Publicado: 25/11/2014

La negociación del archivo de Gabriel García Márquez A propósito de la disputa a raíz de la negociación del archivo personal de Gabriel García Márquez, Arcadia presenta cinto puntos esenciales alrededor de esta discusión.

El pasado 23 de abril de 2014, seis días después de la muerte del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, publiqué el artículo “El archivo de Gabriel García Márquez: anotaciones para un proyecto de repatriación”, en el que llamaba la atención sobre el hecho que, más allá de los bustos, homenajes y ceremonias oficiales conmemorativas, había que pensar seriamente en que el gobierno de Colombia comprara, con recursos públicos, el archivo de García Márquez a sus herederos, ante la posible compra por instituciones internacionales. En últimas, ese era el mejor homenaje posible: rescatar y difundir la memoria de Gabo no mediante discursos y burocracia conmemorativa, sino con hechos concretos como la adquisición, repatriación y conservación de su archivo personal en la misma tierra que decretó su expulsión.

Sin embargo, el 24 de noviembre la prensa anunció que el archivo del escritor había sido comprado por la Universidad de Texas, institución que desde hace varios años viene comprando archivos artísticos y literarios latinoamericanos. Un episodio que se suma a la donación de la extraordinaria biblioteca de Julio Mario Santo Domingo Braga a la Universidad de Harvard, gracias a la generosidad de la familia Santo Domingo. Sobre el archivo de Gabo, la Ministra de Cultura afirmó, luego que el escándalo estalló, que a finales de 2013 había enviado una delegada para hablar del archivo con la familia del escritor. En este contexto, valdría la pena preguntarnos, ¿qué errores cometió el Ministerio de Cultura en la negociación? ¿Cuántos archivos ha repatriado Colombia en su historia? ¿Está bien enfocada la política de patrimonio cultural mueble del país? I. En términos generales, para la opinión pública es común creer que las personas que tuvieron una posición privilegiada (económica, social o intelectual) deberían, por principio, regalar sus bienes al Estado, es decir, deberían construir (con su propio dinero) vías y acueductos para sus pueblos de origen, como si esto no fuera responsabilidad del Estado. Efectivamente, a la mayoría de intelectuales se les exige “hacer algo” por su país, entendiendo ese “algo” como construir hospitales, colegios y universidades públicas, olvidando que entregar la vida a la cultura y darle brillo al arte, la historia o la literatura, además de buen nombre al país, es hacer mucho más que “algo”.

La creencia popular de que el intelectual debe regalar su patrimonio (como si ser intelectual no implicara, al menos en principio, un acto de renuncia), aplica de forma especial cuando hay patrimonio cultural en juego. A pesar de no existir una Ley de Mecenazgo en Colombia, es común asumir que los intelectuales, al momento de morir, deben olvidarse de su familia y entregar, en su último gran acto público de renuncia, su patrimonio al

pueblo, sin ninguna condición, en contraprestación por lo que el país, dicen algunos, “les ha brindado”. Al intelectual se le pide que ingrese, en un gesto heroico, al centro del circo romano y se entregue por completo a las fieras, que terminarán de despedazar hasta el último gramo de su cuerpo.

En esta misma línea, los encargados tradicionales de la cultura (tal vez, con excepción del Banco de la República), han creído que “negociar” un archivo literario o una colección de arte es ir donde el dueño y decirle "oiga, queremos su archivo, ¿me lo regala?", así este “regalo” sea el patrimonio más valioso y la única herencia de su propietario. Lo curioso es que, después de la propuesta, casi siempre hecha de forma arbitraria y ofensiva, el mismo Estado desaparece por completo. Por ejemplo, tengo que recordar cuando, hace unos años, ayudé a ofrecer en donación al Museo Nacional (institución del Ministerio de Cultura) una biblioteca de historia surcolombiana con seis mil libros, la mayoría sin copias en el Museo, una biblioteca dejada por un historiador fallecido. Aunque inicialmente el Museo Nacional mostró interés, después de la atención inicial, el Ministerio desapareció y ni siquiera envió una carta a los donantes para establecer el camino a seguir. Un largo silencio fue más que suficiente para espantar a los herederos.

No es un episodio exento, así ha actuado el Ministerio de Cultura en repetidas ocasiones, y por eso la política colombiana de patrimonio mueble es un asunto complejo, espinoso y que despierta suspicacias en los propietarios de patrimonio artístico, bibliográfico o documental, quienes habitualmente prefieren trabajar con instituciones como el Banco de la República o el Archivo de Bogotá, más eficientes en la gestión, o simplemente vender sus bienes fuera del país, porque las instituciones del Ministerio de Cultura no dan abasto, ni siquiera para velar por el archivo particular del único Nobel que ha tenido Colombia.

Cualquier negociación es un proceso que excede una “conversación” informal (como la que habría tenido la directora de la Biblioteca Nacional con la familia de Gabo), es un proceso largo que implica voluntad política, seguimiento, presupuesto, conocimiento, inventarios actualizados, avalúos individuales, alguien a cargo permanentemente y dinero para comprar la colección en cuestión. Esta lección la ha entendido claramente la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, mientras que, el Ministerio de Cultura, históricamente, se ha hecho el de la vista gorda.

Llevando lo anterior al tema del archivo de Gabo, es necesario recordar que el Ministerio de Cultura afirmó, en un comunicado de prensa del 24 de noviembre de 2014 (escrito luego de un derecho de petición con varias preguntas enviado por mí una hora antes), que a finales de 2013 envió como delegada a Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional, para “comunicar a la familia García Barcha el interés porque el legado del escritor reposara en Colombia y específicamente en los fondos de la Biblioteca Nacional”.

Ante esta afirmación debemos preguntarle al Ministerio si ¿existe algún acta del Consejo Asesor de Patrimonio del Ministerio de Cultura en donde se autorice el envío de esta delegación y se evidencie el interés y la discusión patrimonial sostenida por la entidad para adquirir el archivo? ¿Bajo qué modalidad propuso el Ministerio de Cultura a la familia García Barcha traer el archivo al país? Es decir, ¿estaban esperando un regalo de la familia? ¿O hubo por parte del Gobierno de Colombia una oferta concreta que pudiera entrar en competencia con la oferta de la Universidad de Texas? Responder esta pregunta es clave, porque permitiría establecer si existió una estrategia real de adquisición por parte del Gobierno Nacional o si todo fueron palabras, sin mayor formalidad, que terminó llevándose el aire. II. El Ministerio de Cultura, en el mismo comunicado, “exalta que el archivo literario de la Universidad de Texas es uno de los más importantes del mundo, puede garantizar su conservación, así como el uso para fines públicos y de carácter académico, además valora el prestigio de este centro universitario donde reposan archivos tan importantes como el del escritor argentino Jorge Luis Borges y el irlandés James Joyce”.

Entonces, siguiendo este razonamiento, habría que preguntarle al Ministerio, llevando la noción de patrimonio más allá del patrimonio documental, ¿si está de acuerdo con que museos extranjeros adquieran objetos prehispánicos y coloniales, so pretexto de que van a estar mejor conservados en el Museo de América de

Madrid o en el Metropolitan de Nueva York? Así mismo, si se tratara estrictamente de un asunto de “conservación” (sin más consideraciones de índole histórica, patrimonial o simbólica para el país), valdría la pena preguntar si el patrimonio cultural mueble de Colombia no estaría mejor conservado en colecciones privadas del extranjero, es decir, en manos de particulares que compran con su dinero, valoran, prestan, exhiben, cuidan y hasta digitalizan los objetos culturales que Colombia deja escapar por los sumideros? ¿La afirmación realizada por el Ministerio de Cultura no sería, un poco, reconocer el fracaso de la política colombiana de patrimonio cultural mueble y el fracaso de las instituciones nacionales de la cultura a la hora de gestionar y trabajar con colecciones privadas? III. La página en Facebook de la Biblioteca Nacional publicó el 24 de noviembre, en horas de la noche, un escueto comunicado de prensa procedente de la familia García Márquez (sin firmas manuscritas, sólo con la impresión “Mercedes, Rodrigo y Gonzalo”) en el que se afirma: “nosotros decidimos que el archivo de los documentos literarios y del correo fuera al Centro Harry Ransom, por ser uno de los lugares que hace este tipo de archivo y preservación de documentos mejor que nadie”. Sin embargo, ningún miembro de la familia dice, en el comunicado, el porqué de esta decisión, y si, de hecho, la venta a Texas se debió a la falta de interés del gobierno de Colombia. En una entrevista anterior, la familia García Barcha afirmó claramente que no recibieron ofertas del Gobierno y que a esto se debió la decisión de vender el archivo a la Universidad de Texas. IV. Resulta paradójico que, mientras se entregaba el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, dotado con 100.000 dólares de premio, Colombia concretó la pérdida, casi el mismo día, el archivo particular de Gabriel García Márquez, el legado más importante del escritor, ante la falta de ofertas del Gobierno Nacional, según afirmó la propia familia del escritor. Entonces, ¿qué parece interesarle más al Gobierno? ¿La sonoridad internacional que dan los premios literarios cargados de dinero o la investigación y el desarrollo cultural de Colombia (a partir de las fuentes primarias que dejó su expatriado y perseguido escritor insignia)?

Ningún libro gratuito y ningún premio literario saldará la pérdida del archivo, una pérdida a perpetuidad, que ya tiene visos de convertir al gobierno actual en heredero de la tradición inaugurada por el ex presidente Carlos Holguín, quien, bajo su gobierno, entregó a España el Tesoro Quimbaya, la pérdida patrimonial más grande que recuerde Colombia, que se suma a otros archivos y bibliotecas que ha dejado perder el país bajo el silencio de la Biblioteca Nacional, como la biblioteca particular de Bernardo Mendel, tal vez, la biblioteca privada latinoamericanista más importante del mundo en su época, adquirida por la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana en la década de 1950. V. ¿Cuántos archivos privados (literarios, científicos o históricos) ha repatriado el Ministerio de Cultura en toda su historia? ¿Cuántos durante los últimos seis años? ¿Qué papel juega la recuperación de los archivos privados de expatriados e intelectuales (especialmente, los de izquierda) en la consolidación del Proceso de Paz, en el establecimiento de procesos de reconocimiento, justicia y reparación de víctimas, y por supuesto, en el postconflicto? A estas alturas, ¿sería posible que el gobierno colombiano iguale la oferta económica de la Universidad de Texas, bloquee la finalización de la negociación y el archivo se quede en la Biblioteca Nacional? Examinar las tendencias históricas en el manejo del patrimonio cultural mueble, permitiría entender claramente por qué el archivo García Márquez no quedó en el país para el disfrute, la investigación y la pacificación de Colombia.

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