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LA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA HACIA LA BÚSQUEDA DE MEDIOS DE VIDA

RURALES SOSTENIBLES: EL CASO DE LA MANCOMUNIDAD

LA MONTAÑONA1

Ileana Gómez Margarita García

Silvia de Larios Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA)

3ª. Calle Poniente No. 3760, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. C.P. 01-440

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1 El presente artículo corresponde al informe final de un proyecto que contó con el apoyo técnico y financiero del Fondo Mink'a de Chorlaví (www.FondoMinkaChorlavi.org). El Fondo es auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID, Canadá), la Organización Intereclesiástica de Cooperación al Desarrollo (ICCO, Holanda) y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP).

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RESUMEN EJECUTIVO Esta sistematización pretende aportar lecciones y reflexiones en torno a la búsqueda de una gestión territorial participativa en un territorio dado. La Mancomunidad La Montañona es un territorio de 335 Km2 que aglutina a siete municipios pertenecientes al departamento de Chalatenango los cuales comparten un macizo montañoso, en su mayoría es población rural cuya actividad principal es la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva. El caso destaca el desarrollo de un nuevo tipo de institucionalidad territorial orientado a la protección de recursos naturales críticos para la población habitante de los siete municipios que la componen. Este desarrollo institucional ha sido el fruto de diversas búsquedas sociales, a partir de las cuales se han formado comités, alianzas y redes sociales para la gestión ambiental coincidiendo con el período de reconstrucción de la posguerra, en el cual se produce una ebullición organizativa que llega a ser canalizada por los proyectos de desarrollo rural y reconstrucción. Los gobiernos municipales se incorporan a ese proceso conformando la Asociación o Mancomunidad de Alcaldes de La Montañona, una figura institucional pionera en las zonas rurales de El Salvador. La asociatividad permite a los alcaldes la ejecución de proyectos comunes, la creación de una nueva percepción del territorio compartido y la puesta en práctica de una forma de gobierno pluralista, que puede rebasar las diferencias partidarias entre los gobiernos locales. Todavía se trata de un desarrollo institucional experimental que ha sido muy autónomo en términos de las formas de relación entre actores y ejecución de acciones. Aunque va encontrando sus propios caminos el proceso está sometido a muchas incertidumbres, la falta de apoyo estatal y el reducido presupuesto de las alcaldías lo hace altamente dependiente de los proyectos financiados por la cooperación internacional; el cambio de alcaldes, debido a los períodos electorales altera la continuidad del liderazgo político; y todavía no se consolidan los referentes sociales al nivel territorial. Aunque va dando lugar a la generación de la planificación territorial orientada a la protección de recursos y mejoramiento de medios de vida. Con ese objetivo se va complejizando la estructura de Asociación de Municipios, se crea la Unidad Técnica, a la que se le suma la formación de una Mesa de Apoyo, interlocutor y ente consultivo ante la asociación de Alcaldes. Tanto la Unidad Técnica como la Mesa de Apoyo son espacios que promueven la coordinación de proyectos de envergadura territorial, de manera que no se produzcan intervenciones dispersas y en cambio se orienten al desarrollo territorial. Al desarrollo institucional alcanzado se contrapone la ausencia de alternativas para la transformación productiva. Chalatenango sigue siendo un territorio marginado de las políticas nacionales de desarrollo, ahora orientadas a la optimización de la conectividad y la atracción de inversiones en la zona oriental del país. La falta de una agenda de transformación productiva en el territorio es un reclamo constante de las comunidades, y un reto no sólo para la Asociación del Alcaldes sino para el gobierno central, actor imprescindible de la transformación productiva.

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Se considera que la experiencia analizada muestra un proceso de construcción social de un territorio a partir de la revisión de tres elementos: Identidad, Institucionalidad e Instrumentos de gestión territorial. Y los detonantes del proceso están fuertemente identificados con la construcción social que buscan intervenciones estratégicas que permitan desarrollar las potencialidades territoriales. En resumen, esta experiencia permite identificar que elementos necesita continuar reforzándose para lograr una gestión territorial participativa incluyendo medios de vida sostenibles, y también da lecciones de cómo está institucionalidad está permitiendo avanzar hacia esa gestión territorial. PALABRAS CLAVE Estrategias de Medios de Vida, Identidad Territorial, Gestión Territorial Rural, Fortalecimiento Institucional, Redes Sociales, Activo, Asociación Mancomunal.

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TABLA DE ACRÓNIMOS ACE Asociaciones Comunales para la Educación ADEL Asociación para el Desarrollo Local ADESCO Asociación de Desarrollo Comunal ARENA Alianza Republicana Nacionalista ASECHA Asociación Ecológica de Chalatenango CACH Comité Ambiental de Chalatenango CDE Concejo Directivo Escolar CEPAL Comisión Económica para América Latina CID Cooperación Internacional para el Desarrollo CND Comisión Nacional de Desarrollo CODEM Comité de Desarrollo Municipal CORBELAM Comité Representativo de Beneficiarios de La Montañona CORDES Fundación para la Cooperación y Desarrollo Comunal de El Salvador COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación DFID Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional EDUCO Programa de Educación con Participación de la Comunidad FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FUNDAMUNI Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador FUNPROCOOP Fundación Promotora de Cooperativas MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MVS Medios de Vida Sostenible ONG Organización No Gubernamental PADEMA Plan Departamental de Manejo Ambiental PDL Programa de Desarrollo Local PNODT Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial PRISMA Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio

Ambiente PROCHALATE Programa de Desarrollo Rural en el Departamento de Chalatenango PROVIDA Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PTT Programa de Transferencia de Tierras SIBASI Sistema Básico de Salud Integral SNET Servicio Nacional de Estudios Territoriales UAPM Unidad Ambiental de Producción y Manejo de Sostenible de los

Recursos Naturales UTF Unidad Técnica Facilitadora

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METODOLOGÍA Esta investigación ha empleado la metodología cualitativa que por sus características ayuda a comprender y a analizar el objeto de estudio con mayor profundidad ya que parte de la realidad construida por diferentes actores, que son la base para la reconstrucción y la interpretación, permitiendo conocer la percepción que los sujetos tienen de su realidad. Las herramientas empleadas permiten recoger la información oportuna para el análisis al mismo tiempo se puede participar en las actividades de las comunidades, logrando una riqueza informativa y la posibilidad de indagación de problemas potenciales, al mismo tiempo se gana en flexibilidad y accesibilidad a información no observable. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes herramientas:

a) Análisis documental: recopilación de información secundaria y documentación sobre conceptos claves y marcos teóricos para el análisis: medios de vida, gestión del territorio, descentralización (65 documentos revisados); de igual manera se hizo una revisión de programas y políticas sectoriales para tener la visión macro y relacionarlo con el territorio.

b) Entrevista semi-estructurada con actores e informantes clave: las entrevistas se realizaron a organizaciones tanto de la zona como de instituciones que intervienen en ella, siendo estas: representantes de la diócesis, Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), Asociación de Desarrollo Local (ADEL), Comisión Nacional de Desarrollo (CND); también se entrevistaron a actores testigos del proceso como representantes de la Mancomunidad La Montañona y el Comité Ambiental de Chalatenango.

c) Diagnóstico participativo: se realizaron 10 talleres con la representatividad de la población a través de convocatorias dirigidas a grupos de interés (1 para facilitadores locales, 1 para comunidad La Montañona, 1 en cada municipio y 2 en Chalatenango) con el propósito de obtener información sobre sus estrategias y medios de vida de las comunidades a través del marco de medios de vida promovido por el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID); estos talleres se diseñaron en dos fases: 1. presentación del marco incorporando la visión de gestión de territorio; 2. trabajo grupal utilizando diagramas de Venn y matrices de doble entrada en base a preguntas generadoras de discusión y análisis. Con la realización de estos talleres se logró ampliar su concepto de pobreza e identificar los activos que les permitiera mejores estrategias de medios de vida a partir de un manejo sostenible de los recursos naturales y del territorio.

d) Observación/participativa en la evolución del proceso: se ha participado en los diferentes espacios en que se discute la dirección estratégica de la gestión del territorio manteniendo reuniones de trabajo con la Unidad Técnica, la Junta Directiva de la Mancomunidad, la Mesa de Apoyo y recientemente en el Equipo Ampliado de Ordenamiento Territorial. Estas reuniones permiten la retroalimentación de visiones y definición de actividades para el proceso mismo del ordenamiento territorial; se ha dado insumos, aportes, preparación de material para éstas reuniones. Actualmente se tiene una coordinación bastante fluida entre estos espacios permitiendo avances en la toma de decisiones (Junta Directiva de la Mancomunidad) y el acercamiento a productos para el plan de ordenamiento territorial (Unidad Técnica).

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La metodología empleada corresponde al estilo de investigación e incidencia que busca integrar la relación entre conocimiento, comunicación y transformación. Enfoque que demanda procesos interactivos entre los actores fundamentales: Estado, Sociedad Civil y Mercado, empleando las siguientes estrategias: a) Interacción dinámica entre el análisis de los temas y su proceso, b) Acompañamiento de actores locales y territoriales y c) Difusión de planteamientos. Con esta estrategia se persigue integrar los niveles micro y macro en temas de desarrollo rural desde un abordaje interdisciplinario para una mejor comprensión de los medios de vida sostenible de la población tanto hombres como mujeres, en un determinado ámbito territorial como espacio de la gestión del desarrollo. CONCEPTOS GENERALES: LA GESTIÓN TERRITORIAL RURAL Y LOS MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES La Gestión Territorial Rural

Este concepto de territorio que usamos en el presente artículo se refiere a un proceso de apropiación social del espacio y corresponde a un abordaje cada vez más interdisciplinario de las experiencias de planificación y desarrollo territorial, así como a la creciente importancia de la participación ciudadana en dichos procesos. De esta forma, la gestión territorial supone un proceso de ampliación del control, manejo y poder de decisión del uso de los recursos que existen en un determinado espacio por parte de sus actores (Rosa et al., 2003). Por lo tanto no basta delimitar administrativa o geográficamente un territorio, sino que es necesario también tomar en cuenta la capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos del espacio territorial. Precisamente en las áreas rurales, los procesos de gestión territorial tienen dos rasgos fundamentales. Por un lado, el territorio está definido como resultado de la apropiación del espacio por parte de sus habitantes y la construcción de arreglos institucionales a escala territorial y microregional. Por otra parte, aunque esos territorios incluyen a menudo concentraciones urbanas, en su dinámica inciden fuertemente los procesos rurales y el manejo de los recursos naturales (Ídem.). En esta línea se han identificado al menos 3 elementos que constituyen un proceso de gestión territorial: a) Identidad territorial construida desde los habitantes del territorio que responde a un proceso de apropiación de un espacio particular; b) Institucionalidad territorial endógena que tiene la capacidad de lanzar propuestas y acciones de carácter estratégico en tanto que se plantean objetivos de mediano y largo plazo. Implica la posibilidad del control, manejo y poder de decisión sobre el uso y distribución de los recursos que existen en un determinado espacio por parte de sus actores, así como la interlocución entre los actores territoriales y las instituciones de escala regional, nacional o internacional, gubernamentales o no gubernamentales; y c) Instrumentos de manejo territorial y se expresan en estrategias colectivas (ordenamiento territorial, establecimiento

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de corredores biológicos, manejo de riesgos, estrategias productivas, ecoturismo, manejo de cuencas, conservación de suelo y agua, manejo de bosques, etc.) y acciones específicas por medio del establecimiento de normas y reglas que definen las relaciones entre los actores y la distribución y uso de los recursos. El proceso de construcción de estos elementos no es necesariamente lineal, están mutuamente condicionados y se basa en las experiencias cotidianas de las comunidades y sus percepciones respecto de su problemática, sus recursos naturales, sus expectativas y capacidades. El concepto de gestión territorial nos permite entender los procesos que se orientan a la búsqueda permanente de soluciones para el mejoramiento de los medios de vida, en este proceso se van configurando los tres elementos: Identidad, Institucionalidad e Instrumentos, que son a su vez el producto de la combinación de la acción colectiva, el capital social disponible y el grado de acceso y control de los recursos requeridos para impulsar el desarrollo del territorio. Estrategias de Medios de Vida

La teoría de los Medios de Vida Sostenible (MVS) describe los puntos principales de cómo este marco puede ayudar a la identificación de la pobreza. Pobreza entendida por diferentes elementos económicos, sociales, políticos y culturales que agudizan la impotencia, aislamiento, precario acceso al dinero, vulnerabilidad y debilidad física de los hogares. Siendo la pobreza multifacética y compleja, sus causas están interrelacionadas. Entonces para abordar la pobreza se necesita de un enfoque integral que haga énfasis en las personas y no en los recursos, servicios y/o estructuras. El éxito de la reducción de la pobreza depende de sí los medios de vida de las personas han mejorado de forma sostenible y se concentra en el impacto que ejercen las políticas y las instituciones sobre los pueblos, familias y sus percepciones sobre la pobreza. Este marco de MVS permite reconocer múltiples influencias sobre la vida de las personas rurales, identifica variadas estrategias en materia de medios de vida, analiza las fortalezas más que las necesidades, reconoce el potencial inherente a cada persona/comunidad y se trabaja para superar limitaciones. Da importancia de cómo los medios de vida son influenciados por las políticas y las instituciones, facilita el análisis y comprensión de los medios de vida de las poblaciones menos favorecidas. Tiene cinco componentes básicos: ACTIVOS que son activos sociales (redes sociales, participación), humanos (salud, educación, habilidades, experiencia, capacidad laboral), físicos (casa, equipo agrícola, carreteras, acceso a información tecnologías), financieros (ahorros, ingresos, acceso a crédito, pensiones) y naturales (tierra, animales, cultivos, agua, pesca, bosques, frutos silvestres, biodiversidad, acceso a los recursos naturales). Estos activos a menudo son intercambiables y ayudan a determinar nuestras opciones y metas de medios de vida, se encuentran en un estado de constante cambio. Las estrategias se entienden por la variedad y combinación de diferentes actividades y decisiones que los pueblos realizan para cubrir sus necesidades en diferentes momentos y alcanzar sus metas de medios de vida. Estas metas pueden ser económicas (mayores ingresos), bienestar (autoestima, inclusión social, igualdad de género, seguridad física, empoderamiento, mantenimiento de cultura, costumbres y tradiciones), vulnerabilidad (mayor grado de respuesta a tendencias, choques

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y temporalidades), uso de recursos naturales (menor degradación de recursos naturales) y seguridad alimentaria (asegurar una dieta adecuada para la familia). Este marco ayuda a entender y analizar que los medios de vida y, en este caso los medios de vida rurales, tienen múltiples actividades con diversas fuentes de ingreso y combinaciones lo que se refleja en la gran heterogeneidad de los productores rurales, con diferentes dotaciones de recursos naturales, humanos y financieros y disparejos niveles de acceso a instituciones y mercados (CEPAL, 1999). La situación social de las familias campesinas depende de una combinación de factores externos (política macroeconómica y agraria, situación de los mercados, precios internacionales) e internos (formas de uso de recursos, organizaciones y experiencia). Investigaciones recientes indican que los pobres rurales están manejando los procesos externos (impactos de la globalización) para construir capacidades internas en personas y en espacios territoriales que les permiten enfrentar y responder no sólo a la globalización sino a asegurar sus estrategias de medios de vida (Bebbington y Batterbury, 2001; Rocheleau et al., 2001). En ese sentido es importante resaltar el rol de los actores rurales (organizaciones campesinas, indígenas, movimientos campesinos, ONG, programas de desarrollo, redes de intercambio, etc.) en la modificación de la gestión de los recursos naturales y de los espacios rurales. Y es en ese espacio, la importancia vital de vincular esas estrategias de medios de vida con la gestión territorial permitiendo la sostenibilidad de los medios de vida en función de las metas a alcanzar. Esto facilita argumentar que los medios de vida rurales no pueden ser entendidos independientemente de los procesos y que más bien aportan a la institucionalidad a partir de las cuales fluyen recursos, ideas, información y mercancías. CONTEXTO DEL TERRITORIO

Dinámica económica, social y ambiental del territorio En El Salvador, las condiciones económicas y sociales de las comunidades han estado determinadas por el modelo económico adoptado por los gobiernos y las políticas que han Estado dirigidas hacia los sectores productivos. Los cambios económicos que se han tenido en las tres últimas décadas han obedecido al patrón de crecimiento, trasladándose de un patrón amparado en las exportaciones tradicionales (café, algodón, caña de azúcar), pasando por una participación mayor de las exportaciones no tradicionales, maquila y sector terciario (financiero, comercio y servicios), hasta tener una “estabilidad macro-económica” a través de las remesas (ver cuadro 1). Sin embargo, este patrón económico ha tenido sus repercusiones en las condiciones de las comunidades aumentando la brecha de pobreza entre la población urbana y la población rural (ver gráfico 1). En el área rural la generación de empleo sigue determinada por las actividades agrícolas (ver gráfico 2), siendo uno de los sectores con menor participación en el crecimiento de la economía y por ende con menor atención en las políticas públicas, es además el único sector en donde el índice de los precios relativos agropecuarios ha tenido un comportamiento descendente (ver gráfico 3).

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En ese contexto macroeconómico han estado participando las comunidades del departamento de Chalatenango y específicamente, las comunidades de la Mancomunidad La Montañona, cuyo desarrollo institucional enfocado a la gestión ambiental participativa se origina en la dinámica de reconstrucción de la posguerra durante los noventa. Previamente a esto Chalatenango ha sido una zona desvinculada de los corredores de exportación tradicional (café, caña de azúcar, algodón) manteniendo un carácter económicamente marginal, al grado que en las políticas de desarrollo de los años setenta se le cataloga como zona atrasada del país, pero se vuelve ambientalmente estratégica debido a la construcción de las represas hidroeléctricas en el río Lempa, dos de ellas ubicadas en la zona Sur de La Montañona, que producen fuertes impactos sociales, económicos y ambientales en el territorio, desplazando fuertes cantidades de población e inundando las mejores tierras de cultivo del departamento. Desde entonces a la fecha no se realizan intervenciones estratégicas que permitan desarrollar las potencialidades territoriales, en cambio las acciones se dirigen a explotar sus recursos hídricos y mejorar la conectividad de la zona con los corredores de exportación y el área metropolitana de San Salvador para aprovechar la mano de obra estacional para las cosechas de caña, café y algodón que Chalatenango ofrecía como parte de las estrategias de medios de vida. Efectivamente se trata de zona rural con pequeñas concentraciones urbanas y una gran presencia de las actividades agrícolas, donde históricamente los grandes productores acapararon las mejores tierras, obligando a los pequeños productores a dedicarse a la agricultura de subsistencia en pequeños lotes en laderas, con prácticas que resultaban en deterioro progresivo del suelo y escasas oportunidades de empleo agrícola o rural. En los años 70 y 80 los campesinos de la zona no tenían tierra, por lo que arrendaban parcelas a los terratenientes locales mediante la venta de sus animales o dando parte de su cosecha en calidad de pago. Esta situación se tornó más difícil durante la guerra cuando diversas formas de organización campesina reclaman el acceso a la tierra. La presión de los campesinos organizados y los Acuerdos de Paz permiten la posibilidad de negociar con los terratenientes locales para la venta de los pocos latifundios existentes alrededor y dentro del macizo montañoso (Gómez et al., 2002). De esta manera, el Programa de Transferencia de Tierras (PTT) en el contexto de los Acuerdos de Paz, es la culminación de un proceso de lucha reivindicativa por el acceso a la tierra. Y una de las zonas beneficiadas fue la microregión La Montañona, formada por siete municipios2, incluyendo dos municipios que perdieron población durante los ochenta (Las Vueltas y Ojos de Agua), así como dos municipios cuya población se incrementó en más del 30% (Chalatenango y La Laguna). El área total de la microregión es 335 km y la densidad de población de 1992 variaba desde 28 personas por km en Las Vueltas a 220 personas/km en Chalatenango. En la Mancomunidad el PTT transfiere propiedades a excombatientes y campesinos sin tierra. Se trata de tierras con alto valor para la generación de agua ya que por su topografía quebrada presenta torrentes de agua en época de lluvia y significativos recursos forestales, que sin embargo tienen pocas posibilidades de ser

2 La Laguna, Concepción Quezaltepeque, Comalapa, El Carrizal, Ojos de Agua, Las Vueltas y Chalatenango cabecera del departamento del mismo nombre

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utilizados para la realización de labores agrícolas, ya que su uso potencial es para actividades forestales. Bajo estos criterios los suelos deberían estar utilizados en un 75% para fines de explotación forestal, en cambio persisten los cultivos anuales y pastoreo. A pesar de su limitado potencial agrícola las comunidades continúan con la producción de granos básicos (maíz, maicillo, frijol) y/o combinados con otro tipo de cultivos (hortalizas) y la tendencia a dedicar la mayoría de la tierra para ganadería extensiva. A su vez, esto ha llevado a un patrón de uso de suelo dominado por pastizales, matorrales y arbustos. A tal grado que estos representaban casi 2/3 de la cobertura vegetal del departamento a principios de los noventas, en contraste con la cobertura forestal que representaba solamente la quinta parte del área total del departamento. Muchas de las tierras de pastoreo se encuentran tan degradadas que apenas llegan a ser poco más que lugares rocosos. Por otro lado, la práctica forestal no se considera como opción viable, dadas las condiciones actuales. Para los grandes propietarios, rentar tierra desmontada a pequeños productores es más rentable que el valor que podrían obtener de las tierras forestales. Para los pequeños productores, la tierra desmontada con pastizales es también mejor opción de subsistencia que la práctica forestal sostenible. En toda la microregión, la tendencia es el deterioro continuo de la base de recursos, debido a las prácticas agrícolas predominantes, la ganadería extensiva, extracción de leña para madera y combustible. Los sistemas de producción de la zona son en su mayoría actividades agrícolas, también hay participación del sector comercio a través de microempresas y de la elaboración de artesanías en algunos municipios, como Concepción Quezaltepeque. Condiciones de pobreza En los siete municipios se presentan similares condiciones sociales. La población adulta presenta altos promedios de analfabetismo y un índice de escolaridad entre 4 a 5 años (ver cuadro 2.) Las necesidades básicas insatisfechas se muestran en una necesidad habitacional alrededor del 15%, siendo mayor porcentaje en el municipio de Chalatenango, también la disposición final de residuos fisiológicos con cerca de 30% permite identificar el deterioro sanitario en que vive la población, con fuertes impactos en la contaminación de las aguas superficiales. Otro de los índices utilizados para medir los niveles de pobreza es el nivel de desnutrición y aunque no se tienen datos detallados, los datos oficiales revelan que el 50% de los niños menores de 5 años están por debajo de la talla y peso, siendo familias en condiciones de extrema pobreza. Lo anterior revela que aunque las necesidades de la población son grandes, es prioritario satisfacer las necesidades básicas como son: acueducto y alcantarillado, vías de comunicación, asistencia social, energía eléctrica (ver cuadro 2). Programas y políticas de desarrollo aplicadas al territorio Desde los sesenta los diferentes programas y planes gubernamentales han hecho una escasa referencia al departamento como tal y ninguna a la microregión. Los lineamientos de las políticas sólo destacaron el carácter de la zona como productora de granos básicos para subsistencia, restándole impacto en las directrices macroeconómicas y de exportación nacional e impidiendo que se dicten acciones específicas para atender las particularidades y necesidades territoriales.

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En general, se ha visto a Chalatenango como una periferia de los centros o ejes de desarrollo. Incluso se le incorpora dentro de las zonas atrasadas del país y a partir de allí se menciona la necesidad de incluirla al proceso o dinámica económica del resto de zonas. Dicha inclusión se piensa desde la visión de Chalatenango como “corredor”, otorgándole importancia en el sentido de conectividad a través de carreteras y, en menor medida como poseedora de recursos naturales de importancia, sobre todo en relación con la cuenca del río Lempa, que marca el peso ambiental del territorio pero de cara a proyectos en el contexto nacional y regional promovidos por organismos internacionales, sin considerarlos como estrategias para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de. Por ejemplo, el gobierno apoyándose en un proyecto realizado en 1971 por la FAO sobre Desarrollo Forestal y Ordenación de Cuencas Hidrográficas decreta como zona protectora de suelo la cuenca del río Tamulasco que nace en el territorio de la Mancomunidad y es el principal abastecedor de agua para la ciudad de Chalatenango. Pero el Tamulasco fue priorizado porque se consideró como cuenca crítica para regular el drenaje de la represa del Cerrón Grande en el río Lempa. El proyecto definía un plan de ordenación para esa cuenca enfocado en la reforestación y conservación, sin embargo, no se concretizó la atención a dichas áreas por falta de financiamiento para los servicios técnicos. Y en 1978, se incluyó en los planes gubernamentales una propuesta de construcción de vías de comunicación que permitieran fluidez de tránsito a través de la zona norte para mejorar la conexión con los puertos del atlántico en Honduras, este fue quizá uno de los pocos planes de gobierno que plantea actividades puntuales y específicas para el desarrollo de Chalatenango. Una rica historia de organización social A pesar de estar desligado del desarrollo el territorio tiene una impresionante historia organizativa. Desde los años sesenta la actividad de organizaciones religiosas y el surgimiento del movimiento campesino en un territorio marginal con altos niveles de pobreza convierten a Chalatenango en una de las zonas con mayor capacidad de organización social en el país. Durante la época de la guerra es también una de las áreas de control territorial de la guerrilla, cuya presencia es sostenida por una red de apoyos sociales vinculados a las organizaciones de base del movimiento campesino. En efecto, hasta los ochenta Chalatenango contaba con una escasa presencia del gobierno central y una débil participación de los gobiernos municipales, limitados a actividades burocráticas y a garantizar la estabilidad política del partido de gobierno. El abandono del Estado es llenado principalmente por la Iglesia Católica, que desde fines de los sesenta empieza a realizar un trabajo de proyección social dirigida los campesinos pobres, implementando el programa de Pastoral de la Tierra. En esa línea la iglesia forma pequeños núcleos de trabajo con campesinos vinculados a las comunidades de base o grupos de pastoral, incentivando el cooperativismo como forma de solventar la limitación de los medios de vida familiares. De esta manera la idea del cooperativismo va impregnando la dinámica social de los campesinos, dando lugar a la formación de pequeñas cooperativas de producción y ahorro, ya en los setenta esta base de organización campesina se va transformando en parte del movimiento campesino vinculado al movimiento popular.

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Durante los ochenta Chalatenango y la Mancomunidad La Montañona fue un territorio de alta movilización política y escenario de guerra, con zonas bajo control de la guerrilla y cascos urbanos fuertemente militarizados por el ejército, en consecuencia muchas zonas agrícolas y las áreas de bosque quedan abandonadas, se dan fuertes desplazamientos y masacres de población civil. Los pobladores que se mantienen en la zona sobreviven en condiciones extremamente precarias y bajo la amenaza de la represión política y la guerra. Por otra parte la guerra deja al norte de Chalatenango al margen de procesos trascendentales para la reorganización del uso y tenencia de la tierra, como la Reforma Agraria de los ochenta que marcha a la par de la identificación de áreas protegidas para la conservación de recursos naturales. ELEMENTOS DETONANTES DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL Las transformaciones jurídico-políticas producto de los Acuerdos de Paz y la implementación de reformas económicas durante los noventa han producido una serie de cambios institucionales que han creado tanto oportunidades como restricciones para las áreas rurales. Los elementos detonantes del proceso de gestión territorial en la Mancomunidad La Montañona se vinculan a la ampliación de los derechos y acceso a la tierra, las reformas políticas y el proceso de descentralización, estos procesos han abierto nuevas oportunidades para el desarrollo de las capacidades de acción colectiva de los grupos pobres. Al mismo tiempo resurge el interés por el desarrollo territorial, lo que incide en una mayor apertura de los espacios de participación ciudadana en términos de las posibilidades de protección de derechos, expresión de demandas ante la opinión pública y ampliación de estructuras y redes sociales para mejorar la base de recursos y medios de vida. Todos estos cambio inciden en las limitaciones y potencialidades de la experiencia de gestión territorial en la Mancomunidad La Montañona que esta fuertemente impulsada por un proceso de construcción social más allá de los proyectos de desarrollo que han podido llegar a la zona. Derechos y acceso a la tierra El acceso a la tierra en la zona ha sido a través del mercado de tierras así como del PTT. En su mayoría la tenencia de la tierra es minifundista. Sin embargo, el PTT dio lugar a la creación de agrupaciones que establecieron acuerdos básicos para garantizar la equidad del reparto de propiedades, la inclusión de campesinos sin tierra y la conservación del bosque y las fuentes agua. Este ha sido el caso del Comité Representativo de Beneficiarios de La Montañona (CORBELAM), que representa a los beneficiarios de la transferencia de la propiedad conocida como Hacienda La Montañona con 355 ha y la Cooperativa Vainillas que negoció la transferencia de 336 ha (Gómez y García, 2002.) Los beneficiarios discuten la necesidad de contar con diferentes respaldos organizativos para garantizar la reinserción económica y social, además de la protección y aprovechamiento del bosque, por lo que deciden buscar el apoyo municipal. Sin embargo, el macizo boscoso pertenece a diferentes jurisdicciones municipales. Es así como la

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integración de los alcaldes en una asociación aparece como condición para lograr la gestión conjunta del macizo, que ya era considerado como el principal eje del desarrollo de la zona (Vanegas, 2003). Así se empieza a motivar a los alcaldes a conocer el bosque y sus potencialidades, reconociendo que las fronteras municipales desaparecen cuando se trata de gestionar un recurso compartido, en la cima de la Montaña aparece la pregunta ¿en qué municipio estamos? (Zamora, 2003.) Si bien el proceso de transferencia de tierras permite que campesinos ex combatientes y sin tierra accedan a un importante capital su impacto en el territorio es muy limitado. Por otra parte, las difíciles condiciones de producción, el desinterés estatal, aunado a la crisis de la agricultura, no han permitido un abordaje sistemático, ni de impacto en la producción agrícola. Pero además requieren de un acompañamiento sistemático y permanente antes de dar el salto a la transformación productiva y acceso a mercados. Ampliación de la participación ciudadana en la gestión ambiental local Debido a la conflictividad en los años ochenta, las instituciones públicas prestadoras de servicios básicos para la población se retiraron totalmente, de modo que a inicios de los noventa en el sector nororiental del departamento, las ONG y las organizaciones comunales cubrieron la demanda de servios de la población y en la otra zona, central y occidental del departamento, la demanda fue cubierta por el Estado, a través de ministerios, instituciones autónomas y programas. Ante esta situación se presentaban dificultades en la capacidad de propuestas de gestión. Tampoco los gobiernos locales estaban en condición de tomar la iniciativa en los procesos de desarrollo, respondiendo sólo a acciones de emergencia. En los noventa durante la fase de la reconstrucción de la post guerra surgen de nuevas formas de organización social. Diversas agrupaciones de la sociedad civil trabajan con las poblaciones para fortalecer el poder local implementando proyectos apoyados por la cooperación internacional para la atención de servicios básicos (vivienda, salud y alimentación) y ayuda humanitaria, acceso a la tierra, promoción de nuevas prácticas agrícolas y la reinserción de excombatientes y repobladores. Una vez superada la fase de reconstrucción de post guerra, se abre una etapa en la que se busca la articulación de los actores dentro del municipio. El renovado protagonismo de la vida local da pie a la posibilidad de desarrollar estrategias más amplias de participación ciudadana en los problemas ambientales. Muchas ONG que participaron en la reconstrucción como la Fundación para la Cooperación y Desarrollo Comunal en El Salvador (CORDES), la Asociación de Desarrollo Local (ADEL), FUNPROCOOP, Asociación Ecológica de Chalatenango (ASECHA), Plan Internacional y la Diócesis de Chalatenango, siguen en la microregión acompañando los procesos de desarrollo comunitario. De gran importancia es el papel desarrollado por El Programa de Desarrollo Rural para el Departamento de Chalatenango (PROCHALATE), que realizó acciones con énfasis en dinamizar la actividad económica, específicamente en el agro y el ambiente lo que dio paso a la apertura de espacios y mecanismos de diálogo y concertación al nivel territorial. Uno de esos espacios es el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH).

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El CACH es un foro abierto que ha creado mecanismos de enlace y alianzas entre niveles de participación en el territorio tanto en la microregión La Montañona como en el Departamento de Chalatenango, desarrollando una estructura de organización a través de las Unidades Ambientales de Producción y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (UAPM) cuyo elemento común es el mejoramiento de los medios de vida y la conservación de la base de los recursos del territorio. La fase clave de CACH fue la elaboración de una propuesta de desarrollo para el departamento que desemboca en la creación del Plan Departamental de Manejo Ambiental (PADEMA), que fue un esfuerzo integrado de investigación social, económica y ambiental, consultado y validado ante la población y sus formas de representación comunitarias o gremiales. Dentro del CACH se apoyó la creación de La Mancomunidad La Montañona, que se convierte en un integrante del Comité, desde el cual se acompaña las actividades que se realizan e incluso sirve de entidad gestora de dos proyectos para el área de la microregión, con énfasis en los recursos naturales y el desarrollo territorial. Resurgimiento de iniciativas para el desarrollo territorial En El Salvador el tema del desarrollo y el ordenamiento territorial cobra relevancia en los noventa, vinculado a la redefinición económica del país frente a los procesos de globalización, a la apertura política y redefinición del rol del Estado hacia un proceso de descentralización y/o desconcentración por las políticas de ajuste estructural, pero también a la profundización de la vulnerabilidad socio ambiental, variable que ha agilizado la discusión nacional del tema. En este contexto al nivel nacional se han generado nuevas iniciativas para el desarrollo territorial. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) impulsó el Programa de Desarrollo Local (PDL), fundamentado en la promoción de procesos de planeación participativa y en la descentralización del ciclo de proyectos en el ámbito municipal, como un instrumento para el desarrollo local bajo la filosofía de aprender haciendo. El gobierno inicia en 1997 una dinámica de consultas promovidas por la CND bajo el proceso del Plan de Nación, orientado a construir alianzas sociales para el desarrollo nacional. Las primeras propuestas del Plan de Nación determinaron que la fragmentación municipal del país, era uno de los obstáculos para el desarrollo local, proponiendo la fusión de los municipios más pequeños y con menor población (Romero, 2003). De esta manera se han ido formando mancomunidades de municipios y microregiones que aparecen con apoyo de la cooperación externa, con fuerte énfasis en el desarrollo sostenible. Ciertamente, la preocupación ambiental ha sido un motor de integración de actores en el territorio. En el caso de la formación de mancomunidades como La Montañona y otras, la orientación de la gestión integra a alcaldes de diversa afiliación partidaria que tienen en común la apuesta por temas como la protección de recursos forestal o hídrico, el desarrollo del turismo rural y la gestión del riesgo (Gómez et al., 2003). Bajo esta dinámica es que en 1997 los alcaldes de los municipios que hoy forman la Montañona empezaron a dialogar entre sí buscando una alternativa institucional en caso de que se procediera a la fusión de municipios.

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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Consideramos que la experiencia analizada nos muestra un proceso de construcción social de un territorio a partir de la revisión de tres elementos: Identidad, Institucionalidad e Instrumentos de gestión territorial, tal como fue planteado en los conceptos generales. Identidad En la zona existe una diversidad de identidades de tipo socio cultural que se explican en la forma como la población se va apropiado del espacio, construyendo referentes y símbolos de pertenencia. En los últimos años destaca la formación de una identidad basada en la organización social participativa donde el macizo montañoso ha sido un referente de integración para diversas formas de organización que buscan la conservación de recursos naturales fundamentales. La identidad organizativa se ha ido construyendo a raíz de la incidencia de diversas intervenciones institucionales, principalmente por la consolidación de mecanismos sociales para la gestión ambiental dentro del territorio en las comunidades rurales, la Mancomunidad y las municipalidades que la forman, así como por otros actores sociales cuya gestión se enfoca en impulsar prácticas sostenibles para las actividades productivas, conservación de recursos y descontaminación de afluentes. Además de su valor como proveedor de bienes y servicios ambientales el macizo de La Montañona es una figura emblemática de la historia de reivindicaciones por el acceso a la tierra del movimiento campesino, la transferencia de grandes propiedades de bosque a ex combatientes y campesinos sin tierra es también un símbolo de conquista del control territorial En general en El Salvador se considera que la formación de identidades regionales es aun difusa ante la falta de un sistema de autoridad propio (PNUD, 2003.) En el caso de la Montañona si bien existe la Mancomunidad de Alcaldes que podría tomar este carácter, se trata de una figura muy reciente cuyo marco de acción no tiene la envergadura de una autoridad, como veremos a continuación eso se evidencia en las percepciones locales predominantes que ven a la Mancomunidad como una organización “de los Alcaldes” con todavía pocas vinculaciones con la población. Percepciones acerca de la Mancomunidad de Alcaldes de La Montañona Aunque la Mancomunidad está legalmente reconocida y establecida, la apropiación e identificación por parte de sus habitantes es incipiente, pues los primeros años de trabajo han estado orientados a su fortalecimiento como Asociación de Alcaldes. La dinámica participativa de los proyectos que actualmente realiza la Mancomunidad puede contribuir a mejorar la relación con las comunidades y con los mecanismos de concertación territoriales e iniciar una fase de apropiación del proceso. La gestión y pavimentación de la calle que une los siete municipios alrededor del bosque La Montañona, la cual es conocida como Anillo perimetral ha servido para que la mancomunidad sea reconocida en la zona, sin embargo aún con esto mucha gente de la microregión tiene diferentes percepciones sobre ella, algunos desconocen qué es la

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Mancomunidad e incluso, otros no conocen siquiera que exista, otorgándole a la vez diversas funciones o responsabilidades ante la población.

Infraestructura El logro de la gestión y construcción de la carretera o anillo perimetral ha dado a la mancomunidad su reconocimiento en las diferentes localidades, ya que es visto como algo positivo que les facilita el tránsito entre los municipios - “Hizo la calle y eso es de mucha ayuda”- y como un logro del proceso de trabajo realizado en unión por las siete alcaldías, en la consecución de lo que consideran un derecho como las demás personas a tener calles buenas, más allá de “colores partidarios”. Otros opinan que la construcción de la carretera fue posible por el esfuerzo de las alcaldías de un partido y que no fue sino hasta después que las demás lo asumieron y le apostaron. Aún cuando se reconoce la importancia y el valor de la construcción de la calle, hay aspectos negativos que se consideran deficiencias del proceso de ejecución del proyecto, como el diseño de cunetas, la poca o nula obra de mitigación de riesgos, la no finalización de un tramo que corresponde a Ojos de Agua – El Carrizal y el pronto deterioro de la calle en el tramo La Laguna –El Carrizal. Además, está muy presente la demanda desde la gente para mejorar las calles de los cantones y caseríos.

Recursos Naturales Otra identificación de La Mancomunidad esta asociada a la preocupación por la protección, recuperación y conservación del medio ambiente, específicamente del agua y el bosque de La Montañona, considerado un pulmón en la región, cuya relación entre ambos recursos naturales tiene un reconocimiento generalizado y, para lograr su rescate opinan es necesario realizar actividades de “siembra de árboles”. Política:” trabajo juntos” La Mancomunidad se da a conocer cuando el proyecto de construcción de la calle va iniciando, incluso la gente se da cuenta que se ha formado una directiva, lo que representa o le da formalidad a la gestión hecha por las siete municipalidades. Asimismo, se reconoce el proceso que llevó a la formación de la Mancomunidad, haciendo hincapié en lo que significó el esfuerzo para la unión de ideologías diferentes en las alcaldías y que, pese a ello, pudieron ponerse de acuerdo para trabajar juntos, mencionando sobre todo las dificultades para acercar a las alcaldías de La Laguna y El Carrizal. En varios de los municipios se asocia la Mancomunidad a “trabajar unidos o unidad” y como esto favorece el compartir “las situaciones” y superar las problemáticas, incluso hay quien la identifica como una alianza estratégica que ha asumido un compromiso para la “reestructuración y protección del ambiente”.

No conocen Otra opinión presente y con bastante frecuencia es la que hace referencia al desconocimiento de lo qué es la Mancomunidad. Muchas personas manifestaron no saber

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qué es o qué hace. En otros casos, sólo han escuchado el nombre pero no tienen conocimiento directo o, saben que se reúnen pero no cuáles son sus acciones o para que fin han hecho tal unión los siete alcaldes. Muy pocas personas dijeron sentirse parte de la Mancomunidad o de la Montañona. La generalidad mostró sentirse aparte de ella, incluso hay quienes la consideran como un “grupo de alcaldes nada más”. Otro aspecto importante es la solicitud que surge desde diferentes personas para la búsqueda de soluciones a sus problemas como la falta de empleo, ante lo que se pide inversiones que les permitan alternativas laborales, asimismo, la construcción de obras de infraestructura como calles y, específicamente de un albergue para ancianos y ancianas, entre otras peticiones. Esto refleja en parte que existe un nivel de reconocimiento hacia la Mancomunidad en cuanto es una instancia a la que pueden recurrir ya que tiene poder de decisión y ejecución. En esta misma línea, se apunta a que la mancomunidad “está para hacer proyectos”. Percepciones nacionales El reconocimiento de la experiencia al nivel nacional también ha sido un elemento clave para definir la institucionalidad y mantener los esfuerzos de gestión territorial. El territorio es reconocido por haber formado la primera asociación de municipalidades en una zona rural, integrando alcaldes de diferentes partidos políticos3, marca una pauta para la definición de nuevas alternativas de gestión territorial rural y ha sido un modelo para otras experiencias similares en el país (Romero, 2003). En las acciones del Plan de Nación y en el Plan de Ordenamiento Territorial la Mancomunidad es un interlocutor para la realización de consultas sobre planes o proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial; de igual manera se está participando con los municipios fronterizos de Honduras en el marco del Proyecto Binacional para el Desarrollo Fronterizo apoyado por la Unión Europea. La formación de la institucionalidad territorial La historia social del territorio da origen a un capital social que ha permitido la construcción de prácticas de negociación y toma de decisiones para la planificación estratégica a mediano y largo plazo. En este caso se trata del desarrollo de un nuevo tipo de institucionalidad territorial orientado a la protección de recursos naturales críticos para la población habitante de los siete municipios que la componen. Institucionalidad que ha sido el fruto de diversas búsquedas sociales, a partir de las cuales se han formado comités, alianzas y redes sociales para la gestión ambiental coincidiendo con el período de reconstrucción de la posguerra, en el cual se produce una ebullición organizativa que llega a ser canalizada por los proyectos de desarrollo rural y reconstrucción. Actualmente se pueden identificar la presencia de sistemas de relación, un sistema de relaciones que podemos llamar “municipalista”, compuesto por organizaciones cuya base de identidad la forma el territorio entendido bajo el criterio de la jurisdicción

3 Los partidos políticos de los municipios de la Mancomunidad son Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el gobierno, y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que anteriormente fue una coalición de grupos insurgentes.

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administrativa: cantón (comunitario), municipio y microregión (Mancomunidad). Sobre este sistema se construyen las vinculaciones de la Mancomunidad con los municipios y comunidades. Por otra parte, existe un sistema no formal de Comités representado por las estructuras que son parte del CACH, formadas a partir de un criterio más social del territorio que recoge diversas expresiones organizativas que aparecieron en la posguerra, para la gestión colectiva de recursos (ver gráfico 4). Ambos sistemas de relación cuentan con apoyos externos e internos a partir de las cuales han captado recursos para el mejoramiento del capital físico y el capital humano, además han posibilitado el desarrollo de una mejor conciencia sobre la importancia de conservar el capital natural territorial. La Mancomunidad busca protagonizar el sistema municipalista sobre el cuál propone construir nuevas redes sociales mancomunadas hacia el ordenamiento territorial de la microregión. El CACH en cambio está en un momento de transición institucional aunque sigue siendo el referente comunitario para buscar apoyos a las actividades de manejo de recursos, protección ambiental y mejoramiento de prácticas agrícolas. El sistema “municipalista” base de la institucionalidad territorial En las siete municipalidades el sistema “municipalista” presenta una densa y atomizada organización comunitaria al nivel de los cantones y una incipiente relación con la Mancomunidad. La organización comunitaria está formada por las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), Juntas de Agua, Comités de Festejos, Comités de Salud, Comités de Padres y Madres de Familia, Grupos Deportivos, Grupos Ecológicos y en algunos casos, asociaciones sectoriales que aglutinan jóvenes, mujeres o personas de tercera edad (ver gráfico 4). Existen pocas estructuras organizativas de alcance municipal, sólo los municipios de El Carrizal y Las Vueltas cuentan con Comités de Desarrollo Municipal (CODEM). El CODEM es la estructura de representación de los diversos actores al nivel municipal, donde se integran las ADESCO y otras organizaciones sectoriales. En el caso de la Mancomunidad la débil presencia de estas estructuras revela un fuerte vacío en el esfuerzo de las municipalidades por construir espacios de coordinación y planificación de sus municipios. Primeros pasos de la institucionalidad territorial La idea de conformación de La Mancomunidad se da a principios de 1998, en torno a la preocupación por el mantenimiento del macizo boscoso con la intención de potenciar los esfuerzos de los siete gobiernos municipales para realizar acciones comunes que les permitan el desarrollo de la zona mediante la mejora de las condiciones de vida de la población y del entorno, superando la desintegración de gestiones, actividades, esfuerzos y energías. La constitución legal de la asociación se da en octubre de 1999, publicándose en el Diario Oficial en julio de 2000 como Asociación de Municipalidades de La Montañona o Mancomunidad La Montañona. La Mancomunidad se rige por dos órganos: La Asamblea General formada por todos los municipios asociados representados por los alcaldes y dos miembros del concejo municipal y la Junta Directiva formada por los siete alcaldes

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municipales encargada de la dirección de la mancomunidad y de la administración de su patrimonio. Su primera gestión fue la pavimentación de la carretera que circunda el macizo y que pasa por cada municipio. Para ello concursan a licitación con el FISDL ganando el proyecto en el 2000. Posteriormente se hizo una licitación para elegir a la empresa que se encargaría de la supervisión de diseño y construcción del proyecto Pavimentación del Anillo Perimetral La Montañona. Este proyecto fue el primer ejercicio de gestión mancomunada en el territorio y ha sido bien vista por la población, lo que ha permitido la continuación del proceso. La Mancomunidad de Municipios ha ido construyendo poco a poco una institucionalidad propia para la planificación, control, monitoreo y seguimiento de los mismos, así como para la interacción con las comunidades y organizaciones sociales. Se ha formado una Unidad Técnica de Facilitación (UTF) para facilitar el proceso de integración institucional, que está compuesta por un pequeño equipo de técnicos y facilitadores que asumen la ejecución de los proyectos y apoyan a los alcaldes en el diseño de planes y proyectos. Por el tipo de proyectos participativos que se realizan, la UTF asume la facilitación del intercambio con las comunidades y organizaciones sociales. Las formas de participación en las municipalidades y en la Mancomunidad de Municipios se realizan principalmente a través de cabildos abiertos, un mecanismo para la transmisión de información y consulta ciudadana usado para informar sobre decisiones del concejo municipal, rendir cuentas, recibir solicitudes y demandas comunitarias. Más recientemente, la cooperación externa ha dado apoyo financiero a la Mancomunidad para iniciar proyectos de envergadura territorial desde los cuales se persigue desarrollar nuevos mecanismos de participación al nivel de la Mancomunidad. Uno de éstos es el proceso de Ordenamiento Territorial que pretende ser además de un instrumento para orientar el desarrollo de la Mancomunidad, un medio para el ejercicio de participación, que abriría nuevas modalidades de interacción social, formando coordinaciones y alianzas entre actores institucionales, locales, regionales y nacionales para su implementación (Martínez, 2003.) El proceso de Ordenamiento Territorial apoyado por la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y el recién iniciado Proyecto de Gestión del Recurso Hídrico apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) darían lugar a la creación de estructuras de representación mancomunales como el Comité Mancomunal de Agua integrado por las Juntas de agua comunitarias y los concejos municipales, éste funcionaría como un espacio para la toma de decisiones y definición de prioridades en el tema de la gestión del agua. Distintas redes de apoyo para el desarrollo territorial Las ONG han constituido una red de apoyos técnicos y estratégicos para las comunidades campesinas y organizaciones de base. En algunos casos, los compromisos existentes entre estas ONG y las comunidades van más allá de la realización de proyectos puntuales, e incluso se ha logrado establecer espacios para la toma de decisiones, involucrando a las comunidades en la definición de los proyectos que implementan las ONG. Sin embargo, la presencia de las ONG se ha reducido considerablemente, pues la mayoría de ellas depende

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del acceso a fondos para implementar proyectos de desarrollo rural o participación ciudadana en gran medida apoyados por la cooperación internacional y en algunos casos por los fondos ambientales nacionales. Esto ha producido fuertes vacíos en las comunidades, afectando la continuación de sus proyectos agrícolas o de mejoramiento comunitario. La Iglesia Católica que ha jugado un rol de reorganización y consolidación del tejido social durante la posguerra, actualmente es una institución clave para la construcción de la identidad Mancomunal. A través de la Diócesis de Chalatenango se realizan diversos programas para mejorar la calidad de vida comunitaria canalizando apoyos para la atención a la salud, educación, vivienda y cultura de paz, además el programa de “Pastoral de la Tierra”, muy aceptado por los y las agricultoras, proporciona soporte técnico, insumos e incluso créditos a las familias rurales, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las prácticas agrícolas (Trujillo, 2003). Los sacerdotes de la Diócesis, incluyendo al obispo, tienen un peso social considerable, son actores que producen sinergias entre los alcaldes, la Mancomunidad y la población del territorio. La Diócesis ha institucionalizado su apoyo al proceso del desarrollo territorial, dentro del Plan Pastoral trianual incluye la colaboración con las actividades de la Mancomunidad, a la que consideran un esfuerzo en la búsqueda del “bien común” (Alas, 2003). También existen redes transnacionales por medio de las cuales las comunidades rurales y algunos artesanos establecen relaciones solidarias con comités de migrantes salvadoreños en el exterior, hermanamientos con ciudades o iglesias extranjeras y algunas redes de mercado solidario para la venta de artesanías. Al menos 3 organizaciones de migrantes salvadoreños en el extranjero, dos en Estados Unidos y una en Italia, apoyan eventos deportivos, realización de festejos para la niñez y ancianos o adquisición de bienes de uso comunitario, como la compra de una ambulancia en el municipio de Concepción Quezaltepeque por parte del Comité de Salvadoreños residentes en Italia. El hermanamiento entre las parroquias católicas de San Francisco de Asís en California y la Parroquia de Ojos de Agua conduce fondos para becas escolares. La orientación solidaria de estas redes obedece a patrones de relación construidos por la solidaridad internacional durante la guerra y posguerra y por la vinculación cultural que los salvadoreños fuera del país mantienen con sus lugares de origen, por el momento permiten cierto flujo de recursos para sectores vulnerables, sobre todo niños, niñas y mujeres artesanas. Al nivel de la Mancomunidad de Municipios se ha formado la llamada “Mesa de Apoyo a La Mancomunidad”, una coordinación orientada a consolidar la institucionalidad de la Mancomunidad de municipios y su rol como promotora del desarrollo territorial. La Mesa de Apoyo se forma a partir de la iniciativa de diversas organizaciones de cooperación y una organización de investigación, que empezaron a apoyar el proceso iniciado por los alcaldes4. Funciona como un espacio de coordinación entre proyectos, pero además se discute con los alcaldes las prioridades de la Mancomunidad, la orientación y alcance de los proyectos que se implementarán; en ese sentido sirve a los alcaldes como referente de consulta en la conducción del proceso para la toma de decisiones.

4 Estas son las agencias de cooperación IBIS de Dinamarca, CID de Inglaterra, COSUDE y la organización nacional PRISMA.

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Entendiendo las estrategias de medios de vida para la construcción de instrumentos de gestión territorial Los instrumentos de manejo territorial se expresan en las estrategias colectivas para implementar las propuestas producidas por los actores. Estas estrategias han ido abarcando diversos espacios del territorio enfocándose en recursos críticos: el bosque, la cuenca Tamulasco, hasta alcanzar, con la formación de la Mancomunidad de Alcaldes, una dimensión territorial que aun se encuentra en construcción. La construcción de instrumentos para la gestión territorial es por hoy el gran reto de la Mancomunidad de Municipios. Un elemento clave para este propósito es entender las estrategias en materia de medios de vida, es decir la gama de actividades y decisiones que los pueblos/comunidades realizan/toman para lograr sus objetivos en materia de medios de vida (incluyendo actividades productivas, estrategias de inversión, decisiones reproductivas, etc.) Este marco permite contextualizar la problemática de la pobreza, ve más allá de la mayoría de indicadores que miden el grado de pobreza de los hogares en función de los ingresos percibidos y se comparan con los costos de la canasta básica para trazar una línea de pobreza; u otros que se refieren a la privación del acceso a los servicios básicos para el desarrollo de las personas dependiendo de sobremanera en la inversión social. Para efectos de esta sistematización, se ha incorporado un abordaje más amplio de pobreza que no se trata de medir cuantos pobres hay, o la clase de pobres, sino conocer el acceso a los diferentes activos (naturales, físicos, financieros, sociales, humanos) y como éstos se pueden potenciar para mejorar las estrategias de medios de vida Es más bien un proceso dinámico en el que combinan distintas actividades para cubrir diversas necesidades en momentos diferentes y es por ello que en un hogar se desarrollan estrategias productivas para seguridad alimentaria, migración, comercio al por menor, elaboración de artesanía y empleos asalariados. El tratar de comprender estos factores que inciden en las estrategias de medios de vida permite establecer los instrumentos que regulen y orienten a la sostenibilidad de estas estrategias como parte de un proceso construido desde las comunidades mismas. Capital Natural y estrategias productivas Tierra, agua y bosque son los tres principales recursos para las comunidades a partir de los cuales organizan sus estrategias de medios de vida. Las comunidades distinguen perfectamente los beneficios, las amenazas y conflictos del capital natural relacionados con las formas de manejo de sus recursos base. En términos del acceso a la tierra, si bien el proceso de transferencia de tierras produce importantes cambios en la tenencia, sus impactos no son generalizables al territorio. Mientras pequeños productores de Las Vueltas y algunos cantones de El Carrizal, La Laguna y Ojos de Agua se beneficiaron con este proceso, en otras zonas predomina el arrendamiento de parcelas. Aunque no se tienen datos para toda la Mancomunidad, el PADEMA identifica que en las montañas fronterizas a la que pertenece La Montañona un 51.4 % de los productores rurales son arrendatarios (CACH, 1999). En efecto durante los talleres los pobladores de Chalatenango, Comalapa y Concepción Quezaltepeque, manifestaron que en estos municipios existe una mayor cantidad de arrendatarios dedicados al cultivo de granos básicos, lo cual es una condición

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de los propietarios, que para los productores significa una limitación a la diversificación de cultivos. Aun para los campesinos propietarios la tierra es un bien limitado y con altos niveles de degradación. Existen datos dispersos sobre la extensión de las propiedades, aunque en general predominan los minifundios. De acuerdo al PADEMA (1999) el 76.1% de las propiedades de la zona tienen menos de 2 ha y, según la investigación realizada por Shelley (2003) en Las Vueltas un 83.6% posee tierra en propiedades que varían entre 0.35 a 0.70 ha, la mayoría de los cuales enfrenta un fuerte deterioro por la erosión, sobrepastoreo y quemas no controladas. En cambio hay sólo dos propiedades de tenencia colectiva en forma de cooperativas, más las 355 ha de bosque perteneciente al CORBELAM cuya propiedad no ha sido dividida entre los beneficiarios que tienen un derecho de propiedad por un máximo de 2.17 ha de bosque, como una estrategia para evitar la venta incontrolada que podría modificar el uso del suelo. En la medida en que el bosque es considerado como el resguardo del agua, las actividades de extracción, manejadas o no, han sido muy cuestionadas por las comunidades. “Talamos el bosque y después nos lamentamos de no tener agua” (poblador de Concepción Quezaltepeque durante los talleres de medios de vida), expresa la idea construida colectivamente sobre el principal servicio ambiental que provee el bosque y el riesgo que se corre al no conservarlo. De esta conciencia generalizada aun no se ha pasado a la construcción de estrategias de alcance territorial. Si bien tanto pobladores como autoridades locales han llegado a cerrar filas ante las amenazas de tala o incendios forestales y han construido importantes arreglos como la formación del CORBELAM, e incluso la Mancomunidad de Municipios nace de la necesidad de contar con una institución para la protección de un recurso común a varios municipios, aun no se han construido espacios de coordinación permanentes entre los actores del territorio, ni una visión territorial para la gestión del bosque. Así como hay una idea común de la relación agua-bosque, no se ha desarrollado de igual forma la relación agua-cuenca. Las acciones que han tomado la cuenca como unidad de intervención se han enfocado en actividades de sensibilización en el río Tamulasco, debido a su importancia para el abastecimiento de la ciudad de Chalatenango y por los serios problemas de contaminación, quemas incontroladas, deforestación, pesca y riego sin control, extracción de piedra y arena que amenazan con convertirlo en quebrada de invierno reduciendo la disponibilidad de agua en la zona (SNET, 2002). El principal uso del agua es para consumo humano, también para riego, ganadería y para actividades comerciales en el municipio de Chalatenango. Son frecuentes los conflictos de uso y la oferta de agua es limitada frente a la demanda existente para los diversos usos. Paradójicamente, también existen problemas de desperdicio del recurso que coexisten con los problemas de escasez. Debido a que los cauces de los ríos son utilizados como botaderos de desechos sólidos y de aguas negras, la calidad del agua de las fuentes no suele ser apta para consumo humano. De igual manera, el agua consumida en los hogares que se abastecen por pozo, presenta problemas de calidad por la presencia de coliformes fecales.

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La administración de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales está a cargo de las Juntas de Agua, integradas por miembros de la comunidad, lo que deriva en la atomización de sistemas de agua potable que por sí solos no son sostenibles técnicamente, tanto porque carecen de respaldo institucional, falta de capacitación sobre mantenimiento de los sistemas y tratamiento del agua, como por la poca voluntad de pago por parte de los usuarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento.

Prácticas agrícolas para la seguridad alimentaria Las comunidades para garantizar su seguridad alimentaria optan por la autosuficiencia a través del cultivo de granos básicos, lo que obliga a la poca adopción de prácticas agroecológicas en detrimento del suelo. En todo caso la mayoría de agricultores son arrendatarios que por no tener otras opciones de medios de vida continúan inmersos en condiciones de pobreza. Hay un sentimiento compartido de que “la agricultura ya no rinde” (agricultor de El Carrizal durante los talleres de medios de vida) que lo relacionan con los altos precios de los insumos, inestabilidad del mercado y deterioro del suelo. La actividad agrícola es una estrategia de subsistencia para garantizar la seguridad alimentaria, lo que explica que prevalezca el cultivo de granos básicos y el pastoreo extensivo (ver cuadro 3, Gráfico 5 y 6). Con escasos impactos en la diversificación productiva, los programas agrícolas desarrollados principalmente por ONG locales han sido exitosos en la reducción de prácticas de quema y tala. En cambio la adopción de prácticas agroecológicas se realiza en ciertas “fincas modelo” dispersas en el territorio ya que los productores se involucran en forma voluntaria estimulados por la provisión de insumos, material vegetativo, capacitación técnica y el seguimiento de un plan de finca. (Herrador et al., 2002; Cummings, 2003). Sólo existe una zona productora de hortalizas que puede comercializar sus productos en el mercado local y la actividad forestal continúa siendo precaria puesto que los canales de comercialización son aún débiles por falta de recursos financieros y apoyo técnico. En general muchos agricultores no perciben cambios significativos al corto plazo al dedicarse a la agroecología bajo el modelo de finca. De acuerdo a Shelley (2003), en el caso de los campesinos de Las Vueltas con parcelas pequeñas y de escasa calidad, no se aventuran a arriesgar la seguridad alimentaria de la familia cultivando hortalizas que no satisfacen sus preferencias y necesidades nutricionales, ni cuentan con mercados que les garanticen la venta de sus productos con los que podrían obtener ganancias y comprar sus alimentos básicos. La búsqueda de la seguridad alimentaria y los rendimientos al corto plazo conduce a los agricultores a dedicarse a actividades complementarias que no ponen en peligro su base de alimentación, como la ganadería extensiva con alto impacto en la degradación y erosión del suelo. De hecho, de acuerdo a Haselgruber, entre 1986 y 2000 los pastizales se han incrementado en un 31.61%, uno de los porcentajes más altos en la cuenca del Lempa que en general presenta un 20% de aumento de pastizales para esos mismos años (ver cuadro 3). Otra de las limitaciones para el trabajo en las parcelas es la escasez de mano de obra, lo que puede significar que los jóvenes no se involucran en las labores agrícolas y sus expectativas están más vinculadas a realizar actividades urbanas o la migración al exterior.

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Mujeres rurales y elaboración de artesanías Existen muy pocas actividades económicas complementarias, algunas comunidades han ido recuperando después de la guerra la tradición artesana de la elaboración de hamacas de hilo de algodón, también elaboran bolsos tejidos de hilo sintético, redes para cargar frutas y cebaderas (bolso tradicional) de fibra de henequén. En Las Vueltas muchas mujeres recibieron capacitaciones para la elaboración de distintos tipos de hamacas y otras artesanías de hilo y cuero durante la época en que vivieron en los refugios en Honduras. Antes de la guerra existía una cadena productiva que integraba desde el cultivo del henequén hasta la elaboración de productos y la venta. Actualmente la materia prima de fibra de henequén procede del oriente del país, pero a la pérdida del cultivo del henequén sobrevive la habilidad del tejido considerado un patrimonio cultural de poblaciones como Concepción Quezaltepeque, La Laguna y Comalapa. Esta actividad genera ingresos complementarios para las familias y una ocupación casi permanente para las mujeres rurales que combinan el tiempo en el taller de hamacas con las tareas de la casa. El trabajo dentro de la casa ha permitido que algunos hombres y niños se involucren en la elaboración de hamacas durante sus tiempos libres (Gómez y García, 2002). Las cooperativas de artesanas existentes en las Vueltas y Concepción Quezaltepeque han sido apoyadas por la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana, la Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador (FUNDAMUNI), ADEL y la cooperación internacional que ha proporcionado capacitaciones, apoyado la producción y comercialización de productos. Todavía la producción y comercialización es restringida, los ingresos que perciben son escasos y cuentan con pocos apoyos para la innovación y control de calidad, aunque las artesanas organizadas en cooperativas tienen ciertas posibilidades de acceso a nuevos mercados e incluso vínculos con el mercado solidario (Cummings, 2003). Asimismo, debe mencionarse que las artesanas de Concepción Quezaltepeque reciben créditos en la ADEL, los cuales destinan para compra de materia prima y herramientas de trabajo.

Creciente actividad del turismo ecológico La Montañona tiene un considerable potencial turístico en el que destaca la belleza escénica del bosque y sus miradores, rutas históricas y pueblos de montaña. En las propiedades de CORBELAM se realizan actividades de turismo ecológico, con una infraestructura básica para recibir a visitantes, cabañas rústicas y senderos que permiten disfrutar de la belleza del bosque de coníferas y la diversidad de especies de aves, además de conocer un poco la riqueza histórica de la zona, vinculada al reciente conflicto armado que vivió el país. Los turistas que visitan el bosque son principalmente nacionales, un 31% procede de las poblaciones aledañas y el 69 % del Área Metropolitana de San Salvador (Dimas, 2003). Para atender el turismo el CORBELAM ha establecido tarifas de cobro por entrar al bosque, por el uso de cabañas y guías, además de haber fijado un reglamento de restricciones o prohibiciones. Los ingresos que se perciben del turismo son pocos, aun cuando la demanda por visitar La Montañona es creciente, de tal forma que las comunidades, los municipios y la

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Mancomunidad están visualizando el desarrollo del turismo como una de sus principales actividades para los próximos años. El desarrollo del turismo es un tema de interés aun pendiente, las municipalidades recién están empezando a contemplar el turismo como una actividad que promueve el desarrollo local. Existe un turismo no controlado en las poblaciones de montaña como Las Vueltas y La Laguna que acude a los ríos y cascadas formadas en el entorno de La Montañona. Solamente en La Laguna la municipalidad está promocionando un circuito de turismo ecológico con apoyo de operadores de turismo nacional. Aunque es un turismo incipiente, se ha comenzado a realizar estudios para identificar elementos que permitan la construcción del instrumento más idóneo que contribuya al desarrollo del territorio y sus comunidades. Límites para desarrollar el capital financiero Por la marginalidad de la zona y la poca movilidad de recursos financieros no se tiene presencia del sector formal salvo en el municipio de Chalatenango, en donde si hay oficinas bancarias teniendo que acudir los municipios aledaños hasta éste. Sin embargo por los requisitos del crédito (garantía hipotecaria, fiador, ingresos permanentes, fianzas), los pobladores no tienen acceso a estas carteras de crédito, en cambio acuden a organizaciones locales y/o de proyectos de microfinanzas que han llenado esta necesidad durante varios años. Con el tiempo estas organizaciones se han retirado por su período de finalización y otras han cerrado estos programas crediticios por los altos indicadores de morosidad y poca recuperación del pago, así como el desvío del crédito hacia otras actividades no solicitada, como por ejemplo, migraciones y consumo familiar. El crédito para las actividades agrícolas además de ser restringido no incluye el cultivo de granos básicos, que no es considerada una actividad rentable pues no garantiza el pago del mismo. La alternativa de las familias es la cría de animales de patio y ganado como formas de ahorro doméstico, así como envío de remesas y/o préstamos entre amigos, familiares. Se han realizado experiencias de formación de cooperativas crediticias entre los pobladores en las que el acceso al crédito sólo se otorgaba a los socios, en algunos casos por la falta de orientación administrativa y ética se generó desconfianza entre los miembros llevando a la disolución de estas organizaciones, dejando a la vez pocos incentivos para futuros arreglos crediticios comunitarios. Hay iniciativas incipientes por parte de organizaciones locales, como ADEL, que está pensando gestionar con otros actores de la zona un proyecto que incorpore la posibilidad de captación de remesas para orientarlas al financiamiento de actividades productivas como turismo rural. De igual forma ha tenido un acercamiento con la Mancomunidad para una posible coordinación que permita fortalecer el acceso crediticio de las comunidades (Estrada, 2003). Migración al exterior: la alternativa inmediata ante el colapso de los medios de vida rurales tradicionales La gran promesa de mejorar el nivel de vida no está dentro del territorio y ni siquiera dentro del país. La migración al extranjero, principalmente a los Estados Unidos se ha convertido

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en una tendencia cada vez más generalizada en busca de nuevas oportunidades de generación de ingresos. Esta estrategia también está transformando el uso del paisaje y modificando las aspiraciones de las familias rurales. Existe la percepción por parte de las comunidades que en municipios como Ojos de Agua o Las Vueltas, la tenencia al aumento de las zonas de ganado responde a una inversión de las familias que reciben remesas. En las comunidades se ha podido identificar que las razones para emigrar están obedeciendo más a factores económicos, ya que las opciones agrícolas son cada vez menos rentables. Esto provoca cambios en las aspiraciones sociales, sobre todo en la juventud que no se incorpora a las actividades agrícolas y tiene un restringido acceso a educación media y superior. En general, en El Salvador la migración se ha convertido en una estrategia de medios de vida de los hogares rurales. En los talleres realizados la población ve la migración como una fuente de empleo para los que se van y la oportunidad de recibir remesas que sirvan para cubrir las necesidades básicas de la familia. La migración no es homogénea en el territorio. En los cantones que tienen un poco más de recursos económicos la migración es mayor, ya que pueden cubrir los costos del viaje. Si bien es cierto se reconocen los riesgos de la migración ilegal estos no son obstáculo para que la gente decida irse. Es más, incluso sienten y demandan la necesidad de que se les impartan capacitaciones a nivel técnico y oficios (carpintería, albañilería, mecánica, panadería, entre otros) para ofrecer una mejor mano de obra en los países de destino. Una vez que se radican en los países de destino, empiezan a establecer contactos, ampliándose las redes de migrantes que facilitan el proceso migratorio de sus familiares, así como el apoyo financiero de otras actividades puntuales como fiestas patronales, festivales navideñas y de fin de año, actividades deportivas y sociales de sus localidades de origen. En La Laguna, la municipalidad ha iniciado un acercamiento más directo con las redes de migrantes para el apoyo del desarrollo local. Los migrantes son en su mayoría hombres jóvenes, por lo que está quedando en los municipios más población dependiente (niños y adultos mayores) que son los receptores de las remesas. Las familias rurales destinan las remesas a la satisfacción de necesidades básicas, pero también en algunos casos permiten aumentar la formación en capital humano y en acceso a la tierra, que en buena medida se destina para adquirir pequeñas parcelas para ganadería. Sin embargo, ésta actividad no ha incorporado un manejo sostenible del ambiente, lo que está incrementando la erosión y contaminación del suelo. Al nivel de las familias rurales la migración es una estrategia de medios de vida. Al nivel del territorio ésta todavía necesita potencializarse fortaleciendo el contacto con las redes, canalizando recursos para mejorar el capital humano. También se requiere profundizar en los impactos ambientales y sociales de la migración para el establecimiento de arreglos institucionales que permitan el reordenamiento del territorio debido al cambio de actividades económicas. En resumen, con las actuales estrategias de medios de vida no se tiene alternativas para la transformación productiva, descansando la gestión territorial en el proceso institucional. Chalatenango sigue siendo un territorio marginado de las políticas nacionales de desarrollo,

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ahora orientadas a la optimización de la conectividad y la atracción de inversiones en la zona oriental del país. Aunque nacionalmente ya se ha reconocido la importancia para la conservación de la biodiversidad y la producción de agua no hay interés político para invertir en programas que reviertan la degradación ambiental causada por las prácticas agrícolas. La falta de una agenda de transformación productiva en el territorio es un reclamo constante de las comunidades, y un reto no sólo para la Asociación del Alcaldes sino para el gobierno central, actor imprescindible de la transformación productiva. LA INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL FRENTE A POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL En general las inversiones gubernamentales en la zona siguen siendo restringidas, el porcentaje de la inversión pública del período 1993-2001 recibida en el departamento de Chalatenango ha sido menos del 5% del total de la inversión; sin embargo la percepción de las comunidades es que tienen condiciones aceptables para el acceso a servicios básicos de salud y educación. En todos los talleres fue notable la afirmación del acceso a la educación primaria básica, todos los cantones de la zona cuentan con al menos un centro escolar que cubre la educación primaria5. En general las familias muestran mucho interés por la educación de la niñez y en mantener a sus hijos e hijas el mayor número de años posible en la escuela. El mayor compromiso social con la educación se debe a varios factores entre ellos una mayor participación de padres y madres de familia en la gestión educativa. La experiencia de educación con participación y la formación de maestros, maestras y escuelas populares en los años de la guerra, el apoyo de la solidaridad internacional y la descentralización escolar son procesos que han influido positivamente en la valoración de la educación. La gestión participativa de la educación fue adoptada por el programa nacional Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), que desde 1991 funciona en áreas rurales para los niveles de educación parvularia y básica. EDUCO implementa un modelo de cogestión entre Estado y comunidad en el cual las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE) son las responsables de la gestión educativa local, tienen la atribución de contratar los maestros y maestras y, la adquisición de material escolar, mientras el Estado garantiza los fondos, la capacitación y orientación (Álvarez y Chávez, 2001). A pesar que EDUCO ha sido considerado un modelo exitoso la calidad educativa sigue siendo cuestionable, las comunidades critican la falta de maestros, la mala infraestructura escolar y lo que consideran una baja exigencia académica. A pesar del interés de las familias para prorrogar los años de estudio de sus hijos e hijas y de incluso formar un Concejo Directivo Escolar (CDE) en casi todos los cantones, esta permanencia se vuelve más difícil en los niveles educativos medios y superiores. Sólo existen 4 institutos de bachillerato en toda la Mancomunidad, dos de ellos en Chalatenango, por lo que enviar a los hijos e hijas a estudiar fuera de sus comunidades implica gastos extras que las familias difícilmente pueden costear.

5 http://www.mined.gob.sv/sistemas/busqueda_escuelas.asp

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En salud la experiencia ha estado dirigida a la desconcentración de los servicios a través de las Unidades de Salud que se encuentran en cada municipio, al nivel regional existe una institucionalidad para el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) que está siendo fortalecido y capacitado por el Ministerio de Salud Pública, ubicado en el municipio de Chalatenango, donde también está un hospital de segundo nivel. Para los pobladores aunque se cuenta con infraestructura, el servicio es poco eficiente, la falta recurso humano y hay escasez de medicamentos. Con estas restricciones el SIBASI desarrolla de programas dirigidos hacia la atención primaria en salud (saneamiento, control de vectores, entre otros) que se hace a través de promotores de salud e inspectores sanitarios aunque no logran el 100% de cobertura de los cantones. Paralelamente, otras organizaciones no gubernamentales (Plan Internacional El Salvador, PRÓVIDA) y la Diócesis de Chalatenango realizan jornadas de salud y mantienen programas de formación de promotores voluntarios y parteras. En términos de la protección de recursos y desarrollo agrícola, actualmente la atención estatal se reduce a apoyos puntuales como el brindado por el Ministerio de Agricultura (MAG) para el manejo forestal orientado a controlar la plaga de gorgojo del pino. En tanto, con pocos recursos y una limitada capacidad de acompañamiento, el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) ha tenido poca presencia en la zona y esta es más a nivel departamental, a través de CACH, organización miembro de la red de Comités Ambientales Departamentales que coordina dicho ministerio. El mayor apoyo ha estado orientado a mantener su funcionamiento de CACH como espacio de coordinación sin que esto tenga implicaciones en el desarrollo institucional del Comité. Para las comunidades la restringida presencia estatal deja un enorme vacío en la posibilidad de tener acceso a asistencia técnica en los temas agrícolas y en el manejo ambiental. El apoyo estatal a la descentralización y fortalecimiento de la institucionalidad mancomunada ha sido controversial. Aun cuando ha habido interés del Estado por apoyar el proceso, este acercamiento no ha sido precisamente colaborativo. La Mancomunidad ha tenido que coordinar con el FISDL actividades orientadas al mejoramiento del capital físico, logrando interacción con el gobierno central y empresa privada, además se abrieron nuevos retos hacia el futuro como la búsqueda de las sostenibilidad institucional que permita la gestión territorial y ambiental. Si bien el FISDL se ha interesado en apoyar este proceso ha dado lugar a situaciones conflictivas, al intentar conducir el proceso desde sus propios enfoques. El FISDL quiso intervenir en la forma de trabajo de la Mancomunidad durante el proceso de la carretera, produciendo la oposición de los alcaldes y fricciones entre ellos; llegan al punto de reducir los fondos y ejecutar directamente el último tramo de la carretera. Las propuestas del FISDL para fortalecer la UTF y desarrollar un plan de gestión medio ambiental han sido diseñadas verticalmente sin generar consensos con los alcaldes, tampoco se han mostrado interesados en integrarse al proceso que mantienen otros cooperantes miembros de la Mesa de Apoyo, elementos que restringen las posibilidades de desarrollar relaciones más horizontales y colaborativas.

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Con la elaboración del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PNODT), aparece una oportunidad de relevar la importancia ambiental de Chalatenango. El PNODT establece una división en regiones, subregiones y microregiones. La región norte, que incorpora la microregión La Montañona, se describe como una zona con bajo nivel de actividades industriales, con una marcada identidad ambiental, con un alto nivel de asociativismo municipal, con carencias en el sistema vial que facilite la articulación interna, con falta de sistema urbano integrado y de capacidad económica que genere impulsos dinamizadores. Partiendo de lo anterior, la región norte es catalogada como región en potencia, que debe poner en primer lugar sus propias necesidades, objetivos y proyectos de desarrollo socio territorial. Las propuestas del PNODT sobre la zona pueden impulsar el desarrollo una vez se logre la coordinación con los actores locales. El Plan propone un Programa de Desarrollo Rural de Áreas marginales, la implantación de una Unidad de Promoción Forestal en Chalatenango y la elaboración de un Plan Especial de Desarrollo Turístico para La Montañona pues se reconoce que tiene gran potencial turístico-recreativo, además de señalar la importancia del bosque apuntando a la realización de descripciones del lugar y se le ubica dentro de los corredores ambientales, teniendo como uno de los objetivos su declaración como área protegida. De igual forma se planea el establecimiento de corredores riberinos donde se coloca el río Tamulasco. Cooperación y apoyos para el desarrollo territorial En contraste a la limitada y controversial participación del gobierno central, el apoyo de los cooperantes internacionales ha resultado estratégico. Los actores territoriales han solventado sus necesidades e incluso definido estrategias de desarrollo a partir del flujo de recursos, enfoques y capacidades humanas procedentes de proyectos apoyados por la cooperación internacional. El interés de la cooperación internacional por hoy está puesto en la Mancomunidad de Municipios. El éxito de la gestión de los alcaldes en la construcción de la carretera, y en la conducción de los proyectos de participación ciudadana y ordenamiento territorial ha interesado a nuevos donantes y ONG nacionales que se están incorporando al proceso, apoyando proyectos para el manejo del recurso hídrico, el fortalecimiento administrativo y el plan de ordenamiento territorial. CAMBIOS EXPERIMENTADOS Y RETOS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL

Al nivel del desarrollo institucional se han experimentado cambios importantes en la creación de estrategias para el desarrollo del territorio. En este sentido la Mancomunidad representa un esfuerzo que aporta a la construcción de formas de gobernabilidad económica y desarrollo. No se trata de un mecanismo para resolver la fragmentación administrativa del territorio, sino de un espacio para la construcción de nuevas identidades sociales e institucionales las cuales están redefiniendo la relación de la población con su territorio. Todavía se trata de un desarrollo institucional experimental que ha sido muy autónomo en términos de las formas de relación entre actores y ejecución de acciones. Aunque va encontrando sus propios caminos el proceso está sometido a muchas incertidumbres, la

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falta de apoyo estatal y el reducido presupuesto de las alcaldías lo hace altamente dependiente de los proyectos financiados por la cooperación internacional; el cambio de alcaldes, debido a los períodos electorales altera la continuidad del liderazgo político; y todavía no se consolidan los referentes sociales al nivel territorial. En términos de la organización social, nuevos actores han surgido como ejes del desarrollo territorial, el CACH ha dado lugar al fortalecimiento de la organización comunitaria enfocada en el manejo de recursos naturales, educación ambiental con alta participación ciudadana. La riqueza de la zona radica precisamente en la capacidad de movilización y formación de estructuras que actúan bajo la práctica de integración de actores, búsqueda de la concertación y capacidad de vinculaciones hacia fuera del territorio, logrando despertar el interés de la cooperación internacional para apoyar esos procesos, al considerarlos una opción para empujar el desarrollo desde abajo. También hemos señalado las limitaciones en términos de la continuada marginalidad territorial en las políticas del desarrollo nacional y la transformación productiva. Las opciones productivas siguen siendo precarias con una población obligada a mantener actividades de subsistencia, poca capacidad de diversificación y una opción cada vez más extendida de migrar hacia el exterior. El potencial productivo de la zona es más bien forestal y de servicios, sobre todo el turismo rural y de montaña, complementado con actividades artesanales como el tejido de hamacas, pero éstos tienen un escaso o nulo desarrollo. El manejo forestal aun no es fuente de ingresos para los campesinos propietarios de extensiones de bosque, hasta hoy sólo se han desarrollado planes para saneamiento y limpieza por los que no se perciben ganancias, más allá del empleo eventual en el proceso. En cambio, se ha asegurado el mantenimiento del bosque y las fuentes de agua. Con estas restricciones hasta el momento se ha podido crear una institucionalidad que permite avanzar hacia el desarrollo y el ordenamiento territorial motivando procesos participativos para la gestión económica, ambiental y social. Queda el reto de institucionalizar un sistema de interacciones al nivel interno del territorio con las comunidades y a nivel externo con instancias vinculadas al ordenamiento territorial, el desarrollo local y el desarrollo rural como el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, FISDL, MAG y MARN. Así como con los marcos legales que intervienen o inciden de alguna manera en el manejo mismo del territorio. Es en este contexto que la Mancomunidad necesita fortalecerse como espacio de respuesta operativa, técnica, metodológica y de concepción respecto a la gestión del territorio y realizar acciones específicas orientadas a desarrollar arreglos institucionales que permitan el mejor acceso y uso de los recursos asegurando una mejora en las estrategias de medios de vida de las comunidades. Para la coordinación, articulación y facilitación de la gestión territorial se necesita que la Unidad Técnica que se apropie de los diferentes enfoques y marcos estratégicos que están siendo proporcionados en la interacción con la cooperación internacional, la Mesa de Apoyo y en la ejecución de proyectos.

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Esta institucionalidad debe incorporar elementos para una planificación y gestión del territorio que permitan desde un abordaje interdisciplinario, comprender integralmente las diferentes variables que estructuran un área rural, tomar en cuenta la evolución del territorio, considerar la dinámica de los procesos de ocupación, además de construir un sustento ético que permita reducir conflictos y alcanzar la convivencia armónica de un conjunto social en relación con el medio natural. Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial no deberían ser sólo instrumentos imperativos sino instrumentos cuyas disposiciones fomenten las actividades que necesitan materializarse en el ambiente, garantizando el orden en la ocupación del territorio, siendo también de forma participativa para ser conocidos, aceptados y legitimados por la sociedad. Asimismo, promover acciones integradoras y solidarias que faciliten la asociación de entidades administrativas y sociales locales para enfrentar problemas comunes. LECCIONES APRENDIDAS

La consecución de la personería jurídica de la Mancomunidad ha garantizado la continuidad del proceso, superando períodos electorales y/o cambios de gobernantes municipales. También le ha permitido construir espacios de interacción y ganar reconocimiento dentro y fuera del territorio. En el desarrollo de la institucionalidad mancomunada ha sido clave la creación de la Unidad Técnica como el brazo operativo el cual facilite la ejecución de los acuerdos y proyectos.

A pesar de los logros de esta experiencia todavía falta consolidar la estrategia del

desarrollo territorial, para esto resulta crítico el apoyo estatal que permita conectar el proceso con la dinámica nacional.

Las estrategias de medios de vida de los hogares se orientan a las actividades que les

permiten garantizar su seguridad alimentaria a través de sus escasos activos, como pequeñas parcelas, poco conocimiento, limitado acceso al crédito, débil capital social para canales de comercialización. Ante las limitadas oportunidades del territorio, para los jóvenes la migración se vuelve cada vez más una estrategia de medios de vida que modifica los espacios rurales y por lo tanto debe ser tomada en cuenta en cualquier proceso de desarrollo territorial.

Al tratarse de un proceso relativamente reciente no todos los miembros y actores se

involucran e interesan de la misma manera, ya que dentro de un mismo territorio pueden encontrarse diferentes procesos de organización cuyo reto estaría encaminado a la coordinación de los mismos a través de un objetivo o propósito en común encaminado hacia el desarrollo territorial.

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Para lograr una identificación más propositiva y de respaldo a las acciones de la Mancomunidad se vuelve necesario crear mecanismos que permitan una vinculación más fluida entre las comunidades y los concejos en cada municipio.

Se debe de tener una actitud propositiva y de apertura hacia las intervenciones de la

cooperación externa, ya que ésta le ha apostado a los procesos mancomunados participativos, que permite ayudar a la conducción orientadora y estratégica de los mismos mientras se avanza hacia políticas públicas orientadas a favorecer iniciativas microregionales y regionales.

CONCLUSIONES En el territorio de la Mancomunidad La Montañona delimitado por siete municipios en

un área de 335 Km2 se desarrolla un proceso de gestión territorial participativo en el que destaca la formación de un nuevo tipo de institucionalidad territorial orientado a la protección de los recursos naturales. A este desarrollo institucional se contrapone la ausencia de alternativas para la transformación productivas que se vinculan a las difíciles condiciones de producción, el desinterés estatal, la marginalidad territorial y la crisis agrícola.

Históricamente el territorio que hoy forma la Mancomunidad La Montañona y el

departamento de Chalatenango en general, ha estado marginado de los programas y políticas públicas, así como de las tendencias económicas del país, funcionando como zona expulsora de mano de obra barata que ha participado principalmente en actividades agrícolas. Ha sido después de los Acuerdos de Paz que los mismos pobladores están tratando de reconocer al territorio como proveedor de servicios y de acceso y manejo a los activos naturales (bosque y tierra) que les están permitiendo cubrir sus necesidades básicas de seguridad alimentaria y de reducción de vulnerabilidad.

La Asociación de Alcaldes de la Mancomunidad está liderando un proceso de gestión

territorial que sea participativo para establecer junto con las comunidades los mecanismos e instrumentos necesarios para el ordenamiento de actividades en el territorio y fortalecer las alternativas productivas tanto agrícolas como no agrícolas (artesanías, comercio, ecoturismo, entre otras).

Aunque se tienen iniciativas de gestión territorial y se demandan acciones específicas

todavía no se cuenta con recursos financieros disponibles. Ante el desinterés y falta de políticas estatales la cooperación externa se vuelve estratégica, tanto para el apoyo financiero como para la orientación misma de un proceso participativo, inclusivo y ambientalmente sustentable.

Para poder avanzar en el ordenamiento territorial es necesario conocer las diversas

estrategias de medios de vida y su vínculo con el manejo de los diferentes activos. Por ejemplo, la mayor parte de los hogares utilizan como medio de vida las actividades

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agrícolas, por lo que se vuelve importante el manejo del activo natural. De igual manera, la migración está influyendo en el acceso y el cambio de uso del suelo.

Por el colapso de los medios de vida rurales tradicionales los procesos de migración,

principalmente hacia el exterior, se ven como la única ventana que les permita mejorar sus medios de vida de forma relativa, ya que los mismos pobladores reconocen la necesidad de fortalecer el capital humano (educación formal y habilidades y destrezas). Sin embargo ésta migración tiene diversos efectos no sólo por el envío de remesas, sino que a la vez contribuye a la desintegración familiar y/o cambio de roles familiares.

El proceso que ha iniciado la Mancomunidad sobre ordenamiento y desarrollo territorial

requiere además de una Unidad Técnica, una vinculación y coordinación interna para llegar a arreglos institucionales participativos acordados y consensuados que permitan una regulación de las actividades productivas y de manejo sostenible de recursos para que se fortalezcan los medios de vida, de lo contrario difícilmente sería un plan de ordenamiento con aplicabilidad.

RECOMENDACIONES Las iniciativas territoriales tanto de la Mancomunidad como los demás actores tienen el fuerte reto de orientar sus actividades a la superación del carácter de subsistencia de las actividades económicas desarrolladas en el territorio y más aun dirigirlas al fortalecimiento de las estrategias de medios de vida para que estos sean más sostenibles y menos vulnerables ante los diversos factores externos (económicos, ambientales y políticos). La acumulación de capital social existente en el proceso es un elemento que puede potenciar la formación de una nueva generación de políticas públicas orientadas a la construcción de institucionalidades descentralizadas para la gestión local e integrada de los espacios rurales. El capital social presente en el territorio debe encaminar sus acciones hacia el desarrollo y consecución de una mejor calidad de vida, mas allá de la satisfacción de las necesidades inmediatas, es decir, debe buscar potenciar las necesidades más estratégicas como la equidad, participación, empoderamiento, autoestima, entre otras. La Mancomunidad necesita abrir espacios de interlocución con las comunidades para facilitar una articulación hacia adentro que permita enfrentar los desafíos de la construcción de la gestión territorial, esto implica el abordaje de la identidad, la institucionalidad y los instrumentos necesarios tanto para el mejoramiento de los medios de vida de la población, como la regeneración, manejo y protección de los recursos naturales. Una de las grandes limitantes de los procesos territoriales como el desarrollado en la Mancomunidad es la falta de políticas estatales que permitan fortalecerlas y consolidarlas. Hasta ahora el Estado salvadoreño no ha ido al encuentro de estas experiencias, por el contrario muchas de las respuestas a las demandas del desarrollo territorial se han diseñado

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en forma vertical y aún no se cuenta con un marco estratégico que sirva como plataforma para el desarrollo territorial. Si bien esta ausencia del Estado ha sido compensada en parte por la presencia de la cooperación externa, para que ésta realmente aporte al desarrollo estratégico del territorio debe mantener una forma de inserción horizontal y asociativa frente a los procesos, comprendiendo su propia evolución.

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AGRADECIMIENTOS Al Fondo Mink’a de Chorlaví y Rimisp, por el interés mostrado en apoyar ésta sistematización y confiar en nuestra institución para la elaboración de este trabajo. Se agradece el apoyo y colaboración de los alcaldes de La Mancomunidad para la realización de los talleres y aportes dados en ellos, así como la colaboración de la Unidad Técnica de la Mancomunidad La Montañona. Asimismo se agradece la contribución de los participantes en los diferentes talleres realizados en el territorio, por su valiosa información y tiempo dedicado. Otro aporte importante fue el dado por los entrevistados Mauricio Vanegas, FUNPROCCOP; Teodoro Romero y Nidia de Rodríguez, CND; Fernando Trujillo, Diócesis de Chalatenango; Roberto Estrada y Juan Carlos Navarrete, ADEL; quienes proporcionaron apreciable información y opiniones. Se agradece la colaboración de Carlos Alas de la Unidad Ambiental del Río Tamulasco. Especial reconocimiento por su valiosa dedicación a los facilitadores locales Verónica Menjívar y Luis Navarro, ya que no sólo fueron clave en la logística de los talleres sino también estuvieron disponibles para colaborar y participar en otras actividades del estudio. Agradecemos también los aportes de nuestros compañeros y compañeras de PRISMA. En el equipo de investigación a Nelson Cuellar, Susan Kandel, Ernesto Méndez y Leopoldo Dimas; en diseño y diagramación a Leonor González; en administración y logística a Carmen Elena Monge y Noé Pérez.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alas, M. 2003. Comentarios del Padre Manuel Alas durante evento de la Mancomunidad La Mancomunidad La Montañona, Párroco de Ojos de Agua, Mayo, Chalatenango. Álvarez, A. y Chávez, J.M. 2001. Tierra, conflicto y paz. Asociación Centro de Paz CEPAZ, San Salvador, El Salvador. Bebbington, A.J. y Batterbury, S.P.J. 2001.Transnational livelihoods and landscapes: political ecologies of globalization. Ecumene 8 (4), 370-380. CEPAL, 1999. Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina. Reflexiones a partir de las experiencias en México, Honduras y Nicaragua. México. CEPAL. Santiago, Chile. Comité Ambiental de Chalatenango CACH, 1999. Plan Departamental de Manejo Ambiental PADEMA. PROCHALATE, Chalatenango, El Salvador. Cuellar, N., Larios, S. y Rosa, H. 2002. Cambio económico, empleo y pobreza rural en El Salvador. PRISMA, Documento de Trabajo, San Salvador, El Salvador. Cummings, A. 2003. Iniciativas Innovadoras de Desarrollo Económico Local en Chalatenango, Los Ranchos, Las Flores, Nueva Trinidad y Arcatao. Lecciones y Propuesta para Reflexión y Aprendizaje para innovar. Funde – CORDES Chalatenango, San Salvador, El Salvador. Dimas, L. 2003. Estudio de valoración económica de los servicios recreativos del bosque de La Montañona. PRISMA. Manuscrito. Estrada, R. y Navarrete, J.C. 2003. Entrevista con Roberto Estrada y Juan Carlos Navarrete, Asociación de Desarrollo Local ADEL, 18 de Noviembre, Chalatenango. Gómez, I., Rosa, H., Cuellar, N. y Kandel, S. 2003. Globalización, dinámica ambiental y respuestas territoriales en El Salvador: hacia una revalorización del espacio rural. En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (Ed.) Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003. PNUD, San Salvador, El Salvador. 171-199. Gómez, I. y García, M. 2002. Gestión Ambiental Participativa en la zona norte de El Salvador: El Comité Ambiental de Chalatenango, CACH. PRISMA, San Salvador, El Salvador. Gómez, I., Kandel, S., Rosa, H., García, M. y Cuellar, N. 2002. Capital Social, estrategias de vida y gestión ambiental en El Salvador: El caso de la Mancomunidad La Montañona. PRISMA, Documento de Trabajo, San Salvador, El Salvador.

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GRÁFICOS Y CUADROS

Gráfico 1

Porcentaje de la población en pobreza según área 1980

Industria13%

Comercio11%

Servicios6%

Construc-ción5%

Otros4%

Agrope-cuario61%

2002

Industria13%

Comercio18%

Servicios8%

Otros10%

Construc-ción5%

Agrope-cuario46%

Gráfico 2 Cambios en el empleo rural agropecuario y no agropecuario, 1980 y 2002

53.7

66.1

34

55.8

0

10

20

30

40

50

60

70

Pobreza urbana Pobreza rural

1991-92 2002

39

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

70 75 80 85 90 95 2000 (Índice de precios del PIB agropecuario / Índice de precios del PIB, 1990=1)

Gráfico 3

Precios relativos agropecuarios, 1970-2000

40

APOYOS

Mancomunidad

de Alcaldes de

La Montañona

IBIS CECA-DE

COSUDE

PRISMA

Unidad TécnicaMancom

CID

Comité Ambiental de Chalatenango COMITÉ

TAMULASCO

UAPM La Montañona

Solidari-dad España

Hermana-miento Parroquial

CHULA

Comité Solidaridad en Los Ángeles

AJOLARES

ISDEMU

Ministerio Salud

MAG/ FORESTAL

MARN

FONAES

FIAES

CENTA

CONCULTURA

Ministerio Educación

PDDHH

FISDL

Organizaciones Gubernamentales

Asoc. Transportistas

Unidad Salud (7)

CDL (1) Cruz

Roja Casa de Cultura

Juzgado de Paz

Concejos Municipales

CIVI (2)

Coop. San Jose M

Grupos Ecoló-gicos

Comité de Paz

Comité Emergencias

Coop. Inma-culada

CORBELAM

Juntas de Agua

Comités de Salud

Comité de Mujeres

Comité Festejos

ADESC0’s

G. Agri-colas Equi-

pos Fútbol

Coop. Vaini-llas

Dir. Padres Familia

FUNPRO COOP

CORDES

ASECHA

Plan Internacional

PROVIDA

Cuerpos de Paz

Gráfico 4

REDES Y ORGANIZACIONES EN LA MANCOMUNIDAD LA MONTAÑONA

ONG´s y cooperación

ORGANIZACIONES CON ALCANCE MUNICIPAL

ORGANIZACIONES CON ALCANCE COMUNITARIO

Redes internacionales Vínculos entre sistemas de relación

Vínculos entre organizaciones

Relaciones débiles

Sistemas de relación territorial

Estructuras de coordinación

Conjuntos de organizaciones

Mesa de Apoyo de Mancomunidad

Organizaciones

Redes de migrantes

Diócesis: Iglesia Católica

Pastoral de la Tierra

Ganaderos

Transportistas

Artesanos

Fuente: Elaboración propia con base a talleres de medios de vida

41

FUENTE: SIG-PRISMA con base a Mapa Cuenca Río Lempa, PROYECTO PROCEDAMO UE.

Gráfico 5 MANCOMUNIDAD LA MONTAÑONA MAPA DE USO DE SUELO AÑO 1986

FUENTE: SIG-PRISMA con base a Mapa Cuenca Río Lempa, PROYECTO PROCEDAMO UE.

42

Gráfico 6 MANCOMUNIDAD LA MONTAÑONA MAPA DE USO DE SUELO AÑO 2000

FUENTE: SIG-PRISMA con base a Mapa Cuenca Río Lempa, PROYECTO PROCEDAMO UE.

43

Cuadro 1 El Salvador: Cambios en las principales fuentes de divisas, 1978 y 2002

Fuente de divisas Millones US$ % de agro-exportación tradicional

Estructura porcentual

1978 2000 1978 2000 1978 2000

Agroexportación tradicional* 514 161 100% 100% 80% 6% Export. No-Trad. Fuera de C.A. 54 335 11% 208% 8% 12% Maquila (ingreso neto de divisas) 21 475 4% 295% 3% 16% Remesas 51 1,935 10% 1,202% 8% 67% Total 640 2,906 100% 100%Total excluyendo remesas 589 971 Fuente: Cuellar, N. et al., 2002.

Cuadro 2 Características socio-económicas de los municipios de la Mancomunidad La Montañona

Categoría El Carrizal Comalapa

Concepción Quezaltepeque La Laguna Chalatenango Las

Vueltas Ojos de Agua

Población analfabeta 33.15% 27.5% 28.16% 34.14% 24.9% 48.42% 39.41% Índice de Escolaridad promedio 4 años 5 años 5 años 4 años 5 años 4 años 3 años

Necesidad habitacional 11.18% 7.33% 20.43% 12.18% 25.39% 27.49% 22.94% # de viviendas sin adecuado sistema de disposición final de excretas

258 353 433 324 907 125 595

Ríos contaminados 83.39% 90.10% 97.33% 79.34% 67.93% 91% 96.02% Vivienda con acceso a servicio domiciliar de agua

18.47% 43.77% 10.52% 22.46% 46.37% 33.65% 22.12%

Niños menores de 5 años por debajo de talla y peso

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Cultivo predominante Maíz, maicillo, frijol

Maíz, frijol, maicillo, ganado

Maíz, maicillo, arroz, frijol. pepino, chile verde, repollo, ganado

Maíz, maicillo, fríjol, tomate, hortalizas

Maíz, maicillo, arroz, ganado, pepino, sandía, hortalizas, caña de azúcar, apicultura, aves

Maíz, maicillo, arroz, frijol

Maíz, maicillo, frijol, ajonjolí, tabaco

Población económicamente dependiente

68.44% 66.37% 71.58% 68.88% 67.69% 70.29% 63.31%

Actividad económica empresarial

Comercio al por menor con menos de 4

Comercio al por menor con menos de 4 empleados

Comercio al por menor con menos de

Comercio al por menor con menos de 4 empleados

Comercio al por menor con menos de

Comercio al por menor con

44

empleados 4 empleados

4 empleados

menos de 4 empleados

Necesidades de la población

acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y transporte

Vías de comunicación, comunicación y transporte, salud

Vías de comunicación, acueducto y alcantarillado, comunicaciones y transporte

Acueducto y alcantarillado, asistencia social, vías de comunicación.

Acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones y transporte

Salud, asistencia social, energía eléctrica

Cuadro 3

Mancomunidad La Montañona Comparación Pérdida de Vegetación- Aumento de Pastizales

Fuente: Haselgruber, F., 2003.

TIPO DE VEGETACION

TOTAL CUENCA DEL RIO LEMPA

CHALATENANGO

MANCOMUNIDADLA MONTAÑONA

MUNICIPIOS FRONTERIZOS

TOTAL % -29.66 -27.23 -40.28 -35.81 Bosque Latifoliado Caducifolio -7.53 -8.39 -14.38 -11.19 Bosque Latifoliado intervenido -3.30 -1.19 -2.05 -1.51 Bosque Manglar -0.01 Bosque Mixto -0.07 0.09 0.08 Bosque pinar denso 0.01 0.04 -0.09 0.02 Bosque pinar ralo -5.20 -9.51 -12.72 -7.88 Matorrales -13.56 -8.29 -11.03 -15.33 Reforestaciones 0.08 0.03

Aumento en Pastizales

20.85 20.37 31.61