la represiÓn franquista en canarias durante la …
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Facultad de Humanidades. Grado en Historia
Curso Académico 2019/2020
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LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CANARIASDURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939):
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN.______________________________________________________________________
Trabajo realizado por Néstor Rodríguez Morales.
Dirigido por Miguel Ángel Cabrera Acosta.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión de conjunto de lo que supuso la
represión franquista en las islas Canarias durante el periodo de duración de la Guerra
Civil a través del análisis de la bibliografía que se ha publicado a lo largo de los últimos
años en torno a este fenómeno. Con esta bibliografía como base trataremos de mostrar
cómo la autoridad sublevada comienza a asegurar inmediatamente lo que será un
territorio de retaguardia durante toda la duración de la guerra y los métodos que utilizó
para esto, así como los ámbitos y grupos sociales que sufrieron dicha represión en
mayor medida o que participaron en ella. Trataremos también de mostrar algunas
diferencias entre las islas en cuanto al volumen, severidad y aplicación de esta política
de control a través del miedo, así como los motivos de estas diferencias.
Palabras clave: franquismo, represión franquista, Canarias, Guerra Civil Española,
sociedad canaria.
Abstract
The aim of this paper is to offer a broad perspective of what the francoist
repression meant for the Canary Islands throughout the duration of the Spanish Civil
War through the analysis of the bibliography that has been published in the last years
around this phenomenon. With this bibliography as a starting point, we will try to show
how the revolted authorities immediately started to secure what would be a rear-guard
territory for all the duration of the war and the methods it used for this purpose, as well
as the social spheres and groups that suffered the most under these measures or that
collaborated with them. We will also try to show some of the differences in volume,
severity and enforcement of these policies of public control through fear between the
different islands and the reasons behind this difference.
Key words: Francoism, francoist repression, the Canaries, Spanish Civil War, canary
society.
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Résumé
L’objectif de ce travail est offre une ample perspective de la répression
franquiste et ce qu’elle a signifié pour les îles Canaries pendant la duration de la Guerre
Civile Espagnole à travers de l’analyse de la bibliographie publiée dans les derniers
années autour de ce phénomène. Avec cette bibliographie comme point de départ nous
verrons comment l’autorité des soulevées commence à sécuriser un territoire qui sera à
l’arrière pendant la duration de toute la guerre et les différentes méthodes utilisés à ce
propos, aussi comme les différentes milieux sociaux et groupes qui ont souffrit le plus
sous ces mesures ou qui ont collaboré avec elles En plus, on essayera de montrer
quelques différences dans le volume, la sévérité et l’application de ces politiques de
control de la population par le peur entre les différentes îles et les raisons de ces
différences.
Mots clé : Franquisme, répression franquiste, les Canaries, Guerre Civile Espagnole,
société canarienne.
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Índice
1. Introducción 5
2. Análisis de contenido 8
2.1. La represión en Canarias 9
2.2. La represión política 13
A) Las detenciones 14
B) Los fusilamientos 17
C) Las desapariciones 18
D) El trabajo forzado 20
2.3. La represión en la enseñanza 21
A) La educación primaria 23
B) La educación secundaria 25
2.4. La represión económica 26
2.5. La represión contra las mujeres 29
2.6. El papel de la Iglesia en la represión 31
2.7 Los que huyeron 33
3. Conclusiones 35
4. Bibliografía 37
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1. Introducción
La Guerra Civil supone el desenlace final de una crisis sociopolítica que se venía
arrastrando a través de las décadas anteriores. Es el resultado de la creciente
conflictividad social e inadecuación del sistema político de la Restauración, que va
aumentando lentamente durante el fin del s. XIX y comienzos del s. XX, y que da lugar
a la aparición de la República como un intento de estabilización del país mediante una
renovación institucional. Este intento, como se puede ver hoy en retrospectiva, tropezó
con la oposición por parte de las clases privilegiadas tradicionales, que desde un primer
momento mostraron su desagrado con el régimen republicano, como muestra el masivo
apoyo de las clases dominantes, la clase económica dirigente y amplios sectores de la
Iglesia y el ejército al golpe del 18 de julio de 1936, frente a la mayoritaria indiferencia
que habían mostrado ante la intentona de Sanjurjo en 1932. La resistencia por parte del
gobierno de la República al golpe degenera finalmente en lo que hoy conocemos como
la Guerra Civil (Cabrera Acosta, 2000a, págs. 9-10). En el caso de Canarias, la Guerra
Civil en tanto que enfrentamiento armado entre el gobierno de la República y los
sublevados no existe. Es por esto que Agustín Millares Cantero (1983, pág. 54) dice que
“en el archipiélago no hubo guerra civil, pero sí asesinatos azules”. Por otro lado,
tenemos autores como Ramiro Rivas García (2007, pág. 27), que defiende que sí hubo
guerra en Canarias, y que la represión es la manifestación de la misma en el
archipiélago. Lo que es innegable es que durante el periodo de la Guerra Civil se
desarrolla en el archipiélago una política planificada, metódica y considerada como
necesaria para la pacificación de una retaguardia indispensable, donde los episodios de
venganza y exceso individual fueron ocasionales (Cabrera Acosta, 2000a, pág. 13). La
represión en Canarias sigue claramente la tendencia desarrollada en la Península, donde
la enorme conflictividad social que se había desarrollado durante la República, con el
surgimiento o fortalecimiento del movimiento obrero a lo largo del territorio nacional e
insular llevo a un enfrentamiento frontal con la clase dominante hasta el momento.
Además, la posición geográfica y el papel que va a desarrollar el archipiélago canario
para el bando sublevado, como base y lugar de aprovisionamiento, hacen que el
mantenimiento del orden durante la guerra sea indispensable. Esto significará, unido a
la muy extendida sensación entre la población canaria de que la guerra no se decidiría
allí y que una resistencia fuerte no influiría en el discurrir de la Guerra, que la represión
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será un arma indispensable y ampliamente utilizada durante este periodo en el territorio
canario.
Los objetivos del presente trabajo se centran pues en llevar a cabo un
acercamiento comprensivo a la literatura académica que se ha desarrollado a lo largo de
los últimos años en torno a la represión franquista en Canarias durante el periodo de la
Guerra Civil Española, esto es, aproximadamente entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de
abril de 1939. En este sentido, el trabajo intenta aportar inicialmente una aproximación
al régimen franquista, y particularmente al desarrollo del fenómeno de la represión en
sus diversas dimensiones, durante su periodo de nacimiento y más temprana
consolidación. Lo haremos a través del análisis las últimas investigaciones sobre esta
materia. De esta manera, realizaremos un análisis pormenorizado de este proceso por
ámbitos de ejercicio de la represión, esto es, dedicaremos diversos aparatados a la
represión política, la represión en la enseñanza, en el ámbito económico y contra las
mujeres. Además, trataremos el papel de otro agente, externo al régimen, pero cómplice
de este aparato represor, es decir, el papel de la Iglesia. Finalmente, haremos mención al
caso de los huidos, entre los que se encuentran los conocidos como “alzados”, que
intentaron escapar de esta maquinaria del régimen que amenazaba sus vidas y la de sus
familias.
Esta guerra es uno de los conflictos por excelencia del s. XX, en tanto que a
veces se ha considerado como preludio de lo que vendría en la Segunda Guerra
Mundial. En cualquier caso, de manera concreta supone el comienzo de una dictadura
que gobernará España por casi cuarenta años. Es por esto que la bibliografía sobre este
conflicto y todos sus aspectos es de una magnitud monumental. Incluso en el caso de
Canarias, a pesar de ser una zona que estuvo bajo el control de la rebelión desde el
principio de la contienda y que prácticamente no vio ningún episodio de resistencia, la
bibliografía sobre la Guerra Civil es, a día de hoy, bastante considerable y se ocupa de
muy diferentes ámbitos del desarrollo de la represión por parte del nuevo régimen
contra la población (Rivas García, 2007, pág. 28). Por tanto, para la realización de este
trabajo me he apoyado en una amplia bibliografía que, sin ser en modo alguno
exhaustiva, creo que recoge lo esencial del panorama de la producción historiográfica
en Canarias para el periodo de la Guerra Civil española, particularmente en el ámbito de
la represión por parte del régimen franquista en el Archipiélago, en el que este trabajo
se centra. Para ello he tenido en cuenta los valiosos trabajos de recopilación
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bibliográfica sobre la represión franquista en Canarias realizado por Aarón León
Álvarez (León Álvarez, 2015b) y de modo más general, sobre el franquismo en
Canarias por el mismo autor, en colaboración con Blanca Divassón Mendivil (León
Álvarez & Divassón Mendivil, 2014b). Apoyados en esta base, se ha realizado una
búsqueda de material digital a través de los recursos de la ULPGC (Memoria Digital de
Canarias) y de la ULL, así como en los diferentes sitios de difusión de la investigación
en línea, tales como academia.edu, Researchgate o Dialnet. El uso de estos últimos ha
sido crucial, ya que debido a las circunstancias ocasionadas por la irrupción del
coronavirus, el acceso a recursos físicos ha estado restringido enormemente, por lo que
me ha sido prácticamente imposible acceder a estos recursos, circunstancia que sin duda
ha dificultado la realización de este trabajo.
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2. Análisis de contenido
La investigación sobre el régimen franquista y su sistema represivo cuenta ya
con una destacada trayectoria, sobre todo desde la apertura en los años 80 de los
archivos confidenciales sellados. Esta apertura proporcionó en su momento una nueva y
enorme cantidad de documentos, con nuevos datos que permitían mejorar la
comprensión que poseíamos de este periodo y de las actividades llevadas a cabo por las
instituciones represivas del franquismo. En este sentido, toda una serie de obras de
investigación que profundiza en este aspecto de la vida bajo el régimen de Franco ha
sido desarrollada en las últimas décadas. Canarias no ha sido una excepción con
numerosas trabajos tanto de carácter más generalista en torno al régimen como de
carácter especializado en la represión. Ejemplos notables y bastante recientes de un
acercamiento generalista al franquismo en Canarias y a la Guerra Civil, son las obras
colectivas El Franquismo en Canarias (León Álvarez, 2014a), coordinada por Aarón
León Álvarez, y el trabajo dirigido por Miguel Ángel Cabrera Acosta, La Guerra Civil
en Canarias (Cabrera Acosta, 2000a), si bien ambas son recopilaciones de estudios de
diferentes especialistas en la materia que abordan de manera individualizada para cada
isla la aparición y desarrollo de la Guerra. A ellas cabe sumar las diferentes Historias de
Canarias donde se incluyen capítulos o apartados sobre la experiencia del franquismo en
el archipiélago. Ejemplos notables de ello son los dos capítulos sobre el tema que nos
ocupa presentes en la Historia Contemporánea de Canarias a cargo de Sergio Millares
Cantero (Millares Cantero, 2011b) (Millares Cantero, 2011a). En lo que a nosotros nos
interesa La Represión franquista en Canarias (León Álvarez, 2015a) nos da una visión
con mayor profundidad al desarrollo del fenómeno represivo en Canarias. En ella se
abordan los objetos de represión, las diferentes modalidades en las que se ejercía y los
ejecutores de la misma, y nos aporta una breve síntesis histórica sobre la represión en
Canarias durante la Guerra Civil. Pese a todo, cabe destacar la notable ausencia de una
obra de carácter monográfico destinada a profundizar en el análisis de este fenómeno
para el conjunto del archipiélago.
Como ya hemos señalado, de lo que este trabajo se ocupará es del fenómeno
represivo en Canarias y, particularmente, de la represión franquista durante el periodo
de la Guerra Civil en el Archipiélago. En este sentido, lo que en adelante trataremos de
hacer es un examen o balance de la bibliografía existente a este respecto. Para ello
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dividimos esta segunda parte de trabajo según las modalidades o ámbitos de la
represión.
2.1. La represión en Canarias
La represión constituye uno de los aspectos más destacados de la acción del
régimen franquista en las Islas Canarias, y fue el instrumento usado por la clase
dominante para frenar el auge del movimiento obrero y la lucha contra los opositores al
nuevo régimen, renunciando de este modo al control político y a la acción legal en favor
de métodos violentos. La represión es, por tanto y como señala Cabrera Acosta (2000a,
pág. 13), una decisión política planificada, metódica y necesaria para desarticular la
oposición al Golpe y pacificar la retaguardia, lo que debía hacerse de manera fulminante
y ejemplar según las instrucciones del propio Franco a las fuerzas bajo su mando
(González Vázquez, 2015a, pág. 67). Sin duda, esta represión no sólo se llevó a cabo a
través de un aparato represivo bien estructurado (Millares Cantero, 2011b, pág. 405)
sino que la participación de algunos sectores de la sociedad fue clave. En este sentido,
cabe partir de las dos afirmaciones anteriores y realizar una serie de preguntas de gran
relevancia para la investigación que este trabajo intenta, de alguna manera, reseñar.
En primer lugar, ¿cuáles fueron las causas de esta represión? Y, también, ¿cuál
fue el objetivo real de la represión? Evidentemente, se puede argumentar que los
procesos represivos desarrollados en el archipiélago canario durante la Guerra Civil,
que continuarían tras su finalización, estaban motivados por un afán de pacificación de
una retaguardia clave para la victoria. Pero esta explicación deja de lado algunos
factores que pueden modificar esta perspectiva. Por ejemplo, vemos que la represión no
está repartida de manera homogénea durante toda la duración del conflicto (Millares
Cantero S. , 2011b, págs. 419-422). La información transmitida por los diferentes
autores muestra que la primera oleada represiva se produce con el comienzo del
conflicto y se ejerce debido a la necesidad de controlar los focos insumisos en la
retaguardia a través del miedo. Este es el caso, sin ir más lejos, de la represión ejercida
en los primeros instantes contra los funcionarios y cargos electos del Gobierno Civil de
Las Palmas que se mantuvieron leales a la República tras los primeros instantes del
Golpe o contra las manifestaciones obreras del Puerto de la Cruz en Tenerife (Millares
Cantero S. , 2011a, pág. 394). Este primer golpe sobre la mesa responde claramente a
una necesidad de demostrar el control sobre el territorio y reducir lo máximo posible la
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probabilidad de que se formara una resistencia más organizada. Sin embargo, con el
paso de los meses y la transformación del Golpe en una guerra civil de pleno derecho,
las autoridades franquistas se ven en la necesidad de profundizar esta represión, de
transformarla en un proceso de eliminación de la conflictividad social (Millares Cantero
S. , 2011b, pág. 421) que había caracterizado a los años de la República (Cabrera
Acosta, 2000a, pág. 9) y que alcanza su plenitud en el primer trimestre de 1937,
espoleada probablemente por la fuga de alrededor de un centenar de prisioneros de la
colonia de Villa Cisneros en marzo de 1937 (Millares Cantero S. , 2011b, pág. 422).
Esto nos lleva a un segundo punto de gran interés: el papel real de la venganza.
Mucho se ha debatido en torno a esta cuestión durante la guerra civil y, si bien
numerosos autores se muestran de acuerdo en el carácter político dominante en el
ejercicio de la represión (Cabrera Acosta, 2000a, pág. 13), es innegable el espacio que
hubo para la venganza tanto como causa de la represión propiamente dicha o del
ensañamiento con los ya represaliados de manera oficial, hecho particular con el que
especula Millares Cantero (Millares Cantero S. , 2011b, pág. 421). En todo caso la
dimensión de la venganza dentro del proceso represivo franquista sigue siendo objeto de
debate entre los historiadores. Por esto, cuando tratamos este tema, cabe interrogarse lo
siguiente, ¿venganza de quién y sobre quién?
Si volvemos a los datos, vemos cómo el proceso represivo se vio aplicado de
manera amplia a los sectores de la Izquierda (González Vázquez, 2015b, pág. 178). Es
decir, se buscó eliminar a los sectores más conflictivos y menos proclives a aceptar el
nuevo régimen, esto es, una parte muy escasa de la élite y a la clase obrera militante en
partidos de izquierdas y, sobre todo, la clase obrera más politizada, que planteaba
mayores problemas a la oligarquía local (González Vázquez, 2015b, pág. 208). Este
hecho nos ayuda a comprender la distribución geográfica de la represión, tanto a nivel
insular como provincial y regional. Por ejemplo, La Gomera sufre una fuerte represión a
pesar de su reducido componente poblacional. Por el contrario, Lanzarote y
Fuerteventura vieron que su proceso de depuración de la población fue mucho más tibio
que en otras partes de Canarias. Esto se debe a las enormes diferencias de movilización
obrera y de conflictividad social entre estas islas. En La Gomera se produjeron en 1933
los sucesos de Hermigua, que tuvieron un saldo de varios muertos, incluyendo 2
pertenecientes a la Guardia Civil (García Luis & Torres Vera, 2000, pág. 119). Por el
contrario, ningún acontecimiento de este calado tuvo lugar en las dos islas orientales
11
(Cabrera Acosta, 2000a, págs. 133-135 y 141-143). De la misma manera esto explica las
diferencias en el número de represaliados entre distintas zonas de las islas capitalinas.
Por ejemplo, la mayor intensidad represiva desarrollada en las zonas metropolitanas y
del Norte frente a la del Sur. En definitiva, las islas y zonas más politizadas y con mayor
influencia de partidos políticos y sindicatos fueron las más afectadas por la represión
(Millares Cantero S. , 2011a, págs. 390-396).
Por último, es necesario prestar atención también a aquellos grupos que se
vieron beneficiados, e incluso colaboraron con la represión. Los sectores dominantes de
la sociedad canaria, desde los antiguos caciques de la Restauración a los miembros de la
Iglesia, habían sido atacados durante la República por los grupos más movilizados de la
clase obrera. De hecho, su autoridad había sido, cuando menos, cuestionada (Cabrera
Acosta, 2000a, pág. 12). De esta manera, cuando vieron en el alzamiento la oportunidad
de restaurar el statu quo previo a la guerra se adhirieron de manera firme a este, e
incluso se vieron implicados a través de diferentes métodos en este proceso. Se
formaron numerosas comisiones por todo el archipiélago que estaban encargadas de
dirigir la represión contra la población, estando compuestas normalmente por miembros
del clero, de las élites locales y de los grupos de apoyo civil al régimen, esto es, Falange
y Acción Ciudadana (Millares Cantero S. , 2011b, pág. 405). Estas dos organizaciones
de carácter paramilitar, formadas por civiles voluntarios, fueron un apoyo clave para la
represión (Millares Cantero S. , La cara más sórdida del nuevo régimen: la represión
política y social, 2011b, pág. 405), y estuvieron encargadas de apoyar a las autoridades
sublevadas en las tareas de represión y control de la sociedad.
Para acercarnos a los objetivos, los procedimientos y los instrumentos de
represión durante la Guerra Civil disponemos de la síntesis histórica que aporta
Salvador González Vázquez (2015b) o el capítulo de Millares Cantero dedicado a “la
cara más sórdida” del régimen franquista durante la Guerra Civil en Historia
Contemporánea de Canarias (Millares Cantero, 2011b). Respecto a los colectivos
contamos, por ejemplo, con los trabajos de Ramiro Rivas para Tenerife (Rivas García,
2015) y de Millares Cantero y otros para Gran Canaria (Millares Cantero, Anaya
Hernández, Alcaraz Abellán, Orihuela Suárez, & Suárez Bosa, 2015). Sobre la dureza
de tal represión no queda sino observar los comentarios y las directrices del Alto Mando
sublevado para Canarias en los días posteriores al primer alzamiento. Así, la
“proporción a la magnitud de resistencia” era la política que el bando de guerra
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sublevado defendía a la hora de aplicar estos procedimientos. ¿Pero de qué tipo de
proporción hablamos? Así, por ejemplo, tras un tiroteo en el que mueren dos soldados
en el puerto de Las Palmas, el general Luis Orgaz afirmaría en la radio que “toda
crueldad es poca” para su “venganza” (González Vázquez, 2015b, pág. 168), lo cual nos
recuerda las palabras del general Mola del mismo 19 de julio, que afirma: “Hay que
sembrar el terror…, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni
vacilaciones a todos quienes no piensen como nosotros” (Juliá, 1999, pág. 59).
De esta manera se despliegan múltiples métodos para controlar a la población a
través del terror. Con el comienzo de la Guerra, aparecen las detenciones y los
fusilamientos tras consejo de guerra a los principales líderes políticos y resistentes, y
también a figuras de menor relevancia política como maestros o intelectuales, llegando
a contarse en los primeros 10 meses de conflictos más de 75 ejecuciones y entre 3.500 y
5.000 prisioneros en las diferentes prisiones del archipiélago, dependiendo esta cifra de
los autores y sus fuentes. Pocos meses después del comienzo del alzamiento se
incorpora otra variante de la represión, las desapariciones.
En todo caso, en general, hay tres obras que nos acercan al panorama general de
la investigación en torno a la represión en Canarias. Una de ellas es la obra coordinada
por Aarón León Álvarez, El Franquismo en Canarias (León Álvarez, 2014a), donde se
nos ofrece una visión general de lo que supuso el franquismo en Canarias así como
diversos trabajos sobre la represión durante sus primeros años, como en el caso de la
represión contra las mujeres en el primer franquismo (Navarro Marchante, 2014), sobre
la represión en el ámbito educativo (Negrín Fajardo, 2014) o la presencia de canarios en
el campo de concentración nazi de Mauthausen (Millares Cantero, 2014). En segundo
lugar, otra obra de obligada referencia es el libro del mismo coordinador La Represión
franquista en Canarias (León Álvarez, 2015a), que trata con mucha mayor profundidad
las especificidades de la represión en el caso canario y sus principales métodos y
motivos. A estas obras de carácter general se le añaden diferentes artículos y coloquios
de carácter más especializado que iré mencionando en su debido momento.
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2.2. La represión política
Tal y como señala Millares Cantero, “aparte de los aspectos sociales,
económicos e institucionales, probablemente es la represión que se ejerce contra los
disidentes políticos el rasgo más destacado de lo ocurrido durante la Guerra Civil en las
Islas Canarias” (2011b, pág. 405). Entendemos esta represión como la que se aplica
sobre los “elementos” designados como hostiles u opositores al régimen, adoptando
diferentes formas de castigo. Fue aplicada sobre de modo selectivo, especialmente
sobre los miembros del Frente Popular (republicanos de izquierda, socialistas y
comunistas) y los cuadros anarcosindicalistas. Otro grupo que también se vio afectado
en gran medida por la represión fue el de los masones, que desde el mismo comienzo
del alzamiento en Canarias fueron perseguidos. Se les hacía responsables de la
bolchevización de España y la destrucción del espíritu católico de la nación (de Paz
Sánchez & Felipe González, 1984), y fueron una de las obsesiones del franquismo
durante toda la duración de la Guerra Civil y de la Dictadura. En este apartado
distinguiremos, tal y como suele hacer la investigación al respecto, entre detenidos,
fusilados y desaparecidos. Haremos mención también a aquellos prisioneros que,
durante el cumplimiento de sus condenas, se vieron obligados a trabajar como mano de
obra forzada en los batallones de trabajadores. Una aproximación general a los tres
primeros casos puede encontrarse en el trabajo de Millares Cantero (2011b, págs. 406-
415).
El aparato represor establecido por los sublevados tuvo un eje vertebrador claro
para su parte visible, esto es, para las detenciones, los trabajos forzados y los
fusilamientos realizados dentro del marco legal usado por los sublevados: los consejos
de guerra. Según Alcaraz et alii (2000a, pág. 31) estos consejos de guerra fueron un
instrumento de legitimación de las condenas impuestas y de la represión a los opositores
o activistas políticos durante la República, lo que los convertiría en parte fundamental
de la maquinaria represiva, siendo ignorada la justicia civil, y convirtiéndose el Ejército
en único juez de este proceso ejemplarizante (Millares Cantero, Anaya Hernández,
Alcaraz Abellán, Orihuela Suárez, & Suárez Bosa, 2015, pág. 139). Estos consejos
generaron numerosas condenas de prisión mayor o condenas a muerte, si bien muchas
de ellas serían conmutadas. Del hecho de que en diciembre de 1936 se instruyera el caso
número 625 para la provincia de Las Palmas, los autores deducen que el volumen de
trabajo de estos debía ser enorme, con una clara intención punitiva, tal y como
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atestiguan las declaraciones del fiscal Rafael Díaz Llanos, entre septiembre y octubre de
1936 en el consejo de Guerra al Gobernador Civil de Tenerife y otros 28 prisioneros.
“Es preciso que la ley hiera a los culpables y que la sentencia sea un ejemplo saludable
para cuantos aún no se han incorporado al movimiento restaurador” (Millares
Cantero, 2011b). Esta enorme actividad era alimentada no solo por el ejército sublevado
o por la policía y la Guardia Civil, sino también por patrullas de voluntarios falangistas
y de Acción Ciudadana desde el mismo día del Golpe de Estado hasta después del fin de
la Guerra Civil (Alcaraz Abellán, Anaya Hernández, Millares Cantero, & Suárez Bosa,
La Guerra Civil en Gran Canaria, 2000a, pág. 32). Es necesario mencionar también el
papel de los bandos de guerra, que tenían como objetivo dar una apariencia de legalidad
a las numerosas ejecuciones sumarísimas que se llevaron a cabo durante la Guerra Civil.
A pesar de esto, llama la atención el elevado número de víctimas mortales de la
represión no inscritas en ningún registro, los conocidos como desaparecidos (Espinosa
Maestre, 2009, pág. 438).
A) Las detenciones
En primer lugar, las detenciones fueron estructuradas en torno a listas de
“agitadores y activistas de partidos y sindicatos y todos aquellos individuos
considerados como peligrosos” que fueron remitidas por parte de la Guardia Civil a la
Comandancia Militar (Rivas García, 2012, pág. 446). En el mismo sentido se pronuncia
López Felipe (2001, pág. 15), señalando que la Comandancia de la Guardia Civil pide a
los ayuntamientos listas de estilo similar. Estas son las famosas listas negras utilizadas
por los golpistas para dar inicio a la represión y sobre las cuales parece que no se ha
profundizado en su investigación, en especial en ayuntamientos pequeños. Los trabajos
publicados hasta la actualidad señalan que la escala masiva en la que se realizaron causó
un colapso de la estructura penitenciaria de ambas provincias, compuesta por las
Prisiones Provinciales, creando la necesidad de nuevos campos de detención. Es así
como surge en Gran Canaria el campo de concentración de la Isleta, luego sustituido por
el de Gando y, en Tenerife, aparecen los barcos prisión, que luego pierden
protagonismo frente al Campo de Concentración de Fyffes. Sin embargo, siguiendo a
Millares Cantero (2011b, pág. 407), cabe mencionar la dificultad para determinar cifras
exactas de detenidos, dado que la actividad de entradas y salidas de estos campos fue en
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extremo abultada, lo que aún hoy en día nos imposibilita esta labor. De manera
aproximativa Millares Cantero establece la cifra de unos 5.000 presos para todo el
Archipiélago en el punto álgido de la represión, en torno a febrero de 1937. Sin
embargo estos datos se refieren al número de personas encarceladas al mismo tiempo en
un momento dado. Cuando alude al número total de individuos que en algún momento
estuvieron encarcelados sus estimaciones se disparan a más de 10.000. Por su parte,
González Vázquez (2015b, pág. 174) estima que para febrero de 1937, el número de
encarcelados en prisiones y campos de concentración era de unos 3.500. Para el caso de
Gran Canaria, la investigación de Alcaraz et alii (2000a, pág. 31) señala los problemas
que existen para dar una cifra exacta de detenidos, estimando en unos 3.300 los
detenidos totales a lo largo del conflicto a partir de las fichas existentes, pero sugiere
que podrían llegar a los 5.000, siendo realizadas la mayoría de estas detenciones en los
municipios de mayor peso poblacional, como Las Palmas de Gran Canaria, Telde,
Arucas, Guía o Moya.
Para el caso de Tenerife, Ramiro Rivas (2000, pág. 66 y s.) señala como en los
días se producen miles de detenciones que colmaron la Prisión Provincial, lo que obligó
a habilitar otros espacios para la reclusión, como es el caso de los barcos usados como
prisiones flotantes, a lo que se añadiría el uso de los almacenes de la compañía platanera
Fyffes como prisión. Por su parte, Millares Cantero (2011b, pág. 407) señala que en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife se estiman en unos 2.000 los encarcelados en
Fyffes, además de otros 500 en la prisión Prisión Provincial, provenientes de toda la
provincia. En el caso de La Palma nos encontramos con alrededor de 500 represaliados,
la mayoría de ellos obreros y jornaleros pertenecientes a sindicatos y partidos como la
Federación de Trabajadores o el Partido Comunista entre otros (González Vázquez,
2004, pág. 103). Muchos de ellos fueron detenidos, y entre estos se encontraban
numerosos líderes políticos de izquierda, como los alcaldes y líderes sindicales de San
Andrés y Sauces, Tazacorte, los Llanos de Aridane o Garafía y el presidente del Cabildo
en el momento del alzamiento, que fueron condenados a penas de 15 años o más de
prisión, a muerte o, simplemente, desaparecieron (González Vázquez, 2000, págs. 106-
107). De manera parecida, en La Gomera se procedió a un barrido sistemático de las
diferentes localidades por la gran conflictividad vivida en años anteriores, comenzando
por el municipio Hermigua el 30 de junio de 1936 y siendo la represión más extensa la
desarrollada en el municipio de Vallehermoso, donde fueron especialmente marcados
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aquellos que habían participado en los Sucesos de Hermigua en 1933. (García Luis &
Torres Vera, 2000, pág. 122). Es por estos hechos que en La Gomera se desarrolla
bastante la represión, y posteriormente el estudio de sus consecuencias, a pesar de su
bajo número de habitantes. Estos detenidos, en principio encarcelados en la propia isla,
fueron trasladados a campos de prisioneros más grandes, primero a Fyffes y Gando y
luego, en algunos casos, a campos en la Península como el de Rota, en Cádiz.
Para el resto de islas la investigación desarrollada no ha alcanzado la
exhaustividad que podemos encontrar en las islas capitalinas, en La Gomera y en La
Palma. Se sugiere que esto es debido a la baja conflictividad social y al control político
de la derecha en el caso de Lanzarote y Fuerteventura y por la escasa población de El
Hierro incluso dentro del ámbito insular. Pero aun así la represión se deja notar en ellas.
En Lanzarote se contabilizan tan sólo 81 detenidos, trasladados a Gran Canaria, donde
estaba localizada toda la estructura represiva de la provincia (Alcaraz Abellán, Anaya
Hernández, Millares Cantero, & Suárez Bosa, 2000b, pág. 135). Posteriormente, Anaya
Hernández (2011, pág. 33) rebaja aún más esta cifra hasta los 75. En Fuerteventura el
número es aún menor, con 25 detenidos. Finalmente, para el caso de El Hierro tenemos
constancia de unos 20 detenidos, trasladados a Tenerife, procedentes sobre todo de las
zonas de El Pinar e Isora, trasladados a la prisión de Fyffes (Cabrera Acosta, 2000b,
pág. 136).
Como nota final de este apartado cabe mencionar que las detenciones no sólo
implican la simple restricción de la libertad. Implican también el uso generalizado de la
tortura, vejaciones, castigos físicos, acoso indiscriminado, amenazas o castigos
adicionales contra sus familiares y su patrimonio por parte de los sublevados. A lo largo
de toda la bibliografía consultada se dan numerosos ejemplos de cómo los detenidos son
sometidos a estas prácticas abusivas. Por ejemplo, tal y como expone Ramiro Rivas
(2000, pág. 74), la tortura es utilizada en Tenerife para la obtención de confesiones e
incriminaciones por parte de miembros de la CNT contra sus dirigentes. En todo caso,
la detención podía ser un preámbulo para otra de las medidas represivas recogidas en
este trabajo. Incluso la “puesta en libertad”, en algunos casos, no era sino una maniobra
previa a que se produjera una de las conocidas desapariciones, de las que hablaremos
más adelante.
17
B) Los fusilamientos
En segundo lugar, en el caso de los fusilados, contabilizar el número real de
ejecuciones dentro de la legalidad sublevada resulta más sencillo, ya que hay un rastro
documental que nos permite llevar la cuenta de manera mucho más precisa. Como
señala Salvador González Vázquez (2015b, pág. 169) estos fusilamientos se realizan
siguiendo las condenas dictadas por consejos de guerra, que constituyen el arma más
contundente de los sublevados para luchar contra la resistencia al golpe, con 75
condenas solo hasta marzo de 1937. Según Millares Cantero (2011b, pág. 408), entre
1936 y 1940 hay 122 ejecuciones en Canarias, de las cuales 50 de los ejecutados
proceden de Tenerife, 29 de Gran Canaria, 6 de La Palma, 6 de La Gomera y 31 de las
colonias españolas en África. Los primeros procedimientos se desatan contra los
primeros resistentes al golpe, como es el caso de los resistentes del Gobierno Civil de
Tenerife, los participantes en “el Fogueo” de Vallehermoso o la “Semana Roja” en La
Palma. Tras esto, en las dos islas mayores, la represión continúa contra sindicalistas de
la considerada como peligrosa CNT, y a los resistentes de la parte Norte de Gran
Canaria.
Para el caso de Gran Canaria, aunque pudiera ser extensible a otras islas
(especialmente a Tenerife y La Palma), las investigaciones muestran que podríamos
hablar de dos periodos en el proceso represivo: un primero entre julio y septiembre de
1936, “actuándose de forma selectiva con fusilamientos y desapariciones de los
dirigentes políticos o resistentes destacados” y un segundo momento entre diciembre de
1936 y junio de 1937 en que la represión “se hace más brutal a base de sacas y
desapariciones” (Alcaraz Abellán, Anaya Hernández, Millares Cantero, & Suárez Bosa,
2000a), estas sí de carácter extraoficial y de las que hablaremos en el siguiente apartado.
En las islas de Fuerteventura y Lanzarote, la represión no se dejó sentir de esta
manera, ya que previo al comienzo de la guerra, el control de las islas estaba en manos
de las derechas con alrededor de un 75 o un 80% del voto en ambas (Anaya Hernández
L. A., 2011). A pesar de que se produjeron varias decenas de detenciones hubo tan solo
dos condenas a muerte que se llegaran a aplicar entre los represaliados de estas islas,
ambas a habitantes de Fuerteventura, que se llevaron a cabo en la isla de Gran Canaria.
El Hierro, por otro lado, no vio a ninguno de sus represaliados ejecutado.
18
C) Las desapariciones
El mismo propósito represor tuvieron las desapariciones. Este método consistía
en la eliminación “extrajudicial”, es decir, clandestinamente, por la fuerza y sin juicio
previo, de individuos de características similares a los detenidos y fusilados. Las
desapariciones propiamente dichas se llevaban a cabo de diferentes maneras. Una de
ellas era mediante patrullas que entraban en los campos de concentración con listas
previamente redactadas por estamentos colaboradores del Golpe. Una segunda manera
era llevada a cabo por las tristemente célebres patrullas del amanecer, que hacían
desaparecer a algunos de los presos “liberados” de las prisiones. Y una última fueron
ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales por parte de falangistas y militares. En esto
consistía la denominada eufemísticamente “Justicia oculta”. A día de hoy, tras un largo
proceso de depuración y análisis de datos, son varios los investigadores que señalan que
podemos alcanzar unas cifras aproximadas más o menos consensuadas de unos 900
desaparecidos (González Vázquez, 2015b, pág. 184) (Millares Cantero, 2011b, pág.
412). El modus operandi generalizado es el traslado de las víctimas a lugares
recónditos, alejados. Una vez allí, donde en ocasiones eran torturados, los prisioneros
eran ejecutados de diversas maneras.
En La Gomera, las desapariciones alcanzan un total de 20 personas. La mayoría
de estas se asocian con los sucesos de previos en Hermigua, esto es, a las consecuencias
de la manifestación de trabajadores de marzo de 1933 en protesta por el paro. Doce de
los protagonistas de aquellas manifestaciones fueron desaparecidos, acompañándoles
luego seis de sus vecinos. Para finalizar el computo de desaparecidos de La Gomera
cabe mencionar el caso de Juan Rendón San Francisco, trasladado a Fyffes y
desaparecido allí, y el de Eleuterio Plasencia Herrera, salvado por unos soldados
compañeros, que lo anotaron como desaparecido (García Luis & Torres Vera, 2000,
pág. 123 y s.).
Para el caso de La Palma, Salvador González Vázquez (2000, pág. 106 y s.)
señala que el objetivo de las desapariciones era “limpiar absolutamente de desafectos
una retaguardia vital para suministrar hombres, dinero y provisiones” a los sublevados.
Esto afectaría sobremanera a los conocidos como “alzados”, aquellos republicanos que
se echaron al monte tras el alzamiento, y sus colaboradores. La consigna era clara. Tal y
como transmitió el general Dolla en su visita a La Palma: no debía haber prisioneros.
19
Así mismo, como señala Millares Cantero (2011b, pág. 412), “los desaparecidos se
producen en un periodo de varios meses, entre noviembre de 1936 y febrero de 1937”.
Estos mismos autores coinciden en señalar que de los desaparecidos, 47 en total, 27
eran alzados, que fueron ejecutados y enterrados en los pinares de Fuencaliente, y 15
colaboradores, familiares, amigos… (Millares Cantero, 2011b, pág. 413).
Respecto a Tenerife, la investigación es aún incompleta y debe continuar siendo
desarrollada. Ramiro Rivas señala a principios del s. XXI que los desaparecidos
ascendían a alrededor de 1.000 para febrero de 1937 (2000, pág. 70). Sin embargo,
Millares Cantero (2011b, pág. 413) afirma que “estas estimaciones no se apoyan en
estudios pormenorizados”. En todo caso, él mismo sostiene que las sacas comenzaron
hacia octubre de 1936, y se practicaron hasta abril de 1937, “fecha en la que termina el
ciclo represivo más intenso en las islas”, y sitúa el número de desaparecidos en Tenerife
en torno a los 400, aunque reconoce que es la estimación menos fiable por el atraso de
la investigación en la isla. Aun así se conoce la existencia de una junta basada en San
Cristóbal de La Laguna que a través de una serie de listas elaboradas para este
propósito, decidía los destinos de los presos republicanos, considerados enemigos del
régimen. Aunque diferentes puntos de la costa parecen haber sido utilizados para
disponer de los cuerpos, también hay testimonios del uso de los montes de La Esperanza
y de las Cañadas del Teide para la ocultación de los cuerpos (Millares Cantero, 2011b,
pág. 413).
En Gran Canaria este fenómeno ha sido estudiado en mayor profundidad.
Conocemos el primer gran episodio de desaparecidos en la Isla, cuando diez dirigentes
republicanos fueron trasladados junto con voluntarios de Falange al frente de Toledo,
donde serían asesinados y tirados al río Tajo, tal y como atestigua la carta de uno de
estos voluntarios (Millares Cantero, 2011b, págs. 413-414). Asimismo se conocen otros
episodios, como los enfermeros del Hospital Militar fusilados en el campo de La Isleta y
tirados al agua en la zona de Mar Fea, los dos sindicalistas cuyos cuerpos fueron
abandonados en el Paseo de Chil, las numerosas víctimas arrojadas en la Sima de
Jinámar y en diversos pozos de la zona de Arucas o los desaparecidos del barrio de la
Vecindad de Enfrente del municipio de Agaete, que posteriormente sería conocido
como Barrio de las Viudas (Alcaraz Abellán, Anaya Hernández, Millares Cantero, &
Suárez Bosa, 2000a, pág. 34). Estos tres últimos eventos suponen el punto álgido de la
represión en Gran Canaria, con un total de 103 asesinados (Millares Cantero, 2011b,
20
pág. 414). De estas 103 personas víctimas de la represión, al menos 17 habían sido
liberadas de los campos de concentración (Alcaraz Abellán, Anaya Hernández, Millares
Cantero, & Suárez Bosa, 2000a, pág. 34), concretando este número en 44 Millares
Cantero (Millares Cantero, 2011b, pág. 415). Ambos trabajos coinciden en que estos
hechos prueban la premeditación de estas “desapariciones” por parte de las autoridades
militares. Del cómputo restante de desaparecidos se conoce más bien poco, aunque el
testimonio oral deja claro que la intensa actividad de las conocidas como “patrullas del
amanecer” no cesó. De los 348 liberados en marzo de 1937, 44 de ellos fueron
asesinados pero, de los restantes 304 poco o nada se sabe, con lo cual cabe preguntarse
si corrieron la misma suerte (Millares Cantero, 2011b, pág. 415).
No es hasta pasado marzo de 1937, tras el episodio más sanguinario de represión
que se produjo en Gran Canaria y un mes después de que el comandante general Ángel
Dolla Lahoz fuera relevado de su cargo por el general Carlos Guerra Zagala, cuando las
desapariciones comenzarían a remitir. Esta fue una medida tomada por el gobierno
militar para que el Ejército retomara el control de la intensidad y el ritmo de la represión
en el archipiélago tras un periodo de medidas de carácter “extraordinario y excepcional”
(González Vázquez, 2015b, pág. 185).
D) El trabajo forzado
A partir de 1937 aparece una nueva forma de castigo para aquellos individuos
que fueran objeto de la represión por parte del régimen, y estos fueron los batallones de
trabajadores. Estaban compuesto por prisioneros de guerra, que a pesar de no tener
cargos concretos, eran castigados por su condición de vencidos (Studer Villazán, León
Álvarez, Ramos Pérez, & Heredero Gascueña, 2015, pág. 295). Estos batallones
existirían hasta 1943, año en que serían reintegrados en el ejército regular, a excepción
de los batallones de penados, entre los que se encontraba el nº 91, con base en Las
Palmas, estando sus tres compañías desplegadas en Tenerife, Fuerteventura y la misma
isla de Gran Canaria respectivamente, hasta ese mismo año. Estos batallones serían
utilizados para la construcción de nueva infraestructura tras el fin de la Guerra Civil,
aunque también fueron cedidos a diferentes empresas como mano de obra gratuita por
parte del Estado, lo que permitió un enorme enriquecimiento de las mismas. Otra
manera por la cual hubo enriquecimiento a costa de estos trabajadores fue la corrupción
21
mediante el tráfico de alimentos destinados a los prisioneros en el mercado negro
(Studer Villazán, León Álvarez, Ramos Pérez, & Heredero Gascueña, 2015, pág. 297).
En Canarias, la utilización de esta mano de obra forzada estuvo ligada
principalmente a la construcción de la infraestructura aeroportuaria de la región, que
tendría un peso económico cada vez más relevante a través del turismo (Studer
Villazán, León Álvarez, Ramos Pérez, & Heredero Gascueña, 2015, pág. 298). Estos
reos fueron utilizados para la construcción de los aeropuertos de Gando, en Gran
Canaria, de Fuerteventura y de los Rodeos, en Tenerife. En este último, aparte de ser un
lugar donde se sospecha se ocultaron restos de presos fusilados de La Laguna, se ve la
participación de prisioneros republicanos desde finales de 1936, meses antes de la
formación de los batallones de trabajo. Testimonios describen cómo, a pesar de la
dureza de la situación en estos batallones, las condiciones de supervivencia eran
mejores que en la prisión de Fyffes y se estaba a salvo de las anteriormente
mencionadas “rondas” realizadas por las “patrullas del amanecer”. Los presos canarios
de los batallones no estuvieron limitados al Archipiélago en su ámbito de acción. En
múltiples ocasiones a partir de 1939 fueron enviados a Marruecos para integrarse en el
Batallón de Trabajadores 180, por un total de al menos 300 prisioneros, todos ellos
procedentes de la prisión de Fyffes (Studer Villazán, León Álvarez, Ramos Pérez, &
Heredero Gascueña, 2015, pág. 300).
2.3. La represión en la enseñanza
En este apartado vamos a tratar la represión en el ámbito de la enseñanza a
través del proceso de depuración que sufrió el personal docente de todos los niveles
educativos que había ejercido durante la República y que, al pasar Canarias a ser zona
de control sublevado, se convirtieron en un símbolo del régimen que los rebeldes tenían
por objetivo destruir. Este fue un mecanismo concebido no sólo como punitivo, sino
como preventivo también. Fue un intento por parte del “nuevo régimen” para controlar
la labor del nuevo profesorado y dirigirla hacia la imposición de los valores nacional-
católicos que se querían implantar tras el Golpe. El rechazo de los nuevos
planteamientos pedagógicos desarrollados durante la República, que tenía por objetivo
colocar a España en el mismo nivel de desarrollo educativo que el resto del mundo
occidental, en virtud de reavivar el “glorioso” pasado imperial español, supuso un grave
22
retroceso para la imagen de una España moderna que se había buscado anteriormente
(Negrín Fajardo, 2008). En definitiva este proceso supuso un grave retroceso en la
calidad y modernidad de la enseñanza en el ámbito provincial, regional y nacional, así
como de devolución del control de la Educación a la Iglesia católica.
Para el estudio de este tipo de represión ejercida en Canarias durante el
transcurso de la Guerra Civil y en los años inmediatamente posteriores nos basamos
principalmente en la obra de dos autores, Olegario Negrín Fajardo, que se manifiesta en
sus múltiples ponencias para el Coloquio de Historia Canario-Americana, y varios
artículos de Manuel Ferraz Lorenzo (2019) a propósito de la represión ejercida contra el
magisterio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la posterior praxis educativa
desarrollada por el régimen en Canarias en general (Ferraz Lorenzo, 2019). De esta
manera tendremos una visión relativamente completa de lo que supuso esta campaña
punitiva contra un posible grupo de oposición y generador de opinión contra el
Régimen. La represión a la que se vio sometido el mundo educativo en Canarias podría
organizarse en dos ámbitos, que se identifican con los niveles educativos, el del
magisterio o enseñanza primaria y el de los institutos o enseñanza secundaria. Esto es
así por dos motivos: la diferencia de volumen de profesorado “depurado” y la
distribución de género, siendo el porcentaje de mujeres afectadas mucho mayor en la
primaria al haber un mayor número de ellas en este nivel, que se daba entre las plantillas
de los dos niveles.
La represión en este sector tuvo un objetivo primordial: cohesionar a la sociedad
española a través de la introducción de consignas dogmáticas diseñadas para adoctrinar
a la juventud en la formación del “Espíritu Nacional”. Se buscó en ese momento
enraizar el sentimiento de hispanidad, de moral católica y de patriotismo, en definitiva,
el ideario de los vencedores (Ferraz Lorenzo, 1998, págs. 53-60). De esta manera, esta
preparación de la dictadura para la reformulación de la educación supuso la destrucción
de la escuela pública tal y como la habían concebido los republicanos (Ferraz Lorenzo,
1998, págs. 67-68). Los maestros y maestras, profesores y profesoras de Canarias,
vivieron bajo la amenaza de ser depurados y sancionados, o sufrieron estas sanciones,
por sus ideales políticos y su filosofía pedagógica. La represión que se abatió sobre ellos
fue grave, y en algunos casos doble. La afiliación a partidos políticos o sindicatos, ya de
por sí perseguida, les hacía recibir un castigo doble, primero con la pérdida de sus
empleos o cargos, y luego con las penas aplicadas a cualquier disidente político del
23
régimen, lo que hizo al colectivo docente especialmente perseguido por un régimen que
renegaba de ellos en virtud del acercamiento a la doctrina católica (Negrín Fajardo,
2015, pág. 270).
A) La educación primaria
La represión del magisterio comenzó de manera relativamente anodina, en la
forma de la suspensión del pago de sus salarios a los profesores que se encontraban
detenidos por, tal y como las llama el Jefe de la sección administrativa de primera
enseñanza de la provincia de Santa cruz de Tenerife, “suponerles encontrarse
complicados en el movimiento político actual” según recoge Manuel Ferraz (2019, pág.
8). La contundencia de las medidas no tardaría en aumentar. Es a través de las
depuraciones que la parte más pesada del proceso represivo comenzaría a expandirse en
Canarias. Listas de profesores a depurar, con centenares de nombres cada una de ellas,
aparecieron en ese momento, y junto a los nombres de los diferentes docentes constaban
los lugares o escuelas donde habían ejercido su función y las diferentes sanciones que
cada uno de ellos había recibido. Estas sanciones iban desde la inhabilitación de por
vida y la expulsión del escalafón del funcionariado y perdida del título a la retención de
parte un 50% del salario por entre dos y nueve meses, pasando por inhabilitaciones
temporales, la pérdida de la propiedad de la escuela o traslados de destino a modo de
“destierro” (Ferraz Lorenzo, 2019, pág. 9), aunque también hubo varios maestros
implicados políticamente que fueron ejecutados o desaparecieron como consecuencia de
la represión. A pesar de la continua aplicación de sanciones a este profesorado
depurado, esto no fue suficiente para el Comandante Militar de Canarias, que pedía más
contundencia en las sentencias. Esto le llevo a crear el 30 de octubre de 1936 el cargo
de “Delegado de la Autoridad militar de la Enseñanza primaria, pública y privada y de
Escuelas Normales del Archipiélago” (Ferraz Lorenzo, 2019, pág. 11). Esto supuso la
militarización de la Educación y el recrudecimiento de las condenas contra este
colectivo, tanto en intensidad como en número. En este sentido, la represión no
discriminó a nadie, hombres y mujeres sufrieron por igual.
Los procesos de depuración fueron muy extensos y dejaron a numerosas
escuelas desprovistas de personal docente que pudiera continuar con las clases. Esta
escasez llevó a que en numerosos casos se dieran quejas, protestas, reclamaciones y
24
alegatos en pos de la revocación de las sanciones, lo que llevaba a que se generaran
enormes expedientes donde se registraban testimonios de vecinos y autoridades locales
de cada reclamante para dilucidar su culpabilidad o inocencia. Además, la renovación
de todos estos docentes dejó más de 150 escuelas con vacantes o en paro forzoso sólo
en la provincia de Tenerife. Además de los maestros de la escuela pública, hay que tener
también en cuenta a aquellos de la privada, o que poseían sus propias academias o
daban clases en sus propias casas. En tanto que ajenos a la administración pública, sus
nombres no se encuentran en las listas, aunque fueron represaliados tanto o más
ferozmente (Ferraz Lorenzo, 2019, pág. 22). Ante esta exhaustiva depuración es
comprensible que sólo el 57% de los niños de la escuela pública de Tenerife pudiera
recibir clases.
En la provincia occidental, de los 674 maestros, 221 fueron represaliados al
menos una vez, sin tener en cuenta varias decenas de profesores que ejercían en sus
casas o en academias particulares también represaliados, lo que supone alrededor de un
35% de los docentes. Esta cifra es desigual, y en islas como La Palma se dispara hasta
40%. Numerosas denuncias, que desembocaron en segundas sanciones para muchos
profesores, fueron cursadas, con múltiples casos en Tenerife, La Gomera y La Palma.
De todo este profesorado, alrededor de un cuarto eran mujeres. Para el profesorado de
magisterio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se carece de una distribución
precisa isla por isla de los individuos depurados
En la provincia oriental, a pesar de que las mujeres componían más del 50% de
la plantilla, de las 271 personas depuradas menos de la mitad (115) eran mujeres, lo que
está ligado probablemente a los roles de sexo, donde los hombres estaban más ligados a
un rol activo y decisivo, lo que en este caso, pasó a perjudicarles (Negrín Fajardo, 2008,
pág. 2053). Además, hay que tener aquí las mismas precauciones que en Tenerife con
respecto a los profesores ajenos a la administración pública que pudieron ser
represaliados. En el caso de la provincia de Las Palmas, Olegario Negrín Fajardo (2008,
pág. 2060) aporta tablas con la distribución precisa, llegando al nivel municipal, de los
diferentes depurados, así como las condenas que se les impusieron. Cabe mencionar
como de estos 271 depurados, tan solo 150 llegaron a ser condenados, mientras que los
121 restantes fueron confirmados y rehabilitados en sus puestos.
25
La resistencia al golpe que se produjo en la zona norte de Gran Canaria hizo que
fuera allí donde se concentre la mayor cantidad de depurados, y por tanto que sea esta la
isla, no solo por volumen poblacional sino también por mayor grado de conflictividad,
con más depurados. En total, las tablas nos muestran como contaríamos 172 depurados
en Gran Canaria, 21 en Lanzarote y 16 en Fuerteventura y los restantes no han
desaparecido de los registros (Negrín Fajardo, 2008, pág. 2059 y 2060). Finalmente, hay
una comparación con las tasas de depurados en otras provincias, que nos muestra como
la de Las Palmas cuenta con uno de los porcentajes más bajos.
B) La educación secundaria
De la depuración del profesorado de educación secundaria se encargó la
Comisión de depuración de los profesores de secundaria, también conocida como
Comisión C, que tuvo carácter provincial. Esta comisión, que era presidida por el
Gobernador Civil de turno, se encargaba de juzgar una por una a todas las solicitudes de
readmisión tras el comienzo de la Guerra, y decidía en ese momento si abrir expediente
a aquellos considerados sospechosos de no ser afines al “Movimiento Nacional” y ser
simpatizantes republicanos. Este expediente podía ser abierto por la más mínima
sospecha, lo que hacía constar ya desde un inicio con el nombre, categoría académica,
los cargos de los que se acusaba, un escrito de defensa, propuesta de sanción, y
resolución sancionadora, que se dejaba a cargo de la autoridad ministerial. A esta larga
lista se le podía añadir además una petición de revisión y su resolución. Esta enorme
maquinaria burocrática, al mismo tiempo que acabó con el sistema educativo
republicano para reemplazarlo por el ideal nacional-católico, ha dejado un enorme rastro
de papel por el cual seguir este proceso (Negrín Fajardo, 2015, pág. 259 y 260).
Al comienzo de la guerra, el conjunto del Archipiélago contaba con 78
profesores, de los cuales tan sólo 18 fueron depurados y sancionados por sus
“actividades” anteriores al alzamiento del 18 de julio. En total casi el 77% del
profesorado de los institutos canarios fue confirmado en su puesto, aunque la gran
mayoría se vio advertida. En el caso de la educación secundaria, este proceso represivo
fue utilizado no solo como aparato de represión ideológica, sino también como una
maniobra de intimidación para someter al profesorado a la voluntad del nuevo régimen,
así como acabar con la idea liberal burguesa de la Institución de Libre enseñanza en
26
virtud de la nueva doctrina nacional-católica (Negrín Fajardo, 2004, pág. 1084 y 1085).
Las sanciones no se limitaron al ámbito económico, sino que de manera indirecta
afectaron también al social. Los profesores de instituto sancionados, que en tanto que
representantes del mundo de la academia y la cultura tenían una posición de prestigio en
la sociedad, pasaron a ser señalados y objeto de escarnio por parte de la población
general, en tanto que representaban a los perdedores de la guerra y los enemigos del
régimen. Esta situación no afectaba sólo a los profesores, sino también a sus familias y
entorno cercano, que sufrieron una marginación y pobreza derivadas de ella (Negrín
Fajardo, 2015, pág. 268).
Entre toda la plantilla docente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un
total de 47 profesores, tan solo se contabilizan tres mujeres, siendo estas dos interinas
que impartían en el Instituto de Santa Cruz y una sola catedrática del instituto de La
Laguna. Para los tres institutos de la provincia hubo un total de once profesores
sancionados, que implicaron dos bajas en el escalafón del funcionariado, nueve
inhabilitaciones permanentes para el ejercicio de la docencia y otro fue trasladado fuera
de las islas. De estos once, seis pertenecían al Instituto de La Laguna, otros tres al de
Santa Cruz de Tenerife y dos al de La Palma, y todos ellos eran varones (Negrín
Fajardo, 2004, págs. 1076-1080) (Negrín Fajardo, 2015, pág. 268).
Para el caso de la provincia de Las Palmas tenemos un total de 31 docentes,
todos ellos varones en este caso. Entre los profesores de la provincia oriental se
sancionaron a siete de ellos nada más, seis procedentes del instituto de Las Palmas y
uno del instituto de Arrecife (Negrín Fajardo, 2015, pág. 268). A ellos, según la
“gravedad” de los actos cometidos, se les condenó a diferentes sentencias. Dos fueron
suspendidos de empleo y sueldo, otro quedó separado del servicio, a dos más se les
inhabilitó para acceder a cargos de dirección, uno fue dado de baja del escalafón y en el
caso más grave, un profesor de Las Palmas cumplió años de cárcel, pero por ser masón
y haber “auxilio a la rebelión” (Negrín Fajardo, 2006, pág. 924).
2.4. Represión económica
Desde el comienzo de la guerra se desarrolló otro tipo de represión, ajena en
gran medida a los aspectos más físicos del aparato represor, como fueran las
27
detenciones y ejecuciones. Esta fue la represión económica. Desde el comienzo del
alzamiento el 18 de julio de 1936, el ejército sublevado se vio necesitado de una gran
cantidad de fondos para funcionar. Estos se consiguieron de muchas y muy variadas
maneras, pero se puede observar desde el principio de la guerra como se va a recurrir
por parte de las autoridades sublevadas a la expropiación, bajo el amparo del Decreto
108 firmado por el general Miguel Cabanellas (Alvaro Dueñas, 1994, pág. 345), de las
posesiones de aquellos republicanos conocidos en su zona y que estaban siendo o serían
represaliados. Para Canarias, este decreto se vio reforzado por el bando de guerra
publicado por el comandante general de Canarias, Ángel Dolla Lahoz, que establecía la
responsabilidad de la reconstrucción económica del país de los simpatizantes del Frente
Popular (Hermida Martín, 2012, pág. 305 y 306). La imposición de recargos, los
trabajos “voluntarios”, multas y destierros serían algunos de los métodos utilizados, tal
y como comenta Ramiro Rivas (2000, pág. 76). El 10 de enero de 1937 firma Franco un
Decreto-Ley que complementa al anteriormente firmado por Cabanellas, que da lugar a
la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado
(Heredero Gascueña & León Álvarez, 2014, pág. 1156). Esta queda encargada de
gestionar los bienes de los que no apoyaban al régimen que iban cayendo en territorio
controlado por el mismo con el trascurso de la Guerra Civil. Como todas las capitales de
provincia, tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife actuaron
sendas Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes, presididas a su vez por sus
respectivos gobernadores civiles (Alvaro Dueñas, 1994, pág. 346), y estas cuentan a su
vez con varios Tribunales de Instrucción dedicados (Alcaraz Abellán, 1990, pág. 1107).
Este primer paso se vio magnificado a su máximo exponente con la Ley de
Responsabilidades Políticas el 9 de febrero de 1939. Esta ley va a tener un carácter
retroactivo hasta octubre de 1934 y va a perseguir a todos los grupos de carácter político
relacionados con el Frente Popular en lo más mínimo y por tanto a sus afiliados y
simpatizantes (Alcaraz Abellán, 1990, pág. 1104). En esta ley se prevén tres tipos de
sanción: la inhabilitación para cualquier cargo o empleo público, limitaciones de la
libertad de residencia (como confinamiento, destierro o relegación de posesiones de
ultramar) y las sanciones económicas. Estas últimas podían ir desde la pérdida total de
bienes muebles o inmuebles a la imposición de sanciones económicas de cierta
cantidad. Refuerzan el carácter economicista de estas sanciones la ponderación no según
la gravedad de la ofensa sino por el capital de cada condenado y la imprescriptibilidad,
incluso tras la muerte, de estas sanciones (Alcaraz Abellán, 1990, pág. 1105). Esto
28
supone que el pago de costas, la incautación de bienes y la aplicación de
responsabilidades civiles pasa a formar parte del arsenal represivo del régimen (Rivas
García, 2000, pág. 76).
La represión económica directa, por medio de las sanciones o incautaciones no
fue la única aplicada. Como comentaba antes, la Ley de Responsabilidades Políticas
contemplaba entre sus penas la inhabilitación para ejercer cargos públicos, tanto de
manera total como de manera temporal o parcial. Este modelo particular de represión
económica afectaría sobremanera a un enorme número de funcionarios en todo el
Archipiélago, y condena a la pobreza y la marginación social a centenares si no miles de
personas en Canarias de una manera mucho más sutil que la directa incautación de
bienes o capital. De manera anecdótica menciona Rivas García (2000, pág. 77) como
desde el 20 de julio de 1936 los funcionarios públicos van a consagrar al menos un día
de su salario mensual a la campaña de manera “voluntaria”, lo que supone otro claro
ejemplo de represión económica. Salvador González (2000, pág. 98 y 99) indica para el
caso de La Palma como se fijaron cuotas de recaudación de “donativos”, cuyas cuantías
estuvieron controladas por los caciques tradicionales.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hemos podido obtener pocos datos
rigurosos, que a continuación presentamos. Para la isla de Tenerife, Ramiro Rivas
estima que alrededor de 10.000 personas pudieron ser víctimas de uno de los impuestos
aplicados a modo de correctivo a aquellos que no colaboraron con el Movimiento
Nacional o cualquier otro tipo de pago coaccionado (Rivas García, 2000, pág. 76). Para
La Palma, sabemos que en 1936 se recaudaron en torno a 70.000 pesetas para la causa,
de las cuales unas 40.000 fueron aportadas por la burguesía conservadora de la isla. Sin
embargo, las prácticas que atestigua un falangista presente en una de las reuniones para
la organización de la recaudación organizada en San Andrés y Sauces (recogido por
Salvador González (2000, pág. 99) como los caciques aprovechaban su poder para
imponer cuotas al resto de habitantes, con lo que cabe suponer que hubo un gran
componente de coacción en estos pagos. Además, con la disolución de todas las
asociaciones políticas de la isla, todos sus fondos fueron incautados, y sus propiedades,
enajenadas. Para La Gomera vemos la aplicación de trabajo forzado a la población,
como mano de obra gratuita para los señores, o la incautación de cualquier joya visible,
incluyendo todo metal precioso presente en las iglesias (García Luis & Torres Vera,
29
2000, pág. 124 y 125). Finalmente, en El Hierro, habría medidas en la misma línea que
en resto de islas (Cabrera Acosta, 2000b, pág. 138).
Para la provincia de Las Palmas Alcaraz comenta que de los más de 2.600
individuos encausados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas sólo se ha podido
identificar la procedencia de alrededor de la mitad, pero que esta identificación muestra
como el 90% de esto encausados procedía de Gran Canaria, por lo que queda
meridianamente claro que fue esta isla la que soportó la enorme mayoría de las
condenas. El que la población de Gran Canaria para 1940 fuera alrededor de seis veces
la de Lanzarote y Fuerteventura combinadas, unido al hecho de que fue la única de las
tres que se resistió a la sublevación explican esta diferencia. Sin embargo, si es
sorprendente que casi el doble de majoreros que de conejeros fueran juzgados (Alcaraz
Abellán, 1990, pág. 1109). Las mujeres también fueron juzgadas por estos tribunales,
aunque de manera muy minoritaria, siendo tan solo un 2% de los casos registrados. La
distribución profesional muestra también como la clase obrera fue la más perjudicada
por estos juicios, con el colectivo del funcionariado dentro del grupo de profesionales
liberales y clase media siendo el más afectado. Con penas entre 25 y 25.000 pesetas, la
mayoría de las condenas fueron por cantidades entre 100 y 500 pesetas, lo que equivalía
a entre la mitad y el doble del salario de un trabajador de la época (Alcaraz Abellán,
1990, págs. 1116-1119). La mayoría de estas condenas se darían en 1940, un año
después del final de la Guerra Civil, pero las bases para este proceso se habían sentado a
comienzos del año anterior.
2.5. La represión contra las mujeres
A lo largo de toda la Guerra Civil y a través de los diferentes procesos represivos
que se desarrollaron durante este periodo, las mujeres, aunque en menor proporción,
fueron juzgadas y sufrieron penas en todos los otros ámbitos represivos que hemos
tratado con anterioridad, como las ejecutadas por la “Conspiración de Los Campitos”
(Hermida Martín, 2012). Sin embargo, las mujeres se vieron sometidas también a una
represión específica por su condición de mujer. Ejemplo de esto es que cuando un
familiar cercano era detenido o condenado no era solo el condenado el que sufría por
esto, sino también su familia, y más particularmente las mujeres de estas, que podían ser
tomadas como rehenes, condenadas por simple parentesco o sufrir violencia física y
30
sexual como castigo por “roja” aunque jamás hubiera militado. Desde el propio régimen
se incentivaba esto, como con las palabras de Queipo de Llano animando a los soldados
sublevados a ejercer le violencia sexual contra las mujeres (Hermida Martín, 2012, pág.
306). La llegada de los preceptos nacional-católicos integristas de los sublevados,
profundamente impregnados de antifeminismo y misoginia proveniente de la Edad
Media no hizo sino reforzar la desigualdad de género y la separación de roles
preexistente. La familia giraba en torno al matrimonio y la procreación, subordinada a la
voluntad del hombre (González Pérez, 2002, pág. 1766 y 1767).
En Canarias no hubo una movilización por parte de las mujeres para la lucha
contra los fascistas de manera colectiva, al contrario que en la Península, sino que
afrontaron de forma aislada la represión. La cárcel provincial de la calle San Miguel en
Santa Cruz de Tenerife fue reconvertida en una prisión para mujeres. El volumen de
detenidas hizo que fuera necesario montar nuevas cárceles improvisadas en salones,
locales e instancias de diferentes edificios cedidos o incautados por los sublevados. Las
mujeres republicanas sufrieron grandes castigos por su activismo político, siendo
sometidas a torturas, violaciones y humillaciones públicas, como la ingesta de ricino
(Rivas García, 2000, pág. 76) o el rapado del cabello, así como obligándolas a trabajar
de manera gratuita para los señores de sus respectivos pueblo o barriendo la calle
(García Luis & Torres Vera, 2000, pág. 124). A las maestras se las castigaba no solo por
su propia pertenencia a sindicatos o partidos políticas, sino también por la de sus
maridos, fuera con la inhabilitación o con la pérdida de partes importantes de su sueldo.
Muchas otras mujeres fueron detenidas o asesinados, algunos tuvieron que esconderse,
y otras consiguieron escapar a Venezuela (González Pérez, 2002, pág. 1768).
Muchas mujeres tuvieron que convertirse en el único soporte de sus familias,
después de que los hombres huyeran, fueran detenidos o enviados al frente. En el caso
de las mujeres de represaliados, sufrían del abuso de poder y del acoso sexual de
muchos de sus patronos. Todas las familiares de los denominados “rojos” eran
marginadas y solo podían acceder a los trabajos peor pagados, a veces solo se les
remuneraba con la comida, y se vieron obligadas a sufrir todo tipo de vejaciones y
humillaciones, para poder sobrevivir en la miseria (González Pérez, 2002, pág. 1771).
Hay testimonios de hijas de fusilados que cuentan como sus madres fueron obligadas a
presenciar la ejecución de sus padres. Es notable el caso de las hijas de los afiliados de
la CNT de Santa Cruz de Tenerife con mujeres embarazadas en el momento de su
31
ejecución, donde las madres se pusieron de acuerdo para llamarlas Libertad, pero sus
nombres fueron cambiados en el Registro Civil por otros, como Tomasa o Victoria.
Muchas mujeres se vieron obligadas a cambiar de domicilio, cambiando de pueblo o
incluso islas, para poder pasar desapercibidas y llevar una vida “normal” (González
Pérez, 2002, pág. 1773).
En Tenerife tenemos la prisión provincial donde un buen número de
presas fueron retenidas a lo largo de toda la guerra, no solo canarias pero de todo el
territorio nacional. Las mujeres que eran represaliadas y condenadas a cárcel en otras
islas eran trasladadas a la prisión de Tenerife para pasar allí su encierro.
2.6. El papel de la Iglesia en la represión
La Iglesia católica jugó un papel fundamental como soporte ideológico del
régimen a lo largo de toda su existencia. Temeroso del laicismo republicano que
lentamente le iba restando importancia, unido al fuerte sentimiento anti-clerical de las
clases obreras españolas que defendían la legalidad republicana, el episcopado español
va a apoyar en masa lo que ellos mismos denominaran, en una carta colectiva hecha
pública el 1 de julio de 1937, “un plebiscito armado para salvar a España del
comunismo y como unza cruzada contra los infieles” (Millares Cantero S. , 2011b, pág.
415). En todo el territorio controlado por los sublevados la Iglesia va a colaborar de
manera mayoritaria con el proceso represivo, actuando como pilar moral desde los
púlpitos e interviniendo en los procesos represivos como jueces tanto como
denunciantes, y el clero canario no fue una excepción. La actuación del sacerdocio
católico en Arucas, Agaete o La Laguna son claros ejemplos de esto.
Ante esta masiva connivencia por parte de la institución eclesiástica con la
represión, llama la atención de algunas actuaciones del obispo Pildain, que exhibió en
numerosas ocasiones una gran receptividad a los ruegos por parte de familiares de
represaliados. Pildain era un sacerdote que había representado en el parlamento en 1931
a los sectores más recalcitrantes del clero español, obteniendo su escaño de la minoría
vasco-navarra. Esto llevó a que su nombramiento, confirmado por la Iglesia desde
marzo de 1936, fuera impedido o retrasado, más bien, tanto por el gobierno republicano
como por los sublevados. En realidad, el obispo de Las Palmas no disentía de la
32
concepción de la Guerra Civil como cruzada, ya que había firmado la anteriormente
nombrada carta, sino más bien de algunos de los métodos utilizados en ella (Millares
Cantero S. , 2011b, pág. 416). Pildain ordenó además que se expidieran todos los
certificados de buena conducta posible, con la intención de evitar las muertes, muy al
contrario de lo que haría el prelado tinerfeño. En numerosas ocasiones intercedió el
obispo de la diócesis grancanaria para intentar evitar las ejecuciones, aunque muchas de
esas ocasiones fueran infructuosas, siendo su intento de intermediación más célebre tal
vez el que realizó en favor de Juan García Suárez, el fugitivo conocido como “El
Corredera” (Millares Cantero S. , Anaya Hernández, Orihuela Suárez, & Suárez Bosa,
1988, págs. 161-163). En todo caso, las diferencias entre Pildain y el régimen no fueron
sino agrandándose con los años, a pesar de compartir el mismo objetivo
“cristianizador”.
Como ya comentaba brevemente antes, el caso del obispo de Tenerife, Fray
Albino González y Menéndez-Reigada, que fue un gran defensor de la dureza de los
castigos es diametralmente opuesto. A la vera del obispo de la diócesis nivariense,
amigo personal del dictador, el clero de toda la provincia apoyó de manera conjunta
tanto los objetivos de las medidas como los medios, incluyendo los más crueles y
sangrientos, e incluso colaborando con ellos (Millares Cantero S. , 2011b, pág. 417).
A pesar de todo esto, el papel más importante del clero fue el de desmontaje de
la del sistema educativo desarrollado durante la República, acabando con los avances
que se habían producido siguiendo y aplicando los más férreos y conservadores valores
morales eclesiásticos. La manera más importante en la que hicieron esto fue a través de
la depuración del profesorado del magisterio y la educación secundaria. Este es el caso
del sacerdote Manuel Socorro Pérez, que fue nombrado director del Instituto de Las
Palmas por su inquina contra el profesorado republicano (Millares Cantero S. , 2011b,
pág. 418), aunque hay ejemplos sobrados de ataques por parte del clero contra el
profesorado, algunos de los cuales recoge Olegario Negrín Fajardo en una de sus
múltiples intervenciones en los Coloquios Canario-Americanos. Hubo también, en
contadas ocasiones, intervenciones directas de algunos párrocos en defensa de
profesores, pero estas fueron con mucho las menos (Negrín Fajardo, 2008, pág. 361).
Los sacerdotes católicos constituyeron la parte del aparato represor más cercana
a la sociedad civil, y contribuyeron en gran medida a alimentarlo. Sus informes, que
33
mezclaban acusaciones de tipo moral, profesional e ideológico de cualquier manera y
que podían ser completamente falsas, fruto de rencillas típicas de pueblos pequeños, o
basadas por completo en rumores, fabricados a “mayor gloria de Dios”. Finalmente, es
necesario mencionar como la enorme participación del clero como jueces tanto como
informantes ha pasado enormemente desapercibida y nunca ha sido emitida ningún tipo
de disculpa, ni por los acusadores en particular, ni por la institución eclesiástica en
general (Negrín Fajardo, 2008, págs. 369-371).
2.7. Los que huyeron
La represión no se dejó sentir solamente sobre aquellos que fueron objeto directo
de la misma, sino también sobre los que se vieron obligados a escapar, huir o evadirse
para escapar de ella. Numerosos canarios se exiliaron u ocultaron durante años para no
ser represaliados, temática que se aborda de modo general en el trabajo de Alberto
Anaya et alii (1989). En primer lugar nos referimos al caso de “los huidos” que Miguel
Ángel Cabrera en su obra sobre la represión franquista en El Hierro define de la
siguiente manera: “Designamos con el término huidos, o escondidos, a aquellas
personas que, tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, se ocultan con el fin
de evitar su detención por parte de las fuerzas policiales, militares o paramilitares y
permanecen durante bastante tiempo en dicha situación de fugitivo” (Cabrera Acosta,
2015, pág. 61). Los huidos son un fenómeno generalizado en casi todas las islas, al igual
que en otras zonas del estado español.
En la provincia de Las Palmas todos los casos que conocemos son procedentes
de la isla de Gran Canaria. Este fue debido probablemente a dos factores: la baja
conflictividad que se había desarrollado y la carencia de grandes accidentes geográficos
de los cuales beneficiarse a la hora de esconderse. Lo único que parece relacionar a
estas islas con el fenómeno de los huidos es el hecho de que algunos grancanarios se
desplazaron hacia ellas intentando huir de la represión (Anaya Hernández, Alcaraz
Abellán, Orihuela Suárez, & Millares Cantero, 1989, pág. 331). De Gran Canaria
sorprende como, a pesar de ser el Norte de la islas la zona donde mayor resistencia al
Golpe hubo, la mayoría de los huidos de la isla no provienen de allí, sino de Telde y Las
Palmas de Gran Canaria, al Este, aunque no faltaron norteños que lo intentaran, como el
alcalde de Arucas Juan Doreste Casanova. Deduce el autor que esto se debió
34
probablemente a que en el Norte, en tanto que zona más reprimida, era más difícil
echarse al monte. De los huidos de Telde, tres conseguirían permanecer escondidos,
siendo uno de ellos Juan García Suárez, “Corredera”, que no sería capturado hasta 1959,
cuando se convirtió en un ejemplo de la brutalidad del régimen al ser ejecutado por el
método del garrote vil. Para los de Las Palmas, dos permanecerían escondidos durante 6
años, mientras que un tercero, llamado Pedro Nolasco Perdomo, merecería la
denominación de lo que hoy conocemos como topo, al haber pasado 30 años escondido
de las autoridades hasta la publicación del Decreto de Extinción de Responsabilidades
Políticas de 1966 (Anaya Hernández, Alcaraz Abellán, Orihuela Suárez, & Millares
Cantero, 1989, pág. 333).
Entre los herreños, únicos de los que hemos podido encontrar información en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, podemos contar seis huidos, que presentan casos
particularmente llamativos debido a la duración de su permanencia en la clandestinidad,
alrededor de ocho años (Cabrera Acosta, 2015, pág. 61).
Aparte de los huidos, muchos otros canarios se exiliaron huyendo de la represión
franquista. Sus orígenes y destinos fueron más que diversos. Algunos, habiendo sido
reclutados para servir en el bando alzado al comienzo de la guerra, consiguieron escapar
de la zona sublevada y unirse a las tropas republicanas. Otros no tendrían tanta suerte y
serían capturados y, probablemente, ejecutados por deserción. Muchos de los casos que
consiguieron cambiar de bando acabarían exiliándose a otros países como Francia o
Méjico. Tenemos casos como el del grancanario Antonio Medina Vega, que acabaría
integrado en las fuerzas de la Francia Libre del general Leclerc que liberarían el Norte
de África y Francia, o el tinerfeño Miguel Campos, que encabezaría también con
Leclerc la liberación de París. Algunos acabarían incluso en la URSS, luchando también
contra los nazis, como el grancanario José Falcón Rivero (Anaya Hernández, Alcaraz
Abellán, Orihuela Suárez, & Millares Cantero, 1989, págs. 344-346). Otros canarios
exiliados en Francia con peor suerte acabarían siendo deportados a campos de
concentración como el de Mauthausen, como fue el caso de al menos ocho palmeros, tal
y como relata Alfredo Mederos (2005, pág. 197).
35
3. Conclusión
En conclusión, a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, hemos intentado dar
una visión general sobre el fenómeno de la represión franquista en Canarias en sus
diferentes aspectos a través de la información que la bibliografía actual nos presenta, no
sólo sobre sus formas de aplicación, sino también sobre la distribución geográfica de la
misma.
Para esto, contextualizamos este fenómeno en el momento en que comenzó a
aplicarse a partir de 1936, así como los factores que propiciaron la aparición del mismo.
Esto nos permite exponer brevemente como concibe actualmente la academia la
escalada de conflictividad hasta el estallido que supone el comienzo de la guerra. Así
pues, procedemos a explicar las razones que justificaron la aplicación de estas medidas
represivas por parte de las autoridades sublevadas, para pasar a detallar finalmente en
qué consistía cada tipo de represión, quienes fueron los que la sufrieron, como se
distribuyó a lo largo del archipiélago y quienes colaboraron con esta. El énfasis en este
trabajo ha estado en caracterizar a esta maquinaria represiva, mostrando su función de
control social e ideológico y su funcionamiento, y no tanto en desarrollar una
cronología simple de su desarrollo. La base sobre la que se ha establecido todo este
desarrollo ha sido, como ya he mencionado antes, la bibliografía académica a la que se
puede acceder hoy en día para tratar este tema.
Durante la realización de este trabajo, tres aspectos que atañen al conocimiento
que tenemos sobre este periodo, relacionado con la bibliografía disponible, parecen
dignos de reseñar:
- En primer lugar el enorme desarrollo de la bibliografía desde finales de los años 80
hasta la actualidad. En este periodo de tiempo hemos visto cómo la cantidad de
artículos, conferencias, coloquios, libros y trabajos en general a cerca de este
periodo ha aumentado de manera más que notable. La apertura de cada vez más
archivos ha permitido a los investigadores acceder a datos nunca antes analizados y
desarrollar un trabajo historiográfico de enorme valor que ha ampliado nuestra
comprensión del periodo en gran medida.
- En segundo lugar, cómo a pesar del enorme desarrollo que hemos contemplado en el
trabajo sobre la represión franquista, algunas áreas aún se mantienen relativamente
inéditas en lo que respecta a la investigación histórica. Aspectos tan importantes
36
como la historia de las mujeres, aunque en desarrollo hoy en día y con obras que
tratan las circunstancias de la mujer durante el periodo, carecen de obras de
referencia para el análisis de este proceso concreto que es la represión. De la misma
manera, el trabajo de investigación sobre el papel de la Iglesia en la represión y
sobre el fenómeno los huidos carece de una bibliografía específica de gran
profundidad, a pesar del trabajo diseminado a lo largo de la bibliografía que
hayamos podido encontrar y que completa de manera relativa los conocimientos
sobre la materia.
- En tercer y último lugar cabe mencionar que hay una notable ausencia: la de una
gran obra de carácter monográfico para toda la región. Toda la bibliografía a la que
hemos podido acceder, aunque muy amplia y completa, se centra en diferentes
aspectos de la represión, sea un análisis general de la represión para una isla o
provincia en concreto, un análisis de un ámbito específico de la represión que se
estudia para todo el archipiélago o para alguna de las provincia. Esto excluye la
posibilidad una mayor contextualización de la investigación en el ámbito canario.
Lo más cercano a esto son obras de carácter conjunto y recopilatorio que, aunque
muy completas, pueden sufrir de cierto desequilibrio en el tratamiento de los temas
entre los diferentes autores, problemas de contextualización general o incluso de
ausencia de temas significativos.
Tras esos apuntes finales solo nos queda esperar que este trabajo haya
contribuido en alguna medida al desarrollo de nuevas líneas de investigación o a la
profundización de otras ya existentes, permitiendo esto a su vez mejorar nuestro
conocimiento sobre un periodo decisivo de la Historia de Canarias.
37
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