y así sucesivamente (el Rector al Decano, el Decano a los profesores, los profesores a los ayudantes, etc.). El problema con las relaciones principal-agente es que son complicadas. Porque en el fondo Ud. está delegando en otros una serie de recursos y de decisiones sobre las que perderá una buena parte del control, y en muchos casos tendrá muy poca información para actuar. Es lo que a Ud. le pasa habitualmente cuando se le rompe la computadora y debe llevarla al técnico: por de pronto, el técnico sabe de computadoras mucho más que Ud., y su principal interés es cobrarle el mayor precio posible con el mínimo esfuerzo necesario (corregido, en todo caso, por la posibilidad de “fidelizarlo” en el largo plazo); en cambio Ud. querría pagar el mínimo precio posible por un arreglo de excelente calidad. De manera análoga, cuando Ud. le encarga al Estado que le provea de seguridad, en realidad le está encargando a un conjunto de individuos (llamados dirigentes políticos y estatales) que lo hagan, y esos dirigentes a su vez, lo hacen con la policía en sus distintos rangos. En cada uno de esos niveles se generan intereses específicos que suelen ser diferentes de los intereses del principal (Ud. espera que la policía siempre esté de guardia, pero muchos de ellos prefieren dormir en sus turnos o irse a comer una pizza), y asimetrías de información (Ud. no puede comprobar si los policías están efectivamente despiertos, o son buenos tiradores, o son honestos, etc.), lo que torna a todas las relaciones de regulación en espinosamente conflictivas.

En las notas que siguen trataremos de desentrañar algunos hilos de esta maraña de problemas en relación a las políticas de evaluación institucional de las universidades. El artículo está ordenado en cuatro secciones. Después de esta Presentación, en la segunda parte ofrezco un modelo simplificado –siguiendo una versión “neoinstitucionalista” medianamente defendible del esquema de la elección racional- para mostrar en qué sentido los docentes-investigadores pueden ser entendidos como decisores racionales, y cómo los procesos de evaluación pueden ser analizados en términos de un “juego” institucional de regulación. Para esta visión, los profesores-investigadores tienen una canasta de preferencias formada por dos elementos fundamentales que intentan maximizar racionalmente: “reconocimiento académico” (o “capital simbólico” en términos de Bourdieu) y “dinero” (o “capital económico”). Ciertamente, reconozco de antemano que los universitarios suelen ser actores mucho más complejos y susceptibles (son “sujetos éticos”, son “críticos del poder”, son “máquinas deseantes”, y muchas otras cosas más), pero en esta ocasión voy a pasar por alto estas características, que otros considerarán fundamentales. En cualquier caso, si algo justifica este abordaje, es que puede ayudarnos a entender algunos aspectos claves de la interacción conflictiva entre el Estado, a través de las políticas de evaluación, y los actores de las instituciones universitarias. En la tercera sección, presento tres hipótesis que, entrelazadas, dan forma al argumento central. Ese argumento discute algunas de las conclusiones de la única evaluación externa realizada hasta el momento sobre las actividades de la CONEAU (2003). La primera hipótesis señala que los procesos de evaluación universitaria están atravesando una fase de transición, donde todavía no ha sido plenamente aceptado por parte de un conjunto de actores universitarios estratégicos que los juegos de la evaluación dejen de ser “juegos de una sola vez” para transformarse en “juegos

que suele complicar las cosas es que algunos mezclan estos dos principios dando lugar a posiciones más vistosas: por ejemplo, pretenden que las universidades públicas tengan plena libertad pero que los empresarios (y lo privado en general) estén muy controlados, mientras que otros prefieren que las universidades públicas (y lo público en general) estén muy controladas y los empresarios muy libres.

reiterados” (fase de consolidación), o dicho de otro modo, no se ha verificado todavía el paso de una política a una regla. La segunda hipótesis destaca que una condición necesaria (¿y quizá también suficiente?) para avanzar en dicha transición se apoya en las decisiones políticas pro-reformas de las autoridades gubernamentales (SPU) y en las capacidades estatales instaladas (CONEAU) para generar y hacer cumplir reglas estables y creíbles (incentivos institucionales) en torno a los procesos evaluativos, cosa que supone lograr un significativo nivel de coordinación de decisiones, que no es fácil de alcanzar, combinado con una adecuada provisión de recursos, que tardan en aparecer. Un corolario de esta hipótesis nos lleva a destacar que la existencia de una “cultura de la evaluación” (Kells, 1995) no es en la actualidad una condición necesaria para lograr ese tránsito, y en cualquier caso es un hecho muy poco esperable, aunque sería una condición suficiente de esa transición; en todo caso, la probabilidad de que se instale una “cultura de la evaluación” en los actores universitarios en el largo plazo, aumentará sensiblemente con la existencia de incentivos institucionales consistentes, efectivos y reiterados en el corto plazo. Y en tercer lugar, aunque aquí el texto empieza a deshilacharse, señalo que no cualquier forma de consolidación de la evaluación es deseable. En particular, es posible alcanzar entre los actores del campo universitario un tipo de equilibrio que llamaré regresivo, el cual no garantiza una satisfactoria combinación de equidad y eficiencia en el mediano plazo. Finalmente, el artículo cierra con un Epílogo de engañosas resonancias leninistas.

2) LOS PROFESORES-INVESTIGADORES COMO CALCULADORES RACIONALES

Todo el análisis de este trabajo descansa sobre un postulado simplificador, aunque creo que útil. Voy a suponer que los docentes universitarios actúan como (o como si fueran) maximizadores racionales de sus propios beneficios36. Sobre un horizonte de recursos escasos y ante la evidencia de preferencias disímiles entre los individuos, la versión del enfoque aquí defendida asume que el conflicto es constitutivo de las relaciones sociales. En otros términos, se trata de una perspectiva centrada en la dinámica de las decisiones estratégicas de los actores -tanto individuales como colectivos- cuyo poder está fundado en (y acotado por) el control de recursos críticos, y que disputan entre sí en pos de metas conflictivas.

Aplicar este marco de análisis a nuestro caso no implica defenderlo como una lente universal para analizar cualquier comportamiento social; por ejemplo, utilizarlo para comprender por qué las adolescentes de los barrios pobres “deciden” embarazarse con más frecuencia que las niñas ricas, sería una grosera forma de estudiar un problema donde no existen las mínimas condiciones de aplicación del enfoque (actores con capacidad efectiva de elegir entre opciones deseables, contar con información y otros recursos mínimos, etc.)37. Esta mirada tampoco afirma que todos los seres humanos son racionales (o que deberían serlo), ni señala que en todo momento o circunstancia lo son, y nada dice acerca de la centralidad de la razón para entender todas las complejidades de la vida social. En la versión modesta que presentamos, se parte de un muy limitado conjunto de principios analíticos que nos permiten entender algunos problemas, y en base a ellos, podemos prever ciertas estrategias y comportamientos de los actores, lo que constituye una información extremadamente relevante a la hora de diseñar políticas38.

36 En lo que sigue paso por alto la importante distinción lógica entre “actuar como un actor racional” (versión fuerte) y “actuar como si fuera un actor racional” (versión débil). Véase Simon (1983). 37 Para una análisis de lo que puede, y no puede, ser considerado una decisión racional véase Schick (1999).

Una manera ágil de presentar las ideas centrales de este modelo de elección racional consiste en resumirlo en un conjunto de principios básicos. Cada uno de ellos ha merecido una larguísima discusión teórica en el transcurso de la historia, su mera enunciación está plagada de dificultades y es pasible de variadas críticas, pero voy a obviar aquí todos esos debates39. A fin de cuentas me interesa clavar algunos clavos y no discutir el diseño del martillo. Los tres principios centrales serían los siguientes.

i) Principio del individualismo metodológico. Este principio señala que los fenómenos sociales han de ser explicados a partir de las acciones y propiedades de los individuos (deseos, creencias, intereses). El actor individual es la unidad de análisis. Este principio parece inocuo pero conlleva importantes consecuencias. Para un “holista” o un “colectivista” metodológico la expresión “el Grupo A lleva adelante la acción colectiva x porque le conviene al Grupo A” no encierra grandes enigmas, pero un “individualista” exigiría que le mostráramos que la acción colectiva x es fruto de las decisiones de una mayoría significativa (y/o de una minoría consistente) de actores A1, A2, A3,... An, y que realizan la acción porque les conviene a cada uno de ellos40.

ii) Principio de la maximización racional. Los individuos eligen lo que consideran el “mejor” medio para alcanzar un fin o una preferencia (los individuos son racionales o al menos actúan como si lo fueran). Esto supone ciertas condiciones “formales” en cuanto a la elección de los fines, aunque no se haga ningún juzgamiento moral o de “contenidos” respecto de ellos, y un conjunto de condiciones adicionales en lo que hace a la relación medios-fines. Podríamos esquematizarlas como sigue:

ii.1 Racionalidad de fines (o preferencias): los fines que persigue un actor han de ser consistentes entre sí (y si nos ponemos más exigentes, estables). Esto significa que es necesario satisfacer ciertas propiedades lógicas elementales (aunque cuando las traducimos al ámbito de la vida social el asunto se complica un poco.). Esas propiedades son la completitud, es decir, dadas dos canastas de bienes podemos señalar claramente que: o bien P es preferible a Q, o bien Q es preferible a P, o bien P es indiferente a Q. Dicho de otro modo, si tengo que votar entre el Partido Radical y el Partido Peronista en las próximas elecciones, un elector racional es capaz de ordenar completamente estas opciones disponibles. La segunda propiedad es la reflexividad: una canasta es tan buena como sí misma. Y también vale la transitividad: si P es preferible a Q, y Q es preferible a R, entonces P es preferible a R. Si prefiero el peronismo al radicalismo, y además, prefiero votar al radicalismo por sobre un partido liberal, luego, prefiero votar al peronismo por sobre un partido liberal.

ii.2. Racionalidad de medios. Una acción es racional cuando:

-puede justificarse como la manera óptima de alcanzar un fin, dadas las creencias del actor;

-esas creencias pueden justificarse en base a un cúmulo óptimo de evidencias (en el modelo ideal el actor posee información completa y capacidad cognitiva para procesar toda la información); y38 Presentaciones generales del enfoque pueden encontrarse en Elster (1993) o en Ward (1997); Una elaboración clásica en Schelling (1989); Un tratamiento más sistemático en Mueller (1984); Una útil contraposición entre el modo de análisis de los sociólogos y de los economistas en Barry (1970); En nuestro medio, la compilación de Saiegh & Tommasi (1998) es una excelente introducción a los trabajos más significativos de esta corriente.39 Un compendio de críticas podrá encontrarse en Scott (1994) y en Green & Shapiro (1994).40 El tratamiento clásico del problema de la acción colectiva desde una perspectiva individualista se encontrará en Olson (1986); Una presentación más actual en Elster (1997); Algunos problemas de la lógica de la explicación pueden encontrarse en Dieterlen (1987) y en Rodríguez-Ibáñez (1991).

-el volumen de la evidencia puede justificarse racionalmente dadas las preferencias del actor y las restricciones (y oportunidades) estructurales en las que se mueve41. En otros términos, es más racional dedicar una unidad adicional de mi tiempo a la búsqueda de información para la compra de mi única casa, que invertir la misma unidad de tiempo en recorrer la ciudad buscando un mejor precio en un paquete de pastillas.

Vivir en un mundo poblado por gente así quizá no sea muy gratificante, y de hecho se presentan ciertos problemas cuando uno quiere llevar adelante tareas en beneficio de la comunidad, de aquí que un corolario importante del enfoque es que la racionalidad individual no implica racionalidad social o colectiva. Dicho de otra manera: una racionalidad subjetiva (que depende de las creencias del actor), individual (centrada en sus intereses egoístas) e instrumental (que se limita a establecer la congruencia entre medios y fines), puede generar resultados subóptimos para un colectivo social, tal como lo ilustra el célebre “dilema de prisionero” (Davis, 1998), y fuera magistralmente anticipado por las reflexiones filosóficas de Jean-Jacques Rousseau o Thomas Hobbes. En una versión sencilla el dilema diría algo así: en el corto plazo, cruzar un semáforo en rojo nos trae un beneficio inmediato, porque ahorramos tiempo, y si tenemos suerte, llegamos más rápido a destino. Pero cuando esa conducta se generaliza, la ciudad se vuelve un caos insoportable, cercano al hobbesiano mundo en el que todos luchan contra todos, y la vida se vuelve “solitaria, pobre, tosca, brutal y breve”. Este corolario nos lleva al tercer y último principio que establece algunas pistas para entender cómo es posible la acción colectiva, o al menos la promoción de ciertas acciones congruentes con fines colectivos.

iii) Principio del marco institucional. Las instituciones (reglas formales o informales) moldean las estrategias de los actores al establecer un marco de incentivos racionales (premios y castigos) para la acción. En tanto y en cuanto las instituciones emitan señales consistentes de que determinadas acciones serán promovidas y premiadas, y otras desalentadas y castigadas, y que esto suceda de modo eficaz, entonces el enfoque predice que, en un número estadísticamente significativo de casos, y abriendo el siempre oportuno paraguas de la cláusula ceteris paribus, los actores que se comportan como decisores racionales tenderán a seguir los cursos de acción promovidos por las instituciones. Claro está, el enfoque nada dice de los contenidos de esas reglas, y deja en manos de los actores históricos concretos el establecer qué reglas, para qué tipo de sociedad, para promover qué fines, etc., pero al menos ayuda a esclarecer los resultados esperables de las reglas. Por ejemplo, si Ud. a veces castiga a los evasores de impuestos, y en otros casos los premia mediante blanqueos impositivos u otros artilugios, no espere un sistema tributario ordenado, ni contribuyentes fieles42.

Pero este principio puede también adquirir una forma algo más sofisticada a la que tratamos de acercarnos. Las instituciones no sólo pueden ser vistas como restricciones y oportunidades “externas” al actor (tal como pregona el neo-institucionalismo “económico”), sino que en una perspectiva más “sociológica” pueden interpretarse

41 En una versión exigente, o de racionalidad perfecta, estaríamos hablando de un punto “óptimo en el sentido de Pareto”; en la versión más débil, a la manera de la racionalidad limitada de Herbert Simon, hablaríamos de puntos “satisfactorios” (Simon, 1983).42 En la formulación de este tercer principio he pasado por alto la cuestión de si las restricciones institucionales son también formadoras de las propias preferencias (Elster, 1988). Tampoco discuto la congruencia entre este principio y el del individualismo metodológico. Un tratamiento sumario de la literatura “neoinstitucionalista” nos llevaría demasiado lejos. Baste citar como referencias clásicas los trabajos de Douglass North (1981 y 1990), desde la perspectiva de un neoinstitucionalismo “económico”, y de Powell & Di Maggio (1991), para una defensa enfática de una versión más “sociológica”; Una posición intermedia en March & Olsen (1989). Una revisión útil en Shepsle (1995); Un intento de sistematización más exhaustivo en Peters (1999).

como estructuras constitutivas de experiencias concretas de interacción donde se amalgaman repertorios -materiales y simbólicos- de reglas, recursos, creencias, valores e intereses. Desde esta perspectiva (March & Olsen, 1989) (Vergara, 1997), el análisis de las decisiones de actores u organizaciones deberá prestar especial atención a "la influencia recíproca de intereses, instituciones e ideas", destacando "el papel crítico que las instituciones juegan en la definición y articulación de intereses, en la propagación de ideas, en la construcción de conductas... y en la determinación de estrategias" (Hall, 1986: 17). En tal sentido, y asumiendo que las decisiones nunca constituyen "respuestas objetivas a situaciones objetivas" (Torre, 1997) (Gourevitch, 1986), las instituciones configuran los mapas de creencias y valores desde los cuales se definen problemas y soluciones, se articulan prácticas y estrategias, se traman experiencias y se definen identidades y proyectos. En palabras de March & Olsen, “las instituciones limitan y conforman la política por medio de la construcción y elaboración del significado... Las expectativas, las preferencias, la experiencia y las interpretaciones de las acciones del prójimo se construyen en el seno de las instituciones” (1989: 92).

Una vez establecidos estos principios básicos sólo nos cabe remarcar que esos individuos, que en una primera mirada podían parecer “átomos” dispersos, en realidad están estrechamente unidos con otros actores por relaciones de interacción estratégica, formando densos y cambiantes esquemas de interrelación a través de un conjunto de reglas formales e informales que moldean diferentes “juegos” (Acuña, 1997). A efectos de modelar estas vinculaciones, la llamada “teoría de juegos” formaliza las elecciones interdependientes entre dos o mas actores, que toman decisiones siendo conscientes de que sus opciones afectan (y son afectadas) por las decisiones de los otros (Morgenstern, 1970). En esta jerga, un “juego” es una actividad definida por un conjunto de reglas que distribuye recompensas y castigos a partir de un resultado. En el apretado resumen que ofrece el clásico texto de William Riker (1992: 162):

Las reglas especifican el número de jugadores, sus movimientos (es decir, las posibilidades que cada jugador tiene para actuar; nótese que un movimiento es una oportunidad para realizar una elección, pero en sí mismo no se trata de una elección), el conjunto de alternativas entre las que puede elegir un jugador en cada movimiento, el tipo de información de que dispone cada jugador en cada movimiento (es decir, lo que un jugador puede saber acerca de los movimientos previos realizados por otros jugadores y/o por el azar), el grado de acuerdo permitido entre los jugadores, y las recompensas (es decir, las ganancias y las pérdidas de cada jugador derivadas de las posibles combinaciones de elecciones realizadas en los diferentes movimientos).

Adicionalmente, podemos señalar que una “estrategia” es un plan de juego, un conjunto de opciones que se eligen o pueden ser elegidos para alcanzar un resultado beneficioso; una “estrategia dominante” es un plan de juego que beneficia a un actor independientemente de la estrategia que desarrollen los otros actores del juego (es lo que más le “conviene” hacer al actor para maximizar su beneficio dadas las circunstancias y las reglas del juego vigente); y finalmente, una situación de “equilibrio” se produce cuando cada actor descubre que (más allá de cuáles hayan sido sus preferencias originales), cualquier movimiento que haga en el juego lo dejará en una posición peor a la que posee en la actualidad, y por lo tanto, no puede elegir una situación mejor. En esa circunstancia se genera un equilibrio por acomodación mutua de intereses (Equilibrio de Nash).

Ahora bien, los juegos pueden ser clasificados de muchas maneras, sobre la base de cada una de las características definidas por las reglas (por ejemplo, de acuerdo con las recompensas, los juegos pueden ser divididos en juegos de “suma cero” o de “suma positiva”), pero una distinción clave entre ellos se da entre los “juegos de una sola vez” y los “juegos reiterados”. En el primer caso, los actores tratarán de maximizar su

beneficio –mediante cualquier tipo de estrategia- en el corto plazo, pues en rigor de verdad, no se percibe ningún horizonte temporal al que poder atenerse en el futuro; en el segundo caso, en cambio, los actores perciben que las reglas del juego se mantendrán en el tiempo, y esto no sólo posibilita desarrollar actitudes cooperativas entre sí, también lleva a los actores a realizar un cálculo que tenga en cuenta el mediano o largo plazo en sus decisiones. En otras palabras, los actores racionales aprenden -“dilema del prisionero” mediante- que les conviene renunciar a una parte de su libertad “natural”, y cooperar en la construcción de un orden público común, para evitar morir jóvenes en una guerra de todos contra todos. Esta misma lógica subyace, por ejemplo, a la aceptación de reglas de juego democráticos –donde siempre algo se gana y algo se pierde- por sobre los interminables y costosos enfrentamientos entre facciones o las intervenciones militares.

Si aceptamos por un momento estos principios, podríamos llegar a coincidir que los profesores-investigadores tienen una canasta de preferencias formada por dos elementos fundamentales: “prestigio académico” y “dinero”. Ciertamente, los docentes universitarios suelen ser actores mucho más complejos (como ya dijimos, son “sujetos éticos”, son “críticos del poder”, son “máquinas deseantes”, y muchas otras cosas más), pero desde la perspectiva esbozada en estas páginas, los profesores aspiran centralmente a ser reconocidos en la comunidad científica, académica o artística en la que se mueven (obtener “capital simbólico” dicho en términos bourdianos), y aspiran también a que buena parte de ese reconocimiento se traduzca en términos monetarios, contantes y sonantes. A costa de estas simplificaciones, reducir las preferencias a las dos señaladas ofrece algunas ventajas. Por un lado, permite traducir otras motivaciones más profundas en términos empíricos manejables a la manera de “indicadores”: por ejemplo, es posible que muchos profesores abriguen propósitos altruistas de reforma de la humanidad o similares, pero esos propósitos difícilmente podrán ser logrados sin el previo reconocimiento de sus pares; por lo cual, en el heroico camino a generar un hombre o una mujer nuevos, más temprano que tarde nos encontraremos con la prosaica necesidad de cumplimentar formularios, presentarnos a concursos o enviar artículos para su evaluación. Por otra parte, estas dos preferencias básicas podrían ser dibujadas como “curvas de indiferencia” entre dos bienes, es decir, cada docente-investigador podría en distintos momentos efectuar un análisis costo-beneficio (de hecho lo hacemos todo el tiempo) entre actividades que quizá nos den más prestigio, pero menos dinero, o viceversa (¿acepto dar un enésimo curso para aumentar mis ingresos, aunque no sume muchos puntos a los que ya tengo en la “categorización”, o termino de escribir un paper para una revista con referato?). Estos dilemas son habituales en la profesión académica, y las tomas de posición que los docentes-investigadores efectúen respecto de políticas y programas emanados de las autoridades estatales mucho tendrá que ver con los diferentes balances entre esas dos preferencias centrales en el marco de reglas de juego dadas. Ciertamente, también es perfectamente válido el cálculo intertemporal, pero sólo si se percibe (como argumentaré después) que las reglas de asignación de recompensas se mantendrán en el tiempo. En nuestro ejemplo, me arriesgo a escribir este paper hoy, y rechazo el curso, porque me permitirá mañana ascender de categoría, y con ello obtener más ingresos pasado mañana en el Programa de Incentivos (así se juega el juego de la “inversión productiva”, tanto en capital físico para una fábrica como en capital humano para un profesional). Nótese que si la regla da señales ambiguas sobre su continuidad en el futuro, un actor racional no tiene ninguna “estrategia dominante” a la que aferrase. Algunos tenderán a “poner los huevos en diferentes canastas”: escribirán el artículo y aceptarán el curso, probablemente a costa de sacrificios personales, familiares o de calidad del producto; mientras que otros optarán por “plantarse a esperar”. Para este enfoque, la caracterización del patrón de racionalidad viene

constituida por las reglas que la definen, por lo cual, no hay una racionalidad objetiva por “fuera” de las instituciones realmente existentes43.

Antes de terminar este segmento analítico quizá convenga agregar unas pocas consideraciones adicionales sobre la aplicabilidad de nuestro esquema al mundo universitario, y más específicamente, sobre la posibilidad de diálogo con otras orientaciones convergentes. En primer término, el análisis que realizamos tiene significativos puntos de contacto con una visión como la de Burton R. Clark, quien hace del examen del interés de los actores universitarios una piedra angular de su edificio analítico y comparativo. Como señala al inicio de uno de sus trabajos más influyentes:

Conviene tener presente una idea básica a la cual recurriremos continuamente... esa idea básica es la de interés... (cursivas de B. R. C.). La división del trabajo en el mundo académico, como en otras partes, es una división de los compromisos y de los cometidos asumidos por los individuos. Estos cometidos laborales traen asociados ciertas orientaciones de valoración. El compromiso y la orientación, el trabajo y las creencias, constituyen intereses, un compuesto de lo material y lo ideal. Los grupos de interés que de ello resultan se atribuyen autoridad y buscan modos compatibles de integración. A su vez, la estructura de intereses dotada de poder se convierte en el primordial condicionamiento del cambio en el sistema... hablar de organización académica es hablar de grupos de interés (Clark, 1991: 29)44.

En segundo lugar, nuestro análisis está emparentado con el inspirador trabajo de Michael Gibbons y sus colaboradores, quienes destacan el carácter “empresarial” de los profesores-investigadores como un emergente de la dinámica estructural del campo científico en la actualidad:

Las estrategias de investigación personal se han hecho necesarias porque la empresa científica ha crecido hasta alcanzar tales proporciones, que los recursos se tienen que asignar a quienes demuestren una creatividad continua. Los investigadores más astutos, al tratar de equilibrar su necesidad de equipo y personal con la de trabajar dentro de una estructura paradigmática dada, construyen sus carreras alrededor de una amplia base de financiación para la investigación. Trabajan sobre problemas que son intelectualmente desafiantes y lo bastante interesantes como para captar la atención de aquellos otros de igual rango que han destacado, así como de las instituciones de financiación.... En contraste con ellos, los científicos que se niegan a adoptar un enfoque estratégico para su carreras, se enfrentan con la perspectiva de quedarse atrás, en la medida en que los consejos de investigación, las fundaciones y hasta las universidades ajustan sus recursos a nuevos horizontes. Tales científicos se encuentran crónicamente con una escasez de fondos para la investigación, se hacen relativamente improductivos y, al final, terminan siendo juzgados por sus iguales como personas que tienen un rendimiento mediocre. En esta situación, la habilidad para obtener fondos se convierte, en sí misma, en un indicador de éxito (1997: 37).

En este sentido, las retribuciones monetarias y el reconocimiento científico no son preferencias esencialmente disímiles o discordantes, sino que se vuelven coordenadas

43 Un problema que no podemos discutir aquí es que el actual diseño del Programa de Incentivos mixtura los componentes de capital “simbólico” (vía reconocimiento de una trayectoria por medio de la “categorización”) con el capital “económico” (vía estímulo por “productividad”). En otras experiencias internacionales, en cambio, ambos componentes marchan por separado, como en el caso del Sistema Nacional de Investigadores de México y los programas especiales de “estímulos a la productividad”, dependientes de cada una de las instituciones académicas. Para una discusión más detallada véanse al respecto los trabajos de Sonia Araujo y Marcelo D. Prati en Pedro Krotsch (2002). 44 Agradezco especialmente a Marcelo D. Prati el hacerme ver los puntos de contacto entre el enfoque clarkiano y el defendido en estas páginas. Sebastián Varela, en este mismo volumen, desarrolla ese cruce problemático.

propias de las nuevas formas que va adoptando la producción de conocimiento científico al interior de estructuras sobrecargadas de competencia: un mundo de muchos competidores para recursos relativamente poco elásticos. De este modo, tal parece que las nuevas condiciones de producción científica han vuelto a los profesores-investigadores cada vez más “empresarios”; en todo caso, del carácter específico de las políticas públicas y de las regulaciones institucionales dependerá que esos mismos “empresarios” sean más o menos “oportunistas” (Vispo, 1999: 239) (López, 2006).

Finalmente, daremos por sentado que todo docente universitario se encuentra inmerso en distinto tipo de juegos, en muchos casos enredados entre sí (nested games), por ejemplo: el juego de las elecciones de claustro, el juego de la designación de autoridades, y una amplia gama de juegos de evaluación. En este último caso, algunos de esos juegos están incorporados desde hace mucho tiempo a la institucionalidad universitaria y gozan de mayor legitimidad (por ejemplo, la evaluación de rendimiento mediante concursos docentes), otros dependen de mandatos establecidos por ley, aunque la ley misma está severamente cuestionada en la actualidad (por ejemplo, la evaluación institucional o las acreditación de carreras de “interés público”), y otros componentes de evaluación están integrados a políticas y programas de los gobiernos de turno, con duración y aceptación variables (el Programa de Incentivos ha sobrevivido al FOMEC, por ejemplo, pero la aplicación de los llamados “contratos-programas” es algo que todavía tiene un destino incierto). Estos distintos planos suponen lógicas de evaluación diferenciales, y distintos tipos de interacción entre los actores involucrados: podríamos hablar de una evaluación académica o universitaria propiamente dicha, para referirnos a toda la amplia gama de dispositivos de evaluación existentes al interior de una institución (concursos, exámenes, comisiones de pares, etc); una evaluación por ley, para referirnos al tipo de tarea pautada por la normativa vigente para la CONEAU; y finalmente tendríamos la evaluación por programas, para identificar todos aquellos componentes evaluativos integrados a políticas y programas específicos del gobierno de turno (FOMEC, PROFIDE, PROUN, etc). Queda por saber, en todo caso, cómo han sido percibidos estos juegos por los actores universitarios en los años recientes45.

4) EL JUEGO DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Para presentar mi argumento voy a discutir algunas conclusiones contenidas en la que hasta ahora es la única evaluación aplicada a la labor de la CONEAU. Si bien acuerdo con aspectos importantes de ese documento, creo que en algunos puntos clave merecerían ser reconsiderados, o al menos rediscutidos aportando nueva evidencia. Mis consideraciones estarán centradas exclusivamente en la problemática de la evaluación institucional de las universidades, el menos estructurado de todos los juegos de evaluación.

Como es sabido, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y de la Unidad Ejecutora de Préstamo, implementó el Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES), puesto en marcha en 1995 con financiamiento del Banco Mundial. Durante su ejecución se financió la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En julio de 2002 se estableció el compromiso por parte de la SPU de iniciar el proceso de evaluación de impacto del PRES y sus componentes. De este modo, la SPU dispuso una evaluación de los resultados e impactos de las acciones de la CONEAU. El documento

45 La noción de juego “anidado” o “enredado” señala que el cálculo de optimalidad que realiza un actor no puede estar limitado a un solo juego, sino que deberá ser considerada la red de juegos en la que el actor se halla involucrado; este supuesto tiene como corolario el hecho de que una elección subóptima en un juego puede ser óptima desde la perspectiva de otro. Sobre el concepto de nested games véase Tsebelis (1990).

titulado Estudio sobre Algunos Resultados de la Labor de la CONEAU (también conocido como “Informe Isuani”, por el nombre del consultor principal) responde a este compromiso. Se realizó en los meses finales de 2002 y fue publicado en enero de 2003. La estrategia de evaluación integró dos elementos. Por un lado, la visión que posee la CONEAU –a través de sus autoridades y de sus documentos oficiales- acerca de su propio quehacer46. Por otro, se buscó indagar en la visión de quienes habían sido usuarios u objetos de esa acción, avanzado hacia una “evaluación del grado de satisfacción por parte de los usuarios/beneficiarios de las acciones de la CONEAU”.

La estrategia metodológica combinó un abordaje cualitativo (entrevistas a autoridades de CONEAU y usuarios) con un abordaje cuantitativo, efectuado a través de una encuesta (“no representativa”) dirigida a los usuarios del sistema. Fueron realizadas 6 entrevistas a miembros del directorio (actuales y pasados) y a 33 usuarios: 4 Rectores (3 de universidades públicas y uno de una universidad privada), 10 directores de programas de postgrado, 3 decanos de Medicina, 6 responsables de Proyectos Institucionales (3 aprobados y 3 rechazados), y 10 pares evaluadores. Por su parte, la encuesta se basó en una “muestra no representativa” que abarcó las siguientes categorías de usuarios: 77 rectores y responsables de proyectos institucionales (sobre un universo de 95), 144 evaluadores (sobre un universo real de 767), 105 directores de programas de postgrado (sobre un universo real de 942) y 8 decanos (sobre un total de 21 ó 22)47.

El hecho de que se haya trabajado con una “muestra no representativa” ocasionará algunas dificultades en ciertos tramos del Informe: cuando existe información contrapuesta entre los contenidos de las entrevistas y los datos cuantitativos, el Informe carece de criterios de decisión, o tiene dificultades para ponderar el peso relativo de una opinión o la incidencia de un problema. Asimismo, la base empírica del componente de evaluación institucional en el tramo cualitativo del Informe es pequeña: se limitó a 4 Rectores y a 2 evaluadores (el resto se concentró en los otros dos componentes de evaluación de CONEAU). En virtud de estas limitaciones, el Informe alienta “la realización de estudios de casos que intenten profundizar en detalle los efectos de la acción de la CONEAU en instituciones o carreras especificas, ya que constituye un complemento muy importante al tipo de análisis” presentado en el documento.

Entre las conclusiones fundamentales del Informe referidas la evaluación institucional, y en las que se destaca explícitamente que “hay consenso” entre los actores universitarios, encontramos estos tres puntos clave:

* Han sido frecuentes en un primer momento niveles de temor, crítica y resistencia de algunas instituciones universitarias al proceso evaluatorio tanto por razones vinculadas al probable control o injerencia en los asuntos propios que el ejercicio pudiera implicar como por desconfianzas sobre su utilidad. No obstante, dichas resistencias no fueron de significación y no llegaron a entorpecer la labor de los evaluadores (Conclusión Nro. 1).

* Después del período que lleva de existencia la CONEAU, puede encontrarse un consenso muy extendido en la actualidad, sobre la relevancia y utilidad de realizar procesos de autoevaluación y evaluación institucional por un lado y de acreditación de carreras de grado y posgrado, por el otro. Una expresión de ello es la marginalidad de la crítica a los resultados de las evaluaciones institucionales y al carácter 46 El Informe Isuani reconoce un antecedente del cual se toman algunos elementos. Se trata de un documento elaborado por la propia CONEAU denominado “Contribuciones para un análisis del impacto del sistema de evaluación y acreditación”, BsAs, octubre de 2002. Otros documentos de interés en este rubro son las Memorias Anuales de la CONEAU, que están disponibles en la Página web de la institución. 47 La encuesta fue realizado por la Consultora de Enrique Zuleta Puceiro.

positivo y constructivo que los usuarios asignan a los resultados de estas evaluaciones (Conclusión Nro. 2).

* En cuanto a la evaluación externa y autoevaluación, se expresa con mucha fuerza la noción de su importancia, por sobre todo, para la toma de conocimiento de la propia situación e identificación de fortalezas y debilidades; a su vez ello se considera como prerrequisito para mejorar la calidad de la gestión institucional y la calidad de la enseñanza (Conclusión Nro. 3).

Tomadas en conjunto, estas conclusiones enfatizan el hecho de que las respuestas de los actores universitarios estarían desenvolviéndose claramente en una especie de linealidad evolutiva, desde una resistencia inicial a una posterior adopción de los procesos de evaluación: antes había críticas, disensos y resistencias, pero ahora “puede encontrarse un consenso muy extendido” que “se expresa con mucha fuerza” a favor de las iniciativas de la CONEAU.

Ahora bien, frente a estas conclusiones, el examen realizado en base a Informes de Autoevaluación y de Evaluación Externa en un conjunto de universidades, así como las entrevistas que hemos empezado a procesar, no muestran una evidencia sólida en este sentido, y en todo caso, ofrecen una serie de posiciones más matizadas y complejas48. En principio, las actividades de evaluación tienen un impacto que no es homogéneo, tendiendo a presentarse un espectro diferenciado de respuestas que es preciso relevar y tipificar con bases empíricas confiables. En términos generales, podemos conjeturar que estas respuestas pueden ser abordadas en dos niveles de análisis. En lo que se refiere al primer nivel, al de los actores universitarios, éstos han tendido a desarrollar respuestas, formales e informales, con base en dos tipos generales de estrategias polares que se alinean en un continuo que va de la cooperación al conflicto; ellas son estrategias de adopción/adaptación y de resistencia. Estas estrategias, a su vez, admiten dos modalidades de incorporación de los procesos evaluativos, cuyas fronteras de diferenciación no siempre son fáciles de delimitar, a saber: una modalidad substantiva y otra instrumental. En lo que se refiere al segundo nivel, las políticas de evaluación han generado también dinámicas institucionales emergentes, como es el caso de la sistematización de información comparable o la generación de ámbitos de discusión sobre el sentido de las prácticas académicas, que poseen una cierta autonomía relativa respecto de las respuestas que los actores universitarios han dado a los requerimientos de evaluación. Como señaló un entrevistado: “...el hecho de que el personal de la misma universidad se pusiera a trabajar, a redactar, sirvió para ordenar ideas que por ahí estaban latentes o difusas pero no tenían un marco ordenado”.

Dejando entre paréntesis este último nivel, el Cuadro siguiente ilustra de manera esquemática las principales respuestas de los actores universitarios frente a los procesos de evaluación.

Cuadro 1. Respuestas de los actores universitarios ante la evaluación

MODALIDADES DE INCORPORACIÓN de las políticas de evaluación por parte de los actores universitarios

TIPOS DE ESTRATEGIA de los actores universitarios respecto de las políticas de evaluación

Adopción/adaptación <<< ............................... >>> Resistencia49

48 Sobre las fuentes de información utilizadas véase la Presentación del volumen. 49 Hablamos de “adopción/adaptación” como un proceso combinado ya que una adopción lisa y llana, virtualmente directa o vertical, es un caso extremo; más bien, lo que se dan son fenómenos de cambios y acomodaciones de una política estatal al tomar contacto con las realidades peculiares de cada institución. También hay que entender que entre la incorporación “substantiva” y la “instrumental” hay zonas de

Substantiva ADOPCIÓN PLENA (A)

(Acepta los fines y los medios de la evaluación) ++

RESISTENCIA ACTIVA (D)

(Rechaza los fines y los medios) - -

Instrumental

ADOPCIÓN PRAGMÁTICA (B)

(Rechaza los fines pero acepta los medios) - +

RESISTENCIA PASIVA (C)

(Acepta los fines pero rechaza los medios) + -

Como en toda clasificación, los extremos parecen claros. Quienes se ubican en una posición de resistencia activa rechazan tanto los fines como los medios de la evaluación (--); plantean una oposición de principio a los procesos evaluativos, y eventualmente a toda intromisión de las autoridades nacionales (estatales y sobre todo gubernamentales) en la vida universitaria. Los actuales líderes de la FUBA (Federación Universitaria de la UBA), básicamente conformada por dirigentes de partidos de ultraizquierda, así como grupos de profesores-investigadores que comulgan con sus posiciones, son un ejemplo notorio de esta visión, aunque no son los únicos casos que se alinean en el cuadrante del rechazo total.

En el otro extremo, la adopción plena supone una aceptación tanto de los fines como de los medios (++). De este modo, habría un acuerdo general sobre las funciones básicas que cumplirían los procesos evaluativos a nivel institucional: accountability, aprendizaje institucional y herramienta de gestión. Ciertamente en este grupo habrá mayor o menor grado de acuerdo respecto del diseño, la implementación y/o los potenciales usos de las políticas de evaluación, pero en todo caso existe una aceptación de principio, aunque con diversos grados de condicionalidad. La combinación de estas tres funciones constituye entonces lo que llamaremos un uso substantivo de la evaluación institucional, en tanto y en cuanto las mismas sean incorporadas –de manera estable, regular, previsible- a las prácticas de los actores, y en definitiva a las reglas y contenidos culturales de las instituciones. Un punto a destacar aquí es que estas distintas dimensiones no sólo están imbricadas entre sí, sino que establecen vínculos diferenciados entre la universidad, sus propios actores, y el resto de la sociedad. De este modo, el aprendizaje institucional está especialmente ligado a la experiencia de los propios pares o de los pares de otras universidades; la función de herramienta de gestión establece una relación diferente entre la institución y las autoridades, tanto de la institución como del sistema o de los diferentes niveles jurisdiccionales del estado; finalmente, la dimensión de la accountability vincula de una manera nueva a la universidad con el entorno social en su conjunto.

Aquellos que se encolumnan en el cuadrante de la resistencia pasiva adoptan una posición intermedia: aceptan los fines de la evaluación, pero objetan sus medios (+-), con diferente grado de intensidad y extensión. En un reciente documento elaborado por un grupo de físicos argentinos (VV.AA, 2006) se enumeran algunas de las críticas más conocidas a los procesos de evaluación: “falta de coherencia y adecuación de los sistemas y mecanismos de evaluación”, indefinición de objetivos (calidad, pertinencia, excelencia, etc), “burocratización de la actividad científica”, “escasez de instancias de recusación y revisión independientes”, etc.

En buena medida, muchas de estas críticas –razonables y atendibles- enumeran el conjunto típico de problemas que enfrenta cualquier sistema de control organizado de

penumbra.

una actividad, sobre todo cuando está en sus comienzo. En particular, entre los propios críticos aparece una tensión difícil de resolver (trade-off) entre inclinarse por esquemas de evaluación con “mayores grados de libertad para incluir valoraciones cualitativas” (los cuales pueden ofrecer una “mayor riqueza de análisis”, pero también pueden caer en diversos grados de “discrecionalidad”), o esquemas evaluativos con “menores grados de libertad”, más estandarizados cuantitativamente, quizá menos discrecionales, pero inevitablemente más “rígidos”50. En otros casos, las posturas de resistencia pasiva apuntan menos a enjuiciar los dispositivos organizacionales específicos que a cuestionar el sentido político de la utilización de ciertos instrumentos y mecanismos de evaluación, combinando una aceptación discursiva manifiesta con un rechazo fáctico, lo que lleva a un significativo desacople entre mensaje y prácticas efectivas. Un buen resumen de esta posición la encontramos en el discurso de la Secretaria Gremial de una Asociación Docente Universitaria:

...Para mí la evaluación no es lo que está en discusión. Al menos para nosotros. No está en discusión la evaluación. Somos defensores de la evaluación, de los procesos de evaluación. Sobre todo lo que sea de autoevaluación... Ahora el cómo, el para qué, el quién lo hace, y el con qué recursos, es lo que tenemos que discutir... Porque si no viste, parece como que son frases hechas: Pedimos derogación de la Ley de Educación Superior porque no queremos que nos evalúen. Eso es mentira. Es mentira. Jamás nosotros dijimos que no queríamos que nos evalúen. Al contrario. Pero en los debates te minimizan... ese criterio reduccionista de lo que es una posición... te lo quieren llevar a que nosotros no queremos evaluación, y como no queremos evaluación pedimos derogación de la ley. No es así. Lo que nosotros pedimos es que los criterios puedan ser rediscutidos. Los criterios fueron absolutamente... impulsados y sustentados –y sigue siéndolo así- con criterios de organismos acreedores. Ya no hace falta que lo diga. En aquel momento parecía una bandera. Siempre el Fondo Monetario... Bueno, hoy eso está clarísimo. Está clarísimo que son los criterios del Fondo Monetario...

Una posición análoga la encontramos en el documento recientemente firmado por los decanos de la UBA que intentan destrabar el proceso interrumpido de elección del Rector. En las páginas finales del “Programa de Consenso para el Gobierno de la Universidad de Buenos Aires” (noviembre de 2006), se señala:

...resulta necesario reclamar la modificación de la actual Ley de Educación Superior y participar de los debates en torno de la redacción de un nuevo instrumento legal. Respecto del actual sistema de evaluación y acreditación universitarias, y considerando que la sociedad exige enseñanza, investigación y extensión de excelencia académica, reconocemos la importancia de los procesos de evaluación. Sin embargo, se debe demandar una profunda transformación de la CONEAU, así como de los mecanismos y criterios del sistema, estableciendo la participación prioritaria de las universidades nacionales. La gestión se guiará por la convicción de que debe a los miembros de la comunidad plena transparencia de sus actos51.

50 Como corolario de esta tensión, y desde los supuestos que partimos, no es inusual encontrar casos de profesores-investigadores que sostienen ambas posiciones a la vez, según el juego que les toque en suerte jugar: cuando yo tengo que juzgar a otros, pido “manos libres”; cuando me tienen que juzgar a mí, pido criterios estrictamente definidos por adelantado.51 El caso de la UBA es una buena ilustración de lo que venimos diciendo. De una posición institucional anterior de “resistencia activa”, que incluyó el rechazo judicial de la Ley de Educación Superior, la UBA no pasó en ningún momento a la “adopción plena”: inicialmente dejó en libertad de acción a las distintas unidades académicas para que avanzaran en los trámites de acreditación de carreras, y ahora se estaría formando un consenso en términos de “resistencia pasiva” (acepta los fines pero no los medios). No obstante, como señalamos, los sectores de “resistencia activa” siguen teniendo su peso: las últimas reuniones del Consejo Superior en las que iban a tratarse las acreditaciones de las carreras de ingeniería fueron violentamente interrumpidas por sectores estudiantiles de la FUBA, opuestos –entre otras cosas- a las evaluaciones de la CONEAU (octubre-noviembre de 2006).

En algunos casos, estas posiciones se revelan a través de diferentes grados de apatía. En el caso de los procesos de evaluación institucional podríamos decir que el resultado es hasta cierto punto esperable: es el más alejado de los juegos de evaluación que juega un profesor-investigador, y los incentivos para que participe en el proceso son por el momento escasos o nulos. Por el contrario, es un juego mucho más cercano a las funciones de gestión y gobierno, y de ahí la importancia para el proceso de cierto acuerdo político-institucional básico, sin el cual la evaluación institucional es de muy incierta concreción. En este sentido, el propio Informe Isuani reconoce que:

* Los niveles de aceptación y participación de los procesos de evaluación y acreditación parecen haber sido bajos: surge que la actitud de la comunidad académica ha sido de distancia; en otras palabras los procesos no los han involucrado activamente (Conclusión Nro. 18).

Finalmente, los actores universitarios que se alinean en una posición de adopción pragmática respecto de los procesos de evaluación, rechazan los fines pero están dispuestos –por una cambiante combinación de creencias e intereses- a aceptar sus medios (-+). Constituyen quizá la categoría de análisis más interesante, y en buena medida, de la capacidad que tengan las políticas de evaluación para captar su adhesión en el corto plazo, a través de una consistente batería de incentivos, mucho dependerá la institucionalización de la evaluación en el largo plazo52. En este sentido, de no encontrarse los mecanismos adecuados y los recursos oportunos, un número significativo de actores podrá deslizarse hacia una aceptación meramente “ritualista” de los procesos de evaluación, ya sea para evitar conflictos o para obtener otro tipo de fines.

El ritualismo supone en estos casos una actitud de los actores universitarios donde predominan estrategias de adopción instrumentales o formalistas, que terminan bloqueando las posibilidades de desarrollar mecanismos de accountability público y de transformación institucional53. Como señala el propio Informe:

* E1 ritualismo y la "profesionalización" han sido expresados tanto por directores de la CONEAU como por los usuarios entrevistados, como riesgos a los que está sujeto el proceso evaluativo de la enseñanza superior (Conclusión Nro. 16).

* Hay opiniones de evaluadores respecto a que existen autoevaluaciones que constituyen un proceso formal, ritualista y autocomplaciente, dirigido a la apología más que al aprendizaje (Conclusión Nro. 25).

* Se expresa que si bien una cierta diplomacia es considerada entendible en relación a la actitud de la CONEAU con las universidades evaluadas institucionalmente, se sacrifica rigor en la crítica de los problema que éstas poseen, para evitar grandes conflictos (Conclusión Nro. 33).

En una línea similar discurren varios de los Informes de Autoevaluación y de Evaluación Externa examinados. Tomemos como ejemplo ciertos tramos del Informe de Autoevaluación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos aires (UNCPB); allí se reconoce que:

52 En este mismo volumen, Daniela Atairo realiza un sugerente análisis de las posiciones “pragmáticas” en la adopción del FOMEC para el caso de la UNLP.53 De una manera muy libre, las posiciones analizadas hasta aquí recuerdan el célebre trabajo de Robert K. Merton (1987: 218) sobre los tipos de adaptación individual. Traducidas a sus términos, las posiciones bosquejadas serían: (A) Conformidad- innovación; (B) Ritualismo; (C) Retraimiento y (D) Rebelión.

...este Informe describe la problemática, pero no logró estimular los aportes de las facultades ni la valoración crítica del desempeño institucional. La presentación hecha por algunas unidades académicas denota, no obstante la actitud por el deseo de contribuir con el programa de Evaluación Institucional, que en la mayoría de los casos se redujo a la necesidad de cumplir con un requisito formal más que a la convicción de desarrollar una labor necesaria en cuyos resultados se apoye el planteamiento, tanto a nivel central como a nivel de cada una de ellas. Pese a estas limitaciones creemos que la auto-evaluación lograda debe ser juzgada positivamente. (Informe de Auto-evaluación, período 1996-2000).

Pero el punto crucial en estos casos hay que buscarlo por el lado de la eficacia de los procesos evaluativos, tanto leída desde los impactos logrados hasta la fecha, como por sobre todo, mirada desde el diseño de mecanismos e incentivos institucionales capaces de orientar los esfuerzos de los actores universitarios en pos de metas establecidas. En el primer caso, el Informe Isuani se muestra dubitativo:

* Existe una cierta contradicción en las opiniones de los usuarios respecto a los cambios producidos a raíz de los procesos de evaluación institucional. Mientras que a través de la información proporcionada, para algunos parece haberse producido un nivel razonable de cambios, para otros no arroja ese resultado: aquí los cambios aparecen como escasos y en temas relativamente secundarios (Conclusión Nro. 17).

En el segundo caso, en cambio, la preocupación es algo más nítida:

* La falta en general de recursos para implementar recomendaciones de la CONEAU o de premios a la calidad de gestión y enseñanza ha sido señalada como importante limitación, introduciendo una cuota sustancial de escepticismo sobre la conveniencia de ingresar en procesos sistemáticos de evaluación (Conclusión Nro. 5).

De este modo, el diseño forzosamente “anidado” (Tsebelis, 1990) de las políticas y del marco institucional de la evaluación, obliga a un manejo integrado de recursos, procesos y recompensas. Por lo mismo, la falta de coordinación entre los distintos planos de la evaluación, los resultados discrecionales o arbitrarios de la aplicación de los programas, o las señales confusas en torno a la continuidad de las reglas y políticas evaluativas, introducen elementos de incertidumbre que inducen a los actores racionales a adoptar conductas formalistas u oportunistas, bloqueando la consolidación efectiva de los procesos de evaluación. Como lo reconoció una de las autoridades de una universidad que tempranamente se sumó a la primera ronda de evaluaciones institucionales:

….desde las autoridades nosotros teníamos la conciencia que sería un sistema que daba premios y castigos posiblemente a través de una evaluación, y creíamos algunos que impulsamos la organización del convenio con el Ministerio para hacer la evaluación, que las universidades que entráramos primero íbamos a tener más chances de mejoras y más chances de tener acompañamiento para las mejoras, porque cómo te iban a castigar si no estaban todos evaluados. Iba a ser un sistema muy complicado, además creíamos que de entrada no iba a servir con siete u ocho universidades evaluadas para “ranquear”, y creo que entramos unas doce en ese período, pero con una fuerte discusión interna de resistencia política, porque esto era la política de ajuste, la política de achicamiento, la política de intromisión del gobierno en la política de la Universidad, entonces el Consejo Superior, aunque dijo, ‘sí,, firmen el convenio’, había muchos sectores que se resistían... (Las cursivas son mías).

Y en el mismo sentido se expresa otra autoridad universitaria, que si bien reconoce el tenor que tuvieron las resistencias, también remarca el papel positivo que tuvieron las expectativas de mejoras vía financiamiento: “...nosotros creíamos que teníamos las potencialidades para presentarnos a las (evaluaciones institucionales) voluntarias, no

esperar a la obligatoria.... teníamos que estar rápidamente evaluados para lograr mejoramiento, líneas de financiamiento”. Esta visión, comprensiblemente, persiste hasta hoy, aunque en muchos casos las dificultades de las autoridades estatales para dar una respuesta que coordine los resultados de las evaluaciones con los mecanismos y recursos para inducir a las mejoras sigue pendiente. Como señaló la Secretaria Académica de una importante universidad, quien llevó a término un proceso de autoevaluación reiteradamente interrumpido: “hay que terminar este año la auto-evaluación porque si no, no podemos entrar en los contratos-programa”. O dicho con otras palabras: estoy dispuesta a jugar este juego de la evaluación institucional porque en realidad me interesa jugar aquel otro juego de los contratos-programas.

En resumen, el examen de los documentos relevados hasta el momento, así como el análisis preliminar de un conjunto de entrevistas a actores claves, nos ofrecen una versión más matizada, y heterogénea, que la ofrecida por una lectura lineal de los procesos de evaluación: las respuestas de los actores universitarios frente a las iniciativas estatales de evaluación no estarían siguiendo un vector unidireccional. Más bien, entre la adopción plena y la resistencia activa se suceden un espectro de posiciones intermedias que hemos resumido en las categorías de resistencia pasiva y de adopción pragmática.

Una cuestión de interés para el análisis es que estas posiciones intermedias nos obligan a prestar especial atención a los medios (mecanismos, incentivos, recursos), antes que a los fines a la hora de revitalizar las políticas de evaluación. Por lo tanto, correspondería prestar atención a la manera en que los procesos evaluativos afectan la canasta básica de preferencias de los profesores-investigadores según los supuestos que presentamos más arriba. El Cuadro 2 muestra un resumen de esas preferencias ordenadas en “alto” y “bajo” reconocimiento académico y atractivo financiero.

Cuadro 2: Matriz de “pagos” a los profesores-investigadores en los procesos de evaluación54

Reconocimiento Académico

Atractivo Financiero

ALTO BAJOALTO

Acreditación de postgrados;Programa de Incentivos

Acreditación de carreras de interés público

BAJOFOMEC Evaluación institucional

Como pone de manifiesto el Cuadro 2, la evaluación institucional constituye el menos atractivo y el menos reconocido de los juegos de evaluación, ya que sus “pagos” –tal como están distribuidos hasta el momento- no son significativos ni para la docentes-investigadores (la “base del sistema” en términos del Clark), ni para las universidades en tanto programa de mejora institucional55. Por ello también es que en este rubro, más que en otros, encontremos recurrentes situaciones identificadas en términos de apatía o

54 El revés de la trama de esta “matriz de pagos” a los profesores-investigadores es la “matriz de oferta” del lado estatal. En este caso, la fortaleza político-institucional para promover el mejoramiento académico (“palo”) y los recursos financieros disponibles (“zanahoria”), permitirían categorizar las distintas estrategias estatales de regulación del campo universitario. Dejamos este problema para otra ocasión.55 Dejamos entre paréntesis aquellos programas específicos para la mejora de carreras (el caso de las ingenierías es un buen ejemplo), porque justamente esos programas responden al argumento que venimos sosteniendo: vinculan resultados de la evaluación con incentivos materiales al mejoramiento.

ritualismo, que combinadas con la existencia de importantes segmentos de resistencia, abren significativas dudas sobre la marcha de los procesos evaluativos.

Con base en estas consideraciones podemos presentar entonces las siguientes hipótesis interpretativas.

HIPÓTESIS I) Los procesos de evaluación universitaria están atravesando una transición en dos tiempos, de resultado aún incierto: lo que podríamos llamar una transición corta y una transición larga (fase de consolidación).

La segunda transición, la más difícil de lograr, pero a su vez la que constituye la finalidad última de todas esas iniciativas, es la referida a la incorporación de los procesos de evaluación como una nueva cultura institucional. La transición más breve, en cambio, es menos exigente: se conforma con que los actores estratégicos de la universidad pasen a jugar el juego de la evaluación como si fuera un “juego reiterado”, y no como un “juego de una sola vez”; en otros términos, en esta transición breve lo que está en trance de cambiar -en el marco de las interacciones conflictivas entre Estado y universidad- es el carácter del juego de la evaluación, entendido como la instauración de un juego que se reiterará periódicamente en el futuro. El mensaje, en este caso, todavía no ha sido del todo claro: la evaluación llegó para quedarse. Ciertamente, no podemos afirmar que este proceso de cambio posea desde ahora una tendencia consolidada. En este sentido, y pasados ya varios años de iniciados los procesos de evaluación, los actores del campo universitario parecen encontrarse en una zona crítica, donde sus prácticas o bien comienzan a orientarse más decididamente hacia esquemas de incorporación substantiva, o bien se corre el riesgo –como adelantamos- de retroceder hacia el rechazo, el ritualismo o la apatía56. Para que los juegos de evaluación sean percibidos como un juego reiterado, hay que dar todavía un paso más.

HIPÓTESIS II) Una condición necesaria, más no suficiente, para avanzar en esa transición “corta” depende de las decisiones políticas pro-reformas y de la dotación de recursos disponibles de las autoridades estatales (SPU), de las capacidades estatales instaladas (CONEAU) para generar y hacer cumplir reglas estables y creíbles en torno a los procesos de evaluación, y de la efectiva coordinación entre ambos segmentos del Estado/gobierno.

En buena medida, esta hipótesis descansa en la idea de que la “carga de la prueba” está del lado estatal, no sólo por una cuestión de responsabilidad de gobierno, sino también porque la fragmentación del actor docente-investigador hace que el polo estatal tenga más márgenes de libertad para avanzar. Pero también es importante tener en cuenta que las propias políticas de los años noventa generaron una novedosa necesidad de coordinación que le agrega una complejidad adicional a los problemas de elaboración de políticas en el campo universitario57.

Retomando el Informe Isuani desde la perspectiva que definen estas hipótesis se hacen patentes algunas diferencias dignas de mención. Según el enfoque del Informe, los

56 El carácter “anidado” o “enredado” de las políticas de evaluación se pone de manifiesto en los efectos “cruzados” entre los diferentes programas. Por ejemplo, habiéndose conocido – entre finales de 2004 y principios del 2005- los resultados de la tercera categorización del Programa de Incentivos, se observa que en aquellos casos en los que los profesores-investigadores han percibido situaciones de inequidad o de discrecionalidad, su visión acerca de los otros procesos de evaluación (acreditación de carreras o evaluación institucional) tiende también a volverse negativo.57 No podemos discutir aquí estos problemas de coordinación; baste señalar que una nutrida literatura de análisis de políticas y de gestión organizacional ha discutido extensamente la cuestión. Una visión clásica en Allison (1969), un análisis más reciente acerca del problema de que “coordinarse es perder poder” en Acuña & Tommasi (1999).

actores universitarios se estarían “convirtiendo” desde posiciones de “resistencia” hacia posiciones de incorporación substantiva de una nueva cultura de la evaluación. Frente a esa posición, mi argumento (Hipótesis I e Hipótesis II, apoyadas en los supuestos previos) es que, por un lado, no tenemos elementos empíricos sólidos que nos permitan establecer esa tendencia lineal, pero además, y esto es muy importante para el futuro de los procesos evaluativos, tampoco es necesario. Hasta donde alcanzo a ver, y valga como moraleja para modernizadores de todo tipo, si los procesos de transformación institucional orientados mediante políticas públicas requirieran contar de entrada, o a poco de andar, con cambios “profundos” y “extendidos” en la cultura de las personas, estaríamos definitivamente perdidos. Afortunadamente, muchos cambios institucionales se han dado sin que se dieran juntas esas condiciones; más bien, bastó que algunas personas (u organizaciones) funcionaran como élites modernizadoras capaces de introducir una innovación institucional, y de mantenerla en el tiempo mediante reglas creíbles y eficaces (incentivos y recursos) orientadas al cambio, para que después, y en buena medida por internalización de las nuevas reglas, es que se fue cambiando la cultura (así se impusieron la Ley 1420, el matrimonio civil, e incluso la Ley Saénz Peña, entre tantas otras). Obviamente, no estoy afirmando que todo proceso de cambio cultural sigue esta pauta; en otros casos el vector va claramente de la sociedad al Estado (por ejemplo la ley de divorcio durante la primavera alfonsinista), y en la mayoría de los casos hay un ida y vuelta más complejo y cambiante; en todo caso, lo que afirmo es en que ciertos procesos de cambio guiados por políticas públicas, esto es, dirigidos en última instancia mediante la imposición de un recurso de poder, puede observarse empíricamente que han seguido ese derrotero temporal: establecimiento de reglas estables y creíbles, adopción por parte de actores racionales para cobrar las “recompensas” o eludir los “castigos”, y luego desarrollo de una nueva cultura. Quizá algo de eso empiece a pasar con el juego de la evaluación institucional.

5) EPILOGO: ¿QUÉ HACER?

De acuerdo con el enfoque defendido en estas notas, podemos homologar el proceso de incorporación de la evaluación como cultura institucional a otros procesos de cambio institucional que hemos vivido en los últimos años. La transición a la democracia, entendida como un cambio en la reglas del juego político que paulatinamente van siendo incorporadas por los actores estratégicos de la sociedad, nos puede servir de referencia. Ahora bien, cuando se analizan esos procesos hay dos grandes modelos para interpretarlos: un modelo más culturalista, que tiene grandes virtudes para explicar el largo plazo58, y modelos, como el de la elección racional, que tienden a concentrarse más en el corto plazo. Una manera de entender esa diferencia es apelando a la distinción hecha por el politólogo francés Guy Hermet (1986), quien distinguía en los procesos de transición entre los “demócratas de oportunidad” (o de conveniencia) y los “demócratas de convicción”. El argumento de Hermet es claro y apoyado en una nutrida evidencia histórica: los procesos de transición conocidos dependieron de muchos militares y actores autoritarios que en algún momento comprendieron que les convenía más comenzar a actuar como si fueran democráticos, que mantener sus convicciones reaccionarias. Sin duda, todo proceso de consolidación democrática requiere de muchos demócratas de convicción para sostener la democracia en el largo plazo, pero nos bastan varios demócratas de oportunidad (y quizá sólo unos pocos demócratas de convicción con poder) para definir la transición en el corto plazo59. ¿Qué queremos decir con esto? Que los demócratas de oportunidad operan y responden

58 El modelo sigue las líneas generales de la síntesis parsoniana, que algunos enfoques neoinstitucionalistas incorporan con mayor o menor grado de convicción. Véase una presentación actualizada en Jeffrey C. Alexander (2000).59 La defensa clásica de esta posición se encontrará en Przeworsky (1991)

ante señales estables y creíbles de que se van a cumplirse ciertas reglas (que incluyen recompensas y sanciones) y que los juegos que se van a jugar no son juegos de única vez sino que son juegos reiterados.

Por todo lo que venimos diciendo, la evaluación en el ámbito universitario estaría atravesando un proceso análogo. Estaríamos en el tránsito de pasar de ser un juego de única vez, con reglas no definidas y sin señales creíbles de que se va a repetir en el tiempo, a ser un juego reiterado. Según se sabe, los estudios que discuten estos problemas tienden a señalar empíricamente que los actores que saben que un juego es reiterado cambian su actitud y sus decisiones respecto de las reglas del juego porque incorporan el cálculo intertemporal de costos y beneficios derivados de la aplicación estable de recompensas y castigos. Pero este cambio en la naturaleza del juego supone la vigencia de un conjunto de reglas que deben satisfacer ciertas propiedades básicas. Esas propiedades serían:

a) reglas estables: de aplicación reiterada y previsible;b) reglas claras: una serie de procedimientos que establecen resultados definidos

en términos de recompensas y castigos (‘si usted hace A, le pasa p’, ‘si usted hace B, le pasa q’). Si hay zonas estratégicas de indefinición la regla no funciona;

c) reglas equitativas: no discrecionales u arbitrarias (si uno tiene más o menos los mismos antecedentes que fulano, debería estar más o menos en el mismo lugar. Puede haber habido errores pero no operaciones arbitrarias porque esto naturalmente deslegitima desde abajo el proceso de evaluación. Recordemos que operaciones arbitrarias lesionan, a la vez, las dos preferencias básicas de mis profesores entendidos como calculadores racionales: su prestigio académico y su dinero);

d) reglas transparentes: la diseminación de información sobre procesos y resultados ha de ser lo más amplia posible60.

Para ilustrar la importancia crucial de la estabilidad de las reglas quizá valga la pena prestar atención al efecto diferencial de la reiteración en el juego de la evaluación institucional y en el juego de las categorizaciones (Programa de Incentivos). Nótese que la reiteración tendría efectos aparentemente disímiles en una primera instancia, pero que sus consecuencias en el mediano plazo tienden a ser congruentes con los objetivos de consolidar los aspectos substantivos de la evaluación. Como se sabe, las categorizaciones han tendido a ser percibidas hasta ahora como oportunidades eventuales, dependientes de un Programa cuya continuidad nunca ha estado asegurada. Esto genera en los actores una fuerte resistencia, acrecienta las recusaciones, y estimula comportamientos oportunistas de toda especie, en muchos casos agravados por la percepción de inequidades o discrecionalidades. Si un actor, en cambio, tiene claro que cada tres o cinco años vienen las categorizaciones, cambia su sistema de expectativas hacia ellas, y es consciente que puede volver a probar suerte en el próximo turno. Pasa a ver el problema como una “carrera” de acumulación. A la “inversa” funcionaría la regla con la evaluación institucional. Cuando la regla es reiterada aparece un disparador al cambio que la evaluación institucional lleva implícito: una universidad no puede repetir los mismos informes toda la vida; es decir, si seis años atrás consideró que había fallas en el insumo A, problemas en el proceso B, y deficiencias en el producto C, seis años después no podría volver a repetir el mismo diagnóstico. En todo caso, la identificación

60 Tiendo a creer que esta escala tiene prioridades: la primera regla es más importante que la segunda, la segunda es más importante que la tercera y así sucesivamente (aunque reconozco que tengo dudas sobre si la segunda tienen que ir tercera, y viceversa). Es como decir si usted está en un lugar de decisiones concéntrese en garantizar la primera regla. Si puede garantizar la segunda, mejor, etc.

de debilidades junto a la existencia de mecanismos e incentivos para el mejoramiento obligaría a un desplazamiento hacia nuevas metas y problemas.

Y con esto llegamos al último problema a considerar, que nos remite a su vez a la conflictiva relación de regulación entre el Estado y la universidad. Hemos hablado de una transición en dos tiempos que estarían atravesando los procesos de evaluación, luego señalamos que el camino hacia la consolidación institucional de dichos procesos mucho dependerá de la congruencia estable y efectiva de políticas, recursos y coordinación interestatal. Pero el desafío remanente es que no cualquier tipo de consolidación institucional de la evaluación es deseable. Parece claro que una evaluación ritualizada, apologética u oportunista no sirve a ningún propósito de mejoramiento institucional en el largo plazo. Por tal razón, retomando la periodización efectuada por Pedro Krotsch (2002) en un trabajo anterior, la discusión en la actualidad no se limita a considerar si los proceso de evaluación se estarían o no consolidando, sino que también tenemos que analizar en qué sentido se estarían consolidando, o dicho de otro modo, de cuál consolidación estamos hablando. Y si ya hemos hablado en extenso de las respuestas y actitudes de los profesores-investigadores, nos queda por revisar brevemente ¿cuál es el juego que juegan otros actores involucrados en el campo de políticas universitarias?

En el caso del gobierno nacional las señales son, por decir lo menos, ambiguas. Mientras estas notas se escriben, el Ministerio de Educación de la Nación ha iniciado un proceso de consultas orientado a modificar la Ley Federal de Educación; por su parte, el mismo gobierno ha dado señales de su intención de modificar la Ley de Educación Superior, y varios actores del campo universitario, particularmente diversas agrupaciones estudiantiles y algunos sectores gremiales, han tomado esa señal en la dirección de desmontar la estructura normativa de la evaluación. El hecho de que hasta ahora se hayan sucedido tres secretarios en la SPU durante el gobierno de Kirchner es una prueba de que la discontinuidad de políticas en el área no constituye un desvelo para la actual administración. En un sentido más amplio, el gobierno ha tendido en general a minimizar el conflicto universitario y se ha concentrado en una política de retaguardia orientada a la contención del reclamo salarial. Visto en perspectiva, la combinación de poder político, recursos económicos, proyecto coherente de desarrollo de políticas hacia el campo universitario y equipo técnico para llevarlo adelante, han sido más bien la excepción y no la regla en el ámbito de las políticas hacia las universidades. Salvo durante el período de Juan Carlos Del Bello en el gobierno de Menem, estos componentes nunca volvieron a estar juntos, y lo que tenemos desde entonces son diversos grados de inercia tecnopolítica con cambiantes niveles de consenso y conflicto entre el gobierno y las casas de estudio.

En el caso de la CONEAU el problema no es la ambigüedad, sino la inestabilidad. Como toda agencia estatal de reciente creación la propia Comisión está atravesando su propia transición institucional hacia un formato de mayor autonomía, legitimación pública, constitución meritocrática y sistematización (o burocratización) de procedimientos. En ese marco, su accionar está encuadrado por dos restricciones: debe jugar un juego donde evalúa, pero no puede ser muy estricta a riesgo de socavar su propia base de sustentación en esta etapa crítica de su existencia. En un balance muy elemental, cada universidad evaluada satisfactoriamente es un aliado de la CONEAU, cada universidad cuestionada es un opositor potencial. Esto se repite con cada programa de postgrado y con cada carrera de interés público evaluada; aunque el resultado no es unilateral. Por ejemplo, el programa de postgrado rechazado, o acreditado C, estará molesto por el resultado, pero los acreditados A estarán satisfechos de esa distribución

de recompensas. Mientras esta ecuación siga dando resultados positivos, los procesos de evaluación irán avanzando con mayor o menor rigor61.

Y finalmente nos encontramos con la ciudadanía (recordar nuestra Figura 1). Quizá uno de los déficit estructurales en los procesos de evaluación sean las escasas señales de demanda ciudadana en torno a la calidad educativa, y la dificultad para conformar actores de la sociedad civil capaces de articular esas demandas. No me refiero, naturalmente, a que falten “voces” que reclaman calidad, lo que señalo es la carencia de actores con proyectos, recursos y organización. En este sentido, el esquema de preferencias de un ciudadano medio podría resumirse de este modo: requiero la máxima calidad de enseñanza disponible compatible con la posibilidad efectiva de recibirla. La lógica de esta posición en apariencia paradójica no debería asombrarnos. En principio, todo el mundo está en contra de la baja calidad educativa, la pobreza, las inundaciones o el paludismo. El costo de integrar una “coalición negativa” contra estos males es bajísimo, y sus beneficios pueden llegar a ser altos (al menos desde el punto de vista simbólico); el desafío, en cambio, es pasar de esas “coaliciones negativas” a construir una “coalición positiva” de políticas para enfrentar dichos problemas, asumiendo los costos efectivos de una solución en particular (la calidad educativa ¿es con examen de habilitación profesional o sin él?; las obras de infraestructura necesarias para evitar las inundaciones, ¿las pagamos con un menor gasto en salud o aumentando el impuesto inmobiliario?, etc.)

Para mostrar que esta relación entre ciudadanía, Estado y universidad tiene sus complicaciones pensemos en el siguiente caso: si Ud. es paciente de un sanatorio atendido por médicos egresados de cualquier universidad, imagino que querrá contar con la atención de los mejores médicos disponibles, lo cual debería llevarlo a ser muy exigente con las condiciones de ingreso-egreso de las Facultades de Medicina, la formación durante la residencia, etc. Pero si Ud. tiene un hijo que no se ha destacado mucho en los estudios, pero a su vez alberga deseos de convertirse en médico, es posible que Ud. aspire a que la Facultad baje sus exigencias para que su hijo pueda entrar. ¿Se trata de intereses contradictorios? Desde el punto de vista individual –esto es, de un actor racional que maximiza su interés de corto plazo- no necesariamente: Ud. puede adoptar una posición de free-rider (de viajero gratis o polizón) y esperar que le toque en suerte un médico excelente cuando se enferme, mientras que su hijo atienda a otros pacientes (por ejemplo, a alguno de sus enemigos o ese vecino ruidoso que nunca falta). El problema con este esquema es que si la situación se multiplica, caemos en un estado de dilema de prisionero generalizado: los malos médicos abundarán y la calidad media de la medicina decaerá. De hecho, podríamos decir que buena parte de la institucionalidad argentina ha sido incapaz de establecer reglas institucionales que obligaran a los actores sociales –en diferentes y muy variados planos de la vida del país- a dar su mejor esfuerzo cooperativo en pos de alcanzar metas colectivas que equilibraran eficiencia con equidad, libertad con orden, autonomía con control, innovación con protección, etc. Y en esto la universidad no es ninguna excepción, sino que sigue una tónica muy extendida en lo que hace a nuestro subdesarrollo institucional. Con lo cual volvemos al planteo realizado en un principio: a ningún actor social le gusta (nos gusta) enfrentar la posibilidad de perder en una competencia, pero la obligación institucional de competir es el motor de la innovación y la calidad, y los mecanismos de evaluación que no se orienten por esa vía corren el riesgo de ser un esfuerzo inútil.

61 Esta dinámica conflictiva de construirse un espacio institucional legitimado entre los propios actores que son objeto de evaluación, puede analizarse a la luz del “grado de aprobación” (o de rechazo) diferencial de los proyectos institucionales (los que quedan afuera, simplemente no están es el sistema) y los postgrados; en el primer caso, los proyectos aprobados rondan el 12%, mientras que en el segundo caso, la cifra de aceptación trepa hasta el 72%. Cfr. El resumen de Actividades de la CONEAU (septiembre de 2006).

De este modo, la consolidación institucional de los procesos de evaluación universitaria puede alcanzar un estado de equilibro progresivo, una combinación siempre difícil entre equidad y eficiencia en el mediano plazo, o bien estancarse en una situación de equilibrio regresivo, en la que los actores interesados en maximizar su interés en el corto plazo se dispersan en una serie de conductas oportunistas, rituales o apáticas, que terminan generando un resultado social subóptimo en el mediano plazo. No se necesita mucha imaginación para delinear un eventual escenario futuro donde un gobierno que no quiere conflictos, un Estado capturado por voluntades disímiles, una agencia de evaluación encerrada en su vindicación tecnoburocrática, universidades dominadas por intereses político-partidarios y una ciudadanía dispersa, portadora de demandas débiles y heterogéneas, desembocan en un campo de políticas públicas bloqueado. Como lo indica el inspirador análisis de Tsebelis (1995) en torno al “jugador de veto”, en aquellas arenas institucionales donde se combinan: a) un alto número de jugadores de veto, es decir, actores individuales o colectivos cuyo acuerdo se requiere para llevar a cabo un cambio en torno a una cuestión de políticas; b) la incongruencia o disparidad de posiciones políticas entre esos actores es también alta; y c) la cohesión interna de dicho actores –al menos de aquellos con mayor capacidad de maniobra- es significativa; entonces las probabilidades de que se modifique el statu quo son muy bajas. En este sentido, el campo de políticas universitarias (y esto se repite al interior de muchas instituciones de Educación Superior, particularmente en el caso de las “grandes” universidades) parece acomodarse demasiado bien a esa lógica de acción estancada, donde conviven múltiples actores con capacidad de bloquear las iniciativas de los otros, pero sin los suficientes recursos (materiales o simbólicos) para definir una orientación de recambio.

En un escéptico corsi y ricorsi del ciclo de las ideas y las reformas del Estado en América Latina, las estrategias de evaluación quizá cumplan en la actualidad funciones semejantes a las que cumplieron las propuestas de planificación para el desarrollo entre finales de los cincuenta y mediados de los sesenta. Al menos conllevan parecidas promesas y enfrentan hoy similares riesgos. Ojalá en este caso nos vaya un poco mejor.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta Silva, Adrián (2000), Estado, políticas y universidades en un período de transición. Análisis de tres experiencias institucionales en México, México, FCE.

Acuña, Carlos H., ¿Racionalidad política versus racionalidad económica? en Revista Argentina de Ciencia Política, No. 1, Noviembre de 1997.

------------------- & Mariano Tomassi (1999), “Reflexiones sobre las reformas institucionales requeridas para América Latina”, mimeo.

Alexander, Jeffrey C. (2000), Sociología cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas, Barcelona, Anthropos.

Allison, Graham T. (1969), “Modelos conceptuales: La crisis de los misiles cubanos”, en Aguilar Villanueva, Luis, Antología de Políticas Públicas, 4 vols., México DF, Miguel Angel Porrúa, 1993.

Altbach, Philip G. & Patti McGill Petersen (2000), Educación Superior en el Siglo XXI. Desafío global y respuesta nacional, BsAs, Biblos.

Banco Mundial (1993), The East Asian Miracle. Economic growth and public policy, Washington DC.

Banco Mundial (1995), La Enseñanza Superior. Las lecciones derivadas de la experiencia, Washington DC.

Banco Mundial (1997), Informe sobre el Desarrollo Mundial: El Estado en un mundo cambiante, Washington DC.

Banco Mundial (1988/89), Informe sobre el Desarrollo Mundial: El Conocimiento al Servicio del Desarrollo, Washington DC.

Banco Mundial (2000/2001), Informe sobre el Desarrollo Mundial: Lucha contra la pobreza, Washington DC.

Barry, Brian M. (1970), Los sociólogos, los economistas y la democracia, Buenos Aires, Amorrortu editores.

Barsky, Osvaldo; Víctor Sigal y Mabel Dávila (Coords.) (2004), Los Desafíos de la Universidad Argentina, BsAs, Universidad de Belgrano & Siglo XXI..

Bourdieu, Pierre & Loic Wacquant, Respuestas por una Antropología Reflexiva, México, Grijalbo, 1995, esp. cap. 2.

Bresser Pereyra, Luiz C. (1991), "La Crisis de América Latina. ¿Consenso de Washington o Crisis Fiscal?, en Pensamiento Iberoamericano, Madrid, vol. 19.

Brunner, José Joaquín (1990), Educación Superior en América Latina: cambios y desafíos, México, FCE.

Burki, Shahid Javed & Guillermo E. Perry, Más allá del Consenso de Washington. La Hora de la Reforma Institucional, Washington DC, Banco Mundial, septiembre de 1998.

----------------------- & Guillermo E. Perry, La Larga Marcha. Una agenda de reformas para la próxima década en América Latina y el Caribe, Washington DC, Banco Mundial, julio de 1998.

Cano, Daniel (1985): “La educación superior en la Argentina”, FLACSO, CRESALC/ UNESCO, Grupo Editor Latinoamericano.

Caplan, Nathan (1979), “The Two-Communities Theory and Knowledge Utilization”, American Behavioral Scientist, 22 (3).

Chiroleu, Adriana, “Políticas de Educación Superior en Argentina y Brasil: de los ’90 y sus continuidadaes”, Revista de la SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político), BsAs, vol. 2, Nro. 3, Agosto de 2006.

Clark, Burton R., El Sistema de Educación Superior. Una visión comparativa de la organización académica, México, Nueva Imagen, 1983.

CONEAU (1997), Lineamientos para la evaluación institucional, Ministerio de Cultura y Educación, Argentina.

CONEAU (2002), “Contribuciones para un análisis del impacto del sistema de evaluación y acreditación”, BsAs, Ministerio de Cultura y Educación.

CONEAU, Actividades de la CONEAU, Documento actualizado al 27 de septiembre de 2006 (www.coneau.gov.ar).

Cox, Cristian, “Políticas de Educación superior. Categorías para su análisis”, en Hernán Courard (comp.), Políticas Comparadas de Educación Superior, Santiago de Chile, FLACSO, 1993.

Davis, Morton D., Introducción a la Teoría de Juegos, Madrid, Alianza, 1998.

Del Bello, Juan Carlos, “Relaciones entre Estado y Universidad”, Pensamiento Universitario, BsAs, Nro. 1, noviembre de 1993.

Dieterlen, Paulette, “Teoría de la elección racional. Un ejemplo del individualismo metodológico”, Revista Estudios, México, ITAM, No. 11, invierno de 1987.

Drucker, Peter F. (1995), La Administración en una Época de Grandes Cambios, BsAs, Sudamericana, 1996.

Elster, Jon (1983), Uvas Amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, Barcelona, Península, 1988.

-------------- (1987), Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales , Barcelona, Editorial Gedisa, 1993.

------------- Egonomics. Análisis de la interacción entre racionalidad, emoción, preferencias y normas sociales en la economía de la acción individual y sus desviaciones, Barcelona, Editorial Gedisa, 1997.

García de Fanelli, Ana María (2005), Universidad, organización e incentivos. Desafíos de la política de financiamiento frente a la complejidad institucional, BsAs, Fundación OSDE & Miño y Dávila Editores.

Gibbons, Michael et al. (1994), La Nueva Producción del Conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas, Barcelona, Pomares, 1997.

Gourevitch, Peter (1986), Políticas Estratégicas en Tiempos Difíciles. Respuestas comparativas a las crisis económicas internacionales, México, FCE, 1993.

Green, Donald P. e Ian Shapiro, “La política explicada por la teoría de la elección racional. ¿Por qué es tan poco lo que esta teoría nos ha enseñado?”, en Revista Foro Internacional, El Colegio de México, Vol. XXXIV, No. 3. México, 1994.

Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid, Taurus, 1987.

Haddad, Wadi (1995), “Education policy-planning process: an applied framework”, Paris, UNESCO, International Institute for Educational Planning.

Haggard, Stephan, Pathways from the Periphery. The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, Ithaca and London, Cornell University Press, 1990.

--------------------- & Robert Kaufman, The Politics of Economics Adjustment, Princeton University Press, 1992.

--------------------- & Steven B. Webb, Voting for Reform. Democracy, Political Liberalization and Economic Adjustment, World Bank and Oxford University Press, 1994.

--------------------- & Robert Kaufman, The Political Economy of Democratic Transitions, Princeton University Press, 1995.

Hall, Peter (1986), El Gobierno de la Economía. Implicaciones de la intervención estatal en la economía de Gran Bretaña y Francia, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993.

Hermet, Guy, “¿Cómo nacen las democracias?”, Revista Vuelta (México), Nro. 112, marzo de 1986.

Hood, Christopher & Michael Jackson (1991), La Argumentación Administrativa, México, FCE, 1997.

Isuani, Ernesto A., Estudio sobre algunos resultados de la labor de la CONEAU (“Informe Isuani 2003”), BsAs, Enero de 2003, mimeo.

Kells, H.R., “Sistemas de evaluación nacional y de autorregulación universitaria: sus implicancias para Argentina”, en Evaluación Universitaria. Memorias del II Taller sobre experiencias de evaluación universitaria, BsAs, Ministerio de Cultura y Educación, Tomo I, 1995.

Krotsch, Pedro & Adriana Puigróss (1994), Universidad y Evaluación. Estado del debate, BsAs, Aique-Rei.

---------------- (coord..) (2002), La Universidad Cautiva. Legados, marcas y horizontes, La Plata, Al Margen.

Lechner, Norbert, "El Malestar con la Modernización", FLACSO-México, mimeo, febrero de 1998.

-------------------, “Tres formas de coordinación social”, en Revista de la CEPAL, Nro. 61, abril de 1997.

López, Andrés (2006), Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino, BsAs, CEPAL.

Lowi, Theodore J. (1964), “Políticas públicas, estudios de caso y teoría política”, en Aguilar Villanueva, Luis, Antología de Políticas Públicas, vol. 2, México DF, Miguel Angel Porrúa, 1992.

March, James G., & Johan P. Olsen (1989), El Redescubrimiento de las Instituciones, México, FCE, 1997.

Marquis, Carlos (1994), Evaluación en el MERCOSUR, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, Argentina.

Merton, Robert K. (1968), Teoría y Estructura Sociales, México, FCE, 1987.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2003), Políticas de Estado para la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e internacional, Secretaría de Políticas Universitarias, Argentina

Mollis, Marcela y Estela M. Bensimon (1999), “Crisis, calidad y evaluación de la educación superior desde una perspectiva comparada: Argentina y Estados Unidos”, en Casanova Cardiel, Hugo y Roberto Rodríguez Gómez, Universidad contemporánea. Política y Gobierno, Tomo 2, México, UNAM, Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU).

Mueller, Dennis C., Elección pública, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

Neilson, Stephanie (2001): “Supported research and its influence on public policy. Knowledge utilization and public policy processes: a literature review”, IDRC en www.idrc.ca/evaluation/litreview_e.html

Neave, Guy, Educación Superior: historia y política. Estudios comparativos sobre la universidad contemporánea, Barcelona, Gedisa, 2001.

Nelson, Joan M. (edit.), Coaliciones Frágiles: La política del ajuste económico (New Brunswick, Transaction Books, 1989), México, CEMLA/Banca Serfin.

------------------, Crisis Económica y Políticas de Ajuste (Princeton University Press, 1990), Colombia, Norma, 1994. ------------------- et al, Intricate Links: Democratization and Markets Reforms in Latin America and Eastern Europe, New Brunswick, Transaction, 1994.

Nirenberg, Olga; Josette Brawerman & Violeta Ruiz (2000), Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales, BsAs, Paidós.

North, Douglass (1981), C., Estructura y Cambio en la Historia Económica, Madrid, Alianza, 1994.

------------------- (1990), Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, México, FCE, 1993.

OCDE, Governance in Transition. Public Management Reformes in OECD Countries, 1995.

Olson, Mancur, “La lógica de la acción colectiva”, en Auge y decadencia de las Naciones. Crecimiento económico, estanflación y rigidez social, Madrid, Ariel, 1986

Oszlak, Oscar, “De menor a mejor. El desafío de la segunda reforma del Estado”, Nueva Sociedad, 160, marzo-abril de 1999.

-----------------, La formación del Estado Argentino, BsAs, Planeta, 1997.

---------------- & Guillermo O’Donnell, “Estado y Políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación”, en Kliksberg Bernardo y José Sulbrandt (comps.), Para investigar la Administración Pública, Madrid, INAP, 1984.

Parsons, Talcott (1971), El sistema de las sociedades modernas , México, Trillas, 1974.

Paviglianiti, Norma, María Catalina Nosiglia y Mónica Marquina (1996), Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la universidad, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación-Universidad de Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, Argentina.

Pérez Lindo, Augusto (1993), Teoría y evaluación de la educación superior, BsAs, Aique Grupo Editor SA.

Peters, Guy B. (1999), El Nuevo Institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política, Barcelona, Gedisa, 2003.

Powell, Walter W. & Paul J. Di Maggio (1991), El Nuevo Institucionalismo en el Análisis Organizacional, México, FCE, 1999.

Przeworski, Adam, “Acerca del diseño del Estado: una perspectiva principal-agente”, Revista Argentina de Ciencia Política, Nro. 2, diciembre de 1998.

----------------------(1991), Democracia y Mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del este y América Latina , Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Riker, William (1962), “Teoría de juegos y de las coaliciones políticas”, en Albert Batlle (comp..), Diez textos básicos de ciencia política, Madrid, Alianza, 1992.

Rodríguez-Ibáñez, José E., Decisión racional versus holismo: ¿Una teoría estratégica integral de la acción colectiva?, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 54, 1991.

Saiegh, Sebastián M. & Mariano Tommasi, La Nueva Economía Política: Racionalidad e Instituciones, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Schelling, Thomas C. (1978), Micromotivos y macroconducta , México, FCE, 1989.

Shepsle, Kenneth. A. (1995), “El estudio de las instituciones: lecciones del enfoque de la elección racional”, en John Farr, John J. Dryzek & Stephen T. Leonard (eds.), La Ciencia Política en la Historia, Madrid, Istmo, 1999.

Schick, Frederic (1997), Hacer Elecciones. Una reconstrucción de la teoría de la decisión, Barcelona, Gedisa, 1999.

Scott, John, El análisis económico de la política: métodos y límites, en Revista Política y Gobierno, Vol. I, No. 2., México, 1994.

Simon, Herbert (1983), Naturaleza y límites de la razón humana, México, FCE, 1989.

Stiglitz, Joseph E., “Mas instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington”, Desarrollo Económico, Nro. 151, vol. 38, Octubre-Diciembre de 1998.

Tamayo Sáez, Manuel (1997) "El análisis de las políticas públicas", en Bañón, Rafael y Ernesto Carrillo (comps.), La nueva Administración Pública, Alianza Universidad, Madrid.

Tyler, Lewis A. & Andrés Bernasconi, “Evaluación de la Educación Superior en América Latina: tres órdenes de magnitud”, Harvard University, DDP 700, 1999.

Torre, Juan Carlos, "Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina", CEPAL, 1997.

Tsebelis, George (1990), Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics, Berkeley, University of California Press.

-------------------- (1995), “La Toma de Decisiones en los Sistemas Políticos. Actores de veto en el presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo y multipartidismo”, en Saiegh, Sebastián M. & Mariano Tommasi, La Nueva Economía Política: Racionalidad e Instituciones, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Vergara, Rodolfo, “El Redescubrimiento de las Instituciones: de la teoría organizacional a la ciencia política”, Estudio Introductorio a James G. March & Johan P. Olsen, El Redescubrimiento de las Instituciones (1989), México, FCE, 1997.

Vispo, Adolfo, Los Entes de Regulación. Problemas de diseño y contexto. Aportes para un urgente debate en la Argentina, BsAs, Norma, 1999.

VV.AA. "Más allá del Neoliberalismo", Nexos, 243, marzo de 1998.

VV.AA. “Documento del Comité Territorial de Optica de la Argentina sobre la Evaluación de la Actividad Científica en el País”, Salta, mimeo, mayo de 2006.

Ward, Hugh (1995), “La teoría de la elección racional”, en David Marsh & Gerry Stoker (eds.), Teoría y Métodos de la Ciencia Política, Madrid, Alianza, 1997.

Weiss, Carol: “Policy research as advocacy: Pro and con”. Knowledge & Policy, 4 (1/2) (Academic Search Elite), 1991

Williamson, John, The Progress of Policy Reform in Latin America, Washington DC, Institute for International Economics, N 28, January 1990.

Wittrock, Bjorn, “Conocimiento social y política pública: ocho modelos de interacción”, en Peter Wagner, Carol Hirschon Weiss, Bjorn Wittrock y Hellmut Wollman (comp), Ciencias sociales y Estados modernos. Experiencias nacionales e incidencias teóricas”, México, Fondo de Cultura Económica, 1991

/// “Los juegos de la evaluación universitaria en la Argentina”, artículo incluido en Evaluando la evaluación: los desafíos actuales de la universidad, BsAs, Prometeo, 2007. ISBN 978-987-574-166-9 (pp. 353).

¿EL SUJETO CONTRAATACA?

Por Antonio Camou

Alain Touraine, Un Nuevo Paradigma para comprender el mundo de hoy (2005), BsAs, Paidós, 2006.

El último libro del sociólogo francés Alain Touraine gira en torno de una idea clave: “cambiamos de paradigma en nuestra representación de la vida colectiva y personal. Salimos de la época en que todo se expresaba y se explicaba en términos sociales” (p.16), y pasamos a habitar un mundo en el que “los problemas culturales han adquirido tal importancia que el pensamiento social debe organizarse en torno a ellos” (p.13)62.

Como se trata de una afirmación temeraria, hay que dar un largo rodeo histórico para calibrar la magnitud de la tesis. Si las sociedades tradicionales elaboraron una visión religiosa de sí mismas, las sociedades modernas habrían alumbrado hasta ahora dos grandes paradigmas de comprensión histórica. Durante la primera modernidad, que tiene su punto culminante en la Revolución Francesa, dominó un paradigma político. Con arreglo a dicho marco, nos recuerda el destacado estudioso de los movimientos sociales, hemos descrito y analizado la realidad social en términos del “orden y el desorden, la paz y la guerra, el poder y el estado, el rey y la nación, la república, el pueblo y la revolución”. Posteriormente, “la Revolución industrial y el capitalismo se liberaron del poder político y aparecieron como la base de la organización social. Reemplazamos entonces el paradigma político por un paradigma económico y social: clases sociales y riqueza, burguesía y proletariado, sindicatos y huelgas, estratificación y movilidad social, desigualdad y redistribución se convirtieron en nuestras categorías de análisis más habituales”. En la actualidad, en cambio, estaríamos atravesando una ruptura de dimensiones semejantes pero de signo diferente. Para Touraine, el análisis del mundo actual debe adoptar como premisa “la destrucción de todas las categorías sociales, desde las clases sociales y los movimientos sociales hasta las instituciones o agentes de socialización, nombre que se ha dado a la escuela y a la familia al definir la educación como socialización”(pp. 13-14).

Reacio a calificar la época en que vivimos con la etiqueta de “postmoderna”, el autor que en 1969 escribió La Sociedad Postindustrial prefiere hablar ahora de un tipo diferente de modernidad, distinta a los dos estadios que hasta ahora conocimos de las sociedades industriales, y más cercana a las nociones de “sociedad de la información o de la comunicación”. A veces hablará de un tipo de sociedad “hipermoderna” o “neomoderna”, y en otros casos graficará la misma idea apelando a la paradójica expresión de una sociedad “postsocial” (p.232). Como lo adelantara en una larga entrevista autobiográfica concedida hace unos años, “en el universo en que vivimos, todos los temas que marcan nuestra cultura son temas no sociales. Nos hallamos ya en una nueva cultura, en un nuevo sistema de acción histórica”. Y puesto a buscarle una calificación a ese mundo emergente, nos dirá: “No creo que hayamos pasado a una sociedad postmoderna; hemos pasado a otro tipo de modernidad: me divierte hablar de Baja Modernidad, al igual que se habló de Bajo Imperio”63.

¿Cuándo pasó todo esto? En esa misma entrevista volverá la vista atrás para recordarnos: “Cuando hace treinta años Daniel Bell o yo mismo hablábamos de sociedad postindustrial, queríamos decir: estamos asistiendo a una mutación. Treinta años después, este término no tiene pertinencia alguna; ¡la mutación ya ha tenido

62 Salvo indicación en contrario, los números de página hacen referencia a la edición comentada.63 Alain Touraine & Farhad Khosrokhavar, A la Búsqueda de sí Mismo. Diálogo sobre el Sujeto (2000), BsAs, Paidós, 2002, p. 32.

lugar!”64. En su último libro será más explícito todavía: el período de cristalización de ese nuevo tipo de sociedad, y por tanto, de la necesidad de reconstruir un paradigma intelectual diferente para pensarla, se extendería simbólicamente entre la caída del Muro de Berlín (1989) y la destrucción de las torres del World Trade Center (2001). Desde entonces, la idea que se impone a nosotros es la del “estallido de las sociedades: guerras, revoluciones, transformaciones técnicas aceleradas, conquistas, migraciones, pero también enriquecimiento y empobrecimiento rápidos, globalización de los intercambios, pero también de la pobreza y de la miseria. La sociedad que nos describía la sociología clásica se parecía a un castillo de piedra; la nuestra se parece a unos paisajes en movimiento”(p. 121).

Pero Touraine no es un autor que se deja llevar por el vértigo del pesimismo o que se instala en la cómoda negatividad de todo lo que hay; tampoco se solaza con permanecer estancado en el momento crítico de todo pensamiento creador. Junto con autores como Anthony Giddens o Jürgen Habermas apuesta por la reconstrucción sistemática del saber social, y por su aplicación en términos de política positiva. Su sensibilidad histórica y su talante ilustrado lo impulsan a buscar el hilo para salir del laberinto: “Cada vez que cambia nuestra mirada sobre nosotros mismos, nuestro entorno y nuestra historia, tenemos la impresión de que el mundo antiguo ha caído arruinado y que no hay nada que pueda reemplazarlo. Eso es lo que hoy sentimos, pero, como hicimos en el pasado, intentaremos construir una nueva representación de la vida social y escapar así a la impresión angustiosa de la pérdida de sentido” (p.15-16).

En un intento por efectuar un primer balance entre lo viejo que se destruye y lo nuevo que no termina de asomar, Touraine dedica toda la primera parte del libro (“Cuando hablábamos de nosotros en términos sociales”) a analizar la disolución de las categorías sociológicas más usuales, y destina la segunda parte del volumen, más propositiva pero también mucho más tentativa y conjetural, a sentar las bases del nuevo paradigma cultural (“Ahora que hablamos de nosotros en términos culturales”).

Paradigma y no discurso, se esmera en aclarar Touraine en una ostensible polémica con su finado amigo Michel Foucault, y ofrece sus razones: “si no he utilizado discurso en el título de este libro... es para indicar de entrada que mi objetivo es iluminar conjuntos históricos que no pueden nunca ser reducidos a formas de dominación, donde las protestas, los conflictos, las reformas ocupan un lugar tan grande como (e incluso mayor que) las coacciones de la gobernabilidad y la enumeración”. Desde esta perspectiva, un “paradigma no es sólo un instrumento en las manos del orden dominante, sino igualmente la construcción de defensas, críticas y movimientos de liberación” (p.17). Y agrega con énfasis: “no estamos encerrados; nunca estamos reducidos a decir que no podemos hacer nada. La idea de paradigma deja lugar a la luz tanto como a la sombra. Si se puede consagrar todo un discurso a vigilar y castigar, el paradigma valora tanto la libertad como la alienación, tanto los derechos humanos como la obsesión por el dinero, el poder y la identidad” (p.18).

UNO, DOS, TRES TOURAINE

Quienes han seguido de cerca la trayectoria intelectual de Alain Touraine reconocen, y a ratos lamentan, que en los últimos tiempos se han forjado dos imágenes de este sociólogo que acaba de cumplir sus lozanos ochenta años. De un lado, encontramos al intelectual global, cuya figura se replica a través de sus habituales columnas de opinión en diarios de varios continentes, sus apariciones en radio o TV, sus innumerables reportajes y conferencias, y su vitalidad itinerante que lo lleva a participar en lejanos foros y encuentros internacionales, como el que lo trajo a Buenos Aires en 64 Ibidem.

febrero último, exactamente cincuenta años después de haber pisado por primera vez América Latina. Este es el personaje mediático de la opinión rápida, de la apuesta momentánea, del juicio categórico que ciertas redacciones se empeñan en descontextualizar, buscando –tras el gesto atildado y elegante- la frase de efecto o el calificativo mordaz. Pero hay otro Touraine, quizá menos reconocido en la actualidad, cincelado por una obra de seis décadas, comprometido con la más estricta investigación de campo, y multiplicado por una vocación docente que ha repartido discípulos a lo largo y ancho del mundo, particularmente en América Latina. De ahí que una buena parte de los científicos sociales latinoamericanos más destacados, que hoy superan los cincuenta años, han sido influidos significativamente por las enseñanzas del autor de La voix et le regard.

Por comodidad cronológica, esa vasta obra podría ser ordenada en tres grandes períodos. En una primera etapa, nos encontramos al joven investigador que se aventura en un estudio sobre la reforma agraria en Hungría, en los primeros años de la segunda postguerra, que se interna luego en las minas de carbón de Raismes, en el norte de Francia, o que se especializa en trabajos sobre la conciencia obrera de los operarios de la fábrica Renault. Hacia 1959, y con el fuerte padrinazgo de Fernand Braudel, se lo designa como Director de Estudios de la recientemente creada Sexta Sección de la École Pratique des Hautes Études, y desde allí dará a conocer su primera obra de envergadura teórica: Sociología de la acción (1965). En ese trabajo ya se perfilaban con claridad algunas de los motivos centrales del pensamiento tourainiano: Por un lado, el intento por superar los sesgos deterministas presentes tanto en el marxismo como en el estructural-funcionalismo parsoniano; por otro, su preocupación por rescatar el papel activo y creativo de los actores sociales, destacando la productividad del conflicto como constitutivo de posiciones e identidades.

Una segunda etapa se abre con el Movimiento del Mayo francés de 1968, que significará un viraje decisivo en la obra de Touraine. Junto a otros episodios de características similares en otras partes del mundo, aquellas revulsivas jornadas marcaron límites claros a los formatos clásicos de participación sociopolítica (partidos y sindicatos) y comenzaron a definir una nueva agenda de preocupaciones sociales. A partir de entonces, la problemática de los (nuevos) movimientos sociales pasará a ocupar un lugar central en sus trabajos de investigación, como lo testimonia el libro que escribió al calor del conflicto: El movimiento de Mayo o el comunismo utópico (1969). En ese momento –dirá muchos años después al recordar aquella experiencia- “nuestro pensamiento sufrió una transformación radical: lo que entonces comenzó a preocuparnos no fueron ya los problemas históricos, sino la defensa de los derechos del hombre, la afirmación de la personalidad, los problemas ligados a la sexualidad, en una visión de las cosas que se distanciaba de la ideología del progreso. Fue entonces cuando casi todos nosotros comenzamos a interesarnos más directamente por la idea de sujeto” (2000: 26). Durante las dos décadas siguientes el grueso de su labor de investigación girará en torno al estudio de los movimientos sociales, y al desarrollo de una metodología de análisis específico (la “intervención sociológica”) para abordarlos. A ellos le dedicará una serie de investigaciones realizadas con Francois Dubet, Michel Wieviorka y Zsuzsa Hegedus: Lutte étudiante (1978), La prophétie anti-nucléaire (1980), y Le pays contre l’État (1981); y posteriormente con F. Dubet , M. Wieviorka y J. Strzelecki, Solidarité de 1982, basado en sus estudios de campo en Polonia.

Pero ese haz de preocupaciones teóricas y de investigación fue precedido por un acontecimiento personal que repercutirá en todo su trabajo. En 1956, a petición de su Director de investigaciones, Georges Friedmann, y del rector de la Universidad de Chile, le fue encomendada la misión de trasladarse al país trasandino para fundar allí un centro de investigaciones sociales. Sin hablar español, y sin poder dar clases, sus tareas iniciales se concentraron en observaciones de campo sobre la vida de los trabajadores en las minas y en las fábricas siderúrgicas. Seis semanas después de desembarcar en Santiago conocerá a la que será su mujer por más de tres décadas, y este lazo personal

se transformará en un interés político e intelectual permanente por América Latina, que lo llevará, primero, a permanecer largas temporadas recorriendo el subcontinente y estudiando sus problemas, y más tarde, a dedicarle una significativa parte de su obra que será condensada en un grueso volumen de 1988, La parole et le sang, que una traducción algo infiel volcó con el más anodino título de América Latina: Política y sociedad.

Durante este período escribirá la que tal vez sea su obra teórica más influyente, La producción de la sociedad, publicada inicialmente en 1973, y luego corregida y reeditada en 1992. Allí se encontrará una presentación sistemática de sus categorías centrales de análisis: la historicidad como la acción de la sociedad sobre sí misma, la capacidad de producir sus propias prácticas y orientaciones culturales; el sistema de acción histórica como la articulación de un modo de conocimiento, un modo de acumulación y un modelo ético-cultural; o los movimientos sociales, entendidos como acciones colectivas conflictivas orientadas hacia el control social de los modelos y los recursos de una sociedad, estructurados en torno a los principios de identidad, oposición y totalidad.

Miradas a la distancia, estas nociones contribuyeron a abrir un rumbo en las armaduras teóricas de los dos paradigmas dominantes en la sociología latinoamericana de aquellos años, el estructural-funcionalismo norteamericano y el marxismo dependentista. Contra el primero, Touraine vindicará la productividad del conflicto por contraste con una visión que tendía a reducirlo a desviación o mera disfuncionalidad; contra el segundo, refutará toda preconstitución económica de los actores sociales y batallará contra cualquier reducción de la conflictividad social a una lógica unidimensional (capital vs. trabajo). De este modo, las luchas sociales y políticas no podían ser reducidas a un apéndice de dinámicas estructurales con lógicas históricas predefinidas; más bien, eran una arena móvil donde se constituían identidades y proyectos, prácticas y orientaciones, actores y relaciones; de ahí que la guerra no era el único destino de los enfrentamientos sociales, como enarbolaban ciertas derechas e izquierdas en el fragor de los setenta; de ahí también que la política en general, y la política democrática en particular, portaban una promesa de transformación, aún en sociedades capitalistas y dependientes como en América Latina. Como dirá años después, “durante gran parte de mi vida, la palabra democracia ha sido considerada en la extrema izquierda como una palabra reaccionaria y cobarde; la única palabra noble era revolución. En 1968, pero también antes, en 1956, cuando se producían los levantamientos húngaros y polacos con los que me solidaricé, critiqué la posición revolucionaria y defendí la democracia... Para mí, las palabras sujeto, movimiento social y democracia son inseparables”65.

EL SUJETO Y LOS DERECHOS CULTURALES

Un Nuevo Paradigma se inserta claramente en el tercer período de la obra tourainiana, que comenzó a despuntar hacia mediados de los ochenta con la publicación de El Retorno del Actor (1984), y que se continuó con un conjunto de ensayos de interpretación sobre las transformaciones del mundo actual: Crítica de la modernidad (1992), ¿Qué es la democracia?(1993), ¿Podemos vivir juntos?(1997) o ¿Cómo salir del liberalismo?(1999).

Para algunos se trata de un “giro existencial” que hace de la construcción de la subjetividad personal un eje de su trabajo, para otros se trataría de una acentuación de lo que se hallaba en germen en las líneas fundamentales de toda su obra. El propio Touraine se encarga de reforzar la idea de un nuevo sesgo en el marco de un derrotero de continuidad. En su biografía intelectual, escrita a modo de diálogo con el también 65 Idem, p.49.

sociólogo y ex alumno Farhad Khosrokhavar, nos recuerda que: “Desde finales de los años ochenta, cuando yo preparaba la Crítica de la Modernidad..., comprendí que mi proyecto principal había sido siempre sustituir una sociología del sistema social por una sociología del actor. En vez de explicar las conductas en función del lugar y de los intereses de los actores en el sistema, mi propósito era determinarlas como actos de creación o de destrucción de la capacidad de acción autónoma de los actores. Hace más de un cuarto de siglo que escribí el libro Producción de la Sociedad, en el que definía la acción no como determinada por normas y formas de autoridad, sino en su relación con el sujeto, es decir, con la producción del actor por sí mismo. Cada vez hice más explícito este punto de vista, primero estudiando un conjunto de movimientos sociales contemporáneos centrados en los problemas de la cultura y de la personalidad antes que en intereses económicos, después examinando críticamente nociones como modernidad, democracia y comunicación entre culturas e individuos”66.

Según el diagnóstico tourainiano, la descomposición del viejo paradigma que estructuraba la vida social habría creado, de un lado, “un caos en el que han penetrado la violencia, la guerra y la dominación de los mercados que escapan a toda regulación social”, y del otro, como una contrafigura que pretende escapar a las incertidumbres desorganizadoras de la globalización, nos encontramos con la “obsesión de los comunitarismos por su identidad”(p. 29). Se trataría entonces de dos fuerzas de signo contrario, pero con análogas consecuencias sobre la construcción autónoma de los actores sociales: en un caso se perdería el actor por efectos de lógicas instrumentales que operan a nivel planetario, en el otro, se pierde por la absorción en comunidades (éticas, nacionales, religiosas) cerradas y autoritarias. En un extremo tendríamos al modelo del homo economicus, pero transformado en realidad histórica del individuo del nuevo siglo, como calculador racional en un mundo económicamente globalizado; en el otro extremo nos encontraríamos con seres sociales hiperadaptados, subsumidos en comunidades donde el otorgamiento de sentidos existenciales se logra al precio de la pérdida de grados de libertad.

Pero Touraine argumentará que un tercer camino es posible: “cuando la globalización, de un lado, y el neocomunitarismo, del otro, tratan de apoderarse de nuestras actitudes y nuestros papeles”... es cuando “nos sentimos empujados a buscar en el interior de nosotros mismos nuestra unidad como sujetos, es decir, como seres capaces de adquirir y manifestar una conciencia autofundamentada” (p. 123). En tal sentido, el sujeto será definido como esa “voluntad del individuo de ser actor de su propia existencia”, pero en el marco de una construcción colectiva de derechos (y habría que agregar, de obligaciones), y no meramente como un “persona que se realiza”. Por tal razón, el autor francés insistirá en que “la noción de sujeto está estrechamente ligada a la de derechos. El sujeto, tal como lo concebimos y defendemos hoy, no es una figura secularizada del alma, la presencia de una realidad sobrehumana, divina o comunitaria en cada individuo. La historia del sujeto es, al contrario, la de las reivindicaciones de unos derechos cada vez más concretos que protegen particularidades culturales” (p. 138). Claro que esa defensa, y aquí encontramos el siempre difícil punto de equilibrio que trata de fundamentar Touraine, ha de estar enmarcada en códigos universalistas de mutuo reconocimiento: “El sujeto no existe como principio de análisis más que a condición de que su naturaleza sea universal. Como la modernidad, que es su expresión histórica, reposa sobre dos principios fundamentales: la adhesión al pensamiento racional y el respeto a los derechos individuales universales” (p. 258).

De un libro que se propone dar cuenta del ocaso de un mundo y su representación, y del alborear de otro, es esperable encontrar altibajos y claroscuros. La misma empresa se asemeja a una cartografía del siglo XV, en la que se dibuja la tierra incógnita del porvenir con bordes vacilantes, con figuras indefinidas, con trazos interrumpidos por la conjetura y la incertidumbre. A veces, el análisis de Touraine se 66 Idem, p. 9.

muestra especialmente lúcido y minucioso, como cuando estudia los problemas de la construcción de la unión europea, y los déficits de legitimidad que han aflorado en los recientes plebiscitos de resultado negativo; en otros casos, su diagnóstico se difumina en un ademán más general, sin precisar fechas, lugares o sectores sociales, lo que hace difícil contrastar sus aseveraciones.

En algunas ocasiones, el tratamiento crítico que hace de otros autores contemporáneos es por demás escueto. Valga como ejemplo el caso de Foucault, a quien Touraine le había dedicado una breve reflexión en el capítulo séptimo de su Crítica de la Modernidad, y que esperábamos siguiera desarrollando en su última publicación. En esta oportunidad, Touraine cita en la bibliografía el curso que Michel Foucault impartiera en el Collège de France en 1981-1982, y que fuera luego publicado como La Hermenéutica del Sujeto (2001). Sin embargo, cada vez que en el texto habla de Foucault, sus referencias –las más de las veces críticas- nos remiten inequívocamente a Vigilar y Castigar u otros trabajos de la segunda parte de la obra foucaltiana. La curiosidad es que el “último” Foucault, el que comienza a desplegarse en aquellos cursos o el que se manifiesta desde el segundo tomo de la Historia de la Sexualidad (1984) ya ha emprendido un camino que tiene significativos puntos de contacto –y de anticipación- con el Touraine de los últimos años; y si bien no conviene exagerar coincidencias, al menos se percibe una cierta convergencia de preocupaciones y sensibilidades que valdría la pena explorar de manera más sistemática.

En resumen, la invitación de Touraine es la de abandonar viejas certezas sociológicas y enfrentarnos a desafíos que ya están entre nosotros. Al fin y al cabo, él mismo nos enseñó, hace ya varios años, que la sociedad ha dejado de ser “el seudónimo de la patria”, y que debemos buscar otros marcos de referencia para el pensamiento social. La construcción histórica de una subjetividad personal libre de dominaciones parece ser el nuevo rumbo propuesto; pero es nada más una señal de guía para esa perenne marcha con destino al horizonte.

/// “¿El sujeto contraataca?”, comentario al libro de Alain Touraine, Un Nuevo Paradigma para comprender el mundo de hoy (2005), BsAs, Paidós, 2006. Publicado en Revista Litorales: teoría, método y técnica  en geografía y otras ciencias sociales, Revista Electrónica. Instituto de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires (ISSN 1666-5945), 2006/2007.

El Saber detrás del TronoIntelectuales-expertos, tanques de pensamiento y políticas

económicas en la Argentina: entre el “Plan Austral” y la crisis de la Convertibilidad

Por Antonio Camou67

PRESENTACIÓN

Este trabajo ofrece un análisis de la relación entre los saberes de los consejeros económicos y las decisiones de los Príncipes en algunos tramos de la historia argentina de las últimas dos décadas. De manera algo más precisa, su objetivo central es examinar -a través de la prensa económica especializada- la relación entre las redes de expertos económicos (vistos como productores, difusores y operadores de saberes expertos) y el proceso de elaboración de políticas económicas en dos momentos: el lanzamiento del Plan Austral en 1985 y durante la crisis de la Convertibilidad en 2001. El Plan Austral fue el intento más serio e integral del gobierno democrático del presidente Alfonsín (1983-1989) por derrotar el flagelo inflacionario, que afectaba a la Argentina desde la segunda posguerra. El fracaso de ese Plan, y los tímidos intentos posteriores por prolongarlo, desembocarán en la crisis hiperinflacionaria de 1989. Esa crisis recién será cerrada en 1991, con el lanzamiento del Plan de Convertibilidad. Elaborado por Domingo Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, y lanzado en abril de 1991, el Plan consistía básicamente en fijar la paridad entre el peso argentino y el dólar en un valor de 1 a 1, estableciendo una caja de conversión por la cual el nivel de las reservas depositadas en el Banco Central no debían ser inferiores al 80% del total de moneda argentina circulante; de este modo, cualquier particular podía cambiar -libremente y sin ningún requisito especial- dólares por pesos a la paridad fijada. La crisis de 2001 cerrará también de manera abrupta la vigencia de este modelo.

El trabajo que presentamos no procura realizar un análisis técnico de dichos planes, sino ofrecer una mirada sobre los cambios en la estructuración del espacio y el debate público en torno los problemas macroeconómicos de la Argentina. Para ello, nos apoyamos en un análisis sistemático de todas las intervenciones discursivas de especialistas económicos, tal como aparecieron en los Suplementos Económicos de tres diarios de gran circulación en el país que cubren un amplio espectro político-ideológico: La Nación, Clarín y Página/12.

Además de esta breve Presentación, el trabajo consta de seis partes: En la primera, resumo muy esquemáticamente el recorrido histórico que ha unido a expertos y decisores, y algunos de sus problemas más notorios; a continuación, presento las consideraciones analíticas y metodológicas básicas del enfoque elegido, destacando el hecho de que estas notas forman parte de un proyecto más general todavía en progreso; luego, se pasa revista al caso del Austral y de la Convertibilidad; posteriormente se resumen los hallazgos centrales, aunque todavía tentativos y sujetos a ulteriores revisiones, definidos por una serie de tendencias que emergen, se mantienen o acentúan en el período bajo análisis: concentración individual del expertise, concentración de género, concentración institucional, mayor calificación y “privatización” del debate público. El trabajo cierra con algunas notas polémicas en torno al rol del economista en los procesos de elaboración de políticas.

67 Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Agradezco la excelente tarea desempeñada por Laura Paonessa (UDESA) como Asistentes de Investigación.

1) SABERES EXPERTOS Y POLÍTICA. UNA BREVE HISTORIA

En una muy apretada síntesis, una historia lejana de las relaciones entre las esferas del conocimiento y el poder político recorrería la reflexión y las distintas experiencias que van desde la antigüedad clásica hasta los albores de la modernidad, con la obra de Maquiavelo y la vasta literatura sobre los “consejos” a los Príncipes; en estos casos, los vínculos entre la consejería política y las decisiones se configuran –al menos hasta Maquiavelo- a través de relaciones personalizadas, escasamente sistematizadas en lo que hace a su estructura cognitiva, y con un muy bajo grado de institucionalización y profesionalización (DeLeón, 1999: 137). Una historia moderna, por su parte, reconocería su punto de quiebre en los comienzos de la constitución de las ciencias sociales como disciplinas autónomas y su articulación con las necesidades del Estado burocrático y racional, las exigencias de los mercados capitalistas, y las expectativas de justicia de nuevos actores sociales. Pensemos, por ejemplo, en los casos de Saint-Simon, Comte, Le Play o Durkheim en Francia; o el programa de la Sociedad Fabiana (1884), la obra de Sydney y Beatrice Webb y la fundación de la London School of Economics para el caso británico; o la labor de Max Weber, Edgar Jaffé y Gustav Schmoller en los trabajos de la renovada Verein für Socialpolitik (1873), algo que en el lenguaje de nuestra época consideraríamos un Think Tank68.

Pero la historia contemporánea en la relación entre lo que comienza a definirse más claramente como conocimiento especializado (expertise), de un lado, y como política pública (public policy), del otro, no empieza a escribirse en sus nuevos términos hasta el período que va entre la crisis de los años ’30 y el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en buena medida habrá que esperar hasta la crisis de los años setenta, y a la reconfiguración de las relaciones estructurales entre Estado, mercado y sociedad civil en el marco del proceso globalizador, para que vuelvan a replantearse en ese renovado contexto las complejas relaciones entre esas esferas.

En esta larga historia de encuentros y desencuentros entre el mundo del saber y la política las sociedades occidentales actuales le fueron incorporando sus propias características, y también sus propias tensiones. Entre las más destacadas, como ha señalado Lewis A. Coser, hay que anotar el hecho de que el vasto proceso de burocratización de la vida social ha llevado a que la "productividad cultural -que alguna vez pudo haber sido asunto de artesanías- se racionaliza de manera que la producción de ideas se parece, en los aspectos principales, a la producción de otros bienes económicos". Paralelamente, el lugar que detentaba el literato y el intelectual de tipo "generalista" es paulatinamente ocupado por el "experto", dotado de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de orientarlo a la solución de problemas concretos de elaboración de políticas (Coser, 1965: 284) (Brunner, 1996). En el mismo sentido, la vinculación entre los especialistas y la política se opera cada vez más al interior de redes de asuntos (issue networks), que conectan agencias de gobierno, tanques de pensamiento, centros de investigación, fundaciones privadas, organismos multilaterales, universidades, empresas patrocinadoras de proyectos, y otras organizaciones complejas, que dejan poco espacio a la figura declinante del intelectual "independiente"69.

Al poner nuestra atención en los años cuarenta del siglo XX, lo que se quiere destacar es el hecho de que en ese período se anudan dos complejos procesos, cada uno de ellos con sus propias temporalidades y dinámicas, que contribuirán a definir los términos de la relación entre conocimiento especializado y políticas durante las tres décadas 68 Hay que anotar como curiosidad histórica que estos primitivos “tanques de pensamiento” creados en Europa fueron obra de socialistas y reformadores, y no tenían ligazón con los sectores dominantes; más bien, se originaron a partir de iniciativas de intelectuales y políticos preocupados por las condiciones de vida de los sectores populares.

69 Una buena descripción del proceso de creciente especialización, profesionalización y "jergalización" de la vida intelectual americana en comparación con otros casos de países desarrollados se encontrará en Bell (1993). Para la noción de “redes de asuntos” véase Hugh Heclo...

siguientes. Por un lado, asistimos a la emergencia de un Estado que se ubica crecientemente en el “centro” de la sociedad, tanto como regulador de la esfera económica como promotor de la integración social, y que será un creciente demandante de expertos y técnicos para cumplir las cada vez más diferenciadas tareas propias de su condición de Welfare State; por otro lado, las disciplina científicas, en general, y las ciencias sociales, en particular, experimentarán desde aquellos días un marcado proceso de desarrollo teórico-metodológico, de diversificación y especialización institucional, y de profesionalización de sus cuadros, en el marco de una modernización y expansión universitaria en gran medida sostenida por fondos públicos.

Simultáneamente, las usinas de pensamiento experimentarán un marcado crecimiento y una paulatina diversificación. En general, distintos autores coinciden en señalar que los centros de investigación y análisis de políticas públicas tuvieron tres grandes momentos de creación (Haass, 2002) (Abelson, 2002) (Stone, 1996:17). Para el caso emblemático de los Estados Unidos, una primera generación, hacia finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, estuvo ligada a un movimiento orientado a profesionalizar el gobierno y mejorar la Administración. Algunos ejemplos serían el Instituto de Investigación Gubernamental (1916), antecesor de la Institución Brookings (1927), o la Institución Hoover (1919). Una segundo momento se produce a partir del final de la Segunda Guerra, cuando comienza a emplearse la expresión “think tanks”, y los centros de investigación se orientan fuertemente a analizar la agenda internacional en el marco de la Guerra fría y los desafíos del liderazgo mundial estadounidense. Un ejemplo típico de esta generación será la Corporación Rand (1948), vinculada a la Fuerza Aérea norteamericana, y que fue pionera en la realización de estudios sobre análisis de sistemas, teoría de juegos y negociación estratégica. Finalmente, una tercera oleada emergió hacia los años ’70: estas nuevas usinas estarán concentradas, tanto en la “defensa de causas” como en la investigación, buscando generar “asesoramiento oportuno que pueda competir en un congestionado mercado de ideas e influir en las decisiones sobre políticas” (Haass, 2002:2). La Fundación Heritage (1973) o el Instituto Cato (1977) serían ilustraciones típicas de esta nueva generación de Think Tanks.

Pero hacia finales de los años ’70, y comienzos de los ’80, se iniciará una época en la que comenzará a revisarse una cierta visión “lineal”, e incluso ingenua, de la relación entre producir conocimiento especializado y aplicarlo en el ámbito de la toma de decisiones. Los defensores de diferentes enfoques debieron abocarse a reconsiderar algunos de sus planteos originales: algunos porque no alcanzaron los objetivos prometidos en las áreas de defensa y seguridad con Johnson y en los sistemas de planeación, programación y presupuesto; otros porque tuvieron sus propios problemas al llevar adelante los programas de la “Gran Sociedad” y la “Guerra contra la Pobreza”. Comenzó a reconocerse entonces que los propios expertos habían recomendado políticas con información insuficiente, que se había subestimado el análisis de la implementación, o que se había descuidado la problemática de la evaluación (Pressman & Wildavsky, 1984).

Poco a poco, fue haciéndose manifiesto que era necesario revisar -con una visión integral- los problemas de la articulación entre conocimiento especializado y elaboración de políticas públicas. En esta línea, el actual interés por el estudio de la problemática es fruto, por un lado, del nuevo papel que cumple el conocimiento experto y las organizaciones productoras de expertise en el marco de las transformaciones globales entre Estado, mercado y sociedad civil, y por otro, de la autorreflexión crítica de los propios especialistas acerca de los usos y la influencia real del conocimiento científico en la toma de decisiones. En el primer caso, y como ha señalado James G. McGann al referirse a aquellas organizaciones comprometidas con el estudio de problemas globales,

...en el mundo ha habido una verdadera proliferación de centros de investigación y análisis que comenzó en la década de los ’80 como resultado de las fuerzas de

la mundialización, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de problemas transnacionales. Dos terceras partes de todos los centros de investigación y análisis que existen hoy se establecieron luego de 1970, y más de la mitad a partir de 1980 (2002:3).

Pero la referencia cuantitativa no debe hacernos perder de vista los cambios cualitativos que comportan, y la percepción de frecuentes “cortocircuitos” entre la esfera del expertise y la esfera de toma de decisiones. Si durante las décadas del cincuenta y del sesenta existía una confianza casi ciega en la validez de la “cadena dorada” que unía el saber científico con las necesidades de elaboración de las políticas públicas en los países centrales, la situación actual ha cambiado de manera significativa. Rara vez, nos recuerda Björn Wittrock (1999: 408) citando a Carol Weiss (1977), alguien se atrevió a dudar de que “utilizar la investigación de la ciencia sociales para las políticas públicas es una cosa buena..., usarla más es mejor, y aumentar su uso significa mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales”. Sin embargo, la expansión en los años siguientes de las propias ciencias sociales, de un lado, junto con los reiterados esfuerzos por vincular a éstas con los procesos de elaboración de políticas, de otro, comenzaron a evidenciar las limitaciones de la ingenua doctrina que predicaba cierto automatismo unidireccional en la relación entre saberes especializados y gestión estatal. En buena medida, las preocupaciones actuales sobre los usos sociales del conocimiento son una respuesta a las ayer infladas, y hoy devaluadas, “pretensiones de la revolución racionalista... de racionalizar todo plan y coordinar las políticas públicas en un número cada vez mayor de ámbitos, y cada vez más hacia el futuro, con ayuda de toda una variedad de técnicas de administración” (Wittrock, 1999: 410).

Estas constataciones nos dejan en las puertas de una paradoja. “Tanto el crecimiento de la investigación social como la cientifización del procesos de políticas son procesos sociales de importancia fundamental en...Occidente”, pero como contrapartida, “una y otra vez encontramos informes de científicos sociales que se quejan de que no se les escucha, y de responsables de políticas que se quejan de haber recibido muy poco que valiera la pena” (Wittrock, 1999: 409). La complejidad problemática de los vínculos entre la esfera del conocimiento científico especializado y la esfera político-institucional ha vuelto a estar en el centro de la escena.

2) ACERCAMIENTO AL CASO ARGENTINO

¿Qué papel juega el espacio público como ámbito de mediación entre el mundo del expertise y el de las decisiones de políticas? ¿Hasta qué punto los medios masivos son -a la vez- actores con su propia agenda de políticas (con sus intereses y visiones particulares), y escenario o arena de confrontación de otras visiones e intereses? ¿Cómo es influido el proceso de elaboración de decisiones en su despliegue por espacios de debate público? Estas inquietudes forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo central es analizar -a través de la prensa económica especializada- la relación entre las redes de expertos económicos (vistos como productores, difusores y operadores de saberes) y el proceso de elaboración de políticas económicas en la Argentina democrática (1985-2005). Para ello se han tomado cuatro coyunturas críticas, las cuales fueron nudos significativos de articulación tanto desde el punto de vista de las políticas económicas como desde el plano político-electoral, ya que en todos ellos hubo elecciones nacionales. Las cuatro coyunturas son: la elaboración del Plan Austral en 1985, el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en 1991, la crisis terminal de ese esquema durante el 2001, y la salida del default en el 2005. Si bien el análisis está acotado a esos cuatro años, se busca elaborar una cierta visión de conjunto sobre el período, presentando algunas hipótesis de índole más general. Reducido a su mínima expresión, el argumento empírico central que quiero defender enlaza tres proposiciones.

En primer lugar, parto de considerar que los procesos de ajuste y reforma económica desarrollados durante los ’80 y ’90 no se limitaron solamente a cambios en los “contenidos” de las políticas económicas, sino que involucraron sensibles cambios en la “forma” de vinculación entre conocimiento especializado y procesos de toma decisiones; en otros términos, se habrían producido transformaciones no sólo en el “qué”, sino también en el “cómo” y el “quién” de las políticas económicas, a partir de una pauta fundamental: la participación creciente de expertos y de organizaciones privadas productoras de conocimiento especializado tanto en el espacio público como en los ámbitos más altos y restringidos de decisiones gubernamentales. Si he elegido leer este proceso a partir de la prensa económica especializada, con todos los sesgos y limitaciones que esta abordaje puede implicar, es porque me interesa analizar cómo el espacio público sirvió de arena de construcción no sólo de determinadas visiones acerca de los problemas macroeconómicos, sino también cómo en ese mismo espacio se fueron (re)definiendo figuras, posiciones y relaciones entre los diferentes campos de producción de políticas públicas: el mundo del saber, la esfera administrativa, los partidos políticos, los actores privados, los organismos multilaterales y el Estado.

En segundo término, sostengo que al ampliar las dimensiones de este proceso de cambio no podemos explicarlo ni por el triunfo “objetivo” de un recetario técnico neutral, aplicado por especialistas sin intereses “políticos”, como querría hacerlo cierta hagiografía pro-mercado, ni por el carácter instrumental de los economistas como agentes del capital transnacional y el pensamiento único, como se haría desde el extremo opuesto; más bien, será necesario desarrollar una explicación que conjugue, por un lado, una cierta manera de entender el proceso de elaboración de políticas públicas, donde se destaca la articulación conflictiva entre diferentes actores y esferas socionstitucionales, con sus respectivas lógicas de acción, y por otro, una visión de la elaboración del conocimiento especializado, pensada a partir de las relaciones, no menos conflictivas y asincrónicas, entre un nivel discursivo, un nivel político-institucional y un nivel socioprofesional.

En tercer lugar, y mirando a la Argentina sobre un lejano telón de fondo conformado por otras experiencias latinoamericanas, señalo que esa articulación entre la esfera del expertise y otras esferas de producción de políticas públicas está todavía lejos de alcanzar un grado satisfactorio de institucionalización, y que buena parte del problema hay que buscarlo, tanto en los esquemas de imbricación entre producción de expertise y la matriz histórica de competencia político-partidaria argentina, como en las debilidades de los partidos y del propio Estado para generar capacidades técnicas autónomas70.

Las notas que se leerán a continuación son sólo un fragmento preliminar de este proyecto más general. Tomando como referencia ese marco de problemas, en este caso se analiza comparativamente la participación de expertos económicos durante el lanzamiento del Plan Austral en 1985 y durante la crisis de la Convertibilidad en 2001. Para ello, se ha realizado un análisis sistemático de todas las intervenciones discursivas de especialistas económicos, tal como aparecieron en los Suplementos Económicos de tres diarios de gran circulación en el país en 1985 y en el 2001. Se han elegido los Suplementos de tres periódicos que cubren un amplio espectro político-ideológico: La Nación, más tradicionalmente ligado a posiciones liberal-conservadoras, el Clarín, vinculado a posiciones de “centro”, y el Página 12, como una publicación de centro-izquierda. En virtud de que este último diario se fundó después del ’85, se tomó como fuente sustituta para ese año al semanario El Periodista de Buenos Aires, no solo por compartir un espacio político-ideológico análogo, sino porque además varios de los periodistas de este semanario serán los que luego formen el diario Página/12.

70 Estas preocupaciones son coincidentes con las analizadas recientemente por (Stein et al. 2006), en el sentido de privilegiar el análisis de las instituciones y los procesos de elaboración de políticas, más que los “contenidos” específicos de las mismas.

El contenido temático de las intervenciones se limitó a las que analizaron problemas macroeconómicos y de políticas económicas de la Argentina. Se dejaron fuera de consideración intervenciones referidas a la economía internacional, o relativas a capítulos específicos de la economía doméstica, por ejemplo: economía de la empresa, problemáticas sectoriales o segmentos editoriales dedicados a la asesoría financiera o bursátil.

En cuanto al formato de las intervenciones abarcó tres categorías: notas de opinión económica firmadas por especialistas, reportajes y “consultas”; en este último caso se trató de intervenciones generadas por preguntas o demandas específicas de los periodistas del diario. Estas “consultas” podían aparecer bajo un formato típico de un reducido conjunto de preguntas dirigidas a varios economistas, o intercaladas en el discurso periodístico, pero con expresa mención a la fuente consultada.

En total fueron relevadas 174 intervenciones (consultas, reportajes y notas firmadas) pertenecientes a 91 expertos para el año 1985, y 593 intervenciones (consultas, reportajes y notas firmadas) pertenecientes a 233 expertos para el 2001.

Los actores que habitualmente ocupan las páginas de los suplementos especializados en economía son de cuatro tipos: periodistas (en su mayoría parte del elenco estable del diario, y eventualmente algún periodista invitado), empresarios, dirigentes políticos y sociales, y expertos invitados que analizan diversas cuestiones económicas. Con algunas aclaraciones que haremos después, solamente nos concentramos en esta última categoría.

Un punto clave a considerar es la categorización de la pertenencia político-institucional de los especialistas, entendiendo por tal el ámbito en el que desarrollan su actividad profesional principal, y que a la vez es el espacio institucional en el cual producen conocimientos sobre problemas macroeconómicos y recomendaciones sobre políticas económicas, y desde el cual se vinculan con el proceso público-político de elaboración de políticas. Esta esfera del expertise, como también la hemos llamado, abarca desde instituciones centradas en la producción de conocimiento básico y formación de cuadros profesionales, como las universidades, hasta una amplia gama de espacios organizacionales orientados a la aplicación de conocimiento y elaboración de políticas, sin descartar el caso de consultores o expertos independientes. La denominación “esfera del expertise”, aún en su ambigüedad, busca ubicarse en un lugar intermedio frente a otras categorías similares pero no idénticas. Por ejemplo, hace referencia a un espacio relativamente más estructurado, con posiciones y relaciones en cierta medida estables, que la noción de “actores de conocimiento”, la cual se aplica a unidades de producción de saberes pero no capta el aspecto relacional que queremos destacar; pero por otra parte, “esfera del expertise” es una noción menos ambiciosa que la de “instituciones de conocimiento”, que estaría dando por sentado aquello mismo que hay que demostrar, esto es, que dichas unidades han alcanzado algún grado reconocible de estabilidad, previsibilidad, adaptabilidad, etc. De este modo, dentro de esa esfera de expertise encontraremos, por caso, tanques de pensamiento con una larga tradición de producción de saberes (casos como el CEMA, Fundación Mediterránea o FIEL), y con redes de relaciones estables hacia los sectores políticos-partidarios, el Estado o los medios, junto con fundaciones partidarias más improvisadas o efímeras, o expertos individuales formando “redes de asuntos” en determinadas áreas de elaboración de políticas.

En todo caso, la clasificación que se propone no pretende ser la última palabra en un universo de perfiles difusos y fronteras borrosas, pero al menos pretende aportar un mínimo orden para el análisis. En líneas generales hemos identificado 6 espacios institucionales básicos desde los cuales los expertos producen saberes acerca de la economía y las políticas económicas, son ellos: las universidades, los organismos multilaterales, los tanques de pensamiento, la consultoría profesional (sector empresas), los partidos políticos y el aparato tecno-burocrático del Estado (Cuadro 1).

Al realizar el análisis de las intervenciones se presentaron algunas dificultades al momento de caracterizar la pertenencia político-institucional efectiva de los expertos económicos estudiados. Por un lado, era evidente que varios de estos profesionales –de hecho, es éste justamente un rasgo de su peculiar inserción- podían aparecer en el mismo momento como adscriptos a instituciones muy diferentes (por caso, Roberto Frenkel, podía ser considerado economista del CEDES, profesor de la UBA o miembro del Directorio de un banco público). Por otra parte, al realizar un corte sincrónico y tomar las intervenciones de un solo año, podía perderse también otro rasgo característico de varios de estos expertos, a saber: el carácter fluctuante de su inserción profesional que los lleva a trabajar indistintamente en la Universidad (nacionales o extranjeras), los centros de investigación privados, el sector público, la empresa o los organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, a Federico Sturzenegger podemos encontrarlo, sucesivamente y en el lapso de pocos años, adscripto a una universidad extranjera dedicado a la investigación académica, luego de regreso al país como asesor de una gran empresa privatizada, posteriormente como funcionario público (durante la gestión Cavallo en 2001), y después como profesor-investigador de tiempo completo de una Universidad privada nacional, sin perjuicio de otras ocupaciones menores como consultor de organismos internacionales. Asimismo, se daba el caso de que algunos expertos –con pertenencias institucionales más constantes- estuvieran transitoriamente ese año, o un fragmento de ese año, cumpliendo funciones diferentes a las habituales: por ejemplo, Guillermo Mondino fue Jefe del gabinete de asesores de Cavallo durante los meses de su gestión, pero toda su labor profesional previa, e inmediatamente posterior a esa participación, se desarrolló en la Fundación Mediterránea; vale idéntica consideración con el efímero equipo de FIEL (Artana, Solanet y otros) que ocuparon el Ministerio de Economía por un puñado de días en los inicios del 2001 junto a Ricardo López Murphy; y otro caso no menos notorio es el de Mario Blejer, personal de planta permanente del staff técnico del FMI por largos años, y que pasó fugaz pero significativamente por la función pública, primero como asesor financiero de Cavallo y luego lo sobrevivió como Presidente del Banco Central. Sin ir muy lejos, y tomando en cuenta este tipo de consideraciones, ¿dónde ubicar al propio Domingo Cavallo a lo largo de 2001? ¿Cómo líder intelectual histórico de la Fundación Mediterránea, como inspirador de la más reciente Fundación Novum Millenium, como dirigente máximo del partido Acción por la República, o bien, durante algunos dramáticos meses, como Ministro de Economía?

Ciertamente en casos como estos, donde se trata de elaborar y analizar datos blandos, ninguna solución es sencilla, y se corre el riesgo de caer en una categorización absolutamente idiosincrática, o en el otro extremo, abandonar la tarea en pos de una interpretación meramente intuitiva del asunto. La opción tomada trató de evitar sesgos coyunturales en la caracterización institucional de estos expertos, aunque admitimos de entrada que ciertas categorizaciones serán muy discutibles. Por una parte, se optó por adscribirlos a aquellas pertenencias institucionales más estables a lo largo del período bajo análisis (1985-2001), por otra, se buscó ubicar al especialista en aquel ámbito donde dedicara la mayor “carga horaria” en su actividad profesional. Pero por sobre todas las cosas, se tuvo en cuenta una dimensión esencialmente cualitativa de la cuestión: se buscó caracterizar a los enunciadores por el lugar desde el cual legitimaban su participación en el proceso de elaboración de políticas, a partir de la disposición de algún recurso estratégico (saber, votos, poder institucional, etc), y como tales eran reconocidos, por otros actores claves, como partícipes válidos de dicho proceso.

Como criterio alterno, si no se obtenía suficiente información para alcanzar una definición precisa, se optaba por descansar en la propia caracterización que el diario hacía, incluso aunque fuera contradictoria (por ej. el mismo diario en 1985, y con pocos días de diferencia, ubica a un mismo economista como experto de la Ucedé o como economista de Bridas)

En tal sentido, y para definir los ejemplos presentados, Frenkel aparece como economista del CEDES, Sturzenegger como investigador en una universidad privada, Blejer aparece como vinculado institucionalmente al FMI, López Murphy, Artana y Solanet a FIEL, y en los casos de Guillermo Mondino y Domingo Cavallo se optó por dejarlos ligados a la institución con la que guardan lazos de pertenencia históricos: la Fundación Mediterránea.

Para finalizar, se impone también una aclaración bastante obvia. Este es una análisis político-institucional de la “oferta discursiva” de un conjunto acotado de medios, o dicho de otro modo, del grado de “exposición” mediática de un conjunto de expertos económicos. En ningún momento pretende especular sobre la “influencia” o las condiciones de “recepción” de esos discursos en los actores económicos, sociales o políticos; más bien, apenas busca mostrar el grado de presencia en el debate público acerca de las políticas. Como se sabe, la influencia o el impacto de un discurso no puede ser medido partiendo solamente de la “fuente de emisión”, sino que es necesario realizar una compleja indagación de diversas mediaciones que van constituyendo y condicionando el momento de la recepción de esos discursos, tarea ésta que excede los límites de este trabajo. Por otra parte, tampoco el análisis aislado de dicha oferta permite sacar conclusiones temerarias sobre el “peso relativo” de distintos factores en el proceso de elaboración de políticas. Por ejemplo, el estudio combinado de los Suplementos Económicos de los tres diarios durante 2001 nos informa que sólo el 4% de las intervenciones discursivas provinieron de expertos vinculados institucionalmente a organismos multilaterales de crédito. Sería a todas luces absurdo deducir de aquí que dichos organismos tuvieron una escasa participación en el proceso de elaboración de políticas económicas. Más bien, ese dato nos invita no sólo a dirigir una atenta mirada hacia la existencia de otros variados carriles de presión y mecanismos de “condicionalidad”, sino a generar hipótesis específica que den cuenta del fenómeno; en este caso, por ejemplo, quizá haya que considerar que la permanente aparición del discurso de los organismos de crédito en el cuerpo principal de los diarios lleva a los editores a una estrategia de reducción de la saturación discursiva, y de ahí la menor exposición en los segmentos especializados de la publicación, o bien que la estrategia de prensa de dichos organismos ha descuidado el segmento específico de los Suplementos Económicos.

CUADRO 1. ESFERA DEL EXPERTISE – PERTENENCIAS INSTITUCIONALES A) Expertos académicos vinculados a Universidades (centros académicos y de

producción de conocimiento básico y aplicado, formación de cuadros profesionales, docentes y de investigación, etc). Las universidades son vistas como el eje institucional de un espacio académico más amplio, en el que habría que considerar a otras instituciones académicas tales como la Academia Nacional de Ciencias Económicas o la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), el conjunto de publicaciones especializadas, y el extenso circuito de Jornadas, Congresos y otros eventos de legitimación científica.

A.1. Pública nacional;A.2. Privada nacional;A.3. Extranjera.

B) Expertos vinculados a Organismos multilaterales (BM, FMI, OCDE, CEPAL, BID, etc)

C) Expertos vinculados a Tanques de pensamiento (Centros de investigación, fundaciones u organizaciones independientes del Estado, concentrados en la elaboración de conocimiento aplicado sobre problemas públicos y orientados a la toma de decisiones)

D) Expertos dedicados a la consultoría a través de Empresa consultora, consultor/a

profesional independiente o unidad de análisis económico del sector privado:

D.1. Empresa consultora o consultor/a profesional local independiente;

D.2. Analista económico o equipo de análisis perteneciente a empresa, organización empresarial o banco nacional;

D.3. Analista económico o equipo de análisis perteneciente a empresa, organización empresarial o banco internacional.

E) Experto Partidario

F) Experto que se desempeña como Funcionario técnico-estatal

G) Otros

3) EL AÑO DEL PLAN AUSTRAL (1985)

Comencemos por una visión general de la información recogida para los tres periódicos, aunque aclarando de entrada que, sobre el total de las 174 intervenciones, cada publicación tiene un peso distinto: Clarín reúne el 55,17% de las intervenciones, La Nación 25,29% y por último El Periodista con 19,54%. Es para destacar que Clarín supera en 10 puntos porcentuales la suma de los otros dos medios. Por tal razón será importante no sólo considerar los registros en su forma agregada, sino desglosar los perfiles específicos de intervención de cada diario para tener un cuadro más adecuado del conjunto. Corresponde tener en cuenta, además, que en valores absolutos, La Nación y El Periodista presentan pocas intervenciones, lo cual implica que las categorías que tienen pequeños valores absolutos en estas publicaciones cuenten con una participación considerable en términos porcentuales.

Hay tres rasgos que se destacan al considerar el conjunto de la serie, podemos caracterizarlos como una triple concentración de individuos, de género y de instituciones.

En lo que hace a los expertos consultados por los tres medios, hay que hacer notar la concentración individual de los mismos. Las 174 intervenciones de los 91 especialistas fueron elaboradas a un promedio de 1,91 intervenciones por experto, pero la mediana de la serie es 1, y la desviación estándar 1,39. Esto nos lleva a ver que 22 expertos (el 24% de la serie) concentra el 50% de las intervenciones (87), mientras que hay 51 expertos que sólo tienen una intervención cada uno. El grupo más concentrado oscila entre las 3 y las 8 intervenciones, siendo esta última la puntuación más alta de la serie (Cuadro 2).

CUADRO Nro. 2. Listado de los expertos más consultados (Ordenados por cantidad de menciones en 1985)

Nro Apellido y NombreValores Porcentaje

acumuladoAbsolutos Porcentuales

1 Curia, Eduardo 8 4,60%  2 Lascano, Marcelo 6 3,45%  3 Alemann, Roberto 5 2,87%  4 Alsogaray, Álvaro 5 2,87%  5 Ferrer, Aldo 5 2,87%  6 Lavagna, Roberto 5 2,87%  7 Brodersohn, Mario 4 2,30%  

8 Caballo, Domingo 4 2,30%  9 Domínguez, Jorge 4 2,30%  10 Martelliti, José 4 2,30%  11 Ribas, Armando P. 4 2,30%  12 Rossi, Rodolfo 4 2,30%  13 Szewach, Enrique 4 2,30%  14 Dornbusch, Rudiger 3 1,72%  15 Frigerio, Rogelio 3 1,72%  16 Grinspun, Bernardo 3 1,72%  17 Monserrat, Miguel 3 1,72%  18 Prebisch, Raúl 3 1,72%  19 Sourrouille, Juan V. 3 1,72%  20 Krieger Vasena, Adalbert 3 1,72% 47,70%

También hay que hacer notar que el mundo de los expertos económicos consultados por los tres medios es básicamente un mundo masculino. Esta concentración de género se hace evidente al considerar que el porcentaje de mujeres sobre el total de expertos es de sólo el 2% (2 sobre 91), mientras que el porcentaje de sus intervenciones es todavía menor, 1% (2 sobre 174), por lo que podemos decir que las expertas argentinas consultadas son pocas e intervienen menos.

El tercer rasgo destacable al considerar la serie completa es el de la concentración institucional. Una sola de las categorías, la de Expertos Partidarios (E), aglutina casi la mitad de toda la serie, 49% de las intervenciones, superando en 32 puntos porcentuales a la segunda categoría (D), referida a expertos vinculados profesionalmente a la consultoría privada, que en total reúne un 17% de intervenciones (Gráfico 1).

Grafico 1. Pertenencia Institucional de todos los expertos consultados

La categoría que más menciones reúne es claramente la de Expertos Partidarios (E). Concentra el 49% de las menciones superando en 32 puntos porcentuales la segunda categoría más mentada (D), referida a expertos vinculados profesionalmente al mundo de la consultoría privada, que en total posee un 17% de intervenciones. Luego le siguen los expertos vinculados a instituciones universitarias (A), con el 14% en total, y más atrás aparece la categoría (C), Tanques de Pensamiento, que reúne el 13% de las intervenciones. El orden de la serie de los mejor posicionados es entonces: E>D>A>C

Pero al desglosar las diferentes subcategorías, notamos que la más alta puntuación detrás de los Economistas Partidarios son los Tanques de Pensamiento, y luego los consultores privados, siendo baja la incidencia de economistas vinculados a empresas que poseen unidades de análisis económicos. Por su parte, entre las universidades se destaca el papel de las universidades públicas, las cuales superan la incidencia que –en conjunto- tienen las universidades privadas y las extranjeras. Finalmente, corresponde anotar la escasa relevancia que poseen las categorías relativas al mundo de las organismos internacionales (B -Organismos multilaterales) y la esfera del aparato del Estado.

4) LA CAIDA DEL PLAN DE CONVERTIBILIDAD (2001)

Comencemos por una visión general de la información recogida para los tres diarios, aunque aclarando de entrada que, sobre el total de las 593 intervenciones cada diario tiene un peso distinto: Clarín reúne el 43% de las intervenciones, La Nación 32% y por último Página 12 con 25%. Por tal razón será importante no sólo considerar los registros en su forma agregada, sino desglosar los perfiles específicos de intervención de cada diario para tener un cuadro más adecuado del conjunto.

En el caso del 2001 vuelve a destacarse los rasgos de concentración de individuos, de género y de instituciones que habíamos encontrado en 1985, pero el sentido de esa concentración es ahora diferente.

En lo que hace a los expertos consultados por los tres medios, hay que hacer notar la concentración individual de los mismos. Las 593 intervenciones de los 233 especialistas fueron elaboradas a un promedio de 2,55 intervenciones por experto, pero la mediana de la serie es 1, y la desviación estándar 2,95. Esto nos lleva a ver que 56 expertos (el 24% de la serie) concentra el 61% de las intervenciones (363), mientras que hay 133 expertos que sólo tienen una intervención cada uno. El grupo más concentrado oscila entre las 4 y las 20 intervenciones, siendo esta última la puntuación más alta de la serie (Cuadro 3).

También hay que hacer notar que el mundo de los expertos económicos consultados por los tres medios continúa siendo básicamente un mundo masculino. Esta concentración de género se hace evidente al considerar que el porcentaje de mujeres sobre el total de expertos es de sólo el 6% (14 sobre 233), mientras que el porcentaje de sus intervenciones es todavía menor, 3,5% (21 sobre 593), por lo que podemos decir que las expertas argentinas consultadas son pocas e intervienen menos.

El tercer rasgo destacable al considerar la serie completa es el de la concentración institucional. Una sola de las categorías, la de consultores del sector privado (D), aglutina casi la mitad de toda la serie, 46% de las intervenciones, superando en 23 puntos porcentuales a la segunda categoría (C), referida a expertos vinculados tanques de pensamiento, que en total reúne un 23% de las intervenciones.

Cuadro 3. Planilla Completa 2001: Listado de los expertos más consultados Ordenados por cantidad de menciones

Número Apellido y NombreValores Porcentual

acumuladoAbsolutos Porcentuales

1 Remes Lenicov, Jorge 20 3,37%  2 González Fraga, Javier 17 2,87%  3 Broda, Miguel Ángel 15 2,53%  4 Pérez, Carlos 15 2,53%  5 Cachanosky, Roberto 13 2,19%  6 Frenkel, Roberto 12 2,02%  7 Redrado, Martín 12 2,02%  8 Lozano, Claudio 10 1,69%  9 Peirano, Miguel 10 1,69%  10 Ávila, Jorge 9 1,52%  11 Valle, Héctor 9 1,52%  12 Lacoste, Pedro 8 1,35% 25,42%13 Mondino, Guillermo 8 1,35%  14 Rabassa, Pedro 8 1,35%  15 Rodríguez, Carlos 8 1,35%  16 Artana, Daniel 7 1,18%  17 Bein, Miguel 7 1,18%  18 Cottani, Joaquín 7 1,18%  19 Ferreres, Orlando 7 1,18%  20 Gaba, Ernesto 7 1,18%  21 Poli, Federico 7 1,18%  22 Porzecanski, Arturo 7 1,18%  23 Sturzenegger, Federico 7 1,18%  24 Blejer, Mario 6 1,01%  25 Cavallo, Domingo 6 1,01%  26 Kosacoff, Bernardo 6 1,01%  27 Marx, Daniel 6 1,01%  28 Bocco, Arnaldo 5 0,84%  29 Finkman, Javier 5 0,84%  30 Kiguel, Miguel 5 0,84%  31 Kritz, Ernesto 5 0,84%  32 Abram, Aldo 4 0,67%  33 Alemann, Roberto 4 0,67%  34 Arranz, Juan 4 0,67%  35 Bouzas, Roberto 4 0,67%  36 Calvo, Guillermo 4 0,67%  37 Edwards, Sebastián 4 0,67%  38 Fuente, Ricardo 4 0,67% 50,33%39 Levy Yetati, Eduardo 4 0,67%  40 Llach, Juan José 4 0,67%  

41 Marco del Pont, Mercedes 4 0,67%  42 Ochoa, Raúl 4 0,67%  43 Rubinstein, Gabriel 4 0,67%  44 Solanet, Manuel 4 0,67%  45 Vicens, Mario 4 0,67%  

En lo que se refiere a la pertenencia institucional, conviene destacar algunos matices en el marco de una visible concentración de expertise (Gráfico 2).

Grafico 2. Pertenencia Institucional de todos los expertos consultados

Como se ve, el orden de las categorías con más menciones es el siguiente: D>C>A>E. De acuerdo con esto, los expertos provenientes del sector privado aglutinan el 46% de las intervenciones, desglosadas del siguiente modo: D1 (Consultor profesional independiente o empresa consultora local) abarca el 27%, D3 (Expertos pertenecientes a empresas, organizaciones empresariales o bancos internacionales) reúne el 15% y más atrás D2 (Expertos pertenecientes a empresas, organizaciones empresariales o bancos nacionales) con el 4%. La categoría que sigue en orden de menciones es C (Tanques de pensamiento) con 23% de las intervenciones. Luego encontramos a los expertos del mundo académico, que reúne a diferentes tipo de instituciones universitarias A1, A2 y A3 (Universidades Pública Nacional, Privada Nacional y Extranjera respectivamente) con valores entre 5% y 6%, y más atrás tenemos el caso de los expertos partidarios (E), con el 6%, luego los organismos multilaterales (B) con 4%, y otras categorías menores.

Dentro de la categoría con más menciones (D), es de destacar la diferencia entre (D3), los analistas económicos o equipos de análisis perteneciente a empresas, organizaciones empresariales o bancos internacionales (15%), y (D2), donde encontramos a los analistas económicos o equipos de análisis perteneciente a empresas, organizaciones empresariales o bancos nacionales (4%). Esta amplia brecha que separa a los analistas que pertenecen a empresas internacionales respecto de los nacionales puede tener, al menos, dos lecturas, que a su vez pueden combinarse: por un lado, reflejaría el dato de la marcada transnacionalización de la economía argentina durante los ’90, pero por otra parte, también puede estar relacionada con el hecho de que los grupos que operan a ese nivel tienen una escala suficiente como para poseer unidades de inteligencia económica propias. Estas cifras son todavía más contundentes si pensamos que la segunda categoría en orden de importancia, los “tanques de pensamiento”, con el 23% de las intervenciones, también pueden ser asociados a las principales empresas del sector privado.

Las universidades ocupan el tercer lugar, con el 16% de las intervenciones, y con un reparto parejo entre universidades públicas (6%), privadas (5%) y extranjeras (5%),

que puede ser leído, al mismo tiempo, como de una escasa incidencia por parte de las universidades públicas nacionales.

3.1. El perfil de un experto

Regresando al cuadro 3, que nos muestra el lote de los expertos más citados entre los tres diarios, podemos trazar de una manera algo más genérica el perfil de los especialistas más requeridos por los principales medios del país. Notaremos que existen entre ellos una serie de características coincidentes. En principio, la enorme mayoría de los especialistas consultados son argentinos (95%); sólo hay registrados dos extranjeros, el uruguayo Arturo Porzecansky, que revistaba en el 2001 como Director de Mercados Emergentes del ABN AMRO, con sede en New York, y el chileno Sebastián Edwards, también con residencia en los Estados Unidos, por largos años Economista Jefe para América Latina del Banco Mundial, ligado académicamente a la Argentina a través del CEMA y la Universidad Austral, y a la sazón profesor de Economía Internacional en la UCLA. Por otro lado, y como se adelantó, en el lote de expertos más citados hay solamente una mujer, Mercedes Marcó del Pont (C1), con tres intervenciones en Página 12 y una en Clarín.71

Cuadro 4. Formación de grado: títuloGraduado en Ciencias Económicas

Abogado Ingeniero Otros TOTAL

Porcentajes 90% 2% 5% 2% 100%

Cuadro 5. Formación de grado: institución de formaciónUniversidad Nacional Universidad

ExtranjeraOtros TOTAL

Pública PrivadaPorcentajes 83% 10% 7% 100%

Cuadro 6. Formación de postgrado en Economía: títuloCon Maestría o Doctorado aprobado

Sin Maestría o Doctorado

Otros TOTAL

Porcentajes 61% 37% 2% 100%

Cuadro 7. Formación de postgrado: institución de formaciónUniversidad Nacional Universidad

ExtranjeraOtros TOTAL

Pública PrivadaPorcentajes 20% 4% 76% 100%

Cuadro 8. Expertos más citados graduados en universidades Extranjeras (con Maestrías o Doctorados).Universidad Casos País Total País PorcentajesChicago 5 USA 5 26%Yale 4 USA 9 21%71 La información que se detalla a continuación está referida a un universo de 41 expertos, y no de 45, como aparecen en el Cuadro 2, ya que sobre Juan Arranz, Pedro Lacoste, Carlos Pérez y Pedro Rabassa no fue posible reunir información fehaciente sobre los distintos ítems. Toda la información se basa en datos de los CV de los expertos obtenidas en diversas fuentes institucionales.

Harvard 3 USA 12 16% (63%)Columbia 1 USA 13 5%Pittsburg 1 USA 14 5%MIT 1 USA 15 5%UCLA 1 USA 16 5%Pennsylvania 1 USA 17 5% (90%)York (Toronto) 1 Canadá 1 5%Cambridge 1 Gran Bretaña 1 5%Total 19 - 19 100%

Cuadro 9. Desarrollo de Actividades Académicas (Docencia y/o investigación en instituciones de Educación Superior)

Sí No Otros TOTALPorcentajes 85% 12% 2% 100%

Cuadro 10. Experiencia previa en el sector público (línea administrativa; cargos de responsabilidad política o asesoramiento de altos cargos políticos)

Sí No Otros TOTALPorcentajes 68% 29% 2% 100%

Cuadro 11. Vinculación laboral con organismos multilateralesSí No Otros TOTAL

Porcentajes 81% 17% 2% 100%

Cuadro 12. Vinculación laboral con empresas privadasSí No Otros TOTAL

Porcentajes 76% 24% 100%

Cuadro 13. Vinculación orgánica con sindicatos:Sí No Otros TOTAL

Porcentajes 2% 95% 2% 100%

Cuadro 14. Vinculación orgánica con partidos políticos:Sí No Otros TOTAL

Porcentajes 15% 85% 100%

A partir de la información consignada en el Cuadro 3 y en los Cuadros 4 a 14, podemos dibujar el perfil dominante del experto más citado hacia el 2001. Se trata de un graduado argentino en ciencias económicas (90%), que hizo sus estudios de grado en una universidad pública (83%); en una amplia mayoría completó estudios de Maestría o Doctorado (61%)72; sus Maestrías o Doctorados fueron preferentemente completados en instituciones extranjeras (80%), y dentro de ellas, las universidades norteamericanas fueron las más requeridas: como indica el Cuadro 8, el 90% de los expertos más citados graduados en universidades extranjeras, lo hizo en alguna universidad de los Estados Unidos (preferentemente en Chicago, Yale o Harvard); el 85% de los especialistas más citados desarrolla o desarrolló regularmente actividades académicas (docencia y/o investigación en instituciones de Educación Superior); el 76% poseía o había tenido vinculación laboral con empresas privadas; el 68% poseía experiencia previa al año 2001 en el sector público (línea administrativa; cargos de responsabilidad política o asesoramiento de altos cargos políticos); el 81% había tenido o tenía hacia el 2001

72 No se contabilizaron en este punto “estudios” o “cursos” de postgrado, sino programas regulares de Maestría o Doctorados finalizados.

vinculación laboral con organismos multilaterales; el 95% no poseía ningún tipo de vinculación orgánica con organizaciones sindicales, y el 85% no tenía vinculación orgánica con partidos políticos.

3.2. Los “Tanques de pensamiento”

El Cuadro 14 nos muestra cuáles son los “tanques de pensamiento” más consultados por los tres diarios. Otra vez vuelve a notarse la concentración de un reducido número de organizaciones que, a través de sus expertos, han ocupado los mayores espacios en la prensa económica especializada. Así, sobre 135 intervenciones pertenecientes a expertos que trabajan en diferentes “tanques de pensamiento”, las 4 primeras organizaciones explican el 57.03% del total de las intervenciones, mientras que 115 de ellas (85%) es explicado por 7 organizaciones.

Cuadro14. Tanques de pensamiento más citadosOrganizaciones (año de fundación)

Intervenciones Porcentajes

Fundación Capital (1994) 27 20 %CEMA (1978) 21 16 %Fund. Mediterránea (1978) 15 11 %FIEL (1963) 14 10 % (57.03 %)FIDE (1978) 13 10 %IDEP-ATE/CTA 13 10 %CEDES (1975) 12 9 % (85.18 %)Otros (Fundación Novum Millenium, IEFE, Grupo Sophía, Fundación Atlas, etc)

20 15 %

Total 135 100 %

Dentro de las intervenciones generadas por los “tanques de pensamiento” se observa una clara supremacía de aquellas organizaciones ligadas más directamente al sector empresario, en particular a las grandes empresas. Como vimos, estas cuatro organizaciones explican el 57.03% de las intervenciones (Capital, CEMA, Mediterránea y FIEL), mientras que FIDE, más vinculada al sector de pequeñas y medianas empresas y la banca cooperativa, el IDEP, orgánicamente dependiente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE y Congreso de Trabajadores Argentinos), y el CEDES, con una larga tradición de investigación como institución independiente, explican el 28.14%73.

Un punto que merece consideración es el de la “longevidad” institucional como factor relevante que contribuye a explicar su mayor presencia en el debate público. En este caso observamos que la mayoría de los centros con más alta presencia en los medios son también longevos. Una excepción parece ser el caso de la ascendiente Fundación Capital, liderada por Martín Redrado. Un elemento a tener en cuenta en la alta exposición mediática de la Fundación quizá haya que atribuirlo al hecho de que 73 De las 7 organizaciones consideradas el CEDES es el que –por su perfil- ha estado menos comprometido con la elaboración de políticas, en particular en el ámbito económico, aunque sus estudios e investigaciones de carácter aplicado pueden ser consideradas en muchos casos insumos para la toma de decisiones; a esto habría que agregar que algunos de sus miembros tuvieron alguna participación en diferentes elencos gubernamentales y en distintas áreas de gestión de políticas. Por otra parte, al momento de la crisis del 2001el CEMA era, en realidad, UCEMA, esto es, Universidad del CEMA. Se lo considera como “tanque de pensamiento” ya que éste es el carácter distintivo que mantuvo por varios años, desde su creación en 1978 hasta 1995, cuando se transforma en Instituto Universitario, y después cuando se convierte en Universidad (1997).

Redrado era hacia 2001 un economista de consulta del jefe de la oposición partidaria al gobierno radical, el ex gobernador de la Provincia. de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

Un elemento adicional a considerar es el número de especialistas que explican el total de intervenciones de cada una de los “tanques de pensamiento”. No podría ser tomado ese mayor número de especialistas como un indicador directo de la mayor densidad de su staff técnico, cuestión que debe analizarse por separado, pero al menos nos da alguna indicación sobre el grado de exposición de sus diferentes investigadores de planta (Cuadro15).

Cuadro 15. Intervenciones de especialistas por tanques de pensamientoOrganizaciones (año de fundación)

Intervenciones Intervenciones por Especialistas

Fundación Capital (1994) 27 Carlos Pérez (15 intervenciones), Martín Redrado (12)

CEMA (1978) 21 Jorge Avila (9), Carlos Rodríguez (8), Carola Pessino (2), Pedro Pou (1), Roque Fernández (1),

Fund. Mediterránea (1978) 15 Guillermo Mondino (8), Domingo Cavallo (6), Gabriel Casaburi (1)

FIEL (1963) 14 Daniel Artana (7), Manuel Solanet (4), Abel Viglione (2), Nuria Susmel (1)

FIDE (1978) 13 Héctor Valle (9), Mercedes Marcó del Pont (4)

IDEP-ATE/CTA 13 Claudio Lozano (10), Martín Hourest (3)

CEDES (1975) 12 Roberto Frenkel (12)

Naturalmente, la distribución de las apariciones de expertos de estos distintos tanques de pensamiento es desigual según tomemos los diferentes diarios. El Cuadro 16 nos ayuda a ver el acceso a los medios de los principales “tanques de pensamiento”. Leyendo los porcentajes en el sentido de las filas, podemos apreciar cómo la Fundación Capital tiene un acceso parejo a Clarín (44%) y a La Nación (41%), pero menor penetración en el Página 12 (15%). El CEMA concentra buena parte de sus intervenciones en Clarín (57%), mientras que el 38% de las mismas aparecen en La Nación, y cayendo a un exiguo 5% en el caso de Página 12. La Fundación Mediterránea casi invierte la pauta del CEMA en lo que hace a Clarín (33%) y a La Nación (53%), pero tiene un acceso levemente mayor al Página 12 (13%). FIEL, por su parte, agrupa casi dos tercios de sus intervenciones en La Nación (64%), repartiendo el resto de sus intervenciones en Clarín (21%) y Página 12 (14%). FIDE es otro caso de alta concentración, pero en Página 12 (62%), mientras que el resto de sus intervenciones están repartidas entre La Nación (23%) y el Clarín (15%). En lo que hace al IDEP encontramos un caso de muy alta concentración en el Página 12 (85%), un relativamente bajo acceso a Clarín (15%), y un acceso nulo a La Nación. Mientras que el CEDES, a través de su columnista invitado, Roberto Frenkel, registra una muy alta concentración en La Nación (83%), y un parejo reparto entre Clarín y Página 12 (8% en cada caso).

Cuadro 16: Acceso a los medios de los principales “tanques de pensamiento” (total de intervenciones distribuidas por diario)

CLARÍN LA NACIÓN PAGINA 12 Totales

Fundación Capital

44% 41% 15 % 100%

CEMA 57% 38% 5% 100%Fundación Mediterránea

33% 53% 13% 100%

FIEL 21% 64% 14% 100%FIDE 15% 23% 62% 100%IDEP 15% - 85% 100%CEDES 8% 83% 8% 100%Totales 37 49 29 115

El Cuadro 17, por su parte, nos permite ver lo que podríamos llamar la apertura de los medios hacia distintos “tanques de pensamiento”74. Leyendo los porcentajes en el sentido de las columnas podemos mostrar el ordenamiento que cada uno de los diarios hizo respecto de las contribuciones de los tanques de pensamiento seleccionados.

Cuadro 17: Apertura de los medios hacia distintos “tanques de pensamiento” CLARÍN LA NACIÓN PAGINA 12 Totales

Fundación Capital

32% 22% 14 % 27

CEMA 32% 16% 3% 21Fundación Mediterránea

14% 16% 7% 15

FIEL 8% 18% 7% 14FIDE 5% 6% 28% 13IDEP 5% - 38% 13CEDES 3% 20% 3% 12Totales 100% 100% 100% 115

En el caso del Clarín nos encontramos con un orden de preferencias idéntico al de la serie general de intervenciones de tanques de pensamiento (Cuadro 4), aunque con órdenes de magnitud un tanto diferentes. El Clarín abrió casi dos tercios de las páginas de su Suplemento Económico a la Fundación Capital y al CEMA (32% cada uno), un 14% a la Fundación Mediterránea, un 8% a FIEL, un 5 % a FIDE y al IDEP, y un 3% al CEDES. La Nación, en cambio, tuvo preferencias más repartidas en un rango de seis puntos entre el 22% concedido a la Fundación Capital y el 16% de apariciones de la Mediterránea, pero desplazando a un lejano 6% a FIDE y sin ninguna intervención del IDEP. El Página 12, por su parte, presenta un perfil análogo al de Clarín, aunque con preferencias distintas. El IDEP (38%) y la FIDE (28) ocupan los dos tercios de sus páginas, ubicando más atrás a la Fundación Capital (14%), la Mediterránea y FIEL con 7% cada una, y cerrando la lista el CEMA y el CEDES (3%).

74 Hablamos de “apertura” en un sentido figurado para referirnos a la política editorial del diario, aunque el hecho de que una determinada organización o experto aparezca o no en la prensa obedece a muchos otros factores, incluyendo su propia disposición a colaborar con un medio. Por ejemplo, y para considerar el único caso nulo de la muestra, no resulta tan fácil establecer si la no aparición del Claudio Lozano en La Nación se debe a una determinación del diario, de Lozano o de ambos. Como contrapartida, el hecho de que Página 12 albergue entre sus páginas a representantes del pensamiento liberal-conservador, podría estar significando que el diario tiene una mayor amplitud para el debate, o que los especialistas liberales tendrían más predisposición a dialogar con sectores de izquierda, o ambas cosas.

5) DESDE EL PLAN AUSTRAL AL FIN DE LA CONVERTIBILIDAD: ¿PRIVATIZACION DEL DEBATE PUBLICO?

Los datos provisionales relevados hasta aquí nos permiten extraer algunas conclusiones tentativas al comparar la participación de los expertos económicos en el espacio público a través de medios especializados. Tomando los dos años de la comparación hay tendencias que se mantienen o acentúan, y otras que emergen como novedades.

En primer lugar, se acentúa la concentración individual del expertise. Hacia 1985, 22 expertos (el 24% de la serie) concentraba el 50% de las intervenciones (87), pero en 2001 el 24% de la serie (56 expertos) concentra el 61% de las intervenciones (363).

En segundo lugar, podemos decir que en términos generales se mantiene la concentración de género. En 1985 el porcentaje de mujeres sobre el total de expertos es de sólo el 2% (2 sobre 91), mientras que el porcentaje de sus intervenciones es todavía menor, 1% (2 sobre 174). Para 2001, por su parte, el porcentaje de mujeres sobre el total de expertos sigue siendo muy bajo: el 6% (14 sobre 233), mientras que el porcentaje de sus intervenciones es más bajo aún, 3,5% (21 sobre 593), por lo que podemos decir que en ambos casos las expertas económicas argentinas consultadas son pocas e intervienen menos75.

El tercer rasgo destacable al considerar ambas series es el de la concentración institucional: en los dos casos hay categorías que aglutinan un gran número de intervenciones y que aparecen como las dominantes de la época. En 1985, esa categoría es la de Experto Partidario (E), que reúne casi la mitad de toda la serie, 49% de las intervenciones, superando en 32 puntos porcentuales a la segunda categoría (D), referida a expertos vinculados profesionalmente a la consultoría privada, que en total reúne un 17% de intervenciones. En el 2001, en cambio, los consultores del sector privado (D), concentran el 46% de las intervenciones, superando en 23 puntos porcentuales a la segunda categoría (C), referida a expertos vinculados a tanques de pensamiento, que en total reúne un 23% de las intervenciones.

Un cuarto rasgo se refiere a la mayor calificación del expertise. El perfil de los especialistas más requeridos por los tres diarios hacia 1985 se identificaba en un 63% con un graduado en Ciencias Económicas, 84% se habían graduado en universidades públicas y sólo un 32% tenía Maestrías o Doctorados en Economía (de los cuales un 55% había obtenido postgrados en el extranjero (todos USA). Hacia el 2001, en cambio, los especialistas más convocados son, en un 90%, graduados en ciencias económicas que hicieron sus estudios de grado en una universidad pública (83%), y una amplia mayoría (61%) completó estudios de Maestría o Doctorado; estos estudios de postgrado fueron preferentemente completados en instituciones extranjeras (80%), y dentro de ellas, las universidades norteamericanas fueron las más requeridas.

Finalmente queremos destacar un quinto rasgo, el de la creciente privatización de las pertenencias institucionales de los productores, difusores y operadores de conocimiento experto sobre los problemas económico (Gráfico 3)76.

Gráfico 3. Pertenencias institucionales de los expertos económicos (1985-2001)

75 Una referencia comparativa útil que demuestra la subrepresentación femenina la obtenemos del Censo Poblacional del 2001 (INDEC). Del total de Licenciados en Economía registrados el 71,65 son varones y el 28,35 son mujeres. 76 Habría que destacar un quinto rasgo que no podemos desarrollar aquí: el de la creciente cualificación del expertise, tomando como referencia el grado de formación de los expertos más citados.

Como se ve en el gráfico el orden de las categorías de pertenencia institucional se modifica al considerar los dos años de la comparación. En el año 1985 el orden de las categorías más mencionadas era : E>D>A>C, mientras que en el año 2001 el orden de la serie es D>C>A>E.

De acuerdo con lo señalado en una sección anterior, durante el año del Plan Austral la categoría que más menciones reúne es claramente la de Expertos Partidarios (E). Concentra el 49% de las menciones superando en 32 puntos porcentuales la segunda categoría más mentada (D), referida a expertos vinculados profesionalmente al mundo de la consultoría privada, que en total posee un 17% de intervenciones. Luego le siguen los expertos vinculados a instituciones universitarias (A), con el 14% en total, y más atrás aparece la categoría (C), Tanques de Pensamiento, que reúne el 13% de las intervenciones. En el año del fin de la Convertibilidad, en cambio, los expertos provenientes del sector privado aglutinan el 46% de las intervenciones, desglosadas del siguiente modo: D1 (Consultor profesional independiente o empresa consultora local) abarca el 27%, D3 (Expertos pertenecientes a empresas, organizaciones empresariales o bancos internacionales) reúne el 15% y más atrás D2 (Expertos pertenecientes a empresas, organizaciones empresariales o bancos nacionales) con el 4%. La categoría que sigue en orden de menciones es C (Tanques de pensamiento) con 23% de las intervenciones. Luego encontramos a los expertos del mundo académico, que reúne a diferentes tipo de instituciones universitarias A1, A2 y A3 (Universidades Pública Nacional, Privada Nacional y Extranjera respectivamente) con valores entre 5% y 6%, y más atrás tenemos el caso de los expertos partidarios (E), con el 6%, luego los organismos multilaterales (B) con 4%, y otras categorías menores.

En atención a esto observamos algunos rasgos destacados al comparar ambas series de datos.

En primer lugar y a simple vista resalta el descenso que sufre la categoría E -Expertos Partidarios-. En el año 1985 ocupa el primer lugar de la serie con una participación del 49% mientras que en el 2001 su importancia se diluye pasando a tener sólo un 6% de las intervenciones. Y correlativamente se observa el ascenso de las categorías más ligadas al mundo privado: empresas, tanques de pensamiento, e incluso universidades. Es notorio también que no haya en el 2001 expertos pertenecientes a Tanques de Pensamiento partidarios. Es decir que la presencia que tenían en 1985 los Expertos partidarios en la recomendación de cursos de acción no se tradujo en la formación de centros especializados de formulación de políticas en el 2001.

La esfera de la Consultoría privada -D- experimenta un considerable crecimiento a lo largo del tiempo. En primer lugar, en conjunto obtienen una participación mucho más importante: de un 17% ascienden a un 46% del total de los datos en el 2001. Sin embargo, esta importancia se no distribuye en forma despareja

entre las tres categorías. En la Planilla Completa de 2001 llama la atención que mientras que los Consultores independientes -D1- y los Expertos de empresas o organización empresarial o banco internacionales -D3- aumentan notablemente su participación, los Expertos de empresas, organizaciones empresariales o bancos nacionales -D2- no logran despegar de la misma manera.

En el año 2001 aumentan su participación las categorías C -Tanques de pensamiento- 10 puntos porcentuales, D1 -Consultores independientes- 15 puntos porcentuales y D3 -Expertos de empresas, organizaciones empresariales o bancos internacionales- 12 puntos porcentuales. Aunque hay que aclarar que tanto los Consultores independientes -D1- como los Tanques de pensamiento -C- tienen en el año 1985 una presencia considerable, entre ambos explican un 25% de los datos.

Con relación a los Tanques de Pensamiento -C- observamos que avanza en la serie de los mejor posicionados, aumentando su participación 10 puntos porcentuales alcanzando un 23% de los datos.

En relación a las Universidades -A- advertimos que, en términos generales, esta esfera del expertise aumenta su participación con el paso del tiempo. En el año 2001 abarcan un 16% de las intervenciones. No obstante vemos que cae la participación de los expertos de Universidades Públicas Nacionales -A1-. Esto puede deberse, entre otros factores, por la mayor oferta de universidades privadas y al adelanto tecnológico de las comunicaciones que acercan a los expertos de universidades extranjeras.

Más atrás, encontramos que la participación de los expertos de Organismos multilaterales -B- no tiene en términos porcentuales mucha relevancia en los años analizados. Esta categoría no solo adopta un porcentaje pequeño en las Planillas Completas de 1985 y 2001, sino que en la mayoría de los diarios se mantiene esta situación. Podemos mencionar como una excepción de lo anterior a El Periodista en 1985 y a Clarín en 2001 donde los porcentajes aumentan a 6% y 7% respectivamente. En relación a los Funcionarios técnico-estatales -F- observamos que esta categoría presenta una participación residual en los dos momentos analizados.

6) NOTAS FINALES: REDISCUTIENDO EL PERFIL DE LOS EXPERTOS ECONOMICOS

Adolfo Bioy Casares solía decir que cuando los hombres hablan genéricamente de “las mujeres” sólo hacen referencia a las mujeres lindas; algo de eso viene pasando, pero en sentido inverso, con la expresión “los economistas”, que sólo haría referencia a los economistas ortodoxos o neoliberales (es decir, los “feos”). Sin duda, cuando hablamos de los economistas como tipo profesional cualquier rasgo que podamos atribuirles debe valer por igual para los de izquierda y los de derecha, para heterodoxos y ortodoxos, de lo contrario estaríamos generalizando características –por significativas que fueran- que solo corresponden a una porción de esos actores.

En un reciente libro, Federico Neiburg y Mariano Plotkin han realizado un sugerente esfuerzo por analizar los rasgos que singularizarían a los “economistas profesionales” dentro del más amplio mundo de los científicos sociales. En primer lugar, nos dicen los autores, “son los únicos especialistas formados específicamente para desarrollar su actividad cerca del poder, ya sea económico (trabajando en empresas, consultoras y financieras) o político (trabajando para el Estado)”; en segundo término, esta presencia cercana al poder “se fundamenta... en la posesión de conocimientos técnicos especializados, basados en el uso exclusivo de una jerga propia, adquirida y legitimada en un mundo académico intensamente internacionalizado”; de este modo, la economía “se presenta a la vez como una ciencia sobre la sociedad y como un conjunto de herramientas operativas al servicio del poder”. En tercer lugar, “los economistas construyen un poder singular a partir de su capacidad para transitar

entre medios y actividades diversas, haciendo valer, en cada una de ellas, los capitales acumulados en los otros”; finalmente, “algunos economistas” suelen ocupar una posición de “mediadores entre el campo económico nacional y los flujos de dinero en el plano internacional” (pp.231-232, las cursivas son mías).

A la luz del análisis realizado en las páginas precedentes, creo que esta caracterización capta algunos puntos claves, pero entremezclados con rasgos circunstanciales o con calificaciones que merecerían una mejor elucidación. Dejando por un momento de lado la última mención, que sólo abarcaría a “algunos economistas”, me concentraré en los otros tres. En primera instancia, me parece discutible la afirmación según la cual son los “únicos” especialistas formados específicamente para desarrollar su actividad cerca del poder, un poder que, además, tiende a ser homologado, en el contexto discursivo, con el poder dominante (o para mejor decir, los poderes dominantes). En este punto no habría que perder de vista, por ejemplo, que también los abogados podrían ser englobados en análoga caracterización (curiosamente el libro no incluye ningún trabajo sobre el Derecho, disciplina de la cual surgieron algunas de las ciencias sociales analizadas); y si nos extendemos un poco más, tal vez habría que incluir a “politólogos” o especialistas en “relaciones internacionales”, aunque estos dos últimos no hayan adquirido una posición preeminente en el mundo del poder real. En cualquier caso, la cuestión de fondo hay que buscarla en otro lado. No es que los economistas se forman para el poder, se forman académica y profesionalmente para resolver problemas bajo restricciones (un estilo de formación que también comparten los abogados, los médicos o los ingenieros, pero no los historiadores o los sociólogos). Y como una parte fundamental -aunque no la única- del ejercicio del poder (de cualquier poder: financiero o sindical, conservador o revolucionario) requiere resolver problemas bajo restricciones, los economistas brindan respuestas –por simplificadoras que puedan serlo en algunos casos- allí donde el historiador, el sociólogo o el literato estamos más acostumbrados a acercar dudas, preguntas, paradojas o críticas.

En segundo lugar, esa capacidad para resolver problemas se funda en el desarrollo de principios, modelos teóricos y herramientas analíticas poderosas, con capacidad descriptiva, explicativa, y bajo ciertas condiciones, predictiva, que le sirve de sustento a una intervención “ingenieril” en el mundo de las decisiones. Esta idea según la cual el desarrollo científico de una disciplina puede ser explicada –en un grado significativo- por razones “internalistas”, ha sido desacreditada por largo tiempo entre los sociólogos, pero yo estoy entre los que cree que debe ser reconsiderada, al menos en una versión moderada77. Como contrapartida, no deja de ser curioso que mientras en los últimos años el resto de las ciencias sociales tendieron a desperdigarse, y más bien a fragmentarse desde el punto de vista teórico, los economistas, en cambio, tendieron en general a reforzar y pulir sus modelos y principios analíticos básicos, haciéndolos crecientemente consensuados dentro de la profesión, e incluso evidenciando capacidad, y ambición, para extenderlos y “exportarlos” –con suerte diversa- a otros ámbitos de la vida social, política e institucional en las sociedades contemporáneas (Coats A. W., 1981). En este sentido, ha de quedar claro que no son los conocimientos técnicos especializados de los economistas los que están “basados en el uso exclusivo de una jerga” internacionalizada: más bien es a la inversa. Todos los profesionales usamos jergas, el punto es si esas jergas están fundadas, y en qué grado, en principios epistémicos sólidos. En otras palabras, la idea clave aquí -otra idea que ha tenido mala prensa en las ciencias sociales desde finales de los sesenta- es si un lenguaje acerca de la realidad social se fundamenta, o no, en un sistema teórico, esto es, en un conjunto lógicamente articulado y empíricamente contrastable de hipótesis, y no en un mero agregado de “teorías” (uno puede tener muchas ruedas, volantes y carburadores, pero un

77 En este punto, y frente al ahora dominante enfoque bourdiano de los “campos”, me parece más prometedor explorar estrategias alternativas como las propuestas por Oscar Nudler en torno a los “espacios controversiales” (2004).

auto es otra cosa). Y entiendo que esos principios, para el caso de la economía, conforman un sistema riguroso, aunque obviamente falible, criticable y perfectible, como en toda disciplina científica. Por aquello que decía Kurt Lewin, “no hay nada más práctico que una buena teoría”, es aquí donde hay que buscar algunas de las razones fundamentales acerca de la consolidación profesional de la economía como una “ciencia sobre la sociedad” y como un “conjunto de herramientas operativas”, que en muchos casos estará al “servicio del poder” dominante, en buena medida por la capacidad de dicho poder para comprar el saber de aquellos que solucionan problemas, y en otras ocasiones podrá estar en su contra.

En tercer lugar, también habría que matizar la idea según la cual los economistas “hacen valer”, en diferentes campos, “los capitales acumulados en los otros”. En cierto sentido, podría argumentarse que otras figuras de las ciencias sociales (Gino Germani o Ricardo Levene, por ejemplo) han evidenciado idéntica capacidad. Pero de todos modos, el punto fundamental aquí es que las intersecciones por las que transita, y los capitales que intermedia, un antropólogo o un historiador, son un tanto diferentes (en volumen y composición) a los que intermedia un economista; incluso podría decirse que mientras los primeros están más acotados a intermediar –fundamentalmente- variadas formas de capital cultural, los economistas (como los abogados) operan efectivamente en las intersecciones entre diferentes esferas sociales, actuando como intermediarios entre distintas “fuentes de poder”. Los tipos de capital puestos en juego e intermediados, desde Bunge a Cavallo, muestran claramente esta particularidad, con la salvedad de que los economistas están apoyados en una modelística analítica poderosa, de la que obviamente carecen los juristas. Por otra parte, esta intermediación está orientada a resolver lo que la literatura sobre toma de decisiones ha denominado “problemas retorcidos” (wicked), esto es, cuestiones que “no tienen un conjunto enumerable (o exhaustivamente representable) de soluciones potenciales, y tampoco... existen criterios que permitan establecer que todas las soluciones a un problema enredado han sido identificadas y tomadas en cuenta”(Rittel & Webber, 1973). Por lo tanto, una función crucial que cumplen los economistas –y que están dejando de cumplir los abogados- es la de reducir la complejidad de las interacciones, en el marco de restricciones e incertidumbres, definiendo los medios y los fines de la acción, como lo reconoció el mismísimo Hayek alguna vez, descartando de paso cualquier ilusión ingenua de asepsia tecnocrática.

Por cierto, esta intermediación entre esferas, también se traduce en la relación entre lo nacional y lo internacional, y de ahí, entonces, que “algunos economistas” ocupen una posición de “mediadores entre el campo económico nacional y los flujos de dinero en el plano internacional”. Una posición que, a su vez, hunde sus raíces en los cambios estructurales en la matriz de relaciones de poder entre Estado, mercado y sociedad civil a escala global, las cuales han ubicado las decisiones económicas como un eje estratégico en las redes de vinculación entre personas, organizaciones o regiones (Centeno & Silva, 1998). En la dinámica de estos cambios, y en su compleja interacción con las características disciplinares apuntadas, hay que encontrar algunos de los factores principales que han catapultado a los economistas al centro de la escena transnacional.

BIBLIOGRAFÍA

Abelson, Donald E., “Los think tanks y la política exterior de los Estados Unidos en perspectiva histórica”, Agenda de la política Exterior de los USA (Departamento de Estado, Programas de información internacional) (http://usinfo.state.gov/journals/), volumen 7, número 3, noviembre de 2002.

Aberbach, Joel D.; Hans-Ulrich Derlien, Renate Mayntz y Berta A. Rockman, “Altos funcionarios federales de Estados Unidos y Alemania. Actitudes tecnocráticas y políticas”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, Nro. 123, marzo de 1990.

Acuña, Carlos H. (comp.), La Nueva Matriz Política Argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

Anderson, Perry, “Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda”, El Rodaballo, segunda época, año II, Nro. 3, verano 1995/96.

Aronson, Perla, “Políticos y expertos: ¿el fin de una relación conflictiva?”, Revista científica de educación (USAL), Nro. 4, 2001.

Babb, Sarah, “Neoliberalism and the rise of the new money doctors: the globalization of economic expertise in Mexico”, LASA, Chicago, september 1998.

Boréus, Kristina, “The shift to the right: Neoliberalism in argumentation and language in the Swedish public debate since 1969”, European Journal of Political Research, Vol. 31, Nro. 3, 1997.

Bourdieu, Pierre, El neoliberalismo. Utopía (en vía de realización) de una explotación sin límites

Braun, Miguel; Antonio Cicioni & Nicolás J. Ducoté, “Policy Implementation think tank in developing countries? Lessons from Argentina”, BsAs, CIPPEC, mayo de 2002, mimeo.

Brunner, José Joaquín "Investigación social y decisiones políticas: El mercado del conocimiento", Nueva Sociedad, Nº 146, p. 111 y ss., 1996

Camou, Antonio, "Los Consejeros del Príncipe. Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina", Nueva Sociedad, 152, 1997.

Camou, Antonio, “Los Consejeros de Menem. Saber técnico y política en los orígenes del menemismo, Cuadernos del CISH (UNLP), año 4, Nro. 5, 1999.

Centeno, Miguel A. & Patricio Silva (eds.), The Politics of Expertise in Latin America, London and New York, Macmillan Press & St. Martin’s Press, 1998

Coats A. W., Economists in Government. An international comparative study, Duke University Press, 1981.

Collins H.M. & Robert Evans, “The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience”, Social Studies of Science, 32/2 (April 2002), pp. 235-296.

Coser, Lewis A. Hombres de Ideas. El punto de vista de un sociólogo (1965), México, FCE, 1968.

DeLeón, Peter, “Sucesos políticos y las ciencias de las políticas”, en Peter Wagner, Carol Hirschon Weiss, Björn Wittrock & Hellmut Wollman (comps.), Ciencias Sociales y Estados Modernos. Experiencias nacionales e incidencias teóricas (1991), México, FCE, 1999.

Desai, Radhika, “Second-hand dealers in ideas: think-tanks and thatcherite hegemony”, New Left Review, 203, January/February 1994.

Fischer, Frank, “American think tanks: policy elites and the politicization of expertise”, Governance: An International Journal of Policy and Administration, Vol. 4, Nro. 3, July 1991.

Friedman, John, Planificación en el Ámbito Público, Madrid, MAP, 1991

Haass, Richard N., “Los think tanks y la política exterior estadounidense: la perspectiva de un elaborador de políticas”, Agenda de la política Exterior de los USA (Departamento de Estado, Programas de información internacional) (http://usinfo.state.gov/journals/), volumen 7, número 3, noviembre de 2002.

Hira, Anil, “The creators of economic ideas: comparing economic knowledge network in Latin America, Egypt, and Indonesia”, LASA, Chicago, september 1998.

James, Simon, “The idea brokers: the impact of think tank on British government”, Public Administration, vol. 71, winter 1993.

Kaysen, Carl, “Model-makers and decision-makers: Economists and the policy process”, The Public Interest, Nro. 12, Summer 1968.

Limoges, Camille, “Expert Knowledge and decision-making in controversy contexts”, Public Understanding of Science, vol. 2, Nro. 4, 1993, pp. 417-426.

Lindblom, Charles E., El proceso de elaboración de políticas públicas (1980), México, MAP & Miguel Angel Porrúa, 1991.

Macdonald, H. Malcolm, El intelectual en la política (1966), BsAs, Fabril editora, 1969.

Malloy, James M., “Policy analysts, public policy and regime structure in Latin America”, Governance: An International Journal of Policy and Administration, Vol. 2, Nro. 3, July 1989.

Mann, Michael, Las Fuentes del Poder Social. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.c. (1986), Madrid, Alianza, 1991.

McGann, James G., “Los think tanks y la transnacionalización de la política exterior”, Agenda de la política Exterior de los USA (Departamento de Estado, Programas de información internacional) (http://usinfo.state.gov/journals/), volumen 7, número 3, noviembre de 2002.

Neiburg, Federico y Mariano Plotkin (compiladores): Intelectuales y expertos. La construcción del conocimiento social en la Argentina. BsAs, Paidós, 2004.

Novelli, José Marcos N., “O campo dos economistas e o debate sobre a independencia do banco central do Brasil no pos-64”, LASA, Chicago, september 1998.

Nudler, Oscar, “El cambio conceptual, los espacios controversiales y la refocalización” (draft), VII Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía, 2004.

Oszlak Oscar y O’Donnell Guillermo, “Estado y Políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación” (1977), en Kliksberg Bernardo y Sulbrandt José (comps.), Para investigar la Administración Pública, Madrid, INAP, 1984.

Pressman, Jeffrey L. & Aaron Wildavsky (1984), Implementación, México, FCE, 1998.

Rittel Horst W. & Melvin M. Webber “Dilemas de una teoría general de la planeación” (1973), en Luis F. Aguilar Villanueva, Antología de Políticas Públicas, 4 vols. , México DF, Miguel Angel Porrúa, 1993.

Start, Daniel & Ingie Hovland, Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers, London, Overseas Development Institute (ODI), 2004.

Scott, Peter (1996), “El rol cambiante de la universidad en la producción de nuevo conocimiento”, Pensamiento Universitario, Nro.8, nov. 1999.

Shils, Edward, Los intelectuales en las sociedades modernas (1974), BsAs, Ediciones Tres Tiempos, 1976.

Silva, Patricio, “Intelectuales, tecnócratas y cambio social en Chile: pasado, presente y perspectivas futuras”, Revista Mexicana de Sociología, 1/1992

Stein, Ernesto, Mariano Tommasi, Koldo Echevarria, Eduardo Lora y Mark Payne, La Política de las Políticas Públicas, Washington DC, BID, Informe 2006.

Stone, Diane, Capturing the political imagination. Think tanks and the policy process, London, Frank Cass, 1996.

Stone, Diane, “Think Tanks, Global Lesson-Drawing and Networking Social Policy Ideas”, Global Social Policy, vol. I (3), 2001, pp. 338-360.

Turner, Stephen, “What is the Problem with Experts?”, Social Studies of Science, 31/1 (February 2001), pp. 123-149.

/// “El Saber detrás del Trono. Intelectuales-expertos, tanques de pensamiento y políticas económicas en la Argentina democrática (1985-2001)”, en Adolfo Garcé y Gerardo Uña (Coords.), Think Tanks y Políticas Públicas en Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales, BsAs, Editorial Prometeo, 2006. ISBN 978-987-574-122-5 (316). Se encuentra en prensa la edición en inglés.

VOLVER al Listado de Artículos