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Ley de hidrocarburos promueve crímenes ambientales yviolación de derechos

Ley de hidrocarburos promueve crímenes ambientales y violación dederechos

Por Observatorio Puinamudt

14 de julio, 2018.- No es secreto que en el Perú las leyes son fabricadas a la medida de las grandesempresas e intereses de lobbys extractivos y que no contemplan los derechos de los pueblosindígenas. El caso de la modificatoria de la ley de hidrocarburos, que muy pronto será llevada apleno para su discusión y aprobación, no es la excepción.

En primer lugar, tal y como sucede con todas las leyes, la norma no ha sido ni está siendosujeta a consulta con los pueblos indígenas que visiblemente se verán afectados por losprocedimientos que esta norma establece. Ya en febrero de este año, los representantes de lasfederaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, afectadas por laactividad petrolera en los lotes 192 y 8, hicieron llegar, mediante oficio, esta observación alpresidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República [1] sin obtener mayorrespuesta a su demanda.

En dicha carta, también señalan los problemas que existen en cuanto a la poca claridad sobre lascompetencias ambientales para la certificación; facultad que al parecer se le otorgaría aPerupetro. Con ello, se entraría en un conflicto de intereses ya que la misma institución a cargode promover la inversión en el sector de hidrocarburos (Perupetro) no puede también estarencargada de “levantar la información relativa a los aspectos físicos, biológicos, sociales y culturalesen los lotes a ser promocionados por esta entidad”. Esta es una competencia que no va en la líneade la naturaleza de Perupetro y que además ya es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Eneste sentido, las federaciones de las cuatro cuencas han exigido que esta función siga

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dentro del marco de competencia del MINAM.

Otro aspecto preocupante de la ley es lo que se refiere a la extensión del tiempo del contrato y laposibilidad de adecuación y prórroga del mismo. El proyecto de ley establece que la duración delcontrato podrá ser de hasta 40 años, cuando antes era 30, y que además el contrato puedeextenderse por solicitud de un periodo de retención de hasta 20 años más. Todo ello en negociación,a puertas cerradas, entre la empresa y Perupetro, sin presencia de los pueblos sobre cuyosterritorios se realiza la actividad petrolera, ya que la prórroga del contrato no contempla unaconsulta. Esto afectaría visiblemente a las comunidades ya que tendrían que soportar lascondiciones de un contrato durante 60 años consecutivos sin posibilidad de adecuar susdemandas y ver atendidas sus necesidades, las cuales evidentemente cambian con el tiempo.

Por si fuera poco, el plazo máximo de evaluación para la prórroga será de sólo 60 días, tiempodurante el cual Perupetro determinará (a pesar de no ser el ente competente para ello), mediante elinforme de OEFA y OSINERGMIN, si la empresa ha cumplido con sus compromisos de acuerdo anormativas ambientales y de seguridad. El principal problema es que esto no incluye aquello queesté en controversia administrativa o judicial, aspecto que la mayoría de las empresas petrolerastiene con las entidades de fiscalización ambiental.

Este es el caso de Pluspetrol, actual operador del Lote 8, que ha detenido en múltiplesoportunidades medidas administrativas e instrumentos de gestión ambiental mediante procesosjudiciales al Estado; lo que ha impedido que, hasta ahora, se remedien los sitios impactados,dejando ríos, cochas y bosques contaminados, y a las comunidades expuestas asustancias toxicas.

Finalmente, la norma dice que los operadores con contratos anteriores a la norma y que estén a 7años o menos del término de su plazo contractual, pueden acceder a la adecuación de contrato y ala prórroga. Este sería precisamente el caso de Pluspetrol en el lote 8, que podría decidiradecuar su contrato y presentar la solicitud de prórroga, sin estar obligado a remediarlos sitios contaminados en la zona hasta ese momento.

A decir de las prácticas reiterativas de empresas petroleras de eludir mediante procesoscontenciosos sus deberes de remediación y, por tanto, poner trabas a la protección del medioambiente y la salud; la modificatoria de la ley de hidrocarburos es, en definitiva, unincentivo perverso a estas malas prácticas empresariales y una condena al Estado afracasar en su labor de salvaguarda de derechos ambientales y sociales.

Las exigencias de los pueblos indígenas amazónicos afectados por la actividad petrolera han sidosiempre sobre el respeto a sus derechos básicos: vida, salud, educación y ambientesano. La población lleva casi medio siglo de soportar atentados contra sus vidas, debido a lacontaminación que las empresas petroleras han dejado en sus fuentes de agua y alimentación, sinningún reparo y sin que las empresas se hayan hecho responsables. La modificatoria de la ley dehidrocarburos no haría más que perpetuar esta situación de abuso hacia los pueblos indígenas, alcondenarlos al exterminio, volviendo al estado cómplice de crímenes ambientales y de lesahumanidad.

----Fuente:PUINAMUDT: http://observatoriopetrolero.org/ley-hidrocarburos-promueve-crimenes-ambientales-y-violacion-de-derechos-indigenas/ [2]

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