Las Universidades Públicas son instituciones de interés público que reciben financiamiento público y cuentan con autonomía jurídica de gobierno y autogestión.

En virtud de esas características, en los últimos años se ha resaltado la importancia de establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las universidades públicas sin transgredir su autonomía.

La transparencia y la rendición de cuentas pueden traer consigo importantes beneficios a dichas instituciones, como por ejemplo: legitimar su desempeño, ser un ejemplo de otras instancias públicas, justificar su solicitud de aumento de recursos públicos e incentivar las aportaciones privadas.

La tendencia mundial de rendición de cuentas es también una exigencia a las instituciones de educación superior, que guarda estrecha relación con el aseguramiento de la calidad académica.

Los orígenes de la Transparencia se remontan a los siglos XVII Y XVIII, en Europa, donde el movimiento intelectual llamado “La ilustración” consideraba a la razón la herramienta primordial para acceder al conocimiento verdadero. En un régimen democrático, el derecho a la información se establece en un conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano tener un libre acceso a la información de interés público, precisando las obligaciones de su uso responsable.

La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas sólo son posibles en países con un sistema democrático, el cual permite la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social.

Para garantizar el acceso a la información a nivel mundial se han creado diversas leyes tal como lo demuestra un reporte de Privacy Internacional, una organización no gubernamental especializada en temas de privacidad y Derechos Humanos, publicado en el 2006 y que indica que 69 naciones, entre ellas México, se han preocupado por fomentar la cultura de transparencia y la rendición de cuentas.

Una Ley de Acceso a la Información otorga a los ciudadanos el derecho a obtener información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad de demostrar interés legal en la misma. En nuestro país, el 11 de junio de 2002 se publicó la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, que obliga a las dependencias del Gobierno Federal a proporcionar información sobre sus actividades a cualquier ciudadano que lo solicite.

Asimismo obliga a los órganos Legislativos de los estados de la República Mexicana a elaborar Leyes Estatales en la materia. Con la implementación de esta Ley se creó como órgano garante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), encargado de vigilar que los servidores públicos atiendan las solicitudes de información que presenten los ciudadanos. En el estado de Puebla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se publicó el 22 de julio de 2004 y se reformó en 2008.

El sistema de enseñanza superior en México ha transitado por diferentes etapas a partir de los años sesenta, cuando se dio un crecimiento de la matrícula, fundamentalmente en instituciones públicas, la diversificación de la oferta educativa, la creación de un sistema nacional de formación de profesores y el establecimiento del sistema nacional de planeación de la educación superior.

Los años ochenta fueron un período de coordinación y racionalización, debido a la contención del gasto público y de las políticas públicas de educación superior que hizo patente la creciente influencia de los mecanismos de mercado en las decisiones universitarias.

Esta tendencia se manifestó en la promoción de otras fuentes de financiamiento por parte de las instituciones, tales como cuotas a los usuarios del servicio educativo, venta de servicios académicos y donaciones de egresados e iniciativa privada. En la década de los noventa se registra un proceso de transformación de la intervención gubernamental en los sistemas de educación superior en Latinoamérica y en México y se dio paso a mecanismos de evaluación y asignación de recursos financieros.

Los mecanismos de evaluación dieron origen a la creación de: • Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) • Fondo para la Modernidad de la Educación Superior (FOMRS) • Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) • Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), • Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) • Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) • Sistema Nacional de Investigadores (SNI), entre otros.

En la nueva cultura de la transparencia los individuos deben ser responsables de las acciones no sólo de los gobernantes, sino también del rumbo de las instituciones, en particular las de educación superior, que al igual que el gobierno deben someterse al escrutinio público. Las universidades públicas reciben recursos fiscales y en consecuencia están sujetas a la Ley Federal y a las Leyes Estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen una serie de nuevas obligaciones a las IES, que deben incorporarse a la normativa universitaria.

Las universidades públicas tienen nuevas obligaciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, ya que reciben recursos públicos, contratan personal académico y administrativo, regulan y rigen programas de estímulos y de promoción de su personal docente y de investigación, entre otros programas de gasto.

Estas instituciones educativas tienen un doble compromiso: el primero se relaciona con su papel como promotoras de la cultura democrática y de los valores sociales, y el segundo tiene que ver con su naturaleza jurídica, ya que al ser organismos autónomos con financiamiento público están obligadas a rendir cuentas y transparentar el ejercicio de su función.

Por todo lo anterior, a las universidades públicas les corresponde garantizar el derecho a la información en respuesta a las demandas de una sociedad contemporánea, informada y participativa, en ejercicio de la pluralidad y la tolerancia. En las universidades mexicanas, el derecho a la información, tiene dos componentes esenciales: Uno activo, que es la capacidad de solicitar información a las autoridades de la institución, y Uno pasivo, que se refiere a la obligación que tienen los funcionarios universitarios de publicar información sin que exista una solicitud de por medio.

Existe la falsa creencia de que la autonomía universitaria es un obstáculo para que se ejerza el derecho a la información y exista una adecuada rendición de cuentas. La autonomía se ejerce en la libertad de cátedra, en la investigación, en el manejo plural de las decisiones ideológicas, filosóficas, incluso en materia del uso de los recursos, pero todo esto debe ser con rendición de cuentas. Además, la rendición de cuentas se relaciona con la evaluación y acreditación de los programas, la certificación de los procedimientos y del manejo de los recursos públicos, independientemente de las evaluaciones que realizan a las IES y la SEP, o las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización de los Estados.

Cabe mencionar que en relación con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se conjuntaron esfuerzos para crear una normativa general unificada que ha permitido a las universidades iniciar las acciones de transparencia, aún antes de la entrada en vigor de la obligación para varias de ellas.

En esta iniciativa participaron:

La Asociación Nacional de Abogados en las Instituciones Públicas de Educación Superior(ANAIPES)

La Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF), y

La Asociación Mexicana de Órganos Control y Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES) ,

El resultado de estos trabajos fue la integración del documento “Recomendaciones generales para el cumplimiento con la trans­parencia y acceso a la información en las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)”.

La conformación de una Ley General de Autonomía y la creación de un nuevo esquema de transparencia y rendición de cuentas, constituyen opciones que coadyuvan al fortalecimiento del sistema universitario que, de asumirse, constituirán un disparador hacia un cambio sustantivo que permitirá:

Mejorar las relaciones de las universidades con el gobierno federal, estatal, Poder Legislativo, y en general con el entorno social, al clarificar y delimitar jurídica y conceptualmente la autonomía.

Mayor vinculación entre universidades, y de éstas con los órganos responsables de la educación, la investigación y la difusión de la cultura en el país y en los estados, al establecer en la Ley de Autonomía los lineamientos generales para este efecto.

Articular el sistema universitario a partir de la homogeneización de su normativa y de mecanismos expresos, establecidos en la citada ley.

Favorecer la unificación de procedimientos administrativos y la generación homogénea de información de las universidades.

Mejorar los procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Coadyuvar a una mayor credibilidad social en las universidades.

Las IES, y en particular las universidades públicas deben unir esfuerzos entre ellas y también con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (IFAI), los institutos locales, y las Organizaciones no Gubernamental interesadas en la Transparencia y la Rendición de Cuentas, así como con los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, para contribuir a fortalecer la democracia de nuestro país.