La Comisión designada por el Consejo Universitarioel 8 de febrero de 2012 para considerar las implicacio-nes jurídicas y académicas que traería para laUniversidad la sanción del Reglamento ordenado por laSala Electoral, ha efectuado consultas con ex Rectoresde la Universidad, con dirigentes gremiales, estudian-tiles y de los egresados, con académicos de larga yelevada trayectoria en el quehacer universitario, con per-sonas que han tenido importantes posiciones en elgobierno actual, relacionadas con el tema educativo, conprofesores de diversos niveles del sistema educativo, convenezolanos preocupados por el destino de la Univer-sidad; ha indagado sobre los regímenes organizativosde las principales Universidades del mundo, particular-mente en cuanto al tema de la participación de lascomunidades universitarias en la elección de sus auto-ridades; ha estudiado los antecedentes sobre estamateria en la historia de Venezuela; ha leído atentamen-te los diversos documentos que le han hecho llegarprofesores que conocen de la materia, inclusive un pro-yecto de Reglamento de Elecciones; ha consideradolas tendencias actuales sobre el papel de las Universi-dades en la instauración de una sociedad delconocimiento; ha reflexionado sobre la situación de laUniversidad Central de Venezuela y, efectuado lo cual,presenta el resultado de su trabajo al Consejo Uni-versitario organizado en tres partes:

I. Los Antecedentes; II. Las implicaciones jurídicas, y III. Las implicaciones académicas de la reforma

que algunos sectores estatales declaran que la Univer-sidad está obligada a adoptar.

LA UCV DEFIENDE EL DERECHO A ELEGIR CON AUTONOMÍA

UNIVERSITARIAPremio Nacional de Periodismo Ignacio de la Cruz 2010

UN I V E R S I D A D C E N T R A L D E V E N E Z U E L A

PUBLICACION DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DE VENEZUELA.

Año 30, Nº 249. JUNIO 2012

LA UCV REAFIRMA SU AUTONOMÍA

Consideramos que se debeconvocar a todas las Facultades,Escuelas, Institutos, Centros,Direcciones, organizacionessindicales y gremiales, a losCentros de Estudiantes de lasEscuelas, a la Federación deCentros Universitarios y a toda lacomunidad universitaria, areflexionar sobre las implicacionesde la reforma que se pretendeimponer a la Universidad

2/ Hora Universitaria ELECCIONES UNIVERSITARIAS JUNIO 2012

La promulgación de la LOE rompeel propósito que había perduradodurante muchas décadas sobre lanecesidad de que el régimen de laeducación debía ser establecidomediante consultas, debates quetuvieran en cuenta el interésnacional y búsqueda de acuerdossobre una materia esencial para lavida del país.

I. LOS ANTECEDENTESA. En 1958 se dictó la Ley de Universidades que, con una

reforma en 1970, ha venido rigiendo hasta ahora, y en la cualse define una forma de participación de los integrantes dela comunidad universitaria: profesores, estudiantes y egresa-dos.

B. En el proceso constituyente de 1999, cuando se dis-cutió el actual artículo 109, en el que se garantiza la autonomíauniversitaria, un diputado propuso que, además de los estu-diantes, los profesores y los egresados, se incluyera a “losdemás miembros de la comunidad universitaria” en la fun-ción de dedicarse “a la búsqueda del conocimiento…”(destacado nuestro). Esta propuesta fue negada en forma con-tundente por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo queel artículo 109 reprodujo la integración de la comunidad uni-versitaria en la forma que se había determinado en 1958.

C. En el proyecto de reforma constitucional de 2007, laAsamblea Nacional agregó a las propuestas del Presidentede la República, la modificación del artículo 109 de la Cons-titución para incluir una norma según la cual “La ley garantizaráel voto paritario de los y las estudiantes, los profesores y lasprofesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las auto-ridades universitarias”. Esta reforma fue rechazada por loselectores en el Referendo Constitucional de diciembre de2007.

D. La Asamblea Nacional aprobó el 14 de agosto de2009 la Ley Orgánica de Educación (LOE), en la cual seestablece:

“Artículo 34.� En aquellas instituciones de educación uni-versitaria que les sea aplicable…La autonomía se ejercerámediante las siguientes funciones:

…(Omissis)3.� Elegir y nombrar sus autoridades con base en la demo-

cracia participativa, protagónica y de mandato revocable, parael ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechospolíticos de los y las integrantes de la comunidad universita-ria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo,personal obrero y, los egresados y egresadas de acuerdo alReglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado porlos y las integrantes de la comunidad universitaria”.

En cinco artículos y en una Disposición Transitoria de estaley orgánica se expresa que se dictarán unas leyes especia-les para desarrollar sus principios, entre ellas la ley delsubsistema de educación universitaria, lo cual debe hacerseen el plazo de un año, contado a partir de la promulgación dela LOE, tal como luego lo examinaremos.

E. El 23 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional san-cionó la Ley de Educación Universitaria (LEU), en cuyo artículo79 se disponía lo siguiente:

En las universidades, todos los sectores de la comunidaduniversitaria ejercerán en igualdad de condiciones el derechopolítico a la participación para elegir a las autoridades, voce-ros y voceras ante los órganos colegiados.

La comunidad universitaria la integran: los y las estudian-tes inscritos en la institución, de cualquier nivel y programa deformación; y las trabajadoras y trabajadores académicos, inde-pendientemente de su condición y categoría; las trabajadorasy trabajadores administrativos y obreros que conformen lanómina universitaria respectiva. La igualdad de condiciones enla participación electoral de la comunidad universitaria impli-cará, la cuantificación de un voto por cada votante para ladeterminación de los resultados electorales.

El 4 de enero de 2011, el Presidente de la República devol-vió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de EducaciónUniversitaria y en esa oportunidad expresó ante los mediosde comunicación: “He decidido vetar la LEU, por considerar-la inaplicable; para abrir el compás del debate que quizá sehizo un poco apresurado. Ya dirán algunos: ¡reculó Chávez!Que lo digan, esto es una demostración, una vez más, de queVenezuela cuenta con un gobierno democrático, que oye, razo-na, y un Presidente que está dispuesto, cuando tiene quehacerlo, a rectificar y a llamar al debate y a la reflexiónʺ(http://www.elbrollo.com/topic/472584‐una‐ley‐inaplica-ble/)”. En la página web “Revolución Al Día” se reseña esteacontecimiento en la siguiente forma:

Caracas, enero 4. � El presidente de la república, Hugo Chá-vez, vetó esta noche la ley de Universidades atendiendo aobservaciones y críticas de diversos sectores e hizo un llama-do a debatirla nuevamente y a enriquecerla.

El anuncio lo hizo en Consejo de Ministros e indicó que había

Cecilia García ArochaRectoraNicolás BiancoVicerrectorAcadémico

Lic. Maribel DamDirectoraLic. Humberto LuqueCoordinación Editorial

Simón RodríguezDiseño y Diagramación

Hora Universitaria Autoridades Universitarias Dirección de Información y Comunicaciones UCV

horauniversitaria@ucv.ve

Bernardo MéndezVicerrector AdministrativoAmalio BelmonteSecretario

Publicación de la Universidad Central de Venezuela

editada y comercializada por la Dirección de Información

y Comunicaciones UCVTelf. 605-47-96 / 48-10

ELECCIONES UNIVERSITARIAS Hora Universitaria/3JUNIO 2012

II. LAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

La aceptación y aplicación de la LOE y de la sentencia dela Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Nº 104, del10‐08‐2011, significaría para la Universidad la convalida-ción de gravísimas infracciones al ordenamientoconstitucional, las cuales han sido denunciadas ante laSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y conrespecto a las cuales se espera su respuesta. Nos referire-mos separadamente a las denuncias que cursan ante elMáximo Tribunal contra la LOE y contra la sentencia Nº 104de la Sala Electoral, para que el Supremo Tribunal cum-pla su obligación de proteger el ordenamiento constitucional.

II.1. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

El 10‐10‐2009, once Rectores de Universidades que eli-gen sus autoridades interpusieron ante la Sala Constitucionaldel TSJ recurso de nulidad, por inconstitucionalidad, contrala LOE, por incurrir esta en vicios esenciales de procedimien-to y vicios de fondo o sustantivos.

A.Se denuncian vicios esenciales en el procedimiento deelaboración de la Ley en que incurre la Asamblea Nacional,en la siguiente forma: la LOE fue sometida a una sola discu-sión, en lugar de las dos discusiones que pauta la Constitución;en la formulación de la LOE la Asamblea Nacional prescindióde efectuar las consultas que impone la Constitución;la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreaciónno presentó el informe exigido por los preceptos menciona-dos en el epígrafe, el cual debe ser sometido a la plenaria paraque sirva de base a la segunda discusión, pues lo sustituyópor un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación, lo quequeda demostrado con la inexistencia misma del informe, ycon el texto, contenido y alcance del nuevo proyecto sancio-nado por la Asamblea Nacional; de conformidad con elmandato imperativo de su artículo 203, la Asamblea Nacio-

convoque un nuevo proceso electoral, donde sean elegidaslas nuevas autoridades, en el marco del nuevo Reglamentode elecciones de la Universidad Central de Venezuela que estaSala ordena dictar, y sean juramentadas las nuevas autori-dades.

Cuando la sentencia dispone que el Reglamento que debedictar el Consejo Universitario se debe ajustar a las disposi-ciones de la LOE se refiere al artículo 34, numeral 3, de estaley, antes transcrito. Y cuando alude a las consideracionesde la Sala, se está refiriendo al siguiente párrafo de la sen-tencia: “el Reglamento que al efecto se ordena dictar, deberápermitir la participación de todos los integrantes de la comu-nidad universitaria (profesores ‐independientemente de sucondición y categoría‐, estudiantes, personal administrativo,personal obrero y egresados) en los procesos de elección ynombramiento de las autoridades universitarias de la Univer-sidad Central de Venezuela, enunciadas en el articulo 34numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, e, igualmente,garantizar su participación “plena” y en “igualdad de condi-ciones”, como lo ordena esa Ley Orgánica, razón por la cual,tampoco podrán establecerse diferencias numéricas delvoto profesoral respecto al voto del resto de los integrantesque conforman la comunidad universitaria, incluyendo elvoto estudiantil…Así se decide”.

G. La promulgación de la LOE rompe el propósito quehabía perdurado durante muchas décadas sobre la necesi-dad de que el régimen de la educación debía ser establecidomediante consultas, debates que tuvieran en cuenta el inte-rés nacional y búsqueda de acuerdos sobre una materiaesencial para la vida del país. En efecto, las normas sobreeducación contenidas en la Constitución de 1961 habíansido decididas por unanimidad, en la misma forma sehabía sancionado la Ley Orgánica de Educación el 26 de juliode 1980, y había existido un consenso total con respecto alos reglamentos de la misma. Bajo el régimen que nosgobierna, la sanción del Reglamento General de la Ley Orgá-nica de Educación, mediante Decreto 1913, del 5 deseptiembre de 1999, no suscitó observaciones de ningunaclase, y el 21 agosto de 2002, la Asamblea Nacional apro-bó por unanimidad, en primera discusión, el proyecto de LeyOrgánica de Educación (LOE) que había sido elaborado porla Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes yRecreación de dicho órgano legislativo, en consulta con orga-nizaciones de la sociedad civil.q

En cinco artículos y en unaDisposición Transitoria de esta leyorgánica se expresa que se dictaránunas leyes especiales paradesarrollar sus principios, entre ellasla ley del subsistema de educaciónuniversitaria, lo cual debe hacerseen el plazo de un año, contado apartir de la promulgación de la LOE,tal como luego lo examinaremos.

recibido muchas observaciones, incluyendo las de Héctor Nava-rro y Luis Acuña así como informes de diferentes personalidades.

El Presidente presentó disculpas a la saliente AsambleaNacional pero señaló que no pondría el ejecútese a una Ley quecierra el debate en lugar de abrirlo. Además de vetar la ley, elpresidente hizo un llamado a la Asamblea Nacional para quelevante la sanción de Ley.

�En la práctica es inaplicable. Hay razones políticasy técnicas. Y entran en la decisión observaciones seriashechas por la oposición.

(http://www.revolucionaldia.org/foro/viewtopic.php?p=149024&sid=09e4fe152351b2db a52d663b9eb05aa3).

El 11 de enero de 2011, la Asamblea Nacional,en su primera sesión del año, levantó por unanimi-dad la sanción al proyectode Ley d eEducación Universitaria

(http://www.noticierolegal.com/politica‐y‐gobierno/asam-blea‐nacional/5785‐an‐levanto‐sancion‐a‐ley‐de‐educacion‐universitaria‐para‐abrir‐un‐gran‐debate‐nacional.html).

F. El 12 de mayo de 2011, un grupo de personasvinculadas con la Universidad Central de Venezuela por lacondición de profesores instructores, contratados y jubila-dos, estudiantes y obreros, acudieron a la Sala Electoral parainterponer recurso contencioso electoral, conjuntamente conmedida cautelar de suspensión de efectos, contra el acto admi-nistrativo de naturaleza electoral contenido en el BoletínElectoral N° 01112011 dictado por la Comisión Electoral dela UCV, por “negar la inclusión de los miembros de la Comu-nidad Universitaria en la condición de profesoresinstructores, jubilados y contratados, empleados administra-tivos y obreros al Registro Electoral conformado para laelección de candidatos a Decanos y miembros del Consejode Apelaciones; así como negar la inclusión en condicionesde participación paritaria de los estudiantes en el mismo pro-ceso electoral…” Dicho Boletín estaba referido al procesoelectoral para la escogencia de los Decanos y candidatos alConsejo de Apelaciones para el período 2011 al 2014, cuyoacto de votación se llevaría a cabo el 20 de mayo de 2011.

Como si la LEU estuviera vigente, el 10 de agosto de 2011,la Sala Electoral declaró con lugar el recurso interpuesto y ade-más dispuso:

SEGUNDO: Se ORDENA a la Comisión Electoral dela Universidad Central de Venezuela, suspender cualquierproceso electoral pautado, hasta tanto no se dicte el nuevoReglamento de Elecciones Universitarias.

TERCERO: Se ORDENA a la Rectora de la UniversidadCentral de Venezuela, que en un lapso perentorio, que nopodrá exceder de quince (15) días hábiles de la Univer-sidad, contados a partir de la notificación del presente fallo,proceda a convocar al Consejo Universitario, para que ese órga-no colegiado, dentro del lapso de treinta (30) días hábiles,reforme y publique el Reglamento de Elecciones de la Univer-sidad Central de Venezuela, a fin de ajustar su contenido a lasdisposiciones de la vigente Ley Orgánica de Educación y a lasconsideraciones emitidas por esta Sala.

CUARTO:Se ORDENA que una vez sea reformado el Regla-mento de Elecciones de la Universidad Central de Venezuela,se convoque al proceso de elecciones suspendido por estaSala, en un lapso perentorio, que no podrá exceder de trein-ta (30) días hábiles de la Universidad contados a partir de lapublicación del mencionado Reglamento en los medios oficia-les y habituales de la Universidad.

QUINTO:Se ORDENA que las actuales autoridades perma-nezcan en sus cargos, de manera transitoria, hasta tanto se

4/ Hora Universitaria ELECCIONES UNIVERSITARIAS JUNIO 2012

nal debía sancionar una Ley Orgánica para desarrollar el dere-cho constitucional (humano) a la educación, tal como aparecíaconcebida en el proyecto aprobado en el 2001, y en su lugarsancionó una Ley Orgánica para que sirva de marco norma-tivo a un conjunto de leyes ordinarias, con la finalidad de eludirel mandato de regular integralmente, en un texto legislativo(orgánico) el derecho humano a la educación. Nos referiremosen particular a las dos primeras denuncias aludidas.

En primer lugar, la LOE es inválida por haber sido some-tida a una sola discusión, lo que constituye una infraccióndel artículo 207 de la Constitución, el cual establece comocondición esencial y existencial de toda ley que sea someti-da a dos discusiones en días distintos, y está demostradoque el proyecto fue aprobado en primera discusión el 21 deagosto de 2001, y en la supuesta segunda discusión el 13de agosto de 2009. Pero de conformidad con la sentencia1718, de18‐05‐2006, de la Sala Constitucional, dictada enun caso similar, el procedimiento legislativo en que se produ-jo la primera discusión decayó, es decir, perdió su validez,porque ocurrió en el curso de la legislatura correspondien-te al período 2000‐2005. En enero de 2006 comenzó unnuevo período de la Asamblea Nacional, con nuevos diputa-dos, por lo que la discusión de la LOE debía comenzar denuevo, desde el principio. En consecuencia, no existiendo esaprimera discusión, según la doctrina vinculante de la Sala Cons-titucional, resulta incontestable que la LOE fuera sancionadacon una sola discusión, precisamente a la que se efectuó el13 de agosto de 2009. En el supuesto negado de que hubie-re sido sometida a las dos discusiones constitucionales, detodas maneras la LOE estaría afectada por un vicio esencialde procedimiento, en virtud de que la Comisión de Educación,Cultura, Deportes y Recreación no presentó el informe exigi-do por la Constitución (art. 208) y por el Reglamento Interiory de Debates de la Asamblea Nacional (art. 147), el cual debeser sometido a la plenaria para que sirva de base a la segun-da discusión, pues lo sustituyó por un nuevo proyecto de LeyOrgánica de Educación, lo que queda demostrado con lainexistencia misma del informe, y con el texto, contenido y alcan-ce del nuevo proyecto sancionado por la Asamblea Nacional.

En segundo lugar, la LOE es inválida por haberse transgre-dido en su formación los artículos 211 constitucional y 172del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacio-nal, los cuales regulan la necesaria participación ciudadanaen el procedimiento de formación de las leyes, de tal mane-ra que si no se produce dicha participación, la ley sancionada“ope constitutionem”, es nula. En efecto, en la Constituciónse establece lo siguiente:

Artículo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Per-manentes, durante el procedimiento de discusión y aprobaciónde los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos delEstado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organi-zada para oír su opinión sobre los mismos.

Tendrán derecho de palabra en la discusión de las Leyeslos Ministros y Ministras en representación del Poder Ejecuti-vo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justiciaa quien éste designe, en representación del Poder Judicial; elo la representante del Poder Ciudadano designado o designa-da por el Consejo Moral Republicano; los o las integrantes delPoder Electoral; los Estados a través de un o una representan-te designado o designada por el Consejo Legislativo y los o lasrepresentantes de la sociedad organizada, en los términos queestablezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.

Ahora bien, la discusión de la LOE en la Asamblea Nacio-nal no estuvo precedida de ninguna consulta con otros

órganos del Estado, ni con los ciudadanos, ni con la socie-dad organizada, ni con las instituciones educativas, entre ellaslas Universidades, pues sólo se conoció el proyecto el 9 deagosto de 2009, cuatro días ‐menos de 100 horas‐ antes desu aprobación, el 13 de agosto de 2009. Los mismos dipu-tados oficialistas conocieron el proyecto por la publicación dela prensa, y en la misma forma lo hicieron los Rectores delas Universidades, quienes habían concurrido días antes a laAsamblea Nacional para pedir -inútilmente‐ que se les infor-mara del proyecto que se iba a discutir, para emitir susopiniones sobre el mismo.

B. Los Rectores de las Universidades que eligen susautoridades denunciaron ante la Sala Constitucional gra-ves vicios de fondo o sustantivos en la LOE, particularmentelos siguientes:

a) La infracción del artículo 102 de la Constitución, quedefine el derecho a la educación como un servicio público fun-damentado en el respeto a todas las corrientes delpensamiento, por el artículo 15, numeral 9, de la LOE, queimplícitamente establece como uno de los fines de la edu-cación la ideologización de los educandos, al condicionar el

logro de la “suprema felicidad social” a la implantación delmodelo socialista, conclusión a la cual se llega cuando se armo-niza el citado precepto legal con el artículo 2 del Decreto confuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Centralde Planificación, que también se refiere al logro de la “supre-ma felicidad social”, definiéndola como el modelo socialista.Esa es la misma orientación que se deriva del Plan Econó-mico y Social de la Nación 2007‐2003, denominado en sutexto “Primer Plan Socialista”. En fin, la ideologización impli-cada en el artículo 15, numeral 9, de la LOE, comporta utilizarla educación como un instrumento para la construcción delmodelo socialista, derivado de la “doctrina” del Socialismodel Siglo XXI, que se concreta en una pretensión hegemoni-zante, la cual lógicamente excluye cualquier otra corriente delpensamiento en el proceso educativo, razón por la cual el cita-do precepto de la LOE contradice al artículo 102 constitucional.

b) La infracción del artículo 109 de la Constitución, por elartículo 34, numeral 3, de la LOE, al violentar la integraciónde la comunidad universitaria, dado que el precepto consti-tucional la limita a los profesores, estudiantes y egresados,y el precepto legal la amplía incluyendo en dicha integraciónal personal administrativo y al personal obrero, cuando, comoantes dijimos, esa fue una proposición negada por la Asam-blea Nacional Constituyente, y negada también por el puebloal rechazar la reforma de la Constitución en el referendo dediciembre de 2007.

c) La infracción del mismo artículo 109 de la Constitución,por el artículo 34, numeral 3, de la LOE, mediante el cual semodifica la naturaleza del derecho académico a elegir las auto-ridades universitarias, al convertirlo en un derecho político,con la finalidad de desnaturalizar la “igualdad de trato”, quepermite elegir a las autoridades mediante el voto pondera-do de los integrantes de la comunidad universitaria, e introducirla figura del mandato revocable de las autoridades. Ade-más, el precepto legal desconoce la diferencia que existeentre el derecho académico, que es el consagrado en laConstitución (autogobierno), y el derecho político, cuyo ejer-cicio básicamente tiene como finalidad la participación detodos los ciudadanos en la formación de la voluntad generaldel Estado. Esta es la tesis que prima en el Derecho compa-rado, y fue precisamente la acogida por la Sala Constitucionaldel Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 898 de 13de mayo de 2002, a la cual luego nos referiremos.

Además, el precepto legal desconocela diferencia que existe entre elderecho académico, que es elconsagrado en la Constitución(autogobierno), y el derecho político,cuyo ejercicio básicamente tiene comofinalidad la participación de todos losciudadanos en la formación de lavoluntad general del Estado. Esta es latesis que prima en el Derechocomparado, y fue precisamente laacogida por la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, en lasentencia 898 de 13 de mayo de 2002

ELECCIONES UNIVERSITARIAS Hora Universitaria/5JUNIO 2012

II.2. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SEN-TENCIA DE LA SALA ELECTORAL

Nº 104, DEL 10�08�2011

A. La Sala Electoral parte del falso supuesto de que la Leyde Universidades no está vigente en cuanto a la forma de elec-ción de las autoridades. En efecto, la LOE nunca estuvo sujetaa ser aplicada directamente a la educación universitaria,puesto que se requiere que sus principios sean desarrolla-dos por una ley especial y ello se desprende de lo siguiente:

a) En la Disposición Transitoria SEGUNDA de la LOE se dis-puso que “En un lapso no mayor de un año a partir de lapromulgación de la presente Ley, se sancionarán y promulga-rán las legislaciones especiales referidas en esta Ley”.Ninguna de las leyes especiales anunciadas ha sido dictadahasta el presente.

b) En el aparte único del artículo 32 de la LOE se esta-bleció que “La educación universitaria estará a cargo deinstituciones integradas en un subsistema de educación uni-versitaria, de acuerdo con lo que establezca la ley especialcorrespondiente y en concordancia con otras leyes especia-les para la educación universitaria. La ley del subsistema deeducación universitaria determinará la adscripción, la catego-rización de sus componentes, la conformación y operatividadde sus organismos y la garantía de participación de todos ytodas sus integrantes” (destacado nuestro). La necesidadde una ley especial para desarrollar, con respecto a las Uni-versidades, las previsiones de la LOE es reiterada en esta leyorgánica en la siguiente forma:

En el artículo 34,1 de la LOE se expresa que la autono-mía universitaria se ejercerá mediante las siguientes funciones:“Establecer sus estructuras de carácter flexible, democráti-co, participativo y eficiente, para dictar sus normas de gobiernoy sus reglas internas de acuerdo con lo establecido en la Cons-titución de la República y la ley” (destacado nuestro).

En el último aparte del artículo 34,4 de la LOE se pautaque “El principio de autonomía se ejercerá respetando los dere-chos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en laConstitución de la República, sin menoscabo de lo que esta-blezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado,para garantizar el uso eficiente del patrimonio de las institu-ciones del subsistema de educación universitaria” (destacadonuestro).

En el artículo 35, eiusdem, se consagra que “La educa-ción universitaria estará regida por leyes especiales y otrosinstrumentos normativos…” (destacado nuestro).

Como puede verse, para el legislador de la LOE era evi-dente que la aplicación de las disposiciones de esta ley nopodía hacerse hasta que dictara la ley especial o las leyes espe-ciales de desarrollo correspondientes, y prueba de ello es quecuando estimó que no debía esperarse a la sanción dedichas leyes para regularse determinados aspectos lo mani-festó expresamente, como ocurrió con el régimen sancionatoriopara el subsistema de educación básica, con respecto al cualen la misma LOE se incluyó, en la Disposición Transitoria PRI-MERA, un conjunto de disposiciones que tendrán vigencia“Hasta tanto se dicten las leyes que se deriven de la presen-te Ley…” Pues bien, con respecto a la educación universitariano se previó ninguna disposición transitoria ni el legisladorexpresó ningun señalamiento que permitiera sustentar elcriterio de que se había dejado sin efecto la necesidad de san-cionar una ley especial para permitir que las disposiciones dela LOE tuvieran aplicación.

c) La Asamblea Nacional entendió, sin la menor duda, quedebía discutir y sancionar una ley especial para permitir la apli-cación de la LOE en el subsistema de educación universitario,

y a tal efecto, a las 2:50 minutos de la madrugada del jue-ves 23 de diciembre de 2010, sancionó la Ley de EducaciónUniversitaria (LEU).

d) Cuando el Presidente de la República devuelve a la Asam-blea Nacional el proyecto sancionado de LEU, el 4/01/2011,por considerarlo inconsulto e inaplicable, tal como antes lohemos expuesto, se refirió a la necesidad de abrir un deba-te sobre la materia, lo cual evidencia que la LOE no puede seraplicada sin esa ley especial, y esta no puede ser sanciona-da sin ese debate.

e) La Sala Electoral está consciente que la LOE estáincompleta, y por ello dictó sus“consideraciones” para hacer-la aplicable, sin preocuparse de que al emitir esas “normas”estaba invadiendo competencias de la Asamblea Nacional.

De acuerdo a lo expuesto, y dado que en la DisposiciónDerogatoria Única de la LOE no se dispuso que se derogabala Ley de Universidades, lo cual tendrá lugar sólo cuando sepromulgue la ley especial del subsistema de educación uni-versitaria, ha quedado evidenciado que la Ley deUniversidades de 1958, reformada en 1970, así como los regla-mentos dictados en conformidad con ésta, mantienen suvigencia. Por ello, la sentencia de la Sala Electoral parte deun falso supuesto,del cual se desprenden numerosas infrac-ciones al ordenamiento constitucional, y ellas han sidodenunciadas ante la Sala Constitucional, en la forma siguien-te.

B. El 21/03/2011, la representación legal de la Uni-versidad pidió ante la Sala Constitucional, mediante elrecurso de revisión, que declare la nulidad de la sentencia dela Sala Electoral Nº 104, del 10/08/2011. Las principa-les denuncias de inconstitucionalidad en la actuación dela Sala Electoral son las siguientes:

a) La Sala Electoral usurpa funciones de la Asamblea Nacio-nal en violación del principio de la separación de poderes. Estainfracción se configura en la siguiente forma: la LOE es un con-junto normativo incompleto, que en materia universitariarequiere de desarrollo por una ley especial, tal como anteslo expusimos; la regulación del derecho a participar en la elec-ción de autoridades es de la reserva legal, sea que seconsidere ese derecho como un derecho humano, un dere-cho político o un derecho académico. El reglamento es un actoadministrativo que no puede sustituir a la ley en esa funcióny que carece de fuerza derogatoria frente a la ley que en laactualidad contiene esa regulación, como es la Ley de Uni-versidades; el legislador no se excluyó de dictar la legislaciónde desarrollo de la LOE, como lo afirma la Sala Electoral, sinotodo lo contrario. En efecto, en la sentencia de la Sala Elec-toral, para justificar la usurpación de funciones que se hacede las competencias del legislador ordinario para desarro-llar los principios de la LOE en materia electoral, expresalo siguiente: “…el artículo 34, en sus numerales 1 y 3 eius-dem, disponen que una manifestación de la autonomíauniversitaria consiste en la potestad de dictar sus propias nor-mas de gobierno y sus reglas internas, y establece que laregulación de la garantía de participación de toda la comuni-dad universitaria en la elección y nombramiento de susautoridades se hará por vía reglamentaria…” de donde dedu-ce que “el propio legislador se excluye de regular tal materiaal dejar el desarrollo del mismo al Reglamento” (destacadonuestro). Esta información es errada, en primer lugar, porqueno es cierto que el legislador se haya excluido de desarrollarlos principios electorales contenidos en la LOE; en segundolugar porque esta autoexclusión no es posible en nuestro orde-namiento jurídico, porque el poder de legislar que correspondea la Asamblea Nacional según la Constitución es irrenuncia-ble; en tercer lugar, porque a diferencia de lo que sostiene laSala Electoral, el legislador de la LOE, en seis oportunidades,se refiere a la legislación que debe dictarse para desarrollarlos principios de la LOE.

Por otra parte, la Sala Electoral atribuye poderes de legis-lar al Consejo Universitario. La Sala comienza por reconocerla necesidad de que una ley desarrolle las previsiones de laLOE cuando expresa que: “el primer aparte del artículo 32de la Ley Orgánica de Educación, preceptúa que ‘[l]a educa-ción universitaria estará a cargo de instituciones integradasen un subsistema de educación universitaria, de acuerdo conlo que establezca la ley especial correspondiente y en con-cordancia con otras leyes especiales para la educaciónuniversitaria. La ley del subsistema de educación universita-ria determinará la adscripción, la categorización de suscomponentes, la conformación y operatividad de sus organis-mos y la garantía de participación de todos y todas susintegrantes’ (corchetes de la Sala)”.

Ahora bien, del artículo 32 de la LOE no se desprende quecorresponde a las Universidades la regulación del derecho sus-tantivo de los miembros de la comunidad universitaria aparticipar en la elección de autoridades, sino que, en esta mate-ria, la Universidad tiene competencias para dictar normas,como lo ha venido haciendo hasta ahora, para establecer losprocedimientos de elecciones, dentro del marco establecidoen la Ley de Universidades.

Por todo lo anterior se concluye que la Sala Electo-ral ha asumido poderes de legislar que corresponden a

En el último aparte del artículo 34,4 dela LOE se pauta que “El principio deautonomía se ejercerá respetando losderechos consagrados a losciudadanos y ciudadanas en laConstitución de la República, sinmenoscabo de lo que establezca la leyen lo relativo al control y vigilancia delEstado, para garantizar el uso eficientedel patrimonio de las instituciones delsubsistema de educación universitaria”(destacado nuestro).

6/ Hora Universitaria ELECCIONES UNIVERSITARIAS JUNIO 2012

la Asamblea Nacional, en violación del principio constitucio-nal de que “cada una de las ramas del Poder Público tienesus funciones propias…” (art. 136 de la Constitución).

b) La indebida aplicación de normas de la Constitución porla Sala Electoral. Son diversos los supuestos de indebida apli-cación de artículos de la Constitución por la Sala Electoral yparticularmente los siguientes:

‐Del artículo 236, numeral 10, de la Constitución, que atri-buye al Presidente de la República la competencia general dereglamentar las leyes, pues esta atribución se le asigna a lasUniversidades. En efecto, La Sala incurre en el error de con-siderar que, cuando en el artículo 34,3 de la LOE se mencionael Reglamento, se está refiriendo a normas internas de la Uni-versidad, partiendo del falso supuesto de que el legisladorexcluyó al Presidente de la República de la competenciapara regular los derechos electorales de los integrantes dela comunidad universitaria, lo cual no hizo. Pero si lo hubie-ra hecho, el Reglamento Ejecutivo sería de todos modosnulo, porque está materia está reservada a la ley.

‐Del artículo 203 de la Constitución, el cual regula la figu-ra de las leyes habilitantes, lo cual se produce porque la SalaElectoral atribuye a la Universidad competencia para dictarleyes, siendo que el órgano judicial no es competente paraotorgar esa habilitación ni el órgano universitario puede reci-birla.

‐ Del artículo 137 de la Constitución, el cual consagra elprincipio de la legalidad de la actuación del Poder Público cuan-do establece: “Esta Constitución y la Ley definen lasatribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, alas cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. LaSala Electoral atribuye a la Universidad la regulación de mate-rias que están reservadas a la ley, como es la referida a losderechos de participación de la comunidad universitaria enla elección de sus autoridades y en la función de cogobier-no, y luego esa misma competencia se la asigna a sí misma,con lo cual lesiona la norma de la Constitución que otorga ala Asamblea Nacional la competencia de “Legislar en las mate-rias de la competencia nacional” (artículo 187, numeral 1).Por lo demás, la Sala Electoral siempre tiene no sólo la posi-

bilidad sino la obligación de desaplicar las leyes que lesionanel orden constitucional, y no lo hizo.

‐Del artículo 109 de la Constitución, que consagra la auto-nomía universitaria. La Sala Electoral, en la sentencia cuyarevisión ha solicitado, aplica indebidamente el artículo trans-crito de diversas formas, así:

En primer lugar, sobre la integración de la comunidad uni-versitaria, puesto que ordena al Consejo Universitario de laUniversidad Central de Venezuela que aplique una Ley Orgá-nica, la LOE, que está afectada de diversos vicios deinconstitucionalidad, entre ellos el de definir la integración dela comunidad universitaria en contravención a lo dispuestoen el artículo 109 de la Constitución. En efecto, el artículocitado de la Ley Suprema limita la comunidad universitaria alos profesores, estudiantes y egresados, y el precepto legalla amplía, incluyendo en dicha integración al personal admi-nistrativo y al personal obrero, cuando la ampliación a que nosreferimos había sido discutida y negada por la Asamblea Nacio-nal Constituyente de 1999, y negada nuevamente por elpueblo al rechazar el proyecto de reforma de la Constituciónen el referendo de diciembre de 2007. Conforme a lo antesexpuesto, la Sala Electoral ha debido desaplicar la LOE al cono-cer del recurso contra el acto de la Comisión Electoral de laUniversidad, por ser evidentemente violatorio del texto cons-titucional. En lugar de hacerlo, como era su obligación, le haimpuesto a la Universidad el deber de desaplicar una ley vigen-te, como es la Ley de Universidades, desaplicación que nopuede hacer ni el Consejo Universitario ni la Comisión Elec-toral de la Universidad, puesto que los únicos que desaplicanleyes son los tribunales.

En segundo lugar, la Sala Electoral reconoce y luegodesconoce atributos de la autonomía universitaria. Por unaparte, según la Sala Electoral el Consejo Universitario tieneplena facultad para reglamentar la garantía de participaciónde toda la comunidad universitaria en la elección y nombra-miento de sus autoridades, en desarrollo de las disposicionesde la LOE, con lo cual incrementa el contenido de la autono-mía universitaria regulado en la legislación vigente. Pero porla otra, dispone que la función –que hemos dicho que es de

carácter legislativo‐ que le atribuye la Sala a la Universidaddebe efectuarla con sujeción a las “consideraciones” de lamisma Sala, lo que significa que ese órgano se erige en supe-rior jerárquico de las Universidades, en violación del principiode la autonomía universitaria.

En tercer lugar, la Sala Electoral infringe el principiode la libertad de conciencia de los integrantes de la comu-nidad universitaria, al aplicar indebidamente el artículo 109de la Constitución, según el cual “El Estado reconocerá la auto-nomía universitaria como principio y jerarquía que permite alos profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresa-dos de su comunidad dedicarse a la búsqueda delconocimiento a través de la investigación científica, humanís-tica y tecnológica, para beneficio espiritual y material de laNación…”. En efecto, la autonomía tiene como atributo fun-damental la libertad de pensamiento de los integrantes dela comunidad universitaria y de las autoridades que emanan,democráticamente, de su seno, por lo que no puede la SalaElectoral dar órdenes ni a la Rectora ni al Consejo Universi-tario de que elabore un Reglamento en una forma determinaday en un plazo fijado, como si estos órganos fueran subordi-nados de la Sala Electoral, sin capacidad para pensar ni paratener criterios propios, ni para discutir las implicaciones jurí-dicas y académicas que origina la sentencia a que nosreferimos, ni para evaluar y proponer fórmulas alternativas quesean más convenientes para los fines académicos de la ins-titución, definidos éstos en la parte del artículo 109 de laConstitución que hemos transcrito. Por ello, si en la Consti-tución se proclama el principio de “la inviolabilidad del recintouniversitario”, mucho más importante es el de la inviolabili-dad de la conciencia de los universitarios, el cual consideramosse irrespeta por la Sala Electoral con su sentencia.

c) La Sala Electoral desconoce precedentes derivados desentencias de la Sala Constitucional. El artículo 335 de la Cons-titución dispone lo siguiente: “El Tribunal Supremo de Justiciagarantizará la supremacía y efectividad de las normas y prin-cipios constitucionales; será el máximo y último intérprete dela Constitución y velará por su uniforme interpretación y apli-cación. Las interpretaciones que establezca la SalaConstitucional sobre el contenido o alcance de las normas yprincipios constitucionales son vinculantes para las otrasSalas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales dela República”. Pues bien, la Sala Electoral irrespeta criteriosvinculantes establecidos por la Sala Constitucional en lasiguiente forma:

‐Desconocimiento del precedente sentado por la SalaConstitucional de que el derecho a participar en las elec-ciones universitarias es un derecho académico. En sentenciaNº 898, del 13/05/2002, la Sala Constitucional había anu-lado una sentencia de la Sala Electoral en la que se habíaestablecido el criterio de que en las Universidades el derechoal voto es un derecho político, por lo que los profesores ins-tructores y contratados podrían ejercer el sufragio para laelección de las autoridades de la Universidad, en igualdad conlos profesores de escalafón. En esa oportunidad, la Sala Cons-titucional estableció criterios vinculantes en el sentido de quela participación de los profesores en la elección de autorida-des es un derecho académico, no un derecho político, por loque “no pueda aludirse a los artículos 62 [derecho a partici-par en los asuntos públicos] y 63 [derecho al sufragio] de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, paraestimar inconstitucionales los artículos 52 y 55 de la Ley deUniversidades (u otros similares de la misma ley), ya que éstosúltimos no se refieren al sufragio ni a la participación políti-ca, sino a la composición de una autoridad universitaria y desus atribuciones, lo que escapa a la teleología de las garan-

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tías sobre sufragio y participación política invocadas”.No obstante, la Sala Electoral en la sentencia Nº 104 busca

reeditar la sentencia que le había sido anulada el año 2002y dispone que, según la LOE, “aún cuando se trate de la elec-ciones universitarias …se establece claramente como underecho político de todos los miembros de la comunidad uni-versitaria, para ser ejercido plenamente y en igualdad decondiciones”, con lo cual desconoce la Sala Electoral unprecedente vinculante, pues la Sala Constitucional, en su sen-tencia Nº 898, del 13/05/2002, no estaba interpretandoninguna ley, sino estableciendo la recta inteligencia de la Cons-titución, la cual es vinculante para la Sala Electoral e inclusopara la Asamblea Nacional, tal como lo hemos denunciadoal pedir la declaratoria de nulidad de la LOE por contradecirel texto constitucional.

‐ Desconocimiento del precedente sentado por la SalaConstitucional sobre las distintas formas de entender el prin-cipio de igualdad en las elecciones universitarias. En susentencia Nº 898, del 13/05/2002, la Sala Constitucionalestableció que el principio de igualdad puede entenderse dediversas maneras: la igualdad como equiparación, que con-duce a la igualdad matemática, y la igualdad comodiferenciación, conforme a la cual pueden establecerse des-igualdades positivas, como es la que ocurre en la elección derepresentantes indígenas a los cuerpos deliberantes, sin locual estas categorías de ciudadanos no estarían representa-dos. De allí concluye la Sala que, en el ámbito académico,es lícito aplicar el principio de igualdad como diferencia-ción y que “la determinación de qué hechos o elementosse estiman relevantes, y, por lo tanto, causa justificada de untrato desigual a supuestos de hecho a primera vista simila-res, como en el caso del personal docente de una Universidad,de donde la ley excluye a los profesores instructores de par-ticipar en la elección de las autoridades de la respectivafacultad a la que pertenecen, corresponde al parlamento, enrazón de la potestad propia (política legislativa) de discrecio-

nalidad ‐no de arbitrariedad‐, que tiene su origen en el man-dato democrático que le ha sido conferido (destacado nuestro).” No obstante, la Sala Electoral establece en su sentencia quecuando la LOE se refiere al derecho a elegir autoridades “enigualdad de condiciones”, alude necesariamente a la igualdadcomo equiparación, con lo cual, por una parte, desconoce elcriterio vinculante de la Sala Constitucional y, por la otra, sesustituye en el legislador para determinar el principio deigualdad aplicable en las elecciones universitarias.

III. LAS IMPLICACIONES ACADÉMICAS

El modelo electoral que ordena a la Universidad la SalaElectoral puede afectar gravemente el funcionamiento, lagobernabilidad y la calidad académica de la Institución.

A. UNA REFORMA IMPROVISADA Y DIFUSA QUE AFECTAEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

La reforma electoral de la Universidad que la Sala Elec-toral trata de imponer a la Universidad tiene muchísimasimplicaciones en el funcionamiento institucional, particularmen-te en las funciones de docencia y de investigación que lecorresponden a ésta. La reforma no estuvo precedida de unestudio previo sobre esas implicaciones, ni se remite a unmodelo de Universidad que funcione con un esquema elec-toral similar y que haya dado resultados satisfactorios en cuantoa su calidad académica.

a) Una reforma decidida sin estudio previo. El siste-ma de participación de la comunidad universitaria en laescogencia de sus autoridades con el voto igualitario que seestableció con la promulgación de la LOE, no estuvo prece-dida de ningún estudio sobre sus implicaciones académicas,en cuanto a la estructura, funcionamiento, ni sobre ningún otroaspecto. En realidad, tal sistema no había sido discutido, nisiquiera mencionado, antes de haber sido hecho públicopocos días antes de la segunda discusión de la LOE, tal comose desprende de las consideraciones que siguen.

Además de que, como antes lo expresamos, el proyectode LOE no se conoció sino unas horas antes de ser sancio-nado por la Asamblea Nacional, el sistema electoral quetrata de imponer la Sala Electoral a las Universidades difie-re del propuesto en el proyecto de reforma constitucional de2007, el cual aludía al voto paritario, tal como luego exami-naremos.

b) Una reforma inédita, sin precedentes en el ámbito mun-dial. De acuerdo a la revisión realizada, no existe ningunaUniversidad que haya adoptado un sistema electoral para ele-gir las autoridades como el que trata de imponer la SalaElectoral. En el Manifiesto de Córdoba (1918), el estudianta-do no reclama el voto paritario, y mucho menos el 1 a 1, sinoque “Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar esepensamiento propio en los cuerpos universitarios por mediode sus representantes”. En la actual Universidad Nacional deCórdoba, que es la institución que concede la mayor partici-pación a los no docentes en el ámbito mundial, al Rector loescoge un claustro en el que la representación de los profe-sores es igual a la suma de todos los demás sectores quehacen vida en la Universidad. De las Universidades que eli-gen sus autoridades con participación de sectores no docentes,que son pocas, no encontramos ninguna en que la participa-ción de los profesores sea inferior al 50%. No existe ningunaUniversidad en donde se haya consagrado el voto universal,como derecho político de los diferentes sectores de la vidauniversitaria, para la elección de sus autoridades. Ni en la extin-

ta Unión Soviética, ni en ninguno de los países que giraronen su órbita política, existió un sistema de participación deeste tipo, pues en el llamado “socialismo real” las autorida-des siempre fueron designadas unilateralmente por elgobierno, sin otorgar ninguna posibilidad de participar enelección alguna a los integrantes de las comunidades univer-sitarias, ni siquiera a los profesores. En las Universidadescubanas actuales, los Rectores y demás autoridades univer-sitarias son empleados de libre nombramiento y remoción delMinisterio de Educación.

De lo anteriormente expuesto se concluye que el voto 1a 1 de profesores, estudiantes, egresados, empleados yobreros en la elección de las Universidades, que la Sala Elec-toral trata de imponer a las Universidades autónomas deVenezuela, de concretarse, sería una innovación a nivel mun-dial. Por tratarse de un experimento, lo racional sería que seprobara primero en una Universidad Experimental, cuyo régi-men organizativo depende de lo que disponga el EjecutivoNacional al dictar el Reglamento General de la Institución. Deacuerdo a la evaluación de los resultados que se hiciera, dichométodo podría ser extendido a otras Universidades, incluyen-do las autónomas.

c) Un modelo de Universidad que no responde a una refle-xión teórica ni a una praxis. Como se pretende imponer unsistema electoral que no ha sido ensayado en ninguna partedel mundo, se supone que tal innovación debe fundamentar-se en un modelo teórico definido conceptualmente o a unapraxis ensayada entre nosotros o en cualquier otro país.Como el gobierno que rige en Venezuela se ha autocalifica-do de “socialista”, que propicia una educación “socialista”,sin base alguna en la Constitución. Ahora bien, desde nues-tro punto de vista, el socialismo educativo en Venezuela, hastaahora, se desarrolla con dos modelos diferentes: de un lado,un modelo utópico improvisado y difuso, que pretende ser apli-cable a las Universidades autónomas; del otro, el modelo real,que existe en las Universidades experimentales sometidasa la jerarquía del gobierno.

‐ El modelo utópico, que se manifiesta en cuanto a la par-ticipación en la elección de las autoridades universitarias, estáplagado de contradicciones y no acaba de definirse. Enefecto, diversas versiones del modelo utópico se ha expues-to en distintos espacios, en la siguiente forma:

En primer lugar, en el proyecto de reforma constitucionalde 2007, se proponía “el voto paritario”, que como expresa-mos se refiere a la paridad por categorías y no por personas,porque no es el ejercicio de un derecho político. Debemos seña-lar que la expresión paridad se usa originalmente en elderecho laboral y se refiere a dos partes (patronos y obreros),de allí que el Diccionario de la Lengua Española expresa que

Un modelo de Universidad que noresponde a una reflexión teórica ni auna praxis. Como se pretende imponerun sistema electoral que no ha sidoensayado en ninguna parte del mundo,se supone que tal innovación debefundamentarse en un modelo teóricodefinido conceptualmente o a unapraxis ensayada entre nosotros o encualquier otro país.

8/ Hora Universitaria ELECCIONES UNIVERSITARIAS JUNIO 2012

“Paritario o paritaria”, significa, “1. Dicho especialmentede un organismo de carácter social: Constituido por repre-sentantes de patronos y obreros en número igual y con losmismos derechos”, y que: “2. Dicho de una comisión o deuna asamblea: Que las diversas partes que la forman tienenigualdad en el número y derechos de sus miembros”.

En segundo lugar, en la LOE (art. 34,3) se contempla unmodelo diferente, pues se concibe el voto como derecho polí-tico, aunque deja abierta la posibilidad de que en la LEU sedetermine que “la igualdad de condiciones” en la elección deautoridades universitarias se refiere a las categorías, cada unade las cuales tienen el mismo peso electoral, independien-temente del número de personas que lo integran, y tambiénque se establezca una representación para los egresados.Es decir, se podría acoger el principio de igualdad como dife-renciación, y no como equiparación.

En tercer lugar, en el proyecto de Ley de EducaciónUniversitaria (LEU) sancionado por la Asamblea Nacional el23/12/2010 se acoge el principio de igualdad como equipa-ración cuando se dispone que “La igualdad de condicionesen la participación electoral de la comunidad universitaria impli-cará, la cuantificación de un voto por cada votante para ladeterminación de los resultados electorales” (art. 86). Peroel Presidente de la República devolvió el proyecto sin promul-garlo por considerar que el mismo era “inaplicable einconsulto”, es decir, que no se ajusta al modelo de educa-ción universitaria “socialista” (utópica) que se pretendeimponer. Es de observar que, a diferencia de lo dispuesto enla LOE, en el proyecto de LEU no se disponía que el sistemaelectoral utópico, improvisado y difuso, era aplicable únicamen-te a las Universidades autónomas, y tal vez por ello se explicasu devolución.

En cuarto lugar, la Sala Electoral, en rebeldía frente al cri-terio presidencial, determina el desarrollo de la LOE quedebía hacer la ley especial y dispone, por una parte, que laelección se deberá hacer en la forma prevista en el pro-yecto de la ley que había sido devuelto por ser “inaplicablee inconsulto”, y por la otra, que la Universidad, en ejerciciode su autonomía, pero subordinada a las consideraciones dela Sala, debe dictar el Reglamento de Elecciones.

En conclusión, mientras la Asamblea Nacional no modi-fique la LOE para adecuarla a la Constitución o no dicte la LEU,con orientación constitucional (si quiere hacerla aplicable) oinconstitucional, o mientras la Sala Constitucional del TSJno se pronuncie sobre la recta inteligencia de las normasconstitucionales referidas a las Universidades, no tendre-mos una idea precisa sobre el modelo de socialismo utópicoque se pretende imponer para las Universidades autóno-mas.

‐ El modelo real, que es el que se aplica para las Univer-sidades Experimentales que son calificadas como socialistas,no resulta de una teoría sino de una praxis y corresponde alSocialismo del Siglo XXI Venezolano Real. En estas institucio-nes, que dependen jerárquicamente del Ministerio PP para laEducación Universitaria, cuyo titular nombra las autoridades“por disposición del ciudadano Presidente, no hay parti-cipación de ninguno de los integrantes de lascomunidades universitarias, no hay estabilidad ni escalafónpara los profesores, los estudiantes carecen del derecho aelegir centros y federación de estudiantes y los trabajadorespueden ser despedidos sin procedimiento alguno, pues care-cen, en la práctica, de la garantía de la inamovilidad y a lostribunales no les está permitido velar por estos derechos.

El desiderátum de ese modelo de Universidad fue expre-

sado por el Rector de la Universidad Nacional de la FuerzaArmada (UNEFA) cuando el 25 de marzo de 2011, refiriéndo-se a esa institución, afirmó: ʺLa vamos a convertir en breveplazo (la Unefa) en la universidad que yo he llamado, sin que-rer cambiarle el nombre, en la Universidad de la RevoluciónBolivariana, porque vamos a formar allí y vamos a egresar,de hecho ya estamos egresando un número importante deprofesionales para servir y acompañar a la revolución boliva-rianaʺ, ello en virtud de que “Yo no dudo que nuestrosestudiantes tienen que ser formados como ciudadanossocialistas” (http://www.eluniversal.com/nacional‐y‐ politi-ca/120325/rector‐de‐unefa‐estudiantes‐deben‐ser‐formados‐como‐ciudadanos‐sociali).

d) La coexistencia de modelosDe acuerdo con lo dispuesto en la LOE y en la sentencia

Nº 104 de la Sala Electoral, se mantienen dos regímenes elec-torales antagónicos: uno para las Universidadesexperimentales sometidas a la jerarquía del gobierno,caracterizado por la ausencia de participación de la comu-

nidad universitaria (modelo real), y otro para las Universida-des que eligen sus autoridades, autónomas o experimentalesacadémicamente consolidadas, a las cuales en su conjuntolas llamamos autónomas, con respecto a las cuales se con-sagra un sistema de hiperparticipación (modelo utópico).

Cabe entonces interrogarse sobre cuál de los dos mode-los es compatible con el proyecto político que se pretendeimplantar en Venezuela. La respuesta la encontramos alexaminar el Plan de Desarrollo Económico y Social de laNación 2007‐2013 ‐al cual incluso oficialmente se le ha deno-minado Primer Plan Socialista‐, en el cual se expresa que “Eneste próximo período 2007 –2013, se orienta Venezuelahacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI…” (ver:http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias‐view/shareFile/PPSN.pdf). Es evidente que para lograr ese propósito deben ser pues-tas de lado las disposiciones constitucionales que propugnan,entre los valores superiores del Estado, “el pluralismo políti-co”, y, entre los fundamentos del servicio público de educación“el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Porello, la extensión a todas las Universidades del modelo reales lo que mejor se aviene con una educación ideologizante,puesto que en una Universidad en la que opere la participa-ción, como existe en la actualidad en las Universidadesautónomas, o la hiperparticipación que se propone paraestas instituciones conforme al modelo utópico, es imposi-ble instaurar una ideología única.

Conforme a lo expuesto, el modelo utópico que hemos exa-minado ‐si se llegara a implantar‐ constituiría una etapatransitoria en el funcionamiento de nuestras Universidadesautónomas, sujeto a ser revertido –más temprano que tarde‐al modelo que refleja fielmente las aspiraciones del grupo quedetenta el poder. Pero, en el proceso de llegar al modelo defi-nitivo, el sistema transitorio cumpliría diversas funciones degran utilidad, particularmente en cuanto a atraer hacia las ofer-tas del gobierno a sectores de la comunidad universitaria que,supuestamente, verían incrementado su poder en la elecciónde las autoridades universitarias, en la siguiente forma:

En primer lugar, a los estudiantes se les hace la ofertade poder determinar quiénes serían las autoridades que seelegirían en las Universidades, pero no se contemplan modi-

En conclusión, mientras la AsambleaNacional no modifique la LOE paraadecuarla a la Constitución o no dicte laLEU, con orientación constitucional (siquiere hacerla aplicable) oinconstitucional, o mientras la SalaConstitucional del TSJ no sepronuncie sobre la recta inteligenciade las normas constitucionalesreferidas a las Universidades, notendremos una idea precisa sobre elmodelo de socialismo utópico que sepretende imponer para lasUniversidades autónomas.

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ficaciones en las estructuras de toma de decisiones.En segundo lugar, a los profesores contratados e interi-

nos se les ofrece derecho a la participación, sin que se lesseñale que, conforme al proyecto de reforma constitucionalde 2007, la participación electoral sólo corresponde a los pro-fesores que han ingresado por concurso.

En tercer lugar, a los trabajadores se les ofrece unpoder de dirección en los asuntos de la Institución, perose les omiten dos aspectos fundamentales: de un lado, queen la LOE no se prevé la participación de representantes delos trabajadores en los organismos de cogobierno (solamen-te en un Consejo Contralor, cuya integración y funcionesdeberán ser definidas en la ley especial sobre las Universi-dades), pero se les hace creer que “quien tiene derecho a elegirpuede ser electo”, lo cual es erróneo.

En cuarto lugar se ofrece a los egresados el derecho alvoto 1 a 1 por ser un derecho político, pero sin informarlesque en los proyectos de Reglamentos de Elecciones elabo-rados por representantes del gobierno se limita la participaciónelectoral de los integrantes de esta categoría a los egresa-dos durante los últimos cinco (5) años, o a los últimosveinticinco (25) años, de acuerdo a las diferentes versiones,como si los derechos políticos prescribieran por el transcur-so del tiempo.

B. UNA REFORMA DESVINCULADA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

En la Constitución que nos rige se dispone que “Toda per-sona tiene derecho a una educación integral, de calidad…”.Por ello, toda modificación que se haga en el funcionamien-to de las instituciones educativas, aunque persiga logros enotros aspectos, como el social, no puede estar desvincula-da del propósito de mejorar, o al menos mantener, la calidadde los servicios educativos. Ahora bien, la reforma que se prevéen la LOE, sujeta a ser desarrollada en la LEU, fue decididasin un estudio previo sobre la incidencia en la calidad de laeducación de la universalización e igualación del voto para laelección de las autoridades. Es obvio que tal refor-ma ha tenido motivaciones exclusivamente políticas, sintomar en cuenta las implicaciones académicas, y sin impor-tar a sus promotores los efectos que pudiera tener en el nivelde la enseñanza y de la investigación que atañe a las Uni-versidades. Pero existen indicadores de que la reformaapresurada, inconsulta y provisional que se pretende impo-ner a las Universidades de mayor nivel académico del país,de las que egresan los profesionales más solicitados nacio-nal e internacionalmente, podría comprometer los logros deesas Universidades.

En el ámbito internacional se han establecido diver-sos índices para medir la calidad de las Universidadesy al respecto se observa que los resultados de la clasifica-ción varían según los elementos indiciarios que se tomen encuenta. Pero en todo caso, las principales Universidadeslatinoamericanas en las clasificaciones que hemos examina-do –que generalmente no están entre las 200 primerasUniversidades a nivel global‐, como son la Universidad de SaoPaulo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad deChile y la Universidad Autónoma de México, no tienen el sis-tema de votación para elegir a sus autoridades que sepretende implantar en Venezuela.

Por otra parte, con relación a nuestro país, se obser-va, de un lado, que las Universidades Nacionales mejorcolocadas en cuanto a la calidad de la enseñanza y, portanto, que son las más solicitadas, eligen a sus autoridades,en general, con el sistema proporcional previsto en la Ley deUniversidades; y del otro, que en el último lugar de la esca-la encontramos las Universidades Experimentales cuyas

autoridades son designadas unilateralmente por el Coman-dante Presidente de la República. Ello no significa que elsistema consagrado en la Ley de Universidades no estésujeto a ser revisado o mejorado, sino que las Universidadesque lo aplican perderían su calidad si entraran en la depen-dencia jerárquica del Ejecutivo y que la adopción del sistemaelectoral con el voto como derecho político no garantiza mejo-ría -y ni siquiera mantenimiento‐ con relación al nivel académicoactual.

A este respecto se observa que existen cinco Universida-

des autónomas que eligen sus autoridades por disposiciónlegal: la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universi-dad de los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ), laUniversidad de Carabobo (UC) y la Universidad de Oriente(UDO). Y también que Universidades que inicialmente fueroncreadas como Experimentales, con autoridades nombradaspor el Presidente de la República, fueron consolidándose ins-titucional y académicamente hasta alcanzar el derecho de elegirsus autoridades, por decretos presidenciales promulgados porgobiernos anteriores al presente, y entre ellas encontramosa la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad PedagógicaExperimental Libertador (UPEL), la Universidad Nacional Expe-rimental del Táchira (UNET) y la Universidad NacionalExperimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO). Allado de estas Universidades que han alcanzado el derechode ser llamadas autónomas, encontramos Universidadescuyo proceso de consolidación fue interrumpido al ser inter-venidas por el Ejecutivo Nacional, como la UniversidadNacional Abierta (UNA), la Universidad Nacional Experimen-tal Simón Rodríguez (UNESR) o la Universidad NacionalExperimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), deun lado, y del otro, las Universidades de reciente creación (comola Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV) y las institucio-nes de reciente transformación en Universidades (como laUniversidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas,UNEFA), que parecen responder a un modelo “socialista” deUniversidad. En todos los casos en que se les concedió elderecho al autogobierno a las Universidades Experimentales,bajo el régimen previsto en la Ley de Universidades o uno simi-lar, se produjo un mejoramiento académico de las institucionesfavorecidas, mientras las Universidades sometidas a la jerar-quía gubernamental muestran atraso o estancamiento ensus niveles académicos.

Por ello, toda reforma o todo experimento quepueda significar una desmejora en el nivel académico delas instituciones educativas es una lesión al derecho que tie-nen todas las personas a una educación integral, de calidad.

C. UNA REFORMA PROVISIONAL QUE ACARREARÍA DAÑOSIRREPARABLES A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES CONMAYOR NIVEL ACADÉMICO

La reforma que se pretende imponer a la Universidad esproducto de la improvisación, tiene carácter provisional ygeneraría daños irreversibles a la Institución.

a) La imposición de una reforma que tiene carácter pro-visional

La provisionalidad de la reforma que se pretende impo-ner a las Universidades viene dada por las siguientescircunstancias:

En primer lugar, ante la Sala Constitucional cursa unrecurso de nulidad, por inconstitucionalidad, contra la Ley Orgá-nica de Educación, interpuesto el 10 de octubre de 2009, porun grupo de Rectores Universitarios. Si esta Sala declara conlugar la nulidad solicitada, la Asamblea Nacional, dependien-do de los términos de la sentencia que pudiera declarar lanulidad, deberá reformular la LOE, para lo cual tendría que abrirun proceso de consultas y aprobar normas que sean “apli-cables”. Ello podría traducirse en que se determinara unsistema electoral diferente al contemplado en la ley orgáni-ca, por lo que la reforma provisional que se implantaría bajola presión de la Sala Electoral carecería de base jurídica, y sehabría perdido un esfuerzo, se habrían malgastado unosrecursos, se habrían creado unas expectativas difíciles de rever-tir, sin contar que un proceso de esa naturaleza podría inclusogenerar hechos de violencia en el recinto universitario.

En la Constitución que nos rige sedispone que “Toda persona tienederecho a una educación integral,de calidad…”. Por ello, todamodificación que se haga en elfuncionamiento de las institucioneseducativas, aunque persiga logrosen otros aspectos, como el social,no puede estar desvinculada delpropósito de mejorar, o al menosmantener, la calidad de los servicioseducativos. Ahora bien, la reformaque se prevé en la LOE, sujeta a serdesarrollada en la LEU, fue decididasin un estudio previo sobre laincidencia en la calidad de laeducación de la universalización eigualación del voto para laelección de las autoridades. Esobvio que tal reforma hatenido motivacionesexclusivamente políticas

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en el aspecto de la participación de la comunidad universi-taria, la Asamblea Nacional podría acoger el principio de laigualdad como diferenciación, en lugar de la igualdad comoequiparación, lo que dejaría sin base a la costosa (en térmi-nos de esfuerzo inútil y de interferencia en los procesosacadémicos) reforma que se habría implantado bajo la pre-sión de la Sala Electoral.

Conforme a lo expuesto, la Sala Electoral está obligandoa la UCV, y a las demás Universidades que eligen sus auto-ridades, a sancionar y ejecutar una reforma electoralprovisional, cuya duración dependería de decisiones de la SalaConstitucional y de la Asamblea Nacional, según el caso, lascuales podrían dejar sin base jurídica el sistema electoral quese pretende implantar provisionalmente y que podrían obligara revertir, al menos en forma parcial, el sistema propiciadopor la Sala Electoral. En este aspecto cabe preguntarse si nohay interés en la Sala Electoral de crear un conjunto de con-diciones y hechos cumplidos que tendrían por finalidad limitarlas posibilidades de que la Sala Constitucional o la AsambleaNacional se separen en sus decisiones de los criterios de laSala Electoral.

b) Un experimento que podría producir daños irreparablesa las Universidades autónomas.

La consideración de que el sistema electoral que rige paralas elecciones universitarias (derecho académico) es igual alque se consagra en la Constitución para elegir a los titularesdel poder público (derecho político), es un experimento que,al no haber sido estudiadas sus implicaciones antes de pre-tender aplicarlo, puede considerarse un salto al vacío. Lasdiferencias son obvias, ya lo había destacado la Sala Cons-titucional al referirse a la distinta naturaleza del sufragio enambos tipos de elecciones. Por lo tanto, esa confusión puedegenerar efectos colaterales y puede ocasionar gravámenesirreparables a los objetivos académicos y al funcionamientode las Universidades, tales como los siguientes:

En primer lugar, al considerar el derecho a la participaciónen la elección de las autoridades universitarias como un dere-cho político, que se ejerce mediante la equiparación del valordel voto de los electores, ello implica que, según las decisio-nes que se adopten, tendría igual derecho a voto un universode aproximadamente 60.000 estudiantes, incluyendo a11.000 estudiantes de postgrado, 8.000 profesores, entreactivos y jubilados, 4.000 empleados administrativos,2.000 obreros y más de 300.000 egresados. Dijimos que lacifra depende de las decisiones que se adopten, porque aldiscutir el Reglamento el Consejo Universitario tendría que defi-nir, en cuanto a los estudiantes, si votan sólo los alumnosregulares, o todos los inscritos aunque mantengan una situa-ción irregular en la universidad (por ej. aplazados en más dela mitad de las materias), si votan los estudiantes de postgra-do (Especialización, Maestría y Doctorado), y si lo hacen losde otros cursos no conducentes a títulos (extensión, amplia-ción, diplomados). Por tratarse de un derecho político –segúnel criterio de la Sala Electoral‐, sería muy difícil limitar lacategoría de estudiantes que pueden votar. En cuanto a losprofesores, ¿tendrían derecho a votar los profesores contra-tados, los docentes libres, es decir, los que no mantienen unavinculación permanente con la Universidad? Con respecto alos obreros, el Consejo Universitario debería decidir si puedelimitar la participación a los que tengan un tiempo deter-minado al servicio de la institución, lo que excluiría a lostrabajadores recientes y a los temporeros, y si es váli-da esa limitación. En este aspecto probablemente elConsejo Universitario no podría excluir del derecho al voto unoa uno a los empleados y obreros jubilados, ya que votaríanlos profesores jubilados y hay un principio de igualdad que,

de ser aplicado, impediría hacer discriminaciones. Sobre losegresados, ¿cómo puede un reglamento excluir a los que ten-gan mucho tiempo de graduados, si los derechos políticos noprescriben por el transcurso del tiempo? En el caso de las per-sonas que tengan más de una condición para votar (por ej.obreros que son estudiantes, profesores que son empleadoso estudiantes, o las tres cosas a la vez, egresados y profe-sores o egresados y estudiantes, o egresados y empleadosadministrativos, etc) habría que determinar si votan una vezen total o una vez por cada condición que reúnan. Todas estascuestiones tienen una respuesta en la actual Ley de Univer-sidades, y hay abundante doctrina y jurisprudencia paraesclarecer los casos dudosos, pero sin una Ley que reguleel nuevo sistema de votación, los conflictos y los recursos juris-diccionales pueden llegar a ser inmanejables.

En segundo lugar, para evidenciar los gravámenes irrepa-rables o de difícil reparación que traería la implantación dela reforma provisional que auspicia la Sala Electoral, podría-mos señalar algunos ejemplos.

El derecho de voto de todos los egresados, en igualdadde condiciones con los profesores y los estudiantes, implicaque un universo superior a 300.000 personas tendría elderecho político de participar en la elección de las autorida-des universitarias, en las mismas condiciones que losprofesores activos. Ello se traduce en que, además de quelas autoridades favorecidas por el voto de los egresados ten-derían a ser personas de orientación conservadora –cuandola sociedad del conocimiento exige audacia en la gerencia aca-démica‐, la elección de autoridades universitarias setransformaría en procesos nacionales, con campañas elec-torales que se ventilarían por los medios de comunicación.Pero además, la mayor posibilidad de movilización de egre-sados la tienen los colegios profesionales, los cuales estánpenetrados la mayoría de las veces por partidos políticos, loque partidizaría la elección de autoridades y, probablemente,obligaría a que esas elecciones fueran conducidas por el Con-sejo Nacional Electoral, con todo lo que eso significa.

El derecho a voto de los obreros genera efectos quedebemos tratar de anticipar. Es evidente que los sindicatostratarían de ampliar el universo de sus integrantes. Si hoy endía hay presiones para que se incorporen a la nómina de laUniversidad los llamados “trabajadores tercerizados”, con estareforma las presiones aumentarían hasta hacerse insoporta-bles por las huelgas no previstas en la legislación laboral uotras vías de hecho. La presión por incorporar trabajadorestercerizados se refiere a que personas que trabajan enempresas privadas, como las de limpieza, que prestan ser-vicios a la Universidad por haber sido seleccionadas mediantelos procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públi-cas, por un tiempo determinado, deberían –según lo vienensolicitando algunos dirigentes sindicales‐ ser incorporadascomo trabajadores universitarios, con el consiguiente incre-mento de la responsabilidad laboral para la Universidad y lasobrecarga para el presupuesto público.

En tercer lugar, la consideración del derecho de participa-ción en el cogobierno universitario como un derecho políticoconduce a situaciones absurdas y contrarias al espíritu aca-démico que debe prevalecer en las Universidades. En elprimer aspecto, como los derechos políticos sólo son otorga-dos a las personas que gozan del status de ciudadanía, elloimplica que se negaría el derecho a participar en los comi-cios universitarios a profesores y a estudiantes que seanextranjeros y a estudiantes venezolanos que sean menoresde edad. En el segundo aspecto, basta con imaginarse a loscandidatos a autoridades universitarias o de Facultad detrás

El derecho de voto de todos losegresados, en igualdad decondiciones con los profesores y losestudiantes, implica que un universosuperior a 300.000 personas tendríael derecho político de participar enla elección de las autoridadesuniversitarias, en las mismascondiciones que los profesoresactivos. Ello se traduce en que,además de que las autoridadesfavorecidas por el voto de losegresados tenderían a ser personasde orientación conservadora–cuando la sociedad delconocimiento exige audacia en lagerencia académica, la elección deautoridades universitarias setransformaría en procesosnacionales

En segundo lugar, la Asamblea Nacional está en mora enla sanción de varias leyes que desarrollen los principios dela LOE sobre los diferentes subsectores de la educación, aun-que nos estamos refiriendo al de educación universitaria. Enefecto, según la Disposición Transitoria SEGUNDA de la LOE“En un lapso no mayor de un año a partir de la promulgaciónde la presente Ley, se sancionarán y promulgarán las legis-laciones especiales referidas a esta Ley”. Con algún retardola Asamblea Nacional sancionó la LEU, la cual fue devueltapor el Presidente de la República el 4 de enero de 2011, comoantes quedó dicho. A partir de ese momento se abrió (se con-tinuó, diríamos mejor) un debate en las Universidades y endiversos sectores del país, sobre cuál debería ser el régimende la educación superior, pero ello no obsta –formalmente‐para que la Asamblea Nacional, cuando lo considere conve-niente, discuta y sancione una ley en esta materia. Esa leypodría (y debería) ser diferente a la antes sancionada y nopromulgada y, aunque se mantuviera la vigencia de la LOE,

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de los estudiantes para lograr el voto determinante de éstos,o a las mismas autoridades sometidas a referendo revoca-torio cuando adopten decisiones que los estudiantesconsideren lesivas a sus intereses, todo lo cual haría inapli-cable, irreversiblemente, el régimen disciplinario y las exigenciasacadémicas en la Universidad. Por supuesto que no existeningún país del mundo en donde se aplique el sistema de elec-ción y remoción de autoridades que pretende instaurar la SalaElectoral en las Universidades autónomas de Venezuela.Pero si nuestro país quisiera ser pionero en esa materia, podríacomenzar por instaurar ese sistema en una UniversidadExperimental sometida a la jerarquía del gobierno-puestoque de un experimento se trataría‐, para lo cual basta-ría que el Ejecutivo Nacional modificara el ReglamentoGeneral que la rige.

En cuarto lugar, la implantación del sistema electoral queauspicia la Sala Electoral tendría el efecto de deslegitimar lalegislación que rige a la Universidad y haría a esta Instituciónvulnerable frente a demandas que no tienen fundamento enlas leyes. Así por ejemplo, la LOE confiere a los empleadosy obreros el derecho a voto en igualdad de condiciones conlos profesores, pero no les otorga la posibilidad de elegir repre-sentantes ante los organismos de cogobierno (ConsejoUniversitario, Consejos de Facultad y Consejos de Escuela),sino únicamente en un Consejo Contralor. Pues bien, la ins-tauración del sistema electoral provisional que auspicia la SalaElectoral sin una modificación paralela o concomitante de laestructura universitaria definida en la ley, que sea acorde conel régimen electoral, sería una fuente de conflictos en elseno de la institución. En efecto, los sindicatos de emplea-dos y obreros consideran que la reforma electoral, por símisma, les da derecho a sus miembros a participar en losorganismos de cogobierno, partiendo del principio de que quientiene derecho a elegir puede ser elegido, lo que no estáprevisto en la legislación actual. Esta circunstancia podríatraer, incluso, situaciones de violencia en el recinto universi-tario, como ya se vienen presentando, para urgir la implantaciónde la reforma como algunos dirigentes sindicales la entien-den, lo que desborda el aspecto electoral. El tema a que nosreferimos forma parte de las cuestiones que están siendodebatidas en el seno de la Universidad, y una decisión apre-surada de instaurar el sistema electoral provisional derivadodel principio de igualdad por equiparación, sin el debido estu-dio y sin una legislación que le sirva de soporte, y que incluyamodificaciones estructurales en la Universidad acordescon el sistema electoral que se adopte, tendría reper-cusiones negativas en el funcionamiento de la Institución,fáciles de prever.

Por último, dado que la sentencia de la Sala Electoral dejaal criterio de los órganos superiores de dirección de las Uni-versidades que eligen sus autoridades la solución de lasinterrogantes que hemos planteado, por considerar que esosaspectos forman parte de la autonomía universitaria, y por esamisma razón se ha negado a responder las solicitudes de acla-ratoria o ampliación que se le han hecho, cada Universidaddará una respuesta diferente a las diversas cuestiones quese suscitan para elaborar el Reglamento que les impo-ne dicha Sala, y se crearía una disparidad, unainseguridad jurídica e incluso una anarquía, con esas regula-ciones distintas y contradictorias.

D. UNA REFORMA QUE NO RESUELVE NINGUNO DE LOSPROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD

Si bien la reforma del Reglamento de Elecciones generaproblemas directos y colaterales de diversa naturaleza parala Institución, en cambio no ayuda a resolver ninguna de las

aqueja a la Institución. Durante más de cinco (5) años seha venido reconduciendo el presupuesto de funcionamien-to que recibe la Universidad, lo que significa que esepresupuesto se reduce cada año en aproximadamente un 30%,que es la pérdida interanual que sufre el valor adquisitivo dela moneda, lo que genera, entre otros, los siguientes proble-mas:

‐ La Universidad dispone cada vez de menos recursos paraatender las adquisiciones de equipos y materiales indispen-sables para sus funciones docente y de investigación: libros,reactivos para los laboratorios, materiales para las prácticasdocentes, por ejemplo, en el área de odontología, equipos comomicroscopios o materiales para diagnóstico de enfermedades,muebles para la docencia, como pupitres o ayudas audiovi-suales. Las suscripciones de revistas extranjeras, en lamayor parte de los casos, han sido interrumpidas.

‐Por esta misma penuria económica, los académicos vene-zolanos prácticamente no participan ya en Foros o Congresosinternacionales, en los que se discuten los avances en la edu-cación superior y su vinculación con la sociedad delconocimiento.

‐ La Universidad se ha visto obligada a realizar grandesesfuerzos y a sacrificar algunos programas importantes paraatender los gastos de providencias estudiantiles: los come-dores universitarios de Caracas y de Maracay, cuyos usuariosse han multiplicado, y el mantenimiento de viejas unidadesde transporte de estudiantes y empleados ya no resistenmás reparaciones, exigen cada vez mayores recursos. Lasbecas para los estudiantes de menores recursos y de buenrendimiento no se han podido aumentar en la cuantía nece-saria para mantenerlas al ritmo de la inflación, ni se hapodido incrementar su número en concordancia con el aumen-to de la matrícula estudiantil, que cada vez es mayor.

‐ Las construcciones y la adecuación de la infraestructu-ra física de la Universidad se han visto limitadas por lacarencia de recursos, aunque se ha hecho un gran esfuerzopor mantener los edificios, los jardines y los locales que, comoel Aula Magna, son símbolos de la Institución. El gobierno haincumplido los compromisos que asumió ante la UNESCO deerogar los recursos necesarios para el mantenimiento de lasedificaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimo-nio Cultural de la Humanidad.

b) Por otra parte, las partidas para gastos de personal ylas incidencias laborales, aunque han sido aumentadas entérminos nominales, resultan insuficientes por las siguientesrazones:

‐ El año pasado (2011), el gobierno decretó un aumentogeneral de sueldos y salarios de un 40% aproximado, perocon respecto a los profesores ese aumento ha debido ser del120% si se hubieran aplicado las normas de homologaciónconvenidas entre el Estado y las Universidades, en las quese toma en cuenta el índice inflacionario del país.

‐ Los obreros, en su gran mayoría, ganan el salario míni-mo, incluso personas que tienen hasta 15 años al serviciode la Institución.

‐ En general, la situación laboral de los profesores, emple-ados administrativos, profesionales y técnicos y obreros queprestan servicio a la Universidad es crítica, sobre todo en com-paración con otros trabajadores del sector público, y ello serefleja no sólo en la escasa remuneración que reciben, sinoen las prestaciones por concepto de seguridad social, parti-cularmente en cuanto a los servicios médicos y obtención demedicinas, que día a día declinan.

‐Durante más de un lustro el gobierno no ha otorgado par-tidas para la reposición de personal en los cargos quequedan vacantes por jubilación de los titulares. En la funcióndocente y de investigación, ello significa que esos cargos hay

...basta con imaginarse a loscandidatos a autoridadesuniversitarias o de Facultad detrásde los estudiantes para lograr elvoto determinante de éstos, o a lasmismas autoridades sometidas areferendo revocatorio cuandoadopten decisiones que losestudiantes consideren lesivas asus intereses, todo lo cual haríainaplicable, irreversiblemente, elrégimen disciplinario y lasexigencias académicas en laUniversidad. Por supuesto que noexiste ningún país del mundo endonde se aplique el sistema deelección y remoción de autoridadesque pretende instaurar la SalaElectoral

situaciones que limitan o menoscaban la actuación de la Uni-versidad para el logro de sus fines, constitucional y legalmentedefinidos. En forma sucinta nos referiremos a los principalesde estos aspectos.

a) No se resuelve ni se mitiga el agobio económico que

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que cubrirlos y la Universidad ha acudido a la figura de incre-mentar la carga docente de los profesores a tiempocompleto y a dedicación exclusiva, en detrimento de las tare-as de investigación y de extensión que les corresponden.

‐ La fuga de cerebros golpea fuertemente a la Institución.Son muchos los profesores que, al culminar sus estudiosen el exterior, prefieren no regresar al país dada la caren-cia de oportunidades de trabajo remunerado que cada vezmayor en las áreas académicas, lo que también demuestrala alta estima que existe en Universidades y centros deInvestigación de los países más adelantados con relación alos universitarios venezolanos. Al mismo tiempo, la planta pro-fesoral de la Universidad, que es reconocida por su calidad,envejece inexorablemente y no puede ser renovada por laausencia de atractivo para los nuevos académicos, lo que senota particularmente en los cargos a tiempo completo y a dedi-cación exclusiva.

c) La reforma no pone coto a las agresiones contra el recin-to universitario y contra los integrantes de la comunidaduniversitaria, las cuales se manifiestan de diversas formas:

En el recinto universitario se perpetran frecuentes hechosde violencia, la mayor parte de las veces con objetivos polí-ticos: se incendian instalaciones, incluso inmuebles queforman parte del Patrimonio Mundial, se queman vehícu-los, se destruyen archivos y equipos (computadoras,lectoras ópticas) que se utilizan en procesos electorales, seirrespeta a profesores y a autoridades, se lanzan explosivosy bombas lacrimógenas contra las personas, se amedrentaa la comunidad universitaria con disparos y ráfagas de ame-tralladoras que se hacen desde motocicletas, generalmentepor sujetos encapuchados.

Las denuncias sobre hechos de violencia que se formu-lan ante autoridades policiales y ante el Ministerio Público,no se procesan. De las cincuenta y dos (52) denuncias quese han hecho ante la Fiscalía General de la República porhechos de violencia en la Universidad en los últimos cuatroaños, solo se conocen los resultados de dos (2) de ellas, lasque se refieren a delitos comunes. Puede decirse que la impu-nidad campea cuando se trata de delitos cometidos pormotivos políticos.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

La Comisión designada por el Consejo Universitario paraanalizar las implicaciones jurídicas y académicas que traeríala elaboración de un Reglamento de Elecciones como loordena la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, efec-tuadas las consultas del caso y realizados los intercambiosy reflexiones que el tema amerita, estima, desde el punto devista jurídico, que la sanción de un conjunto normativo ajus-tado a las “consideraciones” de la Sala Electoral, significaríala convalidación de un conjunto muy grande de infraccionesal ordenamiento constitucional, el desistimiento de las accio-nes interpuestas ante la Sala Constitucional destinadas ahacer prevalecer las normas de la Ley Suprema sobre la LeyOrgánica de Educación y sobre la sentencia Nº 104 de la SalaElectoral, en todos los aspectos que contradicen a la Cons-titución.

La transformación de la Universidad debe ser obra de lamisma Universidad, de lo contrario no se justifica el recono-cimiento de la autonomía universitaria que hace el Legisladory el Constituyente. Uno de los efectos más negativos que tienela intervención de la Sala Electoral en los asuntos de la Uni-versidad es que la Institución se ha visto paralizada en elproceso de su autoestudio y auto‐ renovación, por la impo-sición que hace el órgano jurisdiccional de una medida,como es la de obligarla a dictar un Reglamento de Eleccio-nes que, además de considerarla inconstitucional, no resuelveninguno de los problemas de la Institución, antes bien, agra-va los existentes, que son muchos. En efecto, a la Universidadno se le da la opción de proponer fórmulas de solución paralos problemas que la aquejan, sino que debe aceptar laimposición de una fórmula determinada, decidida en una leyy en una sentencia que consideramos inconstitucional, bajoamenaza de sanciones por desacato. De esta manera, todala discusión en el seno de la Universidad gira en torno a lasentencia de la Sala Electoral, cuando todos los sectores dela Institución deberían estar discutiendo sobre el modelo deUniversidad que permita insertar el país en la sociedad delconocimiento, para lo cual es necesario introducir cambiosen la estructura, en los sistemas y procedimientos universi-tarios, en el financiamiento de la Institución, en las relacionescon los organismos del Estado y con los sectores producti-vos y en la forma de elegir las autoridades universitarias,

conforme a un modelo que tome en cuenta los objetivos dela Universidad.

Asimismo, la Comisión considera que, desde el punto devista académico, la adopción de un Reglamento de Eleccio-nes de las características expuestas, que respondería aunas normas legales y a unos criterios jurisprudenciales impro-visados, llevaría a la instauración de una reforma de laUniversidad a ser efectuada sin estar precedida de los estu-dios necesarios, sin la participación de las comunidadesuniversitarias del país, sin precedentes en ninguna parte, des-vinculada de toda referencia a la calidad académica de laactuación universitaria, con desconocimiento del derechoque tienen todas la personas a una educación integral, de cali-dad. El Reglamento de Elecciones que se pretende imponera la Universidad tendría el carácter de una reforma provisio-nal y acarrearía daños irreparables a la institución, o de muydifícil reparación, cuando se establezca el modelo definitivoque debe regir para las Universidades venezolanas.

Consideramos que se debería convocar a todas las Facul-tades, Escuelas, Institutos, Centros, Direcciones, organizacionessindicales y gremiales, a los Centros de Estudiantes de lasEscuelas, a la Federación de Centros Universitarios y a todala comunidad universitaria, a reflexionar sobre las implicacio-nes de la reforma que se pretende imponer a la Universidady a presentar sus conclusiones al Máximo Órgano de direc-ción universitaria, para que la posición de la Universidad enun tema de vital importancia para el futuro de la Instituciónsea de toda la comunidad universitaria.

Ciudad Universitaria de Caracas, 17 de abril de 2012.

LA COMISIÓN:Decanos: Irma Behrens, Ventura Echandía L. Representante de egresados Juan Carlos SandovalRepresentantes estudiantes:Luis Carlos Matos y Willian Gil D’AvolioRepresentantes Profesorales: Alberto J. Fernández C.(coordinador), Humberto García L.

Asesor:Manuel Rachadell

La transformación de la Universidaddebe ser obra de la mismaUniversidad, de lo contrario no sejustifica el reconocimiento de laautonomía universitaria que hace elLegislador y el Constituyente. Unode los efectos más negativos quetiene la intervención de la SalaElectoral en los asuntos de laUniversidad es que la Institución seha visto paralizada en el proceso desu autoestudio y auto� renovación,por la imposición que hace el órganojurisdiccional de una medida, comoes la de obligarla a dictar unReglamento de Elecciones...