DOCUMENTO INTERNO

LINEAMIENTOS PARA UNA

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

UNIFICADA DE DAR

Elaborado por:

Sistema de Comunicadores

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR

2017

Introducción

La presente propuesta aborda los dos principales problemas identificados como obstáculos

para la ejecución de una estrategia unificada de comunicación de DAR, que facilite la

integración del discurso de DAR en relación a sus diversos temas de trabajo y que promueva

la asociación de los mismos a hechos políticos de coyuntura para potenciar la incidencia

comunicacional.

En la primera parte se da una breve descripción de las situaciones y carencias que

conforman los puntos de partida para la elaboración de esta propuesta, identificando el

principal problema en dos ámbitos: la planificación y el canal o medio para la comunicación.

En la segunda parte se presentan y desarrollan las soluciones pertinentes para contrarrestar

cada problema, planteando un formato o desarrollando el producto concreto propuesto.

La presente propuesta ha sido elaborada de manera conjunta por los comunicadores de DAR

y será aprobada por la Dirección Ejecutiva para el desarrollo de estrategias de comunicación

institucionales implementadas por cada Programa de DAR.

Los Problemas Priorizados

Las Soluciones

Lineamientos para una

Estrategia de Comunicación Unificada de DAR

a. Desintegración a nivel de mensajes en el discurso y materiales de comunicación de

DAR. Se necesitan mensajes base institucionales que puedan contribuir a unificar el

discurso institucional y herramientas que faciliten visibilizar posibles cruces entre temas

para construir mensajes conjuntos y evitar incoherencias en el discurso institucional.

b. Carencia de una plataforma unificada de comunicación. Es necesario desarrollar un

producto por el cual centralizar los mensajes de incidencia de DAR, articulándolo a

mensajes para medios de comunicación y redes sociales. Para ello, es necesario que

dicho producto cuente con una identidad visual, auditiva, audiovisual, según sea el caso.

a. Para abordar la desintegración a nivel de mensajes en el discurso y materiales de

comunicación de DAR:

Solución 1: Formato estándar para Planificación de Campañas DAR

Esta herramienta permitirá organizar el discurso de una campaña DAR, articulando argumentos

y mensajes intra e interprograma. Se propone su uso por todos los Programas solo para la

planificación de campañas específicas temáticas. Sería aprobado por la Coordinadora y el

Director Ejecutivo.

En el anexo se propone el formato para la planificación de las campañas.

Solución 2: Notas de política por tema de trabajo de DAR Estos documentos concentrarán el discurso y posición de DAR en sus temas eje; señalarán el

contexto, acciones de DAR, principales logros y próximos pasos por cada tema y servirán como

referencia para la elaboración de notas de prensa, pautas para voceros y materiales de DAR;

asimismo podrían convertirse en documentos de inducción institucional para los nuevos

miembros de DAR.

En el anexo se colocan las notas de política respectivas.

Solución 3: Calendario de eventos de coyuntura Se propone el uso de un Google Calendar compartido entre Dirección Ejecutiva y los

comunicadores donde se coloque los principales hechos de coyuntura esperados por cada

programa en un horizonte de 2 semanas, para visualizar mejor los temas de coyuntura que

podrían ser vinculados a las comunicaciones de cada programa.

En el anexo se coloca el link al Calendario de Coyunturas para que pueda empezar a usarse.

b. Para abordar la carencia de una plataforma unificada de comunicación:

Solución 4: Programa Radial de DAR

Se convertiría en la plataforma que centralice la agenda de comunicación de DAR,

integrando los temas de los programas con los hechos de coyuntura. En cada edición

participarían los 3 Programas, la Dirección Ejecutiva en coordinación con el sistema de

comunicadores y un equipo externo de producción y postproducción.

Se propone un programa piloto por 3 meses, de corte informativo/analítico, de 30

minutos de duración, conformado por dos segmentos: El primero, de corte informativo

(presentación de contexto); y el segundo, de corte analítico conformado por un informe

conceptual y un espacio para entrevistas.

En el anexo se propone una estructura, método de trabajo y presupuesto para el mismo.

A continuación se desarrolla cada solución propuesta.

Solución 1: Formato Estándar para planificación de Campañas DAR

ANEXOS

1. Objetivo (Conocimientos / Actitudes / Prácticas)

2. Público:

3. Duración:

4. Promesa:

(Beneficio práctico de la propuesta que impulsa la campaña)

5. Articulación de discurso de la campaña

Insights/Creencias/ Imaginarios del público principal

Idea fuerza Evolución de la idea fuerza (de ser el caso)

Mensajes/lemas Productos

6. Integración Intraprograma (Colocar los mensajes solo en los cruces necesarios y priorizar de acuerdo a objetivos de la campaña)

Ejemplo

SEIA

(EAE - PGSA)

IDER Cogestión Sistema

Regional de

Conservación

Cambio de uso

de suelo

Fondos para el

Cambio climático

7. Integración Interprograma (Colocar los mensajes solo en los cruces necesarios y priorizar de acuerdo a objetivos de la campaña. No es necesario usar

todos los cruces, evaluar cuáles son los prioritarios que apoyan el mensaje principal y no dispersan el mensaje)

Transparencia Energías

Renovable

s

SEIA

/Institucio

nalidad

ambiental

Vigilancia

indígena

Consulta

Previa

Derechos

indígenas

Gestión

Forestal/CUS

Cambio

climático

IFIS

Temas bandera del programa

Temas de la campaña

Temas de la campaña

Temas bandera otros programas

8. Cronograma vs hitos del proyecto y/o coyunturales

MES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9. Presupuesto (Estimado x productos)

Producto Costo Estimado (S/.) Proyecto(s) que financian

Notas de política: Programa GSAI

Solución 2: Notas de política DAR

Transparencia

Las presentes notas de política deben ser aprobadas por Dirección Ejecutiva para el desarrollo de

estrategias de comunicación institucionales implementadas por cada Programa de DAR.

Contexto

● La caída de los precios de los metales originó la promoción acelerada de las inversiones. ● Desde 2013 en adelante, se flexibilizaron los marcos regulatorios en materia socio-ambiental en el

ámbito nacional e internacional para promover las inversiones. ● El Estado viene trabajando su incorporación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE), para ello debe cumplir con una serie de recomendaciones en diversas materias, una de ellas la ambiental (ver Informe de Desempeño Ambiental).

● De otro lado, existen compromisos internacionales en materia de transparencia, asumidos por el Estado, que brindan mecanismos para fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales: ○ Perú es miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en

inglés) desde 2005. ■ Para la implementación del EITI se cuenta con una Comisión Nacional que congrega

Estado, empresas y sociedad civil. ■ Cuenta con dos procesos de validación aprobados:

Primera validación, 2012: Obtuvo la calificación de “país cumplidor”.

Segunda validación, 2016: Obtuvo la calificación de “avances significativos”. ■ Cuenta con cinco estudios de conciliación (hasta el 2016) y dos procesos subnacionales:

EITI Piura y EITI Moquegua. Se plantea replicar la experiencia en Arequipa, Loreto y Cusco. Arequipa y Loreto tienen ordenanzas regionales para la implementación del EITI.

■ DAR es miembro de la Comisión Nacional EITI, entre 2013-2015, como representante alterno de sociedad civil; mientras que entre 2016-2017, como miembro titular.

DAR junto con sociedad civil nacional e internacional propone la divulgación de información socio-ambiental en los informes EITI.

Por su parte, el OCDE, a través de su informe de desempeño ambiental, recomienda se fomente la transparencia ambiental en los procesos de licenciamiento como así como en los informes EITI (recomendación 66).

○ Perú forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA/OGP, en inglés).

■ Perú se incorpora al OGP en 2012 con la presentación de su Plan de Acción 2012-2014 y cuenta con una Comisión Multisectorial integrada por el Estado y sociedad civil.

Las tareas de Comisión incluyeron la elaboración del Plan de Acción 2014-2016

Representantes de la sociedad civil en la Comisión suspenden su participación ante los retrasos de aprobar el Plan de Acción 2014-2016, por lo que la Comisión está inactiva.

Entre los aportes de sociedad civil del Plan de Acción 2014-2016 se encuentra la creación de una Autoridad para la Transparencia con autonomía técnica, presupuestal, administrativa, propuesta.

El 17 de julio de 2015, se publicó el último Plan de Acción 2015-2016, el cual tuvo un carácter retroactivo, no incluyó la creación del ente en transparencia ni fue consensuado con sociedad civil.

La demanda de un ente en trasparencia ha aterrizado en propuesta de creación por parte de PCM, Defensoría del Pueblo y Comisión Nacional Anticorrupción (que recogen los aportes de sociedad civil). Los mismos que no han visto la luz.

Cumpliendo una promesa electoral, vía Decreto Legislativo 1353, el Estado creó Autoridad Nacional para la Transparencia que no recogió las recomendaciones de sociedad civil.

- La Autoridad es un ente dependiente del Ministerio de Justicia, pero no autónomo. - No desclasificará información secreta, confidencial, ni reservada. - No sancionará a funcionarios que incumplan con la entrega de información, salvo

que se reportado por el organismo público al Tribunal de Transparencia, otro oficina adscrita al Ministerio de Justicia creada a través del DL 1353.

○ Perú ha firmado la Declaración Regional por el Principio 10 sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental en temas ambientes. Junto a 20 países se negocia su versión final. ■ Sociedad civil de la región espera que sea un documento vinculante.

● Perú ha firmado y ratificado el Acuerdo de París frente al cambio climático, el mismo que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016

FACTORES:

Caída de los metales

Flexibilización de estándares Acelerar inversiones

Principio 10

OGP | AGA

EITI

OCDE

Propuesta de la sociedad civil

- Autoridad para la Transparencia

- Información socio ambiental en los

informes EITI

Contexto de la transparencia y

acceso a la información socio-

ambiental

Acciones DAR

● Promover la gobernanza en las inversiones y proyectos de infraestructura, a través de la transparencia y el acceso a la información, e iniciativas internacionales. ○ Incidencia en las instituciones públicas para la inclusión en los portales de transparencia

estándar (PTE) de mayor información (socio-ambiental) y no solo la mínima obligatoria, y para la entrega oportuna, a través de las solicitudes de acceso a la información.

○ Monitoreo a los portales de transparencia estándar y a las solicitudes de acceso a la información en las instituciones públicas vinculadas con el sector minero-energético y el cambio climático.

○ Fortalece las capacidades de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información.

○ Incorporación de enfoque socio-ambiental en la Iniciativa para la Transparencia en las

Industrias Extractivas (EITI, en inglés) y Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en inglés).

○ Coordinación nacional e internacional con sociedad civil en espacios como el EITI, OGP y en el

Acuerdo Regional sobre el Principio 10.

● Impulsar la transparencia en materia de cambio climático.

● Construcción y fortalecimientos de plataformas de sociedad civil nacional e internacional en materia de transparencia y derechos humanas en la gestión socio-ambiental de las actividades extractivas y proyectos de infraestructura.

La propuesta DAR

Transparencia en extractivas (ámbito nacional e internacional)

Transparentar información socio-ambiental en extractivas.

- Los informes de validación del EITI deben incorporar información del gasto social y ambiental

(requisito 6 del estándar EITI 2016 y recomendación 66 de la OCDE).

- Publicar mayor información y no solo la mínima obligatoria en los portales de transparencia

estándar de las entidades públicas del sector minero-energético.

Transparencia para la gobernanza (ámbito nacional)

Una Autoridad Nacional para la Transparencia, con autonomía funcional, económica y

administrativa para dictar jurisprudencia, emitir sanciones y procedimientos en el marco de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se deben fortalecer las capacidades de la población y de los funcionarios públicos en materia

transparencia, acceso a la información e iniciativas internacionales como el Principio 10, EITI y

OGP.

Modificar e implementar un modelo de portal de transparencia estándar que sea más amigable

a la ciudadanía.

Implementar mecanismos alternativos (según el público que los solicite y otorgarse en diversos

formatos) para las poblaciones vulnerables, que minimicen las barreras de la distancia y la

accesibilidad a la información, ya que generalmente sus territorios suelen estar superpuestos

por las actividades extractivas, siendo los más afectados.

Los procesos de aprobación de la normativa nacional sobre gestión ambiental deben estar

acompañados de canales de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana

con el fin de prevenir los conflictos sociales.

Las áreas encargadas del cumplimiento de la Ley de Transparencia deben contar con personal y

presupuesto específico.

Transparencia para la gobernanza (ámbito internacional)

Acuerdo Regional sobre el Principio 10 debe ser vinculante.

Transparencia y cambio climático (ámbito nacional e internacional)

Las entidades privadas que manejan fondos climáticos del Estado (como Profonanpe y el

Fonam), deben hacer pública la información relevante sobre su gestión, datos de su personal,

información presupuestal, proyectos de inversión, contratación y adquisición de bienes y

servicios, así no estén obligadas a hacerlo.

Transparentar la información referida a los compromisos del país en materia de cambio

climático.

Documentos producidos

Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano.

Diagnóstico 2014: Transparencia en el sector energético peruano.

Diagnóstico 2015: Transparencia en el sector minero-energético peruano.

Diagnóstico 2015: Portales de transparencia y solicitudes de acceso a la información (minería, energía y cambio climático).

Transparencia en las iNDC: el caso del sector energético peruano.

SEIA

Contexto

● CEPAL: Existen desafíos que tienen los países de América Latina y el Caribe en el ámbito interno y externo para movilizar el financiamiento del desarrollo.

● CEPAL: la desaceleración del crecimiento y las mayores restricciones fiscales imponen importantes retos a la movilización de recursos.

● Frente a la caída de los metales, los países de la región vienen flexibilizando de estándares socio-ambientales para promover las inversiones, perjudicando el medio ambiente y propiciando conflictos sociales.

● A este proceso de flexibilización se le denomina “Paquetazos ambientales”: ○ PRIMERA FASE

- DS N° 054-2013-PCM - DS N° 060-2013-PCM

○ SEGUNDA FASE - Ley N° 30230 - Ley N° 30327

○ TERCERA FASE - DL N° 1330 - DL N° 1333 (APIP) - DL N° 1334 (Adelanto social) - DL N° 1283 (AGUA) - DL N° 1274 (AGUA) - DL N° 1280 (AGUA)

● Desde el 28 de diciembre de 2015, el SENACE oficialmente sus funciones de evaluación de estudios de impacto ambiental detallados y actuará como ventanilla única.

● El Estado viene trabajando su incorporación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para ello debe cumplir con una serie de recomendaciones en diversas materias, una de ellas la ambiental (ver Informe de Desempeño Ambiental).

Caída de los metales

Flexibilización de estándares Acelerar inversiones

Paquetazos

ambientales

Propuesta de la sociedad civil

- Fortalecer al SENACE y a la OEFA SEIA

Acciones DAR

● Promueve acciones para la mejora de la institucionalización del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en espacios como el SENACE, MINEM, OEFA. ○ Promueve el adecuado manejo de herramientas/mecanismos de evaluación ambiental para

actividades extractivas y proyectos de infraestructura (EIA, EAE, ITS).

● Impulsa el monitoreo de la gestión del impacto ambiental en Latinoamérica y el Caribe. ○ Implementa un Observatorio de la sociedad civil para la vigilancia de las actividades extractivas

relacionadas a evaluación ambiental, transparencia y energías renovables.

La propuesta DAR

● Fortalecer al OEFA, restituyendo su función sancionadora.

● SENACE debe promover una participación activa y efectiva de la ciudadanía y poblaciones vulnerables en los procesos de evaluación de impacto ambiental. ○ Realizar una consulta previa antes de la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

● El proceso de evaluación ambiental debe contar con líneas de base actualizadas.

● Los cambios al EIA a través de los ITS deben contar con mecanismos de participación y transparencia.

Documentos producidos

Recomendaciones para el fortalecimiento de la evaluación del impacto ambiental de las actividades mineras en el Perú

Recomendaciones para el fortalecimiento de la evaluación del impacto ambiental en relación con la gestión ambiental del recurso hídrico en el Perú

Propuestas para mejorar los procesos de evaluación ambiental y social de hidroeléctricas en el Perú

Análisis político, normativo y técnico de la situación del subsector hidrocarburos en el Perú

Energías renovables

Contexto nacional e internacional

● Los sectores productivos de mayor consumo energético y emisión GEI son Transporte e Industria. o Latinoamérica necesita seguir creciendo para lograr su desarrollo y asegurar el acceso universal de energía a las 30 millones de personas que aún no la tienen. o Latinoamérica necesita dejar de importar combustibles fósiles, lograr el autoabastecimiento energético y hacer efectivas las medidas de adaptación y compromisos en la reducción de emisiones GEI.

● Perú está entre los 10 países del mundo que se ven más afectados por el cambio climático, y es el tercer país de la región con mayor potencial para invertir en renovables, pero no hemos desarrollo ni el 1% de nuestro potencial.

● Las reservas de gas y petróleo son insuficientes para garantizar nuestro consumo interno y nuestra seguridad y soberanía energética. El modelo es insostenible y nos hace dependientes a la importación.

● El precio de generación con energías renovables ha venido cayendo en la última década, estando ya al nivel de competencia con la generación de energía fósil, sin embargo, solo el 4.5% de nuestro consumo energético viene de fuentes renovables.

● La energía de Loreto es 100% dependiente de la quema de combustible fósil, contando con una matriz insostenible, y afectando su seguridad energética.

● Loreto cuenta con una tasa de electrificación de viviendas de menos del 77%, muy por debajo del promedio nacional. El 13% restante es la denominada “última milla”.

● Las principales barreras para el desarrollo de las energías renovables son la limitada regulación de las micro redes, sistemas híbridos, generación distribuida, así como la falta de conocimiento y difusión de las tecnologías renovables, perdiendo la oportunidad de constituir planes subnacionales energéticos.

Acciones DAR

● Encamina acciones dirigidas a promover buenas prácticas en energía y transporte: la mejora de la planificación y la implementación de salvaguardas.

● Promueve la implementación de energías renovables y eficiencia energética para mejorar el acceso a energía y reducir las emisiones de GEI en zonas ambiental y socialmente vulnerable de la Amazonía peruana, en el marco del seguimiento, promoción y la búsqueda de una matriz energética sostenible para el Perú.

La propuesta DAR

● Desarrollar una visión política y estratégica regional desde Sociedad Civil para el impulso a las Energías Renovables. El desarrollo de las energías renovables en nuestra región requiere trabajar de la mano con la reforma del transporte público, hacia un transporte limpio, moderno y basado en fuentes renovables. Así como con la modernización de la industria y manufactura, implementando los estándares de eficiencia energética y el uso de tecnologías renovables.

● Promover el desarrollo de un Plan Nacional de Energías Renovables, estableciendo una nueva meta RER (al menos 20% al 2030) y considerando al gas como un combustible de tránsito hacia una matriz energética limpia, sostenible y segura, así mismo, debe crearse una dependencia

estatal específica para la implementación de la política RER. Debe insistirse en la promulgación del Reglamento de generación distribuida, para hacer posible el diseño de Smart cities, en cumplimiento a los objetivos 7 y 11 de los ODS.

● Para mitigar impactos en Loreto, el uso de renovables es una alternativa para abastecer sus necesidades de energía. Por ello, DAR impulsa el desarrollo de un Plan Regional Energización Sostenible que contemple a las RER como el factor clave para la sostenibilidad y seguridad energética. Innovar en el uso adecuado y sostenible de la tecnología RER en la “última milla” con la generación de micro redes y modelos híbridos de energía que fomenten el desarrollo económico y social en las comunidades alejadas.

Documentos producidos

● Se está elaborando un estudio nacional y sobre el potencial de Loreto en renovables.

Notas de política: Programa Ecosistemas y Derechos

Vigilancia y participación indígena

El Contexto La tendencia al debilitamiento por parte del Estado de instituciones de control, fiscalización y

mecanismos de evaluación ambiental desde el 2013 ha tenido su última manifestación a través de un paquete de 112 decretos legislativos que facilitan inversiones en nuestro país, aunque podrían poner en riesgo los derechos de poblaciones vulnerables, como son los pueblos indígenas y no generan mecanismos de participación para estos pueblos.

La falta de un control adecuado se viene traduciendo en impactos ambientales en diversas actividades, tales como la contaminación y afectaciones a la salud de pueblos indígenas generadas por los 12 derrames de petróleo en la Amazonía peruana ocurridos durante el 2016. Por otro lado, la ampliación de la frontera agrícola, la tala ilegal y el progresivo incremento de los cultivos agroindustriales, como la palma aceitera, vienen afectando el territorio de los pueblos indígenas.

En este contexto, se necesita fortalecer a agentes externos que ejerzan el rol de vigilancia, monitoreo y defensa de derechos; hagan visibles las vulneraciones a los derechos territoriales, ambientales y sociales de los pueblos indígenas; y fortalezcan la labor de los organismos de fiscalización ambiental y social.

En ese sentido, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia indígena existentes en la

amazonía peruana es clave para cumplir dichos roles. El primer paso para ello es lograr su institucionalización, formalizándose al interior de las organizaciones indígenas; y su reconocimiento legal por parte del Estado, como parte del camino a su integración a los canales estatales de fiscalización territorial, ambiental y social.

Propuesta DAR Incidir en el Congreso de la República para la aprobación de un dictamen de ley para el

reconocimiento y articulación de la vigilancia indígena al SNGA. Presentar recomendaciones para la atención de reportes de la vigilancia indígena al SINEFA.

III. Acciones durante el proyecto Fortalecimiento del sistema de vigilancia indigena que desarrollan las comunidades y sus

organizaciones para el monitoreo, alerta de vulneraciones de derechos, generación de propuestas.

Desarrollo de un mecanismo de Ayuda financiera para atender las emergencias sobre vigilancia indígena, recojo de lecciones aprendidas e impacto.

Propuestas para el reconocimiento de la existencia y aporte de la vigilancia indigena.

Propuestas para mejorar la articulación de la vigilancia indígena a las estructuras del Estado, fortalecer y coadyuvar la labor de los organismos de fiscalización ambiental y social

Visibilizar el aporte de la Vigilancia Indígena con campañas de valoración.

IV. Principales logros A nivel de gestión interna en las organizaciones indígenas CARE ha incorporado su sistema integral de vigilancia indígena en su estatuto como organización

y en los Estatutos de las comunidades que la integran. COMARU ha iniciado la integración de la información proveniente de sus distintos programas de

monitoreo ambiental comunitario, para obtener una visión integrada de la situación de la cuenca del Urubamba y responder mejor como organización ante ella.

ORAU ha iniciado el camino a la integración de sus 3 sistemas de vigilancia (forestal, hidrocarburos, PIACI) a través de un software que centralice la información de dichos sistemas.

A nivel regional y nacional Loreto El Gobierno Regional de Loreto ha reconocido por primera vez en el Perú la existencia de la

vigilancia y monitoreo ambiental indígena mediante dos mecanismos: en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza N° 017-2016-GRL-CR y mediante la Ordenanza Regional N° 003-2017-GRL-CR, que tiene por objetivo institucionalizar mecanismos de vigilancia y monitoreo, “reconociendo su legalidad e incorporándola a la legalidad nacional”, así como “articular intersectorialmente sus funciones y fines” en la región.

Ucayali El Gobierno Regional de Ucayali se encuentra elaborando una propuesta de ordenanza

regional para promover y reconocer la vigilancia y monitoreo ambiental indígena. El Gobierno Regional de Ucayali ha creado la Gerencia de Desarrollo Indígena como parte de su

estructura. Se espera que el sistema de vigilancia de ORAU pueda integrarse a este nuevo ente.

Junín CARE ha iniciado la cogestión con el Estado en educación (su sistema de vigilancia incluye el

ámbito de Educación), a partir de la firma de un Convenio con la Dirección Regional de Educación de Junín.

CARE ha logrado el reconocimiento formal de la CCNN ashaninka Meantari, que recibía amenazas de desalojo por parte de madereros ilegales que querían ocupar su territorio. Ello mediante una Resolución del Reconocimiento de la CCNN de Meantari emitida por la Dirección Regional de Agricultura de Junín y como resultado de sus actividades de vigilancia territorial.

Nacional Reconocimiento de la Vigilancia Indígena en procesos de consulta previa (caso de Hidrovías

Amazónica, Reglamento de la Ley Forestal) y buenas prácticas. Mecanismo de ayuda financiera a las comunidades nativas para las actividades de vigilancia

indígena y Propuesta de Fondo. Iniciativas normativas desde los pueblos indígenas para el reconocimiento nacional de la

vigilancia indígena. Propuestas técnicas para mejorar la participación indígena en la fiscalización ambiental. Valoración de la Vigilancia indígena para coadyuvar en la conservación de los recursos

naturales y de territorios indígenas.

Consulta Previa y territorio en inversiones

Próximos pasos Establecimiento de la vigilancia integral como nuevo enfoque de trabajo en organizaciones

indígenas de la Amazonía peruana, fortaleciendo el enfoque de derechos y el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos (como son los vigilantes indígenas).

Impulsar un mecanismo de coordinación formal entre los sistemas de vigilancia indígena con el OEFA, el Ministerio de Agricultura, el SERFOR y la Defensoría del Pueblo para integrarlos a los mecanismos formales de fiscalización.

Lograr el reconocimiento formal de la vigilancia indígena en Ucayali. Impulsar que se reconozca un sistema formal de vigilancia indígena del Oleoducto Norperuano.

El Contexto A nivel regional, la tendencia de las Instituciones Financieras Internacionales - IFIS es aplicar las

políticas socio-ambientales del país al que prestan dinero para proyectos de infraestructura. Esto representa un riesgo, si tomamos en cuenta que la legislación socio-ambiental en muchos países de América Latina está reduciendo sus estándares de protección, lo que pone en riesgo los derechos de pueblos indígenas que se encuentran en las zonas de implementación de dichos proyectos.

A nivel nacional, el discurso estatal actualmente gira en torno a la reactivación económica y promoción de inversiones:

-En Hidrocarburos, por ejemplo, a partir de la crisis que ha provocado que en los últimos dos años no se firmen nuevos contratos para la explotación de petróleo y/o gas natural, el Estado ha respondido con una propuesta impulsada por el sector privado, de creación de un Viceministerio de Hidrocarburos, que elevaría el poder de este sector intensificador de inversiones, así como con diversas medidas para la simplificación de procedimientos que podrían afectar los derechos indígenas, sin la aplicación de Consulta Previa.

-En Hidroeléctricas, la crisis de Odebrecht deja en la incertidumbre la construcción de proyectos como la Hidroeléctrica de Chaglla, lo que ha dado pie al Estado planificar ofertarla a nuevos postores y/o pensar en otros proyectos hidroeléctricos que la reemplacen. Ello podría ser la excusa para revivir el Acuerdo Energético Perú-Brasil, que generaron gran rechazo de poblaciones indígenas y locales por la magnitud de sus impactos ambientales y sociales, y no pasaron por procesos de consulta previa. -En Electricidad, se ha dado un mal precedente al pretender evitar la consulta previa en proyectos de gran envergadura, como líneas de transmisión, pues se denominan como un servicio público sin hacer un mayor análisis de la afectación de derechos colectivos que serían vulnerados. -En Infraestructura, aun existiendo un caso exitoso de aplicación de la consulta previa en el sector infraestructura, como es el del proyecto de Hidrovía Amazónica, sigue siendo un reto trasladar dichas buenas prácticas y acuerdos(tales como la consulta previa de los Estudios de Impacto Ambiental) a otros sectores, como el energético.

Ante su dependencia hacia estos sectores económicos, el Estado ha generado un conjunto de

respuestas para facilitar y simplificar inversiones, que podrían debilitar la implementación de la consulta previa. Entre las principales:

- El último paquete de 112 Decretos Legislativos, del cual el DL 1330 promueve la expropiación de terrenos sin mencionar la Consulta Previa; y el DL 1333 no incluye la consulta previa en los procesos de saneamiento físico legal de propiedades a favor de proyectos de inversión y otorga el poder al APIP para convocar asambleas comunales, en detrimento de la autonomía comunal. Estos Decretos buscan sanear los predios necesarios para hacer viables proyectos de inversión priorizados como interés nacional por el Gobierno central o gobiernos regionales; no obstante el 72,7% (5483) de los pueblos indígenas, organizados en 6069 comunidades campesinas y 1469 comunidades nativas en todo el país no tiene cómo acreditar formalmente la propiedad de sus tierras, por lo cual se pondría en riesgo su derecho a la tierra. Ninguno de estos Decretos ha sido consultado con los pueblos indígenas.

A ello se suma a la incipiente adecuación de la normativa nacional sobre titulación comunal a la luz del Convenio 169 de la OIT, así como los obstáculos normativos y procedimentales para la titulación de tierras de las comunidades.

Por otro lado, se concentra el poder en instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas

(PROINVERSIÓN), y la Presidencia del Consejo de Ministros (que absorben funciones de otros sectores relacionadas al territorio), mientras que no se fortalece la institucionalidad indígena. Ello puede verse a través de la aprobación de Decretos Legislativos como el DL 1333, la eliminación de la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, o la creación de un Viceministerio de Gobernanza Territorial que dependerá de la PCM, principal órgano ejecutor del Poder Ejecutivo. Existiría la propuesta de trasladar el acompañamiento de los procesos de Consulta Previa a este nuevo organismo, hoy a cargo del Viceministerio de Interculturalidad.

Propuesta DAR

Denunciar las omisiones de procesos de Consulta Previa y promover la incorporación de lecciones aprendidas y buenas prácticas de procesos de consulta previa como el aplicado al proyecto de Hidrovía Amazónica.

Activar mecanismos ante la OIT para la adecuación de la normativa en los procesos de titulación de tierras de comunidades.

Acciones Sistematizar experiencias de consulta previa para su evaluación e identificación de lecciones

aprendidas. Monitorear el marco normativo y proyectos que puedan vulnerar derechos colectivos como la

consulta previa, con especial énfasis en los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Marañón y el Gasoducto Sur Peruano.

Incidir en organismos internacionales vinculados los derechos de los pueblos indígenas a través del Informe Comparativo Regional sobre la implementación de cuatro derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Dicho informe ha sido enviado a la OIT, a la Relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, al Mecanismo de Expertos de Pueblos indígenas en Naciones Unidas y también será

Gestión del cambio de uso de suelo en la amazonía

contra la deforestación

presentado en la Asamblea general de COICA en Ecuador y ante el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.

Próximos pasos Alertar sobre las afectaciones al territorio y falta de consulta previa de los DL 1330 y DL 1333.

Incidir para colocar salvaguardas en el reglamento del DL 1333.

Incidir en SENACE y MINAM para que evalúe la incorporación de la consulta previa de los EIA,

tomando como referencia la experiencia de la consulta previa del proyecto de Hidrovía amazónica.

Apoyar a AIDESEP para presentar Quejas ante la OIT por la no aplicación del Convenio 169 en procesos de titulación.

El contexto

Las políticas vinculadas al sector Agricultura promueven la expansión de monocultivos agroindustriales, lo que está generando la deforestación de miles de hectáreas de bosques primarios en la Amazonía. Esta política habría ocasionado hasta ahora la pérdida de 91,413 hectáreas de bosques en las regiones de Loreto, San Martín y Ucayali (Diario La República, marzo 2016).

Asimismo, por cada hectárea talada en forma ilegal se registra una pérdida de S/.25 000,

siendo 155 000 hectáreas las que han sido afectadas por esta mala práctica, lo que representa casi 4 mil millones de soles que ha dejado de percibir el Estado Peruano (SERFOR).

Por otro lado, a nivel nacional, el cambio climático tiene por causa principal el “cambio de

uso de suelo”, es decir, que los lugares donde antes había bosque se conviertan en tierras para cultivos, pastoreo o que se le de algún otro uso. Actualmente, existen más de 160 normas legales peruanas vinculadas a este problema y que se encuentran desactualizadas, dispersas, desordenadas o son contradictorias entre sí.

Por ello, un primer paso es ordenarlas y actualizar los criterios que las guían para asegurar

que se promuevan actividades productivas en los mejores lugares, donde no se ocasione la pérdida de bosques.

Propuesta DAR

Promover el ordenamiento de los procedimientos para la aprobación de actividades agrícolas en tierras con bosques en la Amazonía a nivel nacional y subnacional.

Principales acciones

Notas de política: Programa Amazonía

Políticas de integración regional

Sistematizar y analizar los procedimientos que permiten la agricultura a gran escala en tierras

con bosques del Estado. Principales logros

Procedimientos que intervienen en el desarrollo de emprendimientos agropecuarios en tierras de dominio público con bosques sistematizados.

Alianza con la Presidencia del Consejo de Ministros para el tratamiento de este tema. Hoja de ruta validada con PCM e instituciones forestales para la solución de los problemas

vinculados a este tema. Próximos pasos

Impulsar una Guía de buenas prácticas en Aprobación de actividades agrícolas a gran escala en tierras con bosque del Estado que permita ordenar los procedimientos en este (MINAGRI lideraría el proceso técnico, PCM supervisaría los ajustes que se realicen a los procedimientos y Contraloría General de la República realizaría el seguimiento del proceso).

Promover la gestión sostenible de los suelos en el Perú, por ejemplo, con la adecuación del Reglamento de clasificación de tierras a la nueva legislación forestal vigente (Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 29763), en el que se valore el bosque y la biodiversidad que esta contiene, ya que las características del suelo amazónico depende directamente de su cobertura y si se pierde esta cobertura, se pierde con ella las características de los suelos.

Promover la implementación de la zonificación forestal, lo que mejorará la tenencia de la tierra y de los bosques y significa no sólo zonificarlo, sino asignar derechos y la seguridad jurídica.

El contexto

América Latina siempre ha tratado de tener una estrategia de integración regional que ofrezca mercados alternativos, en busca de mayor independencia económica y geopolítica de los grandes polos industrializados del resto del mundo. Los datos indican que el comercio exterior desde los países de América hacia Estados Unidos, Europa y Asia, aumentan, mientras el comercio entre los países de la región, disminuye.

Sin embargo, nuestros estudios evidencian que las políticas de integración regional han favorecido la exportación de materias primas (conectar centros de producción de commodities con puertos y aeropuertos), contradiciendo la misma razón de ser de organismos como la UNASUR y el COSIPLAN. Esto tiene la desventaja de incentivar una estrategia de crecimiento económico basada en satisfacer a estos grandes polos industrializados con materias primas, exacerbando el modelo extractivista.

Todos los diagnósticos indican que la falta de infraestructura es el mayor obstáculo para el intercambio comercial entre los países de América del Sur. El problema es que existe una tendencia a pensar que la infraestructura vial genera desarrollo por sí misma como un efecto directamente causal entre una y otra. Se ha probado que no es cierto. Si las grandes obras de conectividad para los mercados regionales, no vienen acompañadas con un programa de inversiones sostenibles -basadas en Evaluaciones Ambientales Estratégicas, con líneas de base sólidas y una ponderación socioambiental de los posibles impactos acumulativos- las obras, por sí mismas no generan crecimiento de las economías formales. La poca capacidad de los estados de hacer cumplir su legislación ambiental hace que la infraestructura vial sea un driver de deforestación. Lo que se logra es estimular las siguientes actividades económicas informales e ilegales: Tala, ocupación de territorio indígena (tráfico de terrenos) y minería (y los problemas conexos de trata de personas, lavado de activos, etc).

La propuesta DAR

Políticas de inversión

Mejorar estudios de prefactibilidad: No hacen un cálculo adecuado de los beneficios económicos, versus los costos socioambientales (ejemplo: Belomonte, IIRSA Sur). Nuevos estudios indican como, al hacer sumas y restas, muchos de los grandes proyectos en la Amazonía no han servido para generar desarrollo sostenible e incluso hay evidencia de que no traen los beneficios económicos esperados. (Citar a CSF: Belomonte / Pucallpa – Cruzeiro do Sul).

Generar políticas públicas nacionales desde UNASUR que garanticen que los proyectos de integración van a beneficiar de manera sostenible a las comunidades locales en las áreas de influencia.

Garantizar el derecho a la consulta previa que actualmente es débil y cuando se ha logrado consultar, los estados han probado tener una capacidad muy débil para cumplir con los acuerdos derivados de ella.

Participación y transparencia

Dado que los megaproyectos de infraestructura para la integración responden a intereses transnacionales es doblemente importante que exista una ciudadanía plural, representativa y empodera que evite que las decisiones se tomen tomando en cuenta los intereses de grupos de poder aislados: ya ocurrió con Brasil y el BNDES (Lava Jato), ahora crece la influencia de la política china en pugna con la banca multilateral tradicional (BID, CAF, BNDES).

Si la urgencia para América Latina es cerrar la brecha de desigualdad entre el mundo rural y el urbano, entonces el mundo rural debe verse representado en estos espacios de toma de decisiones para poder garantizar que tendremos una integración de los mercados locales, primero, antes de servir a intereses menos urgentes como seguir profundizando incentivos al sector extractivo.

Principales logros 2016

Constitución del grupo ambiental con miembros de sociedad civil de casi toda America del Sur.

Instituciones Financieras Internacionales

Lograr la realización del segundo Foro de Participación Ciudadana UNASUR.

Publicación de estudios que fueron presentados por el BID INTAL de la secretaría técnica del COSIPLAN en reuniones de trabajo internas y públicas.

Próximos pasos

Construir las siguientes propuestas para la UNASUR/COSIPLAN:

a) Presentar y hacer aprobar una propuesta de mejora de los estudios de factibilidad y pre

factibilidad que consideren evaluaciones ambientales estratégicas para los ejes de

integración y sus efectos en el cambio climático;

b) Una integración real de los pueblos indígenas y las organizaciones en los espacios de toma

de decisiones del UNASUR/COSIPLAN;

c) Salvaguardas vinculantes para la cartera de proyectos sobre consulta previa, cambio

climático y transparencia.

Consolidar el Foro de Participación Ciudadana UNASUR a través de la incidencia del grupo ambiental de la sociedad civil.

El contexto La Banca es la matriz desde donde salen casi todas las políticas públicas que rigen a nuestros países.

Los países de América Latina han privilegiado un modelo de desarrollo basado en la generación de empleo y rentas a través de la promoción de las inversiones. Se creía que el principal escollo para atraer más inversiones era el desorden regulatorio generado por una transición atropellada entre el estatismo de los ochenta y las reformas económicas liberales de los años noventa, que generó normativas superpuestas, sectorializadas y poco claras para el sector extractivo y de infraestructura que antes había sido conducido desde el estado.

En respuesta, la estrategia utilizada para lograr ese propósito, durante los últimos años, ha sido la desregulación socioambiental. Se creyó que flexibilizar los controles socioambientales aceleraría el ciclo de proyectos, con la promesa de que las inversiones lograrían ser motores de desarrollo de las comunidades asentadas en sus áreas de influencia, sin la necesidad de intervención estatal -políticas públicas- que aseguren obtener los resultados esperados.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al verse presionados por las evidencias del fracaso de este enfoque presentadas con insistencia por la sociedad civil, generaron políticas de salvaguarda que, hay que recordar, fueron la matriz desde donde salieron instrumentos que ahora se consideran básicos como los Estudios de Impacto Ambiental, la consulta previa, transparencia y acceso a la información, entre algunos otros.

En efecto, los países prestatarios no tuvieron más opción que adecuarse a los estándares planteados por la banca multilateral. Luego de haber logrado estos avances, los esfuerzos de la sociedad civil y los movimientos sociales se enfocaron en exigir un cumplimiento adecuado de las nuevas normativas nacionales, dejando a los espacios de participación de los Bancos en un nivel de prioridad menor.

En la actualidad esta situación ha cambiado. El Banco Mundial, el BID y la CAF, por nombrar algunos, tienen competencia por primera vez en su historia. Bancos chinos y brasileños iniciaron una rápida expansión que se vio potenciada por la llegada del súperciclo de precios de las materias primas. Con menores controles institucionales y con un sistema de toma de decisiones mucho más ágil estos bancos ofrecen a los gobiernos, menos requisitos, plazos más cortos y mayor flexibilidad en los montos. El problema que surge de estas características es que exigen menos garantías de que los proyectos financiados no van a ser ambiental y económicamente inconvenientes, ni van a ser ejecutados por empresas que, aprovechando la debilidad de las políticas de transparencia y acceso a la información, terminan desarrollan los complejos sistemas de corrupción que ahora conocemos.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han enfatizado en numerosas oportunidades, como la debilidad institucional de nuestros países es un obstáculo que debe ser vencido para garantizar la estabilidad de los contratos, condición básica para un buen clima de negocios, en ese sentido han invertido recursos en fortalecer la capacidad estatal de asegurar el cumplimiento de los mismos. Por el contrario, al llegar la competencia china y brasileña, tomaron el camino contrario en lo que respecta a fortalecer la capacidad de sus prestatarios de hacer cumplir derechos como la consulta previa, el acceso a la información y a un ambiente saludable.

Con el financiamiento garantizado, los gobiernos han quedado libres para seguir minando sus normativas socioambientales. En conclusión, la banca, que antes parecía inclinar la balanza hacia la gobernanza socioambiental, hoy es la proveedora del combustible financiero de grandes proyectos que se desarrollan en estados débiles en los que el acceso a espacios de toma de decisiones es todavía desigual.

La Propuesta DAR

Presionar a la Banca Multilateral para que revierta la flexibilización de sus salvaguardas y

haga las siguientes reformas que luego sean exigibles a todos cualquier prestatario:

- Estudios de prefactibilidad, factibilidad económica y evaluaciones ambientales estratégicas que calculen con mayor rigurosidad los costos ambientales y sociales que los proyectos de inversión pueden traer.

- Políticas públicas que garanticen que los recursos derivados de la inversión, sirvan para constituir seguros de remediación en caso de desastres ambientales, programas de desarrollo local sostenible; todo esto luego de proceso participativos en igualdad de condiciones.

- Garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, el territorio y a políticas interculturales.

- Profundización de la participación, la transparencia y el acceso a la información, buscando no repetir los errores que han sido aprovechados por aquellos que se han servido de la corrupción para ganar concesiones que luego han tenido resultados calamitosos para el medio ambiente y las poblaciones más vulnerables.

Solución 3: Calendario de eventos de coyuntura

Principales logros

Estudio DAR – BIC sobre DLPs

Creación del Barómetro BNDES

Activación del GT de infraestructura y GT Ambiental de la UNASUR.

Carta de demandas de la sociedad civil entregada a presidentes del Banco Mundial y el BID durante las Annual Meetings 2015.

Próximos pasos

1. Identificar y hacer un listado de críticas y propuestas específicas que se hayan dado en su momento y que en la actualidad hayan demostrado haber sido necesarias para evitar:

a. Cláusulas injustas (caso subsidios GSP), b. Menoscabar la gobernanza (inforcement ambiental, de acceso a la información. Caso

interoceánica y ley 28670) c. Actualizar los últimos cambios en las salvaguardas y políticas de acceso a la

información. d. Propuesta de mejora de estudios de prefactibilidad y factibilidad económica de

proyectos. e. Propuesta de salvaguarda mejorada sobre consulta previa e interculturalidad. f. Evidencia de daños y pasivos ambientales de proyectos emblemáticos comparados

con sus beneficios socioeconómicos. 2. Abrir una ronda de diálogo con las IFIS a fin de hacer un balance de los resultados de sus

políticas de Salvaguardas. 3. Conformar una red activa en la que participen organizaciones de la sociedad civil y

movimientos sociales de América Latina que haga seguimiento a los procesos derivados de la Campaña.

Solución 4: Programa Radial de DAR

Listo para implementarse en: https://calendar.google.com/calendar/render?tab=mc#main_7

Programa Piloto

Corte: Informativo/Análisis.

Público objetivo principal: Autoridades y funcionarios nacionales.

Público objetivo secundario: Sociedad civil y opinión pública.

Duración: 30 minutos

Frecuencia: Semanal

Tiempo estimado para el piloto: 3 meses.

Estructura: 2 segmentos de 10 minutos cada uno:

-Cuñas (3’)

-Opinión (7’)

-Contexto/Informe (7’)

-Entrevista (10’)

-Anuncios (3’)