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LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL AMBIENTE 45

La responsabilidadpor daños al ambiente

AQUILINO VÁZQUEZ GARCÍA

INTRODUCCIÓN

El hombre es un ser eminentemente social, en tanto

que siempre ha necesitado convivir con sus seme-

jantes para satisfacer desde el ámbito colectivo sus

necesidades individuales. Esta convivencia ha dado

lugar a complejas asociaciones de individuos, las

cuales en su última instancia, han conformado lo

que conocemos como instituciones sociales, consti-

tuidas alrededor de ciertos valores que cambian a

través del tiempo. Toda institución social se confor-

ma de grupos sociales, razón por la cual, es la misma

sociedad la que establece los modelos y pautas co-

lectivas de conducta. La combinación de esas pau-

tas de comportamiento practicadas por los individuos

moldea el carácter y actuación de las instituciones

sociales.

Dada su naturaleza y principios, las instituciones

sociales (familia, religión, moral, estado) ejercen sus

directrices y modos de actuar sobre los individuos

que conforman los grupos bajo su influencia. Es en

esta forma que el individuo moldea y cambia sus

46 GACETA ECOLÓGICA. NÚMERO 73

patrones de conducta dependiendo de su pertenen-

cia a diversos ámbitos institucionales. La influencia

que dichas instituciones tienen sobre la conducta de

las personas es denominada control social. Este con-

trol se basa en el estímulo por cumplir las reglas es-

critas o no escritas y de igual manera, en la sanción

por el incumplimiento de alguna de ellas.

Mientras que en los ámbitos de la familia, la reli-

gión o la moral, el castigo por el incumplimiento de

estas normas se da mediante la desacreditación o la

expulsión del individuo de ese círculo social específi-

co, las instituciones jurídico-políticas como el Esta-

do, poseen la capacidad tanto de normar la conduc-

ta externa de los individuos, como de sancionar coer-

citivamente el incumplimiento de una norma prees-

tablecida, dando origen a lo que conocemos como la

"responsabilidad jurídica".

EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

El derecho ambiental se fundamenta en el reconoci-

miento del ambiente como un bien jurídico colectivo

y se configura con base en dos supuestos:

••••• Establecimiento de principios y mecanismos que

prevengan la producción de daños;

••••• Determinación de una forma de reparar los

daños.

La responsabilidad, ya sea administrativa, civil

o penal, implica la atribución de un acto ilícito, ya

sea por comisión u omisión a una persona física o

jurídica, además, la responsabilidad también im-

plica la valoración y la reparación del daño patri-

monial y ambiental. Tanto la atribución misma, como

la valoración y reparación del daño ambiental cons-

tituyen materias por demás complicadas, ya que

los efectos producidos por el ilícito ambiental pue-

den ser de naturaleza difusa, lo cual significa que

en casos como la contaminación de un río, mu-

chas veces no es posible detectar las fuentes pun-

tuales de descarga y por lo tanto el deslindar res-

ponsabilidades se vuelve una tarea compleja y a

veces irrealizable.

El propósito de la responsabilidad ambiental es el

de brindar una compensación a aquellos sujetos que

han sido afectados a raíz de algún daño producido al

ambiente, mediante la restauración parcial o total

del área afectada. Al momento en el que se obliga al

infractor a reparar el daño provocado, este tendrá

que modificar o cesar las actividades que resultan

lesivas al bien común, hasta el punto de que los

gastos provenientes del uso de tecnologías y siste-

mas disminución de contaminantes sea menor al

monto que tendría que cubrir como producto de las

sanciones impuestas por rebasar los límites estable-

cidos en la legislación aplicable.

El concepto de responsabilidad se deriva a su

vez de las nociones de obligación y la de garantía en

materia civil y se da por la existencia concreta de

algún perjuicio y/o daño, ya sean estos físicos, mora-

les o materiales y provocados sobre personas físicas o

morales, dando lugar a consecuencias jurídicas de

los tipos administrativo, civil y penal, dependiendo

de la gravedad de la falta.

El objeto primordial de una obligación es su cum-

plimiento o ejecución. Esta ejecución se denomina

pago y es la forma en la cual un deudor se vincula al

acreedor en orden al cumplimiento de una determi-

nada prestación. Al momento en el que esta relación

contractual se ve rota por alguna de las partes, se

crea la responsabilidad por incumplimiento de las

obligaciones contraídas.

En el derecho romano la obligación de pagar da-

ños y perjuicios se presenta en los siguientes casos:

a) Cuando, al contratar, el sujeto pasivo sabía, o

debía saber, que la prestación era imposible, cir-

cunstancia que según el caso, podría ser califi-

cada de dolo, culpa grave o culpa leve.


b) Si el cumplimiento de un contrato stricto iuris

se hace imposible por comisión de un acto dolo-

so por parte del deudor.

c) Si el cumplimiento de un deber, derivado de un

contrato bonae fide, se hace imposible por co-

misión de un acto doloso o inclusive, por omi-

sión dolosa por parte del deudor.

d) Si el deudor ha incurrido en culpa lata, o sea, en

excesivo descuido. Esta culpa se equipara al dolo.

e) Si el deudor ha incurrido en culpa levis y al mis-

mo tiempo, resulta de que se trata de un con-

trato del cual también el mismo deriva ventajas.

f) Si el cumplimiento era imposible por pérdida for-

tuita del objeto indirecto de la obligación, siem-

pre que el deudor hubiera convenido en acep-

tar la responsabilidad por fuerza mayor o hubie-

ra incurrido en mora.

El concepto moderno de daño, generalmente si-

gue siendo asociado con el de perjuicio, términos

definidos y diferenciados por nuestro Código Civil

federal en sus artículos 2108 y 2109:

. Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o

menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta

de cumplimiento de una obligación.

. Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de

cualquiera ganancia lícita que debiera haberse

obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Esta definición de daño resulta estrecha para la

materia ambiental, dado que se limita al ámbito del

interés jurídico o patrimonial que una persona osten-

ta sobre alguna cosa de su propiedad, dejando a un

lado el interés legítimo que individuos o grupos pue-

den tener en relación a la protección de su derecho a

un ambiente adecuado, plasmado en el artículo 4 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos y en las fracciones I del artículo 1 y XII del

artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente (LGEEPA). De igual for-

ma, el concepto de perjuicio se encuentra enfocado

hacia una pérdida material en el sentido de ganancia

del tipo económica o patrimonial, limitando de esta

forma al resarcimiento del daño ambiental. Con base

en lo anterior, cabe preguntarse: ¿Cuál es la capaci-

dad jurídica real para la defensa de estos intereses

también llamados difusos o supraindividuales, toman-

do en cuenta que en estos casos no proceden figuras

jurídicas como el juicio de amparo?

Como intereses difusos, definimos aquellos que

pertenecen idénticamente a una pluralidad de suje-

tos integrantes de grupos o clases, vinculados en vir-

tud de la pretensión de goce de una misma prerroga-

tiva, de forma que la satisfacción del fragmento o

porción del interés que atañe a cada individuo, se

extiende por naturaleza a todos, del mismo modo

que la lesión a cada uno afecta, simultánea y global-

mente a los integrantes del conjunto comunitario.

Dentro de esta clasificación se sitúa el derecho a un

ambiente adecuado, acerca de cuya protección jurí-

dica, el recientemente desaparecido Dr. Raúl Bráñes

Ballesteros comenta que la lógica individual decimo-

nónica que inspira la regulación de la responsabili-

dad por el daño generado a través de la comisión de

actos ilícitos, no contempla la situación de daños

ubicados más allá de los intereses de las personas

individualmente consideradas.

Otro aspecto a considerar es que los productores

de los daños ambientales y por lo tanto, sujetos de

responsabilidad jurídica, no solamente son los par-

ticulares, sino que la propia Administración Pública

puede ser tan responsable como cualquier ciudada-

no , tanto desde su papel de control y vigilancia ya

sea por una omisión durante un acto de inspección

que de lugar a una situación de riesgo o a una fran-

ca contingencia, como desde la perspectiva de las

empresas paraestatales, cuya operación no se en-

cuentra libre de siniestros. Así mismo, la Adminis-

tración Pública al asumir actuaciones de planifica-


ción, declaraciones y clasificaciones, prohibiciones,

autorizaciones, sanciones y medidas de fomento,

puede generar inconformidad en distintos sectores

sociales, los cuales tienen la prerrogativa de inter-

poner en contra de la administración, los recursos

jurídicos (revisión, nulidad, amparo) que a su dere-

cho convengan.

EL DAÑO AMBIENTAL

Para poder comprender el significado del daño am-

biental, cuáles son sus alcances y finalmente, la gran

dificultad o a veces la imposibilidad que implica su

reparación, en primer lugar es necesario delimitar

cuáles son sus características específicas, las cuales

pueden confluir o presentarse separadamente:

. Irreversibilidad.

. Acumulatividad.

. Difuso tanto por la forma de exteriorizarse como

por la forma en que se determina la relación

causa-efecto.

. Colectivo pues puede presentar una pluralidad

de autores, de víctimas o de ambos.

. Es consecuencia de los procesos tecnológicos.

. Carece de espacialidad determinada.

. Se presenta en dos ámbitos al afectar los dere-

chos subjetivos de individuos determinados y el

interés común de la sociedad.

Como tal, el daño ambiental, no se define en la

LGEEPA, sino que se utiliza el término "desequilibrio

ecológico", conceptualizado como: "La alteración de

las relaciones de interdependencia de los elementos

naturales que conforman el ambiente, que afecta

negativamente la existencia, transformación y desa-

rrollo del hombre y demás seres vivos".

La Ley Ambiental del Distrito Federal incorpora el

concepto de daño ambiental, definiéndolo de la si-

guiente forma: "Toda pérdida, disminución, detrimen-

to o menoscabo significativo inferido al ambiente o a

uno o más de sus componentes".

Esta segunda definición se enfoca más hacia el

sujeto ambiente, encauzando la acción jurídica ha-

cia la reparación del daño que una acción lícita o

ilícita pueda provocar sobre el ambiente o sus com-

ponentes, independientemente de que esta acción

pudiese o no resultar en efectos negativos sobre el

hombre y de las subsecuentes acciones jurídicas que

ello pudiese suscitar.

Sin embargo, es difícil, y en muchas ocasiones

imposible, separar al daño ambiental de las implica-

ciones que este tiene sobre la calidad de vida de la

gente, tal como se manifiesta en la siguiente defini-

ción: "Daño ambiental es toda lesión o menoscabo al

derecho o interés que tienen los seres humanos, como

vecinos o colectividad, a que no se alteren de modo

perjudicial sus condiciones naturales de vida".

Dentro del sistema jurídico mexicano, la respon-

sabilidad por daños al ambiente, tiene su fundamen-

to en el artículo 203 de la LGEEPA, el cual expresa

que: "Sin perjuicio de las sanciones penales o admi-

nistrativas que procedan, toda persona que contami-

ne o deteriore el ambiente o afecte los recursos natu-

rales o la biodiversidad, será responsable y estará

obligada a reparar los daños causados, de conformi-

dad con la legislación civil aplicable.

El término para demandar la responsabilidad

ambiental, será de cinco años contados a partir del

momento en que se produzca el acto, hecho u omi-

sión correspondiente."

Este artículo, además de enmarcar genéricamente

las acciones que constituyen el ilícito o daño am-

biental, establece un término de cinco años para

demandar la responsabilidad, lapso que en muchas

ocasiones resulta un impedimento para la aplica-

ción de la justicia ambiental, ya que aquí se pre-

senta la disyuntiva de que los efectos al medio pro-

ducidos por el ilícito pueden presentarse muchos

años después, como es el caso de los asbestos o los


bifenilos policlorados, por citar solamente un par de

ejemplos.

LOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD

Dentro del derecho ambiental se presentan las si-

guientes clases de responsabilidad:

Responsabilidad penal. Surge por la comisión de

un delito, esto es, una acción, típica, antijurídica y

culpable o violatoria de preceptos jurídicos, dirigida

a trastornar nocivamente el ambiente y se traduce

en la aplicación de una sanción penal.

Responsabilidad civil. Situación jurídica que obli-

ga a algunos a responder del daño causado por sus

hechos propios, los de otros sujetos a él y por sus

cosas y animales, pudiendo tener su origen en el

incumplimiento de un contrato (contractual) o fuera

de contrato (extracontractual). Asimismo, es posible

que este tipo de responsabilidad se funde en la cul-

pa (subjetiva) o en el riesgo de la cosa (objetiva).

Responsabilidad administrativa. El incumplimiento

de la norma ambiental permite a la administración

pública (federal, estatal o municipal), si los hechos

no son constitutivos de un delito, abrir un expedien-

te e imponer al responsable la sanción respectiva, de

igual manera, si el ilícito ha resultado en algún daño

ambiental, la administración pública podrá exigir la

reparación del daño y la indemnización de los daños

y perjuicios causados, si así lo prevén las normas

aplicables.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Para Máximo Carbajal la responsabilidad por daños

al ambiente, presenta un gran reto a las teorías clási-

cas de responsabilidad civil, dado que es propio de

la esencia de la responsabilidad ya sea en su aspecto

contractual o extracontractual que exista un binomio

conducta-resultado o nexo causal, de tal modo que

pueda afirmarse que el daño es consecuencia de una

determinada actividad y esa, precisamente, es la más

grande dificultad que se presenta en la práctica tra-

tándose de la responsabilidad del daño ambiental,

ya que la realidad está supeditada a una serie de

condiciones positivas y negativas que en todo mo-

mento intervienen y que faltando una de ellas el

resultado sería distinto. Además, en el derecho am-

biental se presenta la particularidad de que el daño

no solamente afecta bienes particulares, sino que

siempre se puede presentar el daño a bienes colecti-

vos como lo es el supuesto de la contaminación de

un manto freático como producto de la percolación

de lixiviados provenientes de un entierro clandestino

de residuos peligrosos. Aquí claramente hay un daño

en el patrimonio del dueño del predio afectado, el

cual de acuerdo con lo establecido en la Ley general

para la prevención y gestión integral de los residuos,

se convierte en responsable solidario. Además, este

daño también afecta severamente un bien común

que en este caso son las reservas hidrológicas.


Como ya se mencionó, en materia de responsa-

bilidad, una de las piezas claves para poder impu-

tar un daño a un sujeto dado, lo es sin duda, el

nexo causal, es decir, la relación causa-efecto. Esta

relación se utiliza en materia de responsabilidad,

con el fin de responder dos cuestiones: a) encon-

trar alguna razón por la cual el daño pueda ligarse

con una persona determinada, haciéndola respon-

sable y b) en segundo lugar se busca relacionar en

manera inversa al inciso a, al daño con la persona,

pues este principio también se basa en valorar el

daño causado, es decir, se tiene la obligación de

establecer hasta donde llega el deber de resarcir el

daño causado. Esta comprobación causal también

se ve entorpecida debido a que el daño ambiental

puede presentarse a gran distancia del punto don-

de se produjo el ilícito.

En un reporte del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el

desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamerica-

no y su aplicación, se señala que en la región no

existen leyes de responsabilidad civil por daños

al ambiente y que las regulaciones específicas

sobre daño ambiental son escasas, por lo cual las

normas aplicables son aquellas para la reparación

del daño general contenidas en los códigos civi-

les. Ello aunado a que muchos juristas siguen

considerando erróneamente a la responsabilidad

por daños al ambiente como asunto de la legisla-

ción civil.

En referencia a las leyes de responsabilidad civil,

en México únicamente existe la de responsabilidad

civil por daños nucleares y un proyecto de ley de

responsabilidad civil por daños al ambiente, el cual

sin embargo, no ha podido ser concretado.

Como tal, la responsabilidad civil proviene de dos

fuentes: a) la realización de un acto ilícito (respon-

sabilidad subjetiva o con culpa) y b) por la realiza-

ción de un hecho lícito (responsabilidad objetiva o

sin culpa).

LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

En el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito

Federal se establece la responsabilidad subjetiva en

los siguientes términos: "El que obrando ilícitamente

o contra las buenas costumbres cause daño a otro,

está obligado a repararlo, a menos que demuestre

que el daño se produjo como consecuencia de culpa

o negligencia inexcusable de la víctima".

Este precepto jurídico que reivindica el principio

tradicional de la responsabilidad subjetiva o respon-

sabilidad por culpa contiene cinco elementos:

1. La existencia de un hecho ilícito.

2. La existencia de un detrimento patrimonial (daño

o perjuicio).

3. La existencia de un nexo de causalidad entre el

hecho y el detrimento patrimonial, es decir, que

dichos daños y perjuicios sean consecuencia di-

recta de dicho daño, lo cual en materia ambien-

tal puede resultar extremadamente difícil si no

es que imposible en muchos casos, debido a las

característica intrínsecas del ilícito ambiental.

4. La obligación que tiene el responsable a reparar

el detrimento patrimonial, el cual muchas veces

tampoco puede ser alcanzado, debido a la falta

de criterios para evaluar económicamente el daño

ambiental o por la simple incapacidad económi-

ca o técnica para reparar el daño.

5. La exclusión de la responsabilidad, la cual solo

opera cuando el responsable demuestre que el

daño se produjo como consecuencia de culpa o

negligencia inexcusable de la víctima.

Para redondear las ideas anteriormente expues-

tas, es oportuno realizar algunas precisiones:

. La dificultad para determinar la relación cau-

sal es una constante tratándose del daño am-

biental.


. En materia ambiental según se trate de respon-

sabilidad subjetiva u objetiva, la conducta cau-

sante del daño será el llevar a cabo un hecho

ilícito o el uso de cosas o sustancias peligrosas.

. La antijuridicidad se presenta tanto en la res-

ponsabilidad subjetiva como en la objetiva pues

sin importar si el responsable actuó con culpa o

no, la conducta que originó el daño supone un

ataque al derecho subjetivo de disfrutar de un

ambiente adecuado.

. La reparación tradicionalmente otorga a la vícti-

ma la posibilidad de elegir entre la reparación in

natura y la indemnización, lo cual no es aplica-

ble debido a los principios sustentados por esta

nueva rama jurídica.

. La carencia de elementos técnicos y jurídicos

que faciliten la determinación del daño y de las

posibles formas para su reparación, es aún más

palpable cuando se debe optar por la indemni-

zación.

. Determinar quien es el sujeto legitimado para

ejercer la acción en caso de daños ambientales

indirectos no presenta problemas, pues podrá

ejercitar la acción quien sea titular del derecho

subjetivo personal y particular que se vea afec-

tado.

. Tratándose del daño ambiental directo, por afec-

tar a una multiplicidad de personas, plantea el

problema de determinar quién puede reclamar

la responsabilidad.

. En cuanto a la legitimación pasiva, puede ser

responsable, no sólo aquel sujeto que comete la

actividad dañina, sino también el Estado, en

virtud de que tiene la obligación de asegurarse

que las disposiciones en la materia sean cumpli-

das.

. Los hechos a probar dentro del proceso son el

daño ambiental y la relación causal, lo cual re-

presenta un gran problema, pues el daño am-

biental es una situación fáctica sumamente com-

pleja, cuyo acreditamiento requiere de análisis

muy complicados y costosos. Esas trabas se agu-

dizan debido al esquema jurídico aplicable a las

pruebas.

. Es recomendable que al reclamar la reparación,

el actor solicite al juez que, se condene al de-

mandado a cesar la actividad dañosa y a repa-

rar, en todas las maneras posibles, los daños que

se declaren en el juicio o en la ejecución de la

sentencia.

. Para subsanar los retrasos que causa la ejecu-

ción procesal, se ha propuesto que el órgano

jurisdiccional encargue a las autoridades ambien-

tales vigilar e inspeccionar el cumplimiento de

la condena. Otra solución propuesta es que el

órgano jurisdiccional señale a los especialistas

encargados de llevar a cabo la reparación, cu-

briendo sus honorarios con recursos de un fon-

do ambiental.

. Respecto a la cosa juzgada, como el daño am-

biental se caracteriza por ser difuso e intempo-

ral, la doctrina ha considerado aconsejable que

se deje abierta la posibilidad de entablar un

nuevo juicio en caso de presentarse nuevos da-

ños.

. Determinar el momento en que se causa el daño

como el punto de partida para contar el periodo

de prescripción resulta sumamente inaplicable,

por lo que la mayoría de los especialistas opinan

que lo más aconsejable es determinar como pla-

zo para la prescripción cinco años contados a

partir de que el afectado haya tenido conoci-

miento del daño.

Como puede inferirse a partir de las reflexiones

precedentes, el tradicional sistema de responsabili-

dad por culpa se ha visto desbordado por nuevos

factores tecnológicos, económicos y sociales que se

desprenden de un amplio concepto de ambiente.

Por ello, el derecho ambiental ha tenido que hacer


uso de otras figuras de responsabilidad, en un inten-

to por ajustar la realidad jurídica a las complejas y

variantes circunstancias del ilícito ambiental.

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA

En el Artículo 1913 del Código Civil para el Distrito

Federal, se define la responsabilidad objetiva en los

siguientes términos: "Cuando una persona hace uso

de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias

peligrosas por si mismos, por la velocidad que desa-

rrollen, por su naturaleza explosiva e inflamable, por

la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o

por otras causas análogas, está obligada a responder

del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a

no ser que demuestre que ese daño se produjo por

culpa o negligencia inexcusable de la víctima".

A partir de este precepto jurídico, también pue-

den identificarse cinco elementos de demarcan la

responsabilidad objetiva.

1. La existencia de un hecho (lícito o ilícito) por el

empleo de mecanismos, substancias, instrumen-

tos o aparatos peligrosos por sí mismos (por la

velocidad que desarrollen, por su naturaleza

explosiva e inflamable, por la energía eléctrica

que conduzcan u otras causas análogas).

2. La existencia de un detrimento patrimonial (da-

ños o perjuicios).

3. La existencia de un nexo causal entre el hecho,

lícito o ilícito, y el detrimento patrimonial.

4. La obligación que tiene el responsable de repa-

rar el detrimento patrimonial, aún cuando no

obre en forma ilícita.

5. La exclusión de la responsabilidad, la cual sólo

opera, cuando el responsable demuestre que el

daño se produjo como consecuencia de culpa o

negligencia inexcusable de la víctima.

Respecto a la responsabilidad objetiva, este siste-

ma permite castigar al causante de un daño con inde-

pendencia de su intervención dolosa o culposa en el

mismo; por lo cual es considerado como el sistema de

responsabilidad más adecuado para la tutela del am-

biente , en tanto que la presunción de daños de una

determinada actividad que puede ser peligrosa para

el ambiente no corresponde a la víctima, ni a la socie-

dad, sino al responsable de la misma; además de que

este sistema debiera generar una actitud más cuida-

dosa, con lo cual se podrían evitar ex ante posibles

daños, además de que resuelve el problema de probar

la culpabilidad de una persona determinada

Como ejemplo podemos citar el caso de la legisla-

ción de los Estados Unidos de América, en específi-


co, el Estatuto de Responsabilidad, Indemnización y

Amplia Respuesta Ambiental, conocido por sus si-

glas CERCLA (Comprehensive Environmental Respon-

se Compensation and Liability Act), el cual que per-

mite señalar como responsable del daño ambiental a

quienes hubieran financiado un proyecto o desem-

peñen funciones de dirección dentro de una empre-

sa dueña de sitios contaminados o como realizadora

de actividades riesgosas. Mediante este estatuto, es

posible además establecer la responsabilidad, reali-

zar una evaluación de los daños producidos y si es-

tos son clasificados de urgente atención, sin impor-

tar que en ese momento hubiesen sido determinados

el o los responsable(s) del ilícito en cuestión, la EPA

(Environmental Protection Agency) debe encargarse

de la remediación / restauración del sitio, mediante

el uso de recursos provenientes del Superfund (su-

perfondo), los cuales son asignados por el Congreso

de los Estados Unidos.

Sin embargo, este Superfund, en la práctica, ha

resultado poco útil, debido básicamente a:

a) Aumento vertiginoso de la litigiosidad. Gran parte

del presupuesto de la EPA y del Superfund mis-

mo, se destina a entablar litigios en contra de

las partes potencialmente responsables, las cuales

suelen conformarse por un gran número de con-

tendientes. En la actualidad las personas con

litigios frente a la EPA, sobrepasan las 14,000 y

se han dado litigios entre la EPA y más de 400

partes potencialmente responsables o compañías

de seguros.

b) Mayor dificultad de aseguramiento del riesgo

ambiental. Se han encarecido las pólizas de se-

guros que proporcionan cobertura para este tipo

de riesgos, además de que en las pólizas cada

vez son excluidos más riesgos de este tipo.

c) Encarecimiento del crédito hipotecario a insta-

laciones con riesgo ambiental. Las instituciones

financieras quieren evitar que por el hecho de

adjudicarse terrenos contaminados que son ob-

jeto de hipotecas, se puedan convertir en res-

ponsables solidarios.

d) Incumplimiento del fin perseguido. En la última

instancia, este instrumento no ha podido cum-

plir con su fin fundamental que es agilizar las

tareas de reparación del daño ambiental.

LA RESPONSABILIDAD ADMINSITRATIVA

La estrategia fundamental del derecho ambiental re-

cae todavía en el derecho administrativo, el cual tie-

ne una misión preventiva y basa su efectividad en el

establecimiento de un sistema de sanciones para los

casos de incumplimiento o infracción de lo dispuesto

por la legislación de la materia, que es lo que se

entiende como ilícito administrativo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente (LGEEPA), en su título sexto,

hace referencia a las medidas de control, seguridad

y sanciones que en su momento las autoridades com-

petentes están facultadas para llevar a cabo con el

fin de preservar el equilibrio ecológico. Los mecanis-

mos administrativos considerados en la presente ley

son:

a) inspección y vigilancia del cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la LGEEPA y las que

de ella se desprendan.

b) la imposición de medidas de seguridad, que pue-

den ser la clausura temporal, parcial o total de

las fuentes contaminantes, el aseguramiento pre-

cautorio de bienes o la neutralización de subs-

tancias peligrosas.

c) la aplicación de sanciones administrativas tales

como la imposición de multas que van de 20 a

20,000 días de salario mínimo general vigente

en el Distrito Federal; la clausura temporal o

definitiva, total o parcial; el arresto administrati-

vo hasta por 36 horas; el decomiso de los instru-


mentos, ejemplares, productos o subproductos

directamente relacionados con las infracciones

incurridas; la suspensión o revocación de las

concesiones, licencias, permisos o autorizacio-

nes correspondientes.

Haciendo una breve referencia a las sanciones a

las que el inciso c) hace mención, estas se encuen-

tran consignadas en el artículo 171 de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La aplicación de este artículo ha sido recientemente

motivo de un juicio de amparo, promovido ante el

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

del Primer Circuito, el cual ha declarado al resolver

favorablemente un litigio de Petróleos Mexicanos en

contra de la Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente (PROFEPA), que el mencionado artículo vio-

la la garantía de legalidad prevista en la Constitu-

ción, ya que no aclara la sanción específica para

cada conducta, sino que se limita a incluir un catálo-

go de cinco sanciones que la PROFEPA aplica a discre-

ción, en otras palabras, una misma violación legal

por parte de distintas empresas puede dar lugar a

una multa, una clausura o un arresto administrativo,

según lo considere conveniente el funcionario de la

PROFEPA a cargo de cada asunto .

Los procedimientos administrativos anteriormen-

te señalados también pueden ser activados a tra-

vés de la denuncia popular, mediante la cual toda

persona, grupos sociales, ONG, podrán denunciar

ante la PROFEPA o ante otra autoridad, todo hecho,

acto u omisión que produzca o pueda producir

desequilibrio ecológico o daños al ambiente. Este

instrumento ha ido cobrando fuerza, debido a la

preocupación social por el deterioro ambiental y

ello se aprecia en el número de denuncias atendi-

das: entre 1992 y 1995 su número se triplicó y para

2002 de cada 10 denuncias recibidas, eran atendi-

das en promedio 7.5, casi tres veces más de las

que se atendieron durante 2000, año en que se

recibieron 4,240, mientras que en 2001 fueron 5,816

denuncias recibidas.

Se contempla al recurso de revisión como el me-

dio por el cual los afectados por las resoluciones de-

finitivas dictadas en los procedimientos administrati-

vos, solicitan a la misma autoridad una revisión del

propio acto con motivo de revocarlo, anularlo o mo-

dificarlo. Finalmente, los particulares pueden bene-

ficiarse del recurso del amparo si se encuentran den-

tro de los supuestos marcados en la Ley de Amparo.

LA RESPONSABILIDAD PENAL

Se habla del derecho penal como la ultima ratio de la

impartición de la justicia debido a que esta se aplica

cuando por su gravedad un delito así lo amerita. En

sí la acción penal constituye un acto con repercusio-

nes negativas no solamente para aquel que la sufre,

sino también para su círculo familiar y para la socie-

dad en general, por lo cual, la finalidad de sancionar

penalmente ciertos delitos no solamente va encami-

nada a encarcelar a los infractores, sino que su com-

ponente más importante es el elemento disuasorio,

ya que ante la amenaza de perder su libertad, mu-

chos ciudadanos se abstendrían de infligir la ley. Sin

embargo, la materia penal ambiental todavía presen-

ta varios aspectos difusos, propios de una disciplina

en desarrollo, los cuales no son fáciles de asimilar o

aplicar en la práctica, por lo cual muchas veces se le

tacha de ineficaz, aunque sus defensores afirman

que aún es muy prematuro evaluar los resultados

alcanzados por las normas penales ambientales y que

tal vez, resulte necesario reformular su enfoque, con-

figuración y principales destinatarios, adecuándolos

al contexto del nuevo perfil de la criminalidad ac-

tual. Finalmente, en relación con la actuación de los

jueces penales, éstos son formalmente competentes,

dado que el orden jurídico les otorga competencia

para resolver sobre delitos ambientales, pero ello no

significa que el juez esté capacitado para resolver


conflictos ambientales, ni que cuente con conoci-

mientos tales que lo conviertan en un perito en ma-

teria ambiental, lo cual le permita realizar una ade-

cuada interpretación y aplicación de las disposicio-

nes penales.

Durante la década de 1990, Latinoamérica experi-

mentó un avance en materia de Derecho Penal Am-

biental. En el caso particular de México, tras la revi-

sión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente en 1996, se reformularon y

trasladaron los tipos penales previstos en dicha Ley,

hacia el Código Penal para el Distrito Federal en mate-

ria de fuero común y para toda la República en mate-

ria de fuero federal, en el título XXV, creado específi-

camente para tal finalidad. En ese título fueron incor-

porados los delitos previstos en la Ley Forestal y en la

Ley Federal de Caza, quedando tipificados varios ti-

pos delictivos en contra del ambiente . La última mo-

dificación realizada a este título XXV fue la del 6 de

febrero de 2002 y desde entonces lleva el título de

Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

El título vigésimo quinto, Delitos contra el am-

biente y la gestión ambiental del Código Penal, con-

templa sanciones de entre uno a nueve años de pri-

sión y multas de 300 a 3,000 días de salario mínimo

para sancionar los delitos siguientes:

. Realización ilegal de actividades con sustancias

peligrosas.

. Contaminación de la atmósfera.

. Generación ilegal de ruido, vibraciones y ener-

gía térmica o lumínica.

. Contaminación del agua y el suelo.

. Introducción al territorio nacional o comerciali-

zación de recursos forestales, flora o fauna sil-

vestre viva, productos o derivados o cadáveres

que padezcan o hayan padecido enfermedades

contagiosas.

. Desmonte o destrucción de la vegetación natu-

ral y al corte, arranque, derribo o tala de árbo-

les, así como a la realización de aprovechamien-

tos forestales o cambios de uso del suelo.

. Incendios en bosques, selva o vegetación

natural.

. Transporte, comercio, acopio o transformación

de troncos de árboles procedentes de aprove-

chamientos forestales no autorizados.

. Captura, daño o privación de algún mamífero o

quelonio marino o la recolección o comercializa-

ción de productos o subproductos.

. Captura, transformación, acopio, transporte,

destrucción o comercio de especies acuáticas

declaradas en veda.

. Destrucción, desecación y relleno de humeda-

les, manglares, lagunas, esteros o pantanos o

dañe arrecifes.

. Caza, pesca o captura de especies de fauna sil-

vestre utilizando medios prohibidos por la nor-

matividad aplicable o que amenace la extinción

de las mismas.

. Realización de cualquier actividad con fines co-

merciales con ciertas especies, así como produc-

tos o subproductos y demás recursos genéticos;

. Daño de ciertas especies de flora y fauna

silvestres.

. Realización en contravención a lo establecido

en la normatividad aplicable, de actividades re-

lacionadas con algún organismo genéticamente

modificado que altere o pueda alterar negativa-

mente los componentes, la estructura o el fun-

cionamiento de los ecosistemas naturales.

. Faltar a la verdad provocando que se cause un

daño a los recursos naturales, a la flora, a la

fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o

al ambiente, cuando se presten servicios como

especialista en cualquier materia ambiental.

. Destruir, alterar u ocultar información, registros,

reportes o cualquier otro documento que se re-

quiera mantener o archivar de conformidad a la

normatividad ambiental federal.


. No realizar las medidas técnicas, correctivas o

de seguridad que la autoridad administrativa o

judicial le ordene.

Además de estas sanciones, en el artículo 421 de

este ordenamiento especifica que sin detrimento de

lo anteriormente establecido, el juez podrá imponer

alguna o algunas de las siguientes penas:

. La realización de las acciones necesarias para

restablecer las condiciones de los elementos

naturales que constituyen los ecosistemas afec-

tados, al estado en que se encontraban antes

de realizarse el delito.

. La suspensión, modificación o demolición de las

construcciones, obras o actividades, según co-

rresponda, que hubieren dado lugar al delito am-

biental respectivo.

. La reincorporación de los elementos naturales,

ejemplares o especies de flora y fauna silvestre

a los hábitats de que fueron sustraídos.

. El retorno de los materiales o residuos peligrosos

o ejemplares de flora y fauna amenazados o en

peligro de extinción, al país de origen, conside-

rando lo dispuesto en los tratados y convencio-

nes internacionales de que México sea parte.

Esta inclusión al Código Penal representa un avan-

ce en la sistematización de la legislación ambiental,

ya que se concentran y reenfocan en este título to-

dos los tipos penales considerados en las leyes am-

bientales existentes en ese momento.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la

Procuraduría General de la República por la Consti-

tución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, corresponde a esta y al Ministerio Públi-

co de la Federación, conocer de los delitos ambienta-

les en las entidades federativas a través de sus dele-

gaciones y mediante diversas unidades administrati-

vas especializadas. Sin embargo, varios códigos pe-

nales estatales establecen tipos penales que pudie-

sen dar lugar a conflictos de competencia dentro de

la materia.

Para reforzar la lucha en contra de los ilícitos

ambientales, la PGR creó en 1997 la Fiscalía Especial

para Delitos Ambientales como unidad especializada

competente para conocer sobre las conductas pre-

vistas en el título XXV del Código Penal para el Distri-

to Federal en materia de fuero común y para toda la

República en materia de fuero federal.

Dentro del ámbito de aplicación federal, el artí-

culo 182 de la LGEEPA establece que "en aquellos

casos en que, como resultado del ejercicio de sus

atribuciones, la Secretaría (SEMARNAT) tenga conoci-

miento de actos u omisiones que pudieran constituir

delitos conforme a la legislación aplicable, formulará

ante el Ministerio Público Federal la denuncia corres-

pondiente". Además, en este mismo artículo se esta-

blece que la Secretaría está obligada a proporcionar

dentro de las materias de su competencia, los dictá-

menes técnicos o periciales que le soliciten el Minis-

terio Público o las autoridades judiciales, con motivo

de las denuncias presentadas por la comisión de de-

litos ambientales.

Un ejemplo de los problemas derivados de la apli-

cación de la justicia penal ambiental lo representa el

de la mortandad de tortugas que se presentó el 27 de

diciembre de 1997, dentro del área de la Reserva de

la Biosfera El Vizcaíno, cuando un grupo de pesca-

dores reportó a la dirección de la reserva el avista-

miento de tortugas muertas dentro y fuera de la La-

guna Ojo de Liebre, B.C.S. La Dirección, por su par-

te, dio aviso a la PROFEPA el 8 de enero de 1998, la

mortandad de 94 tortugas (Chelonia mydas agassizi)

dentro y fuera de la Laguna Ojo Liebre. En el ejerci-

cio de sus atribuciones, la PROFEPA integró un Comité

Científico para investigar el fenómeno, esclarecer sus

causas y en su caso, indicar las medidas de preven-

ción, protección y restauración correspondientes.

Para el 2 de julio de 1998, el Comité Científico


informó a la PROFEPA so-

bre los resultados de la

investigación, conclu-

yendo lo siguiente: "Un

derrame o aporte pun-

tual con elevada con-

centración salina y

otros minerales, que

provocó un choque os-

mótico o variación en

la osmolaridad del agua

de mar fue la causa de

la mortandad de 94 tor-

tugas marinas registra-

da a finales de diciem-

bre de 1997 en la La-

guna Ojo de Liebre,

B.C.S."

Con este reporte

técnico la PROFEPA pro-

cedió a entregar el 23

de julio de 1998 a la

Empresa Exportadora de Sal, S. A. (ESSA), la cual era

la probable responsable de un Acuerdo de Emplaza-

miento, al cual, ESSA dio respuesta el 12 de agosto

de 1998, tras lo cual ESSA y la PROFEPA celebraron un

convenio el día 3 de septiembre. Así mismo, el 18 de

septiembre ESSA informó a la PROFEPA de la integra-

ción de su Grupo Técnico Científico. Finalmente, el

7 de abril de 2000, la PROFEPA emite una resolución

definitiva basada en el siguiente dictamen técnico:

. Que a pesar de la intensa investigación científi-

ca no ha sido posible determinar la causa de

mortandad de las 94 tortugas con un grado de

certeza científicamente razonable.

. Que no hay evidencia suficiente para demostrar

o para descartar la hipótesis de que las tortugas

murieron por un derrame puntual de salmuera.

. Que tampoco hay evidencia suficiente para de-

mostrar o para descar-

tar la hipótesis de pes-

ca ilegal.

. Que dada las cir-

cunstancias en que se

presentó la contingen-

cia, aún cuando la in-

vestigación científica

continúe, es improba-

ble determinar la cau-

sa de muerte de las 94

tortugas con un grado

de certeza científica-

mente razonable.

Con base en esta

información, la PROFEPA

notificó a ESSA la reso-

lución definitiva: "Que

en relación con la mor-

tandad de las 94 tortu-

gas marinas reportadas

en diciembre de 1997, dentro y fuera de la Laguna Ojo

de Liebre, B.C.S. y, en virtud de que los resultados de

las intensas investigaciones desarrolladas por los comi-

té científicos concluyeron que no es posible determinar

la causa de la mortandad de dichas tortugas con certe-

za científica razonable, no se determinan responsabili-

dades de carácter ambiental a la empresa ESSA."

En forma paralela (16 de marzo de 1999), tres

organizaciones no gubernamentales, interpusieron

una demanda penal, en contra de quien resultase

culpable (ESSA y sus funcionarios) por violaciones al

artículo 416, fracción I, del Código Penal federal. Di-

cha demanda fue en primera instancia recibida por

la Subprocuraduría de Procedimientos Penales A, la

cual acusó de recibido el escrito de denuncia y dio

inicio a la Averiguación Previa y radicando la Averi-

guación en la Mesa III de la Fiscalía A, registrando la

Averiguación en el Libro de Gobierno y dándole su


respectivo número. El 11 de marzo de 1999 se elabo-

ra una ponencia de incompetencia y se remite la

averiguación previa a la B.

Finalmente, en octubre de 2002, el tribunal deci-

de el no ejercicio de la acción penal fundamentando

su decisión en los siguientes considerandos:

. No se acreditó que en la fecha de mortandad de

las tortugas hubiera habido un derrame de sal-

muera.

. No se acreditó el nexo causal entre la conducta

y el resultado.

. No se acreditó el dolo.

. Obstáculo material insuperable para efectuar

análisis a las tortugas. Ello debido a que el per-

sonal de la PROFEPA que tenía bajo su resguardo

los cadáveres de las tortugas, decidió incinerar

los mismos, dejando a la fiscalía sin medio para

hacer cualquier análisis subsecuente que per-

mitiese esclarecer los hechos.

No existe ningún rastro que permita determinar

si hubo o no derrame a la fecha de la mortandad de

las tortugas.

Con este ejemplo, se ponen de manifiesto varias

fallas en el sistema de impartición de la justicia penal,

como lo es la falta de capacitación en materia ambien-

tal de los jueces encargados de procurar justicia, deno-

tado por la tesis de incompetencia emitida en una pri-

mera instancia, así como la falta de comunicación en-

tre el personal de PROFEPA y de la PGR, ya que al destruir

el material bajo su resguardo, le quitaron al Ministerio

Público Federal los elementos para valorar los hechos

que sucedieron, además de que indudablemente incu-

rrieron en responsabilidad al destruir el citado material.

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL

El principal problema generado tras el reconocimien-

to constitucional de la necesidad de proteger los de-

rechos fundamentales, consiste en la capacidad de

las instituciones del Estado para instrumentar su de-

fensa. En el caso de México, a pesar de la modifica-

ción realizada al artículo 4 Constitucional, no se ha

determinado la procedencia del juicio de amparo para

impugnar las leyes o actos de autoridad que en su

aplicación lesionen la garantía constitucional a un

ambiente adecuado, siendo este para todo fin prácti-

co, completamente inoperante para la defensa de

este derecho de carácter supraindividual.

Para comprender mejor estas limitaciones consti-

tucionales es necesario estudiar los artículos de la

Carta Magna que establecen los lineamientos a los

cuales se tendrán que sujetar los juicios de amparo,

siendo estos (artículos 103 y 107).

El artículo 103 establece cuales son las causas

por las cuales procede el juicio de amparo, siendo

una de estas por leyes o actos de autoridad que vio-

len las garantías individuales. De esta forma la de-

fensa del derecho plasmado en el artículo 4 constitu-

cional mediante la figura del amparo queda comple-

tamente justificada. No obstante lo anterior, el artí-

culo 107 contiene restricciones que vuelven improce-

dente a esta figura jurídica para la protección del

derecho a un ambiente adecuado. La Frac. I estable-

ce que el amparo se seguirá siempre a instancia de la

parte agraviada; esto es que únicamente aquellos

que hayan sido afectados en su persona o posesio-

nes por una ley o acto de autoridad. La fracción II

establece que la sentencia será siempre tal que sólo

se ocupe de individuos particulares, limitándose a

ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el

que verse la queja, sin hacer declaración especial

respecto de la ley o acto que la motivare.

Así, las restricciones van en dos sentidos: en pri-

mer lugar, se niega la opción de que sujetos distintos

a los establecidos en la fracción I del artículo 107

puedan acceder al juicio de amparo como medio de

defensa en contra de leyes o actos de autoridad y

por otro lado se establece que solamente aquellos


que se acojan a esta figura serán beneficiados con el

amparo, en forma tal que todas las demás partes

afectadas en su garantía individual, de forma directa

o indirecta, que no hayan promovido individualmen-

te este recurso, ya sea por simple omisión o por falta

de interés jurídico, se verán privadas de la compen-

sación o restitución producto de un fallo favorable.

Una vez analizado este marco constitucional, re-

visemos los criterios según los cuales distintos tribu-

nales han emitido fallos en esta materia.

En el recurso de amparo interpuesto por la Unión

de Grupos Ambientalistas, I. A. P.; Consejo para la

Defensa de la Costa del Pacífico, A.C.; Greenpeace

México, A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambien-

tal, en contra de los actos de la Secretaría de Medio

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Presiden-

te del Instituto Nacional de Ecología, consistentes

en: "El acuerdo por el cual se simplifica el trámite de

la presentación de la manifestación de impacto am-

biental a las industrias que se mencionan, sujetán-

dolas a la presentación de un informe preventivo,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23

de octubre de 1995".

Con este respecto, el Juez de Distrito sobreseyó

el juicio de amparo al considerar la inexistencia de

interés jurídico de los quejosos, dado que tanto las

personas físicas y morales que impugnan el citado

acuerdo, no se dedican a una actividad industrial y

que este constituye un medida de simplificación ad-

ministrativa y no una medida de carácter ambiental,

con la que se busca simplificar el trámite de presen-

tación de la manifestación de impacto ambiental. En

esta resolución queda manifiesta la supremacía del

criterio de interés jurídico por encima del derecho de

disfrutar de un ambiente adecuado que nominalmen-

te tiene cualquier ciudadano y que lo legitima para

ampararse en contra de cualquier ley o acto de auto-

ridad que vulnere este derecho.

El segundo caso se trata igualmente de la promo-

ción de un juicio de amparo por parte de Homero

Aridjis y Grupo de los Cien Internacional, A.C., en

contra del Director General de Asuntos Jurídicos de

la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Natura-

les y Pesca, en reclamo de la declaración de incons-

titucionalidad de la resolución contenida en el oficio

No. 95824, de fecha 8 de noviembre de 1995, me-

diante la cual la autoridad resolvió desechar y no

admitir el trámite de recurso de revisión interpuesto

en contra del acuerdo por medio del cual se simplifi-

có el trámite de la presentación de la manifestación

de impacto ambiental a las industrias que se men-

cionan, sujetándolas a la presentación de un informe

preventivo, así como la indebida publicación de ese

acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el día

23 de octubre de ese año.

La parte quejosa fundamentó su reclamo en que el

día 24 de octubre de 1995 sin previa publicación en el

Diario Oficial de la Federación, con al menos 60 días de

antelación, entró en vigor el acuerdo emitido por SEMAR-

NAP por el cual se simplifica el trámite de presentación

de la manifestación de impacto ambiental a las indus-

trias que se mencionan, sujetándolas a la presentación

de un informe preventivo, motivando con ello la inter-

posición del recurso de revisión previsto en el artículo

83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos

en contra de ese acuerdo, así como en contra de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación, argu-

mentando que se veían lesionadas las garantías previs-

tas en los Artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

En primera instancia el Juez Quinto de Distrito

en Materia Administrativa en el Distrito Federal, negó

el amparo. Inconformes con la sentencia, los deman-

dantes interpusieron un recurso de revisión, del cual

le tocó conocer al Quinto Tribunal en Materia Admi-

nistrativa en el Distrito Federal. Con base en el análi-

sis del marco jurídico de la evaluación del impacto

ambiental y del acuerdo de simplificación adminis-

trativa el cual pretendía reducir el trámite a que ha-

cen alusión los artículos del Reglamento de la LGEE-

PA en materia de impacto ambiental, a la presenta-


ción de un informe preventivo, el Quinto Tribunal

resolvió que dicha reducción podía repercutir en la

protección del ambiente, ya que se reduce la lista de

empresas sometidas a la evaluación del impacto am-

biental, el cual es considerado como uno de los ins-

trumentos de política ambiental más importantes en

la regulación ambiental; por lo que este acuerdo no

incluye solamente medidas de simplificación admi-

nistrativa, sino que además puede repercutir en as-

pectos de carácter ambiental, de forma tal que se

cumple el segundo requisito que para la publicación

de su proyecto exige el artículo 4 de la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, dado que puede

afectar el interés público.

Así mismo, el tribunal determinó que la parte que-

josa sí tiene legitimación para la interposición del

recurso que fue desechado por la autoridad adminis-

trativa, por que el objeto de la asociación civil, si

puede estimarse dentro de los interesados a formular

observaciones a que alude el segundo párrafo del

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Admi-

nistrativo, dado que si bien, el acuerdo impugnado

tiene como objetivo la simplificación del trámite de

presentación de la manifestación de impacto ambien-

tal, puede incidir en la protección del ambiente, que

es uno de los objetivos de la persona moral quejosa,

por lo que, si tiene interés en promover el recurso

administrativo que contempla el artículo 83 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo. También

determinó que el quejoso por su propio derecho, tam-

bién tiene interés, ya que cualquier persona está fa-

cultada para consultar las manifestaciones de im-

pacto ambiental.

Es de esta forma, que podemos ver cómo, a pe-

sar de los problemas fácticos existentes para la legiti-

mación de esta derecho, cada vez son más los suje-

tos que activan la figura del juicio de amparo para

defender su derecho a un ambiente adecuado.

CONCLUSIONES

Tal como hemos podido observar a lo largo de los

puntos expuestos en el presente ensayo, el concepto

de responsabilidad por daños al ambiente sigue sien-

do objeto de múltiples definiciones, las cuales inten-

tan separar al daño ambiental del concepto e impli-

caciones jurídicas que implica la atribución de res-

ponsabilidad por los daños inflingidos a las personas

y sus bienes. La separación de ambos conceptos cla-

ramente representa una de las prioridades del dere-

cho ambiental, ya que la reparación del daño inflin-

gido a una persona o sus propiedades no necesaria-

mente se ve reflejado en la escala ambiental, el caso

más claro de ello es que en nuestro sistema jurídico,


es posible que la parte afectada con interés jurídico

para exigir algún resarcimiento, en vez de exigir la

reparación del daño, puede optar por una compen-

sación económica, lo cual desde el punto civilista, es

algo perfectamente lógico y correcto, sin embargo,

desde la perspectiva ambiental, ello constituye un

aberración, ya que la única compensación que exis-

te para el ambiente sería la reparación del daño o de

no ser posible ello por la gravedad de la perturbación

inflingida, su substitución mediante la sufragación

de los gastos conducentes a evitar que este daño

pudiese presentarse de nueva vez.

Sin embargo, este no es el único problema al que

debe enfrentarse el impartidor de justicia ambiental,

sino que existe multiplicidad de factores derivados de

las características específicas del daño ambiental, que

es necesario ponderar al momento de intentar esta-

blecer algún tipo de responsabilidad (penal, civil, ad-

ministrativa) sobre algún sujeto. Como ya hemos vis-

to, factores como la naturaleza difusa o especialidad

indeterminada de un daño ambiental, vuelven a la

determinación del nexo causal, la cual es condición

sine equa non para establecer una responsabilidad,

una tarea extremadamente difícil para la autoridad.

Otro de los problemas de fondo que existen para el

establecimiento de un sistema coherente de respon-

sabilidad por daños al ambiente, es el período que se

tiene para exigir esta responsabilidad, que en el caso

de México, es de cinco años a partir de la producción

del ilícito. Una vez transcurrido este lapso la acción

jurídica y por lo tanto, la reparación del daño por par-

te del infractor queda sin efecto. Ello es una gran

debilidad en nuestro sistema jurídico, ya que muchas

veces el daño ambiental puede comenzar a sentirse

mucho tiempo después (lustros, décadas) de que se

realizó el ilícito. En algunos países como España se ha

intentado corregir esta anomalía mediante la figura

que establece que aún que la responsabilidad del in-

fractor de pagar alguna sanción pueda verse extinta

por el transcurso del tiempo, la responsabilidad de

restaurar el ambiente no prescribe, con lo cual se le

brinda a la autoridad la oportunidad de ejercer sus

funciones con una mayor amplitud.

En cuanto a la responsabilidad civil, el sistema

tradicional de responsabilidad por culpa está simple-

mente desbordado por la infinidad de factores des-

prendidos del concepto de daño ambiental, razón

por la cual, cada vez más juristas se inclinan hacia

un régimen de responsabilidad objetiva, el cual se

deriva de la existencia de algún hecho ya sea lícito o

ilícito, el cual tenga como resultado algún daño o

perjuicio en contra del ambiente. Sin embargo, la

aplicación de este sistema de responsabilidad tam-

bién encara sus dificultades, tal como en el caso

norteamericano con la aplicación de la CERCLA y en

especial el Superfund, el cual no ha sido tan efectivo

como en una primera instancia se pensaba.

Como ya se mencionó, una parte sustantiva del

derecho ambiental descansa precisamente sobre la

parte administrativa, ya que es en primera instancia,

la Administración Pública la encargada de la gestión

y regulación del ambiente, mediante la expedición

de permisos, autorizaciones y mediante la aplicación

de medidas de inspección y control de las activida-

des de los particulares que pudiesen generar algún

daño ambiental. Así mismo, la administración públi-

ca es la encargada de emitir sanciones de corte ad-

ministrativo por el incumplimiento de la norma am-

biental. En este punto, es necesario recalcar que en

tanto no se reforme el artículo 171 de la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

para que no se viole el principio de legalidad consig-

nado en el artículo 16 constitucional, cualquier parti-

cular que sea sancionado, podrá eludir la acción ad-

ministrativa mediante la interposición de un recurso

de amparo, con lo cual se estaría viendo truncado en

fin último de la acción administrativa en materia am-

biental, el cual lo constituye la reparación del daño.

Como ya fue mencionado, la responsabilidad pe-

nal constituye la ultima ratio en la aplicación de la


justicia ambiental, el cual contiene un doble compo-

nente, en primer lugar constituye la máxima sanción

que se puede imponer a aquellos sujetos cuyas ac-

ciones ameritan la pérdida de la libertad; mientras

que en segundo lugar, contiene un fuerte elemento

disuasorio y por lo tanto preventivo. Sin embargo,

este campo presenta aún varias deficiencias las cua-

les deben ser subsanadas con el fin de proporcionar

una respuesta eficaz y justa a los conflictos que en

esta materia se presentan. Es por ello que cada vez

se vuelve más imperativa la creación de tribunales

especiales con jueces especialistas en la materia ade-

más de que es necesario que los ministerios públicos

Federales, continúen con la labor de especialización

que han emprendido con la finalidad de obtener una

comprensión mayor acerca de los distintos aspectos

que abarca el ilícito ambiental. Finalmente, con el

objetivo de evitar que en lo sucesivo se presenten

obstrucciones a la acción de la justicia como la des-

trucción de pruebas referida anteriormente, es vital

que tanto el Ministerio Público federal como la Pro-

curaduría Federal de Protección al Ambiente y las

demás entidades de la administración pública, coor-

dinen sus acciones para que en vez de obstaculizar-

se, coadyuven dentro de sus escalas de competencia

para hacer más expedita tanto la administración como

la impartición de justicia.

Finalmente, en referencia al juicio de amparo, es

necesario en primer lugar hacer un análisis constitu-

cional de fondo en orden de establecer cuales serían

las mejores formas para defender el derecho a un

ambiente adecuado, el cual es una garantía indivi-

dual y por lo tanto debería ser proclive de protegerse

mediante el juicio de amparo, lo cual a la luz de nues-

tro sistema jurado de extracción eminente patrimonia-

lista resulta materialmente imposible, haciéndonos caer

en la hueca discusión del interés jurídico versus el

interés legítimo que tiene cada ciudadano y que com-

parte difusamente con el resto de la sociedad.

Estas han sido solamente algunas breves consi-

deraciones en referencia al sistema de responsabili-

dad por daños al ambiente que actualmente se apli-

ca, las cuales lejos de buscar abarcar todos los as-

pectos relacionados al tema, buscan brindar al pú-

blico en general una visión de conjunto acerca de

cuales son algunas de las fortalezas y debilidades de

las regulaciones administrativas, civiles y penales que

regulan el daño ambiental y su reparación.

Aquilino Vázquez García. Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Enlace Institucional. INE. Correo-e: [email protected].

la responsabilidad por daños al ambiente · el concepto de vez de las nociones de obligación y la...

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