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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL Proyecto docente Opencourseware

Profra.: Mercedes Fernández López

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INTRODUCCIÓN

AL DERECHO

PROCESAL CUESTIONARIO DE

AUTOEVALUACIÓN

Mercedes Fernández López

Área de Derecho Procesal

U. de Alicante

Noviembre de 2011

Cuestionario de autoevaluación

Introducción al Derecho Procesal (proyecto docente opencourseware)

Profra: Mercedes Fernández López

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Sumario

Temas 1 y 2. Concepto y fuentes del Derecho Procesal.

Temas 3 a 7. Jurisdicción-I.

Temas 8 a 16. Jurisdicción-II.

Temas 17 y 18. Acción.

Temas 19 a 22. Proceso.

TEMAS 1 Y 2

(CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO

PROCESAL)

1. El Derecho Procesal:

a) Es una rama del ordenamiento jurídico que se contrapone al Derecho Material.

b) Es una rama del ordenamiento jurídico que se contrapone al Derecho Público.

c) Es una rama del ordenamiento jurídico que se contrapone al Derecho Dispositivo.

d) Es una rama del ordenamiento jurídico que se contrapone al Derecho Adjetivo.

2. El Derecho Procesal:

a) Está formado por normas procedimentales relativas al proceso civil y al proceso

penal.

b) Está formado por normas procedimentales (relativas a la creación y al

funcionamiento de los órganos judiciales) y orgánicas (relativas a las distintas formas de

procedimiento).

c) Está formado por normas procedimentales (relativas al modo de ser del proceso y de

las relaciones que en él se desarrollan), contenidas, fundamentalmente, en la LOPJ, y

orgánicas (relativas a la creación y al funcionamiento de los órganos judiciales),

contenidas, por ejemplo, en la LEC y en la LECrim.

d) Está formado por normas procedimentales (relativas al modo de ser del proceso y de

las relaciones que en él se desarrollan), contenidas, por ejemplo, en la LEC y en la

LECrim, y orgánicas (relativas a la creación y al funcionamiento de los órganos

judiciales), contenidas, fundamentalmente, en la LOPJ.

3. El artículo 19.1 LEC dispone que “los litigantes están facultados para disponer

del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a

arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo

prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de

terceros”. De acuerdo con las diversas clases de ramas jurídicas que conoces, se

puede clasificar como una norma de:




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a) Derecho Privado, sustantivo e imperativo.

b) Derecho Privado, procesal e imperativo.

c) Derecho Público, procesal e imperativo.

d) Derecho Público, procesal y dispositivo.

4. Cuando surge un conflicto:

a) Se permite acudir, con carácter general, a la autotutela, pero lo habitual es instar la

actividad jurisdiccional para que sea un juez quien sugiera una solución pacífica al

conflicto.

b) Salvo en casos excepcionales, hay que solucionarlo a través del proceso y, en materia

penal, cabe además acudir al arbitraje.

c) Salvo en casos excepcionales, hay que solucionarlo a través del proceso y, en materia

civil, cabe, en algunos casos, solucionarlo a través del arbitraje.

d) Hay que acudir al arbitraje y, subsidiariamente, instar la actividad jurisdiccional.

5. La instrumentalidad del Derecho Procesal significa, en líneas generales, que:

a) Que el Derecho Procesal no tiene la suficiente entidad como para ser considerada una

disciplina autónoma de disciplinas como el Derecho Penal, el Derecho Civil o el

Derecho Laboral.

b) Que el Derecho Procesal sirve para la aplicación del Derecho material al caso

concreto.

c) Que el Derecho Procesal está subordinado al Derecho material.

d) Que el Derecho Procesal se aplica como criterio interpretativo del Derecho material.

6. Juan demanda a Pedro, su vecino del piso de arriba, por haber causado unas

humedades en su cuarto de baño. En efecto, las humedades provienen de una

rotura en el desagüe de la bañera de Pedro, pero Juan no logra probar en el juicio

esta causa y, en consecuencia, el juez absuelve a Pedro ¿Qué muestra esta

decisión?

a) Que el Derecho Procesal es instrumental del Derecho material.

b) Que el Derecho Procesal es autónomo del Derecho material.

c) Que el Derecho Procesal está subordinado al Derecho material.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

7. El 1 de enero de 2001 entró en vigor la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de

modo que a partir de dicho momento quedó derogada la LEC de 1881 ¿qué norma

procesal sería la aplicable a un procedimiento iniciado bajo la vigencia de la LEC

de 1881 por hechos que tuvieron lugar en 1999?

a) La LEC de 1881 hasta el final del procedimiento, puesto que es aplicable la norma

procesal que estaba en vigor en el momento de la realización del hecho o acto

jurídico que dio lugar al proceso.

b) La LEC de 1881 hasta el final del procedimiento, puesto que es aplicable la norma

procesal que estaba en vigor en el momento de su iniciación.

c) La LEC de 1881 hasta el 1 de enero de 2001 y, a partir de ese momento, la LEC de

2000.




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d) La LEC de 1881 hasta que finalizara la instancia que se estuviese sustanciando

cuando entró en vigor la LEC de 2000, de modo que las siguientes fases procesales

se sustanciarían por el procedimiento previsto en esta última.

8. Son fuente del Derecho Procesal:

a) La Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

b) La Ley, los principios generales del Derecho y los reales decretos.

c) La Constitución y la ley.

d) La Ley, otros actos normativos sin fuerza de Ley emanados del Poder Ejecutivo y la

costumbre.

9. La Jurisprudencia:

a) Es la principal fuente del Derecho Procesal.

b) Tiene una función complementadora del ordenamiento procesal, pero la mayoría de

los autores consideran que no puede ser considerada fuente del Derecho Procesal en

sentido estricto.

c) Es fuente del Derecho Procesal la emanada del Tribunal Supremo, pero no la

emanada de las Audiencias Provinciales.


10. Son fuente del Derecho Procesal:

a) Las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en recursos de

inconstitucionalidad cuando declaran la constitucionalidad de una norma.

b) Las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en recursos de

inconstitucionalidad cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma.

c) Las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en recursos de amparo cuando

declaran la vulneración de un derecho fundamental.

d) Las sentencias del Tribunal Supremo que resuelven recursos extraordinarios por

infracción procesal.

TEMAS 3 A 7

(JURISDICCIÓN-I)

1. La Jurisdicción es:

a) Una parte integrante del Poder Judicial, cuya característica principal es que se

encuentra regulada por la LOPJ y está sometida al autogobierno del CGPJ.

b) El poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado otorgado a los magistrados del TC por

el art. 117 CE.

c) Un Poder del Estado, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, cuyos actos se

encuentran sometidos al control de los otros dos Poderes.


2. El Poder Judicial es:




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a) Una parte integrante de la Jurisdicción, cuya característica principal es que se


b) El poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado otorgado a cada juez y magistrado por

el art. 117 CE.




3. La potestad jurisdiccional es:

a) Una parte integrante de la Jurisdicción, cuya característica principal es que se


b) El poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado otorgado a cada juez y magistrado por

el art. 117 CE.




4. Una de las características principales de la potestad jurisdiccional es:

a) Que es un poder de ejercicio obligatorio.

b) Que se ejerce en beneficio de terceros, aunque excepcionalmente puede ejercitarse en

beneficio propio.

c) Que la ostentan los jueces y magistrados del Poder Judicial, pero no los de los

órganos jurisdiccionales constitucionalmente reconocidos.

d) Que la ostentan los órganos jurisdiccionales constitucionalmente reconocidos pero no

los órganos integrantes del Poder Judicial.

5. Los órganos jurisdiccionales constitucionalmente reconocidos:

A) Están regulados por la LOPJ, pues forman parte del Poder Judicial.

b) Se integran en la Jurisdicción pero quedan fuera del Poder Judicial.

c) Sólo tienen potestad jurisdiccional en casos excepcionales.


6. El CGPJ está formado por:

a) El Presidente y 20 vocales, 8 de los cuales son jueces y magistrados y los otros 12

son juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

b) El Presidente, el Vicepresidente y 20 vocales.

c) El Presidente, dos Vicepresidentes y 20 vocales.


7. Los vocales del CGPJ de procedencia no judicial son elegidos:

a) 4 por el Congreso y 4 por el Senado, por mayoría de 3/5.

b) 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por mayoría de 3/5.

c) 4 por el Consejo de Ministros y 4 por el Pleno del TC.

d) Todos son elegidos por el Rey.




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8. Los vocales del CGPJ de procedencia judicial son elegidos:

a) 4 por el Congreso y 4 por el Senado, por mayoría de 3/5, de entre 36 candidatos que

conforman una lista y que previamente han sido elegidos a través de un sistema

proporcional.

b) 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por mayoría de 3/5, de entre 36 candidatos que

conforman una lista y que previamente han sido elegidos a través de un sistema

proporcional.

c) Todos son elegidos por el Rey de entre 36 candidatos que conforman una lista y que

previamente han sido elegidos a través de un sistema proporcional.


9. Las funciones del CGPJ pueden dividirse en:

a) Funciones reglamentarias, decisorias, organizativas y jurisdiccionales.

b) Funciones de informe, organizativas y jurisdiccionales.

c) Funciones reglamentarias, de informe, decisorias y organizativas.

d) Funciones reglamentarias, de informe y jurisdiccionales.

10. Indica en qué tipo de funciones del CGPJ se puede encuadrar el siguiente

acuerdo, alcanzado en el Pleno de 30 de enero de 2008: “Examinada y debatida la

propuesta de la Comisión de Calificación para provisión del cargo de Presidente de

la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el Pleno acuerda nombrar para tal cargo a

D. Gonzalo Moliner, Magistrado de la misma Sala, cubriendo así la vacante

producida por jubilación en su día del anterior titular D. Joaquín Samper Juan”:

a) Funciones decisorias y organizativas.

b) Funciones de informe.

c) Funciones reglamentarias.

d) Funciones jurisdiccionales.

11. Indica en qué tipo de funciones del CGPJ se puede encuadrar el siguiente

acuerdo, alcanzado en el Pleno de 16 de enero de 2008: “Aprobar el abono por un

importe total de 203,30 euros, de la comida institucional celebrada el 20 de

noviembre de 2007 entre una representación del Consejo General del Poder

Judicial y una Vocal del Consejo Nacional de la Judicatura de Polonia, que se

imputará al Servicio de Relaciones Internacionales, delegando la ejecución del

acuerdo en dicho Servicio”:

a) Funciones decisorias y organizativas.

b) Funciones de informe.

c) Funciones reglamentarias.

d) Funciones jurisdiccionales.

12. La potestad jurisdiccional:

a) Corresponde a los jueces y magistrados la función de juzgar, mientras que la de

ejecutar lo juzgado corresponde al Poder Legislativo.

b) Corresponde al Poder Ejecutivo la función de ejecutar lo juzgado, mientras que la de

juzgar corresponde a jueces y magistrados.




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c) Supone que el Consejo General del Poder Judicial tiene el deber de juzgar, mientras

que la ejecución de lo juzgado corresponde al Poder Ejecutivo.


13. ¿Quién ostenta la potestad jurisdiccional según la Constitución?

a) El Poder Ejecutivo.

b) El Poder Judicial, puesto que es una garantía de la Jurisdicción como Poder del

Estado.

c) Los jueces y magistrados.

d) Los jueces y magistrados integrantes de los órganos jurisdiccionales no integrados en

el Poder Judicial.

14. La exclusividad jurisdiccional en sentido positivo significa:

a) Que sólo ostentan potestad jurisdiccional los jueces y magistrados.

b) Que los jueces y magistrados que ejercen la potestad jurisdiccional sólo pueden

formar parte del Poder Judicial.

c) Que los órganos jurisdiccionales no pueden desempeñar funciones distintas a las

propias del desarrollo de la actividad jurisdiccional.

d) Que sólo los jueces determinan el ámbito de su propia competencia.

15. La exclusividad jurisdiccional:

a) Favorece la independencia de jueces y magistrados.

b) Impide considerar que los jueces y magistrados son independientes.

c) Implica que las resoluciones de la Administración General del Estado sólo las pueden

dictar los jueces y magistrados.

d) Impide que los órganos jurisdiccionales desempeñen funciones distintas a las propias

del desarrollo de la actividad jurisdiccional.

16. La exclusividad jurisdiccional en sentido negativo implica:

a) Que las resoluciones judiciales siempre son desfavorables para alguna de las partes.

b) Impide considerar que los jueces y magistrados son independientes.

c) Que las resoluciones de la Administración General del Estado sólo las pueden dictar

los jueces y magistrados.

d) los órganos jurisdiccionales no pueden desempeñar funciones distintas a las propias

del desarrollo de la actividad jurisdiccional, salvo las que les atribuyan las leyes en

defensa de cualquier derecho.

17. La exclusividad jurisdiccional en sentido negativo:

a) Permite que jueces y magistrados asuman funciones que les vengan atribuidas por la

ley en garantía de derechos, así como la llevanza del Registro Civil y la realización de

actos de jurisdicción voluntaria.

b) Impide que autoricen medidas limitativas de derechos fundamentales.

c) Supone que los jueces y magistrados deben dictar sus resoluciones siendo imparciales

y teniendo en cuenta que una de las dos partes del conflicto va a resultar perjudicada.

d) Supone que la Oficina Judicial depende exclusivamente de jueces y magistrados.




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18. La infracción de las normas de reparto supone, a su vez, la infracción de:

a) El derecho al juez legal en su vertiente positiva.

b) El derecho al juez legal en su vertiente negativa.

c) La unidad jurisdiccional en su vertiente negativa.

d) La unidad jurisdiccional en su vertiente positiva.

19. ……………………..es una garantía, a su vez, de ………………………:

a) El juez legal-la exclusividad jurisdiccional.

b) La exclusividad-el juez legal.

c) La exclusividad-la unidad jurisdiccional.

d) El juez legal-la independencia del Poder Judicial.

20. Según el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional:

a) Respeta el contenido esencial del derecho al juez legal.

b) Respeta el contenido esencial del derecho al juez natural que, en último término, se

identifica con el derecho al juez legal.

c) No respeta el contenido esencial del derecho al juez natural y, por tanto, no respeta

tampoco el derecho al juez legal.


21. Las exigencias de predeterminación de los órganos jurisdiccionales integrados

en el Poder Judicial implican:

a) Que la creación de órganos jurisdiccionales se lleve a cabo mediante una ley que

tenga el carácter formal de Ley Orgánica.

b) Que la demarcación y planta jurisdiccional española se lleve a cabo mediante Ley

Orgánica.

c) Que la creación de órganos jurisdiccionales se lleve a cabo mediante ley ordinaria.

d) Que la creación de órganos jurisdiccionales se lleve a cabo mediante la reforma de la

Ley Orgánica del Poder Judicial.

TEMAS 8 A 16

(JURISDICCIÓN-II)

1. El artículo 117 de nuestra Constitución:

a) Recoge las garantías deben reunir los jueces y magistrados de carrera.

b) Recoge las directrices de la actividad jurisdiccional, pero carece de carácter

vinculante directo.

c) Recoge las garantías de jueces y magistrados en el ejercicio de su función, sean o no

de carrera.

d) Recoge las garantías de los jueces de lo penal.

2. La independencia:




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a) Referida a los jueces y magistrados, implica libertad para el enjuiciamiento, teniendo

como único referente el sometimiento al ordenamiento jurídico.

b) Referida al Ministerio Fiscal, implica que el Fiscal General del Estado debe

abstenerse de hacer recomendaciones a sus subordinados para que éstos actúen

libremente.

c) Referida al Poder Judicial, implica que el poder judicial es independiente del resto de

poderes públicos y se autogestiona al margen de todo control público o privado.

d) Referida a los jueces y magistrados, implica su falta de sometimiento a las decisiones

del CGPJ dictadas como consecuencia de las actuaciones de inspección llevadas a cabo

en juzgados y tribunales.

3. La imparcialidad judicial:

a) Es una manifestación del derecho al juez legal.

b) Es una manifestación de la exclusividad jurisdiccional.

c) Es la manifestación de la independencia judicial cuando ésta se pretende frente a las

partes y al objeto litigioso.

d) Se garantiza mediante el autogobierno del Poder Judicial.

4. La imparcialidad judicial:

a) Se garantiza mediante el establecimiento legal de unas circunstancias objetivas que,

una vez constatadas, permiten apartar a un juez o magistrado del conocimiento de una

causa.

b) Se garantiza mediante las causas de abstención, exclusivamente.

c) Se garantiza mediante las causas de recusación, exclusivamente.

c) No es necesario establecer garantía alguna de imparcialidad, pues se trata de un deber

establecido por la Constitución cuya vulneración implica la expulsión de la carrera

judicial.

5. La independencia de jueces y magistrados frente a los superiores jerárquicos:

a) Les obliga a seguir las instrucciones que dicten los órganos superiores.

b) Impide que los órganos jurisdiccionales dicten instrucciones u órdenes a los órganos

inferiores.

c) Les permite apartarse de las instrucciones y órdenes de los tribunales superiores, si

bien de manera razonada.

d) Les permite apartarse del criterio jurisprudencial de los órganos superiores siempre

que lo comuniquen previamente al Consejo General del Poder Judicial.

6. La inamovilidad:

a) No impide el traslado forzoso del personal jurisdiccional cuando así lo requiera el

buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

b) Es garantía, a su vez, de la independencia, pues impide que jueces y magistrados sean

separados, suspendidos, trasladados y jubilados salvo por la causas y con las garantías

legalmente previstas.

c) Impide que jueces y magistrados puedan cambiar de categoría en el escalafón, salvo

autorización del superior jerárquico.




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d) Implica que los jueces deben ser imparciales y, para ello, intervenir en el

procedimiento como convidados de piedra, de modo que no favorezcan con su

actuación a ninguna de las partes.

7. La responsabilidad personal de jueces y magistrados:

a) Puesto que el ejercicio de sus funciones implica un alto grado de responsabilidad,

ésta es exigible por actos cometidos tanto en el ejercicio de cargo como por actos

realizados como particular.

b) Los jueces no son responsables, por lo que los errores judiciales sólo engendran

responsabilidad del Estado.

c) Puede ser de tres tipos: civil, penal y disciplinaria.

d) Sólo puede exigirse si cometen un delito o falta.

8. Señala la respuesta correcta:

a) Jueces y magistrados son dependientes, inamovibles, responsables y están sometidos

exclusivamente al imperio de la ley.

b) La sumisión a la ley es una garantía de independencia judicial.

c) La sumisión a la ley implica que los jueces tienen la obligación de resolver los

asuntos a favor de la parte que tenga la razón según el derecho material.

d) La sumisión a la ley de los jueces sólo implica su sujeción a la Constitución.

9. La abstención y la recusación:

a) Es el procedimiento por el cual el Consejo General del Poder Judicial aparta a un juez

o magistrado del conocimiento de un asunto por concurrir una causa de las legalmente

previstas.

b) Son procedimientos distintos por los que, bien el juez, bien las partes o el Ministerio

Fiscal, ponen en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la concurrencia

de una causa legalmente prevista que habilita a apartar al juez o magistrado del

conocimiento de un asunto, siendo el Consejo General del Poder Judicial quien

finalmente decide si se le debe apartar o no del procedimiento.

c) Son los mecanismos a través de los cuales se pone de manifiesto la posible

concurrencia de una causa legalmente prevista que determina, en caso de constatarse, la

separación del juez o magistrado en quien concurra del conocimiento del asunto

concreto al que afecte dicha causa.

d) Son procedimientos a través de los cuales el Ministerio Fiscal decide si formula o no

la acusación, en atención a la actuación que haya llevado a cabo el imputado en la fase

de instrucción.

10. ¿Bajo qué principios se organiza la competencia judicial española en la LOPJ?:

a) Bajo el principio de conexión, según el cual los órganos jurisdiccionales españoles

son competentes para conocer de los delitos cometidos en España y de todos aquéllos

cometidos en el extranjero que sean conexos a aquél.

b) Bajo el principio de justicia universal, según el cual los órganos españoles son

competentes para conocer de cualquier asunto que les sea planteado.




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c) Bajo el principio de proporcionalidad, según el cual los órganos jurisdiccionales

españoles son competentes para conocer de cualquier asunto siempre que el número de

asuntos no sea excesivo y no afecte a la competencia de terceros Estados.

d) Bajo el principio de territorialidad fundamentalmente, en virtud del cual los órganos

jurisdiccionales españoles son competentes para conocer de los hechos que hayan tenido

lugar en territorio español.

11. La determinación de la competencia jurisdiccional internacional:

a) Se realiza a través de los fueros previstos en la LOPJ.

b) La realiza el juez que está conociendo del asunto, que determina en cada caso los

asuntos para los que asume la competencia.

c) En el orden civil la realiza el demandante, que decide el Estado en el que plantea la

demanda.

d) En el ámbito europeo, se decide en el Consejo de Europa, mientras que la

competencia jurisdiccional en el resto de ámbitos territoriales viene determinada por los

fueros de la LOPJ.

12. La competencia de los órganos españoles en el orden penal:

a) Se extiende exclusivamente al enjuiciamiento de los delitos y faltas cometidos en

territorio español.

b) Se extiende a los delitos y faltas cometidos en territorio español y a otros cometidos

fuera del territorio nacional, siempre que, entre otras circunstancias, los autores sean

españoles y atenten contra bienes jurídicos del Estado español.

c) Se extiende al conocimiento de las faltas cometidas por españoles en España o en el

extranjero.


13. La competencia de los órganos españoles en el orden civil:

a) Se extiende al conocimiento de cualesquier asunto sobre materia civil o mercantil que

se promueva ante los mismos, siempre que exista conexión entre el objeto del litigio y

el territorio español.

b) Viene determinada por la normativa internacional aprobada por la ONU.

c) Se extiende al conocimiento de todas las materias civiles o mercantiles cuando el

demandante tenga su domicilio en España.


14. La competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer de

delitos contra el Derecho de gentes cometidos por extranjeros en el extranjero:

a) Exige que no haya ningún otro país o Tribunal Internacional que haya iniciado

diligencias de investigación por los mismos hechos.

b) Exige que, en el caso de que otro país o un Tribunal Internacional haya abierto

diligencias sobre los mismos hechos, se sobresean provisionalmente las actuaciones

llevadas a cabo por los tribunales españoles.

c) Exige que se trate de alguno de los delitos enumerados en el art. 23.4 LOPJ.

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.




11

15. El estatuto jurídico de jueces y magistrados regulado en la LOPJ:

a) Resulta aplicable únicamente a los jueces y magistrados de carrera.

b) Es común a todo el personal que trabaja en la Administración de Justicia.

c) Resulta aplicable tanto a jueces y magistrados de carrera como a jueces sustitutos y

magistrados suplentes.

d) Resulta aplicable a los jueces en situación de provisión temporal y a los ciudadanos

que integran el Tribunal del Jurado.

16. Ejercen la potestad jurisdiccional:

a) Exclusivamente los jueces y magistrados de carrera, que acceden a la profesión

mediante oposición o concurso.

b) Los jueces y magistrados de carrera o sustitutos y suplentes, si bien en este último

caso sin sometimiento a las garantías del art. 117 CE.

c) Los jueces y magistrados de carrera o, de manera excepcional, sustitutos y suplentes.

d) Exclusivamente los jueces y magistrados de los órganos jurisdiccionales no

integrados en el Poder Judicial.

17. Para realizar las pruebas de acceso a la carrera judicial:

a) Se exige como requisitos generales la nacionalidad española, la mayoría de edad, la

posesión del título de licenciado en Derecho y la no concurrencia de causas de

incapacidad e incompatibilidad.

b) Se exige en todo caso ser jurista de reconocido prestigio con, al menos, diez años de

antigüedad en la profesión.

c) Es necesario ser Licenciado en Derecho y haber realizado el master de acceso a la

judicatura.

d) Es necesario realizar un juramento previo de imparcialidad.

18. Los traslados y ascensos en la carrera judicial:

a) Son competencia del Tribunal Supremo.

b) Corresponden exclusivamente a criterios de especialización en el orden jurisdiccional

del que se trate.

c) Se producen de la categoría de juez a la de magistrado y de la de fiscal a la de juez.

d) Responden a criterios como la antigüedad y la especialización según los casos.

19. Señala la afirmación correcta:

a) Para las plazas de Presidente de Sala del Tribunal Supremo se designará a los mejores

situados en el escalafón.

b) Para las plazas de Presidente de Sala del Tribunal Supremo se designará a quienes

tengan una mayor especialización en la materia a la que corresponda la Sala a la que

pertenezca.

c) Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán entre magistrados de

dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicio en la categoría.

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

20. Señala la respuesta correcta:




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a) Quienes hayan superado la fase de oposición para el acceso a la carrera judicial,

deberán superar también el curso de formación de jueces de carácter teórico-práctico

que se lleva a cabo en la Escuela Judicial.

b) El curso de acceso a la carrera judicial que se imparte en la Escuela Judicial tiene una

duración mínima de 9 meses para la parte teórica y de 6 para la parte práctica.

c) Si el curso teórico-práctico no se supera en la primera convocatoria, los aspirantes

dispondrán de tres convocatorias adicionales.

d) Las afirmaciones a) y b) son verdaderas.

21. El Ministerio Fiscal:

a) Se integra en el Poder Ejecutivo.

b) Es un órgano del Estado colaborador de la Jurisdicción.

c) Depende del Ministerio de Economía.



a) Actúa con subordinación a los órganos judiciales.

b) Ejecuta la política criminal del Poder Legislativo.

c) Actúa en defensa de la Administración General del Estado.

d) Colabora con la Administración de Justicia en defensa de la legalidad, de los

derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley y de la independencia

de los juzgados y tribunales.


a) Actúa en el proceso como parte objetivamente imparcial.

b) Actúa en el proceso como parte subjetivamente imparcial.

c) Actúa en el proceso como órgano colaborador, sin ostentar la condición de parte

procesal, pues tiene un deber de imparcialidad.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. Entre los principios de organización del Ministerio Fiscal se encuentra:

a) La unidad, independencia, oportunidad e imparcialidad.

b) El principio de imparcialidad, que impide que el Ministerio Fiscal sea parte en el

proceso.

c) La dependencia jerárquica.


25. La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal:

a) El Ministerio Fiscal no interviene prácticamente en el proceso penal puesto que ello

puede poner en peligro su imparcialidad.

b) Consiste únicamente en el sostenimiento de la acusación.

c) Consiste únicamente en la supervisión de la actuación del órgano jurisdiccional a los

efectos de velar por su independencia, interponiendo los recursos que sean pertinentes

frente a las resoluciones que, a su juicio, vulneren dicho deber de independencia.




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d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. Indica la afirmación que consideres correcta:

a) El principio de unidad de actuación implica que el Ministerio Fiscal debe acatar las

órdenes del Poder Ejecutivo y actuar conforme a ellas.

b) El principio de dependencia jerárquica determina que el Ministerio Fiscal depende

del Poder Ejecutivo.

c) Los miembros del Ministerio Fiscal pueden ser recusados por el mismo

procedimiento que jueces y magistrados.


27. Una vez leídas las siguientes afirmaciones, selecciona la combinación de

respuestas correcta:

1. Los juzgados de lo penal conocen en primera instancia de los delitos cuya pena

no supere los cinco años de penas privativas de libertad.

2. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ conoce de los recursos de apelación

frente a las sentencias dictadas en juicios por jurados celebrados en las Audiencias

Provinciales.

3. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocen en primera instancia de la

demanda de separación matrimonial de cuando el marido haya sido denunciado

por la comisión de un delito de violencia de género.

4. Los Juzgados de Instrucción instruyen las causas por delito cuyo enjuiciamiento

corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

5. La Audiencia Provincial conoce en primera instancia de los delitos cuya pena

sea superior a 6 años de privación de libertad.

a) Son verdaderas las afirmaciones 1, 4 y 5.

b) Son verdaderas las afirmaciones 1, 2 y 3.

c) Son verdaderas las afirmaciones 2, 4 y 7.

d) Son verdaderas las afirmaciones 2, 4 y 5.

28. El Tribunal del Jurado:

a) Está formado por nueve jurados legos en Derecho y un Magistrado Presidente que es

Magistrado del Tribunal en el que se constituya el Jurado.

b) Desempeña sus funciones en el proceso civil.

c) Desempeña sus funciones exclusivamente en el ámbito de la Audiencia Provincial.

d) Está formado por nueve jurados legos en Derecho y tres Magistrados que son

Magistrados del Tribunal en el que se constituya el Jurado.

29. El Jurado:

a) Se pronuncia sobre los hechos y sobre la pena que, en el caso de ser condenatoria la

sentencia, se debe imponer al acusado.

b) Se pronuncia exclusivamente sobre la pena que debe imponerse al acusado.

c) Se pronuncia exclusivamente sobre los hechos, declarando la culpabilidad o

inocencia del acusado.





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30. Nuestro sistema de Jurado:

a) Responde al modelo escabinado o mixto, con la especialidad de que los jurados

deben motivar su veredicto.

b) Responde al modelo puro o anglosajón, con la especialidad de que los jurados deben

motivar su veredicto.

c) No responde a ningún modelo preestablecido, puesto que la LO del Tribunal del

Jurado instauró un sistema completamente novedoso.

d) Responde al modelo puro cuando se constituye para enjuiciar un asunto penal,

mientras que cuando se trata de enjuiciar asuntos civiles el Jurado responde al modelo

escabinado.

31. El funcionamiento del Tribunal Constitucional:

a) Se encuentra regulado básicamente en la LOPJ.

b) Se regula básicamente en su propia Ley Orgánica.

c) Se regula íntegramente en la Constitución.


32. Los magistrados del Tribunal Constitucional:

a) Son elegidos entre jueces y magistrados con más de 15 años de ejercicio profesional.

b) Son elegidos entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

c) Son elegidos entre profesionales de las Ciencias Sociales y Jurídicas con más de 15

años de ejercicio profesional.

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

33. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional:

a) Dura 12 años, renovándose por terceras partes cada tres años.

b) Dura 6 años, renovándose por terceras partes cada tres años.

c) Dura 9 años, renovándose por terceras partes cada tres años.


34. La competencia de la Jurisdicción Militar:

a) Se extiende al conocimiento de los delitos contenidos en el Código Penal Militar, así

como a los contenidos en el Código Penal siempre que sean cometidos por militares.

b) Se extiende al conocimiento de los delitos contenidos en el Código Penal cometidos

por militares, en acto de servicio y en establecimientos militares.

c) Se extiende al conocimiento de los delitos contenidos en el Código Penal Militar

cometidos por militares, en acto de servicio y en establecimiento militares.

d) Se extiende al conocimiento de los delitos cometidos por militares en periodos de

guerra.

TEMAS 17 y 18

(ACCIÓN)




15

1. El derecho de acción:

a) Es la formulación clásica del actual derecho a la tutela judicial efectiva.

b) Es el derecho de todo ciudadano a formular la acción que en cada caso prevea el

Código Civil.

c) Según el Tribunal Constitucional, implica el derecho a obtener una sentencia de

contenido determinado.

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

2. El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión:

a) Es un derecho regulado en la LOPJ.

b) Básicamente implica el derecho de acceso al proceso.

c) Es un derecho de configuración legal cuyo alcance, por tanto, puede ser modificado

por el legislador cuando las circunstancias así lo aconsejen.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. El derecho a una resolución de fondo fundada en Derecho:

a) Implica que los órganos jurisdiccionales deben dictar en todo caso una sentencia que

resuelva el conflicto y que sea favorable a quien tenga la razón conforme al Derecho

material.

b) Implica que los órganos jurisdicciones deben dictar una sentencia que resuelva el

fondo del asunto cuando se den todos los presupuestos procesales para ello.

c) Implica el deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones cuando

sean desfavorables para la parte demandante.

d) No se encuentra integrado en el derecho a la tutela judicial.

4. El derecho a los recursos legalmente establecidos:

a) Implica únicamente el derecho a ejercitar los recursos legalmente previstos en

cualquier orden jurisdiccional.

b) Tiene un alcance distinto según el orden jurisdiccional al que se refiera.

c) Implica un derecho del condenado a que la sentencia penal por la que se le condena

sea íntegramente revisada en una segunda instancia por un órgano jurisdiccional

superior al que la dictó.

d) Las afirmaciones b) y c) son correctas.

5. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales:

a) Se garantiza mediante un adecuado sistema de adopción de diligencias preliminares.

b) Se garantiza mediante un adecuado sistema de adopción de medidas cautelares.

c) Se garantiza mediante el ejercicio del derecho a los recursos legalmente

establecidos.

d) Se garantiza mediante la posibilidad de proponer pruebas acerca de la capacidad

económica del demandado.

TEMAS 19 A 22




16

(PROCESO)

1. Indica cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. El proceso es un instrumento que ostenta el Estado para defender sus intereses frente

a los de los ciudadanos.

2. La finalidad del proceso es la solución de las controversias mediante resoluciones

con efectos de cosa juzgada dictadas por jueces y magistrados que ostentan la potestad

jurisdiccional.

3. El procedimiento es la sucesión de actos que desarrollan el órgano jurisdiccional y

las partes para el fin de la aplicación del Derecho al caso concreto.

4. Los principios del proceso tienen rango constitucional, mientras que los del

procedimiento se regulan en las distintas normas procedimentales y su vulneración no

puede ser invocada en amparo.

a) Son correctas las afirmaciones 1, 2 y 4.

b) Son correctas las afirmaciones 2, 3 y 4.

c) Son correctas las afirmaciones 2 y 3.

d) Son correctas las afirmaciones 3 y 4.


1. Los principios del proceso son dependientes de factores o postulados políticos,

económicos o sociales.

2. Los principios del proceso y del procedimiento son dependientes de factores o

postulados políticos, económicos o sociales.

3. Los principios del proceso tienen carácter técnico y, por tanto, son ajenos a factores

políticos, económicos o sociales.

4. Los principios del procedimiento tienen carácter técnico y, por tanto, están, en

general, menos influenciados por factores políticos, económicos o sociales.

a) Son correctas las afirmaciones 2 y 3.


c) Únicamente es correcta la afirmación 1.



1. El principio de concentración es una exigencia del derecho fundamental a un

proceso sin dilaciones indebidas.

2. El principio de contradicción es un presupuesto absoluto del proceso, de tal manera

que sin contradicción no estamos ante un verdadero proceso judicial.

3. La oralidad es un principio informador del proceso, mientras que la publicidad lo es

del procedimiento.

4. La igualdad y la contradicción son principios informadores del proceso.







17



1. El principio de aportación de parte implica que sólo las partes pueden introducir los

hechos y las pruebas en el proceso.

2. El principio de aportación rige de manera absoluta en la fase de investigación penal.

3. El principio de aportación rige, con alguna excepción, el proceso civil.

4. El principio de aportación de parte implica que el juez está vinculado a las normas

jurídicas que las partes aleguen como aplicables al proceso.



c) Es correcta la afirmación 4.



1. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a un proceso sin dilaciones

indebidas trae su causa de la doctrina del TEDH sobre la duración razonable de los

procedimientos.

2. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas implica el derecho a que el proceso

se sustancie en los plazos legalmente previstos.

3. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no tiene rango de derecho

fundamental, por lo que no se puede invocar su vulneración a través del recurso de

amparo.

4. El Tribunal Constitucional excluye, como regla general, la falta de medios

materiales de la Administración de Justicia como causa que justifique las dilaciones de

un procedimiento.


b) Son correctas las afirmaciones 1 y 4.



6. El principio dispositivo implica:

a) Que son las partes quienes introducen los hechos en el proceso.

b) Que las partes pueden ponerle fin al proceso antes de que el juez dicte sentencia si

llegan a un acuerdo sobre el fondo del asunto.

c) Que el juez puede disponer libremente de las normas jurídicas aplicables al caso.

d) Las respuestas b) y c) son verdaderas.

7. El principio acusatorio:

a) Rige en la fase de investigación penal, pero no en la fase de juicio oral, en la que

rige el principio dispositivo.

b) Rige en el proceso penal, siendo una de sus implicaciones la división del proceso en

fases cuyo conocimiento corresponde a órganos distintos.




18

c) Rige en la fase de juicio oral, mientras que en la fase de investigación el juez de

instrucción puede llevar a cabo diligencias aun cuando nadie sostenga la acusación.

d) Rige en el proceso penal, siendo una de sus implicaciones la vinculación del juez a

la calificación jurídica que la acusación de a los hechos punibles.

8. Los actos procesales:

a) Como regla general, deben practicarse en la sede del órgano jurisdiccional que esté

conociendo del asunto.

b) Deben realizarse en castellano o, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad

Autónoma en la que se realicen, debiendo traducirse en este segundo caso cuando deban

surtir efectos fuera del territorio de dicha Comunidad Autónoma.

c) Deben realizarse en el plazo establecido para que surtan efectos, salvo que se trate

actos procesales que debe realizar el órgano jurisdiccional, respecto de los cuales se

considera que los plazos son "impropios".

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

9. Son días inhábiles a efectos procesales:

a) El mes de agosto, los domingos, el 24 y el 31 de diciembre, así como los festivos de

ámbito nacional, autonómico o local.

b) Los que determine el órgano jurisdiccional cada año judicial.

c) El mes de agosto y los festivos de ámbito nacional, autonómico y local, si bien se

pueden habilitar días inhábiles para llevar a cabo diligencias urgentes.

d) Todos los días son hábiles, pues de este modo se garantiza el derecho a la tutela

judicial efectiva.

10. La presentación de documentos:

a) Puede realizarse hasta las 22 h. del último día del plazo.

b) Puede realizarse hasta las 15 h. del día siguiente al de la finalización del plazo.

c) Debe realizarse en el plazo de veinte días desde que se practicó el acto procesal al

que acompañan (por ejemplo, demanda o contestación a la demanda).


11. La realización de actos procesales en la fase de juicio oral en el proceso penal se

ajusta, como regla general, a los siguientes principios:

a) Publicidad, oralidad, inmediación y concentración.

b) Publicidad, oralidad, inmediatez y concentración.

c) Secreto, escritura, inmediación y concentración.

d) Secreto, oralidad, inmediatez y concentración.

12. El principio de concentración implica:

a) Que las partes tienen derecho a ser oídas en juicio.

b) Que se prohíbe que el juez pueda señalar varias vistas en una misma jornada, pues

ello le impide centrarse en los aspectos relevantes del caso que debe resolver.

c) Que las actuaciones deben realizarse en unidad de acto, pero que si ello no es

posible, deberán realizarse en sesiones sucesivas.




19


13. La nulidad de los actos procesales:

a) Debe apreciarla de oficio el juez.

b) Deben denunciarla las partes.

c) Se denuncia exclusivamente a través de los recursos legalmente establecidos.

d) Cuando la sentencia ya es firme, puede denunciarse exclusivamente a través del

incidente de nulidad de actuaciones cuando, además, se den los requisitos para ello.

14. Son supuestos de nulidad absoluta de los actos procesales:

a) Los actos procesales llevados a cabo por el órgano jurisdiccional bajo violencia o

intimidación.

b) Los realizados con manifiesta indefensión para alguna de las partes.

c) Los que se realicen con inobservancia de las formas esenciales del procedimiento.

d) Todos los supuestos previstos en la LOPJ son de anulabilidad, no de nulidad

absoluta.

15. Son actos procesales de parte:

a) Los actos de postulación.

b) Los actos de notificación.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Todas las respuestas son incorrectas.


1. Los actos de comunicación tienen por finalidad dar a conocer un acto procesal y, en

su caso, requerir la realización o cesación de una actividad.

2. Los emplazamientos son actos de comunicación en los que se otorga un plazo al

destinatario para realizar un acto procesal.

3. Las citaciones son actos de comunicación en los que se señala día y hora concretos

para la realización de un acto procesal.

4. Los requerimientos son actos de comunicación a través de los cuales el órgano

jurisdiccional ordena al destinatario que realice o deje de realizar alguna actividad, y

por ello se le permite que formule alegaciones al requerimiento de manera sucinta.




d) Son correctas todas las afirmaciones.


1. Los actos de comunicación los ordena el juez como consecuencia de sus facultades

de dirección material del proceso.

2. Los actos de comunicación los ordena el secretario judicial o funcionario de la

oficina judicial en quien delegue.




20

3. Cuando la parte no esté representada por procurador, la notificación se realizará

personalmente a la parte.

4. Cuando la entrega personal no sea posible, la notificación se realizará por medios

electrónicos.






1. Si el acto de comunicación se realiza con infracción de normas procesales, procede

declarar su nulidad, y ello aun cuando el destinatario haya tenido conocimiento del

objeto del acto.

2. La notificación mediante edictos es el último recurso al que cabe acudir para

notificar un acto procesal cuando han fracasado el resto de sistemas de comunicación.

3. La posibilidad de acudir a la notificación de actos procesales por medios

electrónicos está supeditada a la creación de la Sede Judicial Electrónica.

4. Si el destinatario de un acto de comunicación se niega a recibirlo, se le apercibirá de

que queda a su disposición en el juzgado, surtiendo, pues, plenos efectos.



c) Son correctas las afirmaciones 2, 3 y 4.

d) Es correcta la afirmación 4.

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