Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de BarcelonaProcediment drets fonamentals 420/2014- ASENTÈNCIA Nº 71/2016Data: 31 de març de 2016Lloc: BarcelonaJutgessa que la dicta:

PARTSDemandant: Associació de Veïns xxxxxxxxDemandada: Ajuntament de xxxxxxxxMinisteri Fiscal

FetsFETSÚnic.- La part actora va presentar recurs contenciós administratiu especial a tramitar d'acord amb el procediment per a la protecció de drets fonamentals davant de la inactivitat de l'Ajuntament de xxxxxxxxx en el control de la contaminació acústica provinent de deter-minades guinguetes de les platges de xxxxxxxx i bars musicals del passeig marítim i davantdel Decret de 31 de juliol de 2014 dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública del'Ajuntament desestimant la sol.licitud presentada per l'actor i la manca de resposta del re-queriment presentat per l'actora en data 9 d'agost de 2014. I feia la pètita que consta a la de-manda i que dono per reproduïda.Acomplerta la tramitació prevista a l'article 114 i ss ven quedar les actuacions concloses perresoldre.Raonaments jurídics

RAONAMENTS JURÍDICS

PrimerPRIMERObjecte del procedimentLa part actora acciona davant de les següents resolucions:Decret de data 31 de juliol de 2014, dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública de l'Ajuntament de xxxxxxxx pel qual es desestima la reclamació prèvia presentada per l'actora en data 25 de març de 2014.Decret de data 11 de novembre de 2014 dictat per l'alcalde l'Ajuntament pel qual es desesti-mava la reclamació prèvia presentada per l'actora en data 13 d'agost de 2014.Decret de data 17 de novembre de 2014 dictat per l'alcalde l'Ajuntament pel qual es desesti-

1

mava la reclamació prèvia presentada per l'actora en data 13 de setembre de 2014.i la inactivitat davant de les reclamacions formulades en els escrits presentats en data 25 de març, 9 d'agots, 13 de setembre i 17 de setembre de 2014.Cal tenir en compte quie l'escrit de data d'entrada 25 de març de 2014 es refereix a les irre-gularitats realitzades per totes les guinguetes que estan incloses en la subzona A4 o B1, comja veurem, emissores dels sorolls.

Segon.- Causa d'inadmissibilitat. Manca de legitimació activaL'Ajuntament de xxxxxxxx planteja com a causa d'inadmissibilitat el fet que l'actora no estàlegitimada activament per al present procediment.Per resoldre la qüestió transcric la sentència dictada per la Sala del TSJ de Madrid, de 5 de desembre de 2007 quan diu " El TS, en sentencia de 11 de octubre de 2003 afirma,"la legiti-mación es presupuesto inexcusable del proceso, que implica en el proceso contencioso- ad-ministrativo, como hemos señalado en la doctrina de esta Sala (por todas, en STS, 3ª, 7ª de 11 de febrero de 2003, al resolver el recurso núm. 53/2000 EDJ 2003/2152 EDJ 2003/2152 ), así como en la jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 65/94 EDJ 1994/1762 EDJ 1994/1762 ), una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca au-tomáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero ci-erto (como subraya esta última jurisprudencia en SSTC 105/1995, de 3 de julio ( RTC 1995, 105 ) , F. 2 EDJ 1995/3109 EDJ 1995/3109 ; 122/1998, de 15 de junio, F. 4 EDJ 1998/6492 EDJ 1998/6492 y 1/2000, de 17 de enero, F. 4 EDJ 2000/82 ). Para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o lainactividad denunciada) debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica dequien acude al proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional ( SSTC núms. 197/88 EDJ 1988/513 EDJ 1988/513 , 99/89 EDJ 1989/5706 EDJ 1989/5706 , 91/95 EDJ 1995/2616 EDJ 1995/2616 , 129/95 EDJ 1995/4415 EDJ 1995/4415 , 123/96 EDJ 1996/3759 EDJ 1996/3759 y 129/2001 EDJ 2001/11107 EDJ 2001/11107 , entre otras). En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha señalado: a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de" legítimo, personal y directo", o bien, simplemente, de" directo" o de" legítimo, individual o colectivo", debe reputarse toda situación jurídica individualizada,caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administraci-ón Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, in-dependientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos. b) Ese inter-és, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinal-mente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que

2

el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pre-tendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la situación fác-tica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como resulta-do inmediato de la resolución dictada. c) Ese" interés legítimo", que abarca todo interés quepueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de" personaly directo", pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Consti-tucional (en Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 octubre EDJ 1982/60 EDJ 1982/60, 62/1983, de 11 julio EDJ 1983/62 EDJ 1983/62, 160/1985, de 28 noviembre EDJ 1985/134 EDJ 1985/134, 24/1987 EDJ 1987/24 EDJ 1987/24, 257/1988 EDJ 1988/573EDJ 1988/257, 93/1990 EDJ 1990/5441 EDJ 1990/5441, 32 EDJ 1991/1558 EDJ 1991/1558y 97/1991 EDJ 1991/4834 EDJ 1991/4834y 195/1992 EDJ 1992/11281 EDJ 1992/11281, y Autos 139/1985, 520/1987 y 356/1989) han declarado, al diferenciar el inter-és directo y el interés legítimo, que éste no sólo es superado y más amplio que aquél sino también que es, por sí, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativao jurisdiccional a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona. d) Salvo en los supuestos en que el or-denamiento reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una de-terminada relación con la cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de26 de noviembre de 1994, la "ad causam" conlleva la necesidad de constatar la interrelaciónexistente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, o como dijo la sen-tencia de 21 de abril de 1997, se parte del concepto de "ad causam" tal cual ha sido recogi-do por la doctrina como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reacci-onal, que le permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como presu-puesto procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente. (.)".A la vista de la doctrina transcrita -y sin desconocer que la legitimación activa en el ámbito del proceso contencioso- administrativo presenta perfiles muy borrosos, pero que vienen si-endo objeto de una interpretación expansiva por parte de la jurisprudencia de la Sala Terce-ra en aras del principio "pro actione" sobre todo en materia medio ambiental- y 1) sobre la base de las innegables competencias que en materia de Medio Ambiente tienen los Ayunta-mientos, que la contaminación acústica es materia "a caballo" entre el medio ambiente y la salud -sobre la que también ostentan competencias los Entes Locales-, 2) que la protección ambiental constituye una piedra angular de todo el sistema normativo de la Comunidad Eu-ropea, vinculando la lucha contra el ruido y la defensa de los derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad física de las personas, tal como ha quedado cristalizado en la Di-

3

rectiva 2002/49 / CE ( LCEur 2002, 1983 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 dejunio de 2002, transpuesta al Ordenamiento español por la Ley 37/03, de 17 de noviembre (RCL 2003, 2683 ) , del Ruido, 3 EDL 2003/120316 ) que la Ley de Cataluña 16/02, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica otorga competencias en la materia a los Ayuntamientos, y, 4) que en virtud del principio de subsidiariedad proclamado por la Carta europea de Autonómica Local, los Ayuntamientos tendrán que velar por que los veci-nos disfruten de un medio ambiente adecuado y porque las molestias de producen los aero-puertos se reduzcan al máximo, ha de concluirse que el Ayuntamiento de Gavá tiene legiti-mación activa , legitimación que, expresa y específicamente, le reconoció la Sentencia de laSección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña de 21 de octubre de 1999, dictada en el Rº de la Ley 62/78 ( RCL 1979, 21 ) EDL 1978/3875 núm. 2937/98 EDJ 1999/46197, interpuesto por el citado Ayuntamiento en relación con los daños que producen a los vecinos los ruidos de los aterrizajes y despegues de aviones del Aeropuerto del Prat, Sentencia que fue confirmada por Sentencia de la Sección Séptima del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 EDJ 2004/31738, citada por el propio Abogado del Estado en su contestación."Respecte a la legitimació de les associacions, trobem la interliocutòria dictada per la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Madrir de data 27 de gener de 2014 la qual estableix parlant de les associaicons sindicals, però a la vegada extensible a la resta d'associocions " En el plano procesal la tutela de los derechos de las Asociaciones se canaliza a través del art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836 ) EDL 1978/3879 , art. 7.3 LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) EDL 1985/8754 (deber de protección por parte de los órganos judiciales de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos) señalando la LOPJ EDL 1985/8754 que para la defensa de los intereses colectivos se reconocerá la legitimación de las corpora-ciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción ( art. 7.3 LOPJ EDL 1985/8754 ). y en el art. 1.1 de la Ley de Asociación Sindical, que reconoce el derecho de los trabajadores a constituir en cada rama de actividad las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, habiéndose orientado la reforma de la Ley Sindical a la protección legal de la li-bertad de asociación sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus inter-eses peculiares, sin otros límites funcionales que los inherentes a la naturaleza profesional de sus fines estatutarios y al deber de acatamiento de la legalidad; todo ello en el ejercicio de las libertades propias de una sociedad democrática y teniendo en cuenta los convenios internacionales, especialmente los convenios números 87 y 98 de la Organización Internaci-onal del Trabajo, así como el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultu-rales firmado por el Gobierno español.El Tribunal Constitucional otorga legitimación activa incluso a las asociaciones no sindica-les para recurrir en defensa de los intereses de sus miembros. Considera que existe un inter-és profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores -la de sus asocia-

4

dos-, del que no sólo es titular cada uno de ellos, individualmente considerados, sino tambi-én la asociación o entidad que, asume estatutariamente esos misinos fines. Así en la STC 47/1990 EDJ 1990/3144 se refiere específicamente a la legitimación procesal de las asocia-ciones de trabajadores, estima el recurso de amparo y considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia, indicando que no hay que confundir el concepto de interés legítimo en la defensa de un derecho con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho o libertad cuyo amparo se pide, "pues el in-terés legitimo es más amplio que el interés directo y, por tanto, de mayor alcance, y en él hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría detrabajadores del que puede ser titular no solo cada uno de ellos sino también cualquier aso-ciación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines".Dice el TC que negar a una asociación profesional, por el hecho de no ser sindical, la legiti-mación para actuar en defensa de los intereses que le son propios, se compadece mal con el reconocimiento constitucional como derecho fundamental del derecho de asociación ( art. 22 CE EDL 1978/3879), así como con la llamada a la ley que efectúa el art. 52 CE EDL 1978/3879 para la regulación de las organizaciones profesionales que contribuyan a la de-fensa de los intereses económicos que les sean propios.Efectivamente, aunque no cabe duda del importante papel que desempeñan los sindicatos en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores al amparo de los arts. 7 y 28.1 CE EDL 1978/3879 , no se puede desconocer que también otro tipo de asociaciones con relevancia constitucional, como las profesionales, tienen como objeto y como fin ese mismo cometido, al amparo del derecho de asociación que la Constitución también recono-ce como fundamental en el art. 22 CE EDL 1978/3879, cuyo ejercicio debe ir acompañado de las necesarias garantías jurisdiccionales.Lo contrario supondría menoscabar el ejercicio de los derechos de las asociaciones profesi-onales que al amparo del citado precepto constitucional se fundan para defender los intere-ses de determinados colectivos o ramas profesionales, al reconocer únicamente la tutela ju-dicial efectiva a aquellas otras que defienden esos derechos laborales desde el ámbito sindi-cal al amparo del art. 28.1 CE. EDL 1978/3879Siendo lo que evidentemente se exige siempre para que no se trate de una mera acción ejer-citada en defensa de la legalidad, para el reconocimiento de la legitimación , que se justifi-que la existencia de un interés legítimo concretado en que la estimación del recurso le re-portaría algún beneficio o ventaja, siquiera instrumental o indirecto, en relación con su fina-lidad estatutaria, en su dimensión no general y abstracta, sino en referencia concreta al nú-cleo básico de sus intereses como tal asociación o en relación con sus propios asociados en cuanto miembros de dicha asociación , y ello desde luego entendemos concurre en el caso presente.En nuestro caso AFEM es una Asociación Profesional, legalmente constituida al amparo de la Ley 11/1985 de Libertad Sindical que, según sus Estatutos, desarrolla sus fines en el ám-

5

bito de la Comunidad Autónoma de Madrid y tiene por objeto fundamental según el art. 5 de sus Estatutos, entre otros, a) Representar y defender, dotada de personalidad jurídica y con plena capacidad de obrar, los intereses profesionales de sus asociados y c) Contribuir a la mejora de las condiciones generales y particulares de los facultativos especialistas; sien-do los miembros de la Asociación los Facultativos Especialistas del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y los facultativos que se encuentren en periodo de especialización que se adhieran voluntariamente a la misma (art. 6).Existe en consecuencia un vínculo especial y concreto entre los fines de la Asociación y la razón de su existencia con el objeto del recurso presente por cuanto que la Resolución re-currida afecta a los facultativos especialistas que la asociación defiende y representa.En consecuencia la actora es una asociación que representa y defiende los derechos e inter-eses de sus asociados que son un determinado colectivo de profesionales y que promueve elpleito en defensa de un interés que le es propio, de un interés profesional y negarle la acci-ón seria tanto como negarles el derecho a la tutela judicial efectiva en defensa de los intere-ses colectivos que defiende, sin que actúe en el caso presente como mera defensora de la le-galidad sino en defensa de los concretos intereses de sus asociados que como hemos dicho son Facultativos Especialistas del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, siendo asíque el objeto de la convocatoria es la licitación de un contrato para la gestión por concesiónprecisamente del servicio público de la atención sanitaria especializada de seis hospitales enque la cláusula 9.4 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares al regular las obligaciones de la entidad adjudicataria en relación con los Recursos Humanos, contiene concretas previsiones sobre el régimen jurídico del personal que preste sus servicios en el momento de adjudicación del contrato en los Hospitales a que la convocatoria de licitación se refiere, estableciendo diferentes posibilidades y opciones según se trate de personal labo-ral, personal estatutario eventual, personal estatutario interino, personal estatutario fijo y personal laboral del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid, resultando evidente que tal personal e incluso el que no presta en estos momentos servicios en tales hospitales por cuanto que también podría solicitar plaza en ellos, está legitimado para impugnar la Re-solución de 30 de abril de 2013, por tener un interés legítimo al repercutir la resolución ad-ministrativa impugnada directa o indirectamente en su esfera jurídica, siendo afectados por la Resolución impugnada que varía el sistema de gestión de los hospitales, la relación de dependencia del personal, hay parte del personal como es el estatutario fijo y el laboral fijo de la CAM que presta servicios en los Centros de Salud Mental, que es reordenado directa-mente a otros centros del SERMAS y no tienen la opción del art. 9.4 (respuesta a la pregun-ta 85 de Hospitales de Madrid), tampoco tiene opciones el personal estatutario eventual e interino de los seis hospitales objeto de licitación ya que es personal cuya relación laboral con el SERMAS finalizará con la adjudicación, por ello su coste no se prevé en los Anexos relativos a los costes de personal y este personal puede pasar a prestar servicios para la em-presa concesionaria únicamente en las condiciones contractuales que la empresa establezca

6

(respuesta a la pregunta 59 de Hospitales de Madrid) no existiendo subrogación en sus con-tratos pese a que las plazas del personal estatutario interino están previstas en las Rptas., es-tando asimismo legitimada la Asociación recurrente en tanto en cuanto defiende los intere-ses de sus asociados directamente afectados por la Resolución administrativa impugnada, concordancia de los fines estatutarios de la asociación recurrente con el objeto del litigio por cuanto que a la vista de sus fines estatutarios no es neutral o indiferente el mantenimi-ento de la norma recurrida pues el interés legítimo es más amplio que el interés directo y, por tanto, de mayor alcance, y en él hay que entender incluido el interés profesional de de-fensa de una categoría de trabajadores del que puede ser titular no solo cada uno de ellos sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mis-mos fines.Entendemos que sentado lo razonado (y reconociendo como hemos visto el TC legitimaci-ón activa cuando concurre un interés legítimo, incluso a las Asociaciones no sindicales), no es obstáculo para reconocer legitimación a la actora el que no forme parte de la mesa secto-rial de sanidad ni haya participado en las últimas elecciones a la sanidad pública madrileña que tuvieron lugar hace más de dos años (el 4 de mayo de 2011), siendo por lo demás una mera opinión del SERMAS (doc n° 1 del escrito de oposición de la CAM) el que la recur-rente carezca de cualquier representatividad en el sector, lo que además se compadece mal con su número de afiliados y con su capacidad de convocatoria y organización de moviliza-ciones en defensa de la Sanidad Pública a que asistimos continuamente en Madrid. El caso presente nada tiene que ver con el alegado por la CAM Auto del Tribunal Supremo de 21 denoviembre de 1997 que declaró la imposibilidad de reconocer el interés legitimador cuando resultaba únicamente de una autoatribución estatutaria, por cuanto que tal Auto y otras tan-tas Sentencias del Tribunal Supremo ( Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 7ª, S 20-5-2011, rec. 3381/2009 EDJ 2011/99972 ) que niegan la legitimación en tales casos no se refieren a casos como el presente, distinguiendo esta ultima Sentencia entre los casos en que una Asociación (allí se trataba de una Fundación) constituida para la defensa de cuales-quiera intereses o para el logro de cualesquiera finalidades resulte legitimada plenamente para impugnar actos administrativos, cuando esos intereses resulten afectados o, ajuicio del propio ente, deban ser defendidos, tal y como se infiere, con toda claridad, del art. 19.1.aps a) y b) de la Ley de esta Jurisdicción que es nuestro caso y otra bien diferente es que tal le-gitimación se reconozca indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines genéricos, in-cluso de contenido moral, respecto de la actuación de las Administraciones públicas o la prestación de los servicios públicos, pero sin afectación de intereses. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en el art. 19.1 b) de la LJCA ( RCL 1998, 1741 ) EDL 1998/44323 cuando diceque están legitimados en el orden jurisdiccional contencioso administrativo..." Las Corpora-ciones, asociaciones , sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art 18 que resulten afectados ó estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legíti-mos colectivos " que recoge dos supuestos distintos de legitimación que son que estén le-

7

galmente habilitados para la defensa de los derechos ó intereses legítimos colectivos ó que resulten afectados por la Resolución recurrida que es lo que ocurre en el caso presente en-troncando esta última expresión con el concepto de interés legítimo que aquí concurre por lo que la recurrente no necesita estar habilitada por otra Ley distinta de la Ley de Asociaci-ones Sindicales ó de la Ley Sindical.La situación de los médicos especialistas no es equivalente en materia de legitimación acti-va a la de los usuarios del Sistema Público Sanitario a quienes hemos negado legitimación en el Auto de 24 de julio de 2013 dictado por esta misma Sala y Sección en el PO n° 674/2013 por cuanto que los primeros son directamente afectados por el Pliego que regula su situación y contiene previsiones concretas sobre su régimen jurídico.En relación a la legitimación de las Asociaciones citamos:1°.- la Sentencia del Tribunal Constitucional, sec. 1ª, de 21-12-2009, n° 218/2009, BOE 15/2010 EDJ 2009/291385, de 18 de enero de 2010, rec. 3676/2006. Pte: Aragón Reyes, Manuel.El TC otorga el amparo solicitado por la agrupación de trabajadores recurrente contra la sentencia del Tribunal Supremo que acordó la inadmisión del recurso contencioso-adminis-trativo por falta de legitimación activa de la asociación demandante.Se trataba de una asociación Agrupación de Trabajadores Discriminados (Atados) que inter-puso recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo ( RCL 2004, 600 ) EDL 2004/2897, por el que se aprobó el estatuto del personal de la soci-edad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, solicitando que se declarase la nulidaddel mismo, por entender dicho reglamento contrario a Derecho y lesivo para los intereses desus asociados.La Sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo que negó al legitimación razonaba:" Tras analizar la Sentencia el régimen de personal al servicio de la nueva sociedad estatal Correos y Telégrafos establecido por el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , así como las razones esgrimidas por la asociación Atados en su demanda, razo-na que esta asociación carece de interés legítimo para impugnar el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , toda vez que ni en sus estatutos ni en su actuación procesalha justificado ser titular de derechos o intereses afectados por el referido Real Decreto, des-tacando que los estatutos de la asociación permiten asociarse a todas las personas físicas y jurídicas que lo deseen, y siendo irrelevante que en el acta fundacional de la asociación se aluda a los trabajadores de Correos y Telégrafos y que pudieran ostentar esta condición los promotores de la asociación y la persona designada provisionalmente como presidente de lamisma, pues la asociación Atados está dotada de personalidad jurídica propia, distinta de la de sus asociados, sin que dicha asociación haya acreditado nada en el proceso que permita tenerla por interesada en los términos exigidos por el art. 19 LJCA EDL 1998/44323 , lo que determina la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo por falta de legitima-ción ".

8

El Tribunal Constitucional otorga el amparo por entender que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión del derecho de acceso a la jurisdicción ( art. 24.1CE EDL 1978/3879 ), al haber negado a la asociación recurrente una resolución sobre el fondo de su pretensión por apreciar que carecía de legitimación activa para entablar la concreta acción ejercitada, razonando: " A tai conclusión se ilega, en primer lugar, si se ob-serva la finalidad estatutaria de la asociación recurrente, en cuanto delimitación propia de sus intereses fSSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 6, y 28/2009, de 26 de enero, FJ 4). En el art. 4 de sus estatutos se identifican expresamente como fines de la asociación "La bús-queda de la igualdad constitucional para todos los ciudadanos y de manera especial el reco-nocimiento de los derechos de los trabajadores de Correos, así como certificar el actual es-tado de discriminación de los empleados públicos de Correos y Telégrafos y el peligro que se puede sentar con este precedente para el resto de la función pública en este país". Consti-tuyen actividades destinadas a garantizar el cumplimiento de esos fines, entre otras, según el art. 5 de los estatutos, "la defensa jurídica individual o colectiva de los trabajadores dis-criminados ante cualquier instancia administrativa y judicial." Por otra parte está plenamen-te acreditado, a la vista del acta fundacional de la asociación , que son empleados públicos de Correos y Telégrafos quienes la constituyen, sin perjuicio de la apertura en sus estatutos a la incorporación de terceros que no ostenten tal condición, siempre y cuando "tengan in-terés en el desarrollo de los fines de la asociación " (art. 6).En cuanto al Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, im-pugnado por la asociación recurrente en vía contencioso- administrativa, se trata de una re-glamentación que pretende, conforme indica su propia exposición de motivos, la regulacióndel nuevo régimen estatutario del personal de Correos y Telégrafos en cumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, previsiones que,según hemos tenido ocasión de afirmar, no suponen infracción de garantios institucionales de la función pública dimanantes de los arts. 23.2 y 103.3 CE EDL 1978/3879 ( ATC 254/2006, de 4 de julio ( RTC 2006, 254 ) , FJ 4 EDJ 2006/278165). Esto es, el Real Decre-to 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, persigue el objetivo de adaptar el régimen ju-rídico de los funcionarios que venían prestando servicios en la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, sin perjuicio del mantenimiento de sus derechos adquiridos, a la nue-va situación que para estos empleados públicos conlleva su integración en la sociedad esta-tal mercantil en la que se ha transformado Correos y Telégrafos. La regulación estatutaria resultante del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, conlleva, según se indica asimismo en su exposición de motivos, en atención a la naturaleza mercantil de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, que opera en marco competencial de progresiva libe-ralización de los servicios postales, el establecimiento de una serie de especialidades, entre las que destacan el novedoso sistema de ordenación de puestos de trabajo, construido sobre dos instrumentos clave que son el plan de evaluación y fijación de las necesidades y la rela-

9

ción general de empleos de correos, el nuevo sistema retributivo y la regulación del sistemade carrera profesional.En fin, como se recoge en la Sentencia impugnada (fundamento de Derecho tercero), la asociación recurrente impugna el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897, tanto por motivos formales como por razones sustanciales, reprochando a esta reglamenta-ción, entre otras tachas, que impide a los sindicatos con implantación en Correos y Telégra-fos distintos de aquellos que negociaron el acuerdo sobre el nuevo Estatuto la participación en las negociaciones previstas en dicho Estatuto; que somete a los funcionarios de Correos y Telégrafos a una laboralización encubierta; que les impide promocionar; que introduce una doble escala salarial lesiva de su derecho a la igualdad de trato en materia retributiva; que les priva de sus puestos de trabajo al suprimir las relaciones de puestos de trabajo; y que no respeta sus derechos adquiridos.Pues bien, a la vista de cuanto ha quedado expuesto, es notoria, como señala acertadamente el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la concordancia de los fines estatutarios de la asoci-ación recurrente con el objeto del litigio, pues los motivos de impugnación del Real Decreto370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima (relativos a participación sindi-cal, acceso a puestos de trabajo, promoción profesional, retribuciones, derechos adquiridos, etc.) se encuentran directamente conectados con "el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Correos ", que constituye la especial finalidad de la asociación demandante,e incluso con su finalidad mas genérica relacionada con la situación de "discriminación de los empleados públicos de Correos y Telégrafos " (ajuicio de la asociación recurrente) y "el peligro que se puede sentar con este precedente para el resto de la junción pública" (art. 4 de los estatutos de la asociación recurrente). A lo que cabe añadir que si bien es cierto, como se destaca en la Sentencia impugnada, que los estatutos de la asociación recurrente permiten incorporarse a la misma a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen (y nosolo, por tanto, a quienes ostenten la condición de funcionarios de Correos y Telégrafos), nolo es menos que para ello se exige que "tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación " (art. 6).En consecuencia, existiendo una relación directa entre los fines de la asociación y los con-cretos motivos en que se fundamentaba la impugnación del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo EDL 2004/2897 , por el que se aprueba el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, sociedad anónima, "no cabe negar que para la asociación recurrente, en atención a sus fines estatutarios, no es neutral o indiferente el mantenimiento de la nor-ma recurrida" ( SSTC 282/2006, de 9 de octubre ( RTC 2006, 282 ) , FJ 3 EDJ 2006/281526 , y 28/2009, de 26 de enero, FJ 4 EDJ 2009/11664 ). En estas circunstancias no resulta manifiestamente irrazonable la negación del interés de la asociación recurrente en el pleito que promovía, pero sí es contraria a la amplitud que desde la perspectiva consti-tucional debe guiar las reglas de atribución de legitimación activa , y si comporta, por el

10

contrario, una restricción rigorista y desproporcionada del acceso a la jurisdicción, lesiva por ello del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1CE EDL 1978/3879 EDL 1978/3879)".2.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 22-12-2008, n° 184/2008, BOE 21/2009, de 24 de enero de 2009, rec. 3321/2007. Pte: Pérez Tremps, Pablo EDJ 2008/243970 , que declaró la nulidad de la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de febrero de 2007, dictada en el rollo de apelación núm. 5-2007, en lo referido a la concurrencia de lacausa de inadmisión de falta de legitimación activa de la asociación recurrente (procedimi-ento de derechos fundamentales ).El TC estima el recurso de amparo y entiende legitimada a una asociación entre cuyos finesestatutarios está conseguir la integración en la sociedad y la promoción de las personas con problemas de cualquier clase de marginación social, especialmente menores y jóvenes, in-cluyendo el ejercicio de las acciones judiciales que se entiendan oportunas para la tutela de sus derechos y libertades fundamentales , para actuar en defensa de un menor marroquí re-patriado por el Gobierno, la representación de la menor afectada correspondía a la Comuni-dad de Madrid.Dice el TC en general respecto de la legitimación activa de las asociaciones en los procedi-mientos contencioso-administrativos en que pretendan actuar defendiendo los intereses que constituyen sus fines estatutarios, que en los supuestos en que exista una relación directa entre dichos fines y el motivo en que se fundamentaba la impugnación del acto administra-tivo, la conclusión de que la asociación carecería de interés legítimo supone una aplicación en exceso rigorista de esta exigencia legal, toda vez que no cabe alegar en este tipo de supu-estos que la asociación , en atención a sus fines estatutarios, sea neutral o indiferente ante elmantenimiento de la norma o resolución recurrida ( STC 282/2006, de 9 de octubre, FJ 3), razonando: " Entrando en el análisis de la invocación del derecho a la tutela judicial efecti-va ( art. 24.1CE EDL 1978/3879 ), este Tribunal ha reiterado que es un elemento esencial de este derecho obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensio-nes, derecho que también se satisface con una decisión de inadmisión que impida entrar en el fondo de la cuestión planteada cuando dicha decisión se fundamente en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Igualmente se ha resaltado que el con-trol constitucional de las decisiones de inadmisión "ha de verificarse deforma especialmen-te intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificada-mente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensi-ón a él sometida" ( STC 327/2006, de 20 de noviembre ( RTC 2006, 327 ) , FJ 3). Además, en lo referido a la decisión de inadmisión por carencia de legitimación activa , este Tribunalha destacado que al conceder el art. 24.1CE EDL 1978/3879 el derecho a la tutela judicial

11

efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está impo-niendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen al atribuir legitimación activa para acceder a los procesos judi-ciales, resultando censurables aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamen-te restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del derecho fundamental (por todas, STC 85/2008, de 21 de julio ( RTC 2008, 85 ) , FJ 4)".3.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 12-3-2007, n° 52/2007, BOE 92/2007, de 17 de abril de 2007, rec. 3493/2004. Pte: Conde Martín de Hijas, Vicente EDJ 2007/15750.El TC otorga legitimación activa a una asociación no sindical para recurrir en defensa de los intereses de sus miembros. Considera que existe un interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores -la de sus asociados-, del que no sólo es titular cada uno de ellos, individualmente considerados, sino también la asociación o entidad que, como es el caso, asume estatutariamente esos mismos fines. Es por ello que estima el ampa-ro y considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia.En el caso enjuiciado la Asociación Gallega de Técnicos de Laboratorio formuló demanda contra seis trabajadoras ATS/DUE y una auxiliar de enfermería del Servicio Gallego de Sa-lud (SERGAS) y contra este organismo, en la que se solicitaba que se declarasen como ra-dicalmente nulos sus destinos, al no tener la especialidad requerida para ocupar los, así como que las plazas cuestionadas habían de ser cubiertas por Técnicos Especialistas en La-boratorio o por ATS/DUE que estuviesen en posesión de esa especialidad y, finalmente, quelas trabajadoras codemandadas, dada su categoría, no podían ocupar plazas que llevasen aparejadas funciones técnicas. Se denunció por las partes la falta de legitimación activa de la asociación recurrente por carecer de interés legítimo para defender intereses en abstracto de un colectivo, ya que el art. 17.2 LPL ( RCL 1995, 1144 y 1563) EDL 1995/13689 limita a los sindicatos y a las asociaciones empresariales tal cometido. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 31 de diciembre de 2002, negó la legitimación activa estimando la excepción de falta de legitimación planteada por el SERGAS diciendo al respecto lo que sigue: "Para la resolución de la cuestión que ahora se plantea, es necesa-rio poner en relación la disposición que se denuncia como infringida, con las sentencias de TC 34/94 de 31 de enero y 192/1997 de 11 de noviembre, por entender que la adora es una Asociación profesional que promueve este pleito en defensa de un interés que le es propi-cio, es decir, de un interés profesional, y negarle la capacidad de accionar seria como negar-le el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque en este caso los efectos inmediatos pudie-ran recaer en los intereses de otras personas máxime cuando el art. 17.1LPL EDL 1995/13689 dispone que 'los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos estable-

12

cidos por las leyes. Ahora bien, la Sala considera que el hecho de ejercitar una acción en de-fensa de los intereses en abstracto de un colectivo, es una función que se encuentra dentro del párrafo 2º de dicho precepto legal, y a cuyo tenor 'Los sindicatos de los trabajadores y las Asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses econó-micos y sociales que le son propios', y es evidente que la asociación recurrente, constituida al amparo de la Ley 191/1964 ( RCL 1964, 2842 ) de Asociaciones EDL 1964/136 , no en-caja en ninguno de los órganos o entidades doladas de legitimación activa , conforme el ci-tado precepto legal, pues no se trata ni de una persona física, ni de un sindicato o asociaciónempresarial ; careciendo además, por otra parte, para el ejercicio de la acción de un acuerdode voluntad de la asociación adora ".En el recurso de amparo se aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa ( art. 24CE EDL 1978/3879).El TC estima el recurso y razona: " se trata de una asociación profesional que ha promovidoel proceso en defensa de un interés que le es propio, a saber, el interés profesional de sus asociados (técnicos de laboratorio) a ocupar determinadas plazas sanitarias en el Servicio Gallego de Salud, frente a otros colectivos profesionales que se estiman carentes de la opor-tuna calificación. A esta posición se suma el Ministerio Fiscal, que califica de irrazonables los argumentos ofrecidos en la vía judicial para negar la legitimación activa de la entidad recurrente.Por el contrario, las trabajadoras demandadas en el proceso a quo y el Servicio Gallego de la Salud comparten la decisión judicial, por no ser la adora ni un sindicato de trabajadores, ni una asociación empresarial , únicas modalidades de asociación a las que el art. 17.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) EDL 1995/13689 reconoce legitimación en el proceso laboral para la defensa de los intereses económicos y profesionales que les son propios.En tal orden de ideas, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la existencia o no de interés legítimo con ocasión de demandas de amparo interpuestas por asociaciones o sindicatos a los que se había denegado legitimación activa .En concreto hemos precisado, con relación al orden contencioso-administrativo, que el in-terés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado yespecífico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por par-te de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta.O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida ( SSTC 252/2000, de 30 de octubre ( RTC 2000, 252 ) , FJ 3 ; 173/2004, de 18 de octubre ( RTC 2004, 173 ) , FJ 3 ; y 73/2006, de 13 de marzo ( RTC 2006, 73 ) , FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero ( RTC 2005,

13

28 ) , FJ 3).Esta doctrina ha sido precisada en relación con la legitimación activa de las asociaciones , ya que en distintos pronunciamientos de este Tribunal se ha venido exigiendo para apreciar la existencia de un interés legitimo de este tipo de personas jurídicas en orden a impugnar actos o disposiciones administrativas que, además de las condiciones que anteriormente se han señalado, exista un interés profesional o económico que sea predicable de las entidades asociativas recurrentes.Se recurrió a la noción de interés profesional para apreciar la legitimación activa de una Asociación de Fiscales para impugnar el nombramiento de un Fiscal por el Gobierno en la STC 24/1987, de 25 de febrero ( RTC 1987, 24 ) , y después se aplicó esta jurisprudencia a la Asociación de puertos deportivos y turísticos de Baleares para recurrir una Orden Minis-terial que regulaba una determinada tarifa portuaria en la STC 195/1992, de 16 de noviem-bre ( RTC 1992, 195 ) .Concretamente, en la STC 47/1990, de 20 de marzo ( RTC 1990, 47 ) , en la que declara-mos la legitimación activa para demandar en amparo de la Asociación de Profesores de Re-ligión de Centros Estatales, indicamos al respecto que en el concepto de interés legitimo "hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos, individualmente consi-derados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines".Por ello, "en la medida en que dicho interés legitimo puede verse también afectado directa-mente por un acto o disposición recurrible en amparo, por haber infringido un derecho fun-damental o libertad pública, debe reconocerse a las personas naturales o jurídicas que invo-quen aquel interés legitimo como propio de la legitimación para interponer el recurso, a te-nor de lo dispuesto en el art. 162.1 b) de la Constitución EDL 1978/3879 " (FJ 4).En el mismo sentido, en la STC 45/2004, de 23 de marzo ( RTC 2004, 45 ) , reconocimos elderecho del colegio profesional demandante (Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos deEspaña) para impugnar un reglamento cuyo objeto era organizar y definir los cometidos de los distintos cuerpos y escalas que integran las Fuerzas Armadas.En tal supuesto mantuvimos, por lo que ahora interesa, que para la defensa de los intereses de los profesionales colegiados pueden concurrir tanto los colegios profesionales como los propios colegiados cuando resulten individualmente afectados, así como otras personas jurí-dicas, tales como sindicatos y asociaciones profesionales; y que, por el contrario, cuando se trata de la representación y defensa de la profesión misma, esto es, del interés general o co-lectivo de la profesión, esa función representativa y de defensa ante los poderes públicos se ejerce por los colegios profesionales, bajo la nota de exclusividad o monopolio.Desde esta perspectiva sostuvimos que la defensa del ámbito competencial de la profesión constituye una manifestación genuina de la defensa de los intereses profesionales.Finalmente también hemos admitido recientemente el recurso de amparo de la Asociación

14

de empresarios de transporte de viajeros de la provincia de Cádiz y de la Federación anda-luza empresarial de transporte en autobús sobre la base de la existencia del citado interés profesional, al partir de la premisa de que, cuando concurre este último, existe a su vez el vínculo o conexión entre la organización o asociación adora y la pretensión ejercitada, vín-culo en el cual se encarna el interés legítimo constitucionalmente protegido ( STC 73/2006, de 13 de marzo ,).CUARTO.- La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al caso de autos, conduce aapreciar que la interpretación y la aplicación de las reglas de la legitimación activa realiza-da por la Sentencia impugnada vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1CEEDL 1978/3879 ) de la Asociación recurrente, al negarle irrazonablemente su derecho a ejercitar la acción pretendida.Ciertamente es preciso tener en cuenta que el art. 24.1CE EDL 1978/3879 reconoce el dere-cho a la tutela judicial efectiva, no sólo a los titulares de los derechos subjetivos, sino tam-bién a los que ostenten un "interés legítimo", y, en ese sentido, el art. 7.3 de la Ley Orgáni-ca del Poder Judicial EDL 1985/8754 (LOPJJ establece que los Juzgados y Tribunales pro-tegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y que para la defensa de estos últimos se recono-cerá la legitimación de las corporaciones, "asociaciones ", y grupos que resulten afectados oque estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.En la misma línea la ley procesal laboral (LPL) EDL 1995/13689 declara en su art. 17 que "los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las leyes" (apartado 1 ), y que "los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales tendrán le-gitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios" (apartado 2).Pues bien, aplicando al caso este último precepto, la Sentencia impugnada niega a la Asoci-ación recurrente legitimación activa en el caso de autos sobre la base de que pretendía ejer-citar una acción en defensa de los intereses en abstracto de un colectivo y que, siendo así, tal función encajaba dentro del apartado 2 del mencionado art. 17LPL EDL 1995/13689 , precepto que, por estar referido sólo a sindicatos y asociaciones empresariales , no permite reconocerle legitimación activa en el proceso a quo.Es decir, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia descarta, de un lado, que la parte recurrente ostente un interés legítimo para ejercitar la acción (porque, de ser así, le ha-bría reconocido legitimación conforme al apartado 1 del art. 17LPL EDL 1995/13689 ), y rechaza, asimismo, que se encuentre legitimada para actuar en defensa de los intereses de sus asociados al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de ese artículo, al no tratarse de lasasociaciones especificas a la que el mismo se refiere.Tal y como sostiene el Fiscal los argumentos ofrecidos por la Sala para apreciar la falta de legitimación activa de la recurrente en amparo resultan inadmisibles, al suponer una inter-

15

pretación indebidamente restrictiva de la normativaaplicable al caso.En primer lugar, no se puede negar en el presente caso que la parte adora tuviese un interés legítimo para ejercitar la acción.Ciertamente la Asociación Galega de Técnicos en Laboratorio tiene como fin la representa-ción, defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos, y sociales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio de análisis clínicas y anatomía patológica).Atendiendo a tal fin la citada asociación demandó al Servicio Galego de Salud y a cuatro trabajadoras (Ayudante Técnico Sanitario/Diplomada Universitaria de Enfermería: ATS/DUE sin especialización) con el objeto de que se declarase la nulidad de los destinos de estas últimas, por considerar que realizaban funciones técnicas para las que carecían de titulación, para que tales-puestos fuesen cubiertos por técnicos especialistas en laboratorio opor ATS/DUE que estuviesen en posesión de la especialidad requerida.Es decir, la asociación , a través de la acción judicial promovida, pretendía defender los in-tereses y expectativas profesionales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio),evitando que otros colectivos que carecían de la titulación por ellos poseída (ATS/DVE) ocupasen plazas que la requerían, contraviniendo, a su juicio, la legalidad aplicable al caso (Orden Ministerial de 14 de junio de 1984).Por consiguiente accionó en defensa de la competencia de unas funciones de sus asociados que, a su juicio, estaban siendo desempeñadas indebidamente por personal que no estaba habilitado para ello.No cabe duda, por lo tanto, de que el interés profesional en cuya defensa actuó la asociaci-ón adora pone de manifiesto la existencia de un vínculo o conexión entre la misma y la pre-tensión ejercitada, vinculo en el que se encarna el interés legítimo constitucionalmente pro-tegido ".4.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 13-3-2006, n° 73/2006 , BOE 92/2006, de 18 de abril de 2006, rec. 1162/2003. Pte: Pérez Vera, Elisa EDJ 2006/36392 , a que hace referencia la anterior, en ella el TC otorga el amparo solicitado por las asociacio-nes de transporte recurrentes frente a la inadmisión, por falta de legitimación , de su recursosobre la fijación de servicios mínimos durante una jornada de huelga. La Sala considera queel órgano judicial ha incurrido en un formalismo y rigorismo excesivo al interpretar las re-glas de la legitimación pues consideró que las demandantes no estaban legitimadas para im-pugnar la disposición administrativa por cuanto actuaban en interés de los usuarios y no para la defensa de sus propios intereses, razonando el TC que es cierto que las recurrentes recurren en interés de los usuarios pero también lo hacen en interés propio y de las asociaci-ones a ellas asociadas por lo que no cabe negarlas legitimación activa para actuar.La Resolución administrativa impugnada era una Orden que fijaba los servicios mínimos enuna huelga de trabajadores de las empresas adscritas a la Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros de la Provincia de Cádiz y Autobuses Urbanos de El Puerto de SantaMaría, el TC considera para otorgar el amparo que el mantenimiento de dicha Orden tendría

16

un efecto perjudicial sobre las empresas adscritas, de manera mediata o inmediata, a la Aso-ciación de empresarios de transporte de viajeros de la provincia de Cádiz y a la Federación andaluza empresarial de transporte en autobús, mientras que, por el contrario, su anulación repercutiría de manera positiva sobre dichas empresas, existiendo, por consiguiente, eviden-tes vínculos económicos y profesionales de las empresas asociadas, así como de la asociaci-ón y la federación, con la pretensión ejercitada en el contencioso-administrativo de anulaci-ón de la disposición administrativa, ante lo que consideran una fijación insuficientemente motivada de los servicios mínimos establecidos por la Administración5.- La Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 30-10-2000, n° 252/2000 , BOE 288/2000, de 1 de diciembre de 2000, rec. 2747/1996. Pte: Mendizábal Allende, Rafael EDJ2000/33365 reconoce legitimación activa a una asociación de vecinos para impugnar liqui-daciones tributarias individuales y no una disposición general, por cuanto que los estatutos de la "Asociación de Vecinos T." incluyen en su art. 2 como fines u objeto "atender a las ne-cesidades sociales y familiares de cuantos integren la barriada en todo lo referente a su higi-ene, salubridad, urbanismo, promoción de la cultura, el deporte y la beneficencia", "promo-ver en su caso, dentro de las normas señaladas en la legislación y disposiciones vigentes las acciones eficaces necesarias para garantizar los intereses de sus asociados en orden a una promoción integral del hombre a través de la solución de sus problemas colectivos" y "enta-blar la acción mancomunada de sus asociados para solicitar la indemnización de cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse a cualquier propietario o vecino afectado por medidas de reforma o de expropiación ".6.- Sentencia del Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 25-2-1987, n° 24/1987, BOE 71/1987, de 24 de marzo de 1987, rec. 1124/1985. Pte: Díaz Eimil, Eugenio EDJ 1987/24En ella el Tribunal Constitucional acuerda estimar el recurso de amparo, y considera que hasido vulnerado el derecho del recurrente, la Asociación de Fiscales, a la tutela judicial efec-tiva. Dicho derecho fue vulnerado por la sentencia del Tribunal Supremo que declaró la in-admisibilidad de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación con-tra el Real Decreto 2344/1983, en virtud del cual se nombró Fiscal del Tribunal Supremo a un miembro de la Carrera Fiscal.La sentencia recurrida acogió la excepción de falta de legitimación propuesta por el Aboga-do del Estado y, en consecuencia, negó a la Asociación de Fiscales la legitimación para re-currir, declarando la inadmisibilidad del recurso sin entrar a examinar el fondo de la cuesti-ón. Entendió la Sala que el art. 32 LJCA EDL 1998/44323 no se extiende a la defensa de losderechos privativos de sus asociados y niega legitimación para impugnar actos concretos -no disposiciones generales- cuando afectan directamente a personas físicas representadas por la entidad, en cuyo caso son sólo las personas lesionadas las que aparecen legitimadas conforme al art. 28.1.b) y a) LJCA . EDL 1998/44323 entendió que el acto de nombramien-to se desenvuelve exclusivamente en el ámbito personal del nombrado y de aquellos Fisca-les que pudieran considerarse lesionados por el mismo y, por tanto, no afecta a los intereses

17

profesionales o económicos de los cuales hace depender el art. 32 Ley Jurisdiccional citada la legitimación activa de las asociaciones .El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo razonando que el art. 24.1CE EDL 1978/3879 garantiza la tutela jurisdiccional efectiva de todos los intereses legítimos, con-cepto éste más amplio que el interés directo y que la interpretación de la Sentencia recurridaes claramente restrictiva y en tal sentido vulneradora del derecho fundamental de la Asocia-ción demandante y ello porque, al margen de que el acto de nombramiento recurrido tenga una proyección sobre intereses personales que sólo cabe ejercitar al que sea titular de ellos, no puede desconocerse que dicho acto también incide directamente en el interés profesionalde que la promoción de los Fiscales se lleve a efecto por el procedimiento que la Asociaci-ón estima haber sido desconocido por el Decreto recurrido, pues no puede ser extraño a esteinterés profesional el margen de discrecionalidad administrativa con que se realicen los as-censos y promociones en la Carrera Fiscal"Anem als Estatuts de l'associació recurrrent i les finalitats que es descrien en el seu article segon, s'encabeixen perfectament en les pretensions que aquí s'estan exercint.Per tant, reconegauda la legitimació activa a la part recurrent, procedim a entrar en el fons de l'assumpte.

Tercer.- Normativa i jurisprudènciaPer resoldre la qüestió de fons, anem a la sentència dictada per la Sala contenciosa adminis-trativa del TSJ de Catalunya, secció de data 19 de març de 2008 quan ens diu "Reiterada-ment aquest Tribunal, seguint la doctrina tant del Tribunal de Drets Humans com del Tribu-nal Constitucional, ha dit que el recurs de protecció jurisdiccional té per objecte, tal com es-tableix l' article 114 LJCA EDL 1998/44323, atorgar emparament judicial respecte de les vulneracions imputables a l'activitat o inactivitat de les administracions públiques, amb la finalitat de preservar o restablir els drets fonamentals i llibertats públiques a les que es refe-reix l' article 53.2 de la CE EDL 1978/3879, entre els quals es troba el dret a la intimitat personal i familiar i el dret a la inviolabilitat del domicili. Vulneració que tant es pot fer per activitat com per inactivitat de l'Administració. (STSJCA 857/2001).En efecte, El Tribunal Constitucional, per totes la Sentència 119/2001 EDJ 2001/6004 , des-prés de fer un estudi sobre el que ha entès per dret a la intimitat i per inviolabilitat del domi-cili, conclou que "una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que pu-edan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domici-liario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la perso-nalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida", per tant, és correcte recórrer a la via preferent i sumària d'interposar un recurs de protecció dels drets fonamentals de la persona, per denunciar inactivitat de l'Administració davant dels soroll que patia en el seu domicili."

18

I després afegeix "L'existència prolongada de soroll, per sobre dels límits legals, en el do-micili d'una persona es considera vulneració al dret a la intimitat i a la inviolabilitat del do-micili. En aquest sentit la STS, de 29 de maig de 2003 EDJ 2003/80994 , fent una remissió a anteriors pronunciaments del Tribunal Constitucional ha dit" el ruido puede llegar a repre-sentar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las di-rectrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental ...Ci-ertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aún cuando no pon-gan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio (...) debe merecer la protec-ción dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domicili-ario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemen-te el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida"Per apreciar l'existència d'aquesta vulneració no cal acreditar perjudicis concrets i determi-nats. La pertorbació en el descans i el fet de no haver de suportar més soroll del que legal-ment està permès és motiu suficient per apreciar la vulneració del dret. Més encara quan el recurrent no ha sol·licitat cap indemnització per danys i perjudicis.Com ens recorda el Tribunal Consituticional en la Sentència 119/2001 EDJ 2001/6004"En lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina se recoge especialmente en las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994 EDJ 1994/13609, caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998 EDJ 1998/2076, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas reso-luciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambi-entales aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma EDL 1979/3822 ( SSTEDH de 9 de diciem-bre de 1994 EDJ 1994/13609, y de 19 de febrero de 1998 EDJ 1998/2076)."Per aquestes raons, el recurs ha d'ésser desestimat, atès que apreciem que la inactivitat de l'Ajuntament ha vulnerat els drets fonamentals a la intimitat i a la inviolabilitat del domici-li."Partint, doncs d'aquesta base examinem la prova practicada per tal d'esbrinar si hi hagut o no lesió en els drets fonamentals.Cal resoldre tres qüestions, que durant tot el procediment han anat surgint i que marquen el punt de partida per entendre lesionats els drets fonamentals enumerats.En primer lloc respecte a la qualificació, a efectes de zonificació, que mereix la zona on es troben els habitatges dels veïns afectats.Entenc que aquesta pertany a la subzona A4 i això ho infereixo de l'informe elaborat per l'empresa Axioma de data 20 d'octubre de 2014 (document 18 de la demanda), de l'informe

19

elaborat pel responsable d'Avaluació i Control de la Contaminació Acústica de data 14 d'abril de 2014 (document núm. 1 dels aportats per l'actora en el tràmit de conclusions), dels informes realitzats pels tècnics Carlos Miguel (document 3 demanda) i la senyora Ma-ría Cristina (document 29 demanda). Recordar que el tècnic municipal Carlos Miguel va manifestar en l'acte de la pràctica de la prova que aquesta era la zona que corresponia als habitatges que ens ocupen.En segon lloc, anem ara al límit de 91 dB fixats com a valor d'emissió per part de l'Ajunta-ment, en els equips limitadors de so que es van posar en els aparells emissors de so de les guinguetes i restaurants.L' article 4 de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, ens dóna una série de definicions que són importants per resoldre les qüestions plantejades. Així ens defineix:a) Emissor acústic: qualsevol infraestructura, instal·lació,maquinària, activitat o comportament que generi soroll i vibracions.b) Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial,de serveis o de lleure, sigui de titularitat pública o detitularitat privada, i les derivades de les relacions deveïnat.c) Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiquesacústiques d'un espai a les activitats ques'hi desenvolupen, avaluat en funció dels seus nivellsd'immissió i emissió acústiques i de la seva importànciasocial i cultural.d) Zona de sensibilitat acústica: part del territori quepresenta una mateixa percepció acústica.e) Soroll: contaminant físic que consisteix en unabarreja complexa de sons de freqüències diferents,que produeix una sensació auditiva consideradamolesta o incòmoda i que amb el pas del temps i perefecte de la seva reiteració pot esdevenir perjudicialper a la salut de les persones.f) Vibració: moviment d'una partícula d'un medi elàstical voltant del seu punt d'equilibri com a conseqüènciad'una força.g) Nivell d'avaluació: nivell de pressió acústica avaluatper un període de temps especificat, que s'obtéa partir de mesuraments i, si escau, d'ajustaments,en funció del caràcter tonal o impulsiu del so.h) Escenari acústic: qualsevol situació en què es tenen

20

en compte, des del punt de vista acústic, l'emissori el receptor.i) Nivell d'immissió: nivell acústic mitjà existent durantun període de temps determinat, mesurat en unlloc determinat.j) Nivell de pressió sonora: és vint vegades el logaritmedecimal de la relació entre una pressiósonora determinada i la pressió sonora de referència(2.10- 5 Pa). S'expressa en dB.k) Valor límit d'immissió: nivell d'immissió màxim permèsdins un període de temps determinat.Immissió a l'ambient exterior: la contaminació produïdapel soroll i les vibracions que provenen d'un odiversos emissors acústics situats al medi exteriordel centre receptor.Immissió a l'ambient interior: la contaminació produïdapel soroll i les vibracions que provenen d'un odiversos emissors acústics situats al mateix edifici oen edificis contigus al receptor.l) Valor d'atenció: nivell d'immissió superior al valorlímit d'immissió, aplicable a les infraestructures detransport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanesi les activitats existents en el moment de l'entradaen vigor d'aquesta Llei, a partir del qual la Lleiestableix l'elaboració de plans específics de mesuresper a minimitzar l'impacte acústic.m) Nivell d'emissió: nivell acústic produït per un emissoracústic, mesurat a una distància determinada.n) Valor límit d'emissió: nivell d'emissió màxim durantun període de temps determinat.o) Mapa de capacitat acústica: instrument que assignaels nivells d'immissió fixats com a objectius dequalitat en un territori determinat.p) Mapa estratègic de soroll: mapa dissenyat per aavaluar globalment l'exposició al soroll produït perdiferents fonts de soroll en una zona de-terminada.Ens fixem doncs, en el aquest límit de 91 dB que l'Ajuntament fixa com a nivell d'emissió, que no d'immissió. Nivell que no ens facilita cap dada atès que els límits fixats en l'Annex 3del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 16/2002, sóónnivells d'immissió.

21

Altrament, tal com va manifestar el responsable D'Avaluació i Control de la Contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, aquest límit de 90 dB és totalment exagerat , ja que l'OMS entén que ningú hauria d'estar exposat a una font d'emissió superior a 100 dB.Dit això, l' article 21.1 de la Llei 16/2002, disposa " 1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els hagin delegat les competències,elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula questa Llei i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos d'aquesta Llei."En el cas de l'Ajuntament de xxxxxxxx no existeix aquesta ordenança, si bé disposa de l'Or-denança d'us de les plategs del municipi de xxxxxxxx de data 8 de juliol de 2008 i en el seu article 19 estableix " les guinguetes i quioscs, prèvia autorització, poden emetre música am-biental durant l'horari d'obertura, sempre que el nivell del soroll emés no ultrapassi els 69 decibles". Es parla, doncs, del valor d'emissió, inferior al fixat per l'Ajuntament.La disposició tranistòria primera del Decret 176/2009, estableix " 1. Els ajuntaments que, a l'entrada en vigor del Reglament, disposin d'ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d'adaptar a les normes que estableix el Reglament en el ter-mini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor.2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar als ajunta-ments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l'elaboració de les ordenances.3. Mentre no es produeixi l'adaptació de les ordenances prevista en l'apartat primer, són d'aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances."Si acudim, doncs a l'annex aplicable al cas que ens ocupa, resultaria que els nivells d'im-missió que no es poden traspassar serien de 55dbA en horari diürn, 55 dBA en horari vespe-rí i de 45 dBA en horari nocturn. Aquests valors serien els previstos per la subzona A4.I en tercer lloc, en relació a l'obligació que té l'Administració d'elaborar un mapa de capaci-tat acústica, hem de partir del fet admès que l'Ajuntament de xxxxxxxx no el té. L'artricle 9.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica diu "1. Els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urba-nes, els nuclis depoblació i, si escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han d'establir els criteris per a l'elaboració d'aquests mapes de capacitat acústica. 2. Els municipis poden sol·licitar la col·laboració i elsuport tècnic necessari del Departament de Medi Ambient en l'elaboració del mapa de capa-

22

citat acústica de llur territori.3. El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:a) La immissió al soroll calculada o mesurada.b) Els models de càlcul utilitzats.c) Les dades d'entrada per al càlcul de soroll.d) L'afectació dels sectors exposats al soroll.e) Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.f) Els valors límit d'immissió i els valors d'atenció atribuïtsa cada zona de sensibilitat acústica.4. Els mapes de capacitat acústica han d'incloure les limitacions derivades de les servituds aeronàutiques,determinades d'acord amb la normativa aplicable.5. Els ajuntaments han d'aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, i traslladarlo al Departament de Medi Ambient. Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d'aquesta competència al consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de ca-pacitat acústica només es pot modificar quan es produeixin canvis en l'ordenació urbanísti-ca o el planejament viari.6. Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acústica i a rebre la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zonesde soroll i llurs entorns, d'acord amb la normativa reguladora d'accés a la informació en matèria de medi ambient. "Aquest termini va finalitzar el dia 11 d'octubre de 2005. Entenc que l'elaboració d'aquest mapa ajuda a crear una confiança i una seguretat jurídica que reverteix en el ciutadà, i el fet de la seva mancança li genera una situació d'inseguretat i indefensió ja que desconeix quins límits de soroll estan permesos en el seu lloc de residència o de treball, i per tant, li dificul-ta, en el cas que consideri que han estat vulnerats, interpelar a les administracions per al seucompliment.Partint d'aquestes premises, i d'acord amb la jurispriudència examinada haig d'examinar si hagut una infracció reiterada dels mateixos, i les actuacions que l'Ajuntament ha dut a ter-me per donar resposta a la problemàtica.Abans d'entrar a examinar la prova, haig de fer notar que a part de l'Ajuntament de xxxxxxxx directament implicat, han intervingut el Síndic de greuges i la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Generalitat de Catalunya. Ho dic a efectes de que estem davantde terceres administracions totalment imparcials i objectives en les seves intervencions i va-loracions. Feta aquesta precisió anem a examinar la prova.La part actora aporta com a document nº 1 de la demanda, les denúncies o queixes presenta-des a l'Ajuntament en relació als sorolls provinents de les guingutes col.locades a la platja i els bars musicals del passeig marítim:denúncia 14 de juny de 2011 (referida al soroll provinent de les guinguetes en general)

23

denúncia 18 de juliol de 2011 (referida a la guingueta " xxxxxxxx)denúncia 21 d'abril de 2011 (referida a la guingueta " xxxxxxxx")denúncia 22 de juny de 2011 (referida a la guingueta " xxxxxxxx")denúncia 16 d'agost de 2011 (referida a la guingeta " xxxxxxxx").queixa 22 d'agost de 2011 (referida a la guingueta " El xxxxxxxx")escrit de data 24 d'agost de 2011, en el qual es fa palès que arran de les queixes presentades pels veïns en relació a la guingueta " El xxxxxxxx" , el dia 24 d'agost de 2011 un tècnic de l'Ajuntament de xxxxxxxx i algun representant de la Policia Local acudeixen a un esdeveni-ment que realitzat l'esmemtat local per tal de comprovar el compliment de la normativa. Perpart dels Presidents de la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer DIRECCION000, NUM000 es demana una reunió de totes els actors implicats.denúncia de data 20 de setembre de 2011 en relació a la guingueta " xxxxxxxx".sol.licitud presentada al Síndic de Greuges de data 25 de novembre de 2011 en relació al soroll que ocasionen els locals, diu, des de fa dos anys. A aquestes denúncies consten con-testes per part del Síndic de Greuges de data 28 de novembre de 2011 i 17 de gener de 2012, que tenen el mateix contingut, en les quals es diu que s'estudiarà el cas. I la de data 23 d'abril de 2012 en la qual es fa ressó de les actuacions dutes a terme arran de les denún-cies presentades. Es fa esment a actes policials aixecades els dies 24 de juny de 2011, 7,8 i 23 de juliol de 2011 i 25 de setembre de 2011 per comprovar soroll i horari de tancament. Avaluació el dia 1 de setembre de 2011 dels nivells de soroll, donant com a resultat que s'excedeixen dels límits permesos en horari nocturn. I finalment es fa constar que per la temporada que s'acaba es va instal.lat un limitador acústic pi es van condicionar les actuaci-ons en directe, però que per la propera temporada es proposarà canvi de model i que s'ha demanat a l'Ajuntament que adopti les mesures adients per tal que els establiments complei-xin la normativa d'horaris d'obertura i tancament.Sol.lictud presentada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de data 22de desembre de 2011, en la qual es fa esment a les moltes queixes presentades i demanant elcanvi d'ubicació de la guingueta " xxxxxxxx".denúncia fe data 28 de maig de 2012 en relació a la guingueta " El xxxxxxxx".denúncia de data 31 de maig de 2012 en relació a la guingueta " El xxxxxxxx".denúncia de data 5 de juny de 2012 en relació al soroll dels quioscs instal.lats en el passeig marítim.denúncia de data 5 de juliol de 2012 on es denuncien problemes de sorolls i es fan peticionsen concret.contesta/informe de data 27 de juliol de 2012 de l'Ajuntament sobre els horaris de tanca-ment dels locals, i actuacions que s'han de fer i a qui acudir per presentar queixes i ordenantque s'especifiquin els habitatges d'on fer les mesures acústoques.Contesta de l'associació als dits requeriments de data 23 d'agost de 2012.denuncia de 27 de juliol de 2012 en relació a la guingueta " xxxxxxxx".

24

denúncia de 5 d'agost de 2012 en relació sorolls guingueta " xxxxxxxx"petició d'informació de data 9 d'agost de 2012 i sol.licitud de mesurament.- denuncia de data 9 d'agost de 2012 en relació sorolls guingueta " xxxxxxxx"denúncia i petició d'informació de data 12 d'agost de 2012.denuncia i petició de mesures de 19 d'agost de 2012.queixa sorolls guingueta " xxxxxxxx" de data 21 d'agost de 2012.petició de informació de data 2 de setembre de 2012.petició d'informació i de documentació de 16 de setembre de 2012.petició documentació i informació de data 20 de setembre de 2012.petició arran dels resultats de la inspecció deta en el local " EL xxxxxxxx" el 26 d'agost de 2012 .denúncia de data 2 d'octubre de 2012 en relació sorolls qguingueta " xxxxxxxx".petició de documentació de data 7 de març de 2013.denúncia de data 14 de maig de 2013 en relació sorolls guinguetes.denúncia de data 18 de juny de 2013 i petició de documentació.denúncia de data 19 de juliol de 2013 en el mateix sentit.denúncia de data 19 de juliol de 2013 en el mateix sentit.denúncia de data 1 d'agost de 2013 en el mateix sentit.denúncia de data 5 d'agost de 2013 en el mateix sentit.contesta Ajuntament de l'anterior dient que s'han intensificat els controls.denúncia de data 14 d'agost de 2013 en el mateix sentit, i sobretot concretada en el local xxxxxxxxdenúncia de data 29 d'agost de 2013 en relació amb la guingueta " xxxxxxxx".denúnvia de data 26 de setembre de 2013 en relació a diferents guinguetes.denúncia de data 27 de setembre de 2013 en relació al local " xxxxxxxx"denuncia de data 30 de setembre de 2013 en relació al local " xxxxxxxx".denúnciai petició al Cap de la Policia Local de data 26 de juliol de 2013denúncia de data 11 de febrer de 2014denuncia de data 11 de febrer de 2014denuncia de data 22 de maig de 2014petició de data 31 de maig de 2014denúncia de data 10 de juny de 2014denúncia de data 20 de juny de 2014denúncia de data 17 de juliol de 2014denúnmcia de data 17 de juliol de 2014petició d'informació de data 22 de juliol de 2014denúncia de data 21 de juliol de 2014denúncia de data 4 d'agost de 2014petició de data 9 de setembre de 2014

25

de nuncia de data 2 d'octubre de 2014petició de data 1 d'abril de 2015petició de data 20 d'abril de 2015denúncies o peticions presentades en l'any 2012: 4 de juny, 5 de juliol, 9 d'agost, 19 d'agost,2 de setembre (2), 24 de setembre , 3 de novembre, 14 de novembre (2), 27 de juny.denúncies o peticions presentades en l'any 2013: 14 d'agost, 17 de juliol, 19 de setembre, 22de julio, 29 de juliol (2), 8 de julio,denúncies o peticions presentades en l'any 2014: 16 de juliol, 24 de desembre.8 instàncies a la Generalitat.22 telefonemes 2012 respecte al local xxxxxxxx xxxxxxxx18 telefonemes 2013 respecte al local xxxxxxxx xxxxxxxx18 telefonemes 2014 respecte al local xxxxxxxx xxxxxxxx23 telefonemes 2012 i 2013 respecte al local xxxxxxxxxx4 telefonemens 2012-2014 respecte al local xxxxxxxx2 telefonemes 2012-2014 respecte al local xxxxxxxx.19 telefonemes 2012-2015 respecte al local xxxxxxxx.21 telefonemes 2012-2014 respecte al local xxxxxxxx10 telefonemes 2012-2014 local xxxxxxxxSi analitzem els dits telefonemes, en alguns no hi ha actuació per part de la Policia Local, en altres sí amb diferents resultats.Anem a veure els informes sonomètrics que consten a les actuacions:_ informe del tècnic senyor Carlos Miguel de data 15 d'octubre de 2012 , que té per objecte analitzar les molèsties denunciades, en concret des de l'habitatge del representant de l'acto-ra, ubicat al carrer DIRECCION000 NUM000, NUM001 NUM002 en relació a les immis-sions provinents del local xxxxxxxx xxxxxxxx. En aquest informe es diu " en el moment deprocedir a la medició es comprova des de la façana de l'habitatge un elevat nivell de soroll provinent de l'activitat, causat tant pel públic situat a les diferents zones de terrassa del res-taurant com per la música de l'activitat, que es percep netament, sent possible la identifica-ció de la cançó reproduïda." I es conclou que " el valor Lar obtingut, representatiu d'una fase de soroll amb una duració superior a 120 minuts en període nocturn supera en 18 dBA el valor límit d'immissió establert per aquesta zona en aquest període.Així mateix es comprova que el valor Lar obtingut supera en més de 5 dBA durant 30 mi-nuts, de manera contínua o discontínua el valor límit d'immisió establert per a aquesta zona en aquest període". S'afegeix que aquesta dada implica que hi ha una vulneració del Decrer 176/2009, de 10 de novembre i d'acord amb l' article 30 de la Llei 16/2002 estem davant d'una infracció molt greu. I a més a més, manifesta que " el fet de sentir-se la música des del'exterior de l'activitat pressuposa l'incompliment d'alguna de les prescripcions imposades per l'Ajuntament que condicionen la concessió de la llicència d'activitat, ja sigui per haver ubicat altaveus a les zones exteriors, ja sigui per ue l'activitat es desenvolupa amb les portes

26

del local obertes o bé per que, contràriament al contingut de l'estudi d'aïllament acústic pre-sentat, aquest es demostra insuficient per al compliment de la normativa acústica aplicable".Segueix l'informe concloent que hi ha irregularitats en matèria de contaminuació lumínioca i un excés d'aforament.l'autor de l'informe, el senyor Carlos Miguel va manifestar en l'acte de la pràctica de prova respecte a la determinació de la zona on es troba l'objecte d'estudi que l'Ajuntament de xxxxxxxx no té aprovat mapa de capacitat acústica, fet que comporta uan major dificultat, si bé entèn que el lloc objecte d'estudi correspon a la zona A4.- informe tècnic (document 8 demanda) realitzat per l'empresa ATISAE a petició del Depar-tament de Territori i Sostenibilitat en què s'avalúa els nivells de soroll produïts per la guin-gueta de platja " xxxxxxxx" en el qual es conclou " en ambient exterior:. cap valor del nivell d'avaluació, Lar, supera en més e 5 dB(A) durant 30 minuts, de mane-ra contínua o discontínua, en el període de dia, els valors fixats a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009.. el valor del nivell d'avaluació, Lar, supera en 3 dB (A) el valor fixat a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009 per a la zona de sensibilitat acústica (A4).. el valor del nivell d'avaluació, Lar, no supera el valor fixat a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009 per la zona de sensibilitat acústica (B1).. a nivell informatiu, el conjunt d'emissors (sense tenir en compte les influències alienes in-dicades en aquest informe) no supera els objectius de qualitat en període diürn establerts a l'Annex A del Reglament de la Llei 16/2002 , amb un nivelñl Lar de 59 dB (A) (valor límit d'immissió de 60 dB (A) per a zona A4 i de 65 dB (A) per a zona B1). "I finalment s'afegeix, com observacions " les condicions de funcionament de l'establiment poden no haver estat del tot representatives d'un dia normal en què es pora a terme una ac-tuació en viu en la tarda de dissabte, atès que el personal de la guingueta es va assabentar deque s'estava portant a terme un mesurament acústic. En tot cas, caldria comprovar el regis-tre de dades del limitador-registrador per contrastar la representativitat de les condicionc existents durant el mesurament comparant els nivells d'emissió del dia 13 de setembre amb els nivells d'emissió d'altres dissabtes".Aquest mesurament es va fer el dia 13 de setembre de 2014.- Altrament, en l'expedient administrariu consta (document 2) informe d'avalució dels ni-vells de soroll que genera la guingueta xxxxxxxx sobre els mesuraments realitzats el dia 29 de setembre de 2013. Aquest informe es va realitzar pel Departament de Territori i Sosteni-bilitat a petició de la Direcció General d'Ordenació del Territori, en el qual es conclou " els nivells d'immissió sonora provinents de la Guingueta xxxxxxxx als habitatges situats al car-rer DIRECCION000 NUM000 i NUM003 superen els valors límit establerts en més de 10 dB(A) per tots els períodes dia-tarda-nit a ambdós habitatges independentment de la zonifi-cació que tinguin.La Llei 16/2002, de prevenció de la contaminació acústica estableix que superacions del va-

27

lor límit de més de 10 dB(A) són considerades com a infracció molt greu".l'autor de l'informe, el senyor Felicisimo, responsable d'Avaluació i Gestió de la Cintamina-ció Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, va declarar en l'acte de la vista respecte al mesurament realitzat que aquell dia estaven fent una festa de clausura, que no li constava autorització per a la mateixa, si bé el tècnic li va manifestar que en tenien però sense música.Respecte als certificats que la part demandada aporta com acreditatius dels coneixements que posseixen els tècnics encarregats de realitzar els amidaments ( doc. annex 1 de la con-testació), ens manifesta que són cursos molt bàsics.Altrament, haig de dir que aquests cursos acreditarien els coneixements que posseix la se-nyora Crescencia, enginyera tècnica municipal, però no els del senyor Carlos Miguel, que va ser qui els va fer, d'acord amb les seves manifestacions a l'acte de la vista quan diu que ell va fer les sonometries perquè la senyora Crescencia estava de baixa per maternitat.Així mateix, i davant de l'exhibició del document annex 2 de la contestació a la demanda, critica certs mesuraments, al dir que el soroill s'evalua en períodes de tres hores. L'empresa Axioma (informe que és criticat per l'Ajuntament) ho avalúa en dos hores, i l'Ajuntament argumenta que com que manca una hora, doncs fa la suposició que l'ha que resta el local es-tava tancat i aleshores fa la mitja. Evidentment, aquesta mesura no és real.- informe realitxat per l'empresa Strengths Business Engineering que té per objecte mesurarels nivells d'immissió sonora en diverses façanes d'habitatges propers a les guinguetes de la platja de xxxxxxxx (guinguetes xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx) . Els mesuraments es van fer el 9 de setembre de 2012 i d'acord amb els resultats que consten en el mateix, s'excedeixd'aquests 50 dB.- informe realitza per per l'empresa Strengths Business Engineering que té per objecte avu-lar l'impacte acústic sobre l'habitatge situat al carrer DIRECCION000, NUM000, NUM002 NUM002 provocat per l'activitat del resturant musical xxxxxxxx xxxxxxxx (document 4 expedient). El mesurament es realitza el dia 1 de setembre de 2012. I en l'informe acústic esconclou " el nivell d'avaluació de 73 dBA es troba pèr sobre del valor límit d'immissió noc-turn que marca el Decret 176/2009 de 10 de novembre (45 dBA).D'altra banda, el nivell d'avaluació Lar (73 dBA) supera en més de 5 dBA durant 30 minuts,de manera contínua o discontínua, el valor límit d'immissió nocturn (45 dBA), esdevenint una segona causa d'incompliment.A més, el nivell del conjunt d'emissors (66,9 DBA) supera els objectius de qualitat esta-blerts a l'annex A del Decret 176/2009 de 10 de novembre (A4, predomini dels sòl d'us resi-dencial: 55 dBA en període noctunr), esdevint una tercera causa d'incompliment)".- informe realitzat per l'empresa ATISAE (expedient administratiu NUM004) a petició de lapart actora, mesurant l'impacte acústic generat pel restaurant musical xxxxxxxx. Els mesu-raments es va realitzar el dia 3 d'agost de 2014. I en aquest es conclou que " en ambient ex-terior: els valors del nivell d'avaluació , Lar, superen en més de 5 dB (A) durant 30 minuts,

28

de manera contínua o discontínua, en el període de vespre, els valors límit fixats a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa d'incom-pliment de la normativa.Els valors del nivell d'avaluació Lar superen els valors límit fixats a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 mofificat pel Decret 176/2009, esdevenint una segona causa d'incompliment de la normativa.A nivell informatiu, el conjunt d'emissors superen els objectius de qualitat en període de vespre establerts en l'Annex A del Reglament de la Llei 16/2002, amb uns nivells Lar de 70 i 71 dB (A) (valor límit d'immissió de 60 dB (A) per a zona A4 i de 65 per a zona B1).- informe realitzat per l'empresa Aximona (expedient administratiu ampliació) que té per objecte avaluar el grau d'afectació acústica generat pel funcionament del restaurant musical xxxxxxxx . Els mesuraments es van fer el dia 23 d'agost de 2014. I aquest conclou " El ni-vell d'avaluació obtingut (...) ha estat de 64 dBA en horari diürn. Aquest nivell d'immissió sonora en ambient exterior supera els valors límit definits a la normativa vigent per a usos receptors situats en zones A4 " Predomini de sòl d'ús residencial". Tanmateix, aquest nivell d'immissió sonora en ambient exterior també supera els valors límits definits a la normativavigent per a usos receptors situats en zones B1 " Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transports existents". En conseqüència, i en base als resul-tats d'aquestes avaluacions, l'activitat celebrada el passat dissabte 23d'agost entre les 17:00 iles 20:00 a la guingeta xxxxxxxx de xxxxxxxx (Barcelona) incompleix els criteris definits ala normativa vigent en matèria de sorolls i contaminació acústica".- informe realitzat per l'empresa ATISAE (expedient administratiu ampliació) que té per ob-jecte avaluar el grau d'afectació acústica generat pel funcionament de la guingueta xxxxxxxx . Els mesuraments es van fer el dia 31 d'agost de 2014. I les conclusions són " en ambient exterior: els valors del nivell d'avaluació, Lar superen en més de 5 DB (A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontínua, en el període de dia, els valors fixats a l'An-nez 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa d'in-compliment de la normativa. Els valors dels nivells d'avalució, Lar superen els valors fixats a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una segona causa d'incompliment de la normativa. A nivell informatiu, el conjunt d'emissors supera els objec-tius de qualitat establerts a l'annex A del Reglament de la Lleiu 16/2002 en període dia i pera zona A4 amb un nivell Lar de 61 dB(A) ( valor límit d'emissió de 60 dB(A) per a zona A4). El conjunt d'emissors no supera els objectius de qualitat en període dia i per a zona B!,amb un nivell Lar de 61 dB(A) (valor límit d'immissió de 65 dB(A) per a zona B1).- informe realitzar per l'empresa ATISAE aquesta vegada a petició de l'actora dels mesura-ments acústics realitzats en ambient exterior del local xxxxxxxx la nit del dissabte 27 al diumenge 28 de setembre de 2014 entre les 00:30 i les 03:30 hores. Es conclou " en ambi-ent exterior:. el valor del nivell d'avaluació, Lar, supera en més de 5 dB(A) durant 30 minnuts, de mane-

29

ra contínua o discontinua, en el període nit, els valors límit fixats a l'Annex 3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint una primera causa d'incompliment de lanormativa.. el valor del nivell d'avaluació, Lar, supera en període de nit els valors límit fuxat a l'Annex3 de la Llei 16/2002 modificat pel Decret 176/2009, esdevenint uan segona causa d'incom-pliment de la normativa.. A nivell informatiu, el conjunt d'emissors superen els objectius de qualitat en període de nit establerts a l'annex A del Reglament de la LLei 16&2002, amb uns nivells Lar de 65 dB (A) (valor límit d'immissió de 50 dB (A) poer a la zona A4 i de 55 per a zona B1)."- Acta aixecada per la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra arran de la inspecció feta el dia 26 d'agost de 2012 al local xxxxxxxx xxxxxxxx en la qual es constata irregulari-tats en matèria d'espectacles públics i recreatives. I en escrit de data 7 de setembre de 2012 (document 9 demanda) es diu que es va donar ttasllat a l'Ajuntament de xxxxxxxx per, si s'escau, prendre les mesures necesàries i incoi el procediment adequat.- escrit de data 10 de febrer de 2014 emès pel cap del Servei de Control d'Espectacles Pú-blics i Activitats Recreatives en el qual es fa esment a les inspeccions realitzades arran de les denúncies presentades en els locals musicals xxxxxxxx i xxxxxxxx, resultat de les quals es constatava l'existència d'irregularitats. Afegint que de les mateixes es va donar trasllat a l'Ajuntament de xxxxxxxx, el qual va obiri expedients sancionadors.- informe del Síndic de Greuges de data 8 de febrer de 2012 (document 10 demanda) en el qual es conclou " Per tot l'exposat, i de cara a la nova temporada, tot i que el Pla d'usos aporvat és fins la temporada 2014, us suggereixo que reviseu els horaris de tancament de les guinguetes, ajustant-los als usos de les platges, tot limitant l'ñus de la música d'ambient per evitar molèsties als veïns (...)".- informe del president de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en el qual s'expliciten les raons per les quals la platja de xxxxxxxx lno ha rebut el distintiu amb la bandera blava dient " La causa fundamental de la denegación en 2014 se relaciona con la actividad de deteminados chiringuitos, en especial de uno de ellos, en los útltimos años, quemotivó el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la adopción de determinadas medidas en relación al ruido nocturno y otros aspectos.Nos consta que el Ayuntamiento ha emitido sucesivos expedientes en aquellos casos con-cretos en los que las medidas adoptadas no habían conseguido el objetivo propuesto.En el verano de 2013, las inspecciones de ADEAC y de la Generaliat, así como la inspecci-ón internacional que realiza un muestreo aleatorio de las playas galardonadas sin aviso pre-vio, advertidas de la existencia de dicha problemática por algunas quejas de residentes y usuarios, constataron que los niveles de ruido nocturno, así como otros aspectos secundari-os, no eran compatibles con una distinición Bandera Azul de carácter internacional, ".informe emès per Axioma Consultors Acústics, S.L . a petició de l'actora que té per objecte la realització d'unes consideracions tècniques al document de l'ajuntament de xxxxxxxx,

30

Denúncies ref. NUM005, amb data 1 d'agots del 2014. Aquest informe fa referència a la ne-cessària instal.lació, per aplicació del Decret 112/2010, de 31 d'agost, en els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals, d'un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no es sobrepassin els valos límits establerts. Si bé conclou que aquests equips són un sistema de prevenció i control necessari del nivell d'emissió, però en cap cas, suficient. En relació als equips de so autoritzats per l'ajuntament de xxxxxxxx no condiciona ni limita el nivell de sonor emès, no implica una reduccu+ió de l'impacte acústic futur. Afegint que l'annex tècnic de la LLei 16/2002 especifica un protocolde mesura i procediment d'avaluació detallat i rigurós per verificar el compliment dels va-lors límit d'immissió i qualsevol procediment que es desvii d'aquesta metodologia no garan-teix el seu compliment, i dit això, aquest informe conlclou que " no s'aporta evidència de que les comprovacions sonomètriques in situ dutes a terme per l'Ajuntament de xxxxxxxx segueixen aquest procediment".I finalment ens fixarem en la testifical -pericial del senyor Felicisimo, com a responsable de'Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica del Servei per a la Prevenció de la Con-taminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de Catalunya. El susdit tècnic, va realitar dues sonometries els dies 29 de setembre de 2013 i el dia 13 de setembre de 2014 en relacióa l'activitat de la guingueta xxxxxxxx. En l'acte de la vista ha manifestat que la part actora va acudir al Departament a l'any 2012 exposant la problemàtica, si bé els hi van manifestar que es tractava d'una competència municipal, i els van aconsellar. No obstant, a l'any 2013 quan van tornar a reclamar la seva intervenció, i al tractar-se de sorolls provinents de guin-guetes, van realitzar sonometria, el dia 29 de setembre de 2013, la qual va donar uns resuil-tats " molt alts", ja que excedien en 15/20 DB, i a partir de 10 dB la llei considera el fet coma molt greu. Afegeix que quan es va fer la sonometria tenia lloc una festa en el local, la qual, per cert, ha resultat que no disposava de la preceptiva autorització.Respecte als coneixements acreditats mitjançant els certificats de cursos impartits a la se-nyora Crescencia, va manifestar que eren cursos molt bàsics. És més, cal afegir que d'acord amb la testifical del senyor Carlos Miguel algunes d'aquestes sonomtries no es van realitzar per la senyora Cantero ja que la mateixa estava de baixa per maternitat.Va validar els informes emesos per l'empresa Axima de 23 d'agost de 2014 i el de l'empresa ATISAE de data 31 d'agost de 3014.I afegeix, que ell personalment li va fer saber a la senyora Crescencia que el nivell d'emis-sió de 90 dB era molt alt. Altrament, consta com a document núm. 21 de la demanda docu-ment elaborat pel Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de data 13 de febrer de 2013 titulat " Recomanacions sobre els nivells sonors a emetre per les guinguetes de la platja" en el qual es fixa com a valors límits d'immissió en zona A4 55-55-54 i per zona B1 60- 60-50. I diu " D'altra banda, per garabtir una bona qualitat als usuaris de la platja, caldria ser més restrictiu, sobretot en horari diürn, que és quan els usuaris de la platja realitzen altres activitats no relacionades amb les guinguetes. En aquest cas, es reco-

31

manaria fixar el nivell màxim del limitador enregistrador, en horari diürn, de manera que noes superin nivells equivalent sonors, Laeq de 55 dB(A) a 10 metres dels límits de la guin-gueta".I en darrer terme, i respecte a les sonometries que invoca l'Ajuntament, aporta cap acta o in-forme de les sonometries realitzades in situ, fet que impedeix examinar si s'han fet d'acord amb els protocols establerts. Ara bé, cal resaltar que les sonometries realitzades donen va-lors superiors als fixats en l'Annex 3 del Decret 176/2009. A més, com bé assenyala el tèc-nic Felicisimo, els meuraments s'han de realitzar des de recpetors sensibles, com un dormi-tori o un menjador, i aquestes no es van realiyzar des d'aquests llocs. També discrepa dels horaris i dies en que es van realitzar. ja que la majoraia són fetes en dimecres i diumenge, i no pas els divendres i dissabtes a la nit, com és un fet notori que és quan les guinguetes te-nen una major activitat, i per tant, no són representatives de la problemàtica que es planteja.I en darrer terme, el tècnic senyor Felicisimo posa en entredit els estudis d'impacte acústic aportats per ser molt bàsics.Examinada, doncs la prova practicada entenc que l'Ajuntament de xxxxxxxx amb la seva inactivitat ha lesionat els drets fonamentals al.legats, ja que estem dava d'una infracció rei-teradíssima de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica. Són nombrossísi-mes les denúncies rebudes, i els informes tècnics existents, elaborats per diferents empresesque corraboren aquestes infraccions i administracions independents sense que l'Ajuntament hagi emprat les mesures que té al seu abats disposició per impedir que aquestes immisions . Consten expedients sancionadors oberts amb la imposició de sancions económiques, en el seu grau mínim, no excedint de 750, 01 euros. Cal afegir, que el senyor Carlos Miguel, tèc-nic de l'Ajuntament, i que va delarar en l'acte de la vista, va manifestar que respecte a la guingeta xxxxxxxx, va fer un informe en expedient sancionador, i que li constaven 7 in-compliments, sense que consti cap reincidència, per tant, es van acumular en un sol proce-diment.Altrament, l'Ajuntament no aporta els informes tècnics municipals emesos prèviament a la instal.lació dels equips enregistradors-limitadors del so. Tampoc aporta la documentació re-mesa per l'Ajuntament a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat per a l'obtenció de les pertinents autoritzacions per a l'ocupació de la zona de domini públic maritimoterresttre amb la instal.lació de les diverses guinguetes per a les temporades 2012, 2013, 2014, en el marc de la distribució dels serveis de temporada, en re-lació concretament a l'impacte acústic de les activitats desenvolupades en elles sobre els ha-bitatges propers i la resta de l'entorn. En concret no aporta cap documentació de la requeri-da en fase de prova.Per tot això, entenc que estem davant una vulneració continuada, des de l'any 2012, de la normativa reguladora de la contaminació acústica davant de la qual l'Ajuntament no ha do-nat resposta d'acord amb els principis quie li imposa l'articlke 31 de la Llei 26/2010, del 3 d'agots, de règim jurídic i de procedeiment de les administracions públiques. I per tant de-

32

claro la nul.litat dels decrets impugnats per entendre que lesionen els drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i familiar dels veïns que integren l'Associacióde Veïns El xxxxxxxx i com a mesures per presevar aquests drets, i d'acord amb la pètita de la demanda acordo que les guinguetes xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx de la platja de xxxxxxxx, i qualsevol que s'autoritzi se'ls hi apliqui de forma immediata i sense excepcions els límits d'emissió de 60 dB(A) d'acord amb l' article 19 de l'Ordenaça d'üs de les platges del Municipi de xxxxxxxx, respectant els llindars màxims d'immissió per a la zona A4 d'acord amb el Decret 176/2009, mentre que no s'elabori i aprovi per part de l'Ajuntament el mapa de capacitat acústica en el termini mà-xim de 6 mesos.

Quart.- CostesD'acord amb l' article 139 de la llei jurisdiccional cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.DecisióDECISIÓESTIMO en part el recurs contenciós adminstratiu interposat per la part actora davant de lessegüents resolucions:Decret de data 31 de juliol de 2014, dictat pel regidor- delegat de Governació i Via Pública de l'Ajuntament de xxxxxxxx pel qual es desestima la reclamació prèvia presentada per l'actora en data 25 de març de 2014.Decret de data 11 de novembre de 2014 dictat per l'alcalde l'Ajuntament pel qual es desesti-mava la reclamació prèvia presentada per l'actora en data 13 d'agost de 2014.i la inactivitat davant de les reclamacions formulades en els escrits presentats en data 25 de març, 9 d'agots, 13 de setembre i 17 de setembre de 2014.DECLARO la nul.litat dels decrets impugnats per entendre que lesionen els drets fonamen-tals a la integritat física i moral, a la intimitat personal i familiar dels veïns que integren l'Associació de Veïns xxxxxxxxx i com a mesures per presevar aquests drets, i d'acord amb la pètita de la demanda acordo que les guinguetes xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx de la platja de xxxxxxxx, i qualse-vol que s'autoritzi se'ls hi apliqui de forma immediata i sense excepcions els límits d'emis-sió de 60 dB(A) d'acord amb l' article 19 de l'Ordenaça d'üs de les platges del Municipi de xxxxxxxx, respectant els llindars màxims d'immissió previstos per a la zona A4 d'acord amb el Decret 176/2009, mentre que no s'elabori i aprovi per part de l'Ajuntament el mapa de capacitat acústica en el termini màxim de 6 mesos.Cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per meitats.Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa hi poden in-terposar un recurs d'apel.lació en un efecte davant d'aquest Jutjat en el termini de 15 dies i que serà resolt per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de

33

Catalunya.Així ho acordo i ho signoPUBLICACIÓN.- El magistrado titular de este Juzgado ha leído y publicado la sentencia anterior en audiencia pública en la Sala de Vistas de este Juzgado Contencioso Administra-tivo en el día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.

34