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Reforma universitaria: Wert ataca de nuevo

Pág. 4

Código Penal, grave retroceso para las libertades

Págs. 2-3

20 de febrero:#DefiendeCadete

Pág. 6

El becario apunta, la Oficina Precaria dispara

Pág.8

Compromiso por una gestión pública y participativa del agua

Pág. 9

El Supremo declara ilegales cuatro artículos del reglamento de los CIEPermitían a los funcionarios realizar registros con desnudo integral y limitaban la posibilidad de la agrupación familiar

Pág. 5

La PAH recupera un nuevo bloque del ‘banco malo’ en Vallecas Pág. 7

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PERIÓDICO DE ASAMBLEAS DEL 15M Nº 33 – FEBRERO 2015MEJEMPLAR GRATUITOredaccion@madrid15m.org administracion@madrid15m.org

madrid15m

Si el Partido Popular consigue imponer su Ley Mordaza

Parar desahucios será delito con multas de hasta 30.000€ Páginas 2 y 3

NO BEBAS

SI EN MADRID NO SE FABRICA,

EN MADRID NO SE BEBE

Vecinos de Lavapiés acuden a paralizar el desahucio de una vecina. DAVID FERNÁNDEZ/DISOPRESS

PABLO ORTEGA

Especial: 4 años con el

15M tomando las calles [1 de 4]

Páginas centralesJUAN ZARZA/DISOPRESS

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Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15m DERECHOS HUMANOS

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional lamenta que se haya aprobado un Código

Penal que difi culta el ejerci-cio del derecho a la libertad de expresión y reunión pací-fi ca y se olvida de los críme-nes de derecho internacional.

Este nuevo Código Penal modifi ca los delitos contra el orden público, crea algunos nuevos y aumentan las penas contra los manifestantes sin justifi cación alguna. Por ejem-plo, se sanciona de manera más grave el delito contra la autoridad cuando se produce en el contexto de las manifes-taciones, y se castiga la resis-tencia pacífi ca grave hasta con penas privativas de libertad. Para Amnistía Internacional,

habría sido necesario que se defi niera el término de “resis-tencia activa” para evitar am-bigüedades, ya que acciones como una sentada pueden lle-gar a ser castigadas con penas de prisión.

En este nuevo Código Pe-nal se tipifi ca como delito la ocupación de despachos, ofi -cinas, establecimientos o loca-les, aunque estén abiertos al público, si perturba el funcio-namiento normal de la activi-dad. Aparte de la ambigüedad de esta defi nición, la inclusión

de este nuevo delito pretende acallar las nuevas formas de protesta que de manera pacífi -ca se han producido en los úl-timos tiempos.

“Amnistía Internacional considera alarmante que esta reforma convierta en acto cri-minal la sola participación en la protesta, pudiéndose cas-tigar conductas que no pro-duzcan daños o lesiones a terceros. Y sin embargo desa-parezca como delito el impe-dimento de reunión pacífi ca, pese a que las normas inter-

nacionales obligan a las auto-ridades a protegerla y facili-tarla”, señaló María Serrano, responsable de Relaciones Ins-titucionales de Amnistía Inter-nacional España.

Resulta positivo que en el texto aprobado en el Congre-so se elimine el delito de inte-rrupción de servicios de trans-porte, que aparecía en textos anteriores.

Otro elemento positivo de este nuevo Código Penal es que los matrimonios forzados quedan considerados como trata de personas.

Pero este Código Penal su-pone también una oportuni-dad perdida para tipifi car ade-cuadamente los crímenes de derecho internacional. Aun-que esta reforma por primera vez contempla la desaparición

La Ley Mordaza nacerá muertaIniciativas sociales y partidos políticos se unen en un compromiso para la derogación de la abominable Ley de Seguridad Ciudadana

NO SOMOS DELITO

El Ateneo de Madrid acogió el pasado día 3 de febrero el acto por

la retirada de la Ley de Segu-ridad Ciudadana, donde gru-pos parlamentarios de la opo-sición, exceptuando a UPyD, CIU y PSOE, y partidos sin re-presentación parlamentaria como Podemos fi rmaron un compromiso con la ciudada-nía de derogación de la ley en el primer periodo de sesio-nes de la próxima legislatura.

En este encuentro, al que asistieron más de 300 perso-nas como testigos del acto de fi rma, participaron organiza-ciones sociales de toda índole

(sindicatos, ONG, partidos y colectivos ciudadanos) en una asamblea abierta al público en la que se compartieron pro-puestas y compromisos en tor-no a un mismo objetivo: parar la Ley Mordaza. En la asam-blea, los representantes de di-ferentes iniciativas sociales ha-blaron sobre las implicaciones de esta ley y de cómo se vulne-ran derechos fundamentales que son propios de un sistema democrático.

Greenpeace, la Platafor-ma de Afectados por la Hipo-teca (PAH), Defi ende a Quien Defi ende, Avaaz, las Marchas de la Dignidad 22M, Democra-cia Real Ya y Madres Contra la Represión señalaron cómo es-

ta ley lo que intenta es reprimir el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación. “En un momento crítico en el que señalamos la oligarquía ener-gética y los intereses que da-ñan al medio ambiente, vemos amenazada nuestra actividad con sanciones para los activis-tas más comprometidos. Nos quieren fundir a multas”, de-nunció Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.

Amnistía Internacional y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información apuntaron la amenaza que es-ta ley supone hacia derechos fundamentales como la liber-tad de expresión y el derecho a la información. “Pone en

riesgo derechos fundamen-tales, impidiendo que perio-distas y ciudadanos puedan grabar y difundir injusticias”, señaló María Serrano, de Am-nistía Internacional.

La Asociación Libre de Abo-gados (ALA) y Legal Sol 15M advirtieron de la limitación que esta ley supone a nuestro acce-so a la justicia. “Esta ley no vie-ne sola, sino que va acompaña-da de un paquete de reformas como el Código Penal, la Ley de Tasas, la Ley de Asistencia Jurí-dica Gratuita o la Ley de Enjui-ciamiento Criminal, con las que se señala a quien roba en un su-permercado, pero no a quien comete grandes fraudes”, afi r-ma Alejandro Gámez, de ALA.

SOS Racismo, Pueblos Unidos, Cáritas y la Platafor-ma del Tercer Sector alertaron del ataque directo hacia los de-rechos de las personas migran-tes y en situación de vulnerabi-lidad social. “Los inmigrantes se ven doblemente afectados por estas leyes que dividen a las personas en ciudadanos de primera y de segunda”, según explicó Isabel Elenku, de SOS Racismo.

Por último, Ganemos Ma-drid, Confederación Pirata y Attac se pronunciaron sobre cómo esta ley afecta a la polí-tica social y económica. “Esta gran cascada de leyes en el pla-no económico va en paralelo a una serie de tratados de libre comercio e inversiones con los que pretenden robarnos nues-tros derechos para ponerlos al benefi cio de la élite fi nancie-ra”, recordaba Sol, de Attac.

El encuentro confl uyó en un compromiso fi rme y uni-tario, adquirido por todas las personas asistentes: parar la ola de represión, la estrate-gia del miedo y Estado poli-cial del Gobierno, saliendo a la calle porque “no tenemos miedo a ejercer nuestros de-rechos, y ante la represión, ni un paso atrás”. De este com-promiso salió también un acuerdo inmediato: el de acu-dir todos a la manifestación del 14 de febrero convocada por No Somos Delito contra la Ley Mordaza.

Desde un principio estaba previsto que el Congreso fue-se el lugar de escenifi cación de este encuentro en rechazo a la Ley Mordaza, pero por mo-tivos que explicó Ricardo Six-to, portavoz de Izquierda Uni-da, esto no fue posible debido a que el Partido Socialista, por motivos de agenda, canceló de forma unilateral la celebra-ción de este acto para el día 3 de febrero y vetó la posibilidad de que el grupo parlamentario de IU solicitara esta sala, impi-diendo así que este encuentro

se celebrara en el Congreso en la fecha programada.

La plataforma No Somos Delito insistió en que la casa del pueblo no es patrimonio de ningún partido, y apeló a que se eviten pactos a puerta cerrada y se facilite la asisten-cia y participación real de la ciudadanía en los asuntos pú-blicos. “El Parlamento no está respondiendo a las necesida-des de la ciudadanía, y su re-acción es criminalizarnos con una ley que impone multas desorbitadas por parar des-ahucios como hace la PAH, por proteger el medio ambien-te como hace Greenpeace, por defender el acceso a una sa-nidad pública y universal co-mo hace la Marea Blanca o los afectados por la hepatitis C, por luchar contra la manipu-lación mediática como los tra-bajadores de RTVE o Telema-drid, por defender nuestros derechos laborales como Co-ca-Cola en Lucha o por sobre-vivir como los migrantes que cruzan la valla de Melilla”, apuntaba No Somos Delito en su intervención.

Para la plataforma, un ejemplo de seguridad ciuda-dana es cuando el Gobierno garantiza a todas las perso-nas el acceso a derechos fun-damentales como son una vi-vienda digna, una educación y sanidad pública para todas las personas, un salario digno o el acceso a la cultura, “y na-da de eso se nos está garanti-zando, al revés, nos lo están arrebatando”. Por este moti-vo, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sindi-catos y partidos políticos hi-cieron ayer un llamamiento conjunto a toda la ciudada-nía a manifestarse el 14 de fe-brero. “El 14F nos declaramos amantes de la libertad y sali-mos a la calle a decirles que no queremos vivir amordaza-dos, que no tenemos miedo porque no somos delito” es el mensaje de la plataforma. ■

La aprobación del Código Penal es un grave retroceso para la libertad de expresión y de reunión

Pie. FOTEROActo por la retirada de la Ley Mordaza en el Ateneo de Madrid. ADOLFO LUJÁN /DISOPRESS

RAMÓN COSTAS / DISOPRESS

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Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15mDERECHOS HUMANOS

forzada como crimen de le-sa humanidad cuando se pro-duce como parte de un plan sistemático, no se recono-ce cuando se trata de un ac-to concreto. Tampoco se han incluido en el texto crímenes como la ejecución extrajudi-cial, ni se ha revisado la defi -nición de tortura de acuerdo con los convenios internacio-nales de los que España forma parte, incluyendo la conside-ración de la violación sexual bajo custodia como tortu-ra. No se garantiza la impres-criptibilidad de los delitos, la inaplicabilidad de la eximen-te de cumplimiento del deber, o el hecho de que estos críme-nes no puedan estar sujetos a indultos o amnistías.

“El olvido de los crímenes de derecho internacional abre resquicios a la impunidad y

difi cultará el acceso de las víc-timas a la justicia”, manifestó María Serrano.

Otras preocupaciones de Amnistía Internacional en re-lación con el texto aprobado en el Congreso de los Diputa-dos son:

— Se introduce la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad tras el cumplimiento efectivo de entre 25 y 30 años, o 35 en caso de terrorismo. Pero no se contempla cómo se garantiza-rá la rehabilitación y reinser-ción de las personas conde-nadas, tal y como recomienda el Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos.

— Se invisibiliza a los ciu-dadanos extranjeros, casti-gando la ayuda con o sin áni-mo de lucro a la entrada en el territorio español, lo que

puede tener impacto negati-vo en el derecho de asilo. Y se sustituye parte de la pena de prisión por expulsión, lo que podría dar lugar a devolucio-nes de personas que deberían estar protegidas a sus países, como víctimas de trata o per-sonas que podrían correr ries-go si son devueltas.

— Aunque en el nuevo texto se tipifi ca como delito la incitación directa al odio, también sanciona la incita-ción indirecta, lo que pue-de vulnerar la libertad de ex-presión.

Y, por último, España si-gue sin defi nir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista podrían ser sancionadas de manera incompatible con las normas del derecho internacional.

Aunque el Gobierno ha sacado las enmiendas sobre terrorismo de este texto del Código Penal y ha anunciado que negociará con el Partido Socialista una reforma en ma-teria de terrorismo, a Amnis-tía Internacional le preocupa que la base de esta negocia-ción arranca de las doce en-miendas presentadas por el Grupo Popular en el Congre-so. Estas enmiendas han si-do analizadas por la organiza-ción, que ya ha expresado su preocupación por la amplia-ción de la defi nición de te-rrorismo y la imprecisión de algunos delitos como la difu-sión de mensajes y consignas o la colaboración, y el riesgo de que se terminen castigan-do comportamientos pacífi cos y limitando la libertad de ex-presión. ■

h p://nosomosdelito.net

http://madrid.tomalosbarrios.nethttp://madrid.tomalaplaza.net

Ley Mordaza: todo un catálogo de sanciones a la medida de los movimientos sociales

COMISIÓN LEGAL SOL

En pleno debate sobre la posible utilización exce-siva del derecho sancio-

nador como herramienta para desincentivar la protesta ciu-dadana y el ejercicio del dere-cho de reunión, cuando desde los tribunales de lo Conten-cioso-Administrativo se están consiguiendo tumbar un gran número de sanciones impues-tas por Delegación de Gobier-no en el último ciclo de pro-testas —en concreto, 1.179 personas sancionadas desde mayo de 2011 hasta diciem-bre de 2014, con una recau-dación total de 340.200€—, parece inminente que el Par-tido Popular en solitario, con el rechazo explícito del resto de grupos parlamentarios, va a conseguir aprobar la fuerte-mente criticada Ley Mordaza.

Esta nueva norma que nos pretenden imponer desde el ejecutivo ya ha hecho correr ríos de tinta, pero nos interesa volver a analizarla ahora que solo está pendiente de su apro-bación por el Senado —previs-ta para marzo— para que así podamos estar preparadas el día que, en caso de que sea fi -nalmente aprobada, comien-cen a aplicárnosla en las calles. Y es que parece que este eje-cutivo nos ha tenido en cuen-ta por una vez, pero claro, no para bien, y han hecho los de-beres estudiándose todo el ca-tálogo de nuevas prácticas activadas por los distintos mo-vimientos sociales en el ejerci-cio de la protesta, dedicándo-le a cada una un artículo y una sanción concreta. La intención es clara: castigar a golpe de

sanción aquellas acciones con más repercusión política y me-diática; veamos, pues, como lo plasma la ley.

Muy graves:

sancionadas con entre

30.000 y 600.000€— Convocar reuniones o

manifestaciones no comunica-das o prohibidas en infraestruc-turas o instalaciones que pres-ten servicios básicos: aquellas personas que sean considera-das por la autoridad como con-vocantes u organizadoras de, por ejemplo, un Rodea el Con-greso o una manifestación fren-te a una central nuclear po-drían llegar a ser castigadas con entre 30.000 y 600.000 eu-ros en caso de que se genere riesgo para las personas o per-juicio en el funcionamiento de dichas infraestructuras.

Graves: castigadas con

entre 1.000 y 30.000€

— Perturbar actos públi-cos, deportivos, culturales o religiosos: protestas como las protagonizadas por Femen en la Catedral de la Almudena o las acciones para paralizar ac-tos como el Toro de la Vega se podrán sancionar con entre 1.000 y 30.000 euros.

— Ocupación de espa-cios o infraestructuras don-de se prestan servicios bási-cos: encerrarse en un hospital o centro de salud, como ocu-rrió por ejemplo en el Fe-derica Montseny de Valle-cas, también podría llegar a sancionarse con la misma

cuantía, en caso de que se perturbara el normal funcio-namiento del centro.

— Perturbación de la se-guridad ciudadana en reunio-nes frente a órganos represen-tativos: es decir, la generación o participación en disturbios, pero también en simples cor-tes de la vía pública, en mani-festaciones frente al Congreso o las Asambleas Legislativas.

— Causar desórdenes gra-ves en las vías, espacios o es-tablecimientos públicos, así como la provocación de in-cendios en la vía pública: por ejemplo, realizar barricadas o nuevamente cortar el tráfi co en la calle, impidiendo la cir-culación normal de vehículos.

— Actos de obstrucción a resoluciones administrativas o judiciales: aquí la ley es clara, acudir a la paralización de un desahucio ya tiene su propia sanción específi ca.

— La nega-tiva a la disolu-ción de reuniones y manifestacio-nes en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad compe-tente cuando con-curran los supues-tos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Es decir, si se dieran los supues-tos para disolver una manifestación (que están tasa-dos, pero entre los que se encuentran los desórdenes públicos), la ne-gativa a marchar-

se sería constitutiva de infrac-ción grave.

— La obstaculización de la vía pública con mobiliario ur-bano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciuda-dana. Estamos ante una nueva forma de sancionar la genera-ción de barricadas (esta vez sin fuego).

— El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuer-pos de seguridad que pueda po-ner en peligro la seguridad per-sonal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una ope-ración, con respeto al derecho fundamental a la información. Especialmente pensada para di-suadir la actividad de fotógra-fos y streamers en movilizacio-nes sociales.

— Desobediencia o resis-tencia a la autoridad, negativa a identifi carse o alegación de datos falsos: ésta es claramen-te una infracción expresamente pensada para la campaña DNI (Di No a las Identifi caciones) promovida por la Plataforma por la Desobediencia Civil.

Leves: sancionadas

con entre 100 y 1.000€

— La celebración de reunio-nes en lugares de tránsito públi-co o de manifestaciones, cuan-do no hayan sido comunicadas, debiendo responder quienes sean considerados convocantes. Toda manifestación no comuni-cada podrá acarrear sanciones a aquellas personas que sean con-sideradas como convocantes u organizadoras de las mismas, aunque toda la convocatoria se realice con total normalidad y de forma pacífi ca.

— El incumplimiento de las restricciones de circulación pea-tonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o ma-nifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el nor-mal desarrollo de los mismos. Es decir, la realización de un “reclama las calles”, saltándo-se el itinerario previsto. Según esta premisa, el nacimiento del 15M se vería amenazado por la imposición de una sanción.

— Las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destina-tario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguri-dad en el ejercicio de sus fun-ciones, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito.

Hablando en plata, insultar a un policía puede salir caro.

— La ocupación de cual-quier inmueble, vivienda o edifi cio ajenos, o de la vía pú-blica, fuera de los casos permi-tidos por la ley o contra la deci-sión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad com-petente, o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o ti-tular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean consti-tutivas de delito. Es uno de los artículos más polémicos, preci-samente por su indefi nición. ¿A qué se refi ere? ¿Quién es el titu-lar de la vía pública? Entrarían, entendemos, en este supuesto, las ocupaciones de bancos, in-cluso en horario de atención al público.

— Los daños o el desluci-miento de bienes muebles o in-muebles de uso o servicio públi-co, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan delito. Se trata de un comple-mento para sancionar los da-ños en movilizaciones, cuando no puedan ser imputados como falta o delito.

— El escalamiento de edifi -cios o monumentos sin autori-zación. Es decir, Greenpeace no podrá colgar pancartas, aunque no lo haga en el Congreso.

— La remoción de vallas, encintados u otros elementos fi jos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguri-dad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo. Hablamos de za-randear las vallas que rodean al Congreso con motivo de ma-nifestaciones convocadas para tal fi n. ■

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Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15m

La justicia de la UE da un nuevo golpe a la ley hipotecaria del PP por no proteger al consumidorSi los intereses de mora son abusivos, el juez no tiene que recalcularlos, sino que debe declararlos directamente nulos

PAH

El Tribunal de Justi-cia de la Unión Euro-pea (TJUE) ha resuel-

to una cuestión prejudicial planteada por un juez de Marchena (Sevilla) que supone un nuevo golpe al Gobierno español por no pro-teger al consumidor frente a las entidades fi nancieras.

El TJUE sentencia que si los intereses de mora an-te un impago hipotecario son abusivos, el juez podrá apre-

ciar que se trata de una cláu-sula abusiva y decretar su nulidad para que no se apli-quen en la ejecución hipote-caria en marcha. Asimismo, el tribunal advierte de que estas cláusulas declaradas nulas no podrán integrar-se por otra norma nacional. La sentencia supone otro du-ro golpe a la Ley Hipotecaria 1/2013 aprobada por el Go-bierno del PP que pretendía que en estos casos el juez se limitara a recalcular los inte-reses considerados abusivos.

En marzo de 2013, la sentencia del caso Aziz de este tribunal puso patas arriba el caduco sistema de ejecución hipotecaria espa-ñola al permitir al juez en-trar a analizar el contrato hipotecario —hasta enton-ces no podía— ante una po-sible existencia de cláusulas abusivas, analizarlas de ofi -cio y suspender el proceso hasta resolverlo. Con ello, el TJUE aplicaba la Directiva 93/13 vigente desde 1993 en la Unión Europea.

Con esta resolución, el TJUE ratifi caba los postu-lados de la PAH: el proce-dimiento español de ejecu-ción hipotecaria, así como el

de lanzamientos o desahu-cios, deja en absoluta inde-fensión a la ciudadanía, so-breprotege los intereses de los bancos, vulnera la tute-la judicial efectiva e impi-de la detección de las múlti-ples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.

Tras dicha sentencia, to-do el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los pro-cedimientos hasta adecuar la norma española a la directi-va comunitaria de obligado cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno del PP respon-

dió a esta doctrina con la Ley 1/2013, manteniendo los desalojos forzosos y la deu-da ilegítima, y pretendiendo legalizar las cláusulas abu-sivas. Así, estableció que los intereses de mora no podían superar una frontera, pero aplicó esta frontera solo a los contratos fi rmados a partir de la entrada en vigor de la ley. Para las ejecuciones hi-potecarias en marcha, dispu-so que se hiciera un recálcu-lo sobre dicho límite (fi jado en tres veces el interés legal del dinero, que, además, so-lo se carga sobre el capital pendiente de pago).

Ahora, el TJUE da un nuevo golpe a este parche del legislador español que descaradamente favorece a las entidades fi nancieras. Con la reciente resolución, si los intereses son abusivos el juez no tiene que recalcular-los, sino que puede declarar-

los nulos y no aplicarlos en una ejecución hipotecaria. Por lo que, en consecuencia, la deuda deja de aumentar por este concepto.

La sentencia es muy rele-vante porque afecta a las mi-les de ejecuciones hipoteca-rias en marcha, también las que fueron fi rmadas antes de la entrada en vigor la nueva ley. Asimismo, demuestra un respaldo del Tribunal de Jus-ticia de la Unión Europea a los postulados de la PAH. En un contexto de emergencia habitacional en el que prác-ticamente cada trimestre aumenta el número de des-ahucios, las medidas del Go-bierno no solamente están resultando incapaces para frenar esta sangría, sino que además desprotegen al con-sumidor frente a los numero-sos abusos que contienen las hipotecas diseñadas por las entidades fi nancieras. ■

EDUCACIÓN/VIVIENDA

Wert ataca de nuevo, o el inútil esfuerzo de demostrar que 3+2 no es lo mismo que 4+1PACO MARCELLÁN

La implantación en nues-tro país del llamado Plan Bolonia (una pretendi-

da armonización de los estu-dios de educación superior en el marco europeo asentada en tres pilares básicos: la me-dida del aprendizaje a través de los créditos ECTS, en los que se valora no solo la acti-vidad docente presencial sino también la dedicación perso-nal del alumno; la estructu-ración de las enseñanzas en tres niveles —Grado, Máster y Doctorado— y los proce-sos de acreditación ex-post de los títulos por parte de agen-cias de evaluación) se encon-traba en fase de consolidación dado el desigual cumplimien-to de los plazos establecidos, las difi cultades económicas in-herentes y sobre todo no ha-ber procedido a la evalua-ción anteriormente señalada.

Junto a las críticas de mercantilización de la edu-cación superior (aprendiza-je orientado al mercado; ta-sas de matrícula crecientes en los estudios de Grado, pe-ro fundamentalmente en el Máster; precarización del egresado ante la crisis de em-pleo, con una imposibilidad de congeniar niveles de for-mación con actividad laboral real; disminución drástica de becas y progresiva implanta-ción de préstamos con unos efectos a medio y largo pla-zo que el sistema universita-rio norteamericano está pa-

deciendo en profundidad; reducción notable de las be-cas Erasmus, “joya de la coro-na” del mencionado espacio europeo de educación supe-rior), un problema acucian-te eran los niveles de conteni-dos y la formación de Grado (cuatro años de duración) y Máster (un año) orientados en el desarrollo de “capacida-des” y “habilidades” como se-ñas de identidad de cada uno de ellos. Las universidades debieron “sufrir” un proce-so burocrático-administrati-vo absolutamente despropor-cionado en la elaboración de los documentos exigidos pa-ra la evaluación ex-ante de ca-da una de las titulaciones por parte de la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por las correspondientes agen-cias regionales que, en mi opi-nión, pretendía ser un ele-mento clave para el control del aprendizaje y un posible referente para que los estu-diantes conocieran el compro-miso formativo de la universi-dad con ellos.

Y en estas llega Wert y manda parar… lanzando una “brillante idea” de armoniza-ción con Europa basada en la duración de los grados en tres años (aunque puedan coexistir con estudios de cuatro años) y la ampliación de la duración de los másteres a dos años pa-ra “armonizarlos” (de nuevo el palabro) con una mayoría

de los existentes en países eu-ropeos. Sus “argumentos bási-cos” radicaban en el “ahorro” que signifi caría a las econo-mías familiares la reducción de los grados en un año y, dado que el Máster lo deberían cur-sar unos pocos, incrementar su duración como zanahoria pa-ra mejorar la recaudación en las universidades, tanto en los másteres ofi ciales (con pre-cios “altos” regulados por las comunidades autónomas) co-mo en los denominados más-teres propios con precios “de mercado” y que pueden servir también de sobresueldo para los profesores que los impar-ten. Unas medidas de carác-ter exclusivista para aquellos que puedan pagarse los estu-

dios (¡es la economía… imbé-ciles!) bien por sus posibilida-des familiares o bien a través de préstamos bancarios que, dadas las condiciones labora-les, constituirán una deuda bá-sica en el futuro inmediato de los egresados.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros cele-brado el pasado 30 de enero de este cambio normativo y la excluyente y autoritaria meto-dología política seguida se ins-cribe en ese mantra del PP de que las universidades públicas no tienen remedio, se encuen-tran saturadas de profesores incompetentes y de alumnos vagos y maleables, gastan di-nero a espuertas y tienen ins-taurados unos sistemas de gestión democrática que les hacen inmanejables por par-te de las autoridades académi-cas (la tan traída y llevada go-bernanza). El refl ejo de estas insufi ciencias en los rankings internacionales de universi-dades con ausencias “clamo-rosas” de centros españoles constituye, a juicio del PP, una buena muestra de la ausencia de “efi cacia y efi ciencia” de las instituciones de educación su-perior de nuestro país.

La ausencia de un debate horizontal y abierto, no solo a nivel profesores, estudiantes y personal de administración de servicios, sino también de la sociedad sobre el modelo uni-versitario que requiere el país, alimenta estas hidras de “ocu-rrencias” que han regido la le-gislatura actual. Tasas de re-

posición del 10% destinadas a reducir el número de profe-sores permanentes, recortes en becas de estudiantes y sa-larios sobre todo en las cate-gorías precarias, disminución de la fi nanciación por parte de las comunidades autónomas, despidos de personal docente, investigador y de gestión, de-fi nen un panorama que se ve reforzado por las nuevas me-didas antes señaladas. Y mien-tras tanto, las universidades privadas, viento en popa, ju-gando al Máster como fuente básica de benefi cio.

¿Y la respuesta? A nivel institucional, los rectores se limitan a manifestar su disconformidad porque no se les ha hecho caso, pero, eso sí, aplicarán diligentemente la legislación como probos funcionarios que son. Los profesores, o bien hastiados de todo este absurdo administrativo que les lleva a preparar cronogramas, materiales “novedosos” para la enseñanza, contenidos de siempre con lazos nuevos, evaluaciones continuas sin horizonte claro, o bien refugiándose en actividades más productivas académicamente que dinamizar y estimular el interés de los alumnos por el conocimiento en un sentido amplio. ¿Y los estudiantes? Tras la implantación de Bolo-nia, con las fuerzas de impug-nación muy disminuidas, no les queda más opción que el sálvese quien pueda o bien re-organizar fuerzas y presen-tar la batalla ante un mode-lo que les va a precarizar aún más y les va a expulsar de la búsqueda del conocimiento por motivaciones económi-cas y de selección natural en el peor sentido darwinista del término. ■

ÁLVARO MINGUITO /DISOPRESS

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Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15m PARO/DERECHOS

Formas de reducir la cifra de paro sin crear empleo (en época electoral)ADRIÁN PASCUA Y EDUARDO OCAÑA, MIEMBROS DE OFICINA PRECARIA

La Encuesta de Población Activa (EPA) del pasa-do enero desató el en-

tusiasmo del Gobierno y sus voceros, que han comenza-do su bombardeo de supues-tos buenos datos económi-cos con vistas a un atiborrado año electoral. Sin embargo, algunos datos “positivos” en-mascaran otra realidad bien distinta: la pérdida de po-blación activa por el exilio juvenil o el efecto desáni-mo y la creación de un em-pleo cada vez más precario.

Las últimas cifras indican que en 2014 se crearon 433.900 empleos y el paro descendió en 477.900. Pese a la euforia de al-gunos de nuestros dirigentes, aún hay 5.457.700 desemplea-

dos y una tasa del 23,7%, más que al inicio de la legislatura. No obstante, estos números es-conden realidades más comple-jas, resultado de la defi nición que la EPA utiliza a la hora de contabilizar a los parados.

Al igual que ocurre con las estadísticas del SEPE (an-tiguo INEM), existen muchas formas de maquillar la cifra de parados sin crear pues-tos de trabajo. Esta forma de contabilizar el trabajo ocul-ta una pérdida de calidad, salarios y derechos en la vi-da real. En época electoral, éstas son las principales ra-zones por las que Rajoy dice que creamos empleo y tú, con suerte, pones copas algún que otro fi n de semana sin contrato, sin saber si irte del país o volver a estudiar.

El primero y más sencillo: un parado que logre trabajar

al menos una hora a la sema-na es inmediatamente con-siderado trabajador. Para la EPA, la delgada línea que lle-va fuera de las listas del pa-ro es fácil de cruzar, lo cual no equivale a que el trabaja-dor vea satisfechas sus nece-sidades básicas asociadas al hecho de considerarse “em-pleado”. Se crean grandes masas de subempleo que pre-tenden mostrarse como bro-tes verdes.

De la misma forma, la en-cuesta de la EPA no diferen-cia entre trabajadores: una persona que trabaje una ho-ra a la semana contabiliza igual que un trabajador con una jornada de cuarenta ho-ras semanales. Es evidente que la fi rma de más contra-tos no signifi ca necesaria-mente más empleo, quizá lo contrario. Todo parece indi-

car que, en lugar de crear tra-bajo, estamos repartiendo el poco empleo que se crea en-tre más personas y en jorna-das más cortas con cada vez peores salarios. De este mo-do, durante el año 2014 cre-ció el número de trabajadores que llevan a cabo jornadas de entre una y nueve horas (en 3.000 personas), entre 10 y 19 horas (10.000 más) y entre 20 y 29 horas (unos 50.000 trabajadores).

¿Qué ocurriría si en lu-gar de hablar de trabajado-res temporales y trabajadores a tiempo parcial habláramos de parados temporales y pa-rados a tiempo parcial? Si se atiende a la duración de los contratos se observa que está lejos del empleo digno y es-table necesario para hablar de “recuperación”. El para-digma del empleo precario lo representan los contratos de un solo día, que también han crecido durante 2014 (4.000 más). Considerar que una persona tiene empleo por ha-ber trabajado solo un día en todo el mes deja claras algu-nas de las carencias de la en-cuesta. Sería más lógico con-siderar a este “trabajador” como un parado durante 29 días al mes.

La campaña de Navidad ha vuelto a ser el mejor ejem-plo del modelo laboral al que estamos abocados. Un año más, ha generado grandes cantidades de empleo tem-poral. Los datos del paro de enero nos han devuelto a la realidad y han sepultado los pronósticos entusiastas con una subida del paro de casi 78.000 personas.

Otra forma sencilla de sacar gente de las listas del paro que no conlleva crear empleo es considerarlos po-blación inactiva, es decir, ni tienen trabajo ni lo buscan. La EPA engloba bajo esta ca-tegoría un gran rango de si-tuaciones, ya que mucha gen-te desiste de buscar empleo y deja de inscribirse en las ofi -cinas de empleo por muy di-versas razones. Personas que regresan a los estudios, que emigran, que vuelven a sus países de origen o que sim-plemente dan por imposible encontrar un empleo se esfu-man de las cifras de parados, engrosando una heterogé-nea lista que incluye jubila-dos, trabajadores del hogar o niños. Al medir elemen-tos cuantitativos, la encues-ta excluye las motivaciones por las que los trabajadores

abandonan las listas del paro. Muchas de esas razones no vienen a ser más que la con-secuencia de un mercado la-boral que ofrece trabajos mal pagados o que ni siquiera da la posibilidad de obtener un empleo, especialmente en-tre los jóvenes (40.200 ocu-pados menos entre personas de 25 a 29 años). Por ello, la población activa ha vuelto a disminuir en torno a 44.000 personas.

Además, al tratarse de una encuesta cerrada no dis-tingue otras situaciones de su-bempleo. A la pregunta “¿Ha trabajado usted al menos una hora en la última semana?”, es imposible precisar la res-puesta que puede dar un be-cario o un trabajador sin con-trato. Este tipo de empleo queda fuera de los registros del sondeo.

La rigidez de los métodos que utiliza la EPA muestra que quizá no son útiles para ofre-cer un retrato del precario pa-norama laboral español. Con-viene analizar con lupa los datos que nos ofrece y prote-gerse de las interesadas y en-tusiastas reacciones. Triste-mente, la precariedad no se ha ido, y amenaza con que-darse mucho tiempo. ■

El Tribunal Supremo declara ilegales cuatro artículos del reglamento de los CIE

DIAGONAL

El Pleno de la Sala Ter-cera del Tribunal Su-premo ha admitido

parcialmente la demanda presentada por la Federa-ción Andalucía Acoge, SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de An-dalucía contra el Regla-mento de Funcionamien-to y Régimen Interior de los Centros de Internamien-to de Extranjeros (CIE).

La agrupación de fami-liares es uno de los puntos en los que la justicia ha obli-

gado a rectifi car al Gobier-no. El reglamento de los CIE, aprobado por real decreto el 14 de marzo de 2014, con-dicionaba un “alojamiento separado que garantice un adecuado grado de intimi-dad” a un informe favorable del Ministerio Fiscal, cuando la Directiva de Retorno, lan-zada por la UE en 2008, es-tipula que la agrupación fa-miliar es obligatoria. Con la anulación de los artículos 7.3 y 16.2 se limita la discrecio-nalidad en el agrupamien-to familiar para las personas “en espera de expulsión”.

El artículo 21.3 del re-glamento es otro de los apar-tados considerados ilegales por el Supremo. En este ca-so, la disposición entraría en contradicción con la Ley de Extranjería, que no permi-te un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo ex-pediente de expulsión. Con la anulación de este artículo “se evita la posibilidad de in-ternamientos sucesivos, es-to es, que distintos jueces au-toricen que se interne más de una vez a una persona extranjera en situación ad-ministrativa irregular has-

ta completar el plazo de 60 días”, afi rman las organiza-ciones en un comunicado conjunto.

La arbitrariedad de los funcionarios de los CIE para realizar registros de internos

que incluyan desnudo inte-gral es otro de los puntos en los que el Tribunal Supremo ha enmendado al Gobier-no del PP. Para las ONG de-mandantes —a las que el Su-premo ha dado la razón— la

razón esgrimida para reali-zar este tipo de registros —garantizar la seguridad del CIE— es “muy poco precisa”. De hecho, violaría la doc-trina del Tribunal Constitu-cional, que argumenta que

los desnudos integrales so-lo pueden justifi carse por la “existencia de razones indi-vidualizadas”.

Según José Luis Rodrí-guez Candela, coordinador del equipo jurídico de Anda-lucía Acoge, “una vez más son los tribunales los que protegen los derechos de los extranjeros, y no el Go-bierno o el Parlamento. Es-ta anulación nos demues-tra que han sido aprobados reglamentos ilegales y leyes inconstitucionales”. ■

LOS ARTÍCULOS TUMBADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMOReal Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de

los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Artículo 7. Instalaciones y medios básicos.

3. (…) Se procurará que

los internos que formen una

unidad familiar estén juntos y

tengan en su compañía a sus

hij os menores, facilitándoles,

en la medida de lo posible,

alojamiento separado que

garantice un adecuado grado

de intimidad.

Artículo 16. Derechos de los internos.

2. En particular y en

atención a su situación, se

garantizan a los extranjeros

internados, desde su ingreso

y durante el tiempo de

permanencia en el centro, los

siguientes derechos:

k) A tener en su compañía

a sus hij os menores, siempre

que el Ministerio Fiscal

informe favorablemente tal

medida y existan en el centro

módulos que garanticen la

unidad e intimidad familiar.

Artículo 21. Requisitos legales del ingreso y plazo máximo de estancia.

3. Podrá solicitarse un

nuevo internamiento del

extranjero, por las mismas

causas que determinaron

el internamiento anterior,

cuando habiendo ingresado

con anterioridad no hubiera

cumplido el plazo máximo

de 60 días, por el periodo

que resta hasta cumplir

éste. Igualmente se podrán

solicitar nuevos ingresos del

extranjero si obedecen a cau-

sas diferentes, en este caso

por la totalidad del tiempo

legalmente establecido.

Artículo 55. Vigilancia y control de los internos.

2. En situaciones

excepcionales, y cuando sea

necesario para garantizar la

seguridad del centro o exis-

tan motivos racionalmente

fundados para creer que

el interno pudiera escon-

der objetos o sustancias

prohibidas o no autorizadas,

se podrá realizar el registro

personal del mismo, incluso

con desnudo integral si

fuera indispensable, el cual

se practicará por funciona-

rios del mismo sexo que el

interno, en lugar cerrado

y sin la presencia de otros

internos, preservando en

todo momento su dignidad

e intimidad. Para ello será

necesaria la autorización

previa del director, salvo que

concurran razones urgentes

o de extraordinaria necesi-

dad, en cuyo caso será pre-

cisa la autorización del jefe

de la unidad de seguridad,

comunicándolo de forma

inmediata al director.

En estos supuestos se

dejará constancia documen-

tal del examen mediante

documento suscrito por los

funcionarios actuantes en

el que se hará constar los

motivos que justifi caron la

medida y su resultado. Una

copia de dicho escrito se

remitirá al juez competente

para el control de la estancia

en el centro.

Las disposiciones anuladas por el Supremo daban libertad a los funcionarios para realizar registros con desnudo integral y limitaban la posibilidad de la agrupación familiar en los centros de internamiento

6

Nº 33 FEBRERO 2015M

MADRID COMUNIDADmadrid15m

La presión popular y política para los desahucios de la EMV en San Fermín

La Empresa Municipal de la Vivienda anuncia que negociará con las familias

ASAMBLEA POPULAR DE USERA 15M

La presión popular y política ha obligado a la Empresa Mu-nicipal de la Vivienda (EMV) a dar marcha atrás en su in-tención de desahuciar a va-rias familias en el barrio de San Fermín, en Usera, dentro de su plan para especular con las viviendas sociales.

La EMV había dado or-den de desalojo inmediato a cinco familias (Alfonso, Lo-la, Pura, Hamadi y Fátima) que vivían en pisos de alqui-ler social. Para hacer frente a esta situación de emergencia, los vecinos y vecinas, empo-derados, pusieron en marcha a comienzos de año una red

de colectivos e individuos, di-namizada por la asociación de vecinos de San Fermín. En las asambleas y en las accio-nes de calle han participado, en algún momento, otras aso-ciaciones de vecinos del Dis-trito, así como la FRAVM, la asamblea del 15M de Usera, PAH-Madrid y PAVPS, y parti-dos políticos como Podemos, PSOE e IU.

La presión surtió efecto y el primer desahucio, pre-visto para el 12 de enero, se paró tres días antes con un acuerdo entre la EMV y la fa-milia (matrimonio, cinco hi-jos y dos nietos). En vísperas del segundo lanzamiento, previsto para el 3 de febrero,

la empresa municipal se dio por vencida ante la reacción vecinal, y ha anunciado que renuncia a los desahucios y negociará con todas las fa-milias.

Vigilantes para defender el

derecho a la vivienda

Lo sucedido es una vic-toria popular, pero hay que estar vigilantes. Las institu-ciones madrileñas (el Ayunta-miento, a través de la Empre-sa Municipal de la Vivienda, y la Comunidad, a través del IVIMA) se han embarcado en una gran operación especula-tiva y urbanística para vender las viviendas sociales a fon-dos de inversión y enjugar así su deuda ilegítima con el pa-trimonio de todos.

En el caso de San Fer-mín, cientos de estas vivien-das de alquiler social están en el punto de mira. Algunos de

los pisos están frente a la Ca-ja Mágica, lo que explica el in-terés mezquino por sacarlas al mercado.

Se trata de viviendas pa-ra familias que ya en su día tenían escasos recursos y que han sido muy golpeadas por la crisis-estafa.

La EMV de momento no ha vendido los pisos, pero presiona a los inquilinos con diferentes métodos: a unos les modifi ca unilateralmente las condiciones, a otros les su-be el alquiler, etcétera, en una clara estrategia de “divide y vencerás”.

Los vecinos y vecinas de Usera advertimos a Ayunta-miento y Comunidad de Ma-drid que vamos a defender unidos el derecho a la vivien-da y que vamos a obligarles a cumplir con su obligación, que no es otra que servir al pueblo y no a los intereses fi -nancieros e inmobiliarios.

¡Salud!

Los vecinos defi enden unidos el derecho a

la vivienda. ÁLVARO MINGUITO/DISOPRESS

El ayuntamiento de Getafe intenta coaccionar a PAH Getafe

PAH GETAFESamira es una vecina de Ge-tafe que tiene tres hijas de 2, 8 y 10 años. Divorciada y sin ningún ingreso, no puede ha-cer frente al alquiler que esta-ba pagando, por lo que tendrá que abandonar su vivienda en las próximas semanas.

Samira ha visitado en va-rias ocasiones los servicios sociales del ayuntamiento de Getafe, en busca de una alter-nativa habitacional que se le ha denegado sucesivamente por parte del Gobierno mu-nicipal. Tras varias visitas los días 22, 23 y 29 de diciem-bre, la concejala de Asuntos Sociales, María Teresa Rodrí-guez, le niega una vez más cualquier tipo de solución.

Por este motivo, desde la PAH Getafe decidimos, el pasado 5 de enero de 2015, apoyar a nuestra compañe-ra realizando una acción en el interior del Ayuntamien-to para denunciar que el Go-bierno municipal (PP) mien-te cuando afi rma que ofrece viviendas a familias afecta-das de desahucio y exigir una solución habitacional para nuestra vecina. Ante nuestra acción, en la que señalamos directamente al alcalde Juan Soler, la respuesta del Ayun-tamiento fue la represión po-licial. En un primer momen-to con idea de desalojarnos e identifi carnos a todas las personas que participába-mos en la acción. Pasadas va-rias horas fuimos sacados por la puerta de atrás del consis-torio por la Policía Local. La acción y desalojo se desarro-llaron de manera pacífi ca y en ningún momento se impi-

dió el normal funcionamien-to del Ayuntamiento.

Sin embargo, desde ha-ce algunas semanas, las per-sonas identifi cadas estamos sufriendo lo que entende-mos como una persecución y una coacción por parte del Gobierno municipal del PP, a través de las fuerzas y cuer-pos de seguridad, que busca amedrentarnos con el fi n úl-timo de amordazarnos para que no denunciemos las men-tiras y la falta de políticas de vivienda en nuestro pueblo.

Por este motivo queremos denunciar que:

1. Las personas identifi ca-das en la acción están siendo citadas a declarar ante la Bri-gada de Información local de la Policía Nacional por una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, según fuentes policiales.

2. Estas citaciones están siendo dejadas en buzones o se realizan por teléfono, ge-nerando inseguridad y des-concierto entre los afectados, que no saben el grado de ofi -cialidad de dichas citaciones.

3. A pesar de ser declara-ciones voluntarias, la Policía Nacional está presionando a nuestros compañeros con lla-

madas telefónicas a familia-res para que nos presentemos a declarar.

4. No se ha informado acerca de si nuestra decla-ración es en calidad de de-nunciados, testigos o impu-tados, colocándonos es una situación de indefensión y vulnerando nuestros dere-chos de defensa.

Creemos que el Gobier-no municipal del PP, que vio-la constantemente el artículo 47 de la Constitución, ha de-cidido perseguir a todas las personas que luchan por los derechos humanos en Ge-tafe. Por este motivo, desde PAH Getafe exigimos:

— La paralización in-mediata de la persecución y acoso al que estamos siendo sometidos.

— La solución habita-cional para Samira y sus tres hijas menores, recordando a Juan Soler que la vivien-da es un derecho, y no una mercancía.

— La dimisión de todos los autores, cómplices y res-ponsables que permiten que se vulneren los derechos hu-manos en nuestro municipio.

¡Seguiremos gritando! ¡Seguiremos luchando!

Cadete, un símbolo de lucha por el derecho a la vivienda

ASAMBLEA POPULAR DE CARABANCHEL

Cadete es mucho más que un edifi cio ocupado. Es el lugar que acoge y proporciona una solución habitacional a más de seis personas que fueron desahuciadas. Es el primer espacio liberado en Madrid por la Obra Social que simbo-liza la lucha por el derecho a la vivienda.

El pasado 3 de octubre de 2013, la Obra Social Ma-drid liberaba su primer edifi -cio ubicado en el distrito de Carabanchel, propiedad de la Sareb. A nivel estatal se trata-ba del 14º bloque, 12 en Cata-luña y 1 en Alicante.

La liberación de este edi-fi cio, que contiene seis vivien-das, se realizó con el objetivo de ofrecer una solución habi-tacional a seis familias, mu-chas de ellas con niños y ni-ñas, que estaban a punto de perder sus casas o ya las ha-bían perdido. Y por otro lado, se hizo como una reivindica-ción por el derecho a la vi-vienda y en contra de la espe-culación de los bancos, cuyos intereses económicos se an-teponen a nuestros derechos sociales.

Cadete es propiedad de la Sareb (Sociedad de Acti-vos procedentes de la Rees-tructuración Bancaria), más conocido como banco malo. Y a través de este banco, el Go-bierno pretende mantener la burbuja inmobiliaria paga-da con dinero público. A pe-sar de la dramática situación que viven millones de perso-nas que ven pisoteado su de-recho a una vivienda, las más de 90.000 casas que ha com-

prado la Sareb con dinero pú-blico están destinadas a la es-peculación. Esto es, a dejarlas vacías hasta que se puedan vender más caras de lo que se compraron.

La Sareb también ha asu-mido muchos de los créditos que tenía la banca y que eran impagables. Tampoco la com-pra de esos créditos persigue ser una vía para dar una se-gunda oportunidad a las mu-chas personas afectadas por la hipoteca. Esos créditos, al igual que las casas, serán em-paquetados y vendidos a fon-dos de inversión extranjeros, y los deudores seguirán con-denados a la muerte civil.

20 de febrero,

#Defi endeCadete

Cadete no es un bloque cual-quiera para Carabanchel, Madrid y el resto del Estado.

Se trata de un símbolo de lu-cha por la vivienda y nuestra reivindicación colectiva de recuperar espacios y recursos para dotarlos de un uso so-cial. Sin embargo, el próximo 20 de febrero, a las 9:30, pre-tenden desalojarlo.

Pero este edifi cio ya es parte de nuestras vidas y de las personas que lo habi-tan. En el interior de cada vi-vienda se encuentran nues-tras vecinas y vecinos, que ya son parte del barrio. Por eso, desde la Asamblea Popular de Carabanchel vamos a de-fenderlo. Porque no estamos dispuestos a que haya fami-lias que se queden en la ca-lle sin que la Administración ni las entidades bancarias les ofrezcan una solución digna y justa.

Y en la defensa de Cadete se encuentra inmersa nues-tra lucha, no solo por man-tener un edifi cio, sino por el derecho a la vivienda y nues-tra repulsa a una legislación injusta que prima a los inte-reses capitalistas de los ban-cos frente al bienestar de las personas.

En Madrid, más de 40 fa-milias son despojadas de sus casas al día, mientras más de 10.500 viviendas se encuen-tran vacías. Mientras esta vul-neración de nuestro derecho a la vivienda siga existiendo, la lucha será nuestra única opción.

Defendamos Cadete, de-fendamos el derecho a la vi-vienda.

❱❱ Web: carabanchel.tomalosbarrios.net

☛ MÁS INFORMACIÓN

PAH GETAFE

A.P.CARABANCHEL

Nº 33 FEBRERO 2015M

MADRID COMUNIDAD madrid15m 7

INFORME PAH

2015 comienza con 14 desahuciosPAH MADRID

Ya han pasado bastantes años desde que las Plataformas de Afectados por la Hipoteca co-menzaran a trabajar y a ex-pandirse por todo el país. He-mos conseguido sacar a la escena pública el problema de los desahucios y hemos puesto a algún político en-tre la espada y la pared. Sin embargo, todavía no hemos podido conseguir ese cam-bio necesario para solucionar el problema de los desahu-cios, cosa que hemos notado en el primer mes de 2015: 14 desahucios en enero.

El primero de todos los desahucios lo tuvimos el vier-nes 9 de enero: Fidere, la ta-padera de un fondo buitre, quería desahuciar a José An-tonio y su hijo de la que fue una vivienda pública en Va-llecas, pero el esfuerzo de

los distintos colectivos que trabajan por defender el de-recho a la vivienda hizo que este desahucio se aplazara hasta el 14 de enero.

La siguiente semana fue la más dura de todo el mes: tuvimos que organizarnos para poder parar ocho des-ahucios. Los dos prime-ros fueron el lunes 12, de la EMVS y de Fidere, en Orca-sitas y Vallecas, ambos pa-rados. El martes tuvimos que ir a Pinto para evitar que CaixaBank echara a una fa-milia de su casa, y por cuar-ta vez en este mes lo con-seguimos. El miércoles nos volvimos a enfrentar a dos desahucios: conseguimos pararle los pies a Bankia en Villaverde Bajo, pero no pu-dimos volver a parar el des-ahucio de José Antonio; Fi-dere volvió a echar a una

familia a la calle. Tras el do-lor de no haber podido parar este desahucio, tuvimos que reponernos, ya que el jueves teníamos otros dos: BBVA en Carabanchel y un prestamis-ta en Alcalá de Henares; es-ta vez sí, conseguimos parar los dos. Terminamos una du-ra semana parándole los pies a Ibercaja, que quería echar a Bernardita de su casa en San Cristóbal.

Pasamos hoja y nos en-frentamos a una semana con tres desahucios, en la que empezamos y terminamos mal: el martes no consegui-mos parar a Bankia, la enti-dad de las tarjetas black echó a Benaisa de su casa. El miér-coles conseguimos que Enca-sa Cibeles no echara a una fa-milia de su casa en Vallecas, pero el viernes no consegui-mos hacer lo mismo con Fi-

dere, que echó a Wilson y a su familia (con un bebé de dos meses) a la calle. ¿Para esto vendemos la vivienda pública?

Los dos últimos desahu-cios los tuvimos el lunes 26, con Bankia queriendo echar a una familia de Villaverde Alto, y el miércoles 28 con un desahucio por alquiler en Parla. El primero lo paramos y el segundo fue suspendido, ya que la familia consiguió un alquiler social.

Pasan los años y los des-ahucios siguen ahí. Hay quien piensa que no pueden ser más crueles, pero ver có-mo los fondos buitre pueden echar a familias con un bebé de dos meses a la calle te hace pensar que la gente que ges-tiona estas empresas no tie-ne ningún tipo de conciencia. Sin embargo, como todos los meses desde hace ya bastan-tes años, ahí nos encontrarán para recordarles que no pue-den hacer lo que les dé la ga-na con nuestras vidas.

El ayuntamiento de Madrid niega a los vecinos la posibilidad de utilizar el Mercado de LegazpiLa Dirección General de Participación Ciudadana recomendó a los representantes de los colectivos ciudadanos 'esperar a las próximas elecciones, a ver si había suerte'

EV ARGANZUELAEl martes 3 de febrero tuvo lu-gar la reunión, retrasada por el Ayuntamiento durante tres me-ses, entre la DG de Participa-ción Ciudadana y la DG de De-fensa y Gestión del Patrimonio del ayuntamiento de Madrid con los representantes de la ini-ciativa Espacio Vecinal Argan-zuela (EVA) y de la Federación Regional de Asociaciones de Ve-cinos (FRAVM), que reclaman la utilización temporal de las ins-talaciones del Mercado de Fru-

tas y Verduras de Legazpi, una propiedad municipal situada en la glorieta de Legazpi que lleva años abandonada, sin uso defi -nido y sin perspectivas inmedia-tas de tenerlo.

'Mejor vacío y sin uso que

para los vecinos'

La respuesta ofi cial del Ayun-tamiento en la reunión fue que “no hay disponibilidad patri-

monial” en todo el distrito de Arganzuela para acoger el pro-yecto de Espacio Vecinal Argan-zuela, presentado el pasado 4 de noviembre ante el Ayuntamien-to. En esta iniciativa, elogiada por el propio Ayuntamiento, los 30 colectivos fi rmantes plantea-ban una solución para la falta de espacios que puedan dar servi-cios a la creciente población de este distrito, la intensa actividad vecinal, social y cultural del mis-mo, así como una solución de

urgencia para las actividades realizadas en La Traba, centro social desalojado y demolido sin alternativa en agosto pasado.

Curiosamente, el área de gobierno a la que pertenece la propia DG de Participación Ciudadana se está construyen-do ahora su nueva y lujosa se-de “ocupando” precisamente un edifi cio municipal en Arganzue-la, próximo al Mercado, que el Plan Especial de Madrid Río ini-cialmente destinaba, en parte, a paliar la falta de equipamien-tos para los vecinos: una biblio-teca y centro cívico (además de otros usos).

Los representantes del Espa-cio Vecinal llevaron a la reunión una propuesta de uso parcial del espacio del mercado, limitada en el tiempo para no condicio-nar a quienes asumieran el go-bierno de la ciudad dentro de cuatro meses y garantizando la buena conservación del inmue-ble y la posibilidad de revertir el

proceso, en caso de no ser valo-rado positivamente por la Ad-ministración. Esta propuesta se basa en experiencias de éxito si-milares de otras ciudades espa-ñolas y europeas. Sin embargo, dicha propuesta no fue ni siquie-ra debatida: se negó cualquier posibilidad de que una parte del mercado fuera destinada a actividades gestionadas por los propios ciudadanos mientras el Ayuntamiento buscaba un uso defi nitivo para el inmueble. Es decir: mejor un patrimonio va-cío y abandonado que aprove-chado y disfrutado por los ciu-dadanos madrileños.

Incremento de la

movilización ciudadana

En la asamblea que se realizó en El Matadero con posterioridad a la reunión, los más de 60 repre-sentantes de los colectivos inte-grantes en EVA, ante la negativa

municipal a dialogar, acordaron incrementar las movilizaciones en la calle y la organización de actividades sociales y culturales frente a las puertas de un inmen-so espacio vacío, cuya vigilancia 24 horas pagan todos los madri-leños, únicamente para garanti-zar que continúe sin uso y aban-donado durante unos años más. Los representantes de EVA re-cuerdan que el Mercado de Le-gazpi es patrimonio histórico de todos los madrileños, no de los responsables de turno del Ayun-tamiento, y su destino no puede ser en ningún caso decidido a es-paldas de los ciudadanos, tras las puertas cerradas de ningún despacho municipal.

En el proyecto Espacio Veci-nal Arganzuela están implicados más de 30 colectivos, desde aso-ciaciones vecinales a arquitectos, movimientos sociales y AMPA, que agrupa a una parte impor-tante del tejido ciudadano más activo de Arganzuela.

Alfon: las ‘sombras’ del proceso PLATAFORMA POR LA LIBERTAD

DE ALFON / REDACCIÓN

La Plataforma por la Libertad de Alfon ha elaborado un do-cumento recopilando diez as-pectos que fundamentan la convicción de que el proceso contra el joven es un montaje policial, en los que incide el re-curso presentado a la senten-cia que le condena a 4 años de prisión. Son los siguientes:

1. Durante todo el proce-so se vulnera la presunción de inocencia.

2. Los agentes transpor-tan la bolsa con el supuesto artefacto explosivo en su co-

che particular y lo dejan en la comisaría sin ningún protoco-lo de seguridad.

3. Alfon permanece en prisión en régimen FIES du-rante dos meses sin haber si-do analizado el supuesto arte-facto explosivo.

4. Se saltan repetidas ve-ces la cadena de custodia, por lo que no pueden asegurar que el mismo artefacto que “encontraron” sea el que fi -nalmente analizaron (‘A’ en-trega la bolsa a ‘B’ y ‘B’ en-trega la bolsa a ‘C’, pero los números identifi cativos de la primera ‘B’ y la segunda no

coinciden, por lo que no sabe-mos quién recibe la bolsa de ‘A’ ni quién la entrega a ‘C’).

5. Los análisis que “de-muestran” que se trata de ga-solina son analizados directa-mente de unas probetas, pero nadie sabe quién rellena esas probetas y, por tanto, tampo-co de dónde procede ese lí-quido analizado.

6. Tras no presentarse los agentes, por estar de vacacio-nes, al juicio del 18 de sep-tiembre, presentan un nuevo informe policial, sin que na-die lo solicitase, para el juicio del 25 de noviembre.

7. Numerosas contradic-ciones entre los agentes du-rante sus declaraciones en el juicio contra Alfon. Como, por ejemplo, el lugar en el que fue identifi cado el acusado.

8. Se niegan a analizar las huellas encontradas en la bolsa.

9. Tanto el informe po-licial como las preguntas de la fi scalía se centran en la actividad e ideología del joven vallecano, quedando demostrado en el juicio que Alfon ha sido sometido a se-guimiento policial desde el año 2009 sin ninguna orden judicial.

10. No se tiene en cuenta la declaración de ninguno de los testigos de Alfon.

La PAH recupera un nuevo bloque del ‘banco malo’ en Vallecas

PAH VALLEKASLa PAH Vallekas anunciaba el 26 de enero una nueva re-cuperación de un bloque va-cío propiedad del conocido como banco malo para alojar en él a personas sin acceso a vivienda digna. El inmueble, situado en la calle Monte Per-dido, 60 bis, en el distrito de Puente de Vallecas, es el un-décimo edifi cio de viviendas propiedad de la Sociedad de Activos procedentes de la Re-estructuración Bancaria (Sa-reb) que ha liberado la PAH en el marco de su campaña de Obra Social, dirigida a pe-dir alquileres sociales en pi-sos vacíos en manos del sec-tor fi nanciero (banca y cajas rescatadas, la Sareb y fon-dos buitre). Esta campaña ya ha recuperado una treintena de bloques, así como dece-nas de pisos vacíos sueltos en manos de la banca.

La recuperación de es-te nuevo inmueble se produ-jo en diciembre de 2014 por parte de personas que par-ticipan en la PAH del dis-trito de Puente de Vallecas. Durante este mes la PAH ha estado acondicionando es-te edifi cio de tres viviendas, que se encontraba en un gra-ve estado de abandono. La intención del movimiento por la vivienda digna y con-tra los desahucios es recla-mar la regularización de los habitantes de estos bloques a través de un alquiler so-cial, una voluntad que han comunicado repetidas veces

a la Sareb y al Ministerio de Economía, sin que de mo-mento ninguna de estas ins-tancias haya contestado a la PAH en sus intenciones de negociar globalmente la re-gularización de los bloques ocupados por la campaña Obra Social de la PAH. La úl-tima de estas comunicacio-nes fue en el mes de diciem-bre del año pasado mediante la entrega formal de una car-ta al ministro de Economía, Luis de Guindos, en nombre de la PAH y de todos los blo-ques que este movimiento le ha ocupado a la Sareb. Desde entonces, Guindos ha vuel-to a reconocer públicamen-te en el programa Salvados de La Sexta TV que es el Go-bierno quien tiene el control del máximo accionista de la Sareb, el Fondo de Reestruc-turación Ordenada Banca-ria. Desde nuestro punto de vista, esto certifi ca que tiene capacidad de decisión sobre los cerca de 70.000 pisos que gestiona la Sareb.

Coincidiendo con el anuncio del nuevo bloque, tres representantes de la PAH Vallekas han vuelto a entre-gar una carta en el Ministe-rio de Economía en nombre de todos los habitantes de los bloques de Obra Social, para pedir una reunión en la que poder trasladar las reivindi-caciones de la PAH para el uso de los pisos vacíos de los bancos rescatados como par-que de vivienda destinado al alquiler social.

Nº 33 FEBRERO 2015M

MADRID COMUNIDADmadrid15m8

Protestas contra el traslado de la oficina de 'desempleo'Los usuarios del distrito con más paro de la capital

tendrán que desplazarse más de 15 kilómetros, hasta

la calle Canillas, en el barrio de Prosperidad

ASAMBLEA DE DESEMPLEADXS DE VILLAVERDE

En la mañana del 28 de ene-ro, decenas de desempleados y vecinos de Villaverde se han concentrado frente a la ofi cina del INEM (SEPE) ubicada en la avenida Real de Pinto, 36, con-vocados por la Asociación Ve-cinal La Incolora, el 15M de Villaverde y la recién creada Asamblea de Parados de Villa-verde, para denunciar el tras-lado de dicha ofi cina a la ca-lle Canillas, 104, en el barrio de Prosperidad, a partir del 29 de enero.

La única ofi cina del INEM que atiende a todo el distrito de Villaverde (más de 140.000 habitantes) ha anunciado su

cierre por obras a partir del 29 de enero, obligando a los más de 15.000 vecinos y vecinas desempleados a desplazarse hasta la calle Canillas, en el ba-rrio de Prosperidad. Villaver-de es, junto con Puente de Va-llecas, el distrito con el índice de paro más alto de la capital (aproximadamente un 21%, con picos del 28% en el barrio de San Cristóbal).

El cierre de la ofi cina del Servicio de Empleo Público Estatal, por un tiempo aproxi-mado de seis meses, va a su-poner para todos los afecta-dos un desplazamiento de más de 15 kilómetros, varios trans-bordos en transporte público y más de una hora de recorrido,

además de un desembolso de dinero que, para unas perso-nas obligadas a sobrevivir a ve-ces solo con un subsidio de 426 euros, cuando lo cobran, signi-fi ca tener que renunciar a cu-brir otras necesidades básicas.

La indignación de los ve-cinos aumenta al saber que a unos pocos metros de la ofi ci-na del INEM (estatal) está la ofi cina de Empleo de la Comu-nidad de Madrid, que seguirá activa, aunque sus servicios se limitan a la inscripción como demandante de empleo y la in-formación sobre ofertas labo-rales, y que podría haber sido compartida durante el tiempo que duren las obras de refor-ma. Existen además otras al-ternativas que supondrían un menor perjuicio para los veci-nos de Villaverde, como la po-sibilidad de utilizar temporal-mente las ofi cinas del INEM de

Usera o Legazpi, mucho más cercanas y accesibles, o recu-perar el edifi cio que albergaba la antigua Agencia de Zona pa-ra el Empleo que en 2005 Ga-llardón inauguró en Villaverde Alto, gastándose en aquel mo-mento aproximadamente unos 500.000 euros en reformas, y que se cerró sin cumplir nin-guno de los objetivos para los cuales se había diseñado.

Durante la concentración se entregaron en la ofi cina del INEM las más de 1.000 fi rmas recogidas, que se añaden a los cientos de reclamaciones que ya se entregaron en los últimos días, pidiendo a las distintas Administraciones públicas que se estudie una solución alter-nativa que facilite, y no difi cul-te, el acceso a este servicio por parte de todos los ciudadanos de Villaverde.

Por último, se ha informa-do de la creación de una de Asamblea de Desempleados de Villaverde, que se reunirá todos los lunes a las 10:00 en la A.V. La Incolora de Villaver-de Alto (calle Acebes, 6).

La Inspección de Trabajo regulariza a más de 30 becarios en fraude y sanciona a varias empresas

OFICINA PRECARIAUna treintena de becarios ha visto regularizada su situación laboral y han sido reconocidos como trabaja-dores asalariados tras cursar varias denuncias contra diferentes empre-sas de Madrid. La Inspección de Tra-bajo ha actuado a instancia de la Ofi -cina Precaria, sancionando a varias empresas que tenían en sus planti-llas a becarios en fraude de ley, que encubrían puestos de trabajo. Ade-más, al reconocer su laboralidad, la Inspección de Trabajo ha obligado a pagar los salarios no percibidos por los becarios hasta la fecha.

Empresas de comunicación, venta al detalle y de servicios a ter-ceros, entre otros casos, usan esta fórmula para tener empleados en-cubiertos, que cobran poco o no co-bran y que no tienen derechos la-borales. Una beca en fraude de ley es aquella en la que el becario des-empeña las funciones de otro traba-jador y donde no obtiene la forma-ción que motiva la beca. En estos 30 casos, han sido declaradas fraudu-lentas al no cumplir con los requi-sitos legales de las prácticas forma-tivas: superan las horas permitidas por la universidad, se suscriben con entidades no homologadas para la enseñanza universitaria o no están vinculadas a un proyecto de forma-ción real.

Desde la Ofi cina Precaria veni-mos denunciando las abusivas prác-ticas con las becas —prácticas curri-culares y extracurriculares— desde hace más de año y medio, y desde el principio hemos apostado por la Inspección de Trabajo y por las de-nuncias judiciales para reclamar la-boralidad. El tiempo nos ha dado la razón, y hoy algunas empresas ya

son conscientes de que estos fraudes son sencillos de detectar, de que los empleados con becas empezamos a organizarnos y de que si su modelo de negocio se basa en la esclavitud moderna de jóvenes y no tan jóve-nes nos tendrán detrás de ellos.

La Ofi cina Precaria se ofrece, a través de un formulario en su pági-na web, para tramitar las denuncias a la Inspección de Trabajo, de mo-do que se garantiza el anonimato del becario que denuncia su situa-ción. La empresa no puede negarse a ser inspeccionada ni puede pedirle a sus becarios que no hablen con los inspectores de Trabajo.

Actualmente, desde Ofi cina Pre-caria estamos trabajando con colec-tivos universitarios, y en 2015 va-mos a reclamar a las universidades —las principales cómplices de es-ta fl agrante vulneración de dere-chos— que cumplan con un código de buenas prácticas, para asegu-rarnos de que las becas cumplen su función. Las becas de formación en fraude de ley son una forma de edu-car en la precariedad a quienes en-tran en el mercado de trabajo, y no perjudican solo a quienes las sufren, también presionan a la baja el poder de negociación del resto de los tra-bajadores —y por tanto sus salarios y sus condiciones laborales—, por eso es prioritario frenar esta forma de subempleo y apostar por una in-serción laboral de calidad, también para los jóvenes.

¡Contra el paro, la precariedad y sus culpables!

Un año de Coca-Cola en lucha@COCACOLAENLUCHA

El pasado 22 de enero se cumplió un año desde que la empresa Coca-Cola Ibe-rian Partners (CCIP) deci-dió de forma contunden-te despedir a un tercio de sus trabajadores y cerrar 4 de sus 11 plantas de em-botellado, entre ellas la de Fuenlabrada en Madrid, la de mayor producción de España y la segunda de Europa.

Fue una decisión infa-me, fuera de toda lógica y que a día de hoy todavía es incomprensible: el despido de trabajadores en una em-presa con benefi cios mul-timillonarios. Y ello en un país que se desangra indus-trialmente, con un 25% de paro y cientos de miles de exiliados laborales.

El ERE fue presenta-do al amparo de una refor-ma laboral, que paradóji-camente fueron diseñados ambos por el bufete Sagar-doy. Un ERE que es el pa-radigma de las cosas mal hechas y que ya es obje-to de estudio en las facul-tades de Derecho de nues-tro país.

Pero Coca-Cola Ibe-rian Partners no pensó que se encontraría con la resistencia de una parte de la plantilla de los traba-jadores de Fuenlabrada. La empresa tejió sus hi-los en una maraña de ma-nipulación y engaño a los trabajadores, aplicó el di-vide y vencerás, creyendo que con dinero y coaccio-nes todo se consigue.

Pero no fue así. Un gru-po de 235 trabajadores de-cidió luchar, levantar la ca-beza y no rendirse nunca, sabiendo que la razón es-taba de su lado, como des-pués lo estaría la justicia en esa sentencia, sin prece-dentes, dictada por la Au-diencia Nacional.

Sabían a quién se en-frentaban: a la reina del marketing y de la publici-dad engañosa; a la gran multinacional que encarna a la perfección los valores de este feroz sistema capi-talista, que antepone el di-nero a las personas.

Ha sido un año duro de lucha continua, en la calle real y virtual, en el que los medios de comunicación han silenciado constante-mente la noticia. La todo-poderosa compañía com-pra medios y voluntades en todos los ámbitos periodís-ticos y políticos para aca-llar las voces. Durante tres semanas, tanto Coca-Cola España como CCIP mantu-

vieron silencio. No eran ca-paces de salir a explicar su ERE, pero obligados por la situación saltaron a los me-dios varios portavoces de la patronal en defensa de su “no ERE”, con interven-ciones a cual de ellas más desafortunada, que desa-creditaban cada vez más su actuación.

Los trabajadores han tenido que luchar contra el silencio y la manipula-ción de la información en los medios al servicio de la empresa, contra la inac-ción del Gobierno a pesar de sus llamamientos, con-tra la pereza de los políti-cos que no traducían su apoyo en acciones visibles. Han neutralizado los múl-tiples intentos de merca-deo de sus puestos de tra-bajo, la traición de ciertos sindicalistas mal llamados “representantes de los tra-bajadores” y los ataques verbales de otros trabaja-dores de la empresa, que no compañeros.

Han tenido que luchar contra las argucias de la empresa, empecinada en sacar adelante su ERE ile-gal. Han protegido con uñas y dientes la planta de Fuenlabrada, impidiendo los numerosos asaltos pa-ra desmantelarla por parte de CCIP; el último incluso con el apoyo de la Delega-ción del Gobierno. Han si-do apaleados por la Poli-cía Nacional, denunciados y hasta detenidos, pero eso no les ha hecho rendirse, sabedores de que les asiste la razón y la justicia.

Están poniendo en evi-dencia la debilidad de un sistema político supedita-do al poder económico que carece de medios o volun-tad para que se cumplan las resoluciones del poder ju-dicial. El caso Coca-Cola es un grave ataque al Estado de derecho, donde la ley se aplica con contundencia al ciudadano de a pie, pero no al poderoso, al que inclu-so en este caso el Gobierno pone a su servicio a la UIP para que realice acciones encaminadas al incumpli-miento de un mandato ju-dicial condenatorio.

La lucha es el único ca-mino para la clase traba-jadora, por nuestra digni-dad, por nuestros derechos y por el futuro de este país. Los espartanos de Fuenla-brada seguirán en lucha hasta que la empresa cum-pla con la justicia.

Mientras, solidaridad y boicot. ¡Fuenlabrada no se cierra!

LA MEDIDA NO GUSTA A NADIER. B. T.

Nadie está contento con la decisión de desviar la ofi ci-na a Prosperidad. Ni los funcionarios, a los que no hace ninguna gracia trasladarse tan lejos, ni por supuesto —y especialmente— a los usuarios, por el absurdo gasto en tiempo y dinero —que en muchas ocasiones no tienen— que esto supone. Además, la medida se ha realizado con un “total desprecio” de los usuarios, según declaraban el día de la protesta algunos de ellos, quejándose por no haber recibido aviso alguno y enterándose en varios de los casos al presentarse en la ofi cina.

Así, el número total de protestas ha rondado las 3.000, si sumamos las más de 1.000 fi rmas recogidas a las tam-bién más de 1.000 reclamaciones presentadas en la propia ofi cina, donde se han terminado los formularios por dos veces, según nos cuentan activistas de 15M Villaverde.

❱❱ Web: ofi cinaprecaria.com

❱❱ http://xurl.es/2zgix

☛ MÁS INFORMACIÓN

Asamblea del 15M para informar y recoger fi rmas

contra el cierre de la ofi cina. A. P. VILLAVERDE 15M

La 'fórmula' de la Coca-Cola: despi-

dos y represión. COCACOLAENLUCHA

Nº 33 FEBRERO 2015M

MADRID COMUNIDAD madrid15m 9

Medidas para reducir la factura de la luzPEDRO L. - APA ALPEDRETE

El Gobierno está preparan-do una nueva normativa pa-ra las tarifas eléctricas con la que pretende aumentar de nuevo la parte fi ja —potencia contratada—, subsidiando el kilovatio consumido.

Da igual que ahorres, que pases frío o que derro-ches, pagarás casi lo mismo. Así, las eléctricas se asegu-ran unos enormes ingresos fi jos, independientemente del consumo y de lo que les cueste generar y distribuir la electricidad.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha preparado una calculadora online para comparar los pre-cios (http://altiplana.nuevo-modeloenergetico.org/cal-culadora-online/).

Si alguna de las compa-ñías os ofrece este tipo de ta-rifas planas, no se os ocurra contratarlo.

Sé que puedo parecer un poco pesado con este tema, pero no me canso de insis-tir en las medidas que cada ciudadano puede tomar pa-ra mandar a la “m...”, aunque solo sea un poco, a esta pan-da de ladrones:

— Bajar la potencia con-tratada. Pagamos cientos de millones mensuales a estas empresas a cambio de nada. Prácticamente nunca se utili-za. Con 2,3 kilovatios o como mucho 3,45 kilovatios es sufi -ciente en la inmensa mayoría de hogares simplemente or-ganizando el uso de los elec-

trodomésticos. Cuando sea imprescindible, existen dis-positivos llamados racionali-zadores, legales y homologa-dos, para priorizar circuitos y que nunca salte el limitador de potencia (si pones el hor-no, te corta el aire, por ejem-plo). Si todos los usuarios quisiéramos hacer uso de la potencia que tenemos con-tratada y “garantizada” re-ventaría el sistema. Es otra mentira más, por la que pa-gamos sin sentido y en la que están cebando las subidas. Las compañías están obli-gadas a hacer el cambio por unos 11 euros siempre que tu contrato sea de menos de 20 años. Si es de más de 20 años, te exigirán además el boletín de la instalación por un elec-tricista autorizado.

— Tarifa de discrimina-ción horaria. Es la que antes se llamaba “tarifa nocturna”. De 22:00 a 12:00. Son 14 ho-ras diarias, tarifa valle, con un precio que no llega ni al 50% del normal. Por contra, la ta-rifa punta es un 15% más ca-ra que la normal. Tengo com-probado que con un mínimo de organización en el uso de los electrodomésticos el aho-rro fi nal puede llegar al 30%. Hay que cambiar el contador.

— Cambiar de compa-ñía. El cambio de compañía es aún más sencillo, pues in-cluso se puede hacer telefó-nicamente o por Internet y no tiene coste alguno. Todas las siguientes son recomen-dables por su gestión trans-

parente, especialmente las cooperativas, donde el con-sumidor es además socio y puede participar en la toma de decisiones.

Cooperativas de energía limpia:

— Som Energía. Teléfono 972 183 386. www.somener-gia.coop/es/

— Zencer. Teléfono 902 750 736. www.zencer.es/

— Goiener. www.goie-ner.com/

— Grupo Enercoop. http://www.enercoop.es/

Empresas de energía lim-pia:

— Gesternova. Teléfono 900 373 105. www.gesterno-va.com/

— Electra Norte. Teléfo-no 985 734 022. www.elec-tranorte.es/

— Geoatlanter. www.geoatlanter.com/

— Insumisión. Con el re-ciente peaje al sol, que aún no está aprobado, han hun-dido la industria fotovoltai-ca, en la que este país era puntero, y por ende los pre-cios de los paneles que ya habían bajado lo han hecho más todavía. Por unos 400-450 euros te puedes insta-lar un panel de 240 vatios en cualquier terraza, patio, jardín, azotea y pasar un po-quito de las Unesas. Es un electrodoméstico más, pero positivo en lugar de negati-vo. Se instala con solo enchu-farlo en cualquier enchufe de la casa, pero en vez de consu-mir energía, la produce.

Compromiso por una gestión pública y participativa del agua en la Comunidad de Madrid

PLATAFORMA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN

DEL CANAL DE ISABEL II

El pasado 20 de enero, pro-movido por la Plataforma en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II, se presentó en el Auditorio Marcelino Ca-macho de Comisiones Obre-ras el Acuerdo por una gestión pública, transparente y par-ticipativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Ma-drid, que ha sido suscrito por más de 30 organizaciones po-líticas, sociales y sindicales, entre las que se encuentran PSOE, Podemos, Ganemos Madrid, IU, Equo y UPyD.

En el marco del acuerdo, las organizaciones fi rmantes se comprometen a detener la privatización del Canal de Isa-bel II de forma defi nitiva y a establecer un sistema de ges-tión 100% pública que sea de-mocrático y participativo y se realice sin ánimo de lucro. En el acuerdo se asumen explíci-tamente los compromisos si-guientes relativos al tipo de gestión del Canal de Isabel II:

— Que las actividades del Canal deben circunscribirse exclusivamente a las deriva-das del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.

— Que el acceso al agua y al saneamiento es un dere-cho humano que, de acuerdo con lo estipulado por Nacio-nes Unidas, es un “derecho de prestación” que debe ga-rantizar el suministro de una

dotación mínima de agua a cada ciudadano, indepen-dientemente de su capaci-dad de pago, y el compromi-so de no realizar cortes por impagos justifi cados social o económicamente.

— Que la gestión del ser-vicio debe estar orientada al uso sostenible del agua, dan-do prioridad al cumplimiento de la directiva marco sobre el agua y al resto de las directi-vas ambientales vigentes.

— Que los servicios rela-tivos al ciclo integral del agua deben prestarse cumpliendo con las normas de calidad y efi ciencia más exigentes, para lo cual es preciso disponer de medios y recursos fi nancieros sufi cientes.

— Que el Canal debe ser un instrumento de coopera-ción de todas las Administra-ciones con competencias en el ciclo integral del agua, re-forzando el peso de los ayun-tamientos en los órganos de dirección de la entidad, res-petando su autonomía en la elección de las formas de ges-tión de sus servicios y comple-mentando sus actuaciones.

— Que un servicio de al-ta calidad precisa de un per-sonal sufi ciente y cualifi cado, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas. Es necesario establecer un convenio propio para todos los trabajadores del Canal.

— Que la gestión pública debe regirse por los principios

de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y parti-cipación ciudadana. Es preci-so promover nuevas formas de control social y de demo-cracia participativa que ga-ranticen la participación ciu-dadana en el funcionamiento del ente público.

— Que, como órgano de participación social y ciuda-dana, se constituirá el Obser-vatorio del Agua, que estará integrado por organizaciones y movimientos sociales, aso-ciaciones de vecinos, asocia-ciones de usuarios, sindicatos, ONG, instituciones académi-cas y expertos y ciudadanos preocupados por los proble-mas del agua, y cuyo objeti-vo será controlar y evaluar la gestión del Canal de Isabel II.

Por último, en el acuerdo se recoge el compromiso de hacer lo necesario para que las leyes y normas vigentes adapten lo allí establecido y, en particular, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-nistración Local, que fomen-ta la privatización de los ser-vicios municipales, entre ellos los de saneamiento y abastecimiento.

En el acto de presentación participaron reconocidas per-sonas de toda España que tra-bajan por defender una ges-tión pública y participativa del agua, como Luis Babia-no (AEOPAS) y Pedro Arrojo (FNCA), entre otros. Los gru-pos políticos estuvieron re-presentados por Amparo Val-carce (PSM-PSOE), Carmen Varcarce (IU), Guillermo Za-pata (Ganemos Madrid), Je-sús Montero (Podemos), Ra-món Linaza (Equo) y Elvira García Piñeiro (UPyD). Fue cerrado con una emotiva ac-tuación de la Solfónica, que interpretó dos piezas dedica-das al agua pública.

La PLAFHC: de la Gran Marcha hasta NaiaraÁNGELES FERNANGÓMEZ

PLATAFORMA DE AFECTADOSPOR HEPATITIS C

Encontré a Naiara por los pasi-llos del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lloraba sin con-suelo, como seguramente ha-bría llorado tantas veces antes. Le acababan de informar en la consulta de que la Adminis-tración le seguía dando largas a su 4ª prescripción. Pude en-terarme de que tenía 21 años, hepatitis C de nacimiento, tra-tamientos con Interferón, sin resultado, desde los 5 añitos; la vesícula extirpada para de-jar sitio a su hígado infl amado, 3 denegaciones previas al tra-tamiento con los nuevos fár-macos, y un “vuelva usted ma-ñana y ya veremos” a su última prescripción. A un enfermo no le queda otra que confi ar en su médico, pero ella ya perdía la

confi anza incluso en ellos. A saber. Solo pude abrazarla y decirle: “no estás sola, contigo está la PLAFHC, ven”.

Y es que a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (la PLAFHC) no le queda otra que verlo claro y presionar, aunque el ministro diga que no es bue-no. Así lo demostró en la Gran Marcha a la Moncloa, donde

logró que más de 100.000 ciu-dadanos se unieran a la lucha y consiguiendo entrar —muy a pesar de sus actuales inqui-linos—, en el mismísimo Pa-lacio de la Moncloa y entregar allí, bajo techo, como man-dan los cánones, su escrito de petición y queja al presiden-te del Gobierno. No se trataba de llamar como mendigos a la

puerta, sino de entrar a la casa como dueños a exigir que en-tregaran lo que es del pueblo.

A cada movimiento de la PLAFHC le sigue una declara-ción de engaño descarado a la ciudadanía por parte del Go-bierno: “y yo os aseguro que ningún paciente al que su mé-dico le prescriba, no se que-dará... (lapsus) se quedará...(rectifi cación del lapsus) sin tratamiento”, dijo Rajoy des-de Toledo al terminar la mar-cha. Un poco encima sí se le ha venido la frase, porque los médicos se van atreviendo a decir “pues vale” y prescri-bir. Aunque prescribir es solo el primer paso, después están los doctos comités y otras mil trampas para poner pegas y acabar así con el SNS, que, no nos engañemos, es el objetivo que subyace.

Desde entonces han pasa-do muchas cosas, la PLAFHC ha seguido presionando, des-de su punto neurálgico en el encierro del Hospital 12 de Octubre —que va ya por la cincuentena de sus días—, hasta las múltiples acciones y movilizaciones que se ha visto obligada a realizar: protoco-lo de acompañamiento a las consultas (en las que las ca-misetas juegan un papel muy importante), ha llegado has-ta el mismísimo Parlamento Europeo a llevar su petición, petición que ha sido recogi-da con respeto, mientras los afectados se manifestaban dignamente a sus puertas pa-ra después entrar y ser acogi-dos y escuchados.

Pese a la férrea cerrazón de los que aún viven en el es-pejismo de creer que ejercen el poder cuando solo mandan y torturan, ya que el poder lo perdieron hace tiempo al de-jarlo en manos del mercado

—y, en este caso, en manos de uno de los mercados más crueles de la historia: las far-macéuticas—, la PLAFHC si-gue teniendo claro su objeti-vo de tratamiento para todos. Por eso también los afectados por hepatitis C gritaron “ase-sinos” a las puertas de Gilead hace unos días.

Se ha trabajado duro pa-ra preparar lo que el próximo viernes día 13 se presentará con mucho ruido: la querella, por omisión del deber de so-corro, contra las autoridades sanitarias de la Administra-ción. Y es que mueren más de 10 personas diariamente en el país, pero como no es con bombas no es pecado. Y los tratamientos llegan a cuenta-gotas y tras largos sufrimien-tos por la espera. Menos mal que, de tarde en tarde, tene-mos alguna alegría como la de que Naiara ya tiene apro-bada su medicina. ¡Enhora-buena, tesoro!

ASESORÍA LABORAL GRATUITA:

oficinaprecaria.org

Continúa el encierro en el 12 de Octubre. PLAFHC

Nº 33 FEBRERO 2015M

MADRID COMUNIDADmadrid15m10

Según una sentencia, nuestra yaya Ela formaba parte

de un grupo de disidentes llamado '15M'

Sentencia ‘caso Ela’YAYOFLAUTAS MADRID

En una sentencia sin desper-dicio, plagada de inexactitu-des y prejuicios, Ela ha sido condenada a pagar dos euros al día durante 10 días.

No es ciertamente una ruina económica, pero sí mo-ral. Con esta condena consta-tamos que tanto el Ministerio Fiscal como los jueces se con-vierten en muchas ocasiones en un aparato represor más del Gobierno, que no tiene otra fi nalidad que la de ame-drentar a la ciudadanía para que dejen de ejercer sus dere-chos legítimos.

Duele constatar que como argumento irrefutable apa-rezca que “fueron increpa-dos por la denunciada, Eladia (…), quien formaba parte de un grupo de disidentes del lla-mado 15M”, sin que ninguna de estas menciones aparecie-ra en el juicio.

Creemos que Ela ya ha-

bía sido condenada previa-mente y que el juicio no ha sido más que un mero trámi-te que con la Ley Mordaza será innecesario.

La palabra de los agentes será ley, como ya viene su-cediendo, y ser disidente se-rá motivo sufi ciente para ser culpable. Es un aviso. Ela so-mos todos, y, como Ela, cual-quier día seremos también culpables.

Animamos a la ciudada-nía, las redes, los medios de comunicación, a los políticos, a los jueces, etcétera, a parar despropósitos como el juicio a Ela, un despilfarro de la jus-ticia, una judicialización de la protesta.

Ela no está sola, y no po-demos consentir que se sienta culpable y pague los 20 euros a los que ha sido condena-da, por lo que ya ha mostra-do su intención de recurrir la sentencia.

A todas las asambleas del 15M de Madrid

AGSOLEstimadas compañeras y compañeros:

Nos dirigimos a todos co-mo la Asamblea General de Sol 15M de Madrid. Y lo hace-mos porque queremos contar con vosotros.

Empezamos en la Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011 y seguimos estando allí los do-mingos, ahora a partir de ene-ro el primer y tercer domingo de cada mes.

Pero queremos seguir con-tando con vosotros porque es la asamblea de todos: con vues-tra participación (como lugar de encuentro y difusión de las asambleas y grupos de traba-jo del 15M), como lugar desde donde se informe y se exprese la ciudadanía, como espacio de transversalización de pro-puestas y de cooperación. Y con vuestra opinión queremos saber si consideráis que se pue-de mejorar algo para que siga adelante, para que siga tenien-do sentido y utilidad.

Este año 2015 se avecinan cambios, hay elecciones muni-cipales y autonómicas y cree-mos que precisamente por ello hay más motivos que nunca

para estar ahí. El espacio pú-blico es nuestro, y la Puerta del Sol nuestra casa, y no hay me-jor forma de ejercer nuestros derechos que haciendo uso de ellos. Por eso, y a pesar de la Ley Mordaza, queremos seguir estando ahí, pero con todos. El 15M es abierto, horizontal e inclusivo, y todas las personas tienen cabida en él.

Más adelante os convoca-remos para una asamblea en la que nos gustaría que nos contarais vuestras opiniones, sugerencias y críticas cons-tructivas.

Se ha consensuado hacer dos asambleas al mes (el pri-mer y el tercer domingo de ca-da mes) a las 18:00 en la balle-na de la Puerta del Sol.

Próximas fechas:— 1 y 15 de marzo.— 5 y 19 de abril.— En mayo de 2015 el ca-

lendario se consensuará en acuerdo con las diferentes ini-ciativas.

— 7 de junio, asamblea de evaluación.

Tiempo de asamblea: dos horas. Siempre al fi nal de la asamblea hay un micro abier-to a todos.

Renace la Asamblea Popular de Móstoles 15MAnte las actuales perspectivas de desmovilización po-

pular, resurgen en Móstoles los valores que represen-

tó la llegada del 15M a esta ciudad del sur madrileño

ASAMBLEA POPULAR DE MOSTOLES 15M

El 28 de mayo de 2011 es una fecha clave de la recien-te historia activista de Mós-toles por la aparición de la asamblea del 15M. Sábado a sábado se mostró cómo era posible discutir, analizar y ofrecer soluciones y alterna-tivas para nuestro municipio y, con el resto de asambleas, la sociedad mediante una unión hasta ese momen-to inédita. En la plaza con-fl uimos gente proveniente de diversos ámbitos y tam-bién muchas personas des-

movilizadas con la esperan-za de construir algo nuevo sin regirnos por calendarios electorales que legitiman un sistema injusto y voraz. Éramos personas. Aunque la concurrencia a la asam-blea fue reduciéndose, des-de ésta se generaron espa-cios como Stop Desahucios, la Asamblea de Parad@s y Precari@s, Móstoles Femi-nista, etcétera. La asamblea poco a poco fue perdiendo su rol aglutinador a conse-cuencia de su éxito y de la actuación poco edifi cante por parte de ciertas perso-

nas. La asamblea práctica-mente se paralizó.

Sin embargo, en no-viembre, un grupo de perso-nas ligadas a la asamblea vio la necesidad de retomar la calle y crear contrapoder po-pular alejado de la fi ebre de politiqueo presente en Mós-toles. Somos apartidistas y asindicales, no nos identifi -camos con ningún colectivo o partido político que quiera lucrarse de lo realizado por el 15M. No nos representa nadie porque nos represen-tamos a nosotros mismos a través del empoderamiento y de la horizontalidad. Des-confi amos de las vías fáciles de la democracia represen-tativa porque no nos cree-mos que un lavado de cara de las instituciones supon-ga algo más que su legitima-ción, y rechazamos ciertas actitudes, presiones y ata-ques personales irrespetuo-sos hacia la asamblea y sus miembros. Sin un contrapo-

der en la calle, el poder ins-titucional se revela huero y falso. A eso decimos no. No somos el apéndice de na-die, no somos la excusa ni el trasfondo publicitario ni combativo del que algunos se quieren apropiar. No so-mos un producto con el que conseguir votos y nos defi ni-mos a través de nuestros ac-tos. Pretendemos proseguir con la construcción de tejido social e inclusivo mediante el empoderamiento y el re-chazo hacia un sistema hos-til que solo puede cambiar-se desde la participación. En confl uencia con otros colec-tivos o a partir de nuestras fuerzas queremos crear e in-formar, generar un sano es-píritu crítico y actuar decidi-damente contra lo injusto. Por todo ello, la asamblea invita a quien desee partici-par en este renacimiento a que lo haga, sin olvidar que “vamos lento porque vamos lejos”.

Corrupción. Debate en la Escuela Política La Guillotina

ESCUELA POLÍTICA LA GUILLOTINA

En febrero de 2013, los com-pañeros de la Asamblea de Granada nos sorprendieron con un manifi esto sobre la corrupción, que sigue sien-do de lo poco coherente que se ha publicado al respecto. La importancia del tema y la falta de un análisis de fondo, más allá del discurso mediá-tico al uso, hizo que conside-rásemos necesario abordarlo para establecer las claves que nos permitieran compren-der el fenómeno e identifi car posibles vías de respuesta al mismo. Brevemente pasamos a compartir algunas de las re-fl exiones que surgieron.

Nos encontramos en me-dio de una corrupción sisté-mica, porque es insepara-ble del sistema, y porque es transversal y continuada en el tiempo. Los datos no de-jan duda: estudios recientes calculan el coste social de es-te fenómeno en unos 40.000 millones de euros, y es solo la punta del iceberg, como lo son las más de 1.500 cau-sas abiertas.

Los casos que van salien-do a la luz pública, a veces

empujados desde instancias de tinte reaccionario, suelen tener tres elementos comu-nes. Jamás se habla de los corruptores: salvo algún pe-queño empresario despista-

do, las clases empresariales y fi nancieras que sobornan a los políticos permanecen en el anonimato. Se evita es-tablecer las causas últimas que generan las dinámicas corruptas. Se individuali-za al corrupto, su forma de actuar, levantando un corta-fuegos que no afecte al entra-mado institucional y al pro-pio sistema.

Este sistema capitalis-ta, injusto y depredador, se estructura sobre la apropia-ción del trabajo humano so-metido al mercado, y es en

esta estructura donde pode-mos defi nir el sistema como el conjunto de relaciones de sometimiento que permiten a éste perpetuarse, acumu-lando mediante explotación

y desposesión. Esto confi gu-ra tanto la sociedad como la propia política. Si entende-mos el sistema capitalista como un sistema de relacio-nes de dominación, pode-mos entender que la corrup-ción es parte de su ADN; no es una deformación, ni si-quiera una herramienta, es el sistema mismo.

En esta dinámica co-rrupta siempre hay vícti-mas: preferentistas, des-ahuciados por fondos buitre implantados por gestores públicos, impositores que

pagan tarjetas black a los directivos donde tienen sus ahorros, desaparecidos de la memoria histórica, víc-timas de la represión… El trato que se da a esos afec-tados directos es el contra-rio al que se da a los corrup-tos: no se les individualiza, se les diluye, a veces se les contabiliza, pero no hay es-pacio para sus historias per-sonales.

La corrupción tiene una dimensión personal, pero sobre ella se construye una tolerancia social que facili-ta su desarrollo en el mun-do de las instituciones, para acabar adoptando un carác-ter sistémico. No hay fór-mulas mágicas; algunas co-mo la transparencia ayudan cuando no son una farsa, pe-ro no olvidemos que los sui-zos hicieron hace poco un referéndum “transparen-te” sobre la conveniencia de abolir el secreto bancario en su país y votaron a favor de mantenerlo.

Frente a la corrupción debemos potenciar el con-trol desde lo social, e inci-dir en la corrupción legali-zada, la que se ejerce desde el poder a sabiendas del da-ño irreparable que causa en sus víctimas, la que estamos obligados a combatir para transformar de raíz este sis-tema capitalista.

¡Nos vemos en la tarea!

❱❱ Contacto: asambleageneral15msol@gmail.com

❱❱ Twitter: @AGSOL15Mmadrid #AGSOL

❱❱ Lista de correo abierta a quien quiera participar:

asambleageneralsol15m@googlegroups.com (enviad la

propuesta al correo de contacto para estar en la lista).

☛ HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN: AGSOLRespuesta a un artículo de Archivo15MLa Asociación de Archiveros de Castilla y León ha escrito una nota respecto al artículo publicado en el número 31 de Madrid15M '¡Importante! No basura. Carteles, pancartas ¡Archivo!' que se puede consultar en el siguiente enlace:

❱❱ Web: http://xurl.es/h508c

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Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15mOPINIÓN

■ NOTA DE LA REDACCIÓNEste número lo han hecho posible: Juanvi, Enrique, Waska, Cler, Dani, José Andrés, Roberto, Juan Carlos, Felipe, Juan, Ra-

quel, Carlos, Álvaro, Fran, David, Marcos, Diego, Santi, Mario, Berta, Ricardo, Paúl, Antonio, Javier, Bea, Alejandro, Félix,

Antonia, Byron, Heithor.

Agradecimientos: A. Rosón, D. Bollero, S. M. Grueso, A. L. Rojo, M. Rastamán, Á. Fernangómez, P. Marcellán, A. Pascua y

E. Ocaña, Pedro L., A.P. Villaverde, C. Huerga, El Roto, Comisión Legal Sol, PAH Madrid, GT Economía Sol, Ofi cina Preca-

ria, La Guillotina, Yayofl autas Madrid, APAdH, Disopress, FotogrAcción, Librería La Malatesta, Raúl, David, Yolanda, Juan,

Alvar, A. P. Carabanchel, EKO y todas las asambleas populares del 15M y personas que nos han mandado información.

Madrid15M no se responsabiliza ni se identifi ca necesariamente con las opiniones que sus colaboradores expongan en sus artículos.

Parrilla Ágora Sol

Lunes:

17:00 – 18:00 Cabezas de Tormenta19:00 – 20:30 El Pasajero en Seco21:00 – 22:00  Divagancia y Dinero23:00 – 24:00  Onda Sonora

Martes:

16:00 – 17:00 Toma la Tierra18:00 – 19:00 La Diligencia19:00 – 20:30 Bipartidos de Risa

Miércoles:

18:30 – 19:30 ÁgoraShare

20:00 – 22:00 Radio 132 de México22:00 – 24:00 Self/Noise

Jueves:

17:00 – 19:00 La Plaza de los Pueblos19:00 – 19:30 El Semanario20:00 – 22:00 Radical Sonoro

22:30 – 23:30 La Oveja Negra

Viernes:

16:00 – 18:00 Barrio Canino18:00 – 20:00 Encuentros 132 Revolution20:00 – 21:00 Sangre Fucsia

Sábado:

12:00 – 14:00 Tardes Árticas17:30 – 20:30 Zona del Metal

Domingo:

19:00 – 20:00 Gothic Lab20:00 – 21:00 Punki Reggae Party21:30 – 22:30 Hipster Rober

Al Fondo a la Izkierda. Segunda temporadaSeguimos dando guerra y cubriendo lo que no te dejan ver. Programa de actualidad política, con reportajes y entrevistas. Cada quince dias en TomalaTele y TeleK.

ki d S d d

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AFAIK 2x22 - Identindades nacionaleshttp://xurl.es/Al+Fondo+a+la+Izkier

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http://wiki.15m.cc

15Mpedia es una enciclopedia libre sobre el 15M y forma parte del

proyecto 15M.cc. Sus normas y pilares son similares a los de Wikipedia

La locomotora económica de EuropaALBERTO ROSÓN / ASAMBLEA POPULAR DE FUENLABRADA 15M

Leemos en la prensa y nos lo confi rma la televisión que España está salien-do de la crisis económi-ca a una velocidad de vértigo. Todos los orga-nismos internacionales

(es decir, BCE, BM y demás) han aplaudido las reformas económicas del Gobierno, es decir los recortes, aseguran-do que la recuperación se de-be a ellos. El ministro Luis de Guindos se vanagloria de que la economía está creciendo en el primer trimestre de 2015 por encima del 2% y prevé es-te año un crecimiento de cer-ca del 3%. He oído afi rmar que nos estamos trasformando en la locomotora económica de Europa, y debe de ser cierto porque lo dice la televisión.

Pues bien, esta locomoto-ra tal vez avance y lleve a al-guien hacia un mundo mejor, de mayores benefi cios: oligar-cas, corruptos, especulado-res fi nancieros, grandes com-pañías monopolísticas, fondos buitre, banqueros, etcétera, pero está claro que ha deja-do desenganchados, desman-telados y en vía muerta a un sinfín de vagones del convoy: hombres y mujeres, trabaja-dores, pequeños empresarios y autónomos, estudiantes, en-

fermos, personas dependien-tes, pensionistas… Tal vez es-tas personas abandonadas en la miseria sean viajeros de se-gunda y de tercera clase.

Las grandes cifras y las es-tadísticas amañadas con que nos bombardean insistente-mente carecen de sentido para la mayoría de la población, tal vez porque los trabajadores no

entendemos nada y todo sea cosa de la macroeconomía; pero esta imagen de optimis-mo económico desmesurado se desintegra frente a la triste realidad social.

Con 5,5 millones de para-dos, el Gobierno continúa son-riendo como si no pasara nada: uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar no tiene ac-

ceso a un empleo remunerado, casi dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en el paro. La tasa de paro se sitúa actualmente en un dramático 24%, y lo peor es que los exper-tos más optimistas estiman que no bajará del 21% hasta por lo menos 2019. ¡Más de 10 años con la tasa de paro por encima del 20%!

Paradójicamente, las co-berturas de protección a los desempleados caen en picado, y mientras aumenta el porcen-taje de parados de larga dura-ción el Estado reduce sus gas-tos en prestaciones. Más de dos millones y medio de pa-rados han agotado su derecho a cobrar algún tipo de presta-ción; esta cifra aumentará en el transcurso del presente año, ya que más de 1.200 personas agotan su prestación contri-butiva cada día. Actualmente, en más de 700.000 hogares no entra ningún ingreso.

En cuanto al empleo de quienes sí tienen trabajo re-munerado, es cada vez más precario, de peor calidad, con más temporalidad y con sa-larios más bajos. Los salarios descienden (en el lenguaje su-rrealista y cínico del Gobierno, “crecen moderadamente”). Según un informe de Unicef España, es uno de los países donde más han caído los in-gresos de las familias: han per-dido 10 años de avance en su economía familiar, tan solo superadas por las familias griegas, que han retrocedido 14 años.

Como consecuencia, más de 13 millones, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza (el 20,4% de la pobla-ción española); tres millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza y Espa-ña es el tercer país de Europa (tras Grecia y Letonia) con un 36% de menores de edad en riesgo de exclusión social. Pa-ra los inmigrantes extracomu-

nitarios el riesgo de pobreza o exclusión social es aún mayor: el 60%.

En el año 2013, unas 50.000 familias perdieron su vivienda. Al carecer de ingre-sos, los embargos y los des-ahucios continúan en aumen-to, con el único freno que les ponen los colectivos sociales.

Podríamos seguir am-pliando la larga lista de las in-justicias y de las miserias, pe-ro vale ya por hoy, pues es muy deprimente.

A la actual situación no podemos hacerle frente des-de las instituciones del Esta-do, porque el enriquecimien-to de quienes ejercen el poder real se asienta en la miseria y progresivo empobrecimiento de la mayoría de la población, y el Estado es el encargado de garantizar la estabilidad del actual sistema; es decir, la con-tinuidad de una situación que para el pueblo es cada día más insostenible. Esto no se apaña con medidas coercitivas, bus-cando soluciones de orden pú-blico a los problemas sociales, y tampoco se apaña con medi-das políticas pacatas y de corto alcance. Es necesario y urgen-te un profundo cambio, y este cambio irá llegando en la me-dida en que la población desa-rrolle la inteligencia colectiva necesaria para desembarazar-se de las clases que la explotan y la parasitan.

Mientras tanto… Vemos cómo se aleja de nosotros es-ta absurda locomotora con su recorrido de la ceca a la meca.

¡Pita, pita, locomotora ca-pitalista!

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, Villa de Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, BOCEMA

(El Boalo/Cerceda/Mataelpino), Galapagar, Alcorcón, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol, Predriza, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe, Hortaleza. D. L.: M-15672-2012

Nº 33 FEBRERO 2015M

madrid15mAd

(El

PATIOMARAVILLAS.NET

Grupo de Trabajo de Economía Sol

En mayo de 2011, en los aledaños de Sol, se constituía nuestro grupo

para elaborar las primeras veinticinco propuestas de economía. Poco tiempo después, entre otras muchas acciones y movilizaciones, el grupo se sumaba a la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dedicando, a partir de entonces, varios fi nes de semana de debate en El Retiro a denunciar el desamparo en que se encuentran muchas familias españolas, a las que las Administraciones públicas no prestan ningún tipo de ayuda, por lo que se ven desahuciadas de sus casas desde el inicio de la crisis.

Desde aquellos prime-ros domingos, el grupo de Economía Sol, Domingos del Retiro, ha continuado con periodicidad alterna reuniéndose en primavera y verano en la explanada tras el Palacio de Cristal y en otoño e invierno alrede-dor del kiosco de la músi-ca del parque, siendo siem-pre la convocatoria a las doce de la mañana. Se han debatido muchos temas, siempre relacionados con la economía, y han sido in-vitados a participar otros tantos ponentes, y todo ello ha sido fi lmado y ar-chivado en Youtube, don-de se pueden consultar la mayoría de las ponencias y debates que han tenido lu-gar desde entonces.

El grupo también se re-úne durante estos años to-dos los lunes a las 19:00 en la plaza del Carmen, utili-zando los días de invierno lugares okupados como La Morada, El Patio Maravillas y ocasionalmente otros lu-gares, para debatir y traba-

jar documentos y propues-tas específi cas sobre temas de economía y trabajo, re-dactando, proponiendo y publicando documentos específi cos para el debate sobre una economía soste-nible y participativa.

Los miembros del gru-po han trabajado también varios temas relacionados con la economía, la fi sca-lidad, las fi nanzas y el tra-bajo, escritos en guiones cortos para el formato de guiñoles fi lmados, que lla-mamos Los econoñecas, y que se proponen desmon-tar las mentiras que el ca-pital argumenta para jus-tifi car su forma de actuar. En ellos se han tratado los temas de la banca pública como solución al desastre bancario, el artículo 135 de la Constitución en su esta-do actual, la desinversión pública y muchos otros, hasta casi treinta, en otras tantas fi lmaciones que se pueden consultar también en Youtube.

A propósito de la bur-buja inmobiliaria, el grupo de Economía Sol propuso a otras asambleas del 15M la puesta en escena de la ópera bufa El Crepúsculo del Ladrillo. Fue un importan-te trabajo colectivo en el que, además del autor del libreto y el autor de la mú-sica, intervinieron cientos de personas de diferentes colectivos, demostrando la capacidad de acción de las personas implicadas y la efi cacia y modestia eco-nómica (se reunieron pe-queñas cantidades de di-nero de muchas personas) con la que se puede actuar cuando hay voluntad de hacerlo por una causa co-mún. La obra se estrenó en Madrid, en Tabacalera, el 19 de mayo de 2013, y se representó ocho veces en total, con la participación de la orquesta y coros de

la Solfónica del 15M, y la producción y actuación de integrantes del grupo de Economía Sol, además de algunas otras personas in-vitadas. Existe una página web que recoge la memo-ria de esa acción (elcrepus-culodelladrillo.wordpress.com) y hay muchas refe-rencias a ese trabajo en la red, incluso fi lmaciones de ensayos y representacio-nes, por ejemplo.

El grupo de Economía Sol sigue reuniéndose en domingos alternos en El Retiro (12:00) y en la plaza del Carmen o en otros lu-

gares alternativos cada lu-nes (19:00), durante todo el año, y lo hace también en ocasiones en la Asamblea de Interbarrios de Econo-mía del 15M, para la elabo-ración de documentos de trabajo conjuntos. En es-te ámbito se han trabaja-do y publicado documen-tos como el que propone un nuevo modelo de fi sca-lidad, o una liberación de tiempo para el aprovecha-miento de las necesidades humanas no cubiertas en el ámbito laboral, la des-mercantilización del tra-bajo y la supresión de la

esclavitud de la clase tra-bajadora, el reparto de la riqueza mediante la elimi-nación de la acumulación de las rentas del capital a costa de las rentas salaria-les, y el incremento en los niveles de empleo por me-dio del reparto del trabajo. Todo ello para la propues-ta de un nuevo modelo la-boral y un nuevo concepto del trabajo que implemen-te la reducción de la jorna-da laboral hasta las vein-ticinco horas semanales o su equivalente en cómputo anual. Hacemos todo esto denunciando la ideología dominante que utiliza el concepto de trabajo ensal-zándolo como una virtud para apropiarse del tiempo del trabajador.

Y en todo este tiempo, desde aquellos días de ma-yo de 2011, se ha trabaja-do en temas, además de los expuestos, como: fi nan-zas alternativas, empleo, fi nanciación, bienes comu-nes, relaciones económicas nacionales e internacio-nales, renta básica, gastos y fi nanciación del Ejérci-to y la Iglesia católica, fi s-calidad, banca pública, etcétera.■

http://manualsancionesadministrativas.wordpress.com

Manual de emergencia y autodefensa contra

las multas

PARA CONSULTAS Y PROPUESTAS:

■ economiasol.organiza-

cion@madrid.tomalapla-

za.net;

■ Para consultar otras

propuestas de trabajo de

la Asamblea de Economía

Sol:

http://goo.gl/DVXg12

■ O también el Canal Econo-

mía Sol en Youtube: 

youtube.com/user/Eco-

nomiaSol

El grupo de Economía Sol sigue reuniéndose en domingos alternos en El Retiro (12:00) y en la plaza del Carmen o en otros lugares cada lunes (19:00), durante todo el año