LA HORA DE LA CIENCIA POLÍTICA:

IDENTIFICACIÓN DE ALGUNAS TAREAS URGENTES

Introducción

Existe una coincidencia general a la hora de calificar el momento histórico que

atraviesa la humanidad, con muchos interrogantes abiertos y problemas pendientes de

solución, y donde además los riesgos de todo tipo se nos acumulan sin cesar. Están

teniendo lugar transformaciones radicales que afectan a todos los ámbitos significativos de

las sociedades humanas, lo que hace pensar que vivimos momentos de apertura de la

historia, un cambio de época, y que estamos atravesando el umbral de una nueva era axial.

La propia crisis económico-financiera, con sus múltiples y devastadores impactos,

principalmente en el ámbito social, constituye una prueba más de este estado de

emergencia en el que nos encontramos. Se suceden los análisis, se elaboran teorías

explicativas, se apuntan soluciones, pero ello no consigue superar esa pandemia de

pesimismo y desconcierto, esa sensación general de incertidumbre y angustia; parece que

nadie es capaz de ofrecer una idea clara y convincente, ni tampoco un proyecto alternativo

de cómo debería ser un nuevo orden a fin de poder hacer frente a dichos desafíos. En estas

circunstancias, y partiendo de la premisa de que la cuestión planteada está estrechamente

relacionada con la gobernabilidad, uno se pregunta qué debe y puede hacer la ciencia

política (CP), la ciencia que se ocupa precisamente del gobierno de las sociedades.

De manera sumamente concisa intentaré a través de estas páginas exponer mi idea

de lo que debe ser (y hacer) la CP en la era actual: una disciplina consolidada,

comprometida con los grandes retos del siglo XXI y resuelta a incidir de manera significativa

en los puntos críticos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Para ello dividiré mi

exposición en los siguientes apartados; en el primero intentaré demostrar cómo la CP

constituye ya una disciplina suficientemente consolidada e institucionalizada que le capacita

para afrontar con solvencia determinados retos que afectan a la gobernabilidad de las

sociedades del siglo XXI; en el segundo procederé a identificar algunas de las tareas que le

corresponde llevar a cabo a la disciplina en el momento actual, tareas todas ellas que

pueden calificarse de urgentes debido precisamente al estado generalizado de crisis e

ingobernabilidad existente; en el tercero abordaré específicamente otra tarea que considero

urgente e ineludible, a la vez que atrevida y apasionante: el gobierno del mundo.

La finalidad principal de esta exposición es doble: por una parte, facilitar a los

alumnos una primera aproximación a la ciencia política y, por otra parte, invitarles a que

descubran la gran importancia e incidencia de esta disciplina en relación con los grandes

problemas y desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades.

1. La ciencia política: una disciplina consolidada y capacitada para afrontar los retos

del siglo XXI

Si bien es verdad que entre los estudiosos de la CP se reconoce la existencia de

múltiples discrepancias en torno a los más variados temas, hay que admitir en cambio la

existencia de una general aquiescencia y conformidad a la hora de asumir, por una parte,

que la inquietud por los asuntos públicos y la dedicación a la reflexión política tiene raíces

muy antiguas y, por otra parte, que la CP en cuanto actividad investigadora con rango

reconocido por la ciencia, y que cumple con las condiciones de rigor, racionalidad,

objetividad y experimentación propias de las ciencias modernas, surge a partir del último

cuarto del siglo XIX. Nos encontramos, pues, ante una disciplina que es al mismo tiempo

antigua y reciente, longeva –hasta considerarla más que bimilenaria- y joven, “que alardea,

a la vez, de raíces profundas en un lejano pasado y de orígenes recientes” (Pasquino, 1993:

16).

En el último siglo la CP ha ido consolidándose a través de un difícil y complejo

proceso de autonomía, institucionalización y profesionalización. Se trata de un proceso

gradual en busca, por una parte, de una autonomía orientada al acaparamiento y monopolio

del discurso especializado, al estudio y la investigación científica acerca de lo político en

detrimento de las disciplinas consideradas fronterizas; y en busca, por otra parte, de una

mayor institucionalización y formalización, consiguiéndolo a través de la creación de

diferentes estructuras que hacen posible su penetración y expansión en la vida académica y

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científica de los diferentes países. Todo ello tiene lugar más rápidamente, y también de

manera más temprana, en Estados Unidos, y más tardíamente en Europa, donde a partir de

las últimas décadas la CP ha experimentado un impulso que puede considerarse ya como

definitivo. En la actualidad reúne ya esos criterios que son considerados como básicos para

acreditar la existencia de una disciplina1, produciéndose una clara convergencia entre ese

grado alcanzado de cientificidad y ese progresivo avance hacia la autonomía e

institucionalización2, respaldado todo ello por una comunidad científica cada vez más

numerosa y con altos índices de excelencia y calidad en sus rendimientos referidos tanto a

la actividad docente como creativa e investigadora.

En todo este proceso no ha faltado en el seno de la comunidad científica ni el debate

ni el contraste de las diferentes perspectivas y aportaciones, tanto en las vertientes teóricas

como aplicadas, produciéndose continuos enfrentamientos, rupturas y escisiones. Pero todo

esto, y en palabras de Pasquino (1993: 34), ha de interpretarse más “como un elemento de

riqueza, como un bienvenido y agradable pluralismo, que como una fragmentación del

campo analítico y teorético, pues la ausencia de un paradigma dominante permite la

continuación de un debate intelectual, de un desafío de ideas que se anuncian fecundas”.

Ciertamente, y reconociendo la existencia de estas tensiones, es justo reconocer

como poco a poco se han ido superando las viejas controversias sobre la definición de la

disciplina, sus contenidos y contornos, siendo posible afirmar ya que la CP es lo que, con

mayor o menor acierto y en un marco ampliamente plural, hacen los científicos de la

política, los politólogos, cada vez más numerosos y con una ingente labor de producción a

sus espaldas. En el momento actual la CP es una más entre las disciplinas sociales, siendo

su objetivo fundamental la producción de conocimientos políticos; un objetivo que se

1 A este respecto, Favre (1985: 4) considera como criterios básicos que acreditan la existencia de una disciplina los siguientes: 1) la existencia de una denominación reivindicada en común; 2) el acuerdo sobre el hecho de que una serie de objetos de estudio constituye el recurso más específico de la disciplina y sobre los cuales los investigadores ejercen cierto monopolio; 3) la existencia de instituciones de enseñanza y de investigación duraderas y concebidas como legítimas; 4) la existencia de apoyos propios a la difusión y a la reproducción de los resultados de la investigación.2 Puede resultar útil la idea de institucionalización expresada por Edward Shils a propósito de las ciencias sociales, y que hace referencia al proceso de creación de estructuras específicas (departamentos, cursos, programas de licenciatura, publicaciones, asociaciones profesionales...) por medio de las cuales se hace posible la actividad intelectual de una disciplina, se propagan sus productos, se mantienen sus patrones y se socializa a sus miembros (Citado por Jerez Mir, 1999: 32).

3

consigue a través de la creación y recolección de datos y hechos políticos empíricos, así

como de la actividad de explicación-comprensión de los mismos, y sin renunciar tampoco a

su tradicional dimensión normativo-propositiva y de gran reflexión, lo que Javier Roiz (1997:

21) denomina la “continuación refinada y más sistemática de la tradición filosófica-política

occidental”.

Una CP que en cuanto disciplina científica se define por un objeto de estudio

sustantivo, esto es, por su fijación en la política en todas sus diversas y múltiples formas y

manifestaciones: desde el origen y evolución de las ideas, prácticas y formas políticas en

general hasta el estudio más concreto, centrado tanto en la evolución histórica del Estado y

sus instituciones, su progresiva apertura y democratización, como en los cimientos de la

lógica de la acción individual y colectiva (Goodin y Klingemann, 2001). Un objeto de estudio

que, debido principalmente a las grandes transformaciones experimentadas por la

humanidad en las últimas décadas, ha de trascender a la propia institución estatal y abrirse

también a esa sociedad global, postestatal y postinternacional, originando así una ciencia

política internacional, una cosmopolítica, acorde con la propia cosmopolitización del mundo

(Rojo Salgado, 2011: 435); un aspecto del que me ocuparé precisamente en el siguiente

epígrafe.

En la actualidad, y cuando la CP ha despegado definitivamente como disciplina

científica consolidada, se cuentan por centenares los centros profesionales dedicados al

estudio, la investigación y la práctica empírica, y por millares el número de profesionales

ocupados en dicha tarea. Basta con observar el grado de expansión conseguido en la vida

científica y académica de los países más desarrollados, tanto de Europa (Reino Unido,

Italia, Alemania, Francia, España3...) como de América (Estados Unidos, Canadá, México,

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay), o los casos de Japón, Australia, Israel o la India, y sin

menospreciar para nada a otros países emergentes de Europa oriental, Asia o África4.

3 En España la institucionalización de la disciplina fue tardía, teniendo que esperar al curso 1993-1994 para que se produzca la creación de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA). Este hecho, junto con la existencia de algunas publicaciones especializadas(Revista de Estudios Políticos, Revista Española de Ciencia Política...), así como la plena normalización académica, el creciente número de estudios de Grado y Posgrado así como de profesionales involucrados en las tareas docentes e investigadoras, pone de manifiesto la consolidación de la disciplina en nuestro país.4 La reciente celebración en Madrid del XXII Congreso Mundial de Ciencia Política (8-12 julio, 2012) constituye una prueba fehaciente del alto grado de internacionalización, institucionalización, profesionalización y pluralismo alcanzado

4

Todos estos países, y en mayor o menor medida, vienen haciendo cada vez más y

más relevantes aportaciones a la disciplina, contribuyendo así a enriquecer su importante

acervo y al afianzamiento de un sano y enriquecedor pluralismo e internacionalización. Ello

está originando, a su vez, una nueva forma de trabajar en la disciplina, reflejándose todo

ello principalmente en la creación de un número creciente de redes, asociaciones y equipos

de trabajo y de investigación de ámbito internacional, regional o nacional. La CP empieza a

ser una disciplina cada vez más universal y globalizada, donde ya no hay únicamente un

país (USA) que es considerado como productor hegemónico de conceptos, asunciones y

métodos que se exportan y se tienen como referencia para fijar el patrón que ha de regir en

la ciencia política en todo el mundo.

En todos estos casos, y en mayor o menor medida, el grado de institucionalización y

consolidación de la CP queda reflejado en el alto número de facultades, departamentos,

diplomaturas, licenciaturas, grados y postgrados, institutos de investigación, asociaciones

profesionales, programas, múltiples y variadas publicaciones especializadas, bibliotecas,

agencias de financiación, etc., a lo que hay que añadir un plantel de profesionales que se

cuentan ya por centenas de millares. En definitiva, y tal como señalaba R. Dahl (1999: 66),

hace ya más de una década “la ciencia política se ha vuelto una disciplina de alcance

mundial, y no sólo en el sentido de que todo el mundo (es decir, todos los países, y no sólo

Estados Unidos y algún que otro país europeo, como sucedía en el pasado) se ha

convertido en su objeto de estudio, sino de que la disciplina se ha profesionalizado en

muchos países”. Podemos hablar, pues, y en este sentido, de la universalización de la

disciplina.

Una serie de elementos y supuestos (el haber logrado una denominación común, un

campo específico de conocimientos, unas dinámicas de ubicación académica y de

generación de instituciones forjadas en el ámbito de los estudios políticos y, en fin, el haber

reforzado la dimensión corporativa entre sus miembros) han ido convergiendo, pues, a lo

largo de las últimas décadas y han hecho posible una madurez y una consolidación formal

de la disciplina; un hecho que parece ya irreversible. Todo ello ha hecho posible, a su vez,

por la disciplina, reflejado todo ello en la cifra récord de participantes, de nacionalidades representadas así como de la amplia y variada temática abordada.

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que se produzca una difusión, intercambio y contraste de conocimientos que permite a la

disciplina apuntalarse y afirmarse frente a los demás campos del saber, especialmente

aquellos considerados afines y fronterizos, y avanzar y obtener resultados de excelencia.

En definitiva, una disciplina consolidada, autónoma, institucionalizada, cosmopolita y

llena de promesas de futuro, a lo que hay que añadir ese creciente reconocimiento de su

utilidad social, cumpliendo así con uno de los requisitos y principios más apreciados por las

nuevas corrientes de la filosofía de la ciencia actual, y a los que en modo alguno podemos

ser ajenos; una disciplina, me atrevo a pronosticar, en fase de transición y cuyas promesas

son todavía mayores que sus realizaciones. Una disciplina, en fin, lista y capacitada para

afrontar con solvencia los retos de gobernabilidad a los que se enfrenta el siglo XXI, algunos

de los cuales serán objeto de la siguiente reflexión.

2. Identificación de algunas tareas urgentes a llevar a cabo por la Ciencia Política

Sin duda, la agenda inmediata y futura de nuestra disciplina ha de venir marcada de

manera prioritaria por las propias características y desafíos de la sociedad actual (y que son

consecuencia a su vez de las grandes transformaciones experimentadas en las últimas

décadas). Entre los grandes issues o crisis a los que es necesario hacer frente en la etapa

actual de la humanidad es de subrayar, entre otros, el creciente y generalizado grado de

ingobernabilidad, tanto a escala local como global; la crisis y debilitamiento de la

democracia, junto con el retroceso y desvanecimiento del espacio público; la crisis

económico-financiera, con sus consecuencias devastadoras en las economías y

condiciones de vida de millones de personas; el problema ecológico sin precedentes y la

destrucción de la naturaleza, con el consiguiente cambio climático; la creciente escasez de

recursos energéticos que contrastan con un aumento exponencial de la demanda; el

hambre, miseria, exclusión y violación de los derechos y libertades fundamentales para

muchos millones de seres humanos, propiciado todo ello la corrupción y el despotismo de

muchos gobiernos instalados dentro de las sagradas fronteras del Estado-nación; los flujos

migratorios masivos; el auge de los fundamentalismos, del terrorismo y crimen organizado;

la inexistencia de un control y gobernanza adecuada sobre las nuevas tecnologías y

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determinados descubrimientos de la ciencia que pueden poner en peligro las condiciones de

la vida humana sobre la Tierra; y, en fin, la ausencia de un proyecto de gobernabilidad

global capaz de gestionar los asuntos comunes de la Humanidad y que desbordan la

capacidad y dimensión de los Estados.

2.1. Su contribución a la politización de las sociedades (también de la sociedad

global)

Estos y otros asuntos que conforman la agenda de las sociedades actuales exigen ser

gobernados; en otras palabras, nos fuerzan a recurrir a la política, entendida como actividad

orientada a la regulación del conflicto y a la consecución de objetivos colectivos, siendo su

resultado la adopción de decisiones que obligan a los miembros de la comunidad. Pues

bien, es en este punto donde la CP entra en escena, constatando la necesidad y

permanencia de la política, y poniendo de manifiesto como todas las sociedades humanas -

incluso las más simples y primitivas- han necesitado para su viabilidad, funcionamiento y

logro de objetivos colectivos, para poder vivir juntos siendo diferentes, de un gobierno, esto

es, de un poder de integración, dirección y control; de un poder capaz de gestionar el

conflicto (presente en todas las sociedades) y de generar oportunidades. La inevitabilidad

de la política radica, precisamente, en la propia inevitabilidad de los conflictos, necesidades

y visiones contrapuestas existentes en el seno de nuestras sociedades.

La actividad política, que emana de la propia condición social del ser humano, inmerso

en un conjunto de situaciones sociales, se propone orientar hacia metas y objetivos esas

situaciones sociales, articulando mecanismos de diálogo y deliberación, resolviendo

conflictos, asignando tareas, recompensas y sanciones, y asegurando la coordinación

necesaria entre las distintas partes que conforman el sistema en su conjunto. A la política se

le confía la regulación de las tensiones que surgen en el seno de las sociedades, al

considerar insuficientes otras posibilidades de arreglo eficaz, como podrían ser la fidelidad

familiar, la cooperación amistosa o la transacción mercantil (Vallés, 2010). En última

instancia, la política aparece como un seguro y garantía frente a la amenaza de la

desintegración o derrumbe social, propiciado por la existencia de desequilibrios y

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desigualdades en el seno de nuestras sociedades. A través de la política evitamos, en

expresión de Inmanuel Kant (1989), que el mundo se hunda.

Sin política no es posible dar respuestas satisfactorias a los problemas comunes, ni es

posible tampoco construir causas y utopías (sueños realizables) colectivas. Sin política todo

se vuelve personal y privado, todos somos adversarios de todos, regresamos al

individualismo radical y egoísta, a las existencias separadas, a la soledad y al miedo que

provoca el hecho de tener que hacer frente a los desafíos y riesgos de la vida en solitario.

La ausencia de política va a permitir jugar con ventaja a los grupos y colectivos que ocupan

las posiciones de privilegio y dominación. Y siendo la política una actividad colectiva

orientada a la gestión del conflicto y a la creación de oportunidades, siendo un ingrediente

fundamental de nuestra convivencia y de nuestra viabilidad como grupo, requiere de un

espacio público que nos permita congregarnos, deliberar y tomar decisiones; un lugar donde

los intereses privados convergen y se condensan para convertirse en causas colectivas

Pero este espacio público languidece, y puede que incluso lo hayamos sustituido ya por el

centro comercial (Bauman, 1999).

Hemos de reconocer que uno de los grandes problemas actuales de nuestras

comunidades políticas radica en el hecho de que el incremento de la libertad individual

coincide con el aumento de la impotencia colectiva, al ser diluidos o desmantelados los

puentes entre la vida pública y la vida privada. El individualismo basado en el “sálvese quien

pueda” impregna cada vez más el discurrir de nuestras sociedades, lo que nos lleva a

desentendernos de cualquier proyecto colectivo y a concentrarnos sólo en la búsqueda de

nuestro éxito personal, y a percibir a los otros como competidores y no como aliados,

olvidándonos de que individualmente considerados somos completamente insignificantes,

vulnerables e incapaces de satisfacer muchas de nuestras necesidades y aspiraciones. Por

otra parte, se observa con preocupación como las decisiones más trascendentales se

toman, y cada vez en mayores proporciones, en espacios muy distantes del ágora, o incluso

de las esferas políticamente institucionalizadas.

Es la crisis del lugar común, del espacio y de la vida pública, a la que hemos

desvinculado ya de la búsqueda y consecución de nuestra felicidad personal. La utopía se

circunscribe ahora al ámbito privado y nuestras sociedades deambulan incapaces de

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articular propuestas colectivas de futuro. Como señala Daniel Innerarity (2009: 198), “de la

política se espera solamente protección para desarrollar un proyecto de realización

personal”. Este debilitamiento de la política, muchas veces también su descrédito y

banalización, además de provocar el desprestigio de los profesionales de la misma así

como la desafección ciudadana, tiene una consecuencia mucho más grave y trascendente:

pone en peligro la propia capacidad humana para resolver los problemas comunes, para

vislumbrar y construir civilizadamente nuestros proyectos colectivos.

La única posibilidad de cambiar este estado de cosas pasa por recuperar el ágora,

ese espacio público y privado a la vez; ese espacio en el que las aspiraciones y problemas

privados se reúnen y convergen en busca de una solución; ese espacio donde pueden

nacer y cobrar forma ideas tales como el bien público, la sociedad justa o los valores

cívicos. Recuperar y fortalecer la esfera pública –entendida como espacio común de

aparición visible y participación de los ciudadanos- significa restaurar el imperio de la ley en

todos los ámbitos y esferas de la sociedad; restablecer la capacidad de controlar y volver

públicamente responsable a la autoridad, moralizándola y haciéndola transparente; rescatar

el espíritu y la actitud cívica y solidaria para poder hacer frente a los problemas,

incertidumbres e inseguridad individual y colectiva; recuperar, en fin, la conversación

civilizada (Innerarity, 2006), la discusión, la deliberación y la argumentación racional

desplegadas sobre la base de la libertad y la igualdad de derechos.

En este orden de cosas, a la CP le corresponde trabajar a favor de la reivindicación y

recuperación de la política, contribuyendo a la “politización” o “repolitización” (en el sentido

genuino del término, y no en el sentido negativo y perverso en el que lo hemos convertido)

de los grandes asuntos y situaciones sociales; es decir, trasladando el conflicto, la

necesidad o el problema identificado a la opinión y al escenario público, para incorporarlo

después a la agenda pública y a partir de ahí adoptar las adecuadas decisiones vinculantes

para toda la comunidad. Con la repolitización logramos que ese tránsito de lo privado a lo

público vuelva a ser posible a través del ágora, ese espacio en el que los problemas

privados se reúnen y convergen a fin de buscar palancas que, colectivamente aplicadas,

resulten suficientemente poderosas como para elevar a los individuos de sus desdichas

individuales (Bauman, 2001).

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Reivindicación de la política como instrumento y ámbito en el que hemos de buscar la

solución a nuestros problemas; la política que sea capaz de convertir el conflicto en una

oportunidad para la transformación colectiva y la creación de comunidad; la política

entendida en todas sus formas y cauces de expresión, tanto convencionales como no

convencionales, esto es, haciendo uso de la democracia representativa y a la vez abriendo

cauces a la democracia participativa y a los movimientos e iniciativas sociales. Siendo hoy

por hoy irreemplazable la democracia representativa (entre otras razones porque otorga a la

acción política la legitimidad, coherencia, estabilidad y articulación necesaria), es preciso

también dar cauce y aprovechar esas otras modalidades de acción colectiva (más allá de

los partidos políticos y de los grupos de presión) que llevan a cabo los movimientos sociales

y que tanto contribuyen a corregir, innovar y enriquecer la agenda política. En este sentido

cabe preguntarse si estamos (los politólogos, por ejemplo) haciendo lo suficiente por

aprovechar todo el caudal de ideas, gestos y un sin fin de aportaciones que vienen

generando últimamente movimientos como el “15-M”.

Frente a la perspectiva individualista del liberalismo radical que considera la política y,

por extensión, el Estado, como un mal menor que nos garantiza competir en el mercado y

poder satisfacer así los propios intereses, pero que no sirve para construir proyectos

compartidos, es preciso contraponer la mejor tradición republicana, basada en la idea de

“res publica” y que entiende la política como un entramado ético donde se conforman

asociaciones y proyectos colectivos, y donde los miembros de la comunidad, sintiéndose

semejantes y solidarios, admitiendo el pluralismo político y el derecho al disenso, asumen

su dependencia recíproca.

2.1.1. La necesidad de instaurar el espacio público mundial: la democracia global

Pero al debilitamiento y difuminación del ámbito y de la esfera pública también están

contribuyendo las grandes transformaciones experimentadas por la sociedad actual, como

pueden ser los procesos de globalización y de integración supraestal, lo que a su vez

origina la crisis y revisión de la propia institución estatal. Es necesario, por tanto, y ante

estos procesos de cambio acaecidos, preguntarse por los nuevos problemas de la

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democracia, de lo público, por las transformaciones de la política en el nuevo entorno

global; en definitiva, cómo gobernar la globalización y cómo hacer frente a esta sociedad

posestatal, poswesfaliana y postinternacional desde las categorías de la ciencia política.

Esta preocupación viene motivada por el hecho de constatar que si bien la crisis y

revisión del sistema de organización política estatal puede suponer una serie de ventajas y

nuevas oportunidades para los intereses de la humanidad (y del Planeta en su conjunto),

también entraña riesgos e incertidumbres, siendo uno de los que más preocupan a los

estudiosos el que hace referencia a la pérdida por parte de los ciudadanos de su ámbito

tradicional de participación institucional, de garantías constitucionales así como de su

eficacia en el proceso de representación de intereses (Castoriadis, 1995; Giddens, 1996).

Nadie pone en duda de que el proceso de democratización de las estructuras políticas, así

como la consiguiente conquista de una serie de instituciones, prácticas y conceptos

considerados clásicos y fundamentales del ámbito político (ciudadanía, participación,

representación, control, fiscalización e intervención pública, legislación, garantías, división

de poderes, etc.) han sido paralelos a la creación y consolidación del propio Estado.

La crisis de la institución estatal no debe ni puede entrañar, en modo alguno, la

muerte y disolución de la política, de la esfera pública, o lo que es lo mismo, la quiebra de

las instituciones y principios democráticos, el resquebrajamiento y volatilización de los

derechos y libertades fundamentales, la indefensión y la ausencia de garantías

constitucionales, la desaparición de la ciudadanía, el fin de las ideologías, principios y

doctrinas políticas, en resumen, la pérdida y desaparición del espacio público en el seno de

nuestras sociedades. Nuestra conversión en ciudadanos del mundo no debe producirse a

costa de renunciar a nuestra condición de ciudadanos, conquistada y asumida como algo

definitivo e irrenunciable en el marco del Estado liberal y democrático, y que nos hace

portadores de unos derechos y garantías que en todo momento podemos hacer valer frente

al poder político y demás miembros de la sociedad. No podemos resignarnos, ante la

erosión de la institución estatal, a perder esos espacios políticos donde en nombre de la

justicia poder formular nuestras reivindicaciones. En modo alguno se puede renunciar en la

coyuntura actual a la política -entendida como actividad de organización, dirección, control y

mediación-, y ello porque con la globalización aumenta la necesidad de regulaciones

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internacionales vinculantes, de convenciones e instituciones internacionales en el ámbito de

las transacciones internacionales, transnacionales y transfronterizas.

Como afirma David Held (2005: 121), ante la avalancha de todas estas

transformaciones sobrevenidas, ante el poderoso proceso de globalización –con los

profundos desafíos institucionales y normativos que supone para la actual forma de

organizar las comunidades humanas- es necesaria una reformulación del poder político. Es

verdad que existe ya una política global en muchos aspectos, una gobernanza multicéntrica

de ámbito global, con un creciente enmarañamiento de organismos públicos y privados que

trabajan concertadamente en la elaboración de normas y fijación de códigos en diversos

sectores del orden global; es innegable también que cientos de actores e instituciones están

operando ya a nivel de todo el Planeta, y conforme al paradigma y la lógica de la

gobernanza global, por lo que es posible hablar ya de una gobernanza global incipiente,

entendida como un conglomerado de múltiples actores en el que participan distintos

organismos con el fin de desarrollar una política pública global. Ahora bien, esta

gobernanza, siempre en evolución, “está todavía lejos de constituir un gobierno mundial,

con autoridad jurídica y con capacidad coactiva de carácter determinante, aunque es mucho

más que un sistema de cooperación intergubernamental limitada” (Held, 2005: 111). Por eso

es tan necesario la reformulación del poder político a nivel global, es decir, un gobierno, una

constitución y una política capaz de instaurar y garantizar un espacio público mundial.

No existe, no se ha institucionalizado todavía, el Gobierno de la Tierra, pese a la

clamorosa necesidad de una gestión global de determinados asuntos humanos. No se

vislumbra, en el horizonte mundial, ningún “Estado cosmopolita” ni realidad alguna de orden

político capaz de establecer en el plano mundial los supuestos reguladores de la vida social.

El espacio planetario, en el que se forman las condiciones de nuestras vidas compartidas en

esta era global, adolece todavía de una inquietante desregularización. Por todo ello es

preciso dedicarnos a la búsqueda y formulación de un sistema de gobernabilidad global, de

un modelo de integración y organización política mundial. Esta puede ser una respuesta

coherente y lógica que, desde el ámbito de la CP podemos dar al hecho de la globalización

y a sus consecuencias. Se recuperarían, así, a escala planetaria, los espacios políticos que

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se van perdiendo en el ámbito estatal. Pero de esta cuestión nos ocuparemos más adelante

con un poco más de precisión y detenimiento.

2.2. La función de análisis, innovación y propuesta

Más allá de esta tarea encaminada a la “repolitización” de nuestras sociedades,

incluyendo a la propia sociedad global y globalizada, a nuestra disciplina le correspondería

también asumir, o reforzar, esa función de análisis, innovación y propuesta respecto de las

prácticas de gobernabilidad (estructuras, procesos, valores, principios), dejando bien claro

que no puede limitarse a la descripción empírica de los hechos y de su contexto, sino que

se orienta también hacia una teoría crítica de la sociedad, que tiene por objeto de estudio a

los hombres como productores de todas sus formas de vida y como finalidad principal

eliminar la alienación y formar una comunidad de seres libres (Horkheimer, 1974). No basta

con describir y explicar el mundo que nos rodea, hay que intentar también transformarlo,

elaborando modelos alternativos de gobernabilidad y contribuyendo a su implementación. Y

todo ello basado en la premisa de que la tarea primordial de la humanidad es la de dirigir el

proceso de evolución sobre la Tierra, orientándolo por la vía del perfeccionamiento, y

derrochando en ello dosis de racionalidad y humanismo sin límite.

Necesitamos de una ciencia política que investigue, que aporte conocimiento e

información rigurosa y, sobre esas bases, sepa ejercer su función explicativa, crítica,

propositiva y emancipatoria, sin complejos, sin servilismos y sin claudicar de su longeva

tradición de gran reflexión acerca de las formas de organización social.

2.2.1. Una CP emprendedora y capaz de inventar nuevos valores y nuevos modelos y

escenarios de gobernabilidad

Una de las tareas más urgentes que debe llevar a cabo la CP es la de contribuir a

clarificar las causas de la ingobernabilidad actual, proponiendo reformas estructurales,

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nuevos procedimientos, nuevos valores5, capaces de romper las inercias y automatismos

heredados de un pasado que ya no existe y de una humanidad que, debido a su creciente

complejidad, a los graves problemas que se acumulan y al alto grado de desgaste que

experimentan todas las grandes civilizaciones, ideologías y paradigmas, exige volver a

inventarlo todo, o casi todo.

Estamos en una fase de la historia en la que es necesario rectificar, corregir, cambiar,

innovar y hacer las cosas de otra manera. La solución, por consiguiente, no está en un

regreso que rinda culto al pasado, o en obsesionarse por volver a encontrar los puntos de

referencia perdidos. La solución está en inventar una nueva concepción del mundo y de la

propia humanidad, elaborando por ejemplo una nueva escala de valores que nos permita

manejar mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora nuestro entorno, nuestros recursos,

nuestros conocimientos y avances científicos, nuestra diversidad a la vez que nuestra vida

en común y nuestra capacidad de supervivencia como especie sobre el Planeta.

Si no queremos degradar de manera irreversible nuestro ecosistema, si deseamos de

verdad evitar el cambio climático, si no queremos agotar de manera inmediata los recursos

del Planeta, si somos coherentes y aprendemos la lección que se desprende de la actual

crisis económico-financiera de nuestros países, tendremos que dar tanta preferencia como

sea posible a otras formas de satisfacción, a otro tipo y nivel de consumo, a otras fuentes de

ocio y disfrute. Ello supone, entre otras tareas, la necesidad de cuestionar muy seriamente

nuestro modelo de sociedad de la abundancia, la acumulación y la opulencia, la del

consumo insaciable de objetos, propiciado por esa todopoderosa y omnipresente acción de

los medios de comunicación; tarea nada fácil teniendo en cuenta que el consumo es ya un

modo habitual de relacionarse (no sólo con los objetos, sino con la comunidad y con el

mundo), así como un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se

funda todo nuestro sistema cultural. “Nuestra sociedad se concibe y se define como

sociedad de consumo, algo que ha adquirido ya fuerza de sentido común (…), y la

publicidad es el canto triunfal de esta idea” (Baudrillard, 2012: 247).

5 Por valor entendemos un bien objetivo, real e intangible que perfecciona al ser humano y lo hace mejor. El orden social depende precisamente de la existencia de valores (que no son reducibles a intereses particulares o a necesidades individuales o de grupo) suficientemente compartidos y difundidos, permitiendo así la armonización de la personalidad individual con el sistema social en su conjunto.

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No se puede seguir con la orgía y borrachera consumista, con el despilfarro y derroche

de recursos y objetos materiales, puesto que es incompatible con la finitud y escasez de los

mismos, con el necesario equilibrio ecológico, y porque vulnera flagrantemente un principio

básico de justicia intergeneracional al no garantizar las condiciones de habitabilidad de las

generaciones venideras, hipotecando su futuro y convirtiéndolo en el gran basurero del

presente (Innerarity, 2009). Nuestra escala de valores, en consecuencia, no puede hoy en

día basarse sino en criterios de austeridad y mesura, moderación y sobriedad. También en

la primacía de la cultura y la educación, bienes inmateriales que podemos acrecentar

ilimitadamente y que son capaces de satisfacer muchas de nuestras apetencias y

necesidades de entretenimiento, disfrute y realización personal. ¿Cómo vamos a llenar, por

ejemplo, esas décadas adicionales de vida que la medicina nos regala, sino es dedicando

nuestro tiempo libre “a saber más y a desarrollar una vida interior floreciente”? (Maalouf,

2009: 209).

Dentro de esta gran tarea de modificar y, a la vez, implantar nuevos valores, nuevas

legitimidades, nuevas solidaridades y nuevos marcos referenciales por qué no atreverse

también a implantar nuevos derechos, acordes con la dignidad de la persona humana y con

esa exigencia indestructible de seguir avanzando por la senda del perfeccionamiento y

mejora de nuestras condiciones de vida. Sí, a la CP también le corresponde contribuir a la

identificación, promoción y defensa de los llamados derechos de nueva generación, algunos

de los cuales apuntan ya en el horizonte, tales como:

-Los llamados derechos de la solidaridad orientados hacia la protección de minorías

(étnicas, religiosas, lingüísticas, grupos de edad, países en desarrollo), hacia el acceso

universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad (derecho a la paz y justicia

internacional, derecho de intervención para la persecución sin fronteras de dictadores y

genocidas) o hacia una calidad de vida acorde con la dignidad humana (la consecución de

los llamados “los ocho objetivos de desarrollo del milenio”).

-Los derechos a la protección frente a los riesgos de la informática y del ciberespacio.

-Los derechos de “inclusión digital”, esto es, el acceso universal a las TIC, condición

imprescindible para el desarrollo humano en el nuevo contexto de la sociedad de la

información y del conocimiento.

15

-Los derechos relacionados con la bioética o el reforzamiento de la protección de otros

derechos ya consagrados en el texto constitucional: derecho a la salud, a disfrutar de un

medio ambiente adecuado para el desarrollo y disfrute de la persona, etc.

Hemos de ser conscientes también de que vivimos un estado de emergencia de

alcance global, de que el mundo sufre graves desajustes y que muchos de los “ismos” del

pasado están agotados, por lo que no sólo no nos sirven ahora sino que, además, nos

impiden avanzar en la dirección correcta. No se trata del fin de la historia, como se dijo

prematuramente cuando se produjo el derrumbe del sistema soviético, pero sí del

crepúsculo de cierta historia, y también puede que del alba de otra historia. Lo que está

finalizando ante nuestros ojos puede que sea la prehistoria de la humanidad, demasiado

larga, injusta y violenta; hecha de todas las convulsiones y enfrentamientos derivados de

nuestros etnocentrismos cegadores y excluyentes, de todas nuestras identidades

supuestamente sagradas (patrióticas, nacionales, raciales, culturales, religiosas,

ideológicas…).

Las últimas grandes transformaciones experimentadas por nuestras sociedades, el

avance imparable de la globalización, los problemas y crisis globales de la

contemporaneidad nos aconsejan (y también nos obligan) a dejar atrás esa etapa de

división, atomización y enfrentamiento entre territorios, sociedades y Estados. Necesitamos

avanzar en la dirección de una progresiva construcción-integración de la Comunidad

Mundial, conscientes de que nuestro único y verdadero enemigo son los grandes problemas

a que nos enfrentamos como especie, y nuestros principales combates que merecerá la

pena pelear en las próximas décadas y siglos serán científicos y éticos (vencer la

enfermedad, la pobreza, la ignorancia, la injusticia, la violencia y los excesos de todo tipo).

En el contexto de la crisis económico-financiera que nos golpea, y que tanta incidencia

tiene en las condiciones de vida de millones de personas, la CP tiene que entrar también en

escena, contribuyendo a plantear y clarificar una serie de asuntos que, a la hora de llevar a

cabo esta doble y crucial tarea de “revisión-deconstrucción y refundación-reconstrucción” de

nuestras sociedades, podrán ayudarnos a no cometer los mismos errores del pasado. A la

CP le correspondería, por ejemplo, plantear cuestiones como estas:

16

-¿Constituye esta crisis un acontecimiento circunstancial y pasajero, un mero paréntesis

entre dos etapas de crecimiento y riqueza o, por el contrario, es la expresión y

consecuencia de un grave problema estructural y sistémico que venimos arrastrando, de un

modo de vida y de organización de todo el sistema socio-económico que resulta a todas

luces insostenible y, por ello mismo, obsoleto y suicida, y cuyo origen está precisamente en

el exceso y el consumismo patológico, en la búsqueda obsesiva del “cada vez más” y en el

déficit o la falta de una regulación o gobernanza adecuada?

-¿Superaremos la crisis incentivando un modelo de actividad económica basado en el

consumismo sin límites, en la competitividad, en la explotación masiva de los recursos

naturales, en la persecución sin fin de un crecimiento económico incompatible con unos

recursos escasos y con un Planeta que cada vez evidencia más sus límites y finitud?

-¿Se podrá remontar la crisis sin caer en la cuenta de que se trata de un problema de

alcance global y, en consecuencia, requiere también de una solución y una regulación (una

política y una gobernanza) a escala global?

-¿En qué medida la acción colectiva, la movilización cívica y los movimientos sociales, y

a través de formas de actuación tanto convencionales como no convencionales (las

acampadas llevadas a cabo en muchas ciudades españolas por el movimiento “15-M” así

como en otros países), pueden contribuir a encontrar la solución atinada para superar esta

crisis?

-¿En qué medida la crisis está poniendo también en evidencia la fragilidad de nuestras

democracias (incluyendo la de los partidos políticos), sustituyendo a las instituciones

representativas y a la práctica de la deliberación por lo dictados de los agentes financieros o

por el abuso del decretazo en la toma de decisiones? Las emergencias que afectan a

nuestros países, y que exigen urgentes reformas, ajustes y recortes, en modo alguno

pueden justificar la quiebra de la democracia deliberativa y participativa. Sin ésta no es

posible construir proyectos compartidos, legítimos y perdurables. La forma de gobernar y

gestionar los asuntos públicos ha de asumir la complejidad de perspectivas, incorporando la

diversidad de intereses contrapuestos y articulando mecanismos de diálogo y concertación.

-¿En el caso concreto de España, (aunque esta reflexión-propuesta puede ser extensiva

a otros países, e incluso puede ser extrapolable al plano global), acaso no es

17

absolutamente necesario y exigible un entendimiento y consenso entre los dos grandes

partidos de ámbito estatal (PSOE y PP), que haga posible un pacto de Estado, desde la

defensa común del modelo constitucional y de lo que conviene al conjunto de los

ciudadanos?

Por primera vez desde el inicio de la transición, España está navegando sin consenso

en los grandes temas de Estado, y que afectan al núcleo duro de la gobernabilidad de una

comunidad política: modelo territorial, educación, seguridad, relaciones exteriores, etc.

Ahora bien, en estos momentos en los que la gravísima crisis está provocando el

resquebrajamiento de todo un sistema y modelo, y que fuerza a un proceso general de

refundación y de reformas estructurales en los distintos ámbitos de la vida económica,

social, y político-administrativa, la falta de consenso resulta anómalo e intolerable, y como

tal debiera corregirse cuanto antes. Las reformas resultan a todas luces necesarias, y por

ello mismo inevitables; ahora bien, y tendiendo en cuenta que se trata en muchos caos de

reformas estructurales y que afectan a la esencia del sistema, la metodología y el

procedimiento que se está siguiendo es absolutamente equivocado. En lugar de ser

consensuado es impuesto, hegemónico y unilateral.

Es necesario que los dos grandes partidos de ámbito estatal, en torno a los cuales se

agrupa el 80% del electorado, conviertan el concepto constitucional de España, incluyente y

plural, en un punto de encuentro esencial y permanente, más allá de las inevitables

diferencias y desacuerdos. Y no se trata de emprender una segunda transición, se trata

exactamente de renovar el consenso constitucional, la metodología del pacto y la

negociación con el principal objetivo de mejorar nuestro sistema político en todos sus

aspectos. El consenso resulta políticamente necesario y conveniente, además de ser

jurídicamente imprescindible.

El consenso, a diferencia del compromiso que es algo esencialmente coyuntural, es un

acuerdo, un pacto, un contrato fundamental de los ciudadanos, sean cuales sean sus

intereses y sus convicciones ideológicas, respecto a unas grandes decisiones políticas y

respecto también a unas grandes definiciones constitucionales. Y es así como puede

constituirse un Estado, una comunidad política. Consenso y Estado coinciden y, en este

sentido, “el consenso es siempre histórico, y lo es porque expresa la coincidencia histórica

18

de unos intereses y de unas ideologías contrapuestas” (González Casanova: 1991: 476). El

consenso supone tanto un acuerdo moral como político, del que ningún participante puede

desligarse unilateralmente sin graves consecuencias para la convivencia pacífica y para la

estabilidad y éxito político. El consenso supone que todas las partes (en este caso, las

formaciones políticas) tienen que ceder, que recortar sus programas máximos, y aceptar

acuerdos no totalmente satisfactorios para nadie pero, sí, suficientemente satisfactorios

para todos. Así puede formularse, por tanto, la regla de oro de la práctica del consenso:

“aceptar acuerdos no totalmente satisfactorios para nadie pero, sí, suficientemente

satisfactorios para todos”.

Es necesario, pues, practicar o, en su caso, recuperar esa cultura y esa actitud

favorable a la negociación, al pacto y al acuerdo, y desde ahí abordar serena e

inteligentemente cualquier proceso de cambio, reforma o mejora de nuestras instituciones,

siempre y cuando ello demuestre ser necesario. Lo urgente e importante ahora es

aprovechar este escenario de crisis para revisar serena y consensuadamente el conjunto

del sistema, detectar sus fallos y desviaciones, y a partir de ahí corregir, reformar y refundar

la organización y funcionamiento de nuestras sociedades conforme a los nuevos valores y

nuevos escenarios a los que estamos haciendo referencia en este estudio.

Otro reto importante para la CP pasa por la creación de nuevas “tecnologías político-

administrativas” (Brugué y Gomá, 2009: 265), que nos permitan responder mejor a las

nuevas exigencias de gobernabilidad de la sociedad actual. Estas nuevas tecnologías de

regulación y gestión de los conflictos sociales han de posibilitar una nueva forma de hacer

política, donde la participación, el diálogo y la deliberación deben tener un papel

fundamental; una nueva política y una nueva administración más relacional y cooperativa

que ya no se impone unilateralmente por el actor público sino que interacciona, pacta y

busca complicidades. Una nueva política que permita a nuestras democracias

representativas dejar de ser meras democracias de elección –que se limitan a instalar en el

poder a unas personas y a relevar a otras- y nos aseguren una representación mucho más

representativa, esto es, “más compleja, más capaz de recoger la autonomía, la diversidad y

la exigencia de equidad de las sociedades contemporáneas” (Subirats, 2012: 32).

19

Una nueva CP “emprendedora”6 y capaz de inventar nuevas estructuras y

procedimientos, nuevas técnicas y metodologías, y también nuevos términos y conceptos

para explicarla y hacerla operativa (nueva gestión pública, redes, racionalidad deliberativa,

liderazgo representativo, gobernanza democrática como sinónimo de empoderamiento de

las personas y fortalecimiento del capital social, gobernanza territorial entendida como un

nuevo arte de gobernar las interdependencias entre los territorios, regiones, Estados,

continentes…). Por la importancia y difusión que está adquiriendo el paradigma de la

gobernanza, y por ser ya un concepto central dentro de la disciplina, es necesario que la

CP, y sin ningún tipo de afán monopolizador, se ocupe también de estudiar, explicar y

fomentar la práctica de la buena gobernanza en nuestras sociedades.

2.2.3. De qué estamos hablando cuando decimos gobernanza.

Comentábamos anteriormente que nuestras sociedades actuales están sometidas a un

intenso e incesante proceso de cambio y transformación, lo cual está condicionando las

bases y los modos tradicionales de gestionar el conflicto colectivo, tanto a escala local como

estatal e internacional. El poder político, así como sus instituciones formales (parlamentos,

gobiernos, administración pública, poder judicial), experimentan cada vez mayores

dificultades para responder a las distintas formas de complejidad y a la incesante mutación

de los valores sociales, careciendo al mismo tiempo de los recursos suficientes para

gestionar los nuevos issues y para hacer frente a la “sociedad del riesgo”. La gobernabilidad

en estas circunstancias no está garantizada, por lo que la legitimidad del Estado y del

sistema político en su conjunto está en entredicho.

Es en este nuevo contexto de crisis e ingobernabilidad cuando se va abriendo paso una

nueva perspectiva, una nueva y emergente forma de gobernar, basada en la interacción de

diversos actores (públicos y privados) que se relacionan entre sí de manera permanente y

en red, que intercambian recursos, negocian los propósitos y metas comunes y, finalmente,

se comprometen en determinadas políticas públicas y en su implementación. La

gobernabilidad exige la puesta en común e intercambio de recursos (político-institucionales,

6 Es una lástima que para nuestras sociedades el único emprendedor reconocido sea al actor empresarial.

20

cognoscitivos, económico-financieros, tecnológicos, informativos, éticos…) pertenecientes a

distintos actores, a los que es preciso identificar, primero, y convencer, después, de que la

problemática planteada tiene significación social, les afecta e incumbe. La gobernabilidad de

nuestras sociedades depende, en consecuencia, de la capacidad de los gobernantes para

relacionarse con los diversos grupos sociales y para convencerles de la importancia de

hacer suyos ciertos objetivos generales y actuar de conformidad con ello.

Según esta aproximación, la satisfacción a las demandas formuladas por la sociedad

sólo es posible a través de la acción combinada de un conjunto de actores, entre los que

figura ciertamente el actor estatal, pero compartiendo poder, influencia y protagonismo con

los demás. Se produce, así, un replanteamiento de las bases tradicionales del ejercicio del

poder político, surge un nuevo paradigma, según el cual la noción de gobierno, la capacidad

de satisfacer las diferentes demandas sociales, la capacidad para gestionar el conflicto y

generar oportunidades, ya no se atribuye sólo ni especialmente al Estado o al sistema

político en su conjunto, sino a la acción concertada de un conjunto amplio y variado de

actores involucrados. Frente a la centralidad y al monopolio estatal a la hora de articular y

gestionar el interés colectivo, se va imponiendo poco a poco otro modus operandi, menos

gubernamentalista y más asociado con los sectores privado y social, según el cual las

decisiones a adoptar son el producto de la interacción y de las dependencias mutuas entre

las instituciones políticas y la sociedad.

La tarea de gobernar pasa ahora por recuperar la centralidad del ciudadano (integrante

de una pluralidad de formaciones sociales) para convertirse en una actividad del conjunto

social, en una especie de coproducción social-gubernamental, siguiendo para ello la lógica

del reparto de tareas y responsabilidades entre actores públicos y privados, y dentro de un

proceso de interacción e interdependencia constante. El gobernar va a llevarse a cabo

mediante numerosas y cambiantes formas de asociación, consulta y negociación,

generando una sinergia entre gobiernos, organizaciones sociales, centros de conocimiento

e investigación, entidades económicas, movimientos ciudadanos, etc. La nueva manera de

gobernar implica también ahora recuperar, de alguna manera, la larga tradición

corporativista (muy presente muchos países europeos) caracterizada por la influencia

21

ejercida por una amplia constelación de grupos de interés en todos los ámbitos del proceso

de políticas públicas (B. G. Peters, 2000).

Estamos ante un nuevo modelo decisorio, una transformación en los modos de ejercer

el poder político, incorporando actores distintos del estatal en los procesos de formulación e

implementación de alternativas. Un sistema de gobierno que articula y asocia instituciones

políticas, actores sociales y organizaciones privadas en procesos de elaboración y de

aplicación de decisiones colectivas capaces de provocar una adhesión activa por parte de

los ciudadanos. Una nueva y emergente forma de abordar los asuntos públicos, de tomar

decisiones, más inclusiva y participativa, menos jerárquica, a través de la negociación, la

influencia, el compromiso y el pacto entre los distintos actores interesados, y donde cada

uno de los cuales aporta sus habilidades y recursos al conjunto.

Para designar y describir esta nueva y emergente forma en la que las sociedades

actuales adoptan y ponen en práctica las decisiones colectivas relacionadas con la

regulación del conflicto, empezó a ponerse en circulación, y de la mano de diferentes

colectivos (economistas, politólogos, sociólogos, geógrafos, responsables de entidades

económico-financieras, dirigentes políticos), el término inglés governance, traducido en

unos casos por gobernación y en otros por gobierno en red, gobierno relacional o

gobernanza. Sin duda, esta última acepción es la que poco a poco se va introduciendo en el

discurso cotidiano de nuestras sociedades, y la que va prevaleciendo tanto dentro del

análisis politológico comparado como en el conjunto de la literatura especializada.

Pues bien, aquí es donde la CP ha de aportar su teoría y explicación respecto a estas

nuevas formas de gestionar el conflicto y crear oportunidades en el seno de nuestras

sociedades, contribuyendo también a hacer posible esos espacios compartidos de

deliberación en los que se aborden las cuestiones colectivas, creando mesas, consejos,

foros, redes.

2.2.4. Una CP que nos permita una gestión inteligente y responsable del futuro

Estrechamente relacionado con todo lo anterior, yo me atrevería a destacar otra

importante y específica función a llevar a cabo por la CP: la de contribuir a mejorar nuestra

22

relación con el futuro, esto es, nuestra capacidad de planificar el futuro colectivo en términos

de innovación social y de esperanza en la condición humana. La recuperación de la fe en la

capacidad humana de imaginar y construir un mundo mejor, de inventar nuevos modos de

vivir acordes con la naturaleza y dignidad del ser humano, de interrogarse (qué debemos

hacer ante los problemas de la vida, ante los problemas de la supervivencia), rechazando la

actitud del “esperar y ver” así como cualquier tentación que induzca a creer que “no hay

alternativa”, pasa ineluctablemente por superar la lógica y servidumbre de lo urgente y del

corto plazo, asumiendo una gestión inteligente y responsable del futuro, anticipándonos a él,

practicando la esperanza, controlando el destino, oponiendo voluntad y afán superador a

cualquier tentación fatalista o de resignación.

A esta cuestión hace referencia Daniel Innerarity en su libro titulado “El futuro y sus

enemigos” (2009), advirtiéndonos que buena parte de nuestros malestares y de nuestra

escasa racionalidad colectiva se deben al hecho de que las sociedades democráticas no se

relacionan nada bien con el futuro, tanto a nivel individual como colectivo. La lógica de lo

urgente, del corto plazo, del ahora, absorbe todas nuestras energías y desestructura

nuestra relación con el tiempo, subordinado siempre al momento presente. Todo el sistema

político y la cultura en general están volcados sobre el presente inmediato y nuestra relación

con el futuro colectivo no es de esperanza y proyecto, sino más bien de precaución e

improvisación. Las actuaciones se convierten en meras reacciones encaminadas a

gestionar el día a día, olvidándonos de planificar, preparar y proveer el mañana. Siendo los

únicos seres vivos que sabemos que hay futuro, y que éste puede ser mejor o peor

dependiendo de nuestra gestión respecto del mismo, sin embargo vivimos a costa de él, en

una completa irresponsabilidad en relación con él.

El autor considera que a diferencia de las utopías modernas que pensaban el futuro en

términos fundamentalmente de innovación social, la actual retórica del futuro parece haberlo

restringido al ámbito de las innovaciones tecnológicas, de las previsiones de crecimiento

económico y de los mercados expansivos. El hueco dejado por la imaginación del futuro lo

ha llenado la preocupación por el instante, y la propia crisis de la política tiene mucho que

ver con este mal uso que hacemos del futuro, con la incapacidad para gestionarlo y

responsabilizarnos de él. Necesitamos de una política que haga del futuro su tarea

23

fundamental, que defienda la idea de que el mundo puede ser inteligible y configurable, es

decir, gobernable. Una política entendida como configuración y diseño, como fuerza de

innovación y transformación, como esperanza y conocimiento proyectado hacia un futuro

que ni está escrito ni decidido. Necesitamos, en fin, construir una teoría de la justicia

intergeneracional, para garantizar las condiciones de habitabilidad de las generaciones

venideras, evitando así “hipotecar el futuro y convertirlo en el basurero del presente”

(Innerarity, 2009: 14).

En su opinión, si las sociedades actuales quieren asegurar su supervivencia y bienestar,

están obligadas a incluir cada vez más el futuro en sus cálculos, diseños y programación.

Un futuro que se presenta, ciertamente, complejo, desafiante y opaco pero no por ello

susceptible de ser configurable y programable. El futuro es algo que se puede imaginar y

construir, algo que depende de nuestras decisiones y compromisos colectivos. A la política

corresponde, precisamente, esa tarea de configurarlo, gobernarlo, luchando contra el

destino y transformando la fatalidad en responsabilidad.

2.2.6. La CP ante la era digital y el ciberespacio: su contribución al uso y gobierno de

las nuevas tecnologías.

La era digital se ha instalado definitivamente entre nosotros, y está transformando de

manera profunda nuestra sociedad. Se habla de cambio de época, de un mundo totalmente

transformado. Como cada revolución tecnológica –y esta es además de gran alcance y

calado- suscita miedos, incertidumbres, conflictos, desajustes, vacíos normativos,

amenazas. Pero también crea esperanzas y genera nuevas potencialidades, posibilidades y

oportunidades.

¿Cómo reaccionar ante estos cambios? A mi juicio, es necesario llevar a cabo un

análisis crítico, tanto de estas amenazas como de estas oportunidades. Un análisis que nos

permita apropiarnos y manejar las nuevas tecnologías, las TIC, con eficacia, con sobriedad

y prudencia, y sin caer ni en la tecnofobia recalcitrante ni en el fetichismo tecnológico. Un

ejercicio crítico, capaz de promover una nueva pedagogía social respecto de la producción y

uso de los medios. No basta con “adaptarse al cambio”; ni es suficiente tampoco con

24

prepararnos para el manejo de las nuevas herramientas o los nuevos lenguajes. Lo que se

plantea es mucho más exigente y radical, y pasa por comprender y controlar, por dominar y

gobernar las nuevas fuerzas de los medios y de la comunicación. Hemos de ser

protagonistas (no meros espectadores o cronistas) de la revolución tecnológica. Sólo así,

las potencialidades y promesas de la Era Digital podrán convertirse en realidad.

En el ámbito de lo político, y considerando la política en su triple dimensión (estructura,

proceso y resultados), podemos constatar esa capacidad para apropiarnos y manejar las

nuevas tecnologías con eficacia y con sobriedad. Hasta tal punto que nos está posibilitado

un gobierno y una democracia electrónica (la teledemocracia), susceptible todavía de

muchas mejoras. Con la incorporación de las TIC a las Administraciones Públicas,

entendidas éstas en su sentido más amplio, se están consiguiendo muchas mejoras en la

gobernabilidad de nuestras sociedades. Así, y a modo de ejemplo, podemos citar estas

ventajas:

-Favorecer la consolidación, primero del enfoque de la nueva gestión pública o

gerencialismo, y después de la llamada gobernanza democrática, alejados ambos del

modelo weberiano y preocupados por la consecución de resultados, la innovación, la mejora

continua, la consideración del ciudadano como actor activo y participante (stakeholder).

-Facilitar que llegue mucha más información al ciudadano.

-Mejorar la accesibilidad de la Administración.

-Propiciar la participación, la interacción, la realimentación, mejorando así el

funcionamiento del Sistema Político en su conjunto.

-Favorecer la construcción de una sociedad más libre, con más criterio, con más

capacidad de elección.

-Mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios (pensemos en la

telemedicina o la educación a distancia, que elimina desigualdades, obstáculos físicos…).

-Favorecer la transparencia, la claridad en la gestión de los asuntos públicos,

aumentando así las posibilidades reales de combatir la corrupción.

-Favorecer la rendición de cuentas (accountability) por parte de los gestores de los

servicios públicos.

25

Como se señalaba anteriormente, la condición necesaria para que la era digital resulte

beneficiosa para la condición humana pasa por asegurar la gobernanza de la sociedad de la

información, una gobernanza que implica coordinación, control y gobierno:

-Un gobierno que regule las infraestructuras necesarias para el buen funcionamiento de

los medios (que decida y gestione los dominios y extensiones, servidores raíz en el

ciberespacio).

-Un gobierno que proteja al netizen, esto es, al habitante del ciberespacio, evitando así

que esta nueva tecnología sea un elemento alienante y generador de opresión.

-Un gobierno que convierta esa realidad virtual, ese espacio y medio relacional y de

interacción, en un soporte social útil, en un instrumento facilitador y enriquecedor de las

relaciones humanas, un medio capaz de crear opinión pública y movilización a nivel

planetario.

-Un gobierno que supervise los contenidos conforme a un código ético (Consejos

Audiovisuales).

-Un gobierno que ayude a crear conciencia y posibilite el derecho de “inclusión digital”,

esto es, el acceso universal a las TIC, condición imprescindible para el desarrollo humano

en la actualidad.

-Un gobierno que regule y controle esos procesos imparables de concentración

multimedia y multinacional, evitando que se conviertan en instrumentos de los grandes

grupos económicos.

-Un gobierno que promueva nuevas fórmulas de comunicación capaces de compensar la

emergencia de ese periodismo de inmediatez, acrítico y superficial.

Pues bien, aquí es donde queremos una vez más encontrarnos con la CP, llamada a

contribuir activamente a la utilización de las ventajas y herramientas de la era digital y del

ciberespacio, a la vez que contribuyendo al gobierno y regulación de las nuevas

tecnologías, evitando así todo tipo de desprotección y vulnerabilidad de los ciudadanos

frente a las mismas.

3. La CP y el gobierno del mundo: su contribución a la instauración de un sistema

político-institucional capaz de garantizar la gobernabilidad democrática global.

26

El modelo de orden internacional establecido tras la paz de Westfalia (1648),

caracterizado por el principio de soberanía territorial y por la idea de un mundo compuesto y

dividido por Estados independientes, que no reconocen ninguna otra autoridad soberana, se

está desmoronando. El proceso de globalización y de integración continental en curso, del

que la Unión Europea constituye una de las manifestaciones más avanzadas y modélicas,

nos descubre que estamos justamente atravesando el umbral de una nueva era, la era

postwesfaliana y postestatal, la era global y postinternacional (M. Albrow, 1996). Tal como

señala F. Sosa Wagner (2006), la hora de los nacionalismos y del Estado nacional

tradicional “va camino de su definitivo reposo en el cementerio donde yacen los cadáveres

que va dejando la Historia”. Y, precisamente, por todo ello hay que ser consciente de que ha

llegado la hora de redefinir y reubicar la institución estatal en el nuevo contexto de una

comunidad mundial avocada a la integración; un Estado que, debido a las grandes

transformaciones experimentadas en la época actual, sufrirá una profunda mutación, tanto

en sus principios como en su naturaleza y funciones.

El momento actual demanda, y sin demora, un modelo de organización política mundial,

un modelo capaz de compatibilizar las distintas identidades locales y estatales, en armonía

con las exigencias de la interdependencia, la integración y la mundialización. Necesitamos

de un sistema político-institucional capaz de garantizar la gobernabilidad democrática

global, un modelo de gobierno plural y multinivel, que nos ayude a definir qué es lo que en

adelante corresponderá a cada nivel o esfera de gobierno (el local, el regional, el estatal, el

supraestatal y el mundial), utilizando para ello diferentes criterios de asignación de

competencias: autonomía, subsidiariedad, proporcionalidad, eficiencia comparada, etc.

Necesitamos de un principio político capaz de favorecer y posibilitar un proceso de

autointegración activa y gradual de los Estados singulares en una dependencia práctica

continental y mundial. Necesitamos, en fin, y como consecuencia de todo lo anterior, una

nueva ciencia política para la era y la sociedad global. Una CP entendida como ciencia y

también como arte, y capaz de suministrarnos nuevos paradigmas y modelos de

arquitectura e ingeniería político-institucional para no fracasar en la colosal tarea de

construcción de la politeya mundial.

27

Tras lo expuesto anteriormente parece razonable considerar esta propuesta ante todo

como un ejercicio de coherencia, esto es, como un requerimiento pragmático y como la

respuesta teórica y político-institucional más apropiada a las características de un mundo

enfrentado a graves problemas y crisis de alcance global, y de un mundo progresivamente

unificado por efecto de la globalización, por la intensificación y aceleración de los procesos

de comunicación e interdependencia económica, cultural y política a escala planetaria,

propiciados sobre todo por el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías. En otras

palabras, los hechos parecen avalar la conveniencia de enfocar nuestra interpretación del

mundo, así como su gobernabilidad, desde una perspectiva global y cosmopolita, acorde

con el propio proceso de globalización-cosmopolitización general del mismo. Y, en este

sentido, esta exigencia y esta propuesta de gobernabilidad democrática global es algo más

que un mero ejercicio de curiosidad intelectual. Es una condición de viabilidad, éxito y

supervivencia de la humanidad como especie.

Sí, ha llegado el momento en el que el asunto relativo a la Gobernabilidad

Democrática Global (GDG) tiene que ser politizado, es decir, convertirlo en tema de

discusión y análisis por parte de nuestras sociedades, concienciarse de su urgente

necesidad y a partir de ahí incorporarlo a las agendas públicas y adoptar las decisiones

vinculantes pertinentes para el conjunto de la humanidad. Y todo ello sin olvidar la

advertencia de D. Held (2005) cuando dice que una cosa es bien cierta: que el Estado

moderno no se construyó en una generación, por lo que no debemos esperar que

transformaciones mayores e igualmente importantes, como el proyectado gobierno mundial,

lleven menos tiempo.

3. 1. Las razones y los objetivos de la propuesta

Junto a las grandes transformaciones experimentadas por la humanidad en las últimas

décadas, y que en su conjunto afectan tanto al orden económico como político, social o

cultural, produciendo esas turbulencias y desajustes7, es necesario hacer referencia también

7 A. Maalouf (2009), y en este mismo orden de cosas, hace referencia a los graves problemas, desajustes y emergencias que afectan al mundo y que se concretan principalmente en el ámbito intelectual, financiero, climático, geopolítico y ético.

28

a otra cuestión que tiene mucho que ver con el estado actual del mundo. Me refiero a los

grandes problemas o crisis globales de la contemporaneidad. La existencia de esta agenda

global significa que, si bien hace apenas unas décadas casi todos los problemas a los que

se enfrentaba el ser humano tenían un alcance, dimensión y tratamiento básicamente

estatales, en la actualidad hay que reconocer que ese mundo ya no existe, y que la suerte y

bienestar de los ciudadanos y de la humanidad en su conjunto se juega cada vez más en un

escenario globalizado.

Las insuficiencias del Estado son evidentes respecto a una serie de cuestiones que ya

ocupan un lugar destacado en la agenda actual de la humanidad. Han sobrevenido

problemas y desafíos nuevos que a semejanza de los fenómenos meteorológicos, esto es,

como si de vientos, temporales y turbulencias atmosféricas se tratase, se desplazan a gran

fuerza y velocidad, ignorando las fronteras nacionales y desbordando las capacidades y

recursos de los Estados que se sienten inermes para afrontarlos satisfactoriamente. Son los

llamados problemas globales de la contemporaneidad8, y que ya podemos identificar, como

es el caso de la destrucción del medio ambiente y el consiguiente cambio climático; la

explosión demográfica, el hambre, la miseria, las pandemias y la exclusión para muchos

millones de seres humanos, lo que provoca esas avalanchas y flujos migratorios masivos

que no cesan; la amenaza de las armas de destrucción masiva, junto con el terrorismo, los

fundamentalismos y crimen organizado; la conculcación de los derechos y libertades

fundamentales, a lo que se suma la corrupción y el despotismo de muchos gobiernos

nacionales; la ausencia de un control o regulación efectiva sobre las nuevas tecnologías y

los descubrimientos científicos; la crisis económica y financiera que se extiende a todo el

planeta; la insuficiencia energética, etc9.

Una de las características de esta problemática global es que muchas de ellas guardan

una estrecha relación, reforzándose mutuamente, escapando del arbitrio o control del poder

8 Muchos de estos problemas son consecuencia del propio desarrollo de las sociedades y crean situaciones de peligro y riesgo global. Surge así esa sociedad del riesgo, en cuyo seno se va a producir precisamente “una presión para la colaboración a gran escala”, para la creación del gobierno mundial (Beck, 2005: 37).9 Fernando A. Iglesias (2006: 20) resume esta problemática, a la que él denomina “crisis civilizatoria de la humanidad”, en cinco dimensiones o cuestiones globales: las crisis económica, ecológica, demográfica, de pérdida de control sobre la tecnología y descubrimientos científicos y, finalmente, del control y monopolio de la violencia.

29

democrático y generando potenciales situaciones de riesgo o catástrofe global. Y claro, los

Estados-nación son, “en el mejor de los casos, testigos impotentes ante ellas” (Iglesias,

2006: 25). Por otra parte, la agudización temporal del cambio (su aceleración), así como su

extensión planetaria (su globalización), hacen que sea imposible prever las formas que

adoptarán en un futuro más o menos inmediato la vida individual y colectiva. Una cosa sí

parece cierta: en poco tiempo, el mundo en el que vivimos se asemejará muy poco al que

conocemos ahora. Los avances científicos y tecnológicos abren un abanico formidable de

posibilidades y logros, pero también de escenarios y riesgos aterradores. Todo esto lleva a

pensar que las circunstancias del hombre sobre la Tierra nunca han sido tan contradictorias:

hemos incrementado enormemente nuestra capacidad de dominio sobre la naturaleza pero

al mismo tiempo nuestra percepción de inseguridad e indefensión cada vez es mayor.

Nunca hemos sido tan poderosos, prósperos y desarrollados como en la actualidad, pero

nunca hemos sido también tan impotentes y temerosos respecto de nuestras propias

creaciones.

¿Acaso no constituye un ejercicio elemental de coherencia intelectual y de sentido

común considerar que la solución a este estado de cosas (un mundo amenazado por las

crisis globales, interdependiente y unificado tecno-económicamente) pasa por la

implantación de un sistema político-institucional de alcance global? Necesitamos gobernar

la globalización, esto es, asegurar el gobierno de un mundo globalizado, lo que implica entre

otros requisitos empezar a revisar nuestros conceptos, paradigmas e imaginarios

tradicionales, sustituyéndolos por otros más acordes con esta sociedad global emergente.

Está claro que del conjunto de circunstancias y factores que aconsejan una gestión

global concertada, una autoridad mundial, unos constituyen una constante a lo largo de la

historia (la paz, la seguridad colectiva, la justicia universal) y otros son consecuencia de las

grandes transformaciones experimentadas por la humanidad en las últimas décadas (las

crisis globales, el surgimiento de un mundo global e interconectado, clara insuficiencia de

las instituciones políticas estatales e internacionales). En todo caso, pueden ser agrupados

en tres grandes apartados: la seguridad humana, el acceso a la economía global y el

desarrollo humano. La consecución y logro de estos objetivos es lo que puede y debe

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motivar y movilizar a las distintas sociedades humanas a favor de la Gobernabilidad

Democrática Global (Capdevila et ali, 2007).

La seguridad humana probablemente sea la motivación más fuerte para todos los

países, pero lo es sobre todo para los más desarrollados, que son por otra parte los que

más resistencia presentan a la hora de modificar el sistema internacional. Ellos son

conscientes de que determinados problemas, como las corrientes migratorias, el terrorismo,

las pandemias, los efectos del cambio climático, etc. exigen el establecimiento de un

sistema de gobernabilidad mundial. Si el actual sistema de Naciones Unidas se creó con la

finalidad principal de evitar para las generaciones futuras la tragedia de la guerra y

destrucción mutua, los países (principalmente los desarrollados) deberían ser capaces, más

de sesenta años después, de renovar su compromiso bajo una nueva fórmula que les

prevengan no sólo de las guerras sino de otras formas de violencia y destrucción. La

historia de la humanidad indica que las grandes transformaciones de los modelos de

gobernabilidad se han producido tras graves conflictos, crisis o acontecimientos

devastadores. La creación de la Sociedad de Naciones, primero, y de las Naciones Unidas,

después, o de la propia Unión Europea, prueban esta aseveración.

Otra de las grandes motivaciones que sustentan esta reforma está relacionada con la

voluntad y expectativas de determinados países en vías de desarrollo de garantizarse un

acceso a la economía global, en igualdad de condiciones con las economías desarrolladas.

Para estos países, entre los que se encuentran los actualmente tipificados como

emergentes (del que forma parte el grupo BRIC, integrado por Brasil, Rusia, India y China),

la posibilidad de establecer un modelo de gobernabilidad que les asegure un peso más

proporcionado en las instituciones que regulan la economía global, constituye una fuerte

motivación para sumarse y apoyar la reforma. Finalmente, la posibilidad de alcanzar

mayores cotas de desarrollo humano (garantizando, por ejemplo, la consecución de los

llamados “objetivos de desarrollo del milenio”) en las áreas más pobres del planeta

constituiría el tercer gran motor para hacer posible la reforma y el tránsito hacia una GDG.

Es razonable suponer que bajo un sistema de gobierno global equitativo, representativo y

democrático, el reparto y acceso a la riqueza así como la consecución del desarrollo

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humano integral serían más factibles, lo que beneficiaría especialmente a los países menos

desarrollados.

3. 2. Las funciones o competencias del gobierno global

En esta crucial tarea de identificar y asignar las tareas que corresponderían al gobierno

mundial nos será de gran utilidad, y tal como se señalaba en otro apartado de esta

exposición, la teoría, los principios y la metódica federalista, capaz de conciliar la unidad y la

diversidad, el autogobierno y el gobierno compartido en el marco de una realidad mundial

plural, compleja y multinivel. Entre esos principios federalistas destaca el de subsidiariedad,

el cual establece que las sociedades políticas se construyen de abajo arriba, atribuyendo

competencias, tareas y recursos partiendo siempre del nivel más próximo al ciudadano,

siguiendo para ello un sentido ascendente; conforme a ello, habrá que convenir que al nivel

global-mundial sólo se le atribuirán aquellas tareas (poderes o competencias) que

desbordan la capacidad o dimensión de los niveles inferiores (el local, el estatal o el

continental).

Estas funciones y competencias están estrechamente relacionadas con las grandes

transformaciones experimentadas por la sociedad internacional, así como con los grandes

problemas, crisis y desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad en la hora actual; y

lo están también con los grandes objetivos y razones que guían dicha propuesta. En todo

caso, es necesario hacer un esfuerzo de concreción y ocuparse –aunque todavía de

manera exploratoria- de cuáles deberían ser las funciones o competencias que

corresponderían a este poder político mundial. En el momento actual, y aplicando

rigurosamente el criterio de subsidiariedad, se pueden apuntar como funciones o tareas

imprescindibles del nivel global las siguientes10:

-La garantía de paz entre los Estados y pueblos de la Tierra, incluyendo la

prevención de conflictos, ya sean internacionales o intranacionales.

10 El conjunto de estas funciones guarda, ciertamente, estrecha relación con los veinte problemas globales identificados por D. Held (2005: 36), o también con los llamados “objetivos del Milenio” fijados por las Naciones Unidas para el horizonte de 2015.

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-La progresiva universalización y garantía de los derechos y libertades

fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las

NNUU.

-La defensa de la Tierra, de los bienes comunes de los pueblos, del patrimonio

de la Humanidad.

-La lucha contra la degradación ambiental del planeta.

-El desarrollo económico de los países más pobres, incluyendo la creación de

mecanismos de redistribución de la riqueza a nivel mundial, avanzando así hacia la creación

de un estado de bienestar global.

-El establecimiento de unos estándares laborales mínimos para todos los países

del mundo.

-La regulación del comercio internacional.

-La regulación de los mercados financieros internacionales.

-La regulación del uso de las nuevas tecnologías a escala planetaria, tanto las de uso

militar como civil, y cuya utilización puede entrañar serios peligros para el bienestar y la

supervivencia del planeta (armas de destrucción masiva, biogenética, ciberespacio…).

-La gestión de los recursos energéticos del planeta, a fin de compatibilizar

sostenibilidad con suficiencia respecto al abastecimiento de todos los países.

-La gestión de los flujos migratorios.

-La lucha contra el terrorismo internacional.

-La garantía de la diversidad cultural y el diálogo entre civilizaciones.

-La defensa y promoción de valores y prácticas cosmopolitas encaminada a

crear conciencia de esa pertenencia a la gran familia humana, con la que se comparten

intereses y destino común.

3. 3. El modelo europeo de gobernanza multinivel y la gobernabilidad democrática

global.

A la hora de justificar y fundamentar esta idea y propuesta de un gobierno mundial no

se puede ignorar una importante cuestión con la que, ciertamente, guarda una estrecha

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relación y que merece una consideración aparte. Me refiero al modelo europeo, a la

importancia de la experiencia integradora europea (en su método y en sus logros) respecto

del proyecto de construcción política mundial. En efecto, la contemplación de la experiencia

europea del siglo pasado, tanto en su desastrosa primera mitad caracterizada por un

rabioso nacionalismo y la división, como en su segunda mitad caracterizada por la opción

integradora y supraestatal, es de excepcional importancia para comprender la situación de

una sociedad mundial que comienza a enfrentar similares problemas y desafíos.

Europa fue escenario en el siglo XX de la guerra civil cosmopolita más terrible de la

historia, pero fue también el máximo experimento de la construcción del ideal cosmopolita

de paz perpetua, constituyendo en estos momentos el mejor laboratorio de un futuro orden

cosmopolita. Pionera en el proceso de creación del Estado-nación, Europa está marcando

también ahora la senda de su ocaso y reconversión, lo que desde el punto de vista de la

construcción del sistema político mundial aporta un valor y un argumento demostrativo muy

potente. En este sentido tiene mucha razón Fernando A. Iglesias (2006: 36), cuando afirma

que “nada mejor puede ocurrirle al mundo que parecerse a la Europa que nació en 1950, y

nada peor que seguir el camino de la que le precedió”.

Ciertamente, en estos momentos Europa puede ser el paradigma y el modelo a

seguir. Una especie de esbozo y anticipo de ese “fin de la Prehistoria de la humanidad”, un

ejemplo de una utopía que se cumple, una prefiguración plausible de lo que podría ser el

día de mañana una humanidad reconciliada, una y diversa. Un auténtico laboratorio en esta

etapa crucial de la humanidad. Algunas de las razones nos las proporciona Amin Maalouf

(2009: 21):

“Porque cuando recorro con la vista las diversas regiones del globo es

precisamente Europa la que menos me preocupa. Porque me da la impresión de que

calibra mejor que las demás la amplitud de los retos a los que tiene que enfrentarse

la humanidad; porque cuenta con los hombres y con las entidades necesarias para

tratar el tema eficazmente y, de este modo, aparejar soluciones; porque implica un

proyecto de agrupación y un marcado desvelo por la ética…”

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¿En efecto, será también Europa la que ahora, y de la misma manera que lo hizo en

épocas anteriores, señale el camino a seguir por la humanidad en esta situación de

encrucijadas, desafíos y promesas? ¿Será Europa la que, a través de su innovadora y

múltiple experiencia de integración supraestatal, de descentralización intraestatal, de

gobernación multinivel, de su opción por el multilateralismo, la concertación y el diálogo,

proporcione y nos haga vislumbrar e intuir el nuevo modelo de organización política que

conviene al Planeta?

Epílogo

Tras esta breve reflexión acerca de la incidencia de la CP en la agenda actual de

nuestras sociedades, no debiera parecer exagerado proclamar la hora de la disciplina

politológica, así como su indiscutible relevancia y utilidad social; una disciplina que, tras un

difícil y complejo proceso de autonomía, institucionalización y profesionalización a lo largo

del siglo pasado, está plenamente consolidada y lista para afrontar con solvencia los retos

del siglo XXI. Una CP crítica y atrevida, propositiva e innovadora; en suma, una ciencia

política para la era global, para esa emergente politeya mundial y para una Humanidad

reconciliada.

Siendo cierto que nuestras sociedades no pueden vivir sin la política, nadie deberá

dudar ya de la necesidad y utilidad de nuestra disciplina; los politólogos deberemos ocupar

un lugar más central y relevante, y nuestra actividad docente, creativa e investigadora habrá

de tener mucho más reconocimiento y difusión. Pienso que ha llegado el momento de

aportar nuestro conocimiento y consejo a la ciudadanía, a los gobernantes y a los demás

actores relevantes de la sociedad; de asumir esa función de emprendedores en el ámbito

sociopolítico e institucional, y tanto en el nivel local como estatal, supraestatal y global;

pienso que ha llegado el momento también de habituarnos a hablar más de “ciencia política”

en nuestras vidas cotidianas y en los centros académicos, y a debatir y reflexionar algo más

no sólo sobre la naturaleza de nuestra disciplina, sino también acerca de su grado de

presencia e impacto en unas sociedades que experimentan en la actualidad un alarmante

déficit de gobernabilidad. Pienso, por último, que ha llegado el momento de preguntarnos

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por nuestras responsabilidades éticas en esta emergente nueva etapa histórica –la era

global- y cuál debe ser nuestra contribución a esa tarea primordial de la humanidad de

dirigir el proceso de evolución sobre la Tierra, orientándolo por la vía del

perfeccionamiento, y derrochando en ello dosis de racionalidad y humanismo sin

límite.

Argimiro Rojo Salgado

Breve Currículum Vitae:

E-mail: rojo@uvigo.es

Web: http://webs.uvigo.es/rojo

Teléfono: +34 986 812437

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Profesor Jean Monnet y Director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Filosofía de la Universidad de Vigo (recientemente ha sido elegido Presidente del Tribunal de Garantías (Defensor Universitario) de dicha Universidad. Cursó estudios de Ciencia Política y de Sociología en la Universidad Complutense (Madrid), y de Federalismo en el Centre Universitaire d’Etudes Fédéralistes (Aosta, Italia). Su actividad investigadora se ha centrado preferentemente en temas relacionados con el galleguismo, el regionalismo, el federalismo, la Unión Europea, el fenómeno eurorregional y, por último, la crisis del Estado-nación, la gobernanza global y la cosmopolítica. Dicha actividad, compaginada con una larga trayectoria docente en cursos de grado y posgrado, ha transcurrido mayoritariamente en la UVIGO, pero también en la USC, en la Complutense y en diversos centros universitarios europeos, principalmente en Bélgica, Francia e Italia.

Entre sus publicaciones pueden señalarse: A federación de mocedades galeguistas; O galeguismo a través dos seus textos e documentos políticos; La regionalización del Estado en la Europa Comunitaria; Las ventajas y posibilidades de la autonomía política; La exigencia de participación regional en la Unión Europea; El modelo federalista de integración europea: la Europa de los Estados y de las Regiones; Movilización regional y emergencia de un sistema de gobernación multinivel en la Unión Europea; A Gobernanza na Eurorexión Galicia-Norte de Portugal; A Gobernanza metropolitana; La experiencia del Estado regional en Europa: un referente para el caso español; Globalización, integración mundial y federalismo; Una aproximación politológica al fenómeno euroregional; Global governance and political science; World government and federal theory; La riforma in senso federalista del modello spagnolo delle autonomie; su última publicación ha sido Las consecuencias de la cooperación-integración transfronteriza: ¿vamos hacia la refundación de Europa?”, Madrid, 2011.

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Además de contar con una larga trayectoria como conferenciante en distintos foros académicos y culturales, ha venido siendo a lo largo de más de tres décadas colaborador habitual en diarios de ámbito gallego ( "Faro de Vigo", "La Región"…); ha sido asesor en la pasada legislatura del Parlamento de Galicia en temas de acción exterior y relaciones con la UE; es miembro del Consejo de Redacción y del Comité Científico de diferentes publicaciones de ámbito nacional e internacional, y evaluador de publicaciones del Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP); es miembro y/o investigador principal de varios proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, y miembro de instituciones científicas y académicas de ámbito nacional e internacional; recientemente ha sido invitado para formar parte como miembro fundador de la Global Governance Network.

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