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“LA POSICIÓN PROCESAL DE LOS HIJOS SIN CAPACIDAD DE GOCE NI EJERCICIO, EN LOS PROCESOS QUE VA A DESPLEGAR EFECTOS SOBRE SU PERSONA”TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE DERECHO
PROYECTO DE TESIS
“LA POSICIÓN PROCESAL DE LOS HIJOS SIN CAPACIDAD DE
GOCE NI EJERCICIO, EN LOS PROCESOS QUE VA A
DESPLEGAR EFECTOS SOBRE SU PERSONA”
ALUMNA
Isabel Rosely MUNAREZ CAMPOS
PROFESOR
Dr. Walter Espinoza Altamirano
AYACUCHO
AÑO – 2014
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I. DESARROLLO DEL PROYECTO O PLAN DE TESIS.
I.1. Resumen.
El proyecto, parte de una interrogante: ¿Puede el sistema de
justicia peruano, garantizar una intervención procesal eficaz de un
menor de edad no emancipado dentro de un proceso judicial que va
a desplegar efectos sobre su persona y en el que no va a poder
intervenir como parte? en tal contexto el objetivo es: determinar si el
modelo de justicia peruano establece mecanismos, para una
intervención eficaz del menor de edad no emancipado en un proceso
judicial que va a desplegar efectos sobre su persona y en el que no
va a poder intervenir como parte; dentro de un marco teórico –
dogmático, sobre la garantía de vigencia de derechos subjetivos de
niños, niñas y adolescentes.
La investigación se ubica dentro del tipo básico, nivel:
descriptivo, explicativo y, para contrastar las hipótesis se utilizará los
métodos inductivo, analítico y el sociológico; bajo un diseño
descriptivo simple, basado exclusivamente en el análisis documental,
sobre la posición procesal de los hijos sin plena capacidad en los
procesos de desplazamiento familiar.
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2.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
2.2.1. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA:
Entre los múltiples efectos que se derivan de un proceso de
separación, divorcio o invalidez del matrimonio, tienen especial
relevancia todos aquellos que de una manera más o menos
directa atañen a los hijos del matrimonio. Por otro lado, estos
efectos se producen también en los procesos a que se refiere el
artículo 81 y 88 del Código de los Niños y Adolescentes, y que
son aquéllos que versan exclusivamente sobre tenencia y régimen
de visitas de hijos menores o sobre alimentos reclamados en
nombre de esos hijos.
A pesar de que en el sistema de justicia peruano se ha
incorporado, desde el año 2000, una nueva legislación
especializada en materia de niños, niñas y adolescentes, en el
que de manera expresa se le reconoce como derecho civil, la
libertad de opinión, y, en los procesos sobre tenencia se
preceptúa escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del
adolescente; debe tenerse en cuenta que no solo es este el
ámbito procesal en el que se afectan directa o indirectamente los
intereses de niños, niñas o adolescentes, sino también en los
procesos referidos al desplazamiento de un determinado estado
familiar, pudiendo expresarse libremente, siempre después de
haber sido debidamente informado de manera objetiva,
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comprensible e imparcial sobre cuál sea su situación en el seno
de la crisis familiar.
El sistema legal ha previsto para los procesos de tenencia,
el deber de escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del
adolescente; empero no existe previsión legal o jurisprudencial
que garantice el ejercicio de dicho derecho en los procesos de
desplazamiento de estado familiar y que dicha opinión y voluntad
sean interpretadas en función de su grado de madurez y
desarrollo emocional e intelectual, más bien la apreciación de la
opinión de menores de edad se encuentra librada al criterio
discrecional del juzgador, en los que no siempre se hace
prevalecer el interés superior del menor a la hora de tomar
cualquier decisión o de adoptar cualquier medida que pueda
afectarle.
Son éstos, -y más concretamente, en lo que a nosotros nos
interesa por ser el objeto de nuestro estudio- los hijos sin plena
capacidad, unos sujetos de derecho que van a verse directa o
indirectamente afectados por el resultado de un proceso en el que
además no van a poder intervenir como parte procesal legítima.
La cuestión se centra, pues, en cuál es la situación procesal de un
menor de edad no emancipado o un incapacitado frente a un
proceso judicial que va a desplegar efectos sobre su persona y en
el que no va a poder intervenir como parte; cuáles son los
mecanismos legalmente previstos para la representación y
defensa de sus intereses y, finalmente, hasta qué punto tales
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mecanismos garantizan plenamente la protección de los hijos sin
plena capacidad del matrimonio o pareja de hecho.
En definitiva, se trata de una visión a fondo de la forma en
que queda protegido por nuestras normas procesales el interés
superior de los hijos menores de edad o incapacitados en el seno
de un proceso matrimonial.
2.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
2.2.2.1 PROBLEMA GENERAL.
¿Puede el sistema de justicia peruano, garantizar una
intervención procesal eficaz, de un menor de edad no
emancipado, dentro de un proceso judicial que va a desplegar
efectos sobre su persona y en el que no va a poder intervenir
como parte?
2.2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS.
A. ¿Hasta qué punto, la racionalidad formal y sustancial del
derecho, garantiza la tutela judicial de los hijos sin plena
capacidad, en los procesos de desplazamiento familiar?
B. ¿En qué medida los mecanismos legalmente previstos para la
representación y defensa de los intereses de niños, niñas y
adolescentes, garantizan su derecho a ser oído y permiten que
sea interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo
emocional e intelectual en los procesos de desplazamiento
familiar?
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2.3. JUSTIFICACIÓN:
2.3.1. TEÓRICA:
El tema de investigación es relevante teóricamente desde una
óptica estrictamente procesal y más concretamente desde el punto de
vista de los hijos menores en el ámbito de un proceso de nulidad
matrimonial, separación o divorcio entre sus padres porque, La idea de
una actividad guiada por reglas o principios, podría permitir que la toma
de decisiones en un caso en el que se encuentran inmiscuidos niños,
niñas o adolescentes no sea propensa a un juego de manipulaciones o
criterios discrecionales que ciertamente lindan más bien con opiniones,
preferencias personales y la conciencia de cada uno; sino, más bien con
razones estrictamente jurídicas, apoyadas en reglas y principios
derivadas del sistema de justicia.
La precaria formación dogmática de esta parcela del derecho, por
parte de los operadores de justicia, junto a la presencia plural de valores,
abona fácilmente el terreno para que la situación descrita se presente.
La característica de dichos casos reside en que las decisiones son
arropadas mediante diversos tipos de argumentos sobre hechos
planteados por los padres, cuyo resultado soslaya la titularidad de
derechos subjetivos y el ejercicio de ellos por parte de los menores de
edad en el curso de un proceso judicial de desplazamiento de estado
familiar.
En correlación con lo expuesto se analizará con detalle las teorías
jurídicas generalmente aceptadas en el campo del ejercicio de derechos
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civiles y políticos, así como de sus garantías por parte de los niños,
niñas y adolescentes, las cuales brindan una cobertura intelectual en la
defensa y representación de los menores de edad en cualquier tipo de
proceso o procedimiento.
Concretizada la investigación exitosamente, se logrará generalizar
los resultados en principios básicos delimitados en sus alcances, que
informen y delimiten, en el quehacer jurisdiccional la misión de los
operadores de justicia en los procesos de desplazamiento de estado
familiar respecto a la tutela de derechos subjetivos que le conciernen a
niños, niñas y adolescentes.
La vasta información normativa de las cláusulas constitucionales,
junto a la presencia plural de valores abona fácilmente el terreno, para
que este nuevo enfoque se desarrolle. En correlación con lo expuesto se
analizará con detalle las teorías jurídicas sobre la protección integral de
los derechos del niño, niña y adolescente, las cuales brindan una
cobertura intelectual metateórica.
2.3.2. SOCIAL:
Si tenemos en cuenta que todo conflicto intersubjetivo no es sino
el desencuentro de intereses, en los que tanto uno como otro proponen
argumentos que respaldan su interés, el tema de investigación es
relevante socialmente en la medida que no solo se pretende aportar
elementos de juicio normativos; sino, que las soluciones teóricas
propuestas constituyan mensajes específicos a la sociedad sobre la
debida protección que el sistema de justicia le dispensa a los menores
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de edad. Es decir, el Juez no puede conocer el grado de madurez,
psicológica o desarrollo emocional e intelectual de un menor sin haberlo
visto anteriormente. Por lo tanto, cabe pensar, que bastará con que el
hijo sea capaz de expresarse y entender mínimamente lo que se le diga
para que exista la posibilidad de que tenga «suficiente juicio». Por
consiguiente, parece del todo razonable que -en esas circunstancias y
sobretodo en caso de duda- el Juez deba ver al niño para valorar si el
mismo está en condiciones de formarse un juicio propio, profundizando -
si así es- en la exploración judicial, o dando por finalizada la misma en
caso contrario. Otra cosa será, pues, el mayor o menor fruto que el Juez
pueda extraer de la exploración judicial. Evidentemente, no tendrán nada
que ver las manifestaciones de un niño de cuatro años con las de otro
de once años de edad, pero ello no implica necesariamente que las de
aquél tengan menos valor. Simplemente habrán de ser unas y otras
interpretadas desde puntos de vista distintos, en tal sentido, la presente
investigación ayudará a resolver un problema social, pues se proveerá a
los operadores del derecho estudios analíticos sobre la dimensión
propiamente racional del proceso decisorio a la luz de la doctrina de la
protección integral de niños, niñas y adolescentes.
2.3.3. METODOLÓGICA:
Si nos atenemos a que el objeto de la investigación es realizar un
estudio teórico-empírico acerca de la intervención jurisdiccional cuando
el conflicto versa sobre el desplazamiento del estado familiar, el trabajo
se justifica pues metodológicamente se dará un aporte; al diseñar,
construir y validar, concepciones novedosas acordes con la doctrina de
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la protección integral de los niños, niñas y adolescentes inmerso dentro
de una dinámica social cambiante; para así, poder hacer más efectiva la
protección de los menores de edad cuando el proceso es una de
desplazamiento familiar.
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
2.4.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar si el modelo de justicia peruano establece
mecanismos, para una intervención eficaz del menor de edad no
emancipado, en un proceso judicial que va a desplegar efectos sobre su
persona y en el que no va a poder intervenir como parte
2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
A. Analizar si el modelo de justicia peruano garantiza plenamente la
protección de los hijos sin plena capacidad, del matrimonio o
pareja de hecho, en los procesos de desplazamiento familiar.
B. Explicar si los mecanismos legalmente previstos para la
representación y defensa de los intereses de niños, niñas y
adolescentes garantizan su derecho a ser oído y que esta sea
interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo
emocional e intelectual.
2.5. MARCO TEORICO.
2.5.1. ANTECEDENTES.
2.5.1.1. Justicia constitucional.
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En tiempos remotos, los monarcas cedieron la facultad de
juzgar a otros organismos o magistrados, para que éstos
impartieran la justicia a su nombre, aunque aquellos se
reservaban la decisión de las causas civiles o penales que
tuvieran determinada importancia y las que tuvieran connotación
política. De esta manera comenzó a dar sus primeros pasos la
independencia del poder judicial respecto de los que dirigían los
pueblos del mundo, hasta que la Carta Magna de Inglaterra,
aceptada por Juan sin Tierra en el Siglo XIII (año 1215),
estableció jueces definitivamente independientes, quienes
aunque administraban la justicia en esa época a nombre del
rey, en realidad lo hacían a nombre de la sociedad, naciendo así
formalmente la función judicial. Desde entonces, ésta función fue
consagrada en las Constituciones que fueron instauradas de ese
tiempo en adelante.
Resulta útil puntualizar, para mejor comprensión, que la
denominada función jurisdiccional, que no es más que la facultad
o función de juzgar, o sea, de dirimir un conflicto de derecho, tiene
un sentido más genérico, más amplio, que la acepción función
judicial, por cuanto aquella abarca tanto las actividades de los
tribunales judiciales propiamente dichos, como de los tribunales
del orden administrativo.
La justicia constitucional tiene un desarrollo procedimental
que comprende una serie de actuaciones y/o ejercicios
conceptuales dirigidos a la interpretación de la Constitución y, si
resultara procedente, a la aplicación de la norma suprema sobre
cualquier disposición adjetiva que colida con la misma. La
culminación del proceso constitucional lo constituye la sentencia
que interviene, la cual es considerada como una fuente de
derecho por la doctrina moderna, orientándose ésta, en el sistema
de fuentes, a situar las sentencias constitucionales en un lugar
intermedio entre la Constitución y la ley, cuando las mismas
interpretan las normas supremas, o en una posición similar a la de
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la ley, si las sentencias interpretan constitucionalmente a las
leyes, que en todo caso no es un lugar inferior a éstas últimas.
Al respecto, el jurista colombiano Humberto A. Sierra
Porto nos dice que “el fundamento de esta posición privilegiada,
es consecuencia de la existencia misma de la justicia
constitucional: la justicia constitucional encuentra su fundamento
en la cadena ininterrumpida de razonamientos lógicos que
conducen de la afirmación del poder constituyente a la existencia
de una Constitución y de la necesaria supremacía de ésta sobre
los poderes constituidos. En éste sentido, el tribunal
constitucional, mediante sus sentencias, como garante de la
Constitución frente a los demás poderes constituidos, debe estar
en una posición superior a la de éstos o, por lo menos, de sus
decisiones.” (sic).
Existen varios modelos clásicos de jurisdicción
constitucional, a saber:
1) El sistema concentrado, austriaco o Kelseniano,
caracterizado por la atribución a un tribunal ad-hoc de la
competencia de justicia constitucional;
2) El sistema difuso, norteamericano o del judicial
“review”; y
3) El sistema mixto, comprensivo de los sistemas
concentrado y difuso, como el dominicano actualmente y de otros
países.
Las sentencias constitucionales pueden ser de
inconstitucionalidad o de constitucionalidad, con efectos “erga
omnes” si se obtienen, como consecuencia del control
concentrado a cargo de un órgano jurisdiccional específico, o con
efectos relativos si provienen del control difuso, en ocasión de una
controversia judicial entre particulares.
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La justicia constitucional procura, esencialmente, la
preservación de los derechos individuales constitucionalmente
protegidos y de la organización política del Estado, incluyendo el
ejercicio de las funciones que atribuye la Ley Fundamental a los
órganos creados por la misma para su fiel cumplimiento y
aplicación, lo que trae consigo el debido control y vigilancia de la
supremacía de la Constitución, en todos los órdenes.
La naturaleza jurídica de la justicia constitucional difiere
en el concepto doctrinal, ya que algunos autores sostienen el
carácter jurisdiccional de los tribunales constitucionales y otros
defienden su naturaleza política.
Los primeros dicen que la justicia constitucional está
sujeta a las reglas de toda la actividad jurisdiccional de los
tribunales ordinarios y está supeditada al principio de la estricta
legalidad. Los partidarios de la segunda alternativa sustentan el
carácter político de los tribunales constitucionales, considerando
que las cuestiones políticas son irresolubles por la vía teórico-
jurídica, como sostiene Carl Schmitt, en su obra “La Defensa de la
Constitución” (1983).
En ese orden, algunos autores defienden este último
criterio porque, según dicen, los medios utilizados por la justicia
constitucional son las normas constitucionales, entre otras del
mismo rango, que se caracterizan por su especial contenido
político y, además, por la innegable trascendencia política de las
sentencias que controlan a los demás órganos constitucionales
del Estado, dirimen sus conflictos y garantizan los derechos y las
libertades fundamentales de los ciudadanos.
Entendemos, por nuestra parte, que aún en el caso de
que tales tribunales pertenezcan al orden jurisdiccional, como
acontece en la República Dominicana, no hay duda de que si bien
la jurisdicción constitucional tiene contenido político, no es una
jurisdicción eminentemente política. El jurista José Ángel Marín
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expresa al respecto que “compartimos la opinión doctrinal que
postula que no cabe negar la dimensión política de los tribunales
constitucionales. Predicar la apoliticidad de los tribunales
constitucionales es sostener la apoliticidad de las Constituciones...
Esto no significa de ninguna manera que el tribunal constitucional
actúe –políticamente- es decir, violentando los valores y objetivos
que con él se pretenden afirmar. Esa polarización política no
deseada ha dado lugar a que en ocasiones se hable de un
tribunal que resuelve –políticamente-, infringiendo en su actuar los
valores políticos constitucionales”;
Podemos afirmar que, particularmente en la República
Dominicana, si bien en los tribunales que actúan en materia
constitucional se tratan asuntos políticos, el método de solución
de los mismos es jurídico, o sea, se deciden temas políticos en
forma jurídica.
Una cosa es examinar las consecuencias políticas de una
decisión jurisdiccional y otra muy diferente es buscar soluciones
que sólo competen a otro órgano del poder. El autor español
Enrique Alonso García expresa, en ese tenor, que “una cosa es,
como admite la generalidad de la doctrina, que las decisiones de
la justicia constitucional tengan un reflejo indirecto sobre lo
político, un influjo sobre el indirizzo político, formando parte del
conjunto del sistema político, y otra bien distinta es que se pase a
llevar a cabo conscientemente esa función política en todos o en
algunos de los pronunciamientos jurisprudenciales”.
En otro orden de ideas, en la aplicación de textos que
alegadamente contravienen normas constitucionales, para
resolver cualquier controversia, los objetivos principales de la
justicia constitucional son, en primer lugar, proteger la
preponderancia práctica del ordenamiento constitucional; en
segundo lugar, ejercer el control formal de la regularidad de las
leyes y disposiciones similares, y de su contenido sustancial, cuya
aplicación le asigna al juez constitucional controlar la efectividad y
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eficacia de la Constitución. Otra finalidad de la justicia
constitucional es propender a que la solución adoptada sea la
más correcta para el caso, en relación directa con la normativa
constitucional y, en fin, perseguir y asumir la preservación de la
fórmula política contenida en el sistema constitucional vigente.
La justicia constitucional que, como se ha visto, es
ejercida y aplicada por los tribunales jurisdiccionales, no sólo debe
constituirse en albergue inquebrantable del principio relativo a la
supremacía de la Constitución sobre todo estamento jurídico y
legal de la nación, lo que le otorga a dicha Ley Fundamental
jerarquía de ordenamiento superior a cualquier ley adjetiva que le
sea contraria, debe también prever, dentro de la racionalidad
jurídica de las decisiones que adopte, las consecuencias sociales
que puedan traer consigo las providencias que emita, sin perder
de vista en esa vertiente el bien común y el interés general.
Otro tema de interés dentro de la problemática
concerniente a la justicia constitucional, se plantea en cuanto a la
independencia y autonomía de los órganos de decisión en
cuestiones de índole constitucional.
En los sistemas, como el de los Estados Unidos de
Norteamérica, en que sólo existe el control difuso de la
constitucionalidad, mediante el cual todos los jueces deben aplicar
la Constitución por sobre la ley adjetiva, no se cuestiona la
jurisdicción de los tribunales comunes para conocer de materias
constitucionales.
El asunto resulta interesante, y hasta controversial, en los
países que sólo tienen el control concentrado de la
constitucionalidad o que tienen también el difuso.
El eminente jurista argentino Néstor Pedro Sagües, en su
obra “Derecho Procesal Constitucional”, se refiere al concepto
“jurisdicción” y afirma que este puede considerarse en sentido
amplio o restrictivo, en sentido material y dentro de lo que él
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denomina “doctrina orgánica”.- En la acepción amplia dice que
pueda hablarse de jurisdicción judicial, ejecutiva, parlamentaria,
militar, etcétera.- El modelo restrictivo describe un solo tipo de
jurisdicción, la judicial.- La jurisdicción o competencia
constitucional se entiende, en el sentido material, como la
actividad estatal que decide cuestiones constitucionales y deviene
como tutela jurisdiccional para corregir actos inconstitucionales de
los órganos del Estado.- Finalmente, la llamada “doctrina
orgánica” considera que una auténtica jurisdicción constitucional
solo se manifiesta cuando el conocimiento y solución de las
pretensiones fundadas en normas constitucionales se atribuyen a
órganos independientes de la organización judicial común.
Sin embargo, el tratadista Sagües entiende, lo que
compartimos plenamente, que la competencia o jurisdicción
constitucional no se define por el órgano que la ejecuta, sino por
la materia en torno a la cual versa. Es decir, ella existe con o sin
órgano especializado.
En la República Dominicana, por ejemplo, donde
coexisten los métodos concentrado y difuso, o sea, el sistema de
control compartido de la constitucionalidad, ha sido sugerida en
ocasiones la creación de un Tribunal Constitucional independiente
y autónomo, pero, aparte de que nuestra Constitución le atribuye
de manera expresa al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la
facultad de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad
de las leyes y normas similares, por la vía directa y con resultados
“erga omnes”, lo que implicaría para dar paso a ese tribunal
especializado una reforma constitucional de complicada
implementación por la rigidez de nuestra Carta Magna, resulta
oportuno aclarar que, en realidad, cuando nuestra Suprema Corte
de Justicia en pleno conoce y dirime cuestiones de tipo
constitucional, actúa como un verdadero y genuino tribunal
constitucional, sin incursión ni menoscabo alguno de las demás
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atribuciones de esa alta jurisdicción, ni enfrentamiento de estas
con aquella.
Aún la inserción en la actual estructura de la Suprema
Corte de Justicia dominicana de una Sala o Cámara
Constitucional, en adición a las ya existentes, resultaría un tanto
conflictiva, habida cuenta de que habría que, no sólo adecuar su
funcionamiento interno para armonizar con las labores
jurisdiccionales de las demás Cámaras y del Pleno mismo, sino, y
esto es de importancia vital, determinar y regular sus funciones de
competencia en materia constitucional. Cabe preguntar en tal
eventualidad, si la nueva Sala o Cámara tendría jurisdicción
exclusiva para ejercer el control constitucional de las normas
adjetivas, sea mediante el sistema difuso o el concentrado, lo que
la convertiría en una superestructura dentro del plenario supremo.
El tema es realmente espinoso.
Estas y otras interrogantes pueden suscitarse dentro de
esta cuestión, lo que conllevaría, no sólo la modificación de la ley
de casación y de la ley orgánica del Poder Judicial, y otras afines,
sino la enmienda de la propia Constitución de la República
2.5.1.2. Justicia especializada de niños, niñas y
adolescentes.
En 1990, el Perú, suscribió y ratificó, la Convención sobre los
Derechos del Niño, y en esa medida el Poder Judicial ha
adoptado a su vez, decisiones que traducen estos nobles
postulados.
Como sabemos, el objetivo general de la Reforma, es el de
generar cambios fundamentales en el Poder Judicial, con la
finalidad de sentar las bases, para una Reforma Integral del
Sistema de Administración de Justicia Peruano, de tal manera,
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que pueda cumplir su función de garante del estado de derecho y
de garante de la paz social.
En esa medida, la Justicia de Familia, se concibe como una parte
integrante del proceso de desarrollo integral del país y deberá
administrarse en el marco general de justicia social, para todos los
niños y adolescentes, de manera tal, que contribuya a su
protección y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad,
así, los servicios de Justicia especializados deben perfeccionarse
administrativa y jurisdiccionalmente, con miras a elevar el servicio
y mantener la competencia de sus funcionarios e, incluso, los
métodos, enfoques y aptitudes adoptadas.
En Octubre de 1996, el Poder Judicial se hizo cargo de los
Centros Juveniles, cuyas funciones específicas están orientadas,
a la reinserción en la sociedad, de adolescentes infractores a la
ley penal; habiéndose aprobado por la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, el Sistema de Reinserción Social del Adolescente
Infractor, por Resolución Administrativa Nº 539-CME-PJ, que
constituye el primer instrumento técnico-normativo y jurídico en la
historia judicial.
Actualmente, somos testigos de los cambios que en esta área se
han verificado; no obstante, dichos resultados no serían posibles
de apreciar, si no se hubiera organizado previamente dos áreas
vitales: el ámbito administrativo-jurisdiccional de los Juzgados de
Familia, y el ámbito administrativo-técnico, a cargo de la Gerencia
de Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial.
A partir de la transferencia de funciones, las directrices fueron
trazadas, con la finalidad de consolidar los niveles de
coordinación entre Jueces de Familia y Centros Juveniles, que
permitieran el desempeño armónico y uniforme entre ambos,
como una sola unidad y como una contribución indudable, al
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mejoramiento del sistema de Administración de Justicia
especializada en infancia y adolescencia.
En 1996, el primer paso en el proceso de cambio en materia de
Familia, lo dió la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, al
convertir los Juzgados del Niño y del Adolescente, en Juzgados
de Familia, ampliando su competencia en los asuntos previstos en
el Libro III del Código Civil. Si bien la carga procesal de los ex-
Juzgados del Niño y del Adolescente, permitía un manejo
adecuado de las instituciones familiares del Código de la
especialidad, la inclusión del Libro III del Código Civil, complicó el
universo de la temática que los jueces conocían; generándose
una suerte de confusión de temas, cuyo común denominador eran
los niños, los adolescentes y los adultos con conflicto familiar.
El siguiente paso, fue aplicar los alcances de la Convención sobre
los Derechos del Niño, en lo que respecta, a los criterios de
especialización en la Administración de Justicia de menores de
edad, toda vez, que nuestro naciente Derecho de Infancia, ha sido
y es, como otros modelos en América Latina, un derecho
ecléctico, que incluye aspectos del modelo de protección, del
educativo y del de responsabilidad, por lo que se hace
imprescindible, la búsqueda de un modelo que guarde el equilibrio
entre lo judicial y lo educativo, alejándonos de la tendencia
histórica, de judicializar la intervención en materia de protección
de menores, que convierte a los jueces, en "super asistentes
sociales".
Resultaba entonces por demás necesario, evaluar tal situación en
su conjunto, con las deficiencias de carácter normativo en
contraste con la realidad de la infancia en nuestro país, cuyos
problemas no se solucionan con buenas normas o con buenas
intenciones, sino que se requiere de políticas sostenidas de
desarrollo no de instituciones eficaces para su protección y
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promoción. Igualmente importante, resultaba apreciar esta
confusa Administración de Justicia de menores, a la luz del Plan
Maestro de Operaciones del UNICEF - Programa de Cooperación
Perú-UNICEF 1996-2000, que señala la actuación judicial, como
marcada por la tendencia a judicializar la pobreza, razón por la
cual, el segundo paso, fue fijar una posición por parte del Poder
Judicial, estableciendo los aspectos jurídicos de protección a la
infancia, en cuanto a la doctrina, normas y procedimientos, entre
lo planteado por UNICEF y los postulados de la Convención sobre
los Derechos del Niño, las normas de Orden Público contenidas
en el Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, y
la especialización por materias, de los Juzgados de Familia,
porque, es a través de sus resoluciones, en donde mejor se
reflejan, los resultados y las bondades de la Doctrina de la
Protección Integral.
Dentro de este contexto, la Comisión Ejecutiva dispuso a través
de diversas Resoluciones Administrativas, el juzgamiento de los
jóvenes infractores, dentro de los propios Centros Juveniles, entre
otras importantes decisiones de carácter administrativo-
jurisdiccional, siendo de este conjunto de resoluciones, la más
significativa, la Resolución Administrativa Nº 425-CME-PJ, del 25
de Julio de 1997, que dispone la separación de competencias, por
materias civil, tutelar y penal, a los Juzgados de Familia de la
Corte Superior de Lima, aplicándose por primera vez, los criterios
de especialización ya mencionados, demostrándose así, que la
importancia del Poder Judicial, no reside solamente en su
competencia para aplicar el Derecho, sino, que la función de
Administrar Justicia, se constituye en el mecanismo idóneo para
garantizar los derechos humanos, consagrados en los
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. No hay duda,
del funcionamiento, estructura y desempeño, que demuestren los
Juzgados de Familia, debidamente organizados, depende el nivel
de respeto a los derechos humanos.
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Por ello, es que el tercer paso y definitivo a darse, es el de
extender la separación de competencias por sub-especialidades,
a todos los Juzgados de Familia del país, partiendo de la
experiencia que se ha desarrollado en la Corte Superior de Lima;
de tal manera, que las garantías del debido proceso, sean
expresamente cumplidas en todos sus niveles, efectivizándose,
los principios de nuestra legislación especializada, posibilitando
que el Magistrado, centre su atención de una manera más
concreta, en la solución de conflictos de dicha especialidad,
vinculando sus fallos, con la resolución de cierto tipo de
problemas, que tienen una vigencia y un impacto social
determinados.
No obstante, reconociendo el significativo avance en el área, es
necesario afinar cuatro aspectos:
1. Presupuestos, tanto para la instancia judicial, como para la
administrativa.
2. Políticas Públicas en favor de la Infancia.
3. Instrumentos Técnicos, para mejorar los procesos de atención
para aquellos niños y adolescentes que enfrenten situaciones de
riesgo.
4. Programas de Capacitación y Entrenamiento, para aquellos
encargados de ejecutar la ley.
Hoy más que nunca, la Justicia de Niños y Adolescentes, sus
alcances, su ámbito de actuación, sus contradicciones y, sobre
todo, su futuro, es un tema de permanente actualidad y de
importante gravitación en la esfera judicial. Somos los
Magistrados, los actores del cambio, en los conceptos que han
marcado dramáticamente la conducción de los procesos en
materia de familia y somos quienes, debemos reformar esta
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situación, desde su propia esencia, vale decir, desde sus bases
ideológicas, porque existe ya, consenso de reformar en
profundidad, el sistema jurídico institucional de la Justicia de
Menores en el Perú. Es de conocimiento público, que muchas
normas, inclusive las del Código de los Niños y Adolescentes,
formalmente vigentes, han devenido en inejecutables, por
evidentes limitaciones prácticas, agudizadas por la pobreza y la
violencia.
En tal sentido, la tarea está señalada, la respuesta institucional
que al Poder Judicial corresponde, ha sido ya expresada, a través
de la separación de competencias por materias y la aprobación
del Sistema de Reinserción Social, cuyos contenidos
programáticos, hasta hace poco inéditos, se están desarrollando
en los Centros Juveniles del país, no como un ensayo, sino como
una realidad palpable, cuya responsabilidad a su vez, también
incluye a los señores Magistrados.
En el transcurso de la historia judicial del Perú, son pocas las
veces que nos ha tocado vivir momentos de grata receptividad por
parte de la opinión pública; éste, es uno de los logros más
significativos de la Justicia especializada, y, como tal, debe
consolidarse dentro del proceso general de la Reforma, como una
traducción fiel de nuestros propios anhelos, y así seremos
mejores Magistrados, mejores padres y mejores hombres.
2.5.1.3. Racionalidad formal y sustancial
Según la teoría Kelseniana del derecho, muy
predominante entre los estudiosos de la teoría del derecho, la
"validez" de las normas se identifica, cualquiera que sea su
contenido, con su existencia: es decir, con su pertenencia al
ordenamiento, determinada ésta por su conformidad con aquellas
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normas del ordenamiento que disciplinan su producción. Esta
concepción puramente formal de la validez es fruto, a mi parecer,
de una simplificación, que deriva, a su vez, de una incomprensión
de esa complejidad aquí ilustrada que ofrece la legalidad en el
Estado constitucional de derecho. De hecho, el sistema de
normas que rigen la producción de normas -habitualmente
establecido en nuestros ordenamientos a nivel constitucional- no
se compone únicamente de normas formales referidas a
competencias o procedimientos de formación de las leyes.
Incluye, asimismo, normas sustanciales, tales como el principio
de igualdad o los derechos fundamentales, que por diversas vías
limitan y vinculan al poder legislativo impidiendo o imponiendo
determinados contenidos. Por tanto, una norma (por ejemplo una
ley que violase el principio constitucional de igualdad) aun
formalmente existente y vigente, bien podría ser no válida y
susceptible, como tal, de ser anulada por cuanto contravendría a
una norma sustancial de su producción.
2.5.2. BASES TEORICAS Y CIENTIFICAS:
2.5.2.1. Los derechos fundamentales del menor y los
instrumentos internacionales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de
10 de diciembre de 19481 contiene un elenco de derechos que
como dice DEL MORAL GARCÍA son también aplicables a los
menores «sin perjuicio de las necesarias modulaciones que se
derivan de la naturaleza de algunos derechos». Este aserto es
22
igualmente aplicable a las grandes Declaraciones internacionales
de derechos.
Con posterioridad, y específicamente dirigida a los
menores, se aprobó la Convención de Naciones Unidas de
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (en adelante,
CDN).
Nuestra Constitución en su Cuarta Disposición
Transitoria y Final establece que las normas relativas a los
derechos fundamentales... se interpretarán de conformidad con la
Declaración de los Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias suscritas por el Perú.
La constitucionalización de los convenios internacionales sobre
derechos fundamentales ratificados por Perú relativos a niños se
fortalece aún más a la vista del art. …. Del Código de los Niños y
Adolescentes, que dispone que «…...».
Por tanto, las disposiciones de la CDN tienen un
cualificado valor jurídico en nuestro ordenamiento.
2.5.2.2. El derecho a ser oído.
El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito
familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial
en que esté directamente implicado y que conduzca a una
decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
23
En los procedimientos judiciales, las comparecencias
del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y al
desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad.
Se garantizará que el menor pueda ejercitar este
derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para
que le represente, cuando tenga suficiente juicio.
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga
al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de
sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada
ni tengan intereses contrapuestos a los del menor, o a través de
otras personas que por su profesión o relación de especial
confianza con él puedan transmitirla objetivamente.
Vemos, pues, que nuestro Legislador reproduce en
este precepto los derechos del menor recogidos en la normativa
internacional antes mencionada y que por sí sola ya formaba
parte de nuestro Derecho interno en lo que ha sido ratificada por
Perú. Por su parte, el Código de los Niños y Adolescentes recoge
el derecho de los hijos menores a ser oídos de manera poco
afortunada por su falta de sistemática, en diversos preceptos, sin
que se incorporara a aquélla la regulación de los procesos
matrimoniales y de determinación del procedimiento a seguir en
las causas de nulidad, separación y divorcio. Dicha ley, en lo que
se refiere al derecho de audiencia de los hijos, solamente hace
referencia al mismo, y de manera puntual, en los casos de
tenencia; sin embargo, hubiera sido más acertado incluir la
24
obligación de oír a los hijos con carácter general para todos los
procesos matrimoniales junto a la regulación de la intervención
del Ministerio Público.
2.5.2.3. El derecho a estar informado.
Es éste un derecho que inexplicablemente ha quedado
relegado a un segundo plano detrás del de audiencia, en el que
parece haber quedado integrado a la vista de lo que establece
nuestra legislación nacional e internacional. Así, la Convención de
NU sobre los Derechos del Niño de 1989, en su artículo 12, alude
expresamente al derecho del menor a ser oído en relación con
todas aquellas cuestiones que le afecten. Sin embargo, no se
hace mención alguna de manera expresa de otro derecho que
necesariamente ha de asistir al menor que debe ser oído: el
derecho a estar plenamente informado -en la medida que las
circunstancias concretas del menor lo permitan- de todas aquellas
cuestiones que le conciernan y sobre las que se va a tomar una
decisión que le vaya a afectar directa o indirectamente.
Efectivamente, el derecho de los hijos menores o
incapacitados a ser oídos antes de adoptar cualquier medida
judicial que les afecte tiene su fundamento último en que puedan
expresar su opinión personal acerca de las cuestiones que les
afecten directa o indirectamente y que se estén debatiendo ante
un órgano judicial. No obstante, estas circunstancias no
garantizan por sí solas la efectividad del derecho de audiencia.
Será necesario, además, que el menor o incapacitado legalmente
25
apto para ser oído disponga de elementos de juicio suficientes
para poder formarse una opinión sobre la parte del objeto del
proceso que concierne a su esfera jurídica y personal. Es decir: el
menor o incapacitado solamente se hallará en condiciones de
formarse un juicio propio sobre la cuestión debatida que le afecta
si previamente se le ha proporcionado la información necesaria
para poder desarrollar una opinión personal e independiente. Por
lo tanto, el hecho de que el hijo menor o incapacitado haya sido
debidamente informado de su situación y expectativas dentro del
proceso matrimonial entre sus padres será un presupuesto
necesario para que el derecho de audiencia antes estudiado
pueda hacerse efectivo con total garantía.
2.5.3. DEFINICION DE CONCEPTOS O TÉRMINOS:
A. Divorcio necesario.
Es necesario el divorcio que cualquiera de los cónyuges reclama
ante la autoridad judicial aduciendo y fundando causales que el
Código Civil, los prevé.
Considerado el divorcio un mal (necesario), y ante la realidad que
se vive en los procesos judiciales en que se ventila, es preferible el
voluntario, pues en el necesario se aducen causales en la demanda
que, si bien muchas veces no comprobadas, implican razón de
desprestigio para la parte a quien se imputan. Es posible que el
expediente judicial correspondiente un día llegue a manos de un hijo
de alguna de las partes, o de otra persona con las mismas
26
relacionada, y, se haya o no probado la causa que motiva, o se dice
que ha motivado la demanda, de cualquier manera origina, por lo
menos, sospecha de que la conducta aducida haya existido. Por
cualquier medio esta situación debe evitarse.
Los defensores del divorcio, sin dejar de reconocer que el
matrimonio es una institución social, sostienen que debe disolverse
cuando han dejado de existir las condiciones que dieron lugar a su
formación...; afirman que el divorcio, lejos de ser corruptor, es
moralizador, dado que con él los esposos divorciados pueden buscar
en un nuevo matrimonio la satisfacción de sus aspiraciones; por lo
que respecta a la situación de los hijos, dicen que si mala es con el
divorcio, peor es fuera de él.
B. Niño.
El art. 1 de la CDN dispone que para los efectos de la presente
Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
C. Capacidad procesal.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, establece lo siguiente: «1. Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
27
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional.»
D. El interés del menor.
Nos encontramos ante el principio del «favor minoris» ya recogido en
nuestro ordenamiento, si bien en el Código de los Niños y
Adolescentes se resalta aún más al contraponerlo a otros intereses
legítimos en concurrencia (que serán ordinariamente los de los
padres biológicos), al decir de esta: «toda decisión familiar,
administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño deberá tener por
objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses».
2.5.1.4. Representación y defensa de los intereses de niños,
niñas y adolescentes.
Los derechos humanos han sido reconocidos por los gobiernos del
mundo como algo inalienable a cualquier ser humano incluyendo el
derecho a un trato justo, el respeto a la dignidad como persona y a
no ser tratado de forma diferente por motivos de origen étnico o
sexo. Los gobiernos se han comprometido a defender los derechos
de sus pueblos y se esmeran al máximo para que sus ciudadanos
disfruten de estos en sus vidas cotidianas, comprometiéndose
asimismo a garantizar a los menores una serie de derechos
especiales debido a sus necesidades y vulnerabilidades especiales.
28
La C.D.N en 1989 constituyó un paso de avance en la concepción de
la infancia y la adolescencia. El niño es reconocido desde ese
momento como sujeto de derechos, titular de todos los derechos
contemplados en los tratados de derechos humanos. Con el
progreso de este cuerpo jurídico internacional se produce un salto de
la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección
integral. La C.D.N y su paradigma central de la doctrina de la
Protección Integral reconocen los derechos humanos
fundamentales, señalando los derechos civiles y políticos, así como
los sociales, económicos y culturales de los niños. Lo cual implica;
un reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos a estos
como al mismo tiempo, admitir su condición de personas en
desarrollo y, consecuentemente, construir un sistema de protección
de derechos para toda la infancia y adolescencia sustentado en el
principio de igual trato y consideración, abarcando todas las
dimensiones de la vida personal, familiar y social de los niños, niñas
y adolescentes.
En este sentido, el UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, y
especialistas en la materia, agrupan los derechos en cuatro
categorías: Derecho a la Supervivencia, al Desarrollo, a la
Protección y a la Participación.
Abarcan los derechos de los niños a la vida y a tener cubiertas las
necesidades más importantes para su existencia; entre estas se
incluyen un nivel de vida adecuado que comprende albergue,
nutrición y acceso a los servicios médicos.
A esta categoría corresponden los artículos siguientes de la C.D.N
(6-10,18, 24 y 26).
Derechos al desarrollo:
Comprende las condiciones requeridas por el niño a fin de alcanzar
su mayor potencial; como es el derecho a la educación, juego,
esparcimiento y a las actividades culturales al acceso a la
29
información.
A esta categoría corresponden los artículos siguientes de la C.D.N
(27-29; y 3).
Derechos a la protección:
En ellos se exige que los niños sean salvaguardados de todas las
formas de abuso, abandono y explotación; abarcan tópicos tales
como: La atención especial a los niños refugiados, torturas, abuso al
sistema de justicia criminal, participación en los conflictos armados,
trabajo infantil, consumo de drogas y explotación sexual.
A esta categoría corresponden los artículos siguientes de la C.D.N
(2-5; 11; 16;19;20-23;25;32-42).
Derecho a la Participación:
Estos derechos permiten a los niños asumir un papel activo en sus
comunidades y naciones; incluyen la libertad de expresión o de
pensamiento sobre aquellos asuntos que afectan su propia vida;
comprenden los derechos de asociación y reunión con fines
pacíficos. Promueven que en la medida que desarrollen sus
capacidades los niños han de tener oportunidades de participar en
las actividades de la sociedad como preparación para una edad
adulta responsable. A esa categoría pertenecen los artículos
siguientes de la C.D.N (12-15; 17 y 30)
De tal manera, la Convención se ha convertido en el tratado de
derechos humanos más completo y más ampliamente aceptado.
Sus normas condensan principios en los que se inspira, con el
propósito de lograr la plena satisfacción de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. De este modo, resulta ineludible el
análisis de determinados preceptos jurídicos de la C.D.N, que
contienen tales principios de aplicación general a la categoría
infancia.
Resulta oportuno señalar que el artículo 12 de C.D.N contiene un
30
principio general de importancia fundamental, tanto para la
aplicación de la C.D.N en su conjunto, como para la interpretación
de cada uno de sus artículos: la consideración del niño como sujeto
de derechos, cuestión de vital importancia reviste para todos los
ordenamientos jurídicos incluyendo el nuestro.
El principio” Nada hay más importante que un niño o niña”, es la
premisa esencial de la política y de la práctica cotidiana del Gobierno
de Cuba desde el año 1959. La protección de la niñez es prioridad
de toda la sociedad y del Estado cubano, que expresa ese interés
mediante el diseño y puesta en ejecución de un sistema político y
jurídico dirigido a promover su máximo bienestar, su desarrollo y su
protección.
El Estado cubano protege los derechos de la infancia, en primer
lugar, a través de la Constitución de la República de Cuba de 1976,
modificada en 1992, y de diferentes códigos, leyes, y decretos –
leyes, que emanan de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Entre estos se encuentran el Código de la Niñez y de la Juventud, el
Código de Familia, el Código Civil y el Código Penal.
Cuba ha adoptado un gran número de medidas legislativas,
judiciales, administrativas, y de otra índole, relacionadas con los
derechos del niño, mediante los cuales, se regulan los distintos
aspectos vinculados con la maternidad, la paternidad y la filiación en
general.
Adscripta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, funciona con
carácter permanente la Comisión de Atención a la Niñez, la juventud
y la igualdad de derechos de la mujer; la que en materia de
protección, desarrolla sus funciones auxiliando al Parlamento y al
Consejo de Estado para una efectiva atención a la infancia, la
adolescencia y a la mujer.
Se realizan además estudios diversos sobre Derecho Civil y Familia
(Desde el Programa Ramal de Investigaciones del Ministerio de
Justicia (MINJUS); y actualmente circula el Anteproyecto de Código
de Familia, (última versión de febrero de 2007).
31
Así los derechos de las niñas y niños cubanos, son protegidos,
mediante el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas sociales,
programas y proyectos en las áreas de la salud, educación,
seguridad social entre otras.
Entre los programas que más se destacan están:
Programa Nacional de Acción Materno- Infantil.
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento.
Programa de Educación Comunitaria” Para la Vida”.
Programa Educa a tu Hijo.
Programa Educación Formal para una Conducta Sexual
Responsable y los Proyectos Crecer en la Adolescencia.
Plan del médico de la familia, dentro de la Atención Primaria de la
Salud.
Programa de Atención integral de la familia.
Proyecto de Programa de atención integral al adolescente.
Los distintos Ministerios de nuestro país relacionados con las
estrategias de estos programas y sus distintas instituciones, las
organizaciones políticas y de masas y la ciudadanía en general,
representada por el gobierno local en sus diversas instancias, tienen
a su cargo el desarrollo de los mismos y se esfuerzan
mancomunadamente por una mejor y más feliz situación para la
Infancia cubana. El apoyo de diversas agencias de las Naciones
Unidas, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO), también propician una
mejor atención a los derechos de la infancia en el país. Esto se
materializa a través de sus programas de cooperación con el
gobierno, donde se incorporan temas específicos, como la
educación, la salud, la nutrición e higiene de los infantes.
32
El niño como sujeto de derechos
El nuevo paradigma de la Doctrina de la Protección Integral,
posibilita reestructurar profundamente el sentido de las legislaciones
para la infancia, convirtiéndolas en instrumentos eficaces de defensa
y promoción de los derechos humanos particulares del menor, en
tanto, se produce una ruptura con la doctrina de la situación
irregular, el niño pasa a ser considerado sujeto activo de derechos.
Sobre la base de esta nueva concepción, ha de entenderse al niño
como titular de derechos subjetivos, por tanto, ostenta la facultad
moral y legal de poseer, de obrar y de exigir a los demás, un
determinado comportamiento para la satisfacción de sus intereses.
Teniendo en cuenta esto, el niño ya no solo va a tener capacidad de
derecho sino también capacidad de hecho, en tanto tendrá potestad
para poder exigir de los demás un determinado comportamiento.
En el siglo XX, el concepto de niño comienza a ampliar su contenido,
pasando de ser considerado como mero objeto de propiedad a
ocupar un lugar en el conjunto de los sujetos a quienes se les
reconoce una personalidad jurídica, lo cual les hace acreedores de
unos derechos y deberes de unas obligaciones, por cuanto la
estimación del niño como sujeto de derecho es uno de los elementos
de la Doctrina de Protección Integral.
Ser sujeto de derechos es ser portador de derecho subjetivo, es
decir, ostentar la facultad moral y legal de poseer, de obrar y de
exigir a los demás el comportamiento adecuado para la satisfacción
de sus intereses y el cumplimiento del fin individual y social. El
menor es un sujeto especial de derecho que necesita en gran
medida representación legal de sus padres, tutores o del Estado, a
falta de estos, exigiendo su misma protección. Por lo tanto, el
concepto de niño como sujeto de derechos y obligaciones constituye
el elemento básico y determinante de la noción “derechos del niño”.
En este momento, el niño pasa a ser una persona con necesidades,
33
aspiraciones, deseos e intereses, convirtiéndose en titular de
derechos y deberes.
En este sentido, la protección de la personalidad del menor exige el
reconocimiento de un ámbito propio de capacidad de acuerdo a su
propio desarrollo y madurez, de modo que la capacidad general de
los menores además de ser por definición, de ámbito limitado, sería
variable o flexible en función del grado de desarrollo intelectivo,
personal y social que psicológicamente corresponde a cada edad.
Es a partir de esta realidad, que nace la obligación de cada Estado
de transformar esa capacidad natural selectiva y cambiante en
capacidad jurídica relevante a los efectos de lograr la materialización
de la doctrina de la protección integral.
Principios enarbolados en la Convención sobre los Derechos
del Niño
La C.D.N consta de cinco principios que constituyen el núcleo
esencial de la misma sobre la base de la consideración del niño
como sujeto de derecho: la no discriminación, el interés superior del
niño, la prioridad absoluta, la participación y la solidaridad Estado-
Familia-Sociedad, principios estos que son de obligatorio
cumplimiento para todos aquellos Estados que han ratificado el texto
internacional.
Los principios que se plantean en la C.D.N están destinados a
orientar la labor mundial en protección a los derechos de la infancia,
incluido uno que posee el más amplio potencial: que es el “Interés
Superior del Niño” debiendo ser una consideración primordial en
todas las acciones relativas al niño.
Principio de No discriminación
El Art. 2 de la C.D.N enuncia el principio de la “no discriminación “ al
señalar que los Estados Partes tienen la obligación de respetar los
derechos plasmados en la Convención y a su vez asegurar la
34
aplicación de estos a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico
o social, la posibilidad económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento, o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
representantes legales; asimismo los Estados Partes tomarán las
medidas apropiadas a fin de garantizar que el niño se vea protegido
contra toda forma de discriminación o castigo. Este principio permite
reconocer a todos los niños iguales derechos.
Principio del Interés Superior del Niño
Diversos han sido los autores que han conceptualizado el “Interés
Superior del Niño”, de todas las concepciones analizadas nos
adherimos a la emitida por Cillero Bruñol para el cual el Interés
Superior del niño “es la plena satisfacción de sus derechos”.
La premisa fundamental de la Doctrina de la Protección Integral es el
principio rector de “Interés Superior” de la persona menor de edad
debiéndose tener en cuenta para la exégesis y aplicación de la
normativa de la niñez y la adolescencia. De ese modo, se establece
una línea de acción de carácter obligatorio para las instituciones
públicas, las entidades privadas de bienestar social, los tribunales de
justicia, las autoridades administrativas y los órganos
administrativos.
Es por ello que en aras de lograr una comprensión sistemática y
armónica de las disposiciones de la C.D.N, se ha procurado
desarrollar una hermenéutica de este principio para evitar posibles
confusiones o erróneas interpretaciones para así otorgar la más
amplia tutela efectiva a los derechos del niño.
La C.D.N en su Art. 3 se refiere al principio del “Interés Superior del
niño” principio introducido formalmente por la propia C.D.N, donde
se subraya también el derecho de todos los niños a expresar su
punto de vista en todas las cuestiones que atañen a su vida, en
35
conformidad con su edad y madurez; específicamente en el apartado
1 permite situar un límite a la discrecionalidad de las autoridades:
“en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos; una
consideración primordial a la que se atenderá ” el Interés Superior
del niño”; no porque el interés del niño sea un interés considerado
socialmente como valioso o por cualquier otra concepción del
bienestar social, sino que los niños tienen derecho a que antes de
tomar una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que
promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen;
extendiéndose este principio “garantista” del interés superior del niño
más allá de los ámbitos legislativos (como la Declaración de 1959) o
judicial (como lo disponen numerosas legislaciones en materia de
familia, además de las autoridades, instituciones privadas e incluso
los padres).
El artículo 18 de la C.D.N, luego de reconocer el derecho y la
responsabilidad de los padres y la crianza, la educación y el deber
del Estado de apoyarlo y garantizarlo, señala que los padres
ejercerán sus funciones de acuerdo a una obligación fundamental:
“El Interés Superior del Niño” (artículo18.1). Esta disposición debe
analizarse en conjunto con el artículo quinto, que señala que el
objetivo de las facultades de orientación y dirección de los padres es
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención, de
acuerdo con la evolución de sus facultades.
El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en este rol, pero
también el deber de garantizar a los niños que su crianza y
educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de
sus derechos. Los roles parentales no son derechos absolutos, ni
meramente poderes deberes, son derechos de los propios niños, es
decir, por su Interés Superior, se desprende entonces que desde la
ratificación de la Convención existe una absoluta equivalencia entre
36
el contenido del interés superior del niño y los derechos
fundamentales del niño reconocidos en el Estado de que se trate, de
allí que se pueda afirmar que el interés superior del niño no es más
que la satisfacción integral de sus derechos.
Siguiendo esta línea de pensamiento, consideramos que la noción
de Interés Superior del niño, debe proyectarse en el futuro, como
pronóstico que logre garantizar el desarrollo de su personalidad en el
marco del reconocimiento de sus derechos fundamentales, en el
caso que concretamente se ventile, conforme a los objetivos y fines
de la norma en cuestión y, en función de estos, la autoridad
encargada de aplicarlo deberá proceder a su concreción para
solucionar el caso particular.
Los derechos del niño son derechos humanos y el “Interés Superior
del niño” se encuentra estrechamente vinculado a la protección de
sus derechos. En efecto, no podría invocarse en una decisión el
Interés Superior de un niño cuando el dispositivo de la misma
comparte la vulneración de algunos de sus derechos.
El “Interés Superior del menor” aspira a colocarlo en la mejor
situación posible para su futuro desarrollo como ser humano, y los
derechos del menor han sido pensados con el mismo objetivo. Así
todo derecho del menor debería ser interpretado, concediéndosele
mayor o menor juego de acuerdo al propio interés del mismo. La
apreciación del Interés Superior del menor, de lo que su bienestar
demanda, debe ser simple y llanamente sustituida por la de sus
derechos: lo que sí debe hacerse es examinar todos y cada uno de
los derechos del menor en tal proceso de evaluación, sencillamente
porque todo derecho protege un interés legítimo, en este caso del
niño, y es su interés lo que se pretende determinar.
Principio de prioridad absoluta
El Art. 4 de este importante documento de carácter internacional “la
prioridad absoluta”, implica que el Estado, la familia y la sociedad
37
deben asegurar con prioridad absoluta, todos los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes siendo esa prioridad
absoluta imperativa para todos, desprendiéndose de ello el principio
de la solidaridad, que comprende: especial preferencia y atención de
los niños y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las
políticas públicas; asignación privilegiada y preferente en el
presupuesto del Estado, de los recursos públicos para las áreas
relacionadas con los derechos y garantías de los niños y
adolescentes y para las políticas y programas de protección integral
de estos, brindándoseles preferencia a los niños y adolescentes en
el acceso y la atención a los servicios públicos así como en la
protección y socorro en cualquier circunstancia.
Principio de participación
Por su parte el Art. 12 de la referida C.D.N hace alusión al principio
de “participación “, por medio del cual se garantiza al niño, que tenga
la capacidad de hecho requerida , el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones en función de la edad y
madurez del niño. No obstante, el mismo tendrá la oportunidad de
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo
afecte, ya sea directamente o por medio de un representante u
órgano apropiado.
La participación del menor debe entenderse como este a ser parte
de un diálogo constante entre adultos y menores en los diferentes
ámbitos, en los que el niño este presente: familia, escuela, contexto
social, haciendo posible que el menor pueda participar de forma
progresiva y activa en la sociedad.
El reconocimiento del niño como sujeto de derecho significa
necesariamente otorgarle la debida participación integrándolo en los
procesos que conciernen a su vida y su persona. El derecho del niño
a ser escuchado significa también el derecho a ser respetado en su
38
capacidad de orientación autónoma, a comenzar con la esfera
vegetativa para llegar a la esfera intelectual y moral.
La valoración de la propia opinión del menor tiene una consideración
importante en la proyección protectora de su persona. El menor de
edad no es estrictamente una persona a la que se le imponen
determinadas decisiones, hay que se tomar en consideración su
punto de vista.
Siguiendo la línea de pensamiento de Fraga, “la clara diferencia
entre los supuestos de ser escuchado del menor y los de su
consentimiento son: oír es sinónimo de tener en cuenta la opinión
del menor, esta ha de ser preceptivamente escuchada, pero el
representante legal o el juez es libre de seguir o no el criterio del
menor”. Por el contrario, el consentimiento del menor cuando se
requiere es vinculante en su propio contenido, finalidad y sentido.
El derecho en cuestión ha de realizarse por el juez quien tendrá
presente lo que resulte más beneficioso para el menor. Aunque este
no tenga la capacidad procesal como parte en el proceso, debe ser
escuchado cuando haya adquirido una relativa madurez, a fin de
garantizar con su intervención que se escuchen sus derechos. No
debe ser una obligación impuesta, debe ser una vía para participar
en aquellos procedimientos que le puedan afectar. Es preciso que
este acto se realice con las garantías y medios adecuados a la edad
del menor para que se respete de esa manera el principio del Interés
Superior del niño.
39
2.5.4. DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION DE
VARIABLES.
VARIABLE INDEPENDIENTE:
A. El sistema de justicia peruano; racionalidad formal y sustancial del
derecho; mecanismos legales previstos para la representación y
defensa de los intereses de niños, niñas y adolescentes.
V. INDEPENDIENTE INDICADORES
X. El sistema de justicia peruano Justicia constitucional. Justicia civil-familiar, ordinaria. Justicia especializada de
niños, niñas y adolescentes.
X1. Racionalidad formal y sustancial del
derecho.
Validez de las normas Legitimación formal Legitimación sustancial Vicisitudes de la legalidad Política y derecho La ciencia jurídica y el desafió
de la complejidad
X2. Mecanismos legales previstos para la
representación y defensa de los intereses
de niños, niñas y adolescentes.
Representación y curatela Consejo de familia Actuación de las partes La actividad del juez La intervención del Ministerio
Público Los equipos multidisciplinarios
especializados
VARIABLE DEPENDIENTE:
A. Intervención procesal de un menor de edad no emancipado dentro
de un proceso judicial; tutela judicial de los hijos matrimoniales, sin
plena capacidad, del matrimonio o pareja de hecho; derecho de los
niños, niñas y adolescentes no emancipados a ser oídos; derecho a
que la opinión de los niños, niñas y adolescentes no emancipados
40
sea interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo
emocional e intelectual.
V. DEPENDIENTE INDICADORES
Y. Intervención procesal de un menor de edad no emancipado dentro de un proceso judicial.
Los derechos fundamentales del menor y los instrumentos internacionales.
La intervención de los hijos en el proceso
Principio de igualdad Principio de efectividad La adopción de medidas
judiciales a instancia de los propios hijos.
Y.1. Tutela judicial de los hijos matrimoniales, sin plena capacidad, del matrimonio o pareja de hecho
El acceso a la justicia. La exploración judicial de
menores. Los menores con
condiciones de madurez El derecho a participar
activamente en el proceso.
Y.2. a) Derecho de los niños, niñas y adolescentes no emancipados a ser oídos; b) Derecho a que la opinión de los niños, niñas y adolescentes no emancipados sea interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo emocional e intelectual
Derecho a la dignidad Derecho a la integridad El derecho a ser oído El derecho a estar informado Derechos sustantivos con
trascendencia procesal El interés del menor como
principio general del Derecho.
2.6. HIPOTESIS.
2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL:
Aunque no existe previsión normativa ordinaria, que efectivice la
intervención procesal de un menor de edad no emancipado en los
procesos que va a desplegar efectos sobre su persona. El marco
41
normativo constitucional provee de dicha garantía tanto en su
dimensión sustancial como procesal.
2.6.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS:
A. La racionalidad formal y sustancial del derecho, dentro de un
contexto neoconstitucional, provee una garantía integral de
protección de los derechos subjetivos de los hijos sin plena
capacidad, en los procesos de desplazamiento familiar.
B. Al margen del marco constitucional, no existen previsiones legales
para la representación y defensa de los intereses de niños, niñas
y adolescentes que garanticen su derecho a ser oído y que esta
sea interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo
emocional e intelectual
2.6.3. IDENTIFICACION Y RELACION ENTRE LAS VARIABLES:
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE
X. El sistema de justicia peruano
X1. Racionalidad formal y sustancial del derecho.
X2. Mecanismos legales previstos para la representación y defensa de los intereses de niños, niñas y adolescentes.
Y. Intervención procesal de un menor de edad no emancipado dentro de un proceso judicial.
Y.1. Tutela judicial de los hijos matrimoniales, sin plena capacidad, del matrimonio o pareja de hecho
Y.2. a) Derecho de los niños, niñas y adolescentes no emancipados a ser oídos; b) Derecho a que la opinión de los niños, niñas y adolescentes no emancipados sea interpretada en función de su grado de madurez y desarrollo emocional e intelectual
42
2.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:
2.7.1. MÉTODOS:
- Método Inductivo – deductivo.- Porque la investigación
partirá del estudio de hechos concretos de cómo se presenta
en la realidad los procesos de desplazamiento familiar más
importantes; así como la forma en que se resuelven dichos
procesos.
- Método de Análisis – síntesis.- Se utilizará al realizar el
estudio de las particularidades de los procesos que conforman
los presupuestos de la investigación.
- Método sistemático.- Que nos servirá para realizar un estudio
de derecho comparado buscando además encontrar el
significado de los preceptos normativos objeto de estudio a
partir de su ubicación dentro del sistema normativo en que se
halla, de forma que se encuentra un resultado armonioso,
coherente y sistemático del precepto.
- Método sociológico.- Que permitirá establecer técnicas de
argumentación relacionados con las doctrinas sobre la
protección de niños, niñas y adolescentes.
- Método Específico.- Se utilizará el METODO CUALITATIVO
que es un procedimiento de recopilación de datos de
información, que consiste en utilizar los sentidos para observar
los hechos y realidades sociales presentes, en el contexto
socio – jurídico. En cuanto al tipo de datos que son recogidos
43
en la investigación cualitativa se trata de datos descriptivos y
susceptibles de interpretación; siendo datos categoriales y que
van a ser sometidos a un análisis estadístico; es decir, cuan
eficaz es el sistema de justicia peruano para garantizar que un
niño, niña o adolescente participe en un proceso
protagonizado por sus padres, que va a desplegar efectos
sobre su persona y en el que no va poder intervenir como
parte, de manera complementaria se trabajarán con los
siguientes métodos
- Método Histórico.- Porque pertenece a la investigación
cualitativa que analiza procesos y construye tipologías de los
mismos.
- Método Descriptivo y Explicativo.-Se va a analizar la
regularidad de una variable o fenómeno, sin correlacionar con
otros fenómenos y haciéndose el estudio a través de hipótesis
y la relación causa-efecto, entre dos o más variables.
2.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Básica
Transversal
Observacional
Comparativo
44
2.5.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Descriptivo – explicativo.- En vista de ello se realizará un
análisis del sistema de justicia que constituyen el presupuesto de
la investigación.
2.5.3. LUGAR Y PERIODO DE INVESTIGACIÓN:
Lugar: Cercado de Ayacucho.
Periodo: Enero del 2012 hasta diciembre del 2013
2.5.4. CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: DINÁMICA O
ESTATICA.
La población reúne las características de ser dinámica
2.5.5. POBLACIÓN O UNIVERSO.
Población: está constituido por el integro de los procesos
tramitados ante los Juzgado de Familia de Ayacucho en el
periodo antedicho.
2.5.6. MUESTRA, TIPO DE MUESTRA, TAMAÑO DE LA
MUESTRA
El Universo de investigación; estará constituido por todos los
procesos tramitados ante el órgano jurisdiccional –Juzgados de
Familia–, en el periodo: enero del 2012 a diciembre del 2013.
2.5.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.
2.5.7.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN:
Procesos de divorcio por causal.
45
Procesos de divorcio por separación de hecho.
Procesos de separación convencional y divorcio ulterior.
Procesos de nulidad de matrimonio.
2.5.7.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN
Ninguna.
2.5.8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
A. Análisis documental:
Que permite recopilar información a través de documentos
escritos sobre el sistema de justicia peruano, la racionalidad
formal y sustancial del derecho, los mecanismos de
representación y defensa de intereses de menores y otros
relacionados con el tema, como son:
Libros como: tratados, manuales, ensayos, etc.
Constituciones.
Revistas académicas
Publicaciones.
Informes.
Editoriales.
Anuarios, etc.
Instrumento: Fichas de análisis de contenido.
46
2.5.9. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
EMPLEADOS.
Para que los instrumentos puedan tener validez, y
confiabilidad se someterá a juicio de tres expertos, de los cuales
uno de ellos será un metodólogo en investigación y dos
especialistas en derecho Constitucional y Derecho de Familia.
Asimismo se someterá a una prueba piloto para que los
instrumentos sean confiables.
2.5.10. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A
EMPLEAR.
A. Pruebas estadísticas:
Se utilizará la estadística descriptiva haciendo uso de las
distribuciones de frecuencias tales como:
Frecuencia absoluta.
Frecuencia relativa.
Por otro lado para presentar los datos se utilizará:
Cuadros estadísticos.
Gráficos lineales como el histograma de frecuencia.
Gráficos de superficie como las barras y los circulares.
2.5.11. ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
47
Se utilizará el Microsoft Office Excel, para el procesamiento de
información y realizar el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de acuerdo a las hipótesis planteadas.
Por otro lado, de ser necesario, para buscar asociación
estadística entre las variables cualitativas se utilizará tablas de
contingencia aplicando el contraste de Ch2 con un nivel de
significación del 95% (p<0.05)
2.5.12. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS:
2.5.12.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO:
Se realizará por hipótesis, teniendo en cuenta los datos
obtenidos en las tablas o cuadros estadísticos, los gráficos
lineales y de superficie y las distribuciones de frecuencia.
2.5.12.2. PAQUETES ESTADÍSTICOS:
Se utilizará el SPSS12 para representar los estadígrafos de
dispersión y para realizar la interpretación de los resultados
obtenidos.
48
III. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS FUNDAMENTALES.
1. ALBANESE, Susana, DALLA VIA, Alberto, GARGARELLA, Roberto, HERNANDEZ, Antonio y SABSAY, Daniel, Derecho constitucional, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004.
2. BIDART CAMPOS, Germán J., El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, 2004.
3. CARNELUTTI, Francesco, Teoría general del derecho, ARA Editores, Lima, 2006.
4. DWORKIN, Ronald, El imperio de la justicia, Gedisa S.A., Barcelona, 1992.
5. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho de las personas, 5ª edición, Cultural Cuzco S.A. editores, Lima, 1992.
6. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, El derecho como libertad, ARA Editores, Lima, 2006.
7. FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, Madrid, 2008.
8. FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
9. PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Derecho de familia en el código civil, cuarta edición, Idemsa, Lima, 2008.
10. PEREZ LUÑO, A. E., Los derechos fundamentales, Editorial Tecnos, Madrid, 1 988.
11. PIZARRO, Ramón Daniel, Daño moral, 2ª edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2004.
12. PLACIDO V. Alex F., Manual de derecho de familia, Gaceta Jurídica, segunda edición, Lima, 2002.
13. REVISTA PERUANA DE DERECHO DE FAMILIA, Lima, Universidad Inca Gracilazo de la Vega, año 1, 2004.
14. TORRES VÁSQUEZ, Anibal, Introducción al derecho, teoría general del derecho, Idemsa, Lima, 2001.
15. ZANNONI Eduardo A., Derecho de familia, tomos I y II, 4ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2002.
49
50
INDICE
PÁG.
II. DESARROLLO DEL PROYECTO O PLAN DE TESIS.
II.1. RESUMEN 02
III. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
III.1.1. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA: 03
III.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 05
2.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 05
2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 05
III.2. JUSTIFICACIÓN 06
III.2.1. TEÓRICA 06
III.2.2. SOCIAL 07
III.2.3. METODOLÓGICA 08
III.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 09
III.3.1. OBJETIVO GENERAL 09
III.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 09
III.4. MARCO TEORICO. 09
III.4.1. ANTECEDENTES 09
2.4.1.1. Justicia constitucional 09
2.4.1.2. Justicia especializada de niños, niñas y
adolescentes. 16
51
2.4.1.3. Racionalidad formal y sustancial 21
2.4.2. BASES TEORICAS Y CIENTIFICAS 22
2.4.2.1. Los derechos fundamentales del menor y
los instrumentos internacionales. 22
2.4.2.2. El derecho a ser oído 23
2.4.2.3. El derecho a estar informado 24
2.4.3. DEFINICION DE CONCEPTOS O TÉRMINOS 26
2.4.3.1 Divorcio necesario. 26
2.4.3.2. Niño 27
2.4.3.3. Capacidad procesal 27
2.4.3.4. El interés del menor 28
2.4.3.5. Representación y defensa de los intereses de
niños, niñas y adolescentes. 28
2.4.4. DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION
DE VARIABLES 40
VARIABLE INDEPENDIENTE 40
VARIABLE DEPENDIENTE 40
2.5. HIPOTESIS 41
2.5.1.HIPÓTESIS GENERAL 41
2.5.2.HIPOTESIS ESPECIFICAS 42
2.5.3.IDENTIFICACION Y RELACION ENTRE LAS VARIABLES 42
2.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 43
2.6.1. MÉTODOS 43
2.6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 44
52
2.6.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 44
2.6.4. LUGAR Y PERIODO DE INVESTIGACIÓN 44
2.6.5. CARÁCTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
DINÁMICA O ESTATICA 44
2.6.6. POBLACIÓN O UNIVERSO 44
2.6.7. MUESTRA, TIPO DE MUESTRA, TAMAÑO DE LA MUESTRA 44
2.6.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 43
2.6.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 46
2.6.10. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS
INSTRUMENTOS EMPLEADOS 47
2.6.11. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
A EMPLEAR 47
2.6.12. ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 47
2.6.13. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 47
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS FUNDAMENTALES 48
53