A modo de introducción Notas sobre lo que han sido estos años Luis A. Gómez La historia de este juicio puede verse como una de las tantas formas de lucha por la justicia que los más pobres de la Tierra emprenden a diario en las cortes y juzgados de todo el mundo contra los poderosos, que tienen la capacidad de frenar el impulso de esa lucha y también el dinero para desgastarla cuando es necesario. Hablamos de una lucha desigual, entonces, en la que el sistema judicial en Bolivia (leyes y funcionarios, fiscales, jueces y legisladores) se fue revelando primero como una maquinaria aparentemente ineficiente, pero en realidad organizada para favorecer a quienes la han construido y la mantienen funcionando, aceitada con dinero y prebendas. Pero esta búsqueda de justicia, de descanso para los restos de los muertos en septiembre y octubre de 2003, y de paz para los corazones de todos, también podría ser mirada como una aventura, profunda y llena de intensidad, que nos paseó a quienes la vivimos de cerca por un lugar triste, desolado. Así pensada, como un empeño aparentemente insensato, la historia de este juicio es una sucesión de esfuerzos de las víctimas y sus abogados para invertir la polaridad de la historia, para convertir a los antiguos señores en acusados (de genocidio, de masacre) y volver a casa, a comunidades y barrios, más o menos enteros, sin nada de qué avergonzarse. En el lado oscuro de la insurrección que derrotó a Sánchez de Lozada y a los militares, sin armas, quedaron los muertos y los mutilados, quedó un joven triste que habría de suicidarse una noche de 2006. Quedaron el rostro limpio de Marlene Rojas y la mirada profunda de Alex Llusco Mollericona, dos niños, y también la pierna de Luis Castaño, que era albañil y amaba bailar en las fiestas. Quedó ahí el rostro de dolor y de tristeza de Filomena León, que pasó sus últimos días sola, acostada en una cama de hospital con un enorme hueco en la espalda, sin hablar con nadie, muriendo. Hasta ese lugar fueron una y otra vez sus familiares vivos. Inclusive sacaron los cuerpos de sus tumbas y los hicieron hurgar por un forense. Encargado de cubrir para un diario mexicano esas inhumaciones, un día de octubre de 2004, tuve que soltar la pluma y cargar un ataúd inmenso, reventado, mientras la viuda del difunto me servía alcohol sobre los labios para resistir la náusea. La dignidad resuelta de los acusadores nunca dejó de emocionarme: en cada entrevista que hice o atestigué, en cada movilización los vi caminar, hablar, recordar la llama viva de su pérdida. Los vi llorar decenas de veces pero nunca rendirse. Supongo que lo mismo sintió Rogelio Mayta: hizo de esta lúgubre aventura el eje de su vida durante todos estos años. A él, que tuvo el valor de gritar en los susurrantes recintos “sagrados” de la política y de la justicia, lo vi caminar con su gente. Su fervor para seguir batallando cuando todo parecía hundirse en el lodo contagió a Pamela Delgadillo y Marcelo Bracamonte, jóvenes y brillantes, para tejer la urdimbre que ahora expone este libro: la suma de sus talentos y sensibilidades que sirvió para lograr una sentencia contra los masacradores. Durante años los he visto trabajar y sufrir. Fueron espiados, amenazados e insultados por hacer su trabajo de abogados, es decir, por representar una causa ante un tribunal. La escasez de recursos, y a veces de experiencia, eran además un demonio constante en sus reuniones, en la elaboración de sus argumentos, en cada etapa del camino. Enfrente, o a su derecha, como estaban colocados en la Corte Suprema de Justica, un gupo de políticos y militares pretendió durante todo este tiempo hacernos creer que en 2003 cumplían con su deber, acatando órdenes, que todo era un accidente. Siempre joviales y siempre amables, como el jocoso Juan Véliz Herrera, ex alumno de la Escuela de las Américas, que hizo

mentir a sus testigos... siempre desatentos del proceso, como Adalberto Kuajara, que leía libros y dormitaba en las audiencias. A veces era indignante ver los rostros de los asesinos, en su aparente tranquilidad, reaccionar con total cinismo a la exposición de sus crímenes y de ese dolor sin reposo. Quizá todo ello fue el combustible que permitió trabajar sin cesar a los abogados de las víctimas y comprender a cabalidad lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2003: la puesta en marcha de una política de muerte y amedrentamiento ejecutada por un sociópata llamado Carlos Sánchez Berzaín y aprobada por su poderoso patrón, instrumentada con dolo en una legalidad aparente que, lo demuestran los autores en el alegato final expuesto durante la etapa oral del juicio, tenía como móvil la ambición de siempre y como objetivo la subordinación de la gente por la vía de la represión y la muerte. Así que este libro no es el resumen de esa aventura, que marcó para siempre nuestras vidas, sino el de la peculiar forma en que abogados y víctimas pelearon por sobrevivirla y encontrar la justicia el 30 de agosto de 2011. Lo que hicieron podría tal vez sintetizarse, una y otra vez, en la sentencia condenatoria de los cinco alto mandos militares y dos de los ex ministros de Sánchez de Lozada: con ese primer fallo se abrió la brecha para ir por los demás acusados hasta donde se esconden cobardemente de sus humildes acusadores, de todos nosotros. Pero además del alegato, documento decisivo por la explicación razonada de cómo se instrumentó y “legitimó” la masacre desde el gobierno de Sánchez de Lozada, también quedan en el libro un ensayo sobre el corazón de la teoría jurídica utilizada en el proceso por los abogados y el testimonio de todos estos años, así como documentos diversos, algunos más insoportables que otros, que permiten comprender lo ocurrido. La voz del pasado Hijos y nietos de gente pobre, en su mayoría aymara, los miembros del Comité Impulsor del Juicio a Sánchez de Lozada y sus colaboradores supieron siempre que nada en sus historias podría alimentar el optimismo en este juicio. Sus abuelos han sido un ejemplo claro: hace un siglo fueron enjuiciados, asesinados, marginados por el Estado liberal en un proceso histórico, el llamado “Proceso Mohoza”, sin atención a su cultura y sus justas demandas, mucho menos a sus derechos (el abogado de la dirigencia comunaria aymara acusada en ese juicio, Bautista Saavedra, se refería a sus representados como salvajes e ignorantes). La memoria aymara, por lo menos en cuanto a la república llamada Bolivia se refiere, no ofrecía aliento, sino un inmenso atestado de traiciones, desprecio, trampas y violencia. Estos tres abogados, mientras revisaban con calma informes y registros oficiales, trabajaron siempre conscientes que el final del juicio a Sánchez de Lozada y sus cómplices podía llegar en cualquier instante y la “justicia” aplastar su causa y la demanda de los familares. Pero la derrota no era la única voz de su pasado compartido. También estuvieron presentes las formas de la resistencia, de la fuerza y del ejercicio del poder en las calles que, precisamente, había costado las vidas que los desvelaron casi ocho años. Como en las comunidades del altiplano aymara y en los barrios alteños en octubre, los acusadores y sus representantes legales se volvieron indios janiwas. Descendientes de la gente había hecho temblar a la corona española, había sacudido a los liberales y fue decisiva en en los procesos de independencia y de revolución, abrevaron también una y otra vez en la lucha desplegada en septiembre y octubre de 2003, porque fue la primera victoria colectiva, el punto de inflexión. Solamente así me explico muchas de las cosas que este libro expresa. Y otras que no aparecen en él, como aquel especial movimiento táctico que fue “cercar” a Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo pero todavía millonario y poderoso.

Conforme los procedimientos del juicio de responsabilidades avanzaron en Bolivia, fue evidente que los principales responsables de las masacres (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín) no volverían a Bolivia a dar la cara. Pero fue peor, porque sus cómplices comenzaron a huir a cuentagotas, ayudados por la actitud omisa de los miembros del tribunal que presidió Ángel Irusta. Rogelio Mayta y su equipo presionaron para que la Interpol emitiera órdenes de captura en su contra... que siguen vigentes, por cierto, y por eso los obligan a esconderse en cualquier parte (Estados Unidos no permite que la Interpol opere en su territorio). Pero hubo más, porque en septiembre de 2008 las víctimas presentaron demandas en contra de Goni y Sánchez Berzaín en dos cortes federales de los Estados Unidos. Ambos fueron notificados de la demanda, que por lo menos un tiempo los mantuvo sin reposo, “acorralados”. Tuvieron que comenzar a defenderse... y eso derivó en un evento sencillo y tal vez sin trascendencia jurídica: esos asesinos tuvieron que presentarse ante un juez en Miami, como acusados en una demanda civil, y confrontarse con algunas de sus víctimas, que fueron hasta allá a ratificar la demanda. Por una sola vez, desde su pedestal de soberbia y feroz racismo, esos dos “personajes” encontraron que ni su dinero ni sus relaciones pudieron preservarlos. ¿Tiene esto que ver con este libro? Pienso que sí, al igual que los eternos y estériles procedimientos que Mayta y su equipo realizaron para solicitar las extradiciones de Sánchez de Lozada y sus cómplices. Desde la presentación de la querella inicial ante el Congreso Nacional, pasando por la teoría y los conceptos jurídicos utilizados, hasta la anécdota más olvidable encerrada en estas páginas: todo aquí habla del inmenso despliegue colectivo, nutrido en su historia, para negar a los acusados su pretendido derecho a la impunidad. De lo que cuesta hacer justicia Durante estos años, en los que escuché a Rogelio Mayta, a Pamela Delgadillo y a Marcelo Bracamonte explicar decenas de veces cómo desde el Estado se construyó el escenario para efectuar la masacre, también pude mirar de cerca cómo hacían para sostener la demanda de justicia de este grupo de familias, indias y pobres, mineras y pobres, pobres, llamada la Asociación de Familiares de los Caídos en Defensa del Gas (ASOFAC-DG). Parte de sus artificios, sin duda, fue romper —a veces con mucha estridencia— algunos de los “usos y costumbres” de sus colegas de profesión: el ejercicio de la abogacía, visto como negocio, ha corroído su propia esencia, despersonalizando su oficio. Para Mayta, Delgadillo y Bracamonte cada confrontación era personal, cada argumento y cada memorial eran carne y sangre. De ese modo pudieron sortear los peores momentos del juicio, como el de la confrontación con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández, a quien derrotaron desde una pequeña oficina en la ciudad de Sucre. Armados con una estrategia sin esperanza, para no tener más horizonte que la realización de su trabajo (de nuevo: la sentencia), los abogados trabajaron con argumentos sencillos y rotundos. Repitiendo ideas, frases, hechos: en esa construcción insistente se hicieron fuertes y a partir de ahí fueron audaces. Nunca olvidaré esas conversaciones en las que Rogelio Mayta me comentaba que, “bien a lo talibán”, iban a presentar un incidente, a provocar al enemigo, a incordiar a los jueces, siempre con la seguridad de hacer lo correcto. Sin esa estrategia tal vez los hubieran derrotado. Aun contando con un trabajo minucioso y profundo en el terreno jurídico y legal, del que Hacer justicia es su análisis y testimonio. Con mucha necedad han conseguido los familiares, Mayta y sus dos colaboradores volver de ese lugar tan triste. Los primeros asesinos han sido enjuiciados y duermen en la cárcel. No

ganaron realmente, porque nadie ‘gana’ nada en procesos como éste... sus corazones palpitan con menos rabia y los muertos descansan menos inquietos. Un alto precio pagó la gente para cambiar su destino en octubre de 2003... con este juicio familiares y abogados les vienen diciendo hace años que no los han olvidado. Para todos ha comenzado la justicia que no tuvieron antes.

México-Tenochtitlan, octubre y noviembre de 2011.