PUBLICACIÓN MENSUAL

JULIO DEL 2007

La Violencia InstitucionalPor Daniel MarmolejoMiembro fundador del Movimiento Ciudadano Metropolitano A.P.N.

Comité Ejecutivo Nacional

La violencia, en sus múltiples manifestaciones es siempre una forma de

ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza ( ya sea física, psicológica,

económica, política, etc) e implica la existencia de un ¨arriba¨ y un ¨abajo¨,

reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles

complementarios. El empleo de la furza, se constituye así, en un método

posible para resolver conflictos como el intento de doblegar la voluntad del

¨otro¨, de anularlo precisamente, en su calidad de ¨otro¨.

Las exigencias económicas de la globalización imponen cambos profundos que

conllevan consecuencias sociales de des-estructuración, disgregación y

exclusión social y, ¨prácticas desembozadamente ajenas a la ley son

perpetuadas precisamente por quienes tienen la responsabilidad social y legal

de cuidar de los ciudadanos, de mantener el orden en su mundo, de preservar

la estabilidad y predictibilidad de sus vidas¨1 constituyendo esto, una forma de

violencia institucional que afecta a la sociedad en su conjunto.

La sociología de la organización ha dejado suficiente constancia de que los

valores normativos estratégicos, y los modelos de las organizaciones

administrativo-políticas, no dependen del azar ni del capricho de sus miembros,

sino que tienden a estar en consonancia con los imperativos de su entorno

socioeconómico y político institucional.

La corrupción y la fragilidad en las instituciones arraigan en la violencia

institucional, incluida la del propio Estado, y tales prácticas se incorporan al

¨modelo autorizado¨ en todos los sectores de la actividad, públicos y privados,

resultando así, que la primera modalidad de conducta violenta es la violación de

las leyes y normas vigentes.

De los que se trata es de que nuestras instituciones cumplan un papel

protector. Cuando esto no ocurre, cuando las instituciones que deben proteger

causan daño, lo hacen de una manera tal que, la violencia y el daño quedan

mistificados y justificados, llegando incluso a desfigurar el Estado de Derecho.

La mayoría de los países democratizados recientemente no se encaminan hacia

un régimen democrático representativo e institucionalizado, ni parece siquiera

que lo vayan a hacer en un futuro previsible. Mas aún, actualmente son muchos

los expertos que alertan sobre el futuro (incierto) de las democracias

latinoamericanas conducidas a un desarrollo dualista por su sometimiento al

pensamiento neo-liberal.

1 Diana Scialpi. ¨Violencias en la Administración Pública¨.

Oszlak 2 utiliza el concepto de ¨imperialismo burocrático¨ para aludir a un tipo

de ¨ administración burocrática¨ que impone dentro de un sector público una

modalidad de funcionamiento excluyente, en la que diferentes organismos

resultan marginados o discriminados.

Esta estructura se asocia a ¨ regímenes patrimonialistas¨ en los que el

presidente ocupa el centro de la escena política y desde donde ejerce un poder

omnímodo fundado en relaciones personales y obligaciones recíprocas

(designaciones, reemplazos, traslado o remoción de funcionarios).

Oszlak analiza las relaciones estado-sociedad y los procesos de implementación

de políticas públicas utilizando una categoría analítica de Weber ¨ regímenes

patrimonialistas¨, señalando que existían situaciones en las que los gobiernos

transformaban a los estados en el gobierno privado de quienes poseían el

poder necesario para el ejercicio de la dominación.

Son formas de democracia ¨ delegativas ¨ que se basan en la premisa de que

la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él

o ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones

existente y por la limitación constitucional del término de su mandato. La

delegación (por parte de los ciudadanos) incluye el derecho (y el deber) del

presidente de administrar los amargos remedios que recompondrán la salud de

la nación.

Las democracias ¨ representativas¨, por el contrario, basan su existencia en la

creación y fortalecimiento de instituciones políticas democráticas cuyo elemento

fundante es la representación que implica la responsabilidad (del

representante) por sus acciones, ante quienes lo autorizaron a hablar en su

nombre.

2 Oszlak Oscar. ¨ Políticas públicas y regímenes políticos¨.

En las democracias institucionalizadas, esta responsabilidad (¨accountability¨)

no es sólo vertical (es decir la implicada en el hecho de que periódicamente los

gobernantes deben rendir cuentas en las urnas), sino también horizontal. Ella

opera mediante una red de poderes relativamente autónomos (es decir,

instituciones) que pueden examinar y cuestionar y, de ser necesario, sancionar

actos irregulares cometidos durante el dempeño de los cargos públicos.

La representación y la responsabilidad conforman la dimensión republicana de

la democracia: la existencia y la vigencia de una clara distinción entre los

intereses públicos y privados de los funcionarios. La responsabilidad horizontal,

característica de la democracia representativa, no existe o es extremadamente

débil en las democracias delegativas. Mas aún, puesto que los presidentes

delegativos ven a las instituciones que efectivizan la responsabilidad horizontal

como un impedimento contra su ¨ misión¨, hacen persistentes esfuerzos para

trabar su funcionamiento.

El hecho de que un gobierno perciba la necesidad de introducir instrumentos

normativos o telemáticos para imponer ¨ transparencia ¨, indica que el

respectivo país experimenta una problemática estructural de ¨opacidad¨ (déficit

de transparencia). Una vez introducidos, dichos instrumentos cumplirán un rol

meramente ritual, dado que la ¨opacidad¨ es (en dichos países) sólo un

síntoma de una problemática da anomia que se manifiesta a través de: 1) la

violación del estado de derecho por parte de las coaliciones en el poder, 2) la

impunidad con que dichas coaliciones ejercen y promueven la ilegalidad y 3) las

artimañas y pugnas en que incurren dichas coaliciones para bloquear o

desvirtuar eventuales resistencias a sus designios.3

Es sabido que la falta de información acerca de los actos de gobierno así como

el desinterés y la falta de participación ciudadana en el control de los mismos

crea condiciones propicias para la comisión de ¨irregularidades¨

3 Tesoro, José Luis ¨Transparencia de la Armonía¨.

La corrupción en la que el Estado se asocia con un privado y en esa

negociación antepone intereses privados al interés público que está obligado a

defender, tiene formas variadas: retornos, tráfico de influencias, manipulación

de licitaciones, malversación de fondos, etc. En un país con escasa tradición

republicana, se produce la supeditación servil de los legisladores al oficialismo

de turno y la complicidad del ejecutivo con la justicia.

Según el sociólogo Juan Carlos Pontartiero, la negociación corrupta desde los

altos niveles del Estado es un grave desvío de la ética pública y como tal debe

ser denunciado por la sociedad. Pero las campañas moralizadoras suelen

agotarse en la agitación, la crítica y la denuncia. Si la corrupción de los

funcionarios es un problema de ética, la impunidad (es decir, la ausencia de

expectativas ciertas sobre un castigo) es un problema de inseguridad jurídica,

un tema institucional que atañe al funcionamiento de la república, a la

inexistencia de una verdadera división de poderes que permita el juego de los

controles y de los contrapesos. La necesaria vigilancia sobre la corrupción sólo

se hace efectiva cuando se diseñan y se ponen en marcha instrumentos

institucionales contra la impunidad de los delitos. A esa primacía de la ley sobre

las personas y la administración se la llama, en Occidente, Estado de Derecho.