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Derechos Humanos

Las amenazas en el gobierno Uribe

Las amenazas por intolerancia social y persecución política fueron unas de las acciones más comunes en la violación de los derechos humanos en los dos mandatos de Uribe.

Por Carlos Fernández*

n Colombia durante los últimos ocho años las amenazas de muerte se han convertido en una de las acciones más

de la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

Campesinos que se resisten al desplaza-miento forzado y a las presiones de grupos económicos y mafiosos que buscan despo-jarlos de tierras. De igual manera, comuni-dades que buscan retornar a las regiones de donde fueron expulsadas.

Líderes y organizaciones de derechos hu-manos que han denunciado y seguido graves violaciones de DDHH por grupos armados ilegales y miembros de la fuerza pública.

Periodistas que han investigado casos rela-cionados con dichas violaciones y con he-chos de corrupción y ‘parapolítica’.

Organizaciones de víctimas, familiares de las víctimas y testigos que reclaman justicia ante el Estado colombiano, en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Magistrados, jueces, fiscales y cuerpo técni-co que han seguido procesos a violadores, militares, paramilitares y a figuras de la po-lítica y la ‘parapolítica’.

Ecomunes usadas en la violación de derechos humanos. En general, se pueden clasificar fá-cilmente dos tipos: por intolerancia social y por persecución política.

Según el último informe del CINEP/Pro-grama por la Paz ‘Falsos positivos, amenazas colectivas e intolerancia social’, en 2009 se registraron un total de 104 amenazas por in-tolerancia social, dirigidas principalmente a sectores sociales considerados como proble-máticos o disfuncionales: ladrones, prostitu-tas, expendedores y consumidores de drogas, habitantes de la calle y, particularmente, gru-pos de población joven.

Los principales actores responsables por esta práctica en 2009 fueron los parami-litares en un 90,4% y las acciones comparti-das entre la policía y los paramilitares en un 2,9%. También se encontró que los “Grupos de Limpieza Social” y la Policía Nacional tu-vieron responsabilidad en las amenazas en un 1,9%.

Por otra parte, las amenazas por per-secución política suman para el mismo año 225 casos y estuvieron dirigidas en contra de grupos que buscan reivindicar sus derechos.

Imágenes de: nw

esmatic.e-pol.com

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w.laopinion.cl, w

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.papi.ning.co

De acuerdo con el informe del CINEP/Programa por la Paz, en el 2009 la práctica de la amenaza por persecución política se incrementó respecto al 2008 y se dio en 25 departamentos, principalmente en Antio-quia, Meta, Chocó y Santander. Los sectores afectados durante el 2009 fueron el campe-sino (35,6%), el indígena (17,3%), los habi-tantes (11,6%), los trabajadores (11,1%), los defensores de derechos humanos (10,7%), los líderes sociales o políticos (4,4%), los estudiantes (3,1%),los jóvenes (0,9%) y los paramilitares desmovilizados (0,4%).Los presuntos responsables por persecución

política son los paramilitares en un 45,3%. En segundo lugar se encuentra el Ejército Nacio-nal (20,9%). A continuación vienen las FARC (14,2%), Policía Nacional (4,9%), Estado Co-lombiano (4,0%), combatientes (3,6%), Ejér-cito-Paramilitares (2,7), ELN (1,8%), Fuerza Pública-Paramilitares (1,8%), DAS (0,4%) y Policía-Paramilitares (0,4%).

El contraste entre los principales auto-res, los casos específicos y los motivos, sugie-re que las amenazas están ligadas a la acción ilegal y mafiosa de grupos de poder que, con la participación de organismos del Estado, buscan imponer sus intereses y proyectos

En este tipo de intimidaciones se pue-den identificar diversos motivos según los sectores de población contra los cuales fue-ron dirigidas predominantemente:

En 2009 se registraron104 amenazas por intolerancia social y 225 casos de amenazas

por persecusión política

“”.

Líderes sociales y políticos críticos del es-tablecimiento que han promo-vido movi-lizaciones y protestas frente a los abusos

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Derechos Humanos

efecto inmediato de los señalamientos que durante sus ocho años de gobierno hizo el ex-presidente Uribe a líderes y organizacio-nes de derechos humanos, lo que los con-virtió en blanco directo de intimidaciones.

Un efecto a largo plazo de las amenazas, cuando están legitimadas o auspiciadas por el Estado, es que terminan siendo aceptadas so-cialmente como recurso eficaz en el logro de fines. Eso repercute en consecuencias colate-ralescomo la propensión al armamentismo, el aumento de la polarización, la desconfian-za y, finalmente, más violencia sociopolítica.

*Carlos FernándezCoordinador del proeycto

Inversión para la Paz CINEP/ Programa por la Paz

Referencias• CINEP/Programa por la Paz, 2010, ‘Falsos positivos’, ame-nazas colectivase intolerancia social - Balance del segundo semestre de 2009. Informe especial, Bogotá, abril.

Amenaza contra Javier Giraldo S.J.,investigador del CINEP/PPP

económicos y políticos. Por eso los sectores que reciben la mayoría de las amenazas son aquellos que se resisten al despojo de tierras, a la impunidad y a la continuidad de la vio-lación de derechos humanos (campesinos, organizaciones defensoras de derechos hu-manos, víctimas que reclaman, organismos de justicia).

Es necesario preguntarse por la respon-sabilidad del Estado en esta práctica, en la medida en que la operación de las amenazas ha resultado sistemática y, en muchos casos, en colaboración con grupos ilegales. Pero, sobre todo, esa responsabilidad es un efecto

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