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INFORME GESTIÓN MUNICIPAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
CAPÍTULO NICARAGUA Elaborado por: Dr. Braulio Espinoza Mondragón Ph.D. Dr. Andrés Herrera Rodríguez Ph.D.
León, diciembre de 2009
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Tabla de contenidos
Presentación .......................................................................................................................... 5
Introducción .......................................................................................................................... 9
I. Municipio de León, Departamento de León.................................................................. 26
1.1. Caracterización de la población ............................................................................. 26
1.2. Participación de la población en la prevención del delito ....................................... 29
1.3. Aplicación del modelo en la ciudad de León .......................................................... 35
1.4. Presentación del Segundo jefe de la Policía del Departamento de León ................. 41
II. Municipio de Jinotepe. Departamento de Carazo .......................................................... 44
2.1. Niveles de empleo ................................................................................................. 45
2.2. Educación.............................................................................................................. 45
2.3. Cultural ................................................................................................................. 45
2.4. Presentación del Jefe de la Policía del Departamento de Carazo ............................ 46
III. Conclusiones............................................................................................................. 54
IV. Referencias bibliográficas ......................................................................................... 56
V. Siglas y acrónimos ....................................................................................................... 57
VI. Anexos ..................................................................................................................... 59
6.1. Comentarios a los resultados de la investigación de Gestión Municipal de la
Seguridad Ciudadana en Centroamérica ........................................................................... 59
3
Tablas, cuadros, gráficos y diagramas
Cuadro 1. Municipios según país. Junio 2009 ....................... ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 2. Nicaragua: Transición policial. 1970 - 2009 ........................................................ 17
Gráfico 1. Nicaragua: Tasas de delitos contra la propiedad. 1998 - 2007 .............................. 21
Tabla 1. Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007........................................... 22
Gráfico 2. Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007......................................... 22
Tabla 2. Nicaragua: Actividad delictiva versus capacidad de respuesta de la Policía Nacional.
2000 - 2008 ......................................................................................................................... 23
Cuadro 3. Nicaragua: Indicadores sobre la seguridad ciudadana y el sistema penal. 2006 .... 24
Tabla 3. Municipio de León: Sugerencias para mejorar el desempeño policial. 2008 ............ 29
Tabla 4. Municipio de León: Percepción de inseguridad. 2009............................................. 32
Diagrama 1. Modelo de Regresión Logístico de Multinivel “Percepción de inseguridad” ... 33
Diagrama 2. Instituciones participantes en la aplicación del modelo .................................... 38
Diagrama 3. Municipio de León: Modelo policial comunitario. 2009 ................................... 40
Tabla 5. Departamento de León: Policías voluntarios. 2009 ................................................. 41
Tabla 6. Departamento de León: Municipios y número de Comités de Prevención Social del
Delito urbano/ rural e integrantes. 2009 ............................................................................... 42
Tabla 7. Municipio de León: Comités de Prevención Social del Delito y policías voluntarios.
2009 .................................................................................................................................... 43
Tabla 8. Caracterización comparativa del departamento de Carazo, extensión, urbano, rural
con sus barrios y comarcas. 2009 ......................................................................................... 44
Diagrama 4. Departamento de Carazo: Principales problemas de seguridad identificados.
2009 .................................................................................................................................... 47
Tabla 9. Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del programa
de DCSC. 2008 - 2009 ......................................................................................................... 47
Tabla 10. Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del programa
de Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 2008 - 2009 ...................................... 48
Tabla 11. Tabla de proyecciones de convenios de la colaboración con la Policía y otras
instituciones. 2009 ............................................................................................................... 49
4
Tabla 12. Jinotepe, Diriamba y San Marcos: Distribución según población de los jefes de
sectores. 2009 ...................................................................................................................... 50
Gráfico 3. Jinotepe: Número de delitos según años. 2005 - 2008 .......................................... 51
Tabla 13. Departamento de Carazo: Tipología de la actividad delictiva. 2006-2008 ............. 52
Tabla 14. Jinotepe: Comités Comunitarios. 2009 ................................................................. 53
5
Presentación
A pesar de las inconsistencias exhibidas por los registros oficiales sobre el delito en América
Latina, estos muestran una clara tendencia en el aumento de aquellas modalidades
relacionadas con el patrimonio (robos y asaltos) y el tráfico de drogas (venta y lavado de
dinero, por ejemplo).1 Pese a la complejidad que subyace a esta situación, una serie de
elementos se han conjugado para dar paso a un abordaje unidimensional y empobrecido de la
misma; abordaje que otorga a la represión, de forma casi exclusiva, la tarea de resolver el
problema.
Una y otra vez, sin embargo, este tipo de respuestas que depositan sus esperanzas de
controlar y disminuir el delito a través del sistema penal, han evidenciado los riesgos y
consecuencias que ello entraña para el ejercicio de las libertades y garantías individuales,
pero también y, sobre todo, su imposibilidad para dar una respuesta efectiva. Esto se debe a
que el delito, contrario a lo establecido por la investigación científica, es visto como un
fenómeno individual, desconectado de la estructura socioeconómica de la cual emerge. Por
ello, al ignorar las dinámicas estructurales que le subyacen, no puede más que atacar la
manifestación del problema y por tanto, ofrecer respuestas condenadas al fracaso (Calderón,
2008).
Por fortuna y, como contrapunto de lo indicado, en los últimos años se registran dos hechos
importantes. Primero, el surgimiento de un enfoque alternativo para el diseño de políticas
públicas en este campo; enfoque que a diferencia del discurso hegemónico ve en el delito
(como en otras formas de violencia social), un problema relacionado con el desarrollo y los
derechos humanos. De ahí que sostenga que para abordar efectiva y democráticamente el
tema, se requiere diseñar y ejecutar políticas públicas que, sin abandonar lo represivo,
acentúen lo preventivo, al tiempo que estimulen la participación ciudadana. Esta propuesta ha
sido desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas bajo su esquema de “seguridad
ciudadana” (PNUD: 2005).
Segundo, la emergencia de nuevos actores en el tratamiento del problema; específicamente
aquellos que lo abordan desde el ámbito preventivo y participativo.2 En este sentido, destaca
la intervención que en años recientes exhiben algunos gobiernos municipales en este campo,
ya que los mismos, en ejercicio de sus funciones y competencias, adquieren un rol destacado
en la prevención del delito por varias razones: (1) porque al estimular el desarrollo local,
generan oportunidades económicas, sociales y culturales efectivas que ayudarían a evitar la
emergencia de ciertas manifestaciones criminales (prevención social del delito). (2) Porque
puede contribuir a evitar la comisión de ciertos delitos (prevención situacional), al mejorar la
dimensión espacial del territorio, por ejemplo, recuperando lotes baldíos, iluminando las vías
1 Dos aclaraciones al respecto. Primero, esta afirmación se basa en los datos existentes, por lo que quedan fuera
del análisis una gran cantidad de delitos, que por diversas razones no se captan en los registros oficiales. Segundo, los homicidios tienen un lugar de “privilegio” en las estadísticas de la región, de ahí que es importante
destacar que una proporción significativa de estos se relaciona con la ejecución de los delitos ya indicados. 2 No hay que olvidar, en este sentido, la presencia de otros actores como las empresas privadas de seguridad,
que actúan en sintonía con las visiones punitivas que actualmente dominan el tratamiento del tema y que por
ende, no contribuyen a reducir el problema sino que lo agravan.
6
públicas o controlando el expendio de licores, entre otros. Y (3) porque está en capacidad de
incentivar la participación comunitaria en un modelo que promueve, ya no solo la
colaboración con los cuerpos policiales (líneas de denuncia, comités barriales de vigilancias,
etc.), sino más bien la inclusión política, lo que fortalece los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas.3
En virtud de lo anterior y, en el marco del proyecto sobre gobernabilidad democrática y
convivencia pacífica, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y ejecutado por FLACSO-Secretaría General, desde FLACSO-Costa Rica, se
planteó la necesidad de analizar las iniciativas que en el ámbito de la prevención del delito y
otras formas de violencia social están ejecutando los gobiernos municipales en Centroamérica
y República Dominicana. Esto, para diseñar, a partir del conocimiento de experiencias
concretas, lineamientos que ayuden a la formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas, democráticas y sostenibles, en este campo.4 Fue así como surgió el proyecto sobre
gestión municipal de la seguridad ciudadana en Centroamérica y República Dominica.
El proyecto tomó como marco de referencia el esquema de seguridad ciudadana elaborado
por el PNUD (2005), ya que a pesar de sus limitaciones, el mismo constituye una valiosa
herramienta para el diseño de políticas públicas, pues al delimitar con claridad su objeto de
estudio: las vulnerabilidades que atentan contra un núcleo esencial de derechos
fundamentales (la vida, la integridad -física, emocional y sexual- y otros propios del fuero
personal como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento y el disfrute del
patrimonio), prioriza acciones y focaliza recursos. Pero sin abandonar la visión de largo
plazo, ya que la seguridad ciudadana -entendida como un componente de la seguridad
humana- está inevitablemente vinculada al desarrollo, lo que remite a una perspectiva de
largo aliento.
Es justamente lo anterior lo que realza su importancia política e ideológica, ya que saca el
tema del ámbito autoritario y represivo en el que lo ubican los discursos dominantes
(políticas de ley y orden), para instalarlo en el plano de los derechos y el desarrollo humano,
con lo que abre el espacio para la intervención de nuevos actores desde la prevención y la
participación.
En términos metodológicos, el proyecto se basa en el análisis de experiencias concretas; es
decir, de gobiernos municipales con acciones tendientes a prevenir el delito o cualquier otra
forma de violencia social; esto sin importar el grado de formulación de tales iniciativas. Los
países donde se realizó el estudio son: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El
Salvador, República Dominicana y Honduras (las experiencias seleccionadas se muestran en
la tabla número uno). Al respecto, vale indicar que en Honduras no se pudo evaluar ninguna
experiencia concreta, debido a los acontecimientos del 28 de junio de 2009, por lo que se
aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el riesgo de la vuelta de los discursos de
seguridad nacional en la región.
3 Es claro que al realizar estas funciones, el municipio promueve el ejercicio de la ciudadanía al tiempo que
mejora su credibilidad (legitimidad) antes los habitantes. 4 El carácter incipiente del fenómeno advierte lo desacertado que resultaría evaluar las iniciativas existentes en
este campo desde el punto de vista de su impacto.
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Cuadro 1 Municipios según país. Junio 2009
País Municipio
Costa Rica Garabito Cartago Centro
Nicaragua León Jinotepe
Guatemala Santa Catarina Pinula San Juan Sacatepéquez
El Salvador Antiguo Cuscatlán Santa Tecla*
Panamá San Miguelito Colón
República Dominicana Distrito Nacional Villa Bisonó
*Se analizó un tercer caso: Ahuachapán.
Este proyecto estuvo abierto al escrutinio y la crítica constante. La propuesta original,
formulada por la coordinación, se validó con el concurso de diversos actores. Luego fue
discutida, ampliada y modificada por el equipo de investigadores en un taller que tuvo lugar
en Costa Rica, el mes de junio de 2009. Los casos seleccionados son el resultado de un
proceso de consulta, análisis y discusión, que además de los investigadores responsables,
contó también con los aportes de expertos ajenos al proyecto y de las federaciones o
asociaciones de municipios que se lograron consultar.
Los informes de investigación siguieron una serie de etapas para garantizar la confiabilidad
de los datos, así como la validez y el rigor de los resultados. Los resultados preliminares del
trabajo de campo fueron sometidos a discusión por las y los investigadores en cada uno de los
países, de forma tal que se intentó recuperar la visión de los actores involucrados en el
proceso (autoridades y funcionarios municipales, así como líderes comunales). (2) Luego
hubo una presentación de los informes para ser discutidos y analizados en un marco más
amplio. En este caso, el informe (o una síntesis) fue entregado con tiempo a las autoridades
municipales y los comentaristas designados (académicos y expertos del tema municipal). Las
observaciones y comentarios generados en este espacio se incorporaron al informe que hoy se
presenta al lector.
Se espera que este trabajo -en conjunto con el realizado en los demás países, así como el
informe final del proyecto- contribuya al entendimiento del problema, pero sobre todo, a
orientar el diseño, formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en el campo de
la prevención de la violencia social y la promoción de la convivencia pacífica desde los
gobiernos locales. Para concluir y, con el objetivo de dimensionar los resultados obtenidos
en cada país, se considera oportuno listar los elementos comunes que se encuentran en los
casos estudiados.
Los gobiernos locales estudiados, efectivamente desarrollan acciones que contribuyen
a prevenir el delito y otras formas de violencia social; sin embargo, en muy pocos
casos estas acciones se realizan sistemáticamente y con esa intención, lo que reduce
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su potencial, debido a que el bajo grado de estructuración que reportan, dificulta
evaluar el impacto y formular medidas correctivas.
En la mayoría de los casos, la prevención se reduce a prevención situacional del delito
con un marcado énfasis en lo punitivo, tal y como lo evidencia el interés por crear o
fortalecer policías municipales. Esto, entraña el riesgo de empobrecer las funciones
que puede realizar el municipio en la prevención social y situacional del delito (esta
última enfocada en mejorar los espacios públicos), pero también de otras formas de
violencia.
Con respecto a las acciones explícitamente formuladas para prevenir el delito, la
tendencia es a que estas no hayan emergido del propio municipio o de la comunidad,
sino más bien, de proyectos impulsados por el gobierno central o algún organismo
internacional, lo que pone en entredicho su sostenibilidad.
El liderazgo político parece ser un elemento decisivo para introducir el tema de la
prevención de la violencia en el ámbito municipal, pero eso no es suficiente para
institucionalizarlo; para ello, se requiere la generación de capacidades municipales, lo
que implica, entre otras cosas, constituir equipos técnicos multidisciplinarios. Esto se
ve claramente en El Salvador.
Los casos de San Juan Sacatepéquez en Guatemala y Villa Bisonó en República
Dominicana son muy buenos ejemplos de lo que puede hacer el municipio para
identificar y abordar problemas de conflictividad social y prevenir la violencia social,
más que el delito propiamente dicho.
Prácticamente en ninguna de las experiencias analizadas la comunidad reporta una
participación sustantiva, bien sea en identificar la problemática, contribuir a su
solución o, demandar medidas efectivas por parte del gobierno local; esto a pesar de
que existen mecanismos e instancias para tal efecto, como por ejemplo, los comités,
las comisiones y los consejos municipales de seguridad (Costa Rica, Guatemala y
Nicaragua).
El estudio de las experiencias concretas evidenció la necesidad de revisar el marco
analítico utilizado, pues hay que determinar si es más oportuno un enfoque de
violencia social que uno de seguridad ciudadana. La ventaja: sacar del ámbito penal
situaciones propias de una falta de oportunidades reales (dinámicas excluyentes) y
ubicarlas claramente en el plano de la desigualdad, a través de la idea de ciudadanía
social; entendida esta como prácticas específicas que moldean el flujo de recursos
hacia los grupos y los individuos, más que como derechos vistos desde una
perspectiva jurídica.
Dr. Rodolfo Calderón Umaña,
Investigador, FLACSO-Costa Rica,
Coordinador regional.
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Introducción
Con la implementación del Estado Social de Derecho consignado en la Constitución Política
en su art. 130, el poder político se erige en garante del desarrollo de las libertades ciudadanas
y del orden público. Instaurado este modelo las funciones de seguridad del Estado,
precisamente conferidas al Poder Ejecutivo, tal como lo concebía el Estado Liberal Burgués,
para el que la seguridad pública era el aseguramiento de la tranquilidad en la calle y el
establecimiento de la seguridad jurídica para el ejercicio de las actividades, queda modificada
(Espinoza, 2008: 153), ya que el Estado Social de Derecho crea las llamadas funciones de
policía especiales para inspeccionar y limitar las actividades de los particulares en las
diferentes esferas, en las que tiene que intervenir el Estado, tales como: policía fiscal,
aduanera, de tránsito, de seguridad pública, etc.
La tradicional función de la Policía de salvaguardar el orden público, queda entonces
convertida en una función más de las policías especiales: la de policía de seguridad
(Espinoza, 2008: 154); así el deber de mantenimiento del orden público por parte del
Ejecutivo, no solo se entiende como un aseguramiento del libre ejercicio de los derechos
ciudadanos, sino, también, como la preservación del funcionamiento de los servicios públicos
esenciales y el de las instituciones democráticas, de sus transgresiones por parte de los
ciudadanos y de los propios poderes públicos.
La seguridad es la base principal para el desarrollo de los pueblos, sociedades y naciones; la
nueva concepción del neoliberalismo con su teoría estrella, la globalización, ha sido
acompañado con un crecimiento de una cultura del delito. En la actual situación en la que
vive el mundo y en cualquier otra por presentarse, dice Pozzo Medina (2000: 33-34) no
puede haber civilización sin seguridad, así como no puede existir Estado-Nación sin
seguridad y eso vale para todos los pueblos de la Tierra y, sobre todo, en aquellos que tienen
ecuaciones mínimas de poder, en un mundo cada vez más globalizado, complejo,
mercantilizado y técnico; por tanto, no puede existir desarrollo sin seguridad y seguridad sin
desarrollo; lo importante es definir cuál es primero, la seguridad o el desarrollo, concluye
Pozzo.
En la sociedad siempre se han buscado las causas que provocan el delito y las personas que lo
cometen, estudio que le concierne a la Criminología, hasta llegar a la teoría de que las
interrelaciones de las personas, grupos y la sociedad en la cual viven y funcionan, son las
principales causas de que se cometa un delito. En Nicaragua, las instituciones responsables
de la seguridad y del control social, no cuentan con información confiable sobre la actividad
delictiva, sus causas y características, lo que implica que se tomen decisiones con poco
fundamento, sin análisis objetivos del problema y del seguimiento necesario permanente, por
lo que no se realizan medidas de prevención y control adecuadas, lo cual influye en el nivel
de seguridad percibido por la población (Espinoza, 2008: 14).
La prevención del delito y la implementación de políticas públicas, en beneficio de la
sociedad, son las dos grandes vertientes de la seguridad ciudadana. En cuanto a la idea de
prevención del delito, podemos afirmar que, en un sentido muy amplio, consiste en preparar o
disponer lo necesario anticipadamente, para evitar un riesgo o la materialización de un
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determinado evento en el futuro; en nuestro caso, la prevención del delito sería la suma de
políticas tendientes a impedir el surgimiento o avance de la criminalidad.
No se debe confundir la prevención con el control del delito, ya que la prevención se dirige,
fundamentalmente, al origen de la criminalidad, por lo que tiene un alcance general, mientras
que el control del delito no estudia las raíces del problema, sino que opera en el caso concreto
ya surgido, a fin de dominarlo, por lo que solamente le interesa el mantenimiento del orden,
no pretende extinguir el delito sino solo dominarlo; es decir, que el control del delito es la
intervención que se hace después que el delito se ha producido.
La violencia y el delito en la ciudad y el campo han sido siempre, en la historia de la
humanidad, problemas y contradicciones que se encuentran en la base de la estructura social.
Frente a esta situación, el debate sobre el mejor modelo posible de prevención del delito para
garantizar la seguridad ciudadana, se traslada hoy, más que a posiciones ideológicas, al
ámbito de lo que es posible, en el marco de las realidades socioeconómicas, sin menoscabar,
en un futuro, los fundamentos de base del Estado Social de Derecho, la democracia, y el
respeto por las libertades individuales. De ahí que una política criminal propositiva deberá
estar vinculada a aspectos bastantes controvertidos de las relaciones sociales, como son las
relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el individuo y la sociedad y las relaciones entre
sociedad y Derecho.
En Nicaragua, la competencia de garantizar la seguridad ciudadana corresponde al Poder
Ejecutivo por medio de la Policía Nacional. Este país se ha caracterizado por tener una
legislación altamente participativa, lo que se traduce en la práctica en un fuerte
involucramiento de su población en la gestión de los asuntos públicos. Con el Decreto 110-
2007 los actores principales de la seguridad ciudadana, ya no solo es la Policía Nacional,
sino, también, las instituciones estatales, las alcaldías municipales, la empresa privada, los
organismos no gubernamentales, la sociedad civil, los Comités de Prevención Social del
Delito, la comunidad y los consejos del poder ciudadano. Es en este ámbito en el que se
desarrolla el proyecto de gestión municipal de la seguridad ciudadana que la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica está impulsando a escala de
Centroamérica y República Dominicana, con el objeto de analizar, en cada país, dos
gobiernos municipales que hayan introducido el tema de la seguridad ciudadana como una de
sus áreas de trabajo permanente, a fin de extraer lecciones aprendidas y contar con la base
necesaria para el diseño de planes que contribuyan a impulsar una gestión democrática,
sostenible y efectiva de la seguridad ciudadana en el ámbito local.
Para Nicaragua, hemos seleccionado los municipios de León y Jinotepe, tomando como
criterio su ubicación geográfica, políticas locales sobre seguridad ciudadana, articulación,
Policía departamental y alcaldías y la estructura municipal comunitaria. Jinotepe se encuentra
a 46 km, de Managua al sur de Nicaragua sobre la carretera Panamericana que se conecta con
Costa Rica, la que de acuerdo con el índice delictivo demográfico (IDD) ha tenido un
porcentaje muy alto de la incidencia delictiva y es el municipio con mayor experiencia en la
implementación de la policía municipal o policía voluntaria. León, a 90 km, de la ciudad de
Managua, considerada la ciudad más segura de Nicaragua, situada al occidente del país
próxima a la frontera con Honduras, en la cual se ha implementado un modelo de prevención
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del delito basado en la participación ciudadana, a partir de una investigación realizada en
enero de 2006, año en el que también se puso en práctica el modelo, creándose para ello la
Junta Departamental de Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud Leonés (JDANJUL), la
que está constituida por los delegados de las instituciones del Estado, Policía, Universidad
Nacional, alcaldía, entre otros.
Para llevar a cabo esta investigación, se desarrollaron una serie de actividades de acuerdo con
un cronograma de visitas para realizar entrevistas a las autoridades principales para luego
desarrollar grupos focales. La investigación dio inicio en el mes julio en el municipio de
Jinotepe, con una reunión de trabajo para explicar los objetivos de la investigación, a esta
reunión asistieron: el Alcalde, el Jefe departamental de la Policía Nacional, los jefes de
sectores de la Policía, el responsable de Asuntos juveniles de la Policía, el responsable de los
Comités de Prevención Social del Delito, el coordinador de los Consejos del Poder
Ciudadano y los miembros de la Comisión Técnica del Programa de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, participaron 25 personas. En el mes de septiembre se repitió esta
misma actividad en León, pero a esta asistieron, además de los miembros indicados en la
reunión de Jinotepe, el delegado de Gobernación, representantes de la Cámara de Comercio y
de la empresa privada, para un total de 35 personas.
La segunda actividad fue entrevistas a los alcaldes de ambos municipios, jefes de la Policía, a
miembros de la Junta Departamental de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés y
líderes comunales. Con estos insumos se redactó el primer borrador que luego se le presentó
un grupo mayor de participantes tanto en León como en Jinotepe para mejorarlo con una
participación de unas 60 personas. Estos resultados les fueron presentados nuevamente a los
alcaldes y jefes de la Policía, con la finalidad de que lo analizaran y dieran nuevos aportes.
El 30 de octubre se realizó el taller de divulgación del último documento elaborado, aquí
tuvimos la participación de los alcalde de León, Jinotepe, Juigalpa y Chinandega y los
Comisionados Mayores de León y Jinotepe, delegados de la Academia Nacional de Policía
así como un delegado de AMUNIC, el coordinador regional de la investigación, Dr. Rodolfo
Calderón, para un total de 80 participantes. Se expuso el informe y luego en su orden hicieron
los comentarios el Alcalde de León y el Jefe de la Policía, el Alcalde de Jinotepe y el Jefe de
Policía, el delegado de AMUNIC y cerró la actividad la Alcaldesa de Juigalpa. Con todos
estos comentarios, se redactó el informe final.
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La Seguridad Ciudadana
La definición de un marco conceptual, dice Lucía Dammert (2004: 16), que nos permita
analizar y proponer políticas en seguridad ciudadana es un desafío aún pendiente. Si bien es
cierto que a partir de los años noventa aparece la temática de la seguridad priorizada por la
opinión pública, y por ende por los Gobiernos, la definición misma de los elementos que
conforman esta agenda no ha sido realizada; de hecho, la utilización misma que se hace del
término como seguridad pública, seguridad humana, seguridad democrática, seguridad de los
habitantes y seguridad ciudadana, demuestran la carencia de claridad conceptual.
Históricamente, uno de los fundamentos de legitimidad del poder establecido ha sido el de
otorgar seguridad a los ciudadanos para el ejercicio de sus actividades; esto es, la paz social.
Así mismo, estas funciones de seguridad, propias del poder público han constituido la
principal forma de expresión de su autoridad, pues como lo establece el art. 24 de la
Constitución Política de Nicaragua, los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común,
y el art. 97 establece que la Policía Nacional tiene por misión garantizar el orden interno, la
seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito; de acuerdo con estas
normas, la seguridad ciudadana es, en términos generales, la certeza y el sentimiento de las
personas de que sus derechos son garantizados y que no serán transgredidos por terceros o
por la acción del Estado.
La seguridad ciudadana, a partir de las últimas décadas del siglo XX, ha efectuado su proceso
de transformación a escala mundial, cuyo eje central ha sido el posicionamiento de los
habitantes como centro de la seguridad y no como fue hasta el final de la Guerra Fría. Este
escenario ha sido muy complejo ya que es producto de la lucha entre diversas fuerzas
políticas, económicas, sociales y militares que tratan de legitimar, en las sociedades, la
seguridad ciudadana que tenga como centro al ser humano. Durante el periodo de la Guerra
Fría, el concepto de seguridad, fundamento del accionar de los Gobiernos, era seguridad
nacional, tanto en el campo socialista como el capitalista. La seguridad nacional predicaba la
defensa de la nación frente a los enemigos internos y externos; es decir, la defensa del
territorio y los intereses nacionales ante cualquier amenaza que surgiera.
En la doctrina de la seguridad nacional, el sujeto amenazado no es el habitante o ciudadano,
lo que ha ocasionado que sus derechos a desenvolverse libre de amenazas a su vida, a su
salud física, psíquica, cultural, moral y a sus bienes fuesen relegados a un segundo plano, por
lo que la seguridad ciudadana como derecho humano estaba devaluada y todo dependía de las
demandas de seguridad de la patria; por esta razón, los valores, la libertad, la justicia, la
participación ciudadana, la equidad, los proyectos de desarrollo, el libre sindicalismo y los
partidos políticos eran vigilados, de manera permanente, con la justificación de la seguridad
nacional. Era la época de la amenaza nuclear, de la bipolaridad mundial, de la lucha entre el
socialismo y capitalismo teniendo como una de sus consecuencias principales, absorber el
concepto de seguridad a la defensa del Estado y no a la defensa de los habitantes o
ciudadanos.
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Mientras esto sucede a escala mundial, en América Latina y especialmente en los países
subdesarrollados, se implementan mucho más que en el pasado, los modelos de desarrollo, la
deuda externa, la integración regional, el creciente aumento de la pobreza, la brecha social,
las causas de la violencia política y social; con ello, se comienza a virar hacia los ciudadanos
y sus derechos; pero es con el final de la Guerra Fría que se permite que los derechos de los
habitantes sean temas de agenda nacional. En Centroamérica los cambios se expresan en las
cumbres de presidentes desde la de Montelimar en 1990 hasta hoy. Durante el año 2007 la
agenda presidencial nicaragüense se desenvuelve en un apoyo a la paz regional, a la unidad y
reconciliación nacional; pero, además, se incluyen los temas relacionados con la
narcoactividad, lavado de dinero, tráfico de menores, corrupción y se llama a crear un modelo
de prevención del delito y de políticas públicas, con el fin de aminorar la inseguridad
ciudadana, combatir la impunidad y el abuso de poder.
La OEA, en su declaración de Montrouis 1995 indica que por seguridad ciudadana debe
entenderse la seguridad de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado. Considera,
además, que la seguridad ciudadana involucra elementos esenciales para el desarrollo de la
sociedad, y que la criminalidad, la impunidad y la deficiencia de los sistemas judiciales y
policiales afectan el normal desenvolvimiento de la vida de las sociedades, amenazan la
consolidación de la democracia, deterioran los niveles de vida de la población e impiden la
vigencia plena de los derechos humanos y garantías de las personas.
De todo lo anterior se desprende que el concepto de seguridad ciudadana no ha existido
siempre porque no se ha brindado seguridad a la población. Dentro de este ambiente, el
Informe de Desarrollo Humano 1993, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el cual está dirigido hacia la participación de las personas en las
actividades y procesos que tienen influencia sobre sus vidas, formula la adopción de nuevos
conceptos de seguridad, como es la seguridad humana, que enfatiza en la seguridad de las
personas y no de las naciones. Luego el informe de 1994 precisa el concepto de seguridad
humana que comprende la seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud,
seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política; como se
observa, la seguridad personal forma parte de la seguridad humana; es decir, que la seguridad
ciudadana tiene un término más restringido en tanto la seguridad humana es más general. En
esa dirección se percibe que la seguridad humana y el desarrollo humano son dos caras de la
misma moneda y la seguridad ciudadana está en la base de ambos; esto significa que para
alcanzar niveles de seguridad y desarrollo humano, es indispensable mejorar el nivel de
seguridad ciudadana ya que esta se refiere a la necesidad de estar libre de temor, sentirse sin
amenazas en contra de la seguridad personal, como son la violencia, robos, homicidios,
violencia intrafamiliar o cualquier otro hecho que vaya en contra de los derechos humanos
relacionados con la vida e integridad física y moral de las personas.
En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004, el PNUD define la seguridad humana
como la condición de encontrarse libre de temor y de amenaza. Asimismo, la seguridad
ciudadana se define como la condición personal, real e imaginaria, de encontrarse libre de
amenaza, de violencia o despojo por parte de otros. En esta línea, la inseguridad ciudadana es
el fenómeno social que resulta del acaecimiento de actos de violencia y despojo patrimonial,
sumado a la percepción subjetiva de las personas respecto a su vulnerabilidad frente a tales
14
situaciones. En la actualidad, la seguridad es vista por el PNUD (2007) como un asunto
relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad
económica, alimentaria, sanitaria, medio ambiental, personal, comunitaria y política,
relacionadas con los objetivos de desarrollo del milenio.
En Nicaragua, el Gobierno considera que la seguridad ciudadana está vinculada a la libertad e
integridad física, psíquica, económica y cultural de la ciudadanía y sus interacciones. Su
aporte a la gobernabilidad se expresa en la prevención y control de la violencia en sus
diferentes manifestaciones, individual, familiar social, de género y ambiental, a fin de incidir
en el clima propicio para el desarrollo tanto humano como económico y social. En el Plan de
Desarrollo 2002-2007, el Gobierno asume el compromiso de garantizar el Estado Social de
Derecho y la seguridad de las personas, la familia y sus bienes, promoviendo la cultura de la
legalidad por medio del ejercicio integral de las vertientes de la seguridad pública, la
prevención del delito, la Administración de Justicia y la readaptación social, con la
participación armónica de las instituciones del Estado y la sociedad organizada y el Plan de
Desarrollo Humano 2008-2012 del gobierno de unidad y reconciliación nacional, señala que
la seguridad ciudadana es entendida como el derecho que asiste a toda persona nacional y/o
extranjera que se encuentra en alguna parte del territorio nacional, de desarrollar su vida
cotidiana con el menor nivel posible de amenaza a su integridad personal, a sus bienes y a sus
derechos cívicos, está condicionada por múltiples factores internos y externos que están
vinculados a los niveles de pobreza, desempleo y educación, que a su vez responde, a los
grados de desarrollo y crecimiento económico existente en el país.
En síntesis, podríamos decir que la seguridad ciudadana es la facultad que tiene toda persona,
ya sea natural o jurídica, a desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida,
libertad, integridad física, síquica y cultural y el goce de todos sus bienes; lo que constituye
derechos fundamentales consignados en la Constitución Política, las leyes e instrumentos
internacionales, por lo que la seguridad ciudadana es la base del desarrollo de la sociedad y
tiene como punto de partida y de llegada la seguridad de las personas y de sus bienes. La
seguridad humana se desarrolla como un concepto integral y se centra en el usuario final de
la seguridad; es decir, el ser humano; por lo tanto, en el concepto de seguridad humana no
basta con proteger al Estado para proteger al ser humano, sino que es necesario, también,
resguardos que protejan al ser humano de los abusos por parte del Estado. También se define
como la facultad que tienen las personas para tener un buen estándar en su calidad de vida,
así como estar en condiciones de cuidarse a sí misma, tener la oportunidad de satisfacer sus
necesidades básicas y llevar a cabo su vida en forma segura. Sus componentes son la
seguridad económica, alimentaria, personal, en salud, comunitaria, ambiental y política.
El debate sobre la seguridad ciudadana, en nuestro país, se ve limitado por tres elementos
relevantes: el primero, es el bajo conocimiento de la problemática de parte de los principales
actores políticos sociales que desconocen los factores ligados a la violencia y a la sensación
de inseguridad. El segundo, la persistencia de una visión dicotómica entre política de control
y de prevención, por lo que muchos actores locales y nacionales reiteran el tradicional debate
sobre la efectividad y pertinencias de las mismas estrategias, como son: mayor punición, cero
tolerancia, mano dura contra la delincuencia; y el tercero, una localización excesiva de las
iniciativas desarrolladas y, por ende, una pérdida de las lecciones aprendidas en contextos
15
similares en América Latina, donde se han aplicado estrategias sin una planificación
adecuada, por lo que los resultdos no son medibles.
Esta situación les presenta un desafío importante a los gobiernos locales, los que, por su
relación directa con la población y su problemática, son los más idóneos para implementar
políticas sociales de prevención y control de la violencia y la criminalidad, de acuerdo con el
art. 8, inciso 5 del Decreto N.° 110-2007. Con la formación de los Comités de Prevención
Social del Delito, los gobiernos locales se insertan en el programa de seguridad ciudadana,
pues estos comités junto con los gabinetes del poder ciudadano proponen políticas sociales al
gobierno local, donde se incluyen programas de prevención social y situacional del delito
como son la limpieza de espacios baldíos, mejoramiento de canchas deportivas, recolección
de la basura, mejoramiento del alumbrado público, entre otras.
La Policía Nacional ha conceptualizado que la prevención del delito no se puede efectuar de
manera adecuada sin la participación de la ciudadanía (2009: 31). Dado que Nicaragua es el
país de Centroamérica con mayores espacios de participación ciudadana en la gestión
pública, garantizados por ley, la intervención comunitaria en la prevención del delito es un
elemento esencial. Basados en el principio constitucional de que la participación ciudadana
en los asuntos públicos es un derecho fundamental del pueblo nicaragüense, en la Ley de
Participación Ciudadana, en la Ley de la Policía Nacional y en la Ley de Municipios, se
conciben que son responsables de la seguridad ciudadana en Nicaragua: la comunidad, la
familia, la Policía Nacional y los gobiernos municipales.
Marco Jurídico de la Seguridad Ciudadana en Nicaragua
La seguridad ciudadana en Nicaragua está a cargo de la Policía Nacional, de acuerdo con lo
establecido en arto 97 de la Constitución Política. El art. 1 de la Ley N.° 228, Ley de la
Policía Nacional, amplía este artículo, al señalar que la Policía Nacional tiene por misión
proteger la vida, la integridad, las seguridad de las personas y el libre ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo, es responsable de la prevención y
persecución del delito, la preservación del orden público y social interno, velar por el respeto
y preservación de los bienes del Estado y de los particulares, y luego el art. 3 le asigna la
función de organizar, dirigir y controlar la policía voluntaria.
La policía voluntaria, según el art. 43 de dicha Ley, es un cuerpo auxiliar y de apoyo a la
Policía Nacional, con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de
policía, la integran ciudadanos nicaragüenses, que, previo proceso de selección, preparación y
juramentación aceptan las condiciones de forma voluntaria, temporal y gratuita; pero, a la
vez, le otorga los derechos contemplados en el art. 64, incisos 4, 5, 6 y 14 de la Ley N.° 228.
Sin embargo, los gobiernos locales, en alianza con la empresa privada y los comerciantes,
apoyan económicamente a la Policía Nacional, a fin de que esta policía voluntaria perciba
beneficios pecuniarios para su sostenibilidad y permanencia en el cargo y puedan cumplir,
eficientemente, las tareas que se le asignan en el art. 45, como son las de apoyo, prevención,
vigilancia, seguridad pública y de tránsito.
16
De estas normas se desprenden las diferentes áreas en que se desenvuelve la función policial:
así tenemos que la seguridad pública es el área responsable de las funciones fundamentales
de prevención o auxilio por medio del servicio, vigilancia y patrullaje. La seguridad de
tránsito es la encargada de regular, controlar o contribuir a la solución de los problemas
viales, el registro de propiedad vehicular, investigar accidentes de tránsito y normar la
circulación vial. Las investigaciones criminales están orientadas a la investigación de las
faltas o delitos y bajo su dependencia está la Comisaría de la Mujer y la Niñez y la Seguridad
personal, que es la responsable de la protección del Presidente de la República, el
Vicepresidente y demás Poderes del Estado. La Policía Judicial, que brinda auxilio al Poder
Judicial, tiene por objeto averiguar los delitos de toda clase, realizar las investigaciones
policial-judicial requeridas para la comprobación y determinación del delito; determinación
de la víctima y del posible victimario, requiriendo al efecto la cooperación del área de la
criminalística para reunir los elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo
necesario para los efectos judiciales, procederá a la detención del delincuente cuando sea
necesario, de acuerdo con lo establecido por la ley o por mandato judicial.
La Policía, por otra parte, una vez realizadas las pesquisas pertinentes deberá entregar al juez
competente, el expediente investigativo, el cual deberá ser lo más completo posible para
facilitar la decisión judicial y deberá contener las diligencias practicadas, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley de Funciones de la Policía Nacional en materia de auxilio judicial.
Asimismo, remitirá a la orden del juez competente los detenidos, si los hubiese, las pruebas y
objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución.
Aquí, surge la interrogante sobre la efectividad de la Policía en la prevención del delito, ya
que la Policía tiene que luchar con infracciones de toda índole, desde las pequeñas
violaciones a las señales de tránsito y las ordenanzas municipales sobre pagos de rodamiento,
hasta delitos graves. Esta amplitud de sus tareas, unida a las restricciones presupuestarias,
constituye el óbice para el cumplimiento eficaz en el desarrollo de estas actividades. Otro
obstáculo para esta eficacia es la falta de organización de la población, pues como señala
Rotman (1998: 115) la prevención comunitaria del delito se basa en el hecho de que la
interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos puede desempeñar un rol
importante en la investigación y la denuncia de conductas delictivas.
La nueva policía nicaragüense se forma a raíz del triunfo de la Revolución el 19 de julio de
1979, con el nombre de Policía Sandinista subordinada al Ministerio del Interior, pero
adquiere su estatus de Policía Nacional con la Ley N.° 228, Ley de la Policía Nacional,
publicada en La Gaceta, diario oficial N.° 162, del 28 de agosto de 1996, la que según el art.
97 de la Constitución, estará sometida a la autoridad civil, que será ejercida por el Presidente
de la República, por medio de ministerio correspondiente. Después de la caída del dictador
Somoza, se cambian todas las estructuras sociales incluidas la de la policía y el ejército. Cada
periodo en la vida de la Policía ha tenido una propia dinámica. Así, en el primer periodo
1982-1989, lo principal fue la guerra civil entre los nicaragüenses apoyada por el Gobierno
de Estados Unidos de América. Mientras, en el segundo periodo 1990-2006, se destaca la
desmovilización de la resistencia, gente del Ejército y la Policía con la reducción de su
cuerpo policial; pero, además, se destaca la corrupción. Mientras que a partir del 2007 se
17
hace énfasis en las políticas sociales, mayor articulación con la población, gobiernos
municipales y empresas privadas (ver cuadro 1).
Cuadro 2 Nicaragua: Transición policial. 1970 - 2009
Revolución Gobierno de derecha Gobierno revolucionario
1979-1990 1991-2006 2007-2009
Se forma un nuevo ejército
Se forma una nueva policía
Campaña de educación
masiva se reduce
analfabetismo 12%
Guerra por 10 años
Reforma agraria (se hace una
re-distribución de la tierra)
Comité de Defensa
Sandinistas (CDS), eran
estructura comunitaria que
vigilaban a nivel comunitario
para evitar el avance de la
contra revolución.
Dan inicio los comité
comarcal
Formación de Cooperativas
Salud y educación son
gratuitos
Políticas sociales énfasis en
lo social.
Gran promoción del deporte.
Presencia de la seguridad del
estado
Aumenta la migración de
nicaragüenses para Estados
Unidos y algunos países de
Centroamérica.
Privatización de los recursos
del estado
Aumenta el analfabetismo
hasta más del 30%
Disminución de los
beneficios sociales
Aumento de ONG (boom y
aparecen más 2 000 a escala
nacional)
Movimiento comunal
Desmovilización de la guerra
de 10 años.
Algunas propiedades
entregadas en reforma agraria
son devueltas de nuevo
Privatización de la educación
y salud
Aumento de la corrupción
Políticas con alto énfasis en
macroestructuras
El deporte como el béisbol se
privatiza.
Desaparece la seguridad del
Estado.
Da inicio el tema de
convivencia y seguridad
ciudadana
Da inicio la
profesionalización de la
policía y la carrera policial y
del Ejército.
Se da un incremento de las
tasas de desempleo hasta el
70%.
Aumento de la migración
Educación gratuita
Salud gratuita
Prioridad la seguridad
ciudadana
Una mujer al mando de la
Policía
Consejos del Poder
Ciudadano (CPC). Se
establecen por ley y su
quehacer se radica a nivel
comunitario.
Políticas sociales con énfasis
en lo social
Gran énfasis del deporte de
barrio.
Aparecen los Comités de
Prevención Social del Delito.
Tomar mayor fuerza el tema
de la convivencia y la
seguridad ciudadana
Continúa la
profesionalización de la
Policía nacional y del
Ejército.
Sigue la migración de
nicaragüenses hacia Costa
Rica y Estados Unidos.
18
hacia Costa Rica y EE. UU.
Reorganización de las
Fuerzas Armadas y reducción
del tamaño del Ejército y la
Policía y subordinación a las
autoridades civiles
Privatización y liberación del
mercado:
• En el primer periodo el mayor problema fue la guerra financiada por Estados Unidos
por medio de la contrarrevolución por 10 años.
• En el segundo periodo la mayor problemática fue la corrupción y la reversión de
muchas políticas sociales, tales como salud, educación y reforma agraria.
• En el tercer periodo, la mayor problemática ha sido la crisis económica mundial que
afecta de alguna manera a Nicaragua. Fuente: Elaboración propia, a partir de bibliografía consultada.
Una de las principales prioridades del Gobierno actual es promover la seguridad ciudadana en
el país, para lograrlo se han realizado iniciativas de carácter legal como el Decreto N.° 110 –
2007 que reforma el Decreto N.° 83 – 2004 en su art. 8 que le otorga al Consejo Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana la atribución de promover la participación de la
ciudadanía nicaragüense en los Comités de Prevención Social del Delito que organiza la
Policía Nacional, así como en los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana y en otras
instancias de participación comunitaria en los distintos municipios en coordinación con las
alcaldías respectivas, para la identificación de los problemas que ocasionan inseguridad y su
correspondiente solución. Con base en este decreto, la Policía Nacional orienta a la población
que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre todas las instituciones
del Estado, los gobiernos municipales, las Iglesias, la sociedad civil y la población en
general, los medios de comunicación, destacándose el enfoque de mejorar la calidad de vida
por medio de la seguridad ciudadana, tanto en la ciudad como en el campo.
La Policía Nacional, consciente de que el fenómeno de la violencia y de la delincuencia tiene
múltiples causas, propone, entre otras respuestas, un modelo de Policía Comunitaria
Proactiva, cercana a la comunidad y al servicio de esta, modelo que es parte integrante de la
política y doctrina institucional. Las coordinaciones interinstitucionales con amplios sectores
del gobierno, de la sociedad civil, de la comunidad y de la institución policial, permitirá la
integralidad de las respuestas ante la violencia y la delincuencia. Esta respuesta integral
requiere amplia coordinación de las instituciones involucradas y la puesta en práctica de
complejos procesos de planificación, complejidad que radica, precisamente en la amplia
gama de instituciones y organismos participantes, de sus recursos disponibles, de sus propios
intereses, de los tiempos, cobertura geográfica y capacidades técnicas, entre otros.
En el segundo encuentro nacional de los Comités de Prevención Social del Delito, celebrado,
en Managua, el 23 de agosto de 2008, se analizó la necesidad de una política comunitaria
para el financiamiento de las acciones preventivas e involucrar a las instituciones del Estado
que son los elementos claves para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en los barrios y
19
comarcas, en coordinación con las alcaldías, movimiento comunal, consejos del poder
ciudadano y la comunidad en general.
En Nicaragua existe una ventaja en este sentido, ya que la seguridad ciudadana es reconocida
como un derecho constitucional inherente a todos los nicaragüenses, además es una voluntad
gubernamental la que se expresa en la creación del Consejo Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana mediante el Decreto 110 – 2007, es una instancia del más alto nivel,
cuyos fines y objetivos son analizar la problemática de la seguridad ciudadana, definir
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a mejorar la convivencia y la
seguridad ciudadana en el país. Integran este Consejo: el Presidente de la República o su
representante, los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, el Director de la Policía
Nacional, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Educación, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Salud, la
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Paz, Reconciliación y
Justicia, el Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nicaragüense de la Juventud, el
Instituto Nicaragüense de Deportes, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el
Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo, la Dirección General de Bomberos, la
Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de
Nicaragua y tres representantes de la sociedad civil.
En el marco de la implementación del programa de seguridad ciudadana que la Policía
Nacional ejecuta por medio de la dirección de convivencia y seguridad ciudadana, existen
otras estructuras de coordinación interinstitucional, tales como el Comité Técnico de
Coordinación Interinstitucional, conformado por las instituciones del Estado que ejecutan
directamente el programa, entre estas están: el Ministerio de Educación, el Ministerio de la
Familia, Adolescencia y Niñez, el Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto
Nicaragüense de la Juventud, el Instituto Nicaragüense de Deportes, el Sistema Penitenciario
y la Policía Nacional, y los Comités Técnicos de Coordinación Interinstitucional Territorial,
el cual está conformado por los delegados o representantes de las instituciones del Estado a
nivel municipal.
En estas comisiones técnicas territoriales es donde se articulan los gobiernos municipales, por
medio de la Comisión de Gobernabilidad, que atiende la participación ciudadana ( art. 65 del
Reglamento a la Ley de Municipios), organismos no gubernamentales, organizaciones
comunitarias, consejos del poder ciudadano y los Comités de Prevención Social del Delito;
cuya responsabilidad es la coordinación de las acciones del programa de seguridad
ciudadana, la realización de los procesos de planificación, el seguimiento a los indicadores de
seguridad ciudadana y la articulación de las intervenciones en cada territorio. Si tiene
confianza, dice Bautista Lara (2005: 9) en las instituciones públicas y privadas, en la
Administración Pública, en las organizaciones de la sociedad, en la representatividad de los
electos, en los sindicatos, en los empresarios, en las reglas de juego, entonces, se tiene mayor
nivel de seguridad ciudadana.
20
El delito en Nicaragua
La seguridad ciudadana se auxilia de la información estadística de los hechos violentos,
particularmente los homicidios, por la gravedad de los actos y porque sus registros son más
acuciosos y confiables que permiten hacer comparaciones temporales tanto a escala local
como internacional.
En los primeros nueve años del siglo XXI, en Centroamérica se experimenta un grave
problema de seguridad ciudadana. A pesar de que ya no existen guerras, la democratización
no ha dado pasos firmes a sociedades más pacíficas. La violencia social y delictiva en
algunos países del istmo se encuentran entre las más alta del continente. Aunque la violencia
en Nicaragua y la criminalidad son bajas, comparada con otros países, está en ascenso y
cunde la sensación de inseguridad. Los graves problemas de la seguridad ciudadana plantean
un complejo desafío para las democracias en Centroamérica, siendo el golpe militar de
Honduras, el 28 de junio del 2009 el más claro ejemplo de la fragilidad de la gobernabilidad
y la seguridad. La inseguridad ciudadana desde el punto de vista social constituye un factor
de desarticulación, pues afecta las relaciones de confianza y reciprocidad dentro de las
comunidades.
Se considera que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, siendo en
la actualidad la tasa promedio mundial de doce homicidios por cada 100 000 habitantes, este
indicador nos demuestra claramente que Nicaragua con 13 homicidios por 100 000
habitantes, tiene unas de las tasas más bajas de la región comparada con El Salvador que
tiene 100 homicidios por 100 000 habitantes, Honduras 48 homicidios por 100 000
habitantes, Colombia 30 homicidios por 100 000 habitantes y ligeramente superior a las tasas
de Costa Rica y Chile, que son unas de las más bajas del área. Otro indicativo de que
Nicaragua es uno de los países más seguros de la región, es el hecho de que, a diferencia de
países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, hasta el momento no se registran
actividad delictiva de pandillas, caracterizadas por su alta peligrosidad, por sus niveles de
organización y preparación de los hechos delictivos en los que participan; por las conexiones
con el crimen organizado y por la brutalidad de sus actos. Estas características hacen una
diferencia importante con los grupos juveniles y grupos en alto riesgo social que inciden en la
generación de violencia juvenil e intrafamiliar en Nicaragua, más relacionada con el consumo
de drogas y el consumo excesivo de alcohol.
Estos indicadores demuestran que en los últimos 14 años en Nicaragua, se ha observado que
la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, ha venido en una constante disminución
desde el año 1990 hasta el año 2000, de 9 homicidios por 100 000 habitantes y luego, se
produce incremento hasta 14 homicidios por 100 000 habitantes, en el año 2006 y 13
homicidios por 100 000 habitantes en el año 2007. En los últimos 8 años, las tasas de
homicidios se ha incrementado de forma permanente, por otro lado, el total de delitos contra
las personas (asesinatos, homicidios, lesiones, violaciones y otros contra las personas) y los
delitos contra la propiedad (robo con fuerza, robo con violencia, robo con intimidación,
hurtos, estafas, abigeatos y otros contra la propiedad) han sufrido un incremento anual
promedio de 15,6% en los últimos 10 años; pasando de 66 040 delitos en 1998 a 93 497
delitos en el año 2002 y hasta 139 318 en el año 2007. De estos delitos, los robos en sus
21
diferentes modalidades (con fuerza, con violencia y con intimidación), se ha incrementado en
un promedio anual de 12,0%; pasando de 15 652 robos en el año 1998; a 21 056 robos en el
año 2002 y luego a 27 840 robos en el año 2007 (ver gráfico 1).
En el gráfico siguiente se observa un incremento de las tasas de delitos contra la propiedad,
pasando en 1998 de 345 a 491 delitos contra la propiedad por 100 000 habitantes en 2007.
Gráfico 1 Nicaragua: Tasas de delitos contra la propiedad. 1998 - 2007
Fuente: Policía Nacional, 2009.
Índice Delictivo Demográfico (IDD)
El IDD viene marcando un ritmo de crecimiento vertiginoso y progresivo. En el año 1990 era
de 732 delitos por cada 100 000 habitantes y en 2007 fue de 2 458; es decir 3,4 veces mayor.
En el 2007, el país registró un IDD de 2 458 delitos por cada 100 000 habitantes, cifra
rebasada por el Departamento de Managua en 1,6 veces, al marcar 3 964 delitos por cada 100
000 habitantes, mientras Carazo, Granada y la Región Autónoma del Atlántico Sur se
ubicaban en el segundo, tercero y cuarto lugar en IDD más altos del país, con 3 937, 3 201 y
2 538, respectivamente (ver Tabla 1).
345 351 394 387
473 491
0
100
200
300
400
500
600
1998 2000 2002 2004 2006 2007
Tasas de delitos
22
Tabla 1 Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007
Años Total de delitos Población del
país*
Delitos por c/100 000
habitantes
1990 28 005 3 823 730 732
1991 30 896 3 823 367 808
1992 35 924 4 054 375 886
1993 42 394 4 174 860 1 015
1994 47 173 4 298 926 1 097
1995 48 737 4 426 677 1 101
1996 54 983 4 548 755 1 209
1997 62 628 4 674 199 1 340
1998 66 040 4 803 102 1 375
1999 72 908 4 935 559 1 477
2000 75 741 5 113 444 1 481
2001 90 145 5 205 023 1 732
2002 93 497 5 341 883 1 750
2003 97 500 5 491 459 1 778
2004 108 983 5 512 544 1 977
2005 104 103 5 484 879 1 898
2006 120 462 5 142 098 2 343
2007 139 318 5 668 880 2 458 Fuente: Policía Nacional, 2009.
Gráfico 2 Nicaragua: Índice delictivo demográfico. 1990 - 2007
Fuente: Policía Nacional, 2009.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
23
Si se partiera de la proporcionalidad entre delitos y población como el único criterio de la
peligrosidad de un departamento, se podría decir que Carazo, Managua, Granada y de la
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) son las de mayor peligrosidad.
Capacidad de respuesta de la Policía Nacional
Dar respuestas inmediatas a las demandas que hace la población, es también una forma de
fortalecer y mejorar la seguridad ciudadana, la cual debe ser una meta principal de la Policía
Nacional, afirma la primera comisionada, Aminta Granera S. (Visión Policial); esta tarea se
precisa en cada uno de los escenarios donde la población desarrolla sus actividades: el hogar,
la escuela, los barrios, las comarcas, departamentos; es decir, en toda Nicaragua. Los
lineamientos del trabajo establecidos y liderados desde la jefatura nacional, están vistos
fundamentalmente a mejorar la seguridad en la capital, la seguridad en el campo, en las vías y
fortalecer las actuaciones en caso de violencia intrafamiliar. La ampliación en la brecha entre
la actividad delictiva y la capacidad de respuesta de la policía es una alerta que los obliga a
tomar medidas urgentes, de cara a mejorar la seguridad ciudadana (ver tabla 2).
Tabla 2 Nicaragua: Actividad delictiva versus capacidad de respuesta de la Policía
Nacional. 2000 - 2008
Años Ocurridos Esclarecidos Sin
esclarecer
% No
esclarecido
2000 75 741 55 741 20 000 26,4
2001 90 145 66 790 23 355 25,9
2002 93 497 70 065 23 432 25,1
2003 97 500 70 153 27 347 28
2004 108 983 82 212 26 771 24,6
2005 104 103 54 015 50 088 48,1
2006 120 462 57 670 62 792 52,2
2007 139 318 63 730 75 588 54,3
2008 154 771 50 964 103 807 67,1
Fuente: Visión Policial, Revista de la Policía Nacional, Año X, N.° 80,
marzo-mayo 2009, p. 6.
Seguridad ciudadana y sistema penal
El sistema penal constituye el ente encargado de aplicar la sanción privativa de libertad; es
decir, tiene la función de imponer un castigo justo al delincuente; de garantizar la separación
de este individuo del cuerpo social, logrando su incapacitación para cometer nuevos ilícitos,
lo cual se relaciona estrechamente con la demanda de protección o defensa de la sociedad, lo
que garantiza en opinión generalizada de la población mayor seguridad. La sanción de un
número razonable de disposiciones legales, dice Rotman (1998: 84), organizada con la mayor
24
seguridad posible constituye un requisito esencial para que el efecto preventivo general del
derecho penal sea efectivo, pues las normas penales en cantidades efectivas se vuelven
ineficientes; pero la sanción penal debe constituir la última ratio. En este sentido, la sanción
penal, en nuestro país, se considera bajo en algunos actos delictivos tal como se puede
observar en el Cuadro 2.
Cuadro 3 Nicaragua: Indicadores sobre la seguridad ciudadana y el
sistema penal. 2006
Tema Situación entre 2002 y 2006 Comparación
internacional
Indicadores de inseguridad objetiva Tasa de homicidio por 100 000
habitantes 1,3 incremento (30%): 1:0 en 2002 Bajo
Homicidios con arma de fuego
(2005) 56% Incremento
Tasa de violencia por 100 000
habitantes (2006) 2,8 incremento (8%): 2,6 en 2002
Tasa de robos por 100 000 habitantes
en 2006 44,7 incremento (28%): 35 en 2002 Muy alto
Narcotráfico Presencia en algunas zonas
Secuestro extorsivo y sicariato Muy baja incidencia
Pandillas juveniles y maras Baja presencia
Violencia extralegal Muy bajo nivel
Indicadores de inseguridad subjetiva
Percepción de amenaza difusa
(2006): delincuencia es amenaza para
el futuro
57% de personas en muestra
nacional Intermedio
Percepción de amenaza al entorno
inmediato (2006)
39% de las personas en muestra
nacional. Baja desde 2004 (44%) Alta
Crimen-inseguridad, principal
problema (2006)
4% de las personas en muestra
nacional. Leve aumento desde 2004
(3%)
Muy bajo
Confianza en el sistema penal (2006) 44% de las personas en muestra
nacional. Baja desde 2004 (48%) Intermedio
Confianza en juicio justo (2006) 46% de las personas en muestra
nacional. Estable desde 2004 Bajo
Confianza en la Policía Nacional de
Nicaragua (2006)
52% de personas en muestra
nacional. Ligera baja desde 2004
(54%)
Situación del sistema de justicia penal
Presupuesto per cápita (2006) 9,2 dólares Muy bajo
Cambio entre 2002-2006 Fuerte incremento: 70%
Policías por 100 000 habitantes 143 la segunda tasa más baja de la
25
(2006) región
Jueces por 100 000 habitantes (2006) 7,1 Una de las tasas mas bajas de la
región Baja
Fiscales por 100 000 habitantes
(2006)
4,7 una de las tasas mas baja de la
región Muy bajo
Defensores públicos por 100 000
habitantes (2006) 1,7 la tasa mas baja de la región Intermedio
Población penitenciaria por 100 000
habitantes (2006)
110. La segunda tasa más baja de la
región Baja
Sobrepoblación penitenciaria (2006) 112%. El segundo porcentaje mas
baja de la región
Bajo
Presos sin condenas (2006) El porcentaje mas bajo de la región.
19%
Bajo
Presupuesto institucional
Suspensión de garantías
fundamentales No el periodo 1995-2008
Leyes especiales No
Políticas gubernamentales Énfasis en prevención
Operaciones conjuntas Policía y
Ejército Ocasionalmente
Participación Policía en operativos
de “limpieza social” No
Tribunales especiales No
Jueces “sin rostro” No
Amenazas a los operadores del
sistema No se reportan caso
Fuente: Estado de la región. En Desarrollo Humano Sostenible, 2008: 483.
Nicaragua, según los datos anteriores, es considerada, uno de los países más seguros de
Centroamérica. Sin embargo, las tasas de robo por 100 000 habitantes en el 2006 se destacan
como muy altas, pero el secuestro, el sicariato, las pandillas y las maras tienen muy baja
presencia en el territorio nacional.
Entre los años 2002-2004, como parte del programa de modernización y desarrollo
institucional, la Policía Nacional nicaragüense, con el apoyo del Gobierno de Suecia, ha
llevado a cabo tres sondeos de opinión sobre la percepción de los diferentes sectores de la
población sobre el quehacer policial y la percepción de seguridad ciudadana a escala
nacional.
Dentro de los principales hallazgos se encontró que solo el 46% de la población se siente
segura en el sector donde vive, siendo los principales problemas de seguridad identificados a
escala nacional la ausencia de vigilancia policial (17%), asaltos/ robos (14%) y pandillas
juveniles (13%). Entre los principales factores identificados por la población para mejorar la
seguridad se encuentran la instalación de alumbrado público (23%) y el control de pandillas
(7%), entre otros.
26
I. Municipio de León, Departamento de León
1.1. Caracterización de la población
Santiago de los Caballeros de León es la primera ciudad de Nicaragua construida por los
españoles en junio de 1524, destruida por una erupción volcánica del Momotombo en 1610 y
trasladada ese mismo año al sitio donde se encuentra actualmente, a 92 kilómetros de
Managua, en el occidente del país, conservando únicamente el nombre de León.
Es cuna de valores intelectuales, culturales y artísticos que enriquecen su historia, como
Rubén Darío, Salomón de la Selva Sugerencias para mejorar el desempeño policial, Alfonso
Cortés, para citar algunos ejemplos. Es sede del Archivo Histórico Diocesano, en el cual se
encuentra una abundante información genealógica de la época colonial. El Archivo alberga
documentos de tres tipos: Archivo de la Curia Diocesana, Archivo de la Municipalidad y
Archivo de Gobernación e Intendencia de León. Este Archivo se encuentra en el Colegio San
Ramón, frente al costado sur de la Catedral de León, para algunos es, sin duda, el principal
acervo documental de la colonia que se conserva en Nicaragua.
En León nació la Universidad de Nicaragua por decreto de las Cortes Generales y
Extraordinarias de Cádiz del 10 de enero de 1812, que señalaba que el Seminario Conciliar
de León de Nicaragua se erigiría Universidad con las mismas facultades de las demás de
América, convirtiéndose así en la segunda Universidad en Centroamérica y en una de las más
antiguas de América Latina. Fue la primera capital de la Revolución Popular Sandinista y
tiene 30 años de tener un gobierno local del mismo partido (FSLN). Esta ciudad se ha
caracterizado por una fuerte participación social.
La ciudad se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del país por su
riqueza histórica, cultural y arquitectónica. La época colonial se palpa en sus calles, edificios
e iglesias, como la imponente Catedral Metropolitana, considerada la más grande de
Centroamérica, cuyo atrio está decorado con impresionantes leones, situados también
alrededor de la fuente de la plaza central. El templo, construido entre 1747 y 1860, y
restaurado en 1992, alberga los restos de Rubén Darío y cuenta con bellos decorados de estilo
barroco al igual que muchas de las iglesias existentes en la ciudad. La ciudad mantiene
vigente su hegemonía como centro cultural y como eje de diversas actividades.
El 1,999, en conmemoración del 475 aniversario de su fundación, León fue erigida Ciudad
Universitaria por decreto legislativo del 8 de noviembre de ese mismo año, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial N.° 217, del 12 de noviembre.
El municipio cuenta con una extensión territorial de 820,19 km2 y una altura de 109,21
m.s.n.m.; un clima tropical de sabana y una temperatura media de 27 a 29 ºC. Su población
total es de aproximadamente 181 941 habitantes, de los cuales el 67% es urbano y el 33% es
rural.
Actualmente, se identifican como problemas principales del municipio: la falta de espacio
físico para la población urbana creciente, ya que la tasa anual de crecimiento de la población
27
es de 4,3%, la que se considera muy alta, causada por la inmigración de la población rural
hacia la ciudad y el crecimiento natural de esta; altas tasas de desempleo rural y urbano y los
problemas de pobreza (en 1998, el 32,7% de la población urbana fue identificada como pobre
y el 26,7% como extremadamente pobre).
Quizás por estas razones, a pesar de que tradicionalmente se ha considerado a León como la
ciudad más segura de Nicaragua, en los últimos años se ha venido observando un ascenso en
la actividad delictiva, razón por la cual se aplicó una encuesta en el mes de enero del 2006
para conocer la percepción de la actividad delictiva y la seguridad ciudadana que existe en el
municipio tanto en la zona urbana como rural.
La encuesta se aplicó a 1 553 personas en edades de 15 a 65 años, de las cuales el 35,7% eran
hombres y el 64,3% mujeres en los territorios del Mántica, Perla María Norori y Sutiaba del
municipio de León, tanto urbano como rural, utilizándose para el análisis 1 485 encuestas, ya
que 68 fueron desechadas por no tener los datos incompletos, o porque las personas se
negaron a responderlas, o porque las casas eran alquiladas para negocio y de lo que se trataba
era de encuestar a personas que viviesen en ese lugar. El porcentaje mayoritario de mujeres,
quizás se deba a la emigración de los hombres hacia otros países, en busca de trabajo
remunerado.
La edad promedio de la población estudiada fue de 34 años, distribuidos así: de 15 a 19 años
17,1%; de 20 a 29 años 26,2%; de 30 a 39 años 20,5%; de 40 a 49 años 15,8%; de 50 a 59
años 12,7% y de 60 a 65 años 7,7% se nota claramente que la población del municipio de
León se concentra en adolescentes y jóvenes (63,8%). En relación con el nivel escolar, el
31,9% ha completado la primaria, el 35,8% la formación secundaria; y un 14,9% han
alcanzado el nivel universitario. El 21 de junio del 2009, el municipio de León fue declarado
territorio libre de analfabetismo, por haberse reducido 2,5% la tasa de analfabetismo. En
relación con el estado laboral de los encuestados, encontramos que el 16% trabaja para un
empleador; el 25,6% trabaja por cuenta propia; el 28,5% son desempleados; el 28% son amas
de casa y el 1,9% son jubilados o incapacitados.
Las principales causas de delincuencia identificadas por la población fueron droga (74%),
desempleo (62,5%) e irresponsabilidad de padres de familia (35%). El 15,8 % de la muestra
reportó haber sido víctimas de un delito. Los delitos más graves fueron: violaciones (89%),
robo (68%), asesinato (50%). Por otro lado, el 46,9% de las personas que sufrieron delito
señalaron no haberlo reportado a la Policía Nacional, principalmente porque: la “policía no
haría nada” (61,3%) y por “no tener confianza en la policía” (44,5%). Los lugares más
inseguros identificados fueron: la ciudad (32,2 %) y los centros de recreación (19%).
En el municipio de León, en cuanto a la percepción de seguridad en el sector donde vive, el
53,1% de la población encuestada contestó que se sienten seguros, el 27,6% respondió que se
siente poco seguro y el 12,2% nada seguro. Al comparar la percepción de seguridad entre los
años 2003 y 2004, el 78,6% refiere que no ha habido ningún cambio, el 10,2% se siente más
seguro y el resto se siente menos seguro. Los delitos más frecuentes identificados por la
población en el 2004 son el asalto/ robo con el 56,6%, seguido de lesiones con el 17,7% y
abigeato con el 11,5%. En este municipio, el 36% de la población encuestada refiere sentirse
28
poco satisfecha de la actividad policial en el sector donde vive, el 31,6% está satisfecha y el
27,6% responde que nada satisfecho.
Esta falta de organización comunitaria es percibida por la población, pues el 52,2% de la
población encuestada señala que para mejorar la seguridad en los barrios y comarcas, la
comunidad debe organizarse y apoyarse mutuamente para la prevención del delito y formar
comités de vigilancia en conjunto con la Policía; esto lo plantea el 22,1% de esa población. El
aspecto positivo de esta organización comunitaria es que la intervención directa del
ciudadano común en la solución de los problemas comunitarios tales como la criminalidad
incrementa la participación democrática y refuerza la autonomía del individuo con respecto al
Estado, pues así lo considera el 94% de la población encuestada al expresar que la
participación de la población en la prevención del delito es importante; sin embargo el 68,3%
opinan que la responsable de la prevención del delito es la policía y el 37,5% opinan que la
responsable de la prevención del delito es la comunidad.
En Nicaragua la prevención comunitaria, apenas se ha desarrollado como correlato de la
prevención policial. Consideramos que los objetivos perseguidos para prevenir la
delincuencia, podrían variar significativamente si se involucra a la comunidad en su deseo de
eliminar la inseguridad y el miedo generalizado por la delincuencia. Sin embargo, la
comunidad, mediante una estrecha colaboración con la Policía debe aprender y poner en
práctica por sí misma, técnicas y habilidades que vendrían a incrementar la eficacia para
prevenir el delito, pero, también, desarrollar programas de control vecinal que capaciten a los
residentes de una barrio para informar de cualquier ciudadano desconocido y de aspectos
inusuales que transiten por sus calles.
Por otra parte, la directa implicación de la comunidad en la prevención del delito no debe
quedar limitada a tareas de colaboración con la Policía, sino que los poderes públicos deben
fomentar el desempeño, por la propia comunidad, de funciones propias de los órganos
formales de control social y de las políticas públicas. Sin necesidad de entrar en
consideraciones sobre la legitimidad o eficacia de todas estas actuaciones comunitarias, lo
decisivo a nuestros esfuerzos argumentales es la contrastación de que el 52,2% de la
población encuestada plantea la necesidad de su organización para la prevención del delito en
armonía con las instituciones del Estado; además, ellos habrían de ser los encargados de
suministrar los datos y argumentos imprescindibles para que las concesiones sociales y las
políticas públicas evolucionen hacia un modelo más razonable de intervención penal. Hay
que abandonar visiones ingenuas, muy presentes en los grupos de expertos jurídicos según
los cuales la racionalidad prima, imponiéndose por sí sola, ya que la participación
comunitaria se ha presentado como un importante elemento preventivo de la comunidad.
En el enfoque de la prevención del delito se busca principalmente ayudar a reducir la
violencia social, con especial atención en la familia, los niños y la juventud que es donde se
encuentra el mayor número de víctimas y victimarios, por medio de una organización
eficiente de la población en cada barrio y sector, pues la población encuestada señala que las
acciones que podría hacer la gente para mejorar su seguridad ciudadana se encuentran entre
otras la organización de la comunidad y el apoyo mutuo para la prevención del delito con un
52,2% y formar comités de vigilancia en conjunto con la policía, 22,1%. En la tabla 6 se
29
muestra que el 52% de la población que el mayor patrullaje puede mejorar el desempeño
policial.
Tabla 3
Municipio de León: Sugerencias para mejorar el desempeño policial. 2008
Sugerencias %
Mayor patrullaje 51
Vigilancia continua 50
Tener mayor presencia en la comunidad 43,2
Acudir con mayor rapidez al llamado 15,2
Mayor coordinación con la comunidad 9,9
Aumentar las delegaciones policiales 8,4
Control de expendio de drogas 5,1
Promover deportes 3,2
Aumentar el número de policías 3,6
Mayor presupuesto 3,1 Fuente: Espinoza, 2008: 224.
1.2. Participación de la población en la prevención del delito
La seguridad ciudadana se destaca dentro de los derechos sociales fundamentales, porque está
vinculada a la libertad e integridad física, psíquica, económica y cultural de la ciudadanía y
de sus interacciones. La gobernabilidad del país expresa su aporte a la seguridad ciudadana
en la prevención y control de la violencia en sus diferentes manifestaciones, individual,
familiar, social, institucional y ambiental, a fin de incidir en un clima propicio para el
desarrollo tanto humano como económico y social. Aunque la seguridad ciudadana en
Nicaragua es una de las más aceptables en América Latina, ha venido deteriorándose como
resultado de condiciones estructurales, de marginalidad socioeconómica y cultural, por lo que
se hace necesario realizar acciones conjuntas entre el Estado, los órganos de control social,
como la Policía y el Poder Judicial, mediante la prevención y persecución del delito y la
sociedad civil como instancia coadyuvante para la consolidación de las políticas públicas y
la prevención del delito en sus barrios y comarcas. Esto implica arraigar en la ciudadanía la
cultura de paz y la cultura de la legalidad como estilo de vida en democracia, respetando la
diversidad social, étnica y cultural.
Los principales responsables de la prevención del delito son la Policía y la comunidad, así lo
expresa el 68,3% y 37,5% respectivamente, de la población encuestada. Sin embargo, el 94%
refiere que la participación de la población es muy importante, ya que para la consolidación
de la seguridad ciudadana se debe partir del reconocimiento y garantías de una serie de bienes
y servicios de indeclinables responsabilidad pública, reconocida en la Constitución Política
del país, como son la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la protección social.
Las principales acciones que la población encuestada plantea son, entre otras, que la
comunidad debe organizarse y apoyarse mutuamente para la prevención del delito (52,2%), la
30
población debe apoyar y colaborar con la Policía (29,9%); formar comités de vigilancia en
conjunto con la Policía (22,1%) y mayor coordinación entre la Policía y la comunidad para la
prevención del delito (13,6%).
Es por ello que la seguridad ciudadana implica una coordinación por medio del gobierno
local y del Gobierno Central, con una visión que sobrepase el enfoque de seguridad nacional
y que permita identificar las causas de la violencia que involucre tanto a las autoridades
judiciales, y a la Policía como a los sectores gubernamentales especializados por materia; es
decir, a los alcaldes, a los organismos no gubernamentales, a las empresas de seguridad
privada y a la población en general, por medio de los Comités de Prevención Social del
Delito.
Es importante tomar en cuenta que la participación ciudadana no es más que un aspecto de la
necesaria concepción global de la prevención, vinculada a la satisfacción de las necesidades
de supervivencia, nutrición, libertad y crecimiento espiritual y corporal, por lo que los
vínculos comunitarios son de especial atención para la prevención del delito, pues, como
decía Zaffaroni (1993: 244), la destrucción de estos vínculos se presentaría como un
genocidio llevado a cabo por el sistema penal.
La prevención del delito en la comunidad se basa en el hecho de que la interacción social y la
promoción de relaciones entre los vecinos, de una misma cuadra o de un mismo barrio,
desempeña un rol importante en la investigación y denuncia de cualquier actividad delictiva
que se pueda realizar en ese vecindario. Si bien es cierto que la comunidad ha intentado
controlar el delito, se hace necesario una adecuada organización y vinculación con las
estructuras del control social, además de las realizaciones de actividades que puedan
organizarse en los grupos comunitarios, actividades que pueden ser tanto deportivas como
recreativas, ya que el principal problema que presenta la prevención del delito en la
comunidad es la dificultad de organizar vecindarios de ingresos bajos con los de ingresos
altos. Para resolver este problema, se está llevando a cabo la capacitación de familias que
tienen alguna popularidad en el barrio, para que puedan mejorar el liderazgo que ellas tienen
y lograr una adecuada organización comunitaria.
El programa de prevención del delito en la comunidad involucra a todos los ciudadanos
comunes del barrio, que han logrado comprender que la policía por sí misma, no puede crear
comunidades libres de amenaza delictiva. Este programa está basado en la premisa de que los
ciudadanos comunes, que son los más afectados por la actividad delictiva, son, por lo tanto,
los más interesados en asumir con mayor responsabilidad una tarea preventiva. En este
sentido, se ha organizado a los jóvenes en riesgo en siete sectores del municipio de León,
especialmente en aquellos sectores donde la encuesta aplicada reflejaba que un poco más del
50% de los actos delictivos eran cometidos por jóvenes y adolescentes menores de 29 años. A
estos grupos se les da orientación psicológica, social y educativa con el fin de reinsertar a
aquellos que ya delinquieron en la vida social, y los que no, que se involucren en estas
actividades de interacción social.
Ahora bien, con la Ley de participación ciudadana, Ley N.° 475, los ciudadanos participan
en la construcción de un marco jurídico normativo que rige al Estado Social de Derecho y de
31
esta manera podrán tener una participación real y efectiva dentro del sistema penal, cuya
misión es el control de la comunidad ante los grupos que conforman las distintas agencias
estatales, encargadas de ejercer el control social. Asimismo, la comunidad organizada, bajo
parámetros de seguridad comunitaria, también desempeña un papel principal, en la detección
temprana de desviaciones de los miembros de la Policía, que en muchos casos sus mandos no
están en capacidad de identificar. Por otra parte, la comunidad también constituye una reserva
moral para efectos de hacer cumplir una serie de principios políticos criminales que sirven de
fundamento regulador del poder punitivo del Estado.
El tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones es la esencia de una
democracia y sin el ánimo de realizar una análisis profundo sobre el tema, hay que resaltar
que, es a finales de las últimas décadas del siglo pasado y especialmente, en estos últimos
años del siglo XXI, que este tema ha estado en boga, especialmente en América Latina, a
raíz de la crisis de los sistemas políticos. En Nicaragua, a partir del gobierno sandinista,
cualquier discusión política pasa por tomar en cuenta la participación ciudadana. Esto puede
ser motivado por varias circunstancias, entre ellas: el tema es una necesidad y convicción de
política real y la Constitución Política de Nicaragua lo establece en sus artículos 50 y 52;
asimismo, se ha promulgado la Ley de participación ciudadana, Ley N.° 475, la que en sus
artículos 5 y 6 señala los mecanismos y procedimientos para su participación tanto en las
políticas públicas como en la prevención y combate a la delincuencia.
Más allá del marco constitucional y legal del tema de la participación ciudadana, es
importante advertir a qué corriente del pensamiento político concierne esta línea de acción
política. Para Lola Aniyar de Castro (1999: 53), el tema de participación ciudadana pertenece
por igual a dos corrientes muy disímiles del pensamiento político, situación que para Aniyar
constituye una ventaja para su aceptación (Ávila, 2006: 36) ya que la corriente democrática
puede considerarse parte de una concepción avanzada de la democracia social, en la que los
ciudadanos tienen algo propio que decir, y un espacio para actuar directamente de acuerdo
con su concepción del mundo y sus intereses específicos, los cuales son generalmente locales.
Esta concepción es profundamente humanista y busca desplegar la energía social para
perfeccionar la democracia.
Por otro lado, está la corriente tecnocrática, que es precisamente menos humanista, pues el
llamado a la participación se inscribe dentro de la actual tendencia política, denominada por
el binomio globalización-descentralización, que tiene que ver con el debilitamiento del
Estado nación, en beneficio de la desregulación y de la libertad en las relaciones sociales y
económicas, el cual culmina con políticas de privatización. Este modelo busca la
minimización del Estado para permitir el crecimiento del mercado (Aniyar, 2003: 89). Por
supuesto que nuestra tendencia se identifica con la búsqueda de la democracia participativa,
ya que este modelo, además de estar en consonancia con el ejercicio de la democracia
participativa, socializa al Estado y estatiza a la sociedad, difuminándose los límites entre
estas esferas, lo que constituye una de las características más resaltantes de un verdadero
Estado Social de Derecho. Es este Estado Social de Derecho en donde la población debe
tomar una participación activa para la prevención del delito y elevar los niveles de seguridad
ciudadana, cuyos componentes serían: la comunidad, la familia, la Policía, la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua y la educación.
32
Percepción
El 66% de las personas en el año 2009 consideran que la inseguridad ha aumentado en el área
urbana de León, mientras que un 41,5% considera que ha aumentado en su barrio y un 70%
considera que ha aumentado tanto en la ciudad como en los barrios; en el estudio del 2006, la
percepción era menor significativamente en los tres casos (Tabla 4).
Tabla 4 Municipio de León: Percepción de inseguridad. 2009
En los últimos doce meses (2006)
n = 1060
(2009)
n = 1705 P
Usted considera que en la ciudad la delincuencia:
Aumentó 584 (55,1)* 1 126 (66,0) 0.00
Se Mantuvo 370 (34,9) 444 (26,0)
Disminuyó 79 (7,5) 87 (5,2)
No sabe / No Responde 27 (2,5) 48 (2,8)
Usted considera que en su barrio la delincuencia:
Aumentó 328 (30,9) 708 (41,5) 0.0
Se mantuvo 480 (45,3) 686 (40,2)
Disminuyó 206 (19,4) 196 (11,5)
No sabe / No responde 46 (4,4) 115 (6,8)
¿Considera qué el nivel de delincuencia aumentó en la ciudad o su barrio?
Sí 650 (61,3) 1 206 (70,7) 0.00
No 410 (38,7) 499 (29,3) *Porcentaje
Fuente: Espinoza y Herrera, 2009: 56.
Paralelamente a las actividades propias del quehacer policial, la Policía de cada sector se
entrevista con las autoridades locales y con los líderes comunales, con el fin de organizar y
desarrollar programas de recreación y deporte, tendientes a la prevención social del delito, lo
que ha permitido neutralizar o disminuir las condiciones que facilitan el desarrollo de la
criminalidad en el barrio o comarca donde se viene trabajando, sin descuidar el tema de la
seguridad ciudadana.
La educación –hemos dicho– es la principal manera de alcanzar mayores niveles de cohesión
social. Así, el aspecto de la educación está siendo abordado por la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, especialmente las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social,
Educación y el Área de la Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, conforme al
plan de trabajo que se ha elaborado, de manera conjunta, con estas instituciones.
Para comprender mejor y poder determinar cuáles son las posibles causas del aumento en el
porcentaje de personas que consideran que la delincuencia ha aumentado se construyó un
modelo explicativo “Percepción de Seguridad”, el cual indica que las personas que han sido
33
Edad
1 (>=30)
0 (,=29)
Sexo
1 = Femenino
0 = Masculino
Victima
1 = Sí
0 = No
Victima (Familiar)
1 = Sí
0 = No
Expendio de Droga
1 = Sí
0 = No
Actividad Policial
1 = Sí
0 = No
Jefe de Sector
1 = Sí
0 = No
Comité Preventivo
1 = Sí
0 = No
Variables a Nivel
Individual
Variables a Nivel
Comunitario
Percepción de Seguridad
1 = Aumentado el Nivel de Delincuencia
0 = No a Aumentado el Nivel de Delincuencia
Figura 6. Modelo de Regresión Logístico de Multinivel “Percepción de Seguridad”
ORaj =1.51 IC95%(1.22 , 1.88)*
ORaj=1.73 IC95%(1.32 , 2.14)**
ORaj=1.35 IC95%(1.06 , 1.68)*
ORaj=1.39 IC95%(1.06 , 1.72)**
ORaj=1.61 IC95%(1.19 , 2.00)*
ORaj=1.21 IC95%(0.85 , 1.49)**
ORaj=1.11 IC95%(0.83 , 1.38)*
ORaj=1.02 IC95%(0.74 , 1.26)**
ORaj=1.72 IC95%(1.34 , 2.13)*
ORaj=1.72 IC95%(1.29 , 2.13)**
ORaj=0.67 IC95%(0.52 , 0.83)*
ORaj=0.64 IC95%(0.47 , 0.79)**
ORaj=0.74 IC95%(0.57 , 0.93)*
ORaj=0.89 IC95%(0.65 , 1.10)**
ORaj=0.22 IC95%(0.59 , 1.14)*
ORaj=0.95 IC95%(0.71 , 1.18)**
ORaj=ODD RATIO Ajustado por edad y Sexo* Encuesta 2009
** Encuesta 2006
víctima (ORaj=1.61)* o conocen a alguien que ha sido víctima de algún delito (ORaj=1.11)* y
que en su barrio o cuadra existe algún expendio de drogas (ORaj=1.72)* tiene más riesgo de
pensar que el nivel de delincuencia ha aumentado en su barrio o la ciudad; por el contrario, si
existen actividades policiales (ORaj=0.67), jefes de sectores (ORaj=0.74) y comités
preventivos (ORaj=0.22) hace que la persona tenga una buena percepción de la seguridad
ciudadana (Diagrama 1).
Diagrama 1 Modelo de Regresión Logístico de Multinivel “Percepción de inseguridad”
* Encuesta 2009
0 = No ha Aumentado el Nivel de Delincuencia
34
Para la aplicación del modelo se ha organizado una comisión interinstitucional, en la que
participan delegados de Gobernación, Policía, Universidad, Educación, el Instituto de
Deporte, el Ministerio de la Familia, el Instituto de Turismo, la Alcaldía Municipal,
Ministerio de Salud y líderes comunales, bajo la dirección de la Vicerrectora General de la
Universidad y del Jefe departamental de la Policía.
El gobierno municipal ha publicado una ordenanza en la que se crea la Mesa de Concertación
y Gobernabilidad, en la cual entre sus funciones se establece la de reunir las principales
instituciones públicas y privadas, así como a todos los actores locales del municipio de León
para impulsar el diálogo, la reflexión, el intercambio y la planificación conjunta, con el fin de
promover políticas concertadas a favor de la seguridad ciudadana, equidad de género,
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como una efectiva participación
ciudadana en todo el territorio.
Asimismo el art. 19 de dicha ordenanza establece la promoción y el fomento de la
convivencia y la seguridad ciudadana, entendida como un bien público, mediante el
fortalecimiento de los gabinetes sectoriales de seguridad ciudadana, la Junta Departamental
de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés, la Policía, así como otras instituciones
que permitan a nuestros ciudadanos su desarrollo personal, familiar y social.
La creación de esta Mesa es el primer paso normativo que tiene el Gobierno Municipal para
lograr una mejor gestión de la seguridad ciudadana, ya que los miembros que integran la
mesa adquieren el compromiso de detectar los sectores vulnerables de la inseguridad
ciudadana, con la finalidad de buscar alternativas mediante la gestión de recursos económicos
para asegurar una efectiva seguridad ciudadana.
Este modelo fue parte de la tesis doctoral en Derecho que elaboré a partir del año 2005, y su
aplicación, en el municipio de León dio inicio en el año 2006. Una vez que se tuvieron los
resultados del estudio que se hizo sobre “Percepción de la actividad delictiva y la seguridad
ciudadana de las personas de 15 a 65 años de edad del municipio de León urbano y rural”, se
inició con la desconcentración de la Policía a los sectores de mayor índice delictivo
demostrado en la investigación y con la participación de la instituciones del Estado señaladas
anteriormente. El modelo fue impulsado desde la Universidad, con la participación de la
escuela de Derecho, Trabajo Social, Medicina y Psicología. Lo primero que se hizo fue
sensibilizar a la población sobre la necesidad de involucrarse en la prevención del delito; para
ello, realizamos, durante dos meses, asambleas nocturnas en todos los barrios, donde
concentrábamos a los adolescentes y jóvenes en las canchas deportivas, lo que dio como
resultado el desarrollo de ligas barriales en las 18 canchas que para estos efectos fueron
rehabilitadas.
35
1.3. Aplicación del modelo en la ciudad de León
Antecedentes
Del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), se puede deducir
que la seguridad ciudadana es un agregado de hechos, circunstancias y percepciones,
inseparablemente mixta: subjetiva y objetiva; es una construcción social individual y
colectiva que se manifiesta en diferentes grados entre las personas en dependencia de sus
condiciones socioeconómicas.
Se siente mejor seguridad cuando se cree que el riesgo de ser víctima de un delito cualquiera,
es menor y cuando se percibe que las instituciones encargadas de proteger, atender o dar
respuesta ante un eventual hecho delictivo que le afecte, actuarán con prontitud, eficacia,
transparencia y profesionalismo. Por consiguiente, la seguridad entre las personas se
construye no solo a partir de la ausencia de hechos o la disminución de riesgos, sino, también,
ante la capacidad y competencia que se percibe de las instituciones encargadas del asunto. La
encuesta realizada en enero del 2006 revela que un 66% de la población encuestada considera
que la inseguridad se ha incrementado.
Los eventos delictivos inciden sobre los problemas de salud de otros que necesitan atención.
Decimos estos, porque los hospitales y servicios de salud deben destinar recursos económicos
para atender las emergencias causadas por la inseguridad ciudadana, por ejemplo, alguien
puede morir de un infarto si el personal médico está apurado atendiendo a un herido
sangrante y agónico producto de la violencia en las calles.
La iniciativa de un observatorio de delitos juveniles en el Departamento de León, Nicaragua,
surge a raíz de la observación del incremento en el número de delitos entre el año 2005 y el
2006 cometidos por adolescentes y jóvenes en León; pues la encuesta concerniente a la
percepción sobre la actividad delictiva revela que más del 50% de los delitos fueron
cometidos por personas menores de 29 años. La Policía menciona que en relación con el año
2005 los delitos en adolescentes se han incrementado pasando en la misma fecha, de 50 por
mes a 70 por mes. Para dar salida a este problema se ha conformado un equipo de trabajo
compuesto por el Consejo Departamental de la Juventud, que dio inicio con el II Encuentro
de Departamental de Jóvenes, realizado el viernes 30 de junio del 2006, donde participaron
cerca de 3 000 jóvenes del Departamento de León.
Así mismo, se elaboró un diagnóstico sobre el perfil de los jóvenes detenidos por la Policía
del municipio de León, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2005, de lo que
se obtuvo que en el municipio de León, en el año 2005 se entrevistaron 38 casos, encontrando
grupo de edad, el 38,2% estaban en el rango de 17-21 años; en relación con el sexo se
encontró que el 91,2 % eran del sexo masculino, y el 97,0 % no eran líder de pandillas.
Según el riesgo de los grupos juveniles, el 59,1% estaba en el grupo de delincuentes juvenil;
con relación al nivel de peligrosidad que expresaban los detenidos, encontramos que el 82,8%
fue clasificada como pasiva, por su parte según los antecedentes delictivos, un 55,9% si
tenía antecedentes delictivos; además, se pudo observar que el 52,0% de los detenidos sí
36
eran expresidiarios y al menos un 28,6% de los detenidos ya habían sido detenidos en cuatro
ocasiones previas.
En cuanto a si han pertenecido a programa de No a la violencia, que es desarrollado por la
Policía, encontramos que el 96,8% de los detenidos no han pertenecidos al programa de la no
violencia y el 84,4% de los detenidos no han pertenecidos a otras pandillas.
Justificación para la aplicación del modelo
Partimos del pretexto social que la seguridad ciudadana no es exclusiva de la Policía, sino de
una serie de sectores que se ven beneficiado cuando esta se practica. La ciudad de León se ha
caracterizado por una sostenida seguridad ciudadana en los últimos 20 años. Sin embargo, de
acuerdo a datos de la policía, este derecho ciudadano está a punto de perderse, por el
constante incremento de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes. De acuerdo con
nuestras observaciones y evidencias en León, o se toman acciones ahora o se lamenta
después. Solo en un círculo de apenas cuatro manzanas, en el centro de León, se habían
registrado en los últimos dos años tres muertos por acciones violentas. Y como se menciona,
en la literatura moderna, la seguridad ciudadana es un trofeo que les corresponde a los
ciudadanos defenderlo y en León por ser una ciudad colonial y universitaria, no podemos
permitir que esto se nos caiga. Además, hay que recordar que una ciudad insegura trae
consigo, un deterioro de la capacidad económica y social, así, por ejemplo, a los turistas no
les gusta visitar lugares inseguros. Por tal motivo, hacemos un llamado a la voluntad política
y social para aunar esfuerzo a favor del trofeo para León de ser la ciudad más segura del país.
Las personas se sienten más inseguras hoy que hace cinco años, porque están ocurriendo más
hechos violentos y porque sienten menos confianza en las instituciones encargadas (Bautista
Lara). La última encuesta de M y R (junio, 2006) permitió conocer que cuatro de cada diez
nicaragüenses consideran que la seguridad ciudadana es buena o muy buena; sin embargo, al
referirse al grado de confianza que los ciudadanos tienen en la institución, solamente dos de
cada diez revelan un alto nivel de confianza, tres de cada diez un bajo nivel de confianza y un
poco más de cuatro de cada diez la califican de regular.
De acuerdo con el estudio de percepción sobre seguridad ciudadana realizado en el municipio
de León en enero del 2006, se encontró que cerca del 60% de la población de León en el
campo y la ciudad, expresó que la inseguridad había aumentado. Además, ese mismo estudio
reportó que la inseguridad, en las calles es, principalmente, durante los fines de semana. De
igual manera, expresó que la inseguridad es sentida en los medios de transporte público y
alrededor de los mercados y en el centro de León. De forma similar, este mismo estudio
registra que las razones de esta inseguridad está dada por el desempleo 53%, por falta de
educación y/o negligencia de los padres de los jóvenes o falta de unión familiar 27%, por
consumo de droga 18% y por el consumo de alcohol 14% y por la pobreza un 17%.
37
Objetivo
Aglutinar a diferentes profesionales de las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social,
Biología, Medicina y Ciencias de la Educación de la UNAN-LEÓN para que, en
coordinación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el ministerio de la
salud, el Instituto Nicaragüense de Deportes, la alcaldía municipal de León, Policía, líderes
comunales y pobladores de barrios y comarcas del municipio de León, organizados en los
consejos de participación ciudadana (Ley N.° 475) y consejos del poder popular (Ley N.°
290), se procure dar respuesta al problema de inseguridad ciudadana provocada por la
actividad delictiva, realizando actividades de manera conjunta, tendientes a la prevención del
delito, en el periodo de enero, 2007 a enero 2010.
Metodología
Para la aplicación del modelo, se ha organizado una comisión interinstitucional, en la que
participan delegados de Gobernación, Policía, Universidad, Educación, el Instituto de
Deporte, el Ministerio de la Familia, el Instituto de Turismo, la Alcaldía Municipal,
Ministerio de Salud y líderes comunales, bajo la dirección de la Vicerrectora General de la
Universidad y el Jefe de la Policía del Departamento de León. Las escuelas participantes
serán, Trabajo Social, Psicología, Medicina, por medio del Centro de Investigación en
Demografía y Salud (CIDS), Derecho, Psicopedagogía.
Primeramente, el plan, a mediano plazo sobre el tema de seguridad ciudadana para el
departamento de León, estará dirigido a adolescentes, jóvenes y población en general, a fin de
realizar acciones que permitan la prevención delictiva por medio de líneas de trabajo de
mutuo interés. Este planteamiento sigue la metodología de “promoción de espacio seguros y
saludables”. Para ello, se trabajará en capacitación a líderes comunales, atención psicológica
a jóvenes y adolescentes en riesgo, trabajo comunitario, asesoría jurídica y mediación para la
resolución de conflictos comunitarios.
38
Diagrama 2 Instituciones participantes en la aplicación del modelo
Para este proceso, se han definido una serie de acciones encaminadas a organizar un equipo
de profesionales de cara al trabajo comunitario con jóvenes que han cometido algún delito o
no. Por tanto, la propuesta concentra, además, momentos de reflexión entre los profesionales
participantes y los causantes de los delitos para determinar las verdaderas razones sociales
detrás de estas conductas delincuenciales. Por consiguiente, para estas acciones se impulsará
una agenda de trabajo común que facilite el proceso de medición de los indicadores de
seguridad propuestos por el equipo de trabajo departamental. Otra forma de trabajo será la
intervención socio-educativa por medio de trabajo social.
Líneas de Trabajo
Análisis rápido de expedientes de adolescentes que han cometido algún delitos entre
el 2005 y el 2006.
Reuniones multisectoriales de trabajo para abogacía y construcción de consenso
alrededor de la problemática de los jóvenes.
Implementación de un sistema de vigilancia de delitos juveniles en el Departamento
de León.
Instituciones participantes
en la aplicación del
programa
MINED (Escuelas
primarias y secundarias)
Empresa privada
ONG que trabajan con
jovenes
Alcaldía de León
Policía
IND
Mi Familia
MINSA
39
Elaboración de un mapa de seguimiento de los delitos juveniles.
Implementación de acciones socio-educativas por la Escuela de Trabajo Social,
Escuela de Psicología, Escuela de Derecho y la Escuela de Medicina.
Apoyo técnico en la implementación, diseño y análisis de los datos por parte del
equipo técnico del Centro de Investigación en Demografía y Salud.
Implementación de un observatorio de delitos juveniles en León, entre el 2007 al
2010.
Elaboración de una línea de base para el observatorio de delitos juveniles que servirá
como punto de partida a este plan.
Aumentar la presencia policial en puntos críticos.
Promover la unidad y organización comunal para la vigilancia de delitos juveniles.
Impulsar actividades deportivas en conjunto con los jóvenes en la comunidad
(MINED alcaldía, UNAN León, IND).
Atención psico-social a los jóvenes que tiene medidas no privativas de libertad.
Implementar estrategia para la prevención del consumo del alcohol y prevención de
accidentes de tránsito.
Capacitación a familias fuertes para la realización de actividades preventivas
La familia constituye la base fundamental de toda sociedad. En ese sentido, el programa está
orientado básicamente a la capacitación de lo que hemos llamado familias muy populares; es
decir, aquellas familias que, de manera indirecta o espontánea, ejercen cierto liderazgo en su
comunidad. El objeto es mejorar la salud o el desarrollo cognoscitivo del núcleo familiar,
procurando la disminución de los maltratos y abusos en su perjuicio, hacer esfuerzos
tendientes al mejoramiento del funcionamiento familiar y la atención al desarrollo social y
emocional de los menores de edad.
El rol de la familia será, entonces, la prevención de la actividad delictiva dentro de la familia
y la disuasión de las conductas antisociales durante la niñez y la adolescencia. El control de la
violencia y los maltratos en el núcleo familiar, para educar por medio del ejemplo a sus hijos,
procurando ejercer un control estricto sobre las actividades que estos realizan y la
consecución de medios materiales que puedan llevar al hogar.
El modelo de la policía comunitaria es otra una herramienta pedagógica, que colabora en
sustraer a las personas de los mitos y estereotipos con el que perciben el fenómeno
delincuencial (Zamora, 2005: 26). Este modelo, al otorgar conocimientos criminológicos a
la población de León, posibilitará una aproximación real de los delitos y los delincuentes en
sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, así como el estudio etiológico de los diversos
factores que explican el incremento, mantenimiento o disminución de los diversos tipos de
delincuencia.
40
Diagrama 3 Municipio de León: Modelo policial comunitario. 2009
Fuente: Espinoza y Herrera, 2009: 64.
Como se puede ver el papel de la comunidad en el modelo es clave no solo por la vigilancia,
sino que fortalece los mecanismos por medio de los cuales la Policía rinde cuenta respecto de
sus actuaciones; por otra parte, la policía mide la participación social en función de la
seguridad ciudadana, como son los Comités de Prevención Social de Delito, que aunado con
los esfuerzos del enfoque ecológico permitirá tener una participación que va del individuo, su
familia y la comunidad siendo la mejor expresión de participación popular de los líderes
comunitarios preocupados por la seguridad ciudadana en su sector y la expresión organizada
de los Consejos del Poder Ciudadano.
En resumen, el modelo comunitario policial de León está poniendo énfasis como estrategia el
buen trato al público mediante medidas proactivas y trata de reducir el aspecto represivo
policial. Quizás por esto León se considera la ciudad más segura de Nicaragua, donde aún la
gente defiende a otro cuando le roban en la calle o es agredida por alguien. Es decir, hay más
conciencia de ciudadanía, de civismo y más sentido de pertenencia y amor hacia el prójimo y
la misma ciudad. Esto es un verdadero “programa amor”.
Para la aplicación de este plan de prevención del delito, la jefatura departamental de la
Policía Nacional de León desconcentró a sus miembros en siete sectores del municipio; ya en
el 2009 se amplió a 26, cuyo número de efectivos policiales varía de acuerdo con el número
Primero debe promover: Actividad policial de tipo preventivo: que se
enfoca en un área o sector determinado (el barrio)
Segundo: promueve relaciones estrechas con la comunidad, a fin de consultar deforma
permanente a la comunidad (JDANJUL) consulta a los ciudadanos por medio de reuniones sectoriales
Tercero: movilización comunitaria en acciones preventivas: por ejemplo
búsqueda activa de grupos juveniles en riesgo en las esquinas
Cuarto: Desarrolla estrategia concertada donde la policía estudia las condiciones y circunstancia que favorecen la delincuencia en León (se olvida de la
improvisación policial…”vigilancia inteligente basada en evidencia científica” como estudios de
valoración de la seguridad ciudadana
41
de habitantes del sector y la actividad delictiva detectada en la encuesta. Esto ha permitido
una mayor identificación de la Policía con la comunidad y la credibilidad de los habitantes de
los barrios o comarcas se ha visto incrementada sustancialmente; de esta manera, la Policía
acude de inmediato al llamado que la población requiere.
1.4. Presentación del Segundo jefe de la Policía del Departamento de León
Policías Voluntarios
El gobierno local, en coordinación con la empresa privada y los comerciantes, apoya
económicamente la Policía departamental para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en
el municipio. La gestión para el apoyo económico por parte de los empresarios y
comerciantes la ha realizado la alcaldía municipal, teniendo en la actualidad 147, distribuidos
en la parte urbana y rural y en todo el departamento se cuenta con 188 policías voluntarios y
dos policías municipales que se encuentran ubicados en el municipio de Quezalguaque (ver
tabla 5).
Tabla 5
Departamento de León: Policías voluntarios. 2009
Municipios Unidades
policiales
Policías
voluntarios
urbanos
Policías
voluntarios
rurales
Total
General
León 6 (sectoriales) 123 24 147
La Paz Centro 1 4 - 4
Malpaisillo 1 4 3 7
Telica 1 4 6 10
Santa Rosa del
Peñón 1 - 6 6
El Sauce 1 4 - 4
Achuapa 1 2 - 2
El Jicaral 1 4 - 4
Nagarote 1 - 2 2
Quezalguaque 1 2 - 2
TOTAL 15 147 41 188 Fuente: Policía de León, 2009.
Comités de Prevención Social del Delito
En el Departamento de León existen 114 Comités de Prevención Social del Delito, 49 en
la ciudad y 665 en la zona rural, con 1 312 ciudadanos integrados (ver tabla 6).
42
Tabla 6
Departamento de León: Municipios y número de Comités de Prevención Social del Delito urbano/ rural e integrantes. 2009
MUNICIPIOS
Comités de
Prevención Social del
Delito
Urbano Rural N°. de
integrantes
León 43 35 8 871
La Paz Centro 4 - 4 20
Malpaisillo 10 1 9 64
El Jicaral 2 - 2 7
Achuapa 16 - 16 72
Telica 5 - 5 40
El Sauce 14 2 12 87
Nagarote 10 9 1 68
Quezalguaque 8 1 7 70
Santa Rosa del
Peñón 2 1 1 13
TOTAL 114 49 665 1 312 Fuente: Policía de León, 2009.
En el municipio de León existen 65 Comités de Prevención Social del Delito, 57 en la ciudad
y 8 en la zona rural, integrados por 1 189 ciudadanos Los Comités de Prevención Social del
Delito vienen a ser la forma como la población interviene en el mejoramiento de la seguridad
ciudadana, pero estos comités no solo se dedican a la prevención del delito sino que también
es un modo de articularse con el gobierno local para la formulación de política públicas y
establecer los mecanismos para llevar a cabo la prevención situacional y social del delito.
Con base en ello, la Alcaldía municipal tiene previsto para el presupuesto del 2010 asignar la
una determinada cantidad de dinero para la señalización vial, según lo plantearon en el taller
de discusión del informe preliminar celebrado el día martes 13 de octubre.
En la tabla 7 se observa la distribución de dichos comités, el número de personas que lo
integran así como el número de policías voluntarios de cada sector.
43
Tabla 7 Municipio de León: Comités de Prevención Social del Delito y policías
voluntarios. 2009
Delegación Comités de Prevención Social del Delito Policías
voluntarios Total Urbano Rural Miembros
Gobernación 22 22 0 318 44
Terminal de
buses 8 8 0 173 16
Guadalupe 20 16 4 378 40
Sutiaba 7 7 0 158 14
Los poetas 6 3 3 126 12
Poneloya 2 1 1 36 4
TOTAL 65 57 8 1 189 130
Fuente: Policía de León, 2009.
44
II. Municipio de Jinotepe. Departamento de Carazo
El Departamento de Carazo fue fundado en 1891. Su nombre es en honor del presidente
Evaristo Carazo (1821-1889). Es una meseta de suelos volcánicos, que declina suavemente
hasta el litoral del pacífico; en las zonas más elevadas se cultiva extensamente café y cítricos;
hacia la costa predomina una variada agricultura, así como la ganadería. La actividad minera
se reduce a la explotación de canteras de piedra caliza. Las actividades turísticas en los
balnearios costeros y la pesca, complementan las principales actividades económicas de este
departamento. La región de Carazo es bastante uniforme; se trata de un alto altiplano, la
meseta de los pueblos o de Carazo está situada a 600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Cabe anotar que el departamento de Carazo tiene una extensión territorial de 1 050 km2, y
geográficamente está ubicado entre los 11º, 44' y 11º 56' latitud norte y los 86º14' longitud,
con una población urbana de 96,535 habitantes y una población rural de 83 589, con un total
de 180 124 habitantes en el departamento; asimismo, también está conformado por 180
barrios y 171 comarcas.
Tabla 8 Caracterización comparativa del departamento de Carazo, extensión,
urbano, rural con sus barrios y comarcas. 2009
Municipio
Ext.
Territorial
(km2)
P/Urbana P/Rural P/Total Barrios Comarcas
Jinotepe 267 26 311 8 994 35 305 52 48
Diriamba 352 30 000 38 000 68 000 50 49
San Marcos 120 18 503 11 339 29 842 40 14
Dolores 3 6 053 2 066 8 119 13 -
Rosario 14 2 666 1 898 4 566 8 6
Santa Teresa 215 6 000 13 392 19 392 12 22
La Paz 16 3 000 3 300 6 300 4 8
Conquista 89 4 000 4 600 8 600 1 24
TOTAL 1 050 96 535 83 589 180 124 180 171
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
La ciudad de Jinotepe es la cabecera departamental; tiene una población urbana de 26 311
habitantes y una población rural de 8 994 habitantes, para un total de 35 305 habitantes;
cuenta con un total de 52 barrios y 48 comunidades. La población predominante oscila entre
las edades de 16 a 40 años de edad. Así, tenemos de 0-5 años 5 282; de 6-10 años 5741; de
11-14 años 5 123, y de 15 a más años 29 176 personas, con mayor predominio del sexo
femenino.
45
2.1. Niveles de empleo
En la ciudad y en el campo predominan las formas de empleos temporales,
fundamentalmente, en el comercio informal, jornaleros temporales del campo y de la
construcción, domésticas y otros, los cuales residen en las zonas semiurbanas y rurales. Cabe
destacar que la mayoría de los empleos permanentes están concentrados en las fábricas de las
zonas francas, el comercio formal, en las instituciones y empresas privadas del departamento;
existe un bajo porcentaje que labora fuera del departamento, específicamente en la ciudad
capital. También, hay una minoría dedicada a actividades para el autoconsumo, la crianza de
animales domésticas y a la microempresa de servicios y de comercio (panadería, dulcerías,
carpintería, etc.)
La población económicamente activa ronda el 58%. Hay un predominio de la actividad
agrícola con un 46%, la industria con un 21,65% y la ganadería con un 15%; otras
actividades representan un 17,35%; no se tienen datos sobre el porcentaje de desempleados
en el municipio.
Los impuestos municipales dependen más de pequeños negocios que de grandes empresas, lo
que hace que la municipalidad tenga alguna dificultad para la inversión en obras sociales. A
esto se le agrega la crisis económica mundial que ha agravado la situación de los gobiernos
municipales en Nicaragua.
La producción agrícola descansa en el cultivo de los granos básico, como maíz , sorgo,
frijoles, café los cuales son comercializados a escala nacional, quedando una porción
en los mercados y pulperías del municipio. La crianza de ganado y cerdo es otro rubro
utilizado para el consumo o comercio. A pesar de esta crisis, el gobierno municipal asignará
para el presupuesto 2010 una partida destinada a la seguridad ciudadana, de acuerdo con las
demandas que presenten los Comités de Prevención Social del Delito y los gabinetes del
poder ciudadano, según informe suministrado por el Alcalde el día jueves 8 de octubre de
2009 en el taller de análisis y discusión del informe preliminar.
2.2. Educación
En Jinotepe tienen presencia cinco universidades con 2136 estudiantes aproximadamente, y
con una planilla docente de 115 maestros que ofertan diferentes carreras, entre ellas:
comercio, turismo, contabilidad, etc., para el departamento. Cuenta además, con cuatro
centros de estudios secundarios y 57 de educación primaria, en los que se atiende a un total
de 13 357 estudiantes, con una planta de 293 docentes y con un porcentaje de analfabetismo
del 3,5%.
2.3. Cultural
La primera obra literaria nicaragüense de autor anónimo y con 300 años de existencia es El
Guegüense, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. La
46
Asamblea Nacional de Nicaragua acordó darle, en noviembre de 2005, un tratamiento similar
a escala de nación. Es una obra en la que existe teatro, música y baile y ha sido objeto de
diferentes calificativos por personalidades de la literatura y el arte.
Los instrumentos de El Güegüense son: pito, violín, tambor y guitarra. La obra fue creada y
representada en los poblados indígenas de Masaya, Carazo y Granada; en 1942, se traduce y
edita en español. Su vestuario al estilo español, con máscaras, ojos azules y rizos de oro,
usan máscaras, para no ser identificados por los españoles, porque es una obra de denuncia
social por las medidas del dominio español; en 1950, la música de la obra es grabada y es
parte de las 43 nuevas obras maestras del patrimonio mundial declarado por la UNESCO.
El Güegüense es producto de la mezcla cultural indígena y española; su música consta de 14
sones. En los diálogos de la obra hay frases de doble sentido. La primera noticia escrita sobre
El Güegüense fue en el año de 1883 y es una obra plena de valores literarios y lingüísticos.
Obra antigua del continente americano en el contexto del mestizaje. Su origen es del siglo
XVII, pertenece al teatro y su personaje principal es el huehue, que significa viejo, picaresco,
burlón, bufón y astuto. El huehue se considera el prototipo de la persona nicaragüense y su
protesta a la realidad colonial. Es importante conocer, conservar, promover y proteger
nuestro tesoro vivo, para así fortalecer nuestra identidad cultural, nuestras tradiciones,
nuestra cultura, que nos hace un destino turístico único y genera riquezas para todos los
nicaragüenses.
Jinotepe cuenta con los servicios básicos de primera necesidad, como agua, energía eléctrica
y teléfono; sin embargo, en algunas ocasiones hay escasez de agua, tanto en el casco urbano
de la ciudad como en el área rural; esto ha sido un problema de los pozos de ENACAL o
daños en algunas tuberías.
2.4. Presentación del Jefe de la Policía del Departamento de Carazo
En el gráfico siguiente se observa los principales problemas de inseguridad ciudadana del
Departamento de Carazo y el Municipio de Jinotepe.
47
Diagrama 4 Departamento de Carazo: Principales problemas de seguridad
identificados. 2009
Fuente: Policía Nacional, 2009.
A continuación se observa el comportamiento comparativo del número de denuncias del 2008
y las proyectadas para el año 2009. En el año 2008 se dieron 2 745 denuncias de ciudadanos
y en el año 2009 se espera se den unas 2 863 denuncias y tan solo a julio fecha de la visita del
equipo ya se registraban 1 193 denuncias.
Tabla 9 Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del
programa de DCSC. 2008 - 2009
Departamento 2008
2009
Denuncias hechas hasta junio proyectado
Granada 5 503 - -
Masaya 3 831 1 435 3 444
Jinotepe 2 745 1 193 2 863
Rivas 2 295 1 058 2 539
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
A continuación se muestra el comportamiento del número de casos denunciados entre 2008 y
2009 comparativo con otros departamentos y municipios de Nicaragua. En el caso de León,
Jinotepe (estudio de caso)
Robo
Expendios de licor
Bebedores consuetudinarios
Presencia de grupos juveniles
A nivel departamental en Carazo: Licor, Robo, Abigeato, Droga, Delitos ambientales, Presencia de grupos juveniles
CSC: Robo, Violencia juvenil, Violencia intrafamiliar y sexual , Y trata de personas, Expendios de licor y drogas
Accidentes de tránsito y sus secuelas, Inseguridad en el campo
Policialmente: Robo en sus tres modalidades, Abigeato, Violencia intrafamiliar y sexual, Accidentes de tránsito
Carazo: Robo en sus tres modalidades, Abigeato, Violencia intrafamiliar y sexual, Accidentes de tránsito, Expendios de licor y drogas
48
se observa que para el 2008 tuvo 6 616 denuncias y para el 2009 se esperan 5 098 denuncias
y para junio ya se registraban 2 124. Mientras en Jinotepe se dieron 2 745 (2008) denuncias
y para el 2009 se esperan 2 863 (Tabla 10).
Tabla 10
Comportamiento de las denuncias en la IV región y en los municipios del programa de Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 2008 - 2009
Departamento 2008 2009
León 6 616 5 098
Matagalpa 5 592 5 066
Granada 5 503 -
Masaya 3 831 3 444
Chinandega 3 763 3 886
Estela 3652 4 829
Jinotepe 2 745 2 863
Diriamba 2 474 2 681 Fuente: Policía Nacional, 2008-2009.
También, se conoció sobre los accidentes de tránsito, lesiones y homicidios ocurridos hasta
junio, 2009, en Jinotepe: lesiones 11, homicidios 2 y accidentes de tránsito 46.
En el municipio de Jinotepe se da la participación de 29 policías voluntarios, quienes son
pagados con fondos de la municipalidad en apoyo a la gestión municipal de la seguridad
ciudadana. Para el año 2009, el número de policías voluntarios se amplió a 47. La Policía de
Jinotepe tiene proyecciones de hacer convenios de colaboración para mejorar la seguridad
ciudadana con instituciones educativas.
El modelo comunitario de la seguridad ciudadana se auxilia de la cooperación de
instituciones como el Ministerio de Educación y las universidades existentes en el municipio
tal como se observa en la Tabla 11 la colaboración con recursos humanos; es decir,
estudiantes.
49
Tabla 11 Tabla de proyecciones de convenios de la colaboración con la Policía y
otras instituciones. 2009
Especialidades Áreas Estudiante
Carrera Mañana Tarde
Auxilio Judicial Atención Público 2 2 Mercadeo
Tránsito- Jinotepe Atención Público 2 2 Turismo,
Mercadeo
Auxilio Judicial
(Jinotepe) Actualización del MINISAIP 2 2 Computación
Secretaría
Ejecutiva Actualización del MINISAIP 2 2 Computación
Auxilio Judicial
(Jinotepe)
Medicación Previa (Faltas penales)
y Cierre (Administrativo. (NCD,
AD )
3 2 Abogado,
Psicóloga
Comisaría-
Jinotepe
Medicación Previa (Faltas Penales)
y Cierre (Administrativo. (NCD,
AD )
2 2 Abogado,
Psicóloga
Auxilio Judicial
(Jinotepe) Recepción Denuncia 2 2
Abogado,
Computación
Comisaría-
Jinotepe Recepción Denuncia 2 2
Abogado,
Computación
Secretaría
Ejecutiva Divulgación y Prensa 2 2 Periodismo
Comisaría –
Jinotepe Psicología 1 1 Psicología
Comisaría Jinotepe Trabajo Social 1 1 Psicología
TOTAL - 23 20 -
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
La seguridad ciudadana de Nicaragua descansa sobre la figura del jefe de sector. Para esto, la
Directora actual hace grandes esfuerzos para mejorar el entrenamiento y la distribución del
jefe de sector para acercar más la policía a la comunidad, en coordinación con los gobiernos
locales y el Gobierno Nacional.
La sectorización de la policía es uno de los pilares fundamentes de la estrategia para
promover la seguridad ciudadana. En todo Nicaragua se ha iniciado una cruzada de seguridad
ciudadana por medio de la visita de la Primera Comisionada a los diferentes departamentos,
con la intención de monitorear más de cerca el quehacer de los delegados departamentales y,
50
sobre todo, orientar los mandos locales respecto de la reestructuración, a partir del 2009 de la
Unidad Policial.
La iniciativa es apoyada por los gobiernos municipales. Se espera que al final del proceso un
jefe de sector tenga asignada 1052 familias para garantizar su seguridad ciudadana.
Se toma como indicador la atención de un Jefe de Sector por cada 6 000 habitantes en el caso
de Jinotepe atendería 5 262,2 habitantes por Jefe de sector, tomando en cuenta que es la
cabecera departamental y aquí radican las principales delegaciones institucionales del
Gobierno.
Tabla 12 Jinotepe, Diriamba y San Marcos: Distribución según población de los
jefes de sectores. 2009
Municipio Población Jefes Sectores
Hab. x Jefe Sector
Atención A P T Población Familia
Jinotepe 26 311 4 1 5 5 262 1 052 J`PN Carazo
Diriamba 30 000 4 1 5 6 000 1 000 II J`PN
Carazo
San
Marcos 18 503 2 1 3 6 167 1 233
II J`PN
Carazo
TOTAL 74 814 10 3 13 5 755 1 151 Jefatura
Dptal.
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
Índice delictivo demográfico (delitos por cada 100 000 habitantes)
El departamento de Carazo se encuentra en sexto lugar de ocurrencia delictiva a nivel
Nacional. Al finalizar el primer semestre de 2009, se tiene reportado la cantidad de 4 224
denuncias, lo que representa un total de 234,50 denuncias por cada 100 000 habitantes. Al
comparar con el periodo 2008, que registró un total de 181,15 denuncias por cada 100 000
habitantes, demuestra un incremento de 47,52 denuncias. De las denuncias registrada 96
hechos no constituyeron delito. De 2 734 delitos que al comparar con el 2008 que registró un
total de 2 182 delitos, demuestra un incremento de 552 delitos.
51
Gráfico 3 Jinotepe: Número de delitos según años. 2005 - 2008
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
Por otro lado, se registró un total de 1 394 faltas penales. Comparado con el 2008, que
registró un total de 1 009 faltas penales, se demuestra un incremento de 385 faltas penales.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2005 2006 2007 2008
2517 2374
2182
2734
52
Tabla 13 Departamento de Carazo: Tipología de la actividad delictiva. 2006-
2008
Tipología 2006 (I Semestre) 2007 (I Semestre) 2008 (I Semestre)
Delitos contra las
personas 868 752 495
Lesiones 723 268 316
Faltas contra las
personas 145 484 59
Contra la propiedad 1 026 1 218 1 928
Robo con fuerza
(RCF) 339 372 504
Robo con violencia
(RCV) 96 122 134
Robo con
intimidación (RCI) 63 103 170
Hurto 393 466 664
Daño 135 155 204
Contra la libertad
individual 262 176 202
Amenaza 262 176 154
TOTAL 4 312 4 292 4 830
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
En la tabla, se muestra la tipología con mayor frecuencia como son las lesiones; que refleja
la cantidad 316 lo que representa el 6,54% de ocurrencia, aumentando considerablemente con
respecto al semestre anterior que registra un total de 268 lesiones, equivalente al 6,24%. Por
otra parte, el incremento de las faltas penales ha estado enmarcado en la tendencia de que en
el año 2006, las lesiones de diez días las acusaba el Ministerio Público, en coordinación con
la Policía. En la actualidad con el nuevo Código Penal se consideran como faltas penales
contra las personas lo que ha venido a disminuir la ocurrencia de lesiones.
Comité de Prevención Social del Delito en Jinotepe
En el municipio de Jinotepe existen 13 Comités de Prevención Social del Delito: uno
municipal, integrado por 7 miembros, cuatro en área urbana integrado por 29 miembros y
trece en la zona rural integrados por 93 miembros, lo que suman un total de 18 comités con
un total de 129 miembros. Asimismo, existen 24 comités comunitarios integrados por 162
miembros.
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Tabla 14 Jinotepe: Comités Comunitarios. 2009
Sector Cantidad de Comité Cant. de Integrantes
1 7 49
2 1 07
3 7 49
4 7 46
5 2 11
TOTAL 24 162
Fuente: Policía de Carazo, 2009.
En Jinotepe se ha venido implementando un modelo de prevención comunitaria del delito a
partir de la aplicación de la Ley N.° 228. En lo relacionado con la policía voluntaria, cabe
destacar que fue el primer municipio en seleccionar policías voluntarios de la comunidad, con
el apoyo económico de la Alcaldía municipal; esto permitía entregar a cada policía un
incentivo económico por el trabajo desarrollado. Este método no trata de erradicar el delito,
sino de tornarlo más difícil y disminuir simultáneamente la vulnerabilidad de la comunidad
frente a la amenaza delictiva. Esta nueva corriente de prevención del delito no se contrapone
desde ningún punto de vista a los métodos profesionales utilizados por la Policía Nacional
para combatir el delito. (Espinoza, 2008: 154).
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III. Conclusiones
Las nuevas propuestas sobre prevención del delito se basan, principalmente, en la prevención
comunitaria del delito y en varias técnicas destinadas a disminuir las oportunidades en la
comisión de estos delitos. Estos nuevos métodos no tratan de erradicar el delito, sino de
tornarlos más difíciles y disminuir simultáneamente la vulnerabilidad de la comunidad frente
a la amenaza delictiva.
Estas nuevas corrientes de prevención del delito no se contraponen desde ningún punto de
vista a los métodos profesionales utilizados por la Policía Nacional para combatir el delito,
sino que son un medio para coadyuvar con la Policía Nacional para hacer frente al flagelo de
la delincuencia, por lo que todos ellos deben aplicarse de manera paralela, planificada y
monitoreada en cuanto a sus resultados, con base en indicativos y cumplimiento de objetivos.
Para lograr la prevención del delito, con métodos no represivos, donde se involucra la
familia, la escuela y la comunidad, es indispensable consolidar un diagnóstico compartido
sobre el problema, identificar los objetivos comunes, establecer las metas para cada uno de
los actores y asignar claramente las responsabilidades. Así, la familia como agente primario
del control social, desempeña un papel decisivo en la prevención del delito, el que estaría
relacionado de dos maneras. La primera sería la evitación del delito dentro de la familia, cuya
acción preventiva debe dirigirse a las crisis familiares y las situaciones patológicas que
generan el delito dentro de la misma familia, incluyendo homicidios, agresiones físicas y
mentales y crímenes pasionales; por ello, la violencia familiar constituye una preocupación
muy importante para la Criminología y las intervenciones en las crisis familiares se han
transformado en una de las áreas principales de la prevención del delito. La segunda estaría
orientada hacia el ejercicio de la autoridad de los padres para prevenir conductas delictivas en
los hijos, esto ha suscitado un amplio interés en todo el mundo donde los Estados han
aprobado leyes que someten a los progenitores a sanciones al no controlar la conducta
delictiva de sus hijos menores.
La educación es la principal manera de alcanzar un nivel aceptable de cohesión social
(Rotman, 1998: 108) por medio de la autorregulación del sistema social, que no involucra la
imposición de dicha cohesión desde arriba mediante las autoridades de control social. De ahí
que las escuelas asumen frecuentemente la responsabilidad de la tarea preventiva, cuando el
resto de la comunidad no contribuye a tal función, ya sea por desconocimiento o por carecer
de suficiente liderazgo. Cuanto mayor es la incapacidad de los padres para controlar a sus
hijos, más importantes es el rol de la escuela en el proceso de socialización. Además, la
escuela puede crear oportunidades educacionales y laborales y guiar a los estudiantes en la
manera de evitar que emprendan carreras criminales.
La comunidad es otro factor fundamental para la prevención no represiva del delito, la que se
basa en el hecho que la interacción social y la promoción de relaciones entre los vecinos
puede ejercer un rol muy importante en la investigación y la denuncia de la conducta
delictiva. Las organizaciones comunitarias han intentado controlar el delito por medio de
actividades que estimulan la participación de los ciudadanos en grupos comunitarios,
subrayando la significación de los esfuerzos individuales en la lucha contra el delito,
55
promoviendo sentimientos de territorialidad y la propensión a intervenir frente a
circunstancias sospechosas y tratando de prevenir la victimización por medio de esfuerzos
preventivos en el plano individual y familiar.
En Nicaragua la seguridad ciudadana, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le
corresponde a la Policía Nacional, pero existe una coordinación con los gobiernos locales en
el apoyo económico para el pago de los policías voluntarios. A la vez, la Policía se apoya en
los Comités de Prevención Social del Delito que se han conformado en diferentes barrios y
comarcas de los municipios, tal como se refleja en este informe en los que participa la
comunidad de manera organizada.
Mediante el Decreto 83-2004, reformado por el Decreto 110-2007, se creó el Consejo
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que tiene como atribución principal:
promover la participación de los ciudadanos nicaragüenses en los Comités de Prevención
Social del Delito que organiza la Policía Nacional, así como en los consejos locales de
seguridad ciudadana y en otras instancias de participación comunitaria en los distintos
municipios en coordinación con la alcaldías respectivas, para la identificación de los
problemas que ocasionan inseguridad y su correspondiente solución.
Si partimos de que la seguridad ciudadana incluye la seguridad ambiental, la seguridad
alimentaria, etc., los gobiernos locales realizan una verdadera gestión municipal de la
seguridad, porque las leyes municipales y los Planes de Arbitrio de los Municipios, les
establece como competencias, la prestación de servicios básicos, como agua potable,
alcantarillado sanitario, recolección de basura, lo que constituye la seguridad ambiental y el
alumbrado público como parte de la prevención situacional. Asimismo, la gestión ambiental
y la gestión de reducción de riesgos de desastres, son temas que trabajan con prioridad los
municipios (Informe DEMUCA, 2009), lo que de acuerdo con la definición del PNUD sobre
seguridad ciudadana, son acciones que contribuyen al mejoramiento de dicha seguridad
En síntesis, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la seguridad ciudadana en León
ha mejorado sustancialmente con la aplicación del modelo de prevención del delito, basado
en la participación ciudadana, tal como lo hemos demostrado con el estudio realizado en el
2009, en el cual se observa que en tres años la delincuencia mantiene el mismo porcentaje del
2006 y el número de delitos ha disminuido, según estadísticas policiales. De igual forma, en
Jinotepe con la aplicación del modelo de policía comunitario y el apoyo de las instituciones
del Estado ha logrado mejorar la seguridad ciudadana y disminuir el índice delictivo.
56
IV. Referencias bibliográficas
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Ediluz.
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La Gaceta, diario oficial N.° 226. Decreto N°. 110-2007. Reformas al Decreto N.° 83-2004
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de 2007.
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Gabinetes del Poder Ciudadano, Managua, 29 de noviembre de 2007.
57
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N.° 40. Ley de Municipios, Managua, 17 de agosto de 1988.
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jurisprudencia en línea: http: // www.derechopenalonline.com
V. Siglas y acrónimos
AMUNIC. Asociación de municipios de Nicaragua
JDANJUL: Junta departamental de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés.
IDD: Índice delictivo demográfico
OEA: Organización de Estados Americanos
PNUD: Programa de la Naciones Unidas para de Desarrollo
RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional
UNAN: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
CIDS: Centro de Investigación en Demografía y Salud
MINSA: Ministerio de Salud
Mi familia: Ministerio de la familia
IND: Instituto Nicaragüense de Deportes
MINED: Ministerio de Educación
ONG: Organismos no gubernamentales
DCSC. Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana
MINISAIP: Sistema automatizado de información policial
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NCD: No constituye delito
AD: Autor desconocido
RCF: Robo con fuerza
RCV: Robo con violencia
RCI: Robo con intimidación
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VI. Anexos
6.1. Comentarios a los resultados de la investigación de Gestión Municipal de la
Seguridad Ciudadana en Centroamérica5
Los insumos que presenta este estudio, y sin pretender realizar un examen exhaustivo de los
planteamientos teóricos que este encierra, significan un acercamiento con datos estadísticos
concretos y con la rigurosidad de un ejercicio académico serio, sobre un aspecto de la
realidad de nuestras ciudades que hasta el momento no ha sido abordado de la manera debida.
Referirnos al derecho que todas y todos tenemos de vivir en nuestros pueblos, caseríos,
comarcas y barrios, habitar nuestros hogares, convivir con nuestras familias y vecinos los
espacios urbanos y rurales, con la garantía de hacerlo sin temer a ser invadidos y violentados
en nuestra integridad física, moral, psíquica y económica es, en el contexto de
centroamericano, una necesidad de reafirmar ese derecho que hoy más nunca cobra una
vigencia como en ningún otro momento de nuestra historia inmediata.
Lo que plantea el estudio trae al debate la realidad de un derecho que ha adquirido nuevos
matices, y transitado hacia una necesidad que se ha tornado tan esencial, que es capaz de
condicionar el avance hacia mejores condiciones de vida de todos y todas los y las
ciudadanos de un país, incluso de una región como lo es Centroamérica.
Sin lugar a dudas, Nicaragua presenta índices positivos en cuanto a seguridad se refiere, pero
los datos pesan y por sí solos llaman a tomar, desde ya, las acciones necesarias para frenar el
avance acelerado de la violencia.
Hay una serie de aspectos que me llamaron particularmente la atención en el estudio.
Primeramente, el tema de la seguridad ciudadana como asunto de interés de los particulares,
en tanto ya no representaba más una necesidad de movilización de los grupos sociales
alrededor y para la defensa del statu quo de la nación, del proyecto revolucionario ante la
agresión sufrida por Nicaragua en la década de 1980. La Revolución demandaba el ejercicio
de organización y movilización para que la ciudadanía se involucrara en las labores de
reconstrucción del país después de la guerra contra la dictadura y durante la agresión
estadounidense. Esta organización, sin duda, fue el primer ejercicio masivo y voluntario para
echar a andar y sostener un proyecto de país. Esto es necesario tenerlo en cuenta pues antes
de la Revolución no se había logrado algo similar, además de que sentaron las bases para el
ejercicio de la ciudadanía y su participación en los asuntos públicos de 1990 a la fecha. En
resumen, se crearon valores que se sostienen en el imaginario colectivo nacional.
Como segundo punto, el episodio de la guerra hace veinte años llegó a representar hasta 150
000 personas (entre efectivos del Ejército y de la Resistencia) involucradas en acciones en los
frentes de batalla, sin contar a las reservas. Para cualquier nación, es una cantidad
impresionante de personas armadas. Se hace referencia a ello porque luego de alcanzados los
Acuerdos de Paz en Esquipulas y empezada la transición de gobierno hasta nuestros días,
debería de tomarse como punto de partida el hecho de que después de un proceso que
5 M.Sc. Carlos Fernando López, Delegado de AMUNIC.
60
tensionó tanto las relaciones sociales en el país, que supuso el entrenamiento para la
manipulación de armas de guerra y hacer la guerra claro está, salvando los pocos casos de
expresiones de vandalismo que sí se dieron, no sucedió en el país una explosión de bandas
armadas que pusieran o comprometieran la paz en el país.
Tercero, y citando una referencia del estudio “el binomio globalización-descentralización”,
este ha supuesto la imposición de modelos y medidas que han fraccionado el aparato estatal,
que lo han desarticulado y llevado a expresiones relativamente minúsculas, con todo lo
nocivo que ello ha implicado. Al respecto, es importante enfatizar en el tema de la
descentralización, pues hasta el momento lo que se ha promovido ha sido un modelo que no
buscaba otorgar más poder a los gobiernos y administraciones locales, sino únicamente
disfrazar el discurso y la intención de los Gobiernos Centrales por trasladar a los municipios
aquellas competencias que resultaban ser una carga para ellos; por eso ahora el GRUN se
refiere a un modelo propio de descentralización, acorde a las necesidades, realidades y
capacidades de los gobiernos locales. Así, la descentralización permitió poner de relieve, por
un lado, la importancia que tenemos los gobiernos y administraciones locales en la
implementación de las estrategias y acciones para cambiar las realidades de nuestros
territorios, el principio de cercanía y accesibilidad como instancia de gobierno para el
ciudadano y el buen desempeño realizado en estos últimos veintiún años (pues el año pasado
se cumplieron 20 años de la Ley de municipios); ello ha facilitado que hoy las
municipalidades sean reconocidas como los actores más preponderantes en todo lo relativo al
desarrollo en nuestras localidades; por ende, son un referente para cualquier intervención que
se quiera realizar en los territorios.
Y cuarto, la confianza en los órganos que garantizan el orden en el país, es consecuencia de la
profesionalización y la ética de las personas integrantes de la Policía y el Ejército Nacional.
Los cuerpos de seguridad son confiables; eso no se pone en duda; diariamente, se refuerza la
sensación de protección que proporcionan estas dos instituciones a las comunidades; para
ellos, un reconocimiento y un tributo más que merecido.
Esos cuatro elementos pueden resumir las razones por las cuales los niveles de seguridad en
el país son lo que son, pero no se estaría siendo justos, si se dejara por fuera que la razón
principal del éxito en estas experiencias que hoy nos presentan, es la relación indisoluble
entre movilización ciudadana (en tanto la necesidad de resolver un problema común solo es
posible si todos y todas participamos y somos parte y garantes de la solución), un cuerpo de
policía entregado y dedicado a involucrar a la comunidad para resolver de manera proactiva
y no reactivamente el problema de la violencia ciudadana, y los procesos de educación como
mecanismo de atención temprana para la prevención de la actividad delictiva focalizados en
la familias.
Todos queremos lo mismo; es decir, barrios, calles, comarcas y caseríos seguros; todos
tenemos roles y funciones que desempeñar en esta tarea colectiva, y seguramente nadie se
quiere dejar ganar la partida por las expresiones de violencia, sea organizada o no. El trabajo
que se presenta no serviría de mucho si como comunidad no somos capaces de visualizar la
necesidad de aprender de lo que hoy compartimos. Estamos hablando de que los gobiernos
61
locales, más allá de aportar recursos para sostener a unos policías voluntarios, tienen una
competencia más en la larga lista ya asumida.
La seguridad ciudadana debe llevarnos a todos a competir para ser mejores que la ciudad de
León; es un deber como clase política de nuestros municipios el hacer de este tema uno que
estructure nuestras políticas locales de desarrollo. Tan importante es el tema de la seguridad
como lo es el empleo, el desarrollo local. También es oportuno destacar que el accionar del
sector público condiciona la actividad económica en nuestros municipios, donde la seguridad
ciudadana se convierte en elemento facilitador o restrictivo del desarrollo de nuestras
ciudades; por tanto, es nuestro deber tomar acciones para prevenir, mitigar y en la medida en
que se pueda disminuir al máximo la incidencia de las condiciones que provocan que se
genere la violencia en nuestros grupos más vulnerables.
Finalmente, un hecho que no es evidente en el estudio, se refiere a que la inseguridad
ciudadana, aun cuando nos afecta a todos, hay grupos que son más susceptibles de sufrirla:
las mujeres (niñas, jóvenes, adolescentes y adultas); aquí es donde el tema de los enfoques y
prácticas de género se vuelven una necesidad, un imperativo. Las acciones que desarrollemos
para atender este tema deben dar prioridad a las mujeres.
Gracias.