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La PlazaJUNIO 2017
ESPECIALAGUA PÚBLICA
Pedro SantisteveAgua y corrupciónCrónica de una estafa anunciada
aragón NAcIONAL zaragoza
“Haremos todo lo posible para que las familias zaragozanas no paguen el ICA”
Lambán podría cobrar hasta 150 euros a cada familia zaragozana por el ICA
la población de la capital financiará con 543 millones las faraónicas obras del plan de saneamiento de aragón
Comienza en las Cortes de Aragón la Comisión de Investigación impulsada por PODEMOS sobre la depuración de aguas en Aragón
H.M.E
Zaragoza - La formación morada consigue que el Plan de Saneamiento de Aragón sea investigado.
Tras conocerse el informe de la Cámara de Cuentas que PODEMOS negoció para aprobar los presupuestos de Javier Lambán en el que hablaba de sobrecostes y
sobredimensionamiento, el Grupo Parlamentario pidió la Comisión con el fin de “levantar alfombras” para explicar porqué en Aragón se paga casi el doble que la
media española por metro cúbico depurado.
La Comisión fue aprobada por unanimidad de todos los grupos y en sus sesiones se espera comparezcan los
responsables de dicho plan, como el que fuera Conse-jero de Medio Ambiente, Alfredo Boné (PAR) así cómo los de las empresas adjudi-catarias de obras. Pag. 6
Marta de Santos. Diputada de PODEMOS.
Planta potabilizadora de Zaragoza en el barrio de Casablanca.
REDACCIÓN
Zaragoza - Previsiblemente después del verano, las familias zaragozanas deberán comenzar a hacer frente al Impuesto de Con-taminación de las Aguas (ICA) que el Gobierno de Aragón impone a todos los hogares de la capital ara-gonesa. Este impuesto está boni-ficado al 70% para 2016, lo que supone unos 45 € por hogar, que
subirá a 60 € en 2017 al bonificarse el 60% . Sin embargo, las bonifica-ciones están previstas que acaben en 2018 por lo que el recibo se dis-pararía hasta los 150 € por hogar de media, lo que implicaría triplicar la cantidad que actualmente pagan al Ayuntamiento de Zaragoza por depurar.
Detrás de este golpe a las economías domésticas se esconde la necesidad de pagar las faraónicas obras del Plan de Saneamiento de Aragón elaborado por el gobierno PSOE - PAR de Marcelino Iglesias. El plan se basó en la privatización de la gestión del agua, transformando buena parte de un servicio básico
en un negocio de costes despro-porcionados. Según la Cámara de Cuentas, se sobredimensionaron las depuradoras construidas hasta en 10 veces lo necesario, se en-carecieron indebidamente las in-versiones y los costes de gestión y mantenimiento implantando tec-nologías más caras, hasta el punto
de que el plan es inviable si no pa-gan los vecinos y vecinas de Zara-goza un mínimo de 543 millones de euros, pese a haber pagado, en solitario y sin ayudas, más de 325 millones de euros por las instala-ciones de depuración existentes en la capital que pronto necesitarán de más inversiones. Pag.3
En sólo 3 años, el cobro del impuesto pasaría de los 45 € correspondientes a 2016, subiría a 60 € por 2017 y alcanzaría los 150 € en 2018.
zaragoza.es
En ContraportadaAsesinatos por el agua
El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres en 2016, por oponerse a la construcción de la presa Agua Zar-ca puso de relieve a nivel internacional el desprecio por la vida de las grandes multinacionales que hay detrás de la privatización del agua. En 14 años, más de 1.350 personas han sido asesinadas por proteger el medio ambiente.
El caso del Canal de Isabel II en Madrid pone sobre la mesa la relación entre la privatización del agua y la corrupción.
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La Plaza2
opinión
LA PLAZA es un periódico gratuito elaborado, editado y distribuido por PODEMOS Zara-goza.
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En la elaboración de los contenidos han trabajado: Héctor Mendal Escario (Comunicación de PODEMOS Zaragoza) , Maru Díaz Calvo (Secretaria General de PODEMOS Zaragoza), Pe-dro Arrojo Agudo (Diputado de Unidos Podemos en el Congreso) y Guillermo Lázaro Alsina (Coordinador del Grupo Municipal de Zaragoza en Común)-
La tirada de este ejemplar esde 35.000 unidades.
La Plaza
El siguiente paso será cobrarnos por respirar el aire .
La estrategia es similar a la empleada en Madrid por el PP, a través del Canal de Isabel II en nombre de la solidaridad territorial.
PEDRO ARROJO DIPUTADO DE UNIDOS PODEMOS
El Plan de Saneamiento fue una operación de privatización del agua, diseñada y gestionada por el PAR, con el visto bueno del PSOE, con Marcelino Iglesias, y del PP, con Luisa Fernanda Rudi. Una operación en la que se combina-ron chapuzas y clientelismo, tan habituales en nuestra tierra, con oscuros negocios que apuntan a lo que podría ser la mayor trama de corrupción en la historia de Aragón.
Aprovechando la alarma que le-vantó en muchas alcaldías la oblig-ación europea de sanear los retor-nos, y pretextando la incapacidad financiera de los Ayuntamientos, la DGA decidió apoderarse de las competencias municipales en sa-neamiento, para luego privatizar el servicio por comarcas.
El Plan de Saneamiento, que fue elaborado por el Instituto Ara-gonés del Agua (IAA) dependiente de la DGA, sobredimensionó y so-bre-tecnificó las instalaciones. En Zuera, por ejemplo, la depuradora es diez veces más grande de lo
necesario; en decenas de pueblos deshabitados se elaboraron costo-sos proyectos, al igual que en otros muchos, con poblaciones exiguas, que necesitarían, a lo sumo, una simple fosa séptica. Pero sobre todo, los sobrecostes llegaron por la sobre-tecnificación, con depu-radoras intensivas en municipios de menos de 2000 habitantes, tan innecesarias como caras, ig-norando de forma sospechosa las recomendaciones del CEDEX (el cuerpo de ingenieros del Estado), que insistían en usar tecnologías extensivas, como la de la depura-dora de Fabara, que nunca cedió competencias. El resultado, tras 10 años en funcionamiento: un saneamiento eficaz, 15 veces más barato que el de la depuradora in-tensiva proyectado por el IAA.
Como consecuencia de todo ello, el coste por metro cubico sa-neado es el más caro, con diferencia, de toda España; cuatro veces el de regiones con estructu-ra poblacional similar. En un país en el que cada día emergen nue-vos casos de corrupción, estos in-justificables sobrecostes suscitan, cuando menos, lógicas sospechas de corrupción.
Lo que estaba previsto era que Zaragoza, aún sin haber cedido competencias, pagara, con el lla-mado ICA (Impuesto de Contami-nación del Agua), los sobrecostes
de este tenebroso negocio, dis-persándolos en su población. Una estrategia, similar a la empleada en Madrid por el PP, a través del Canal de Isabel II, con incrementos tarifarios que podrían pasar rela-tivamente desapercibidos y justi-ficados, para colmo, en nombre de la solidaridad autonómica.
Sin embargo, en este caso, ha acabado cumpliéndose el lema de que “la avaricia rompe el saco”. El reventón de la burbuja financiera y la resistencia del Ayuntamiento de Zaragoza a que sus vecinos pagara esta oscura privatización del agua, derivó en una desco-munal quiebra. Sin siquiera em-pezar las obras en zonas como el Pirineo y el Bajo Aragón, la banca salió huyendon y las empresas in-cumplieron sus contratos. A pesar de ello, la DGA no ha denunciado
ni resuelto esos contratos con la lógica exigencia de daños y per-juicios en favor de los ayunta-mientos.
¿Cómo explicar 6 años de in-cumplimiento mirando hacia otro lado, sin deducir posibles chantajes sobre los responsables políticos, bajo la amenaza de desvelar prácticas corruptas en la adjudicación de esas concesio-nes a cambio del correspondiente porcentaje? ¿Cómo se explica que
los 140 millones de euros que le llegaron a la DGA, por el con-venio firmado con el Ministerio, para construir las depuradoras del Pirineo (como obras de interés general del Estado) se desviaran a otras obras, que no son de interés general?
En su día, la DGA aceleró y forzó la entrega por parte de los ayun-tamientos de terrenos y compe-tencias, para que el IAA licitara las depuradoras, aún sabiendo que no se construirían, para así empe-zar a cobrar el ICA. De esta forma, estos municipios estafados, sin depuradoras, vienen pagando, por un lado el ICA al IAA, y por otro lado, el máximo canon de vertido a la CHE (es decir al Ministerio) e incluso multas, por no disponer de las depuradoras que el propio Ministerio debería haber constru-
ido con los fondos que entregó a la DGA.
Por otro lado, la DGA forzó tam-bién la cesión de competencias por parte de Huesca, Teruel y 38 cabeceras comarcales, que dis-ponían de depuradoras propias, pagadas por fondos europeos, con lo que el IAA cobra a sus vecinos, como ICA, entre 2 y 6 veces lo que les costaríal a los Ayuntamientos gestionar sus depuradoras. Aún así, el déficit es insostenible.
En este contexto, la DGA ha aprovechado los nuevos presu-puestos para imponer el ICA en Zaragoza, sin negociar siquiera el convenio que estaba previsto, lo que supondrá un pago ex-tra de 30 millones entre 2016 y 2017, a cambio de nada, más allá de lo que pagamos al Ayun-tamiento por nuestras depura-doras de la Cartuja y la Almozara. La DGA ignora así los compro-misos que firmaron PSOE y CHA, junto a PODEMOS, IU, EQUO y ZeC, poco antes de las últimas eleccio-nes municipales y autonómicas:
- Exención de pago del ICA a los municipios estafados que no tienen depuradora
- Moratoria en el cobro del ICA en Zaragoza y municipios que no cedieron competencias y gestion-an sus depuradoras, hasta que se
realice y se valore una Auditoría que clarifique costes y respon-sabilidades
Tras múltiples presiones y chan-tajes sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA ha forzado la en-trega del padrón, con lo que, con lo que Zaragoza recibirá en breve un notable “TARIFAZO”, tan injus-to como doloroso, especialmente para las economías más endebles. Los vecinos y vecinas debemos sa-berlo y prepararnos.
LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Y LA ESTAFA DEL ICA
La Plaza 3
En Portada
El tarifazo del ICA podría suponer hasta 150 euros por hogar zaragozano
G.L.A.
ZARAGOZA - El cobro del Im-puesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza comenzará a realizarse, según todas las previ-siones, después del verano una vez que el Gobierno de Aragón obligara al Ayuntamiento de Zaragoza a en-tregar los datos del padrón munici-pal vía requerimiento legal.
Todos los hogares y empresas de la capital van a tener que enfren-tarse al tributo autonómico, lo que va a suponer un desembolso me-dio de 45 € por hogar correspon-dientes a 2016 y de unos 60 por
el año 2017. Sin embargo, para 2018, y con el final de las boni-ficaciones, el recibo podría dispararse a los 150 euros al año por fa-milia, el triple o cuádruple de lo que aho-ra se paga a la sociedad Eco-ciudad por la depuración de aguas en la capital.
En 2016, Podemos e Izquierda Unida intentaron que el ICA estu-viera bonificado al 99%, pero los votos de PP, PSOE y PAR impidieron que se aprobara.
Mientras el Gobierno de Aragón recibirá más de 12 millones por el ICA del 2016 y 15 por 2017, a cam-bio de ese pago, el ejecutivo de Ja-vier Lambán (PSOE) no ha previsto realizar ninguna inversión en las plantas depuradoras zaragozanas, que necesitarán importantes actu-alizaciones en los próximos años,
entre 11 y 17 millones de euros. Ni siquiera el presidente de Aragón se ha querido sentar con el alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve a hablar este asunto y la firma de un con-venio para que la DGA asuma esas obras parece descartada.
ROMPER LA PROGRESIVIDADAdemás de cobrar por algo que ya
se está pagando, con unas depura-das construidas y mantenidas ínte-gramente con dinero de los vecinos y vecinas de Zaragoza, el ICA “viene a romper con la política tributaria
y progresiva” que el recibo del agua tiene en la ciudad, lo que hace aún más injusto este impuesto y con la congelación tribu-taria que el equipo de gobierno de Zara-goza en Común (ZEC) ha venido aplicando desde su llegada al consistorio.
Fernando Ri-varés, consejero de economía del consis-torio zaragozano, re-
calcaba que “el esfuerzo que hemos hecho por aplicar políti-cas progresivas a impuestos como el IBI o la plusvalía, lo rompe el ICA”.
BATALLA JURÍDICAYa hace más de un año que el
Ayuntamiento inició una larga pelea jurídica contra el cobro del ICA pudiendo evitar la entrega de los datos del padrón hasta el pasa-do mes de mayo.
Ha presentado 3 recursos con-tecioso administrativos y, tras no recibir en el pleno del consistorio apoyos ni de PP ni de PSOE, hubo
de formalizarse recurso ante el Tri-bunal Constitucional mediante las firmas de 50 diputados de Podemos e Izquierda Unida, entre ellas las de Pablo Iglesias y Alberto Garzón y las de los dos diputados aragone-ses de Unidos Podemos Pedro Ar-rojo y Jorge Luis. Mientras no se resuelvan estos recursos, Zaragoza debía cumplir con el requerimiento del Gobierno de Aragón lo que hizo efectivo el mismo día que termi-naba el plazo dado, el pasado 17 de mayo.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓNSegún el Tribunal de Cuentas,
este impuesto se tiene que cobrar a los hogares zaragozanos para poder pagar el desmedido Plan de Dep-uración de las Aguas de Aragón, so-bre el que pesa una fuerte sospecha de corrupción debido a sus altos so-brecostes y a lo
El plan de saneamiento será in-vestigado en las Cortes de Aragón tras conocerse un informe del Tri-bunal de Cuentas que cifra en 543 millones el coste para los zaragoza-nos y zaragozanas en los próximos 20 años.
El Gobierno de Aragón no ha previsto ninguna mejora para las plantas de Zara-goza pese a que recaudará 543 millones de euros en 20 años.
G.L. - ZARAGOZA
PREGUNTA - Tras más de un año revelándose contra el cobro del ICA, finalmente el Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado el pa-drón para que la DGA lo cobre a los vecinos y vecinas. ¿Porqué?
RESPUESTA - Porque había un requirimiento del Gobierno de Aragón que había que cumplir. Hemos dado la batalla jurídica en varios frentes, pero mientras no haya pronunciamientos judiciales, tenemos que acatar una ley que a
todas luces es injusta con los zaragozanos y zaragozanas.
P - ¿Eso significa que Z a r a g o z a renuncie a seguir pele-ando? ¿Qué acciones es-tán previstas?
R - No, por supuesto que
vamos a seguir e n f r e n t á n -donos. Tanto
en los tribunales con dos nuevos recursos que hemos presentado, como generando un debate ciu-dadano, mediante información objetiva del impuesto, que pueda generar presión en el Gobierno de Aragón para que no se cobre.
P- ¿Porqué cree que Javier Lam-bán no ha querido sentarse a ne-gociar sobre el ICA con el Ayunta-miento?
R- Porque para hacer viable el Plan de Saneamiento de Aragón necesita, como ha dicho el Tribunal
de Cuentas, el dinero de los veci-nos y vecinas de Zaragoza.
Lambán prefiere que paguemos a paralizar las escandalosas obras de depuración que permitió su partido bajo el mandato de Marcelino Igle-sias con su socio del PAR. Pero es más increíble lo de Fernando Gime-no, que se negó a ello cuando esta-ba en el ayuntamiento y fue una de las primeras medidas que adoptó al llegar al Gobierno de Aragón.
P- El Tribunal de Cuentas, en su informe, decía que los zaragoza-nos tenían que pagar 543millones para que sea viable el plan de dep-uración del resto de municipios de Aragón, ¿es justo que sea así?
R - No, no es justo que sea así. Primero porque Zaragoza se ha construido y mantiene sus depu-radoras sin ayuda de nadie, con los pagos que hace su población. Y se-gundo porque es para financiar un plan demencial, completamente desproporcionado y sobre el que hay muchas sospechas.
P - ¿Zaragoza está sola en la lu-cha contra el cobro del ICA? ¿No le pueden acusar de otra vez los in-tereses de Zaragoza contra los del
resto de Aragón?R - No está sola. Son muchos
municipios, gobernados por todos los partidos (Jaca, Fabara, muchos pueblos del Pirineo...) los que están revelándose contra este impuesto. Sobre todo aquellos que se sienten engañados porque se les prometió unas inversiones que no han llega-do y encima les están multando por ello sin ser los responsables.
Zaragoza no pretende enfren-tarse a los intereses del resto de municipios, ni nunca se ha negado a contribuir al sistema de depura-ción autonómico en su justa medi-da, pero siempre desde el punto de vista de justicia social. Quien más tiene que pagar es quien más tiene, no contribuir todos los ciudadanos por igual independientemente de su renta.
P - ¿Qué espera de la Comisión de Investigación sobre el Plan de Saneamiento de Aragón en las Cor-tes de Aragón?
R- Por un lado espero que se respondan a muchas de las pre-guntas y dudas que existen: ¿Por qué los costes de depuración son en Aragón 10 veces mayores que en otras comunidades?. ¿Por qué
siempre se ha optado por métodos de depuración y de gestión más caros ?. ¿Por qué el dinero que re-cibió Aragón para depuradoras fue a otro tipo de obras?.
Por otro lado, desconfío mucho de los resultados. Estamos acos-tumbrados a que determinados partidos se tapen sus miserias por si acaso les salpica a ellos también. Y esos partidos hoy tienen mayoría en las Cortes, por lo que unas con-clusiones que les deje en mal lugar, pese al informe demoledor del Tri-bunal de Cuentas, no les interesa a ninguno. Quizá haya más suerte con la Fiscalía.
P- A principio de mayo tuvo lugar la Comisión de Investigación sobre Ecociudad ¿Qué balance hace de la misma?
R- Mal balance. PSOE, PP y Ciu-dadanos no han querido investigar hacia atrás al equipo responsable de la privatización de la depura-ción de aguas en Zaragoza y el que permitió a la adjudicataria cambiar unas mejoras en el contrato sin dar cuenta a nadie y de una forma, al menos, menos extraña. Todo lo que salga de ahí está invalidado de an-temano.
Entrevista a Pedro Santisteve. Alcalde de Zaragoza
Pedro Santisteve en el pasado Foro de la Nueva Cultura del Agua cel-ebrado en Madrid. - FOTO: Dani Gago.
"El ICA es injusto porque supone pagar dos veces por lo mismo"
Depuradora de La Cartuja en Zaragoza - FOTO: zaragoza.es
La Plaza4
Aragón
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), amenazan la economía de las familias zaragozanas. Entre bambalinas, una historia de presunta corrupción política digna de los mejores guiones de Francis Ford Coppolla.
HÉCTOR MENDAL
Zaragoza - Año 2008. Un des-pacho oscuro, angosto, sin luz ni taquígrafos. A España acaba de estallarle en la cara la burbuja inmobiliaria. El modelo de desar-rollo urbanístico del país que con-struía tanto o más como Alema-nia, Francia e Italia juntas (Aznar dixit) comienza a venirse a pique. El chollo se viene abajo. ¿Qué ha-cen, entonces, las grandes empre-sas constructoras? Se agarran a una estrategia: diversificación del negocio. Muchas de ellas ponen sus ojos en un bien que nunca se agotará y que es necesario para la vida…: el agua
En efecto, grandes conglomera-dos empresariales de este país co-mienzan a crear empresas filiales que enfocan su modelo de nego-cio a la gestión del agua. España, por aquel entonces, comienza a acelerar la privatización de la gestión del agua. Aragón, aquella tierra en la que donde hay agua hay una huerta según cantaba Labordeta, no es ajena a este nue-vo fenómeno. ‘Muerto’ el ladrillo, la construcción de depuradoras y la gestión de servicios de agua y saneamiento pasa a ser el nuevo ‘mirlo blanco’ para que continue fluyendo el dinero.
Mientras Zaragoza vivía la re-saca de la Expo de 2008, los gobi-ernos aragonés y central firmaban un convenio plurianual con una financiación de 142,6 millones de euros anuales hasta el año 2016 con el objetivo, teórico, de “conse-guir unos ríos más limpios y vivos apostando por el desarrollo sos-tenible”. El entonces consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, en las filas del PAR, indicó que “no es un plan cualquiera, sino la mayor
inversión ambiental jamás realiza-da en Aragón y una de las más am-biciosas de toda Europa”. Hablaba del Plan Aragonés de Saneamien-to y Depuración. Boné, por cierto, dejó la primera fila de la política en 2015 y creó dos empresas dedicadas, precisamente, a ase-sorar a empresas para conseguir contratos con la administración en materia de medio ambiente… las puertas giratorias continúan, como es obvio.
Ante la obligación europea de depurar las aguas usadas, la DGA aprobó el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón para cuya aplicación pidió e incluso presionó a los Ayuntamientos para que le cedieran sus compe-
tencias en materia de depuración. La mayoría de los municipios – aunque no todos, como Zaragoza, Fabara, Bielsa y otros – las cedi-eron. Con esas competencias en su poder, la DGA creó el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y privatizó esos servicios, por comarcas. Más de 3.000 millones de coste
Tamaño Plan comprometió casi 1.000 millones de euros en con-
cesiones de obra pública y explo-tación de depura-doras por parte de empresas privadas. En total el Plan Aragonés de Sa-neamiento y Dep-uración tenía, en su inicio, unas dimen-siones descomu-nales: se planteaba la construcción de 1.153 plantas para la depuración de las aguas residu-ales de los 731 mu-nicipios aragone-ses, con un coste superior a los 3.000 millones de euros. ¡Ni un pueblo sin su planta depuradora construida por empresas privadas, aunque no tenga habitantes o agua corriente! Sin embargo, gran parte de la financiación prometida por parte del Ministerio de Medio Ambiente, finalmente, fue des-tinada a otro tipo de decisiones políticas tomadas por la Conse-jería de Medio Ambiente del Go-bierno de Aragón.
A la hora de llevarlo a la prác-tica el dinero procedente del Es-tado se dirigió a otros fines. Se destinaron 80 millones de euros en una línea de subvenciones, sin concurso público, para pavi-mentar calles con el pretexto de reponer redes urbanas de abas-tecimiento o alcantarillado o se financiaron con 29 millones var-ias plantas de purines en peque-ños municipios aragoneses que se encuentran paralizadas en su gran mayoría. También se finan-ciaron con 14 millones varias in-fraestructuras de abastecimiento.
Así, quizá habrá quien piense que el Plan solo ha servido para crear redes clientelares entre la admin-istración pública y las empresas y favorecer ‘a los de siempre’… ¿Por qué depurar en Aragón es más caro?
Pero el recibo del agua no ha
bajado. Según la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), el sa-neamiento en Aragón nos cuesta de media 1,5 euros por metro cúbico, lo que supone diez veces más que en Navarra y La Rioja. Y además, aunque el Gobierno de España reservó 169 millones de euros para las depuradoras ara-gonesas llegando 140. En Aragón hay 731 ayuntamientos. Hoy, cer-ca de 500 siguen sin depuradora.
La Cámara de Cuentas de Aragón - órgano encargado de fiscalizar la actividad del sector público ara-gonés y velar por su adecuación a los principios de legalidad, efica-cia y eficiencia- emitió en marzo un informe demoledor sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. A 31 de diciembre de 2015 sólo funcionaban 10 de las 297 plantas previstas en el Piri-neo. Estas plantas tenían un coste estimado de 350 millones de eu-ros en construcción y explotación en 20 años.
Crónica de una (presunta) estafa anunciada
Alfredo Boné (PAR) El responsable de crear el Plan de Saneamiento de Aragón Foto: Cortes de Aragón.
Enero de 2016PODEMOS pacta auditar el Plan de Saneamiento de Aragón como una condición para aprobrar los presupuestos de la CCAA.
29/01/2016PSOE, CHA, PP, PAR y C’s votan contra la posibilidad de bonificar a las familias de Zaragoza con el 99% en el pago del ICA.
03/03/2016El Ayuntamiento interpone un recurso contencioso adminis-trativo contra la DGA por la en-trega de los datos del padrón de Zaragoza para el cobro del ICA.
Cincuenta diputados y diputa-das de PODEMOS e Izquierda Unida presentan un recurso de inconstitucionalidad contra el ICA.
28/04/2016
La mayoría de municipios de Aragón ter-minaron ce-diendo sus competencias en materia de depuración a la DGA, que las privatizó.
Alrededor de 117 millones de dinero estatal se desviaron para obras no rela-cionadas con la depuración que sólo han servi-do para manten-er redes cliente-lares y favorecer a los de siempre.
La Plaza 5
Aragón
Por otra parte el Plan Especial de Depuración, el único que fijaba la directiva europea 91/271/CEE como de obligado cumplimiento para la depuración de las aguas re-siduales, ha supuesto unos costes totales según la Cámara de Cuentas de 323,4 millones de euros tras la construcción de 131 depuradoras y 40 colectores. La explotación y el mantenimiento durante 20 años de estas instalaciones costará a los aragoneses alrededor de 1.000 millones de euros.
Finalmente el Plan Integral de Depuración, que debería eje-cutarse entre 2019 y 2026, supone según la Cámara “la construcción, mediante contratos de concesión de obras, de 652 pequeñas plan-tas” cuyo coste de construcción y operación supondrá 949 millones de euros hasta el año 2045.
Tal es el agujero económico preparado que incluso el propio órgano fiscalizador recomienda su derogación. ¿Entiende usted, ahora, querido/a lector/a, por qué depurar el agua en Aragón es más caro?...
Pueblos multados y alcaldes ‘re-beldes’
En la cúspide de todo este es-perpento nos encontramos que algunos municipios aragoneses están comenzando a recibir multas por parte de la Confederación Hi-drográfica del Ebro por no depu-rar sus aguas… ¡cuando todavía no tienen construidas las instalacio-
nes prometidas! La ‘indignación’ corre por la geografía aragonesa, y varias decenas de alcaldes han decidido unir sus fuerzas frente al Plan de Saneamiento.
En efecto, estos alcaldes, con el primer edil zaragozano Pedro San-tisteve entre ellos, piden, entre otras cosas, que la DGA “denun-cie los contratos que las empre-sas vienen incumpliendo desde hace años, exigiendo los daños y perjuicios causados a los Ayunta-mientos que cedieron competen-cias; que facilite la recuperación de competencias por parte de los Ayuntamientos que lo soliciten, y les facilite, en línea con la reforma legal exigida, el debido amparo y apoyo para construir y gestionar sus depuradoras sobre la base del ICA que les cobra a sus vecinos; y que reconozca como deuda de la DGA hacia esos Ayuntamientos, el ICA (y el canon de saneamiento) pagado, sin tener depuradoras, a la DGA y el canon de vertido pagado a la CHE”.
“Echamos cuentas y vimos que los números no salían, que ese plan era una barbaridad. Sufrimos mu-chas presiones, pero nos negamos a aceptar un plan que atacaba la
autonomía m u n i c i -pal”, se-ñala el a l c a l d e de Fabara, Francisco D o m é -nech.
Por ello, el Gobi-erno de F a b a r a buscó una alternativa a la propu-esta que desde el D e p a r t a -mento de Medio Am-biente de
la DGA les hacían, encontrando una solución que les dió la Universidad Politécnica de Madrid: una planta extensiva capaz de depurar con las mismas prestaciones que una
extensiva y hasta diez veces más barata. MIentras el coste de mante-miento proyectado era de 180.000 €, Domenech lo redujo a 13.000, más de 15 veces más barata.
Impuesto de Contaminación de las Aguas: la amenaza fantasma para Zaragoza
En medio de todo este ‘zancocho’ del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, aparece el Impuesto de Contaminación de las Aguas. Conocido popularmente como ICA, fue creado por la Ley 9/1997, de 7 de noviembre, de saneamiento y depuración de las aguas residu-ales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el nombre de “Canon de saneamiento”. El Plan de Sa-neamiento se financia, en parte, mediante este impuesto que las familias zaragozanas comenzarán a pagar pronto si el Gobierno de Aragón no da marcha atrás en sus pretensiones.
Este Impuesto significa una grave pérdida de la autonomía local ya que supone que la comunidad in-vada las competencias municipales en materia de suministro y dep-uración de agua y, además, ataca los principios más fundamentales de justicia distributiva y la fiscal-ización progresiva del agua en Zaragoza, considerada un modelo a seguir en toda España.
A esto hay que añadirle que Zaragoza ya ha costeado su propio sistema de depuración. La capital aragonesa ya pagó alrededor de 325 millones de euros por la dep-
uración de sus aguas, con unas obras realizadas hace más de dos décadas. De aplicarse finalmente el ICA en Zaragoza, cada familia podría llegar a pagar alrededor de 150 euros más al año en su recibo del agua.
Zaragoza en Común, con el alcal-de Pedro Santisteve a la cabeza, se declaró ‘rebelde’ y ha evitado du-rante casi dos años que las familias zaragozanas tuvieran que pagar este nuevo impuesto, negándose a facilitar el padrón municipal a la DGA. Al final, por imperativo legal, tuvo que entregarlo el pasado 17 de mayo.
Uno de los ‘mantras’ utilizados contra la ciudad de Zaragoza, para obligarla a pagar este impuesto, es que Zaragoza debía ser ‘solidaria’ con los pueblos pequeños… sí, con esos mismos pueblos pequeños a los que se les ha multado por no
tener una depuradora prometida por el Gobierno central.
En suma, más parece que Zara-goza vaya a ser solidaria con un entramado empresarial y político para acabar pagando sus desmanes en este Plan de Saneamiento. La insistencia del Gobierno de Aragón para cobrar este impuesto podría corresponderse a la necesidad de financiar el Plan de Saneamiento que los sucesivos ejecutivos ara-goneses han impulsado desde el Instituto Aragonés del Agua, que ha dejado a muchos municipios contribuyentes sin depuradora y cuyos costes y gestión no parecen demasiado transparentes…
Afortunadamente, en Aragón, también hay irreductibles galos que, como en los tebeos de Astérix, resisten ahora y siempre al invasor. En este caso una creciente oleada de solidaridad y esfuerzo colectivo podría ayudar a frenar esta barba-rie económica que huele a corrup-ción. Y es que la llegada de nuevos partidos a las instituciones, unida a la lucha de movimientos sociales como la Red de Agua Pública de Aragón, parece poder ejercer como dique de contención.
En efecto, impulsado por la pelea de los movimientos sociales, el grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados presentó en abril de 2016 un recurso de inconstitucio-nalidad del ICA que fue admitido por el Pleno del Tribunal Constitu-cional. Al final serán los jueces los que tengan la última palabra.
Francisco Doménech, Alcalde de Fabara (PSOE), uno de los ediles que más se ha posicionado contra el Plan de Saneamiento de Aragón. Foto: Manuel Fernández Minaya
Caravana del Agua, organizada por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) a su llegada a Zaragoza. Foto: Manuel Fernández Minaya
Parte la Caravana Contra el ICA promovida por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) que recorre los muni-cipios de Aragón
La Cámara de Cuentas publica su informe con conclusiones demoledoras sobre la gestión y sobredimensión del Plan de Saneamiento de Aragón.
Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad, a propuesta de PODEMOS, crear una Comis-ión de Investigación sobre la gestión de las depuradoras.
El Ayuntamiento de Zaragoza, por imperativo legal, entrega los datos del padrón a la DGA y anuncia dos nuevos recursos administrativos.
10/03/2017 31/03/2017 20/04/2017 17/05/2017
Municipios a quienes DGA no ha constru-ido su depura-dora, la CHE los ha sancionado por no depurar.
Con el ICA, Zaragoza pa-rece que ha de ser más que solidaria con el resto de mu-nicipios parece que ha de serlo con las empre-sas constructo-ras.
La Plaza6
Aragón
MARU DÍAZ SECRETARIA GENERAL DE PODEMOS ZARAGOZA
Una, cuando ya lleva unos meses en política, comienza a descubrir que la acumulación de casualidades nunca son pro-ducto del azar, sino más bien el reflejo de una causa común que se nos escapa. Normalmente la generalización de despropósi-tos, los sobrecostes ‘sin querer’ y los fondos públicos perdidos no se sostienen fácilmente bajo la hipótesis, sin más, de la mala gestión. En el caso del plan de saneamiento aragonés, ni juntando todos los errores de la historia de la democracia ara-gonesa uno consigue acercarse al conjunto de sin sentidos que se dejan entrever alrededor del mismo.
Les invito a recorrer conmigo el conjunto de hechos en torno a la depuración aragonesa para que luego juzguen ustedes por sí mismos. Allá por la primera legislatura de Zapatero nuestros ríos del Pirineo fueron declara-dos “bien de interés general” y el Gobierno central, por dicha declaración, destinó suculen-tos millones para la depuración de dichas aguas. Nos llegaron más de 100 millones de euros del Gobierno central y, sin em-bargo, desde Aragón decidimos que la construcción y gestión la hicieran empresas privadas con concesiones por obra y servicio. Este mecanismo de external-ización se suele usar cuando la administración no tiene fondos, sin embargo, desde Aragón se decidió que los fondos se des-tinaran a “otros fines” y que las obras se externalizasen. Primer despropósito
Por si esto fuera poco, esta externalización la firmó una administración, el Instituto Ara-gonés del Agua, que no tenía todavía la competencia sobre depuración. Y decimos todavía porque algunos municipios en los que se iban a construir es-tas depuradoras cedieron la competencia después de que el Instituto Aragonés del Agua hubiera hecho ya los contratos con la empresa. Segundo de-spropósito
Esto se podría quedar en una chapuza administrativa y un mal uso de fondos públicos si no fuera porque hoy en día, casi diez años después, una sube al Pirineo y observa que tenemos pueblos con depuradoras pero sin personas, algo así como el modelo de aeropuerto sin aviones a la aragonesa, pueb-los con macro depuradoras que servirían para depurar medio Zaragoza y, lo más llamativo, pueblos que tenían fondos con-signados desde el Gobierno central para una depuradora y que ni tienen depuradora ni se la espera y ahora tienen que pagar multas por contaminar el agua.
Y si a esto le sumas la creación de un impuesto injusto por par-te del Gobierno de Aragón como es el Impuesto de Contami-nación de las Aguas (ICA) para recaudar lo suficiente como para tapar todo este desastre, la cosa deja de ser un cúmulo de despropósitos para empezar a apuntar hacia otro lado
Este conjunto de casualidades que apuntan a otra causa que el mero azar es el que nos movió desde Podemos Aragón a solici-tar la creación, en las Cortes de Aragón, de una Comisión de In-vestigación en torno al plan de depuración. Porque quizás la in-tuición nos engañe, quizás sólo hayamos tenido la mala suerte de tener a los políticos más in-competentes gestionando el Instituto Aragonés del Agua du-rante años, pero... ¿y si lo que tenemos es nuestro propio Ca-nal de Isabel II?
Las Cortes investigarán el Plan de SaneamientoREDACCIÓN
ZARAGOZA - Podemos Aragón ha conseguido que las Cortes de Aragón aprueben por unanimidad la puesta en marcha de una comis-ión de investigación parlamen-taria sobre el oscuro Plan de Sa-neamiento y Depuración de Aguas de Aragón, en el que ha habido un enorme despilfarro de dinero pú-blico.
El objetivo de la comisión parla-mentaria es conocer las posibles
responsabilidades políticas que puedan existir sobre este enorme despilfarro de dinero público para el que solo existen dos explicacio-nes: o bien los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, con la complicidad del PAR, han batido el récord mun-dial y posiblemente galáctico de mala gestión e incompetencia o bien hay algo más.
“Podemos nació para levantar al-fombras y eso es justo lo que nos proponemos con esta comisión de investigación”, aseguró el secretar-
io general, Pablo Echenique. En la sesión plenaria, la diputada Marta de Santos, defendió la apertura de la Comisión cargando contra los responsables del PAR, PSOE y PP: “Sodemasa redactó proyectos de depuración sobredimensionados” pero “se les echa la culpa a los ayuntamientos; las empresas in-cumplieron los contratos y no sólo no se los cortaron sino que tam-bién vinieron en los presupuestos del Gobierno de Aragón indem-nizaciones a esas empresas que
habían incumplido”.El resto de partidos de la cámara
votaron a favor de la propuesta. PP y PSOE pedían que sirviera para conocer la gestión y no politizar el tema, mientras CHA e IU recorda-ban que es un asunto que habían reclamado y no se había consegui-do hasta ahora.
El PAR, por su parte, intentó salvar la cara de Alfredo Boné, máximo responsable del Plan de Saneamiento por sus filas, aunque finalmente también aprobó la
comisión.En esta comisión deberían com-
parecer todos los cargos políticos con responsabilidad en este asunto y también las empresas que se han llevado indemnizaciones pese a no haber cumplido los contratos.
Serán citados la ex ministra Cris-tina Narbona (PSOE) y el propio Boné. No se descarta que sean cita-dos los dos últimos presidentes de Aragón: Marcelino Iglesias (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP), ambos senadores por Aragón.
Aragón podría tener que devolver 117 millones al Estado
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de la función pública, ha elaborado un minucioso informe en el que se-ñala que Aragón podría tener que pagar al Gobierno cen-tral el dinero que recibió para construir las depuradoras del Pirineo.HÉCTOR M.
ZARAGOZA - El despropósito fi-nanciero del Plan de Saneamien-to es tal que hasta la Cámara de Cuentas de Aragón ha dictaminado que lo mejor, para los aragoneses, sería como mínimo ‘repensar’ su ejecución. El órgano encargado de fiscalizar la gestión de la función pública ha emitido un informe en el que indica que Aragón podría tener que pagar al Ministerio de Medio Ambiente el dinero que recibió para construir las depuradoras en el Piri-neo, declaradas de interés general, pero que no se han ejecutado.
La Cámara de Cuentas ha anali-zado en profundidad la planta y es-tructura de la red de depuración de Aragón, construida desde comien-zos de los años 90 y compuesta por 1.153 plantas, de las que a 31 de diciembre de 2015 solo estaban en servicio 255; y los escenarios fi-nancieros del Plan Aragonés de Sa-neamiento y Depuración, que con-templan unos gastos totales de más de 3.000 millones de euros que se prevén financiar con el ICA
Por su cuantía, también resulta relevante la incertidumbre señalada por el probable incumplimiento del plazo establecido para la ejecución en las cabeceras de los ríos pire-naicos de las obras de depuración de interés general del Estado (31 de diciembre de 2017) que podría implicar que Aragón tuviera que de-volver 117 millones de euros.
El convenio del Gobierno de Aragón con el Estado de 2008 pre-veía la construcción de casi 300 in-stalaciones para sanear el agua, de las que se han ejecutado tan solo el 10%. El Gobierno de Aragón des-tinó esos fondos a otras obras, en ocasiones, ni siquiera relacionadas con infraestructuras de saneamien-to de agua.
En cuanto a la revisión del cumplimiento de la legalidad, la Cámara concluye que también ha
habido 16 incumplimientos de la normativa de morosidad, presupu-estaria, de contratación y de gestión de subvenciones.
En relación con los gastos del Plan de Depuración, la Cámara concluye, considerando únicamente los datos reflejados en la contabilidad, que las obras de construcción y los ser-vicios de explotación de las plantas de depuración en funcionamiento en 2015 resultan en torno a un 25 % más caras en el caso de los con-tratos de concesión (lo que supone un coste de aproximadamente 5 millones de euros en el ejercicio).
Las consecuencias de este plan se sufren día a día. Municipios pirenai-cos desembolsan cánones por una depuradora que nunca se construyó, y ahora serán multados por no dis-poner de ella. Depuradoras con un coste cercano a los 100.000 euros en municipios abandonados, sin tendido eléctrico o sin agua potable.
Sin embargo, la Consejería de Al-fredo Boné anhelaba un plan más ambicioso. “No es un plan cualqui-era, sino la mayor inversión ambien-tal jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Eu-ropa”, sentenciaba en el año 2009 el consejero Boné. El objetivo era depurar el agua de todos los muni-
cipios de Aragón (731) ya fueran de más o de menos de 2.000 habitan-tes. Teniendo en cuenta que Aragón sólo tiene 62 municipios por encima de los 2.000 habitantes, el montaje era un plan faraónico que necesi-taba una desorbitada inyección de dinero público.
Se aprobó un convenio pluri-anual de 142,6 millones de euros hasta el año 2016 para financiar el proyecto con el firme compromiso de “conseguir unos ríos más limpios y vivos apostando por el desarrollo sostenible”. Sin embargo, la finan-ciación ministerial fue destinada a otro tipo de decisiones políticas de la Consejería de Medio Ambiente.
Igualmente se acordó una línea de subvenciones “a dedo” de 80 mil-lones de euros en el “plan de agua de Aragón” para la renovación de alcantarillado o abastecimiento a municipios, cerca de 16 millones de euros por la asistencia técnica a la empresa pública Sodemasa –llegó a tener más de 1.000 trabajadores-. A través del Ministerio de Medio Am-biente también se financiaron con 29 millones de euros varias plantas de purines en pequeños municipios pero en la mayoría de ellos nunca entró ni una cuba de purín y la may-or parte se encuentran paralizadas.
Opinión
Será el Instituto Aragonés del Agua nuestro Canal de Isabel II?
Depuradora en el Pirineo aragonés FOTO: aragon.es
La Plaza 7
Aragón
En pie de guerra contra el embalse de Biscarrués
Zaragoza - El territorio de la Galliguera (Huesca) vive des-de hace más de 30 años bajo la amenaza de un pantano in-justo, irracional e insolidario: el pantano de Biscarrués, que hace pocas fechas la Con-federación Hidrográfica del Ebro ha sacado a información pública, con un presupuesto base de licitación de casi 125 millones de euros.
Los habitantes de las zonas afectadas no se han abando-nado a la suerte o al destino, ni mucho menos, y durante todo este tiempo han lucha-do, y luchan, por demostrar que el río Gállego es motor de desarrollo, futuro y es-peranza para esta región. En este asunto la puerta girato-ria es clara. El expresidente de la CHE Tomás Sancho tiene una consultora que es la que ahora redacta el proyecto de una obra que él impulsó hasta que lo echaron de la CHE por su imputación en el embalse de Santaliestra que fue des-cartado en los tribunales.
El tramo del Gállego entre los embalses de La Peña y Ardisa es el único sin regular y con una rica biodiversidad. Siendo uno de los afluentes más importantes del Ebro, su extensa red de pantanos y regulaciones garantizan prác-ticamente que una supuesta avenida pueda ser contro-lada por las infraestructuras existentes. Justificar por lo tanto la construcción de la presa de Biscarrués con este fin, no es tampoco realista ni justo. Turismo de calidad, con responsabilidad social y me-dioambiental y en crecimien-to es lo que las gentes de La Galliguera proponen frente al sinsentido de un proyecto obsoleto, que nace ya caduco.
La Coordinadora Biscarrués -Mallos de Riglos, que a me-diados de mayo realizó una multitudinaria asamblea en Ayerbe, ya ha anunciado nue-vas acciones contra el panta-no, como una serie de accio-nes de tipo jurídico, técnico, económico y social.
Las gentes de la Galliguera luchan desde hace décadas contra el em-balse de Biscarrués- FOTO: aguariosypueblos.org
Aragón, en lucha continua por el agua
H.M.E.
Zaragoza - “Quien quiera llevarse el agua y el trabajo de Aragón, se las ha de ver primero, con toda su población”. La legendaria canción de La Bullonera, mítico dúo musi-cal aragonés de la Transición, ya anunciaba la importancia que los aragoneses damos a nuestros ríos. Siendo Aragón tierra de importantes recursos hídricos, la mala gestión y los oscuros negocios alrededor de los mismos siempre han sido un im-portante caballo de batalla de las luchas sociales en nuestra tierra. Yesa NO
En 1983 encontramos la primera amenaza seria del recrecimiento del pantano de Yesa, cuando se presentó un primer proyecto para triplicar el tamaño del embalse, que fue desestimado. Diez años después volvió a presentarse un proyecto similar que tenía, entre otras, la finalidad de llevar agua de Yesa a Zaragoza. El recrecimiento conllevaría la desaparición del pueblo de Sigüés y grandes expro-piaciones en Artieda y Mianos.
Las obras comenzaron en mayo de 2001, aunque se vieron afecta-das por problemas en la orilla iz-quierda, donde aparecieron en 2004 grietas de gran tamaño y en 2006 hubo un gran deslizamiento de tierras que amenazó con caer al vaso del embalse. En 2007 se reabrieron grietas y agujeros y la pista que recorría la ladera izqui-erda se derrumbó. Desde 1983 se han llevado a cabo diferentes ac-ciones de oposición a la obra por parte de asociaciones de afectados encabezadas por la Asociación Río Aragón y COAGRET, junto con aso-ciaciones ecologistas como Ecolo-gistas en Acción, Greenpeace, Ade-na, AEMS-Ríos con Vida, Amigos de la Tierra y otras, que conforman la plataforma “Yesa No”.
Yesa, Jánovas, Biscarrués... La lista de las luchas contra los pantanos en Aragón que destrozan pueblos, vidas y sueños es tan larga como antigua. La amenaza del trasvase del Ebro
En Aragón, cuando tocan al Ebro, nos tocan a todos. Lo comprobaron bien los sucesivos gobiernos so-cialistas y populares en Madrid. Desde comienzos de la década de los ochenta, existió un fuerte ritmo de realización de estudios de det-alle de los recursos hídricos espa-ñoles hasta desembocar, con gran polémica, en el proyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993 del ministro Borrell. El propio ministro
retiró el proyecto dadas las críticas que recibió, entre ellas grandes movilizaciones en Aragón como la masiva manifestación en Zaragoza el 23 de abril de 1993. Se trataba de un Plan muy agresivo con el me-dio ambiente y que preveía grandes trasvases de volúmenes de agua entre las cuencas.
Ocho años después el gobierno del PP reactivó el fantasma del trasvase del Ebro y lo hizo, además, de una forma más que autoritaria: “Salir, sale por cojones. Porque el Plan Hidrológico o sale en esta leg-islatura o no sale nunca. Porque
pasan dos cosas: que tenemos may-oría y hemos perdido en Aragón (…) Esta vez sale por narices. En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar” decía entonces Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del PP de Aznar. Esas declaracio-nes, unidas lógicamente a la invia-bilidad del trasvase, motivaron una fuerte contestación social en toda la cuenca del Ebro, desembocando en una gran manifestación en Ma-drid el 11 de marzo de 2001, a la que acudieron cientos de miles de
personas.En febrero de 2004 Aznar coloca-
ba en almería la primera piedra de un trasvase que costaría 4.000 mil-lones de euros. Sin embargo, unos meses después, Rodríguez Zapa-tero ganó las elecciones generales y con las movilizaciones masivas del pueblo aragonés, al PSOE no le quedó más remedio que derogar dicho proyecto, hasta entonces in-cluido en el Plan Hidrológico Nacio-nal. En junio de 2004, cuatro meses después de que elPP hubiera colo-cado la primera piedra del trasvase del Ebro, el PSOE daba carpetazo al proyecto.
La amenaza del trasvase del Ebro, por cierto, sigue viva en los programas electorales de Partido Popular y Ciudadanos, por lo que la lucha continúa… Un pueblo en pie de agua
En los últimos años las luchas sociales por la gestión eficaz, y humana, del agua, han continuado en todo Aragón. Ahí tenemos, por ejemplo, los sucesos de Artieda en 2012 cuando la Guardia Civil cargó violentamente contra un grupo de vecinos que protestaban pacífica-mente contra las obras del recre-cimiento del pantano de Yesa y las expropiaciones forzosas en su lo-calidad.
Esa carga de la Guardia Civil, or-denada por el actual delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcal-de, acabó con el procesamiento ju-dicial de “Los 8 de Yesa”, 8 jóvenes cuyo único delito fue defender su tierra, como quedó demostrado en el proceso judicial en el que fueron absueltos de la acusación de at-entado a la autoridad. La campaña de solidaridad con su situación, con una gran manifestación por las calles de Zaragoza como punto cen-tral, es otro ejemplo de lucha por el agua.
Y fundamental está siendo la labor de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), un espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio pú-blico. La RAPA lleva a cabo una in-cansable labor de pedagogía a pie de pueblo y de movilización social destacando, por ejemplo, su última ruta ciclista, la Caravana contra el ICA, por todo Aragón denunci-ando el escándalo del Plan de Sa-neamiento y Depuración de Aragón, hace solo unos meses, y que acabó con una numerosa movilización en Zaragoza.
Trasvases, recrecimientos de pantanos con inundaciones de pueblos, proyec-tos faraónicos absurdos… la Historia del Aragón moderno y sus gentes camina paralela a la lucha por una gestión eficaz del agua.
Acción de protesta contra el recrecimiento del Pantano de Yesa. FOTO: Podemos Zaragoza.
Manifestación contra el trasvase del Ebro en la PLaza del Pilar en el año 2.000.FOTO: Radiochips.
Manifestación pidiendo la absolución de los 8 deYesa por las calles de Zaragoza.FOTO: Pablo Ibáñez (Blog 8 de Yesa).
La Plaza8
Zaragoza
El embalse de La Loteta, el aeropuerto sin aviones de
Aragón
El embalse de La Loteta es una obra faraónica construida casi a las puertas de Zaragoza, con el objetivo de abastecer de agua de boca a la ciudad. Con una inversión cercana a los 100 millones de euros las deficiencias en su construcción han hecho que sus aguas sirvan por ahora, sola-mente para… hacer surf.
HÉCTOR MENDAL ESCARIO
Zaragoza - Situado entre las co-marcas de la Ribera Alta del Ebro y el Campo de Borja, a menos de 50 kilómetros de Zaragoza, se ubica el embalse de la Loteta, sin lugar a dudas uno de los grandes símbolos del despilfarro de dinero público en Aragón. Se trata de un embalse que diversos estudios han dem-ostrado inservible para la acumu-lación de agua de boca y, en con-secuencia, para la traída de aguas a Zaragoza.
Es un proyecto irracional, con un coste de 2 euros por metro cúbico del que Zaragoza debe pagar el 90% aunque hay aguas de calidad accesibles en los acuíferos de la Sierra de Águilas o el Alto Huerva, que podrían distribuirse mediante gravedad en lugar de por el méto-do del bombeo.
El sustrato de yesos del vaso del embalse ha provocado una diso-lución masiva de sulfatos y otras sales que han imposibilitado, vari-os años después de su construc-ción, que el agua en él almacenada sea apta para el consumo. En global la inversión ha ascendido, por el momento, a unos 90 millones de euros. Además tiene una erosión por debajo de la presa que va a obligar a inyectar cemento en la misma, de momento sin horizonte final.
Tal y como asegura Pedro Arrojo,
premio Goldman de Medio Ambi-ente y actualmente diputado de Unidos Podemos por Zaragoza, “el embalse de La Loteta era una bue-na idea en un mal lugar. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua ya avisamos en 2004 de que el ter-reno era una zona de yesos con abundante salinidad que podía es-tropear el agua. Desde la Confed-eración Hidrográfica del Ebro (CHE) se ignoró esta cuestión, se han gastado 100 millones de euros y hoy se comprueba que los sulfatos hacen imposible que se use como agua de boca. Hemos gastado 100 millones de euros en balde”. Inservible para consumo humano
Hoy, tras gastarse casi 100 mil-lones de euros procedentes del bolsillo de todos los aragoneses, se ha constatado que la salinidad de las aguas almacenadas en La Loteta disuelven masivas cantidades de sal triplicándose la concentración de sulfatos respecto a las aguas del Canal Imperial en sus peores momentos, razón por la cual se ha desechado La Loteta para la fun-
ción que tenía prevista. Por otro lado, la facilidad con que
se disuelven los yesos hace que la presa tenga problemas graves de fugas que ponen en riesgo su se-guridad, razón por la que se está inyectado hormigón masivamente, en una obra que busca garantizar la seguridad de la presa por un montante superior a los 100 mil-lones el coste final de la obra. Si se completasen las obras, Zaragoza y su entorno tendrían que pagar 3,4 millones de euros al año por la traída de aguas de Yesa a la ciudad. Casi cuatro veces lo que se paga a
la CHE por usar las infraestructu-ras del sistema de Bardenas. Y eso para un embalse cuya agua, actu-almente, no sirve para el consumo humano.
Un camping abandonadoLa guinda del pastel la pone el
Camping de la Loteta. En su día el alcalde de Gallur reivindicó su derecho a un plan de compen-sación por la construcción de la gran presa y la CHE no puso ningún inconveniente. Dada la perspectiva de hacer de La Loteta una playa nudista exótica internacional, el
alcalde pidió un camping y la CHE aceptó, constuyendo con fondos europeos un complejo con caf-etería y modernas instalaciones. Sin embargo, una vez construido, desde la CHE cayeron en la cuenta que el agua de la Loteta sería para boca y por tanto nadie podría ba-ñarse. El camping fue abandonado y hoy no quedan ni las baldosas.
La Loteta es nuestro aeropuerto sin aviones. Tras haber malgastado 100 millones de dinero europeo, La Loteta ya solo sirve para que se hagan campeonatos de surf y de otros deportes acuáticos.
Restos delcamping abandonado al pie del Pantano de La Loteta. FOTO: El Cado de Chorche.
El Diputado de Unidos Podemos, Pedro Arrojo, denunciando ante la prensa el despilfarro en La Loteta dutrante el desarollo de la campaña electoral para las elecciones generales. FOTO: César Usán.
Tras gastar 100 millones, La Loteta es inser-vible para con-sumo humano.
La Plaza 9
Zaragoza
La opacidad de EcociudadREDACCIÓN
Zaragoza - Ecociudad es es la empresa municipal que gestiona desde 2012 los servicios de sa-neamiento y depuración de las aguas residuales de Zaragoza. Lo primero que llama la atención es que la gestión de un servicio es-encial como éste no es una com-petencia del gobierno, sino de un Consejo de Administración. Es decir, el alcalde de Zaragoza, Pe-dro Santisteve, no puede gestionar cómo se depuran las aguas en la ciudad, quedando esa labor en ma-nos de un gerente, Miguel Ángel Portero, nombrado por el PSOE e impuesto por PP, PSOE y Ciudada-nos al Gobierno que ha pedido en varias ocasiones su cese o su jubi-lación al superar los 65 años.
Una inspección sorpresaLa gestión de Ecociudad ha sido
y es una cuestión opaca, donde al Gobierno de Zaragoza en Común no le han dejado poder levantar alfombras y no porque no lo haya intentado: En octubre de 2015, el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejala de Medioambiente, Teresa Artigas, acudieron a las 7.00 horas a la planta depuradora de La Almo-zara para realizar una inspección sorpresa a la empresa que la man-
tiene y gestiona, Drace, filial de la multinacional ACS. El resultado de esa visita fue la apertura de ex-pedientes sancionadores por los clamorosos incumplimientos del contrato que comprobaron in situ: Falta de personal, las mejoras que ofertó para ganar el contrato no es-taban hechas y el mantenimiento de las máquinas no era adecuado. Portero informó que un mes antes de cambiar de gobierno, habían renegociado las mejoras con la em-presa sin informar ni consensuarlo con el consejo de administración, como según los informes jurídicos debería haber sido preceptivo.
Mientras Teresa Artigas de-nunciaba la existencia de “equipos estropeados y sin reparar desde hace años,”, Cu-bero cargaba contra la contrata: “Vamos a ser muy beligerantes con
esta y otras empresas que enga-ñan y estafan a la administración”. Detrás de ello, la inexistencia de inspecciones a las contratas de los gobiernos anteriores de PSOE y PP, algo con lo que ha acabado Zara-goza en Común.
A partir de esta inspección, el propio alcalde Santisteve inició un proceso de información reser-vada instruido por una funcionaria y que concluyó con un informe a la Fiscalía para que evaluara su re-percusión penal. Aunque el Fiscal vio indicios de delito y denunció al juzgado, el cambio de testimo-nio de uno de los imputados, el jefe de planta, que se desdijo de su declaración anterior, provocó el so-breseimiento penal del caso.
Además, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en el consejo de adminis-tración por no sancionar a DRACE por esos incumplimientos, por lo que los más de 200.000 euros com-prometidos por la empresa no han sido ejecutados sin castigo para la misma.
Vertidos contaminadosOtra contrata municipal, Veolia
Water Systems, que es una de las principales multinacionales del agua que controla más de 3.000 depuradoras en todo el mundo en-tre ellas la de La Cartuja, también ha sido objeto de controversia. al no
depurar dentro de los estándares de calidad marcados y lanzar ver-tidos contaminados al río Ebro. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) multó al Ayuntamiento con 60.748 euros por la contami-nación del río y propuso una in-demnización, por daños al dominio público hidráulico de 21.448.80 euros. A su vez, el ayuntamiento, sancionó a la contrata con 278.000 euros que esta vez sí se pudo co-brar ya PP, PSOE y Ciudadanos no se opusieron en el Consejo de Ad-ministración de Ecociudad. Teresa Artigas, señaló que es indignante que una empresa como Veolia “no cumpla con los estándares de cali-dad y contamine el río Ebro, que es el principal patrimonio natural de Zaragoza”.
Despilfarro y derroche en el CUS
Un día después de la inspección de Cubero y Artigas, el gerente de Ecociudad reacciona a la misma, reclamando cuatro facturas de más de 500.000 € correspondientes al amueblamiento del Centro de Ur-banismo Sostenible (CUS).
El actual área de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza que dirige Fernando Rivarés descubre en ese momento que el mobiliario que se reclama que se pague no ha sido ni recepcionado ni inven-tariado como bien municipal por lo que procede a anularlas. Entre esas facturas de muebles y decora-ción hay objetos como un reloj de sol por valor de 15.430 €.
“Los vecinos y vecinas no pueden pagar 500.000 € por unas facturas ya abonadas de un mobiliario del que no hay registro y que se han quedado en un cajón durante cinco años”, aseguró Rivarés.
El CUS se construyó en 2006 y se presupuestó en 1,5 millones pero acabó costando más de 4,2, casi el triple. Es otro ejemplo más de despilfarro que sale a la luz, y que le cuesta al año a los zarago-zanos medio millón de euros la gestión de un edificio cuyo espacio museístico recibió en 2016 apenas 2.000 visitantes.
Remunicipalización frustradaLa remunicipalización de la
contrata de depuración ha sido otro de los campos de batalla entre Zaragoza en Común y la oposición en Ecociudad. Mientras que los primeros han defendido siempre una gestión del agua en manos públicas y no de multinacionales, PP, PSOE y Ciudadanos se han posi-cionado totalmente en contra de los argumentos que daba ZeC así como trabajadores de la contrata, sindicatos y tejido social.
La remunicipalición de la depu-radora de La Almozara hubiera su-puesto, según informes de los téc-nicos municipales, hasta un ahorro del 13,5%, unos 173.000 euros;. Sin embargo, la unión de los votos de los tres partidos de la oposición, tanto en el pleno como en el Con-sejo de Administración, dió al traste con la remunicipalización sacándose de nuevo a licitación el servicio.
Un “circo” de comisiónEl último episodio, de momento,
de los intentos de ocultar y tapar la gestión de Ecociudad desde su creación se dió con la comisión de investigación que propiciaron PP, PSOE y Ciudadanos por la puesta en conocimiento a la Fiscalía de los incumplimientos de la contrata de-tectados por el equipo de Zaragoza en Común.
En la comisión, celebrada a puer-ta cerrada, se volvió a evidenciar cómo Miguel Ángel Portero había negociado una modificación de
contrato con DRACE careciendo de competencias para ello, tal y como indican los informes jurídicos mu-nicipales, dado que el Consejo de Administración era el órgano de contratación competente para ello e informando únicamente a sus su-periores, el excalde Juan Alberto Belloch, y el actual ,portavoz del PSOE zaragozano, Carlos Pérez Anadón.
Sin embargo, nuevamente la oposición consideró que no era necesario llamar a declarar a esos
responsables y han impedido que se pueda esclarecer las motiva-ciones detrás de los apaños con la contrata mientras acusaban a San-tisteve y Artigas de perseguir al ge-rente de la sociedad municipal.
Para Teresa Artigas, la comisión de investigación “ha sido un circo. No se ha querido investigar ni el fondo del asunto ni la gestión de Ecociudad”. A su juicio, “las con-clusiones estaban pactadas de antemano” y sólo buscan tapar lo sucedido.
La gestión de Ecociudad es una cuestión opaca, donde PP, PSOE y Ciudadanos se oponen una y otra vez a que Zaragoza en Común pueda investigar y levantar alfombras.
Opinión
Una oportunidad perdida de saber
la verdad
GUILLERMO LÁZARO. COORDINADOR GRUPO MUNIICIPAL DE ZARAGOZA EN COMÚN.
De pocos responsables políti-cos se puede oir que acudan a las 7:00 de la mañana a un cen-tro municipal a inspeccionar lo que allí sucede, pero Alberto Cubero y Teresa Artigas, conce-jales de Zaragoza en Común, se presentaron a esa hora en los centros de tratamiento de aguas que gestionaba DRACE, la filial de ACS de Florentino Pérez, para comprobar in situ y por sorpresa los incumplimientos y deterioros que venían denunciando varios sindicatos.
Pese a constatar que existían deficiencias e incumplimientos por valor de 211.000 euros, en vez de poderse proceder al cese del gerente de Ecociudad nomb-rado por el PSOE, Miguel Ángel Portero, se comenzó una etapa de bloqueo político por parte de PP, PSOE y Ciudadanos que ha im-pedido que se conozca la realidad de lo sucedido.
En realidad ese bloqueo no es sino otra constatación de que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay una opción política, Zaragoza en Común, decidida a cambiar las cosas y acabar con el trasvase de dinero público por parte de las multinacionales que gestionan las contratas; mientras tiene en-frente a un tripartito de facto, PP, PSOE y Ciudadanos, que parecen defender más los intereses de esas grandes compañías que los de los trabajadores y la ciudada-nía en su conjunto.
La Comisión de Investigación de Ecociudad del pasado mayo es otra buena muestra de ello. En vez de servir para conocer porque se le perdonan trabajos a una
empresa como DRACE fuera del cauce reglamentado para ello, la comisión se centra en atacar a aquellos que hicieron posible que se conocieran los hechos y los pusieran en conocimiento de la Fiscalía por si hubiera habido delito. Si el Partido Popular hu-biera actuado así en Madrid o Va-lencia, se hubiera cortado antes el grifo a los corruptos.
La negativa de ese tripartito a que se pudiera preguntar a los responsables políticos de ese momento, los socialistas Belloch y Carlos Pérez, convierte a esa Comisión en un simulacro y una oportunidad perdida de investi-gar los hechos y saber la verdad. Una vez que la vía penal, tras cambiar de testimonio un testigo (cada cual es libre de pensar por qué lo hizo), ha quedado cerrada, la Comisión era la última vía de investigar.
¿Puede una ciudad con la deuda que tiene Zaragoza soportar que las contratas sigan incumplimien-do lo pactado? Eso supone peores servicios públicos, peores condi-ciones laborales y peor control del gasto público. Algo que con la remunicipalización, frustrada de nuevo por ese tripartito, pudo empezar a cambiar.
Igual de grave, a mi juicio, son las pocas herramientas políti-cas que al gobierno municipal le quedan para poder revertir estas y otras situaciones. La confor-mación de mayorías en los con-sejos de administración de las so-ciedades municipales impide que el gobierno pueda gobernar en servicios esenciales como el sa-neamiento y que sea la oposición la que lo haga, en colaboración con un gerente en el que Zara-goza en Común ha reiterado no tener confianza alguna.
El edificio del CUS triplicó su precio inicial y cuesta 500.000 € al año para apenas reci-bir 2.000 visitantes FOTO: wikipedia.
La Plaza10
España
El Partido Popular, ahogado en la marea
de corrupción del Canal de Isabel II
Una de las mayores tramas de corrupción en torno a la gestión del agua ya se ha llevado por delante al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de seis graves delitos. 12 de-tenidos y más de 50 imputados, de momento.
H.M/G.L.
Zaragoza - Pertenencia a orga-nización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, false-dad documental y blanqueo de cap-itales. No son delitos imputados a Al Capone o Vito Corleone, sino al ex presidente de la Comunidad de Madrid y número 2 de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, Igna-cio González. El político ha dado con sus huesos en la cárcel junto a 11 personas en el marco de la Op-eración Lezo que, entre otros deli-tos, investiga la corrupción en la gestión del agua mediante el Canal de Isabel II de Madrid, el ente pú-blico responsable de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.
Entre los 12 detenidos, por el momento, se encuentran también el cuñado de González y algunos directivos de empresas, como Ja-vier López Madrid, directivo de la constructora de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir (también investigado). López Madrid es un habitual de las causas contra el Par-tido Popular: Desde su condena en las Tarjetas Black cuando era conse-jero de Bankia a ser investigado por la trama Púnica y se hizo conocido para el gran público al recibir men-sajes de apoyo de la reina Leticia. Lezo es una operación ‘de altura’ contra la corrupción en la gestión del agua que implica, como es ob-vio, a corruptos pero también a los empresarios que corrompen.
La Audiencia Nacional considera que González cobró comisiones ile-gales por adjudicaciones relaciona-das con el Canal de Isabel II y que, también, se enriqueció ilegalmente mediante plusvalías ilícitas en di-versas inversiones de dicho Canal. Leyes que favorecen el descontrol
La corrupción que se ha desta-pado en la gestión del Canal de Isabel II es fruto, sin lugar a du-das, de la enorme desregulación llevada a cabo por el Gobierno, mediante la proliferación de nor-mas que complican el control pú-blico, como por ejemplo el De-creto 51/2002 que amplía las funciones del Canal de Isabel II, la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas que permite al Canal la creación de sociedades anónimas y abre el acceso de capi-tal privado al 49% de sus acciones. La Sociedad Anónima Canal de Isa-bel II, creada en 2008 por el PP, fue opaca desde su inicio, ya que no se publicaron los documentos sobre su modelo de gestión. Ajena al control parlamentario y a la fiscalización de sus decisiones, ni siquiera hay in-formes de inspección de la Cámara de Cuentas, y sus cuentas tampoco son públicas. Las decisiones de su Consejo de Administración son un misterio incluso para los repre-sentantes de los ayuntamientos. Las grandes decisiones ya no se to-man, ni siquiera, en dicho Consejo sino que emanan directamente del entorno del presidente. Todo esto,
sumado a la deficiente regulación, ofrece los mimbres necesarios para fabricar una auténtica trama de cor-rupción… con sede en un paraíso fiscal cualquiera.
En la larga lista de irregulari-dades, como la concesión del Ser-vicio de Aguas de Lanzarote por valor de 106 millones de euros sin preguntar siquiera al Gobierno de la Comunidad de Madrid, destaca la utilización del Canal de Isabel II en la trama Púnica. Sí, la trama en la que se investiga la presunta finan-ciación ilegal del Partido Popular.
Así se explicaría, por ejemplo, que una veintena de amigos, familiares y antiguos cargos del PP encontr-aran trabajo en el Canal mientras se acumulaban los becarios y el per-sonal con contratos precarios.
El Canal de Isabel II, por supues-to, tampoco es transparente para la ciudadanía. La información de su página web es muy escueta, apenas hay una red de centros de aten-ción al cliente. Y se informa sobre las inversiones en proyectos como los campos de golf en el parque de Chamberí, los Teatros de Canal, el chalet en el embalse protegido de Santillana… al tiempo que se llevan a cabo subidas del precio del re-cibo del agua y cortes de agua por impago llevados a cabo de forma ilegal tal y como dejó claro una sentencia del Tribunal Supremo en noviembre de 2015, en la que se in-dicaba que “el servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por lo que el corte del servicio es ilegal”.
La corrupción en el Canal de Isabel II, que podría asemejarse mucho al Plan de Saneamiento en Aragón, demuestra nuevamente
que es necesario que las institu-ciones apuesten por una gestión del agua cien por cien pública, que esté orientada hacia la cali-dad en la prestación del servicio y al uso sostenible del agua, la gestión transparente y la adecua-da rendición de cuentas, de una manera democrática y abierta a toda la ciudadanía.
La connivencia de la FiscalíaLa actuación de la Fiscalía, y, en
especial del Fiscal Jefe Anticor-rupción, Manuel Moix, y el uso que de la justicia está haciendo el PP para tapar y minimizar su cor-rupción es la gota que colma el vaso en esta sucia historia. Moix intentó que no se llevaran a cabo uno de los registros planteados. Para ello contó con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Los fiscales que llevan 18 meses investigan-do este asunto tuvieron que invo-car el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía para convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro.
Todas las alarmas respecto a las motivaciones del nombramiento de Moix saltan al conocerse unos mensajes entre Eduardo Zaplana, ex-ministro de Aznar, y el propio González sobre los movimientos para promocionar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción: “Va-mos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fis-cal anticorrupción, sabes? Y… Yo creo que va a ser él. Si sale es co-jonudo. Se llama Moix. Es un tío… Serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa Catalá. Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto”, escribe González.
La seriedad de Manuel Moix es mirar hacia otro lado durante años cada vez que aparecía un es-cándalo que afectase al PP: pidió el archivo del Caso Gestapillo de Madrid, quiso atacar a los medios que publicaron los correos de Blesa, no quiso acusar a Aguirre por fugarse de los agentes de movilidad o el que no vio delito alguno en la operación del campo de golf del Canal de Isabel II.
protagonistas
JAVIER LÓPEZ MADRIDEl consejero delegado de OHL y “compi yogui” de los Reyes, está en libertad bajo fianza por supuesta financiación irregular del PP. Ya fue condenado por las Tarjetas Black.FOTO: Wikipedia
JUAN MIGUEL VILLAR MIREx-ministro de Hacienda con Arias Navarro y Presidente del Grupo Villar Mir con intereses energéticos y de construcción está investiga-do por el juez Velasco.FOTO: OHL
IGNACIO GONZÁLEZ.El ex-Presidente de la Comunidad de Madrid y ex-Secretario General del PP de Madrid fue de-tenido por presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificacion documental.FOTO: Wikipedia
MANUEL MOIXEl Fiscal Anticorrupción fue reprobado por el Congreso por sus maniobras para obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales tratando de impedir la realización de registros FOTO: madridiario.es
El Caso Lezo es otra operación de lucha contra la corrupción en la gestión del agua que impli-ca, como es ob-vio, a corruptos pero también a los empresarios que corrompen.
Rajoy, Esperanza Aguirre e Ignacio González cerando campaña en 2014 en Madrid.FOTO: Radiocable.com.
El Canal de Isabel II . El negocio del agua como trasfondo de otra trama de corrupción ligada al Partido PopularFOTO: canaldeisabelsegunda.es
España, un país de aguas corruptas
Desde hinchar facturas pagadas con dinero pú-blico hasta contaminar el Ebro con salfumán. La gestión del agua en España se ha convertido en un entramado de corrupción que pone en peligro la economía y la salud de toda la ciudadanía.
HÉCTOR M.
Zaragoza - De Norte a Sur, de Este a Oeste, la corrupción se extiende por España como un cáncer que hay que extirpar a tiempo. Y cuando afecta a algo tan im-portante como la salud pública mediante la gestión del agua, ya son palabras mayores. En Aragón la nefasta gestión de los recursos hídricos por parte del Gobierno ha puesto en riesgo la salud de los aragoneses.
En 1997, con Aznar como presi-dente del Gobierno, se crearon en las distintas cuencas las socie-dades estatales de aguas; entre el-las ACUAEBRO, Aguas de la Cuenca del Ebro S.A., con CANASA —Canal de Navarra SA–, CASEGA –Canal Segarra-Garrigues– y DEPURBAIX -Depuradora del Baix Llobregat, como filiales. En 2013, el Gobi-erno fusionó ACUAEBRO con ACU-ANORTE y ACUASUR, formando ACUAES —Aguas de las Cuencas de España–. En esa misma línea, en 2004, se creó ACUAMED, so-bre la base de la Sociedad Estatal Infraestructuras del Trasvase S.A que debía gestionar el proyectado Trasvase del Ebro. En 2010 el Gobi-erno decidió que ACUAMED absor-biera ACUASEGURA y ACUAJÚCAR.
Estas sociedades, tuteladas por el Ministerio de Agricultura y Me-dioambiente se crearon para ges-tionar competencias del Estado en materia de fomento de obra pública hidráulica, con el fin de facilitar la inversión privada en obras hidráu-licas. El entonces ministro de Me-dio Ambiente, Arias Cañete, llegó a presentar estas sociedades como empresas de transición hacia fór-mulas avanzadas de privatización en materia de aguas. La estrategia preveía afrontar con capital pú-blico las principales inversiones en grandes infraestructuras, como grandes presas, asumiendo su falta de rentabilidad, fuertes riesgos financieros y largos periodos de amortización, para posteriormente dar entrada al capital privado en actividades y proyectos derivados con garantías de beneficio.
Podría servir de ejemplo la es-trategia desarrollada en el sistema Itoiz-Canal de Navarra.
La masiva inversión en el em-balse (460 millones de euros) fue hecha por el Estado; la del Canal (483) la hizo CANASA (ACUAES), con 60% de fondos estatales y 40% de la Diputación Foral. Sin embargo, la gestión de la
zona regable se ha concesionado a Acciona, Caixa, Agbar y OHL, bajo un “peaje en la sombra” del Gobi-erno de Navarra, que garantiza a estas empresas un negocio seguro. Los regantes deben pagar unos 280€ por hectárea al año, mien-tras el Gobierno navarro asegura a las empresas, con el peaje en la sombra, otros 680 € por hectárea al año, durante 30 años. De esta
forma, tomando la referencia que supone la ampliación del regadío en Canal de Navarra en su prim-era fase, estas empresas, con una inversión de unos 140 millones, se garantizan unos ingresos en 30 años de 450 millones, sin riesgo alguno. Mientras tanto, CANASA, que junto al Estado asumió la in-versión más pesada, con fondos estrictamente públicos (presa y ca-nales), está al borde de la quiebra. Empresas que eluden restriccio-nes y normativas
La inversión privada nunca llegó al cuerpo central de estas socie-dades, con lo que el capital, tanto de ACUAES como de ACUAMED, es 100% público. Lo que sí han con-seguido es gestionar las inversio-nes públicas en obra hidráulica de forma oscura, favoreciendo la cor-rupción. Adoptando esta estructura empresarial, la gestión de las inver-siones públicas se substrae a los
mecanis-mos ha-b i t u a l e s de la In-t e r v e n -ción del E s t a d o que, aun s i e n d o imperfec-tos, su-ponen un control no d e s p r e -ciable; se
eluden restricciones funcionariales en la contratación de personal, fa-voreciendo el sometimiento de los empleados por miedo al despido, y se eluden las obligaciones de transparencia que la ley exige en las Confederaciones Hidrográficas. De esta forma, ACUAES y ACUAMED han visto protegida su opacidad desde su derecho a preservar la privacidad de sus datos de gestión, como si fuesen empresas privadas
Pues bien, ACUAES es la empre-sa que gestiona desde Madrid, de forma opaca, el abastecimiento de Zaragoza y de unos 40 municipios de la provincia, desde ese macro-sistema absurdo (con una inversión de 165 millones) que trae agua desde Yesa para luego bombearla, Jalón arriba y Huerva arriba, hasta la Almunia y Cariñena, habiendo aguas de mejor calidad cerca, en la sierra de Águilas, a un coste de 2 € por metro cúbico (agua bruta, sin depurar ni potabilizar), que en un 35% paga el Estado (es decir todos y todas) y en un 62% los vecinos de Zaragoza, aunque no usemos ese agua.
Tales son el oscurantismo y las malas prácticas de este tipo de empresas que ACUAMED, planificó nada más y nada menos que con-taminar el Ebro con salfumán. Lo hizo para beneficiar los intereses económicos de FCC, que había sido contratada por la Confederación Hidrográfica del Ebro para descon-taminar el río con un contrato de casi 200 millones de euros. Incluso
llegó a probar echándole unos bi-dones a la parte del río que estaba embalsada en Flix (Tarragona) para comprobar que el pH del agua del río bajaba.
Tras el estallido de la burbuja in-mobiliaria, los servicios esenciales, como el agua, quedan en el punto de mira de las constructoras. Así, Aqualia, la filial de gestión de agua de FCC, es uno de los sectores que más ingresos generan a la matriz, casi el 30% de su facturación. ACS, que preside Florentino Pérez, se ocupa a través de Urbaser del ciclo integral del agua. Muy polémica es su gestión de las depuradoras de Zaragoza y Ferrol, en donde una visita sorpresa de su alcalde, Jorge Suárez de Ferrol en Común, con-firmó que no depuraba y donde el agua que entraba sucia por un con-ducto se devolvía al mar sin tratar a pesar de que los vecinos pagaban una tasa de entre 80 y 140 euros anuales. Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación nada trans-parente que ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Así que cuando usted, querido/a lector/a escuche al político o em-presario de turno decir que es mucho mejor la gestión privada que la pública –en este y cualquier otro ámbito-… piense muy deteni-damente por qué hace esta afir-mación.
Jorge Suárez, alcalde de El Ferrol.
FOTO: Ferrol en Común
Luis Castilla, Consejero Delegado de Acciona Infraestructuras.
FOTO: Acciona
Depuradora inútilACS, a través de su filial Urbaser, devolvía al mar sin limpiar el agua que debería tratar en Fer-rol. Una inspección sorpresa de Jorge Suárez, alcalde de Ferrol en Común, lo sacó a la
luz.
Concurso nuloEl TSJC terminó declarando nulo el concurso de adjudi-cación a Acciona por el que
se privatizaba , mediante una concesión a 50 años, el servi-
cio de Aigües Ter-Llobregat
Acuamed llegó a hacer pruebas echando salfumán en el Ebro para bajar costes y favorecer a FCC. FOTO: César Usán.
Tras el estalli-do de la burbu-ja inmobiliaria, las construc-toras ponen el punto de mira en los servicios básicos y esen-ciales como el agua.
La Plaza 11
España
Arias Cañete, presentó a las sociedades estatales de aguas como empresas de transición hacia fórmulas avanzadas de privatización.
FOTO: Partido Popular.
La Plaza12
Internacional
Más de 1.350 muertos en 14 años por proteger el medio ambiente
HÉCTOR MENDAL
Zaragoza - Morir por un ideal. Más allá de una reflexión filosófica o de la letra de alguna canción es, tris-temente, la realidad para quienes luchan por la preservación del me-dio ambiente e intentan hacer del mundo un lugar más humano, hab-itable y sostenible. Global Witness, una organización mundial dedi-cada a la Investigación y defensa de los derechos humanos y de los abusos medioambientales, ha documentado la friolera de más de 1.350 casos de activistas medio-ambientales asesinados en todo el planeta entre 2002 y 2016.
2015 fue el año con más ecolo-gistas asesinados en lo que va de siglo, con 185 muertes, 69 más que en 2014, según dicha ONG. Lati-noamérica fue la región con más víctimas (66%) y Brasil, con 50 muertes, el país más peligroso para los activistas, con casi uno de cada tres asesinatos en el mundo (27%). Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12) continúan en el listado del número de muertos, de un total de 16 países. Cerca del 40% de los asesinados eran indí-genas.
Berta Cáceres, el nacimiento de un mito
Estos asesinatos de activistas, que suelen pasar desapercibidos para el gran público, saltaron a la primera plana mediática interna-cional en 2016 con el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, que llevaba años recibi-endo graves amenazas de muerte, llegando incluso a ser encarcelada por su labor en la defensa de los derechos indígenas, y por lo mismo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos.
En los últimos años de su vida, Cáceres había conseguido levantar un fuerte clamor popular contra la construcción de la presa hidro-eléctrica Agua Zarca, un gigantesco
proyecto que vaciaba el río Gual-carque, sagrado para los indígenas y contra el que se movilizó Cáceres.
Cáceres recibió 33 amenazas de muerte antes de su asesinato y, sin embargo, las autoridades hondure-ñas jamás la protegieron, a sabien-das de que su vida corría peligro, puesto que su enfrentamiento con las empresas que querían construir una presa en la tierra de sus ances-tros era bien conocido por todo el mundo. Su asesinato a manos de sicarios reveló los profundos vín-
culos entre un puñado de familias hondureñas, el ejército, el par-tido en el gobierno y varios mega-proyectos hidroeléctricos en dicho país.
Algo más de un año después de la muerte de Berta Cáceres hay ocho detenidos y la investigación indica que el homicidio fue orde-nado por Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de la compañía Desarrollos Energético SA (DESA) propiedad de la poderosa familia Atala presidida por Roberto Da-
vid Castillo Mejía, exagente de in-teligencia militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras. Sergio Ramón, también miembro retirado de los servicios de inteligencia militar, al parecer estaba harto de la mujer que había levantado a los lencas contra la hidroeléctrica. Solo consiguieron acallar a Berta Cáceres con la sin-razón de las balas, pero su asesina-to ha servido de altavoz y puesto de manifiesto en todo el mundo la necesidad de comprometerse en la
lucha por el medio ambiente.
Megaproyectos por encima de la ley
La fatal agresión que acabó con la vida de la ganadora del Premio Goldman 2015 e hirió al recono-cido activista mexicano Gustavo Castro no fue un hecho puntual, sino fruto de la represión continua y sistemática de las y los defen-sores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en Honduras. En este país se proyectan e imple-mentan, de forma violenta en los territorios de comunidades indíge-nas y campesinas, un gran número de megaproyectos de infraestruc-turas, que son llevados a cabo sin respetar el derecho a la consulta previa e informada de las comuni-dades.
Estos megaproyectos son pro-movidos por los Tratados de Libre Comercio, como el firmado entre Estados Unidos y Centroamérica o los Acuerdos de Asociación y de protección de las inversiones como el firmado con la Unión Eu-ropea. Estos tratados aseguran los intereses de las empresas trans-nacionales, pero no disponen de ninguna norma vinculante que san-cione el respeto de los derechos humanos. Algo similar se propone en los tratados de libre comercio CETA y TTIP, que sigue negociando la Unión Europea con Canadá y Es-tados Unidos.
En España, por el momento, la represión contra los activistas que luchan por proteger el medio am-biente no ha llegado a causar vícti-mas mortales, pero hay que lamen-tar y denunciar las cargas policiales en movilizaciones pacíficas por el medio ambiente, o procesos judi-ciales como el que tuvo lugar en Aragón contra los denominados ‘8 de Yesa’. Y es que nunca ha sido más importante para los seres hu-manos defender nuestro planeta y, sin embargo, nunca ha sido más peligroso hacerlo.
El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, en 2016, por oponerse a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, un gigantesco proyecto que vaciaba el río Gualcarque, sagrado para los indígenas, puso de relieve a nivel internacional el desprecio por la vida de las grandes multinacionales que hay detrás de la privatización del agua.
Homenaje zaragozanoREDACCIÓN
Zaragoza - Desde el pasado mes de abril, Zaragoza rinde un homenaje continuo, en forma de
andador, a la activista hondure-ña Berta Cáceres. El mismo está situado en el entorno de la Expo de Zaragoza, concretamente en la avenida que que bordea la Ciu-dad de la Justicia hasta el Palacio de Congresos. En la inauguración estuvieron presentes el alcalde Pedro Santisteve, la concejala de
Medio Ambiente y Movilidad, Te-resa Artigas, y el presidente del distrito Actur, Pablo Híjar.
Con esta calle peatonal, Zara-goza rinde homenaje a esta mujer internacionalmente reconocida por su lucha en favor de la po-blación indígena y el medio am-biente.
Berta Cáceres, Premio Goldman 2015 por su defensa del río Gualcarque, fue asesina en 2016.FOTO: Goldman Environmental Foundation