ley de accesso a los bienes y servicios
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA.
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICASSAN DIEGO. CARABOBO.
1er Año Sección 5 José Pavelic C.I: 17.450.356
Desiree García C.I: 15.899.780.Gilbert Marcano C.I:14.024.165
Luis Moreno C.I: 16.098.315
San Diego, Septiembre de 2011
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LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES
Y SERVICIOS:
La ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, es
uno de los 26 decretos-leyes dictados en el marco de la ley habilitante publicada
en gaceta oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 38617 del 1º de
Febrero de 2007.
La ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, fue
publicada en gaceta oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 5890
extraordinario, del 31 de Julio de 2008, derogando la ley de protección al
consumidor y el usuario, publicada en la gaceta oficial de la Republica Bolivarianade Venezuela Nº 37930 del 4 de Mayo de 2004 y el decreto-ley especial de
defensa popular contra el acaparamiento publicado en la gaceta oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela Nº 38862 del 31 de Enero de 2008.
Estructura
La ley esta estructurada en ocho secciones o títulos que son 1.- Disposiciones
generales, 2.- De los derechos de las personas, 3.- De la educación y participación
social, 4.- De la autoridad competente, 5.- De los procedimientos administrativos,
6.- De las sanciones, 7.- De los delitos y penas, dichos títulos se encuentran
distribuidos 150 artículos que conforman la ley, además de las disposiciones
transitoria, derogatoria y final
Fundamento
Esta ley tiene su fundamento según su exposición de motivos en los profundos
cambios históricos, que en lo social, en lo económico, en lo político, y en lo
cultural, se desarrollan de manera dinámica y progresiva en el país y en atención a
de que los derechos de las personas en el acceso a bienes y servicios están
considerados como un derecho humano en la constitución de la republica de 1999.
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Por lo tanto esta ley busca dar respuesta de manera ágil y expedita a estos
derechos mediante la modificación de instituciones y la simplificación de trámites.
Importancia
De igual manera esta ley se amplia respecto a sus predecesoras, ya que incluye
como sujetos de regulación a toda persona que intervengan en la cadena de
distribución, producción y consumo, responsabilizándolos directamente cuando
sus acciones o conductas afecten o vulneren los derechos de las personas.
Para el control la ley señala a los consejos comunales para dar cumplimiento a lo
expuesto en la constitución de la republica de Bolivariana de Venezuela del año
1999, en cuanto a la participación protagónica del pueblo en los asuntos de la vida
nacional y para al defensa integral de la nación en materia de bienes y servicios,
declarados o no de primera necesidad.
La ley señale un conjunto de hechos que ahora son punibles, en la anterior ley de
protección al consumidor y al usuario no estaba prevista ninguna pena para estas
conductas irregulares como el acaparamiento, especulación, boicot y extracción
de bienes, para permitir al estado garantizar la seguridad alimentaria de la nación.
En cuanto a los bienes y servicios considerados de primera necesidad por esta
ley, se le otorga al presidente de la republica facultades amplísimas, pudiendo
dictar las medidas consideradas necesarias para evitar el alza indebida de precios,
el acaparamiento y boicot de productos, considerando desde la reducción y control
de precios hasta la expropiación de bienes a sujetos sometidos a la aplicación de
la ley sin que medie para ello la declaratoria de utilidad publica e interés social por
parte de la Asamblea Nacional, lo cual es inconstitucional al transgredir la
protección a la propiedad establecida en el articulo Nº 115 de la constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
La ley establece una serie de derechos de los consumidores, cuya violación
generara multas entre 100 a 5000 unidades tributaria o clausura temporal por 90
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días del establecimiento, entre estos derechos se destacan: a.- protección de la
salud y seguridad en el acceso a los bienes y servicios, b.- la información
suficiente, oportuna, clara, veraz y comprensible de los bienes y servicios, c.- el
conocimiento de todos los aspectos del proceso de producción, fabricación,
acopio, importación, transporte, distribución y comercialización de los bienes y
servicios para permitir a los consumidores ejercer la contraloría social, d.-
reposición del bien o resarcimiento de daños, e.- protección contra la publicidad o
propaganda subliminal, falsa o engañosa, f.- disposición de los bienes y servicios
en forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.
Además mediante esta ley se sustituye en Instituto para la Defensa del
Consumidor y el Usuario (INDECU) por el Instituto para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) como autoridad
competente.
El INDEPABIS actúa como ente regulador y auditor del cumplimiento de esta ley,
así como el organismo ante el cual se presentaran cualquier tipo de denuncia por
parte de los consumidores y aplicara las sanciones pertinentes luego de la previa
verificación del delito.
El INDEPABIS puede: 1.- tomar medidas necesaria para impedir la destrucción,
desaparición o modificación de bienes así como la respectiva documentación o
registro que sirva como elemento probatorio, 2.- Comiso de los bienes en
cualquier fase de producción, 3.-. Ocupar y operar temporalmente
establecimientos a fin de garantizar los bienes y servicios a la comunidad, 4.-
ocupación con intervención en depósitos, almacenes, industria o transporte de
bienes en cualquier fase del proceso productivo.
Es obligatorio para los intervinientes en al cadena comercializadora comunicar
cualquier peligro o riesgo que se hubiese percatado luego de su comercialización
ante el INDEPABIS, para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar
a los consumidores.
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Implicaciones económicas y políticas
Esta ley tiene una serie de efectos directos sobre la economía, ya que, establece
una pena a una serie de acciones como el acaparamiento y la especulación que
inciden directamente sobre el consumidor generando escasez y alterando la
relación precio – valor de los bienes y servicios, disminuyendo el poder adquisitivo
de los ciudadanos.
La ley otorga al presidente de la republica la capacidad de expropiar cualquier bien
que se considere de primera necesidad provocando una fuerte disminución en las
inversiones, así como el traslado de una gran cantidad de empresas a otros
países, en especial a Colombia, al sentir que sus bienes podrían ser tomados por el estado cuando así lo considerase necesario, esta situación ha acrecentado la
problemática del desempleo y disminuido la oferta de ciertos productos.
El gobierno el la búsqueda de la llamada soberanía alimentaria y amparado en
esta ley hay inundado el mercado con productos importados de primera necesidad
como por ejemplo leche, pollo, carne entre otros, desplazando al productor
nacional.
Además la ley permite el establecimiento de ajuste de precios de venta afectando
la dinámica del mercado en muchas ocasiones que de manera contraproducente
genera escasez de algunos rubros.
Esta ley permite la participación de los consumidores en la contraloría del
cumplimiento de la misma de manera protagónica por medio de los consejos
comunales, transformando al consumidor en un miembro realmente activo y no
solo el ultimo eslabón de una cadena de comercialización.