“Sr. Rabanal: -Como en el interregno que va de 1955 hasta la asunción del nuevo gobierno peronista en 1973 se desarrolló una gestión de gobierno a cargo de la Unión Cívica Radical, yo quiero mencionar dos o tres indicadores que posibilitarán conocer cuál fue el manejo económico de nuestro gobierno. Nosotros recibimos, al 31 de diciembre de 1963, obligaciones totales con el exterior que entre el sector público y el sector privado alcanzaban a 3.390 millones de dólares. De ellos, al sector público correspondían 2.106 millones y 1.284 millones al sector privado. “Al 31 de diciembre de 1965 la deuda externa publica y privada había disminuido a 2.650 millones de dólares, de los que correspondían al sector público 1.686 millones y al sector privado: 163 millones. En cuanto a la posición general de divisas, la Unión Cívica Radical la recibió con un saldo negativo. Al 28 de junio de 1966, a pesar de la disminución de nuestra deuda externa, el saldo era positivo. “En 1963, año en el que el radicalismo solamente tuvo dos meses de gestión de gobierno, se requirió para el sector de las finanzas públicas una financiación de 64.700 millones de pesos moneda nacional. En 1965, año en que e] radicalismo gobernó, esa financiación disminuyó a 47.700 millones; y para 1966, a la época de nuestra caída, se había fijado un programa monetario sobre la base de llegar a los 40.000 millones en diciembre, que al mes de junio de ese año se estaba cumpliendo, vale decir, que habríamos de arribar al mes de diciembre en esas condiciones. “Yo desearía, para que esto quede perfectamente esclarecido, que se inserte en el Diario de Sesiones la publicación titulada «Política Económica del Gobierno Constitucional» para información de los señores diputados” Interrupción del señor Diputado por la Capital Dr. Ruben Francisco Rabanal en el debate del Presupuesto para el año 1976, 25 de septiembre de 1975

Buenos Aires, diciembre de 1966. Compatriotas: Seis meses es tiempo suficiente para que nuestros conciudadanos reconozcan cabalmente las consecuencias del cambio operado en la conducción económica del gobierno. Por encima de expresiones venales tienen definitiva contundencia las experiencias personales y de sectores que prueban la medida del cambio operado. Pocos serán los que no estén dispuestos a reconocer que la consolidación y el desarrollo autosostenido e independiente de la economía argentina depende, en primer termino, de nuestra estabilidad interna, afirmada por el funcionamiento pleno de las instituciones. La aparente simplificación que supuso la supresión de los controles institucionales, para lograr mayor eficiencia, ha fracasado, y todos comprenderán ya que la democracia orgánica y seriamente practicada es el único sistema capaz de asegurar en libertad v justicia el crecimiento ordenado. La orientación que inspiro nuestra acción de gobierno fue planear el desarrollo y la adecuada expansión de la riqueza nacional, con distribución equitativa de los mayores beneficios, incrementando los niveles de ocupación y el salario real. Estas afirmaciones tienen el irrefutable respaldo de las cifras, que prueban en que medida se logro el incremento del producto bruto nacional y del comercio exterior, con una mayor participación de los sectores del trabajo en el ingreso nacional y mayor niveles de actividad que en ningún otro periodo de nuestra historia Estas metas se lograron cumpliendo los compromisos en el exterior que recayeron pesadamente durante los años 1964, 1965 y 1966. Quedo estructurado el Plan Nacional de Desarrollo, que fijo los objetivos concretos y la base de los cambios estructurales indispensables, cuya ejecución es acto de la voluntad colectiva y no imposición totalitaria. Nuestra política económica continental, teniendo en cuenta la similitud de los problemas en los países de America latina, se expreso en la Carta de Alta Gracia, documento fundamental que importa una nueva estrategia en la defensa del valor de nuestros productos básicos. Dicha posición fue compartida además por 77 países en la Conferencia de Comercio y Desarrollo, celebrada en 1964 en Ginebra. Esta gestión debió culminar en una reunión de presidentes americanos, sugerida por nosotros y aceptada inmediatamente por todos los gobiernos con disposición que nos honra. Debimos tratar, entre otros temas, los vinculados al valor real de nuestros productos básicos y la corrección de las deficiencias de nuestro intercambio, bases vitales para la consolidación de nuestras economías y como consecuencia directa la afirmación real de la soberanía. Así defendimos el honor y la dignidad de la Republica, jerarquizándola ante todos los organismos continentales y mundiales. La tarea de nuestro gobierno de la que tuvo total conocimiento el pueblo, consagro definitivamente la conducción nacional de nuestra política energética. Se aumento la producción industrial y agropecuaria, implementando una acelerada tecnificación con el concurso invalorable de la universidad argentina. Diversificamos nuestros mercados, comerciando con todos los países del mundo, sin reticencias de ninguna naturaleza. Luchamos férreamente contra toda clase de privilegios internos y externos, defendiendo sin temor y sin agravios el interés general y nuestra soberanía nacional. Esto fue posible porque creamos una genuina voluntad nacional orientada por compatriotas que trabajaron con pasión auténticamente argentina. Vicepresidente, ministros y secretarios de Estado gobernadores de provincia, intendentes municipales, funcionarios de todas las jerarquías, complementados por una eficiente acción

comunitaria, realizaron una tarea de conjunto pocas veces superada que merece respeto y consideración dentro y fuera del país. Sirvieron con inteligencia y lealtad al patriótico propósito de estructurar una conciencia nacional. Todos estos ejemplares colaboradores desempeñaron sus cargos y se retiraron de sus funciones con la más alta dignidad y decoro. Fueron honrados y patriotas de verdad. A ellos mi reconocimiento mas profundo.

Arturo Umberto Illia.

I. Introducción 1. — El planteo del problema El gobierno argentino, entre el 12 de octubre de 1963 y el 27 de junio de 1966, ajusto su acción a la Constitución Nacional, lo cual exige el libre juego de las instituciones republicanas, que debían ser vigorosamente revalorizadas luego de casi cuarenta años de estados de sitio, de planes limitativos de las libertades individuales y de avasallamientos reiterados de las autonomiza provinciales, con su consecuencia de descreimiento cívico y detención del progreso del país. Gobernar en estas condiciones, a tono con las normas de civilización de los tiempos modernos, requiere convicciones muy firmes acerca de los ideales democráticos y respeto de las opiniones ajenas, confianza sincera en la responsabilidad de la mayoría de los habitantes del país y en su determinación de sustentar las instituciones. La vigencia de la ley no es incompatible con una política que resuelva los problemas económicos, y, por el contrario, siempre es condición indispensable para permitir el desenvolvimiento en plenitud de la capacidad creadora de los habitantes, sin la cual el progreso es ilusorio. Estamos persuadidos que el análisis de la política de esos 33 meses, inspirada en esos principios de libertad y democracia reiteradamente practicada, demuestra rotundamente como es posible avanzar aceleradamente en lo económico dentro de un régimen político de respeto a la Constitución y a las leyes. A fin de hacer un balance correcto de la política económica del gobierno constitucional, es necesario recordar la situación en que se encontraba el país el 12 de octubre de 1963. En el mensaje presidencial de esa fecha se afirmo al respecto: «La economía argentina atraviesa por una de las épocas más difíciles de su historia. Resulta incomprensible haber llegado al punto en que nos hallamos si tenemos en cuenta que esta tierra ha sido dotada de excelentes recursos naturales y cuenta con una población excepcionalmente apta para el trabajo y las empresas del espíritu. «Un desaprensivo manejo de la cosa publica ha venido a acentuar un proceso que arranca desde hace muchos anos y contra el cual no se ha actuado con energía e inteligencia, lo que ha provocado los resultados que están a la vista. «No afirmamos nada nuevo al señalar que atravesamos una situación coyuntural de paralización económica y desequilibrio financiero, independiente de la crisis estructural que es menester superar por medio de la adecuación de los procesos productivos, de cambio y distributivos» La recesión se encontraba entonces en su segundo año consecutivo, con un nivel del producto bruto inferior en 5,4 % al máximo alcanzado en 1961, una disminución en el producto por habitante de 8,4 % y un índice de desocupación en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires superior al 8 % de la fuerza de trabajo en el mes de julio de 1963. El producto bruto por habitante fue en 1963 inferior al del año 1947. Esta no era la primera vez que ocurría algo semejante, aunque no con tarita intensidad y las repetidas recesiones habían tenido como grave resultado crear un desaliento general, fundado en la convicción de que la economía argentina se encontraba estancada y sin posibilidades de progreso. Era pues necesario eliminar no solo la decesión, sino también crear las bases para asegurar un crecimiento sostenido de la economía, que disminuyera la posibilidad de nuevas crisis y aventara la sensación de frustración que se estaba haciendo carne en el pueblo argentino.

En el mensaje presidencial mencionado se anunciaron las siguientes orientaciones básicas: «La acción a desarrollar tiene por meta final alcanzar en el mas breve plazo dos objetivos básicos e íntimamente ligados: la posibilitación y mantenimiento de un proceso continuado de crecimiento económico y la participación activa del pueblo trabajador en una mas justa distribución de la riqueza que le permita su complejo desarrollo cultural y espiritual. «A estas metas no se llegara con formulas sorpresivas ni acciones providenciales. Nadie conoce nada que pueda superar el trabajo cotidiano y ordenado de la población» Fue así que el gobierno constitucional trazo su estrategia económica sobre la base de dos programas: el plan de corto plazo y el plan de desarrollo. Fundamentalmente, dicha estrategia estaba orientada a obtener sucesivamente la reactivación económica, luego la estabilización progresiva y finalmente aumentar las inversiones en la expansión de la capacidad productiva. 2. — El plan de corto plazo El plan de corto plazo se tradujo en un conjunto de medidas, algunas de ellas de efectos inmediatos y otras para la obtención ulterior de resultados a mediano plazo. Estas medidas tendieron a: a) Reactivar la economía y obtener la estabilidad monetaria. Además de evitar los graves perjuicios sociales que trae consigo la desocupación, la reactivación de la economía era indispensable para crear las bases de una futura política de desarrollo que requiere el incremento sostenido de la demanda para estimular la inversión privada y, al propio tiempo, reconstruir la base imponible para asegurar el aumento de los recursos fiscales, permitiendo así el financiamiento no inflacionario del sector publico. Esta reactivación económica debía contemplar las dificultades que presentaba el sector externo y no llevarse a efecto a costa de una crisis en dicho sector, como había ocurrido en ocasiones ulteriores. Además, el proceso debía acompañarse por un saneamiento de las estructuras financieras, que se encontraban fuertemente deterioradas. Esta reavivación económica era condición indispensable para poder realizar una política que erradicara las tensiones inflacionarias existentes en la Argentina durante los últimos 25 años. b) Ordenar la administración. El reordenamiento administrativo del sector público y de las empresas del Estado era necesario para asegurar más eficiencia en el gasto y en la inversión, al mismo tiempo que una mejor percepción de los ingresos fiscales y una mayor utilidad publica en la prestación de los servicios. Esta tarea de ordenamiento tuvo que llevar se a efecto partiendo de una situación de carencia de cuadros de funcionarios, que se encontraban incompletos a consecuencia de los sucesivos cambios de administraciones de los últimos años, ausencia de coordinación entre los distintos organismos y falta de la información necesaria para adoptar decisiones razonadas. c) Sanear el sector externo. Las medidas tomadas en este sector estuvieron encaminadas a utilizar mejor las divisas disponibles, necesarias para atender una incrementada actividad económica interna y para hacer frente a los compromisos externos ya existentes. Se tuvo en cuenta, además, la conveniente de reestructurar la deuda externa, disminuyéndola en volumen y mejorando sus plazos de vencimiento, a fin de evitar nuevas crisis en el balance de pagos, como las de 1955, 1959 y 1962.

3. — El Plan Nacional de Desarrollo Mientras se ejecutaban las medidas del plan de corto plazo, era necesario establecer en forma orgánica las prioridades de inversión para que una vez logrados los objetivos inmediatos ya mencionados se asegurara el crecimiento sostenido de la economía y simultáneamente la estabilización monetaria progresiva. A ello obedeció la confección del Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969, que se anuncio en el citado mensaje presidencial diciendo: «Para el aprovechamiento mas eficaz de los factores es fundamental establecer el método de la programación económica, como forma de analizar ordenada, organizada y previsoramente el trabajo y las ideas que tendrán un marco de elevado nivel científico, trazando planes de gobierno con la colaboración de los sectores empresarios y trabajadores, y la debida intervención del Poder Legislativo».

II. El plan de corto plazo A. REACTIVACION DE LA ECONOMIA Y ESTABILIDAD MONETARIA 1. — Reactivación de la economía El desarrollo de la economía durante el periodo que consideramos se caracteriza por un fuerte y sostenido incremento de la actividad, que alcanzo los mas altos niveles globales y por habitante que jamás se hayan obtenido en el país. Esto fue acompañado por un creciente aprovechamiento de la mano de obra, de las maquinarias y equipos, y de las inversiones en la infraestructura de transportes, de comunicaciones y de energía, al punto que a partir de mediados de 1965 en adelante se llego a la máxima ocupación de los factores productivos compatible con la estructura del sistema de producción existente, que se encontraba afectado por la falta de equilibrio entre las inversiones en los distintos sectores. Durante el gobierno constitucional se recuperaron y aun se incrementaron los niveles de los ingresos, lo que supone un importante incremento del nivel de vida de la población Asimismo las empresas privadas y los sistemas financieros se sanearon substancialmente durante el periodo. El plan a corto plazo trazado por el gobierno constitucional al hacerse cargo de sus funciones, cumplió con la finalidad de estimular rápidamente a demanda para aprovechar la cuantiosa capacidad productiva desocupada que existía en el país a fines del año 1963, como consecuencia combinada de la recesión de los años 1962 y 1963 y del arribo de fuertes importaciones de bienes de capital contratadas en los anos anteriores. Conviene destacar que en 1963 la capacidad instalada se distribuía de manera muy desigual entre los distintos sectores, existiendo sobre inversiones muy notables, como en la industria azucarera o en la automovilística, en tanto que en sectores estratégicos, como siderurgia, química, energía, transportes y comunicaciones, no se habían realizado las inversiones necesarias para incrementar la producción al nivel que permitiera la utilización plena de las capacidades existentes de los otros sectores. La característica mas saliente de las importaciones contratadas en 1961 y años anteriores fue que se realizaron sin plan alguno y con la consecuencia de comprometer innecesariamente recursos externos del país, en adquisiciones realizadas en muchos casos a plazos considerablemente inferiores a los de la vida útil de los bienes importados o sin posibilidad de entrar a producir a plena capacidad A fines de 1963, una proporción elevada de aquellas importaciones de bienes de capital no pudo instalarse por falta de medios financieros de las empresas. Para hacer posible la puesta en marcha de estos equipos y maquinarias fue necesario facilitar los fondos indispensables mediante una línea especial de redescuento. Al propio tiempo, para permitir una mayor evolución de las empresas, trabadas por su falta de medios financieros, se otorgaron otras líneas de créditos para aumentar la producción, especialmente a aquellas actividades industriales que utilizan mayor proporción de mano de obra e insumo de materias primas nacionales. El efecto logrado por la política de corto plazo que notable, y la crisis que venia superándose muy lentamente se neutralizo por completo en el curso del año 1964, a partir del cual la economía siguió creciendo en el año 1965 a un ritmo muy acelerado. Durante el año 1964, el producto bruto interno aumento en un 8 %, y en 1965 el incremento fue de 7,8 %. Este aumento acumulado de P.B.I, en un 16,4 % en dos años implica una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la colectividad, aumento que, por lo demás, es muy excepcional encontrar en otro bienio en el país, y resulta también muy elevado aun teniendo en

cuenta las pautas de crecimiento de los países que evolucionan mas rápidamente en el mundo, Muy frecuentemente se ha dicho que el fuerte aumento de la producción durante el periodo constitucional se ha debido principalmente al aporte que a dicho incremento hizo, por factores naturales, la producción agropecuaria. Esa afirmación no es exacta pues en el transcurso del periodo los importantes aumentos de determinados cultivos o de las actividades ganaderas se compensaron en parte con retrocesos experimentados por motivos climáticos en otras explotaciones agropecuarias, al punto de que el incremento de este sector en su totalidad fue del 7,1 % en 1964 y solo del 4,1 % en 1965. Además debe tenerse en cuenta que las producciones agrícola y ganadera —con mas la silvicultura—, la caza y la pesca alcanzan a representar tan solo la sexta parte del P.B.I. La necesidad de repoblar los campos para rehacer el stock ganadero, unida a las mejores perspectivas de comercialización de la carne en el exterior, produjo una fuerte alza del precio del ganado en pie, que arrastro el aumento del precio de la carne para el consumo y, por su incidencia en la dieta de la población, a todo el rubro alimentación. Esa suba en el costo de la vida tuvo una replica en el nivel de salarios nominales y obro negativamente durante 1965 en los esfuerzos para lograr la estabilidad monetaria, pero la importancia que tenia para el país la recuperación del stock ganadero en términos del desarrollo ulterior de la balanza comercial justificado con creces el precio pagado por la economía nacional para dicha recuperación. La actividad de las industrias manufactureras, que representan por si solas la tercera parte del P.B.I., registro un crecimiento extraordinario del 15,1 ir en 1964 y del 11,6 % en 1965, Es decir que en solamente dos años, la producción industrial del país, medida en términos reales se incremento en mas de una cuarta parte (28,5%). También experimentaron fuertes aumentos en el periodo la construcción y los servicios de electricidad, gas, agua y sanitarios en general, Nada mas demostrativo del éxito del gobierno constitucional en materia económica que comparar el crecimiento de la industria manufacturera en el bienio 1964-1965 que, como hemos dicho, ascendió al 28.5 %, con el incremento del 0,7 % en que creció en el mismo lapso la actividad gubernamental, lo que implica una disminución importante si a esta ultima actividad se la mide per capita. Dicho de otra manera, la producción industrial participo de una manera mas importante en el producto bruto interno, a costa de los servicios gubernamentales, que vieron su participación disminuida. Así la industria, que en 1961 había logrado una participación máxima en el P.B.I, con un 33 %, supero en 1964 este coeficiente con un 33,9 %, para alcanzar en 1965 a la proporción record del 35,1 %. Paralelamente, los servicios gubernamentales fueron disminuyendo su participación en el producto bruto interno: 7 % en 1961, 6,8 % en 1964 y 6,3 % en 1965. El siguiente cuadro es muy ilustrativo al respecto:

PRODUCTO BRUTO INTERNO

Total, industrial, agropecuario y servicios de gobierno (Al costo de factores)

Total Industria manufacturera

Año En m$n de 1960 Variación anual % En m$n de 1960 Variación anual % Participación en el PBI %

Miles de millones Miles de millones

1960 882,2 284,4 32,3 1961 944 7 311,9 9,7 33 1962 926,6 -1,9 297,8 -4,5 32,1 1963 893,4 -3,6 284,1 -4,6 31,8 1964 965,1 8 327,1 15,1 33,9 1965 1040,4 7,8 365 11,6 35,1

Actividad agropecuaria Servicios del gobierno

Año En m$n de 1960 Variación Participación

En m$n de 1960 Variación Participación

Miles de millones anual % en el PBI %

Miles de millones anual % en el PBI %

1960 153,7 17,4 65,1 7,4 1961 152,4 -8 16,1 65,6 0,8 7 1962 155,5 1,8 16,7 64,6 -1,5 7 1963 155,5 0,2 17,4 65,3 1,1 7,3 1964 166,5 7,1 17,2 65,4 0,1 6,8 1965 173,3 4,1 16,7 65,7 0,5 6,3

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Origen del producto y composición del gasto nacional, junio de 1966 Estas cifras demuestran que el gobierno constitucional, del que se quiso dar una falsa imagen de lentitud, fue el que hizo avanzar mas enérgicamente la actividad dinámica por excelencia que es la industria manufacturera, e hizo retroceder a los servicios gubernamentales que en todas partes del mundo representan a la actividad menos productiva, sobre todo si se toma en cuenta que en Servicios del gobierno, se computan exclusivamente los valores agregados por pagos a empleados del Estado, con exclusión de aquellos que se refieren a la producción de servicios públicos.

El aumento del P.B.I, en 1965, en la parte que excedió a las previsiones, se debió a una anticipación de la demanda de bienes de consumo duradero, que normalmente debía haberse producido en 1966. Ello origino un cierto aceleramiento de la economía que, para evitar efectos desmedidos sobre los precios, fue necesario neutralizar en los primeros meses de 1966. Para lograr ese resultado, el gobierno definió cual era la política a seguir en el curso del año 1966: a) Reducción substancial del ritmo inflacionario: b) Adecuación de la tasa anual de crecimiento del P.B.I, con vista a la absorción de la aceleración registrada a fines de 1965; c) Realización de las inversiones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo; d) Mantenimiento del nivel de ingresos reales del sector asalariado. Muchas de las tensiones inflacionarias existentes en octubre de 1963 se hallaban ya en condiciones técnicas de ser substancialmente superadas en el curso del año 1966, a cuyo fin tomaba especial importancia — entre otras— la formulación concrete de una política de ingresos para ese periodo, compatible con los objetivos enunciados. El proyecto de presupuesto para la administración publica, el plan monetario y la proyección de la balanza de pagos: para el año 1966 definían con precisión las metas cuantitativas de esa política que tendía a continuar favoreciendo el proceso de expansión de la economía nacional verificado en los años 1964-1965, incrementando sensiblemente las inversiones tanto en la infraestructura productiva como en los campos industrial y agropecuario, y también en los sectores sociales (educación, vivienda, salud publica). Dichas inversiones incrementarían grandemente la capacidad productiva del país al par que tendrían como necesario reflejo, en el curso del periodo, un aumento en los niveles de ocupación obrera y de la productividad media de la economía. Todo esto se complementaria insistiendo en la política de distribuir en forma socialmente justa los ingresos, de manera tal que aumentara la participación de los sectores económicamente mas débiles. La puesta en marcha de estas medidas impuso un ligero freno a la economía, que se aplico a un nivel muy elevado de la actividad y con el propósito de que, una vez logrado equilibrio en el primer semestre del año, se continuara con el crecimiento sin trabas, debido al favorable desenvolvimiento del sector externo e impulsado por una intensificación de la inversión, de acuerdo con lo programado para 1966. El aumento de la producción y del consumo se logro sin disminuir los saldos exportables. Por muchos años las exportaciones del país estuvieron detenidas en la barrera de los u$s 1.000 millones. Circunstancias criticas hicieron que en 1962 se superara ligeramente los u$s 1.200 millones, y que se mantuvieran a buen ritmo en los primeros meses de 1963. En efecto, esos valores se alcanzaron al tremendo costo de la recesión de ese año y al de la liquidación de la existencia de ganado, motivada en gran parte por la sequía, que incremento de manera importante los envíos de carne al exterior. Existía incertidumbre sobre si al recuperarse la actividad económica el aumento del consumo podría tener la consecuencia de disminuir los saldos exportables, y si ello, acompañado por un consecuente incremento de las importaciones, afectaría los saldos favorables de la balanza comercial. Se habría producido así una vuelta al nivel de u$s 1.000 millones de exportaciones y al desequilibrio externo, con la secuela de detención de la expansión económica y el natural desequilibrio interno. Dos factores jugaron con signo opuesto para alcanzar un volumen adecuado de exportaciones: por un lado, las buenas cosechas constituyeron un factor favorable, en

tanto que la política de repoblación ganadera no permitía mantener los volúmenes exportados en los años de sequía. Para compensar las eventuales bajas de exportación de carne y posibilitar-el incremento de los stocks ganaderos se implantó restricciones al consumo. Con ese arbitrio se aseguraron mayores niveles de producción futura y se evito una caída drástica de los volúmenes para exportación. La colocación de las mayores cantidades exportables de cereales y de los menores volúmenes de carne se realizo con una mejora de precios debida a la firme política de diversificación y de apertura de nuevos mercados. La acción diplomática desplegada en los foros internacionales y en toda oportunidad en que se discutieron cuestiones que afectaban los precios o las facilidades de acceso de la producción nacional en los mercados de exportación fue prolija y eficiente. Las representaciones en el exterior vigilaron el desenvolvimiento de los mercados, interviniendo activamente en negociaciones con países sobre los distintos productos de interés nacional. Los resultados están a la vista: a los u$s 1.365 millones de 1963, sucedieron los u$s 1.410 de 1964, los u$s 1.488 de 1965 y en los primeros seis meses de 1966 las exportaciones alcanzaron la cifra record para un periodo de medio año de u$s 877 millones. 2. —Incremento del ingreso de los sectores La mayor producción lograda en el periodo constitucional trajo consigo, como generalmente ocurre, un aumento muy importante de los ingresos de los sectores del trabajo y de las empresas. Sin disponer aun de las cifras definitivas de la distribución del ingreso nacional puede saberse ya, de acuerdo con las estadísticas publicadas de salarios pagados y horas trabajadas, que el salario real horario aumento en un 6,2 % en 1964 y en un 5,4 %, en 1965. Como, además, la ocupación y las horas trabajadas por obrero aumentaron notoriamente en el periodo, resulta que el incremento del ingreso real del sector del trabajo estuvo por encima de los índices anteriores. Es, por lo tanto, merito indiscutible del gobierno constitucional el haber aumentado el nivel de vida de la clase trabajadora. a cuyo fin tomo disposiciones tendientes al establecimiento del salario mínimo vital y móvil que, aparte de sus innegables motivaciones de tipo social, tendía a asegurar un nivel de ingresos compatible con el mantenimiento de una de- manda efectiva global, que pusiera a cubierto la economía de una crisis como consecuencia de insuficiencias del mercado consumidor. La política de contención inflacionaria haría que el salario móvil no gravitara desfavorablemente en las medidas tendientes a lograr la estabilidad monetaria, y que la estabilidad no se alcanzara a costa exclusiva de los sectores de menores ingresos. Con el mismo criterio se contemplo la situación de los jubilados y pensionados. Los años de recesion de 1962 y 1963 fueron de aguda descapitalización de las empresas argentinas. La simple comparación de los resultados logrados por las empresas en el periodo que corre entre principios de 1962 y fines de 1963, por un lado, y de esa fecha hasta el 30 de junio de 1966, por el otro, basta para comprender hasta que punto se reconstruyo el capital circulante de las unidades productivas. Este saneamiento era previo y necesario para posibilitar posteriores expansiones, pues constituyo requisito imprescindible para llevar a efecto nuevas inversiones que requerían las empresas existentes, dado el proceso de crecimiento de la economía del país.

3. — Consolidación del sistema bancario Dentro del cuadro general relacionado con el sanea- miento financiero de las empresas, merece un punto especial por su importancia el relacionado con la consolidación del sistema bancario. No puede concebirse un sistema económico sin entidades financieras serias y solventes que apoyen el proceso del desarrollo. La situación del sistema bancario argentino al tiempo de iniciarse el gobierno constitucional estaba caracterizada por una serie de hechos que amenazaban la solidez de su estructura. En este deterioro del sistema bancario influyo naturalmente la recesion económica iniciada a fines de 1961 y continuada en 1962 y 1963, periodo en el cual los bancos sintieron el impacto que venían acusando las empresas, observándose crecientes índices de iliquidez. Incidió de manera muy importante el criterio de discrecionalidad en la concesión de créditos y garantías seguido por los bancos oficiales —particularmente el Banco de la Nación Argentina y el Banco Industrial de la Republica Argentina— y algunos bancos particulares, sobre todo con anterioridad al año 1962. Se otorgaron facilidades excesivas en relación con la solvencia y capacidad de pago de los beneficiarios y, algunas veces, de hasta los propios bancos. Al contraerse la actividad en 1962, los compromisos no se pudieron cumplir y pasaron a engrosar los rubros de créditos en gestión y mora por sumas de extraordinaria importancia. Esta política de indebida canalización de fondos se vio agravada aun al aplicarse a favor de pocas firmas, en muchos casos vinculadas con los directores de las propias entidades bancarias, lo cual supuso una gran concentración de riesgos que hizo más difícil la recuperación de los créditos concedidos. A fin de 1963, a raíz de todo ello, más de la tercera parte de las instituciones crediticias del país presentaban déficit en su posición de efectivo mínimo y, a octubre de 1963, ocho bancos habían girado contra fondos del Banco Central por una suma global que superaba los m$n 3.000 millones. Las inmovilizaciones de las carteras de los bancos alcanzaron índices alarmantes, al punto que al fin de 1963 ellas ascendían al 9 % de las colocaciones en préstamos. Ante la situación planteada, la política del gobierno constitucional fue sumamente enérgica y dirigida a sanear el sistema bancario y poner fin a los serios desvíos que observaban algunas entidades que en su función de creadoras de medios de pago cumplen un servicio publico que exige la mayor probidad y seriedad en su cometido Las medidas dispuestas abarcaron desde la intensificación de la vigilancia ejercida a través de las inspecciones hasta la iniciación de sumarios en los casos de inobservancia de la ley de bancos, desde la aplicación de multas a las instituciones y a los administradores y responsables hasta la inhabilitación de estos cuando se comprobaron debidamente irregularidades, llegándose en caso de infracciones graves a la liquidación de los bancos comprendidos en estas situaciones. La severa política aplicada dio resultados altamente satisfactorios. A junio de 1966, el sistema bancario argentino pudo considerarse como muy sano y el grado de movilización de sus carteras decrecido considerablemente. Una última mención debe hacerse a los bancos oficiales, ya que su operatoria estuvo durante el periodo exclusivamente al servicio de intereses generales con administraciones cuyas gestiones son citadas como modelos en todos los ambientes financieros. 4. — Política antiinflacionaria Desde que asumió el poder, el gobierno constitucional enuncio su propósito de obtener la estabilización monetaria por pasos sucesivos, en un programa a ejecutarse de manera coherente durante el periodo legal, que evitara recesiones económicas como las que se

habían sucedido en anos anteriores, con graves efectos en ingresos fiscales y consecuente agudización del déficit del sector publico y de las empresas del Estado por un lado, y por otro, reducción de los salarios reales y de los beneficios empresarios, afectando así el proceso de capitalización de la economía. La eliminación de las presiones inflacionarias implica siempre un reajuste del aparato económico, que en el concepto del gobierno constitucional debía realizarse a un nivel de actividad tal que permitiera la transferencia de los factores desplazados a otros sectores de mayor productividad, evitando situaciones de paro forzoso y disminuyendo así el elevado costo económico y social que se menciono en el párrafo anterior. La expansión de la onda inflacionaria en nuestro país ya lleva un cuarto de siglo prácticamente sin solución de continuidad y responde a causas que, si bien pueden tener un origen autónomo, se van haciendo cada vez más interdependientes, reforzándose unas a otras e imposibilitando la obtención de soluciones sencillas e instantáneas. En nuestro medio se han ensayado vanamente todo tipo de remedios. Se ha postulado que para detener el proceso es imprescindible actuar sobre la demanda, contrayéndola, con el propósito de restar posibilidad al incremento de precios, y crear así una resistencia al aumento de salarios. Esa fue la filosofía de la política seguida en 1952, 1959 y en 1962, con los resultados conocidos: caída de los salarios reales, desocupación en vasta escala de los factores productivos, perdida del capital de evolución de las empresas, fuerte contracción del producto bruto interno, desaliento de la inversión en los sectores dinámicos, todo ello sin obtener el resultado buscado. El camino seguido por el gobierno constitucional fue otro. Como se explico antes, se planifico en detalle la forma de actuar sobre la economía en cada año de su gestión, cosa que no se había hecho antes en el país. Se estableció, con arreglo a criterios técnicos muy rigurosos, el monto de la financiación del sistema bancario al gobierno nacional, las inversiones a efectuar por el gobierno, la distribución de los redescuentos al sector privado, la forma de actuar del sector externo, y de todo ello se proyecto la creación anual de medios de pago. De manera consistente se establecieron pautas para el crecimiento de precios y salarios y también del producto bruto y otras variables dependientes Planes anuales de esta naturaleza se preparan en las naciones mas adelantadas como indicadores de la economía y lógicamente, los resultados finales admiten desviaciones. Sin embargo, las previsiones realizadas en cada año por el gobierno constitucional se cumplieron con razonable precisión. En el proceso argentino posible identificar, como presiones graves de tipo inflacionario, a las siguientes: a) El déficit fiscal; b) Devaluaciones desmedidas para corregir desequilibrios persistentes en la balanza de pagos; c) Ineficiencia en los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios; d) Falta de una política adecuada de ingresos; e) Razones de tipo psicológico. Un desequilibrio en el sector publico de carácter secular, financiado mediante la creación de moneda, en lugar de recurrir a la transferencia de ahorros genuinos al sector publico, se traslada al mecanismo de precios. Ya se han explicado las medidas puestas en práctica por el gobierno para corregir la grave situación existente en octubre de 1963 y como ellas se iban efectivizando crecientemente, tanto en el sector publico como en el sector externo.

En cuanto al problema del sector externo, la falta de una correcta política de cambios en el pasado, hizo que se perdiera una parte substancial de la capacidad de compra en el exterior, y obligo en reiteradas ocasiones a corregir la situación critica provocada. En todos estos casos, con el fin de lograr saldos más favorables en la balanza comercial, se siguió la equivocada solución de devaluar excesivamente el signo monetario con el consiguiente impacto inflacionario. La ineficiencia en los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios configura la causa estructural típica de la inflación. Nuestro país se fue retrasando considerablemente frente a un proceso mundial de adopción de nuevas tecnologías y de modernización de la infraestructura, industrial y agropecuaria así como también permaneció adherido a formas vetustas de distribución y comercialización de bienes La forma de encarar el primer factor y de corregir el segundo no es una tarea de corto plazo y su solución se encaro a través del Plan de Desarrollo, como se explica mas adelante. Con referencia a la política de ingresos, los pasos seguido por el gobierno constitucional fueron los siguientes en 1964 se aumentaron los salarios nominales de manera tal de cubrir el incremento del nivel de precios operado como consecuencia de la expansión de medios de pago realizada para reducir los atrasos de Tesorería y dotar a las empresas de medios que les permitieran superar el estado de iliquidez financiero en que se encontraban. Dicha expansión fue realizada con la finalidad principal, de acuerdo con la prioridad establecida por el gobierno, de restablecer el nivel de actividad seriamente afectado por la recesion de los años 1962-63. En abril de 1965 el gobierno fijo como pauta un índice del 22 por ciento en los aumentos salariales, pero como en los convenios celebrados a partir de esa fecha, empresarios y obreros convinieron porcientos superiores, se produjo una sensible desviación en los objetivos fijados. Para 1966 el gobierno anuncio con suficiente antelación una clara política de ingresos, compatible con todas las demás metas que se habían fijado en materia económica. Estableció como incremento en los niveles salariales para la administración publica una tasa del 15 por ciento y propuso la misma base de aumento para el sector privado, dictando disposiciones en virtud de las cuales no debían trasladarse a los precios aumentos superiores a ese porcentaje, advirtiendo que los montos excedentes de aumentos de salarios debían ser absorbidos ya sea por una mayor productividad o tornados de los beneficio empresarios. Se estimaba de esta manera que el nivel del costo de vida debía incrementarse en el periodo en aproximadamente el 12 por ciento, con lo cual el ritmo inflacionario se contraería en forma muy apreciable. Al producirse el golpe de Estado, esta política se hallaba en plena evolución y los guarismos estadísticos verificados al 30 de junio de 1966, en comparación con el periodo anterior, permiten comprobar que eran factibles de alcanzar los objetivos fijados para el año.

PORCIENTOS DE VARIACION DE LOS PRECIOS MAYORISTAS Y DEL COSTO DE NIVEL. DE VIDA EN LA CAPITAL FEDERAL Precios Mayoristas -------------------------------------------------------------------------------- (No agropecuarios) ----------------------------------------------

Periodos Nivel

general Agropecuarios Total Nacional Importaciones Costo nivel de

vida 1° semestre de 1965 17,6 9,8 20,7 20,6 22,5 11 1° semestre de 1966 8,8 11,3 7,9 8,2 4 6,2 Fuente: Banco Central y D. N. E. y C. Esta favorable evolución de los precios tenía como consecuencia psicológica el disminuir en grado considerable las expectativas, circunstancias de excepcional importancia en el proceso, pues, sin perjuicio de los otros factores, los de tipo psicológico actúan con mucha potencia alternativamente sobre precios y salarios, acordando una gran fuerza dinámica los mecanismos de aceleración del proceso: los precios aumentan ante la expectativa de que subirán los salarios y se solicitan aumentos de estos sobre la base de que se incrementaran los precios; y así sucesivamente. Si la política del gobierno constitucional hubiera completado, aun con éxito parcial, se habría estado en condiciones excepcionales de intentar un nuevo reajuste para 1967, año sumamente favorable a la recuperación del stock ganadero y las perspectivas optimas de cosechas y de los mercados exteriores, que aseguraban un desenvolvimiento sin inconvenientes de la balanza de pagos. Además, los planes de vivienda y las inversiones programadas en energía, comunicaciones y ferrocarriles hubieran servido para un nuevo impulso sobre la economía por los efectos multiplicadores de estas actividades, así como el aumento de la producción agropecuaria, que ya se preveía, hubiera también contribuido a incrementar la demanda industrial. El efecto combinado de todos estos factores; habría llevado el producto bruto interno a un porcentaje de crecimiento, tal como el previsto a principios de 1966, demostrando la viabilidad de la política antiinflacionaria del gobierno constitucional, que consistió en reducir la inflación por etapas contrarrestando efectivamente sus causas y no pretendiendo ingenuamente actuar sobre sus efectos. Esta política, inicialmente recibida y comentada en algunos círculos con calculado escepticismo, tanto en el país como en el exterior, tenía ya en 1966 general aceptación, al punto de ser denominada como «gradualista», y con esa denominación había merecido el espaldarazo de los organismos internacionales. B. REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO 1. — Reordenamiento administrativo A igual que en la mayoría de los países, en la Republica Argentina el gobierno nacional es el principal empleador y el principal consumidor de la economía. Por lo tanto, el funcionamiento eficiente del sector publico es esencial para la mejor utilización de los recursos económicos del país, por la gran repercusión que en el

desarrollo económico tienen los programas de inversión que debe efectuar en sectores donde el capital privado no se interesa, es insuficiente, o donde razones superiores de política aconsejan que sea el capital publico el que efectúe la inversión. El crecimiento del volumen de la administración central y de las empresas del Estado ha seguido un ritmo rápido, en tanto que el progreso efectuado en la técnica de dirección de este sector ha sido lento; es un hecho conocido que el proceso de toma de decisiones es confuso y conspira contra la eficiencia. Frente a esta situación, que no es exclusiva de la Argentina sino común a casi todos los países, es necesaria la creación previa de un mecanismo de informaciones que permita conocer el objeto del gasto publico (clasificación económica), su finalidad (el destino del gasto) y como se ha cumplido (control). Solo una vez establecido en forma eficiente este mecanismo de información es posible saber que ocurre en el sector público y tomar decisiones conforme a las necesidades de la economía y la política general que el gobierno se proponga llevar adelante. Con estas finalidades se implanto la clasificación económica del gasto público y el presupuesto por programa, como anexo explicativo del presupuesto ordinario cuya única finalidad es determinar la autorización y la responsabilidad del gasto. Para 1967 se había dispuesto que el presupuesto se elaborara directamente por programas y que se estableciera un sistema contable de control. La reorganización de la administración central no basta por si sola para poder controlar eficazmente el gasto público, en razón de que una parte muy importante de este se efectúa a través de las empresas publicas. Para completar el control se organizo la sindicatura de las empresas del Estado, que inicio la tarea de uniformar los métodos de preparación y organización de los presupuestos y planes de obras de las empresas del Estado, vigilando posteriormente su ejecución mediante las amplias facultades que la ley le otorgaba y que incluía el derecho de veto sobre las decisiones de los respectivos directorios. La acción de la sindicatura fue respaldada en cuanto a la preparación de los presupuestos de las empresas, con la coordinación establecida entre la Secretaria de Hacienda, de la que dependían las sindicaturas, el Banco Central, que interviene en la aprobación de los planes de financiación interna y externa de las inversiones, y el CONADE, responsable de la coordinación de los programas de inversiones del sector publico. Así fue que, por primera vez, los presupuestos de las empresas del Estado para 1966 fueron elevados con anterioridad a la iniciación del ejercicio fiscal, circunstancia realmente notable si se tiene en cuenta que los de 1963, prácticamente fueron presentados a principios del ejercicio 1964, es decir, cuando ya los gastos se habían realizado. Este proceso de reorganización administrativa, de considerable complejidad por el cambio de métodos y la necesidad de preparar persona) especializado y de adecuar el criterio de los funcionarios a las nuevas normas, estaba en pleno desarrollo a mediados de 1966, La falta de previsiones de esta índole durante las anteriores gestiones, explica el fracaso de las medidas ensayadas en el sector publico, cuyos propósitos de nacionalización y disminución de gastos sin afectar la eficacia de los servicios condujeron a resultados totalmente contrarios a los buscados: disminuyo la eficiencia del sector sin el decrecimiento de las erogaciones En resumen, la acción desarrollada durante el gobierno constitucional en el aspecto administrativo del sector público tendía a la contención y mejor distribución de los gastos corrientes, de manera tal que los incrementos de ingresos de este sector pudieran traducirse en aumento de la financiación no inflacionaria de la inversión publica.

2. — Reordenamiento financiero Como consecuencia de la reactivación económica, originada en las medidas adoptadas, los ingresos fiscales aumentaron espectacularmente en 1965 respecto de 1964, año en el cual no se registro incremento de las recaudaciones porque estas, en su mayor parte, dependieron de la actividad económica del año 1963, en el que culmino la seria crisis iniciada dos años antes. Asimismo, ese déficit reflejaba por un lado la baja de la presión fiscal a consecuencia de medidas anteriores a la gestión del gobierno constitucional, y, por otro, a una disminución del Tesoro nacional en la coparticipación de los impuestos federales sancionada por el Congreso a comienzos de 1964. La tendencia notablemente creciente de la recaudación continúo en el primer semestre de 1966. Para explicar de manera completa el gran incremento de las recaudaciones del año 1965 y primer semestre de 1966, debe tenerse en cuenta también que en ese lapso empezó a reflejarse la política fiscal aplicada desde el comienzo del gobierno, consistente en reducir los plazos de las prorrogas, en el no otorgamiento de moratorias, blanqueos y otras medidas que enervan la moral impositiva, y también se noto el resultado de los mejores métodos de la administración recaudadora. Esta política fiscal comprendió también medidas de eliminación de los sistemas de franquicias que, por su generalidad en el destino y falta de limitación en los plazos de vigencia, no cumplían una finalidad económica concreta y se prestaban para instrumentar evasiones. Este sistema fue substituido por otros, consistentes en admitir deducciones por plazo limitado para actividades especificas, que era conveniente promover o que se efectuaran en zonas cuyo desarrollo era necesario para el crecimiento económico equilibrado del país. Debe hacerse notar que la limitación de las deducciones impositivas al sector agropecuario no afecto sus inversiones en 1965, primer año de su aplicación, las que se llevaron a efecto a un nivel elevado, como lo prueban los datos estadísticos correspondientes. En 1966 estas inversiones se redujeron como consecuencia de los menores ingresos agrícolas, por la disminución aproximada de cinco millones de toneladas en la cosecha de trigo, que represento una merma de Ingresos para los productores del orden de 50.000 millones de pesos. En el sector industrial la eliminación de franquicia-, tampoco afecto el volumen de la inversión en equipos y maquinarias de producción nacional Se registro en cambio una reducción de las importación de bienes de capital, masivamente adquiridos en el exterior en los años inmediatamente anteriores a la recesion, y que solo alcanzaron razonable utilización a través de la reactivación de la demanda operada en los años 1964 y 1965. Esta política se concreto en cifras de recaudación fiscal que en 1965 alcanzaron el excepcional crecimiento del 80 por ciento con respecto de 1964, y que en los primeros seis meses de 1966 aumentaron el 32 por ciento con respecto al mismo periodo de 1965 En ambos casos los porcentajes de aumento superaron ampliamente a los de los precios, lo cual indica una substancial mejora en los ingresos reales del gobierno. En materia de ingresos de las empresas del Estado, la política seguida fue la de ir adecuando los precios de sus productos y servicios a los costos reales de explotación y a los requerimientos de sus inversiones, conforme con el análisis especifico realizado por la Secretaria de Hacienda a través de la sindicatura de empresas. Durante el curso de 1964, en tanto no se alcanzo el pleno empleo de los factores productivos, el ritmo de aumento que menor al que correspondió una vez lograda la recuperación económica. Debe tenerse en cuenta que no era posible la fijación de precios económicos, para algunas empresas que operaban a niveles de costo muy elevados por causas ajena a su control (insuficiente demanda frente a su capacidad potencial, altos niveles de sus costos externos) o por causas que les eran imputables (falta de racionalización interna,

obsolescencia de equipos, excesos de personal). Hasta tanto no fueran modificadas substancialmente esas condiciones, la fijación de los llamados precios económicos, para algunas empresas podían tener efectos contrarios a los buscados, ya que si iría trasladar la ineficiencia a los niveles de precios en vez de realizar la tarea de reducir costos mediante la modificación de las condiciones que incidían sobre ellos. La tarea de racionalizar las empresas del Estado se emprendió con decisión, pero las condiciones dadas demoraron los resultados. Había que transformarlas sobre la marcha, ya que no era posible detenerlas para hacer las correcciones y ajustes necesarios; además, por razones sociales y económicas, no se podía ni se debía despedir grandes contingentes de trabajadores sin haber resuelto el problema de adaptación de esa mano de obra y haber creado oportunidades de empleo suficientes. Consecuencia de esta política de ordenamiento de los gastos y de los ingresos de la administración central y de las empresas del Estado fue la modificación en 1965 de la tendencia decreciente observada en los últimos años en la cifra del ahorro del sector publico, obteniéndose importantes sumas de ahorros genuinos que permitieron incrementar la cifra de las inversiones en el sector publico al mismo tiempo que disminuir su financiación inflacionaria. Por primera vez en el país, durante el gobierno constitucional, se comenzó a planificar la gestión financiera del sector publico, preparando con anterioridad a la iniciación de cada ejercicio un programa financiero inserto dentro de un plan monetario general para toda la economía que evitaba que la financiación del sector publico disminuyera los recursos disponibles para el sector privado. En el año 1964, en que los ingresos fiscales sufrieron las consecuencias de la recesion de 1963, se requirió una financiación al sector público de $74700 miles de millones. En el año 1965, de mayor normalidad en los ingresos, se pudo disminuir esta cifra $ 47.700 millones, cumpliéndose con gran aproximación, la meta prevista en el programa para el año, que era de $ 40.000 millones. Para el año 1966 se había previsto la disminución del déficit a financiar por medios bancarios $ 35.000 millones, lo que suponía una reducción muy apreciable en términos reales. Al 30 de junio se venia cumpliendo satisfactoriamente la meta anteriormente señalada. C. SANEAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO 1. — Importancia del sector La dependencia de la producción industrial de la importación de materias primas y producto.-: intermedios determino que en cada ocasión en que existieron problemas de escasez de divisas en el país se redujera la producción de artículos industriales y se produjeran caídas del producto bruto interno En otras palabras, el desequilibrio externo dada la escasez de reservas y el grado de endeudamiento cada vez mas elevado del país, se resolvía provocando una crisis interna, que recaía indefectiblemente sobre los sectores de menores ingresos, originando una fuerte baja en los consumos que se propagaba con rápido efecto multiplicador sobre el resto de los sectores de la economía. Los anos de ascenso se contrarrestaron así con periodos de caída, impidiendo el crecimiento sostenido necesario para producir modificaciones substanciales en la economía, como las que se han verificado durante el mismo lapso en otros países de análogo punto de partida. Al mismo tiempo las necesidades de divisas llevaron a contraer préstamos externos en algunos casos inconvenientes, y frecuentemente se llevaron a la mesa de negociación

asuntos pendientes, que ninguna relación tenían con los préstamos solicitados, pero cuya solución se trato de obtener en esas ocasiones Las dificultades mencionadas se acentúan en relación directa con la debilidad del sector externo y pierden fuerza en la medida en que el país puede prescindir de estas gestiones o si en razón del crédito de que goza, puede dirigirse alternativamente a distintas fuentes de prestamos Tales fueron las rizones por las cuales se dio tan fundamental importancia durante el gobierno constitucional a la consolidación del sector externo como sustento de una línea de política económica internacional fuerte e independiente El gobierno constitucional pudo así llevar adelante sus negociaciones financieras con criterio técnico independiente y sin aceptar la interferencia de cuestiones extrañas. Quedo de esta manera demostrada que es posible mantener una política fundada exclusivamente en el interés nacional y tener éxito. 2. — Evolución del sector externo Al final de la Segunda Guerra Mundial, y por causas que no corresponde analizar en este documento, el país se encontró con una extraordinaria capacidad de compra externa. La posición neta de oro y de divisas del Banco Central a fines de 1947 oscilaba alrededor de la cifra de u$s 1.700 millones y la deuda externa era de poco monto, a largo plazo y bajo interés. De ahí en mas dicha posición fue disminuyendo por distintas causas, entre las que no se deben dejar de señalar las desastrosas operaciones de compra al contado de activos ya radicados en el país, a punto de que a fines de 1952 la posición se encontraba por debajo de los u$s 50 millones. Luego del año 1957 la posición neta del Banco Central tomo cifras negativas, es decir que los prestamos obtenidos al solo efecto de reforzar la posición de oro y divisas eran mayores que las tenencias totales Con pequeños altibajos prosigue la tendencia declinante hasta llegar antes de la asunción del gobierno constitucional a la extraordinaria cifra negativa de uSs 400 millones. Luego de 16 años de continuo deterioro del sector externo corresponde al gobierno constitucional —a pesar de la tremenda deuda publica y privada heredada— el éxito indiscutible de haber modificado decididamente la tendencia A la fecha en que el gobierno fue desalojado del poder, la posición neta del Banco Central alcanzaba la suma positiva de u$s 100 millones, es decir, una mejora de u$s 500 millones en la posición neta de oro y divisas. Similar evolución favorable se comprueba si se computa el total de las deudas del país, que incluye, aparte de las que registra el Banco Central, las de todo el sector publico —gobierno, empresas del Estado, las provincias y municipalidades—, así como las correspondientes al sector privado, cuyos importes se obtuvieron fehacientemente por las encuestas anuales practicadas a partir del 31 de diciembre de 1963.

OBLIGACIONES TOTALES CON EL EXTERIOR

(En millones de dólares)

Sector público Sector privado Total

Al 31/12/63 2106 1284 3390

Al 31/12/64 1817 1098 2916

Al 31/12/65 1686 963 2650 Fuente: B.C.R.A., encuesta sobre deuda externa. La lectura del cuadro anterior demuestra de manera impresionante como tanto en el sector publico como en el privado, el saneamiento externo se tradujo en una drástica disminución del endeudamiento. Esta importante reducción de la deuda se logro sin disminuir las reservas de oro y divisas del Banco Central recibidas por el gobierno constitucional el 12 de octubre de 1963; por el contrario se elevo su nivel y se mejoro su composición El 28 de junio de 1966 existían en el Banco Central reservas de oro y divisas por u$s. 363,6 millones contra u$s. 323,4 millones al 12 de octubre de 1963, pero en esos totales al final de la gestión solo se encontraban incluidos u$s, 24,1 millones de divisas no convertibles, en tanto que al iniciarla existían u$s. 55,3 de este tipo de divisas de muy restringida utilización. No se completaría este análisis si no se tomara también en consideración la posición exterior de los bancos comerciales, para lo cual debe computarse su posición contado de divisas y sus derechos y obligaciones de futuro en moneda extranjera. El siguiente cuadro es suficientemente ilustrativo del saneamiento experimentado en la posición cambiaria de los bancos comerciales durante la gestión de gobierno que se analiza. POSICION GENERAL DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS

(En millones de dólares)

Posición contado Compras en término Ventas en término Total

Al 31-12-62 30,8 323,3 479,8 -125,7 Al 31-12-63 63 458,5 525,6 -14,1 Al 31-12-64 79,7 306,9 366,4 20,2 Al 31-12-65 36,2 193,3 195,7 33,8 Al 28-6-66 53 170,9 183,7 40,2

Fuente: B.C.R.A. - «Boletín Estadístico Mensual.. Es de fundamental importancia señalar que esta memoria del sector externo se logro sin contraer la actividad económica, como ocurrió en ocasiones anteriores, y si con un notorio aumento del producto bruto interno, del salario real y de la ocupación.

3. — Políticas adoptadas A este resultado pudo llegarse mediante la adopción de- medidas adecuadas que, manteniendo el incentivo de la producción agropecuaria, permitieron incrementar el volumen total de las exportaciones v obtener buenos saldos favorables en el comercio exterior que por el sistema cambiario implantado pudieron ser utilizados para amortizar la deuda existente y mejorar la posición externa argentina. EI sistema cambiario implantado en abril de 1964, similar al de los principales países occidentales, no estableció otra restricción a las operaciones de exportación e importación que la de ser liquidadas dentro de los plazos fijados, dejando que las operaciones se formalizaran directamente a través de los bancos comerciales sin ninguna clase de interferencias. Las demás operaciones cambiarias se cursaban en tanto respondieran a conceptos genuinos y no meramente especulativos. Las dificultades cambiarias existentes a mediados de 1963 fueron causa de que se demorase el curso de las operaciones de transferencias al exterior, originadas principalmente en acreencias generadas en moneda nacional, situación que se regularizo totalmente a principios de 1966. Durante el periodo constitucional, las autoridades monetarias fijaron públicamente un precio máximo y uno mínimo para la venta y compra de divisas por el Banco Central en el mercado cambiario. Este procedimiento es similar al seguido en los principales países occidentales, y también al aplicado en nuestro país en periodos anteriores. La diferencia substancial con las anteriores políticas cambiarias aplicadas en el país consistió en que se estableció públicamente un tipo de cambio flexible y fluctuante de conformidad con las variaciones de los precios internos, teniendo también en cuenta las paridades con las monedas extranjeras afectadas por sus propias fluctuaciones. Esta política permitió mantener una exportación fluida, sin acumulación de existencias, al mismo tiempo que establecer una relación adecuada entre los costos internos y el valor de los productos importados. Los ajustes periódicos, además de destruir las expectativas que permitieron en el pasado realizar operaciones especulativas, evitaron las fuertes devaluaciones efectuadas reiteradamente en épocas anteriores, con su tremendo impacto negativo sobre la economía, devaluaciones provocadas por haber mantenido tipos de cambio artificiales durante periodos de inflación La política de tipos de cambio flexibles se justifica en la medida que persista el proceso inflacionario en el país y dejara de tener sentido una vez que dicho proceso sea contenido. Fue necesario también adoptar medidas complementarias al sistema cambiario que evitaran se repitiera la situación al 12 de octubre de 1963, en relación con otros aspectos del sector externo. El país tenía en esa fecha una elevada y mal constituida deuda externa, cuyo origen se debía principalmente a dos causas En primer lugar, a que las compra de bienes de capital, tanto en el sector público como en el privado efectuadas principalmente entre los años 1958 a 1961 fueron financiadas con créditos de plazos incompatibles con las posibilidades de la balanza de pagos, en condiciones inferiores a las comúnmente otorgadas por los organismos internacionales y en muchos casos aun inferiores a los términos corrientemente vigentes en los países industriales exportadores de esos bienes Este desordenado equipamiento se había realizado también sin adecuar los planos de pago a las posibilidades económicas de las empresas En segundo termino, el endeudamiento se agravo con deudas de carácter financiero a corto plazo y elevado interés, contraídas no siempre para fines productivos con motivo de la iliquidez de los anos anteriores y que habían contado con los avales de los bancos comerciales. Un 56,2 % de la deuda externa tenia vencimiento en los tres años que van del principio de 1964 a fines de 1966, aun cuando los hechos posteriores demostraron que una parte

de la deuda privada, sin aval bancario no se giro en los plazos declarados por los respectivos deudores, en muchos casos filiales de casas matrices en el exterior, que decidieron reinvertir esos fondos en el país. Sin embargo, durante todo el periodo de gobierno el balance de pagos sufrió continuamente los fuertes impactos de las remesas de capital y de intereses, provenientes de estas obligaciones con el exterior. Para utilizar adecuadamente los sistemas de créditos externo, establecidos por los países exportadores de bienes de capital, se dispuso que las adquisiciones de equipos y maquinarias debían pagarse en plazos establecidos, dependiendo del valor del bien importado y de que se tratara de importaciones que tuvieran mayor o menor prelación dentro del plan de desarrollo, Esos plazos establecidos se ajustaban en lo fundamental a los usuales en los países industriales y un estudio efectuado ulteriormente demostró que solamente era ahora conveniente efectuar pequeños ajustes que las mejores condiciones del país permitían que se hicieran. Es fundamental, para lograr sin inconvenientes estos créditos en el exterior, que los países proveedores tengan la certeza de que a sus vencimientos sus deudas serán canceladas y que no estarán sujetas a refinanciación, como las que el país se vio obligado a efectuar en los últimos años. No resulta razonable solicitar plazos máximos para la adquisición de bienes de capital, si no se abonan a su vencimiento. A evitar esas refinanciaciones de las deudas tendía la política cambiara del gobierno constitucional, en la seguridad de que con el pago puntual de sus obligaciones a los vencimientos convenidos se recuperaría definitivamente el crédito del país en el exterior.

III. — El plan de desarrollo 1. — Su necesidad y esquema general La preparación del Plan Nacional de Desarrollo fue determinada por la necesidad de fijar normas de ordenamiento y coordinación de las medidas económicas que debían adoptarse para el quinquenio 1965-69, con vistas a lograr un crecimiento sostenido de la economía que resultara practicable en relación con las posibilidades reales del país. Como se expresa en la «Introducción general» del plan, existía una cierta confusión de ideas respecto de cuales son esas posibilidades reales de crecimiento, sobre todo porque nunca- se había elaborado un método técnicamente apto para cuantificarlas, es decir se carecía de un conocimiento exacto de los recursos disponibles, de las necesidades del país y do la manera mas apropiada de ordenar los recursos rara satisfacerlas. En los intentos de pasado cercano para resolver los problemas de la economía argentina, se procedió aplicando una política por la cual se pretendía resolver todas las dificultades existentes mediante la restricción de la circulación monetaria y la concertación de fuertes deudas y otros compromisos con el exterior como manera de paliar algunos de los efectos de las medidas restrictivas. Lo acontecido en el país hasta el año 1963 exime de comentarios adicionales sobre los resultados de dicha política. El tema del primero de los cuatros capítulos del plan es precisamente un análisis de la evolución histórica de la economía nacional. Su conclusión general fue la de dar fundamento a la modificación de conceptos acerca del llamado «caso del estancamiento argentino» que en muchos círculos del país aparecía como debido a factores un tanto inexorable que determinaban un sentimiento de frustración. El tal estancamiento -quedo demostrado técnicamente— no era sino un proceso de crecimiento desequilibrado, con periodos de ascensos seguidos de fuertes crisis que llegaban a neutralizar a aquellos, acompañado por un desenvolvimiento desincronizado de los distintos sectores de la economía, que provocaba una utilización económicamente deficiente de todos. Este conocimiento cabal de lo sucedido a la economía del país durante los últimos años era indispensable para estar en condiciones de proyectar cor1 seriedad medidas que en futuro permitieran lograr un crecimiento sostenido compatible con la mejor utilización de los recursos disponibles. En el capitulo segundo se fijan los objetivos generales y las proyecciones globales, analizando exhaustivamente aquellas variables macroeconómicas cuyo comportamiento es decisivo para el cumplimento del plan. Así se llego a determinar la real posibilidad técnica de que el producto bruto del país creciera a una tasa acumulativa anual de alrededor del 33%. Esto significaba que en el periodo comprendido por el plan, que coincidía con el termino legal del gobierno constitucional, el producto bruto interno crecería en mas del 33 %, es decir que los habitantes del país dispondrían de un tercio mas de bienes y servicio, que los que disponían al iniciarse la gestión y, además se establecían bases firmes para que el crecimiento siguiera a ritmo acelerado como en todo proceso acumulativo, en los años siguientes. En el capitulo tercero se trazaron las proyecciones sectoriales, cuya compatibilización entre si y con las proyecciones globales demostraba acabadamente la viabilidad del plan. Al efecto es menester tener en cuenta que —a semejanza de otros trabajos de este tipo— se realizo previamente una proyección de la demanda basada en el crecimiento esperado de la economía en el periodo y luego se hizo sobre esa base una estimación de la capacidad de producción adicional necesaria para satisfacer esa demanda, tanto en el sector publico como en el privado. Dichas previsiones de inversión se calcularon de manera tal que permitieran superar los estrangulamientos existentes en la producción y

en la balanza de pagos, evitando que se reiteraran en el futuro, ya que, asegurando una producción sostenida, se contribuye a la estabilidad del nivel de precios y superando los problemas del sector externo se eliminan frenos para el futuro crecimiento. El capitulo cuarto describe los medios de acción para asegurar la ejecución de lo proyectado, estableciendo las políticas a desarrollar en las diferentes áreas y la financiación del plan, a cuyo efecto se cuantificaron las inversiones, al propio tiempo que se establecía una escala de prioridad para ellas, con el fin de obtener el uso mas racional posible de las fuentes de financiamiento tanto internas cuanto externas. Se puso especial cuidado en que la magnitud del financiamiento interno no excediera las tasas medias de ahorro verificadas históricamente en la economía argentina, y que los servicios del financiamiento externo fueran compatibles con las posibilidades de pago previstas en función de las exportaciones nacionales. Los análisis mencionados fueron complementados con los de localización zonal adecuada de los proyectos fundamentales con el fin de crear los polos de desarrollo que permitan obtener un crecimiento mas equilibrado de las distintas zonas del país y contribuir a su integración geográfica y social. La calidad técnica del plan ha sido analizada por organismos internacionales tales como el Comité Interamericano para la Alianza para el Progreso. el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., mereciendo conceptos elogiosos en cuanto a las técnicas utilizadas y el realismo de sus metas, que básicamente se iban cumpliendo al producirse el golpe de Estado del 27 de junio de 1966. 2. — Estrategias del plan y políticas adoptadas Las finalidades fundamentales que se lograrían —cuyo cumplimiento en su conjunto situaría a la Republica Argentina a la par de los principales países del mundo— eran las siguientes: 1) Asegurar la plena ocupación de una población creciente; 2) Mejorar el salario real y, consecuentemente, el nivel de vida de los habitantes; 3) Lograr un crecimiento mas equilibrado de las distintas zonas del país; 4) Contribuir a frenar la inflación por el aumento de la oferta de bienes y servicios por la mejora de la situación financiera pública y privada derivada de la mayor actividad económica y por una eficiente administración de los recursos. Para lograr estas finalidades, que para el quinquenio 1965-69 se cumplirían mediante el crecimiento anual mencionado era necesario captar ahorro interno por medio de instrumentos idóneos y por sumas apropiadas, que el país esta en condiciones de producir, y canalizarlo hacia las inversiones requeridas. La importancia que para obtener este resultado tiene la detención del proceso inflacionario y la forma como el gobierno constitucional venia actuando al respecto han sido expuestas en el capitulo II de este trabajo. Es también indispensable poner en practica políticas encaminadas a evitar crisis periódicas de la balanza de pagos, causa desencadenante de las recesiones que prácticamente cada tres años paralizaron la economía argentina Para cortar este ciclo no es necesario tan solo proseguir con las políticas anteriormente descritas de evitar un endeudamiento excesivo en su monto e inconveniente en sus condiciones y plazos, sino, además tomar decisiones fundamentales relacionadas con la orientación de la producción, tanto agropecuaria como industrial En efecto, la eliminación definitiva de la debilidad externa de la economía argentina no podrá obtenerse sin una transformación radical de la estructura de sus exportaciones e

importaciones que tienda a au- mentar y diversificar las primeras y a reducir la incidencia sobre la balanza de pagos de las importaciones de materias primas y bienes intermedios. En el sector de las exportaciones las políticas contempladas consistieron en la orientación de la producción agropecuaria hacia los forrajes de exportación y hacia la carne, sin descuidar el mantenimiento a elevado nivel de volumen de producción de cereales. Los aumentos de producción se orientaron así hacia aquellos productos para los cuales la demanda mundial presenta mejorar perspectivas. Para evitar los inconvenientes que tradicionalmente presento la explotación ganadera, con su tendencia al uso extensivo de la tierra, se programo que la expansión debía realizarse aumentando la capacidad receptiva de los campos, por medio de la implantación de pasturas artificiales. La explotación ganadera con la aplicación de esta técnica requiere mayor utilización y especialización de mano de obra que en el caso de pastos naturales, ofreciendo al propio tiempo ventajas de mayor productividad y de protección contra los azares climáticos, si simultáneamente se adoptan practicas de ensilaje eliminando así uno de los factores causantes de incertidumbre en la producción y en las exportaciones Este plan estaba complementado con una apropiada política de crédito tendiente a promover las exportaciones y, en caso necesario, a hacer posible la retención de vientres, para mantener las existencias e incrementarlas en la medida que lo fuera aconsejando la mayor capacidad receptiva proyectada y el aumento de la demanda mundial. Al respecto, debe destacarse el éxito de los planes crediticios aplicados por intermedio del Banco de la Nación Argentina para fomentar esta expansión de las pasturas artificiales. Esta orientación básica en la producción agropecuaria debía complementarse con la modernización de la industria frigorífica, para lo cual se estaban terminando de elaborar los estudios correspondientes y los proyectos-tipo de establecimiento industrial. La industria frigorífica argentina, caracterizada por grandes plantas de exportación, destinadas fundamentalmente al acondicionamiento de cuartos y medias reses, se encuentra ya obsoleta en orden a las condiciones del mercado mundial, el cual exige especializaciones según destinos y una variada aplicación de técnicas industriales y comerciales, que van desde la selección de cortes hasta los alimentos semipreparados. Es de gran importancia clarificar este problema con el fin de no reincidir en el tremendo perjuicio que importa para los intereses nacionales adquirir bienes cuya vida útil ha terminado, que han sido superados definitivamente por los adelantos técnicos o que requieren inversiones reclamadas por otras prioridades. El proceso de modernización de la industria frigorífica, que ha avanzado considerablemente en otros países competidores, esta atrasado en 1a Argentina y, de no corregirse la situación, el país se encontrara pronto ante serias dificultades de comercialización. En la muestra manufacturera el proceso de expansión se ha realizado durante la última década en forma tal que el aumento de producción fue acompañado de un incremento proporcional, y a veces superior a la proporción de importaciones de materias primas y de productos semiterminados. A fin de independizar a la producción industrial de su demasiado estrecha vinculación con las importaciones, es necesario desarrollar las industrias básicas: siderurgia, celulosa y petroquímica. En algunos sectores, especialmente en la industria metalúrgica y en las plantas de producción de bienes de capital, la capacidad de producción nunca ha sido aprovechada en su totalidad. Para asegurar la utilización de la capacidad instala- da de la industria es necesario regularizar la demanda, de manera que se posibilite la formulación de planes adecuados

de producción, lo que se logra en gran parte, regularizando la demanda del sector oficial —gobierno y empresas del Estado—, mediante la elaboración de planes de inversión y con programas de compra, que cubran periodos suficientemente extensos. Esos planes deben acompañarse con proyectos financiero apropiados que, en algunos casos, ya se habían elaborado. Un fuerte desarrollo industrial es consistente con el objetivo de lograr un crecimiento sostenido del producto y su distribución equitativa, y también con la finalidad de establecer las bases que permitan situar convenientemente al país, en el largo plazo, dentro de un mercado mundial en el cual el intercambio de productos industriales crece con mucha mayor rapidez que el de materias primas y alimentos. En este punto el problema de costos es fundamental. En algunas ramas de la industria sus costos son exageradamente elevados aun en relación con los vigentes en países de características similares Es por ello que una vez creadas las condiciones de demanda y un abastecimiento regular para la industria nacional, que la fortalezca y cree condiciones de pleno empleo de sus recursos, habrá llegado el momento de actuar cautelosamente y por pasos sucesivos sobre otros factores de costo, con reducciones paulatinas en los derechos y recargos de importación. En este aspecto ya se habían iniciado los estudios pertinentes. Es necesario señalar que este planteo general de la orientación de las producciones agropecuaria e industrial esta indicando los caminos por seguir en materia de política comercial externa. Al respecto, es indispensable una acción persistente para asegurar mercados en Europa, cuya política proteccionista daña severamente la perspectiva comercial argentina y las ventajas de sus costos competitivos. Debe asimismo negociarse con los demás países productores de la zona templada para lograr un ordenamiento y un acceso normalizado a los grandes mercados mundiales. Entre tanto será necesario postergar la adhesión definitiva al GATT —adhesión que en las actuales circunstancias importaría consolidar una situación inconveniente para los intereses del país— y reducir el ámbito de las negociaciones multilaterales que impliquen concisiones reciprocas con países altamente industrializados y que hasta ahora no han tenido éxito en la practica. En relación con los países del continente, deben impulsarse todas las tendencias que permitan ensanchar las posibilidades de colocación de nuestros productos elaborados, de manera de poder obtener las ventajas que sobre los costos representan las producciones de nuestras industrias en gran escala. Al propio tiempo se estimaron las necesidades en la estructura de transportes, comunicaciones y energías requeridas para el proyectado crecimiento de la economía. En materia de transportes la orientación fundamental consistió en devolver al ferrocarril una función económica para las cargas de gran volumen a distancia media y larga, que representan una parte esencial no solamente en la producción sino en la exportación del país. Al alcanzar mayores niveles de carga y ampliar el proceso con un vigoroso sistema de nacionalización en los variados aspectos de la explotación, tal como estaba procediendo la administración actuarle al 28 de junio de 1966, se seguía el camino que lleva a la eficiencia indispensable y a la reducción de costos de este medio de transporte tan importante y a la vez tan debilitado por la falta de una eficiente y continuada administración en los últimos dos decenios La red vial, por su parte, debe complementar a la red ferroviaria mediante enlaces regionales y transversales que, en general, los ferrocarriles no prevén dado su trazado predominantemente convergente hacia los puertos de ultramar. En el sector de energía y combustible se había adoptado la decisión fundamental e imprescindible de incrementar significativamente la participación de la energía

hidroeléctrica. También se consignaron los recursos necesarios para iniciar el proyecto de una central atómica que además de contribuir a la satisfacción de las necesidades de energía permitiría promover el progreso tecnológico de la industria en sus ramas mas avanzadas, Mediante esta evolución prevista de las fuentes de energía además de lograrse un mayor equilibrio en el crecimiento regional se ponía un freno al crecimiento acelerado de la demanda de combustibles líquidos, que se hubiera traducido en inversiones mucho mas importantes que las ya proyectadas para explotación y desarrollo de yacimientos y refinación o, en su defecto, en elevadas importaciones de combustibles. 3. — Principales proyectos El plan de desarrollo no se limitaba, claro esta, a proyectar y definir magnitud de crecimientos globales, sino que preveía que el desarrollo se llevara a efecto a lo largo del país de manera equilibrada a cuyo fin se estudio muy detalladamente la distribución óptima de los grandes proyectos. Hacia el Norte el aprovechamiento de las aguas del río Dulce mediante la adecuación del sistema te riego y la implantación del drenaje en una magnitud no conocida hasta ahora en el país, estaba diseñado a desarrollar una zona tradicionalmente postergada. La construcción del dique de. Cabra Corral, sobre el río Salado, por su parte, además de crear nuevas posibilidades de riego para el futuro, permitirá establecer la central hidroeléctrica que ha de servir de apoyo a la interconexión entre Santiago del Estero y Jujuy, A su vez, la garantía del gobierno nacional a la licitación de las obras vitales provinciales de la zona asegura la comunicación permanente con el resto de la Republica y prepara la infraestructura de transporte de la zona para prever desde ya los nuevos requerimientos provocados por la mas intensa actividad. En el limite Sur de la zona desarrollada la construcción de El Chocón-Cerros Colorados y la consiguiente regulación del río Negro, permitirá la colonización de una zona estratégica, ubicada en una región prácticamente desértica, en la cual la explotación del yacimiento de Sierra Grande abrirá el primer centro de gran desarrollo industrial, permitiendo la integración económica de la Patagonia con el resto del país. En el extremo Nordeste el apoyo a la industria de la celulosa y del papel en Misiones preveía iniciar la transformación de la zona hacia un tipo de explotación más acorde con sus condiciones ecológicas. Completaba este programa la financiación de un plan caminero, cuyo estudio de factibilidad había sido terminado por el gobierno constitucional, que permitía crear la infraestructura de transporte para vincular esta importante región con el resto del país por la ruta 12. Corresponde señalar que este conjunto de grandes proyectos regionales había de tener una importancia trascendente sobre el conjunto del país, pues la ejecución del complejo El Chocón-Cerros Colorados iniciaba la transformación de la generación eléctrica en el litoral, dando mayor peso a la hidráulica y ayudando, paralelamente a la financiación del desarrollo de las zonas mas alejadas, en tanto que la prosecución de las obras sobre el río Diamante, en Mendoza, preparaba la ampliación de la generación en una zona ya desarrollada cuya interconexión con Córdoba ha de modificar también toda la estructura de la generación y el abastecimiento de la electricidad en el centro de la Republica. El estado de gestión de los principales proyectos, al 30 de junio de 1966, era el siguiente: a) Ampliación de SEGBA: El Banco Mundial había aceptado la solución técnica propuesta por la empresa y avalada por los consultores técnicos así como el programa

financiero, que no incluía aumentos de tarifas de la magnitud de los efectuados ultima- mente; b) El Chocón-Cerros Colorados: La misión preliminar del Banco Mundial había aceptado la justificación económica de la obra preparada por el gobierno. A fines de agosto de 1966 debían haber llegado al país dos misiones de técnicos para analizar los precios y pliegos de licitación y la organización de la construcción y explotación con cuyo trámite hubiera sido posible llamar a licitación antes de fin de año. Se habían iniciado ya con el Banco Interamericano de Desarrollo las conversaciones preliminares para la financiación de la parte de riego; c) Río Dulce: El trámite ante el Banco Interamericano de Desarrollo estaba prácticamente terminado y el proyecto debía discutirse en el comité de préstamo en agosto o septiembre de 1966; d) Parque Almirante Brown: El trámite ante el Banco Interamericano de Desarrollo estaba avanzado y se esperaba una decisión antes de fin de este año; e) Ampliación de SOMISA para llevar la capacidad de producción de acero a dos millones de toneladas. El programa había sido presentado ante el Banco de Exportación e Importación y el gobierno de los Estados Unidos, por intermedio de la AID, había accedido a participar con dicho banco en la financiación en condiciones muy favorables de plazo e interés; f) Proyecto privado de acero: El trámite en el Banco Mundial estaba terminado, habiendo el gobierno nacional respaldado la subscripción de parte del capital adicional necesario a través de los fondos de las cuentas especiales del Banco Industrial y de la Caja de Ahorros. En este proyecto faltaba definir solo el aporte de capital de la firma y su organización técnica. No se trata aquí de analizar en detalle todos los proyectos en estado de preparación y financiación, pero solo los mencionados, que deben considerarse como básicos para el desarrollo del país, representaban la suma de u$s 410 millones de financiación externa, negociados con organismos internacionales o de gobiernos extranjeros que ofrecían optimas condiciones en cuanto a plazos e intereses. La infraestructura económica tenia prevista en el plan un desarrollo muy avanzado para permitir que se alcanzaran las metas deseadas en los distintos sectores de la producción, sin que se produjeran nuevos estrangulamientos. Las inversiones de este tipo previstas para el periodo del plan, que cubrían los sectores de energía, transporte y comunicaciones representaban el 29 % de la inversión bruta fija total. La infraestructura social, por su parte, principalmente concentrada en viviendas, educación y salud publica, recibía el 26 % de las inversiones totales. La vivienda absorbía una parte considerable de ella con el objeto de hacer frente a la demanda rezagada aplicándose planes de construcción basados en las nuevas técnicas que ya como en el plan de acción directa del Banco Hipotecario Nacional y los de la Dirección de Prestamos del Instituto Nacional de Previsión Social, habían permanecido acelerar considerablemente los plazos de construcción y disminuía apreciablemente los costos. Si la inversión no es equilibrada si ella es menor que la requerida en algún sector, el crecimiento se frena y la inversión realizada en los otros sectores no se aprovecha totalmente. Las proyecciones del plan precisamente apuntaban a formular proyectos de las obras necesarias en el sector público y a orientar las inversiones en el sector privado hacia aquellas actividades que debían recibir mayor impulso. Los planes de desarrollo no constituyen previsiones rígidas. Ellos deben ajustarse con el transcurso del tiempo puesto que son muchas las variables de las cuales dependen

algunas de ellas como los factores materiales o de tipo externos imposibles de prever con exactitud. Las líneas generales del plan de desarrollo se iban cumpliendo ajustadamente, en el poco tiempo de su vigencia y entre tanto se iban modificando sus supuestos y proteccionando sus técnicas y ajustando los indicadores económicos que permitían controlar su evolución. El planeamiento de una economía es cosa hoy generalizada en todos los países del mundo. El plan elaborado por el gobierno constitucional, con prestigio en todas las entidades internacionales especializadas, pretendía obtener los grandes objetivos nacionales en un marco que daba plena vigencia al régimen republicano de gobierno, afianzaba el federalismo, consolidaba el clima de libertad y perfeccionaba la democracia social.