instrumentos para mejorar la transparencia la integridad y la rendición de cuentas de los poderes...
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El manual Instrumentos para mejorar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de los Poderes Judiciales en América Latina, desarrollado por Transparencia Mexicana en colaboración con el Instituto del Banco Mundial, recoge las experiencias resultado del Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, con el objetivo de proporcionar a los operadores jurídicos de los sistemas de justicia herramientas para identificar retos e instrumentar acciones específicas de mejora en la impartición de justicia. Dicho programa fue desarrollado por el Instituto del Banco Mundial en colaboración con el Departamento Legal del Banco Mundial, el Gobierno de España, la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Transparencia Mexicana y la Asociación para los Derechos Civiles (ADC). Asimismo, fue instrumentado por Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Paraguay.TRANSCRIPT
Presentación 1
La experiencia del Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de
América Latina
Contenido
Presentación .............................................................................................................. 3
Agradecimientos ...................................................................................................... 5
La importancia de la transparencia, rendición de cuentas e integridad ..... 7
Justicia, confianza y legitimidad ................................................................................... 7
Transparencia, rendición de cuentas e integridad .................................................. 12
El Programa Regional ............................................................................................. 16
La misión del programa ................................................................................................ 17
Metodología ................................................................................................................... 19
Del plan a la acción ...................................................................................................... 28
Materiales ........................................................................................................................ 29
La obligación de rendir cuentas .......................................................................... 31
Justicia y rendición de cuentas ................................................................................... 32
Elementos de la rendición de cuentas en el sistema de justicia ............................ 34
Consulta al usuario: rendición de cuentas y participación ciudadana ............... 41
Materiales sobre rendición de cuentas ...................................................................... 45
La necesidad de ser transparente ....................................................................... 47
La transparencia en el sistema de justicia ................................................................. 48
Elementos del principio de transparencia judicial ................................................... 51
Una política de comunicación para la transparencia judicial .............................. 52
Justicia y medios de comunicación ........................................................................... 56
Educación y cultura sobre la justicia .......................................................................... 60
Transparencia y participación ciudadana ................................................................ 65
Materiales sobre transparencia judicial ..................................................................... 68
El compromiso de ser íntegro ............................................................................... 72
De la independencia a la integridad judicial ........................................................... 74
Ética e integridad judicial ............................................................................................. 78
Mecanismos institucionales para la ética judicial .................................................... 87
Acceso a la función judicial y nombramientos ......................................................... 88
Obligaciones y garantías profesionales ..................................................................... 91
Materiales sobre integridad judicial ............................................................................ 94
El derecho a la información .................................................................................. 98
Dimensión administrativa en el acceso a la información judicial ........................ 101
Dimensión jurisdiccional del acceso a la información judicial ............................. 114
Tecnología y acceso a la información ..................................................................... 124
Materiales sobre acceso a la información judicial ................................................. 129
Anexo I. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales
................................................................................................................................. 133
Anexo 2. Cincuenta experiencias en materia integridad, rendición de
cuentas y transparencia en el poder judicial .................................................. 138
Presentación 3
Presentación
Transparencia, rendición de cuentas e integridad son atributos
imprescindibles de las instituciones judiciales en democracia. La solidez
de cada uno de ellos es esencial para su apropiado desempeño, para el
ejercicio racional y abierto de la autoridad pública y para robustecer la
legitimidad social de la justicia a través de la confianza ciudadana en los
jueces.
El Instituto del Banco Mundial en colaboración con el Departamento
Legal del Banco Mundial, el Gobierno de España, la Cumbre Judicial
Iberoamericana, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA),
Transparencia Mexicana (Capítulo México de Transparencia
Internacional) y la Asociación para los Derechos Civiles (ADC),
desarrollaron el Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de
América Latina con el objetivo de contribuir a extender la prevalencia de
estos principios en la región, mediante una estrategia enfocada en
proporcionar a los operadores jurídicos de los sistemas de justicia
herramientas para identificar retos e instrumentar acciones específicas
de mejora.
Esta obra tiene como propósito diseminar la experiencia generada por la
instrumentación del Programa Regional y constituirse en una guía para
tomadores de decisiones, operadores jurídicos y público interesado, en
la cual encuentren elementos para encauzar constructivamente sus
Presentación 4
esfuerzos por realizar la compleja pero necesaria tarea de mejorar la
forma en que se imparte justicia en América Latina.
El texto está construido a partir de tres ejes principales:
a) fundamentación teórico-conceptual, en el cual se ofrece una
explicación pormenorizada de los desafíos que enfrenta hoy la justicia
en la región así como la relevancia que para las instituciones judiciales
tiene la vigencia plena de cada uno de estos principios;
b) metodología, en donde se exponen los rasgos más sobresalientes de
la estrategia aplicada por el Programa, diseñada e instrumentado
para facilitar el diálogo entre actores y permitirles desarrollar en forma
colaborativa y participativa diagnósticos y estrategias de solución;
c) buenas prácticas, en el que se presenta considerable número de
experiencias que han servido para mejorar la vigencia de estos
principios y que son susceptibles de ser replicadas en otros países para
avanzar hacia unos mayores grados de transparencia, integridad y
rendición de cuentas en la administración de justicia.
En suma, el lector encontrará en esta publicación electrónica un
instrumento ágil y práctico, con una clara vocación pedagógica, que le
permitirá profundizar en torno a la relevancia de los principios de
transparencia, rendición de cuentas e integridad.
Presentación 5
Agradecimientos
Contenido
María González de Asís
Eduardo Bohórquez
Jorge Carrera
Joaquín Delgado
Camilo Saavedra
Coordinación
Carolina Vaira
Vanessa Silveyra
Corrección de estilo
Andrés Téllez Parra
Diseño
Marcela Rivas
Patricia de Obeso
Agradecimientos
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 7
La importancia de la transparencia, rendición de
cuentas e integridad
Justicia, confianza y legitimidad
La legitimidad es un concepto que alude al grado de confianza y
credibilidad que las autoridades del Estado generan entre la ciudadanía.
En una sociedad democrática, las instituciones públicas requieren que la
aceptación de los ciudadanos ocurra de tal forma que éstos se
reconozcan como titulares del poder y beneficiarios últimos de su
ejercicio1. En consecuencia, la legitimidad resulta un atributo
fundamental para cualquier institución pública, pues de ella depende en
buena medida que sus decisiones sean aceptadas por la ciudadanía.
Una forma de entender con mayor precisión el tema de la legitimidad ha
sido observar el grado de confianza que las instituciones generan en la
ciudadanía. Desde hace más de tres lustros se aplica año con año en
América Latina el Latinobarómetro, un ejercicio para medir, a partir de
indicadores de opinión pública, actitudes, valores y comportamientos de
ciudadanos respecto del desarrollo de la democracia, la economía y la
sociedad en general.
Gracias al Latinobarómetro sabemos que las instituciones públicas
enfrentan hoy importantes retos en materia de confianza. Si bien entre
1 Eduardo García de Enterría, “Democracia, jueces y control de la Administración”, Madrid: Ed. Civitas,
1995, p. 98.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 8
2001 y 2011, nivel regional, se han dado variaciones relevantes en los
niveles de confianza de las instituciones, los de las públicas continúan
siendo inferiores a los que reciben la iglesia, las radiodifusoras, la televisión
o la prensa escrita.
Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con datos del Informe 2011 del Latinobarómetro.
* En 2006 se usó para “Gobierno” la cifra correspondiente a 2002.
En el caso de las instituciones del poder judicial los niveles de confianza
indican que la situación es especialmente crítica. En 2001, el poder
judicial era a nivel latinoamericano la tercera institución que menos
confianza gozaba (27%), sólo por encima del congreso (24%) y de los
partidos políticos (19%). Diez años después, en 2011, los partidos políticos
y el poder judicial continuaban en los últimos lugares. En contraste, el
gobierno sí logró mejorar sustancialmente en la percepción ciudadana.
Desafortunadamente, al cabo de una década, aumentar la confianza y
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 9
fortalecer su legitimidad continuaba siendo uno de los más importantes
desafíos de los sistemas judiciales en América Latina.
La legitimidad, en el caso de las instituciones judiciales, es un asunto aún
más complejo que para en las instituciones ejecutivas y legislativas,
debido a que son más difusos sus vínculos con la representación política
y con la participación de la ciudadanía en su integración y operación.
En efecto, la legitimidad del sistema de justicia deriva en buena medida
de la forma en que la sociedad percibe su funcionamiento en relación
con aspectos tan esenciales como la independencia, imparcialidad y
eficacia, pero también con respecto a principios elementales del
ejercicio público como son la transparencia, la rendición de cuentas y la
integridad.
Gráfica 2
Fuente: cálculos propios con datos de la sección “Análisis de Resultados en Línea” de la página
del Latinobarómetro.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 10
La dinámica de democratización en la que se vio inmersa la región a
partir de la década de los ochenta propició una re-evaluación del rol
que debían tener las instituciones judiciales en sistemas políticos más
competitivos con sociedades cada vez más plurales. Este proceso de
reflexión dio pie a la aparición de una agenda a favor de la reforma
judicial enfocada en promover el desarrollo de poderes judiciales más
independientes e imparciales, que pudieran con efectividad proteger los
derechos de los ciudadanos y convertirse en contrapesos de las
instancias ejecutivas y legislativas2.
La agenda de reforma a la justicia dio pasos importantes hacia
transformaciones en el diseño de los sistemas judiciales, logrando por
ejemplo que se otorgaran herramientas más amplias de control de
constitucionalidad a sus tribunales de mayor jerarquía o que la rama
judicial cobrara mayor importancia a la hora de asignar recursos
económicos. Sin embargo, dos décadas después que se reivindicara el
papel que juegan para la sociedad y el estado, las instituciones judiciales
continúan sin consolidarse como instituciones confiables para la
ciudadanía.
Tal desafío ha sido reconocido
por los propios poderes
judiciales de la región, los
cuales, a través de la
Experiencia 1
Latinobarómetro
Estudio de opinión pública que
aplica anualmente alrededor de
20.000 entrevistas en 18 países de
América Latina representando a
más de 400 millones de habitantes.
2 Linn Hammergren, “Twenty-Five Years of Latin American Judicial Reforms: Achievements,
Disappointments, and Emerging Issues”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International
Relations, No. 8, 2008.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 11
Declaración Final de la XVI
Cumbre Judicial
Iberoamericana (Buenos Aires,
2012) manifestaron que:
[L]os Poderes Judiciales, los
Consejos de la Magistratura
y demás órganos de
gobierno deben
implementar y reforzar los
procesos institucionales
necesarios para hacer
efectivos en la
administración de justicia los
valores y principios de
transparencia, integridad y
rendición de cuentas,
garantizando la máxima
publicidad de sus actos y
resoluciones, como
instrumento democrático
que refuerce la confianza
de los ciudadanos en las
instituciones públicas,
respetando los derechos
fundamentales
potencialmente afectados.
Corporación Latinobarómetro es
una ONG sin fines de lucro con sede
en Santiago de Chile, única
responsable de la producción y
publicación de los datos.
Contacto con esta entidad:
Experiencia 2
Barómetro de Gobernabilidad de
CIMA
(Consorcio Iberoamericano de
Empresas de Investigación de
Mercados y Asesoramiento)
Resultados de 2011: solamente el
26% de los encuestados
manifestaban tener confianza en la
justicia
En resumen, el principal reto que enfrentan en la actualidad los poderes
judiciales de América Latina no es el de fortalecer su independencia, sino
el de hacer compatible el ejercicio autónomo de la función judicial con
los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Hoy,
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 12
las instituciones de justicia tienen frente así el desafío de dar sentido a su
independencia y que ésta sirva para entregar a la ciudadanía
verdaderas cuentas positivas respecto a cada una de sus áreas de
responsabilidad.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad
La confianza ciudadana no es un atributo dado o de carácter
permanente; por el contrario, es una condición en un proceso constante
de cambio. Es fundamental, por lo tanto, que autoridades judiciales,
operadores jurídicos y público en general, sean conscientes de la
importancia que tiene no sólo trabajar para propiciar la confianza
ciudadana en la justicia, sino en colaborar para conservarla.
Una institución pública que no rinda cuentas, que no proporcione
información clara y de calidad sobre sus actividades, o que cuente con
funcionarios cuyo desempeño genera suspicacias, difícilmente resultará
confiable para la ciudadanía. La confianza de los ciudadanos en la
justicia, y por tanto en buena medida su legitimidad, se encuentra
positivamente asociada con el cumplimiento efectivo y permanente de
los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad por
parte de los poderes judiciales.
La transparencia consiste en hacer que la información relativa a la
integración y operación de las instituciones pública sea accesible al
ciudadano, confiable y de calidad.
La rendición de cuentas se vincula con la obligación de todo ente
público de informar objetiva, amplia y sistemáticamente sobre sus
actividades.
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 13
La integridad se refiere a establecer y materializar los distintos
requerimientos necesarios para que cada servidor público desarrolle
sus funciones de manera proba, observando en todo momento las
reglas establecidas en la ley y sin perder de vista que a sus funciones
le es inherente un compromiso con la sociedad.
El cumplimiento de estos tres principios no se limita a que queden
consagrados en ordenamientos jurídicos, sino a garantizar que sean
aplicados en forma efectiva tanto en el ámbito jurisdiccional como en el
administrativo, a través del desarrollo de mecanismos que trasladen esos
contenidos normativos a la operación institucional y al desempeño del
personal.
Diagrama 1.
El sistema de justicia no opera en el vacío, el sentido de su existencia es
salvaguardar los derechos ciudadanos y garantizar que los conflictos
sociales se diriman pacíficamente a través de cauces institucionales. Es
decir, el sistema de justicia, así como cualquier proceso de reforma del
mismo, no tiene como principales destinatarios a los jueces, ni a los otros
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 14
profesionales y trabajadores del propio sistema. Por el contrario, la
impartición de justicia debe estar orientada al ciudadano3, tanto a aquel
que hace uso de los tribunales, como al miembro de una comunidad
política.
La naturaleza de los sistemas de justicia hace que la materia prima del
trabajo de los tribunales sean casos concretos, provocando así que
muchas veces la participación del ciudadano quede restringida al
ejercicio de los derechos positivos por parte de las personas decididas a
hacer valer un interés jurídicamente protegido. Esta condición ha
provocado que las instituciones judiciales sean particularmente
impermeables a acciones participativas que trasciendan demandas
específicas. En otras palabras:
[L]a naturaleza inevitablemente individualizada del caso judicial,
dificulta su tematización social como problema y como objeto de
propuestas de cambio. Sin embargo, lentamente se han desarrollado
algunas acciones que sostienen la participación en justicia más allá de
la noción del interesado en el caso individual4.
Los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad están
estrechamente ligados a la participación ciudadana pues en la medida
en que éstos se encuentran positivamente aplicados, son mayores las
oportunidades de que el ciudadano trascienda el rol de usuario para
convertirse en un actor capaz de involucrarse e incidir en el desempeño
de las instituciones de justicia. De igual forma, una participación
3 Joaquín DELGADO MARTÍN, “¿Cómo reformar el sistema de justicia?. El principio de colaboración”,
Programa Eurosocial, 2006. 4Silvana GRECO y Silvia E. VECCHI, “Acciones participativas en el campo de la Administración de
Justicia y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, página 3;
Transparencia, rendición de cuentas e integridad 15
ciudadana más extensa y profunda contribuye a fortalecer la vigencia
de estos tres principios en los sistemas judiciales.
En años recientes se han desarrollado una serie de iniciativas para
impulsar la participación de la ciudadanía y el involucramiento de la
sociedad civil en el sistema judicial. La apertura de los poderes judiciales
junto a la expansión del interés de organizaciones específicas en mejorar
la impartición de justicia, ha contribuido a la generación de estrategias
novedosas que han permitido transformar aspectos particulares de la
administración judicial.
El siguiente apartado hace un recuento de la instrumentación del
Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la
Rendición De Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, una
de estas innovadoras y enriquecedoras experiencias.
El Programa Regional 16
El Programa Regional
Las transformaciones institucionales orientadas a fortalecer la
independencia judicial han hecho patente la necesidad de que tales
cambios se enfoquen al desarrollo de una justicia más accesible y
transparente5. En el contexto de baja confianza institucional que
caracteriza a América Latina, diferentes sectores ciudadanos han
manifestado un interés creciente en el desempeño de las instituciones
judiciales. Este interés de la sociedad civil ha estado acompañado,
además, por una mayor convicción de parte de los impartidores de
justicia de contribuir a mejorar las instituciones a las que pertenecen.
Partiendo de la premisa de que la confianza está asociada a la
participación ciudadana, y éstas a su vez al cumplimiento efectivo de los
principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad, el
Programa Regional para Mejorar la Transparencia, la Integridad y la
Rendición De Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se
diseñó e instrumentó con el propósito de generar una relación armoniosa
y productiva entre estos elementos, de contribuir a los esfuerzos que se
han venido desarrollando en la región y, en última instancia, de encauzar
el referido interés por el cambio que existe al interior de los poderes
judiciales.
5Roberto LAVER. 2011. “World Bank and Judicial Reform: Overcoming Blind Spots in the Approach to
Judicial Independence,” The. Duke J. Comp. & Int'l L. 22, páginas 183 y ss.
El Programa Regional 17
El objetivo de esta sección es diseminar la experiencia generada por el
Programa, poniendo al alcance de tomadores de decisiones,
colaboradores de organizaciones de la sociedad civil y público
interesado, la metodología empleada para su desarrollo, las mejores
prácticas compartidas durante los más de veinticuatro meses que duró
su ejecución, y las herramientas prácticas que se emplearon tanto para
la identificación de problemas específicos, como para la elaboración e
instrumentación de acciones concretas. En suma, esta sección pretende
servir de instrumento práctico para el acompañamiento de futuras
reformas judiciales.
Video
Presentación del Programa para mejorar la
Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América
Latina
La misión del programa
El Programa partió de una premisa de trabajo básica: la forma más
efectiva de promover un cambio es involucrando a actores clave en los
procesos de diagnóstico, análisis, diseño y aplicación de estrategias de
respuesta. En otras palabras, el trabajo partió de asumir que los cambios
institucionales sostenibles son posibles únicamente si toman en cuenta la
opinión de los integrantes de las instituciones que se pretende
transformar.
El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se planteó una
estrategia de trabajo enfocada en cuatro aspectos:
El Programa Regional 18
1. Fortalecer las capacidades de los diferentes responsables de la
administración de justicia de la región para así contribuir al desarrollo
de un sistema judicial más imparcial, independiente, responsable y
efectivo.
2. Facilitar el diagnóstico y el diseño de planes de acción tendientes a
mejorar la transparencia y rendición de cuentas y así propiciar un
sector de justicia más efectivo y eficiente
3. Fomentar el intercambio de experiencias para dar pie a la
conformación de una red de autoridades y expertos de diferentes
países –especialmente aquellos que pertenecen a la Cumbre Judicial
Iberoamericana- dedicada al análisis y promoción de los principios de
transparencia, rendición de cuentas e integridad en la esfera judicial.
4. Diseminar el enfoque de “lecciones aprendidas” y propiciar su uso en
iniciativas orientadas a mejorar la impartición de justicia, tanto en
América Latina como otras regiones.
A partir de estos ejes, el Programa Regional se planteó los siguientes
objetivos particulares:
Brindar un espacio para el intercambio de conocimiento y
experiencias a fin de apoyar la voluntad e iniciativa de cinco
países de la región para trabajar conjuntamente en el diseño de
acciones específicas para mejorar la transparencia y rendición de
cuentas de sus poderes judiciales.
Fomentar y facilitar la formación de coaliciones entre los principales
actores del sector justicia para mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas a través de acciones participativas
El Programa Regional 19
Facilitar la priorización de las áreas de reformas a través del diseño
e implementación de herramientas de diagnóstico específicas.
Reforzar las capacidades a nivel nacional para la formulación e
implementación de reformas en el área de transparencia y
rendición de cuentas.
Apoyar el trabajo de la Cumbre Iberoamericana de Justicia en el
área de transparencia y rendición de cuentas mediante la
diseminación de los resultados alcanzados a fin de incorporar a
otros países de la región en la participación de actividades de
aprendizaje y acción similares.
Impulsar el alcance de un consenso regional y fortalecer las
capacidades de los principales actores de la región a fin de
contribuir a un sistema de justicia imparcial, independiente y
efectivo que contribuye a combatir la corrupción y mejorar la
gobernabilidad en pos del desarrollo sostenido de la región.
En la siguiente sección se describe la metodología empleada y se explica
con mayor detalle cada uno de estos objetivos.
Metodología
El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina se estructuró en
cinco fases interconectadas entre sí. Cada una de ella se planteó
objetivos específicos cuyos resultados nutren a las subsecuentes fases.
El Programa Regional 20
Fase 1
La primera fase de un proyecto con las intenciones constructivas y
transformadoras como el Programa Regional se enfoca a establecer
bases sólidas para la exitosa planeación y ejecución de acciones
específicas. En consecuencia, la identificación de países líderes cuyas
experiencias y características particulares permitan diseñar e
implementar reformas que resulten exitosas fue un aspecto de mayor
importancia.
Así, la primera fase del Programa Regional se inició con un evento
regional en el que diversos actores clave fueron invitados a deliberar
respecto de los desafíos y oportunidades para mejorar el desempeño de
las instituciones judiciales. Con este enfoque colaborativo se buscó
Fase Objetivos Actividades del
programa
FASE 1
Establecer bases sólidas para avanzar
acciones regionales / Identificar países
líderes para el diseño e implementación
de reformas
Evento Regional Inicial
(Santiago de Chile)
FASE 2 Diseño e instrumentación de
diagnósticos nacionales
Diagnóstico de la
situación
FASE 3 Análisis de los diagnósticos a través de
diferentes plataformas de intercambio
Análisis y presentación
de resultados
FASE 4 Diseminación y presentación de los
resultados de las fases anteriores
Evento Regional
(Brasilia)
FASE 5 Elaboración de planes de acción Concreción práctica
del Programa
El Programa Regional 21
maximizar el impacto de los esfuerzos de los diferentes actores
congregados, potenciar la voluntad de reforma de ellos, y ponderar los
beneficios que una estrategia de cambio podría generar en el mediano
y largo plazos.
En tal sentido, el trabajo colectivo y la formación de coaliciones
estratégicas resultaron esenciales para:
1) conseguir la participación de actores clave, cuyo apoyo fue
necesario para garantizar el avance de eventuales acciones
específicas;
2) facilitar la discusión en un ambiente que permitió minimizar
aspectos negativos y atemperar resistencias al cambio;
3) aislar posibles intereses creados que intensificaban tales
resistencias.
La instrumentación conjunta en diferentes países de programas
colaborativos de transformación institucional fue fundamental para la
ejecución del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina. En
efecto, el contexto regional sirvió de plataforma no sólo para avanzar la
discusión de temas altamente sensibles sino también para facilitar la
identificación de líderes activos en el continente, que estuvieran
dispuestos a definir retos y líneas de acción trabajando junto a sus pares
en un marco de intercambio de experiencia y conocimientos.
En el Programa Regional la organización de un primer encuentro regional
–efectuado en Santiago de Chile- permitió brindarle a los líderes y actores
clave de los sistemas judiciales de la región (altos funcionarios judiciales,
miembros de la sociedad civil, académicos, entre otros) un espacio
El Programa Regional 22
seguro para el intercambio de ideas. Al final de esta primera experiencia,
cinco países manifestaron formalmente su interés de formar parte de la
segunda fase del programa.
Fase 2
Una vez establecidas las bases del proyecto y definidas las jurisdicciones
susceptibles de incluirse en el periodo de aplicación, fue necesario
desarrollar un diagnóstico para identificar con precisión las
problemáticas y retos principales. La participación fue fundamental para
la elaboración de un diagnóstico basado en evidencia empírica -
componente indispensable de este tipo de evaluaciones- y que contó
con el respaldo de los actores clave para la eventual implementación de
reformas.
De esta forma, el diagnóstico participativo desarrollado como parte del
Programa Regional tuvo como objetivos específicos:
1) Identificar los desafíos en términos de transparencia, integridad y
rendición de cuentas en el sector justicia, con el fin de priorizar las
áreas de intervención y la selección de mecanismos institucionales
apropiados en el marco de un plan de acción nacional.
2) Lograr una participación constante de los diferentes actores
involucrados: sociedad civil, sector público, sector privado, entre
otros, para consensuar las áreas prioritarias de intervención,
generar compromisos de cara a su implementación y fomentar así
la sostenibilidad de la iniciativa.
El Programa Regional 23
3) Delinear planes específicos de acción con responsables, acciones,
recursos y tiempos claramente establecidos.
Contar con evidencia empírica sólida fue fundamental para la
elaboración de los diagnósticos participativos. Para conseguirla, se
emplearon herramientas metodológicas de las ciencias sociales, entre
ellas algunas que permitieron recopilar información cualitativa en forma
rápida (talleres y grupos de enfoque, principalmente), así como otras
cuya aplicación requirió de mayor tiempo, pero que generaron datos
más detallados y representativos (encuestas).
La Fase 2 del Programa Regional fue ciertamente un periodo en el que
se construyeron buena parte de los cimientos con los que se trabajó en
las siguientes fases. Dada la relevancia que tuvo el desarrollo de los
diagnósticos, es oportuno hacer en esta publicación electrónica un
recuento de algunos aspectos prácticos que moldearon el desarrollo de
esta segunda fase. La intención de este recuento es, a partir de esta
experiencia, servir de guía para el desarrollo de experiencias que
persigan objetivos análogos a los que guiaron al Programa Regional.
Preparación de los diagnósticos. La etapa preparatoria fue vital para
garantizar el carácter participativo del diagnóstico, así como para
asegurar desde un primer momento la intervención de todos los actores
potencialmente involucrados en el cambio. En su realización fue
fundamental contemplar la ejecución de acciones de diferente
naturaleza. Entre ellas destacan:
1) Asegurar un trabajo conjunto con el organismo del Poder Judicial que
lidere el proceso (Corte Suprema, Tribunal Superior etc.), para contar
con acceso directo a los tribunales y a los funcionarios cuyas
El Programa Regional 24
opiniones serán recogidas mediante encuestas, grupos de enfoque u
otras herramientas de investigación.
2) Identificar a otros actores o grupos clave que acompañarán el
proceso y garantizarán el carácter participativo del diagnóstico.
3) Iniciar, conjuntamente con el organismo líder del Poder Judicial, un
proceso de análisis de los métodos y herramientas a emplear.
4) Consultar con los diferentes actores y grupos identificados la
metodología propuesta a fin de que contribuyan a robustecerla y, por
lo tanto, a generar una imagen más precisa de la problemática.
5) Diseñar un plan consensuado para la presentación y divulgación de
los resultados, asegurando un tratamiento profesional de los datos
obtenidos en el que se salvaguarde la confidencialidad de las fuentes.
Implementación de los diagnósticos. La aplicación de los diagnósticos
requirió de tener acceso a las personas indicadas, cuyas percepciones
brinden en conjunto un panorama adecuado de la situación de los
poderes judiciales. Además, fue indispensable contar con profesionales
especializados en la aplicación y análisis de las diferentes herramientas
de investigación que se definan en la preparación de los diagnósticos.
En el caso del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina fue
particularmente importante haber realizado dos reuniones de entre 15 y
20 participantes provenientes del sector judicial y de la sociedad civil. La
aleatoriedad fue un aspecto relevante en la selección de estas personas,
pues permitió evitar sesgos y, por lo tanto, contar con información más
fidedigna y representativa. Asimismo, para garantizar la productividad de
tales reuniones, fue esencial la construcción una guía de los tópicos a
El Programa Regional 25
discutir, así como la presencia de un moderador experimentado que
diera sentido y armonía al debate. Algunos de los conceptos y temas que
formaron parte de los talleres son: calidad de la justicia, acceso a la
información judicial y participación ciudadana en el sistema de justicia.
Fase 3
Los resultados que se obtuvieron en la etapa de diagnóstico fueron
presentados al resto de los países. De ahí en adelante, a través de varias
plataformas de intercambio miembros del poder judicial y de la sociedad
civil en todas las naciones participantes, intercambiaron durante varios
meses ideas y experiencias. Al mismo tiempo, expertos en diversas áreas
fueron invitados a colaborar en el Programa. Todo ello, en conjunto, sirvió
para el diseño de los planes de acción
En específico, el modelo del Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América
Latina, se enfocó en análisis de cinco temáticas principales: acceso a la
información judicial, comunicación estratégica, integridad judicial,
rendición de cuentas y mejores prácticas. Para cada uno de los temas se
diseñaron preguntas que guiaron el debate y se realizaron
videoconferencias y eventos presenciales, en los que los asistentes
deliberaron sobre los desafíos y las posibles acciones de mejora. En todos
los casos, además, se definieron de manera previa una lista de resultados
esperados que posteriormente fueron contrastados con aquellos
derivados de la realización de las actividades referidas.
La figura del facilitador merece mención especial por el peso específico
que tuvo en esta tercera fase. El facilitador estuvo encargado de trabajar
El Programa Regional 26
a nivel nacional conjuntamente con los organismos del poder judicial y
las organizaciones que apoyaron la iniciativa. Los facilitadores nacionales
trabajaron mano a mano con las Cortes Supremas de los cinco países
participantes, el Instituto del Banco Mundial, la Cumbre Judicial
Iberoamericana y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Cada
uno de ellos fue responsable de la organización de seis
videoconferencias y del mismo número de talleres presenciales. Aunado
a ello, los facilitadores participaron en discusiones preparatorias con el
equipo del Instituto del Banco Mundial y del Centro de Estudios de Justicia
de las Américas.
Fase 4
Una vez planeados, implementados y analizados los diagnósticos sobre
el estado del sistema de justicia, fue necesario, a través de un encuentro
regional, diseminar los resultados de las etapas previas, difundir los planes
de acción derivados de los mismos y presentar los avances que existían
en la implementación de tales estrategias. Ello sirvió, además, de
inspiración para otros países a ser parte de un proceso similar en el
establecimiento de coaliciones para la reforma del poder judicial en
términos de transparencia y rendición de cuentas.
El encuentro constituyó un foro ideal para fomentar la cooperación y
continuar avanzando una agenda regional en esta temática. En el caso
concreto del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, el
Tribunal Superior de Justicia de Brasil conjuntamente con el Instituto del
Banco Mundial y con el apoyo del Gobierno Español y la colaboración
de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, llevaron a cabo un encuentro
El Programa Regional 27
regional en Brasilia el 4 y 5 de agosto del 2010. Más de 100 altos
funcionarios de los poderes judiciales de la región, representantes de la
sociedad civil, medios de comunicación, el sector privado e invitados
internacionales se dieron cita en la capital de Brasil, donde las coaliciones
lideradas por los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia
presentaron los planes de acción elaborados por los cinco países
participantes del programa.
Tal encuentro sirvió no sólo de
catalizador para el diseño e
implementación de planes de acción
en los respectivos países, sino también
para fomentar cooperaciones
bilaterales entre diferentes cortes (por
ejemplo entre el Tribunal Superior de
Brasil y la Corte Suprema de Senegal y
Angola).
Video de la Conferencia
sobre Transparencia, Ética y
Rendición de Cuentas,
celebrada en Brasilia durante
los días 4 y 5 de agosto de
2010
Finalmente, en diciembre de 2011 el Poder Judicial de Perú organizó, con
el apoyo técnico y financiero del Proyecto de Mejoramiento de los
Servicios de Justicia y el Banco Mundial, el “III Encuentro Internacional:
Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas”, el cual convocó la
participación de destacados representantes y especialistas de
Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay y Uruguay.
Fase 5
Un aspecto fundamental y obligatorio de iniciativas como el Programa
Regional, es la elaboración de un plan de acción final que muestre los
El Programa Regional 28
resultados concretos del intercambio de ideas y propuestas de los
actores convocados, y que además articule propuestas prácticas para
solventar los desafíos detectados en la etapa del diagnóstico.
Por ello, el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
desarrolló una metodología para que las instituciones nacionales
interesadas pudieran adquirir los conocimientos necesarios para diseñar
un Plan de Acción. De esta manera, el Plan de Acción constituyó un
elemento metodológico básico a la hora de avanzar en la
implementación efectiva de los principios de transparencia, integridad y
rendición de cuentas en el funcionamiento ordinario de los Poderes
Judiciales.
Del plan a la acción
Una vez transcurridas más de dos décadas de reformas judiciales en
América Latina, la literatura especializada no es optimista sobre sus
resultados6. Atendiendo a la realidad práctica de los Poderes Judiciales
de América Latina, resulta necesario incorporar los principios de
transparencia, integridad y rendición de cuentas en el funcionamiento
del sistema judicial, más allá de su recepción en el ordenamiento jurídico,
mediante la instauración de mecanismos de aplicación que trasladen el
contenido normativo a la actuación práctica de los Poderes Judiciales,
6 Linn HAMMERGREN. “Twenty-Five Years of Latin American Judicial Reforms: Achievements,
Disappointments, and Emerging Issues”. Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel. 9: 89, 2008.
El Programa Regional 29
tanto en su dimensión jurisdiccional como en su faceta de
gobierno/administración.
“Han pasado más de dos décadas desde que varios gobiernos y organismos
multilaterales empezaron trabajando en programas de reforma judicial. Los resultados
en un principio no han sido los esperados. Por varios años las reformas judiciales, en el
mejor de los casos, que abordaban temas de transparencia, y rendición de cuentas e
integridad se enfocaron principalmente en la adopción de nuevas leyes o códigos. Sin
tratar de subestimar la importancia de dichas reformas legales, hoy, tras la experiencia
acumulada podemos decir que para mejorar la transparencia, integridad y rendición
de cuentas en los sistemas judiciales es también necesario realizar reformas
institucionales consensuadas entre representantes de la sociedad civil y el gobierno,
para así lograr cambios duraderos y legítimos”.
María GONZÁLEZ DE ASÍS. Banco Mundial
El Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina ha desarrollado una
metodología para que las instituciones nacionales interesadas puedan
adquirir los conocimientos necesarios para diseñar un Plan de Acción.
Materiales
Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition,
Measurement, and Its Effects on Corruption, 2006.
Linn HAMMERGREN. “Twenty-Five Years of Latin American Judicial
Reforms: Achievements, Disappointments, and Emerging Issues”.
Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel. 9: 89, 2008.
Roberto LAVER. 2011. “World Bank and Judicial Reform: Overcoming
Blind Spots in the Approach to Judicial Independence,” The. Duke J.
Comp. & Int'l L. 22, páginas 183 y ss.
El Programa Regional 30
Multimedia
Video del Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
Video de la Conferencia sobre Transparencia, Ética y Rendición de
Cuentas, celebrada en Brasilia durante los días 4 y 5 de agosto de
2010.
Rendición de cuentas 31
La obligación de rendir cuentas
El concepto rendición de cuentas deriva de la palabra anglosajona
accountability y alude a la obligación de toda entidad pública a
informar y explicar sus acciones. Su fundamento radica en el origen
democrático de todo poder público y, así, en el derecho de los
ciudadanos pedir cuentas a autoridades y funcionarios públicos7.
La naturaleza de la rendición de cuentas
implica una relación de
complementariedad entre las personas
que rinden cuentas y aquellas que tienen
derecho a ello8. Ciertamente, la
rendición de cuentas es un proceso
propio de la democracia, que implica la
comunicación permanente entre
autoridades y ciudadanos.
Además de ser en democracia una
obligación de las entidades públicas, la
rendición de cuentas propicia la
OCDE (Organización de
Cooperación y Desarrollo
Económico)
Accountability
Responsabilité de
rendrecompte
(Redevabilité)
Rendición de cuentas
Obligación de demostrar
que se ha efectuado el
trabajo cumpliendo con las
reglas y normas acordadas o
de declarar de manera
precisa e imparcial los
resultados obtenidos en
comparación con las
funciones y/o planes
encomendados. Esto puede
exigir una demostración
7 En el sistema judicial de Finlandia se distingue entre rendición de cuentas (accountability) formal,
rendición de cuentas política y rendición de cuentas de la administración de justicia; véase Aulis
AARNIO, Sakari LAUKKANEN, Heikki LILJEROOS y Juha RAITIO, “Country Stadies. Finland”, dentro de la
obracolectiva “L´Administration de la Justice en Europe et l´évaluation de sa qualité », Collection
Grands Colloques, Éditions Montchrestein, Paris, 2005, páginas 240 y ss.. 8 Véase el Segundo Informe sobre el desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 7
titulado “el desafío de la democratización de la justicia y del fortalecimiento de la rendición de
cuentas”, página 305.
Rendición de cuentas 32
configuración de condiciones menos
aptas para el desarrollo de actividades
de corrupción y más propicias para la
evaluación de los funcionarios públicos9.
cuidadosa, que pueda
defenderse incluso
judicialmente, de que la
labor realizada es
congruente con los términos
contractuales.
En particular, la rendición de cuentas contribuye a prevenir y corregir
abusos de poder al menos en tres sentidos10:
obligando al poder a abrirse a la inspección pública, a través de la
información a la ciudadanía sobre datos relativos a su actuación;
forzando a la autoridad a explicar y justificar sus actos;
haciendo que el ejercicio del poder público esté supeditado a la
posibilidad de sanciones.
Rendir cuentas obliga a construir transparencia no sólo para poner
información al alcance del ciudadano, sino para establecer cauces de
comunicación entre la sociedad y la política11.
Justicia y rendición de cuentas
Las instituciones judiciales, como el resto de las autoridades del estado,
tienen la obligación de rendir cuentas respecto del uso que dan a los
recursos públicos que las financia, pero también sobre las actividades y
resultados del ejercicio de sus atribuciones12.
9 Antonio RAMIRO SÁNCHEZ, “Demandas de calidad de la Administración Pública: un derecho de la
ciudadanía”, editado por FIIAPP y editorial Dykinson SL, Madrid, 2001, página 171. 10 Andreas SCHEDLER, “¿Qué es rendición de cuentas?”, editado por el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública (IFAI), México, 2008, página 13. 11 Alberto M. BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?”, página 18 12 Sobre la tensión entre rendición de cuentas e independencia, véase Tom GINSBURG y Nuno
GAROUPA, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”. American
Journal of Comparative Law 57, noviembre 2008 , páginas 4 y ss.
Rendición de cuentas 33
Las diferentes funciones que los diversos diseños institucionales otorgan a
los poderes judiciales pueden agruparse en torno a tres tipos:
Jurisdiccionales, aquellas vinculadas a la resolución de conflictos
legales.
Administrativas o las que se relacionan a las gestión del despacho
judicial.
Gobierno, las cuales se dirigen a la protección de la
independencia judicial, a la planificación del desarrollo del servicio
judicial, al control general de gestión, a la supervisión de la
ejecución presupuestaria, a la comunicación con la sociedad y a
las relaciones con otros poderes del Estado
De esta forma, un adecuado sistema de rendición de cuentas en el
sector judicial debe estar orientado a generar, sistematizar y difundir
información sobre estos tres tipos de actividades. Al respecto, existen
algunas posiciones que ven con suspicacia la obligación de rendir
cuentas sobre procedimientos en curso, pues ello podría no sólo poner
en riesgo decisiones relevantes sino afectar la independencia de los
jueces.
No obstante, como apunta HAMMERGREN13, la independencia se
enfoca en el control previo de las acciones judiciales, mientras que la
rendición de cuentas se vincula al control posterior, es decir, al
13Linn HAMMERGREN, “Independencia judicial y rendición de cuentas: el balance cambiante en las
metas de la reforma”, dentro de la obra “Pautas para promover la independencia y la imparcialidad
judicial”, editado por la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la U.S. Agency for Internacional
Development (USAID), Washington, marzo 2002, página 170.
Rendición de cuentas 34
requerimiento de relatar y explicar sus operaciones administrativas como
el resultado del ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Elementos de la rendición de cuentas en el sistema de justicia
Una forma de aproximarse con mayor precisión a los elementos que
deben formar parte de las actividades de rendición de cuentas de los
poderes judiciales, es a partir de los criterios aprobados en la XVI Cumbre
Judicial Iberoamericana –organización que estructura la cooperación
entre poderes judiciales en Iberoamérica14. Estos criterios consisten en el
análisis y tratamiento de la información que obra en el poder de las
instituciones judiciales, dirigida a:
1. La explicación del origen, uso y aplicación de los fondos a disposición
de la administración de justicia (incluida la gestión del presupuesto,
recursos humanos, compras y adquisiciones, procedimientos de
contratación).
2. La confección y aplicación de los indicadores relevantes de la gestión
jurisdiccional y administrativa (incluidos los de carácter
socioeconómico, presupuestal, jurisdiccional, de carrera judicial).
3. El control de la finalización de los procesos, tramitados con las debidas
garantías y en un plazo razonable (incluido el análisis cuantitativo y
cualitativo de la gestión judicial, la duración de los procesos, la
calidad de las resoluciones, la ejecución de las sentencias, entre
otros).
14 Aquí se recoge la noción de integridad contenida en las “Recomendaciones en materia de
transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”,
aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires, 2012).
Rendición de cuentas 35
Administración de los fondos
Una adecuada rendición de cuentas en el sistema judicial exige la
información y explicación de la forma en que se produce el gasto de los
fondos públicos que son destinados a su funcionamiento. Ello permite
mejorar las condiciones de transparencia e integridad del sistema,
prevenir fenómenos de corrupción, e instituir elementos que propicien la
eficiencia en el ejercicio de dichos recursos públicos.
Como afirma el punto 20 de las “Recomendaciones en materia de
transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de
Justicia Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, Buenos
Aires, 2012), “la administración de justicia debe llevar un control
permanente sobre la ejecución de su presupuesto, realizando en forma
periódica auditorías, tanto internas como externas, y publicitar los
resultados por los medios disponibles”.
Confección y aplicación de indicadores
Los indicadores son variables o criterios de carácter cuantitativo o
cualitativo que “proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros,
reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar
los resultados de un organismo de desarrollo”15. La creación de
indicadores relevantes para la gestión jurisdiccional y administrativas es
por lo tanto un elemento primordial para cumplir con la obligación de
rendir cuentas a la que están sujetas las instituciones judiciales.
15 OECD, “Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados”,
página 25;
Rendición de cuentas 36
El Plan Iberoamericano de Estadística
Judicial (PLIEJ) de la Cumbre Judicial
Iberoamericana destaca entre los
esfuerzos por generar indicadores
judiciales robustos y fiables.
Experiencia 3:
Plan Iberoamericano de
Estadística Judicial (PLIEJ)
Este proyecto, que se originó en 2006 en el marco de la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana, ha alcanzado un desarrollo importante que ha
redundado en su conformación como actividad de carácter
permanente y en la generación de criterios específicos para la
confección de indicadores. A continuación se ofrece una explicación de
los cinco grupos de indicadores que actualmente contempla el PLIEJ:
A. Indicadores socioeconómicos
El PLIEJ incluye aquellos indicadores que se utilizan como referencia para
la construcción de algunos de los indicadores relacionados con la
administración de justicia;
A.1. Población: población con referencia al primero de enero de cada
año es obtenida de las Oficinas Nacionales de Estadística que la
elaboran, bien mediante proyecciones con base a los recuentos
censales, bien mediante recuento de registros de población.
Indicadores socioeconómicos
Indicadores presupuestales
Indicadores jurisdiccionales
Indicadores de carrera judicial
Indicadores estadísticos
Rendición de cuentas 37
A.2. Producto Interno Bruto (PIB): valor de lo producido en el país a precios
de mercado sin descontar la depreciación. Medido en dólares
americanos al tipo de cambio al 31 de diciembre del año en cuestión.
A.3. PIB per cápita: es el resultado de dividir el PIB por la población del
país. Es indicador que mide la riqueza generada dentro de un país en un
periodo. Medido en dólares americanos al tipo de cambio al 31 de
diciembre del año en cuestión.
B. Indicadores presupuestales
B.1. Presupuesto total: es el que se designa anualmente para cubrir el
gasto público de la Nación, es decir, incluye a los poderes que la
conforman.
B.2. Presupuesto del Poder Judicial: es el que se designó para el gasto
público a todos los órganos que integran el Poder Judicial de cada país.
B.3. Operación Tribunales: cálculo que prevé los salarios de todo el
personal adscrito a cada uno de los órganos jurisdiccionales y los del
personal administrativo adscrito al órgano judicial. También se incluyen
los gastos administrativos que genera cada inmueble que se ocupa a
nivel nacional.
B.4. Inversión y Desarrollo: presupuesto asignado para inversión en activos
fijos para el ejercicio fiscal del año en cuestión.
C. Indicadores jurisdiccionales
C.1. Casos originales terminados por sentencia: son todos los asuntos que
se resuelven en forma definitiva dentro de la instancia respectiva
mediante el dictado de una sentencia.
C.2. Casos originales terminados por otras resoluciones: se refiere a todos
los asuntos que concluyeron mediante una determinación judicial distinta
a una sentencia pronunciada dentro de una instancia, como lo es un
desistimiento o un desechamiento.
Rendición de cuentas 38
C.3. Recursos presentados: son todos los medios de defensa que se
interponen en contra de determinada resolución o sentencia que una
instancia judicial inferior emite.
D. Indicadores de carrera judicial
D.1. Número de jueces y magistrados: total de jueces y magistrados en
activo y adscritos a los órganos jurisdiccionales.
D.2. Personal Operativo: es el total del personal profesional que auxilia a
cada uno de los jueces y magistrados federales tanto en el trámite como
en el proyecto de resolución de todos los asuntos que conforme a su
competencia federal les corresponda a los mencionados juzgadores.
D.3. Personal de Apoyo: es el total de personas que realizan actividades
administrativas y personales del juzgador federal, captura de datos,
capacitación, limpieza, etc., adscritos a los órganos jurisdiccionales
federales.
E. Indicadores estadísticos
E.1. Porcentaje del presupuesto público dedicado a impartición de
justicia: para efectos comparativos, resulta más interesante conocer el
porcentaje del presupuesto dedicado a justicia respecto al presupuesto
total del país.
E.2. Porcentaje que representa el presupuesto en Justicia respecto al PIB:
resulta de dividir el presupuesto total destinado a justicia entre el PIB, y el
resultado multiplicarlo por 100.
E.3. Presupuesto en Justicia por habitante: resulta de dividir el presupuesto
total destinado a justicia entre el número de habitantes.
E.4. Tasa de congestión: indica la capacidad resolutiva de los tribunales
respecto al total de asuntos que deben resolver. Se calcula como el total
de casos ingresados en el período, más los pendientes al inicio del
período, el resultado está dividido por el número de asuntos resueltos
durante el año.
Rendición de cuentas 39
E.5. Tasa de recursabilidad: es un indicador de la inconformidad de los
usuarios en relación con lo resuelto. Resulta de dividir el total de recursos
interpuestos ante tribunales superiores, entre el total de casos resueltos en
primera instancia.
E.6. Tasa de sentencia: resulta de dividir el total de sentencias dictadas
entre el total de asuntos resueltos.
E.7. Tasa de pendencia: se calcula como total de asuntos pendientes
dividido entre el total de asuntos resueltos en el año.
E.8. Tasa de resolución: indica la capacidad del órgano para resolver los
asuntos ingresados en el año. Se calcula como total de asuntos resueltos
sobre total de asuntos ingresados en el período.
E.9. Jueces por cada 100.000 habitantes: resulta de dividir el número de
jueces entre el número de habitantes, y el resultado multiplicarlo por
100.000.
E.10. Personal auxiliar por juez: resulta de dividir el total de personal auxiliar
del ámbito jurisdiccional, entre el número de jueces.
E.11. Casos entrados por 100.000 habitantes: este indicador pone en
relación el conjunto de asuntos ingresados con la población, midiendo
de forma comparable entre países, la conflictividad. Resulta de dividir el
total de casos ingresados entre el número de habitantes, y el resultado
multiplicarlo por 100.000.
E.12. Asuntos entrados por Juez: resulta de dividir el total de asuntos
ingresados entre el total de jueces.
E.13. Coste medio de las causas terminadas: resulta de dividir el
presupuesto total destinado a Justicia entre el total de causas
terminadas.
E.14. Porcentaje del costo administrativo respecto del presupuesto
destinado a la justicia: resulta de dividir el presupuesto total destinado a
la operación entre el presupuesto del poder judicial, y el resultado
multiplicarlo por 100.
Rendición de cuentas 40
E.15. Tasa de variación anual de los asuntos ingresados: resulta de restar
al número de asuntos ingresados en el año entre el número de los
ingresados en el año anterior; el resultado se divide entre los ingresados
en el año anterior y se multiplica por 100. Se calcula por instancia y por
materia.
E.16. Carga de trabajo por Juez: es el resultado de sumar los pendientes
al inicio del año y el total de casos ingresados en el año, se divide entre
el número de jueces.
Otras fuentes destacables
Existen diversas experiencias que, aunque no necesariamente implicaron
esfuerzos originados desde las instituciones judiciales, ofrecen elementos
importantes que contribuyen al escrutinio de la administración de justicia
y por lo tanto generan información que impacta en la rendición de
cuentas.
El Reporte sobre la Justicia en las Américas del
antes mencionado Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA) es un proyecto que ofrece
una visión de los sistemas judiciales de todos los
países de la región, enfocada en particular en la
estructura orgánica de cada uno de ellos, así
como en su funcionamiento, productividad y
proceso de reforma y autoevaluación.
Experiencia 4:
“Reporte sobre la
Justicia en las
Américas” (CEJA)
Rendición de cuentas 41
Experiencia 5:
Consejo de la
Comisión Europea
para la Eficacia de la
Justicia
Informe sobre la
Evolución de los
Sistemas Judiciales
Europeos
Por otra parte, también resulta interesante el
Informe sobre la Evolución de los Sistemas
Judiciales Europeos que periódicamente viene
elaborando el Consejo de Europa a través de la
CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la
Justicia). Aprobada por la Cumbre de Varsovia
(2005), en la actualidad se encuentra en el 5º ciclo
de evaluación (2010-2012). Se trata de un proceso
regular de evaluación de los sistemas judiciales de
los Estados miembros del Consejo de Europa.
Experiencia 6:
Gestión Integral de
Calidad y Acreditación
Judicial (GICA)
(Costa Rica)
Asimismo conviene destacar la experiencia de la
Gestión Integral de Calidad y Acreditación
Judicial (GICA), desarrollada por el Poder Judicial
de Costa Rica. Este sistema es una iniciativa cuyo
objetivo final es el mejoramiento del servicio a la
persona usuaria, basada principalmente en un
enfoque sistémico, el cual permite el
establecimiento de estándares de prácticas de
gestión en los diversos despachos que conforman
la Organización.
Experiencia 7:
Índice de calidad de
la Justicia
Corporación
Administrativa del
Poder Judicial de la
República de Chile
(2012)
Consulta al usuario: rendición de cuentas y participación
ciudadana
El cumplimiento de la obligación de rendir cuentas no culmina con la
puesta a disposición de la ciudadanía de un catálogo de información
Rendición de cuentas 42
previamente establecido. La generación de cauces institucionales para
que las instituciones públicas recojan la información de los usuarios del
sistema judicial es un aspecto igualmente central para la rendición de
cuentas en democracia. Consultar a las personas que entran en contacto
directo con las instituciones de justicia contribuye activamente a
potenciar la participación ciudadana y, así, a fortalecer la administración
de justicia.
Uno de los cauces a través de los cuales se despliega esta tarea de
consulta es la recopilación y procesamiento de las quejas, reclamaciones
y sugerencias de los usuarios de los diferentes servicios que prestan los
tribunales. Este tipo de esfuerzos brindan información valiosa a los
tomadores de decisiones, permitiéndoles detectar problemas con
oportunidad y diseñar respuestas basadas en las aportaciones del propio
ciudadano.
“Recomendaciones en materia de
transparencia, rendición de cuentas e
integridad en los Sistemas de Justicia
Iberoamericanos”
(XVI Cumbre Judicial Iberoamericana,
Buenos Aires, 2012)
Punto 23: “se considera conveniente
instrumentar una herramienta digital o
en soporte físico que permita al usuario
cuestionar la prestación del servicio
judicial, y permita la respuesta
oportuna”.
Carta de Derechos de las Personas ante
la Justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano
Apartado 18:
Todas las personas tienen derecho a
formular reclamaciones, quejas y
sugerencias relativas al incorrecto
funcionamiento de la Administración de
Justicia, así como a recibir respuesta a las
mismas con la mayor celeridad y, en
todo caso, dentro del plazo que
legalmente se establezca.
Se implantarán sistemas para posibilitar
las quejas y sugerencias de las personas
sobre el funcionamiento de los órganos
judiciales. Se implantarán sistemas para
garantizar el ejercicio de este derecho
por vía telemática.
La persona tiene derecho a conocer el
procedimiento mediante el cual será
tratada su sugerencia o queja.
Rendición de cuentas 43
En todas las dependencias de la
Administración de Justicia estarán a
disposición de todas las personas, en
lugar visible y suficientemente indicado,
los formularios necesarios para ejercer
este derecho.
La recepción y respuesta oportuna a las quejas, sugerencias y
reclamaciones se configura como un poderoso instrumento de rendición
de cuentas que posibilita el desarrollo de un “diálogo” permanente entre
la ciudadanía y los tribunales de justicia. La eficacia de este esquema de
comunicación está fundada en la fortaleza y armonía de dos elementos:
facilidad en la presentación y oportunidad en la respuesta al usuario.
Facilidad en la presentación se refiere a la simplicidad en los
esquemas para que usuario presente quejas, reclamaciones o
sugerencias. Ello requiere que estos sean sencillos y diversos,
permitiendo una interacción física o virtual a través de
herramientas de carácter electrónico vía internet.
Oportunidad en la respuesta al usuario se vincula con el plazo en
que la institución reacciona a las demandas de atención por parte
del usuario. Una respuesta oportuna requiere de procedimientos
permanentes de seguimiento a las peticiones ciudadanas.
Experiencia 8:
Sistema de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial de
España
Servicios que ofrecen las Oficinas de Atención al Ciudadano (España)
INFORMACIÓN GENERAL sobre:
Identificación, ubicación y funciones
de cualquier órgano de la
Administración de Justicia o de los
organismos relacionados.
Requisitos para iniciar o intervenir en
un proceso y características
Recepción y tramitación de las
reclamaciones y sugerencias sobre:
El funcionamiento de juzgados y
tribunales en aquellos aspectos
en que incumplan los
compromisos de la Carta de
Derechos de los Ciudadanos ante
la Justicia.
Rendición de cuentas 44
genéricas de los distintos tipos de
procedimientos existentes.
Normas generales de reparto de
asuntos.
INFORMACIÓN PARTICULAR sobre:
Estado y fase de los procedimientos
en tramitación e identificación de las
autoridades y personal que
intervengan en esa tramitación. Esta
información sólo se facilitará a
personas interesadas o a sus
representantes legales, con las
limitaciones establecidas por las
normas.
Si usted precisa asesoramiento
jurídico sobre un asunto particular
debe acudir a un abogado de su
elección o, en su caso, al Servicio de
Orientación Jurídica de su
residencia, dependientes de los
respectivos Colegios de Abogados.
Lugares dónde obtener el servicio:
En las oficinas de atención al
ciudadano que se están
implantando en las sedes
judiciales y en la Unidad de
Atención al Ciudadano del
Consejo General del Poder
Judicial.
Cuando todavía no exista una de
estas oficinas en el lugar en que
Ud. reside, puede solicitar esta
atención en las sedes judiciales.
A través de los buzones instalados
por el Consejo General del Poder
Judicial para formular quejas y
sugerencias por el
funcionamiento de Juzgados y
Tribunales y obtener folletos
informativos
Experiencia 9:
Sistema de quejas y denuncias del Poder Judicial (Paraguay)
Institución Corte Suprema de Justicia de Paraguay (en colaboración con
Programa Umbral y USAID)
Teléfono y fax (021)439-4000 (Central Telefónica)
(021)482-333 (Fax)
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet http://www.pj.gov.py/
Descripción
sintética de la
experiencia
El sistema de quejas y denuncias del Poder Judicial fue creado
con la intención de contribuir a la política de transparencia y
participación ciudadana de la Corte Suprema de Justicia, bajo
la premisa de que el involucramiento de la sociedad es esencial
para reducir la corrupción e impunidad. Este sistema que
comenzó a operar en febrero de 2008 está abocado
particularmente a “recibir, registrar, analizar las quejas y
Rendición de cuentas 45
denuncias presentadas contra magistrados, funcionarios,
auxiliares de justicia, o el servicio público de justicia”.
La denuncia se realiza mediante un formulario disponible en
internet que también puede ser hecho llegar a la oficina
por esta vía.
Efectos de la
experiencia
La experiencia ha sido efectiva en cuanto a constituir un canal
de participación ciudadana que además sirve a los
encargados de la administración judicial para procesar
conductas inapropiadas de funcionarios judiciales. En 2011 se
recibieron 1866 denuncias y 32 quejas, la mayor parte de ellas
concentradas en los órganos de la capital de ese país, y
turnadas a la Dirección General de Auditoría de Gestión
Judicial. Las denuncias presentadas en 2011 dieron lugar a la
suspensión preventiva de 15 funcionarios y definitiva de otros
21; al apercibimiento de 45 más y a la destitución de 5
personas.
Participación
de la sociedad
civil
La sociedad civil es el componente esencial de esta
experiencia justo por dirigida a fomentar su participación,
siendo ésta además ésta la fuente de la “materia prima” para
el despliegue de la actividad de los funcionarios judiciales.
Materiales sobre rendición de cuentas
Estándares e instrumentos internacionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio
Judicial Iberoamericano, Cumbre Judicial Iberoamericana
Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”,
aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires,
2012)
Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica en el Ámbito
Iberoamericano, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana (Brasilia, 2008)
“Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales)”,
proclamada el 17 de noviembre de 2010 por el Consejo Consultivo de
Jueces de Europa del Consejo de Europa (con motivo de la
conmemoración del X Aniversario del CCJE)
Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, Cumbre Judicial
Iberoamericana
Rendición de cuentas 46
“Reporte sobre la Justicia en las Américas” elaborado por el Centro
de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
Informe sobre la Evolución de los Sistemas Judiciales Europeos que
periódicamente viene elaborando el Consejo de Europa a través de
la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia)
Informe nº 13 (2010) del Consejo Consultivo de Jueces de Europa
(Consejo De Europa) sobre el papel de los jueces en la ejecución de
las resoluciones judiciales
Materiales del Programa
Presentación “Transparencia y rendición de cuentas en el Poder
Judicial en México”, por Eduardo BOHÓRQUEZ, Transparencia
Mexicana, en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad
y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América
Latina.
Presentación “Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile”
en el Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la
Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina.
Lecturas
Alberto M. BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el
sistema judicial”
Joaquín DELGADO MARTÍN, “Documento de sustentación de las
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad”
Tom GINSBURG y Nuno GAROUPA, “Guarding the Guardians: Judicial
Councils and Judicial Independence”. American Journal of
Comparative Law 57, noviembre 2008.
Andreas SCHEDLER, “¿Qué es rendición de cuentas?”, editado por el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), México,
2008.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide
on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, 2011
Rolando VEGA y Roy ZÚÑIGA, "Sistema de gestión integral para la
justicia: calidad al servicio del ciudadano"
Multimedia
Vídeo Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial-GICA
(Costa Rica)
Transparencia 47
La necesidad de ser transparente
La transparencia es una necesidad para las autoridades públicas ya que
a través de ella se concreta el acceso ciudadano a información
relevante, confiable y de calidad sobre su funcionamiento. La
transparencia propicia la generación de una opinión informada sobre los
asuntos públicos, contribuye al control y evaluación objetiva del ejercicio
de los poderes públicos.
La transparencia, además de una
necesidad, es un principio que debe
inspirar la actuación de las
instituciones judiciales por su
condición de autoridades del
estado. Así lo reconoce por ejemplo
el artículo 4º la Carta Democrática
Interamericana de la Organización
de Estados Americanos, “son
componentes fundamentales del
ejercicio de la democracia: la
transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad y la
responsabilidad de los gobiernos en
la gestión pública”.
Libro Blanco sobre la Gobernanza
Europea (2001)
La Comisión Europea declara que
la transparencia es necesaria para
crear una democracia
participativa y garantizar la
legitimidad y la responsabilización
de la administración pública.
Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción
“Habida cuenta de la necesidad
de combatir la corrupción, cada
Estado Parte, de conformidad con
los principios fundamentales de su
derecho interno, adoptará las
medidas que sean necesarias
para aumentar la transparencia
en su administración pública,
incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y
procesos de adopción de
decisiones, cuando proceda”.
(primer inciso del artículo 10)
Transparencia 48
La transparencia en el sistema de justicia
La transparencia ha adquirido en los últimos lustros una importancia
creciente en la agenda de reforma a la administración de justicia.
Diferentes programas de modernización se han implementado en fechas
recientes con el propósito de mejorar la gestión administrativa de los
poderes judiciales y de hacer la justicia más accesible al ciudadano.
Estos programas, junto con el desarrollo de mayor escrutinio ciudadano,
han añadido a la visión tradicional de la justicia como una actividad
puramente técnica, otra que la entiende también como uno de los
servicios esenciales del estado.
La perspectiva más compleja hacia la justicia ha generado una mayor
demanda ciudadana de servicios de calidad, pero también de
información respecto de asuntos que puedan no afectarle directamente.
En la actualidad, por lo tanto, la legitimidad de la justicia está vinculada
a la confianza que le generen al ciudadano tanto la provisión de servicios
de calidad y oportunos, como el ejercicio transparente de las funciones
administrativas y jurisdiccionales propias de los poderes judiciales
democráticos.
Instrumentos internacionales
La transparencia es, como se dijo, una necesidad de las instituciones
públicas, pero también un principio que ha sido recogido en los
principales instrumentos internacionales en materia de justicia. Prueba de
ello son las referencias que al respecto se hacen en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Transparencia 49
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y en los Principios de Bangalore
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos(1966)
“Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier
acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil. La
prensa y el público podrán ser
excluidos de la totalidad o parte de los
juicios por consideraciones de moral,
orden público o seguridad nacional en
una sociedad democrática, o cuando
lo exija el interés de la vida privada de
las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del
tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad
pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el
interés de menores de edad exija lo
contrario, o en las acusaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores” (artículo 14.1)
Convención Americana sobre
Derechos Humanos(1969)
El proceso penal debe ser público,
salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia.
(artículo 8.5)
Convenio Europeo de Derechos
Humanos(1950)
“Toda persona tiene derecho a que su
causa sea oída equitativa,
públicamente y dentro de un plazo
razonable, por un Tribunal
independiente e imparcial, establecido
por ley, que decidirá los litigios sobre sus
derechos y obligaciones de carácter
civil o sobre el fundamento de
cualquier acusación en materia penal
dirigida contra ella. La sentencia debe
ser pronunciada públicamente, pero el
acceso a la sala de audiencia puede
ser prohibido a la prensa y al público
durante la totalidad o parte del
proceso en interés de la moralidad, del
orden público o de la seguridad
nacional en una sociedad
democrática, cuando los intereses de
los menores o la protección de la vida
privada de las partes en el proceso así
lo exijan o en la medida en que sea
considerado estrictamente necesario
por el tribunal, cuando en
circunstancias especiales la publicidad
Transparencia 50
sobre la Conducta Judicial.
pudiera ser perjudicial para los intereses
de la justicia”.
Declaración Universal de Derechos
Humanos
“Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser
oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos
y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en
materia penal” (artículo 10)
Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
Cada Estado Parte adoptará las
medidas para, entre otras cosas,
“aumentar la transparencia y promover
la contribución de la ciudadanía a los
procesos de tomas de decisiones”
(artículo 13.1-a)
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002)
“El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del
público en la integridad de la judicatura. No sólo debe impartirse justicia;
también ha de verse cómo se imparte”
Transparencia 51
Elementos del principio de transparencia judicial
La información por sí misma no genera transparencia. El papel de la
información es el de formar parte de una política pública para atender
el principio de transparencia. Las instituciones públicas deben, en
consecuencia, adoptar una posición proactiva y generar estrategias de
generación de información, pero también de divulgación y
comunicación que aseguren que la información cumpla con su función.
La comunicación, como sugieren CORREA y ESPINOSA-SALDAÑA, “no se
agota en la transmisión de información, sino más bien tiene como
objetivo central la generación de espacios de relación e interlocución
entre los ciudadanos y las ciudadanas”16. Por ello, la transparencia en el
sistema de justicia debe contemplar dos estrategias complementarias:
una de comunicación y otra de acceso a la información.
A. UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
(actuaciones destinadas a facilitar la
accesibilidad y la comprensibilidad de
la información sobre el sistema de
justicia)
B. ACCESO A LA INFORMACIÓN
(derecho de los ciudadanos a obtener
información sobre la organización y
funcionamiento del sistema de justicia)
A.1. Relación con el usuario de la
justicia
A.2. Relación con el conjunto de la
sociedad
B.1. Aspecto pasivo: derecho de toda
persona interesada a solicitar, acceder
y recibir la información requerida.
B.2. Aspecto activo: carga que se
impone a los órganos del sistema de
16 “Principios de comunicación para un sistema de justicia basado en la cohesión social”, de Mirtha
CORREA ÁLAMO y Eloy ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, página 5.
Transparencia 52
justicia para mantener a disposición
permanente del público, a través de
sus sitios electrónicos y otros medios, la
información relevante sobre su
actividad, en forma completa,
actualizada y con fácil acceso, sin
mediar requerimiento alguno.
Una política de comunicación para la transparencia judicial
Mejorar la transparencia requiere del diseño e instrumentación de una
política pública que establezca medidas específicas para la información
y la comunicación. En el caso de la instituciones de justicia los retos
comunicacionales adquieren un relevancia mayor por la complejidad
de su actuar, la especialización de su lenguaje y porque se vincula al
ámbito propiamente jurisdiccional, pero también al administrativo.
“Principios, Reglas y Buenas Prácticas
sobre las Relaciones entre los Poderes
Judiciales y los Medios de
Comunicación”
Cumbre Judicial Iberoamericana
(Montevideo 2010)
Principio 4: “reconociendo la
importancia de la comunicación
social se entiende imprescindible
diseñar e implementar políticas de
comunicación proactivas, que
tiendan a explicar claramente el
contenido de la función jurisdiccional,
Experiencia 10:
Transparencia 53
su carácter de garantía de los
derechos, sus procedimientos y
conceptos, así como toda información
útil, necesaria y relevante sobre la
actividad judicial”
Sitio Web sobre Transparencia de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (México)
La generación de una política de comunicación adecuada, susceptible
de impactar positivamente en la relación con la ciudadanía, se
caracteriza por incluir diferentes áreas de actuación, por comprender
estrategias particulares y por emplear diferentes instrumentos
institucionales en su ejecución.
Áreas. La política de comunicación judicial
debe tener una perspectiva que considere
diferentes áreas; no basta con focalizar las
actuaciones con los medios de
comunicación. Desde esta perspectiva, una
política de comunicación debe considerar
cuando menos las siguientes áreas: Relación
con los medios de comunicación
Atención al ciudadano
Educación y cultura sobre la justicia
Comunicación interna
Imagen institucional
Consejo Consultivo de Jueces Europeos
(CCJE)
El papel de los medios de comunicación
es primordial a la hora de ofrecer a los
ciudadanos información sobre la
función y las actividades de los tribunales
(ver sección C más abajo); sin embargo,
paralelamente a lo que se comunica a
través de los medios de comunicación,
los debates del CCJE han puesto de
ÁREAS ESTRATEGIA INSTRUMENTOS
Transparencia 54
Participación ciudadana
Asimismo, es oportuno que las instituciones
judiciales generen tanto acciones
específicas a nivel interno, destinadas a
estimular la participación de sus funcionarios
y a fomentar una cultura de transparencia,
como acciones específicas de carácter
externo, orientadas a atender a diferentes
públicos.
manifiesto la importancia de establecer
relaciones directas entre los tribunales y
el conjunto de la sociedad. La inserción
de la Justicia en la sociedad implica que
la institución judicial se abra hacia el
exterior y aprenda a darse a conocer.
No se trata de promover una justicia
espectáculo, sino de contribuir a la
transparencia de la justicia. Aunque
dicha transparencia no pueda ser total,
con el fin de garantizar la eficacia de las
investigaciones y los intereses de las
personas imputadas, la comprensión de
los mecanismos judiciales tiene un factor
pedagógico indiscutible y debería
permitir la afirmación de la confianza del
público en el funcionamiento de los
tribunales.
(Informe nº 7(2005) sobre Justicia y
Sociedad del Consejo Consultivo de
Jueces de Europa)
Estrategia. Las diferentes áreas de atención de una política de
comunicación deben ser abordadas de forma integral. En tal sentido,
como se afirma en los Principios, Reglas y Buenas Prácticas sobre las
Relaciones entre los Poderes Judiciales y los Medios de Comunicación
(Cumbre Judicial Iberoamericana 2010) “el derecho a la información
impone a todos los poderes públicos la necesidad de mantener canales
permanentes de comunicación con la sociedad. A fin de fortalecer la
confianza y el sentido de pertenencia de la ciudadanía, los planes
institucionales deberán incorporar políticas de comunicación que
Transparencia 55
integren la atención al ciudadano, y el trabajo con los medios de
comunicación”.
Instrumentos. Como complemento a los aspectos anteriores, una política
de comunicación debe seleccionar los instrumentos que resulten más
adecuados para cada una de las acciones. De esta forma, resulta
importante contar con unidades de apoyo que mantengan relaciones
permanentes con los medios de comunicación y también con estructuras
encargadas de atender al ciudadano, todo ello bajo mecanismos
estrictos de coordinación e integración.
Transparencia 56
Experiencia 11:
Estado de Georgia: Proyecto de asistencia del Banco Mundial
Breve
descripción
Como parte integral del Programa de Apoyo al Sector Justicia
(con la asistencia del Banco Mundial) se diseña una amplia
iniciativa de comunicación y educación cívica
Documento
Presentación de José Manuel BASSAT, Relaciones Externas-
Banco Mundial, en el Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales
de América Latina
Justicia y medios de comunicación
El derecho a la información impone a todos los poderes públicos la
necesidad de mantener canales permanentes de comunicación con la
sociedad. Debido a ello, el papel de los medios de comunicación social
es particularmente trascendente en la medida en que brindan una
colaboración decisiva en la formación de la opinión pública.
La información precisa y oportuna sobre la función y el papel de la justicia
contribuye eficazmente a una mejor comprensión del funcionamiento de
los tribunales, instituciones en cuyas atribuciones recae buena parte de
las tareas indispensables de los sistemas constitucionales democráticos.
Transparencia 57
Experiencia 12:
Oficina de Comunicación Interinstitucional del Ministerio Público Fiscal de
Esquel (Argentina)
Proyecto destinado a desarrollar la imagen institucional del Ministerio Público
realzando sus atributos positivos y desplegando el potencial de comunicacional
intrínseco de la organización. Se organiza en torno a tres grandes áreas:
comunicación interna; comunicación interinstitucional; y comunicación externa
(medios de prensa; y comunidad)
Características singulares del sistema judicial
El sistema judicial presenta una serie de características singulares que lo
diferencian de otros sectores de la función pública. Primeramente, la
administración de justicia es un servicio al que no acuden todos los
ciudadanos. De hecho, un sector importante de la población de un país
no tiene durante su vida algún contacto directo con los tribunales. El
papel de los medios de comunicación resulta entonces aún más
relevante pues permite a los ciudadanos informarse sobre la función y
actividades de los tribunales.
Segundo, la actividad de los jueces se despliega en buena medida
mediante resoluciones que poseen un lenguaje técnico que es de difícil
comprensión para los ciudadanos ordinarios. El rol de los medios de
comunicación resulta también central pues contribuye a explicar el
contenido de las resoluciones y a realizar una labor pedagógica de alto
impacto social.
En tercer lugar, las instituciones judiciales están obligadas a cumplir con
el principio de publicidad que forma parte de las garantías de debido
proceso. El artículo 56 del Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial indica por ejemplo que “la transparencia de las actuaciones del
Transparencia 58
juez es una garantía de la justicia de sus decisiones”. Como la posibilidad
de acudir a los juicios y audiencias públicas se encuentra constreñida,
entre otras limitantes, por factores de espacio, el trabajo de los medios
de comunicación potencia el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Así, considerando las especificidades de la administración de justicia, es
oportuno que la relación de las instituciones judiciales con los medios de
comunicación se concentre en cumplir tres objetivos básicos17:
facilitar la comprensión mutua entre medios y
tribunales;
informar a los ciudadanos sobre la naturaleza,
complejidad y límites de la actividad judicial,
ampliar los límites y la complejidad de la actividad
judicial;
rectificar los errores factuales que se puedan
cometer en la difusión de noticias relacionadas
con los asuntos judiciales.
Experiencia 13:
Microsite de Iber
Comunicadores
De entre las diversas buenas prácticas que se han desarrollado en años
recientes en materia de medios de comunicación, destaca el catálogo
de Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los
Medios de Comunicación, aprobado por la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana, efectuada en 2010 en Montevideo. Entre otras
17Informe nº 7(2005) del Consejo Consultivo de Jueces de Europa sobre Justicia y Sociedad
Transparencia 59
recomendaciones, se plantean las siguientes acciones como buenas
prácticas:
1. Recopilar y seleccionar las resoluciones judiciales consideradas de
interés y facilitar su acceso a los medios de comunicación, incluyendo
su publicación vía internet.
2. Establecer una base de datos que permita acceder a las resoluciones
judiciales o administrativas con los mecanismos necesarios para la
debida protección de los datos personales.
3. Facilitar a los medios de comunicación la posibilidad de conocer la
convocatoria de los actos judiciales de acceso público.
4. Establecer protocolos para la asistencia de los periodistas a las
distintas actividades judiciales.
5. Comunicar las actividades judiciales que se consideren relevantes.
6. Organizar cursos de capacitación dirigidos a jueces y comunicadores
judiciales, a fin de brindarles herramientas que les permitan
relacionarse en forma adecuada con los medios de comunicación.
7. Organizar cursos de capacitación dirigidos a periodistas con el fin de
transmitirles conceptos jurídicos relevantes y mantenerlos actualizados.
8. Promover espacios de encuentro con periodistas que permitan
intercambiar opiniones, experiencias, generar mayor conocimiento de
las actividades recíprocas y fomentar relaciones de confianza y
respeto entre ambos.
9. Elaborar un procedimiento claro para que los medios de
comunicación formulen solicitudes de información que deben ser
respondidos en un plazo razonable.
Transparencia 60
10. Establecer vocerías, gabinetes o medios de comunicación en cada
país, para desarrollar las políticas de información de los sistemas
judiciales dirigidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. A
tal efecto, estas entidades deberán contar con recursos humanos
capacitados y con recursos presupuestales, que garanticen la
estabilidad de las políticas de comunicación a mediano y largo plazo.
11. El personal adscrito a esta función debe contar con conocimientos
especializados, incluyendo planificación estratégica y uso de
tecnologías de la información y comunicación. En especial deberá
integrar no sólo abogados sino también periodistas, sociólogos,
estadísticos, informáticos, relacionistas públicos y otros especialistas en
manejo de información y comunicación social
Educación y cultura sobre la justicia
Buena parte del éxito de las políticas de transparencia está sustentado
en el conocimiento ciudadano de sus derechos, tanto de aquellos
vinculados con la tutela judicial como los que se relacionan al acceso a
la información pública. La educación y cultura son entonces esenciales
para la transparencia precisamente porque reflejan el grado de
comprensión que existe sobre el derecho y sus garantías.
Educación y cultura son, en última instancia, determinantes para la
justicia pues definen la percepción y el uso que hace el ciudadano de
las instituciones que la conforman. Las políticas de transparencia tienen
un potencial efecto pedagógico que puede afectar la relación del
ciudadano con la justicia. Transparentar el funcionamiento de la
Transparencia 61
administración de justicia es también formar al ciudadano en materia de
derechos.
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en
condición de vulnerabilidad
(Sección dedicada a la cultura jurídica)
Regla (26): “Se promoverán actuaciones destinadas a
proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los
procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a
la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”;
Regla (27): “Se incentivará la participación de funcionarios y
operadores del sistema de justicia en la labor de diseño,
divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en
especial de aquellas personas que colaboran con la
administración de justicia en zonas rurales y en áreas
desfavorecidas de las grandes ciudades”.
La experiencia del Programa “El Juez de Paz Educativo” desarrollado en
la Región de Murcia (España) es un buen ejemplo de la importancia de
la formación en derechos. El objetivo de este programa es lograr que los
alumnos de educación secundaria, media y superior, resuelvan de
manera pacífica los conflictos, asignándole la función de mediadores
voluntarios a algunos de ellos. La innovación y resultados de este
programa lo hicieron merecedor del Premio a la Calidad de la Justicia
2011 del Consejo General del Poder Judicial español, en su modalidad
de “Justicia más transparente”.
Experiencia 14:
Programa sobre “El Juez de
Paz Educativo” desarrollado
en la Región de Murcia
(España)
Experiencia 15:
Campaña para sensibilizar
al personal judicial acerca
de los derechos que asisten
a los menores de edad
sujetos a un proceso penal,
realizada por el Poder
Judicial de Costa Rica
Experiencia 16:
Transparencia 62
Véase un Vídeo sobre la
experiencia pinchando aquí
Vídeo: Entrevista a la
Magistrada de la Corte
Suprema Doris Arias
Madrigal, coordinadora de
la Subcomisión Penal Juvenil.
Programa “Educando en
Justicia”
(Consejo General del Poder
Judicial de España)
Experiencia 17:
Gobierno Abierto (Argentina)
Institución Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina
Teléfono y fax (54 11) 4370-4727
Dirección de
Internet http://www.csjn.gov.ar/
Descripción
sintética de la
experiencia
“Se trata de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación enmarcada en una política de Estado que
apunta a alentar la participación ciudadana en la
administración de justicia a través de Internet, promueve la
transparencia de los actos de gobierno e intensifica el
trabajo que viene llevando adelante la Corte en materia de
difusión y acceso a la información.
A través de este sitio web, la Corte pone a disposición de los
ciudadanos las herramientas digitales adecuadas
(incluyendo las redes sociales como Facebook y Twitter)
para que éstos puedan hacer llegar consultas, sugerencias
y opiniones a las diferentes áreas involucradas en la
prestación del servicio de justicia.” Institución o instituciones
que recibirán la experiencia
Efectos de la
experiencia
Gobierno Abierto fue puesto a disposición de la ciudadanía
argentina en enero de 2012 por lo cual existen nulos
elementos para conocer con precisión sus efectos. No
obstante, el hecho de que este proyecto haya sido creado
ex profeso para fomentar la transparencia y rendición de
cuentas hace que sea interesante incluirlo como una
práctica que tiene potencial de generar efectos positivos.
Participación de la
sociedad civil
La sociedad civil participa como usuaria de la información,
pero también interactuando con la Corte Suprema a través
de los diferentes instrumentos que incluye el portal
“Gobierno Abierto”.
Transparencia 63
Multimedia Vídeo sobre esta experiencia
Comprensión de las actuaciones judiciales
La inteligibilidad de las resoluciones y procedimientos judiciales es una
cuestión relacionada con la educación y la cultura y, por lo tanto, afecta
la vigencia del principio de transparencia. Los poderes judiciales deben
promover medidas que hagan comprensible su actuar y reduzcan las
dificultades que existen en materia de comunicación. De otra manera,
la centralidad de su función no será comprendida en toda su dimensión.
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano”
(Aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002)
Una Justicia comprensible
6.- Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos
intimidatorios innecesarios.
7.- Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se
utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte
comprensible para todos los que no sean especialistas en derecho.
Los Jueces y Magistrados que dirijan actos procesales velarán por la
salvaguardia de este derecho.
En consonancia con estas acciones deben existir acciones específicas
para atender las dificultades que pueden enfrentar en materia de
comunicación las personas en condición de vulnerabilidad. Entre las
diferentes experiencias que existen en este respecto, destacan los
planteamientos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de
Personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la
Cumbre Judicial Iberoamericana. Estas reglas establecen tres categorías
de disposiciones:
Transparencia 64
Notificaciones y requerimientos
o Regla (59): En las notificaciones y requerimientos, se usarán
términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles,
que respondan a las necesidades particulares de las personas
en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas.
Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin
perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de
expresiones conminatorias.
Contenido de las resoluciones judiciales
o Regla (60): En las resoluciones judiciales se emplearán términos
y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor
técnico.
Comprensión de actuaciones orales
o Regla (61): Se fomentarán los mecanismos necesarios para que
la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los
juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales
orales en las que participe, teniéndose presente el contenido
del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo
Lugar de la comparecencia
o Regla (66): Resulta conveniente que la comparecencia tenga
lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo.
o Regla (67): Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional,
se procurará evitar en lo posible la coincidencia en
dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del
delito; así como la confrontación de ambos durante la
celebración de actos judiciales, procurando la protección
visual de la víctima.
Tiempo de la comparecencia
o Regla (68): Se procurará que la persona vulnerable espere el
menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los
actos judiciales deben celebrarse puntualmente. Cuando esté
justificado por las razones concurrentes, podrá otorgarse
preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el
que participe la persona en condición de vulnerabilidad.
o Regla (69): Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias,
de tal manera que solamente deberán comparecer cuando
resulte estrictamente necesario conforme a la normativa
jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo
Transparencia 65
día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba
participar la misma persona.
o Regla (70): Se recomienda analizar la posibilidad de pre
constituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba,
cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable.
o Regla (71): En determinadas ocasiones podrá procederse a la
grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda
evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias
judiciales.
Forma de la comparecencia
o Regla (72): Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las
condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales
como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la
capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las
condiciones socioculturales. Se debe procurar formular
preguntas claras, con una estructura sencilla
o Regla (73): Quienes participen en el acto de comparecencia
deben evitar emitir juicioso o críticas sobre el comportamiento
de la persona, especialmente en los casos de víctimas del
delito.
o Regla (74): Cuando sea necesario se protegerá a la persona en
condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar
declaración en audiencia pública, podrá plantearse la
posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a
cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo,
incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de
la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país.
A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de
videoconferencia o del circuito cerrado de televisión.
Transparencia y participación ciudadana
La participación ciudadana es, como se ha dicho antes, un aspecto
fundamental para la vigencia plena de los principios de integridad,
rendición de cuentas y transparencia. La relación de participación
ciudadana con la transparencia resulta especialmente decisiva por el
impacto mutuo que supone una sociedad activa y una autoridad
pública más abierta al escrutinio público.
Transparencia 66
En los años recientes se ha puesto un interés mayor en generar una
relación armónica entre participación ciudadana y transparencia. Ello
ha sido visible en experiencias como la del Libro Blanco de la
Gobernanza Europea18, donde se hace hincapié en la apertura como un
elemento necesario de la gobernanza, y en la participación como
catalizador de la confianza ciudadana.
Recordando que, como se dijo, la información no es sinónimo de
transparencia sino un componente de ella, es oportuno considerar que
la participación ciudadana puede darse por diferentes conductos y
adquirir diversas formas. Por ejemplo, puede canalizarse a través del
suministro de información o inclusive de actividades encaminadas a
generar un control ciudadano del actuar de las autoridades.
Experiencia 18:
Amicus curiae (Argentina)
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
Corte Suprema de Argentina
18 “La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”, aprobado por la Comisión Europea el día 25 de julio de
2001, páginas 10 y 11.
Justicia orientada al
ciudadano Transparencia Participación
Transparencia 67
Teléfono y fax (54 11) 4370-4727
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet http://www.csjn.gov.ar/
Descripción
sintética de la
experiencia
A través de la Acordada 28/2004, la Corte Suprema de Justicia
declaró que “considera apropiado que, en las causas en trámite
ante sus estrados y en que se ven en asuntos de trascendencia
institucional o que resulten de interés público, se autorice a
tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos
a las partes, que cuenten con una reconocida competencia
sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés
inequívoco en la resolución final del caso”.
Desde 2006 la Corte ha hecho público a través de internet los
casos en los que puede usarse la figura de Amicus. Asimismo, en
marzo de 2012 el presidente del tribunal convocó a
organizaciones no gubernamentales a una reunión para discutir
formas de regular esta figura con mejor precisión.
Efectos de la
experiencia
De acuerdo con lo que la Corte Suprema publica en su página
de Internet, el amicus se ha empleado en por lo menos cuatro
casos de considerable transcendencia.
Participación
de la sociedad
civil
La importancia del amicus radica en que establece un canal
formal para que la sociedad civil opine en casos de gran
trascendencia. La figura de amicus entonces potencia la ‘voz’
de la sociedad civil en ciertos casos. El desafío, sin embargo, es
desarrollar disposiciones que regulen con mayor precisión el
ejercicio de esta figura.
Experiencia 19:
Tod@s somos justicia (Ecuador)
Institución/es
que realiza/n la
experiencia
Consejo de la Judicatura de Ecuador
País/es Ecuador
Teléfono y fax 593 2 3953600
Dirección de
correo
electrónico
Transparencia 68
Dirección de
Internet http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/inicio
Descripción
sintética de la
experiencia
Tod@s Somos Justicia consiste en una plataforma electrónica
disponible a través de internet por medio de la cual el Consejo
de la Judicatura Federal solicita, recaba, difunde y sistematiza
propuestas ciudadanas para mejorar el desempeño de los
órganos jurisdiccionales del poder judicial. Este proyecto hace
uso de las redes sociales (Facebook y Twitter) como canal de
comunicación con la ciudadanía. La plataforma permite
conocer las propuestas enviadas y hacer comentarios respecto
de la misma de modo tal que se generen debates alrededor de
cada una.
Efectos de la
experiencia
El periodo para enviar propuestas terminó el 30 de junio de 2012.
Hasta el 24 de ese mes habían sido enviadas 233 “ideas” y
remitidos 898 argumentos respecto de éstas. Estas cifras
muestran que el impacto del proyecto ha sido marginal. No
obstante, constituye un buen ejemplo de la forma en que
pueden emplearse las herramientas 2.0 en la promoción de la
participación ciudadana.
Participación
de la sociedad
civil
La sociedad civil participa de manera individual y organizada
enviando sus iniciativas para transformar a la justicia.
Independientemente del grado de factibilidad y conveniencia
de cada una de ellas, la auto-selección que implica la
participación ciudadana en este proyecto hace que las
conclusiones sean también un indicador de las preocupaciones
centrales de la ciudadanía más interesada en la actividad
jurisdiccional.
Materiales sobre transparencia judicial
Estándares e instrumentos internacionales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1966)
Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969)
Convenio Europeo de Derechos Humanos(1950)
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002)
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición
de vulnerabilidad, aprobadas en 2008 por la Cumbre Judicial
Iberoamericana y otras instituciones del sistema judicial de
Iberoamérica.
Transparencia 69
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial
Iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre Judicial
Iberoamericana, Cancún 2002.
“Decálogo de la Red de Comunicadores” de Iberoamérica.
Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes Judiciales y los
Medios de Comunicación, que fue aprobado por la XV Cumbre
Judicial Iberoamericana (Montevideo 2010).
Informe nº 7(2005) sobre Justicia y Sociedad del Consejo Consultivo de
Jueces de Europa (Consejo de Europa)
“Resolución de Bucarest sobre la transparencia y el acceso a la
justicia” (mayo 2009) de la Red Europea de Consejos de Justicia.
“Resolución de Budapest sobre gobierno autónomo del poder judicial:
equilibrio entre independencia y rendición de cuentas” (mayo 2008)
de la Red Europea de Consejos de Justicia.
Informe sobre “Measurement of National and Transnational Public
Confidence. Report 2010-2011”, presentado por el Equipo del
Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos de
Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011.
Informe sobre “Timeliness. Report 2010-2011”, presentado por el Equipo
del Proyecto a la Asamblea General de la Red Europea de Consejos
de Justicia celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011.
Informe sobre “Judiciary and the Media. Report 2005-2006” de la Red
Europea de Consejos de Justicia.
Lecturas
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Acceso a la información
y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en
América Latina”, apoyado por el programa de Información,
Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial (WBI)
Javiera BLANCO y Gonzalo VARGAS, “La contribución de la sociedad
civil a la reforma de la justicia en Chile: la experiencia de la Fundación
Paz Ciudadana”, dentro de la obra “Sociedad civil y reforma judicial
en América Latina”, editado por la Fundación para el Debido Proceso
Legal (DPLF) y por el National Center for State Courts, Washington,
octubre 2005;
Mirtha CORREA ÁLAMO y Eloy ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA,
“Principios de comunicación para un sistema de justicia basado en la
cohesión social”.
Transparencia 70
Joaquín DELGADO MARTÍN, “¿Cómo reformar el sistema de justicia?
El principio de colaboración”, Programa Eurosocial, 2006.
Joaquín DELGADO MARTÍN, “Documento de sustentación de las
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad”
DPLF, “Sociedad civil y reforma judicial en América Latina”, editado
por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y por el National
Center for State Courts, Washington octubre 2005.
DPLF, “Iniciativas de la sociedad civil para la transparencia en el
Sector Judicial”, 2003.
Roberto G. MACLEAN U., “Reformar la justicia: ¿de qué se trata?”,
dentro de la obra “En busca de una justicia distinta. Experiencias de
reforma en América Latina”, editado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 2004.
MENDES, Gilmar. 2008. “New Challenges of Constitutional Adjudication
in Brazil (Brazil Institute Special Report)”. Washington, D.C.: Woodrow
Wilson International Center for Scholars.
Javier PARRA GARCÍA, “El Acceso a la Justicia en las políticas de
información y atención al ciudadano: la Carta de Derechos de las
Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano”,
Programa Eurosocial, 2006.
Santos PASTOR y Jesús ROBLEDO, “Experiencias y buenas prácticas
en gestión de calidad, información y transparencia y atención al
ciudadano en la Administración de Justicia”, Programa Eurosocial,
2006.
Margaret POPKIN, “La difusión de las sentencias en Estados Unidos”.
Seminario Transparencia Judicial Federal, organizado por el Consejo
de la Judicatura Federal de México (27 y 28 de octubre de 2011).
Leonardo SCHVARSTEIN, “Repensar la reforma judicial en América
Latina”, trabajo encargado por el BID para ser presentado en el Foro
Nacional Estrategias para el mejoramiento de la administración de
justicia en Honduras, noviembre 1994.
Abraham SILES VALLEJOS, “Manual para el fortalecimiento de la
independencia y la transparencia del Poder Judicial en América
Central”, Fundación para el Debido Proceso, 2011.
Documento de sustentación del Proyecto de creación de una Red de
Comunicadores de los Poderes Judiciales y de un Canal
Iberoamericano de Justicia, Instructivo de la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana, Montevideo, 2010, páginas 65 y ss.
Transparencia 71
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Resource Guide
on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, 2011
Multimedia
Sobre Reglas de Brasilia:
o Vídeo explicativo del contenido de las Reglas de Brasilia
o Entrevista al Coordinador de la Comisión de Seguimiento
o Reunión de la Comisión de Seguimiento (Montevideo)
o Implementación de las Reglas en Paraguay:
Conferencia Magistral sobre “El acceso a la información pública
judicial”, por Carlos Lesmes Serrano (Seminario Transparencia Judicial
Federal, México, 2011)
Programa sobre “El Juez de Paz Educativo” desarrollado en la Región
de Murcia (España); véase el vídeo aquí
Canal Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Vídeo:
Taller sobre “Justicia y ciudadanía” celebrado en Cartagena de Indias
(Colombia en marzo 2009), dentro del Programa Eurosocial Justicia.
Entrevista a la Magistrada de la Corte Suprema Doris Arias Madrigal,
coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil; Campaña para
sensibilizar al personal judicial acerca de los derechos que asisten a los
menores de edad sujetos a un proceso penal, realizada por el Poder
Judicial de Costa Rica
Gobierno Abierto
Integridad 72
El compromiso de ser íntegro
En el ámbito público, la corrupción consiste en el uso que hacen los
servidores públicos de la autoridad que se les confirió para la obtención
de beneficios privados. La corrupción está asociada a una vulneración
del interés público y, en consecuencia, a un debilitamiento de las
instituciones del estado. Su importancia es tal que en la actualidad existe
un volumen importante de iniciativas dedicadas al análisis de diferentes
tipos de corrupción y a la promoción de estrategias que buscan
contrarrestar los perniciosos efectos sociales, políticos y económicos que
produce.
La corrupción puede entenderse como el
abuso del poder atribuido para obtener
beneficio privado
(Transparencia Internacional)
Véase el Video
Ecuación de la corrupción
(Robert Klitgaard)
C = M + A – T
C es Corrupción
M es Monopolio
A es Arbitrariedad
T es Transparencia
Entrevistas a Robert Klitgaard:
Video 1
Video 2
La relevancia de la corrupción para el sistema de justicia se manifiesta en
dos vertientes. La primera se refiere a lo que potencialmente ocurre en
cualquier institución pública: que los funcionarios públicos empleen su
autoridad para obtener beneficios privados. La segunda se refiere a la
persecución y control de la corrupción, actividades en las que juegan un
Integridad 73
papel preponderante las instancias de procuración y administración de
justicia19.
La independencia es un elemento fundamental que permite a las
instituciones judiciales cumplir cabalmente con sus funciones de
administración de justicia. Los jueces independientes institucional y
políticamente son un pilar de la vigencia del estado de derecho al ser
menos susceptibles a caer en prácticas incorrectas, pero también al
tener menor reticencia a afrontar con firmeza casos de corrupción. No
obstante, la relación entre independencia judicial y corrupción no es
lineal ni necesariamente positiva. De hecho, si el apuntalamiento de
independencia judicial no es acompañado de los instrumentos
adecuados, ésta en realidad puede generar mayores riesgos de actos
ajenos al interés público.
Al respecto, GONZÁLEZ DE ASÍS ha
señalado: “la pregunta central no es si
la judicatura carece de
independencia, sino si se ha hecho
demasiado autónoma careciendo de
mecanismos efectivos de rendición de
cuentas y de control. La clave reside en
encontrar un equilibrio adecuado entre
la independencia y la rendición de
Concepto operativo de
corrupción judicial
Son actos de corrupción aquellos
en los cuales la conducta del
funcionario o empleado judicial
sirva a la violación del principio de
imparcialidad en el procedimiento
judicial para la obtención de un
beneficio ilegítimo para una parte
y/o para sí mismo
Experiencia 20:
Índice de Desarrollo Democrático
de América Latina
(Fundación Konrad Adenuer)
Contiene un Indicador, que mide
el “Puntaje en el Índice de
Percepción de la Corrupción
(IPC)”, es decir, mide la corrupción
como el uso incorrecto del poder
19 Véase COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, “Corrupción judicial: mecanismos de control y vigilancia
ciudadana”, editado por la citada Comisión, Lima, junio, 2003, página 17.
Integridad 74
cuentas”20.. RÍOS FIGUEROA21, por su
parte, entiende que la independencia
judicial puede limitar la influencia de los
líderes políticos y reducir la corrupción
pero también puede producir lo
contrario. Para él lo relevante es saber
bajo qué condiciones la
independencia judicial es un incentivo
para la honestidad22.
para el beneficio privado,
incluyendo la corrupción del sector
público y privado. El IPC de
Transparencia Internacional busca
medir, sobre todo, el soborno en el
sector público, por lo tanto, este
indicador mide la percepción
sobre la probidad o
responsabilidad de los gobiernos
en la gestión pública
De la independencia a la integridad judicial
El adjetivo íntegro, dicho de una persona, significa “recta, proba,
intachable” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española23).
Siguiendo a Lorne SOSSIN24, la integridad también se puede definir por lo
que no lo es: cuando una persona en una posición de poder actúa para
su propio interés, o con fines inadecuados, se entiende en general que
esa persona carece de integridad. La integridad, por lo tanto, puede
considerarse como un atributo fundamental del servicio público y lo
opuesto de corrupción.
20 María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006. 21 Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition, Measurement, and Its Effects on
Corruption, 2006, página 123. 22 Stefan VOIGT ha realizado planteamiento similares argumentando que la independencia judicial es
no sólo una condición necesaria para la imparcialidad de jueces, sino que también puede ponerla
en peligro; en “The economic effects of judicial accountability: cross-country evidence”. European
Journal of Law and Economics 2008, vol. 25, issue 2, pages 95-123 23 22ª Edición. 24 Lorne SOSSIN, “How can greater judicial integrity be achieved?”,página 3.
Integridad 75
La integridad es una cualidad que
adquiere un significado central al
aplicarse a la actuación del juez:
cuando el ordenamiento configura la
independencia como nota esencial
de la función judicial, debe también
establecer mecanismos destinados a
garantizar que no se va a producir un
abuso de la misma. En este sentido.
SHARMAN sostiene que “al otorgarle a
los jueces la independencia, también
es extremadamente importante que
su autoridad judicial sea practicada
con el mayor grado de corrección (…)
los jueces no solamente deberían
evitar la incorrección, sino también
evitar incluso la sugerencia de
incorrección en todas sus
actividades”.
Corrupción judicial y élites
económicas (Lorne SOSSIN)
La corrupción puede ser
causada por y también contribuir
a la captura del sistema de
justicia por las élites económicas.
Esta corrupción también puede
traicionar la independencia de
la Asociación de Abogados y
otros aspectos clave del sistema
de justicia. La captura puede ser
explícita (ej. por soborno) o
implícita (ej. jueces relacionados
con las élites económicas por
una experiencia y perspectiva
compartida).
“La integridad del sistema judicial
es un requisito previo
indispensable para proteger los
derechos humanos y para
garantizar la independencia, la
imparcialidad y la no
discriminación en la
administración de justicia”
(Resolución de la Comisión de
Derechos Humanos 2002/37,
ONU)
La Exposición de Motivos del Código Iberoamericano de Ética Judicial
plantea un estudio sobre las ventajas y cargas propias de la actividad de
los juzgadores, sugiriendo que en el contexto de una sociedad
participativa “el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la
dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de
manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo
en el que se cumple el servicio judicial”.
Integridad 76
La integridad judicial es ciertamente un atributo fundamental de todo
servidor público y, en el caso de los jueces, una responsabilidad que
implica un compromiso inclusive más serio que el que puede representar
para funcionarios de otro tipo. Ahora bien, avanzar en la comprensión de
las implicaciones de la integridad judicial, implica profundizar en el
conocimiento de su significado. En un sentido amplio, integridad judicial
alude a todos aquellos condicionantes necesarios para garantizar que el
personal judicial realice sus funciones con rectitud y probidad. En un
sentido estricto, integridad alude a la conducta de los jueces en
sociedad y a la responsabilidad de que, como se insinuó antes, su
comportamiento no sólo no genere suspicacias sino que produzca
confianza. Es este segundo sentido al que hacen referencia diversos
instrumentos internacionales, como los Principios de Bangalore sobre la
Conducta Judicial (Valor 3) y el Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial (artículos 53 a 55).
Principios de Conducta Judicial de
Bangalore
Valor 3: Integridad
Principio
La integridad es esencial para el
desempeño correcto de las
funciones jurisdiccionales
Aplicación
3.1. Un juez deberá asegurarse de
que su conducta está por encima de
cualquier reproche a los ojos de un
observador razonable
3.2. El comportamiento y la conducta
de un juez deberán reafirmar la
confianza del público en la
integridad de la judicatura. No sólo
debe impartirse justicia; también ha
de verse cómo se imparte
“Código Modelo Iberoamericano de
Ética Judicial”
Integridad
Artículo 53. La integridad de la conducta
del juez fuera del ámbito estricto de la
actividad jurisdiccional contribuye a una
fundada confianza de los ciudadanos en
la judicatura.
Artículo 54. El juez íntegro no debe
comportarse de una manera que un
observador razonable considere
gravemente atentatoria contra los
valores y sentimientos predominantes en
la sociedad en la que presta su función.
Artículo 55. El juez debe ser consciente
de que el ejercicio de la función
jurisdiccional supone exigencias que no
rigen para el resto de los ciudadanos.
Integridad 77
Experiencia 21:
República Dominicana
Sistema de Integridad Institucional del
Poder Judicial
(Resolución núm. 2006-2009, del 30 de
julio de 2009)
Experiencia 22
Elementos de la integridad judicial en
Costa Rica25
Además de diferentes acepciones que aluden a niveles distintos de
responsabilidad, existen también diferentes elementos o componentes
de conductas que podrían ser calificadas como “íntegras”. Las
Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e
integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, aprobadas en la
XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en 2012 en la ciudad
de Buenos Aires, 2012, son especialmente útiles en este respecto, pues en
ellas se señalan tres categorías de componentes configuradores de un
sistema de integridad judicial:
25 Presentación de la Experiencia de Costa Rica en el Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, por parte de Luis
Paulino MORA y Milena CONEJO AGUILAR, mayo 2010
Integridad 78
Ética e integridad judicial
Los principios y valores éticos se encuentran en la cima de la pirámide de
los elementos que estructuran la integridad en el ámbito judicial. Por ética
judicial puede entenderse aquel conjunto de comportamientos
necesarios para la satisfacción de intereses comprometidos con el
ejercicio de la actividad judicial y para la aceptación de las decisiones
por parte de sus destinatarios26.
Ética Pública
Desde un punto de vista conceptual, la llamada «ética pública» tiene cuatro
dimensiones: de limitación del poder -sometimiento del poder al Derecho y
reconocimiento de derechos humanos individuales-; de organización del poder -
separación funcional de poderes, independencia del Poder Judicial, neutralidad de la
Administración y existencia de un modelo de garantía de la Constitución-; de promoción
a través del poder -protección de derechos económicos, sociales y culturales-; y, por
último, de funcionamiento del poder –reconocimiento de los llamados «principios de las
mayorías y de la negociación»-.
VACAS GARCÍA-ALÓS
26 Rodolfo Luis VIGO, “Ética judicial e interpretación jurídica”
1. Lineamientos éticos indispensables para el recto ejercicio de las funciones propias de la administración de justicia
2. Explicitación de los mecanismos de acceso a la judicatura y a los demás
cargos de la justicia
3. Adecuada regulación de los procedimientos disciplinarios, evaluación de desempeño y promoción, en su caso,
de dichos cargos
Integridad 79
La ética, en definitiva, comprende todas las reglas y normas que afectan
a la conducta del juez y que resultan imprescindibles para garantizar que
el mismo resuelve los conflictos sometidos a su conocimiento de forma
independiente, imparcial y motivada, así como para garantizar que el
comportamiento genere confianza en el conjunto de la ciudadanía.
El destacado filósofo del derecho, Manuel ATIENZA, ha propuesto que
existen tres principios rectores de la ética judicial: independencia
imparcialidad y motivación27.
Independencia. Establece que las decisiones de los jueces han de
estar basadas exclusivamente en el Derecho, sin influencias, alicientes,
presiones, amenazas o intromisiones ilegítimas, sean directas o
indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
Imparcialidad. Determina que el juez debe resolver el conflicto
aplicando el derecho desde una posición de tercero y, por tanto,
ajena al conflicto.
Motivación. Estipula que el deber del juez de fundamentar sus
decisiones, por cuanto este es el principal mecanismo de control de
su poder.
Ética Judicial
PRINCIPIOS RECTORES VIRTUDES JUDICIALES
Independencia Honestidad, Integridad (en sentido estricto),
Imparcialidad Cortesía, Prudencia, Diligencia, Justicia y
Equidad
27 Manuel ATIENZA, “Ética judicial”, Revista Justicia en el Mundo, número 10.
Integridad 80
Competencia (motivación) Transparencia, Secreto Profesional,
Responsabilidad
La ética judicial, continuando con el razonamiento de ATIENZA, no se
constriñe al cumplimiento de normas; se encuentran también virtudes
judiciales específicas:
El principio de independencia exige sobre todo auto restricción.
El principio de imparcialidad, exige sentido de la justicia y valentía.
El principio de motivación se conecta especialmente con la virtud de
la prudencia que, en términos aristotélicos, implica una capacidad
intelectual y moral, para aplicar los principios a los casos concretos.
En años recientes, la ética ha adquirido una mayor centralidad en el
quehacer de los sistemas judiciales. Diferentes naciones han ido
incorporando instrumentos legales para promoverla. Entre los países con
experiencia en esta materia se encuentran: Filipinas, Serbia, Jordania,
Afganistán, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Inglaterra y Gales,
Ecuador, Alemania, Grecia, Hungría, Irak, Letonia, Lituania, Islas Marshall,
México, Namibia, Holanda, Nigeria, Eslovenia, Uzbekistán, Venezuela y
algunas naciones del este de África28.
Experiencia 23:
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (México)
Aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal, y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en agosto de 2004
28 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial
Integrity and Capacity, New York, 2011, páginas 128 y ss
Integridad 81
La promoción de la ética judicial ha sido una labor que, además, ha
trascendido las fronteras nacionales. En el año 2000, el Grupo de
Integridad Judicial, conformado bajo el auspicio de la Organización de
las Naciones Unidas, se dio a la tarea de redactar un texto para promover
conductas éticas en el sistema de justicia. En abril de 2002, se aprobaron
los Principios de Conducta Judicial de Bangalore, documento que
resume el trabajo del referido grupo y que establece los cimientos de un
código judicial de carácter global29.
La Cumbre Judicial Iberoamericana ha dado también pasos importantes
en esta materia. Con motivo de su edición décimo tercera, celebrada en
República Dominicana en 2006, la Cumbre aprobó el Código Modelo
Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento que establece principios
éticos para el actuar judicial en los países que integran la región. En
específico, los siguientes elementos destacan en el contenido del Código
Modelo.
Independencia. Un estado democrático debe establecer mecanismos
para garantizar dicha independencia de los jueces en dos sentidos: en
forma externa, respecto de influencias que no provengan del poder
judicial; y en forma interna en relación a los propios órganos judiciales. La
independencia también se conecta con las reglas que otorgan
seguridad y permanencia a los juzgadores en sus respectivas posiciones,
como aquellas referentes a destituciones, suspensiones o sanciones.
29UNODC, “Comentarios a los Principios de Bangalore”, Brasilia, 2008.
Integridad 82
Imparcialidad. Los juzgadores deben estar protegidos respecto de
influencias ajenas, pero también debe tener mecanismos para garantizar
la imparcialidad. En este sentido, de los principios éticos a los que están
sujetos los jueces, deben asegurarse de no intervenir en casos que
presentan condiciones que no salvaguardan la imparcialidad. Para ello
deben contar con mecanismos de abstención, recusación o
incompatibilidad, tal y como lo indica el Estatuto del Juez
Iberoamericano. El Código Modelo señala además que los jueces y sus
colaboradores deben abstenerse de dar o aparentar dar un trato
preferencial a alguna de las partes, recibir regalos o mantener reuniones
con ellas que no resulten justificables para los otros involucrados en los
casos bajo su jurisdicción.
Motivación. Los jueces tienen la obligación de motivar debidamente las
resoluciones que dicten. Motivar las resoluciones supone expresar en
ellas, de manera ordenada, clara, precisa y concreta las razones de
hecho y de derecho que justifican cada uno de los aspectos objeto de
decisión (artículo 19 del Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial). En materia de hechos, los jueces deben analizar con rigor las
aportaciones de cada uno de los medios de prueba para luego realizar
una apreciación integral. En materia de derecho, la motivación no se
limita a las normas aplicables sino a todas las alegaciones de las partes o
las partes que otros jueces hayan planteado respecto de cada uno de
los litigios.
Conocimiento y capacitación. El conocimiento profundo del derecho
por parte del Juez es una garantía para los ciudadanos. De acuerdo con
el Código Modelo, un juez con buena formación conoce el derecho
Integridad 83
vigente y cuenta con capacidades técnicas para aplicarlo de manera
apropiada. La preparación de los jueces está entonces ligada a la
actualización y la capacitación permanentes, mismas que son su
responsabilidad personal, pero también una función que deben
desplegar los órganos de gobierno y administración en el sistema de
justicia.
Equidad. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial plantea
que la administración de justicia debe tener en cuenta las consecuencias
personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable
abstracción y generalidad de las leyes (artículo 36). Así un juez que actúa
de acuerdo con el principio de equidad es aquel que, sin transgredir el
Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo
resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del
ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos
sustancialmente semejantes (artículo 37).
Responsabilidad institucional. Los jueces, además de independientes,
deben ser responsables por las acciones y omisiones cometidas en los
casos bajo su jurisdicción. La exigencia de responsabilidad debe
desplegarse con reglas orientadas a que se hagan cargo de su actor,
pero también de garantías que impidan que se atenta. El juez
institucionalmente responsables es, conforme al Código Modelo
Iberoamericano de Ética Judicial, el que, además de cumplir con sus
obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso
activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial (artículo 42);
que promueve en la sociedad una actitud, racionalmente fundada, de
respeto y confianza hacia la administración de justicia (artículo 43); que
Integridad 84
está dispuesto a responder voluntariamente por sus acciones y omisiones
(artículo 44); que está comprometido con denunciar incumplimientos
graves de colegas (artículo 45), así como evitar favorecer promociones
o ascensos irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de
justicia (artículo 46).
Cortesía / Afabilidad. La receptividad es un elemento asociado a la
prestación de servicios públicos de calidad. En este sentido, el Código
Modelo refiere que la cortesía y afabilidad están conectadas con la
receptividad y por lo tanto con el desempeño ético de los jueces. El juez,
de acuerdo a este instrumento, debe brindar las explicaciones y
aclaraciones que le sean pedidas, en la medida en que sean
procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma
jurídica (artículo 50); en el ámbito de su tribunal, el juez debe relacionarse
con los funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir -o aparentar
hacerlo- en favoritismo o cualquier tipo de conducta arbitraria (artículo
51); y el juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las
críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos (artículo 52).
Integridad. La ética es un
aspecto fundamental de la
integridad judicial. Hacer
referencia en este punto a la
integridad tiene el propósito de
describir cómo el Código
Modelo entiende este atributo
fundamental. El juez íntegro no
debe comportarse de una
Experiencia 24:
Caso de Estudio: el Caso Matlow (Canadá)
El Juez Matlow se opuso
abiertamente en la Ciudad de
Toronto a permitir el desarrollo de su
barrio.
El Juez Matlow no se recusó a sí
mismo de un desafío de otro
proyecto de desarrollo de la Ciudad
en un barrio diferente.
El Juez Matlow entregó el material en
el cual se basó para alegar la falta
de la Ciudad a un diario local.
La Ciudad de Toronto, que perdió el
caso en el cual el Juez Matlow
interfirió, presentó una queja en
contra del Juez Matlow.
Integridad 85
manera que un observador
razonable considere
gravemente atentatoria contra
los valores y sentimientos
predominantes en la sociedad
en la que presta su función
(artículo 54).
Si bien se determinó que el Juez
Matlow incurrió en una falta, el
Consejo Judicial Canadiense (CJC)
no recomendó su remoción, sino
más bien una disculpa y un
requerimiento de asistir a un
seminario de ética judicial.
(Presentado por el Profesor Lorne SOSSIN.
University of Toronto, Faculty of Law. “Action-
Learning Program on Judicial Transparency
and Accountability in LCR: La Experiencia
Canadiense”)
Transparencia. Sin perjuicio de lo antes referido respecto del principio de
transparencia, en este apartado se destacan deberes éticos específicos
de los jueces en sus relaciones con los medios de comunicación. El
Código Modelo especifica que, sin infringir norma alguna, el juez debe,
procurar ofrecer información útil, pertinente, comprensible y fiable a la
sociedad; documentar, en la medida de lo posible, todos los actos de su
gestión; atender en forma equitativa y prudente a los medios de
comunicación sin perjudicar los derechos de las partes, y; evitar la
búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social.
Deber de reserva o secreto profesional. Los jueces deben abstenerse de
emplear o revelar información obtenida en el ejercicio de su cargo,
protegiendo en todo momento los derechos de las partes y de sus
colaboradores. En este sentido, el Código Modelo Iberoamericano de
Ética Judicial indica que los jueces que integran órganos colegiados
deben garantizar la secrecía de las deliberaciones no públicas. Además,
deben servirse únicamente de medios legítimos, legalmente
reconocidos; deben procurar que sus colaboradores cumplan con el
principio de secreto profesional. Los deberes de reserva no se restringen
al ámbito público, sino también a lo privado.
Integridad 86
Prudencia. La conducta de los jueces debe caracterizarse por el
autocontrol y el cabal cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. El
juez prudente, de acuerdo con el Código Modelo, es el que procura que
sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio
justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado
argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco del Derecho
aplicable; y el juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y
esfuerzo por ser objetivo. Así, el juez debe mantener una actitud abierta
y paciente para escuchar o reconocer nuevos argumentos o críticas en
orden a confirmar o rectificar criterios o puntos de vista asumidos (artículo
70); y, al adoptar una decisión, debe analizar las distintas alternativas que
ofrece el Derecho y valorar las diferentes consecuencias que traerán
aparejadas cada una de ellas (artículo 71).
Diligencia. El juez tiene el deber de aplicar diligencia o celo en la
tramitación y resolución de los procesos a su cargo, procurando que los
mismos se resuelvan en un plazo razonable, con lo que se evitará la
injusticia que siempre comporta una decisión tardía, y asegurando el
pleno ejercicio del derecho de defensa de las partes. El Código Modelo
Iberoamericano de Ética Judicial señala que los jueces deben: evitar o,
en todo caso, sancionar actividades dilatorias; procurar que los actos
procesales se celebren con la máxima puntualidad; y actuar de manera
responsable y frente a los sistemas de evaluación de su desempeño.
Además, no deben contraer obligaciones que perturben o impidan el
cumplimiento apropiado de sus funciones específicas.
Honestidad profesional. La confianza ciudadana se fortalece con jueces
honestos. En este sentido, el Código Modelo Iberoamericano de Ética
Integridad 87
Judicial (artículos 79 y ss) manifiesta que debe prohibirse que los jueces
obtengan beneficios al margen de lo estrictamente dispuesto en la ley y
prohibirse que empleen abusivamente sus atribuciones. En este sentido,
cabe recordar que las “Recomendaciones en materia de transparencia,
rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia
Iberoamericanos” (XVI Cumbre Judicial Iberoamericana 2012) establece
que “para un adecuado control de la integridad de la administración de
justicia, puede ser conveniente establecer declaraciones juradas
periódicas detallando ingresos, activos, y pasivos”.
Mecanismos institucionales para la ética judicial
La búsqueda de la vigencia de la integridad no se constriñe al
establecimiento de principios que busquen regular la conducta de los
jueces. Existen a nivel internacional diversas experiencias orientadas a
promover que los funcionarios de los poderes judiciales actúen en forma
ética.
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial es un ejemplo en esta
materia. Integrada por nueve miembros y un secretario ejecutivo, todos
elegidos por la Cumbre Judicial en Asamblea Plenaria, la Comisión se
encarga de brindar asesoría a los poderes judiciales de los países de la
región; de facilitar la discusión, difusión y desarrollo respecto de la
importancia de la ética para la justicia; y, en general, de fortalecer la
conciencia que en este respecto existe en los jueces iberoamericanos.
A nivel doméstico, México destaca por haber puesto en práctica diversas
iniciativas para promover el desempeño ético entre los servidores
públicos. En el ámbito federal, el poder ejecutivo generó el Código de
Integridad 88
Ética del Gobierno Federal y el Código de Conducta de la Presidencia
de la República, en tanto que en el judicial se creó el Código de Ética
del Poder Judicial de la Federación, al cual están sujetos la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la
Sala Superior del Tribunal Electoral.
Asimismo resulta destacable la creación del Instituto de Investigaciones
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, cuya
finalidad radica en fortalecer la investigación, estudio, promoción y
difusión de dos de las líneas en las que se sustenta la propia función
jurisdiccional: los criterios jurisprudenciales y los principios éticos del
quehacer judicial.
Experiencia 25:
Comisión
Iberoamericana de Ética
Judicial
Experiencia 26:
Instituto de
Investigaciones
Jurisprudenciales y de
Promoción y Difusión de
la Ética Judicial
(México)
Experiencia 27:
Tribunal de Ética Judicial
y Oficina de Ética
Judicial
(Tribunal Superior de la
Provincia de Córdoba,
Argentina)
Acceso a la función judicial y nombramientos
La definición de las formas de acceso a la función de juez tiene una gran
relevancia para el sistema judicial por el impacto potencial que tiene en
Integridad 89
su funcionamiento. En este respecto, la Resource Guide on Strengthening
Judicial Integrity and Capacity, elaborada por la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito,30 ha realizado importantes
planteamientos respecto de los diseños institucionales para las
designaciones judiciales, así como de los sistemas de reclutamiento y
evaluación de los candidatos a jueces.
Más allá del nivel de especificidad que tales consideraciones ofrecen,
éstas han contribuido a subrayar la importancia que tiene que garantice
el interés público en las reglas y los procedimientos de acceso a la justicia.
Tales características han sido recogidas por estudiosos en la materia a
través de investigaciones que, entre otras cuestiones, han propuesto que
la selección y nombramiento de jueces se realice a través de procesos
objetivos y transparentes, a través de órganos especializados e
independientes, de acuerdo a principios de mérito y esquemas que
incorporen consultas con la sociedad civil.31
Una vez más, la experiencia
internacional en la materia
ofrece ejemplos interesantes,
susceptibles de guiar acciones
específicas. El Estatuto del Juez
Iberoamericano recoge una
serie de exigencias mínimas para
Estatuto del Juez Iberoamericano
Art.11. Órgano y procedimiento de
selección de los jueces
Los procesos de selección y nombramiento
deben realizarse por medio de órganos
predeterminados por la ley, que apliquen
procedimientos también predeterminados
y públicos, que valoren objetivamente los
conocimientos y méritos profesionales de
los aspirantes.
30UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide on Strengthening Judicial
Integrity and Capacity, New York, 2011, páginas 18 y 19. 31 José UGAZ, presentación sobre “Integridad Judicial” en el Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina, mayo 2010.
Integridad 90
asegurar dicha independencia
en los momentos iniciales de la
vida profesional de un juez, entre
las que destacan; la definición a
priori de entidades y
procedimientos, la objetividad
en la selección de los jueces, la
creación de reglas que aseguren
que no exista discriminación
alguna en los procesos.
Art. 12. Objetividad en la selección de
jueces
Los mecanismos de selección deberán
adaptarse a las necesidades de cada país
y estarán orientados, en todo caso, a la
determinación objetiva de la idoneidad de
los aspirantes.
Art. 13. Principio de no discriminación en la
selección de jueces
En la selección de los jueces, no se hará
discriminación alguna por motivo de raza,
sexo, religión, ideología, origen social,
posición económica u otro que vulnere el
derecho a la igualdad que ampara a los
aspirantes. El requisito de nacionalidad del
país de que se trate no se considerará
discriminatorio.
Experiencia 28:
Elección Visible (Colombia)
Institución/es
que realiza/n la
experiencia
La Corporación Excelencia en la Justicia, Instituto de
Ciencia Política, Transparencia por Colombia, la Misión de
Observación Electoral y nueve organizaciones más.
País/es Colombia
Dirección de
Internet www.eleccionvisible.com
Descripción
sintética de la
experiencia
“Elección Visible” es un proyecto de supervisión ciudadana y
difusión de información sobre los procesos de selección de los
magistrados de las altas cortes y de los altos funcionarios
relacionados con la procuración e impartición de justicia. Este
proyecto del que forman parte trece organizaciones privadas
y de la sociedad civil, tiene el objetivo particular de fomentar
la transparencia de dichos procesos, evitar el “lobbying
clandestino” y abrir espacio para la intervención de la
ciudadanía. Lo anterior es realizado primordialmente a partir
de un sitio de internet en el que difunde información sobre el
proceso de selección de los funcionarios y la importancia de
las instituciones para las que son propuestos.
Efectos de la
experiencia
“Elección visible” ha sido efectiva en cuanto a concientizar a
la ciudadanía respecto de la importancia de las instituciones
jurisdiccionales y los funcionarios que las representan, además
de haber logrado la suscripción por parte de la Corte
Integridad 91
Suprema de las medidas de transparencia propuestas por la
coalición que integra el proyecto.
Participación
de la sociedad
civil
“Elección visible” es una iniciativa de la sociedad civil por lo
cual la participación de la misma abarca todos los ámbitos
que la componen.
Bibliografía y
lecturas
Everaldo LAMPREA MONTEALEGRE 2009. "WHEN
ACCOUNTABILITY MEETS JUDICIAL INDEPENDENCE: A case-
study of 2008 civil society transparency observation of the
Colombian Constitutional Court's nominations" Master in
Science of Law Stanford University.
Obligaciones y garantías profesionales
La integridad judicial está vinculada no sólo a cómo se nombran los
jueces sino a las obligaciones y derechos que estos tienen a la hora de
ejercer sus funciones. El grado de protección con el que cuenten, las
sanciones que existan respecto de acciones inadecuadas, entre otros
muchos aspectos, condicionan el comportamiento de los funcionarios
judiciales, haciendo entonces que el ejercicio de sus responsabilidades
sea más o menos proclive a malas prácticas.
Las Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos,
emitidas en el marco de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana
celebrada en 2012, hacen referencia a tres elementos especialmente
relevantes para el actuar de los jueces: la regulación de los
procedimientos disciplinarios, la evaluación de su desempeño, los
mecanismos para el traslado y promoción y la asignación objetiva de
casos.
Integridad 92
Procedimientos disciplinarios. Un
sistema de justicia eficaz requiere
de reglas disuasivas y efectivas a
la hora de establecer sanciones
para quienes caigan en
conductas inadecuadas. La
regulación en esta materia
requiere de ser suficientemente
armónica para impedir que
mediante procedimientos
disciplinarios se vulnere la
independencia judicial.
Estatuto del Juez Iberoamericano
Art. 19. Principio de legalidad en la
responsabilidad del juez: Los jueces
responderán penal, civil y
disciplinariamente de conformidad con lo
establecido en la ley.
La exigencia de responsabilidad no
amparará los atentados contra la
independencia judicial que pretendan
encubrirse bajo su formal cobertura.
Art. 20. Órgano y procedimiento para la
exigencia de responsabilidad: La
responsabilidad disciplinaria de los jueces
será competencia de los órganos del
Poder Judicial legalmente establecidos,
mediante procedimientos que garanticen
el respeto del debido proceso y, en
particular, el de los derechos de
audiencia, defensa, contradicción y
recursos legales que correspondan.
Evaluación y desempeño. El seguimiento al desempeño de los jueces es
un instrumento privilegiado para salvaguardar la integridad y evitar la
corrupción al interior del sistema judicial. Desarrollar un marco de
incentivos apropiado es fundamental para garantizar comportamientos
íntegros y éticos. Por el contrario, la ausencia de sistemas de evaluación
del desempeño abre la puerta a decisiones arbitrarias y al uso de los
cargos para el beneficio personal32.
Experiencia 29:
Tribunal de la Inspección Judicial (Costa Rica)
Institución/e
s que
realiza/n la
experiencia
Poder Judicial
32 María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law Programs”, 2006, página 8,
Integridad 93
País/es Costa Rica
Teléfono y
fax
Teléfono: 295-3729.
Fax: 257-55-92
Dirección
de correo
electrónico
Dirección
de Internet http://www.poder-judicial.go.cr/
Descripción
sintética de
la
experiencia
El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano creado ex profeso
para realizar las funciones disciplinarias dentro del Poder Judicial de
Costa Rica. El Tribunal fiscaliza y vigila el desempeño de los
despachos, servidores y funcionarios judiciales. En los casos en los
que corrobora faltas, procede a delimitar responsabilidades e
imponer sanciones.
Efectos de
la
experiencia
En el periodo 2000-2009 el Tribunal sancionó a 9 jueces por bajo
desempeño, y en promedio por año removió 35.4 y suspendió a
50.3 jueces.
Participació
n de la
sociedad
civil
La sociedad civil participa en calidad de usuaria con posibilidad de
plantear quejas ante el tribunal.
Bibliografía
y lecturas
Programa para mejorar la transparencia, integridad y rendición de
cuentas de los poderes judiciales de América Latina. Brasil, Chile,
Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
Traslado y promoción. El establecimiento de criterios objetivos para el
traslado y la promoción de los jueces es una condición necesaria para
conjugar equilibradamente la experiencia y la formación.33. En última
instancia, tales criterios dan seguridad a los jueces y generan incentivos
igualmente favorables para su buen desempeño.
Asignación objetiva de casos. Un elemento crucial que disuada la
búsqueda del beneficio personal en la función jurisdiccional, es diseñar
33 Juan MARTÍNEZ MOYA, “Independencia Judicial y Justicia como servicio público”, Programa
Eurosocial, 2006, página 32
Integridad 94
un sistema de asignación de casos que evite el sesgo y la generación de
suspicacia entre la sociedad. La selección de un sistema con estas
características debe ser racional y transparente, a fin de estimular la
confianza ciudadana y la de los propios integrantes del poder judicial.
Materiales sobre integridad judicial
Estándares e instrumentos internacionales
Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por la Cumbre Judicial
Iberoamericana que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (España)
los días 23 a 25 de mayo de 2001.
Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura,
aprobados por la Asamblea General de la ONU (1985)
Principios de Conducta Judicial de Bangalore , Naciones Unidas (2002)
“Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial”, aprobado por la
XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (República Dominicana, 21 y 22
de junio de 2006)
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/37, ONU
relativa a la integridad judicial.
“Carta Magna de los Jueces (Principios Fundamentales)” del Consejo
Consultivo de Jueces de Europa del Consejo de Europa (proclamada
el 17 de noviembre de 2010)
Recomendación R (94)12 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa a los Estados miembros sobre la independencia, la eficacia y
el papel de los jueces
“Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos” (XVI
Cumbre Judicial Iberoamericana, Buenos Aires, 2012)
Materiales del Programa
Presentación de la Experiencia de Costa Rica en el Programa para
mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los
Poderes Judiciales de América Latina, por parte de Luis Paulino MORA
y Milena CONEJO AGUILAR, mayo 2010.
Integridad 95
Lorne SOSSIN. University of Toronto, Faculty of Law. Presentación
“Action-Learning Programon Judicial Transparency and
Accountability in LCR: La Experiencia Canadiense”, mayo 2010; en el
Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina.
José UGAZ, Experto Benites, Forno & Ugaz Abogados, Presentación
sobre “Integridad Judicial. Acciones y mecanismos para luchar contra
la corrupción judicial y la captura del sistema por élites económicas y
políticas”, mayo 2010; en el Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de
América Latina.
Lecturas
Sobre corrupción
Boris BEGOVIC, “Judicial Corruption: A Theoretical Model”, Center for
Liberal-Democratic Studies, 2005.
COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, “Corrupción judicial: mecanismos de
control y vigilancia ciudadana”, editado por la citada Comisión, Lima,
junio, 2003.
Comité Jurídico Interamericano, “Administración de la Justicia en las
Américas: Ética Judicial y Acceso a la Justicia”
DPLF, “Guía para el diagnóstico ágil y el diseño de políticas de
control de la corrupción en los sistemas de justicia en América
Latina”, DPLF y PNUD, Washington, 2007.
Fundación Konrad Adenuer. “Índice de Desarrollo Democrático de
América Latina” 2011. Informe 2011
María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law
Programs”, 2006.
Joaquín GONZÁLEZ GONZÁLEZ, “Corrupción y justicia democrática.
Introducción a una teoría de la función judicial en las sociedades en
cambio”, editorial Marcial Pons, 2000.
Robert KLITGAARD, “Controlando la corrupción”, La Paz, Editorial
Quipus, 1990.
Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Independence: Definition,
Measurement, and Its Effects on Corruption, 2006.
Julio RÍOS FIGUEROA, “Judicial Institutions and Corruption Control: Is
There a Right Design?”, CIDE - Department of Politics; Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2008.
Integridad 96
Stefan VOIGT, “The economic effects of judicial accountability: cross-
country evidence”. European Journal of Law and Economics 2008, vol.
25, issue 2, pages 95-123
Sobre integridad judicial
Alberto BINDER, “¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema
judicial”;
Julie M. BROOME, “El fortalecimiento de la integridad judicial:
propuestas desde Europa del Este”, Aporte DPLF, número 4,
noviembre 2007, páginas 6 y ss.
María GONZÁLEZ DE ASÍS, “Anticorruption Reform in Rule of Law
Programs”, 2006
Linn HAMMERGREN, “Do judicial councils further judicial reform?:
lessons from Latin America”. Carnegie Endowment for International
Peace, Democracy and Rule of Law Project, Nº 28, junio 2002.
Lorne SOSSIN, “How can greater judicial integrity be achieved?”
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide
on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011
UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito),
“Independencia, imparcialidad e integridad de la judicatura. Manual
de Instrucciones para la evaluación de la justicia penal”, Nueva York,
2010
Sobre Ética Judicial
Código de Conducta de los Jueces de EEUU
Código Ético de Italia, aprobado el 7 de mayo de 1994 por el Comité
Directivo Central de la Asociación Nacional de Magistrados
Manuel ATIENZA, “Ética judicial”, Revista Justicia en el Mundo, número
10.
Juan MARTÍNEZ MOYA, “Independencia Judicial y Justicia como
servicio público”, Programa Eurosocial, 2006
Stefanie RICARDA ROOS y Jan WOISCHNIK, “Códigos de Ética Judicial.
Un estudio de derecho comparado con recomendaciones para los
países latinoamericanos”, Fundación Konrad Adenauer, 2005.
Integridad 97
Jeffrey M. SHARMAN, “Ética judicial: independencia, imparcialidad e
integridad” (1996)
Sigfrido STEIDEL FIGUEROA, “Los cánones de ética judicial en Puerto
Rico”
Luis VACAS GARCÍA-ALÓS, “La ética pública y el control jurisdiccional
de la actuación administrativa”, Boletín, número 1934, páginas 5 y ss
Rodolfo Luis VIGO, “Ética judicial e interpretación jurídica”
UNODC, “Comentarios a los Principios de Bangalore”, Brasilia, 2008.
Sobre acceso a la función judicial y nombramientos
Joaquín DELGADO MARTÍN, “Formas de ingreso a la carrera judicial”,
Economist and Jurist, número 100, mayo 2006, páginas 39 y ss.
Fundación Konrad Adenuer. “Índice de Desarrollo Democrático de
América Latina” 2011. . Informe 2011
Everaldo LAMPREA MONTEALEGRE “When accountability meets
judicial independence: A case-study of 2008 civil society transparency
observation of the Colombian Constitutional Court's nominations”,
Stanford University, abril 2009.
Giacomo OBERTO, “Recrutement et formation des magistrats en
Europe. Etudecomparative” Consejo de Europa, marzo 2003.
Multimedia
Sobre la corrupción, véase el video elaborado por Transparencia
Internacional
Nivel de Percepción de la Corrupción 2011, presentación interactiva
elaborada por Transparencia Internacional
Entrevista a Robert Klitgaard sobre corrupción
o Entrevista (español)
o Definición de corrupción (inglés)
Información 98
El derecho a la información
El acceso a la información en poder del estado es un derecho humano
reconocido en las legislaciones nacionales, así como en múltiples
instrumentos del derecho internacional. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece en su artículo 13 que “toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
Al analizar la importancia del acceso a la información, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que este derecho
tiene una doble dimensión (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile):
Individual, como derecho de toda a persona solicitar acceso a la
información en control del estado.
Social, como obligación positiva del estado de garantizar a los
ciudadanos el derecho a acceder a la información requerida o, en
su defecto, de recibir una explicación fundamentada sobre la
razón de la negativa a otorgarlo.
Información 99
CIDH
Caso Claude Reyes y otros vs. Chile
(Sentencia de 19 de septiembre de 2006)
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales
se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción
de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de
excepciones”
“El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad
y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas
que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las
gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar
si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El
acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público,
puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social
que se puede ejercer con dicho acceso”
Al igual que ocurre en otros sectores del poder público, el derecho de
acceso a la información judicial constituye una herramienta
trascendental para mejorar la transparencia, fomentar la rendición de
cuentas y combatir la corrupción en el sistema de justicia, resultando un
elemento decisivo para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial
mediante el incremento de la confianza de la ciudadanía.
Sin embargo, existen peculiaridades en las instituciones judiciales que
hacen que resulte aún más necesario el desarrollo de medidas para
avanzar en las condiciones de transparencia. Una de ellas es el conflicto
que entraña su función; otra es su rol de control de otros poderes
públicos. Lo cierto es que el acceso a la información impacta
positivamente en el acceso a la justicia de los ciudadanos,
contribuyendo a superar obstáculos que estos enfrentan para ejercitar
sus derechos antes los tribunales.
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano”
Información 100
(Aprobada por la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, Cancún 2002)
Una justicia transparente
2. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y
actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las
características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos
judiciales. Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de
Atención e Información, asegurando su implantación en todo el territorio
nacional. La información sobre los horarios de atención al público se situará
en un lugar claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales.
3. Todas las personas tienen derecho a recibir información transparente sobre
el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los
órganos jurisdiccionales si así lo solicitan. Los Poderes Judiciales canalizarán
esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de
transparencia.
4. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de
las leyes de su Estado y de la normativa internacional mediante un sistema
electrónico de datos fácilmente accesible.
5. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los
procesos en los que tengan interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en
las leyes procesales. Los interesados tendrán acceso a los documentos,
libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. Las
autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que lo
soliciten los motivos por los que se deniega el acceso a una información de
carácter procesal.
En el ámbito judicial, de acuerdo a las Recomendaciones en materia de
transparencia, rendición de cuentas e integridad en los Sistemas de
Justicia Iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial
Iberoamericana, las dos dimensiones mencionadas se reflejan en dos
formas:
Un aspecto activo, en la carga que se impone a los órganos del
estado, y en esta perspectiva al Poder Judicial, y en su caso, al
Consejo de la Magistratura de cada país, para mantener a disposición
permanente del público a través de sus sitios electrónicos y otros
medios, la información relevante de su gestión y de sus integrantes, en
Información 101
forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar
requerimiento alguno.
Un aspecto pasivo, en el derecho de toda persona o institución
interesadas, a solicitar, acceder y recibir la información requerida.
Así, para profundizar en el análisis de estos aspectos, es necesario
distinguir dos dimensiones en el acceso a la información judicial por parte
de la ciudadanía: por un lado, lo referente al funcionamiento
administrativo de la administración de justicia; y, por otra parte, la
información relativa a la forma de ejercicio de la función jurisdiccional
por parte del Poder Judicial.
Dimensión administrativa en el acceso a la información judicial
Siguiendo especialmente los planteamientos de la Asociación por los
Derechos Civiles, contenidos en el trabajo sobre “Acceso a la
Información y Transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas
Prácticas en América Latina”, pueden establecerse los siguientes
elementos:
Información sobre el manejo de fondos públicos. En la gestión de los
recursos económicos no existe razón para establecer limitaciones o
condicionamientos específicos. La información sobre el presupuesto
público debe ser transparente, sistemática, veraz, detallada y oportuna,
de forma tal que los ciudadanos puedan participar evaluando la gestión
de las instituciones y sus funcionarios.34. De manera particular, es
34 Alice ATHIÉ, “Rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia en los presupuestos
públicos”, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México, 2005, página 3.
Información 102
necesario garantizar el acceso a la información todo el ciclo
presupuestario, es decir, respecto de las etapas de formulación,
aprobación, ejecución y evaluación. Asimismo, es también indispensable
que se proporcione información sobre los procedimientos de
adquisiciones y contrataciones.
Experiencia 30:
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala
(Guatecompras)- Guatemala
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
Estado de la República de Guatemala
País/es Guatemala
Teléfono y fax (502) 2322-8888
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet http://www.guatecompras.gt/
Descripción
sintética de la
experiencia
“Guatecompras”, en su calidad de sistema de contrataciones
y adquisiciones de las entidades públicas en Guatemala,
contiene información sobre las operaciones realizadas por el
Poder Judicial a partir de 2004. Este sistema hace posible
consultar información por tipos de concurso (vigentes o no,
adjudicados, anulados, desiertos, etc.), además de incluir
datos sobre inhabilitaciones y quejas de usuarios, y permitir la
suscripción a un boletín en el que se hacen públicas las
contrataciones de esta rama de gobierno.
Efectos de la
experiencia
“Guatecompras” permite a la ciudadanía conocer con detalle
cómo se ejerce el gasto en materia de adquisiciones y
contrataciones por parte de las instituciones públicas, lo cual
no sólo contribuye a mejorar la integridad judicial, sino también
el acceso a la información no jurisdiccional del organismo
judicial guatemalteco.
Participación
de la sociedad
civil
De acuerdo con información periodística consultada,
“Guatecompras” surgió como respuesta a casos de corrupción
en los que se vieron involucrados instituciones públicas y
actores extranjeros.
Información 103
En 2005, se publicaron 17 mil concursos (contra 6 mil del año
anterior), permitiendo a los proveedores ahorrar hasta 95% del
costo de las bases.
“Guatecompras” ha dado la oportunidad de que la sociedad
civil realice procesos de auditoría social, fomentados por
ejemplo por Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de
Transparencia Internacional.
Enlaces Web http://www.guatecompras.gt/
Bibliografía y
lecturas
Flores, Marvin. 2008. Manual para la Auditoría Social a través
del Sistema Guatecompras. Guatemala: Acción Ciudadana.
Disponible en:
http://www.accionciudadana.org.gt/Documentos/manual_g
uatecompras_as.pdf.
Experiencia 31:
Monitoreo de contrataciones en el Poder Judicial de la Federación (México)
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
Suprema Corte Justicia de la Nación en México y
Transparencia Mexicana, A.C.
País/es México
Teléfono y fax Teléfono: 01 52 55 56594714 ext. 14, 15, 16
Teléfóno de fax: 01 52 55 56594714 ext. 17
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet www.tm.org.mx
Descripción
sintética de la
experiencia
En 2007, Transparencia Mexicana (TM) inició su colaboración
con el Poder Judicial de la Federación, por invitación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). TM le propuso
a la SCJN que la primera línea de trabajo sería el monitoreo de
contrataciones. Para llevar a cabo el acompañamiento de los
procedimientos de adjudicación de contratos, TM le solicitó
contar con los Programas Anuales de Adquisiciones,
Contratación de Servicios y Obra Pública (PAA) de los tres
órganos que componen el Poder Judicial mexicano: SCJN,
Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. A partir de que TM contara con los
PAA, estaría en condiciones de elegir, de manera aleatoria, el
procedimiento de adquisición que monitorearía. El mecanismo
de aleatoriedad, en opinión de TM, daba la posibilidad de que
Información 104
cualquiera de los procedimientos pudiera ser monitoreado por
TM.
Efectos de la
experiencia
El efecto positivo de la participación de TM en el Poder Judicial
mexicano, fue que por primera vez se abrió la posibilidad de
que la sociedad civil acompañará algunos procedimientos de
toma de decisiones. Con el monitoreo de contrataciones, TM
participó bajo la figura de Testigo Social, que es una persona o
grupo de personas que tiene experiencia técnica,
independiente y sin conflicto de intereses. El acompañamiento
de TM en el monitoreo de contrataciones, tiene como objetivo
crear condiciones de confianza en el sistema de compras
públicas. TM puso en la mesa de discusión un nuevo
mecanismo para la rendición de cuentas; así también, TM
contribuyó a fortalecer la apertura en la toma de decisiones.
Durante el monitoreo de contrataciones en los tres órganos que
componen el Poder Judicial, TM promovió que los
procedimientos de adjudicación de contratos presentaran
condiciones de equidad y se incentivara la competencia
económica.
Participación
de la sociedad
civil
Durante el periodo 2007 a 2010, TM colaboró con el Poder
Judicial mexicano en el monitoreo de contrataciones en los tres
órganos que lo componen. TM participó bajo la figura de
Testigo Social.
TM ha desarrollado mecanismos preventivos de actos de
corrupción, entre los que se encuentra la figura del Testigo
Social para realizar el monitoreo de procesos de compras
públicas.
El monitoreo comprende el acompañamiento de los actos y la
toma de decisiones para el ejercicio del gasto, en
procedimientos para la compra de bienes, contratación de
servicios y obra pública.
TM realiza el monitoreo durante todas las etapas del
procedimiento para la adjudicación de contratos. TM tiene
acceso a toda la información que sustenta y se genera en
torno al procedimiento y puede formular los comentarios,
preguntas y recomendaciones que estime pertinentes, sin que
la entidad esté obligada a atenderlos.
La colaboración de TM es paralela a los órganos de vigilancia
y control legalmente facultados. TM ofrece una visión imparcial
de un tercero sin conflicto de intereses.
Enlaces Web
• El régimen de responsabilidades de los servidores públicos
del
Poder Judicial de la Federación. Transparencia Mexicana,
2000.
• Comunicado de Prensa, Suprema Corte de Justicia de la
Información 105
Nación, 13 de noviembre de 2007.
• Informe Anual de Labores 2008, Anexo Documental, Poder
Judicial de la Federación, páginas 147, 281, 388, 637 y 693.
• Informe Anual de Labores 2009, Poder Judicial de la
Federación, Anexo Documental, páginas XX, XXIV, 130, 170,
171, 194, 427, 581, 610, 650, 680.
• Informe Anual de labores 2010, Poder Judicial de la
Federación, Anexo Documental, páginas
• Firma del Convenio de colaboración suscrito entre el
Consejo de la Judicatura de la Federación y Transparencia
Mexicana, septiembre de 2007.
• Informe Final presentado por Transparencia Mexicana sobre
su monitoreo al procedimiento de contratación del "Servicio
de Instalación de Cableado estructurado en diversos
inmuebles del Poder Judicial de la Federación".
Bibliografía y
lecturas
Informes de los monitoreos realizados por TM en colaboración con el
Poder Judicial de la Federación:
Nú
m.
PROYECTO ÓR
GA
NO
1 Renovación del cableado estructurado en
diversos inmuebles del CJF CJF
2 Adquisición e instalación de estantería móvil
deslizable automatizada
TEPJ
F
3 Proyecto ejecutivo del Canal Judicial y oficinas
administrativas de la SCJN
SCJ
N
4 Proyecto ejecutivo y construcción del Centro de
Desarrollo Infantil, CENDI
SCJ
N
5 Proyecto ejecutivo del Centro de Desarrollo
Humano
SCJ
N
6 Restauración de Fachadas del edificio sede de la
SCJN
SCJ
N
7 Contratación Consolidada de pólizas de Seguros
Patrimoniales del Poder Judicial
TEPJ
F
8 Contratación consolidada de las pólizas de
Seguros de Gastos Médicos para el Poder Judicial CJF
9 Adquisición de 20 camionetas blindadas para el
CJF CJF
Experiencia 32:
Portal de Convenios de Colaboración de la SCJN (México)
Institución/es que
realiza/n la experiencia Suprema Corte de Justicia de la Nación
País/es México
Información 106
Teléfono y fax 4113 1100, ext. 1734
Dirección de correo
electrónico http://www.scjn.gob.mx/
Dirección de Internet http://www2.scjn.gob.mx/convenios/
Descripción sintética de
la experiencia
Este Portal de Convenios sistematiza y pone a
disposición, de manera fácil y sencilla, los convenios
celebrados por la SCJN, de 1995 a la fecha, con
instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales. A través de los convenios este Alto
Tribunal fomenta la cultura jurídica y el intercambio
de información, y transparenta la información
relativa a su política de vinculación institucional,
pues es posible consultar con qué instituciones y con
qué objetivos establece dichos vínculos.
Efectos de la experiencia
No existía un procedimiento institucional unificado,
por lo cual, se considera muy positivo que la SCJN
transparente la celebración de instrumentos que
persiguen fines estrictamente académicos y
culturales en materia jurídica, lo que resulta de
interés básicamente para abogados postulantes y
estudiosos del Derecho, así como para todos
aquellos que sirven en la judicatura, sea del Poder
Judicial de la Federación o de los poderes judiciales
locales.
Participación de la
sociedad civil
Por tratarse de una actividad muy enfocada a
aspectos jurídicos, la gente interesada se conforma
por un universo reducido.
Enlaces Web http://www.scjn.gob.mx/
Experiencia 33:
Declaración Patrimonio e Intereses (Tribunal Constitucional de Chile)
Institución/es
que realiza/n la
experiencia
Tribunal Constitucional
País/es Chile
Información 107
Teléfono y fax (56-2) 6401820
(56-2) 6338354 (fax)
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet www.tribunalconstitucional.cl
Descripción
sintética de la
experiencia
La página del tribunal difunde las declaraciones patrimoniales e
intereses de los ministros numerarios y suplentes que integran al
Tribunal Constitucional de la República de Chile.
Efectos de la
experiencia
Si bien generalmente las declaraciones patrimoniales de los
funcionarios al servicio del estado son públicas, no todas las
instituciones hacen una difusión sistemática y abierta de las
mismas. La práctica del tribunal constitucional chileno destaca
precisamente no sólo por considerarlas públicas, sino por
hacerlas públicas sin petición expresa de por medio y utilizando
una herramienta de alcance prácticamente generalizado.
Participación
de la sociedad
civil
La participación de la ciudadanía ocurre en calidad de usuaria
de la página de internet del tribunal y, como tal, con posibilidad
de realizar funciones de auditoría social.
Enlaces Web http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ley-de-
transparencia/declaracion-patrimonio-e-intereses
Declaraciones patrimoniales. Uno de los instrumentos que está siendo
crecientemente utilizado para prevenir actuaciones de corrupción
radica en la imposición a los funcionarios y servidores públicos de la
obligación de presentar declaraciones patrimoniales. Son diferentes los
criterios que pueden utilizarse para construir y dotar de contenido a este
deber. Siguiendo lo expresado en la Guía de Buenas Prácticas en
América Latina (Asociación por los Derechos Civiles), existen datos
esenciales como los ingresos obtenidos por el servicio público y por otras
actividades profesionales, inversiones, bienes muebles e inmuebles del
funcionario y su familia, entre otros. Es fundamental que las declaraciones
patrimoniales se realicen periódicamente, así como al ingresar y dejar el
servicio público. Finalmente, es también relevante que existan normas
Información 108
jurídicas que establezcan con claridad los derechos y obligaciones de los
servidores públicos en esta materia.
Conscientes de que los Sistemas de Información Estadística son una de las bases
principales para el análisis de la situación y la planificación estratégica de los
diversos Poderes Judiciales de Ibero América.
Conscientes de que las estadísticas judiciales contribuyen a la transparencia de
las actividades realizadas por los Poderes Judiciales, garantizando el respeto de
los Derechos y Garantías fundamentales, como es el Derecho a la información
y a la publicidad de las resoluciones judiciales entre otros, además favoreciendo
a la Seguridad Jurídica que debe imperar en todo Estado de Derecho.
Conscientes de que la información estadística es una herramienta fundamental
para la creación e implementación de políticas integrales definidas y
desarrolladas por los Gobiernos de la Justicia, esto con la participación de todos
los sectores de la Sociedad, en procuración de la mejora de la calidad en las
resoluciones judiciales y mejor funcionamiento de los despachos del Poder
Judicial.
Conscientes de la importancia de contar con un acceso eficiente y oportuno
de la información judicial, misma que deberá ser dotada por unidades
especializadas o centros de documentación, factores determinantes en la
promoción de la equidad y la justicia social, contribuyendo al desarrollo de
nuestras sociedades y afianzamiento de la democracia y gobernabilidad.
(Declaración de Copán-San Salvador, Cumbre Judicial Iberoamericana 2004)
Estadísticas. El desarrollo de herramientas estadísticas cumple la función
de ofrecer datos sistematizados y agregados que permiten al ciudadano
evaluar la gestión del poder judicial y, en consecuencia, cumplir con la
obligación de rendir cuentas. El instrumento que se ha tomado como
referencia principal en esta materia es el “Plan Iberoamericano de
Estadística Judicial”, que inició sus trabajos en la XIV Cumbre Judicial
(2008) y que los ha continuado durante la XV Cumbre (2010) y la XVI
Cumbre (2012). En este sentido, resulta importante contar con una serie
de indicadores básicos de la eficacia del sistema que han sido
introducidos en el citado Plan, quien se ha inspirado en aquéllos más
comúnmente utilizados en los diferentes países iberoamericanos.
Información 109
Experiencia 34:
Portal de Estadística Judicial @lex (México)
Institución/es
que
realiza/n la
experiencia
Suprema Corte de Justicia de la Nación
País/es México
Teléfono y
fax
Teléfono 41 13 10 00 ext. 4322
Fax 41 13 54 19
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet www.alex.scjn.gob.mx
Descripción
sintética de
la
experiencia
En diciembre de 2009, la SCJN puso a disposición de la ciudadanía
y de los usuarios de internet en todo el mundo el Portal de
información estadística judicial @lex; que contiene información
estadística sobre el trámite administrativo y jurisdiccional de los
asuntos concluidos y archivados de Acciones de
Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales desde 1995 a
la fecha. El portal permite dos formas de consulta: la búsqueda por
expediente y la búsqueda avanzada, esta última permite exportar
la información sistematizada y contenida en el portal al programa
excel para que el usuario la pueda explotar de acuerdo a sus
necesidades. Adicionalmente ofrece diagramas de flujo de los dos
procesos jurisdiccionales que son útiles como material didáctico y
de comunicación, así como información estadística de los
procesos: cargas de trabajo, partes involucradas, duración del
proceso y sentido de la sentencia, entre otros.
Efectos de la
experiencia
El Portal @lex es una herramienta de vanguardia que posiciona a
la SCJN como el primer tribunal en México que hace pública
información detallada y completa de su principal actividad de
manera clara, confiable y con posibilidades de explotación por
parte del usuario. Además, @lex contribuye a la generación de
información sobre impartición de justicia, es decir, un tema de
interés nacional sobre el que existe poca información.
Este portal forma parte de la política de transparencia y rendición
de la SCJN, en la medida en que la ciudadanía tiene acceso a
información sobre su actividad sustancial, como Tribunal
Constitucional, lo que contribuye al fortalecimiento de las
instituciones públicas en un contexto democrático. Además pone
a disposición del usuario información primaria para realizar
diagnósticos y facilitar el diseño de políticas públicas que permitan
mejorar la calidad de la impartición de justicia. En 2010 el Portal
Información 110
@lex se hizo acreedor al segundo lugar de la Primera Edición del
Premio Innovare Internacional que se entregó en el marco de la
Cumbre Judicial Iberoamericana.
Participació
n de la
sociedad
civil
De mayo del 2011 a mayo del 2012, el Portal @lex ha tenido 24,930
visitas, los usuarios provienen de diferentes entidades federativas
del país e inclusive del extranjero (destacan EU, Perú, Colombia y
Ecuador).
Las secciones más visitadas en el portal son las que contienen
información estadística de los asuntos que tramita y resuelve la
SCJN. Asimismo se han recibido diversos comentarios acerca del
portal; de las personas que emitieron comentarios, el 35% son
estudiantes, profesores o investigadores, 16% son servidores
públicos y 24% son empleados privados. Estas opiniones han
motivado que se planee la ampliación de la información que
contiene el portal, integrando otros tipos de asuntos que resuelve
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, el Amparo
(juicios de revisiones) y las Contradicciones de Tesis (criterios
divergentes de tribunales federales sobre un mismo conflicto).
Enlaces Web
Asociación Mexicana de Estadística (AME); véase también este
enlace
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Presentación de PowerPoint de la visita a la UDLAP
México Estatal CIDE
Blog de política digital
Érudit
Multimedia Youtube: Premio Innovare 2010
Presentación de @lex en la UNAM
Designación de jueces y nombramientos. Como se expresó en capítulos
anteriores, los procesos de designación de los jueces tienen una gran
relevancia para el funcionamiento del sistema jurídico de un Estado,
despliegan importantes efectos sobre la calidad de la Justicia y, por
último, están estrechamente relacionados con la garantía del propio
estatuto de independencia de los jueces y, por tanto, con la integridad
del sistema judicial. La aplicación de fórmulas y mecanismos que aporten
transparencia en el proceso de designación contribuyen de forma
decisiva a mejorar las condiciones de independencia del ejercicio de la
Información 111
función judicial, disminuyendo el riesgo de influencias externas indebidas,
ya sea de naturaleza política, ya sea con participación de las élites
económicas, o bien de otro tipo.35.
Experiencia 35:
Sistema de Selección de Personal de la Función Judicial / Bolsa de Empleo
(Ecuador)
Institución/es
que realiza/n
la
experiencia
Consejo de la Judicatura
País/es Ecuador
Teléfono y fax 593 2 3953600
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/inicio
Descripción
sintética de
la
experiencia
El Sistema de Selección y la Bolsa de Empleo permiten a quienes
aspiran a ocupar un cargo en el poder judicial conocer las
plazas disponibles y en su caso registrarse electrónicamente
para concursar por las posiciones disponibles.
Efectos de la
experiencia
La particularidad de la experiencia es que se da a conocer
toda la información de cada una de las etapas que componen
al proceso de selección de los funcionarios. Se incluyen el
listado de postulantes y diversas estadísticas de carácter socio-
demográfico; además se da a conocer el banco de preguntas
a las que son sometidos los aspirantes, entre otros datos. El
proyecto prevé también un mecanismo para permitir a la
ciudadanía impugnar a los candidatos. En conjunto, estos
componentes hacen más transparente la forma en que son
reclutados los funcionarios judiciales, permitiendo a la
ciudadanía tanto incidir en el proceso, como en retrospectiva
conocer la forma en que se desenvolvieron las diferentes
etapas del proceso de selección.
35 Asociación por los Derechos Civiles, (AOC) “Acceso a la información y transparencia en el Poder
Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina”
Información 112
Participación
de la
sociedad civil
La participación de la sociedad civil ocurre de manera
individual, no organizada y consiste primordialmente en
emplear la información para realizar auditoría social, además
de poder activamente incidir a través de la presentación de
impugnaciones a candidatos.
Enlaces Web Enlace 1
Enlace 2
Experiencia 36:
Acompañamiento del procedimiento para seleccionar tres ternas de
candidatos a Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (México)
Institución/e
s que
realiza/n la
experiencia
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y
Transparencia Mexicana, A.C.
País/es México
Teléfono y
fax
Teléfono: 01 52 55 56594714 ext. 14, 15, 16
Teléfono de fax: 01 52 55 56594714 ext. 17
Dirección
de correo
electrónico
Dirección
de Internet www.tm.org.mx
Descripción
sintética de
la
experiencia
En noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) invitó a Transparencia Mexicana (TM) a colaborar en el
acompañamiento al Proceso de Selección de tres ternas de
candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
TM dio seguimiento al proceso de selección de tres ternas de
candidatos a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las etapas que lo
componen: la recepción de solicitudes de aspirantes y selección
de hasta 27 candidatos, exámenes escritos: de conocimientos y
práctico, comparecencias, evaluación por mérito curricular y
evaluaciones finales e integración y envío de ternas al Senado.
Efectos de
la
experiencia
Se considera que con la participación de TM, se fortaleció la
apertura del proceso de selección de magistrados, realizado por
la SCJN. Se reconoce que la inclusión de la sociedad civil en el
acompañamiento del proceso de toma de decisiones, puede
Información 113
tener un impacto positivo en procesos similares realizados en el
marco del sistema de la Carrera Judicial.
El objetivo de la SCJN fue favorecer la participación amplia y
plural de aspirantes calificados, y de seleccionar así a los perfiles
con los mayores méritos académicos y experiencia en el ámbito
de la justicia electoral. Al mismo tiempo la SCJN incorporó la
participación de la sociedad civil, y con ello aumentar la
confianza en el proceso y darle visibilidad a la toma de decisiones.
Participació
n de la
sociedad
civil
Acompañamiento de la toma de decisiones y procedimiento
para la designación de tres ternas de Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial.
Enlaces
Web
Reducen a 25 la lista de aspirantes a magistrados, La
Jornada, 5 de agosto 2008.
Comunicado de Prensa, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 4 de agosto de 2008.
Ternas para magistrados regionales, Razón de Ser, 28 de
agosto de 2008.
Informe Anual. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2007-2008. Página 93.
Bibliografía
y lecturas
Informe del Acompañamiento del procedimiento para
seleccionar tres ternas de candidatos a Magistrados de las Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Información sobre reuniones de
funcionarios de alto nivel. En el
documento Acceso a la Información y
Transparencia en el Poder Judicial.
Guía de Buenas Prácticas en América
Latina, se estima que proporcionar
información sobre las reuniones de
trabajo de altos funcionarios es un
elemento esencial de la
transparencia. Al respecto, el estudio
Experiencia 37:
Agenda Institucional del CGPJ
de España
Cabe destacar el “Plan de
Transparencia y Austeridad”,
aprobado por el Consejo
General del Poder Judicial de
España el día 28 de junio de 2012,
prevé la existencia de una
Agenda Institucional donde se
difundirán las actividades de los
distintos órganos y de los Vocales
de este organismo, que será
Información 114
Comparando transparencia. Un
estudio sobre acceso a la información
en el Poder Judicial (DPLF) refiere que
en América Latina existen escasos
avances en esta materia.
objeto de publicación en un
apartado específico y
fácilmente localizable de la
página web.
Dimensión jurisdiccional del acceso a la información judicial
En materia de información jurisdiccional, el trabajo de la Asociación por
los Derechos Civiles titulado Acceso a la Información y Transparencia en
el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en América Latina, da
especial luz sobre los elementos que requieren tenerse en cuenta para
proteger cabalmente el derecho de acceso a la información.
Acceso a la jurisprudencia de los tribunales. La publicidad de las
sentencias dictadas por los tribunales contribuye al control de su
actuación por parte de la ciudadanía, especialmente a través de los
medios de comunicación, constituyendo un elemento importante para
facilitar la aplicación del principio de transparencia a las actuaciones
judiciales. En esta materia se tiene en América Latina una experiencia
considerable, pero quizá el proyecto más extenso y diverso sea el Iberius-
Red Iberoamericana de Información y Documentación, de la Cumbre
Judicial Iberoamericana.
Experiencia 38:
Juzgados Transparentes Voluntarios (Bolivia)
Información 115
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
La Red Participación y Justicia, con apoyo de la Comisión
Andina de Juristas, la Universidad Católica Boliviana San Pablo,
el Consejo de la Judicatura de Bolivia y el National Endowment
for Democracy.
País/es Bolivia
Dirección de
Internet http://www.juzgadostransparentes.org/
Descripción
sintética de la
experiencia
El proyecto “Juzgados voluntarios transparentes” tiene el
objetivo de “fortalecer el sistema de administración de justicia,
incrementando la confianza ciudadana en el Poder Judicial
mediante la política de prevención contra actos de corrupción
y promoción de las buenas prácticas de los funcionarios
públicos”. La actividad primordial para conseguirlo es “la
publicación del texto completo de las decisiones judiciales de
todas las instancias, documento que hace públicos al mismo
tiempo los criterios judiciales individuales que se desprenden del
análisis del conjunto de las decisiones de cada magistrado,
criterios individuales que le permiten al usuario del servicio de
justicia, saber si es que cada juez concreto es razonablemente
coherente en el conjunto de sus decisiones jurídicas”
Efectos de la
experiencia
El proyecto “Juzgados voluntarios transparentes” ha conseguido
la participación del Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema
de Justicia y el Tribunal Agrario a través de la firma de convenios
en los que estas instituciones se comprometen a colaborar con
las actividades del proyecto y fomentar la participación
ciudadana.
Según datos correspondientes a 2009, el proyecto contaba con
la participación de 235 jueces y magistrados; al que se sumaban
263 estudiantes universitarios. Para ese mismo año, el proyecto
había generado una base de datos integrada por 6,235
resoluciones judiciales, las cuales sirvieron de base para 87
“Cuadernos Personales de Decisiones Jurisdiccionales”.
Participación
de la sociedad
civil
La sociedad civil ha participado a través del diseño y
administración de la iniciativa en sí misma. Asociaciones de
operadores jurídicos, así como instituciones académicas han
intervenido también como proveedoras de información y/o
recursos humanos para el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Enlaces Web http://www.juzgadostransparentes.org/
Bibliografía y
lecturas
Juzgados Transparentes Voluntarios. Sistematización de la
Experiencia en Bolivia. Bolivia: Red de Participación y Justicia.
Información 116
Experiencia 39:
Justicia y Transparencia (Perú)
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
Suma Ciudadana
País/es Perú
Teléfono y fax (511) 7349968
Dirección de
Internet http://www.sumaciudadana.org/
Descripción
sintética de la
experiencia
“Justicia y Transparencia” es un proyecto que a través de
internet pone a disposición de la ciudadanía un “archivo
organizado, participativo y de Libre acceso que reúne toda la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú emitida en los
procesos de habeas data, mediante los cuales se garantiza el
derecho al acceso a la información pública, así como el uso
legítimo y la integridad de los datos personales”.
“Nuestro objetivo es poner al alcance de cualquier
computadora, de manera rápida, ordenada y amigable, la
fuente de información más importante para entender cómo
ejercer adecuadamente ambos derechos y para que los sujetos
obligados sepan cómo satisfacerlos plenamente.”
Efectos de la
experiencia
La página de internet del Tribunal Constitucional de la República
de Perú contiene diversas formas de consulta de sus sentencias
y jurisprudencia. No obstante, de acuerdo a la revisión realizada,
ninguna de ellas permite hacer búsqueda específica en los
casos de habeas data. Este proyecto en consecuencia permite
a la ciudadanía revisar en forma integral las resoluciones que el
mencionado Tribunal ha realizado a través de un procedimiento
necesariamente vinculado a la transparencia y acceso a la
información: el habeas data. Además de hacer posible saber,
por ejemplo, que la abrumadora mayoría de los casos en la
materia se originan en la capital de Perú, la página permite a los
abogados y demás especialistas emplear este sitio como
herramienta para el litigio.
Participación
de la sociedad
civil
Este es un proyecto realizado por una organización de la
sociedad civil y pensado para la sociedad civil. La participación
entonces ocurre en forma organizada en la creación del
proyecto y la explotación de los datos del mismo.
Enlaces Web http://www.justiciaytransparencia.pe/
Información 117
Experiencia 40:
Iberius (Red Iberoamericana de
Información y Documentación)
(Cumbre Judicial Iberoamericana)
Publicidad de las sesiones, juicios y visitas a los tribunales. La publicidad
puede entenderse como el acceso de una colectividad humana
indeterminada, tanto a la existencia de una actuación judicial, como a
su desarrollo y contenido. Al posibilitar el control por la sociedad de las
actuaciones del Poder Judicial, constituye no solamente una garantía de
la independencia y la imparcialidad de la justicia, sino también una
salvaguarda de los derechos de las partes del proceso, así como un
importante mecanismo de prevención de la corrupción. La publicidad
tradicionalmente se ha garantizado permitiendo el acceso de los
interesados y de terceros a las sesiones de deliberación de los tribunales.
Ciertamente, las normas de procedimiento de los distintos países
reconocen y regulan esta publicidad procesal. Sin embargo, el
cumplimiento del principio de publicidad debe implicar que el contenido
de lo ocurrido en juicios y vistas pueda ser conocido no sólo por las
personas presentes. En este sentido, es importante que se consideren
formas de acceso no presencial, así como el uso de tecnologías de
información y comunicación para generar registros de los eventos.
Excepciones al principio de publicidad en los juicios y sesiones. El principio
de publicidad no es absoluto sino que, tal y como reconocen los
diferentes instrumentos internacionales, el carácter público puede ser
limitado o excluido, entre otras, por razones de orden público, moralidad
Información 118
o protección de personas menores. En una sociedad democrática
deben armonizarse los diferentes derechos, de ahí que resulte muy
relevante sopesar el principio de máxima publicidad con las condiciones
específicas de las personas cuya información será hecha pública.
Protección de datos personales. El desarrollo tecnológico y de nuevos
servicios de la sociedad de la información han ampliado las opciones de
intercambio de información entre las personas y de acceso a la misma
poniendo en jaque los criterios tradicionales de garantía de la protección
de datos y la privacidad, que deben adaptarse a los nuevos retos que se
plantean. De esta manera, el tratamiento masivo y selectivo de la
información personal en el marco descrito debe ser legítimo,
proporcionado a las finalidades que lo justifican y llevarse a cabo con
garantías de confidencialidad y seguridad que impidan el acceso a la
información por terceros no autorizados. En el ámbito de la protección
de datos, es necesario destacar los trabajos de la Red Iberoamericana
de Protección de Datos. En particular, la Declaración de Cartagena de
Indias relativa a un compromiso para alcanzar estándares
internacionales de protección de datos y privacidad” (VI Encuentro RIPD
2008) establece elementos que constituyen estándares en la materia:
1. Los datos personales deben ser obtenidos y tratados de modo leal y
lícito, respetando, como regla general, el poder de decisión de la
persona sobre la información que le afecta.
2. Las personas han de ser educadas en la protección de sus datos y
estar informadas sobre quién y para qué fines se tratan sus datos.
3. Los fines del tratamiento de datos serán específicos y concretos.
4. El tratamiento de datos ha de ser proporcionado a los fines que lo
justifican.
5. Los datos personales deben ser exactos y veraces.
6. Es preciso identificar categorías de datos que por su mayor
sensibilidad exijan una protección reforzada.
Información 119
7. Es preciso garantizar la confidencialidad y la seguridad de la
información personal.
8. Las personas deben tener la posibilidad de conocer qué información
se trata, rectificarla si es inexacta, obtener su cancelación si es
innecesaria y oponerse a su tratamiento.
9. Las limitaciones a las anteriores garantías han de fundarse en razones
de interés público.
10. Debe preverse una autoridad que permita que estas garantías sean
efectivas.
Transmisión de sesiones y juicios públicos de los tribunales. El enorme
desarrollo de los medios de comunicación social permite que las
personas pueden acceder al contenido y desarrollo del juicio o sesión no
solamente de forma presencial, sino también siguiendo la retransmisión
de audio y/o video del mismo que se realice por un medio de
comunicación: bien en formato tradicional o bien por web, en directo o
en diferido, de forma completa o parcial. En materia judicial, existen
varias experiencias interesantes en este ámbito que se recogen a
continuación:
Experiencia 41:
TVJustiça
Supremo Tribunal Federal
(Brasil)
Experiencia 42:
RádioJustiça
(Brasil)
Información 120
Experiencia 43:
Canal TV: Supremo Tribunal
Federal
(Brasil)
Experiencia 44:
Videoteca de Sesiones
(Suprema Corte de Justicia de la
Nación, México)
Experiencia 45:
Canal Judicial (México)
Institución/es
que realiza/n
la
experiencia
Suprema Corte de Justicia de la Nación
País/es México
Teléfono y
fax 4113-1100 x 2619 y 2620
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet www.scjn.gob.mx
Descripción
sintética de
la
experiencia
El Canal Judicial es una estación de televisión que desde mayo
de 2006 se transmite a través de internet y de servicios de
televisión de paga, creada con el objetivo de transparentar y
difundir sin intermediarios la labor de los órganos que integran al
Poder Judicial de la Federación (PJF). El Canal transmite en vivo
las sesiones del pleno de la SCJN y en ciertas ocasiones las de
otros órganos del PJF, y además realiza producciones propias
relacionadas con el quehacer jurisdiccional y los derechos
humanos.
Información 121
Efectos de la
experiencia
Si bien algunos expertos han criticado la difusión televisiva de las
sesiones del pleno por considerar que afecta el desempeño de
sus integrantes, el Canal Judicial ha sido un proyecto exitoso en
cuanto a hacer más accesible para los interesados y la
ciudadanía en general los procesos de toma de decisión del
máximo tribunal de México. De acuerdo con el Informe de
Labores 2007, el Canal produjo 1028 programas y transmitió 988
horas de programación.
Ejemplos de ello ha sido el permitir a los medios de comunicación
cubrir por esta vía las actividades de la SCJN; así como permitir
a la ciudadanía seguir en tiempo real decisiones de suma
importancia.
Participación
de la
sociedad
civil
Según lo indica el Informe de Labores de la SCJN para el año
2007, el proyecto fue resultado de las demandas por
transparentar el quehacer del PJF plasmadas en la Consulta
Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de
Impartición de Justicia.
La participación de la ciudadanía se da como consumidora de
la información que el Canal difunde, pero también a través de
académicos, representantes de organizaciones de la sociedad
civil y ciudadanos en general en los programas que éste
produce.
Enlaces Web http://www2.scjn.gob.mx/red/canaljudicial/
Multimedia Disponible en el enlace de la experiencia.
Sociedad civil y monitoreo del Poder Judicial. El papel de las
organizaciones no gubernamentales y otras entidades de base social
resulta importante para vertebrar la participación ciudadana en el
monitoreo del funcionamiento del Poder Judicial. El involucramiento de
la sociedad civil permite a los ciudadanos manifestar sus
preocupaciones y, especialmente, promover una cultura de mayor
escrutinio público. El actuar colectivo potencia la influencia ciudadana
y genera oportunidades que de otra manera sería muy difícil generar,
Información 122
como sinergias entre las instituciones judiciales y las propias
organizaciones del sector social.
Experiencia 46:
Auditoría Social Andina de los Sistemas de Justicia (Perú)
Institución/es
que realiza/n
la
experiencia
Comisión Andina de Juristas (con financiamiento de The
National Endowment for Democracy y la Embajada de los
Países Bajos)
País/es Perú
Teléfono y fax (511) 4407907.
Fax: (511) 2027179.
Dirección de
Internet http://www.cajpe.org.pe/
Descripción
sintética de
la
experiencia
La Auditoría Social Andina de los Sistemas de Justicia es un
proyecto de Comisión Andina de Juristas cuyos objetivos
principales son: el fortalecimiento de la independencia judicial
y el mejoramiento de la legitimidad de los órganos encargados
de la administración de justicia, ambos en las nueve principales
cortes de justicia en Perú. Las actividades principales del
proyecto se centran en desarrollar sistemas electrónicos de
consulta de las resoluciones jurisdiccionales, así como en incidir
en la forma de litigar a través de la capacitación de
operadores jurídicos.
Efectos de la
experiencia
El proyecto cuenta con la participación de 65 jueces de
diferentes niveles quienes han colaborado facilitando el
acceso de las resoluciones por ellos tomadas, así como a
información respecto a sus antecedentes profesionales.
Participación
de la
sociedad civil
La sociedad civil ha participado en forma activa realizando, a
partir de la creación de Comités, tareas de auditoría social y de
recuperación de información jurisdiccional.
Enlaces Web http://www.auditoriajudicial.org.pe/aj/
Bibliografía y
lecturas
Programa para mejorar la transparencia, integridad y
rendición de cuentas de los poderes judiciales de América
Latina. Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
Información 123
Experiencia 47:
Justicia Viva (Perú)
Institución/es
que realiza/n
la
experiencia
Instituto de Defensa Legal
País/es Perú
Teléfono y fax Telefax: (51-1) 617-5700
Dirección de
correo
electrónico
Dirección de
Internet
http://www.idl.org.pe/
Descripción
sintética de
la
experiencia
Justicia Viva se define a sí misma como un área de trabajo
“dedicada al seguimiento, fiscalización y planteamiento de
propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, el
fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia
de los sectores discriminados, el desarrollo y fortalecimiento de
la justicia de paz y la justicia comunal, la transparencia y la
lucha contra la corrupción”. Entre sus principales actividades
destaca el fomentar y canalizar el debate respecto del sistema
de justicia, tanto dentro como fuera de éste, así como dar
seguimiento a diversos temas relacionados con la
administración al interior del poder judicial, como también
respecto del desempeño de los órganos que lo componen.
Efectos de la
experiencia
Justicia Viva ha dado seguimiento y producido documentos
relacionados con el acceso a la justicia, la lucha
anticorrupción, la implementación de la reforma procesal
legal, la relación género-justicia, entre otros. También ha
colaborado en la capacitación de operadores jurídicos en
temas como la “justicia de paz”.
Participación
de la
sociedad civil
Justicia Viva es una iniciativa de la sociedad civil en
colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Perú,
por lo tanto, su participación se despliega a través de todas las
áreas del proyecto (investigación, difusión, capacitación, etc.).
Enlaces Web http://www.justiciaviva.org.pe/
Información 124
Tecnología y acceso a la información
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aportan
instrumentos fundamentales para mejorar la posibilidad y las condiciones
de ejercicio del acceso a la información judicial, pero también suponen
la aparición de nuevos riesgos que es necesario tener muy en cuenta al
analizar esta cuestión, especialmente en lo relativo a la protección del
derecho a la intimidad.
Las TIC están llamadas a desempeñar un papel relevante en el proceso
de modernización de la justicia, no solamente porque permiten
automatizar procesos, sino también porque permiten digitalizar los
grandes volúmenes de información que producen los tribunales y, en
última instancia, acortar plazos y entonces ofrecer un servicio con mayor
oportunidad.
E-Justicia
Los gobiernos judiciales y sus sistemas de administración de justicia se
encuentran en un proceso de cambio en su forma de gestión y
organización, siguiendo un modelo basado en el trabajo en red. Por
ejemplo, el recientemente publicado Informe 14 14 del Consejo
Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) del Consejo de Europa, sobre
“Justicia y Tecnologías de la Información (TI)”, establece que las TIC
constituyen instrumentos para mejorar la administración de justicia, para
facilitar el acceso de los justiciables a los tribunales y para mejorar el
acceso a la justicia.
Por su parte, la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través de las
“Recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de organización
Información 125
y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad de la
información)”, del Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad del
conocimiento. Retos para los países iberoamericanos”, estableció que la
implementación de estrategias de e-justicia, pueden contribuir a la
eficacia de los sistemas de justicia, optimizando recursos,
transparentando información y acercando la justicia al ciudadano.
DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET (2011)
Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la
Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de
Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial
sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite
que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones,
a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a
información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;
Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros
derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a
bienes y servicios;
Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los
países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de
personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso
de menor calidad;
Experiencia 48:
PROYECTO JUSTICIA VIRTUAL en el Superior Tribunal de Justicia (Brasil)
Antes, 70% del tiempo dedicado a cada proceso judicial era con tareas
burocráticas (petición, protocolo, distribución, etc.)
Cada proceso judicial llevaba 5 meses para llegar al Superior Tribunal de
Justicia y 7 meses más para ser asignado a un Ministro para decisión;
Actualmente, los procesos son enviados en sólo un día y distribuidos el
mismo día a un Ministro para decisión. Ya no se pierde más tiempo con los
12 meses de espera. Por lo tanto, eso reduce drásticamente el tiempo de
Información 126
las decisiones judiciales;
Ha sido galardonado con el PREMIO INNOVARE, en su VI Edición en 2009
Fue presentado en el seno del “Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de
América Latina”
Experiencia 49:
Registro Central de Detenidos (Guatemala)
Institución/es
que realiza/n
la experiencia
Corte Suprema de Justicia
País/es Guatemala
Teléfono y fax (502) 24267000
Dirección de
Internet http://www.oj.gob.gt/
Descripción
sintética de la
experiencia
El 11 de enero de 2012 la Corte Suprema de Justicia creó, a
través del Acuerdo 5/2012 el “Registro Central de Detenidos”
(RECEDE) para centralizar la información de las personas
ingresadas a cualquier centro de detención o separos judiciales
del país, ello con el objetivo de proporcionar información a la
ciudadanía sobre las personas afectadas por detenciones y el
estado en el que se encuentran.
Efectos de la
experiencia
El RECEDE es de reciente creación, por lo cual no se cuenta
todavía con información suficiente para evaluar los efectos que
ha producido. Sin embargo, no es menor la creación de un
registro de esta naturaleza en una nación con antecedentes de
desapariciones forzadas. Además de servir como herramienta
de consulta para operadores jurídicos y sociedad en general,
también de ser exitoso podrá constituir un mecanismo que
contribuya a disuadir prácticas erróneas en materia de registro y
procesamiento de datos personales.
Participación
de la sociedad
civil
Algunas fuentes periodísticas refieren que la creación de este
registro guarda cierta relación con demandas de grupos de la
sociedad civil y organismos internacionales vinculado a la
defensa de los derechos humanos.
Enlaces Web http://consulta-recede.oj.gob.gt/
Bibliografía y
lecturas Guatemala. Corte Suprema de Justicia. Acuerdo 5-2012.
Información 127
Tecnología y transparencia judicial
Son numerosas las posibilidades de aplicación de las TIC para hacer más
transparente el desempeño de los poderes judiciales y las condiciones de
acceso a la información judicial. El trabajo “Perspectivas de uso e
impactos de las TIC en la Administración de Justicia en América Latina”36
cita como ejemplos la posibilidad de ver las estadísticas de distintas
unidades, y plantearse interrogantes acerca de la productividad de
algunas de éstas; la posibilidad de analizar la ejecución presupuestaria,
y compararla con otras instituciones públicas; añadiendo que también es
posible fiscalizar las actuaciones de las autoridades públicas.
En el mercado tecnológico se encuentran desarrolladas soluciones TIC
para lograr mayores grados de acceso a la información, transparencia y
rendición de cuentas. Los problemas para avanzar en este camino no
son de naturaleza tecnológica, sino organizativo: tanto en lo relativo al
diseño e implementación de la política pública correspondiente, como
en lo referente a la adecuada gestión del cambio cultural inherente a
todo despliegue de este tipo.
Internet y acceso a la información judicial
El desarrollo de los instrumentos web aporta una mayor capacidad para
dar publicidad a las decisiones judiciales y a los actos de gobierno del
poder judicial, por lo que puede facilitar en gran medida la aplicación
36 CEJA y Microsoft, “Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la Administración de Justicia en
América Latina”, página 58.
Información 128
de los principios de transparencia y rendición de cuentas37. Sin embargo,
también se incrementan los riesgos de atentados indebidos contra el
derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal.
Y en este punto también es necesario tener presente la propia evolución
hacia la denominada web 2.0, que ofrece unas mayores posibilidades
de interactuar con la ciudadanía.
En materia de información judicial e internet, el referente fundamental
que existe en la región son las Reglas mínimas para la difusión de
información judicial en Internet, aprobadas en 2003 en Costa Rica, en el
marco del Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de
Heredia. Las Reglas de Heredia, como también se les conoce,
constituyen recomendaciones útiles para los poderes judiciales en
materia del uso de internet, las cuales abarcan aspectos fundamentales
como la relación entre transparencia y privacidad.
Por otra parte, en los años recientes se ha venido publicando el Índice de
Acceso a la Información Judicial en Internet (IAcc), estudio que evalúa
periódicamente la información que publican los diferentes poderes
judiciales de los países que conforman la Organización de Estados
Americanos (OEA). La 7ª edición de este índice, se realizó en 2007 y arrojó
resultados que indican que continúa existiendo una gran disparidad
entre las diferentes naciones de la región.
37Seminario de Puerto Madryn sobre “Jueces y Nuevas Tecnologías de la información” (Provincia de
Chubut, Argentina), por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, en colaboración
con IIJusticia, y con el apoyo del International Development Centre de Canadá, durante los días 9 y
10 de septiembre de 2004.
Información 129
Experiencia 50:
ÍNDICE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET (IAcc)
Materiales sobre acceso a la información judicial
Estándares e instrumentos internacionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
“Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial
Iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre Judicial
Iberoamericana, Cancún 2002)
“Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en
condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008), así como por la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).
“Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas e integridad en los Sistemas de Justicia Iberoamericanos”,
aprobados por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana (Buenos Aires,
2012).
“Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, aprobada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º
periodo ordinario de sesiones (octubre 2000).
“Recomendaciones básicas sobre sistemas alternativos de
organización y gestión de la justicia correspondientes a la sociedad
de la información”, del Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad
del conocimiento. Retos para los países iberoamericanos”,
Información 130
desarrollado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Santo
Domingo, 21 y 22 de junio de 2006).
Informe 14 (2011) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE)
del Consejo de Europa, sobre “Justicia y Tecnologías de la Información
(TI)”
Reglas de Heredia o “Reglas mínimas para la difusión de información
judicial en Internet”, Recomendaciones aprobadas durante el
Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia
(Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003.
Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet (2011).
Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas
(ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante
para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora
Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
“Declaración de Cartagena de Indias relativa a un compromiso para
alcanzar estándares internacionales de protección de datos y
privacidad” (VI Encuentro RIPD 2008).
Directrices para la regulación de los archivos de datos personales
informatizados, aprobados por la Resolución 45/95 de la Asamblea
General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1990.
OCDE, “Directrices relativas a la protección de la intimidad y de la
circulación transfronteriza de datos personales”
Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para
la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal.
Materiales del Programa
Presentación sobre “Transparencia y acceso a la información judicial”,
presentado por Álvaro Herrero (Asociación por los Derechos Civiles
ADC) en el seno del Programa para mejorar la Transparencia,
Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes Judiciales de
América Latina
Presentación sobre “Estándares interamericanos en materia de
acceso a la información”, presentado por la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión en el seno del Programa para mejorar la
Información 131
Transparencia, Integridad y la Rendición de Cuentas en los Poderes
Judiciales de América Latina
Presentación sobre “Justicia Digital en Brasil”, por parte de César
ASFOR ROCHA, Presidente del Tribunal Superior Judicial de Brasil, en el
Programa para mejorar la Transparencia, Integridad y la Rendición de
Cuentas en los Poderes Judiciales de América Latina
Lecturas
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Acceso a la información
y transparencia en el Poder Judicial. Guía de Buenas Prácticas en
América Latina”, apoyado por el programa de Información,
Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial (WBI)
Alice ATHIÉ, “Rendición de cuentas, acceso a la información y
transparencia en los presupuestos públicos”, Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, México, 2005
Alberto BINDER, Juan Enrique VARGAS y Cristián RIEGO, “Los Jueces y
la información. Sistemas de Información e Instituciones en el marco de
la Reforma Judicial”
CEJA y Microsoft, “Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la
Administración de Justicia en América Latina”.
Comisión Europea, “La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”,
aprobado el día 25 de julio de 2001.
Due Process of Law Foundation (DPLF), “Disclosing Justice. A Study on
Access to Judicial Information in Latin America”, 2007
Due Process of Law Foundation (DPLF), “Comparando transparencia.
Un estudio sobre acceso a la información en el Poder Judicial”,
Washington, 2007
Due Process of Law Foundation (DPLF), “Obstáculos para el acceso a
la justicia en las Américas”
FLORES, Marvin. 2008. Manual para la Auditoría Social a través del
Sistema Guatecompras. Guatemala: Acción Ciudadana. Disponible
en:
Juan Luis GONZÁLEZ ALCÁNTARA, “Transparencia y acceso a la
información judicial”
Silvana GRECO y Silvia E. VECCHI, “Acciones participativas en el
campo de la Administración de Justicia y Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)”
Margaret POPKIN, “Participación ciudadana en la reforma de la
justicia”, en la Introducción a la obra “Sociedad civil y reforma judicial
Información 132
en América Latina”, editado por la Fundación para el Debido Proceso
Legal (DPLF) y por el nacional Center for State Courts, Washington,
octubre 2005.
Margaret POPKIN, “La difusión de las sentencias en Estados Unidos”
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), “Resource Guide
on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, 2011.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos, “Estudio Especial sobre el derecho de acceso a la
información”, Washington, 2007.
VARIOS AUTORES, “El acceso a la información judicial en México: una
visión comparada”, Universidad Nacional Autónoma de México, DPLF,
Instituto de Investigación para la Justicia, Open Society Institute,
México, 2005
Multimedia
Video sobre la Importancia del derecho de acceso a la información,
intervención de Catalina Botero (Relatora Especial para la Libertad de
Expresión-OEA) en la semana de la Transparencia organizada por el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública-México.
Video sobre las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Video sobre la transmisión de sesiones judiciales por el Supremo
Tribunal Federal de Brasil (STF).
Presentación de @lex en la UNAM
PREMIO INNOVARE, en su VI Edición en 2009 al PROYECTO JUSTICIA
VIRTUAL en el Superior Tribunal de Justicia (Brasil).
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales 133
Anexo I. Cuadro interactivo de instrumentos y
estándares internacionales
INSTRUMENTOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES REFERENCIADOS
NACIONES UNIDAS
Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos Naciones Unidas (1966)
Principios Básicos relativos
a la Independencia de la
Judicatura, aprobados por
la Asamblea General de la
ONU
Aprobados por la Asamblea General de la ONU
(1985)
Principios de Conducta
Judicial de Bangalore Naciones Unidas (2002)
Resolución de la Comisión
de Derechos Humanos
2002/37, ONU relativa a la
integridad judicial
Naciones Unidas (2002)
Convención de las
Naciones Unidas contra la
Corrupción
Naciones Unidas, que entró en vigor en 2005
Declaración Conjunta
sobre Libertad de Expresión
de Internet
Declaración conjunta (2011) del Relator Especial de
las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de
Opinión y de Expresión, la Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), la Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la
Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre
Libertad de Expresión y Acceso a la Información de
la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (CADHP).
Directrices para la
regulación de los archivos
de datos personales
informatizados
Aprobados por la Resolución 45/95 de la Asamblea
General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de
1990
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales 134
AMÉRICA LATINA
Convención Americana
sobre Derechos Humanos
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de
noviembre de 1969.
Reglas de Brasilia sobre
acceso a la Justicia de las
Personas en condición de
vulnerabilidad
Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008), así
como por la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y
la Unión Iberoamericana de Colegios y
Agrupaciones de Abogados (UIBA).
Estatuto del Juez
Iberoamericano
Aprobado por la Cumbre Judicial Iberoamericana
que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (España) los
días 23 a 25 de mayo de 2001.
“Carta de Derechos de las
Personas en el Espacio
Judicial Iberoamericano”
Aprobada por la VII Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia, celebrada en Cancún en
noviembre de 2002.
Buenas Prácticas sobre las
Relaciones entre los
Poderes Judiciales y los
Medios de Comunicación
Aprobadas por la XV Cumbre Judicial
Iberoamericana (Montevideo 2010).
“Decálogo de la Red de
Comunicadores” Cumbre Judicial Iberoamericana
Reglas de Heredia o
“Reglas mínimas para la
difusión de información
judicial en Internet”
Recomendaciones aprobadas durante el Seminario
Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de
Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003
con la participación de poderes judiciales,
organizaciones de la sociedad civil y académicos de
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana
y Uruguay.
Código Modelo
Iberoamericano de Ética
Judicial
Aprobado por la XIII Cumbre Judicial
Iberoamericana (República Dominicana, 21 y 22 de
junio de 2006)
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales 135
Recomendaciones
básicas sobre sistemas
alternativos de
organización y gestión de
la justicia correspondientes
a la sociedad de la
información
Proyecto “E-Justicia: la Justicia en la sociedad del
conocimiento. Retos para los países
iberoamericanos”, desarrollado en la XIII Cumbre
Judicial Iberoamericana (Santo Domingo, 21 y 22 de
junio de 2006)
Recomendaciones en
materia de transparencia,
rendición de cuentas e
integridad en los Sistemas
de Justicia
Iberoamericanos
Aprobadas por la XVI Cumbre Judicial
Iberoamericana (Buenos Aires, 2012).
Plan Iberoamericano de
Estadística Judicial
Trabajos de la XIV (Brasilia 2008) XV (Montevideo
2010) y XVI (Buenos Aires 2012) Cumbre Judicial
Iberoamericana
Reglas Mínimas sobre
Seguridad Jurídica en el
Ámbito Iberoamericano
Aprobadas por la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana (Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008)
Declaración de Principios
sobre Libertad de
Expresión
Aprobada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos durante su 108º periodo ordinario
de sesiones (octubre 2000)
Declaración de
Cartagena de Indias
relativa a un compromiso
para alcanzar estándares
internacionales de
protección de datos y
privacidad
Aprobado por el VI Encuentro de la Red
Iberoamericana de Protección de Datos (2008)
Reporte sobre la Justicia
en las Américas
Elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA)
Latinobarómetro Corporación Latinobarómetro. Estudio de opinión
pública en América Latina.
Barómetro de
Gobernabilidad de CIMA
Consorcio Iberoamericano de Empresas de
Investigación de Mercados y Asesoramiento
“Índice de Desarrollo
Democrático de América
Latina”; Informe 2011
“Índice de Desarrollo Democrático de América
Latina”, desarrollado por la Fundación Konrad
Adenuer.
EUROPA
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales 136
“Carta Magna de los
Jueces (Principios
Fundamentales)”
Proclamada el 17 de noviembre de 2010 por el
Consejo Consultivo de Jueces de Europa del Consejo
de Europa (con motivo de la conmemoración del X
Aniversario del CCJE)
Recomendación R (94)12 a
los Estados miembros sobre
la independencia, la
eficacia y el papel de los
jueces
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los
Estados miembros
Informe nº 13 (2010) sobre
el papel de los jueces en
la ejecución de las
resoluciones judiciales
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de
Europa (Consejo de Europa)
Informe nº 7(2005) sobre
Justicia y Sociedad
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de
Europa (Consejo de Europa)
Informe nº 1 (2001) sobre
independencia e
inamovilidad de los Jueces
Aprobado por el Consejo Consultivo de Jueces de
Europa (Consejo de Europa)
Informe sobre la Evolución
de los Sistemas Judiciales
Europeos
Elaborado por el Consejo de Europa a través de la
CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la
Justicia)
Resolución de Bucarest
sobre la transparencia y el
acceso a la justicia
Aprobado por la Red Europea de Consejos de
Justicia (mayo 2009)
Measurement of National
and Transnational Public
Confidence. Report 2010-
2011
Presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea
General de la Red Europea de Consejos de Justicia
celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011
Informe sobre “Timeliness.
Report 2010-2011”
Presentado por el Equipo del Proyecto a la Asamblea
General de la Red Europea de Consejos de Justicia
celebrada los días 8 a 10 de junio de 2011.
Judiciary and the Media.
Report 2005-2006 Red Europea de Consejos de Justicia
Directrices relativas a la
protección de la intimidad
y de la circulación
transfronteriza de datos
personales
OCDE
Anexo. Cuadro interactivo de instrumentos y estándares internacionales 137
Convenio nº 108 del
Consejo de Europa, para
la protección de las
personas con respecto al
tratamiento automatizado
de datos de carácter
personal
Consejo de Europa, 28 de enero de 1981
Anexo II. Cincuenta experiencias 138
Anexo 2. Cincuenta experiencias en materia
integridad, rendición de cuentas y transparencia
en el poder judicial
PAÍS ELEMENTO EXPERIENCIA BREVE DESCRIPCIÓN
1) América
Latina
Confianza del
ciudadano en
el sistema
judicial
Latinobarómetro
Estudio de opinión pública que
aplica anualmente alrededor
de 20.000 entrevistas en 18
países de América Latina
representando a más de 400
millones de habitantes.
2) América
Latina
Confianza del
ciudadano en
el sistema
judicial
Barómetro de
Gobernabilidad de
CIMA
Barómetro del Consorcio
Iberoamericano de Empresas
de Investigación de Mercados
y Asesoramiento.
3) México Transparencia
judicial
Transparencia de la
Suprema Corte de
Justicia de la
Nación
Sitio Web sobre Transparencia
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (México)
4) Georgia
Transparencia
judicial: política
de
comunicación
Estado de Georgia:
Proyecto de
asistencia del
Banco Mundial
Como parte integral del
Programa de Apoyo al Sector
Justicia (con la asistencia del
Banco Mundial) se diseña una
amplia iniciativa de
comunicación y educación
cívica.
Anexo II. Cincuenta experiencias 139
5)
Argentina
Transparencia
judicial: Justicia
y medios de
comunicación
Oficina de
Comunicación
Interinstitucional del
Ministerio Público
Fiscal de Esquel
Proyecto destinado a
desarrollar la imagen
institucional del Ministerio
Público realzando sus atributos
positivos y desplegando el
potencial comunicacional
intrínseco de la organización.
Se organiza en torno a tres
grandes áreas: comunicación
interna; comunicación
interinstitucional; y
comunicación externa (medios
de prensa; y comunidad).
6) América
Latina
Transparencia
judicial: Justicia
y medios de
comunicación
Red de
Comunicadores del
Área Justicia
La Cumbre Judicial
Iberoamericana, en su XV
Edición (Montevideo 2010)
creó la denominada “Red de
Comunicadores del Área
Justicia” para responder a la
necesidad de intercambiar
experiencias, buenas prácticas
y lecciones aprendidas para
avanzar en la mejora y la
calidad de nuestras estrategias
y acciones comunicacionales.
Esta Red está formada por los
máximos responsables técnicos
de los gabinetes u oficinas de
comunicación e imagen.
Anexo II. Cincuenta experiencias 140
7)
España
Transparencia
judicial:
educación y
cultura sobre la
justicia
El Juez de Paz
Educativo
Proyecto de supervisión
ciudadana y difusión de
información sobre los procesos
de selección de los
magistrados de las altas cortes
y de los altos funcionarios
relacionados con la
procuración e impartición de
justicia. Este proyecto del que
forman parte trece
organizaciones privadas y de la
sociedad civil, tiene el objetivo
particular de fomentar la
transparencia de dichos
procesos, evitar el “lobbying
clandestino” y abrir espacio
para la intervención de la
ciudadanía. Lo anterior es
realizado primordialmente a
partir de un sitio de internet en
el que se difunde información
sobre el proceso de selección
de los funcionarios y la
importancia de las instituciones
para las que son propuestos.
8)
Costa Rica
Transparencia
judicial:
educación y
cultura sobre la
justicia
Campaña para
sensibilizar sobre los
derechos de
menores de edad
Política institucional
del Poder Judicial
sobre niños, niñas y
adolescentes
Campaña para sensibilizar al
personal judicial acerca de los
derechos que asisten a los
menores de edad sujetos a un
proceso penal, realizada por el
Poder Judicial de Costa Rica.
9) España
Transparencia
judicial:
educación y
cultura sobre la
justicia
Educando en
Justicia
Programa “Educando en
Justicia”
(Consejo General del Poder
Judicial de España).
Anexo II. Cincuenta experiencias 141
10)
Argentina
Transparencia
judicial:
participación
del usuario de
la justicia
Gobierno Abierto
(Argentina)
A través de este sitio web, la
Corte pone a disposición de los
ciudadanos las herramientas
digitales adecuadas
(incluyendo las redes sociales
como Facebook y Twitter) para
que éstos puedan hacer llegar
consultas, sugerencias y
opiniones a las diferentes áreas
involucradas en la prestación
del servicio de justicia.
11)
Argentina
Transparencia
judicial y
participación
ciudadana
Amicuscuriae
La Corte Suprema de Justicia
considera apropiado que, en
las causas en trámite ante sus
estrados y en que se ven en
asuntos de trascendencia
institucional o que resulten de
interés público, se autorice a
tomar intervención como
Amigos del Tribunal a terceros
ajenos a las partes, que
cuenten con una reconocida
competencia sobre la cuestión
debatida y que demuestren un
interés inequívoco en la
resolución final del caso.
Anexo II. Cincuenta experiencias 142
12)
Ecuador
Transparencia
judicial y
participación
ciudadana
Tod@s somos
justicia
La Cumbre Judicial
Iberoamericana, en su XV
Edición (Montevideo 2010)
creó la denominada “Red de
Comunicadores del Área
Justicia” para responder a la
necesidad de intercambiar
experiencias, buenas prácticas
y lecciones aprendidas para
avanzar en la mejora y la
calidad de nuestras estrategias
y acciones comunicacionales.
Esta Red está formada por los
máximos responsables técnicos
de los gabinetes u oficinas de
comunicación e imagen
14)
Guatemala
Acceso a la
información:
manejo de
fondos públicos
Sistema de
Contrataciones y
Adquisiciones del
Estado de
Guatemala
(Guatecompras)
Sistema de contrataciones y
adquisiciones de las entidades
públicas en Guatemala, que
contiene información sobre las
operaciones realizadas por el
Poder Judicial a partir de 2004.
Este sistema hace posible
consultar información por tipos
de concurso (vigentes o no,
adjudicados, anulados,
desiertos, etc.), además de
incluir datos sobre
inhabilitaciones y quejas de
usuarios, y permitir la
suscripción a un boletín en el
que se hacen públicas las
contrataciones de esta rama
de gobierno.
Anexo II. Cincuenta experiencias 143
15) México
Acceso a la
información:
manejo de
fondos públicos
Monitoreo de
contrataciones en
el Poder Judicial de
la Federación
Acompañamiento de los
procedimientos de
adjudicación de contratos, en
los Programas Anuales de
Adquisiciones, Contratación de
Servicios y Obra Pública (PAA)
de los tres órganos que
componen el Poder Judicial
mexicano: SCJN, Consejo de la
Judicatura Federal y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
16) México
Acceso a la
información:
manejo de
fondos públicos
Portal de
Convenios de
Colaboración de la
SCJN
Este Portal de Convenios
sistematiza y pone a
disposición, de manera fácil y
sencilla, los convenios
celebrados por la SCJN, de
1995 a la fecha, con
instituciones públicas y
privadas, nacionales e
internacionales.
17) Chile
Acceso a la
información:
declaraciones
patrimoniales
Declaración
Patrimonio e
Intereses (Tribunal
Constitucional de
Chile)
La página del tribunal difunde
las declaraciones patrimoniales
e intereses de los ministros
numerarios y suplentes que
integran al Tribunal
Constitucional de la República
de Chile.
18) México
Acceso a la
información:
estadísticas
Portal de
Estadística Judicial
@lex
Contiene información
estadística sobre el trámite
administrativo y jurisdiccional
de los asuntos concluidos y
archivados de Acciones de
Inconstitucionalidad y
Controversias Constitucionales
desde 1995 a la fecha. El portal
permite dos formas de
consulta: la búsqueda por
expediente y la búsqueda
avanzada.
Anexo II. Cincuenta experiencias 144
19)
Ecuador
Acceso a la
información:
designación de
jueces y
nombramientos
Sistema de
Selección de
Personal de la
Función Judicial /
Bolsa de Empleo
El Sistema de Selección y la
Bolsa de Empleo permiten a
quienes aspiran a ocupar un
cargo en el poder judicial
conocer las plazas disponibles
y en su caso registrarse
electrónicamente para
concursar por las posiciones
disponibles.
20) México
Acceso a la
información:
designación de
jueces y
nombramientos
Acompañamiento
del procedimiento
para seleccionar
tres ternas de
candidatos a
Magistrados de las
Salas Regionales
del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial de la
Federación
TM da seguimiento al proceso
de selección de tres ternas de
candidatos a Magistrados de
Salas Regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en las etapas
que lo componen: la
recepción de solicitudes de
aspirantes y selección de hasta
27 candidatos, exámenes
escritos: de conocimientos y
práctico, comparecencias,
evaluación por mérito
curricular y evaluaciones finales
e integración y envío de ternas
al Senado.
21) España
Acceso a la
información:
reuniones de
funcionarios de
alto nivel
Agenda
Institucional del
CGPJ de España
El “Plan de Transparencia y
Austeridad” (28 de junio de
2012), prevé la existencia de
una Agenda Institucional
donde se difundirán las
actividades de los distintos
órganos y de los Vocales de
este organismo, que será
objeto de publicación en un
apartado específico y
fácilmente localizable en la
página web.
Anexo II. Cincuenta experiencias 145
22)
América
Latina
Acceso a la
información:
jurisprudencia
de los
tribunales
Iberius (Red
Iberoamericana de
Información y
Documentación)
Contiene información sobre
jurisprudencia de los distintos
países iberoamericanos que se
incluye en el proyecto Iberius-
Red Iberoamericana de
Información y Documentación
(Cumbre Judicial
Iberoamericana).
23) Bolivia
Acceso a la
información:
jurisprudencia
de los
tribunales
Juzgados
Transparentes
Voluntarios
Publicación del texto completo
de las decisiones judiciales de
todas las instancias,
documento que hace públicos
al mismo tiempo los criterios
judiciales individuales que se
desprenden del análisis del
conjunto de las decisiones de
cada magistrado, criterios
individuales que le permiten al
usuario del servicio de justicia,
saber si es que cada juez
concreto es razonablemente
coherente en el conjunto de
sus decisiones jurídicas.
24) Perú
Acceso a la
información:
jurisprudencia
de los
tribunales
Justicia y
Transparencia
Proyecto que a través de
internet pone a disposición de
la ciudadanía un “archivo
organizado, participativo y de
Libre acceso que reúne toda la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional del Perú emitida
en los procesos de habeas
data, mediante los cuales se
garantiza el derecho al acceso
a la información pública, así
como el uso legítimo y la
integridad de los datos
personales”.
Anexo II. Cincuenta experiencias 146
25) Brasil
Acceso a la
información:
publicidad de
sesiones y
juicios públicos
TVJustiça
Experiencia de Televisión en la
Justicia del Supremo Tribunal
Federal.
26) Brasil
Acceso a la
información:
publicidad de
sesiones y
juicios públicos
Canal TV
Otra experiencia de Canal de
Televisión en la Justicia del
Supremo Tribunal Federal.
27) México
Acceso a la
información:
publicidad de
sesiones y
juicios públicos
Videoteca de
Sesiones
Videoteca de Sesiones de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación de México.
28) Brasil
Acceso a la
información:
publicidad de
sesiones y
juicios públicos
Rádio Justiça
Estación de radio publica
administrada por el Supremo
Tribunal Federal que se
transmite por internet y de
manera local en el Distrito
Federal en frecuencia
modulada. Con el objetivo de
evitar que los temas
relacionados con la
administración de justicia sean
tratados de manera superficial
la estación se avoca al análisis
de los mismos a partir de los
siguientes ejes editoriales
periodismo, educación, cultura
y ciudadanía.
Anexo II. Cincuenta experiencias 147
29) México
Acceso a la
información:
publicidad de
sesiones y
juicios públicos
Canal Judicial
Estación de televisión que
desde mayo de 2006 se
transmite a través de internet y
de servicios de televisión de
pago, creada con el objetivo
de transparentar y difundir sin
intermediarios la labor de los
órganos que integran al Poder
Judicial de la Federación (PJF).
El Canal transmite en vivo las
sesiones del pleno de la SCJN y
en ciertas ocasiones las de
otros órganos del PJF, y
además realiza producciones
propias relacionadas con el
quehacer jurisdiccional y los
derechos humanos.
30) Perú
Acceso a la
información:
sociedad civil y
monitoreo del
Poder judicial
Auditoría Social
Andina de los
Sistemas de Justicia
Proyecto de Comisión Andina
de Juristas cuyos objetivos
principales son: el
fortalecimiento de la
independencia judicial y el
mejoramiento de la legitimidad
de los órganos encargados de
la administración de justicia,
ambos en las nueve principales
cortes de justicia en Perú. Las
actividades principales del
proyecto se centran en
desarrollar sistemas
electrónicos de consulta de las
resoluciones jurisdiccionales, así
como en incidir en la forma de
litigar a través de la
capacitación de operadores
jurídicos.
Anexo II. Cincuenta experiencias 148
31) Perú
Acceso a la
información:
sociedad civil y
monitoreo del
Poder judicial
Justicia Viva
Área de trabajo “dedicada al
seguimiento, fiscalización y
planteamiento de propuestas
relacionadas a la reforma del
sistema de justicia, el
fortalecimiento del Estado de
Derecho, el acceso a la justicia
de los sectores discriminados, el
desarrollo y fortalecimiento de
la justicia de paz y la justicia
comunal, la transparencia y la
lucha contra la corrupción.”
32)
Guatemala
Acceso a la
información:
TIC
Registro Central de
Detenidos
El 11 de enero de 2012 la Corte
Suprema de Justicia creó, a
través del Acuerdo 5/2012 el
“Registro Central de
Detenidos” (RECEDE) para
centralizar la información de las
personas ingresadas a
cualquier centro de detención
o separos judiciales del país,
ello con el objetivo de
proporcionar información a la
ciudadanía sobre las personas
afectadas por detenciones y el
estado en el que se
encuentran.
33) Brasil
Acceso a la
información:
TIC
Proyecto Justicia
Virtual
PROYECTO JUSTICIA VIRTUAL:
aplicación de las TIC para la
mejora de la tramitación de los
procedimientos en el Superior
Tribunal de Justicia (Brasil).
Anexo II. Cincuenta experiencias 149
34)
América
Latina
Acceso a la
información:
TIC/información
web
ÍNDICE DE ACCESO
A LA
INFORMACIÓN
JUDICIAL EN
INTERNET (IAcc)
Es un indicador que evalúa la
existencia de información
considerada básica y
relevante, en base a una
metodología desarrollada por
un grupo de expertos de CEJA
en el año 2004, quienes
identificaron un conjunto de
sub indicadores y categorías
de análisis del nivel de acceso
a la información judicial a
través de las página Web de
los Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos de los
países que conforman la
Organización de Estados
Americanos (OEA).
35)
América
Latina
Rendición de
cuentas:
confección y
aplicación de
indicadores
Plan
Iberoamericano de
Estadística Judicial
(PLIEJ)
Plan que fue aprobado en
noviembre del 2006, en el
marco de la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana, y
cuyo contenido viene siendo
definido y desarrollado por las
sucesivas ediciones de la
Cumbre.
36)
América
Latina
Rendición de
cuentas:
confección y
aplicación de
indicadores
“Reporte sobre la
Justicia en las
Américas” (CEJA)
Informe elaborado por el
Centro de Estudios de Justicia
de las Américas (CEJA), que
tiene como objetivo entregar
una visión comprensiva de los
sistemas judiciales de todos los
países de la región, dando
cuenta de la estructura y
características,
funcionamiento, productividad
e iniciativas de reforma en
curso en cada uno de ellos.
Anexo II. Cincuenta experiencias 150
37) Europa
Rendición de
cuentas:
confección y
aplicación de
indicadores
Informe sobre la
Evolución de los
Sistemas Judiciales
Europeos
Informe sobre la Evolución de
los Sistemas Judiciales Europeos
que periódicamente viene
elaborando el Consejo de
Europa a través de la CEPEJ
(Comisión Europea para la
Eficacia de la Justicia).
38) Costa
Rica
Rendición de
cuentas:
confección y
aplicación de
indicadores
Gestión Integral de
Calidad y
Acreditación
Judicial (GICA)
Sistema desarrollado por el
Poder Judicial de Costa Rica,
cuyo objetivo final es el
mejoramiento del servicio a la
persona usuaria, basada
principalmente en un enfoque
sistémico, el cual permite el
establecimiento de estándares
de prácticas de gestión en los
diversos despachos que
conforman la Organización.
39) Chile
Rendición de
cuentas:
confección y
aplicación de
indicadores
Índice de calidad
de la Justicia
Índice de calidad de la
Justicia, elaborado por la
Corporación Administrativa del
Poder Judicial de la República
de Chile, 2012.
40) España
Rendición de
cuentas:
consulta al
usuario
Sistema de
Atención al
Ciudadano del
Consejo General
del Poder Judicial
de España
Sistema del CGPJ de España
para la tramitación de las
quejas y sugerencias sobre el
funcionamiento de la
administración de justicia.
41)
Paraguay
Rendición de
cuentas:
consulta al
usuario
Sistema de quejas y
denuncias del
Poder Judicial
Sistema de la Corte Suprema
de Paraguay para recibir,
registrar, analizar las quejas y
denuncias presentadas contra
magistrados, funcionarios,
auxiliares de justicia, o el
servicio público de justicia.
Anexo II. Cincuenta experiencias 151
42)
América
Latina
Integridad:
corrupción y
sistema de
justicia
Índice de Desarrollo
Democrático de
América Latina
Índice de Desarrollo
Democrático de América
Latina de la Fundación Konrad
Adenuer, que atiende a
diferentes indicadores.
43)
República
Dominican
a
Integridad
judicial
Sistema de
Integridad
Institucional del
Poder Judicial
Sistema de Integridad
Institucional del Poder Judicial
de la República Dominicana
(Resolución núm. 2006-2009, del
30 de julio de 2009).
44) Costa
Rica
Integridad
judicial:
componentes
Elementos de
integridad judicial
del Poder Judicial
de Costa Rica
Cuenta con cuatro elementos:
Control Interno, Tribunal de la
Inspección, Ética y Valores, y
Selección de Jueces.
45) México Integridad
judicial: ética
Código de Ética
del Poder Judicial
de la Federación
Código de Ética del Poder
Judicial de la Federación,
aprobado por los Plenos de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal, y por la
Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación en agosto de
2004.
46)
Canadá
Integridad
judicial
Caso de Estudio: el
Caso Matlow
Caso sobre integridad judicial
Presentado por el Profesor
Lorne SOSSIN. University of
Toronto, Faculty of Law.
“Action-Learning Program on
Judicial Transparency and
Accountability in LCR: La
ExperienciaCanadiense”.
Anexo II. Cincuenta experiencias 152
47)
América
Latina
Integridad
judicial: ética
Comisión
Iberoamericana de
Ética Judicial
Comisión creada por la
Cumbre Judicial
Iberoamericana, que está
integrada por nueve miembros
y un secretario ejecutivo,
elegidos por la Cumbre Judicial
reunida en Asamblea Plenaria.
Tiene como objeto: asesorar a
los diferentes poderes judiciales
y Consejos de la Judicatura
Iberoamericanos o a la propia
Cumbre Judicial cuando lo
soliciten sus representantes;
facilitar la discusión, difusión y
desarrollo de la ética judicial a
través de publicaciones o de la
realización de cursos,
seminarios, diplomados y
demás encuentros
académicos; fortalecer la
conciencia ética judicial de los
impartidores de justicia
iberoamericanos.
48) México Integridad
judicial: ética
Instituto de
Investigaciones
Jurisprudenciales y
de Promoción y
Difusión de la Ética
Judicial
Su finalidad radica en
fortalecer la investigación,
estudio, promoción y difusión
de dos de las líneas en las que
se sustenta la propia función
jurisdiccional: los criterios
jurisprudenciales y los principios
éticos del quehacer judicial.
49)
Argentina
Integridad
judicial: ética
Tribunal de Ética
Judicial y Oficina
de Ética Judicial
Tribunal de Ética Judicial y
Oficina de Ética Judicial del
Tribunal Superior de la Provincia
de Córdoba (Argentina).
Anexo II. Cincuenta experiencias 153
50)
Colombia
Integridad
judicial:
nombramientos
para cargos
del Poder
Judicial
Elección Visible
Proyecto de supervisión
ciudadana y difusión de
información sobre los procesos
de selección de los
magistrados de las altas cortes
y de los altos funcionarios
relacionados con la
procuración e impartición de
justicia. Este proyecto del que
forman parte trece
organizaciones privadas y de la
sociedad civil, tiene el objetivo
particular de fomentar la
transparencia de dichos
procesos, evitar el “lobbying
clandestino” y abrir espacio
para la intervención de la
ciudadanía. Lo anterior es
realizado primordialmente a
partir de un sitio de internet en
el que se difunde información
sobre el proceso de selección
de los funcionarios y la
importancia de las instituciones
para las que son propuestos.
51)
Costa Rica
Integridad
judicial:
procedimientos
disciplinarios
Tribunal de la
Inspección Judicial
El Tribunal de la Inspección
Judicial es un órgano creado
ex profeso para realizar las
funciones disciplinarias dentro
del Poder Judicial de Costa
Rica. El Tribunal fiscaliza y vigila
el desempeño de los
despachos, servidores y
funcionarios judiciales. En los
casos en los que corrobora
faltas, procede a delimitar
responsabilidades e imponer
sanciones.