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la ciudadanía pensada desde el trabajo

Marco Antonio Leyva Piña Javier Rodríguez Lagunas

Introducción

La alternancia política en el 2000 constituye la consolidación de reclamos, luchas sociales y políticas en contra del régimen político autoritario con un fuerte sustento en el corporativismo sindical. Con 11 años de vida, la democracia representativa es frágil e incierta y con los severos cuestiona-mientos a los partidos políticos se conforma un escenario en el que preva-lece el desencanto ciudadano. Hay muchas lecciones que podemos extraer de la vida corta de este tipo de democracia en el país, una de ellas es que el derecho y el ejercicio al voto libre y directo es insuficiente para tener una ciudadanía plena. Vemos que la democracia representativa no se ha logra-do consolidar y persisten prácticas y culturas políticas oprobiosas como la manipulación de las masas por medio de los consorcios televisivos, la compra del voto en los procesos electorales, empleo ilegal de dinero en las campañas, sanciones electorales cuestionables y sin afectación del poder político, asignación con parcialidad de espacios mediáticos, situación de vulnerabilidad de la equidad y transparencia electoral (Gómez; 2010). El déficit de la democracia se incrementa con el lento proceso en la creación de instituciones que contribuyan a la construcción del Estado de Derecho y al fortalecimiento de una cultura democrática que motive la voluntad de cambio en los mexicanos.

Los frágiles avances de la ciudadanía política, el derecho y el ejercicio del voto, contrastan con el retroceso de la ciudadanía social, lograda en el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Los derechos so-ciales y laborales se encuentran gravemente amenazados por un gobierno proclive a beneficiar a las élites empresariales. En este desfase de derechos hay que pensar a la ciudadanía en el país, sobre todo si entendemos que

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México entre Siglos. Contexto, balance y agenda372

la ciudadanía es una configuración de derechos, formas de participación, construcción de sujetos y una sociedad civil vigorosa, que idealmente no puede convivir con la: violencia, inseguridad y pobreza.

La ciudadanía plena para su cabal comprensión requiere de colocar aten-ción en la transformación del trabajo y la producción. El trabajo formal y los sindicatos fueron los ejes de la construcción de la ciudadanía social entendi-da como derechos laborales y sociales que lograron beneficiar a un segmento de trabajadores y a su vez, favorecieron de forma indirecta a la población. Sin embargo, la ciudadanía social se generó en un contexto de ausencia de ciudadanía política. En la actualidad, estamos en una situación de tendencias contrapuestas entre la ciudadanía política y social, por lo que nos pregunta-mos si es posible encontrar opciones de sincronización de ambas tendencias hacia una misma dirección, la ciudadanía plena. Esta interrogante, se hace relevante en un contexto, donde el mercado se concibió como la promesa universalista de que todas las personas alcanzarán su máximo desarrollo en la medida en que se sometan a sus exigencias, de esa concepción derivó una noción de ciudadano como consumidor. Esto es una falacia y hasta el mo-mento no se ha podido asegurar un empleo decente a todos los individuos que concurren al mercado de trabajo, al contrario hay un aniquilamiento del derecho de vivir y trabajar con dignidad para todos los individuos.

Para nuestro país la lección es clara, tener un empleo decente y dere-chos sociales no puede depender de la libertad del voto o del mercado. La recuperación del contenido político de la ciudadanía pasa por el acceso a los recursos necesarios para poder vivir con la mayor libertad posible, lo que implica el reconocimiento de derechos pero aún más de organizarse y luchar para lograr su concreción. La degradación del trabajo es la situa-ción que prevalece en el país, la reflexión que sugiere es; ¿La ciudadanía puede florecer en el conjunto de políticas neoliberales, como la flexibilidad laboral?, ¿El marco legal que sostiene a esa oprobiosa situación del trabajo le permitirá prosperar a la ciudadanía? ¿La ciudadanía plena es compa-tible con el corporativismo sindical? ¿Se requiere de una nueva ciudada-nía que justifique la combinación de la democracia representativa con el corporativismo?

Ciudadanía y trabajo: breve digresión teórica

Giner sostiene que la ciudadanía es el centro del orden social democrático de la modernidad, relevancia que ha derivado en una rica reflexión de sus

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contenidos conceptuales y derivaciones políticas como se expresan en los modelos: liberal, comunitario y republicano. (Benéitez; 2004). Asimismo, de los enfoques teóricos de la ciudadanía destaca la posición de T.H Mar-shall considerada como una de las notables en el mundo occidental para entender a la ciudadanía plena, en la que los derechos sociales forman parte y nos remite a la vinculación entre política y trabajo. Para ese autor, la ciudadanía es un estatus, entendido como reconocimiento jurídico y social, que permite garantizar a todos los individuos que constituyen una sociedad, derechos y deberes iguales. (Marshall; 1998).

Marshall presenta una concepción evolutiva de la ciudadanía confor-mada por la posesión de tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales cuya función es evitar cualquier tipo de desigualdad, lo que deja sin sen-tido la tipificación de ciudadanos de primera o de segunda, de baja o alta densidad (Marshall; 1998:22, 23 y 31). Con Marshall quedan dibujados los ejes de la condición ciudadana. Uno en su calidad de individuo que pertenece a un Estado nacional, lo que le dota de protecciones jurídicas y le permite tener una identidad social. Y otro en el sentido de que el ciudada-no es un sujeto de derechos, lo que exige de la consolidación de un Estado de derecho para garantizarlos. Son dos cuestiones distintas que se encuen-tran ligadas entre sí, por ejemplo, no todo Estado nacional se organiza por medio del reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, sin embargo, una ciudadanía plena requiere de articular al Estado nación con el Estado de derecho, condición que en la actualidad parece resquebrajarse por el proceso de globalización que presiona hacia nuevas conceptualiza-ciones de la ciudadanía.

La consolidación de los Estados nación y la construcción de la ciudada-nía formaron un círculo virtuoso para mitigar, no desaparecer, las desigual-dades estructurales entre la clase obrera y la capitalista. La intervención del Estado fue la palanca para la formación de la arquitectura de la ciudadanía social, mediante la promoción y constitución de los derechos sociales por medio de pactos entre las clases sociales para lograr la incorporación de una mayor cantidad de individuos a la categoría de ciudadanos. En el denomi-nado Estado de bienestar quedaron constituidos los derechos sociales, a los que Marshall y otros intelectuales concibieron como una superación de la perspectiva liberal de la ciudadanía y una gran conquista de la humanidad que no incluía posibilidad de retrocesos.

Sin embargo, el Estado de bienestar y la construcción de ciudadanía no obedecen a ningún proceso evolutivo sustentado en el progreso, como

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tampoco a concesiones de las clases dominantes a las clases subordinadas, la ciudadanía social es una construcción que se ha realizado históricamente por medio del conflicto social, como lo sugieren algunos autores (Dahren-dorf ;1990, Gellner ;1996,Turner;1992).

Además del horizonte normativo jurídico que hace de los derechos una cuestión deseable y reivindicativa, requiere para su concreción de mediacio-nes políticas, como la democracia representativa conformada por institucio-nes fuertes y legítimas cuya contribución para lograr la disminución de las desigualdades económicas es fundamental. La construcción de ciudadanía se vincula al proceso siempre complicado y conflictivo de la constitución de la democracia representativa y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Una cuestión es tener sujetos con el derecho de tener derechos y otra es el ejercicio de los mismos, lo que requiere de instituciones legítimas fuertes y políticas públicas que los puedan hacer operativos. Como bien menciona Giner, para la democracia republicana es necesaria una serie de cimientos como el imperio de la ley, representación parlamentaria, libertades garan-tizadas, que resultan insuficientes si no hay personas que las exijan, las cuiden, las vigilen. En consecuencia, según el autor, la ciudadanía requiere de la construcción de una sociedad civil vigorosa que motive la formación de una densidad asociativa fuerte y la participación de los individuos en los asuntos políticos estratégicos de la sociedad, lo que exige de la consti-tución de un ciudadano proactivo, sin ello lo que se puede alcanzar son democracias indigentes.

Si se asume a la ciudadanía como un proceso dinámico, contradictorio, conflictivo y en apertura a las nuevas realidades sociales, como la crisis del Estado nación, se puede pensar que los derechos civiles, políticos y sociales se articulan con diferentes ritmos, contornos y profundización dependien-do de formas complejas de relaciones entre la estructura, el poder, la cul-tura y los actores sociales. Las teorías de la ciudadanía tienden a colocarse en tensión ante los procesos de mundialización y cambios estructurales y culturales de la sociedad, demandas por la paz, el medio ambiente, sexua-les, étnicas y religiosas reclaman ser consideradas, al igual que las exigencias derivadas de las transformaciones del trabajo, por lo que se habla de la creación de una nueva ciudadanía.

La visibilidad de nuevos sujetos con sus propias demandas coloca en una situación compleja a la ciudadanía, derechos políticos tradicionales no se han cubierto y los derechos sociales registran fuertes retrocesos y en algunos países son promesas incumplidas. A esta situación hay que agre-

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gar la aparición de derechos de cuarta generación como los ecológicos, de género, y otros que aún se encuentran sin ser vistos en su pleno drama social como el derecho de tener una salud mental, cómo se puede pensar en un ciudadano proactivo si la vida de parte de millones de individuos en el mundo se encuentra trazada por la depresión, el estrés, el acoso moral y otras patologías psicológicas que precisamente obstaculizan su proceso de conversión en un ciudadano pleno. La construcción de ciudadanía pasa por la formación de un nuevo sujeto social, muy distante del que se vende en el mercado de ideas: el consumidor.

Trabajo, corporativismo y ciudadanía

En nuestro país es necesario preguntarse las veces que sea necesario si la ciudadanía realmente ha existido y si es posible. Si asumimos la concep-ción de ciudadano como aquel que logra estar investido por los tres tipos de derechos marshanianos diríamos que no. Históricamente la ciudadanía aparece en el país como una invocación simbólica o jurídica en contra de la desigualdad económica y la dominación social, sin condiciones políticas concretas para lograrse (Lomnitz; 2000, Escalante; 1992 y Guerra, 1999).

Nuestra desilusión puede ser más grande si en el concepto de ciuda-danía de Marsahll consideramos aquellos sujetos excluidos por ella, como son: mujeres, jóvenes, ancianos, lo que fortalecería la argumentación de la inexistencia de la ciudadanía plena en nuestro país. Ya diversos autores han señalado que la ciudadanía es más un deseo político que una realidad, aun así es necesario darle la envergadura política a la ciudadanía social conquistada desde el período cardenista, parte de esos derechos laborales y sociales que la integraron se mantienen en la actualidad bajo una presión gubernamental y empresarial muy densa. La Constitución de 1917 repre-sentó un fuerte avance en el reconocimiento de la ciudadanía social y a su vez, insuficiente para lograr alcanzar esos derechos sociales promulgados, las condiciones estructurales económicas y políticas del país eran limitadas para garantizarlos, lo que propició su postergación (Olvera; 2001).

La construcción de la ciudadanía obedece a condiciones históricas par-ticulares de las naciones, a excepción de un punto común que comparten varios países como la creación del Estado de bienestar o para América La-tina, el Estado populista, periodo en que se fortaleció la ciudadanía social. Para el país, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones repre-sentó ese momento de predominio estatal en la regulación de la sociedad



sobre el mercado y la clase obrera vivió uno de sus mejores tiempos de bienestar social, en comparación de épocas pasadas.

El empleo formal fue la base para lograr los avances de la ciudadanía social. Este tipo de empleo se caracteriza por: ser un trabajo asalariado regulado legalmente por medio de la Ley Federal del Trabajo y contratos colectivos en una economía centrada en el mercado interno, que crecía a buen ritmo y de forma regular; su ubicación principal estaba en el sector industrial, en el que predominó la fuerza de trabajo masculina, con con-tratos que garantizaron tiempo completo y duración indeterminada; pro-tecciones laborales relativas a la jornada de trabajo, como pago de tiempo extra y despidos protegidos; salario directo y regulado legalmente y nego-ciado en juntas tripartitas, en las que los representantes de los trabajadores participaban; reconocimiento de los derechos sociales que permitieron el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); relación estrecha entre Estado y sindicatos como forma de intermediación de intereses y control político de los trabajadores afiliados obligatoriamen-te al Partido Revolucionario (PRI).

El corporativismo sindical desde su nacimiento se debate en un con-junto de contradicciones entre ellas la defensa del empleo formalizado y la conquista de derechos sociales y por otro, en la afectación de los más senti-dos derechos políticos de los trabajadores como la libertad y la democracia sindical. Esta condición política de control de los trabajadores hace estallar a cualquier teoría de la ciudadanía, pues en lugar de avances evolutivos en el país, encontramos una relación contradictoria entre derechos políticos plenos y avance controlado de los derechos sociales, además de la presencia de un Estado fuerte, vertical y autoritario con un gran margen en la apli-cación discrecional de la legalidad.

El sindicalismo corporativo representa una antinomia con el Estado de derecho, se fincó en una legislación del trabajo que contiene una serie de ambigüedades y contradicciones que posibilita una fuerte intervención del Estado en el conflicto entre capital y trabajo por medio de un sistema de justicia laboral tripartito, digamos que el Estado tiene una amplia capaci-dad discrecional para tomar decisiones por encima de los empresarios y de los sindicatos, él salva o culpabiliza a los agentes sociales con su respectivo pago de precio por esos favores políticos.

Es cierto que existen instituciones laborales que tienen validez legal para todos los actores laborales, sin embargo su funcionamiento se en-

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cuentra contaminado por la corrupción, el burocratismo y las relaciones informales. La administración de justicia laboral es vergonzosa, y los em-presarios que tanto reclaman la legalidad, nunca se han plegado al respeto y compromiso de las instituciones laborales, ni de la ley laboral, ni de las juntas federales y locales para la regulación de las relaciones institucionales.

El corporativismo se reproduce por medio de diferentes prácticas y culturas sindicales y empresariales que coagulan en la aplicación discre-cional de las leyes laborales, lo que puede llevar a la opinión de que la ciudadanía en el trabajo es un concepto ajeno al Estado mexicano y a los actores laborales, tanto para sindicatos corporativos, como empresarios y trabajadores. En este sentido, parece que el corporativismo y los logros en derechos sociales no fueron suficientes para enmendar la desigualdad eco-nómica y social entre las clases sociales, aun así el corporativismo fue uno de los pilares del México moderno y su contribución es relevante en la es-tabilidad económica y política en el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Parece desmesurado concebir a los trabajadores mexicanos corporativizados como ciudadanos, tampoco llena de aliento el suponer que durante el periodo de sustitución de importaciones por la obtención de derechos sociales estuvimos en la cima de la ciudadanía, al contrario, el corporativismo nos muestra el país que somos y sin libertad sindical e instituciones laborales fuertes no hay ciudadanía.

Tampoco el modelo neoliberal que se instauró con base en políticas de reestructuración productiva y ajuste estructural en cumplimiento de las consignas del Consenso de Washington para restablecer la tasa de ganancia fue una condición para la construcción de ciudadanía. De las políticas que atañen al trabajo se encuentran la flexibilidad de la producción y la gestión de la fuerza de trabajo para reducir costos e incrementar la pro-ductividad; política laboral encaminada a la erosión de derechos laborales y sociales; política salarial dirigida a la contención de la inflación, pero no hacia el bienestar del trabajador; mantenimiento del control político de los trabajadores.

Después de más de tres décadas de ese modelo sus resultados son preocupantes para los trabajadores en general, pues al vulnerarse la esta-bilidad en el empleo y la relación salarial que permitieron la integración y pertenencia a la sociedad se afectaron las condiciones materiales de los tra-bajadores formales y la oferta estatal y empresarial de empleo se concentró en la degradación del trabajo. En este contexto de crisis económica y de degradación del trabajo en un ambiente de combinación práctica entre el



corporativismo y la democracia representativa es necesario preguntarse res-pecto a las posibilidades de la ciudadanía política y social a la que pueden aspirar los trabajadores mexicanos.

Ciudadanía ficticia, degradación del trabajo y exclusión social

Una de las preocupaciones de los gobiernos es el crecimiento económico, es necesario para nuestro país que las autoridades competentes en esta mate-ria revisen cuidadosamente las políticas económicas aplicadas en el modelo de desarrollo neoliberal, pues en las dos últimas gestiones presidenciales se notan serias dificultades para lograr un crecimiento económico que per-mita atender con eficiencia las demandas sociales de la población. Es el momento de que la determinación del mercado externo y la dependencia hacia Estados Unidos en la construcción del país se debata más allá de procesos electorales coyunturales.

A finales del sexenio de Vicente Fox se observó un lento crecimiento económico de 4.8% que sufrió un descenso lamentable en 2009 al registrar la tasa de -6.5% del PIB (INEGI, 2010). Desde ese momento económico adverso para todos los mexicanos, los pronósticos no son nada halagadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que el crecimiento económico de México para 2011 estaría más cerca del 4%, comparado con el 4.3% oficial marcado por Banxico (La economía, 11/02/2011).

El modelo de desarrollo neoliberal que representa un nuevo modelo de acumulación con predominio en el mercado externo se apuntaló con una serie de políticas económicas e industriales que constituyeron diná-micas productivas y laborales que alteraron las condiciones sociales ya de-ficientes de por sí, en que se reproducían los trabajadores. Por un lado, la reestructuración productiva implementada en el país ha conformado una gran heterogeneidad productiva estructural, en la que conviven unidades económicas de baja productividad con unidades de productividad media y alta, estas últimas asociadas al proceso de globalización que exige com-petitividad. La heterogeneidad productiva es uno de los bastiones consti-tuyentes de la desigualdad laboral que expresa el desmantelamiento de la estabilidad en el empleo y de la seguridad social, bases en la reproducción de los trabajadores mexicanos.

La redefinición de las relaciones entre capital y trabajo a nivel mundial se acompañaron de un nuevo discurso empresarial en el que la flexibi-lidad aparece como la opción para resolver los problemas de empleo, la

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eficiencia económica, restablecer la productividad del trabajo y lograr ser competitivos en mercados internacionales. Uno de los supuestos es que la flexibilidad impactaría positivamente al empleo, sin embargo, para probar esa hipótesis hay que enfrentar dificultades de medición y de información adecuada y veraz, además de reconocer que existen condiciones externas y mediaciones políticas internas, no siempre susceptibles de cuantificarse, que requieren ser consideradas para el análisis del crecimiento del empleo. Sin desconocer esas dificultades, estimamos que en el país, las políticas adoptadas de reestructuración productiva y flexibilización de empleo son adversas a los mexicanos, pues se ha profundizado la desigualdad laboral y social, y nos deja a la espera de que los gobiernos federales panistas puedan cumplir sus promesas de más y mejor empleo.

En el país las tasas de desempleo muestran una tendencia baja, con ex-cepción de la crisis de 1995, persistencia de la que se benefició Vicente Fox y en su gobierno la tasa de desempleo no se incrementó, sin embargo en el balance negativo de su gobierno, en general esta constatación es insignifi-cante. Calderón enfrenta el reclamo de la población por el incumplimiento de sus promesas de empleo, según Javier Lozano, secretario del Trabajo, se han creado un millón 529 mil plazas, cifra que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmintió al señalar que sólo fueron 950, 772, cantidad que se encuentra muy lejos de la meta impuesta en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide) 2008-2012, estimado en 2, 282. 124 puestos de trabajo, lo que representa una diferencia de 1, 331. 352 empleos. También, y a diferencia del reporte difundido por el director del IMSS, Daniel Karam, la auditoría resaltó que entre diciembre de 2010 y junio de 2011 sólo se registraron 450 mil 305 nuevos asegurados, y no 979 mil (La Jornada, 6/09/2011).

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país registró una tasa de desempleo de 5.4%, que lo ubica en el séptimo lugar de los países que integran esa organización, por debajo de Chile, España, Irlanda, República Eslovaca. El promedio de los países de la OCDE creció de 8.3 % en 2009 a 8.6 % en 2010 (OCDE, 18/02/2011). Estos datos son utilizados por los gobiernos panistas como logros de empleo con la intención de convencer a los mexicanos de que estamos muy bien en comparación con algunos países desarro-llados, sin embargo el desempleo avanza y en 2009 representó una tasa de 6.2%. Asimismo, el desempleo abierto se torna preocupante ya que oscila entre 2.2 y 2.9 millones a partir del inicio del 2009, aunque se sitúa



por debajo del promedio de América Latina, no hay que despreocuparse del asunto, pues en términos de ciudadanía es inconcebible que un gran número de mexicanos carezca de empleo (OIT, 2009a).

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Na-cional Autónoma de México (UNAM) mediante los parámetros de me-dición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuestiona la información oficial del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infor-mática (INEGI) y sostiene que la tasa de desempleo se aproxima a 15.5 por ciento, lo que equivale a más de 8 millones de mexicanos sin empleo en contra de 2.1 millones reconocidos oficialmente (CAM, Reporte de investi-gación número 89). Nadie en este país puede conformarse con los datos oficiales que desean mostrar que el desempleo es un mito por las bajas tasas que exhibe comparativamente con otros países, al contrario, el empleo es un problema y si se observa su calidad, tiende a convertirse en alarmante.

Hay abundante información para señalar las persistencias de las di-ferencias de género con relación al empleo, las mujeres representan una tendencia más pronunciada para ubicarse en los empleos precarios. La proporción de hombres que participaron en actividades económicas fue aproximadamente de 80% en 2000 y de 77% en 2009, en contraste las tasas de empleo femeninas se incrementaron de 38% en 2000 a 41% en 2009, lo que representa una tendencia contraria a la tradicional. Fueron más hombres que mujeres los que presentaron características de subocu-pación en octubre de 2010, pues 9.3 por ciento de la población masculina tuvo que recurrir a un segundo empleo, contra 7.3 por ciento de las muje-res en esa condición (La Jornada, 24/06/2011).

Tampoco este dato por sí mismo nos puede indicar una igualdad de género, puesto que se presupone que las mujeres aún se encuentran en em-pleos de menor calidad que los que tienen los hombres y su incorporación al mercado de trabajo se encuentra en el sector comercio y servicios, posi-blemente en el autoempleo y en toda gama de empleos castigados, como el doméstico o la prostitución.

Unos de los damnificados prominentes del empleo son los jóvenes, se estima que para 2009 representaban 1.358.082 de desempleados, entre eda-des de 14 a 29 años, cifra que corresponde a más del 50% del total de des-ocupados existentes en el país en ese año (INEGI, IV trimestre del 2009). Asimismo, ya fue ampliamente documentado que los jóvenes se integran al sector informal que no ofrece las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, lo que los convierte en trabajadores sin acceso a institu-

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ciones de salud (públicas o privadas), sin contrato escrito, ni prestaciones laborales. (Mora Salas y Oliveira; 2009). Se nota con preocupación que las políticas económicas neoliberales han abonado a favor de la precarización del empleo de los jóvenes y esa tendencia hasta el momento parece irreversible: “al menos 75 mil jóvenes están enrolados en las filas del narcotráfico y for-man su ‘brazo armado’” (La Jornada; 6/09/ 2011, p. 9).

De la situación de empleo precarizada de los jóvenes se puede pen-sar que es una cuestión de elección subjetiva o de búsqueda exclusiva de nuevos estilos de vida para sentar diferencia con generaciones pasadas, al contrario, son las condiciones estructurales que cavan con mayor intensi-dad para que los empresarios tengan fuerza de trabajo barata y dominada. En el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, la educación pública y gratuita fue fundamental para el crecimiento económico y el de-sarrollo social, ahora en el neoliberalismo se le exige a los jóvenes mayores niveles de escolaridad y cuando se obtienen la opción que se les presenta son empleos precarios. Por un lado, los individuos que carecen de estudios o llegan hasta nivel secundaria tienen como destino los empleos más inse-guros, contar con estudios universitarios tampoco garantiza empleos con calidad y salario decente: “más de un tercio de la población desempleada tiene un alto nivel de instrucción, con estudios de educación media y su-perior, debido a que las empresas han optado por contratar mano de obra poco calificada” (La Jornada, 6/09/2011). Esta tendencia estructural es un referente de explicación para entender por qué en los jóvenes hay una pérdida de sentido hacia la educación.

Los jóvenes que viven en el limbo existencial, sin empleo y sin estu-dios, han perdido razones para buscar los caminos normales de integración a la sociedad. Se cuentan por millones y están dispersos por todas las enti-dades del país y ahora les llaman Ninis, título lumpenesco para señalar a un nuevo sujeto inadvertido para el mundo globalizado, al que se le atribuye el futuro de la sociedad sin proporcionarle lo elemental para tal responsa-bilidad. En el mundo neoliberal, los ninis están condenados a vivir en la marginación, discriminación y exclusión social.

La flexibilización del trabajo no necesariamente tiene que conducir a la creación de empleos precarios caracterizados por: la inestabilidad, mínima o carente protección legal y social, salarios bajos y escasa capacidad de orga-nización sindical, sin embargo esa vinculación negativa tiende a convertirse en la estrategia de los gobiernos panistas en el país. La intención de los empresarios es la creación de empleos bajo la fisonomía de la precarización,



a su vez los empleos formales se encuentran amenazados por esta forma de degradación del trabajo y en algunos sectores de la producción hay síntomas de su presencia, como en la administración pública en la que la subcontrata-ción de servicios empieza a extenderse. La utilización de trabajadores baratos y desechables es la fuente de generación de la riqueza en el país.

El sector informal representa un reto conceptual y metodológico para contar con mediciones fiables. Hay diversas definiciones para su recons-trucción, una de ellas es la de Sanchis y Miñana (1988) que identifican a ese sector como fuera de la organización legalmente establecida que escapa a la fiscalización del gobierno, los trabajadores que lo conforman no están protegidos por la legislación laboral, por la ausencia de prácticas contables que permitan distinguir flujos económicos del negocio y las estadísticas usadas para su reconocimiento son meras aproximaciones, pues es difícil tener una estimación objetiva de personas dedicadas a actividades ilegales.

Para la ciudadanía, el fortalecimiento del sector informal es un atenta-do con características a la mexicana. Como la dinámica impulsada por el Estado y los empresarios para crear empleos a través de diferentes discur-sos, como el de Fox con la changarrización de la economía que pretendió que todo individuo en edad de trabajar se convirtiera en autoempresario como una forma de ser un individuo responsable y exitoso de su propia vida, de no lograrlo sería su culpa por problemas de actitud, autoestima y asertividad. El optimismo de los presidentes del empleo, Fox y Calderón, chocan con la realidad del empleo, son los establecimientos pequeños, los micronegocios los que mantienen una tendencia creciente a la precariza-ción del empleo. Los trabajadores informales, respecto a la población ocu-pada, representaron 54.06 por ciento a finales de 2006, en comparación con el 54.59 por ciento en el tercer trimestre de 2010” (CAM, Ibíd.). Los datos son tajantes, de cinco nuevos empleos, cuatro son de tipo informal. La sentencia estatal y empresarial es clara, la economía nacional tiene que sustentarse en la degradación del trabajo, lo que significa: estancamiento o disminución del empleo formal, incremento de la precarización del em-pleo, destrucción de colectivos de trabajo, despolitización e individuación de las relaciones de trabajo. La construcción de un nuevo sujeto laboral hace de la ciudadanía una cuestión imaginada, puesto que los trabajadores se conciben como vendedores de servicios con obligaciones empresariales y no como trabajadores con derechos sociales.

Las estrategias empresariales no paran en crear y actualizar los mecanis-mos de explotación y dominación, a la informalidad en el trabajo le incre-

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mentan otros tipos de empleos que resaltan por su sagacidad en doblegar a los trabajadores, como la subcontratación, que no necesariamente indica una ampliación del sector empresarial y quizá sí la degradación del trabajo por medio de una flexibilidad salvaje que tiende a desplazar al trabajo asa-lariado en los servicios y el comercio.

A la decadencia del empleo formal aparece la subcontratación de per-sonal, en sus distintas denominaciones como outsourcing, tercerización y externalización, que sin ser fenómenos nuevos se presentan como las in-novaciones empresariales del empleo (CEPAL, 2006). Una de las prác-ticas empresariales de empleo que tiende a ser una de sus favoritas es la sustitución parcial o completa de empleados, se les despide y vuelven a ser empleados en el mismo lugar, realizando las mismas actividades o amplián-dolas, pero ahora bajo la tutela de otra empresa. Otra práctica laboral que se hace extensiva en el mundo laboral es que al momento de contratación se firme carta de renuncia con la fecha en blanco, de tal forma la empresa tiene todo el poder para despedir al trabajador cuando lo crea convenien-te. La subcontratación es una forma de relación laboral que se construye al margen de la ley, con aceptación de las autoridades laborales y además de utilizarse para la evasión de impuestos hacen perder su sentido al de-recho laboral. La cuestión es clara, en lugar de que los gobiernos panistas se esfuercen por la construcción de un Estado de derecho, el apoyo a la subcontratación es para omitir el cumplimiento de la ley laboral, dejar de lado su responsabilidad social y el pago de utilidades a los trabajadores (La Jornada, 25/06/ 2007).

La experiencia de la subcontratación tiende a corroer al sistema pro-ductivo, además del sector industrial se presenta con enorme fuerza en los servicios y el comercio, y se impulsa en la administración pública. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se contratan servicios de per-sonal externo en las áreas de mantenimiento, limpieza, vigilancia, mo-nitoreo de medios y servicios de informática. Con ello, la dependencia encargada de salvaguardar los derechos de los trabajadores incurre en una práctica que atenta contra los principios de tutela del trabajo for-malmente instituido en nuestra ley federal del trabajo, como este caso se han detectado más en la administración pública (Servicio de Administra-ción Tributaria, SAT, Reporte anual 2008 y retos para 2009).

Si hacemos un conjunto con el desempleo, sector informal, subcontrata-ción, todos orientados por la precarización que implica bajos salarios, largas jornadas de trabajo y nulos derechos sociales, entonces la cuestión del empleo en



el país adquiere un sentido dramático que se vislumbra sin salida en el corto plazo, y sí al contrario en convertirse en degradación del trabajo sustentado en un trabajador: fragmentado, vulnerable, hiperactivo, estresado, ansioso, inse-guro, culpabilizado, inquieto.

En el Estado de bienestar en los países de desarrollo y en los populistas en América Latina se presentó a la ciudadanía social como un referente de optimismo del futuro de los trabajadores. Sin embargo, como se mencio-nó, ese tipo de ciudadanía fue para los trabajadores que gozaron de em-pleos formales, y se excluyeron a los trabajadores que se encontraron fuera de la supuesta relación de normalidad laboral. En el país, el acceso a los sistemas de salud es significativo y para nada despreciable, sin embargo los trabajadores que quedan bajo su cobijo son cada vez menos y no sólo por problemas presupuestarios de las instituciones de salud, sino por la ideo-logía ligada respecto al mercado como el mejor distribuidor de la riqueza social y mejores servicios con calidad, y de la heterogeneidad estructural productiva. Desde estos referentes estructurales e ideológicos se ha man-tenido una ofensiva estatal y empresarial en contra de la seguridad social y los derechos laborales, que se ha detenido parcialmente por la presencia de organizaciones sindicales corporativas e independientes.

Desde el neoliberalismo, las instituciones de salud pública están bajo una constante presión institucional que persigue la privatización abierta del IMSS y del ISSSTE, y bajo ese esquema mal logrado hasta el momento, se han centrado en deteriorar progresivamente las condiciones financieras y de funcionamiento operativo de esas instituciones para lograr la justificación de su necesaria orientación hacia el mercado, lo que representa un jugoso negocio para los empresarios. Es claro que el Estado mexicano al basar su mirada en el mito del individuo como único sujeto de la sociedad futura se encuentra obstinado en precarizar las prestaciones sociales y trasladar su res-ponsabilidad social hacia los propios trabajadores, ahora además de sujetos comprometidos con tener empleo al margen de la acción gubernamental, se les endosa la responsabilidad de su propia protección social.

Para 2010, sólo el 35.4% de los trabajadores tuvieron acceso a los be-neficios sociales, en contraste resaltan aquéllos sin acceso a la seguridad social que se concentran en las actividades agropecuarias, transporte y co-mercio al menudeo, así como en los servicios (ENOE, tercer trimestre de 2010). Este dato se agrava con severidad cuando se registra la disminución de trabajadores afiliados al IMSS, 600 mil trabajadores en 2009, y un au-mento de trabajadores sin protección social que se estima en una cantidad

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de 350 mil en la misma fecha. Una problemática fuerte para los trabajado-res es el pago de pensiones, México y Chile son los países de la OCDE con las pensiones más bajas en promedio (OCDE, 22-Marzo-2011).

El sistema de salud puntal del Estado populista es atacado constante-mente por los empresarios y los propios gobiernos panistas que en lugar de revitalizarlo intentan por todos los medios canalizarlo hacia la lógica exclusiva de la ganancia, bajo pretextos de mala calidad de los servicios que se ofrecen y la carga financiera que representa para el Estado. Ya se ha denunciado con creces que la ofensiva a la seguridad social pretende elimi-nar conquistas laborales y derechos sociales, entre uno de los más sentidos las jubilaciones. La intencionalidad de los gobiernos panistas es socavar al empleo formal y crear las condiciones sociales para enraizar a la precariza-ción del trabajo como la opción capitalista de trabajo para todos. En este sentido hay que entender la creación del Seguro Popular, más que ser una opción universal de protección para todos los trabajadores y población vul-nerable es la estrategia para consolidar la degradación del trabajo en el país.

Otro eje sensible para los trabajadores es el salario. La relación salarial se ha modificado desde el modelo neoliberal bajo la embestida de las crisis económicas y las innovaciones tecnológicas y organizativas. De los salarios mínimos pactados en comisiones tripartitas se agrega otra forma salarial variable bajo formas indistintas de reconocimiento del esfuerzo individual como los premios de productividad y calidad. Es evidente la presión em-presarial para disminuir los salarios a niveles elementales sólo para man-tener en estado de sobrevivencia a la fuerza de trabajo y continuar con la estrategia de la lucha individual al interior de los colectivos de trabajo.

El panorama laboral mexicano no es halagador, se puede estimar que cada vez se incrementa la exigencia de trabajar más y de hacerlo en empleos precarizados situación asociada con salarios bajos. La población ocupada en empleos formales tiende a disminuir, 15.5 por ciento recibe salarios mínimos y goza de prestaciones sociales. En términos de salarios mínimos reales, el Banco de México muestra que tienen un comportamiento hacia la baja y que durante 2009 representaron un 27.4% de 1980 y en los primeros 9 meses continuaron con esa tendencia a la baja con un -0.6% (Banxico, 2009).

Asimismo, la ASF estimó que en 2010 un tercio de la población ocu-pada ganó sólo dos salarios mínimos, y que de 2008 a 2010, el número de pobres se incrementó 3.2 millones (La Jornada, 6/09/2011).

A diferencia de muchos países en los que el neoliberalismo propició una fuerte derrota obrera que se expresó en el desmantelamiento de los



sindicatos, en el país esas organizaciones perdieron poder en algunos de sus nichos tradicionales, como en la regulación del empleo y salario, y en su dimensión política, sin embargo los gobiernos priistas y panistas han respetado la existencia de las organizaciones corporativas y han realizado una ofensiva en contra de los sindicatos que mantienen una actitud con-testataria hacia las políticas laborales oficiales.

En contra de todos los pronósticos académicos derivados de las políti-cas neoliberales económicas y del empleo, de la muerte de Fidel Velázquez y del ascenso al poder político de los panistas, los sindicatos corporativos se han mantenido permeables al cambio sustancial de sus estructuras y de su cultura, el corporativismo ha mostrado una gran adaptación a las polí-ticas neoliberales, incluso ha sido uno de sus sostenes, y su ineficiencia en detener la degradación del trabajo es manifiesta.

Por otro lado, el corporativismo ha encontrado una vinculación prag-mática con la democracia representativa al contrario de lo esperado por los agoreros de la muerte del corporativismo, éste no sólo se mantiene, sino que se refuncionaliza y en algunos casos logra tener un poder muy fuerte, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que postra a sus decisiones al gobierno de Calderón. Los gobiernos federales panistas en lugar de cumplir sus compromisos electorales de impulsar una política sindical democrática, han actuado en contra de sus principios y han buscado apoyo mediante alianzas soterradas con el sindicalismo cor-porativo de corte tradicional o autoritario para mantener políticas neolibe-rales que atentan contra los derechos de los trabajadores.

En este terreno de larga vida del corporativismo sindical es necesario entender uno de los derechos sagrados de los trabajadores: la huelga. Hay suficiente información para indicar que el conflicto laboral no se puede limitar a los emplazamientos y estallamientos de la huelga, como tampoco deducir de la estadística que las pocas huelgas estalladas, por ejemplo en 2009, tengan su razón en el diálogo social entre capital y trabajo. Los con-flictos sindicales de los mineros y la ofensiva hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas son el iceberg de una conflictividad de mayor envergadura que se encuentra en formación en contra de la precarización del trabajo.

El corporativismo sindical que representa a los trabajadores que se en-cuentran en los sectores estratégicos de la producción es uno de los elementos explicativos de las pocas huelgas estalladas y es evidente que corporativismo no es sinónimo de diálogo social, pero sí de control estatal y sindical de los trabajadores que inhibe la acción colectiva y va en contra de los procesos de

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construcción de ciudadanía que exigen de una participación activa para el ejercicio de los derechos y la construcción de un mundo más deseable.

De las problemáticas reacias a modificarse en el sindicalismo mexicano son la libertad sindical y la antidemocracia sindical. La primera se man-tiene pese a las mayores oportunidades que hay en la actualidad para la formación de sindicatos en una misma empresa o secretarías de gobierno, sin embargo esta condición se oscurece en el funcionamiento propio de la maquinaria corporativa, pero aún se mantiene como práctica y cultura la sujeción del trabajador hacia una organización sindical. Con relación a la democracia sindical se encuentra ampliamente documentado que la vida interna de los sindicatos corporativos y de algunos denominados neocor-porativos se regula por formas en las que la participación de los trabajado-res no existe como tampoco cuentan para las decisiones estratégicas de sus organizaciones. Un sindicalista pasivo e indiferente es un obstáculo para que la ciudadanía pueda socavar la degradación del trabajo.

Pese a la insistencia de la pérdida de centralidad del trabajo asalariado en las sociedades actuales al dejar de ser el eje en la integración de los tra-bajadores al sistema y en la generación de identidades se puede argumentar que lo que sucede con relación al trabajo todavía tiene impactos en la sociedad. El hecho de tener un empleo y una remuneración no garantiza una vida digna, y aún más si éstos se encuentran en el bloque del trabajo degradado se convierten en un obstáculo para el fortalecimiento de la de-mocracia. En este sentido, las alabanzas gubernamentales de una tasa de desempleo baja deberían preocuparnos, pues menor desempleo tampoco contribuye de forma directa a una mejor cohesión social. El desempleo se puede mantener controlado en tasas reducidas por medio de la afectación de la calidad del empleo y políticas de control social, como el miedo a per-derlo, lo que incide en una mayor fragmentación social y el aumento de la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

El adiós a los empleos estables y con derechos laborales genera incer-tidumbre respecto al futuro social de los trabajadores. Cada día hay más trabajadores que tienen un empleo que no les permite elaborar un proyecto de vida a largo plazo ni contar con seguridad social. En este contexto es cla-ro que mientras los trabajadores carezcan de un empleo y un salario digno, la ciudadanía estará irremediablemente destinada al fracaso.

Como se mencionó, la ciudadanía tiene que ir más allá del empleo y del salario, también hay que preguntarse a qué precio se puede lograr un trabajo decente, pues la salud mental de los trabajadores debe con-



siderarse como un elemento de la nueva ciudadanía. Si bien se puede decir que el mobbing es un fenómeno que ha estado ligado al empleo asalariado, en la actualidad adquiere una visibilidad significativa y se convierte en una problemática que es necesaria atender (Hirigoyen, 1999). Sería arriesgado suponer que la degradación del trabajo por sí sola determina las patologías sociales, aun así lo dejamos como una posible hipótesis para el país, y suponemos que la degradación del tra-bajo incide en el crecimiento de los divorcios, alcoholismo, suicidio y violencia intrafamiliar vivida por las mujeres.

Inestabilidad en el trabajo y exclusión social

Bajo la ilusión de que el Estado de bienestar fue una etapa maravillosa de la clase obrera, ya vimos que para Marshall en parte fue de esa manera, la pobreza recibió poca atención en los estudios sociales. En ese periodo del capitalismo se partió de la consideración que se habían logrado altos niveles de integración social por medio de políticas sociales y laborales que lograron la disminución en la desigualdad económica y social. En este contexto, los pobres se asociaban a los que carecían de empleo, en ese mo-mento histórico de euforia resultó difícil observar las múltiples formas de exclusión social que deambularon en ese mundo maravilloso.

En la actualidad nos encontramos en un panorama económico mun-dial adverso en que las condiciones del empleo se han deteriorado, la pre-carización aparece como un proceso jamás visto y, por tanto, los hogares enfrentan una mayor vulnerabilidad social con una reducida efectividad de los programas sociales, bajo el argumento de recursos financieros limita-dos, aunque en el fondo la cuestión es una distribución inequitativa de la riqueza y servicios públicos con deficiente calidad.

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000- 2006), la relación entre des-empeño económico y pobreza no fue muy clara, pese a que la economía exhibió periodos de contracción del PIB per cápita o de crecimiento muy bajo. Situación contraria en el gobierno de Calderón, en el que la pobre-za se incrementó en el año 2009, creando serias dificultades para que los mexicanos enfrentáramos con dignidad nuestras condiciones materiales y compromisos sociales. México es uno de los países que registra los peores desempeños en el combate a la pobreza en América Latina, en la región hay 183 millones de personas en condición de pobreza, de los que aportamos 36 millones, el 19.6 por ciento de pobres en la región. Nuestro país es

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sumamente desigual y países como Paraguay, El Salvador y Perú muestran mejores resultados en su lucha contra la pobreza (CEPAL, Panorama Social 2010 y 2011).

La relación entre la degradación del trabajo y la pobreza es difícil de cuantificar, y más cuando esta última va más allá de una cuestión material. Por ello, aparece la exclusión social como una opción de vincular la miseria económica con procesos sociales para ubicarnos en el mundo degradante en el que vivimos. La exclusión social presenta características como las siguientes: su extensión a trabajadores que antes se encontraban al margen de la precarización, segmentación y fractura de los derechos sociales, exclu-sión total de grupos que quedan al margen de la sociedad y fragmentación de la sociedad (Renes; 1993).

El análisis de la exclusión social incorpora elementos sociopolíticos, como la fragilidad de nuestra democracia y el déficit de ciudadanía, ade-más de elementos subjetivos y personales. En este sentido la exclusión se hace extensiva a colectivos de trabajo precarizados e inclusive toca la puerta de los trabajadores formales que apenas logran sufragar sus gastos con el mísero salario que ganan. La degradación del trabajo deja a los jóvenes en la disyuntiva de ser sicarios o policías ante las graves dificultades de encon-trar un empleo decente. Y qué decir de los trabajadores subcontratados y temporales que cada vez más se encuentran en la frontera de la exclusión y de una inclusión precaria.

La sociedad mexicana es una sociedad fragmentada, fracturada y de-sierta de un Estado de derecho, en la que la mayoría de los trabajadores tienen colocada la camiseta de la degradación del trabajo. Capas de la po-blación que se vieron beneficiadas indirectamente de los derechos socio-laborales que los trabajadores formales tuvieron y que les permitieron vivir en la zona de la integración sistémica, hoy se deslizan hacia territorios de la vulnerabilidad como las clases medias y trabajadores en empleos formales. Los trabajadores precarizados y los jóvenes que esperan tener un empleo ya viven en la exclusión social no sólo por carecer de protección social, sino que carecen de posibilidades reales de integrarse a empleos estables y con reconocimiento de derechos sociales.

La exclusión social en su vertiente subjetiva, además de sustentarse en la responsabilización de los individuos de su destino laboral también los culpabiliza de no adaptarse con la velocidad necesaria al cambio social, en este sentido la integración es para aquellos que saben actuar de forma exi-tosa y oportuna: el hombre light, el sujeto cibernético, etc.



La construcción de ciudadanía se enfrenta a una subjetividad de las clases poderosas ante la que hay que exigir que las soluciones a la pobreza tengan que ser, en primera instancia de corte estructural, ya que cambiar la subjetividad que acompañó a los empleos formales por otra que criminali-za la degradación del trabajo no soluciona nada. Trabajadores desechables, jóvenes ninis, sicarios y el lumpen son segmentos de población que según el Estado y los empresarios no tienen aportes productivos para la sociedad, incluso representan una carga indeseable que es necesario soportar. Este tipo de visiones tecnocráticas centradas en el empleo y en la productividad, se presentan como discursos limitados para la construcción de la ciudada-nía plena. La cuestión social cimentada en la degradación del trabajo se encuentra en el núcleo de la construcción de la ciudadanía.

Epílogo

La sociedad no se puede organizar exclusivamente por el mercado, el con-sumidor y la degradación del trabajo. Ya hay suficiente información para dudar que el mercado es insuficiente para lograr el crecimiento económico y la creación de empleos decentes, en cambio se ratifica como constructor de desigualdades sociales, pobreza y exclusión social que colocan límites para posicionarnos de forma positiva en la mundialización económica y del trabajo. Para que en este país, la ciudadanía se arraigue, se requiere de un fuerte Estado de derecho, una sociedad civil que se movilice en la concreción de los derechos sociales, políticas públicas orientadas hacia el derecho a la vida digna, que implica empleos y salarios que permitan un nivel de vida con calidad social y bienestar emocional para todos los mexi-canos (Hopenhayn, 2008).

Para la realización de estos logros, el corporativismo autoritario y pa-trimonialista que genera conductas pasivas, pragmáticas y corruptas en la población es un obstáculo para que la ciudadanía laboral pueda aparecer, la falta de libertad sindical y la antidemocracia de la que gozan los trabaja-dores mexicanos reman en contra de cualquier atisbo serio de construcción de ciudadanía. Se han presentado soluciones para avanzar en ese camino, una de ellas es la constitución de un nuevo modelo de desarrollo y la crea-ción de un nuevo pacto social que considere a todos los actores sociales; lo que implica la reforma del Estado y la revitalización de la política como constructora básica de la sociedad. Ésta sería la base política para la elabo-ración de una política industrial y científica que fortalezca al mercado in-

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terno y genere mejores oportunidades para actuar en el mercado externo, y de una política laboral que propicie la creación de empleos y salarios justos, así como fortalecer las prestaciones sociales para que los trabajadores vivan con bienestar material, social y emocional. Ya con esta orientación laboral como fundamento de la construcción de ciudadanía, quizá los empresarios se den cuenta que la mejor inversión económica y política que pueden realizar es en la ciudadanía plena.

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