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INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

sobre

Los efectos de la crisis económica en la democracia española:

legitimidad, insatisfacción y desafección

Investigador principal: Dr. Santiago Pérez-Nievas*

Equipo de investigación: Dra. Gema García Albacete,

Dra. Irene Martín,

Dr. José Ramón Montero,

Dr. Alberto Sanz,

Javier Lorente,

Marta Paradés

Rosa María Navarrete y

Teresa Mata

*Tanto el investigador principal como todos los miembros del equipo de investigación pertenecen al

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.

Madrid, 29 de noviembre 2013

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Índice

Páginas

Capítulo 1. Preguntas de investigación y estructura del informe de

investigación “Los efectos de la crisis económica en la crisis española”

3-37

Capítulo 2. Las actitudes hacia la democracia en tiempos de crisis:

legitimidad, descontento y desafección

38-94

Capítulo 3. ¿Cómo se relaciona la generación de la crisis con la política?

Las actitudes y comportamientos de jóvenes y desempleados.

95-129

Capítulo 4. Los efectos de la crisis económica en la legitimidad del estado

autonómico.

130-189

Capítulo 5. Conclusiones 190-194

Referencias bibliográficas 195-203

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Capítulo 1. Preguntas de investigación y estructura del informe de investigación

“Los efectos de la crisis económica en la democracia española”.

Introducción

¿En qué medida la terrible crisis económica española está conduciendo a una crisis de la

democracia? ¿Puede la aparentemente irreversible insatisfacción con el funcionamiento de la

democracia y de sus instituciones políticas, de los gobiernos y de la oposición, de los partidos y

de los políticos erosionar de modo significativo los fundamentos de la legitimidad democrática?

En fin, ¿hasta qué punto los crecientes niveles de descontento con los mecanismos

democráticos pueden producir una desafección con la política de consecuencias todavía

imprevisibles?

En los últimos cinco años, estas tres preguntas han sido contestadas afirmativamente por

decenas de observadores y comentaristas políticos en los medios de comunicación sustentada en

fenómenos como la excepcionalmente rápida erosión de apoyos que han experimentado los

sucesivos gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del conservador Mariano

Rajoy, las frecuentes movilizaciones que han protagonizado los sectores sociales más diversos,

las consignas del movimiento de los indignados del 15M, o la insólita aparición de los partidos,

y de la clase política en general, como la tercera de las preocupaciones de los españoles, según

viene apareciendo en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y que está

recogida en el Gráfico 1.8 de este mismo capítulo. Estas señales reflejarían una profunda

desafección política que puede repercutir, a su vez, en una erosión de la legitimidad

democrática.

En este informe de investigación pretendemos responder a las preguntas antes

formuladas mediante el análisis de las series históricas y encuestas recientes realizadas por el

CIS así como de otras fuentes como la Encuesta Social Europea para las principales

dimensiones y actitudes políticas que identificamos en las siguientes páginas. Acudiremos para

ello a un doble eje de análisis, teórico y empírico. Teóricamente, partimos de la autonomía

relativa de la legitimidad democrática, la insatisfacción con los resultados del gobierno y la

desafección política. A nuestro juicio los tres criterios fundamentales que estructuran la

concepción de la política democrática por parte de los ciudadanos (Montero, Gunther y Torcal

1998). Y aspiramos a conseguir una mayor riqueza empírica mediante la descomposición de los

efectos de la crisis económica entre quienes son jóvenes y lo son menos, entre los parados y los

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activos laboralmente, y entre quienes viven en comunidades autónomas en las que la crisis

económica, el desempleo y los recortes del gasto público han tenido un impacto desigual.

Este capítulo tiene la siguiente estructura. En los dos siguientes apartados 1 y 2

explicamos los presupuestos teóricos y las líneas principales del diseño de investigación que

hemos seguido para la elaboración de este informe. El apartado 3 hace una breve recapitulación

de las fuentes de datos que hemos empleado para su elaboración. En el apartado 4 llevamos a

cabo una descripción de la evolución longitudinal de una selección de los indicadores con los

que hemos trabajado. Esta descripción longitudinal pone de manifiesto que aunque la crisis

económica ha tenido un efecto evidente en la evolución en una mayoría sino en todas las

actitudes, algunos cambios de tendencia empezaron a manifestarse a mediados de la pasada

década lo que sugiere la existencia de una crisis política que antecede a la recesión económica y

que ésta última ha contribuido a agravar. Lejos de suponer la crisis una amenaza para la

democracia, los resultados de esta investigación parecen indicar que la crisis está favoreciendo

la presencia de ciudadanos críticos y participativos. Para terminar, en la sección 5 hacemos una

presentación del resto de los capítulos que estructuran el informe y anticipamos brevemente

algunos de sus resultados.

Presupuestos teóricos

Hace cuarenta años la denominada crisis del petróleo generó una intensa preocupación

por sus efectos en la legitimidad democrática de los países occidentales. Tras el extraordinario

periodo de seguridad, prosperidad y crecimiento económico reinante desde el final de la

Segunda Guerra Mundial, las nuevas políticas giraron alrededor de la estanflación, el declive

económico y los reajustes en el Estado de bienestar. Los temores de muchos científicos sociales

arrancaban de la crisis fiscal del Estado (O’Connor, 1973) como consecuencia de su incapacidad

para generar nuevos recursos económicos que pudieran calmar a unos electorados cada vez más

exigentes ante los problemas del Estado de bienestar (Offe, 1984); continuaban con la

preocupación por la ingobernabilidad de las sociedades democráticas sometidas a tensiones

desconocidas en las décadas anteriores (Huntington, 1968), y culminaban de modo inevitable

con la crisis de la legitimidad democrática por la imposibilidad de los gobiernos de solventar a

la vez graves problemas económicos y demandas contradictorias por parte de los ciudadanos

(Crozier, Huntington y Watanuki, 1975; Habermas, 1985).

Veinte años después, esas proyecciones pesimistas sobre la crisis de la democracia

parecieron desaparecer (Kaase y Newton, 1995). La estabilidad de los sistemas democráticos, la

consolidación de las nuevas democracias tras la denominada tercera ola (Huntington, 1991) y la

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quiebra de los regímenes comunistas de la Europa Central y del Este fueron procesos

considerados como una prueba definitiva de la superioridad de la democracia. Pese a ello, tanto

en las viejas como sobre todo en las nuevas democracias comenzaron a aparecer síntomas de un

creciente declive de la confianza política. Los ciudadanos son más críticos, los gobiernos

democráticos encuentran más dificultades para llevar adelante sus políticas públicas, y ello en el

marco de un proceso en el que la brecha que separa a los ciudadanos de sus representantes no

cesa de ampliarse (Lipset y Schneider, 1983; Klingemann y Fuchs, 1995). En las llamadas

democracias desafectas (Pharr y Putnam, 2000), la relación de los ciudadanos con la política

democrática ha sufrido una mutación considerable: en situaciones de crecimiento económico, el

apoyo a la democracia está asegurado, pero la desconfianza, el descontento y el distanciamiento,

en cambio, parecen formar parte del nuevo paisaje político (Nye, Zelikow y King, 1997).

Si estos cambios han ocurrido en el marco de una economía que funcionaba

razonablemente bien, ¿qué cabe esperar de los efectos de una crisis económica que, al menos en

los países de la periferia europea, y entre ellos España, es mucho más grave que la de hace

cuarenta años? ¿Hasta qué punto entonces se han agravado las percepciones de los españoles

sobre los gobiernos, las instituciones, los representantes, en definitiva sobre la política

democrática? Desde un punto de vista teórico cabe diferenciar esas percepciones en al menos

tres dimensiones (Gunther y Montero, 2006). La primera es la de la legitimidad democrática,

derivada naturalmente de la visión creadora de Max Weber (1964: I, 170 y ss.), o surgida del

legado de David Easton (1975) en base a su distinción entre apoyo difuso y específico. El apoyo

democrático surge de las consideraciones positivas de los ciudadanos sobre las instituciones

representativas de un país. Estas percepciones se aplican al sistema político en su conjunto, y

cabría esperar que fueran relativamente estables en el tiempo e inmunes a factores como la

popularidad de los gobiernos o las evaluaciones de las instituciones políticas. En los términos de

Juan J. Linz (2012: 20), la legitimidad puede ser considerada como “la creencia en que, no

obstante sus defectos y sus fallos, las instituciones políticas son mejores que cualquier otras que

pudieran crearse y, por consiguiente, pueden exigir obediencia”.

Una segunda dimensión, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, o el

descontento político, está basado en “el juicio de los ciudadanos sobre las actividades diarias de

los líderes políticos y de las acciones y procesos de las instituciones gubernamentales”

(Kornbeg y Clarke, 1992: 20). El descontento surge de la evaluación que se hace de los

rendimientos del régimen o de sus autoridades, así como de sus resultados políticos. En general,

la insatisfacción es el reflejo de la frustración experimentada tras la comparación de lo que uno

tiene con los que espera o cree que debe tener (Gamson, 1968: 35), o de la incapacidad de los

gobiernos para solventar con eficacia los problemas considerados importantes por los

ciudadanos (Dahl, 1971: 144).

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Y una tercera dimensión de las actitudes hacia la democracia es la que Torcal y Montero

(2006) han caracterizado como la desafección política con la que se quiere describir el

extrañamiento o alejamiento de los ciudadanos hacia sus principales instituciones políticas, o,

más en general, hacia la política. Aunque en muchas ocasiones ha sido considerada como una

simple manifestación del descontento político, en este informe de investigación creemos que la

desafección política tiene autonomía conceptual y empírica. Si aquél es el resultado de una

valoración negativa del rendimiento de los gobiernos, ésta refleja la desconfianza de la vida

política y de los mecanismos de la representación democrática; y sus indicadores incluyen el

desinterés por la política, los sentimientos de ineficacia política, la desconfianza política, el

cinismo político y un sentimiento general de alejamiento de la política o/y de las instituciones

democráticas (Montero, Gunther y Torcal, 1998). A diferencia del descontento, la evidencia con

la que contamos para el período anterior a la crisis con respecto al caso español es que la

desafección se mantiene en niveles elevados y es llamativamente estable (Gunther, Montero y

Torcal, 2007).

La literatura comparada ha solido confundir la legitimidad democrática con el

descontento político, convirtiendo a este último en el indicador de aquélla (Weatherford, 1992).

Más recientemente, otros autores han mantenido la diferencia entre ambas actitudes, pero han

ignorado las relativas a la desafección política o en el mejor de los casos las han convertido en

una variante menor del descontento político. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las tipologías de

los ciudadanos críticos (Norris, 1999), o de los demócratas críticos (Klingemann, 1999), o de

los demócratas insatisfechos (Klingemann, 2013), o de los ciudadanos asertivos (Dalton y

Welzel, 2013). Para sus autores, esos tipos son funcionales para el sistema político por cuanto

su insatisfacción activa su participación política y, gracias a ella, los líderes políticos deben

rendir cuentas de sus acciones si no quieren ser castigados electoralmente. El mecanismo básico

de esos tipos de ciudadanos radica en la combinación de información e interés por la política,

sus predisposiciones participativas y, sobre todo, sus sentimientos de eficacia política.

Es posible, sin embargo, que los ciudadanos de otros países, y entre ellos España,

tengan percepciones diferentes del sistema político. Cabría pensar en ciudadanos cuya

insatisfacción política no esté acompañada por recursos cognitivos, ni por sentimientos de

eficacia política, ni en consecuencia por predisposiciones para la participación política. En estos

supuestos, los ciudadanos críticos son, además, desafectos. José Ramón Montero, Richard

Gunther y Mariano Torcal (1998) demostraron para los años ochenta y noventa que la

desafección formaba parte del paisaje de las actitudes políticas de los españoles, manteniéndose

de forma relativamente estable; y que además el desinterés por la política, la ineficacia política y

la escasa implicación política reforzaban su alejamiento de la política, su desconfianza política

respecto a instituciones y procedimientos o su incapacidad para exigir en los procesos de

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rendición de cuentas.

Diseño de investigación

Los hallazgos mencionados en la sección previa con respecto al caso español se

refieren, sin embargo, a la década de los ochenta y noventa. El objetivo de nuestra investigación

radica precisamente en conocer el impacto de la crisis económica en las tres dimensiones

actitudinales que hemos identificado, legitimidad, descontento, y desafección; o en alguna de

sus dimensiones más relevantes. ¿Han variado estas tres dimensiones de forma significativa y

en el mismo sentido como se afirmar tan reiterada como enfáticamente? ¿O puede que, en virtud

de su autonomía relativa, alguna dimensión haya podido permanecer estable ―como la

legitimidad democrática―, mientras que otras ―como el descontento político― hayan crecido

hasta niveles desconocidos por su intensidad y extensión? Parece que la diferencia conceptual

entre legitimidad y descontento con la democracia se confirma empíricamente. Mientras que el

descontento con la democracia está íntimamente relacionado con los vaivenes económicos, la

legitimidad de la democracia permanece estable. Sin dejar de lado la relevancia de la evolución

de las dimensiones anteriores, en el presente informe de investigación examinamos también los

efectos de la crisis económica en la evolución de la desafección. A este respecto nuestro informe

se articula en torno a dos hipótesis alternativas y, hasta cierto punto, contrapuestas. En primer

lugar, es posible que la desafección haya podido crecer en algunos sectores, quizás los

especialmente castigados por la crisis económica y que cuenten con menos recursos. Con

respecto a la desafección, por tanto, la primera hipótesis con la que hemos trabajado es que

conforme la crisis económica se prolonga e intensifica, la desafección política, o al menos

algunos de sus componentes, hayan podido aumentar. La desafección, como la legitimidad, es

una actitud estable, aunque se observan cambios relacionados con el surgimiento de una

ciudadanía crítica, más interesada y participativa en política y con un elevado nivel de

descontento.

Como decimos, es probable que, en ciertos sectores de la población, hayan podido

aparecer los ciudadanos críticos que mencionábamos anteriormente, quizás gracias a un

aumento de los niveles de interés por la política, o de la frecuencia de las conversaciones

políticas, o de la implicación activa en contactos, manifestaciones o protestas. Nuestra segunda

hipótesis, por tanto, es que la crisis esté repercutiendo en un descenso de la desafección, al

menos en sectores específicos de la población, y/o en algunos de sus componentes. Como puede

comprobarse más adelantes en las líneas ascendentes de los Gráficos 1.16 y 1.17, en donde se

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muestran respectivamente la evolución del interés por la política y de la frecuencia en las

conversaciones políticas, parecen sustentar una clara tendencia en este sentido.

Es precisamente esta evidencia de que la evolución de la desafección puede estar

bifurcándose en distintas direcciones lo que justifica un análisis más pormenorizado por grupos,

tal y como argumentaremos seguidamente.

Atendiendo a todo lo anterior, para el presente informe de investigación hemos llevado

a cabo un análisis longitudinal descriptivo, desde los años noventa hasta la actualidad, de los

principales indicadores que podemos recabar del Banco de Datos del CIS y que hemos

considerado indicadores de las tres dimensiones que hemos identificado ―la legitimidad

democrática, el descontento político y la desafección política―; o bien variables estrechamente

relacionadas con una o varias de esas dimensiones, en algunos casos como factores

explicativos. En la Tabla 1.1 enumeramos y clasificamos los indicadores que hemos

considerado para este informe en atención a su consideración como indicadores de algunas de

las tres dimensiones actitudinales o como variables de comportamiento, o bajo la categoría de

otros, en aquellos casos en los que resultan más ambiguos o que pudiéramos considerar mejor

variables independientes.

Tabla 1.1. Indicadores

Dimensiones Indicadores

Legitimidad Actitudes sobre la democracia como el mejor sistema

político, o sobre la democracia frente a la dictadura como

formas de gobierno

Descontento Satisfacción con el funcionamiento de la democracia

Valoración de los líderes políticos

Estado de bienestar y políticas sociales

Desafección Confianza en las instituciones más relevantes del sistema

político

Confianza en los líderes políticos

Confianza en la Unión Europea

Interés por la política

Información política / conocimiento político

Discusión sobre temas políticos / conversaciones sobre

política

Identificación partidista

Otros indicadores

relevantes o variables

independientes

Valoración de la situación política

Valoración de la situación económica

Principales problemas de España

Confianza interpersonal

Exposición a los medio de comunicación

Estado de las autonomías y preferencias sobre la forma de

Estado

Autoubicación ideológica

Ubicaciones ideológicas de los partidos

Comportamiento Intención de voto

Otros modos de participación política (manifestaciones,

huelgas, firma de peticiones, contacto con políticos, etc.

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Además de esta vertiente descriptiva, los tres capítulos que siguen examina el impacto

de la crisis económica en función de tres variables: la edad, la situación ocupacional y las

Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA). Centraremos así nuestra atención en los

jóvenes, los desempleados y los habitantes de algunas comunidades autónomas. En todos estos

casos, existe acuerdo general de que la crisis económica ha tenido efectos claramente

diferenciados, negativos para unos (obviamente, los jóvenes y los parados) y variables para

otros (conforme a la situación económica de las comunidades autónomas seleccionadas: véase a

este respecto el capítulo 4). Para cada uno de estas categorías los distintos capítulo del informe

examinan en qué medida sus respectivos algunos de esto indicadores de legitimidad,

descontento y desafección se han modificado respecto a periodos anteriores.

Existen razones adicionales para la selección de estos tres grupos. Como es sabido, los

jóvenes son más permeables tanto a las fuerzas sociales como a los procesos políticos debido a

que tienen experiencias vitales más limitadas (Jennings y Niemi, 1981: 380; Kinder y Sears,

1985: 724). Por lo tanto, si transformaciones sociales como la crisis económica están realmente

cambiando las actitudes y comportamientos de los ciudadanos, los jóvenes son un grupo de la

población particularmente apropiado para detectar dichos cambios. Además, la relación que

establezcan los jóvenes con la política determinará las orientaciones de los ciudadanos

españoles en el futuro: las actitudes y comportamientos que cristalizan durante la adolescencia y

juventud tienen una estabilidad considerable a lo largo del ciclo vital (Kinder y Sears, 1985).

Pese a la existencia de aprendizaje político a lo largo de toda la vida, las orientaciones básicas

adquiridas durante los años impresionables tienden a condicionar las experiencias futuras

(Ryder 1965: 848).

En cuanto a los desempleados, hay varias razones para considerarlos un grupo que

merece un estudio pormenorizado. En primer lugar, los parados están sufriendo directamente y

con mayor intensidad que otros grupos sociales la crisis económica. Esta situación puede tener

dos consecuencias distintas. Por un lado, es razonable pensar que los desempleados estén menos

satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Por otro, la situación económica derivada

del desempleo limita sus recursos para implicarse activamente en política.

En lo referente a las CCAA, dada la intrínseca relación entre la consolidación de la

democracia y el desarrollo del Estado de las Autonomías, consideramos que es posible que la

desafección institucional sea también constatable en el modelo de organización territorial

autonómico. Además, teniendo en cuenta que las consecuencias de la crisis económica no se

manifiestan con la misma intensidad en todas las CCAA, con variaciones por ejemplo en los

niveles de desempleo o déficit, partimos de la idea de que dichos efectos puedan ser también

desiguales en distintas CCAA.

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Por último, en cada uno de los tres capítulo prestamos atención a los determinantes a

nivel individual de los principales cambios detectados, bien sean estos una erosión de la

legitimidad, un aumento de la desafección; o por el contrario, el aumento de ciudadanos

comprometidos con la democracia pero más críticos y exigentes en cuanto a su funcionamiento.

Para este último objetivo los distintos capítulos utilizan técnicas de análisis multivariable de

distinto tipo.

Fuentes de datos

Para la siguiente sección de este capítulo, en el que llevamos a cabo el análisis

longitudinal descriptivo, así como en los tres capítulos siguientes hemos empleado las siguientes

series temporales del CIS. La Tabla 1.2 recoge algunas de las series con las que hemos trabajado

para la preparación del presente informe mientras que en la Tabla 1.3 se recogen los estudios

que sustentan esas series temporales, algunos de los cuales han servido además para los análisis

multivariables. Para la siguiente sección de este mismo no presentamos todas las series

temporales con las que hemos trabajado en el desarrollo de este informe sino sólo una selección

de las que nos han parecido más relevantes.

Tabla 1. 2. Relación de series temporales que se han utilizado para el presente informe

Número Título

A101020050 Grado de satisfacción con la constitución española

A102060040

Grado de confianza en instituciones y grupos sociales: el parlamento/congreso

de los diputados

A102060150 Grado de confianza en instituciones y grupos sociales: los partidos políticos

A102060450 Escala de confianza (0-10) en instituciones y grupos sociales: partidos políticos

A301020030 Valoración prospectiva de la situación política de España (1 año) (I)

A303010010 Grado de interés por la política (II)

A303020050

Frecuencia con la que se informa de política a través de distintos medios: utiliza

internet para obtener noticias o información política

A303020390

Frecuencia con la que se habla de política con diferentes personas del entorno

social próximo: amigos/as

A303020410

Frecuencia con la que se habla de política con diferentes personas del entorno

social próximo: compañeros/as de trabajo/estudios

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Número Título

A303030010 Principales sentimientos hacia la política (MR-MV) (I)

A307030020 Régimen político preferido: democracia o autoritarismo

A307030120 Medida en que los problemas del país se solucionarán con la actual democracia

A307030130 Régimen político preferido: democracia o autoritarismo (15-29 años)

A307040010 Opinión acerca del buen/mal funcionamiento de la democracia en España

A307040020

Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España (I)

(nacional)

A307040030

Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España (II)

(nacional)

A307040090 Escala de satisfacción (0-10) con el funcionamiento de la democracia en España

A401010010

Opinión acerca de la necesidad de la existencia de partidos políticos para que

exista democracia

F102010290 Grado de importancia de determinados aspectos en la vida personal: la política

F103010260 Escala de confianza en la gente (0-10)

H101050020

Expectativas de evolución en el próximo año de los problemas sociales que

preocupan a la gente en la actualidad

Tabla 1.3. Relación de bases de datos que se han utilizado para el presente informea

Número Título

7711 Preelectoral y postelectoral elecciones generales 2011

7708 Preelectoral y postelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía

2008.

2559 y 2555 Postelectoral y preelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía

2004

2384 y 2382 Postelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía 2000

2210* y 2207* Postelectoral y preelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía

1996

2061* y 2053* Postelectoral y preelectoral elecciones generales 1993

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Número Título

2965 Preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2012

2959 Preelectoral del país vasco. Elecciones autonómicas 2012

2958 Preelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2012

2940 y 2934 Postelectoral y preelectoral elecciones autonómicas 2012. Principado de

Asturias

2939 y 2931 Postelectoral y preelectoral elecciones autonómicas 2012. Comunidad

autónoma de Andalucía

2904 al 2891 Postelectorales elecciones autonómicas y municipales 2011

2884 al 2870 Preelectorales elecciones municipales 2011

7710 Preelectoral y postelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2010. Panel

(total panel)

2795 y 2784 Postelectoral y preelectoral del País Vasco. Elecciones autonómicas 2009

2796 y 2783 Postelectoral y preelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2009

2723 al 2707 Postelectorales elecciones autonómicas y municipales 2007

2683 a 2699 Preelectorales elecciones municipales 2007

2660 y 2656 Postelectoral y preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2006

2611 y 2608 Postelectoral y preelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2005

2601 y 2598 Postelectoral y preelectoral del País Vasco. Elecciones autonómicas 2005

2546 y 2543 Postelectoral y preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2003

2542 y 2539 Postelectoral y preelectoral elecciones autonómicas 2003. Comunidad de

Madrid

2530 al 2512 Postelectorales elecciones autonómicas 2003

2498 al 2484 Preelectorales elecciones autonómicas y municipales 2003

2434 y 2432 Postelectoral y preelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2001

2421 y 2414 Postelectoral y preelectoral del País Vasco. Elecciones autonómicas 2001

2374 y 2373 Postelectoral y preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 1999

2363 al 2351 Postelectorales elecciones autonómicas 1999

2338 al 2326 Preelectoral elecciones autonómicas y municipales 1999

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Número Título

2308 y 2304 Postelectoral y preelectoral del País Vasco. Elecciones autonómicas 1998

2263 y 2260 Postelectoral y preelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 1997

2199 y 2195 Postelectoral y preelectoral Cataluña 1995

2183 Postelectoral elecciones autonómicas y municipales 1995

2171 al 2159 Preelectoral comunidades autónomas 1995

2120 y 2116 Postelectoral y preelectoral país vasco 1994

2109 y 2106 Postelectoral y preelectoral autonómicas andaluzas 1994

2070 y 2067 Postelectoral y preelectoral elecciones autonómicas 1993. Galicia

1967 Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 1991

1955 al 1943 y

1929 al 19885

Preelectoral municipales y autonómicas 1991

2286 Instituciones y autonomías (I)

2455 Instituciones y autonomías (II)

2610 Barómetro autonómico (I)

2829 Barómetro autonómico (II)

2912 Barómetro autonómico (III)

1446* Barómetro febrero 1985. Resto autonomías

2041* al

2025*

Opinión pública y cultura política en las comunidades autónomas

a Estudios que no se encuentran disponibles en la página web

Adicionalmente en el capítulo 2 se han empleado datos de la sexta ola de la Encuesta

Social Europea. Los análisis del capítulo 3 han empleado preferentemente los estudios: 2450,

del año 2002; 2735 del año 2007; y los estudios 2914, 2915 y 2920 (estos dos últimos forman el

panel electoral de noviembre de 2011). Mientras que finalmente, los análisis del capítulo 4 se

han centrado fundamentalmente en los estudios 2286, de 1998; 2455, de 2002; 2610, de 2010 y

2912, de 2012.

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Evolución longitudinal de los principales indicadores

En esta sección llevamos a cabo una descripción de la evolución longitudinal de una

selección de los indicadores con los que hemos trabajado para este informe. Comenzamos

examinando la evolución de los indicadores objetivos de la economía para, a continuación,

examinar la evolución de las percepciones subjetivas de la situación económica y política; la

legitimidad y la satisfacción con la democracia; las actitudes hacia el Estado autonómico; y

terminamos con las actitudes que la literatura tradicionalmente ha asociado a la desafección

política. Aunque, como cabía esperar las actitudes políticas se muestran sensibles a la evolución

de los indicadores objetivos, existen cuatro aspectos de esta evolución que merece la pena

destacar.

En primer lugar, comparando el efecto de la actual crisis económica con la crisis

anterior de mediados de los noventa, el proceso de deterioro que ponen de manifiesto la

evolución de las actitudes políticas en la actual crisis supera notablemente en casi todos los

indicadores el deterioro que tuvo lugar a mediados de los noventa.

En segundo lugar, en un buen número de indicadores pero especialmente en los

tradicionalmente vinculados con la desafección los cambios de tendencia comenzaron antes de

la crisis económica, para algunos indicadores como el interés por la política a comienzos de la

década pasada, mientras que en el resto de los afectados por esta tendencia a mediados de

década. Ello es patente en indicadores como la confianza en el parlamento, la confianza en los

partidos políticos, las actitudes hacia el Estado autonómico, o los indicadores de interés y de

implicación política. Ello pone de manifiesto la existencia de una crisis institucional que queda

reflejada en la evolución de estos indicadores y que antecede a la crisis económica y que ésta

última no hecho sino agravar.

En tercer lugar, la evolución de los indicadores objetivos de la economía señalan el

desarrollo de la recesión en dos fases: una primera fase en el período 2007-2010 y una segunda

entre el final de 2010 hasta la actualidad, con un tímido amago de recuperación entre estas dos

fases. Aunque el deterioro de la mayor parte de las actitudes se hizo patente ya en la primera

fase ―o incluso antes- como acabamos de apuntar― la inclinación de la pendiente se agudiza

en muchos indicadores ―aunque no en todos― desde 2011, coincidiendo con la segunda fase

de la recesión asociada a la crisis de la deuda. Es esta segunda fase de la crisis la que parece

haber conducido a un nivel de deterioro de las actitudes políticas considerablemente mayor que

el que tuvo lugar a mediados de los noventa.

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En cuarto lugar, si bien la evolución de la mayor parte de los indicadores sugiere un

deterioro en las actitudes de desafección entre los españoles, la evolución longitudinal también

pone de manifiesto que junto a la fuertísima caída de la confianza en las instituciones; existe en

paralelo una tímida tendencia en sentido contrario que queda reflejada en el aumento del dato

agregados en los niveles de implicación política. A este respecto, no obstante, merece la pena

hacer dos consideraciones adicionales. En primer lugar, la caída en los niveles de satisfacción

con la democracia o en el confianza en las instituciones son mucho más pronunciados que el

aumento en el interés o en la implicación política. Y en segundo lugar, aunque esta última

tendencia pueda entenderse como una mejoría en los altos niveles de desafección política por

los que se ha caracterizado la población española, no deja de ser al mismo tiempo un síntoma

más de la fuertísima crisis institucional por la que atraviesa y que queda reflejada en este caso

en el aumento de los ciudadanos críticos a los que hacíamos referencia en el apartado de

presupuestos teóricos de este informe.

Indicadores objetivos relacionados con la situación económica

La crisis actual se caracteriza, entre otros, por el elevado nivel de desempleo alcanzado,

especialmente entre los jóvenes. Es interesante tener presente que los altos niveles de paro

caracterizaron también dos épocas anteriores posteriores a la transición: el periodo de mediados

de los ochenta y buena parte de la década de los noventa (en los periodos 1984-1986 y 1992-

1997 el paro alcanzó el 20%). Tras llegar a su mínimo histórico a mediados de 2007, el paro

empieza a aumentar lentamente. A lo largo del 2008 la tendencia se acelera y en un solo año

aumenta 8 puntos. A finales de 2010 se alcanzaba la barrera psicológica del 20% de

desempleados. Si bien no era la primera vez que se alcanzaba esta cifra en la historia reciente de

la democracia en España, las principales diferencias con los periodos señalados son dos. En

primer lugar, el paro siguió aumentando hasta alcanzar un record del 27% durante el primer

trimestre de 2013, situando a España a una distancia considerable de la media de paro de la

Unión Europea (11%). En segundo lugar, la tasa de paro entre los jóvenes es mucho más

elevada con respecto al conjunto de la población ―un 56% entre los menores de 25 años en

2013― en esta crisis que en las anteriores (Gráfico 1,1).

16

Gráfico 1.1. Evolución del desempleo por género y entre los jóvenes

Fuente: INE.

También con respecto al crecimiento económico podemos decir que no es la primera

crisis a la que se enfrenta España. Tal y como muestra el Gráfico 1.2, tras la crisis de finales de

los setenta y principios de los ochenta, la economía volvió a ralentizarse entre finales de los

ochenta y 1993. En 1993 incluso se llegó al crecimiento negativo. El descenso del crecimiento

en la crisis actual se empieza a percibir en 2008 y, muy especialmente, en 2009, momento en

que se vuelve a entrar en recesión, alcanzándose una situación sin precedentes en la reciente de

España. Tras una breve recuperación en 2010, y aunque no se ha vuelto a llegar a la situación de

2009, la economía española ha vuelto a situarse en niveles de crecimiento negativo en 2012 y

2013.

Gráfico 1.2. Crecimiento económico en porcentaje del PIB

Fuente: Banco Mundial.

PIB de España

17

En cuanto a la deuda pública España, hasta principios de 2008, presentaba unos niveles

de deuda pública inferiores a los del Reino Unido, Francia y Alemania, y muy inferiores a los

que había tenido durante los años noventa. Sin embargo, a partir de ese momento, la deuda

pública empieza a aumentar y en 2012 alcanza los niveles más elevados de la historia de España

desde 1910, tal y como muestran los Gráficos 1.3 y 1.4. Entre 2007 y el primer trimestre del

2012 el nivel de endeudamiento medido así como el de la administración central se duplicó, y

el incremento fue incluso algo mayor en el caso de las CCAA cuya deuda pasó del 5,9 del PIB

en 2007 al 13,5 del PIB en el primer trimestre de 2012.

Gráfico 1.3. Evolución del déficit público.

Fuente: Banco de España.

Gráfico 1.4. Evolución de la deuda pública española como porcentaje del PIB

Fuente: www.elblogsalmon.com; datos del Banco de España

Deuda pública

18

Gráfico 1.5. Endeudamiento de las administraciones públicas.

Fuente: El País, 15 de Junio de 2012.

La misma tendencia se hace evidente en el rendimiento del bono español con respecto al

bono alemán a 10 años (Gráfico 1.6). La prima de riesgo empieza a aumentar a finales de 2007

hasta que, a principios de 2010, Standard and Poor’s retira la clasificación de triple A a España.

Esta situación no hace más que empeorar y en 2012 se alcanzan niveles similares a los de

principios y mediados de los noventa. Es en ese momento cuando la Comisión Europea propone

que se utilice el fondo europeo de rescate para ayudar a la banca provocando un descenso

inmediato de la prima de riesgo española que actualmente se encuentra en niveles similares a los

de mediados de 2011.

En definitiva, vemos que es a lo largo de 2008 cuando se empiezan a hacer evidentes los

signos de la crisis económica. La gravedad de los mismos queda más que patente en 2009,

momento a partir del cual empeoran todavía más algunos de los indicadores como el desempleo,

la prima de riesgo y la deuda pública. El crecimiento económico, por su parte, frena su

tendencia a la baja, e incluso experimentó una leve mejoría durante 2010 si bien la situación

sigue siendo de recesión.

Según la evolución de todos estos indicadores, cabría esperar una evolución similar en

la percepción subjetiva de la economía coincidiendo con el deterioro de los indicadores

objetivos. Asimismo, cabe pensar que la percepción de la política también se resentirá.

19

Gráfico 1.6. Endeudamiento de las administraciones públicas.

Fuente: El País, 10 de septiembre de 2013; datos procedentes de Bloomberg.

Pasamos a analizar las repercusiones de todas estas tendencias en la percepción

subjetiva de la situación económica y política.

Indicadores subjetivos relacionados con la situación económica y política

Como vemos a continuación, la evaluación de la situación económica refleja de forma

simultánea el deterioro que se observa a través de los datos macroeconómicos. Según los datos

más recientes de que disponemos, más de un 90% de los ciudadanos consideran que la situación

económica actual es mala o muy mala (Gráfico 1.7). A finales de 2007 los españoles empiezan

ya a percibir los problemas económicos como crecientemente importantes. Pero a partir de

septiembre de 2008 el paro empieza a percibirse claramente como el principal problema que

tiene España, muy por encima incluso de los problemas económicos (Gráfico 1.8).

20

Gráfico 1.7. Evaluación situación económica

Pregunta CIS: Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la

calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Gráfico 1.8. Principales problemas de España

Pregunta del CIS: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el

segundo? ¿Y el tercero?

21

En cuanto a la percepción de la situación política, parece beneficiarse de una tregua

hasta la celebración de las elecciones en Marzo de 2008, momento a partir del cual empieza a

deteriorarse progresivamente (Gráfico 1.9). Las elecciones de 2011 parecen volver a dar un

breve respiro que, sin embargo, no evita un deterioro aún mayor en los meses que siguen.

Conforme al dato de septiembre de 2012, más de un 75% valoraba la situación política como

muy mala. La gravedad de la que podemos llamar “crisis política” hace su aparición con algo de

retraso con respecto a la crisis económica. Es a finales de 2009 cuando los españoles empiezan,

por primera vez en la historia de la democracia en España, a percibir a los políticos, la política y

los partidos políticos como un problema de creciente importancia, ubicándolo en tercer lugar,

después del paro y los problemas económicos (Gráfico 1.7). A finales de 2012 hace su aparición

un nuevo fenómeno: la corrupción y el fraude fiscal que, desde entonces, compiten con los

problemas económicos y la política, como uno de los principales problemas que afronta el país

(Gráfico 1.7).

Gráfico 1.9. Valoración de la situación política

Pregunta del CIS: Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría

Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

22

Indicadores relacionados con la democracia: satisfacción y legitimidad

Resulta difícil llegar a una conclusión acerca de si la crisis de la política es también una

crisis de la democracia. Por un lado, observamos cómo, entre 2008 y 2010, el porcentaje de

españoles que considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno

(régimen autoritario o dictadura incluidos) ha descendido en 8 puntos (Gráfico 1.10). Según los

datos más recientes de que disponemos, un 78% de los españoles se identifica con esta

afirmación. No obstante, este fenómeno no se puede tildar de novedoso, como sí lo es la

percepción de los políticos, la política y los partidos como uno de los principales problemas. El

dato actual sobre la legitimidad de la democracia es similar al de mediados de los años noventa,

época en la que el país también experimentó una crisis económica. Pero no debemos olvidar que

sigue siendo superior al que se observaba durante la segunda mitad de los ochenta, tras un breve

periodo de euforia a principios de esa misma década.

La satisfacción con el funcionamiento de la democracia también se ha visto

notablemente deteriorada, especialmente a partir de 2010 (Gráfico 1.11). Es después de ese

momento cuando nos encontramos con afirmaciones aún más críticas que las de mediados de

los noventa, cuando la satisfacción con el funcionamiento de la democracia también se vio

mermada, coincidiendo con la crisis económica. No obstante, el porcentaje de los que hoy en día

se declara insatisfecho es bastante superior (65%) que el peor momento de la década de los

noventa, en 1994 (54%).

El deterioro se hace palpable también por lo que se refiere a lo que constituye un

segundo pilar fundamental del régimen democrático actual: el modelo autonómico.

Observamos que, hasta abril de 2009, hay un apoyo creciente a esta forma de distribución del

poder territorial. En este punto, tres cuartas partes de los españoles se posicionan a favor del

mismo. La situación cambia mucho, no obstante en los años sucesivos. Si bien este apoyo

parece mantenerse ―aunque algo más tambaleante― a lo largo de 2010 y 2011, en 2012 esa

postura es la elegida por tan sólo la mitad de los españoles. El otro cuarto ha cambiado durante

este año hacia posiciones más centralistas. Aparentemente, a partir de un análisis superficial de

la evolución de estos datos, la causa podría tener más que ver con las opciones y el discurso

político de CiU en Cataluña, que con la crisis económica, si bien ambos se encuentran

relacionados entre sí.

23

Gráfico 1.10. Legitimidad de la democracia

Pregunta del CIS: Ahora vamos a hablar de distintos tipos de regímenes políticos. Me gustaría que Ud.

me dijera con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo: (a) la democracia es preferible a

cualquier otra forma de gobierno; (b) en algunas circunstancias, un régimen autoritario, una dictadura,

puede ser preferible a un sistema democrático; (c) a la gente como yo lo mismo nos da un régimen que

otro. Cuestionarios de 1979, 1980 y 1981 de DATA.

Gráfico 1.11. Satisfacción con la democracia

Pregunta del CIS: En su conjunto, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con la

forma en que funciona la democracia en España?

24

Gráfico 1.12. Apoyo estado autonómico (apoyo al Estado autonómico actual o con más o

menos autonomía frente a la preferencia por la recentralización del Estado o la posibilidad

de independencia para las CCAA)

Pregunta del CIS: Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del

Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo: (a) un Estado con un único

Gobierno Central sin autonomías; (b) un Estado con regiones y nacionalidades autónomas como en la

actualidad; (c) un Estado con regiones y nacionalidades con mayor autonomía que en la actualidad; (d)

un Estado en que se reconociese a las nacionalidades la posibilidad de convertirse en estados

independientes. A partir de estas opciones de respuesta y siguiendo se han agrupado entre los que

apoyan el statu quo con los que quieren más o menos autonomía frente a los que quieren recentralizar el

Estado o apuestan por la autodeterminación. La pregunta cambia a partir de abril de 2009, incluyéndose

una nueva categoría de menos autonomía para las CCAA.

Actitudes políticas: confianza política, interés por la política, ideología, identificación partidista,

sentimientos hacia la política.

Aunque la confianza de las instituciones sufre un importante deterioro con la crisis

económica, hay que señalar que en algunos indicadores como la confianza en el Congreso de los

diputados o la confianza en los partidos políticos el deterioro comienza antes del inicio de la

crisis económica, en torno a mediados de la década pasada.

La confianza en el Congreso ya sufre un descenso en 2006, si bien éste se acentúa a

partir de 2009. Aproximadamente un 30% de los españoles afirma confiar en el Congreso

conforme al dato de 2010 (Gráfico 1.13). La confianza en los partidos sigue una tendencia

similar, si bien el deterioro de la misma en esta última etapa parece comenzar algo antes, en

2008. Además, el porcentaje de los españoles que confían en ellos no pasaba del 15% en 2010

25

(Gráfico 1.14). La confianza en el gobierno disminuye claramente en 2009. No es la primera vez

que se observa un descenso de la misma ya que en 2003 se observó una bajada notable, pero no

comparable a la actual. Tan sólo un cuarto de los españoles decía confiar en el gobierno en 2010

(Gráfico 1.15).

Gráfico 1.13. Confianza en el Congreso de los Diputados.

Pregunta del CIS: ¿Me podría decir Ud. cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos

o instituciones: mucha, alguna, poca o ninguna?: El Congreso de los Diputados.

Gráfico 1.14. Confianza en los partidos políticos

Enunciado: ¿Me podría decir Ud. cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los siguientes grupos o

instituciones: mucha, alguna, poca o ninguna?: Los partidos políticos.

26

Gráfico 1.15. Confianza gobierno

Pregunta del CIS: ¿Me podría decir Ud. cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los

siguientes grupos o instituciones: mucha, alguna, poca o ninguna?: El Gobierno.

Actitudes políticas: interés por la política, ideología, identificación partidista, sentimientos hacia

la política.

Algo similar a lo que ocurre con la confianza en distintos tipos de actitudes políticas

sucede también en otro tipo de indicadores como los relativos al interés por la política o la

frecuencia de conversaciones políticas que comenzaron a dar síntomas de cambio en las

tendencias con anterioridad al comienzo de la crisis económica.

Por lo que se refiere, en primer lugar al interés por la política, se observa un aumento

gradual pero, en su conjunto, considerable desde principios de los noventa (Gráfico 1.16). El

momento en el que empieza a observarse de forma clara esta tendencia es en 2003. Lo más

destacable es que, coincidiendo con la actual crisis, se percibe un aumento aún mayor a partir de

2008. El resultado de este proceso nos lleva a observar que, según los últimos datos disponibles,

un 30% de los españoles dice interesarse por la política, frente al 20% que daba la misma

respuesta durante los años noventa. En el caso de esta actitud no parece que sea la crisis

económica la que haya incentivado el aumento de esta actitud, si bien otros fenómenos

confluyentes con la dicha crisis pueden haber coadyuvado. Una tendencia similar se observa en

la frecuencia con la que se habla de política, si bien el porcentaje actual de ciudadanos que dicen

hablar de política a menudo o algunas veces hoy en día se acerca al 60% (Gráfico 1.17).

27

También parece ser anterior a la crisis económica presente el aumento de sentimientos

negativos hacia la política como la “desconfianza” y la “irritación” (Gráfico 1.18). Ya en 2006

se observa que son más los ciudadanos que dicen tener estos sentimientos. No obstante, la

tendencia se agudiza con la crisis actual.

Por contraste, es muy interesante observar que esta tendencia no encuentra un

paralelismo en lo que se refiere a la cercanía a algún partido político. Los porcentajes de quienes

dicen sentirse cercanos han aumentado puntualmente en 2008 y 2009 y, de nuevo, en 2011

(Gráfico 1.19).

El seguimiento de las noticias políticas a través de radio y televisión parece haber

disminuido desde 2008, si bien la tendencia no es clara, ya que en 2011 pareció aumentar de

nuevo, coincidiendo con la celebración de elecciones. No obstante, parecen haberse mantenido

estos mismos niveles desde entonces (Gráfico 1.20).

En definitiva, no parece que las actitudes normalmente asociadas al fenómeno de la

desafección política oscilen siempre en paralelo a la crisis económica. No obstante, entre ellas,

las que más lo hacen son las que indican desconfianza política.

Gráfico 1.16. Interés por la política

Pregunta del CIS: En líneas generales, ¿diría Ud. que la política le interesa mucho, bastante, poco o

nada?

28

Gráfico 1.17. Frecuencia de conversaciones políticas en la familia

Pregunta CIS: ¿Y con qué frecuencia diría Ud. que habla o discute de política cuando se reúne con

sus...? Familiares. (a) A menudo; (b) algunas veces; (c) raramente; (d) nunca. Comportamientos

políticos: participación y elección de partido.

Gráfico 1.18. Sentimientos hacia la política

Pregunta CIS: De los siguientes, ¿qué dos sentimientos le inspira a Ud., principalmente, la política? (a)

aburrimiento; (b) entusiasmo; (c) irritación; (d) interés; (e) indiferencia; (f) compromiso; (g)

desconfianza. (Agregado, sobre 200%).

29

Gráfico 1.19. Identificación partidista

Pregunta del CIS: ¿Podría indicarme si se siente Ud. cercano/a o próximo/a a algún partido o coalición

política? (a) sí; (b) no.

Gráfico 1.20. Información política a través de los medios (RADIO Y TV)

Pregunta del CIS: A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio y

la televisión. ¿Con qué frecuencia...? Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política

en la radio o la televisión.

30

Indicadores de Participación electoral

Finalmente, si nos fijamos en la tendencia a participar, observamos que la participación

electoral – la propensión a votar – no se ha visto afectada hasta mediados de 2012, momento en

el que sí parece aumentar la proclividad a abstenerse y a votar en blanco (Gráficos 1.21 y 1.22).

Esto coincide con el descenso en la intención de voto al PP. La intención de voto al PSOE, por

su parte, empezó a descender tras las elecciones de 2004 y, de forma más notable, tras las

elecciones de 2008 (Gráfico 1.23). Hoy en día la intención directa de voto a los dos partidos

mayoritarios se encuentra en niveles similares por debajo del 20%. En 2012 se observa también

un movimiento de la media ideológica de los ciudadanos hacia la izquierda que, a diferencia de

ocasiones anteriores, no coincide con la perspectiva inmediata de la celebración de elecciones

generales (Gráfico 1.24).

Gráfico 1.21. Predisposición a la participación electoral.

Pregunta del CIS: Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento

español, ¿a qué partido votaría Ud.? Además de los partidos se pregunta si no votará, en blanco y nulo.

31

Gráfico 1.22. Voto + voto blanco + abstención

Pregunta del CIS: mismo enunciado que el gráfico anterior.

Gráfico 1.23. Intención directa de voto a partidos

Pregunta del CIS: mismo enunciado que el gráfico anterior.

32

Gráfico 1.24. Media de autoubicación ideológica.

Pregunta del CIS: Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y

derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se

colocaría Ud.?

Estructura del informe, planteamiento y algunos resultados de los distintos capítulos.

El siguiente capítulo, el capítulo 2 de este informe, examina la evolución de las

principales actitudes políticas hacia la democracia española tras las ya cerca de cuatro décadas

vividas desde la transición. De modo específico, el capítulo examina tres actitudes básicas como

la legitimidad o el apoyo democrático, el descontento político o la satisfacción con la

democracia y la desafección democrática. Utilizando datos e indicadores del Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la European Social Survey (ESS), el capítulo se plantea

el impacto que la crisis económica comenzada en 2008 ha tenido sobre esas actitudes. En

concreto el capítulo se plantea las siguientes preguntas: ¿en qué medida el desempleo, los

recortes salariales, las políticas antideficitarias o la reducción de las políticas de bienestar están

conduciendo a una crisis de la democracia? A la vista de la extendida insatisfacción con el

funcionamiento de la democracia y de sus instituciones políticas; de los gobiernos y de la

oposición; de los partidos y de los políticos, ¿puede todo ello erosionar de modo significativo

los fundamentos de la legitimidad democrática? En fin, ¿hasta qué punto los crecientes niveles

de descontento con las instituciones democráticas pueden reforzar niveles de desafección con la

política que ya eran considerables?

En sus conclusiones el capítulo 2 ofrece una respuesta amplia y detallada a estas

preguntas. Los resultados del capítulo confirman la necesidad de hacer una distinción

33

conceptual entre las dimensiones del descontento o insatisfacción; el apoyo o la legitimidad, y la

desafección política. Ello tiene su reflejo en el estudio empírico de las actitudes hacia la

democracia en España. A lo largo del capítulo se pone de manifiesto que el descontento, la

legitimidad y la desafección política son dimensiones en gran medida independientes. En

concreto, se subraya que el descontento con el funcionamiento de la democracia es la dimensión

con una mayor variabilidad; mientras que la legitimidad y la desafección se muestran mucho

más estables a lo largo del periodo analizado. Además, cada una de estas dimensiones parece

responder de forma diferenciada a distintos cambios en el contexto económico y político.

Mientras que el descontento resulta especialmente sensible al deterioro de la situación

económica, el apoyo a la democracia aparece más marcado por factores políticos y de gobierno.

Esta sensibilidad a factores políticos parece especialmente señalada entre los votantes más

conservadores. Pareciera como si en alguna medida los votantes conservadores condicionaran su

apoyo a la democracia a la suerte electoral de su partido. Por otro lado, los resultados del

capítulo confirman la expectativa inicial que hemos planteado en el marco teórico de este

informe en el sentido de que la crisis económica parece haber estimulado la aparición de un

perfil de ciudadanos más críticos. Este perfil crítico apoya la democracia frente a cualquier

tentación autoritaria y tiene gran interés en la política; pero desconfía de las instituciones

políticas actuales. Conforme a las conclusiones finales de este primer capítulo sustantivo, la

actual crisis económica, lejos de ser una amenaza seria para la legitimidad democrática, está

generando la aparición de un nuevo perfil de ciudadanos críticos cuya aspiración ―e

indignación― política, señala justo en el sentido opuesto a cualquier tentación autoritaria.

El capítulo 3 retoma la investigación justo donde la deja el capítulo 2, es decir la

bifurcación en los indicadores de desafección, indagando sobre el modo en el que esa doble

tendencia se distribuyen en particular entre los jóvenes y los desempleados.

Tal y como hemos visto ya en las series longitudinales, la crisis ha afectado

particularmente a los jóvenes por el dramático incremento del desempleo juvenil. Una de las

consecuencias más dramáticas de la crisis financiera es el alto desempleo juvenil. Desde que el

paro comenzó a despuntar a mediados de 2008, los más afectados por esta situación han sido los

jóvenes de 15 a 19 años. Esta tendencia viene seguida por las siguientes categorías de edad, los

jóvenes de entre 20 y 24 años y los de 25 a 29 años. En todos los casos, el nivel de desempleo es

claramente superior a la media de la sociedad española. Partiendo de este hecho, el capítulo 3

parte de la premisa de que los jóvenes pueden ser más permeables a las transformaciones

sociales dado que tienen una experiencia vital limitada. Las preguntas en torno a las que se

articula el capítulo son por tanto las siguientes: ¿Están los jóvenes de hoy sintiendo la crisis en

mayor medida que el resto de la sociedad, en lo que se refiere a sus actitudes políticas y a sus

formas de participación? ¿La relación con la política de los desempleados está siendo más

34

afectada por el contexto económico dada la creciente dificultad para encontrar un trabajo? Para

responder estas cuestiones, el capítulo 3 lleva a cabo una exploración longitudinal de las

actitudes y comportamiento de los jóvenes antes y durante la crisis económica con particular

atención a los desempleados.

El capítulo revisa lo que podemos esperar sobre cómo las transformaciones sociales ―y

particularmente la crisis económica― podrían afectar a las actitudes y comportamientos de los

jóvenes al mismo tiempo que se comprueba si algunos de los síntomas de los que hemos

hablado (insatisfacción con la democracia, desconfianza en las instituciones, cambio en el

interés por la política y en la participación en actividades de protesta) son visibles entre las

generaciones más jóvenes en la misma medida que en el resto de la sociedad; o si los jóvenes

están particularmente afectados por la crisis dado que son grupos más sensibles al contexto.

El segundo argumento se refiere a la relación entre actitudes, participación y estado

laboral. Conforme se explica en el capítulo, hay varios mecanismos por los cuales estar

empleado o desempleado puede influir en el comportamiento y las actitudes políticas. Por un

lado, entrar en el mercado laboral es un paso crucial en la adquisición de responsabilidades

adultas, y el lugar de trabajo facilita que los individuos entren en contacto con importantes redes

de movilización política (Lane, 1959: 218; Verba y Nie, 1972; Strate et al., 1989). Además,

algunos determinantes de la participación política como la seguridad económica y los recursos

dependen de las condiciones laborales de los individuos (Lane, 1959: 218; Verba y Nie, 1972)

de modo que el entorno laboral funciona como un agente socializador que promueve la

participación. Pero en el capítulo se constata que no existe un consenso definitivo en la literatura

en el efecto del desempleo en la participación política. Por un lado, el desempleo implicaría

mayores dificultades económicas. La inseguridad económica y tener menos recursos puede ser

visto como un factor que incrementa los costes de implicarse en política (Rosenstone, 1981).

Pero, por otro lado, el desempleo se asocia normalmente con mayor tiempo disponible y como

una motivación para cambiar las cosas.

Por lo que se refiere a los efectos de la crisis por grupos de edad, los resultados del

capítulo no apoyan la idea de que los cambios se producen más fácilmente durante los años en

los que los ciudadanos están formándose. Por contraste, es en el grupo entre los 25 y 35 años en

el que se producen más cambios en las actitudes políticas. Esto podría indicar que el momento

del ciclo vital en el que se encuentran los ciudadanos juega un rol crucial. Los roles adultos

permiten conocer y ser conscientes, de forma que la participación política tenga un significado

propio (Strate, Parrisch, Elder y Ford, 1989; Rosenstone y Hansen, 1993). No obstante, es

posible pensar en otros factores y explicaciones que estén en juego. El impacto de la crisis

podría tener consecuencias diferentes para aquellos que ya han empezado su carrera profesional

y están formando sus familias. Los costes de perder el empleo en estas circunstancias tienen

35

consecuencias más dramáticas para la vida de las personas. Es posible también que los

individuos entre los 25 y los 35, con experiencia previa en el sistema político, tengan más

capacidad de reaccionar a la situación, mientras que los más jóvenes tienen más dificultades

para hacerlo.

Por lo que se refiere a los desempleados, los resultados del capítulo no encuentran

diferencias en las actitudes o comportamientos políticos entre los desempleados que no hayan

sido observadas ya en 2002 o 2007, antes de la crisis; pero con respecto a esta pauta general

existen algunas excepciones relevantes. Los desempleados tienen menos confianza en los

partidos políticos, menos probabilidades de sentirse cercanos a un partido político, menos

probabilidad de votar y firmar peticiones en el grupo más joven (de 18 a 25 años). Por tanto, el

capítulo si encuentra efectos relevantes entre los jóvenes y desempleados y estas actitudes no se

trasladan en mayores niveles de participación política, ya que tienen menos probabilidades de

votar o firmar peticiones. Si la implicación política está creciendo entre los se encuentran en

mejores circunstancias económicas y los más afectados por la crisis se muestran apáticos y

desinteresados, la consecuencia es el incremento de las desigualdades políticas. Este parece ser

el caso para el grupo de los más jóvenes y los desempleados según concluye el capítulo 3.

En suma el capítulo 3 encuentra evidencia de nuevas o crecientes desigualdades

políticas y se cierra con nuevas preguntas para futuras investigaciones ¿por qué la crisis

económica ha afectado de manera más fuerte a los jóvenes (25-35) pero no a los más jóvenes

(18-25)? O, ¿es el desempleo una nueva brecha entre los más jóvenes simplemente por el mayor

número de desempleados que existen en este grupo?

Si el capítulo 3 comprueba que los efectos de la crisis económica en las actitudes

políticas tienen manifestaciones desiguales dependiendo de la ocupación o de la edad, el

capítulo 4 comprueba que dichos efectos puedan ser también desiguales en distintas CCAA.

Para comprobar este extremo, este último capítulo no se centra en los efectos de la crisis en las

actitudes hacia la democracia en un sentido general o en distintas instituciones del sistema

político nacional; sino que analiza su impacto en las actitudes hacia el Estado de las autonomías.

El capítulo muestra que el modelo de organización territorial del Estado está también entre las

instituciones que han experimentado una fuerte erosión de apoyo ciudadano. Sin embargo, las

reflexiones y análisis sobre los efectos de la crisis en las actitudes hacia el Estado autonómico

parecen menos frecuentes en el debate público que los que abordan los efectos en otras

actitudes; a excepción del debate que recibe el proceso soberanista en Cataluña lo que, como

este capítulo demuestra, es sólo una de las manifestaciones del creciente desapego de los

ciudadanos hacia el Estado autonómico.

36

Puesto que el modelo de organización territorial fue constituido de una manera más

abierta en el consenso constitucional el capítulo parte del supuesto de que las actitudes más

sensibles a los vaivenes del proceso político, partíamos del supuesto de que las actitudes hacia

el Estado autonómico pueden variar tanto en función del contexto político como del contexto

económico. El capítulo desarrolla un marco teórico en el que se fijan expectativas sobre el

modo en el que las identidades de grupo (nacional/regional), el recuerdo de voto y las factores

económicos (percepciones y ocupación) han podido tener un efecto en las actitudes de apoyo al

Estado autonómico, en tres momentos en el tiempo: en 2002, con anterioridad de a la crisis

económica; y en 2010 y 2012. La evolución longitudinal en los niveles de apoyo al estado

autonómico ponen de manifiesto que, a diferencia de lo que ocurre con otras actitudes, la crisis

de mediados de los noventa no tuvo efectos negativos en este indicador lo que quizás explique

que sean relativamente escasos los trabajos que han explicado su evolución a partir del contexto

económico. Por ello, buena parte del marco teórico de este capítulo se dedica a exponer

hipótesis sobre el modo en el que la variabilidad del contexto económico en el tiempo y en el

espacio pueda incidir en la variabilidad en los niveles de legitimidad autonómica.

Los resultados del capítulo confirman la heterogeneidad en la evolución de esta actitud

tanto en el tiempo como en el espacio. El capítulo describe, en primer lugar, el modo constatado

que las actitudes hacia el sistema autonómico evolucionaron desde posiciones todavía muy

divididas a comienzos de los ochenta hacia un creciente apoyo al estado autonómico que

alcanzó un punto máximo en 2006; para descender después en un proceso que se aceleró desde

2009. Aplicando el esquema clásico de Hirschman (1970) de lealtad, salida, y voz a esta última

evolución el capítulo constata que las opciones de voz (más o menos autonomía) se

incrementaron en una primera fase hasta 2010/11 y las de salida (Estado centralizado e

independencia) desde entonces hasta la actualidad. Estos resultados ponen de manifiesto que

pese a que la pérdida de legitimidad parecía ya estar manifestándose antes de la crisis

económica, es desde 2010 cuando la caída de la legitimidad se hace más intensa. El capítulo

examina también el apoyo específico (valoración del Estado de las autonomías), que sigue una

tendencia muy parecida a la evolución de la legitimidad; aunque cabe destacar el hecho de que

entre las motivaciones para la evaluación negativa la percepción de que las autonomías

aumentan el gasto público se ha triplicado desde 2010 a 2012.

Los resultados del capítulo 4 ponen también de manifiesto las diferencias territoriales,

constatando la pérdida de apoyo al Estado Autonómico en todas las CCAA con la única

excepción del País Vasco. A este respecto, destaca la disminución del apoyo en Murcia, Madrid,

Castilla y León y Cataluña y la estabilidad en Andalucía. Mientras que en Cataluña la opción de

salida es la independencia, en los otros casos los ciudadanos se decantan por un Estado

centralizado. Los resultados del capítulo ponen también de manifiesto que las opciones de

37

salida se concentran significativamente en las CCAA gobernadas por el PP o por los partidos

nacionalistas mientras que en las CCAA gobernadas por el PSOE, en sentido contrario al

conjunto del país, las posiciones de lealtad se han visto incluso reforzadas.

Siguiendo con el análisis de los factores económicos y políticos el capítulo se centra en

5 casos de estudio: Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla-León, y País Vasco. Los resultados de

los análisis multivariables muestran que la identidad nacional exclusiva tiene un efecto negativo

sobre los niveles de legitimidad autonómica mientras que el de la identidad regional es más

variado por período y CCAA; siendo negativa en Cataluña y País Vasco en 2012 y positiva en

Andalucía en ese mismo año. En cuanto a las variables del contexto político, el capítulo

comprueba un efecto negativo del voto nacionalista en Cataluña en 2010 y una diferenciación

entre PP y PSOE, aunque esta última sólo tiene lugar en Andalucía y Madrid. El capítulo no

encuentra evidencia para confirmar que en 2012, durante la segunda fase de la crisis y

coincidiendo con los recortes del déficit en las autonomías, el efecto de los factores económicos

fuera mayor que en 2010.

Por lo que se refiere a la intensidad en los efectos de los factores económicos, éstos son

en términos generales débiles aunque los resultados confirman su incidencia durante el período

2010-2012, especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. Los resultados también ponen de

manifiesto un mayor efecto en las CCAA más golpeadas por la crisis, como Andalucía y

Cataluña, aunque son también patentes en Madrid, de modo que son estas tres CCAA las que se

diferencian significativamente de las otras dos CCAA (Castilla-León y País Vasco). Cuando se

analiza el efecto de la percepción diferencial entre la economía regional y nacional, en Madrid y

Cataluña se confirma su efecto negativo en el apoyo al Estado autonómico, un efecto que es

mayor también entre los desempleados catalanes.

Por último, el capítulo 4 pone también de manifiesto que la crisis económica tiene

también efectos indirectos ―en interacción con las identidades y factores políticos― en los

niveles de apoyo al estado autonómico. Adicionalmente, en la comparación entre Madrid y

Cataluña, un resultado especialmente interesante de este capítulo es que subraya la existencia

de mecanismos causales compartidos en la explicación de por qué un número creciente de

catalanes dejan de apoyar el modelo de autonómico a favor de la independencia; y por qué un

número creciente de madrileños dejan también de apoyar el modelo autonómico en favor del

restablecimiento de un Estado centralizado.

38

Capítulo 2. Las actitudes hacia la democracia en tiempos de crisis: legitimidad,

descontento y desafección en España1

El segundo capítulo de este Informe examina de forma introductoria la evolución de las

principales actitudes políticas hacia la nueva democracia española tras las ya cerca de cuatro

décadas vividas desde el cambio político. Más específicamente, hemos seleccionado tres

actitudes básicas como la legitimidad o el apoyo democrático, el descontento político o la

satisfacción con la democracia y la desafección democrática. En el capítulo se contiene también

un análisis empírico inicial del impacto de la crisis económica sobre esas actitudes. Utilizando

datos e indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la European Social

Survey (ESS), nuestra principal pregunta de investigación plantea el impacto que la crisis

económica comenzada en 2008 ha tenido sobre esas actitudes. ¿En qué medida el desempleo,

los recortes salariales, las políticas antideficitarias o la reducción de las políticas de bienestar

están conduciendo a una crisis de la democracia? A la vista de la extendida insatisfacción con el

funcionamiento de la democracia y de sus instituciones políticas, de los gobiernos y de la

oposición, de los partidos y de los políticos, ¿puede todo ello erosionar de modo significativo

los fundamentos de la legitimidad democrática? En fin, ¿hasta qué punto los crecientes niveles

de descontento con las instituciones democráticas pueden reforzar niveles de desafección con la

política que ya eran considerables?

En los últimos cinco años, estas tres preguntas han sido contestadas, y en sentido

afirmativo, por decenas de observadores y comentaristas políticos. Prima facie, su evidencia ha

consistido en la acumulación de fenómenos políticos como la excepcionalmente rápida erosión

de apoyos que han experimentado los sucesivos gobiernos del socialista José Luis Rodríguez

Zapatero hasta las elecciones de 2011 y del conservador Mariano Rajoy tras ellas, las consignas

del movimiento de los indignados del 15M, las frecuentes movilizaciones protagonizadas por

los sectores sociales más diversos o la insólita aparición de los partidos, y de la clase política en

general, en el catálogo de las principales preocupaciones de los españoles. Todas estas señales

vendrían causadas por la crisis económica y estarían a su vez reflejando tanto un descontento

casi unánime con las instituciones políticas como una profunda desafección con la política en

general, y ambos estarían ocasionando una grave erosión de la legitimidad democrática.

1 Debemos advertir de que este capítulo tiene una naturaleza sobre todo introductoria, puesto que sus

autores han podido acceder solo recientemente a los datos de la sexta ola de la European Social Survey

(ESS), que son los que hemos utilizado y que han sido puestos en circulación a finales del pasado mes de

octubre. Y queremos agradecer a Ilke Toygür su colaboración en el tratamiento de los datos y a Rocío

Alarcón su ayuda en el proceso de preparación y edición final de este capítulo.

39

En general, las relaciones entre actitudes políticas y factores económicos han sido

examinadas solo ocasionalmente. Vale la pena recordar que el trabajo pionero de Almond y

Verba (1963) sobre la cultura política de cinco regímenes políticos, aparecido hace ahora

precisamente cincuenta años, no contenía tratamiento alguno de las interacciones entre las

actitudes más relevantes para el sistema político y los ciclos económicos, tanto de signo positivo

(como tasas sustantivas de crecimiento económico, o cifras bajas de inflación, o niveles

elevados de empleo) como sobre todo negativo (como crisis económicas graves con

decrecimiento, inflación o desempleo, o todo ello a la vez). Y los factores económicos seguían

ausentes en la revisión que los mismos Almond y Verba (1980) impulsaron casi veinte años

después. Por la misma época, cuando llegaban a plantearse, las relaciones entre actitudes

políticas y procesos económicos aparecían mediatizadas por diversos mecanismos

institucionales. La crisis económica ocasionada entonces por el incremento de los precios

petrolíferos generó una intensa preocupación por sus efectos en la legitimidad democrática de

los países occidentales. Tras el extraordinario periodo de seguridad, prosperidad y crecimiento

económico reinante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas políticas giraban

alrededor de la estanflación, el declive económico y los reajustes en el Estado de bienestar. Los

temores de muchos científicos sociales arrancaban de la crisis fiscal del Estado (O’Connor,

1973) como consecuencia de su incapacidad para generar nuevos recursos económicos que

pudieran calmar a unos electorados cada vez más exigentes ante los problemas del Estado de

bienestar (Offe, 1984); continuaban con la preocupación por la ingobernabilidad de las

sociedades democráticas, sometidas a tensiones desconocidas en las décadas anteriores

(Huntington, 1968), y culminaban de modo inevitable en el declive de la legitimidad

democrática por la imposibilidad de los gobiernos de solventar a la vez graves problemas

económicos y demandas contradictorias por parte de los ciudadanos. El resultado cristalizaría en

una crisis de la legitimidad (Habermas, 1985), que a su vez llevaría a la crisis de la democracia

(Crozier, Huntington y Watanuki,1975).

Poco tiempo después, sin embargo, esas proyecciones pesimistas parecieron

desaparecer: según las han denominado Kaase y Newton (1995), las “teorías de la

contradicción, la crisis y la catástrofe” dejaron de aplicarse. La estabilidad de los sistemas

democráticos, la consolidación de las nuevas democracias tras la denominada tercera ola, en

mitad de los años setenta (Huntington, 1991), y la quiebra de los regímenes comunistas de la

Europa Central y del Este durante los años noventa fueron considerados como una prueba

definitiva de la superioridad de la democracia. Pese a ello, tanto las viejas como sobre todo las

nuevas democracias siguieron dando síntomas de un creciente declive de la confianza política

(Lipset y Schneider, 1983). Aunque no cuestionen la legitimidad democrática de sus sistemas

políticos, los ciudadanos son más críticos con el funcionamiento de la democracia, con el

40

rendimiento de las instituciones políticas y con las actividades cotidianas de los actores

políticos. Los gobiernos democráticos encuentran más dificultades para llevar adelante sus

políticas públicas, y muchas instituciones políticas operan con una combinación de intensas

críticas y de una amplia indiferencia. Y la distancia que separa a los ciudadanos de sus

representantes no cesa de ampliarse (Klingemann y Fuchs, 1995). En las llamadas democracias

desafectas (Pharr y Putnam, 2000), la relación de los ciudadanos con la política democrática ha

sufrido una mutación considerable. En situaciones de crecimiento económico, el apoyo a la

democracia está asegurado; pero la desconfianza, el descontento y el distanciamiento, en

cambio, parecen formar parte del nuevo paisaje político (Nye, Zelikow y King, 1997).

Si estos cambios han ocurrido en el marco de economías que funcionaban

razonablemente bien, ¿qué cabe esperar de los devastadores efectos de una crisis económica que

es mucho más grave que la de hace cuarenta años? Y si cabe suponer que su impacto en el

sistema político ha de ser lógicamente mucho mayor en los países que estén padeciendo la crisis

de forma especialmente intensa, como es el caso español, ¿hasta qué punto entonces se han

agravado las percepciones de los españoles sobre los gobiernos, las instituciones, sus

representantes, en definitiva sobre la política democrática?

En este capítulo responderemos a estas preguntas alrededor de los ejes conceptuales y

empíricos representados por tres actitudes políticas fundamentales en las relaciones de los

ciudadanos con sus sistemas políticos: la legitimidad democrática, el descontento político y la

desafección política. El capítulo está dividido en cinco secciones. En la siguiente efectuaremos

una análisis conceptual de esas tres actitudes: aunque forzosamente breve, resulta necesario a la

vista de la imprecisión característica de una literatura que a veces los utiliza con criterios

normativos o morales, a veces los confunde tomándolos como sinónimos y en otras ocasiones se

limita simplemente a desconocerlos. En la segunda sección comenzaremos la parte empírica

realizando un análisis de series temporales de los niveles de legitimidad y de satisfacción con la

democracia. Las casi cuatro décadas transcurridas desde la transición democrática permite

examinar la relación de ambas actitudes con factores económicos y gubernamentales de distinta

naturaleza, como el desempleo, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) o el gasto

público; y a ellas se unen otras variables contextuales que a priori cabe presumir tienen efectos

en los niveles de legitimidad democrática o de satisfacción política como la presencia o ausencia

de la corrupción entre los dirigentes partidistas, la actuación de un gobierno socialista o

conservador y la concurrencia o no de un año electoral. La tercera sección utilizará ahora datos

transversales de encuestas realizadas por el CIS en 2002 y por la ESS en 2012 para analizar los

determinantes tanto de la satisfacción política como de la legitimidad democrática. Estas

variables dependientes se convierten también en independientes en cada uno de los modelos

multivariables que hemos realizado. Y otras variables independientes seleccionadas incluyen

41

dos factores económicos relevantes como el desempleo o la evaluación de la situación

económica, a los que se unen los habituales factores sociodemográficos como la edad, la

educación, o la religiosidad, así como la desafección política, la confianza social, la

participación política, la ideología y el voto al partido en el gobierno. La cuarta sección se

centra en la desafección política. Utilizando de nuevo datos de las encuestas del CIS en 2002 y

de la ESS en 2012, las variables dependientes estarán constituidas por distintos tipos de una

tipología construida con dos variables fundamentales como el interés por la política y la

confianza en el Congreso de los Diputados. Y las independientes comprenden la legitimidad, la

satisfacción y las mismas variables económicas, sociodemográficas, políticas e ideológicas de

los anteriores modelos. En fin, el capítulo se cierra con una quinta sección en la que se discuten

algunas de las conclusiones obtenidas en este novedoso ejercicio conceptual y empírico, que en

lo que se nos alcanza es la primera ocasión que se lleva a cabo en la literatura sobre las actitudes

básicas hacia la democracia.

Las actitudes hacia la democracia en España: tres conceptos

Una buena parte de los trabajos que analizan las actitudes hacia la democracia

comparten dos características. La primera es que asumen que dichas actitudes constituyen un

único dominio actitudinal. Y, sin embargo, en su trabajo pionero sobre el tema, David Easton

(1965) señaló que las orientaciones democráticas pueden clasificarse en al menos dos tipos, a

las que denominó como apoyo difuso y apoyo específico. Pero la mayor parte de los estudios

existentes combinan indiscriminadamente ambas categorías: para sus autores, ocupan un

dominio conceptual común. Sus justificaciones aluden a la confusión o vaguedad de la

distinción de Easton (como hace Kaase, 1988: 117), a la imposibilidad de superar los problemas

de medición (como Loewenberg, 1971), a la supuesta condición tautológica de la diferenciación

de Easton (como Craig, 1993) o sencillamente a la incapacidad de los ciudadanos para distinguir

uno u otro tipo de apoyo (como Muller y Jukam, 1977). Los resultados de esta lógica son

negativos: quienes defienden estas posiciones críticas han solido confundir la legitimidad

democrática, equivalente al apoyo difuso de Easton, sobre la que los indicadores muestrales son

muy escasos, con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, correspondiente en

términos generales con el apoyo específico, y que ha solido incluirse regularmente en las

encuestas que aspiran a conocer las orientaciones de los ciudadanos hacia la democracia.

Como consecuencia de la anterior, una segunda característica establece una estrecha, si

no determinística, relación entre la satisfacción con el rendimiento de la economía o de las

instituciones políticas con la legitimidad democrática o el apoyo difuso a la democracia. Así,

42

por ejemplo, M. Stephen Weatherford (1987: 13) ha señalado con rotundidad que, “a largo

plazo, la legitimidad está totalmente determinada por el rendimiento de las políticas públicas”.

Y Adam Przeworski (1991: 95) ha apostillado que, “como todo el mundo concuerda, la

supervivencia eventual de las nuevas democracias [en la Europa Central y del Este] dependerá

en mucha medida de su rendimiento económico. Y dado que muchas de ellas emergieron en

mitad de una crisis económica sin precedentes, los factores económicos trabajarán contra su

supervivencia”. Y otros autores han generalizado señalando que la legitimidad de los sistemas

democráticos occidentales depende cada vez más de su rendimiento (Fuchs y Klingemann,

1995: 440).

Nosotros rechazamos ambas características. En este capítulo comprobaremos que es

posible separar conceptual y empíricamente ambas dimensiones en la línea de la diferenciación

de Easton (1965 y 1975), que la legitimidad tiene una considerable autonomía con respecto a la

evolución de la satisfacción con la democracia y que la crisis económica ha supuesto un

excelente campo de prueba de dicha autonomía. Y también analizaremos una tercera actitud

hacia la democracia, la desafección política, cuyas relaciones con las dos anteriores

examinaremos en dos momentos en el tiempo para comprobar el impacto específico que en ella

ha tenido la crisis económica.

Legitimidad democrática

Concebimos la legitimidad como una actitud positiva de los ciudadanos hacia las

instituciones democráticas, consideradas como la forma de gobierno más apropiada.2 Este

concepto es relativo, ya que ningún sistema político es completamente legítimo para todos los

ciudadanos, y la intensidad del apoyo positivo a sus instituciones cambia según las personas. Por

consiguiente, la legitimidad puede ser entendida como “la creencia de que las instituciones políticas

existentes, a pesar de sus defectos y fallos, son mejores que otras que pudieran haber sido

establecidas" (Linz, 1988: 65; 1978a:16). Esta definición es también relativa en la medida en que se

relaciona con el convencimiento de que el sistema democrático es la menos mala de las formas de

gobierno. Como también ha escrito Juan J. Linz (1978b: 18), "en última instancia, la legitimidad

democrática se basa en la creencia de que para un determinado país y en un momento dado, ningún

otro tipo de régimen podría asegurar un mayor éxito de los objetivos colectivos."3 La tabla 2.1 y el

2Utilizamos aquí un concepto minimalista de legitimidad, ya que creemos que es la mejor manera de

resolver los habituales problemas de medición y operacionalización del concepto; unos problemas que

además se han agravado a causa de su carácter multidimensional; véanse Morlino y Montero (1995: 232);

Linz (1988: 62), y McDonough, Barnes y López Pina (1986:737).

3Véanse también Linz y Stepan (1996: 76 y sigs.), Diamond y Lipset (1995), Diamond (1998) y, desde una

perspectiva muy diferente, Rawls (1993: 137). Para un amplio análisis desde la teoría política, véase

Beetham (1991).

43

gráfico 2.1 muestran dos indicadores que reflejan las percepciones fundamentales sobre la

legitimidad de la democracia española.4 La tabla 2.1 presenta el porcentaje de encuestados que se

mostraba de acuerdo con la afirmación de que "la democracia es el mejor sistema para un país

como el nuestro", y el gráfico 2.1 contiene la distribución de opiniones de quienes están a favor de

un sistema democrático en cualquier circunstancia y de aquellos que apoyarían, en ciertas

situaciones, un régimen autoritario. Las conclusiones son inequívocas. En ambos casos, los

españoles respaldan mayoritariamente la democracia: como puede comprobarse en la tabla 2.1,

entre dos terceras y más de tres cuartas partes de los encuestados estaban de acuerdo con la

afirmación que considera que la democracia es superior a cualquier otro sistema político. El grado

de apoyo extraordinariamente alto que recibe la democracia en 1978 indica probablemente un

efecto luna de miel (por el que los españoles dieron un mayoritario voto de confianza a las

instituciones democráticas desde el momento en que se constituyeron [Weil 1989], en buena parte

gracias a la mediación de los partidos y de los dirigentes partidistas [Torcal 2008]). Aunque la

firmeza de estas actitudes sufrió después un cierto debilitamiento, todos los datos existentes

confirman que se ha mantenido un alto grado de legitimidad democrática desde 1982. El gráfico

2.1subraya esta tendencia al aportar también datos del escaso apoyo recibido por las alternativas

antidemocráticas durante todo este período.5Incluso entre los votantes del principal partido

conservador, Alianza Popular (desde 1989 Partido Popular [PP]), que fue fundado por destacadas

personalidades del régimen de Franco, el número de partidarios de la democracia en cualquier

circunstancia sobrepasa con creces al de quienes estarían a favor de una alternativa autoritaria en

ciertas situaciones (Montero, 1993; Montero y Gunther, 1994). Estos datos contradicen la tesis que

propugnaba que la cultura política española no es intrínsecamente democrática, o que contiene

reductos significativos de sentimientos antidemocráticos (como señala, por ejemplo, Wiarda [1989,

x y 2]). Por lo demás, numerosas encuestas, que han utilizado este mismo indicador u otros

similares, ponen de manifiesto que los niveles de apoyo a la democracia en tres de los cuatro países

del sur de Europa eran similares o superiores a los de la Unión Europea (Montero, Gunther y

Torcal, 1998; Klingemann, 1999).

4 Para una discusión sobre la validez de estos indicadores, véanse Dalton (2004) y Magalhaes (2013). 5Aunque Fuchs, Guidorossi y Svensson (1995: 348) y Tóka (1995: 359), entre otros, han señalado que el

indicador utilizado en el grafico2.1 se refiere a una idea abstracta de democracia, es evidente que los

entrevistados no conciben la democracia de forma separada de su propia situación, país o experiencia

histórica y, aún menos la consideran como un concepto abstruso, teórico e inaplicable. En realidad, creemos

que éste es un indicador válido de las actitudes de los ciudadanos hacia el sistema político, ya que recalca la

importancia del nivel sistémico y, a la vez, resulta fácilmente comprensible por su imbricación con la

experiencia diaria e histórica del entrevistado y porque le permite elegir entre diferentes respuestas. Véase

también Muller, Jukam y Seligson (1982).

44

Tabla 2.1. La democracia como mejor sistema para España, 1978-1994

% N

1978 77 5,898

1980 69 3,132

1981 81 1,703

1982 74 5,463

1983 73 5,481

1988 87 4,548

1993 79 1,448

1994 82 2,491

La democracia es el mejor sistema

para un país como el nuestro

Fuentes: Centro de documentación de DATA, para 1978-1993, y Banco de Datos del Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS), para 1994.

Gráfico 2.1. Evolución de la legitimidad democrática en España

45

Descontento político

En contraste con la continuidad existente en los indicadores de la legitimidad de la

democracia española, las evaluaciones del rendimiento de su sistema político han oscilado de forma

considerable a lo largo del tiempo. La idea más extendida sobre las relaciones entre ambos

indicadores mantiene que las fluctuaciones en el grado de satisfacción del ciudadano con la

democracia y/o con el gobierno son significativas y pueden amenazar la estabilidad del mismo

sistema democrático, dado que están directamente relacionadas con el funcionamiento del nuevo

régimen. Aquí defendemos, por el contrario, que los regímenes democráticos pueden mantener su

estabilidad incluso cuando se enfrentan a niveles elevados de insatisfacción con el sistema. Dicho

de otro modo, su pervivencia descansa más en las actitudes hacia la legitimidad que en la

satisfacción o en la percepción que se tenga de su eficacia.

Pero antes de analizar este punto con mayor detenimiento, quizás sea necesario plantear la

medida por la que realmente cabe separar los conceptos de legitimidad y de eficacia. Algunos

autores han dudado de la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre ambas dimensiones

(Muller y Jukam, 1977; Kinder y Sears, 1985: 725), y según afirman, en los análisis muestrales las

respuestas obtenidas a las preguntas sobre la "legitimidad" de un sistema pueden estar muy

influidas por la valoración que les merecen a los encuestados las autoridades políticas, por su

evaluación de la actuación de las instituciones políticas o por el desfase existente entre la realidad e

importantes valores abstractos. Otros autores, cuyos análisis se basan principalmente en datos de

encuesta que sólo contienen medidas de insatisfacción con la democracia o con el funcionamiento

de sus instituciones, defienden que aquéllas son indicadores apropiados y suficientes para medir el

apoyo al sistema "con un grado de generalización relativamente bajo" (Fuchs, Guidorossi y

Svensson, 1995: 330); o señalan que esos factores equivalen a medidas de la legitimidad (Fuchs y

Klingemann, 1995: 425; Tóka, 1995: 359); o aceptan que el apoyo político se defina simplemente

como satisfacción con la democracia (Anderson y Guillory, 1997: 70), o deciden equiparar la

legitimidad con una concepción amplia de confianza que incluye un continuo desde la esfera

privada a la pública (McDonough, Barnes y López Pina, 1994: 370). Por nuestra parte, y como ya

hemos adelantado, mantenemos en primer lugar que la legitimidad y la eficacia son distintas no

sólo desde un punto de vista conceptual sino también empírico. Esta distinción ha sido analizada

desde diversas perspectivas y con diferentes consecuencias teóricas y, si se dispone de los

indicadores apropiados, puede demostrarse empíricamente.6 En términos generales, la eficacia del

6Además de las obras clásicas de Easton (1965 y 1975), véanse, por ejemplo, los puntos de vista

contrapuestos de Dahrendorf (1980) y Offe (1984). Lipset (1981), Linz (1978a y 1978b), Morlino (1985) y

Di Palma (1990), entre otros, han realizado interesantes análisis de los conceptos de eficacia, eficiencia y

rendimiento del régimen. La distinción entre actitudes que confieren legitimidad a un régimen y valoración

de la eficacia del rendimiento del gobierno ha sido también analizada en diversos estudios recientes de

varios países europeos. Véanse, por ejemplo, Morlino y Montero (1995), Weil (1989), Kuechler (1991),

Finkel, Muller y Seligson (1989) y Fuchs (1992).

46

sistema y la satisfacción política pueden concebirse como componentes de un síndrome más amplio

de descontento político, definido como la expresión de una cierta frustración que surge de comparar

lo que uno tiene y lo que debería tener (Gamson, 1968; López Pintor, 1997).7 La eficacia del

sistema comprende una serie de percepciones relacionadas con la eficiencia del mismo a la hora de

resolver problemas básicos (Dahl, 1971: 144); en otras palabras, con su capacidad para solucionar

problemas que los ciudadanos consideran de especial importancia (Morlino y Montero, 1995: 234).

Y la insatisfacción o descontento político (que se utiliza con más frecuencia que su antónimo)

expresa el desagrado que produce un objeto social o político significativo, y puede estimarse en

consecuencia como un rechazo general de algo que no responde suficientemente a los deseos de los

ciudadanos (Di Palma, 1970: 30). Por lo tanto, la insatisfacción política surge de la evaluación que

hacen los ciudadanos del rendimiento del régimen o de las autoridades, así como de los resultados

políticos que generan (Farah, Barnes y Heunks, 1979).

En segundo lugar, defendemos también que a los ciudadanos de los países que han

experimentado recientemente transiciones desde regímenes autoritarios (como los del sur de

Europa) les resulta sumamente fácil distinguir entre legitimidad y eficacia. La experiencia personal

directa del autoritarismo y en todo caso la socialización política hacen posible que los entrevistados

distingan entre gobierno autoritario y democrático, y que puedan separar sus evaluaciones sobre el

rendimiento del sistema (satisfacción) de su apoyo al actual régimen democrático (legitimidad).

Como consecuencia de sus memorias individuales o colectivas, los europeos del sur están mejor

pertrechados cultural y actitudinalmente para distinguir entre la legitimidad de un régimen y las

percepciones de su eficacia. Sin duda, la capacidad de los griegos, portugueses y españoles para

hacer estas distinciones es diferente en cada generación y disminuirá a medida que el paso del

tiempo vaya haciendo menos relevante la experiencia del autoritarismo para la memoria colectiva

del país. Pero desde finales de los setenta dicha memoria ha sido por lo general significativa para

muchos ciudadanos, bien que fuera menor en Italia que en los otros tres países. Por el contrario, en

los países con democracias muy arraigadas es mucho más difícil para los encuestados valorar sus

sistemas políticos comparándolos con una hipotética (y apenas imaginable) opción no democrática:

en estas circunstancias las preguntas acerca de regímenes políticos alternativos podrían resultar

abstractas e irreales (Morlino y Montero, 1995; McDonough, Barnes y López Pina, 1986 y 1994, y

Weil, 1989). En consecuencia, en estas democracias las medidas de legitimidad podrían

7 Farah, Barnes y Heunks (1979: 429 y ss.) añaden a estos dos indicadores los relativos a la eficacia política

interna y externa, que para nosotros constituyen -y así esperamos demostrarlo más adelante- dimensiones del

concepto de desafección política. Véase también Miller (1979: 964 y ss.).

47

confundirse más fácilmente con las evaluaciones de la eficacia del sistema o del rendimiento

político.8

Algunas características del pasado reciente facilitan el análisis de estas dos dimensiones y

determinan el impacto en ellos de variaciones en las condiciones económicas, sociales y políticas.

Para empezar, la situación económica ha sufrido cambios considerables durante el período aquí

estudiado. En contraste con los altos índices de crecimiento económico y de aumento del nivel de

vida individual producidos en los últimos quince años del régimen autoritario franquista, los

procesos de transición y consolidación democrática tuvieron lugar en medio de crisis económicas

sucesivas, agravadas por las sucesivas crisis del petróleo de los años setenta. Como en el resto de

los países industrializados, la economía española tocó fondo en 1981-1982, cuando el desempleo

llegó al 20 por ciento de la población activa. Por el contrario, durante la segunda mitad de los

ochenta los indicadores económicos mejoraron sustancialmente, y, aunque el índice de paro siguió

siendo el más alto de Europa occidental, los niveles generales de riqueza aumentaron de forma

llamativa. La súbita y grave recesión que comenzó a principios de los años noventa, cuando el paro

sobrepasó el 23 por ciento, constituyó un segundo desafío económico. En 1993 el clima de crisis

económica llegó a su punto álgido, pero a los pocos años comenzó a observarse una creciente

recuperación. Una recuperación que terminó con cierta brusquedad a partir de 2008 con la llegada a

Europa de la Gran Recesión, procedente de Estados Unidos, y en forma de contracción del crédito

y de problemas a veces insuperables para muchas instituciones financieras privadas que terminaron

repercutiendo fuertemente en endeudamiento público de los países del sur de Europa. En todo caso,

la caída del empleo a un ritmo vertiginoso, hasta alcanzar el 27 por ciento en 2013, unido a la caída

en picado del crecimiento económico y la implementación de políticas de austeridad severísimas,

reforzaron el clima de crisis económica generalizada, y de la que ningún grupo parecía escapar en

los países afectados.

Las percepciones sobre el rendimiento de los gobiernos españoles en asuntos no

económicos también fluctuaron considerablemente durante el período. Gran parte del éxito de la

transición a la democracia se achacó a los gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD), lo

que permitió a su presidente, Adolfo Suárez, capitalizar en las elecciones anticipadas de marzo de

1979 la ola de satisfacción que siguió a la aprobación de la nueva Constitución, en diciembre de

1978. Poco después, sin embargo, el apoyo popular a la gestión de UCD se vino abajo. Se estimaba

que sus débiles y divididos gobiernos eran incapaces de hacer frente a los retos planteados por la

crisis económica, el aumento de la violencia terrorista y una política autonómica errática (Gunther,

1986). También se temía que la ineficacia de los gobiernos centristas estuviera socavando

8 Naturalmente, esta capacidad para distinguir entre diferentes regímenes y, por tanto, para juzgarlos, existe

también en Europa oriental; véanse Linz y Stepan (1996: 437 y ss.), Rose y Haerpfer (1992: 44 y ss.),

Mishler y Rose (1996), Rose y Mishler (1996) y Rose (1997). Para el distinto caso de Corea del Sur o

Taiwan, pueden verse Shin y Shyu (1997) y, más generalmente, Diamond (1998).

48

gravemente la legitimidad inicialmente otorgada al sistema democrático. Este diagnóstico se

resumió en el término del desencanto, que reflejaba la desilusión a la que se había llegado tras las

grandes expectativas surgidas al comienzo de la transición desde el autoritarismo; un fenómeno que

por lo demás parece darse en todas las transiciones democráticas (O'Donnell y Schmitter, 1986: 56;

Huntington, 1991: 230). En general, se afirmaba que el desencanto amenazaba la consolidación del

nuevo régimen. Sin embargo, estos temores se desvanecieron después de las elecciones generales

de 1982, que posibilitaron por vez primera una mayoría parlamentaria absoluta, llevaron al poder al

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y facilitaron una cierta recuperación económica. A

finales de los años ochenta, el índice de crecimiento económico de España era el segundo de

Europa, la inflación había descendido de forma significativa y un Gobierno socialista muy estable

había alcanzado notables éxitos tanto en política exterior como interior. El segundo período de

descontento comenzó a principios de los noventa y se reflejó en percepciones muy negativas de la

crisis económica y en opiniones cada vez más críticas sobre los escándalos políticos relacionados

con la financiación de los partidos, la corrupción de algunos altos cargos de la administración

socialista y el descubrimiento de los delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo de ETA. La

recuperación económica de mediados de los noventa y la victoria electoral del Partido Popular en

1996 estuvieron acompañadas por una notable mejora en las evaluaciones del rendimiento político.

Y el tercer periodo de descontento provino de la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero como

presidente de un Gobierno socialista para producir un giro radical en sus políticas y atender así los

requerimientos tanto de los anónimos mercados como de la Comisión Económica y Financiera de

la Unión Europea que supusieron un notable debilitamiento del Estado de bienestar. Siendo como

era este descontento de por sí elevado, aumentó todavía más tras las elecciones legislativas de 2011,

al descubrirse una especie de agenda oculta del Partido Popular (PP), que había obtenido una

cómoda mayoría absoluta y que, en contra de sus promesas electorales, comenzó a aplicar políticas

radicales de austeridad y contrarias al Estado de bienestar.

Los datos empíricos disponibles reflejan esta evolución. Como puede verse en el gráfico

2.2a y 2.2b, existe una elevada covariación entre el grado de satisfacción con la situación

económica y la valoración de las condiciones políticas. Ambos factores corren parejos a las

cambiantes circunstancias antes apuntadas.9Según cabía esperar, la insatisfacción con la situación

económica ha sido más acusada precisamente en los peores momentos de las tres recesiones. Pero

resulta un tanto sorprendente comprobar que las valoraciones de la situación política siguen de

cerca la misma pauta. Además, otras dos evaluaciones diferentes de eficacia del sistema (la

creencia de que la "democracia permite la solución de los problemas de los españoles" y, de modo

9 Las preguntas tenían la siguiente formulación: "En términos generales, ¿diría usted que la situación

política [económica] en España es muy buena, bastante buena, ni buena ni mala, bastante mala o muy

mala?". En el gráfico 1a las valoraciones positivas incluyen "muy buena" y "bastante buena".

49

general, la "satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España") evolucionaron de

forma paralela a las valoraciones de la situación económica y política (gráfico 2.2b).10

Gráfico 2.2a Satisfacción con la democracia y valoración negativa de la economía

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Poco o nada satisfecho con la democracia Valoración economía mala o muy mala

Gráfico 2.2b Descontento y valoración negativa de la situación política

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Poco o nada satisfecho con la democracia Situación política mala o muy mala

Estos datos temporales ponen de manifiesto la covariación existente entre las cuatro

variables de satisfacción/eficacia del sistema. Independientemente de cómo esté redactada la

10. El gráfico 2.2b utiliza las preguntas habituales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del

Eurobarómetro referidas a la satisfacción: "En conjunto, ¿está usted muy satisfecho, bastante satisfecho, no

muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España?" Hay que señalar que

el grado general de satisfacción con la democracia en España es comparable a la media europea, y

considerablemente más alto que en Italia; sus tendencias han sido también similares. Pueden verse Kuechler

(1991), Fuchs, Guidorossi y Svensson (1995), Morlino y Tarchi (1996) y Anderson y Guillory (1997).

50

pregunta, estos indicadores parecen estar refiriéndose a la misma dimensión. Pero mientras que los

encuestados tienen aparentemente dificultades para distinguir, de una parte, entre su evaluación del

gobierno, las condiciones económicas y la eficacia del sistema político en la resolución de

problemas básicos, parecen diferenciar nítidamente estas valoraciones, de sus opiniones sobre la

legitimidad del régimen democrático. Como hemos visto anteriormente, los niveles de apoyos

actitudinales tanto a la democracia como a su alternativa autoritaria han recogido variaciones solo

modestas, y no se han visto afectados por las crisis económicas de principios de los ochenta y de los

noventa, por el generalizado descontento con los gobiernos de UCD antes de su desastre electoral

de 1982, o por los escándalos que rodearon al Gobierno socialista en los años que precedieron a su

derrota electoral de 1996. Más adelante examinaremos en qué medida aquellas actitudes básicas

hacia el sistema político se han modificado como consecuencia de la crisis económica sufrida a

partir de 2008.

Estas pautas subrayan tres puntos básicos. El primero es que las actitudes relacionadas con

la satisfacción/eficacia del sistema tienen un componente significativo de "partidismo" y están muy

centradas en las actividades del gobierno.11El segundo es que la insatisfacción con las políticas

públicas, que, como ya sabemos, es la otra dimensión básica de la insatisfacción política (Farah,

Barnes y Heunks, 1979), se halla en gran medida determinada por el estado de la economía; pero

no siempre ocurre así.12El caso español demuestra que la economía política de las actitudes

relativas a la satisfacción con el rendimiento democrático sólo tiene consecuencias limitadas

(Clarke, Dutt y Kornberg, 1993; Linz y Stepan, 1996: 76-81). Finalmente, la legitimidad

fundamental de la democracia, tanto desde un punto de vista teórico como empírico, es

relativamente autónoma del descontento político, es decir, de las percepciones sobre la ineficacia

del sistema y la insatisfacción con la democracia. En consecuencia, un nivel relativamente alto de

legitimidad puede aislar al régimen del impacto negativo que de otra forma las crisis económicas o

políticas podrían tener en su estabilidad (Finkel, Muller y Seligson, 1989; Morlino y Montero,

1995).

Estas conclusiones tienen cierta importancia para los análisis que sugieren que las

dificultades políticas y económicas pueden tener una influencia negativa inmediata e inevitable en

el apoyo al régimen sobre todo en las nuevas democracias. Frente a las concepciones deterministas

de la relación entre apoyo a la democracia, eficacia del sistema y satisfacción con el mismo,

creemos que esa relación es bastante más compleja. De acuerdo con Linz y Stepan (1996: 229),

11Para datos comparativos acerca de la relación entre insatisfacción y voto contra el partido del gobierno,

véanse Schmitt (1983), Fuchs, Guidorossi y Svensson (1995: 344-347), y Anderson y Guillory (1977), que

también analizan el impacto que tienen algunas instituciones políticas básicas sobre la satisfacción.

12Véanse Kuechler (1991), Finkel et al. (1989), Weil (1989), y Linz y Stepan (1996: 81). Estos estudios

subrayan que el apoyo a la democracia en España aumentó a pesar de los graves problemas derivados del

rendimiento político de los gobiernos a principios de los años ochenta.

51

Maravall (1995: 276) y Diamond (1998: 42ss.), rechazamos que los indicadores de legitimidad

vayan siempre necesaria y estrechamente unidos y estén relacionados causalmente con la

satisfacción respecto al estado de la economía. Esas conclusiones tienen también implicaciones

relevantes para los estudios que señalan (por ejemplo, Fuchs y Klingemann, 1995: 440) que la

legitimidad de las democracias occidentales depende cada vez más de sus rendimientos

económicos. En el caso de España, las críticas a la ineficacia del sistema o la insatisfacción con el

funcionamiento de la democracia reflejan claramente un desacuerdo partidista y/o ideológico con

las medidas del gobierno (Montero y Gunther, 1994); pero la legitimidad democrática no se ha

visto inevitablemente socavada por el descontento económico, el pesimismo político, los

escándalos políticos y otros aspectos impopulares de las actividades gubernamentales. Es posible

que estos factores hayan alimentado procesos de desalineamientos partidistas y derrotas de los

partidos en el gobierno, pero ni ellos mismos per se ni en el peor de los casos la degeneración de la

política partidista han aumentado de forma significativa el respaldo a las alternativas

antidemocráticas (véase también Maravall y Santamaría, 1989). Luego comprobaremos en qué

medida la crisis económica reciente ha hecho mella en la legitimidad democrática.

Desafección política

Hasta ahora hemos señalado que la insatisfacción política o económica y las percepciones

de la ineficacia del sistema forman conceptualmente parte del campo del descontento político, y

que éste es a su vez diferente del de la legitimidad democrática. A continuación nos ocuparemos de

otra dimensión actitudinal, relacionada con orientaciones o actitudes políticas negativas que

parecen estar muy enraizadas en algunos países. Según la distinción hecha por Giuseppe di Palma

(1970: 30), estas actitudes pueden integrar un fenómeno de desafección, es decir, un cierto

alejamiento o desapego de los ciudadanos con respecto a su sistema político. La desafección

política es un concepto tan crecientemente utilizado como diversamente definido. Si se considera

como una especie de síndrome, sería posible situar a sus síntomas en un continuo que fuera desde

un polo positivo de ciudadanos completamente integrados y con fuertes sentimientos de cercanía a

su sistema político, que pasara a través de puntos intermedios caracterizados por un cierto desapego

respecto a elementos significativos del régimen, y que alcanzara un polo negativo definido por una

hostilidad completa hacia el sistema político y un consecuente alejamiento del mismo. Entre los

síntomas más importantes de esta gradación se encontrarían el desinterés, la ineficacia, la

disconformidad, el cinismo, la desconfianza, el distanciamiento, la separación, el alejamiento, la

impotencia, la frustración, el rechazo, la hostilidad y la alienación. Se trata, por lo tanto, de una

familia de conceptos diversos que capta unas orientaciones básicas hacia el sistema político cuyo

denominador común radica en "la tendencia a la aversión de su componente afectivo" (Citrin, 1972:

92; Di Palma, 1970, y Abramson, 1983). El término asociado por lo general con desafección es

52

alienación, bien que sean conceptos diferentes: mientras que el último se refiere a un sentimiento

persistente de extrañamiento respecto a las instituciones, valores y líderes políticos existentes, y que

tiene como consecuencia que los ciudadanos se consideren a sí mismos forasteros o intrusos, el

primero alude a un conjunto de sentimientos mucho más difuso, y por el que los asuntos políticos

son vistos como algo lejano, faltos de importancia o carentes de sentido (Citrin et al., 1975: 2-3).

Hemos definido la desafección política como “el sentimiento de impotencia, cinismo y

falta de confianza en el proceso político, en los políticos o/y en las instituciones democráticas”

(Torcal y Montero, 2006: 6). Otro rasgo constitutivo del fenómeno de la desafección es que resulta

posible diferenciarla de la insatisfacción política y la legitimidad democrática. Si la insatisfacción

es la consecuencia de la divergencia entre los valores generalmente positivos hacia el sistema

político, la desafección política abarcaría tanto visiones desconfiadas y recelosas de las relaciones

humanas, adquiridas en un estadio temprano del proceso de socialización, como percepciones

contradictorias de la esfera política.13Por lo tanto, la desafección política, al contrario que la

insatisfacción, puede conocer una cierta estabilidad y tener consecuencias más duraderas para la

política democrática. Y también es diferente conceptual y empíricamente de la legitimidad:

aunquea priori comparten la estabilidad como rasgos característicos, se aplican a orientaciones y

actitudes política obviamente diferentes.

A la vista de nuestra definición, hemos operacionalizado la desafección mediante la

selección de solo dos indicadores: el interés por la política y la confianza en el Parlamento. El

interés político, también caracterizado como la implicación psicológica de los ciudadanos en la

política, indica en qué medida los ciudadanos expresan un cierto interés o muestran alguna

preocupación por la política y por los asuntos públicos. Los indicadores habituales de esta

dimensión son el interés político subjetivo (definido por el grado de curiosidad que la política

despierta en el ciudadano) (Van Deth 1989: 281 y ss.) y la frecuencia con la que se discute de

política (simbolizada por la expresión de interés en términos de un comportamiento que cristaliza

en participación política informal) (Almond y Verba, 1963: 78 y ss.; Van Deth, 1991, y Topf,

1995). Ambos indicadores conforman un cuadro elemental de actitudes afectivas, percepciones de

proximidad y sentimientos positivos dirigidos hacia la política. Y en ambos casos los datos

españoles indican la existencia de una clara desafección que, además, se ha mantenido

relativamente estable a lo largo del tiempo. En general, los españoles se diferencian poco de los

ciudadanos de otros países occidentales en lo que se refiere al papel secundario que la política

13Véase Citrin et al. (1975: 4-5). Morlino y Tarchi (1996: 47) también han distinguido dos formas de

insatisfacción; mientras que la que ellos denominan insatisfacción pragmática se parece a nuestro

concepto de descontento político, su insatisfacción ideológica, que llaman desafección, es diferente, ya

que consideran que tiene consecuencias intrínsecamente peligrosas para la estabilidad del régimen a causa

de su relación con valores culturales alternativos.

53

representa en sus vidas (Van Deth, 1989). Pero muestran, sin embargo, una mucha más acusada

falta de interés en la política y una consiguiente menor frecuencia en las discusiones políticas.

Como puede verse en los gráficos 2.3 y 2.4, los niveles de interés político y de las discusiones

políticas han sido extremadamente bajos en España, a pesar de los enormes cambios políticos e

institucionales que han tenido lugar en las dos últimas décadas.14El único aumento relativo tuvo

lugar en los momentos iniciales de la transición, pero desde principios de los años ochenta

alrededor del 40 por ciento de los españoles declara que no tiene interés alguno en la política, y

entre un 70 y un 80 por ciento afirma que su interés es escaso o nulo. Y tan notable como este

desinterés generalizado resulta su firme continuidad, que contrasta además con la politización en

forma de incremento del interés político observado en buena parte de las democracias europeas

(Dalton, 1998: 22). Su principal excepción parece haber ocurrido recientemente, a partir de 2011,

en el que se apunta un cierto crecimiento.

Gráfico 2.3 Evolución del interés por la política en España

14Al igual que en la mayoría de los estudios que utilizan estos indicadores (por ejemplo, Gabriel y Van Deth

[1995]), aquí el interés por la política incluye a quienes están "muy" o "bastante" interesados en política,

mientras que la frecuencia de las discusiones sólo incluye a quienes hablan de política "muy a menudo".

54

Gráfico 2.4. Evolución de la discusión política en España

El segundo indicador de desafección es el de la confianza en el Parlamento. En su sentido

más amplio, la confianza se deriva de la evaluación de los ciudadanos de las principales

instituciones del sistema político. Parafraseando a Margaret Levi y a Laura Stoker (2000: 484-485),

la confianza supone una evaluación positiva de los atributos más relevantes que hacen a cada

institución fiable, como la credibilidad, la equidad, la competencia, la transparencia en sus

decisiones y la apertura a puntos de vista distintos. Ello implica la creencia de que esa institución

no actuará de forma arbitraria o discriminatoria contra los ciudadanos, sino de que los tratará de

forma igual, equitativa y justa. De entre las distintas instituciones políticas, hemos seleccionado al

Parlamento, dado su papel central en sus mecanismos de representación política, en sus tareas de

apoyo a los gobiernos y en sus debates y decisiones legislativas.

55

Gráfico 2.5a. Confianza en el parlamento (0-10)

Gráfico 2.5b. Confianza en el parlamento

Con ambos indicadores, el interés y la confianza, el análisis empírico que hemos realizado

de la desafección se ha basado en una tipología elemental en función de las distintas posibilidades

de combinación de esos indicadores entre los españoles. Hemos distinguido así cuatro tipos, que

iremos introduciendo como variables independientes para conocer su contribución los niveles de

satisfacción y legitimidad democrática, de un lado, y luego, en la sección cuarta, como variables

dependientes. Esos tipos son los que hemos denominado cives, o ciudadanos que conjugan interés

56

por la política y confianza en el Parlamento. Los críticos, en cambio, manifiestan interés por la

política, pero desconfían en cambio del Parlamento. Y si los deferentes, un tercer tipo, carecen de

interés y muestran su confianza en el Parlamento, los desafectos, nuestro tipo central, son aquellos

que no tienen ni interés por la política ni confianza en la principal institución del sistema español.

Además, hemos comparado los años 2002, en pleno crecimiento económico, y 2012, en plena

crisis. ¿En qué medida han crecido los niveles de desafección como consecuencia precisamente de

la crisis económica? En un trabajo anterior de alguno de los autores (Montero, Gunther y Torcal,

1998), la desafección mostraba una cierta estabilidad, lo que la diferencia, como ya hemos

señalado, de las oscilaciones características de descontento político. Esa estabilidad resultaba

contraintuitiva con respecto al desarrollo experimentado por todas las dimensiones de la vida

española desde los años ochenta; por ejemplo, la de los medios de comunicación desde finales de

los años setenta o la del incremento de los niveles de educación desde los ochenta. Ni siquiera se

vio afectada por el desencanto de 1980-1981, ni por los mucho más positivos climas de opinión

reinantes durante la transición a la democracia o la bonanza económica de finales de los ochenta.

Tampoco acusó las consecuencias de la alternancia de los partidos en el gobierno central, ni la

extraordinaria descentralización del poder que supuso la creación del Estado de las autonomías. En

suma, los niveles de desafección, de forma todavía más intensa que el apoyo a la democracia per se

(que aumentó durante la transición y se estabilizó con la consolidación democrática, alrededor de

1982), han parecido disfrutar de una llamativa continuidad desde la transición a la democracia. Con

la irrupción de la crisis económica desde 2008, ¿en qué medida sigue siendo así? En la cuarta

sección de este capítulo examinaremos su evolución reciente.

De esta forma, es claro en primer lugar, el apoyo que el nuevo régimen democrático ha

recibido desde los años ochenta, cuando resultaba tan amplio como el de otros países de Europa

occidental. Además, ese apoyo ha disfrutado de una llamativa estabilidad durante las dos décadas

posteriores a pesar de las difíciles y a veces turbulentas circunstancias que rodearon a la transición

política (con altos niveles de violencia política, un fallido golpe de Estado y crisis económicas

sucesivas que incrementaron el índice de desempleo al 20 por ciento de la población activa). Queda

por ver en qué medida la crisis política actual ha modificado esta situación, como veremos en la

próxima sección. En segundo lugar, parece también asentada, al menos hasta la llegada de esta

crisis, la distinción entre legitimidad democrática, por un lado, y satisfacción con el funcionamiento

de la democracia, por otro. Al contrario que en la mayoría de los países europeos, en los que

muchos investigadores carecen de datos adecuados para diferenciar esas dos dimensiones (véase

por ejemplo Kaase y Newton, 1995: 168), las encuestas españolas hacen posible el análisis de sus

relaciones y de su evolución. Y lo hacen además con la cualificación añadida de unas condiciones a

veces muy difíciles, en las que se combinaban la incertidumbre de un proceso de transición, la

difícil situación económica a principios de los años noventa (tanto en España como en la mayoría

57

de las democracias occidentales) y casos llamativos de corrupción y escándalos políticos. Aunque

ambas corrientes de insatisfacción tuvieron consecuencias políticas importantes (entre las que

destacaron el declive de los apoyos electorales de los partidos en el gobierno y la restructuración

del sistema de partidos), no han producido un descenso significativo ni persistente del apoyo a la

democracia, ni tampoco incremento electoral alguno a los partidos antisistema. En las páginas que

siguen comprobaremos en qué medida esto sigue siendo así.

En tercer lugar, la desafección política, medida a través de la implicación psicológica en

política y de la confianza en el Parlamento, parece resultar también una dimensión actitudinal

independiente. La elevada desafección de los españoles parece haberse mantenido estable durante

los últimos veinte años pese a los extraordinarios cambios ocurridos en los ámbitos sociales,

educativos, económicos y sobre todo políticos. Ello subraya sus diferencias con las otras dos

actitudes. Y apunta también a una peculiar combinación de altos grados de legitimidad, que han

permanecido estables e inmunes a las fluctuaciones de las percepciones negativas de los

ciudadanos sobre el funcionamiento de la democracia, y de niveles igualmente altos de

desafección política, también caracterizados por su estabilidad pese a las modificaciones de todo

tipo habidas en los entornos políticos, sociales y económicos. Pero la intensidad de la crisis

económica, de la que es muestra significativa el aumento de los críticos, parece estar también

señalando a cambios notables. Las siguientes secciones permitirán comprobar la intensidad y

extensión de estos cambios.

Análisis de series temporales, 1983-2012

A lo largo de esta sección y de las siguientes trataremos de responder con evidencia empírica a

las preguntas de investigación planteadas al inicio. ¿En qué medida la crisis económica está

conduciendo a una crisis de la democracia en España? ¿Puede la insatisfacción con el

funcionamiento de la democracia erosionar los fundamentos de la legitimidad democrática?

¿Hasta qué punto los crecientes niveles de descontento con los mecanismos democráticos

pueden producir una desafección con la política de consecuencias todavía imprevisibles?

Para responder a estas preguntas, este artículo se estructura en torno dos estrategias de

investigación. La primera plantea un conjunto de análisis longitudinales ―a lo largo del

tiempo― de la evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España,

así como de los fundamentos de su legitimidad entre los ciudadanos. Para ello, se ha escogido el

periodo comprendido entre 1983 y 2012. La elección de este periodo se justifica en la

necesidad de contar con un espacio temporal lo suficientemente amplio como para contener

diversos momentos tanto de crisis como de prosperidad, con gobiernos de distintos partidos

58

políticos15. La segunda estrategia de investigación establece un análisis trasversal repetido en

dos momentos en el tiempo (2002 y 2012). Este diseño transversal está orientado a identificar

los perfiles ciudadanos asociados a la insatisfacción, la falta de legitimidad de la democracia y

la desafección política. La repetición de este diseño en dos momentos que difieren en el

contexto económico, pero mantienen constante un gobierno del partido popular, permiten

comparar el los distintos perfiles de apoyo a la democracia en dos situaciones económicas muy

diferentes.

En esta sección queremos establecer si las evoluciones de la satisfacción y la

legitimidad democrática en España (nuestras dos primeras variables) están necesariamente

asociadas entre sí o muestran por el contrario cierto grado de independencia. Queremos además

proporcionar las primeras respuestas a una de las principales preguntas investigación planteadas

por este trabajo: en qué medida los cambios en el contexto económico (necesariamente

exógenos a las opiniones de los ciudadanos), conllevan variaciones en las distintas facetas de

apoyo a la democracia en España.

Para ello, el diseño de la investigación está orientado a contrastar un conjunto de

hipótesis que cubren aspectos relacionados con la situación económica y con decisiones de

gobierno sobre la gestión pública, así como con aspectos contextuales básicos como la

extensión de la corrupción, el signo político del partido que se encuentra en el gobierno o la

posición temporal a lo largo del ciclo electoral.

Hipótesis, diseño, técnicas y datos

Nuestra primera hipótesis está orientada a contrastar una asunción demasiado frecuente

en la literatura. Esto es, que bajos niveles de satisfacción con el funcionamiento de la

democracia cuestionan la legitimidad de misma. Por tanto, H1considera la existencia de una

relación directa entre las dos variables dependientes de la investigación. Es decir, entre los

niveles de satisfacción con la democracia y el eventual apoyo a regímenes autoritarios.

15 Aunque teóricamente hubiese sido posible ampliar el periodo de estudio desde 1979 hasta la actualidad,

la disponibilidad de las series de datos nos limita al periodo desde 1983 a 2012.

59

Variables independientes y de control

(y su operacionalización)

Contexto económico H 2.1 H 2.2

Tasa de desempleo

Producto interior bruto

(Incremento)

Factores de Gestión Pública H 3.1 H3.2

Gasto público

(% PIB)

Factores Contextuales

Percepción de la corrupción

(% entre problemas de España)

Partido en el Gobierno

(0 PP, 1 PSOE)

Año electoral

(0 No, 1 Sí)

Tabla 2.2 Variables, operacionalización e hipótesis

Variables dependientes

Satisfacción Legitimidad

- -

H 4.1 H 4.2

- -

Posteriormente, avanzando hacia el estudio de los factores asociados a los cambios en

los niveles de satisfacción con la democracia en España, la segunda hipótesis (H2.1) atiende a la

principal pregunta de investigación y considera la existencia de una relación inversa entre los

niveles de desempleo y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia; y también de

una relación directa entre el crecimiento del PIB y los niveles de satisfacción con la democracia

en España. La tercera hipótesis (H3.1) cubre aspectos relativos a las decisiones de los gobiernos

respecto a las cuentas públicas. Esta hipótesis considera la existencia de una relación directa

entre el volumen del gasto público (en porcentaje del PIB) y la satisfacción con el

funcionamiento de la democracia. La cuarta hipótesis (H4.1) se orienta hacia posibles factores

contextuales y considera la existencia de una relación inversa entre los niveles de corrupción en

España y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Además, la investigación

incorpora dos variables de control adicionales. Estas son el partido en el gobierno en cada

momento (PP o PSOE) y la celebración de elecciones en ese año.

60

De manera paralela, las hipótesis H2.2, H3.2 y H4.2 estudiarán idénticas relaciones pero

tomando a la legitimidad de la democracia en España como variable dependiente. La tabla 2.2

resume los principales factores considerados en la investigación, su operacionalización, así

como su relación con las hipótesis y con cada una de las variables dependientes.

Para contrastar estas hipótesis y controlar los factores mencionados, hemos realizado

análisis de series temporales para cada una de las variables dependientes. Los análisis de series

temporales permiten conocer si la evolución en el tiempo de la variable dependiente está

asociada a su vez a la evolución en el tiempo de una serie de variables independientes. A

diferencia de otros modelos estadísticos, en los modelos de series temporales no se asume la

independencia de las observaciones estudiadas. Antes al contrario, se estudia si la variación de

cada observación con respecto a la anterior (t-1), se relaciona con las variaciones de cada una de

las variables independientes respecto de sus observaciones anteriores (t-1). Dada la naturaleza

cuantitativa y continua de nuestras variables dependientes, los modelos de series temporales han

sido estimados mediante la regresión por mínimos cuadrados.

Además, el análisis de series temporales permite un análisis cualitativo de los residuos

de modelos. Estos residuos se calculan como la diferencia entre los valores observados (reales)

de la variable dependiente y los valores pronosticados por el modelo. Estas diferencias,

representan así las variaciones en el fenómeno que queremos estudiar que escapan a los factores

considerados en el modelo. Por ejemplo, oscilaciones “atípicas” (de más de dos desviaciones

típicas) en los residuos pueden indicar la concurrencia de circunstancias excepcionales

susceptibles de interpretación.

Con respecto a la medición de las variables independientes y de control, siempre que ha

sido posible (en todos los casos menos uno) hemos optado por operacionalizarlas mediante

indicadores “objetivos”. De esta manera se garantiza el carácter exógeno de las variables

independientes. Por ello, los niveles de desempleo se han definido como la media entre las

series armonizadas de desempleo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat16. El

crecimiento de la economía se ha medido con la serie de crecimiento del producto interior bruto

(PIB) de España, ofrecido por Euromonitor. La evolución del tamaño del sector público se ha

medido mediante las series de gasto público (en porcentaje respecto al PIB) ofrecidas por

Euromonitor. En el caso de la evolución de la los niveles de corrupción es España, los

indicadores “objetivos” o basados en opiniones de expertos tan sólo se encuentran disponibles

desde los años noventa hasta la actualidad. Por ese motivo se ha recurrido a datos de encuesta.

Concretamente se ha empleado la media anual de los porcentajes de ciudadanos que situaban a

16 Las diferencias entre a las series de desempleo del INE y las de Eurostat son pequeñas, pero existentes.

Ante ello se ha optado por trabajar sobre la media de ambas.

61

la corrupción entre los tres principales problemas de España, en los Barómetros del Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las variables de control partido en el gobierno y año electoral son variables

dicotómicas. La primera toma valor 1 para el PSOE y 0 para el PP. Y la segunda toma el valor 1

para los años en que se celebran elecciones generales y 0 en el resto de casos.

En lo que respecta a las variables dependientes, en la operacionalización de la

satisfacción con el funcionamiento de la democracia hemos considerado dos mediciones

distintas, una más general y otra más específica. La primera consiste en el porcentaje de

entrevistados que se consideraban “poco” o “nada” satisfechos con la democracia. Y la segunda,

orientada a estudiar la evolución del grupo más extremo, consiste en el porcentaje de

entrevistados que se considera “nada satisfecho” con el funcionamiento de la democracia en

España Los datos, como ya hemos señalado, proceden del CIS. Como cabría de esperar, ambas

series se encuentran altamente correlacionadas (r=0,921, sig=0,000). Y aunque en principio la

opción inclusiva de “poco” + “nada” satisfechos pudiera parecer más adecuada, siguiendo a

Morlino y Tarchi (2006) hemos optado por emplear las variaciones en la categoría “nada

satisfechos” pues consideramos que captura con mayor fuerza y claridad el fenómeno de la

insatisfacción.

El gráfico 2.6 muestra la evolución de la insatisfacción con la democracia en España.

Podemos comprobar que, partiendo de una línea base en torno al 8 por ciento, los niveles de

insatisfacción crecen hasta el 16 por ciento en 1994 y hasta el 19 por ciento en 2012.

62

Gráfico 2.6. Evolución de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia.

(porcentaje de entrevistados “nada satisfechos”)

Por su parte, nuestra segunda variable dependiente, la legitimidad de la democracia en

España, se ha operacionalizado a través de una serie construida en base al porcentaje de

entrevistados que prefiere la expresión “En algunas circunstancias un régimen autoritario, una

dictadura, puede ser preferible al sistema democrático”, frente a las expresiones alternativas,

“La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” y “A las gentes como yo, lo

mismo nos da un régimen que otro”. Como hemos señalado, los datos proceden del CIS y de

DATA.

0

4

8

12

16

20

24

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Media: 8,4

D.T.: 3,8

Min: 4

Max: 19,9

Rango: 15,9

63

Gráfico 2.7. Evolución de un eventual apoyo a un régimen autoritario (porcentaje)

Como puede apreciarse en el gráfico 2.7 el eventual apoyo a un régimen autoritario

parte desde valores próximos al 10 por ciento en la década de los ochenta, descendiendo hasta

niveles del 5 por ciento al final de la década de los noventa. Estos niveles de apoyo a un

régimen autoritario tienen punto álgido en 1986 (14 por ciento) y su mínimo histórico en 2003

(3,9 por ciento) mostrando una variación de algo más de 10 puntos porcentuales.

2

4

6

8

10

12

14

16

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Media: 7,7

D.T.: 2,5

Min: 3,9

Max: 14

Rango: 10,1

64

Gráfico 2.8. Descontento con el funcionamiento de la democracia y eventual apoyo a un

régimen autoritario (porcentajes)

Por su parte, el gráfico 2.8 muestra conjuntamente la evolución de ambas series. A lo

largo del periodo 1983-2012, la satisfacción de los españoles con la democracia y un eventual

apoyo a regímenes autoritarios evolucionan de manera independiente (r=0,22, sig.: 0,20). Estos

resultados muestran la independencia empírica (y teórica) de la satisfacción con el

funcionamiento de la democracia, respecto a la legitimidad –o falta de la misma-, y contradicen

las expectativas de la primera hipótesis H1.

Para el estudio de la evolución de cada una de las variables dependientes, hemos

empleado dos especificaciones distintas cada modelo de regresión. Estos modelos contienen

todas las variables independientes y de control, a excepción de las dos variables económicas: la

tasa de desempleo y la variación anual del PIB. Ambas variables se han incorporado

sistemáticamente en especificaciones alternativas de los modelos debido a que en los análisis

conjuntos mostraron signos de multicolinealidad.

0

4

8

12

16

20

24

1985 1990 1995 2000 2005 2010

E n a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s u n r é g i m e n a u t o r i t a r i o p u e d e s e r p r e f e r i b l e N a d a s a t i s f e c h o c o n l a d e m o c r a c i a

R: 0,22

Sig.: 0,20

65

Resultados

Con objeto de contrastar las hipótesis presentadas anteriormente, hemos estimado un

conjunto de modelos series temporales. En dichos modelos, las variables dependientes son en

primer lugar los niveles de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y en segundo

lugar los índices de apoyo a un eventual régimen autoritario o dictadura en España.

Satisfacción con el funcionamiento de la democracia.

Comenzaremos por el análisis de la evolución de la satisfacción con el funcionamiento

de la democracia española. La tabla 2.3 muestra los coeficientes de regresión para el modelo de

insatisfacción. Y el gráfico 2.9 nos muestra la evolución de niveles de insatisfacción, la

evolución de las predicciones del modelo y los residuos o diferencias entre ambos. Como ya se

ha dicho el análisis de estos residuos puede ser de utilidad para identificar oscilaciones

“atípicas”. Estos picos de tamaño excepcional nos señalan los momentos en los que los niveles

de satisfacción o legitimidad escapan a los factores considerados en el modelo; suelen coincidir

con momentos en los que concurren circunstancias excepcionales. En el caso de la satisfacción

con el funcionamiento de la democracia, tanto los valores de ajuste de los modelos (R2) como

los gráficos de valores observados y estimados confirman el buen ajuste de los datos al modelo

de insatisfacción propuesto.

La tabla 2.3 muestra que los factores económicos tienen una fuerte relación con los

niveles de satisfacción con la democracia. Así, en los momentos en los que se incrementa la tasa

de desempleo, los niveles de insatisfacción aumentan significativamente. De igual manera,

cuando crece el PIB, la insatisfacción decrece significativamente. Estos resultados confirman

las predicciones de la hipótesis H2.1. Por el contrario, las variaciones anuales en los niveles de

gasto público introducidas por los distintos gobiernos no muestran relación con los niveles de

insatisfacción con la democracia. Estos resultados son contrarios al planteamiento de la

hipótesis H3.1. Si atendemos ahora a los factores contextuales, comprobamos que en los

momentos en que la corrupción se percibe como uno de los principales problemas de España,

los niveles de insatisfacción aumentan significativamente, confirmándose así la hipótesis H4.1.

Finalmente, el resto de variables de control estudiadas no mostró una relación significativa con

los niveles de satisfacción. Ni el color del partido en el gobierno ni la concurrencia de

elecciones en un determinado año parecen estar asociadas a los cambios descontento político.

66

1,286 17,973

(4,078) (5,538)

Factores económicos

,288 ***

(0,094)

-1,123 ***

(0,252)

Factores de gestión pública

,028 -,193

(0,093) (0,127)

Factores contextuales

,206 ** ,388 ***

(0,082) (0,082)

,233 ,966

(0,984) (1,127)

-1,115 ,604

(0,846) (1,010)

R2

(n)

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01.

Fuente: CIS, Eurostat, Euromonitor.

Incremento del PIB

Tabla 2.3. Análisis de series temporales de la insatisfacción

con el funcionameinto de la democraciaen España. 1983-2012a.

Modelo 1 Modelo 2

Constante

Tasa de desempleo (t+1)

29 30

a Las entradas son coeficientes de regresión por mínimos cuadrados. (Entre paréntesis los errores típicos)

Gasto público ( % PIB)

Corrupción

Gobierno PSOE

Año electoral

0,636 0,667

67

Gráfico 2.9. Evolución de la insatisfacción con la democracia en España. (Valores

observados, estimados y residuos)

Legitimidad democrática.

Veamos ahora la evolución de la legitimidad democrática. La tabla 2.4 y los gráficos

2.10, 2.11 y 2.12 muestran los principales resultados. Como ya hemos comentado, los niveles de

apoyo a un eventual régimen autoritario en España se han estudiado tanto para el conjunto de la

población española, como para los subconjuntos de los votantes del PSOE y el PP.

Así, si comenzamos por los factores económicos, los modelos 1 y 2 de la tabla 2.4. nos

muestran que en los momentos en que la tasa de desempleo crece, los niveles de apoyo a un

eventual régimen autoritario aumentan significativamente. Por el contrario, el crecimiento del

PIB no se relaciona con la legitimidad democrática, para el conjunto de la muestra. La falta de

robustez entre los coeficientes del PIB y la tasa de desempleo no nos permiten confirmar ni

tampoco descartar completamente nuestra hipótesis H2.2, y sugiere la conveniencia de realizar

un análisis más detallado entre los votantes del PP y PSOE.

-6

-4

-2

0

2

4

0

4

8

12

16

20

1985 1990 1995 2000 2005 2010

R e s i d u o s I n s a t i s f a c c i ó n c o n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a d e m o c r a c i a M o d e l o 1

R2: 0,64

68

11,807 21,239 4,709 9,740 32,730 58,579

(2,597) (3,923) (2,102) (2,489) (10,440) (15,757)

Factores económicos

,263 *** ,093 * ,952 ***

(0,059) (0,048) (0,240)

-,298 -,222 * -,510

(0,178) (0,113) (0,716)

Factores de gestión pública

-,257 *** -,375 *** -,066 -,141 ** -1,001 *** -1,265 ***

(0,058) (0,090) (0,047) (0,057) (0,236) (0,361)

Factores contextuales

,021 0,172 ** ,083 * ,147 *** ,095 ,593 **

(0,052) (0,057) (0,042) (0,036) (0,210) (0,232)

1,733 ** 1,278 ,534 ,163 8,026 ** 7,409 **

(0,574) (0,798) (0,464) (0,506) (2,307) (3,207)

-,098 -,205 -,018 ,115 2,326 3,297

(0,563) (0,715) (0,456) (0,454) (2,264) (2,874)

R2

(n)

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01

Fuente: CIS, Eurostat, Euromonitor.

Gobierno PSOE

Tabla 2.4 Análisis de series temporales del apoyo a un eventual régimen autoritario en España. 1983-2012.

Las entradas son coeficientes de regresión de mínimos cuadrados. (Entre paréntesis los errores típicos de la estimación).

Muestra completa Votantes PSOE Votantes PP

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Constante

Tasa de desempleo

Incremento del PIB

Gasto público ( % PIB)

Corrupción

Año electoral

0,477 0,756 0,605

30 30 30 30 30 30

0,758 0,608 0,475

Atendiendo a los factores de gestión pública, es posible observar que en los momentos

en que los gobiernos reducen el tamaño del gasto público respecto del PIB, el apoyo a un

régimen autoritario aumenta relativa y significativamente, confirmando nuestra hipótesis H3.2.

Si atendemos a los factores contextuales, comprobamos que la preocupación por la corrupción

en España muestra una relación débil con el apoyo a un eventual régimen autoritario, cruzando

el umbral de la significación estadística sólo en algunas especificaciones concretas del los

modelos. De igual manera, el hecho de que el gobierno esté en manos del PSOE muestra una

relación directa, pero débil, con el aumento en los niveles de apoyo a regímenes autoritarios.

Estos resultados invitan a una indagación ulterior y más detallada de cómo los citados factores

se relacionan con el apoyo a regímenes autoritarios entre los votantes de AP/PP y del PSOE.

Finalmente, la celebración de de elecciones generales no parece tener un impacto en los niveles

de apoyo a un eventual régimen autoritario.

La legitimidad de la democracia entre los votantes de AP/PP y del PSOE.

Sabíamos por Morlino y Montero (1995) que los niveles de apoyo a la democracia

habían crecido progresivamente a lo largo de los años ochenta, y también que el apoyo a la

democracia era superior entre los votantes del PSOE que entre los de la entonces AP. Pero lo

que hasta ahora no sabíamos es que el electorado del PSOE es mucho más estable en su apoyo a

la democracia, y que los incrementos en el apoyo a la misma se producen casi exclusivamente

entre los votantes AP/PP

El gráfico 2.10 muestra los porcentajes de apoyo a un eventual régimen autoritario

entre los votantes del PP y del PSOE. Las siguientes secciones abordan estas diferencias.

70

Gráfico 2.10. Porcentaje de apoyo a regímenes autoritarios en España, por recuerdo de

voto.

La evolución de la legitimidad democrática entre los votantes del PSOE.

Comenzaremos por los votantes del PSOE. A simple vista puede apreciarse en dicho

gráfico que la variabilidad en apoyo a regímenes autoritarios en mucho menor entre los votantes

socialistas que entre los de AP/PP. Durante el periodo estudiado, los votantes del PSOE tienen

una media de apoyo a la dictadura inferior al 5 por ciento y una desviación típica de 1,3 puntos

porcentuales; frente a la media del 17 por ciento de los votantes de AP/PP, con una desviación

típica de casi 10 puntos porcentuales (9,86).

Los modelos 3 y 4 de la tabla 2.4. contienen la relación entre los distintos factores

considerados y el apoyo a un régimen autoritario. Comenzando por los factores económicos,

tanto la tasa de desempleo como el crecimiento del PIB tienen una relación muy débil y al límite

de la significación estadística con el eventual apoyo a una dictadura en España (H2.2). El

decremento del gasto público muestra a su vez una relación débil y poco robusta con el apoyo a

un régimen autoritario. Finalmente, la preocupación por la corrupción como problema muestra

igualmente una relación directa pero débil con el apoyo a una dictadura. Ni el color del partido

en el gobierno, ni la celebración de elecciones en un momento dado tienen relación alguna con

la legitimidad que los votantes socialistas conceden a la democracia. Como cabría esperar, la

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000 2005 2010

R e c u e r d o d e v o t o A P / P P R e c u e r d o d e v o t o P S O E

71

varianza explicada para los votantes del PSOE es mucho más reducida que en el caso de los

votantes del PP17.

La evolución de la legitimidad democrática entre los votantes del PP.

Atenderemos ahora a los factores que se asocian a la evolución en el apoyo a un posible

régimen autoritario en España por parte de los votantes del PP. En primer lugar, los factores

económicos parecen jugar de nuevo un papel desigual. Mientras que el nivel de desempleo

muestra una relación directa y significativa con el apoyo a una eventual dictadura, éste no es el

caso del indicador de crecimiento económico (aunque ambos apuntan en la misma dirección).

En cambio, el nivel de gasto público sí muestra una relación notable y robusta: Cuanto menor es

el gasto público de los gobiernos, mayor es el apoyo de los votantes del PP a un régimen

autoritario. Al atender a los factores contextuales encontramos una situación dispar. Por un lado,

la celebración de elecciones o las percepciones de la corrupción tienen una relación nula o muy

débil con el apoyo a la democracia. Por otro, en aquellos momentos en los que el gobierno se

encuentra en las manos del PSOE se produce un incremento significativo y fuerte del apoyo a

una régimen autoritario entre los votantes de AP/PP. Durante los gobiernos del PSOE, el apoyo

de los votantes conservadores a regímenes autoritarios se incrementa en un promedio de 8

puntos porcentuales (modelo 5).

En el gráfico que contiene los valores observados y predichos sobre la legitimidad de

la democracia entre los votantes del PP se aprecia un buen ajuste de los datos al modelo, con un

R2 de 0,76. Y también se aprecia quela serie de los residuos presenta oscilaciones atípicamente

altas en el apoyo a la dictadura, especialmente en 1986 (y en menor medida también en 1993)

coincidiendo con importantes victorias del PSOE en las elecciones generales.

17 Sería poco esperable que un fenómeno muy estable (por ejemplo, el apoyo a regímenes autoritarios

entre los votantes del PSOE) pudiera explicarse a satisfacción por otros que son variables.

72

Gráfico 2.11. Evolución del apoyo a regímenes autoritarios en España entre los votantes

del PP. (Valores observados, estimados y residuos)

En esta sección, en suma, hemos tratado de dar respuesta a algunas de las preguntas

planteadas en la introducción. El análisis de la relación entre la satisfacción con el

funcionamiento de la democracia y la legitimidad de la misma ha mostrado que ambas

dimensiones son independientes entre sí. Esta observación contradice muchas de las asunciones

presentes en la literatura, falsando las predicciones de nuestra hipótesis H1. Además, hemos

comprobado que la satisfacción y la legitimidad parecen responder a distintos elementos del

contexto económico político y del ciclo electoral. Mientras que la insatisfacción aumenta

significativamente en contextos de deterioro económico y elevado desempleo, esta tendencia

resulta menos clara en lo que respecta a los niveles de legitimidad de la democracia. En su caso,

el deterioro de la legitimidad parece ser sensible a la disminución del gasto público, y muy

especialmente a la presencia del PSOE en el gobierno. En este sentido, además, hemos

comprobado que los niveles de legitimidad que conceden los votantes del PSOE son mucho más

elevados y estables. Y lo contrario también es cierto: el eventual apoyo a regímenes autoritarios

resultó mayor y mucho más lábil entre los votantes de AP/PP. Además, en los momentos en los

que gobierna el PSOE, los votantes de AP/PP incrementan su eventual apoyo a regímenes

autoritarios en un promedio de 8 puntos porcentuales. Sobre ello, en 1986 y 1993, coincidiendo

con importantes (y hasta cierto punto inesperadas) victorias del PSOE en las elecciones

generales, se produce un importante repunte del apoyo a un régimen autoritario. Pareciera como

- 1 5

- 10

- 5

0

5

10

15

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000 2005 2010

R e s i d u o s A p o y o r é g i m e n a u t o r i t a r i o ( v o t o = P P ) M o d e l o 5

R 2 : 0,76

73

si (siguiendo a Anderson, Blais, Bowler, Donovan y Listhaug, [2005]) los votantes más

conservadores condicionaran su apoyo a la democracia en virtud de su fortuna electoral. Es

decir, la legitimanen mayor medida cuando el PP se encuentra en el gobierno, y la cuestionan de

un modo u otro cuando permanece en la oposición.

Satisfacción con la democracia, legitimidad y desafección

Tras el análisis de series temporales, es necesario comprobar ahora en qué medida la

crisis económica afecta a las actitudes individuales hacia la democracia. Para ello, hemos

seleccionado dos momentos, uno antes y otro durante la crisis económica, para poder así

comparar su incidencia en nuestras tres dimensiones actitudinales distintas: el descontento, la

legitimidad y la desafección. Así, este apartado aborda la cuestión de hasta qué punto y cómo la

crisis económica está conduciendo a una crisis de la democracia en España.

Los datos que hemos utilizado para este análisis transversal de los perfiles de los

ciudadanos son, para el 2002, el estudio 2450 del CIS sobre Ciudadanía, participación y

democracia, mientras que para 2012 se han utilizado los datos de la Encuesta Social Europea

(ESE). La selección de estas encuestas se debe a que ambas contienen cuestiones referidas a la

percepción del sistema político y a la participación ciudadana que permiten hacer

comparaciones entre un tiempo de bonanza económica y otro con una coyuntura adversa. Por

tanto, la selección de los datos responde al objetivo de comparar dos momentos con gobiernos

del mismo signo político, pero con un elemento diferencial tan determinante como una

coyuntura económica muy diferente.

En 2002, el crecimiento de la economía española superaba las expectativas más

optimistas, doblando la previsión del gobierno, y el desempleo se situaba en torno al 11 por

ciento.18 En contraste con esta situación, el año 2012 terminó con una tasa de desempleo por

encima del 26 por ciento19 y una economía en recesión.

Las percepciones de los ciudadanos son también muy distintas. Al hacer la

media de las respuestas de los encuestados a las preguntas sobre la situación económica y

política que aparecen en los barómetros del CIS de 2002 y 2012, pueden observarse las

diferencias entre estos dos momentos. En 2002, en torno al 23 por ciento de los ciudadanos

consideraba que la situación política era mala o muy mala, porcentaje que casi se triplica,

alcanzando el 36 por ciento, en 2012. Más llamativa aún es la evolución en la valoración de la

economía. En 2002 sólo un 17 por ciento consideraba la situación económica como mala o muy

18http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm 19http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm

74

mala, pero una década después, un abrumador 90 por ciento tiene una visión negativa de la

economía.

Por todo ello, resulta necesario explorar los cambios en los factores que inciden en las

tres dimensiones de actitudes hacia la democracia que estamos considerando. Teniendo en

cuenta el contexto económico y político era necesario prestar atención a distintos tipos de

factores con un impacto en las diferentes dimensiones actitudinales ya mencionadas. Así, se

tienen en cuenta factores económicos, variables sociodemográficas, sobre participación política

convencional y no convencional, y político e ideológico.

En el anterior apartado hemos visto que las series de legitimidad y satisfacción con la

democracia evolucionan de forma independiente. Sin embargo, no parece casual que en 2012

coincidan el descontento con la democracia más elevado de todo el periodo estudiado (67 por

ciento se declara poco o nada satisfechos) con el porcentaje más bajo, en los últimos 20 años, de

españoles que considera que la democracia es el mejor sistema. Podría pensarse que en un

momento de profunda crisis económica como el actual, la falta de asociación entre satisfacción

con la democracia y legitimidad debería ser revisitada.

La independencia de las tres dimensiones de las actitudes hacia la democracia podría ser

distinta, ya que la crisis económica ha sido el detonante de una mayor movilización ciudadana y

un serio cuestionamiento del sistema político. Si hay algo que marca un carácter diferenciador a

esta crisis respecto a otras es, por un lado, que las decisiones económicas tienen también un

carácter supranacional, es decir, el que España sea un país integrante del euro implica que la

política económica es en parte impuesta desde Bruselas y, por otro lado, que la movilización

ciudadana y el carácter crítico de las protestas no son sólo un estallido de descontento, sino

también un replanteamiento del sistema hacia otras fórmulas. Teniendo esto en cuenta, al

abordar el estudio del descontento y el apoyo a la democracia para los años 2002 y 2012

testaremos las siguientes hipótesis, recogidas en la tabla 2.5.

La primera de ellas (H1.1) es que la relación entre una menor satisfacción con la

democracia y el eventual apoyo a regímenes autoritarios es más intensa en tiempo de crisis

económica. Aquellos que son partidarios de un sistema no democrático serán, también, los más

descontentos con el actual régimen. Esta relación es más fuerte cuando hay una coyuntura

adversa, puesto que se entiende que la democracia no es capaz de resolver los problemas de los

ciudadanos. Igualmente, pero con la legitimidad como variable dependiente, es de esperar que

en 2012 la relación entre el descontento y el eventual apoyo a regímenes autoritarios, así como

entre la menor satisfacción con la democracia y la indiferencia respecto al sistema de gobierno

sea más intensa que en 2002 (H1.2).

75

Por otro lado, el creciente desinterés por y desconfianza en la política no parece tener en

la actualidad el mismo carácter que con anterioridad. Los desafectos y los críticos no sólo son

más numerosos en 2002 que en 2012, también son diferentes en cuanto a los motivos que les

llevan a pensar de esa forma. Así, la segunda de nuestras hipótesis (H2.1) es que la desafección

política tiene un impacto mayor en el descontento con la democracia en 2012 respecto de 2002.

Mientras que en lo referente a la legitimidad, cabe pensar que la desafección política en

tiempos de crisis, es decir, en 2012, tiene relación positiva con el apoyo a regímenes autoritarios

(H2.2).

Cabe pensar también que la crisis económica debe implicar un cambio en cuanto a las

actitudes hacia la democracia, de modo que las cuestiones económicas cobren importancia como

elementos del descontento, legitimidad y desafección. Por ello, la tercera de las hipótesis (H3.1)

es que los factores económicos tienen un efecto mayor en la satisfacción con la democracia en

2012 respecto de 2002. En el mismo sentido, pero refiriéndonos en este caso a la legitimidad de

la democracia (H3.2), es de esperar que los factores económicos tengan un efecto mayor y

directo en el apoyo a regímenes autoritarios en 2012 para el 2002.

En cuanto al carácter diferencial de esta crisis, una de las señas definitorias de este

periodo es la alta movilización social. En 2012 se registró un aumento de las manifestaciones,

que superaron las 36.000. En paralelo y gracias a la difusión que permiten las redes sociales, la

participación política no convencional se ha extendido. Las protestas producidas por las

dificultades que pasan los ciudadanos han sido variadas, incluyendo el boicot20. Igualmente, el

trabajo en asambleas de los llamados indignados ha hecho más visibles otras formas de

participación política como el trabajo voluntario. Cada vez son más frecuentes las noticias

relacionadas con la creación de iniciativas solidarias y en muchas de ellas hay un evidente

carácter crítico contra los recortes que provocan su nacimiento. De este modo, cabe esperar que

las formas de participación política no convencional estuvieran relacionadas, en tiempo de crisis

económica, con un mayor descontento político con el funcionamiento de la democracia. Por

ello, nuestra cuarta hipótesis (H4.1) sostiene que en 2012 las formas de participación política no

convencional son un factor relevante de la insatisfacción con la democracia, en mayor medida

que antes de la crisis, y que suponen un cuestionamiento del sistema democrático (H4.2), por lo

que están negativamente relacionadas con la aceptación de la democracia como mejor sistema

de gobierno.

Por último, aquellos que han votado por el partido que está en el gobierno tienden a

sentirse más representados que quienes lo hicieron por otros partidos. Así, independientemente

20 En 2012, tuvo cierta relevancia la campaña de boicot contra Movistar tras anunciar el fichaje de Iñaki

Urdangarín, mientras que en 2013 tenemos los ejemplos de los boicots promovidos a través de las redes

sociales contra Movistar y Banco Santander por la contratación de Rodrigo Rato.

76

de la difícil situación, el hecho de que la opción electoral elegida sea la que finalmente accede al

gobierno implica que, en general, se esté más satisfecho con el sistema, sea más difícil caer en

la desafección y se cuestione menos la legitimidad de la democracia. Así, las hipótesis a

comprobar en relación al partido votado son, en primer lugar, que quienes han votado al PP

están más satisfechos con la democracia, independientemente de la existencia o no de crisis

económica (H5.1), y que aquellos que votaron al PP apoyan la democracia como mejor sistema

de gobierno, tanto en 2002 como en 2012 pues en ambos años su partido era el del gobierno

(H5.2).

Al igual que ocurriera con el análisis de series temporales, las hipótesis aquí detalladas

se han comprobado para las distintas dimensiones actitudinales, pero con pequeñas salvedades

que ya han sido apuntadas.

Para contrastar estas hipótesis hemos utilizado regresiones lineales cuando la variable

dependiente era satisfacción y regresiones logísticas multinominales para la legitimidad. La

decisión de optar por estas técnicas responde a la distribución de las variables dependientes. La

única diferencia reseñable es que en el caso de satisfacción con la democracia hemos creado en

2002 una variable dicotómica en la que aquellos que están bastante o muy satisfechos con la

democracia toman valor 1, mientras que el resto son marcados con un 0. En cambio, para 2012

ha sido posible utilizar una escala de 0 a 10: valor mínimo se corresponde con los nada

satisfechos con la democracia, y el valor máximo es el de los que se declaran muy satisfechos.

Es necesario dedicar unas líneas a la descripción de las peculiaridades de cada uno de

los cuatro modelos elaborados para contrastar nuestras hipótesis. El primero de los modelos

tiene como únicas variables independientes las referidas a las actitudes hacia la democracia.

Este modelo se basa en la asunción de que satisfacción, legitimidad y desafección son

dimensiones distintas (Montero, Gunther, Torcal, 1997), un supuesto que, además, está en línea

con lo visto en el apartado referido al análisis longitudinal. Estas variables no están presentes en

el segundo modelo, en el que se introducen las variables referentes a la participación política,

las políticas e ideológicas, las sociodemográficas y la condición de desempleado como factor

económico. Lo más reseñable del modelo 2 es la utilización de la variable independiente

“desempleado”. Se trata de una variable dicotómica en la que aquellos en situación de

desempleo reciben valor 1 y todos los demás valor 0. A pesar de que corresponde a una

situación laboral y, por tanto, cabría considerarla dentro del grupo de las sociodemográficas,

esta variable es importante porque nos informa sobre la valoración de la situación económica.

Por un lado, no encontramos en 2002 una valoración ya sea prospectiva o retrospectiva de la

coyuntura económica nacional. Por otro, los análisis realizados han puesto de manifiesto que

existe una alta correlación entre la situación de desempleo y una evaluación negativa de la

economía.

77

El tercer modelo es diferente para 2002 y para 2012. Mientras que en 2002 en la tercera

columna, se recoge lo que podemos llamar el modelo completo, en el que todos los distintos

bloques de variables se ponen en común, el modelo 3 para 2012 introduce para 2012 un único

cambio respecto al modelo 2, y es la sustitución de la variable “desempleado” por “satisfacción

con la situación económica”. Esta diferencia entre los modelos se debe a que, como ya se ha

dicho, la evaluación de la situación económica no se recogía en la encuesta de 2002.

Finalmente, el modelo 4, que no aparece en 2002, es el modelo completo para 2012. En

él se introducen todas las variables, incluidas la satisfacción con la situación económica y el

encontrarse desempleado. Como veremos en el caso de los modelos de descontento con la

democracia, estar desempleado pierde significación al tenerse en cuenta la valoración de la

situación económica debido, como ya hemos mencionado, a la alta correlación entre ambas.

La satisfacción con la democracia

Atendiendo a los resultados de los modelos ya descritos y recogidas en la tabla 2.6,

puede comprobarse, en primer lugar, que tanto las variables sobre legitimidad como las de

desafección tienen un impacto significativo en la satisfacción con el funcionamiento de la

democracia. Llama la atención que el poder explicativo de ambas es mayor que el de las demás

variables ya que, si prestamos atención al pseudo-R2, el modelo 1 explica un porcentaje mayor

de la varianza de la satisfacción con la democracia (R2= 0,138 en 2002, y R2 =0,193 para 2012)

que el modelo 2, en el que las variables de actitudes hacia la democracia son excluidas (R2=

0,063 en 2002 y R2 =0,154 para 2012).

Puede también observarse que cabe rechazar la hipótesis H1.1., ya que no parece que el

eventual apoyo a un régimen autoritario tenga un impacto mayor en 2012 que antes de la crisis

económica. Los coeficientes, incluso, resultan mayores en 2002 (-1,515 en ese año frente a

0,599 en 2012), aunque tiene mayor interés examinar cómo el hecho de ser indiferente en

cuanto al sistema de gobierno pasa, en 2012, a tener un efecto mayor en el descontento con la

democracia que en el apoyar un sistema autoritario. En 2012, los más descontentos con la

democracia son aquellos a los que les da lo mismo un régimen u otro, mientras que antes de la

crisis los menos satisfechos con la democracia eran los autoritarios. Como cabría esperar, la

consideración de la democracia como mejor sistema político implica una mayor satisfacción con

ella tanto en momento de crisis como en tiempo de bonanza económica. El aumento de la

insatisfacción de quienes no muestran preferencia por un régimen u otro en comparación con los

autoritarios y en relación a los que apoyan la democracia marca la diferencia entre uno y otro

momento, lo que nos lleva a pensar que en momentos de crisis los indiferentes caen en el

descontento como consecuencia de la mala situación.

78

Algo similar veremos en la siguiente sección sobre los distintos tipos de desafección.

De acuerdo a lo planteado en la hipótesis H2.1 la desafección política tiene un impacto mayor

en 2012 respecto de 2002, en 2002 el coeficiente para los desafectos es -1,238, mientras que en

2012 es -2,116. De ahí que no podemos rechazar esta hipótesis. Igualmente, resulta interesante

ver que, mientras que antes de la crisis los críticos parecen estar más satisfechos con la

democracia que los desafectos, ambos en relación al grupo que hemos llamado cives no lo están

en 2012. Se apunta así a los desafectos como protagonistas del descontento anterior a la crisis,

mientras que en 2012 son los ciudadanos críticos quienes estarían más insatisfechos con la

democracia. Así, el interés por la política y la desconfianza hacia las instituciones democráticas,

definen el descontento. Si consideramos que la crisis ha tenido entre sus consecuencias una

crisis del sistema político, ha de tenerse en cuenta que no estamos ante una ciudadanía

desafecta, sino crítica.

Tampoco parece posible descartar la hipótesis H3.1 ya que, de acuerdo con lo esperado,

los factores económicos tienen mayor efecto en el descontento con la democracia en 2012 frente

a 2002. De hecho, antes de la crisis el estar o no desempleado no está asociado con una mayor o

menor satisfacción con el sistema democrático, pues esta variable no resulta ni siquiera

significativa. Puede que el problema radique en que esta variable no capta en su totalidad la

evaluación de la situación económica, pero ya hemos mencionado que es la alta correlación con

la economía la que justifica su inclusión en los modelos. Por lo tanto, como cabría prever, estar

desempleado conlleva una valoración menos optimista de la economía. Asimismo, el efecto de

estar desempleado parece absorbido en el modelo 4 de 2012 por la evaluación de la economía.

Ahí, satisfacción con la economía y con la democracia están positivamente relacionadas en

momentos de crisis.

Por otro lado, la participación política no convencional está relacionada con el

descontento. Sin embargo, las diferencias entre 2002 y 2012 no son fácilmente interpretables.

Mientras que en 2012 las manifestaciones son las que tienen un mayor impacto en relación con

la insatisfacción, en 2002 el contacto político es la variable de participación política con un

mayor peso en la satisfacción con la democracia. Por otro lado, el contacto a políticos y la

asistencia a manifestaciones tienen efectos opuestos. Aquellos que participaron en

manifestaciones están más descontentos con la democracia, tanto en 2002 como en 2012. Las

diferencias en el modelo 2 entre los dos años nos llevan a pensar que el efecto de esta variable

es mayor en época de crisis económica (-0,248 frente a -0,415), aunque este efecto disminuye al

incorporar las actitudes hacia la democracia y cuando en el caso del modelo 3 de 2012 se

introduce la satisfacción con la economía. Tanto es así que la diferencia entre el modelo

completo de 2002 y el modelo 4 de 2012 es tan sólo de 0,02. Dicho esto no podemos aceptar la

hipótesis H4.1, pero tampoco podemos descartar que se cumpla: que las diferencias entre los

79

dos momentos pueden responder a las distinciones entre los modelos para uno y otro año. Este

resultado puede ser llamativo, ya que el desarrollo de nuevas formas de participación política y

la crítica de que la democracia debe ser algo más que votar han estado presentes desde que el

movimiento indignado irrumpiera en la vida política española. Sin embargo, el hecho de que las

protestas en las calles sean más frecuentes no parece traducirse en que aquellos que acudieron a

una manifestación en 2012 estén sensiblemente más descontentos con la democracia que

quienes lo hicieron en 2002.

Parece en cambio evidenciarse que la forma de participación política más ligada al

descontento es la asistencia a manifestaciones, tanto antes como durante la crisis económica.

Este asunto se tratará con más detalle en el análisis de la desafección.

Por último, el hecho de votar al partido en el gobierno incide positivamente en la

satisfacción con la democracia, teniendo un impacto mayor incluso que el negativo de estar

desempleado. Igualmente y en línea con lo planteado en la hipótesis H5.1, elvoto al PP, el

partido gobernante tanto en 2002 como en 2012, tiene un efecto positivo tanto antes como

durante la crisis económica. La diferencia es que en 2002se pone de manifiesto un impacto

mayor respecto de los años de Aznar, donde el efecto era igualmente positivo y significativo

pero no tanto como en 2012. Tanto es así que el haber votado al PP tiene un sentido contrario a

y afecta más a la satisfacción con la democracia que el estar desempleado (0,480 frente a -

0,335).

Respecto a los demás factores incluidos en el análisis, no hay cambios que puedan

considerarse destacables. La asociación entre religiosidad, ideología y confianza social con la

satisfacción con la democracia es positiva tanto en 2002 como en 2012, de modo que los

descontentos antes y después de la crisis tendían a ser menos religiosos, más de izquierdas y con

una menor confianza en los demás que los satisfechos con la democracia. Y llama la atención el

hecho de que la edad esté asociada con el descontento en 2002 y no lo esté en el año 2012. A

tenor de los resultados, los insatisfechos en época de crisis no son necesariamente los más

jóvenes aunque, como veremos más adelante, la edad juega un papel en la desafección política.

Constante ,999 *** -,646 *** ,337 5,434 *** 1,636 *** 1,288 *** 2,926 ***

Legitimidad

A veces un régimen autoritario a -1,515 *** -1,611 *** -,599 *** -,735 ***

A la gente como yo no le importa a -1,136 *** -1,446 *** -1,053 *** -,968 ***

Tipología de desafección

Críticob -1,058 *** -,956 *** -2,414 *** -1,459 ***

Deferencialb -,066 -,095 -,122 -,229

Disafectob -1,238 *** -1,179 *** -2,116 *** -1,368 ***

Factores económicos

Satisfacción con economía ,420 *** ,350 ***

Desempleado ,005 ,001 -,335 * ,001

Sociodemográficas

Edad -,006 ** -,007 ** ,002 ,003 ,004

Educación:Universitaria ,094 -,022 -,038 -,049 -,128

Religiosidad ,061 ** ,042 * ,115 *** ,086 *** ,062 **

Participación política

Participación electoral ,305 ** ,146 -,028 ,028 -,035

Trabajo voluntario -,085 -,111 ,163 ,224 ,214

Contacto político ,369 ** ,348 ** -,137 -,126 -,105

Boicot -,364 ** -,241 -,464 ** -,209 -,118

Manif estaciones -,248 ** -,254 ** -,415 ** -,289 * -,274 *

Política e ideología

Ideología izquierda-derecha ,120 *** ,125 *** ,163 *** ,098 *** ,080 **

Conf ianza social ,068 *** ,039 * ,215 *** ,144 *** ,093 ***

Voto PP ,329 ** ,314 ** ,480 ** ,480 ** ,456 **

Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,138 0,063 0,175 0,193 0,154 0,255 0,327

(n)

(a) Ref: La democracia es siempre el mejor sistema

(b) Ref: Cives

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01

Fuente: CIS2450 /ESS 2012

Modelo 4

Tabla 2.6. Determinantes de la satisfacción con la democracia.

Coeficientes de regresión con mínimos cuadrados.20122002

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

14344252 4252 4076 1487 14851684

La legitimidad democrática

En cuanto al análisis multivariante de la legitimidad democrática, recogida en la tabla

2.7, aparecen tres categorías distintas: los que creen que la democracia es el mejor sistema, los

que eventualmente apoyarían un régimen autoritario y quienes son indiferentes y dicen que lo

mismo les da uno u otro sistema. En este análisis, que toma la legitimidad como variable

dependiente, hemos optado por usar como categoría de referencia a quienes consideran que la

democracia es el mejor sistema. Por tanto, debe tenerse esto en cuenta al analizar los resultados

para los llamados “autoritarios” e “indiferentes”.

Contrastando con lo visto en el caso de la satisfacción, el modelo 1 presenta un R2 bajo,

menor incluso que en los modelos en los que no aparecen las actitudes hacia la democracia (R2=

0,076 en 2002 y R2= 0,062 en 2012). En relación a la legitimidad, el poder explicativo de las

variables de satisfacción y desafección es mucho menor que el observado en los modelos con

variables económicas, sociodemográficas y políticas, lo que va en línea con lo apuntado en el

análisis longitudinal sobre la independencia de las tres dimensiones de actitudes hacia la

democracia.

Igualmente, la significación de las variables de desafección cambia según los modelos.

Sin embargo, en ningún caso puede establecerse una asociación positiva entre desafección y

apoyo a un régimen autoritario, ya que no encontramos relación entre ambas. Sólo en el modelo

1 de 2012 los críticos son, significativamente, menos autoritarios. Sin embargo, esta relación

entre legitimidad y desafección desaparece cuando se incluyen los demás factores. Por ello, no

podemos aceptar que exista una relación entre la desafección como factor de la legitimidad de la

democracia, puesto que esta relación desaparece en cuanto se incluyen otras variables.

Por otro lado, la relación entre descontento y preferencia por un régimen autoritario o

indiferencia por el sistema no se intensifica en época de crisis. Más bien al contrario. El impacto

de la satisfacción en el apoyo hacia la democracia parece disminuir en 2012 (para los

autoritarios el coeficiente pasa de -1,547 en el modelo 1 y -1,554 en el modelo completo en

2002, a -0,121 y -0,173 respectivamente para 2012). Si acaso, puede apuntarse que esta relación

pierde intensidad tanto en los autoritarios como en los indiferentes, pero en el caso de los

segundos es ligeramente superior respecto de los autoritarios en 2012, mientras que ocurría al

contrario en 2002. Sin embargo, resulta un tanto complicado exagerar las diferencias entre los

dos años, más allá de resaltar ese cambio de tornas en el que la satisfacción con la democracia

pasa a ser más importante para indiferentes frente a los autoritarios. La razón de nuestra

precaución sobre la pérdida de relevancia es que la variable satisfacción con la democracia para

2002 es una variable dicotómica, mientras que la de 2012 se mide en una escala de 0 a 10.

82

Sea como fuere, los resultados ponen de manifiesto que la legitimidad parece estar a

salvo de convulsiones económicas, ya que los factores económicos no están estadísticamente

relacionados con la legitimidad. La única excepción es la del modelo 3 de 2002 para los

autoritarios en el que se observa que el hecho de estar desempleado parece tener un efecto

positivo en la preferencia por un régimen autoritario, frente a uno democrático. Este resultado,

que responde a nuestras expectativas, no se da en 2012, en un momento en el que tanto el estar

desempleado como la evaluación de la situación económica parecen no tener efecto ninguno, lo

que lleva, por tanto, a rechazar la hipótesis H3.2.

Ya sabemos que hay algunas formas de participación política no convencional que

inciden en la satisfacción con la democracia. Concretamente, la asistencia a manifestaciones

estaba relacionada con el descontento, tanto antes como después de la crisis. En el caso de la

legitimidad, esperábamos que la participación no convencional fuera una expresión de rechazo

hacia el sistema político y que, por lo tanto, estuviera asociada con una eventual preferencia por

un régimen autoritario. Sin embargo, de acuerdo con los datos, el efecto es el contrario.

Aquellos que participan en manifestaciones en mayor medida prefieren la democracia como

sistema político frente a uno autoritario. También resulta importante destacar que esto ocurre

únicamente para 2012, ya que en 2002 ninguna forma de participación política no convencional

resulta significativa en relación a la legitimidad, mientras que sólo la participación electoral está

asociada positivamente con preferir un sistema democrático frente a ser indiferente. Podemos

descartar la hipótesis H4.2, según la cual existe una relación negativa entre apoyar la

democracia como mejor sistema y participar en política de modo no convencional. Justo a la

inversa, en época de crisis la participación en manifestaciones está asociado a la legitimidad y

es un factor que tiene un efecto positivo en la preferencia de la democracia frente a un eventual

régimen autoritario o una postura indiferente.

Por último, el hecho de que el partido por el que se ha votado esté en el gobierno tiene,

como ya sabemos, un efecto positivo en la satisfacción con la democracia. Nos sentimos más

representados si el gobierno es aquel al que habíamos apoyado. Sin embargo, llama la atención

que no ocurre así en el caso de los votantes del PP. Mientras que en época de bonanza

económica el votar al PP tenía un efecto positivo en la preferencia de un régimen autoritario

frente a uno democrático, esta relación se pierde en época de crisis: el hecho de haber votado

por el partido del gobierno no afecta en modo alguno a la legitimidad de la democracia. Dicho

esto, cabe por tanto rechazar la hipótesis H5.2.

En cuanto a las variables de control, el ser de derechas está asociado con la preferencia

por un régimen autoritario frente a uno democrático tanto en 2002 como en 2012. En 2002, la

religiosidad no afecta a la legitimidad, mientras que, en época de crisis, los más religiosos

tienden a preferir un régimen autoritario frente a uno democrático. En lo que respecta a la

83

educación, el tener estudios superiores afecta negativamente a la indiferencia, de modo que

aquellos con educación universitaria tienen un mayor interés en la política tanto antes como

durante la depresión económica, sin embargo, el efecto es mayor en 2012 que en 2002.

Hasta ahora hemos examinado el papel de la economía en la satisfacción con y la

legitimidad de la democracia. Para evaluar finalmente en qué medida cabe afirmar que la mala

coyuntura de la economía ha conducido a un cambio en las actitudes hacia la democracia es

necesario abordar la dimensión de la desafección política.

Constante -2,358 *** -4,791 *** -4,117 *** -2,537 *** -2,555 *** -2,543 *** -1,931 *** -2,834 ** -2,816 *** -2,097 -2,542 *** -1,009 ** -1,151 ** -,965

Satisfacción con democracia -1,547 *** -1,554 *** -1,172 *** -1,470 *** -,121 *** -,173 ** -,214 *** -,234 ***

Tipología de desafección

Críticob -,021 ,569 -,784 ** -,196 -,612 * -,523 -,844 -,953

Deferencialb -,397 -,289 ,141 ,141 -,101 -,324 1,006 ** ,494

Disafectob -,211 -,087 ,398 ** ,279 -,237 -,512 ,980 ** ,506

Factores económicos

Satisfacción con economía -,011 ,003 ,004 ,050

Desempleado ,529 ,662 ** ,190 ,287 ,030 -,069 -,087 -,170

Sociodemográficas

Edad ,004 ,001 ,008 ,005 -,006 -,006 -,007 -,008 -,008 -,013 *

Educación:Universitaria -,468 -,638 * -1,228 ** -1,113 ** ,073 ,070 ,087 -2,500 *** -2,492 *** -2,374 **

Religiosidad -,025 ,005 ,008 ,012 ,122 ** ,123 ** ,122 ** -,007 -,008 ,008

Participación política

Participación electoral -,473 -,445 -,920 *** -,727 ** ,312 ,315 ,410 -,249 -,246 -,100

Trabajo voluntario -,437 -,464 ,319 ,386 ,052 ,049 -,007 ,392 ,393 ,547 *

Contacto político ,369 ,405 -,605 -,386 -,013 -,015 ,001 -,610 -,614 -,510

Boicot ,341 ,235 -,658 -,768 ,401 ,400 ,247 -,146 -,142 -,043

Manifestaciones -,504 -,645 -,100 -,118 -,893 ** -,899 ** -,875 ** -,358 -,359 -,271

Política e ideología

Ideología izquierda-derecha ,355 *** ,350 *** ,038 ,081 ,119 ** ,121 ** ,164 ** ,011 ,012 ,006

Conf ianza social -,051 -,016 -,092 * -,055 -,186 *** -,184 *** -,180 *** -,132 ** -,131 ** -,078

Voto PP ,642 ** ,770 ** ,267 ,486 ** -,003 -,009 ,092 -,111 -,113 ,007

Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,062 0,109 0,158 0,109 0,158

(n) 1684 1485 1434 1485 1434

a Ref: La democracia es siempre el mejor sistema

b Ref: Cives

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01

Fuente: CIS2450 /ESS 2012

2002

3961 3028 2962 3961 3028 2962

0,076 0,091 ,156 0,076 0,091 ,156

Modelo 3

2012

1485 1684 1485

0,109 0,062 0,109

Modelo 3 Modelo 4

Tabla 2.7. Determinantes de la legitimidad de la democracia. Coeficientes de regresión logística multinomial.

Indiferente a

Autoritario a

Indiferente a

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Autoritario a

La desafección política

El análisis de series temporales nos ha permitido estudiar la evolución de las actitudes de

insatisfacción y legitimidad hacia la democracia, así como las variables que influyen en ellas. Este tipo

de análisis se han repetido bajo una perspectiva diferente. Hemos elegido dos momentos en el tiempo,

2002 y 2012, por poder realizar una comparación entre dos periodos económicos diferentes, esto es,

crisis y no crisis, manteniendo constante el partido en el gobierno, que fue el PP. En esta sección del

capítulo añadiremos una variable dependiente más, la desafección con el sistema. Con esto, nuestra

intención es la de dar una perspectiva completa sobre las actitudes hacia la democracia.

Para estudiar los efectos de la crisis económica en la desafección de los ciudadanos españoles,

hemos creado una tipología, que es una combinación del interés en la política y la confianza en el

Parlamento nacional21. Hemos creado cuatro grupos, que denominamos cives, críticos, deferentes y

desafectos.

Tabla 2.8. Tipología de los ciudadanos

Confianza No Confianza

Interés Cives Críticos

Sin interés Deferentes Desafectos

Los cives hacen referencia a la gente con interés y confianza; los críticos tienen interés pero no

confianza, en este caso especifico, hacia el Parlamento nacional. Deferentes son aquellos sin interés y

con confianza, mientras que desafectos, el grupo en el que nos focalizaremos en esta parte del artículo,

está formado por quienes no muestran interés en la política ni confianza en el Parlamento. La tabla

siguiente muestra como se divide la gente entre nuestros grupos:

21 La pregunta es: “Please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust in your national Parliament.”

86

Tabla 2.9. Distribución de la tipología (en porcentajes) (2002 – 2012)

Cives Críticos Deferentes Disafectos N (Total)

2002 20 10 33 37 3779

2012 14 22 24 40 1758

Es fácil comprobar que se ha producido un incremento tanto de críticos como dedesafectos

entre 2002 y 2012. Esto significa que la confianza en el Parlamento ha bajado significativamente.

También podemos apreciar aquí que los porcentajes de cives y deferentes han disminuido. La actual

crisis económica tiene un impacto en la satisfacción con la democracia, y está asociada a la

desafección (Gunther, Montero y Torcal, 2007). La primera de las hipótesis referidas a la desafección

que vamos a testar es aquella que nos dice que el descontento democrático está ligado a la desafección

política y que esta asociación es más fuerte en el caso de los desafectos (H1).

Los ciudadanos, al estar más descontentos, dejan de interesarse por la política y pueden llegar

a perder la confianza que tenían en ella para resolver sus problemas. Así, los ciudadanos que confían

en y se interesan por la política pasan a ser el grupo menos numeroso, alcanzando un valor próximo al

del porcentaje de ciudadanos críticos cuando en tiempos de bonanza económica. Es, por tanto,

necesario estimar las características que han llevado a los ciudadanos hacia la desconfianza y el

desinterés. En este sentido, es llamativo el incremento de la población crítica. El porcentaje de

críticos se ha doblado de 2002 a 2012, lo que nos sugiere que este aumento estará relacionado con la

situación económica. Cabe esperar que el impacto de los factores económicos en críticos y desafectos

sea mayor en un contexto de depresión económica frente a uno de bonanza (H2).

Por otro lado, es de suponer que aquellos que no tienen interés en la política participarán

menos. La hipótesis aquí es que tanto las acciones políticas, ya sean o no convencionales, definen más

a cives y críticos que a deferentes y desafectos (H3). En este sentido, no esperamos un efecto

determinante de la crisis económica en estos dos últimos grupos. Sin embargo, debido a que la

movilización ciudadana es, en buena medida, protagonista de la crisis actual, puede pensarse que la

participación en manifestaciones y boicots tiene un papel más relevante en 2012 que en 2002. Así,

esperamos que los “críticos” participen más en estas acciones que el resto de los grupos y que el efecto

de esta participación sea mayor en 2012 que en 2002 (H4).

87

En lo referente a los factores políticos e ideológicos, ya vimos cómo el haber votado por el

partido en el gobierno tenía un efecto positivo en la satisfacción con la democracia. Esperamos que

tanto en 2002 como en 2012 el haber votado al PP tenga un efecto directo en el interés por y en la

confianza en la política, con lo que presentaría un impacto directo en los cives (H5),

independientemente de si estamos en un periodo con una economía en alza o en recesión. Sin

embargo, el efecto será menor en el caso de una mala situación económica.

Por último, es importante destacar que la desafección ciudadana se ha relacionado en buena

medida con la movilización de los jóvenes. Nuestra hipótesis al respecto es que la edad será un

elemento importante de desafectos y críticos, especialmente, en 2012 (H6).

Como en apartados anteriores, para contrastar las hipótesis hemos recurrido a regresiones

multinominal es para estudiar la distribución de la variable dependiente de nuestro análisis. Es

importante dedicar un poco de tiempo a la descripción de las peculiaridades de cada uno de los cuatro

modelos. El primero de ellos, tanto en 2002 como en 2012, tiene como únicas variables

independientes las referidas a las actitudes hacia la democracia. Esto es así debido a que el modelo se

basa en la asunción de que satisfacción, legitimidad y desafección son dimensiones diferenciadas,

(Montero, Gunther, Torcal, 1997), como se ha sostenido previamente y como muestra su estudio de

manera separada en el análisis longitudinal de la sección anterior. Para los modelos segundo y tercero

(2012) estas variables han sido sustituidas por las variables políticas, ideológicas, de participación

política, variables sociodemográficas y la variable condición de desempleado (que expresa la

satisfacción con la economía) como factor económico. En el último modelo, para ambos casos, se han

incorporado la totalidad de las variables.

Coincidiendo con Monthero, Gunther y Torcal (2007), hay una relación entre desafección y

satisfacción con la democracia. Pese a que todos los conceptos están relacionados, lo que nos interesa

aquí es establecer una relación causal entre aquéllos. La teoría nos indica que, ante la presencia de

desafección, es muy probable que observemos una caída en los valores de legitimación del sistema. A

la luz de esta teoría, hemos tratado de contrastar la siguiente hipótesis: existe una relación negativa

significativa entre desafección y legitimidad, así, ante un aumento de la desafección política se

produce un descenso de la legitimidad del sistema (H7).

Surge, ahora, una pregunta importante acerca de las distintas dimensiones a que estamos

haciendo referencia. En la literatura, hay dudas inevitables sobre si los ciudadanos son capaces en la

evolución y separación de los conceptos. En muchos casos, los ciudadanos toman, para su evaluación

del sistema, la acción del gobierno como referente y base de su reacción. Así, no están, en verdad,

reaccionando ante el sistema. En algunos países del sur de Europa, como España, cabría esperar, no

88

obstante una valoración del sistema que se basara más en esto que en la acción del gobierno, debido a

la memoria aún reciente de regímenes autoritarios.

Otra teoría nos dice que las malas condiciones económicas pueden generar una valoración

negativa del sistema, y conducir, con ello, a la no legitimación de la democracia. A la luz de nuestras

conclusiones, tal teoría no es válida para el caso español, puesto que en España, una valoración

negativa del sistema no se relaciona directamente con la valoración como negativa de la situación de la

economía y el descontento que ello acarrea. El porcentaje de españoles descontentos con la situación

económica no busca, de acuerdo con nuestros resultados, alternativas al régimen democrático. Si bien

es cierto que no votaron al partido en el gobierno o reclaman un cambio en el mismo, ello no implica

la demanda de un cambio de régimen. Por todo ello, estamos en condiciones de rechazarla hipótesis

H6.1.

Sostiene Mair que, mientras el sistema mantenga la sensibilidad y la receptividad hacia las

demandas sociales, pervivirá. Siguiendo con esto, si bien la democracia no va a verse cuestionada a

causa del descontento, la participación electoral podría bajar significativamente. Tanto en 2002 como

en 2012, hay una relación significativa entre participación política electoral y desafección.

Resultados

En este apartado estamos trataremos fundamentar nuestros planteamientos, así como de

explicarlos, empleando modelos multilogísticos que incluyen distintas variables independientes. En

este análisis, se incluyen, además, variables de carácter sociodemográfico, variables de participación

electoral y política en general y variables relativas a la ideología. La tabla 2.10 muestra nuestros

modelos para 2002, mientras que la tabla 2.11 expone los resultados de 2012. La categoría de

referencia para los distintos tipos de desafección es cives, es decir, ciudadanos con interés y confianza

en la política. Utilizando los datos del CIS y ESS, tenemos los modelos pre-crisis de 2002, y para 2012

los modelos durante la crisis económica, lo cual nos brinda la oportunidad de proceder a la

comparación. Se presentan 3 modelos para 2002; para 2012, cuatro. La causa de esta diferencia radica

en que la variable satisfacción con la economía, presente en las encuestas ESS, no existe para la

encuesta del CIS que estamos utilizando.

Empezaremos con la relación que existe entre la satisfacción con la democracia y la

desafección. Hay una relación inversa y muy significativa entre estos conceptos para los críticos y los

desafectos, de forma que cuanto más mayor es la satisfacción con la democracia, menor es la

desafección. Esto se cumple en 2002 y también en 2012. Los críticos, con respecto a los cives, en

cualquier caso, presentan menor satisfacción con la democracia. Además, votan menos, pero

89

participan más en otro tipo de actividades, como los boicots. Generalmente, se posicionan más a la

izquierda, y sus niveles de confianza son menores. De acuerdo a lo esperado, la satisfacción con la

democracia tiene un importante impacto en los distintos tipos. El descontento es determinante para

críticos y desafectos tanto antes como durante la crisis económica. Sin embargo, hay algo que es

necesario destacar y es que el impacto de la insatisfacción con la democracia en 2002 es mayor en los

desafectos, mientras que en 2012 ésta tiene un efecto más relevante en los críticos. Según esto, no

podemos descartar la primera de nuestras hipótesis totalmente pues sí que hemos visto que existe una

relación importante entre desafección y descontento. Sin embargo, en 2012, es más fuerte para los

críticos que para los desafectos.

Los desafectos son, precisamente, el más importante de nuestros grupos de análisis. Los actos

y reacciones que muestran merecen un análisis completo. Si nos fijamos en los aspectos socio-

demográficos, podemos ver una relación entre educación y desafección. Existe también una relación

entre religión y desafección. En comparación con los cives, si bien sus niveles de desafección son

mayores, presenta, por el contrario, niveles de educación inferiores. Además, en comparación con los

cives, votan menos (especialmente por el candidato del partido en el gobierno) y recurren en menor

medida al contacto con políticos.

Cuando nos fijamos en los deferentes, también éstos revelan menores niveles de satisfacción.

Entre ellos encontramos a más desempleados y jóvenes. Además, muestran menores niveles de

educación y una mayor religiosidad. Con respecto a la dimensión participación política, ni votan ni

realizan trabajo voluntario. Pero, sorprendentemente, contactan con los políticos y participan en las

manifestaciones. Votan más por el candidato del partido en el gobierno y entre ellos se aprecian

niveles mayores de confianza.

De acuerdo con los resultados, vemos que los factores económicos tienen un impacto bien

distinto en 2002 y en 2012. Mientras que el hecho de estar desempleado en 2002 tenía un efecto

significativo en los deferentes, con la crisis económica la huella de las variables económicas se torna

relevante también para las categorías críticos y desafectos. En ambos casos, el estar desempleado tiene

un efecto mayor que antes de la crisis.

En consonancia con lo esperado, desafectos y deferentes participan menos en la política que el

grupo cives. Sin embargo, llama la atención que no se observen diferencias significativas en cuanto a

la participación política de los críticos con respecto de los cives. Esto nos conduce a pensar que las

movilizaciones ciudadanas que son imagen frecuente de la actual crisis económica tienen como

protagonistas tanto a ciudadanos críticos como a los que confían en la política y se interesan por ella.

90

Resulta curioso, sin embargo, que existe un cambio en cuanto a la participación electoral.

Mientras que tanto críticos como deferentes y desafectos votaban menos que los cives en 2002, la

crisis ha provocado que las diferencias de participación entre críticos y cives no sean significativas. De

forma similar, la participación no convencional de los críticos no es distinta a la del 2002. Si acaso,

parece que tomar parte en boicots habría perdido importancia en 2012. Esto puede interpretarse como

que los “críticos” han dejado de participar en boicots y por eso no son significativamente distintos en

2012 (modelos 3 y 4) de los cives, o como que los boicots son ahora más frecuentes entre los cives (la

explicación más plausible, a la vista de los coeficientes negativos de boicot para deferentes y

desafectos respecto de los cives)

Por otro lado, votar al partido en el gobierno en 2002 era menos frecuente entre deferentes y

desafectos con respecto a los cives que en 2012. Los críticos, por tanto, no parecían tener diferencias

significativas con los civesen cuanto al voto por el PP. Sin embargo, el panorama es bien distinto en

2012. Con la depresión económica, vemos que el haber votado por el partido en el gobierno no tiene

efecto en la desafección. No ocurre así con la ideología, que es significativa en el caso de los críticos.

Considerarse de derechas hace que resulte menos probable pertenecer a la categoría de críticos que a

la de cives.

Finalmente, la edad es la variable sociodemográfica que más nos llamaba la atención, por el

carácter de las protestas ciudadanas. Aunque se verá en más detalle en un capítulo siguiente, vemos

que el ser joven en 2002 estaba asociado con unos niveles menores de indiferencia y mayor

pertenencia a la categoría cives. Por el contrario, el efecto de la edad parece ser distinto para 2012,

cuando vemos que los jóvenes son más cives que críticos.22

No podemos dejar de analizar los resultados de otra de las variables sociodemográficas de

nuestros modelos: la religiosidad. En 2002 a mayor religiosidad, se es menos crítico o más deferente.

Durante la crisis, la religiosidad no tiene un efecto significativo en los deferentes, pero sí en los

críticos y desafectos, de modo que estos son menos religiosos que los cives.

22Hay que decir que tanto para los modelos de descontento democrático y legitimidad como para estos de

desafección probamos a introducir la variable de edad como dummies por grupos de edad, tratando de ver si la

aparente irrelevancia de la edad se debía a que no existía una relación lineal y que, de esta manera, podría salir a

la luz. Sin embargo, los resultados son equivalentes a los que obtenemos al introducir la variable continua, por lo

que optamos por mantenerla tal cual estaba.

Constante ,049 1,158 ** 1,617 *** ,611 *** 2,043 *** 2,079*** 1,346*** 3,369 *** 3,877 ***

Satisfacción con democracia -1,197*** -1,032 *** -,205 * -,164 -1,376*** -1,266 ***

Legitimidad

A veces un régimen autoritario b ,262 ,626 * -,121 -,375 ,077 -,089

A la gente como yo no le importa b -,535 -,309 ,403 ,033 ,649 ** ,174

Factores económicos

Satisfacción con economía

Desempleado -,183 -,200 ,424 ** ,431 ** ,212 ,207

Sociodemográficas

Edad -,001 -,003 -,009 ** -,010 ** -,003 -,005

Educación:Universitaria ,146 ,153 -,819 *** -,837*** -,996 *** -,976 ***

Religiosidad -,113 ** -,097 ** ,067 ** ,068 ** -,035 -,022

Participación política

Participación electoral -,493 ** -,414 * -,406 ** -,384 ** -,910 *** -,827 ***

Trabajo voluntario -,069 -,080 -,649 *** -,635*** -,555 *** -,580 ***

Contacto político ,043 ,097 -,893 *** -,876*** -,895 *** -,777 ***

Boicot ,453 ** ,405 * -,385 * -,384 * ,357 * ,309

Manifestaciones ,097 ,080 -,635 *** -,667*** -,329 ** -,395 **

Política e ideología

Ideología izquierda-derecha -,133 ** -,120 ** -,004 ,009 -,077 ** -,048

Conf ianza social -,122 *** -,109 ** -,095 *** -,094 ** -,203 *** -,193 ***

Voto PP ,033 ,105 -,436 ** -,385 ** -,985 *** -,899 ***

Pseudo R2 (Nagelkerke)

(n)

a Ref: Cives

b Ref: La democracia es siempre mejor

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01

Fuente: CIS2450

0,098 0,211 ,270

Tabla 2.10 Determinantes de la desafección política en España. Coeficientes de regresión logística multinomial

Críticos a

Deferentes a

2002

3666 2890 2829 3666 2890 2829

0,098 0,211 ,270

3666 2890 2829

Disafectos a

0,098 0,211 0,27

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3

92

Constante 2,481 *** 2,062 *** 2,613 *** 3,188 *** ,605 *** 2,352 *** 2,469 *** 2,439 ** 2,754 *** 4,083 *** 4,616 *** 4,984 ***

Satisfacción con democracia -,470 *** -,363 *** -,024 -,073 -,414 *** -,344 ***

Legitimidad

A veces un régimen autoritario b -,620 * -,634 -,107 -,462 -,255 -,631 *

A la gente como yo no le importa b -,859 -,925 1,001 ** ,490 ,958 ** ,439

Factores económicos

Satisfacción con economía -,373 *** -,243 *** -,056 -,027 -,330 *** -,207 ***

Desempleado ,782 ** ,579 * ,394 ,363 ,700 ** ,565 **

Sociodemográficas

Edad ,011 * ,012 * ,017 ** -,004 -,003 ,000 ,002 ,002 ,007

Educación:Universitaria -,048 -,108 -,155 -,878 *** -,910 *** -,843 *** -,978 *** -1,029 *** -,990 ***

Religiosidad -,127 *** -,114 ** -,088 ** ,000 ,000 ,006 -,102 ** -,089 ** -,064 *

Participación política

Participación electoral ,030 -,040 -,090 -,532 * -,550 ** -,581 ** -,685 ** -,759 ** -,765 **

Trabajo voluntario ,154 ,098 ,143 -,186 -,179 -,204 -,300 -,354 * -,311

Contacto político -,098 -,090 -,170 -,941 *** -,932 *** -,925 *** -,601 ** -,588 ** -,662 **

Boicot ,371 * ,196 ,139 -,587 ** -,600 ** -,620 ** -,018 -,198 -,239

Manifestaciones ,177 ,089 -,004 -1,227 *** -1,240 *** -1,273 *** -,571 ** -,659 ** -,723 ***

Política e ideología

Ideología izquierda-derecha -,195 *** -,143 ** -,106 ** -,046 -,032 -,019 -,084 * -,037 ,002

Conf ianza social -,188 *** -,146 ** -,110 ** -,047 -,045 -,031 -,238 *** -,196 *** -,155 **

Voto PP -,116 -,127 ,024 -,139 -,155 -,142 -,242 -,250 -,101

Pseudo R2 (Nagelkerke) 0,212

(n) 1684

a Ref: Cives

b Ref: La democracia es siempre mejor

* sig <= 0,1; ** sig <=0,05; *** sig <= 0,01

Fuente: ESS2012.

Tabla 2.11 Determinantes de la desafección política en España. Coeficientes de regresión logística multinomial

0,382

Deferentes a

Críticos a

2012

Model 2 Model 3 Model 4 Model 1

Disafectos a

0,2120,27 0,212 0,27 0,382

Model 2

1467 1684

0,27 0,382

1684 1467 14341467 1434

Model 1 Model 2 Model 4Model 3 Model 3Model 4Model 1

0,32

1465

0,32

1465 1465

0,32

1434

93

A modo de recapitulación de esta sección, podemos aseverar que, como resultado de la

crisis económica que comenzó en 2008, las actitudes hacia la democracia se han visto afectadas.

Debido a su intensidad, duración y a su contexto europeo, la depresión económica actual ha

tenido un impacto que ha trascendido más allá de lo puramente económico. Al comparar 2002 y

2012 hemos podido evaluar los cambios en las dimensiones actitudinales individuales de la

democracia, confirmando, además, cierto grado de independencia de las mismas.

En primer lugar, la satisfacción con la democracia es la dimensión más afectada por las

cuestiones económicas. El efecto de los factores económicos es mayor en 2012, algo que está en

concordancia con nuestras expectativas iniciales. Esperábamos que en una época de

prosperidad, la economía no jugase un papel determinante, mientras que, con la llegada de la

depresión económica, podía preverse una mayor asociación entre el descontento democrático y

la insatisfacción con la economía.

Resulta también significativo el efecto de haber votado por el partido en el gobierno, de

modo que tanto antes como después de la crisis el haber votado por él tenía un efecto positivo

en la satisfacción con la democracia. Resulta llamativo, sin embargo, cómo este factor

incrementa su efecto en 2012 frente a 2002 e, igualmente, resulta destacable cómo se relaciona

el voto al Partido Popular con las demás variables. Si en 2002 el haber confiado el voto al

partido que finalmente ganó las elecciones tenía un efecto positivo en la satisfacción con la

democracia, también en ese momento el haber votado por el Partido Popular tenía un efecto

positivo en la preferencia de un régimen autoritario frente a uno democrático. Este impacto en la

legitimidad democrática pierde significación con la crisis, pero se mantiene el de la ideología.

La legitimidad con la democracia parece ser la dimensión más fuerte frente a las

convulsiones económicas. Podemos esperar una mayor estabilidad de ésta en comparación con

el descontento democrático y la desafección. Sin embargo, sí que podemos ver que aquellos que

prefieren la democracia como mejor sistema de gobierno son más críticos que en 2002. En este

sentido, es necesario destacar cómo el análisis de la desafección ha revelado el avance de un

ciudadano más crítico. Mientras que el porcentaje de ciudadanos deferentes ha caído nueve

puntos, los críticos son el grupo que más se ha incrementado, doblando su porcentaje. En este

sentido, el análisis de la desafección ha puesto de manifiesto la existencia de un nuevo

protagonista. Un ciudadano que prefiere la democracia frente a otras formas de gobierno pero

que desconfía de la política.

94

Conclusiones

A lo largo de este capítulo hemos tratado de dar respuesta a una pregunta amplia acerca

del impacto de la crisis económica sobre las actitudes hacia la democracia. En primer lugar

hemos establecido la necesidad de hacer una distinción conceptual entre las dimensiones del

descontento o insatisfacción, el apoyo o legitimidad y la desafección política. Esta precisión

teórica tiene su reflejo en el estudio empírico de las actitudes hacia la democracia en España.

Así, en contra de algunas asunciones previas en la literatura, nuestro análisis empírico muestra

que el descontento, la legitimidad y la desafección política son dimensiones en gran medida

independientes. Entre ellas, el descontento con el funcionamiento de la democracia es la

dimensión con una mayor variabilidad. Por su parte, la legitimidad y la desafección se muestran

mucho más estables a lo largo del periodo analizado. Además, cada una de estas dimensiones

parece responder de forma diferenciada a distintos cambios en el contexto económico y político.

Mientras que el descontento resulta especialmente sensible al deterioro de la situación

económica, el apoyo a la democracia aparece más marcado por factores políticos y de gobierno.

Esta sensibilidad a factores políticos aparece especialmente señalada entre los votantes más

conservadores. Pareciera como si en alguna medida los votantes de AP/PP condicionaran su

apoyo a la democracia a la suerte electoral de su partido. Por otro lado, la crisis económica

parece haber estimulado la aparición de un perfil de ciudadanos más críticos. Este perfil crítico

apoya la democracia frente a cualquier tentación autoritaria y tiene gran interés en la política,

pero desconfía de las instituciones políticas actuales. En suma, lejos de dar la razón a aquellos

que ven en la actual crisis económica una amenaza seria para la legitimidad democrática en

España, en este capítulo hemos constatado la aparición de un nuevo perfil de ciudadanos

críticos cuya aspiración -e indignación-política, en nuestra opinión, señala justo en el sentido

opuesto a cualquier tentación autoritaria.

95

Capítulo 3. ¿Cómo se relaciona la ‘generación de la crisis’ con la política? Las

actitudes y comportamientos de jóvenes y desempleados.

La crisis económica actual está afectando a la forma en la que los ciudadanos españoles

se relacionan con la política. Por un lado, las instituciones políticas están siendo cuestionadas

(la percepción de los partidos políticos ha caído a mínimos históricos, situándose como el

tercero de los principales problemas de España, de acuerdo con las últimas encuestas). Por otro

lado, algunos indicadores suponen un hallazgo contrario a lo que se ha entendido como una

sociedad desafecta: la frecuencia de discusiones políticas, los niveles de interés por la política, y

el consumo de información política ha aumentado significativamente durante este periodo. La

crisis ha afectado particularmente a los jóvenes por el dramático incremento del desempleo

juvenil. Además, los jóvenes son más permeables a transformaciones sociales dado que tienen

una experiencia vital limitada. ¿Están los jóvenes de hoy sintiendo la crisis en mayor medida

que el resto de la sociedad, en lo que se refiere a sus actitudes políticas y a sus formas de

participación? ¿La relación con la política de los desempleados está siendo más afectada por

el contexto económico dada la creciente dificultad para encontrar un trabajo? Para responder

estas cuestiones, este trabajo presenta una exploración longitudinal de las actitudes y

comportamiento de los jóvenes antes y durante la crisis económica con particular atención a los

desempleados.

96

Introducción

Desde el comienzo de la crisis económica, se han hecho visibles cambios en las

actitudes y comportamientos políticos de los españoles. Por ejemplo, desde 2009 ha aumentado

el porcentaje de personas que consideran a los políticos como uno de los principales problemas

del país, por detrás de la economía y el desempleo (gráfico 3.1). Asimismo, la satisfacción con

el funcionamiento de la democracia ha disminuido de forma notoria, y lo mismo puede decirse

de la confianza en las instituciones políticas. Aunque junto a estos indicadores de creciente

distanciamiento entre los ciudadanos y la política, hay señales como el aumento de la

participación en actos de protesta (manifestaciones, firma de peticiones y huelgas), un creciente

interés por la política, o un aumento de las discusiones políticas; y también se observan

incrementos en el seguimiento de la información política que ofrecen los medios de

comunicación23.

Gráfico 3.1. Principales problemas de España (1985-2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS. Accedido el 22 de agosto de 2013.

http://www.cis.es/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

23Datos del CIS disponibles en www.cis.es. No los mostramos aquí por motivos de espacio.

97

Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis financiera es el alto desempleo

juvenil. Desde que el paro comenzó a despuntar a mediados de 2008, los más afectados por esta

situación han sido los jóvenes de 15 a 19 años. Esta tendencia viene seguida por las siguientes

categorías de edad, los jóvenes de entre 20 y 24 años y los de 25 a 29 años. En todos los casos,

el nivel de desempleo es claramente superior a la media de la sociedad española (ver gráfico

3.2). La situación en 2009 ya era dramática si atendemos a los altos porcentajes de desempleo:

54%, 31% y 21% en los comienzos de 2009 en cada uno de los grupos respectivamente

comparados con la media de desempleo total en España, de un 17%. Dos años después, antes de

las elecciones generales de noviembre de 2011, estos porcentajes llegaban al 60%, 42% y 26%

respectivamente. Y han continuado aumentando desde entonces.

Gráfico 3.2. Evolución del desempleo en distintas edades en España (1998-2013).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. Accedido el 7 de agosto de 2013.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database24.

El fenómeno de un aumento continuado del desempleo entre los jóvenes españoles ha

sido especialmente frustrante para una generación que puede ser considerada una de las

generaciones con un nivel educativo más alto en la historia de España. De hecho, esa frustración

y rabia explotaron el 15 de mayo de 2011, a través de un movimiento sin precedentes conocido

24 En España la edad legal para trabajar es de 16 años. Así, el primer grupo comprendido entre 15 a 19

años debe entenderse en realidad en el rango de edad entre 16 a 19 años.

98

como el movimiento de Los Indignados. Aunque personas de todas las edades estuvieran

representadas en este movimiento, los más jóvenes estuvieron especialmente presentes (Martín,

2013; Castells, 2012; Anduiza, Mateos and Martín, próximamente). Las demandas de los grupos

que organizaron la manifestación del 15 de mayo tenían que ver con el deterioro de las

perspectivas para encontrar trabajo y tener la posibilidad de vivir dignamente para una

generación en edad de acceder al mercado de trabajo25. Al mismo tiempo, demandaban cambios

en un sistema político que sentían que no les representaba.

Las actitudes y comportamientos políticos de los jóvenes en España ya han sido

analizadas (por ejemplo, García-Albacete y Martín, 2011); aun así, ningún estudio previo se ha

dirigido a conocer cómo afecta a los jóvenes españoles la crisis política y económica por la que

atraviesa el país. Basándonos en investigaciones previas sobre socialización política e

investigaciones sobre el comportamiento político, es de esperar que las actitudes y

comportamientos políticos de los jóvenes españoles se hayan visto particularmente afectados

por la crisis. En primer lugar, como acabamos de ver, la crisis económica ha sido especialmente

grave para las perspectivas de los jóvenes de entrar en el mercado laboral. En segundo lugar, los

jóvenes son más permeables a los cambios sociales al tener una experiencia vital más limitada26.

Además hay estudios que muestran cómo los cambios de actitudes o comportamientos que se

producen cuando los ciudadanos son jóvenes, cristalizan durante los primeros años de la vida

adulta, caracterizándose después la continuidad más que por el cambio: por la persistencia

(Kinder y Sears, 1985; Sears y Funk, 1999: 22).Por estas razones planteamos a continuación las

dos preguntas que guían nuestro estudio: ¿están los jóvenes de hoy sintiendo la crisis en mayor

medida que el resto de la sociedad, en lo que se refiere a sus actitudes políticas y a sus formas

de participación? ¿Y los desempleados, su relación con la política está siendo más afectada por

el contexto económico dada la dificultad para encontrar un trabajo? Aunque no todos los

jóvenes están desempleados, muchos de ellos lo están. Proponer esta pregunta sobre el

desempleo en general en paralelo otra pregunta que se refiere a los jóvenes, nos permite ver qué

parte de los cambios que están ocurriendo entre los jóvenes tienen que ver con su posición en el

mercado de trabajo, y además, compararles con otro grupo que, en esta crisis, está en una

posición de gran fragilidad.

Para analizar el efecto de la crisis sobre la implicación política de jóvenes y

desempleados, este trabajo revisa lo que podemos esperar sobre cómo las transformaciones

sociales ―y particularmente la crisis económica― podrían afectar a las actitudes y

25 De hecho, las características del movimiento de Los Indignadosse asemejan con el tipo de

movilizaciones no estructuradas que sostienen normalmente los desempleados (Lorenzini y Giugini,

2012: 334). 26Para una revisión de los enfoques sobre adquisición, cambio y persistencia de actitudes y

comportamientos políticos, ver Dinas (2013) o Sears y Valentino (1998).

99

comportamientos de los jóvenes. En segundo lugar, comprobamos estas expectativas

examinando si algunos de los síntomas de los que hemos hablado (insatisfacción con la

democracia, desconfianza en las instituciones, cambio en el interés por la política y en la

participación en actividades de protesta) son visibles entre las generaciones más jóvenes y entre

los desempleados en la misma medida que en el resto de la sociedad; o si los jóvenes y los

desempleados están particularmente afectados por la crisis dado que son grupos más sensibles al

contexto. Si este fuera el caso y jóvenes y desempleados estuvieran más afectados por el

contexto, concluiríamos que la crisis económica ha contribuido a aumentar las desigualdades

entre la población más joven y el resto, y entre los desempleados y los empleados. Con el fin de

testar estos cambios, en primer lugar, presentaremos análisis bivariados para proceder, después,

a confirmar los resultados con regresiones multivariadas. Como anticipábamos, encontramos

cambios relevantes en las actitudes y comportamientos de los jóvenes, aunque no exactamente

entre el grupo de menor edad. También hay evidencia de que la crisis económica está creando

nuevas brechas entre los ciudadanos que tienen un trabajo y los desempleados. Finalmente,

identificamos una nueva diferencia dentro del grupo de los más jóvenes cuando, dentro de ese

grupo, comparamos a aquellos que tienen un trabajo con los que están en situación de

desempleo.

El efecto de la crisis financiera en las actitudes y comportamientos políticos de los jóvenes:

expectativas.

Hay dos razones importantes para pensar que la situación económica ha afectado

particularmente a las actitudes y comportamientos políticos de los ciudadanos más jóvenes: el

hecho de que están socializándose políticamente durante sus años de formación y aprendizaje

político (años formativos) y los altos niveles de desempleo. Si atendemos a lo que la literatura

de la socialización política nos ha enseñado, varios estudios han mostrado que los individuos

están afectados por su contexto social y el momento histórico en el que crecen. En particular, en

los años en los que se someten a procesos de aprendizaje político. En otras palabras, los

ciudadanos jóvenes son los más influenciables por las transformaciones en sus condiciones

sociales, pues están teniendo sus primeros contactos con el sistema político. Esto provoca que

diferentes cohortes tengan diferentes actitudes y orientaciones hacia la participación política con

autonomía relativa al momento del ciclo vital en el que estén los individuos (por ejemplo,

Jennings y Niemi, 1981: 380; Jennings y Niemi, 1974: 333; Kinder y Sears, 1985: 724). Por otra

parte, los valores y actitudes que se desarrollan durante los años formativos persisten a lo largo

del ciclo vital (para una revisión, ver Kinder y Sears, 1985 o Sears y Funk, 1999). Por esta

100

razón, los jóvenes sirven de pronóstico para lo que está por venir. Esperamos, por tanto, que las

cohortes más jóvenes se hallen particularmente afectadas en su relación hacia la política

teniendo en cuenta la pésima situación de la economía los últimos años.

El segundo argumento se refiere a la relación entre actitudes, participación y estado

laboral. Hay varios mecanismos por los cuales estar empleado o desempleado puede influir en el

comportamiento y las actitudes políticas. Entrar en el mercado laboral es un paso crucial en la

adquisición de responsabilidades adultas, y el lugar de trabajo facilita que los individuos entren

en contacto con importantes redes de movilización política (Lane, 1959: 218; Verba y Nie,

1972; Strate et al., 1989). Una vez empleada, la persona desarrolla ciertos recursos y el entorno

laboral provee redes sociales (Verba et al., 1995). Además, algunos determinantes de la

participación política como la seguridad económica y los recursos dependen de las condiciones

laborales de los individuos (Lane, 1959: 218; Verba y Nie, 1972). Así, teniendo en cuenta estos

mecanismos directos e indirectos, el entorno laboral funciona como un agente socializador

(Sigel, 1989).

No hay consenso en la literatura en la relación del impacto de estar desempleado sobre

la participación política. De un lado, el desempleo implicaría mayores dificultades económicas.

La inseguridad económica y tener menos recursos puede ser visto como un factor que

incrementa los costes de implicarse en política (Rosenstone, 1981). Pero, por otro lado, el

desempleo se asocia normalmente con mayor tiempo disponible y como una motivación para

cambiar las cosas. Los ciudadanos desempleados pueden culpar al gobierno y acudir a la

protesta en busca de una solución para la situación que atraviesan, y esto desembocaría en una

participación más alta (Lipset, [1960]1981: 192). Por ejemplo, Parry et al. (1992: 122)

descubrieron que, teniendo en cuenta sus bajos niveles de recursos, los desempleados muestran,

en realidad, una tendencia razonablemente alta hacia el activismo político. Arceneaux (2003)

también muestra que los que afrontan dificultades económicas son más proclives a votar porque

es una forma de castigaral gobierno por los resultados de la economía. Si miramos las

explicaciones de la literatura globalmente, por tanto, no es fácil interpretar la relación entre

desempleo y participación política y, como sugerían Parry et al, (1992: 122) diferentes

explicaciones y mecanismos podrían aplicarse a distintos casos individuales.

Los autores que se han centrado en la relación entre empleo e implicación política entre

los jóvenes han llegado a conclusiones divergentes. Por ejemplo, algunos han encontrado que

los jóvenes desempleados son más proclives a participar en acciones violentas e ilegales, están

menos implicados en grupos organizados, tienden más a la apatía y la resignación, están menos

satisfechos con el funcionamiento de la democracia, menos interesados en política y hablan

menos de política (para una revisión ver Lorenzini y Gaugni, 2012: 335; Bassoli y Monticelli,

2011: a; Bay y Blekesaune, 2002). Sin embargo, otros autores han encontrado que los jóvenes

101

desempleados eran bastante similares a los desempleados en términos de su participación

política, institucional o no, a través de protestas o vía capital social (Lorenzini and Giugni,

2012; Lorenzini 2012)27.

Como decíamos, cabe pensar que la crisis económica ha alterado las actitudes y

comportamientos políticos de los ciudadanos más jóvenes, pero la dirección de estos cambios

no está clara. Hay diferentes escenarios posibles con diferentes implicaciones cada uno. Bien

podríamos encontrar que los jóvenes y/o empleados están volviéndose más desafectos

políticamente en comparación con el resto de la sociedad, desarrollando actitudes como

desconfianza, insatisfacción con la democracia, y aumentando su apatía en participar en política.

Si este fuera el caso, esta generación podría no sólo estar excluida del mercado de trabajo a

causa de la crisis económica, sino trasladar esa exclusión al ámbito político. Una consecuencia

de esta realidad podría ser que las decisiones políticas que se tomen en los próximos años, y que

tendrán un impacto crucial en su futuro, se van a tomar sin que participen o influyan en ellas.

Otro escenario posible es que los jóvenes se estén convirtiendo en ciudadanos especialmente

críticos dadas su edad, nivel de educación y situación laboral. En este caso, los jóvenes estarían

más implicados políticamente que anteriores generaciones. Tendrían, por tanto, actitudes

políticas que serían críticas hacia la política pero participarían en ella. En este caso, se espera un

aumento de la protesta de los jóvenes en tanto que los efectos de la crisis económica

permanezcan y continúen afectando a este grupo en particular. Un último escenario es aquél en

el que no haya diferencias entre los jóvenes y/o los desempleados y el resto de la población, y

que los cambios están afectando a todos los ciudadanos de forma similar.

Los cambios en las actitudes y la participación políticas en el contexto de la crisis

económica.

Para explorar el impacto de la crisis económica necesitamos un estudio longitudinal.

Hemos seleccionado cuatro encuestas que son representativas de la población española teniendo

en cuenta el periodo en el que fueron realizadas y la disponibilidad de los indicadores para

diferentes actitudes y comportamientos28. Los datos más recientes disponibles son un barómetro

de octubre de 2011 y el estudio panel pre y post electoral que se hicieron con motivo de las

27 Algunos autores se han centrado también en el impacto de la precariedad laboral, mostrando que los

jóvenes con trabajos precarios pueden llegar a ser más activos políticamente que los empleados y los

desempleados, más interesados por la política, satisfechos y con mayor confianza institucional (Bassoli y

Monticelli, 2011: 29). 28 Todas las encuestas fueron realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Los estudios son:

CIS-2450, CIS-2736, CIS-2914 y CIS-2915/2920. Los datos y el resto de documentación está disponible

online en http://www.cis.es.

102

Elecciones Generales de 201129. Comparamos los resultados de 2011 con los de un estudio

realizado en octubre de 2007, previo al comienzo de la crisis financiera. Además, para controlar

la posibilidad de cambios excepcionales en 2007, y como un test que permita aumentar la

confianza en nuestras conclusiones, incluimos en los análisis una encuesta anterior, de marzo de

2002.

En cuanto a los indicadores que medimos, estos cubren diferentes dimensiones de la

cultura política de un país. En concreto, examinamos los cambios que ocurren en las siguientes

actitudes políticas: confianza política (medida por la actitud de confianza hacia los partidos

políticos), interés por la política, satisfacción con el funcionamiento de la democracia, y la

identificación partidista. Los dos primeros, confianza institucional e interés por la política, son

parte de un grupo de actitudes que han sido identificadas por compartir características comunes

(Montero, Gunther y Torcal, 1997). Aunque lo interesante será comparar y enfrentar ambas, ya

que han seguido tendencias distintas a lo largo de los últimos años. La satisfacción con la

democracia es un indicador diferente de los anteriores, más relacionada con el contexto político,

más oscilante que la confianza política, el interés por la política o la identificación partidista.

También hemos seleccionado dos formas de participación política no institucional que han sido

utilizadas frecuentemente por los ciudadanos en los últimos años: participación en

manifestaciones y firma de peticiones. Por último, analizaremos también la participación

electoral para comprobar si diferentes formas de participación están canalizando las

desigualdades sociales por vías diferentes.

En un primer momento, compararemos las actitudes y comportamientos de los

ciudadanos españoles de la misma edad antes y después de la crisis económica. De esta forma

podemos controlar por el periodo del ciclo vital en el que se encuentran los ciudadanos. Por

ejemplo, si en 2007 (antes de la crisis) los ciudadanos que tenían 25 años estaban tan satisfechos

con la democracia como lo estaban los ciudadanos de mayor edad, pero en 2011 (durante la

crisis) los ciudadanos de 25 años están menos satisfechos que el resto, podremos concluir que la

crisis está teniendo un impacto en sus actitudes políticas30. Antes de analizar los gráficos, es

importante tener en cuenta que las encuestas analizadas preguntan a ciudadanos de 18 años en

29 Estos dos estudios de 2011 serán usados alternativamente de acuerdo con los datos disponibles. 30 El hecho de que la participación política sea diferente en las distintas etapas del ciclo vital y que se

retrase la transición a la vida adulta implica una demora en el inicio de los jóvenes en actividades

políticas (véase García-Albacete, próxima publicación). Hay que tener especial cuando se comprara a

jóvenes de distinta edad porque una pequeña diferencia de años no significa necesariamente que se

encuentren en una situación diferente de su ciclo vital. Por ejemplo, porque los roles adultos se hayan

retrasado en algunos años, por ejemplo, entre 2002 y 2007 y tener 25 años en 2002 suponga lo mismo que

tener 27 en 2007. No obstante, en este trabajo comparamos ciudadanos de la misma edad. Esta decisión

está guiada por el pequeño intervalo de tiempo que estamos analizando (menos de 10 años) y porque uno

de nuestros principales centros de interés (el desempleo) está directamente relacionado con la transición a

la vida adulta. Así, usando diferentes edades para comparar la misma etapa del ciclo vital podríamos confundir los efectos de la crisis económica y el desempleo y sus repercusiones en el ciclo vital.

103

adelante por lo que el grupo más afectado por el crecimiento del desempleo (de 15 a 19 años) no

está plenamente representado en los análisis.

Los gráficos 3.3 a 3.8 ilustran la relación bivariada entre edad y las actitudes y

comportamientos políticos a los que nos referimos con antelación31. Vemos cómo en 2011, en

comparación con el periodo anterior a la crisis (2002 y 2007), todos los ciudadanos ―con

independencia de que sean jóvenes― están menos satisfechos con el funcionamiento de la

democracia, desconfían más en los partidos políticos que antes de la crisis, han asistido más a

manifestaciones y firmado más peticiones (ver gráficos 3.3 a 3.8). También y contrariamente a

lo que esperábamos, observamos cómo el interés por la política aumenta en todos los tramos de

edad. Hay, entonces, señales de que ciertas actitudes como la desconfianza en instituciones

políticas y la indiferencia, que aún consideramos parte del mismo síndrome de desafección

política, están siguiendo diferentes caminos a día de hoy. De media, no hay claras diferencias si

atendemos a la participación electoral (ver gráfico 3.9).

Estos gráficos también muestran que ―con excepción del interés por la política― los

cambios observados en 2011 son especialmente intensos entre los jóvenes. Aunque no

detectamos nada particular entre los más jóvenes, sí que existen cambios interesantes en el

grupo de jóvenes que tienen entre 25 y 35 años, aproximadamente. Así las cosas, estos

resultados no van a favor de la hipótesis según la cual las transformaciones sociales tienen un

impacto más fuerte en aquellos ciudadanos con menor experiencia política32. Por el contrario,

los resultados descriptivos iniciales podrían indicar la importancia del momento concreto del

ciclo vital en el que se encuentran los ciudadanos.

El hecho de que los cambios sean más intensos entre el grupo de 25 a 35 años

aproximadamente podría estar relacionado con sus condiciones económicas, porque estén en

una etapa determinada de su vida con más responsabilidades, como tener a cargo hijos.

Analizaremos entonces cómo se relaciona la situación laboral con las actitudes y

comportamientos políticos para conocer si los desempleados después de la crisis están sufriendo

cambios actitudinales y en comportamientos en mayor medida que empleados. Para esta

exploración, compararemos las actitudes y comportamientos de todos los encuestados en cinco

situaciones laborales: empleados, jubilados, desempleados, estudiantes y amos de casa.

31 Se usan regresiones locales polinómicas ponderadas (lowess) para explorar las tendencias en las

actitudes y comportamientos políticos a través de la edad sin imponer una forma funcional a los datos. 32 En el gráfico 7 podemos ver que si atendemos a la participación en manifestaciones, la edad media de

los más implicados es más baja que cuando analizamos quiénes firman peticiones, u otras actitudes

políticas.

104

Gráfico 3.3. Satisfacción con el funcionamiento de la democracia a través de la edad y en

el tiempo (2007 y 2011).

4.5

5

5.5

6

LOW

ESS

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sfac

tio

n w

ith

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ocr

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20 40 60 80 100

Age

2007

2011

Gráfico 3.4. Confianza en los partidos políticos a través de la edad y en el tiempo (2002-

2011).

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

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art

ies

20 40 60 80 100

age

2002

2007

2011

105

Gráfico 3.5. Interés por la política a través de la edad y en el tiempo (2002 y 2007).

.2

.4

.6

.8

1

1.2

Inte

rest

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20 40 60 80 100

age

2002

2007

2011

Gráfico 3.6. Identificación partidista a través de la edad y en el tiempo (2007 y 2011).

.4

.45

.5

.55

.6

Par

ty id

enti

fica

tio

n

20 40 60 80 100

Age

2007

2011

106

Gráfico 3.7. Firma de peticiones a través de la edad y en el tiempo (2002-2011).

-.1

0

.1

.2

.3

.4

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20 40 60 80 100

age

2002

2007

2011

Gráfico 3.8. Participación en manifestaciones a través de la edad y en el tiempo (2002-

2011).

-.1

0

.1

.2

.3

Dem

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stra

tio

ns

20 40 60 80 100

age

2002

2007

2011

107

Gráfico 3.9. Participación electoral a través de la edad y en el tiempo (2002-2011).

.2

.4

.6

.8

1

Turn

ou

t

20 40 60 80 100

Age

2002

2007

2011

Los gráficos 3.10 a 3.15 presentan los niveles medios de actitudes y comportamientos

políticos en relación con la situación laboral de los encuestados. La creciente insatisfacción con

la democracia y el aumento de la desconfianza en los partidos políticos en 2011, en

comparación con la situación anterior a la de la crisis económica, se observa en empleados y

desempleados. No es este el caso, sin embargo, cuando nos referimos a los cambios en el interés

por la política. Los desempleados confían menos en los partidos políticos y están menos

satisfechos con el funcionamiento de la democracia que los encuestados que mantienen su

puesto de trabajo. Y, lo que es más importante, esta diferencia es significativa en 2011 mientras

que no lo es durante los años previos a la crisis (gráficos 3.11 y 3.12). Los empleados estaban ya

más interesados por la política antes de la crisis que los desempleados. Pero la diferencia se ha

hecho mayor, teniendo en cuenta que los desempleados están más interesados por la política en

2011 que antes de la crisis, mientras que no se observan cambios en los desempleados (gráfico

3.12). En lo que se refiere a la participación política más allá de las elecciones, las diferencias

entre los dos grupos (empleados y desempleados) han crecido. Los parados participan menos en

manifestaciones firman menos peticiones que los empleados (gráficos 3.14 y 3.15). Estas

diferencias no parecen existir en su participación electoral (gráfico 3.16).

Podemos ya lanzar algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, contrariamente

a lo que esperaríamos de acuerdo con los estudios sobre socialización política, las actitudes y

comportamientos de la cohorte más joven no son los más afectados por la crisis, sino que los

más afectados son los jóvenes pertenecientes a la cohorte siguiente. Son los jóvenes que tienen

entre 25 y 35 años, quienes han cambiado en mayor medida sus actitudes, con una mayor

desconfianza en las instituciones y una mayor implicación política. En segundo lugar, los datos

señalan que la crisis económica ha acrecentado las desigualdades políticas entre los más

108

perjudicados por la crisis financiera (los jóvenes y los desempleados) y el resto de la sociedad.

En algunos casos estas desigualdades existían ya, en otros casos la crisis las ha agravado

creando nuevas desigualdades políticas (por ejemplo, los desempleados están ahora más

insatisfechos y desconfían más que los empleados). En tercer lugar, los ciudadanos

desempleados con mayores niveles de insatisfacción con la democracia y los partidos políticos

no canalizan su situación a través de un aumento de la participación en protestas como lo hacen

los ciudadanos con empleo. Estos dos últimos hallazgos indican que los recursos ligados a la

situación laboral están siendo relevantes para explicar la participación política en

manifestaciones y la firma de peticiones. En otras palabras, las desigualdades sociales se

proyectan sobre la política, transformándose en desigualdades políticas cuando los ciudadanos

expresan sus preferencias a través de la protesta (Barreiro, 2000).

Gráfico 3.10. Satisfacción con la democracia y empleo (2007 y 2011).

109

Gráfico 3.11. Confianza en los partidos políticos y empleo (2002-2011).

Gráfico 3.12. Interés por la política y empleo (2002-2011).

110

Gráfico 3.13. Identificación partidista y empleo (2007 y 2011).

Gráfico 3.14. Participación en manifestaciones y empleo (2002-2011).

Gráfico 3.15. Firma de peticiones y empleo (2002-2011).

111

Gráfico 3.16. Participación en elecciones y empleo (2002-2011).

Los jóvenes y el desempleo.

En este punto nuestra estrategia empírica asume que tener un trabajo o no tenerlo tiene

el mismo efecto para todos los ciudadanos independientemente de otras características

relevantes como la educación. Por ejemplo, las cohortes más jóvenes tienen niveles más altos de

educación, algo que puede chocar con nuestras conclusiones relacionadas con los jóvenes y el

desempleo. Una vez identificados los cambios en actitudes y comportamientos, planteamos un

test más sistemático para analizar el impacto de la crisis económica sobre dos de nuestros

grupos sociales (jóvenes y desempleados). A continuación, presentaremos modelos

multivariados para cada uno de los siete indicadores descritos con anterioridad. Los modelos

incluyen dos variables de control: género (tradicionalmente, las mujeres participan menos en

política) y educación33 (mayores niveles de educación están relacionados con un aumento en la

participación política). También introduciremos en los modelos las principales variables

independientes en las que estamos interesados: la crisis económica (medida a través de los años

elegidos, siendo 2011 el que se identifica plenamente con la crisis34), edad35 y situación

33 El nivel educativo está medido como el máximo nivel alcanzado por el encuestado (‘educación

primaria o menos’, ‘educación secundaria y formación vocacional’ y ‘estudios universitarios’. 34 El año 2002 es el elegido como categoría de referencia. 35 Para examinar si los jóvenes han estado particularmente afectados por la crisis, y dada las relaciones

curvas observadas con anterioridad, hemos creado cinco grupos diferentes de edad. Estos grupos

comprenden los siguientes tramos: 18-25, 26-35, 34-45, 46-55, 56-65, 66-75 años. Además, al analizar la

relación entre situación laboral y la edad, y dado que el desempleo es prácticamente inexistente en el

último grupo de edad porque estos ciudadanos están ya jubilados, incluirles supondría introducir celdas

vacías en los análisis. Por este motivo hemos prescindido y eliminado de los análisis al grupo de mayor

edad (66-75).

112

laboral36. Usamos modelos de regresión lineal para tres actitudes políticas y regresiones

logísticas para las dos variables que miden la participación política y la identificación partidista.

Los resultados de los modelos están incluidos en las tablas A1 y A2 que aparecen en el anexo.

Al estar interesados en conocer si los jóvenes y los desempleados están sintiendo la

crisis en mayor medida, replicamos los modelos descritos y añadimos un término de interacción.

Para examinar si la crisis tuvo particular efecto sobre los jóvenes, trataremos de comprobar si el

año interacciona con la edad. Esperamos que los jóvenes estén más afectados en sus actitudes y

comportamientos políticos en el 2011 que el resto de la sociedad, dado que son uno de los

grupos más afectados por la crisis económica. Los resultados se muestran en la segunda

columna de cada variable en las tablas A1 y A2 del anexo. Usamos la misma estrategia para

explorar el efecto de la crisis sobre los encuestados en situación de desempleo. Introducimos un

término de interacción entre el desempleo (en comparación con otras situaciones ocupacionales)

y el año (ver la tercera columna de cada variable en las tablas A1 y A2 en el anexo), esperando

que los desempleados estén más afectados por la crisis dada su situación económica, mayor que

los ciudadanos que mantienen su empleo. Una vez introducidos términos multiplicativos (las

interacciones), su nivel de significación no aporta información relevante para entender las

relaciones que se producen (Brambor, Clark y Golder, 2006). Para cada modelo calcularemos

los efectos marginales y mostraremos de forma visual los resultados en los gráficos.

Centrémonos pues en los cambios de las actitudes políticas en los distintos grupos.

Como mostrábamos más atrás, la satisfacción con la democracia y la confianza en los partidos

políticos ha descendido en términos generales, mientras que los niveles de interés por la política

han aumentado. Calculando los efectos marginales para cada grupo de edad en el tiempo se

confirman estos resultados, solamente con ligeras diferencias para grupos de edad específicos.

Como ejemplo, el gráfico 17 ilustra los valores predichos para la confianza en partidos políticos

en cada grupo de edad en 2002, 2007 y 2011. Mientras nuestras expectativas iniciales eran que

los efectos serían más fuertes en el grupo más joven, los resultados del modelo y los gráficos

nos permiten observar que nuestra hipótesis no tiene soporte en nuestros análisis. Además, el

test de contrates parciales muestra que en 2011 todos los grupos de edad confían en los partidos

políticos significativamente menos que en 2002 o en 2007, excepto el grupo de los más jóvenes

(18-25 años), para los que no se observan diferencias. Los resultados muestran, además

36 Por la misma razón que describimos en la nota anterior, para analizar cambios producidos en las

diferentes situaciones laborales, incluimos una versión del indicador presentado anteriormente de

situación laboral con sólo dos categorías: ‘desempleados’ y ‘otros’.

113

―confirmándose en los contrastes de efectos marginales―, que el efecto del año es más fuerte

para el grupo de 36 a 45 años37.

Los niveles de satisfacción con la democracia han descendido de forma parecida en

todos los grupos de edad. La excepción en este caso son los ciudadanos que se ubican en el

grupo de 56 a 65 años (ver gráfico A1 en el anexo). Además, en lo que se refiere a la

satisfacción con la democracia, los cambios que observamos antes y después de la crisis son

más pronunciados para aquellos ciudadanos que tienen entre 26 y 35 años. En cuanto al interés

por la política, éste ha aumentado significativamente desde 2007 a 2011 para todos los grupos

de edad con excepción del que forman los ciudadanos que tienen entre 46 y los 55 años (ver

gráfico A2 en el anexo). Finalmente, los resultados que se refieren a la identificación partidista

repiten las relaciones descritas para la satisfacción con la democracia. La probabilidad de

sentirse cercano a un partido político ha descendido para todos los grupos de edad entre 2007 y

2011, aunque las diferencias en el tiempo no son estadísticamente significativas para el grupo de

los más jóvenes y para el grupo de mayor edad (ver gráfico A3 en el anexo).

Los cambios en la participación política en los distintos tramos de edad muestran la

misma pauta en la asistencia a manifestaciones y en la firma de peticiones. El gráfico 18 ilustra

cómo han aumentado las probabilidades de participar para todos los grupos entre 2002 y 2011.

Las diferentes son estadísticamente significativas para todas las cohortes y el contraste muestra

que el cambio ha sido mayor para el grupo de 26 a 35 años de edad. El mismo resultado se

observa para la firma de peticiones (ver gráfico A4 en el anexo)38. En relación con la

participación electoral, los resultados apuntan al mismo grupo de edad (26 a 35) como el único

en el que la probabilidad de votar ha aumentado de 2007 a 2011 (ver figura A5 en el anexo).

Aunque pueda parecer paradójico que los jóvenes voten más en un contexto de crisis

económica que les afecta especialmente, deberíamos tener en cuenta que son también quienes

han tomado parte de forma más decisiva en la protesta del 15M. Los jóvenes ejercieron su

derecho al voto en las elecciones de noviembre de 2011 de forma similar a anteriores ocasiones.

Los cambios de la crisis y especialmente del 15M tuvieron mayor efecto en que cambiaran la

dirección de su voto hacia partidos pequeños, que en un descenso de su participación (Anduiza,

Martín y Mateos, de próxima publicación).

Una vez analizados los cambios que se aprecian atendiendo a la edad, pararemos a

continuación a analizar los cambios que se producen en relación con la situación laboral en la

37 Como un test para asegurarnos de que nuestros análisis son robustos, hemos repetido el mismo análisis

para confianza en el parlamento comparando 2002 y 2011 ―únicos datos disponibles― y encontramos

exactamente la misma pauta. Los datos están a disposición del lector consultando a los autores. 38 Por razones de espacio sólo mostramos algunas representaciones gráficas de los resultados. Para más

detalles, los resultados están disponibles si consultan con los autores. El resto de gráficos pueden

encontrarse en el anexo.

114

que están los ciudadanos. Para ello compararemos a los desempleados con los que se encuentran

en otras situaciones. En general, los resultados de nuestros análisis apuntan en la misma

dirección que se ha comentado ya: el incremento de las desigualdades entre los desempleados y

el resto de la población a causa de la crisis económica. Por ejemplo, mientras que no había

diferencias entre los desempleados y los ciudadanos que se encuentran en otras situaciones en

2002 o 2007, en 2011 los desempleados confían significativamente menos en los partidos

políticos (ver gráfico 19). El interés por la política ha aumentado significativamente para ambos

grupos, aunque el incremento es mayor para los ciudadanos que no están desempleados. Si

atendemos a la satisfacción con la democracia, no se observan diferencias según la situación

laboral (ver gráfico A5 en el anexo).

Gráfico 3.17. Efectos marginales para la confianza en partidos políticos en distintos

tramos de edad (2002-2011).

3

3.5

4

4.5

Lin

ear

Pre

dic

tio

n. T

rust

in p

olit

ical

par

ties

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age groups

2002

2007

2011

115

Gráfico 3.18. Efectos marginales para la probabilidad de participar en manifestaciones a

través de la edad (2002-2011).

.1

.15

.2

.25

.3

.35

Pr(

Par

tici

pat

ion

in d

emo

nst

rati

on

s)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age group

2002

2007

2011

Una menor confianza de los desempleados en los partidos políticos, sin embargo, no

implica una mayor participación de este grupo en actividades de protesta. La participación en

firmar peticiones y la asistencia a manifestaciones ha aumentado de forma similar para todos los

encuestados con independencia de si están empleados o no. Esta pauta puede observarse en el

gráfico 20. No existen diferencias significativas entre los dos grupos (desempleados y el resto

de ciudadanos) en 2007 o 2011 en la participación en manifestaciones (ver también gráfico A9

en el anexo). No obstante, la desigualdad ha afectado a la participación electoral. Mientras que

las probabilidades de votar han aumentado desde 2007 a 2011 para los que no están en paro, se

ha mantenido estable para los encuestados que están en situación de desempleo (ver gráfico A10

en el anexo).

116

Gráfico 3.19. Efectos marginales para la confianza en los partidos políticos en distintas

situaciones laborales (2002-2011).

2.8

3

3.2

3.4

3.6

Lin

ear

Pre

dic

tio

n. T

rust

in p

olit

ical

par

ties

2002 2007 2011a

Year

Other situations

Unemployed

Gráfico 3.20. Efectos marginales para participar en manifestaciones en distintas

situaciones laborales (2002-2011).

.1

.15

.2

.25

.3

.35

Pr(

Par

tici

pat

ion

in d

emo

nst

rati

on

s)

2002 2007 2011a

Year

Other situations

Unemployed

Anteriormente hemos identificado un incremento en la participación política que afecta

de manera particular a los ciudadanos que tienen entre 26 y 35 años. Nuestras expectativas se

basaban en que el grupo más joven relejaría más los cambios, pero los análisis no apoyan esta

hipótesis. Más bien al contrario, algunas actitudes como la confianza y la cercanía a los partidos

117

político ha descendido para todos los grupos excepto para los más jóvenes (de 18 a 25 años de

edad). En relación al desempleo, hemos mostrado que hay una tendencia hacia el aumento de las

desigualdades políticas.

Lo que aún no conocemos es si el desempleo ha tenido un impacto más fuerte en

algunos grupos específicos de la población. Los jóvenes y los adultos están en diferentes etapas

de su vida y podríamos esperar que el impacto del desempleo sea distinto para ambos. Alguno

de nuestros análisis más simples que presentamos anteriormente ya apuntaban en esta dirección.

Hemos observado cambios más grandes a través de los años en los ciudadanos que tienen en

torno a 30 años, y especulábamos que el mayor impacto de la crisis en este grupo podría deberse

al momento que atraviesan de su ciclo vital. El desempleo podría tener consecuencias más

dramáticas o que estos ciudadanos sean más conscientes de la situación política, dado que están

en una edad en la que probablemente estén formando una familia, tengan mayores obligaciones

(mantenimiento de una casa, pago de hipoteca…) y, también, hijos a su cargo. Las

responsabilidades que conlleva la madurez requieren de mayor estabilidad económica. Además,

los roles adultos refuerzan el conocimiento y la conciencia que hace que la participación tenga

significado (Strate, Parrish, Elder and Ford, 1989; Rosenstone y Hansen, 1993). En suma, el

desempleo ha afectado a los jóvenes sin precedentes, por lo que ser joven y desempleado podría

tener un impacto en el desarrollo de actitudes y de la participación que no se han visto

anteriormente. Si este es el caso, deberíamos observar diferencias entre los jóvenes que están

desempleados en 2011 que no se observan en años anteriores.

Para comprobar esta posibilidad, añadimos una interacción triple (año, desempleo y

grupo de edad) a los modelos presentados anteriormente. En esta ocasión, examinamos si el

desempleo tiene mayores consecuencias en 2011 que en 2007 para grupos de edad específicos39.

En general, no encontramos diferencias en las actitudes o comportamientos políticos entre los

desempleados que no hayan sido observadas ya en 2002 o 2007, pero con algunas excepciones

que consideramos relevantes a la luz de nuestras expectativas. Los desempleados tienen menos

confianza en los partidos políticos, menos probabilidades de sentirse cercanos a un partido

político, menos probabilidad de votar y firmar peticiones en el grupo más joven (de 18 a 25

años). El gráfico 21 muestra estos resultados para la confianza en los partidos políticos. Muestra

los efectos marginales de los desempleados, en comparación con los encuestados que se

encuentran en otras situaciones laborales, para los tres años que estamos analizando. El

resultado es una diferencia actitudinal entre desempleados y no desempleados para cada grupo

de edad, aunque la diferencia entre los desempleados y el resto de la población es sólo

estadísticamente significativa en 2011 y para el grupo más joven (18 a 25 años). Esta nueva

39 Por razones de espacio, sólo presentamos algunos gráficos. Los resultados más detallados están

disponibles. Consultar con los autores.

118

brecha que sólo afecta a los desempleados más jóvenes es también observable si prestamos

atención a la identificación partidista en el gráfico 22. Aunque este gap es observable para todos

los grupos de edad, los contrastes vuelven a indicar que la significación estadística sólo se

produce para el grupo más joven y sólo en 2011. El mismo resultado puede observarse en la

probabilidad de votar y firmar peticiones.

Gráfico 3.21. Efectos marginales de la confianza en partidos políticos en distintos grupos

de edad y en el tiempo (2002-2011).

2.5

3

3.5

4

4.5

2.5

3

3.5

4

4.5

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

2002 2007

2011a

Other situations Unemployed

Lin

ear

Pre

dic

tio

n. T

rust

in p

olit

ical

par

tie

s

Age groups

119

Gráfico3.22. Efectos marginales de identificación partidista en distintos grupos de edad y

en el tiempo (2007 y 2011).

.2

.4

.6

.8

18-25 26-35 36-45 46-55 56-6518-25 26-35 36-45 46-55 56-65

2007 2011b

Other situations Unemployed

Pr(

Par

ty id

enti

fica

tio

n)

Age groups

Conclusiones

En resumen, como esperábamos, jóvenes y desempleados están cambiando sus actitudes

políticas como resultado de la crisis económica, en la medida que esta situación les hace

diferentes al resto de la sociedad. En otras palabras, la crisis hace que sean más desiguales en

términos sociales y estas desigualdades se convierten en desigualdades políticas.

Estos resultados no apoyan la idea de que los cambios se producen más fácilmente

durante los años en los que los ciudadanos están formándose. Hemos visto que es en el grupo

entre los 25 y 35 años aproximadamente en el que se producen más cambios en las actitudes

políticas. Esto podría indicar que el momento del ciclo vital en el que se encuentran los

ciudadanos está jugando un rol crucial. Los roles adultos permiten conocer y ser conscientes, de

forma que la participación política tenga un significado propio (Strate, Parrisch, Elder y Ford,

1989; Rosenstone y Hansen, 1993). No obstante, es posible pensar en otros factores y

explicaciones que estén en juego. El impacto de la crisis podría tener consecuencias diferentes

para aquellos que ya han empezado su carrera profesional y están formando sus familias. Un

argumento de este tipo defendería que los costes de perder el empleo en estas circunstancias

tienen consecuencias más dramáticas para la vida de las personas. Podríamos especular que los

ciudadanos que se encuentran entre los 25 y los 35 años aproximadamente tenían ya experiencia

en el sistema político, y que esto les permitía participar más en política y reaccionar a la

situación, mientras que los más jóvenes tienen más dificultades para hacerlo.

120

En tercer lugar, hemos visto que las actitudes y comportamientos políticos no están

cambiando en la misma dirección a nivel agregado. Cuando miramos los resultados para los

distintos grupos que analizamos, jóvenes y desempleados, vemos que no son necesariamente las

mismas personas las que están experimentando los cambios. Si la implicación política está

creciendo entre los se encuentran en mejores circunstancias económicas y los más afectados por

la crisis se muestran apáticos y desinteresados, la consecuencia es el incremento de las

desigualdades políticas. Este parece ser el caso para el grupo de los más jóvenes y los

desempleados en nuestro estudio. Detectamos un nuevo gap en los jóvenes de acuerdo con su

situación laboral, algo que no había sido visto anteriormente; al menos, no en la misma medida.

Los jóvenes desempleados muestran menores niveles de confianza y menor apoyo a los partidos

políticos y estas actitudes no se trasladan en mayores niveles de participación política, ya que

tienen menos probabilidades de votar o firmar peticiones.

Dentro de su naturaleza exploratoria, este trabajo ha permitido una exploración de los

cambios en actitudes y comportamientos políticos de los jóvenes y de los desempleados antes y

durante la crisis económica, y ha encontrado indicadores de nuevas o crecientes desigualdades

políticas. Esto es un primer paso importante que nos da pie a hacernos nuevas preguntas que no

han podido ser respondidas en este trabajo: ¿por qué la crisis económica ha afectado de manera

más fuerte a los jóvenes pero no a los más jóvenes? O, ¿es el desempleo una nueva brecha entre

los más jóvenes simplemente por el mayor número de desempleados que existen en este grupo?

121

Anexo.

Tabla A3.1. Regresión lineal para: confianza en partidos políticos, satisfacción con la democracia e interés por la política. Modelos lineales.

Confianza en los partidos políticos Satisfacción con la democracia Interés por la política

Mujer 0.134* 0.134* 0.132* 0.0499 0.0501 0.0504 -0.206*** -0.206*** -0.205***

(0.0523) (0.0523) (0.0523) (0.0501) (0.0501) (0.0502) (0.0157) (0.0157) (0.0157)

Educación 0.272*** 0.277*** 0.270*** 0.122*** 0.120*** 0.122*** 0.397*** 0.398*** 0.398***

(0.0377) (0.0378) (0.0378) (0.0331) (0.0331) (0.0332) (0.0110) (0.0110) (0.0110)

Desempleado -0.285*** -0.288*** -0.0183 -0.211** -0.211** -0.256 -0.0873*** -0.0868*** -0.152**

(0.0755) (0.0754) (0.194) (0.0662) (0.0661) (0.275) (0.0215) (0.0215) (0.0521)

Grupos de edad (ref: 18-25)

26-35 -0.110 -0.0222 -0.107 0.00564 -0.118 0.00522 0.0728** 0.0893*** 0.0713**

(0.0788) (0.0897) (0.0788) (0.0797) (0.103) (0.0798) (0.0245) (0.0264) (0.0245)

36-45 -0.0781 0.108 -0.0753 0.162* -0.0885 0.162* 0.149*** 0.185*** 0.148***

(0.0804) (0.122) (0.0804) (0.0796) (0.154) (0.0797) (0.0246) (0.0328) (0.0247)

46-55 0.198* 0.480** 0.201* 0.155 -0.247 0.155 0.242*** 0.299*** 0.241***

(0.0911) (0.166) (0.0911) (0.0886) (0.229) (0.0887) (0.0271) (0.0441) (0.0271)

56-65 0.312** 0.688** 0.313** 0.234* -0.314 0.234* 0.254*** 0.332*** 0.254***

122

(0.0988) (0.210) (0.0988) (0.0962) (0.303) (0.0962) (0.0292) (0.0553) (0.0292)

Año (ref: 2002)

2007 0.0206 0.168 0.0363 . . . 0.193*** 0.217*** 0.190***

(0.0615) (0.0951) (0.0624) . . . (0.0211) (0.0256) (0.0212)

2011 -0.439*** -0.130 -0.389*** -0.539*** -0.763*** -0.543*** 0.286*** 0.354*** 0.275***

(0.0694) (0.167) (0.0771) (0.0535) (0.129) (0.0575) (0.0191) (0.0458) (0.0208)

Edad * año -0.0523* 0.0414 -0.00765

(0.0257) (0.0218) (0.00466)

Desempleado * año -0.131 0.0127 0.0224

(0.0879) (0.0760) (0.0163)

Constante 3.084*** 3.053*** 3.072*** 5.154*** 5.144*** 5.156*** 0.126*** 0.111** 0.130***

(0.110) (0.111) (0.110) (0.0946) (0.0948) (0.0952) (0.0332) (0.0344) (0.0334)

N 8370 8370 8370 7912 7912 7912 11460 11460 11460

R2 0.019 0.020 0.019 0.019 0.019 0.019 0.128 0.128 0.128

Errores típicos entre paréntesis. * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001

123

Tabla A3.2. Regresiones logísticas para participación en manifestaciones firmar peticiones y participación electoral.

Participar en manifestaciones Firmar peticiones Participación electoral

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Mujer -0.245*** -0.246*** -0.245*** 0.0585 0.0584 0.0599 0.0661 0.0645 0.0647

(0.0603) (0.0603) (0.0604) (0.0506) (0.0506) (0.0506) (0.0483) (0.0484) (0.0483)

Educación 0.693*** 0.692*** 0.693*** 0.604*** 0.602*** 0.605*** 0.364*** 0.381*** 0.363***

(0.0437) (0.0437) (0.0437) (0.0366) (0.0367) (0.0367) (0.0358) (0.0361) (0.0359)

Desempleado -0.234* -0.231* -0.214 -0.150* -0.149* -0.342 -0.236*** -0.225*** -0.141

(0.0910) (0.0908) (0.226) (0.0754) (0.0753) (0.189) (0.0617) (0.0617) (0.144)

Grupos de edad (ref: 18-25)

26-35 -0.330*** -0.394*** -0.329*** 0.00567 -0.0738 0.00397 0.425*** 0.639*** 0.427***

(0.0863) (0.0993) (0.0863) (0.0746) (0.0864) (0.0746) (0.0666) (0.0747) (0.0666)

36-45 -0.170 -0.304* -0.170 0.188* 0.0235 0.187* 0.948*** 1.403*** 0.951***

(0.0878) (0.135) (0.0878) (0.0757) (0.118) (0.0757) (0.0714) (0.101) (0.0715)

46-55 -0.164 -0.365* -0.164 0.171* -0.0765 0.169 1.382*** 2.108*** 1.385***

(0.102) (0.186) (0.102) (0.0868) (0.162) (0.0868) (0.0858) (0.144) (0.0859)

56-65 -0.349** -0.620* -0.349** -0.348*** -0.682** -0.348*** 1.696*** 2.678*** 1.698***

124

(0.117) (0.241) (0.117) (0.102) (0.212) (0.102) (0.0999) (0.189) (0.0999)

Año (ref: 2002)

2007 -0.124 -0.225* -0.123 -0.0249 -0.153 -0.0362 0.373*** 0.629*** 0.378***

(0.0696) (0.104) (0.0705) (0.0575) (0.0911) (0.0584) (0.0646) (0.0761) (0.0649)

2011 0.922*** 0.708*** 0.925*** 0.604*** 0.330* 0.566*** 0.510*** 1.268*** 0.531***

(0.0807) (0.185) (0.0889) (0.0708) (0.167) (0.0785) (0.0594) (0.134) (0.0661)

Edad * año 0.0383 0.0478 -0.0970***

(0.0297) (0.0264) (0.0153)

Desempleado * año -0.00981 0.0990 -0.0343

(0.103) (0.0891) (0.0470)

Constante -2.634*** -2.623*** -2.635*** -2.173*** -2.158*** -2.165*** -0.311** -0.447*** -0.318**

(0.124) (0.124) (0.124) (0.106) (0.106) (0.106) (0.100) (0.103) (0.101)

N 7862 7862 7862 7957 7957 7957 12746 12746 12746

Pseudo R2

Errores típicos entre paréntesis, * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001

125

Gráfico A3.1. Efectos marginales de la satisfacción con la democracia en distintos

grupos de edad (2007 y 2011).

4.8

5

5.2

5.4

5.6

Lin

ear

Pre

dic

tion

. S

atisfa

ctio

n w

ith

de

mo

cra

cy

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age group

2007

2011b

Gráfico A3.2. Efectos marginales para el interés por la democracia en distintos grupos de

edad (2002-2011).

.6

.8

1

1.2

1.4

Lin

ear

Pre

dic

tion

. P

olit

ical in

tere

st

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age group

2002

2007

2011b

Predictive Margins

126

Gráfico A3.3. Efectos marginales para la identificación partidista en distintos grupos de

edad (2007 y 2011).

.4

.45

.5

.55

.6

Pr(

Par

ty id

enti

fica

tio

n)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age group

2007

2011b

Gráfico A3.4. Efectos marginales para firmar peticiones en distintos grupos de edad

(2002-2011).

.2

.25

.3

.35

.4

.45

Pr(

Sig

nin

g o

f pe

titio

ns)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age groups

2002

2007

2011

127

Gráfico A3.5. Efectos marginales para la participación electoral en distintos grupos de

edad (2002-2011).

.5

.6

.7

.8

.9

1

Pr(

Turn

out

in e

lect

ion

s)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Age groups

2002

2007

2011a

Gráfico A3.6. Efectos marginales para interés por la política y situación laboral (2002-

2011).

.7

.8

.9

1

1.1

1.2

Line

ar P

redi

ctio

n. In

tere

st in

pol

itics

2002 2007 2011b

Year

Other situations

Unemployed

128

Gráfico A3.7. Efectos marginales para la satisfacción con la democracia y la situación

laboral (2007 y 2011).

4.8

5

5.2

5.4

5.6

Lin

ear

Pre

dic

tio

n. S

atis

fact

ion

wit

h d

emo

crac

y

2007 2011b

Year

Other situations

Unemployed

Gráfico A3.8: Efectos marginales para la identificación partidista y el desempleo (2007 y

2011).

.45

.5

.55

Pr(P

arty

iden

tific

atio

n)

2007 2011b

Year

Other situations

Unemployed

129

Gráfico A3.9. Efectos marginales para firmar peticiones y situación laboral (2002- 2011).

.2

.25

.3

.35

.4

Pr(

Sign

ing

of

pet

itio

ns)

2002 2007 2011a

Year

Other situations

Unemployed

Gráfico A3.10: Efectos marginales para la participación electoral y el desempleo (2002-

2011).

.7

.75

.8

.85

Pr(

Ele

cto

ral t

urn

ou

t)

2002 2007 2011b

Year

Other situations

Unemployed

130

Capítulo 4: Los efectos de la crisis económica en la legitimidad del Estado

autonómico.

Introducción

La crisis por la que está atravesando España no sólo tiene una dimensión económica

sino también institucional. En los últimos años, el sentimiento de desafección y la insatisfacción

con el sistema político se han convertido en temas recurrentes entre la opinión pública. La grave

recesión económica y la ineficacia para hacerle frente parecen la principal causa –aunque no la

única- de la creciente desafección entre los ciudadanos españoles. Esta desafección se pone de

manifiesto en distintos tipos de actitudes: conforme a los datos del Eurobarómetro de 2012, por

ejemplo, el 70 por ciento de los españoles se muestra insatisfecho con el funcionamiento de la

democracia y el 90 por ciento desconfía de los partidos políticos. El modelo de organización

territorial del Estado está también entre las instituciones que han experimentado una fuerte

erosión de apoyo ciudadano. Sin embargo, las reflexiones y análisis sobre los efectos de la crisis

en las actitudes hacia el Estado autonómico parecen menos frecuentes en el debate público que

los que abordan los efectos de la crisis en otras dimensiones del descontento y la desafección.

La atención que recibe el proceso soberanista en Cataluña es una excepción; y sin embargo,

dicho proceso es sólo una de las manifestaciones del creciente desapego de los ciudadanos hacia

el Estado autonómico, según veremos después. Para cubrir esta laguna, este trabajo se centra en

la evolución de las actitudes hacia el Estado autonómico en el contexto de la crisis económica.

Como Juan J. Linz ha subrayado en múltiples ocasiones, la transición española

comprendía, en realidad, dos transiciones: la que transformó el régimen autoritario en un

sistema democrático y la que sustituyó el Estado centralista por un Estado de las Autonomías de

difícil catalogación (Linz, 1985). El éxito de la transición y de la consolidación de la

democracia dependía de que las élites reformistas del franquismo y de la oposición democrática

acordaran un modelo de descentralización que permitiera la acomodación de Cataluña y el País

Vasco en España, previniendo así tensiones secesionistas (Stepan 2001; Liñeria, 2012: 43).

Dada la intrínseca relación entre la consolidación de la democracia y el desarrollo del Estado de

las Autonomías, es posible que la desafección institucional tenga también una manifestación

desigual por territorios. Del mismo modo que constatamos que los efectos de la crisis

económica en las actitudes políticas tiene manifestaciones desiguales dependiendo de la

ocupación o de la edad, en este trabajo comprobamos que dichos efectos puedan ser también

desiguales en distintas CCAA. Para comprobar este extremo, en este trabajo no nos centramos

131

en los efectos de la crisis en las actitudes hacia la democracia en un sentido general o en

distintas instituciones del sistema político nacional; sino que analizamos su impacto en las

actitudes hacia el Estado de las autonomías cuyo objetivo es conseguir un cierto grado de

cohesión territorial entre todas ellas. A diferencia de otras instituciones derivadas del acuerdo

constitucional de 1978 que quedaron más cerradas y han permanecido, en consecuencia, más

estables durante el período democrático; los constituyentes diseñaron deliberadamente un

modelo abierto de descentralización. La consecuencia es que la organización territorial ha

quedado más sujeta que otros aspectos del diseño institucional a los vaivenes del proceso

político. Por ello, esperamos que las actitudes hacia el Estado autonómico varíen tanto en

función del contexto político como del contexto económico, esperando encontrar efectos

desiguales dependiendo de la CCAA y del momento analizado.

Para contrastar nuestras hipótesis hemos empleado los datos del Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS). Por un lado, en los siguientes apartados de este trabajo

recurriremos a las series temporales para estudiar la evolución longitudinal de distintos tipos de

actitudes hacia el modelo de organización territorial. No obstante, la mayor parte de nuestros

análisis se basan en la explotación de cinco estudios del CIS que cuentan con muestras

representativas por CCAA: Instituciones y Autonomías (I) y (II) de 1998 (ES2286) y 2002

(ES2455) respectivamente; y los barómetros autonómicos de 2005 (ES2610), de 2010 (ES2829)

y de 2012 (ES2956). Adicionalmente, por sus características específicas y por la evolución de

sus actitudes hacia el Estado autonómico, hemos centrado nuestros análisis en cinco CCAA en

particular: Andalucía, Castilla-León, Cataluña, Madrid y País Vasco.

Nuestro capítulo se estructura en cinco secciones. En el siguiente apartado

reconstruimos las distintas etapas del desarrollo autonómico, tratando de identificar el modo en

el que los factores vinculados al contexto político y los factores vinculados al contexto

económico han podido repercutir en las actitudes hacia el Estado autonómico en distintos

momentos en el tiempo. En el apartado 3 trasladamos nuestras conclusiones del apartado

anterior a un marco teórico en el que fijamos nuestras expectativas sobre el modo en el que las

identidades de grupo (nacional/regional), el recuerdo de voto y las valoraciones de la situación

económica tienen un efecto en las actitudes de apoyo al Estado autonómico, en tres momentos

en el tiempo: en 2002, con anterioridad de a la crisis económica; en 2010, comenzada ya la

crisis económica y después de un período de alta confrontación partidista en torno al eje

territorial/identitario; y en 2012, en la fase más aguda de la recesión, coincidiendo con las

políticas de austeridad y de recorte del déficit estatal y autonómico, y coincidiendo con la

aceleración del deterioro de las actitudes de apoyo al Estado autonómico. El cuarto apartado

examina la evolución longitudinal de distintos tipos de actitudes hacia el Estado autonómico; y

justifica –frente a otras opciones posibles- el empleo de la pregunta del CIS sobre preferencias

132

de organización territorial como operacionalización de la legitimidad del Estado autonómico. Es

este indicador el que seleccionamos como variable dependiente de nuestro trabajo y cuya

evolución examinamos para las diecisiete CCAA en ese mismo aparatado, lo que nos sirve para

justificar la selección de las cinco en las que hemos centrado nuestro estudio. En el quinto

apartado contrastamos nuestras hipótesis con un análisis multivariable para las cinco CCAA

seleccionadas y en los tres momentos en el tiempo. Terminamos con un apartado de

conclusiones.

El desarrollo del Estado autonómico

En los inicios de la transición, la articulación de un modelo de organización territorial

planteaba retos incluso mayores que los de la democratización pues a diferencia de ésta última,

que suscitaba amplios consensos, los españoles se mostraban profundamente divididos a finales

de los setenta con respecto a su preferencia por un modelo de organización territorial del Estado

(Del Campo et. al, 1977: 136-139; Liñeira, 2012:44). Quizás por ello, la organización territorial

del Estado fue el punto más difícil sobre el que llegar a un acuerdo durante la negociación

constitucional (Solé Tura 1985, 89-136) lo que explica que los constituyentes optaran por un

modelo de organización territorial abierto y poco definido.

Junto al objetivo ya citado de conseguir la acomodación de Cataluña y el País Vasco en

España y prevenir así tensiones secesionistas (Stepan, 2001) las élites de la transición buscaron

también, a través de la generalización de las autonomías, un objetivo democratizador que

acercara la administración y los servicios a los ciudadanos y aumentará las posibilidades de

participación política de la población (Subirats y Gallego, 2002). Adicionalmente en la

generalización autonómica, se ha querido ver también una estrategia de las elites nacionales

para rebajar las aspiraciones de autogobierno de catalanes y vascos. En todo caso, la

constitución no estableció un modelo cerrado de descentralización sino que se limitó a

establecer un marco de reglas generales para que los territorios que aspiraran a constituirse en

CCAA pudieran hacerlo, fijando para ello dos posibles vías de acceso a la autonomía y unos

determinados límites. Fueron los respectivos estatutos autonómicos de autonomía y otros

acuerdos políticos posteriores ―como los relativos a la capacidad fiscal y la financiación de las

CCAA― los que han ido dotando de contenido concreto el desarrollo del Estado autonómico

(Aja, 2003; Liñeira, 2012).

Ello puede quizás contribuir a explicar el porqué, en lo relativo a las actitudes hacia el

Estado autonómico ―tal y como veremos en el siguiente apartado― los indicadores de

legitimidad y no solo los de satisfacción, han mostrado oscilaciones mucho más marcadas,

antes y después de la actual crisis económica. En la medida en la que las mismas reglas del

133

juego parecían más vulnerables a la coyuntura política, las actitudes de los ciudadanos hacia

esas reglas han sido también más volubles.

No obstante, el grado de conflicto partidista en torno al Estado autonómico no ha sido

constante durante las tres décadas de democracias, haciéndose más intensa desde finales de la

década de los noventa y especialmente desde 2004, como veremos a continuación. Ello

probablemente explica por qué las explicaciones sobre las actitudes hacia la descentralización

en España han tendido a evolucionar desde análisis que ponían un mayor énfasis en los factores

identitarios (Linz, 1985) a enfoques que otorgan una mayor relevancia al papel de los actores

políticos ―los partidos fundamentalmente― y/o la ideología como conformador de esas

actitudes (Amat, 2013).

A este respecto se han señalado tres etapas que coinciden con avances institucionales en

el desarrollo de los niveles de descentralización (Liñeira, 2012: 51 y ss; Amat, 2013). La

primera etapa comenzaría con la redacción de los estatutos de autonomía y la celebración de las

primeras elecciones autonómicas y se cerraría con los pactos autonómicos de 1992 entre el PP y

el PSOE. Conforme las CCAA de vía lenta fueron consolidando sus competencias, éstas

demandaron homogeneizarse con las autonomías de mayor nivel competencial. Los pactos entre

el PP y el PSOE fueron el resultado de la incertidumbre que generaba un modelo de

descentralización cuya definición seguía abierta y que se resolvió con el acuerdo entre los dos

grandes partidos con el objetivo de homogeneizar los niveles competenciales de las autonomías

de vial lenta con los de aquellas que disfrutaban de un mayor nivel competencial. La misma

naturaleza de los pactos pone de manifiesto que, durante esta primera etapa, el desarrollo

autonómico estuvo menos sujeto a la confrontación política y la competición partidista de lo que

lo estaría en fases posteriores. La enorme ventaja electoral del partido del gobierno con respecto

al principal partido de la oposición; y la presencia del mismo partido en el gobierno central y en

la mayor parte de los gobiernos de las CCAA (Montero y Torcal, 1990) favorecieron que la

cuestión territorial quedara al margen de la competición entre los dos grandes partidos. En

consecuencia -y como veremos con más detalles en el siguiente apartado- las actitudes de apoyo

al Estado autonómico se fueron ampliando y consolidando desde comienzos de los noventa; y

ello peso a que todavía durante los ochenta el apoyo al Estado autonómico todavía había

mantenido todavía un margen estrecho con respecto a la opción centralista. Es este bajo nivel de

conflictividad política (en relación a las fases subsiguientes del desarrollo autonómico) lo que

quizás explique que la crisis económica que puso fin a este período no tuviera repercusiones en

la tendencia de consolidación de actitudes de apoyo al Estado autonómico, en contraste con el

efecto negativo que la actual recesión sí parece haber tenido en esas mismas actitudes.

La segunda fase del desarrollo autonómico abarcaría desde los pactos de 1992 hasta la

victoria electoral de Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004, coincidiendo con los

134

prolegómenos del acceso del PP al gobierno central y las dos legislaturas del gobierno de Aznar.

Este período está marcado por distintas tendencias. Por un lado, la victoria del PP en las

elecciones autonómicas de 1995 permitió a este partido ocupar un buen número de gobiernos

autonómicos que hasta entonces habían quedado dominados por el PSOE lo que con toda

probabilidad contribuyó a la consolidación de las actitudes de apoyo al Estado autonómico entre

el electorado del PP. Por otro, sin embargo, el desarrollo autonómico empezó a vincularse en

mayor medida a las estrategias políticas de los partidos y la confrontación política. No obstante,

todavía en esta fase, el conflicto partidista en torno a dimensión territorial quedó circunscrito a

la confrontación del PP, por un lado con los partidos nacionalistas, por otro.

La capacidad de los partidos nacionalistas de influir en el proceso de descentralización

vino dada por distintas circunstancias. En primer lugar, el aumento de la competitividad

electoral entre PP y PSOE en el nivel nacional y la necesidad de construir mayorías

parlamentarias contribuyó a aumentar la capacidad de influencia de los partidos nacionalistas en

el desarrollo del Estado autonómico.40Adicionalmente, los pactos de 1992 había concluido con

un primer ciclo de desarrollo autonómico, igualando los niveles competenciales de las CCAA.

A medio plazo esto generaría un cambio en las estrategias de los partidos nacionalistas en el

sentido de ampliar y renovar la reivindicación de autogobierno a través de modificaciones en el

marco legal del Estado de las autonomías. La renovación de esta estrategia comenzaría a

ponerse de manifiesto a finales de la década de los noventa con la declaración de Barcelona de

1998 suscrita por los tres principales partidos nacionalistas en las tres nacionalidades históricas;

y en el caso concreto específico del País Vasco con el Pacto de Estella que, a medio plazo, daría

lugar a la propuesta de reforma del Estatuto vasco conocida popularmente como el Plan

Ibarretxe. En respuesta a este cambio de estrategia de los partidos nacionalistas, durante la

segunda legislatura de Aznar el PP respondió a las iniciativas antes mencionadas con una

política expresa de movilización del nacionalismo español, lo que polarizó la cuestión territorial

e hizo imposible restablecer cualquier alianza entre el PP y sus antiguos socios nacionalistas

(Balfour y Quiroga, 2007: 193-229).

No obstante, y pese a las estrategias crecientemente divergentes de los partidos

nacionalistas, por un lado, y del PP, por otro, la tendencia de consolidación en las actitudes de

apoyo al Estado autonómico todavía no se modificó sustancialmente durante este período,

excepto en contextos concretos como en el País Vasco dónde si aumentaron las preferencias por

un mayor nivel de autonomía y, ligeramente, también por la independencia (Pérez-Nievas

40Tanto el gobierno minoritario de González en 1993 como con el primero de Aznar de 1996 los pactos de

legislatura con CiU y el PNV (suscrito sólo en 1996) se hicieron en intercambio con avances sustanciales

en el proceso de descentralización, tanto en los niveles de corresponsabilidad fiscal en 1993 y de nuevo

en 1996 (transferencia del 15 y el 30% del IRPF respectivamente); como en traspasos adicionales de

competencias, especialmente en los acuerdos de 1996.

135

2006). Pero en esta segunda fase comenzó a ponerse de manifiesto que los avances y

estancamientos en el desarrollo autonómico no respondían a cambios sustanciales en las

preferencias de los ciudadanos sino a cambios en la coyuntura política. En consonancia –como

argumentaremos con más detalle en el siguiente apartado- distintos análisis comenzaron a

revisar el papel de los partidos políticos no como meros receptores de los preferencias de los

ciudadanos con respecto al modelo territorial desde un enfoque bottom-up sino como los

principales responsables de la conformación de esas preferencias (véase Fernández-Albertos

2002 para una aportación temprana de esta tesis en el caso específico del País Vasco). En este

sentido el cierto consenso con respecto al desarrollo autonómico que había presidido la primera

etapa tendió a romperse, por la movilización de los partidos nacionalistas en el sentido de

reivindicar un nivel de autogobierno fuera del marco provisto por el Estado autonómico, por un

lado; y la movilización del PP en sentido contrario por otro (Bonet et. al, 2010). Dados estos

antecedentes, esperamos que la erosión en los niveles de apoyo al Estado autonómico, antes y

durante la crisis, haya sido mayor en las CCAA gobernadas por el PP o por los partidos

nacionalistas que en las gobernadas por el PSOE, un aspecto sobre el que volveremos en el

apartado sobre la evolución longitudinal de las actitudes hacia el Estado autonómico y en los

análisis multivariables.

La propuesta de reforma del Estatuto vasco y especialmente el conflictivo proceso de

reforma estatutaria en Cataluña constituyen el telón de fondo de la tercera fase del desarrollo

autonómico. Las elecciones de 2004 darían lugar a una legislatura muy polarizada con un gran

protagonismo de la cuestión territorial e identitaria. Aunque el mayor protagonismo, con una

fuerte proyección sobre la opinión pública, se lo llevó la reforma del Estatuto catalán, en la

estela de esta reforma se abrieron procesos de revisión estatutaria en un buen número de CCAA

(Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana entre otras). Bajo la acusación del PP “España se

rompe” el modelo de organización territorial se convirtió en esta tercera fase en un factor de

competición no sólo entre partidos nacionalistas y partidos de ámbito estatal sino entre los dos

principales partidos de ámbito nacional, PP y PSOE, conduciendo a la emergencia de pautas de

territorialización del voto en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las

generales del año siguiente (Santamaría y Criado, 2008; Bonet et al. 2010).

En esta tercera fase, y con anterioridad al inicio de la crisis económica, la

intensificación del papel de la cuestión territorial en la competición partidista comenzó a tener

efectos en las actitudes hacia el Estado autonómico, de tal modo que si el apoyo al statu quo

autonómico alcanzó un máximo del 60% (y el centralismo un mínimo del 10%) en torno a 2005,

en los tres años siguientes -coincidiendo con la segunda ola de reformas estatutarias-tanto el

statu quo como la reivindicación de mayor autonomía sufrieron una pérdida de apoyos de en

torno veinte puntos porcentuales en favor de una recentralización del Estado, una evolución que

136

examinaremos con más detalle en el siguiente aparatado y que propició que el CIS cambiara la

formulación de la pregunta sobre preferencias de organización territorial 41.

Finalmente, durante la segunda fase de la crisis económica entre 2010 y 2012- un

período caracterizado no sólo por los altos niveles de desempleo sino por las políticas de

austeridad y el recorte del déficit tanto en el nivel estatal como en el autonómico- el proceso de

erosión en las actitudes de apoyo al Estado autonómico se ha acelerado notablemente en dos

tendencias que evolucionan en sentido contrario. De una parte, en el caso específico de

Cataluña, la tendencia hasta 2010 de una reivindicación de más autonomía se ha transformado

en una reivindicación por un modelo de Estado que permita a las CCAA convertirse en Estados

independientes. En la dirección contraria, en muchos lugares del resto de España se ha puesto de

manifiesto una ruptura abierta con el modelo autonómico y la reivindicación del

restablecimiento de un Estado centralista (una opción mayoritaria en un buen número de CCAA

entre las que cabe destacar Madrid, las dos Castillas, Valencia y Murcia)

Este proceso suscita nuevos interrogantes sobre los factores que condicionan las

actitudes hacia el Estado autonómico, y la posible interacción de las explicaciones vinculadas al

proceso político con las percepciones del contexto económico. En particular el papel de las

elites políticas queda en interrogante en esta fase crítica de la crisis económica pues el

socavamiento en los niveles de apoyo popular al Estado autonómico tiene lugar en paralelo al

debilitamiento de los vínculos tradicionales entre votantes y partidos: un proceso de

deslegitimación que es particularmente intenso entre los partidos tradicionales y que parece

conllevar una importante reconfiguración del sistema de partidos (Bosco y Verney, 2011;

Martín y Urquizu, 2011). Si los vínculos entre los partidos tradicionales y los ciudadanos se

están debilitando ¿qué factores explican el pronunciado aumento de las opciones de ruptura en

el modelo autonómico, tanto en una dirección como en otra; y de qué modo la crisis económica

juega un papel específico en esta tendencia? Este es el objetivo principal de este trabajo y a cuya

respuesta orientamos las dos siguiente secciones.

Los factores explicativos: identidad, proceso político y crisis económica.

Las actitudes hacia el Estado autonómico, las demandas de autogobierno se han

explicado a partir de dos tipos de análisis principales: un enfoque que pone el énfasis en los

factores identitarios; y las explicaciones desde el proceso político que examinamos

sucesivamente a continuación. Son relativamente pocos los trabajos que han examinado el

41 Este cambio de tendencia propició que el CIS cambiara la formulación de la pregunta sobre

preferencias de organización territorial del Estado abriendo una quinta opción de respuesta que permitiera

a los entrevistados posicionarse de menos autonomía para las CCAA respetando el marco del Estado

Autonómico.

137

efecto del contexto económico y las percepciones económicas en la conformación de esas

actitudes, al menos para el caso de España, por lo que concluimos esta sección con un apartado

en el que reunimos nuestras expectativas sobre los efectos que los factores económicos tendrán

en la conformación de las actitudes hacia el Estado autonómico.

Las actitudes hacia el Estado autonómico: el enfoque identitario.

Tal y como hemos ya hemos señalado, el principal objetivo del modelo autonómico

territorial del Estado durante la transición era el de satisfacer las demandas de autogobierno

existentes en algunas regiones, y en particular en Cataluña y en el País Vasco. El apoyo a la

autonomía aparecía así asociado a la a la existencia de una lengua regional minoritaria o a

tradiciones de autogobierno que las elites nacionalistas vinculaban a una identidad regional

distintiva alternativa a la identidad nacional española. Así, los primeros análisis explicativos

sobre las actitudes hacia la descentralización otorgaron una notable importancia a las

identidades regionales/nacionales como conformadoras de las preferencias hacia el modelo de

organización territorial (Del Campo et al, 1977), aunque se advertía también que la preferencias

por un mayor nivel de autonomía era más frecuentes entre los ciudadanos que se ubicaban en la

izquierda que entre los que se ubican en la derecha (López-Aranguren, 1983). Conforme a las

expectativas de estos primeros análisis, la identidad predominantemente regional y las

identidades duales se relacionaban positivamente con el apoyo al Estado autonómico; frente a la

identidad predominante y exclusiva española que con efectos positivos sobre la preferencia de

una fórmula centralista.

Siguiendo esta línea un buen número de estudios sobre el modelo autonómico español

ha seguido este enfoque bottom-up centrado en las capacidades predictivas de las identidades en

las preferencias en torno a la organización territorial del Estado (Linz, 1985; Martínez-Herrera,

2002; Pérez-Nievas y Bonet, 2006; Chernyha y Burg, 2008). Estos trabajos están en

consonancia con otros trabajos que examinan casos distintos del caso español y que otorgan

también a las identidades un papel clave en la conformación de este tipo de actitudes (Moreno,

1986; Mendelshon, 2002; Billiet et al., 2006).

Las explicaciones sobre las preferencias de organización territorial de los estados

plurinacionales como el español encuentran un importante terreno compartido con la literatura

sobre las actitudes hacia el proceso de integración europea en el papel clave que otorgan a las

identidades como conformadora de una y otra actitud. Ello no es sorprendente pues -salvando

las distancias entre uno y otro objeto de estudio- en ambos casos se analizan actitudes hacia

modelos de integración de entidades territoriales más pequeñas y de subidentidades asociadas a

un nivel territorial inferior en una identidad territorialmente superior. Por ello un buen número

de trabajos sobre las actitudes hacia el proceso de integración europea han estudiado el efecto de

138

las identidades en los niveles de apoyo a la UE, prestando especial atención a la interacción de

las identidades nacionales con la identidad europea (Carey, 2002; Mclaren, 2002, 2004; Hooghe

y Marks, 2005; De Vries y van Kersbergen, 2007; entre otros). Muchos de estos trabajos

encuentran que los factores identitarios explican un porcentaje mayor de la varianza del apoyo

al proceso de integración que las percepciones económicas individuales o de grupo (Hooghe y

Marks, 2005: 417). Es esta literatura en particular la que desarrollado expectativas sobre el

modo en el que las identidades exclusivas de grupo (nacionales) tienen un efecto negativo en las

actitudes hacia la integración europea, en contraste con el efecto positivo de la identidades

anidadas o duales que compatibilizan la identidad nacional con la europea (Diez Medrano y

Gutiérrez, 2001; Diez Medrano, 2003; Hooghe y Marks, 2005; Pérez-Nievas y Mata López,

2012).

De nuevo en el ámbito específico de las actitudes hacia el Estado autonómico, existe un

segundo tipo de trabajos que, adoptando un enfoque dinámico de las relaciones entre las dos

variables, ha analizado el efecto de la descentralización autonómica en la estructura de

identidades regionales/nacional. A semejanza del modo en el que produjeron los procesos de

nation-building, estos trabajos han señalado el impacto que el desarrollo autonómico y la

consolidación de los gobiernos regionales (con sus respectivos despliegues en políticas

educativas, sanitarias, etc.) han tenido en el aumento en los niveles de identificación con la

región (Martínez-Herrera, 2002, 2005; Hierro, 2012): una tendencia que resulta muy clara en el

caso de Cataluña y, algo menos en el del País Vasco. En esta misma línea, el cambio más

notable hasta mediados de la década pasada para el conjunto de España ha sido el descenso de la

identidad exclusiva española en favor de las identidades duales. Dado el efecto positivo que los

primeros trabajos habían demostrado entre las identidades regionales y duales en los niveles de

apoyo a la descentralización autonómica su ampliación y consolidación parecen consecuentes

con el proceso de ampliación de apoyos al Estado autonómico al que ya nos hemos referido

antes y que veremos con más detalle en el siguiente apartado.

Por contraste, el incremento de las opciones de ruptura en la doble dirección de la

recentralización del Estado y del aumento de las preferencias independentistas desde mediados

de la pasada década parece subrayar el modo en el que las identidades exclusivas de grupo

puedan estar alimentando las actitudes rupturistas con el Estado autonómico. Adaptando las

hipótesis de la literatura sobre actitudes hacia la UE (repetir las citas más importantes)

esperamos que las identidades exclusivas de grupo tengan un efecto negativo en el apoyo al

Estado autonómico (o dicho de otro modo esperamos que la identidades exclusivas tengan una

relación positiva con las preferencias de ruptura: la opción del Estado centralizado y posibilidad

de convertirse en Estados independientes); frente a las identidades duales que mostrarán una

relación positiva con dicho apoyo. Sin embargo, para el análisis longitudinal matizamos el

139

efecto negativo que esperamos encontrar entre un tipo y otro de identidad exclusiva en las

actitudes de apoyo autonómico. Y así como esperamos que la identidad exclusiva española

tenga un efecto negativo en las tres observaciones en el tiempo, por lo que se refiere a la

identidad exclusiva regional esperamos efectos cambiantes en el tiempo. Conforme al objetivo

inicial del desarrollo autonómico de encajar la singularidad de las nacionalidades históricas en

un marco común y por la relación positiva que algunos de los primeros trabajos encontraron

entre la identidad regional y el apoyo al desarrollo autonómico, esperamos que la identidad

exclusiva de grupo tenga un efecto positivo o neutro (también en las nacionalidades históricas)

en la primera de nuestras observaciones, en 2002; todavía en una fase inicial de la confrontación

del PP con los partidos nacionalistas en torno a la reforma territorial (y con anterioridad a los

debates en torno al Plan Ibarretxe y la reforma del Estatuto catalán). Por el contrario, tras la alta

movilización del eje territorial-identitario, especialmente entre 2004 y 2008, esperamos que la

identidad regional exclusiva tenga un efecto negativo tanto en la observación de 2010 como en

la de 2012.

Las actitudes hacia el Estado autonómico: el proceso político.

Una segunda corriente explicativa de las actitudes hacia la descentralización se enmarca

dentro del enfoque institucionalista que subraya la capacidad de los partidos y las élites

partidistas de condicionar cambios en la opinión pública (Sniderman y Levendusky, 2007: 449-

452). La literatura sobre los efectos de la polarización partidista en la opinión pública argumenta

que las élites son capaces de “liderar” la opinión pública a través de la combinación de tres

mecanismos: las estrategias de confrontación partidista que promueven (polarización); la

capacidad de las élites de enmarcar temas y proporcionar atajos informativos que los votantes

usan para fijar sus preferencias; y los niveles de lealtad partidista o la fortaleza de los vínculos

entre votantes y partidistas (Druckman et al. 2013 en Torcal y Mota, 2013). Siguiendo esta

línea, un número buen número de trabajos ha intentado explicar los cambios en las preferencias

como el efecto del mismo proceso de descentralización en las pautas de competición partidista y

los cálculos estratégicos de las élites (Swenden et. al, 2006; Hough y Jeffery, 2006; Sorens,

2010; Alonso, 2012).

Desde este segundo enfoque, estos trabajos han revisado el papel de los partidos

políticos no como meros receptores de los preferencias de los ciudadanos con respecto al

modelo territorial desde un enfoque bottom-up (Torcal y Mota, 2013), sino como los principales

responsables de la conformación de esas preferencias. Conforme a la argumentación de estos

trabajos las preferencias en el modelo de organización territorial del Estado son endógenas al

proceso político de tal modo que, manteniendo constantes el efecto de las identidades en las

demandas de autogobierno, las actitudes hacia el Estado autonómico están conformadas por las

posiciones variables de los respectivos partidos a través de los vínculos (identificación, voto)

140

que estos últimos mantienen con los ciudadanos (Amat, Jurado y Leon, 2009; Liñeira, 2012); al

margen incluso de la evaluación que los ciudadanos hagan de sus respectivos gobiernos

autonómicos (Torcal y Mota, 2013).

En la aplicación específica de este enfoque al caso de España, los avances de la

descentralización en España se han explicado como cambios institucionales vinculados a los

incentivos electorales de los partidos políticos y su posterior poder negociador en el legislativo

(Amat, 2013). Los incentivos electorales de algunos partidos a cambiar el peso de la dimensión

territorial en la competición política afectan el resultado de las elecciones y, por tanto, el poder

negociador de los partidos en el parlamento (Amat, 2013: 2); lo que explicaría que

descentralización en España se haya desarrollado de forma irregular, abrupta, y desigual (Amat,

Jurado y León-Alfonso, 2010; Beramendi 2012). Efectivamente, tal y como hemos explicado en

detalle en el apartado anterior, el empleo de las élites de la cuestión territorial/identitaria en la

confrontación y competición entre partidos no ha sido constante a lo largo de las tres décadas de

democracia sino que se intensificó muy especialmente en el periodo entre 2004 y 2008.

Con el objetivo de especificar de modo más concreto el papel de distintos grupos de

élites un primer grupo de trabajos ha puesto un mayor énfasis en el papel de los partidos de

ámbito no estatal (los partidos nacionalistas y regionalistas) en la formación y polarización de

las actitudes de los ciudadanos con respecto al modelo de organización territorial (Fernandez-

Albertos, 2002; Bracanti, 2006; Reuchamps et al., 2012; Alonso, 2013; Moreno y Obydenkova,

2013). Para un segundo grupo de trabajos, sin embargo, la capacidad de aumentar la relevancia

de la dimensión territorial/identitaria no es atribuible en exclusiva a los partidos nacionalistas

sino que los partidos de ámbito estatal han contribuido también a la intensificación de la

dimensión territorial aprovechando divisiones intrapartidistas territoriales (Verge, 2013; Torcal

y Mota, 2013). Conforme a este argumento, en el caso concreto de España, los partidos

nacionalistas han activado el clivaje territorial-identitario promoviendo una escalada en las

demandas de autogobierno; al mismo tiempo que, en particular, el Partido Popular lo activaba

en sentido contrario (Amat, 2012; 2013). Como explicaremos con más detalle en el apartado de

análisis multivariable, para medir el efecto de las élites partidistas en las actitudes de apoyo al

Estado autonómico hemos operacionalizado el vínculo entre partidos y votantes a través de

recuerdo de voto. En virtud del papel y el sentido que la literatura atribuye a unos y otros

partidos en la activación del clivaje territorial identitario, esperamos que en el proceso de

erosión de apoyos del Estado autonómico, el voto a partidos nacionalistas y al partido popular

se relacione negativamente con dichas actitudes de apoyo; al mismo tiempo que esperamos que

el recuerdo de voto al PSOE tenga una relación positiva.

No obstante, también en este caso esperamos un efecto diferenciado en el análisis

longitudinal. Conforme a las distintas etapas que hemos identificado en nuestra descripción del

141

desarrollo autonómico, la confrontación partidista en torno a la cuestión territorial comenzó en

la segunda legislatura de Aznar, y se intensificó después de las elecciones de 2004. Por ello

esperamos que el efecto del proceso político ―operacionalizado a través del recuerdo de voto―

en las actitudes hacia el Estado autonómico sea menor en 2002 que en 2010, es decir antes y

después de esta activación del clivaje territorial-identitario. Al mismo tiempo, conforme la crisis

económica entró en su segunda fase, con un mayor énfasis en los objetivos de recorte del déficit

en las CCAA, esperamos que los factores vinculados al proceso político tengan un menor peso,

y las percepciones sobre la situación económica lo tengan mayor en las actitudes hacia el Estado

autonómico en los datos de 2012 en relación a los de 2010. En definitiva, esperamos que el

recuerdo de voto tenga un mayor efecto en las actitudes de apoyo al Estado autonómico en

2010, tanto con respecto a los datos anteriores de 2002 como a los posteriores de 2012.

Las actitudes hacia el Estado autonómico: el contexto económico

Bajo este epígrafe tratamos de reunir una serie de argumentos sobre el modo en el que el

contexto económico puede tener un efecto sobre las actitudes de apoyo al Estado autonómico.

Nuestra propuesta a este respecto es más tentativa pues son más escasos los trabajos que

examinan la incidencia del contexto económico en general y de las evaluaciones económicas en

particular en las preferencias de organización territorial. En relación al desarrollo autonómico

algunos trabajos previos han abordado aspectos tales como los mecanismos de accountability de

los gobiernos autonómicos por sus resultados económicos (Lago y Lago, 2010; León, 2011); o

el impacto relativo de las valoraciones económicas frente a las políticas en la percepción del

rendimiento autonómico (Liñeira, 2012) pero, hasta nuestro conocimiento, no existen estudios

que examinen el efecto de percepciones económicas en los niveles de apoyo al Estado

autonómico (en definitiva en el indicador de legitimidad del Estado autonómico tal y como los

hemos definido en este trabajo y conforme lo operacionalizamos en el siguiente apartado). Esta

ausencia de trabajos previos puede deberse a que con anterioridad a la crisis económica actual,

los niveles de apoyo agregado al modelo autonómico y su evolución longitudinal parecían poco

sensibles al contexto económico: la crisis de la primera mitad de los noventa, por ejemplo, no

tuvo efectos aparentes en el proceso de consolidación de las actitudes favorables al modelo

autonómico. Por contraste, en la crisis económica actual, y de modo particular en su segunda

fase desde 2010/11 ―coincidiendo con la crisis de la deuda y el mayor énfasis en el recorte del

déficit estatal y autonómico― las opciones de ruptura con el modelo autonómico han

aumentado considerablemente, tal y como veremos con más detalle en el siguiente apartado.

La literatura sobre los efectos del contexto y las percepciones económicas en las

actitudes hacia las instituciones políticas han adoptado habitualmente un enfoque utilitarista.

Este enfoque ha tenido un desarrollo muy importante en las explicaciones de las actitudes hacia

142

la UE por lo que lo tomaremos como punto de partida tratando de adaptarlo a la explicación de

las actitudes hacia el Estado autonómico.

Desde el enfoque utilitarista, el apoyo de los ciudadanos a la UE depende de la

percepción de un beneficio económico neto derivado de la pertenencia a Europa (Eichenberg y

Dalton, 1993; Anderson y Reichter, 1995; Anderson y Kaltenthaler, 1996; Gabel y Palmer,

1995; Gabel, 1998a y 1998b.). Siguiendo el enfoque utilitarista, los ciudadanos apoyan el

proceso de integración en la medida en la que perciban que la pertenencia a la UE es consistente

con sus intereses económicos. Para un primer grupo de investigaciones, el apoyo a la UE varía

dependiendo bien de los rendimientos macro de la economía nacional tales como la inflación, el

PIB o la tasa de desempleo (Eichenberg y Dalton 1993; Anderson y Reichter, 1995; Anderson y

Kaltenthaler, 1996); bien de los rendimientos más específicos que los países miembros obtienen

del proceso de integración económica, tales como la balanza comercial con el resto de los países

miembros o las transferencias netas desde la UE (Mahler et al., 2000). Un segundo grupo de

investigaciones, por contraste, pone un mayor énfasis en la microeconomía y la percepción

individual de beneficio de modo que tanto la valoración de la situación económica nacional

como la personal tienen en impacto significativo sobre las actitudes hacia la integración europea

(Gabel y Palmer, 1995; Gabel y Whitten, 1997). Los ciudadanos perciben los costes y

beneficios de la pertenencia al UE dependiendo de su situación socioeconómica y de la

incidencia que pueden tener el proceso de integración europeo en su economía personal (Gabel,

1998a).

Para un tercer grupo de autores el efecto específico de las percepciones individuales de

la economía variará dependiendo del contexto en el que éstas operan. En su análisis sobre la

compatibilidad entre distintos tipos de identidades Diez Medrano (2003) subraya que la

identidad local puede verse como un obstáculo para la inclusión en la identidad más amplia; o

alternativamente, ésta última puede percibirse como una amenaza para aquella; de tal modo que

relación positiva o negativa de la identidad nacional con el apoyo a la integración europea

dependa no sólo del contenido que se da a aquélla sino del modo en el que se presenta Europa

en distintos contextos. En una línea similar De Vries y van Kersbergen (2007), han desarrollado

el concepto de doble lealtad42 para explicar las condiciones en las que las identidades nacionales

tendrán un efecto positivo o negativo en las actitudes de apoyo a la integración europea. De

acuerdo con su argumento, los gobiernos nacionales proveen a los ciudadanos de beneficios

como seguridad y bienestar (entendidos en un sentido amplio). La lealtad primaria emerge de

esta positiva transacción de los Estados-nación, de modo que los ciudadanos apoyan la cesión

de soberanía sólo a condición de que dicha cesión garantice o refuerce su seguridad y bienestar.

La lealtad secundaria ―en este caso el apoyo a la UE― existe cuando las instituciones

42Double allegiance en el original (De Vries y van Kersbergen, 2007: 313)

143

supranacionales permiten o facilitan a las élites nacionales la provisión de dichos recursos (De

Vries y van Kersbergen, 2007: 312-3; van Kersbergen 2000: 4-9; Carey, 2002: 392). En este

sentido, el concepto de doble lealtad puede explicar la variabilidad en la relación entre

identidades nacionales y adhesión a la UE: dónde los ciudadanos perciben que la integración

europea es un obstáculo a la provisión de seguridad y bienestar será más probable encontrar una

relación negativa entre la identidad nacional y el apoyo a la UE; y viceversa. A este respecto,

en el ámbito específico de las actitudes hacia la integración europea los saldos fiscales netos se

han identificado como un predictor importante de las actitudes de apoyo a la integración.

Siguiendo a Mahler et al. (2000:440) “aunque los cálculos del coste y beneficio de la

pertenencia a la UE abarcan distintas esferas, la posición presupuestaria de sus distintos

miembros en relación al conjunto de la Unión se ha identificado como uno de los factores más

influyentes en las percepciones de la opinión pública sobre la UE como institución” (traducción

de los autores del original en inglés)

Volviendo a las repercusiones de la crisis económica en las actitudes hacia la

legitimidad autonómica, en este trabajo hemos considerado que la valoración que los

ciudadanos hacen del Estado autonómico puede estar condicionada por dos posibles

percepciones sobre sus consecuencias económicas, de tal modo que éstas actúen conjuntamente

o por separado. Por un lado, es posible que un número importante de ciudadanos perciba la

administración autonómica como un nivel político superfluo que contribuye a incrementar el

gasto público, una percepción que se ha acrecentado en el actual contexto de recortes en

prestaciones básicas. De hecho, tal y como veremos en el siguiente epígrafe, el porcentaje de

ciudadanos que piensan que el Estado autonómico representa una sobrecarga al gasto público se

ha triplicado en sólo dos años, de 2010 a 2012. Una segunda percepción posible de los

ciudadanos sobre las consecuencias económicas del Estado autonómico tiene que ver con su

capacidad redistributiva. La financiación autonómica es una dimensión importante de los

debates sobre el modelo de organización territorial aunque suele conllevar alineamientos muy

diferentes a los que se tienen lugar cuando lo que se discute es el encaje de identidades

regionales diferenciadas en un marco común43. En lo que se refiere a la capacidad distributiva

del sistema de financiación autonómica, aunque existe bastante opacidad sobre los balances

fiscales44 que conlleva el modelo autonómico, la percepción de ciertas CCAA como Madrid o

Cataluña como contribuyentes netos; y de otras como Andalucía o Extremadura como

beneficiarios netos parece bien asentada entre sus respectivas opiniones públicas regionales

después de sucesivos debates sobre el modelo de financiación.

43Como muestra, en un desayuno informativo para Nueva Economía Forum, el consejero de economía de

la Generalitat catalana Mas-Colell argumentó que la Generalitat y la Comunidad de Madrid pueden dar la

batalla juntas por la reforma del sistema de financiación (El País, 18/11/2013) 44 Véase el Gráfico A.1 en el anexo.

144

Por ello, de manera similar a los efectos variables dependiendo de la percepción del país

como contribuyente o beneficiario neto identificada por la literatura sobre las actitudes hacia la

UE, en este trabajo consideramos que las percepciones de los ciudadanos sobre el beneficio o la

contribución presupuestaria de sus respectivas CCAA constituye un filtro clave sobre el tipo y

sentido de la influencia que las variables económicas tendrán en las actitudes hacia el Estado

autonómico en distintas CCAA. A este respecto hemos incluido en nuestros modelos dos

variables independientes vinculadas a los efectos de la situación económica en el apoyo al

Estado autonómico: una primera variable vinculada a la percepción subjetiva de la situación

económica; y una segunda en torno a la situación objetivable de los individuos.

La percepción subjetiva está operacionalizada como el diferencial entre la evaluación

que los ciudadanos hacen de la situación económica de la CCAA con respecto a la evaluación

de la situación económica en el conjunto de España; de tal modo que los valores positivos de

esta variable corresponden a aquellos individuos que perciben que la situación de su CCAA es

mejor que la del conjunto de España mientras que los valores negativos corresponden a los

individuos que consideran que la situación económica de España es mejor que la de sus

respectivas CCAA. En CCAA que son contribuyentes netas como Cataluña y Madrid nuestra

hipótesis es que a mayor valoración diferencial menor será el apoyo al Estado autonómico en la

medida en la que, en una situación económica adversa, se percibe a éste último como

redistribuidor de recursos a otras CCAA. Por contrapartida no esperamos encontrar efectos de la

valoración diferencial en las CCAA beneficiarias netas como Andalucía o Castilla-Leon pues en

ellas tanto los valores altos de la valoración diferencial (“Nuestra CA está mejor gracias a la

redistribución autonómica”) como los bajos (“La mala situación de nuestra CA necesita de los

efectos redistributivos de la financiación autonómica”) pueden relacionarse positivamente con

los niveles de apoyo al Estado autonómico.45

De modo similar esperamos encontrar también efectos diferenciados por CCAA en

función de la ocupación. A este respecto consideramos a los desempleados, y en menor medida

a los jubilados, como categorías particularmente vulnerables en un contexto económico adverso.

Precisamente, por su mayor vulnerabilidad esperamos que sus actitudes hacia el Estado

autonómico varíen en función de la CCAA. En CCAA que son contribuyentes netas, como en

Cataluña y Madrid, estas categorías mostrarán niveles de apoyo al Estado autonómico

significativamente menores que entre otros grupos. Por el contrario, en CCAA que son

beneficiarias netas, el nivel de apoyo al Estado autonómico será significativamente mayor entre

estos grupos vulnerables que entre los empleados y otras categorías de ocupación.

45No obstante, cabe pensar que en las CCAA que son beneficiarias netas se pueda percibir el estado

centralizado como un redistribuidor más beneficioso para estas CCAA que el Estado autonómico, un

supuesto sobre el que volveremos en la valoración de nuestros análisis multivariables y en las

conclusiones de este trabajo.

145

Por supuesto, en las CCAA que son contribuyentes netas como Cataluña y Madrid,

existen diferencias en los mecanismos y en el resultado final de esa falta de apoyo al Estado

autonómico. En Madrid la falta de apoyo estará asociado a la percepción del Estado autonómico

como un gasto superfluo y el resultado es la preferencia por volver a un Estado centralizado. En

Cataluña, es la integración de la región en el marco organizativo más amplio que representa el

Estado autonómico lo que se percibe como un coste inasumible y la consecuencia es la opción

por la independencia. No obstante, tal y como hemos operacionalizado la legitimidad

autonómica en el siguiente apartado el resultado actitudinal es el mismo.

Dos últimas consideraciones: En primer lugar, por la particularidad del encaje del País

Vasco en el sistema de financiación autonómica, no tenemos expectativas específicas sobre las

relaciones de las variables económicas con las actitudes hacia el Estado autonómico. Y en

segundo lugar, para el resto de las CCAA, las relaciones que esperamos encontrar son más

probables en un contexto económico adverso, de modo que nuestra expectativa es que la

confirmación de nuestras hipótesis es menos probable en 2002 y más probable en 2010 pero

muy especialmente en 2012. En un razonamiento similar esas relaciones serán tanto más

probables conforme más adversas sean las circunstancias económicas de las distintas CCAA

Para terminar este apartado teórico merece la pena añadir algunas reflexiones sobre los

efectos que esperamos para las variables de control que hemos incluido en nuestro análisis

multivariable. En primer lugar, esperamos que la edad tenga un efecto en las actitudes de apoyo

al Estado autonómico. En su trabajo sobre las actitudes hacia el Estado autonómico Liñeira

(2012) encontró un efecto cohorte en los niveles de apoyo al modelo autonómico: las

generaciones que crecieron y se socializaron en paralelo al desarrollo de la descentralización

tienen, siguiendo a este autor, una actitud más positivas hacia el Estado autonómico que las

generaciones que se socializaron en períodos anteriores. En nuestros análisis multivariables

posteriores esperamos, por tanto, que la edad tenga un efecto negativo en los niveles de apoyo al

Estado autonómico. Por otro lado, en distintos trabajos, para el caso español y otros casos de

estudio se ha demostrado un efecto positivo del nivel educativo con la preferencia por el modelo

federal y mayores niveles de autogobierno en un sentido general (Torcal y Mota, 2013) por lo

que esperamos que los niveles educativos más altos tengan un efecto positivo en los nivele de

legitimidad autonómica.

Las actitudes hacia el Estado autonómico: dimensiones y evolución longitudinal.

En este apartado examinamos las actitudes hacia el modelo de organización territorial

desde los conceptos de legitimidad y satisfacción, apoyo difuso, apoyo específico rendimiento.

146

Aunque existe una larga tradición que examina las actitudes hacia el régimen democrático desde

este enfoque, son menos frecuente escasos los trabajos que lo han aplicado a las percepciones

sobre el Estado autonómico (véase, no obstante, la importante excepción de Liñeira, 2012)

La legitimidad, siguiendo la definición de Gunther, Montero y Torcal (1998), se puede

definir como la actitud positiva de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas,

consideradas como la forma de gobierno más apropiada. Como puntualiza Linz (1978: 18), “en

última instancia, la legitimidad democrática se basa en la creencia de que para un determinado

país y en un momento dado, ningún otro tipo de régimen podría asegurar un mayor éxito de los

objetivos colectivos”. Trasladado a las actitudes a la organización vertical del poder, hemos

operacionalizado la legitimidad del Estado autonómico a partir de las opciones de respuesta de

los que consideran el modelo autonómico como el más apropiado para la organización

territorial. A este respecto en este trabajo hemos considerado que las opciones de respuesta de la

serie histórica del CIS no expresa tanto preferencias de organización territorial (no aparecen, por

ejemplo, entre las opciones de respuesta opciones de descentralización alternativas al modelo

autonómico como el federalismo) sino distintos grados de apoyo del modelo autonómico; y que,

por tanto, puede y quizás debe entenderse mejor como un indicador de la legitimidad del

modelo autonómico. Desde esta premisa en el Gráfico 1 analizamos las actitudes hacia el Estado

autonómico aplicando el esquema clásico de Hirschman (1970) en torno a las opciones de

lealtad (apoyo al statu quo), voz (reivindicación de más o menos autonomía sin abandonar el

modelo autonómico) y salida (apoyo a la posibilidad de independencia o recentralización del

Estado, ambas opciones fuera del modelo actual).

Conforme argumentábamos en el apartado anterior mientras otras actitudes como la

legitimidad de la democracia han permanecidos más o menos estables y con niveles de apoyo

elevados, la evolución de la legitimidad del Estado autonómico ha mostrado importantes

variaciones desde los años ochenta. Así en el Gráfico 1 observamos que, desde posiciones

todavía muy divididas a comienzos de la década de los ochenta ―en 1984 la suma de la

preferencia por un Estado centralizado y la posibilidad de independencia todavía superaba en

casi 10 puntos el apoyo al statu quo autonómico― el apoyo del Estado autonómico se fue

incrementando hasta alcanzar un máximo en 2006 en un porcentaje próximo al 60 por ciento.

Desde entonces el apoyo al statu quo comenzó a debilitarse en un proceso inicialmente leve

pero que se acelera en la observación de 2009 (aunque debe tenerse en cuenta el efecto del

cambio en la formulación de la pregunta a partir de ese año). Conforme a esta división que

hemos llevado a cabo para facilitar el análisis, en una primera fase ―hasta 2010/11― el

descenso de las opciones de lealtad hacia el Estado autonómico tiene lugar mientras se

incrementan las opciones de voz (aunque con oscilaciones); mientras que desde esa fecha, se

incrementan las opciones de salida, en detrimento del continuado descenso de la lealtad, pero

147

también de la voz en esta segunda fase. El Gráfico 4.1 pone también de manifiesto que en 2013

las preferencias en torno a la salida, es decir la ruptura con el modelo autonómico, ya eran muy

levemente mayoritarias en relación a las otras dos opciones.

Gráfico 4.1. Actitudes hacia el Estado autonómico: Lealtad, Voz y Salida en las

preferencias sobre la organización territorialª.

ª Las opciones de respuesta del indicador del CIS utilizado han cambiado incorporando a partir de 2009

una nueva opción de respuesta (Estado autonómico con menos autonomía). El gráfico une ambas

formulaciones.

Fuente: Series temporales Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

No obstante para facilitar nuestro análisis en el siguiente apartado de modelos

multivariables, hemos considerado un segunda variante en la operacionalización de nuestra

variable dependiente, agrupando a todos los que consideran el Estado autonómico como la

mejor forma de organización posible, con independencia de si prefieren modificaciones en el

nivel de autonomía; o dicho de otro modo, agrupando las opciones de lealtad y voz frente a las

de salida, tal y como aparece en el Gráfico 4.2. (véase Liñeira, 2012 para la misma

operacionalización). Siguiendo esta segunda modalidad, si bien a partir de 2007

aproximadamente comienza un descenso del apoyo al Estado autonómico, es en la segunda fase

de la crisis económica ―a partir de 2010/11 aproximadamente y coincidiendo con la fase más

intensa de la austeridad y políticas de recorte del déficit estatal y autonómico― cuando el

descenso en los niveles de apoyo al estado autonómica (y el ascenso en las posiciones de

ruptura) es especialmente marcado. Es por tanto durante esta segunda fase de la crisis cuando

los niveles de legitimidad autonómica se han visto especialmente erosionados Pese a que la

pérdida de legitimidad parecía ya estar manifestándose antes incluso del inicio de la crisis

económica y durante su primera fase entre 2008 y 2010; es desde esta última fecha cuando la

caída de la legitimidad se hace más intensa. Dada esta evolución en el tiempo trabajamos con

dos hipótesis en relación a nuestras tres observaciones en el tiempo: 1) el efecto de las

148

percepciones económicas en las actitudes de apoyo al Estado autonómico será por supuesto

mayor en las observaciones de 2010 y 2012 en relación a la de 2002, mucho antes de la

recesión; 2) El efecto de las percepciones económicas será mayor en la observación de 2012 que

en la de 2011 coincidiendo con la segunda fase de la crisis cuando la perdida de legitimidad del

Estado autonómico se hizo mucho más intensa.

La operacionalización que mostramos en el Gráfico 4.2 es la que hemos seguido en la

especificación de la variable dependiente para los análisis multivariables que presentamos en el

siguiente apartado.

Gráfico 4.2. Evolución de la legitimidad del estado de las autonomías (1984-2013) a.

ª Las opciones de respuesta del indicador del CIS utilizado han cambiado aunque reflejan de manera

sustantiva el mismo significado. El gráfico une ambas formulaciones.

Fuente: Series temporales Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Una cuestión de interés adicional con respecto a las actitudes hacia el Estado

autonómico es la relación que mantiene la legitimidad con los indicadores de satisfacción y

eficacia. Si bien estos dos fenómenos pueden aparecen relacionados, se trata de dimensiones

distintas conceptual y empíricamente. Linz (1993: 42-3) sostiene que la relación entre ambos

conceptos es compleja señalando que la eficacia puede “a lo largo del tiempo fortalecer,

reforzar, mantener o debilitar la creencia en la legitimidad, y ésta a su vez puede influir en la

percepción de la eficacia y el rendimiento del régimen”. Otros autores distinguen estos

conceptos (Montero, Gunther y Torcal, 1998; Klingemann, 1999), señalando que los ciudadanos

son capaces de ser críticos con un régimen y no por ello considerar que deba ser abandonado.

En este caso presuponemos que el impacto de la crisis económica puede no estar siendo el

149

mismo en una y otra dimensión. Aunque también influirán las valoraciones sobre la eficacia, la

legitimidad del sistema político autonómico puede descansar en predisposiciones ideológicas o

identitarias mientras que la satisfacción con el sistema político deriva fundamentalmente de las

percepciones de los ciudadanos sobre su capacidad para resolver problemas.

Siguiendo el esquema de Easton (1965), el apoyo al sistema político es un concepto

multidimensional en el que se pueden diferencian dos dimensiones: el apoyo difuso y el apoyo

específico. El primero de ellos implica una vinculación a través de la lealtad y tiene un carácter

más afectivo mientras que el segundo se deriva de los beneficios o costes específicos que

perciben los individuos por su pertenencia (Easton, 1965:444). En este sentido, el apoyo

específico está relacionado con las evaluaciones de los ciudadanos y es más susceptible a los

factores contextuales, pudiéndose ver afectada por coyunturas desfavorables como la crisis

económica actual, mientras que la legitimidad se trataría de una lealtad general independiente

del desempeño del régimen y, por ello, de carácter más duradero. La legitimidad se observaría

en el grado de apoyo difuso que los ciudadanos conceden al sistema mientras que la eficacia se

referiría al grado de apoyo específico, dependiendo del rendimiento de las instituciones y sus

resultados (Liñeira, 2012:82-83).

La serie con la que contamos para medir la satisfacción con el Estado autonómico es

mucho más limitada que para el indicador de legitimidad. El Gráfico 4.3 recoge la consideración

de los ciudadanos sobre el desarrollo del Estado autonómico como algo positivo o negativo para

España. Como en el caso de la legitimidad, los resultados ponen de manifiesto un cambio de

tendencia en la satisfacción que comienza a manifestarse a partir de 2005 y se intensifican entre

2010 y 2012, en una tendencia muy parecida a la evolución de la legitimidad. Por añadidura,

algunos trabajos anteriores han mostrado, por un lado, que la satisfacción con el Estado

autonómico parece relacionarse en mayor medida con indicadores de descontento político como

la valoración de la situación política o las evaluaciones del gobierno central y autonómico

(Liñeira, 2012: 91); y, por otro, que en este caso la legitimidad –y no la satisfacción- parece más

estrechamente relacionada con las percepciones de la economía (Mata López y Paradés, 2013).

Dada la aparente relación entre las dos variables y por contar con una serie más larga en el

indicador de legitimidad, en los modelos multivariables del siguiente apartado hemos optado

por centrarnos la el indicador de legitimidad como variable dependiente.

150

Gráfico 4.3. Valoración del desarrollo del Estado de las autonomías (1996-2012)ª.

ª El grafico refleja las valoraciones que hacen los encuestados sobre el efecto que el desarrollo de las

CCAA ha tenido para España.

Fuente: Serie temporal del CIS.

Sin embargo, atendiendo a las motivaciones que los encuestados dan para explicar sus

valoraciones positivas o negativas del Estado autonómico nos ofrece algunas pistas sobre el

peso creciente del factor económico en las percepciones sobre el Estado autonómico. Si nos

fijamos, en primer lugar, en las motivaciones que los ciudadanos dan para valorar positivamente

el Estado de las autonomías, observamos importantes cambios en la evolución del 2010 al 2012

(Gráfico 4.4). Si en 2010 las opciones elegidas en mayor medida eran las que se referían a una

mayor descentralización y autogobierno y a la gestión de los intereses de la CCAA, en 2012 el

porcentaje de estas opciones descienden considerablemente y se pone el énfasis en la mayor

atención y cercanía de la administración.

151

Gráfico 4.4. Motivaciones positivas de la creación del Estado de las autonomías 2012-

201046 (porcentajes) ª.

ª Porcentajes calculados en base al n total de encuestados que responden a la pregunta ¿Cree Ud. que, en

general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo más bien

positivo o más bien negativo? Fuente: Elaboración propia a partir del CIS (2956 y 2829). Nota:

Resultados ordenados de mayor a menor en 2012.

46 Las respuestas en 2010 han sido agregadas para su comparación con las correspondientes al 2012 del

siguiente modo: Motivaciones positivas: 1. Más cercanía a la Administración y/o instituciones: Más

cercanía a las instituciones; gobierno más cercano; políticos más cercanos; administración más cercana. 2.

Mayor atención y conocimiento de los problemas: Mayor conocimiento y atención de los problemas;

conocimiento de problemas y necesidades; atención a problemas y necesidades. 3. Defensa de la propia

identidad, cultura e idioma: Defensa de la propia identidad, cultura e idioma; mantener el idioma;

mantener las tradiciones culturales; defensa de la identidad. 4. Gestión de lo nuestro (de los intereses de la

comunidad): Gestión de lo nuestro (de los intereses de la comunidad); gestión de recursos propios,

autogestión; defensa de los intereses propios. 5. Mejor gestión y/o administración: Mejor gestión y

administración; menos burocracia; más rapidez en trámites; mejor organización; mejor reparto del dinero;

mejor utilización de recursos; mejor administración de los impuestos; más control en la gestión. 6. Mayor

descentralización y autogobierno: Más autonomía política; descentralización y competencias propias;

independencia; elección de representantes; no depender del gobierno central; se evita el centralismo;

instituciones jurídico, políticas propias; autogobierno. 7. Mejora en la prestación de servicios concretos:

Mejora en la prestación de servicios concretos; sanidad mejor; educación mejor; buenas y mejores

prestaciones; mejor atención al ciudadano; mejora en infraestructuras; servicios más accesibles. 8.

Prosperidad económica: Mejora económica; creación de riqueza; avance económico; creación de puestos

de trabajo; más recursos. 9. Mejora de la relación entre comunidades autónomas: Mejor de la relación

entre comunidades; solidaridad; cooperación; intercambio de ideas; más igualdad entre comunidades. 10.

Otras respuestas: Respuestas imprecisas; respuestas tautológicas; otras respuestas.

Motivaciones negativas: 1. Aumento del gasto público: Aumento del gasto público y de los políticos; más

impuestos; más políticos, más gente para cobrar; más despilfarro, más derroche; más corrupción. 2.

Aumento de la burocracia: Aumento de la burocracia; se duplica la administración; gestiones

complicadas; muchos gobiernos. 3. Aumento de las diferencias entre comunidades autónomas: Aumentan

las diferencias entre comunidades; unas comunidades con más privilegios que otras; reparto no equitativo.

4. Fomento de los intereses particulares de las comunidades autónomas: Fomento de los individualismos;

fomenta insolidaridad; todos quieren más; cada uno va a los suyo. 5. Fomento de los enfrentamientos

entre comunidades autónomas: Fomento de los enfrentamientos; conflictos; mala convivencia; crispación.

6. Fomento de los separatismos: Fomento de los separatismos; fomenta nacionalismos; desunión;

problemas con la lengua. 7. Ruptura de España: Ruptura de España; se rompe el país; contra la unidad de

España; favorece la independencia. 8. El mal funcionamiento de las comunidades, en general: Menciones

genéricas al mal funcionamiento de las comunidades; no funcionan; no son efectivas; mala gestión. 9.

Autonomía insuficiente: Autonomía insuficiente. 10. Otras respuestas: Respuestas imprecisas; respuestas

tautológicas; otras respuestas.

152

En cuanto a las valoraciones negativas, destaca de modo muy notable el incremento de

los que perciben que favorece el aumento del gasto público (Gráfico 4.5). Este es el principal

motivo al que aluden los ciudadanos tanto en 2010 como en 2012 para considerar el modelo

autonómico como algo más bien negativo. Sin embargo, en el 2012 el porcentaje se ha

triplicado con respecto al 2010. La situación de crisis económica parece introducir en la opinión

pública la percepción de que el Estado autonómico es el responsable del aumento del gasto

público en nuestro país. Si bien esta idea ya existía en años anteriores como manifiestan los

resultados del 2010, la segunda fase de la crisis más claramente vinculada al recorte del déficit

de los gobiernos autonómicos ha propiciado que se extienda esta idea llegando a considerarla

más de un 30 por ciento de los encuestados que perciben el Estado autonómico como algo más

bien negativo.

Gráfico 4.5. Evolución de las motivaciones negativas de la creación del Estado de las

autonomías 2012-2010 (porcentajes) ª.

ª Porcentajes calculados en base al n total de encuestados que responden a la pregunta ¿Cree Ud. que, en

general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo más bien

positivo o más bien negativo?

Fuente: Elaboración propia a partir del CIS (2956 y 2829).

Nota: Resultados ordenados de mayor a menor en 2012

Dados estos resultados referentes a la percepción del aumento del gasto público, en el

Gráfico 4.6 observamos los resultados de esta variable por CCAA. De esta forma, vemos cómo

son los ciudadanos de Madrid los que perciben este aumento del gasto en mayor medida seguido

de Cataluña. No obstante, en todas las CCAA, el porcentaje de los que consideran que el

153

modelo autonómico aumenta el gasto público se han incrementado del 2010 al 2012, aunque es

en Madrid y en Cataluña dónde lo hacen en mayor medida.

Gráfico 4.6. Evolución de la creencia que el aumento del gasto público por la creación del

Estado de las autonomías 2012-2010 por CCAA (porcentajes) ª.

ª Porcentajes calculados en base al n total de encuestados que responden a la pregunta ¿Cree Ud. que, en

general, la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas ha sido para España algo más bien

positivo o más bien negativo?

Fuente: Elaboración propia a partir del CIS (2956 y 2829).

Nota: Resultados ordenados de mayor a menor en 2012

Legitimidad del Estado autonómico por CCAA.

Una vez que hemos analizado la evolución longitudinal del apoyo de los españoles

hacia el modelo autonómico, cabe preguntarse por su evolución en distintas CCAA. Diversos

trabajos anteriores han puesto de manifiesto que las actitudes de los ciudadanos hacia la

organización territorial del Estado también varían en función de la CCAA estudiada (Shabad,

1986; Montero y Torcal, 1990; Mota, 1998; Liñeira, 2012). Tras las elecciones de 1982, cuando

las preferencias por la autonomía no eran abrumadoramente superiores a las del centralismo, el

apoyo al Estado autonómico era ya mayoritario en prácticamente todas las comunidades, salvo

en Asturias, Extremadura; y especialmente en las dos Castillas, donde el centralismo seguía

154

siendo la primera preferencia para los ciudadanos (Shabad 1986:536). El Gráfico 4.7 muestra la

evolución de la legitimidad del Estado autonómico desde 2005 –el momento en el que

suscitaban el máximo consenso desde el inicio del período democrático- hasta 2012, en la

segunda fase de la recesión, coincidiendo con la crisis de la deuda y la política de recorte del

déficit en una mayoría de CCAA.

Gráfico 4.7. Apoyo al Estado autonómico (agrupación de lealtad y voz frente a salida) por

CCAA (2005-2012).

Fuente: Barometros autonómicos del CIS (2610 y 2956).

El gráfico pone de manifiesto la pérdida de apoyo al Estado Autonómico en todas las

CCAA con la única excepción del País Vasco. Destaca la disminución del apoyo en Murcia

donde el descenso es de casi 41 puntos porcentuales; seguidas de Madrid, Castilla y León y

Cataluña con un 30 por ciento de pérdidas de apoyo. En las tres primeras CCAA mencionadas el

Estado centralizado se había convertido ya en la primera preferencia entre sus ciudadanos.

Por contraste, en 2005, el apoyo autonómico eran sensiblemente menor precisamente

en las CCAA cuyas demandas de autogobierno el desarrollo autonómico había buscado encajar:

un 65 por ciento de los vascos y algo más del 70 por ciento de los catalanes apoyaba en aquel

momento el Estado autonómico bien desde posiciones de lealtad bien desde posiciones devoz.

De entre estas dos CCAA, sólo Cataluña permanece en el grupo de menores niveles de

legitimación del Estado autonómico, aunque el crecimiento de las opciones de salida en este

caso se expresan a través de la preferencia de un modelo que permita la independencia para las

155

CCAA. En Canarias, Asturias, Galicia y Navarra el apoyo al Estado autonómico permanece en

2012 por encima del setenta por ciento. Por último, sólo en Andalucía las opciones de apoyo al

Estado autonómico permanecen en 2012 en nivele por encima del 80 por ciento.

Conforme al argumento que hemos desarrollado en el marco teórico de que las actitudes

hacía el Estado autonómico dependen del contexto político, en los Gráficos 4.8 y 4.9

exploramos examinamos la distribución de las posiciones de lealtad, voz y salida conforme al

color del partido gobernante en la CA entre 2010 y 2012, es decir contrastando los dos

momentos de la recesión económica. El gráfico pone de manifiesto que el efecto de la crisis en

la deslegitimación del Estado autonómico ha sido muy distinto dependiendo del partido en el

gobierno. En las CCAA gobernadas por el PSOE, en sentido contrario al conjunto del país, las

posiciones de lealtad se han visto reforzadas, de modo que especialmente la salida se concentra

significativamente en las CCAA gobernadas por el PP o por los partidos nacionalistas. Un

segundo punto de contraste interesante que ofrece el gráfico es la comparación entre PP y PSOE

en los dos momentos del tiempo; si la distribución de preferencias en las CCAA gobernadas por

uno y otro partido era bastante parecida en 2010, es sin embargo bastante distinta en 2012, lo

que sugiere que las posiciones vinculadas a uno u otro partido se han acentuado durante la

segunda fase de la crisis. Este resultado, por ello, matiza nuestra expectativa de que los efectos

de la variables vinculadas al proceso político serán menores en 2012 que en 2010.

Gráficos 4.8 y 4.9. Opciones de lealtad, voz y salida en CCAA gobernadas por el PSOE, el

PP y partidos nacionalistas (2010-2012).

En 2012, el PP/UPN encabezaba el gobierno en 12 CCAA, es decir en todas excepto en

Andalucía, País Vasco y Asturias (PSOE), por un lado; y en Canarias y Cataluña (Nacionalistas); por

otro. En 2010, el PP/UPN encabezaba el gobierno en 8 CCAA, el PSOE en Andalucía, Asturias, Castilla-

156

La Mancha, Extremadura, País Vasco, Baleares y Cataluña (éstas dos últimas en coalición) y Canarias y

Cantabria es gobernada por los nacionalistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados electorales y webs parlamentos autonómicos.

La legitimidad del Estado autonómico: cinco casos de estudio.

En función de la evolución en los niveles de legitimidad del modelo autonómico, y

atendiendo en paralelo al color de su gobierno, en el resto de este trabajo hemos centrado

nuestros análisis en los casos de Castilla y León, Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Las

dos primeras destacan tanto por su elevado descenso del apoyo al modelo autonómico, alrededor

de 30 puntos porcentuales, como por hacerlo a favor del Estado centralizado. Se trata además,

en ambos casos, de gobiernos autonómicos en manos del PP desde hace dos décadas. Andalucía

y País Vasco son dos de las CCAA que destacan en mayor medida por lo contrario, incluso con

una evolución positiva en los niveles de legitimidad en la segunda de ellas, tal y como hemos

visto en el apartado anterior. Por último, Cataluña también destaca por la fuerte pérdida de

legitimidad aunque en este caso la opción de salida se articula en torno a la posibilidad de

independencia; además de estar gobernada por un partido nacionalista. Dada la relevancia que

tradicionalmente se ha otorgado a los factores identitarios en la conformación de las actitudes

hacia el Estado autonómico, la selección de Cataluña y País Vasco como casos de estudio

responde también a su singularidad identitaria con respecto al resto de CCAA.

Las cinco CCAA son muy distintas entre sí y su diversidad se puede constatar tanto en

su población, tamaño, sentimiento nacionalista, etc. Hay que señalar también las diferencias con

respecto a su régimen jurídico, en dónde destaca la singularidad del régimen foral del País

Vasco y su autonomía fiscal. Puesto que nuestras hipótesis sobre el efecto de las percepciones

económicas están vinculadas a su posición presupuestaria con respecto al régimen general, no

hemos fijado hipótesis concretas para esta CA sobre el modo en el que las variables económicas

incidirán en las actitudes hacia el Estado autonómico. Por último, existen también importantes

diferencias en el impacto que la crisis ha tenido en sus niveles de riqueza y desempleo. Enlas

siguientes tablas hemos seleccionado dos indicadores para mostrar dicho impacto en cada una

de ellas: la evolución en la tasa de desempleo (Tabla 4.1) y la evolución de su deuda pública en

porcentaje de sus respectivos PIB (Tabla 4.2). A continuación hacemos una breve descripción

del contexto de las cinco CCAA seleccionadas, prestando especial atención al contexto

económico.

157

Tabla 4.1. Evolución de la Tasa de desempleo (1998-2012).

1998 2005 2010 2012

Andalucía 29,13 13,85 27,97 34,59

Castilla-León 16,79 9,16 20,99 28,47

Cataluña 14,42 6,95 17,75 22,65

Madrid 16,79 6,80 16,08 18,99

País Vasco 16,91 7,33 10,55 14,87

Media 18,61 9,16 20,06 25,03

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Tabla 4.2. Evolución de la deuda de las CCAA en porcentaje del PIB (1998-2012).

1998 2002 2005 2010 2012

Andalucía 8,9 7,4 5,9 8,5 14,6

Castilla-León 3,4 3,4 3,7 7,8 13,8

Cataluña 9,6 7,9 8,6 17,8 25,8

Madrid 4,4 6,7 6,3 7,2 10,7

País Vasco 7 3 2 7,8 11

Fuente: Elaboración propia a partir del boletín del Banco de España.

Andalucía

La crisis económica está teniendo un fuerte impacto en Andalucía, con los índices de

desempleo más altos, que superan en un 10 por ciento la tasa de desempleo en el conjunto de

España. El desempleo ha evolucionado desde un 14 por ciento en 2005 a un 28 por ciento en

2010 y alcanzó el 35 por ciento en 2012, lo que hace que sean los más elevados de toda la UE.

Los datos del PIB tampoco son mejores, con un PIB per cápita del 74,5 por ciento en 2012,

Extremadura es la única comunidad autónoma con un PIB per cápita menor. Su deuda pública

es la segunda más elevada de las cinco CCAA consideradas (aunque muy por detrás de la de

158

Cataluña) y en 2012 tuvo que solicitar una ayuda al Estado para su vencimiento. Por las razones

anteriores, Andalucía es -junto con Cataluña- la más golpeada por la crisis entre las cinco

seleccionadas por lo que esperamos encontrar mayores efectos de los factores económicos en

los niveles de apoyo autonómico que en Madrid, Castilla-León o el País Vasco; aunque por su

posición con respecto a los saldos fiscales, esperamos que el efecto de los factores económicos

vayan en sentido contrario de los que esperamos encontrar en Cataluña o en Madrid. Por lo que

se refiere a variables políticas, Andalucía es la única CA que ha permanecido bajo gobiernos

socialistas durante todo el período democrático aunque en las últimas elecciones autonómicas de

2012 el PP gano, por primera vez, en número de votos. Aunque Andalucía accedió a la

autonomía a través del artículo 151 de la Constitución Española el regionalismo andaluz no ha

sido un movimiento fuerte en el período democrático y el Partido Andalucista ha ido perdiendo

presencia en el Parlamento andaluz lo que se traduce en que no consiguiesen representación en

las dos últimas elecciones. Por ello no esperamos que la identidad regional tenga un efecto

menor en las actitudes hacia el Estado autonómico que en los casos de Cataluña y el País Vasco.

En definitiva, tal y como acabamos de ver, Andalucía es la única CA en la que los

niveles de apoyo al Estado autonómico permanecen por encima del 80 por ciento lo que

creemos que es el resultado de la combinación de sus factores políticos, económicos e

identitarios que en este caso se retroalimentan positivamente pese al contexto de recesión.

Castilla y León

En los indicadores analizados, Castilla-León es la CA con la evolución más parecida a

la media nacional. Si bien su índice de desempleo se sitúa ligeramente por encima de la media

en los datos del 2012, su evolución ha sido pareja a la nacional con pequeñas diferencias. Esto

también se constata en su PIB per cápita del 97,9 por ciento en 2012, muy próximo a la media

nacional del 100 por cien. En cuanto a su deuda pública, ésta se sitúa en el valor intermedio de

las cinco comunidades analizadas, lo que también ocurre cuando se compara con el resto de

comunidades. Castilla-León era también beneficiaria neta en términos fiscales en 2005 por lo

que esperamos que el efecto de la ocupación en los niveles de apoyo del Estado autonómico

tenga el mismo sentido que en Andalucía, aunque debido al menor impacto de la crisis

esperamos también que dichos efectos tengan menos intensidad.

En términos sociopolíticos, su vinculación histórica con el Reino de Castilla ha

provocado una identificación entre lo español y lo castellano que se hace patente en el

sentimiento españolista de sus ciudadanos y sus preferencias centralistas. El sentimiento

regionalista en Castilla-León es muy marginal no en relación a Cataluña y el País Vasco sino

también con respecto a Andalucía por lo que no esperamos en este caso efectos de la identidad

159

exclusivamente regional. El PP ha gobernado siempre en esta comunidad con la única

excepción de la primera legislatura en la que lo hizo el PSOE. En este sentido, y sabiendo que

se trata de una de las CCAA en las que más ha descendido la legitimidad autonómica,

esperamos que sean las variables socio-políticas las que expliquen en mayor medida sus

actitudes hacia el Estado autonómico.

Cataluña

Cataluña es probablemente, entre las cinco CCAA seleccionadas, la que más

contradicciones encierra. Por un lado se sitúa claramente entre las CCAA ricas, con el cuarto

PIB per cápita más alto (119,7 por ciento) de España, por detrás del País Vasco, Madrid, y

Navarra. La tasa de desempleo en Cataluña en 2012 se sitúa ligeramente por debajo de la media

nacional aunque pero su diferencial con respecto al conjunto de España ha tendido a disminuir

en relación a lo que ocurría a finales de los noventa (al contrario de lo que ocurre con el País

Vasco). Por último, Cataluña arrastraba desde mucho antes de la crisis la deuda pública más alta

entre las cinco comunidades seleccionadas y es la única en la que dicha deuda se dobló entre

2005 y 2010. Si consideramos el conjunto de las 17 CCAA, su deuda está también entre las más

elevadas, sólo por detrás de Valencia y Castilla La Mancha. Ello conllevo que los recortes en

prestaciones básicas comenzaran a introducirse aquí unos meses antes que en otras en esta

CCAA; lo que no impidió que tuviese que pedir un rescate al gobierno central para el

vencimiento de la deuda. En definitiva, aunque todavía en 2012 Cataluña sigue siendo una CC

relativamente rica en relación a la media está entre las más golpeadas por la crisis en términos

relativos, y muy especialmente por lo que se refiere a la evolución de su deuda pública y los

recortes en el gasto público. La combinación de los factores anteriores con su posición como

contribuyente neta en el régimen general explica que el mensaje “España nos roba” haya calado

de forma notable entre amplios sectores de la población catalana. Por ello, esperamos que en

Cataluña (junto con Andalucía) los factores económicos tengan un efecto mayor en las actitudes

de legitimidad del Estado autonómico que en las otras tres CCAA; aunque, a diferencia de

Andalucía, las categorías sociales más vulnerables tendrán en este caso una actitud

significativamente más negativa, y no positiva, hacia el Estado autonómico.

También en lo relativo al contexto político Cataluña ha atravesado un período

especialmente convulso. Tras 23 años de gobierno ininterrumpido del Jordi Pujol, desde 2003 le

sucedió el tripartito del PSC-ERC-ICV, coincidiendo con los debates en torno a la reforma del

Estatuto catalán que provocó un alto nivel de confrontación partidista y monopolizó la agenda

política catalana durante todo este período hasta su aprobación en 2006. En 2010, la declaración

de inconstitucionalidad de 14 artículos del Estatuto generó protestas y una gran manifestación

160

contra dicha resolución. Por las razones que acabamos de apuntar la crisis económica ha

contribuido a aumentar la polarización entre Cataluña y España. Por ello, consideramos que las

variables relativas al contexto socio-político tendrán en Cataluña un efecto mayor que en las

otras 4 CCAA.

Madrid

Madrid tiene algunos elementos compartidos con Cataluña; y otros muchos que la

diferencian considerablemente. Se trata de una CCAA rica, su PIB per cápita es el 129 por

ciento en relación a la media española, sólo por detrás del País Vasco. Comparte además con

Cataluña la condición de contribuidora neta en las balanzas fiscales. No obstante, la incidencia

de la crisis en Madrid es algo menor, su tasa de desempleo se sitúa 6 puntos por debajo de la

media y es la CA con menor deuda pública. Por su similitud como contribuyentes netos,

esperamos que los factores económicos, percepción y ocupación, tengan el mismo efecto que

aunque, por el menor efecto de la crisis, quizás con menor intensidad.

Por lo que se refiere a las variables sociopolíticas, en Madrid, como en Castilla-León, la

identidad regional carece de contenido político de modo que tampoco en este caso específico

esperamos que la identidad regional exclusiva tenga un efecto importante en nuestra variable

dependiente. Sin embargo, por su condición de capitalidad, por la concurrencia en Madrid de

muchas manifestaciones de movilización españolista y tras casi dos décadas de gobiernos del PP

en la Comunidad y en la capital si esperamos que la identidad nacional exclusiva tenga un

efecto negativo más claro sobre el apoyo al Estado autonómico en Madrid que otras CCAA.

País Vasco

La situación económica del País Vasco destaca por ser comparativamente mejor que el

resto de CCAA. Su tasa de desempleo en 2012 era 10 puntos porcentuales menor que la media

española, además de que este diferencial positivo con respecto a la media española ha tendido a

aumentar desde finales de la década de los noventa mejorando, por tanto, su diferencial positivo

que le permite situarse con el porcentaje de PIB per cápita más alto de todas las CCAA:

(135,4%)47. Por añadidura, su deuda pública es una de las más bajas de España, sólo por detrás

de la de Madrid de acuerdo con datos de 2012. Por último, su condición de régimen foral le

otorga un status singular en los juegos distributivos de la financiación autonómica y por tanto,

no hemos fijado hipótesis específicas sobre el sentido de los efectos de las variables económicas

en los niveles de legitimidad autonómica. Todo ello puede contribuir a explicar que sea la única

47Según datos del INE.

161

CA en la que los niveles de legitimidad autonómica han aumentado. De todo lo anterior,

esperamos que el efecto de las variables económicas en los niveles de apoyo al Estado

autonómico sea menor aquí que en las otras cuatro CCAA

No obstante, el País Vasco es también la CA que experimentó un contexto más

convulso políticamente con anterioridad a la actual crisis económica. La tregua de ETA de

finales de los noventa, el Pacto de Estella, y la posterior propuesta de reforma del Estatuto vasco

contribuyeron a polarizar la opinión pública vasca en torno al modelo de organización

territorial. Por añadidura, el alto nivel de confrontación partidista y polarización eran ya

patentes en el País Vasco en 2002 después de la ruptura en 2000 de la denominada tregua

trampa y de las elecciones autonómicas de 2001 muy polarizadas en torno a dos bloques (Pérez-

Nievas 2006). El País Vasco destaca también por haber tenido el nivel más alto de apoyo a la

independencia a lo largo de todo el período democrático. Dada la mayor heterogeneidad de su

distribución identitaria esperamos también que esta sea la CA dónde el factor identitario tiene

un mayor efecto en la conformación, y esperamos que, a diferencia, de otras CCAA, éste efecto

sea ya patente desde en la primera observación de 2002.

Modelos explicativos en cinco CCAA en tres observaciones en el tiempo:

Para comprobar si la crisis económica ha tenido algún efecto sobre las actitudes hacia el

estado autonómico y si este efecto ha sido diferente dependiendo de la Comunidad Autónoma

estudiada, o si por el contrario las actitudes hacia dicha institución vienen marcadas en mayor

medida por el proceso político que por el contexto económico, vamos estudiar dichos efectos en

tres momentos diferentes en el tiempo: 2002, 2010 y 201248. La elección de los tres momentos

de observación responde tanto a motivos metodológicos como contextuales. En primer lugar las

fechas vienen condicionadas por la disponibilidad de datos; y en segundo lugar por la necesidad

de establecer un punto de control en el tiempo en que ni la crisis actual, ni tampoco la

confrontación política en torno a la organización territorial que, como se ha argumentado se

intensificó a partir de 2004, hayan tenido ningún efecto. Este punto de control lo situamos en el

2002. En segundo lugar, la observación de 2010 está seleccionada por un lado como una fecha

intermedia en que si bien había comenzado la crisis económica, ésta no había entrado todavía en

su segunda fase con una incidencia mayor en los recortes de los déficits estatal y autonómico; y

por otro, como un punto en que las posibles implicaciones del proceso político si quedarían

48 Las bases de datos utilizadas son: Instituciones y Autonomías II (estudio ES2455 del Centro de

Investigaciones Sociológicas), y los Barómetros autonómicos del 2010 y 2010 (estudios ES2829 y

ES2956 del CIS)

162

reflejadas. Por último, 2012 sería el punto en el tiempo en el que esperamos que los efectos de

la crisis en las actitudes sean realmente notables.

Para cada CCAA seleccionada y para cada momento en el tiempo hemos construido dos

modelos de complejidad creciente. En primer lugar tenemos el modelo control en el que

incluimos tanto variables de tipo sociodemográfico ―genero, edad49y nivel de estudios―, como

de tipo actitudinal ―identidad nacional y recuerdo de voto―. Estudios recientes han

demostrado que la crisis actual no está teniendo el mismo efecto en todos los sectores

poblacionales, y que uno de los más afectados son los jóvenes (Garcia-Albacete, Lorente y

Martin, 2013), por otro lado presuponemos que la crisis también tendrá efectos diferentes

dependiendo del nivel educativo del encuestado. Tal y como explicamos en el marco teórico la

literatura sobre federalismo ha identificado una relación positiva entre los niveles educativos

más altos y el apoyo a la descentralización (Torcal y Mota, 2012). Por otro lado, sabemos

también que, en el caso específico de España, las cohortes más jóvenes que se socializaron en

democracia, muestran una actitud más positiva hacia el Estado autonómico que cohortes más

mayores que se socializaron políticamente en el franquismo o en los años de la transición

(Liñeira, 2012)

En lo relativo a los factores actitudinales, tenemos en primer lugar las variables

identitarias que la literatura previa ha considerado clave en la conformación de este tipo de

actitudes. Tal y como hemos explicado en detalle en el apartado anterior suponemos que las

actitudes hacía el estado autonómico vendrán condicionadas en gran medida por la identidad del

encuestado. Puesto que hemos operacionalizado nuestra variable dependiente diferenciado las

opciones de salida frente a las de lealtad y voz, en nuestros modelos comprobamos los efectos

de las identidades exclusivas (español o de la CCAA), frente a las identidades inclusivas, es

decir las de aquellos que se sienten simultáneamente españoles y de su comunidad autónoma50.

Por último, hemos operacionalizado las variables vinculadas al proceso político a través del

recuerdo de voto y no la autoubicación ideológica para captar así el efecto de la competición

entre partidos nacionalistas y partidos de ámbito estatal, y no sólo o principalmente la

competición entre PP y PSOE.

Por último tenemos el modelo propiamente referido a la crisis en el que añadimos a las

variables anteriores la ocupación del encuestado y la valoración diferencial que éste realiza

49 La edad esta medida como una variable continua, pero ante la posibilidad de que su efecto no sea lineal

se ha incorporado la edad al cuadrado como medida de control. Ésta sólo se conserva en aquellos modelos

en los que ha resultado significativa. 50También se incluyen dentro de la categoría “identidad inclusiva” aquellos que aunque se sientan más

español o más de su comunidad autónoma no se sitúan en ninguna de las categorías propiamente

exclusivas (sólo español o sólo de mi comunidad autónoma).

163

respecto de la situación económica a nivel estatal y de CCAA51. En lo referente a la ocupación,

que en este caso viene medida por la situación del encuestado como empleado, desempleado,

jubilado/pensionista u otros (esta categoría incluye también a estudiantes y amas de casa), la

incluimos en el modelo final (crisis) y no en el de control porque conforme explicamos en el

marco teórico esperamos que la variable ocupación refleja un diferente grado de vulnerabilidad

económica con efectos diferenciados en el apoyo al Estado autonómico dependiendo de la

CCAA de la que se trate. No obstante, y con independencia del sentido de la relación que

variará dependiendo de la CA, en el análisis longitudinal esperamos que los efectos de las

variables del modelo crisis en las actitudes hacia la legitimidad autonómica sean especialmente

relevantes en la observación de 2012.

Por último hemos operacionalizado nuestra variable dependiente, el apoyo al Estado

autonómico, agrupando tanto a los individuos que sostienen posiciones de lealtad como de los

que se sitúan en la voz. Por lo tanto nuestra variable dependiente tendrá carácter dicotómico: 0

no apoyo al estado autonómico (bien porque se prefiera un estado centralista o bien porque se

quiera que las CCAA fueran independientes) y 1 apoyo al estado autonómico (tanto en las

opciones de lealtad como de voz).

En los análisis que exponemos a continuación (Tablas 3 a 9) analizamos las cinco

CCAA seleccionadas conforme a los criterios que se explicaron en el apartado de evolución

longitudinal.

Empezando por Andalucía (Tabla 3), una de las CCAA más golpeadas por la crisis, con

altísimos niveles de desempleo; y en la que, sin embargo, el apoyo al Estado autonómico se ha

mantenido en niveles altos. Entre las variables de control, sobresale el efecto negativo de la

edad, conforme a la expectativa de que son las cohortes más jóvenes, socializadas en

democracia, las que en mayor medida apoyarán el estado autonómico, aunque dicho efecto es

sólo significativo en los modelos de control de 2010 y 2012. En segundo lugar, y como cabía

esperar, el nivel educativo se relaciona positivamente con los niveles de apoyo al Estado

autonómico, aunque el efecto parece claramente mayor en 2002 que en las dos observaciones de

la crisis económica (lo que puede sustentar la hipótesis de que en el caso concreto de Andalucía

la crisis haya contribuido a legitimar el Estado autonómico en grupos sociales más vulnerables a

la crisis económica como los que tienen menos recursos educativos)

Como cabía esperar la identidad inclusiva o dual se relaciona positivamente con el

apoyo al Estado autonómico en las tres observaciones; mientras que la identidad regional

51 Para operacionalizar esta variable se ha tenido en cuenta la diferencia entre la valoración de la situación

económica de la Comunidad Autónoma y del Estado que hace el encuestado. De esta forma las

puntuaciones positivas indican una mejor valoración de la situación económica de la Comunidad

Autónoma, mientras que las negativas reflejar una mejor valoración de la economía a nivel estatal.

164

exclusiva muestra un leve efecto positivo en 2002, un efecto que, frente a lo que habíamos

esperado inicialmente, se ve reforzado en sentido positivo en el momento álgido de la crisis, en

2012 extensivas a aquellos que afirman sentirse identificados sólo con su comunidad autónoma.

Por último, en lo referente al recuerdo de voto, el voto al PSOE (frente al PP) comienza a tener

un efecto positivo a partir de 2010, es decir después del período de confrontación política, a los

que se suman a partir de 2012 los votantes de partidos minoritarios (principalmente votantes de

IU en este caso).

En lo que se refiere a las variables vinculadas específicamente con la crisis, en el caso

concreto de Andalucía no teníamos expectativas concretas sobre la evaluación diferencial de la

situación económica nacional que, efectivamente tienen un efecto neutro en la variable

dependiente. Por contraste, en lo relativo a la ocupación, tratándose Andalucía de una CA

beneficiaria neta de recursos financieros, si esperábamos que conforme se hicieran sentir los

efectos de la crisis, los grupos más vulnerables, desempleados y jubilados, se relacionarían

positivamente con el apoyo al Estado autonómico. Efectivamente estos efectos empiezan a

hacerse patentes en 2010 cuando los desempleados apoyan con mayor probabilidad el Estado

autonómico. Sin embargo, esta situación cambia dos años después, en el momento en que la

crisis está teniendo sus mayores efectos cuando el desempleo deja de ser significativo y las

categorías de jubilado y “otros” (estudiante o ama de casa) pasan a tener un efecto negativo

sobre la legitimidad autonómica.

Resumiendo nuestros resultados para Andalucía, nuestras expectativas sobre el efecto

de las variables económicas en la actitud legitimidad autonómica se cumplen en 2002 (cuando

no hay efectos) y en 2010 (cuando los hay y son en el sentido esperado) pero no en 2012,

precisamente cuando, conforme a nuestras hipótesis, el efecto de las variables vinculadas a la

crisis debería ser mayor. Por lo que se refiere a las variables del proceso político, tal y como

habíamos esperado, éstas empiezan a manifestarse sólo a partir de 2010; pero se mantienen con

igual fuerza en 2012. Por último, en sentido contrario a nuestra expectativa inicial, un efecto

aparente de la crisis es que ha contribuido a reforzar positivamente la actitud hacia el Estado

autonómico entre los individuos que tienen fundamentalmente un sentimiento andalucista.

En el caso de Castilla y León (Tabla 4), una de las CA el descenso de la legitimidad

autonómica ha sido mayor, el nivel educativo apenas tiene efectos e ninguna de las

observaciones. Sin embargo, como en Andalucía y conforme a nuestras expectativas, son los

jóvenes, socializados en democracia, los que mayor probabilidad tienen de apoyar el Estado

autonómico. Sin embargo, esta relación desparece en 2012 al introducir las variables

económicas, lo que sugiere que coincidiendo con la crisis económica la deslegitimación del

Estado autonómico es mayor precisamente entre los jóvenes, un aspecto sobre el que

volveremos al comentar los resultados de Madrid y Cataluña. En lo relativo a variables

165

vinculadas al proceso político el recuerdo de voto apenas tiene efectos, excepto un leve efecto

positivo del voto al PSOE en la observación de 2012. Como cabía esperar la identidad nacional

exclusiva (frente a la dual o anidada) tiene un efecto negativo en las actitudes hacia el Estado

autonómico. Sin embargo, los efectos pierden levemente los niveles de significatividad

precisamente en las observaciones de 2010 y 2012, cuando entra en juego la crisis económica.

Por lo que se refiere a los efectos de las variables económicas, esperábamos que en

Castilla-León la ocupación tuviera efectos en el mismo sentido que Andalucía, con los grupos

más vulnerables mostrando actitudes significativamente más positivas hacia el Estado

autonómico, aunque quizás con menos fuerza debido a la menor intensidad de la crisis. Sin

embargo, de acuerdo con los resultado de la Tabla 3 los desempleados no se relacionar ni

positiva ni negativamente con las actitudes hacia el Estado autonómico y sólo en la observación

de 2012 los jubilados muestran un efecto negativo en dichas actitudes, tal y como ocurría

también en Andalucía.

Tal y como explicamos con detalle en el apartado de contexto, la particularidad de

Cataluña en relación a otras CCAA reside en que combina su posición de contribuyente neta al

régimen de financiación común con ser una de las CCAA más golpeadas por la crisis, al menos

en términos relativos y aunque conserve el puesto de región rica en el ranking del PIB per

cápita. Como en los casos anteriores la edad tiene un efecto negativo en la primera observación

de 2002 pero después pierde significatividad e incluso muestra un leve efecto positivo en 2010:

ello sugiere que también en Cataluña el proceso de erosión del Estado autonómico es más

rápido entre los jóvenes, precisamente el grupo que le venía otorgando más apoyo antes de la

crisis. De modo similar a lo que veíamos en Andalucía, la educación tenía un efecto positivo

muy fuerte en 2002 que van despareciendo e incluso cambian levemente de sentido conforme

entra en escena la crisis.

En lo relativo al efecto identitario, y como cabía esperar, la identidad nacional exclusiva

tiene efectos negativos en la probabilidad de apoyo al Estado autonómico y los mantiene a lo

largo de todo el período. Por contraste, y conforme a las expectativas que fijamos en nuestras

hipótesis la identidad regional exclusiva mantenía una relación positiva en la primera

observación de 2002 que se convierte en negativa en las otras dos observaciones, con mayor

significatividad en 2010 incluso que en 2012: ello pone de manifiesto el modo en el que la

combinación de la confrontación política y la crisis económica ha revertido el efecto de la

identidad catalana sobre el apoyo autonómico, pasando de tener un efecto claramente positivo a

claramente negativo (recuérdese que la categoría de referencia en este caso es la identidad

española exclusiva) lo que subraya más todavía la fuerte erosión del apoyo al estado autonómico

entre los individuos de identidad catalana.

166

Los cambios en los efectos de las variables sociopolíticas no se circunscriben sólo a

cuestiones identitarias, sino que las variables relativas al proceso político también experimentan

cambios. Si en 2002 el ser votante del PSOE, o en este caso también de un partido nacionalista,

aumentaba las probabilidades de apoyar el estado autonómico respecto a los votantes del PP, esa

relación desaparece en 2010 entre los votantes del PSOE, y se convierte en negativa y con un

nivel de significatividad mucho menor entre los votantes nacionalistas para esa misma fecha.

Las variables del proceso político no tienen efectos en 2012, lo que confirmaría, al menos para

el caso de Cataluña, que los mayores efectos del proceso político se concentraron en 2010.

Sin embargo, también las variables del modelo de crisis tienen mayores efectos en 2010

que en 2012. Recordando nuestras hipótesis, esperamos en Cataluña por su combinación de

Comunidad rica y contribuyente neta esperamos que conforme mejor sea la percepción de la

economía regional en relación a la nacional, menor será el apoyo al Estado autonómico. A este

respecto nuestros resultados confirman la hipótesis aunque con un nivel de significatividad

menor en 2012 que en 2010. En segundo lugar, por su posición de contribuyente neta,

esperábamos que los grupos sociales más vulnerables como los desempleados muestren un

menor apoyo al Estado autonómico y que esa relación negativa fuera más probable una vez

comenzada la crisis económica. Atendiendo a los resultados de la Tabla 4 nuestra hipótesis se

confirma en la significativa relación negativa entre los desempleados hacia el Estado

autonómico en 2010, aunque dicha relación desaparece en la siguiente observación de 2012.

La concentración de los efectos explicativos en 2010, tanto del proceso político como de

las variables económicas, parece razonable en el caso de Cataluña. De hecho es el la polémica

referente al Estatuto Catalán la que en mayor medida desencadena todo el proceso de

confrontación política en torno a la organización territorial del estado; y la sentencia del

Tribunal Constitucional de ese mismo año 2010 provocó ya la movilización de miles de

catalanes. En el terreno de lo económico, hay que recordar que si bien en otras CCAA la

repercusión de los recortes fue mayor a partir del 2010-11, la mayor deuda pública acumulada

por Cataluña ―entre las mayores de toda España― obligó a introducir recortes desde la llegada

de Mas a la Generalitat, unos recortes que se anticipaban ya en la campaña electoral y que se

acompañaron de la reivindicación de implantar un sistema de concierto económico similar al del

régimen foral para Cataluña. No obstante, y pese a que nuestra expectativa inicial es que el

efecto de las variables económicas fuera mayor en 2012 que en 2010, lo que si se confirma es

que el efecto de estas variables es mayor en Cataluña que en otras CCAA, como Madrid que

examinamos a continuación.

Si pasamos ahora a Madrid (Tabla 6), una CA donde el apoyo al Estado autonómico ha

sufrido también una importante deslegitimación a favor de la recentralización del Estado. Hay

varios aspectos singulares en los efectos de las variables de control en Madrid 2002: es la única

167

CA en la que la edad tiene efectos curvilíneos de tal modo que en 2002 son los jóvenes y los

más mayores los que con menor probabilidad apoyaban el Estado autonómico; en cambio el

efecto en 2010 y 2012 pasa a ser el inverso. Llama también la atención que el nivel educativo

comienza a tener algunos efectos positivos en 2010, aunque estos se hacen más significativos

todavía en 2012, cuando la crisis económica ha tenido su mayor repercusión.

En lo referente a las variables identitarias, y conforme a lo esperado, la identidad

nacional exclusiva tiene efectos negativos en los niveles de apoyo al Estado autonómico, que se

hace especialmente significativo durante la crisis económica, tanto en 2010 como en 2012. En lo

relativo a las variables del proceso político, si bien el voto al PSOE apuntaba un efecto positivo

en 2010 sobre el apoyo autonómico, dicho efecto se hace mucho más definitivo en 2012

coincidiendo con la segunda fase de la crisis.

En cuanto a las variables incluidas dentro del modelo crisis, como en Cataluña

esperábamos que conforme mejor sea la percepción diferencial de la economía regional frente a

la nacional menor será el apoyo al Estado autonómico, tal y como confirman nuestros datos

aunque sólo en 2010, pues dicho efecto desaparece en 2012. Con respecto a la variable

ocupación esperábamos un efecto similar al catalán con los grupos más vulnerables mostrando

un menor nivel de apoyo al Estado autonómico en la medida en la que se perciban sus efectos

redistributivos hacia otras regiones. Nuestros resultados, sin embargo, no confirman esta última

hipótesis en la medida en que ninguna categoría de ocupación tiene un efecto significativo sobre

los niveles de apoyo autonómico, excepto el residual efecto positivo que muestran los jubilados

en 2012. En definitiva, la percepción diferenciada entre la economía regional y nacional si opera

de modo similar en dos regiones relativamente ricas y contribuyentes netas como Cataluña y

Madrid, de tal modo que cuanto mayor es la diferencia percibida entre los dos niveles, menor es

la probabilidad de apoyar el Estado autonómico. Por contraste, la hipótesis de que precisamente

por esa posible percepción del Estado autonómico como un lastre para sus respectivas

economías regionales, el apoyo al Estado autonómico será menor entre los grupos más

vulnerables, como los desempleados, sólo se cumple parcialmente en Cataluña; pero no en

Madrid.

168

Tabla 4.3. Coeficientes de regresión Andalucía

2002 2010 2012

Control Crisis Control Crisis Control Crisis

Ocupación A

Desempleado

0,054

(0,248)

0,818**

(0,277)

0,018

(0,155)

Jubilado/Pensionista

-0,328

(0,258)

-0,136

(0,297)

-0,508**

(0,179)

Otros

0,411

(0,231)

0,168

(0,298)

-0,563**

(0,185)

Valoración diferencial

situación económica

0,085

(0,113)

-0,127

(0,145)

0,020

(0,089)

Sexo (hombre) -0,443**

(0,143)

-0,593***

(0,166)

0,692***

(0,188)

0,631**

(0,206)

-0,038

(0,115)

-0,120*

(0,056)

Edad -0,011

(0,006)

-0,006

(0,008)

-0,013*

(0,006)

-0,004

(0,007)

-0,016***

(0,004)

0,046

(0,092)

Edad 2

Nivel de estudios B

Primaria 0,850***

(0,199)

0,739**

(0,214)

0,351

(0,313)

0,321

(0,319)

0,243

(0,200)

0,277

(0,203)

Secundaria 1,234***

(0,262)

1,163***

(0,285)

0,401

(0,411)

0,472

(0,422)

0,341

(0,271)

0,479+

(0,272)

Formación

Profesional

1,541***

(0,326)

1,363***

(0,344)

0,243

(0,391)

0,333

(0,407)

0,739**

(0,263)

0,819**

(0,264)

Medios universitarios 2,258***

(0,429)

2,058***

(0,443)

0,609

(0,453)

0,757

(0,468)

0,465

(0,302)

0,506+

(0,303)

Superiores 1,538***

(0,387)

1,380**

(0,407)

0,680

(0,500)

0,914+

(0,515)

0,049

(0,276)

0,013

(0,282)

Identidad Nacional C

Inclusiva 1,359***

(0,241)

1,251***

(0,256)

0,800**

(0,296)

0,819**

(0,304)

1,576***

(0,274)

1,657***

(0,276)

169

CCAA exclusiva 1,109*

(0,474)

1,407*

(0,634)

0,404

(0,871)

0,113

(0,875)

2,705***

(0,703)

2,695***

(0,704)

Recuerdo de voto D

PSOE 0,335

(0,183)

0,202

(0,199)

1,073***

(0,235)

1,076***

(0,236)

0,953***

(0,149)

0,959***

(0,154)

Nacionalistas 0,436

(0,481)

0,238

(0,478)

Otros -0,187

(0,277)

-0,390

(0,284)

-0,160

(0,300)

-0,204

(0,304)

0,691***

(0,177)

0,711***

(0,179)

Abstención -0,448*

(0,209)

-0,396+

(0,231)

0,384

(0,250)

0,385

(0,253)

0,142

(0,165)

0,306+

(0,167)

Constante 0,389

(0,553)

0,735

(0,609)

0,098

(0,647)

-0,413

(0,666)

-0,456

(0,463)

-1,065*

(0,426)

-2 log de la

verosimilitud 1.297,496 1.169,232 890,002 874,973 1.828,975

1.792,233

R cuadrado de Cox y

Snell 0,113 0,092 0,040 0,049 0,080

0,081

R cuadrado de

Nagelkerke 0,179 0,152 0,080 0,096 0,116

0,118

(N) 776 739 714 706 1186 1165

*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0,5, + p<0,1. Los errores típicos aparecen entre paréntesis.

(A) categoría de referencia: empleado; (B) categoría de referencia: sin estudios; (C) categoría de

referencia: exclusiva con España; (D) categoría de referencia: PP.

Fuente: ES2455, ES2829 y ES2956.

170

Tabla 4.4. Coeficientes de regresión Castilla y León

2002 2010 2012

Control Crisis Control Crisis Control Crisis

Ocupación

Desempleado

0,293

(0,665)

0,079

(0,428)

-0,004

(0,261)

Jubilado/Pensionista

-0,135

(0,366)

0,402

(0,425)

-0,771**

(0,260)

Otros

-0,168

(0,368)

0,054

(0,396)

-0,433

(0,281)

Valoración diferencial

situación económica

0,385*

(0,167)

-0,054

(0,149)

0,173

(0,141)

Sexo -0,258

(0,219)

-0,075

(0,285)

0,429+

(0,236)

0,472+

(0,258)

0,152

(0,182)

0,008

(0,095)

Edad -0,029***

(0,008)

-0,032**

(0,010)

-0,029***

(0,007)

-0,035**

(0,010)

-0,021***

(0,006)

-0,060

(0,163)

Edad 2

Nivel de estudios

Primaria -0,181

(0,420)

-0,192

(0,441)

-0,306

(0,868)

-0,118

(0,897)

-0,293

(0,719)

-0,161

(0,718)

Secundaria -0,028

(0,488)

-0,060

(0,513)

-0,337

(0,935)

-0,112

(0,969)

-0,422

(0,767)

-0,305

(0,768)

Formación

Profesional

-0,097

(0,597)

-0,134

(0,627)

-0,458

(0,929)

-0,169

(0,964)

0,136

(0,755)

0,255

(0,758)

Medios universitarios 1,081

(0,733)

1,528+

(0,848)

-0,549

(0,974)

-0,308

(1,007)

-0,319

(0,782)

-0,112

(0,776)

Superiores 0,084

(0,595)

0,003

(0,629)

0,387

(1,033)

0,695

(1,069)

0,400

(0,790)

0,440

(0,796)

Identidad Nacional

Inclusiva 0,961***

(0,224)

1,090***

(0,237)

0,780**

(0,279)

0,870**

(0,284)

0,653**

(0,233)

0,661**

(0,239)

171

CCAA exclusiva (a)

Recuerdo de voto

PSOE 0,239

(0,257)

0,319

(0,270)

0,496+

(0,277)

0,445

(0,289)

0,119

(0,235)

0,179

(0,237)

Nacionalistas

Otros -0,758+

(0,448)

-0,709

(0,469)

0,445

(0,511)

0,362

(0,517)

-0,158+

(0,289)

-0,062

(0,289)

Abstención -0,563

(0,344)

-0,778*

(0,362)

0,232

(0,325)

0,192

(0,331)

-0,229

(0,255)

-0,079

(0,253)

Constante 2,513**

(0,806)

2,544**

(0,858)

1,231

(1,116)

1,052

(1,168)

0,601

(0,886)

-0,115

(0,850)

-2 log de la

verosimilitud 539,735 501,213 456,150 450,506 690,712 683,556

R cuadrado de Cox y

Snell 0,119 0,144 0,103 0,107 0,071 0,068

R cuadrado de

Nagelkerke 0,179 0,217 0,147 0,153 0,094 0,091

(N) 502 485 407 401 757 757

*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0,5, + p<0,1. Los errores típicos aparecen entre paréntesis.

(A) categoría de referencia: empleado; (B) categoría de referencia: sin estudios; (C) categoría de

referencia: exclusiva con España; (D) categoría de referencia: PP.

Fuente: ES2455, ES2829 y ES2956.

172

Tabla 4.5. Coeficientes de regresión Cataluña.

2002 2010 2012

Control Crisis Control Crisis Control Crisis

Ocupación

Desempleado

0,173

(0,366)

-0,645***

(0,171)

-0,112

(0,152)

Jubilado/Pensionista

0,024

(0,298)

-0,325

(0,219)

-0,109

(0,165)

Otros

0,632*

(0,304)

0,484

(0,254)

0,052

(0,218)

Valoración

diferencial situación

económica

0,210

(0,157)

-0,291**

(0,087)

-0,126+

(0,076)

Sexo -0,095

(0,174)

-0,187

(0,191)

0,417**

(0,128)

0,339*

(0,132)

0,105

(0,116)

0,057

(0,076)

Edad -0,017**

(0,006)

-0,011

(0,008)

-0,008+

(0,004)

-0,007

(0,005)

-0,005

(0,004)

0,047

(0,085)

Edad 2

Nivel de estudios

Primaria 0,330

(0,278)

0,387

(0,282)

-0,489

(0,349)

-0,433

(0,352)

0,566

(0,357)

0,698+

(0,357)

Secundaria 0,598+

(0,315)

0,804*

(0,322)

-0,867*

(0,410)

-0,988*

(0,416)

0,025

(0,400)

0,167

(0,398)

Formación

Profesional

1,113**

(0,400)

1,453***

(0,417)

-0,761*

(0,380)

-0,701+

(0,386)

0,327

(0,382)

0,494

(0,379)

Medios

universitarios

0,424

(0,450)

0,583

(0,454)

-0,709+

(0,415)

-0,638

(0,420)

0,457

(0,414)

0,658

(0,410)

Superiores 1,127*

(0,480)

1,386**

(0,490)

-0,419

(0,416)

-0,432

(0,423)

0,108

(0,404)

0,278

(0,404)

Identidad Nacional

Inclusiva 0,974***

(0,203)

1,003***

(0,207)

0,862***

(0,218)

0,926***

(0,223)

1,089***

(0,254)

1,121***

(0,256)

173

CCAA exclusiva 1,841***

(0,401)

1,740***

(0,405)

-1,146***

(0,287)

-1,140***

(0,292)

-1,018**

(0,306)

-0,982**

(0,308)

Recuerdo de voto

PSOE 0,825**

(0,266)

0,896**

(0,272)

-0,034

(0,254)

-0,082

(0,259)

0,088

(0,200)

0,105

(0,201)

Nacionalistas 1,159**

(0,339)

1,441***

(0,370)

-0,516+

(0,276)

-0,585+

(0,283)

-0,230

(0,207)

-0,203

(0,208)

Otros -0,272

(0,382)

-0,010

(0,401)

0,172

(0,324)

0,130

(0,328)

0,092

(0,236)

0,143

(0,236)

Abstención -0,144

(0,254)

-0,044

(0,258)

-0,193

(0,261)

-0,163

(0,266)

-0,019

(0,199)

0,045

(0,200)

Constante 1,139+

(0,649)

0,555

(0,673)

0,567

(0,544)

0,848

(0,568)

-1,039+

(0,551)

-1,372**

(0,491)

-2 log de la

verosimilitud 960,606 921,466 1.497,091 1.460,987 1760,260 1748,494

R cuadrado de Cox

y Snell 0,096 0,101 0,151 0,172 0,159 0,162

R cuadrado de

Nagelkerke 0,181 0,193 0,207 0,236 0,212 0,216

(N) 805 795 711 709 1008 1004

*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0,5, + p<0,1. Los errores típicos aparecen entre paréntesis.

(A) categoría de referencia: empleado; (B) categoría de referencia: sin estudios; (C) categoría de

referencia: exclusiva con España; (D) categoría de referencia: PP.

Fuente: ES2455, ES2829 y ES2956.

174

Tabla 4.6. Coeficientes de regresión Madrid.

2002 2010 2012

Control Crisis Control Crisis Control Crisis

Ocupación

Desempleado

-0,508+

(0,267)

0,105

(0,242)

0,023

(0,169)

Jubilado/Pensionista

0,193

(0,303)

-0,347

(0,342)

0,468+

(0,246)

Otros

0,246

(0,261)

-0,126

(0,298)

-0,251

(0,217)

Valoración diferencial

situación económica

0,045

(0,160)

-0,546***

(0,096)

-0,108

(0,082)

Sexo -0,043

(0,157)

-0,023

(0,172)

0,044

(0,165)

0,200

(0,181)

0,044

(0,127)

-0,217**

(0,083)

Edad 0,069*

(0,030)

0,098**

(0,033)

-0,121***

(0,031)

-0,137***

(0,034)

-0,011*

(0,004)

0,183*

(0,085)

Edad 2 -0,001**

(0,000)

-0,001***

(0,000)

0,001**

(0,000)

0,001***

(0,000) xx

0,000**

(0,000)

Nivel de estudios

Primaria -0,366

(0,311)

-0,392

(0,316)

0,004

(0,418)

0,185

(0,434)

1,145**

(0,416)

1,142**

(0,424)

Secundaria -0,778*

(0,342)

-0,752*

(0,349)

0,828+

(0,445)

1,165*

(0,469)

1,331**

(0,436)

1,373**

(0,444)

Formación

Profesional

-0,404

(0,395)

-0,238

(0,412)

1,050*

(0,485)

1,243*

(0,506)

1,573***

(0,445)

1,607***

(0,458)

Medios universitarios -0,238

(0,412)

0,003

(0,437)

1,163*

(0,506)

1,692**

(0,539)

1,637***

(0,457)

1,605**

(0,467)

Superiores -0,355

(0,376)

-0,260

(0,387)

0,924*

(0,452)

1,215*

(0,477)

1,746***

(0,433)

1,769***

(0,446)

Identidad Nacional

Inclusiva 0,338* 0,416* 0,332+ 0,488** 0,533*** 0,437**

175

(0,166) (0,171) (0,171) (0,178) (0,138) (0,143)

CCAA exclusiva 0,658

(0,609)

0,740

(0,613)

0,469

(0,911)

0,234

(0,924)

0,475

(1,003)

0,465

(1,010)

Recuerdo de voto

PSOE 0,340+

(0,197)

0,269

(0,202)

0,415*

(0,187)

-0,262

(0,228)

0,655***

(0,170)

0,624***

(0,177)

Nacionalistas

Otros -0,051

(0,240)

-0,114

(0,248)

0,754*

(0,313)

0,237

(0,330)

0,208

(0,163)

0,129

(0,167)

Abstención -0,187

(0,222)

-0,107

(0,235)

0,064

(0,261)

-0,584*

(0,290)

-0,119

(0,195)

-0,160

(0,201)

Constante 0,820

(0,775)

0,141

(0,830)

3,021***

(0,862)

3,508***

(0,922)

-1,450**

(0,533)

-1,346**

(0,497)

-2 log de la

verosimilitud 1040,549 986,353 925,423 862,183 1453,111 1.423,598

R cuadrado de Cox y

Snell 0,063 0,075 0,091 0,130 0,078 0,090

R cuadrado de

Nagelkerke 0,096 0,114 0,132 0,191 0,103 0,120

(N) 612 595 495 487 713 708

*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0,5, + p<0,1. Los errores típicos aparecen entre paréntesis.

(A) categoría de referencia: empleado; (B) categoría de referencia: sin estudios; (C) categoría de

referencia: exclusiva con España; (D) categoría de referencia: PP.

Fuente: ES2455, ES2829 y ES2956.

176

Tabla 4.7. Coeficientes de regresión País Vasco.

2002 2010 2012

Control Crisis Control Crisis Control Crisis

Ocupación

Desemplead

o

-14,816*

(7,383)

0,493

(0,564)

-0,233

(0,435)

Jubilado/

Pensionista

-2,488

(3,322)

0,726

(0,537)

0,002

(0,436)

Otros

-10,824+

(5,930)

0,578

(0,601)

0,444

(0,539)

Valoración

diferencial

situación

económica

-0,100

(1,204)

-0,193

(0,247)

-0,272

(0,197)

Sexo 1,445

(1,095)

7,966+

(4,127)

0,125

(0,308)

0,079

(0,340)

0,293

(0,311)

0,176

(0,134)

Edad -0,009

(0,042)

-0,282

(0,158)

0,013

(0,011)

0,005

(0,015)

0,015

(0,011)

0,387

(0,287)

Edad 2

Nivel de estudios

Primaria 2,314

(1,796)

-0,687

(13,146)

-0,951

(1,447)

-1,016

(1,623)

-18,647

(11662,28)

-18,776

(11610,01)

Secundaria 0,810

(2,078)

-7,642

(13,994)

-1,573

(1,491)

-1,578

(1,665)

-19,401

(11662,28)

-19,482

(11610,01)

Formación

Profesional

0,095

(2,284)

-9,441

(14,752)

-1,081

(1,473)

-1,062

(1,644)

-19,317

(11662,28)

-19,510

(11610,01)

Medios

universitario

s

0,705

(2,574)

-3,917

(14,061)

-0,993

(1,513)

-0,829

(1,684)

-18,792

(11662,28)

-18,900

(11610,01)

Superiores -1,806

(2,031)

-13,969

(15,201)

-0,309

(1,489)

-0,124

(1,657)

-18,781

(11662,28)

-18,976

(11610,01)

Identidad Nacional

177

Inclusiva 3,083**

(1,172)

10,620+

(5,426)

1,369+

(0,719)

1,419+

(0,752)

-0,023

(0,916)

0,348

(0,943)

CCAA

exclusiva

18,815

(3009,83)

32,760

(2119,07)

-1,322+

(0,751)

-1,360

(0,782)

-3,128**

(0,951)

-2,703**

(0,977)

Recuerdo de voto

PSOE 2,970*

(1,436)

11,420+

(5,920)

1,102

(0,993)

1,073

(1,006)

0,930

(0,715)

0,620

(0,735)

Nacionalist

a

18,864

(2900,61)

28,240

(2159,29)

0,460

(0,972)

0,569

(0,984)

0,309

(0,659)

0,185

(0,678)

Otros 19,498

(5994,78)

24,702

(4424,74)

-0,621

(0,970)

-0,699

(0,983)

1,517+

(0,813)

1,263

(0,856)

Abstención 3,139*

(1,318)

6,694*

(2,947)

-0,172

(0,946)

-0,174

(0,956)

1,295+

(0,702)

0,966

(0,711)

Constante -3,432

(3,884)

5,709

(14,723)

0,824

(1,899)

1,000

(2,070)

19,171

(11662,28)

19,445

(11610,01)

-2 log de la

verosimilitud 35,216 19,199 284,361 269,611 298,824 290,966

R2 Cox y

Snell 0,129 0,176 0,302 0,320 0,375 0,386

R2 Nagelkerke 0,606 0,788 0,442 0,469 0,544 0,559

(N) 351 326 399 392 325 323

*** p<0.001, ** p<0.01, *p<0,5, + p<0,1. Los errores típicos aparecen entre paréntesis.

(A) categoría de referencia: empleado; (B) categoría de referencia: sin estudios; (C) categoría de

referencia: exclusiva con España; (D) categoría de referencia: PP.

Fuente: ES2455, ES2829 y ES2956.

178

Tabla 4.8. Efectos de las distintas variables en las 5 CCAA. Perspectiva longitudinala.

An

dal

ucí

a 20

02

Cas

till

a L

eón

200

2

Cat

aluñ

a 20

02

Mad

rid

200

2

Paí

s V

asco

200

2

An

dal

ucí

a 20

10

Cas

till

a L

eón

201

0

Cat

aluñ

a2010

Mad

rid

201

0

Paí

s V

asco

201

0

An

dal

ucí

a 20

12

Cas

till

a L

eón

201

2

Cat

aluñ

a 20

12

Mad

rid

201

2

Paí

s V

asco

201

2

Ocupación

Desempleado

(-) - ++

---

Jubilado/Pensionista

-- -

(+)

Otros

+

(-)

--

Valoración diferencial

situación económica + -- --- (-)

Sexo --

-

(+)

++

+ (+) +

-

--

Edad -- -- ++

-- (-) ---

+

Edad 2

---

++

+

++

Nivel de estudios

Primaria +

+

+

(+) ++

Secundaria +

+

+

-

- +

++

Formación

Profesional

+

+

+

++

+

(-) +

++

++

+

Medios

universitarios

+

+

+

++

(+)

++

+

Superiores +

+

++

(+)

+

++

+

Identidad Nacional

Inclusiva +

+

+

++

+

++

+ + (+) ++ ++

++

+ ++ (+)

++

+ ++

++

+ ++

CCAA exclusiva +

++

---

++

--

--

179

+ +

Recuerdo de voto

PSOE

(+)

++

+

++

+

++

+

Nacionalistas

(-)

Otros

(-)

++

+

Abstención - + - (+)

aEl signo indica si la relación es positiva o negativa y el número de repeticiones el nivel de confianza al

que es significativo: --- / +++ p<0,000; -- / ++ p<0,001; - / + p<0,05. Cuando aparece entre paréntesis es

porque el nivel de confianza es sólo al 90%.

Tabla 4.9. Efectos de las distintas variables en las 5 CCAA. Perspectiva por CCAAa.

An

dal

ucí

a 2

00

2

An

dal

ucí

a 2

01

0

An

dal

ucí

a 2

01

2

Cas

till

a L

eón

20

02

Cas

till

a L

eón

20

10

Cas

till

a L

eón

20

12

Cat

alu

ña

20

02

Cat

alu

ña2

01

0

Cat

alu

ña

20

12

Mad

rid2

00

2

Mad

rid2

01

0

Mad

rid2

01

2

Paí

s V

asco

20

02

Paí

s V

asco

20

10

Paí

s V

asco

20

12

Ocupación

Desempleado ++ --- (-) -

Jubilado/Pensionist

a -- - (+)

Otros -- + (-)

Valoración diferencial

situación económica + -- (-) ---

Sexo

---

++

+ - (+) + -- (+)

Edad -- -- -- (-) ++ --- +

Edad 2

---

++

+ ++

Nivel de estudios

Primaria ++ + (+) ++

Secundaria ++

+ - - + ++

180

Formación

Profesional

++

+ ++

++

+ (-) +

++

+

Medios

universitarios

++

+ (+) ++

++

+

Superiores

++ (+) ++ +

++

+

Identidad Nacional

Inclusiva ++

+ ++

++

+

++

+ ++ ++

++

+

++

+

++

+ + ++ ++ (+) (+)

CCAA exclusiva

+

++

+

++

+ --- -- --

Recuerdo de voto

PSOE

++

++

+

++

+ (+)

++

+

Nacionalistas ++

+ (-)

Otros

++

+ (-)

Abstención (+) - - +

aEl signo indica si la relación es positiva o negativa y el número de repeticiones el nivel de confianza al

que es significativo: --- / +++ p<0,000; -- / ++ p<0,001; - / + p<0,05. Cuando aparece entre paréntesis es

porque el nivel de confianza es sólo al 90%.

Nuestros resultados para el País Vasco (Tabla 7) son más tentativos. Un primer aspecto

que llama la atención es la alta variabilidad, algo que se puede observar en los errores típicos

asociados a gran parte de los coeficientes. Esto se debe no sólo al hecho de que sea quizás una

comunidad menos homogénea que el resto de las comunidades analizadas, a excepción de

Cataluña, sino también a que los tamaños muestrales son también menores, algo que va a limitar

nuestra capacidad de interpretación de los resultados.

El País Vasco destaca por ser la única Comunidad en el que los niveles de apoyo al

Estado autonómico no han disminuido sino que han aumentado ligeramente. Ni la edad ni el

nivel educativo muestran aquí ningún tipo de efecto. Las identidades inclusiva respecto a

sentirse identificado exclusivamente con España tiene efectos positivos tanto en 2002 como en

2010, pero estos desaparecen en la segunda fase de la crisis, o lo que es lo mismo en 2012 la

identidad exclusiva española no tiene una repercusión negativa en el apoyo al Estado

181

autonómico. En sentido contrario la identidad regional exclusiva que no tiene efectos ni en 2002

ni en 2010, pasa a tener un efecto negativo importante en 2012, durante la segunda fase de la

crisis económica, esta variable pasa a tener un efecto negativo significativo importante. Este es

un efecto parecido al que observábamos en Cataluña, aunque allí empezaba a manifestarse ya en

el 2010. Respecto al voto, aunque en el 2002 el ser votante del PSOE o decantarse por la

abstención si aumentaba las probabilidades de apoyar el estado autonómico respecto ser votante

del PP, esta relación prácticamente desaparece con el tiempo; en sentido contrario a lo que

ocurre en el resto de las CCAA en las que las variables vinculadas al proceso político parecen

son más relevantes en 2010 o 2012.

En cuanto a los efectos de la crisis económica asociados a las variables que hemos

introducido como especificas del modelo crisis, no se observa ningún efecto significativo en

ninguna de ellas. Dado el estatus singular del País Vasco en relación a la financiación

autonómica no fijamos hipótesis específicas en este caso como si hicimos para las otras cuatro

CCAA. Sin embargo ni la percepción diferencial ni la ocupación parecen tener un impacto en el

caso del País Vasco salvo el efecto negativo entre los desempleados en 2002, es decir mucho

antes que comenzara la crisis económica. Ello no implica que la crisis no haya tenido ningún

efecto en la legitimidad autonómica, ya que como acabamos de señalar si existen cambios en el

efecto de las variables identitarias que parecen asociados a la crisis.

Para terminar este apartado de análisis multivariable revisamos las hipótesis generales

que fijamos en apartados anteriores –fundamentalmente en el marco teórico de apartado 2- y las

evaluamos conjuntamente para las cinco CCAA analizadas.

Empezando por nuestras expectativas vinculadas al enfoque identitario, conforme a

nuestra expectativa inicial hemos encontrado que la identidad nacional exclusiva tiene un efecto

negativo sobre los niveles de legitimidad autonómica -en relación siempre a las identidades

duales pues la identidad nacional exclusiva es la categoría de referencia en nuestros análisis-.

Este efecto negativo resulta bastante constante antes y después de la crisis y en todas las

CCAA52. Examinando los cambios del efecto en las observaciones de 2002 en relación a las de

2010 y 2012 sólo observamos que el efecto negativo de la identidad nacional exclusiva se

debilita ligeramente en Castilla-León y se refuerza ligeramente en Madrid por efecto de la crisis.

El efecto de la identidad regional exclusiva es más variado por período y CCAA. En las

nacionalidades históricas, Cataluña y País Vasco, el efecto de la identidad regional exclusiva se

52 En este sentido sólo hay una excepción parcial en el País Vasco dónde la relación es más débil y

desaparece en la observación de 2012 lo que probablemente se debe a dos factores combinados: en el

País Vasco tradicionalmente son muy pocos los individuos que se sitúan en la categoría de “sólo español”

de modo que este N reducido es probable que afecte a la significatividad de la variable. Es probable que

en el País Vasco incluso aquéllos que manifiestan tener una identidad “sólo española” muestren

manifiesten un nivel de apoyo al Estado autonómico significativamente mayor que en otras CCAA.

182

comporta conforme a nuestras expectativas, especialmente en la primera de ellas. En la

observación de 2002, antes de la confrontación política y de la crisis, la identidad regional

exclusiva tenía un efecto positivo sobre la legitimidad autonómica en Cataluña mientras que era

neutra en el País Vasco. Después del período de confrontación política y en el contexto de crisis

económica dicha relación se convierte en negativa, desde 2010 en Cataluña y desde 2012 en el

País Vasco. Por contraste nuestra expectativa inicial no se cumple en Andalucía donde la crisis

parece haber reforzado la legitimidad del Estado autonómico entre los que se sienten sólo

andaluces, en particular en su fase más crítica en 2012. No existen efectos de la identidad

regional exclusiva en Madrid y Castilla-León pero ello está conforme a nuestras expectativas

pues la identidad regional en estas dos CCAA no tiene el mismo potencial de significación

política que en las otras tres CCAA examinadas.

Por lo que se refiere a las variables asociadas al proceso político, esperábamos que el

voto al PSOE se relacionara positivamente con el apoyo al Estado autonómico mientras que el

del PP y los nacionalistas se relacionara negativamente. Pero esperábamos simultáneamente que

dichos efectos fueran mayores a partir de 2010 y con más intensidad en esa observación que en

la de 2012 cuando tuvieran un mayor efecto los factores económicos. Con respecto a la

diferenciación entre PP y PSOE nuestra expectativa se cumple en algunas CCAA (Andalucía y

Madrid) pero no en otras (Cataluña, Castilla-León y País Vasco). Por lo que se refiere al efecto

negativo del voto nacionalista sólo es patente en Cataluña y sólo en 201053. En lo relativo a

efectos cronológicos en las CCAA dónde hay algún efecto (Andalucía, Madrid, Cataluña) estos

aparecen (o se refuerzan en el caso de Andalucía) al entrar en escena la crisis pero no se

confirma nuestra de que el efecto sea mayor en 2010 que en 2012 (todo lo contrario en Madrid

dónde la diferencia entre PP y PSOE se hace muy significativa en 2012).

Por lo que se refiere a la intensidad de los efectos de las variables económicas teníamos

distintas expectativas. En primer lugar esperábamos que dichos efectos se hicieran manifiestos o

fueran mayores en 2010-2012 en relación a 2002 que en nuestro diseño cumple la función de

observación de control. En segundo lugar esperábamos también que los efectos fueran mayores

en 2012, en la fase más aguda de la crisis y cuando mayor ha sido la erosión del Estado

autonómico, que en 2010. Y en tercer lugar, esperábamos que la incidencia de esos factores

fuera mayor en las CCAA más golpeadas por la crisis, Andalucía y Cataluña, que en las otras

tres que hemos analizado.

53 En Andalucía el voto nacionalista tiene un efecto positivo en 2002 que luego desaparece; esto sin

embargo no contradice nuestras expectativas porque la relación es de 2002, antes de la confrontación

política, y desaparece después. En todo caso –tal y como se explicó- la relevancia del voto nacionalista en

Andalucía es muy residual en relación a País Vasco y Cataluña y prácticamente insignificante después de

2002

183

Comenzando por la tercera hipótesis hemos encontrado efectivamente que los factores

económicos parecen mayores en Andalucía y Cataluña, aunque son también patentes en Madrid,

de modo que son estas tres CCAA las que se diferencian significativamente de las otras dos. En

general encontramos también confirmación para la primera hipótesis, especialmente en

Cataluña, Madrid y Andalucía, la incidencia de factores económicos en 2002 es residual en

relación a la que sí encontramos en el período 2010-2012. Sin embargo, no encontramos

confirmación para la segunda hipótesis, de modo que especialmente en Cataluña y Madrid los

factores económicos en las actitudes se hacen patentes y parecen mostrar más intensidad en

2010 que en 2012.

Nuestro último grupo de hipótesis tiene que ver no con la intensidad sino con el sentido

positivo o negativo de las relaciones. A este respecto esperábamos que en las CCAA que son

contribuyentes netas en la financiación autonómica (Madrid y Cataluña) el efecto de la

percepción diferencial entre la economía regional y nacional tuviera efectos negativos en el

apoyo al Estado autonómico y que ese efecto negativo sea más intenso en grupos sociales más

vulnerables como los desempleados. La primera hipótesis se confirma en las dos CCAA

mientras que la segunda sólo lo hace en Cataluña. En sentido contrario esperábamos que en

CCAA que son beneficiarias netas (Andalucía y Castilla-León) del sistema autonómico, grupos

vulnerables como los desempleados apoyen significativamente más el Estado autonómico lo que

hemos podido confirmar en Andalucía pero no en Castilla-León. No obstante, de modo

específico en la comparación entre Madrid y Cataluña, creemos que es un resultado importante

de nuestro trabajo la demostración de que en existen mecanismos causales compartidos en la

explicación de por qué un número creciente de catalanes dejan de apoyar el modelo de

autonómico por la independencia; y por qué un número creciente de madrileños dejan también

de apoyar el modelo autonómico en favor de la centralización.

Por último, hay que destacar que los efectos ―a menudo débiles― que hemos

encontrado entre factores económicos y la legitimidad del Estado autonómico –lo que iría en la

línea de que se trata de un apoyo difuso al sistema, más vinculado a la lealtad y menos

vulnerable a las percepciones de rendimiento- no basta, sin embargo, para descartar los efectos

de la crisis económica en el apoyo al Estado autonómico. En primer lugar, la debilidad en la

relación no se da en todos los casos de modo que hemos comprobado efectos directos de cierta

importancia en Cataluña, Andalucía y Madrid. En segundo lugar, nuestros resultados sugieren

también que la crisis económica tiene efectos indirectos en interacción con las identidades y los

factores vinculados sobre los niveles de apoyo autonómico.

184

Conclusiones

En este trabajo pretendíamos analizar si la actual crisis económica está teniendo efectos

no sólo en el sentimiento de desafección e insatisfacción con el sistema político nacional sino

también en la legitimidad del estado autonómico. Dado que el modelo de organización territorial

fue constituido de una manera más abierta y, por ello, más sensible a los vaivenes del proceso

político, partíamos del supuesto de que las actitudes hacia el Estado autonómico pueden variar

tanto en función del contexto político como del contexto económico. Adicionalmente,

queríamos constatar si la evolución en los niveles de apoyo al estado autonómico es desigual

por territorios. Los resultados encontrados confirman ambas hipótesis.

En primer lugar hemos constatado que la evolución longitudinal de las actitudes hacia el

sistema autonómico evolucionó desde posiciones todavía muy divididas a comienzos de los

ochenta hacia un creciente apoyo al estado autonómico que alcanzó un punto máximo en 2006;

para descender después en un proceso que se acelera a partir de 2009. Aplicando el esquema

clásico de Hirschman (1970) de lealtad, salida, y voz a esta última evolución hemos constatado

que las opciones de voz (más o menos autonomía) se incrementaron en una primera fase hasta

2010/11 y las de salida (Estado centralizado e independencia) desde entonces hasta la

actualidad. Estos resultados ponen de manifiesto que pese a que la pérdida de legitimidad

parecía ya estar manifestándose antes de la crisis económica; es desde 2010 cuando la caída de

la legitimidad se hace más intensa. En cuanto a la valoración del Estado de las autonomías, ésta

sigue una tendencia muy parecida a la evolución de la legitimidad; aunque cabe destacar el

hecho de que entre las motivaciones negativas la percepción de que las autonomías aumentan el

gasto publico se ha triplicado desde 2010 a 2012.

En segundo lugar, los resultados ponen de manifiesto, tal y como esperábamos,

diferencias territoriales, constatando la pérdida de apoyo al Estado Autonómico en todas las

CCAA con la única excepción del País Vasco. En este sentido, destaca la disminución del apoyo

en Murcia, Madrid, Castilla y León y Cataluña y la estabilidad de sus niveles de apoyo en

Andalucía. Mientras que en Cataluña la opción de salida es la independencia, en los otros casos

los ciudadanos se decantan por un Estado centralizado. Las opciones de salida se concentran

significativamente en las CCAA gobernadas por el PP o por los partidos nacionalistas mientras

que en las CCAA gobernadas por el PSOE, en sentido contrario al conjunto del país, las

posiciones de lealtad se han visto incluso reforzadas.

Siguiendo con el análisis de los factores económicos y políticos analizamos 5 casos de

estudio. En nuestros análisis multivariables los datos nos muestran que identidad nacional

exclusiva tiene un efecto negativo sobre los niveles de legitimidad autonómica mientras que el

de la identidad regional es más variado por período y CCAA; siendo negativa en Cataluña y

185

País Vasco en 2012 y positiva en Andalucía en ese mismo año. En cuanto a las variables del

contexto político, observamos un efecto negativo del voto nacionalista en Cataluña en 2010 y

una diferenciación entre PP y PSOE, aunque esta última sólo tiene lugar en Andalucía y Madrid.

Además no podemos decir que en 2012, durante la segunda fase de la crisis y coincidiendo con

los recortes del déficit en las autonomías, este efecto sea menor en comparación con 2010.

En lo que se refiere a los factores económicos, éstos son en términos generales débiles

aunque confirmamos, especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía, la incidencia de factores

económicos durante el período 2010-2012. Los resultados también ponen de manifiesto que la

incidencia de esos factores es mayor en las CCAA más golpeadas por la crisis, como Andalucía

y Cataluña, aunque son también patentes en Madrid, de modo que son estas tres CCAA las que

se diferencian significativamente de las otras dos CCAA analizadas (Castilla-León y País

Vasco). Cuando se analiza el efecto de la percepción diferencial entre la economía regional y

nacional, en Madrid y Cataluña se confirma su efecto negativo en el apoyo al Estado

autonómico, un efecto que es mayor también entre los desempleados catalanes.

Por último, hay que destacar que los efectos ―a menudo débiles― que hemos

encontrado entre factores económicos y la legitimidad del Estado autonómico no son

suficientes, sin embargo, para descartar los efectos de la crisis económica en el apoyo al Estado

autonómico. En este sentido, hemos comprobado efectos directos de cierta importancia en

Cataluña, Andalucía y Madrid y, por lo que sugieren nuestros datos, parece que la crisis

económica tiene también efectos indirectos -en interacción con las identidades y factores

políticos- en los niveles de apoyo al estado autonómico. Además, en la comparación entre

Madrid y Cataluña, nuestros resultados subrayan la existencia de mecanismos causales

compartidos en la explicación de por qué un número creciente de catalanes dejan de apoyar el

modelo de autonómico por la independencia; y por qué un número creciente de madrileños

dejan también de apoyar el modelo autonómico en favor del restablecimiento de un Estado

centralizado.

186

Anexo Capítulo 4.

Tabla A.4.1. Preferencias de organización territorial del Estado (1985-2008) por voto.

Formulación tradicional.

Año Partido Centralismo Estado Más

autonomía

Posibilidad de

Independencia

Actual

PP 55,40% 30,50% 10,30% 3,90%

1985 PSOE 21,20% 45,90% 28,70% 4,20%

E1495 IU/ICV 9,40% 35,90% 35,90% 18,80%

Nacionalistas 1,20% 10,60% 45,90% 42,40%

PP 55,30% 27,60% 16,10% 0,90%

1988 PSOE 19,00% 51,00% 25,70% 4,30%

E1764 IU/ICV 11,60% 32,60% 43,00% 12,80%

Nacionalistas 8,80% 23,00% 39,80% 28,30%

PP 45,50% 38,60% 13,60% 2,30%

1990 PSOE 15,50% 60,20% 21,10% 3,20%

E1908 IU/ICV 8,90% 42,70% 37,10% 11,30%

Nacionalistas 1,50% 19,20% 43,80% 35,40%

PP 26,20% 51,40% 19,90% 2,50%

1996 PSOE 17,10% 54,20% 22,50% 6,20%

E2228 IU 9,80% 45,90% 31,30% 13,00%

Nacionalistas 3,40% 21,80% 31,90% 43,00%

PP 22,80% 54,40% 21,00% 1,80%

1998 PSOE 13,60% 54,10% 28,00% 4,40%

E2286 IU/ICV 10,30% 43,00% 38,70% 8,10%

Nacionalistas 2,90% 24,80% 39,90% 32,40%

187

PP 14,70% 63,60% 20,40% 1,30%

2002 PSOE 8,50% 54,10% 33,10% 4,30%

E2455 IU/ICV 8,40% 38,20% 42,10% 11,30%

Nacionalistas 1,90% 15,00% 46,10% 36,90%

PP 16,8% 67,9% 14,5% ,8%

2005 PSOE 6,5% 53,4% 36,2% 3,9%

E2610 IU/ICV 3,9% 37,9% 42,8% 15,5%

Nacionalistas 2,3% 13,3% 41,8% 42,6%

Otros 15,5% 26,2% 39,8% 18,4%

UPyD 13,30% 69,90% 16,90% 0%

2008 PP 20,80% 64,90% 13,00% 1,20%

E2455 PSOE 6,90% 66,10% 23,00% 3,90%

IU/ICV 8,40% 38,20% 42,10% 11,30%

Nacionalistas 1,90% 15,00% 46,10% 36,90%

Tabla A. 4.2. Evolución por partido de las Preferencias Organización territorial del

Estado (2009-2011) Nueva Formulación.

Año Partido Centralism

o

Menos

Autonomía

Estado Más

autonomía

Posibilidad de

Independenci

a

Actual

2009 UPyD 16,10% 22,60% 38,70% 16,10% 6,50%

PP 23,60% 25,20% 37,70% 12,10% 1,40%

PSOE 7,60% 14,40% 49,60% 23,40% 4,90%

IU 13,50% 7,70% 26,00% 39,40% 13,50%

Nacionalista

s 2,40% 3,00% 20,40% 37,70% 36,50%

UPyD 16,1% 29,7% 43,2% 10,2% ,8%

188

2010 PP 25,0% 17,3% 45,2% 11,4% 1,1%

PSOE 12,3% 11,0% 53,7% 18,1% 4,9%

IU 10,9% 6,8% 37,0% 32,8% 12,5%

Nacionalista

s

3,2% 1,9% 17,9% 39,4% 37,7%

Otros 8,8% 17,0% 25,8% 22,0% 26,4%

2011 UPyD 22,60% 44,00% 28,20% 4,40% 0,80%

PP 26,10% 24,60% 41,80% 5,90% 1,50%

PSOE 14,60% 18,60% 53,10% 10,20% 3,50%

IU 11,20% 19,80% 36,40% 21,20% 11,50%

Nacionalista

s 1,40% 3,00% 16,10% 32,80% 46,70%

UPyD 33,9% 26,2% 25,9% 11,5% 2,4%

2012 PP 39,0% 20,3% 32,4% 7,0% 1,3%

PSOE 19,7% 12,1% 44,2% 16,7% 7,3%

IU 18,7% 14,5% 28,9% 23,9% 14,0%

Nacionalista

s

3,1% 4,9% 10,4% 29,7% 51,9%

Otros 19,0% 15,3% 26,9% 20,1% 18,7%

189

Gráfico A.4.1. Balanzas fiscales: Carga menos beneficio del porcentaje del PIB por CCAA

en 2005.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Estudios Fiscales.

190

Conclusiones

En el capítulo introductorio el presente informe de investigación tomaba como punto de

partida las dos siguientes preguntas: ¿En qué medida la crisis económica española está

conduciendo a una crisis de la democracia? ¿Puede la profunda insatisfacción con el

funcionamiento de la democracia y de sus instituciones políticas, de los gobiernos y de la

oposición, de los partidos y de los políticos erosionar de modo significativo los fundamentos de

la legitimidad democrática?

Para responder a esta pregunta partíamos hemos partido, desde el punto de vista teórico,

de la autonomía relativa de la legitimidad democrática, la insatisfacción con los resultados del

gobierno y la desafección política, los tres criterios fundamentales que conforme a las

investigaciones de los años ochenta y noventa (Montero, Gunther y Torcal 1998) estructuran la

concepción de la política democrática por parte de los ciudadanos. Y desde el punto de vista

empírico nos planteábamos al inicio de este trabajo la descomposición de los efectos de la crisis

económica entre distintos grupos de edad, de ocupación (con especial atención a los

desempleados); y entre quienes viven en CCAA en donde la crisis económica, el desempleo y

los recortes del gasto público han tenido un impacto desigual. Por otro lado nos planteábamos

también al comienzo que, si bien los efectos de la crisis económica en las actitudes políticas

han sido estudiados con detalle para la década de los ochenta y noventa, sabemos mucho menos

de sus efectos en las actitudes políticas en el contexto de la actual recesión económica. Por todo

lo anterior, el objetivo que nos planteábamos en la introducción del informe radicaba

precisamente en conocer el impacto de la crisis económica actual en las tres dimensiones

actitudinales que identificó la citada literatura de los noventa: la legitimidad, el descontento, y la

desafección; o en alguna de sus dimensiones más relevantes. ¿Han variado estas tres

dimensiones de forma significativa y en el mismo sentido como se afirman algunos análisis? ¿O

puede que, en virtud de su autonomía relativa, alguna dimensión haya podido permanecer

estable ―como la legitimidad democrática―, mientras que otras ―como el descontento

político― hayan aumentado en todas o en alguna de sus dimensiones?

Sin dejar de lado la cuestión de la relativa autonomía de las dimensiones anteriores, en

la introducción del presente informe de investigación nos planteábamos de modo más específico

los efectos de la crisis económica en la evolución de la desafección. A este respecto nos

planteábamos al comienzo dos hipótesis alternativas. La primera hipótesis planteaba que la

desafección haya podido crecer en algunos sectores, quizás los especialmente castigados por la

crisis económica y que cuentan con menos recursos. Esta primera hipótesis, por tanto, planteaba

que conforme la crisis económica se prolonga e intensifica, la desafección política, o al menos

191

algunos de sus componentes, hayan podido aumentar. La segunda hipótesis que nos

planteábamos es que, en otros sectores, hayan podido aparecer aquellos ciudadanos críticos que

mencionábamos también en la introducción de este informe. Nuestra segunda hipótesis de

partida, por tanto, era que la crisis pueda estar repercutiendo en un descenso de la desafección,

al menos en sectores específicos de la población, y/o en algunos de sus componentes. Es

precisamente la expectativas de que la evolución de la desafección puede estar bifurcándose en

distintas direcciones lo que justificaba al comienzo un análisis más pormenorizado por grupos,

tal y como acabamos de mencionar

Junto a las hipótesis de la relativa autonomía de las tres dimensiones y de la bifurcación

de la desafección, los distintos capítulos han tratado de responder a las siguientes preguntas

quizás de menor calado, pero también relevantes: ¿Son equiparables los efectos en las actitudes

políticas de la crisis económica actual a sus efectos en crisis económicas anteriores? En

particular, los distintos capítulos han examinado esta cuestión contrastando los efectos de la

recesión actual con los de la crisis económica de mediados de los noventa. Adicionalmente, los

distintos capítulos ―y muy especialmente los capítulos 2 y 4― evalúan hasta qué punto la

evolución de las actitudes hacia la democracia son el resultado puramente de un contexto

económico adverso o si existen determinantes del contexto político que afectan dicha evolución.

Vinculada a esta pregunta emerge también en distintos puntos del informe la cuestión de si

existen indicios para pensar que los cambios de tendencias en algunos de los indicadores que

hemos examinado pueden ser anteriores al comienzo de la crisis económica. Ello sugeriría la

existencia de una cierta crisis institucional previa que la recesión económica ha contribuido a

coadyuvar.

Atendiendo a todo lo anterior, en el capítulo 1 del presente informe de investigación

hemos llevado a cabo un análisis longitudinal descriptivo de las distintas actitudes que hemos

podido recabar del Banco de Datos del CIS y que hemos considerado indicadores de las tres

dimensiones conceptuales en las que nos hemos basado ―la legitimidad democrática, el

descontento político y la desafección política―; o bien variables estrechamente relacionadas

con una o varias de esas dimensiones.

Atendiendo a la descripción que se hace en dicho capítulo de esos indicadores objetivos,

como cabía esperar las actitudes políticas se muestran sensibles a la evolución de los

indicadores objetivos; pero existen en paralelo cuatro aspectos de esta evolución que merece la

pena destacar. En primer lugar, comparando el efecto de la actual crisis económica con la crisis

anterior de mediados de los noventa, el proceso de deterioro que ponen de manifiesto la

evolución de las actitudes políticas en la actual crisis supera notablemente en casi todos los

indicadores el deterioro que tuvo lugar a mediados de los noventa. En segundo lugar, en un

buen número de indicadores pero especialmente en los tradicionalmente vinculados con la

192

desafección los cambios de tendencia comenzaron antes de la crisis económica: para algunos

indicadores como el interés por la política a comienzos de la década pasada; mientras que en el

resto de los afectados por esta tendencia el cambio se produjo a mediados de década. Ello es

patente en indicadores como la confianza en el parlamento, la confianza en los partidos

políticos, las actitudes hacia el Estado autonómico, o los indicadores de interés y de implicación

política. Esto sugiere la existencia de una crisis institucional que queda reflejada en la evolución

de estos indicadores y que antecede a la crisis económica. No cabe duda, no obstante, que la

recesión económica ha agravado dicha crisis institucional. En tercer lugar, la inclinación de la

pendiente se agudiza en algunos indicadores ―aunque no en todos― desde 2011, coincidiendo

con la segunda fase de la recesión asociada a la crisis de la deuda. Es esta segunda fase de la

crisis la que parece haber conducido a un nivel de deterioro de las actitudes políticas

considerablemente mayor que el que tuvo lugar a mediados de los noventa. Este deterioro

vinculado a la segunda fase de la crisis es muy evidente, por ejemplo, en las actitudes hacia el

Estado autonómico, tal y como el capítulo 4 muestra con mayor detalle.

En cuarto lugar, si bien la evolución de la mayor parte de los indicadores sugiere un

deterioro en las actitudes de desafección entre los españoles, la evolución longitudinal también

pone de manifiesto que junto a la fuertísima caída de la confianza en las instituciones, existe en

paralelo una tendencia más tímida en sentido contrario que queda reflejada en el aumento de los

nivele agregados de implicación política e interés por la política. A este respecto, no obstante,

merece la pena hacer dos consideraciones adicionales. En primer lugar, la caída en los niveles

de satisfacción con la democracia o de la confianza en las instituciones son mucho más

pronunciados que el aumento en el interés o en la implicación política. Y en segundo lugar,

aunque esta última tendencia pueda entenderse como una mejoría en los altos niveles de

desafección política por los que se ha caracterizado la población española, parece ser al mismo

tiempo un síntoma más de la fuertísima crisis institucional por la que atraviesa España y que

queda reflejada en este caso en el aumento de los ciudadanos críticos a los que hacíamos

referencia en el apartado de presupuestos teóricos de este informe.

Adicionalmente, cada uno de los capítulos del informe hace contribuciones muy relevantes

a todas las preguntas anteriores que destacamos a continuación. El capítulo 2 confirma la

necesidad de hacer una distinción conceptual entre las dimensiones del descontento o

insatisfacción; el apoyo o la legitimidad, y la desafección política. Ello tiene su reflejo en los

resultados empíricos de las actitudes hacia la democracia en España. A lo largo del capítulo se

pone de manifiesto que el descontento, la legitimidad y la desafección política son dimensiones

en gran medida independientes como destacaron trabajos anteriores sobre su interdependencia

en los años noventa. En concreto, los resultados del capítulo subrayan que el descontento con el

funcionamiento de la democracia es la dimensión con una mayor variabilidad; mientras que la

193

legitimidad y la desafección se muestran mucho más estables a lo largo del periodo analizado.

Además, cada una de estas dimensiones parece responder de forma diferenciada a distintos

cambios en el contexto económico y político. Mientras que el descontento resulta especialmente

sensible al deterioro de la situación económica, el apoyo a la democracia aparece más marcado

por factores políticos y de gobierno. Esta sensibilidad a factores políticos parece especialmente

señalada entre los votantes más conservadores. Pareciera como si en alguna medida los votantes

conservadores condicionaran su apoyo a la democracia a la suerte electoral de su partido. Este

resultado confirma que la evolución de las actitudes políticas está condicionada por factores

políticos y no sólo económicos. Por otro lado, los resultados de este capítulo confirman la

expectativa inicial en el sentido de que la crisis económica parece haber estimulado la aparición

de un perfil de ciudadanos más críticos. No obstante, el capítulo concluye que este perfil crítico

apoya la democracia frente a cualquier tentación autoritaria y tiene gran interés en la política;

aunque desconfía de las instituciones políticas actuales. Conforme a las conclusiones finales de

este primer capítulo sustantivo, la actual crisis económica, no supone una amenaza seria para la

legitimidad democrática; pero está generando la aparición de un nuevo perfil de ciudadanos

críticos cuya a indignación-política es perfectamente compatible con su perfil democrático.

El capítulo 3 explora de modo más específico las hipótesis vinculadas a la desafección y su

posible bifurcación, examinando su distribución entre los jóvenes y los desempleados. A este

respecto el capítulo llega a dos conclusiones muy relevantes. En primer lugar, la incidencia de

los ciudadanos críticos, aquellos cuyas actitudes están cambiando como consecuencia de la

crisis no está entre el grupo de edad más joven, entre 18 y 25 años, sino entre sus hermanos

mayores de entre 25 y 35 años. Es en este último grupo en el que se ponen de manifiesto el

aumento en los niveles de implicación e interés por la política, confirmando la segunda de las

dos hipótesis relativas a los cambios de tendencias en la desafección. Por el contrario, cuando el

desempleo tiene lugar entre el grupo de edad más joven (una combinación altamente probable

dadas las circunstancias de la crisis) encontramos con más probabilidad un aumento en los

niveles de apatía, confirmando la primera de las hipótesis de la evolución de la desafección en

este grupo concreto. Dada la evidencia empírica que confirma una y otra hipótesis dependiendo

de las características del grupo que examinemos, el capítulo llega a la conclusión que la actual

crisis está aumentando no sólo los niveles de desigualdad social sino también política.

Si el capítulo 3 comprueba que los efectos de la crisis económica en las actitudes políticas

tienen manifestaciones desiguales dependiendo de la ocupación o de la edad, el capítulo 4

comprueba que dichos efectos puedan ser también desiguales en distintas CCAA. Para

comprobar este extremo, este último capítulo no se centra en los efectos de la crisis en las

actitudes hacia la democracia en un sentido general sino en las actitudes hacia el Estado

autonómico. La evolución longitudinal en los niveles de apoyo al estado autonómico pone de

194

manifiesto que, a diferencia de lo que ocurre con otras actitudes, la crisis de mediados de los

noventa no tuvo efectos negativos en este indicador. Por otro lado, los resultados del capítulo

confirman la heterogeneidad en la evolución de esta actitud tanto en el tiempo como en el

espacio. Desde un punto máximo de apoyo al Estado autonómico en 2006; dichos apoyos

descienden después en un proceso que se aceleró desde 2009. Estos resultados ponen de

manifiesto que pese a que la pérdida de legitimidad parecía ya estar manifestándose antes de la

crisis económica, es desde 2010 cuando la caída de la legitimidad se hace más intensa.

Los resultados del capítulo 4 ponen también de manifiesto las diferencias territoriales,

constatando la pérdida de apoyo al Estado Autonómico en todas las CCAA con la única

excepción del País Vasco. A este respecto, destaca la disminución del apoyo en Murcia, Madrid,

Castilla y León y Cataluña y la estabilidad en Andalucía. Mientras que en Cataluña la opción

preferida es la independencia, en los otros casos los ciudadanos se decantan por un Estado

centralizado. El capítulo pone de manifiesto la relevancia tanto del contexto político como del

contexto económico para explicar la distinta evolución por CCAA.

Por lo que se refiere a efectos económicos, el capítulo 4 pone también de manifiesto que

la crisis económica tiene también efectos directos e indirectos -en interacción con las

identidades y factores políticos- en los niveles de apoyo al estado autonómico. Adicionalmente,

en la comparación entre Madrid y Cataluña, un resultado especialmente interesante de este

capítulo es la posible existencia de mecanismos causales compartidos en la explicación de por

qué un número creciente de catalanes dejan de apoyar el modelo de autonómico a favor de la

independencia; y por qué un número creciente de madrileños dejan también de apoyar el modelo

autonómico en favor del restablecimiento de un Estado centralizado.

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