informe anual 2015-flip

7/25/2019 Informe Anual 2015-FLIP

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Informe sobre el estado de la Libertad de Prensa en Colombia en 2015

PAZEN LOS TITULARES,MIEDO EN LAREDACCION


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Fundacin para la Libertad de Prensa (FLIP) 2015Todos los derechos reservados La presente obra puede difundirse y reproducirse con el reconocimiento de su autora


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PresidenteJuanita Len

Director EjecutivoPedro Vaca Villarreal

Asesor de DireccinEmmanuel Vargas Penagos

rea de proteccin y monitoreoJonathan Bock RuizValeria Saray Aragn

Julin Garca Murcia

rea de documentacinLaura Merchn Rincn

Coordinacin LegalCamilo Vallejo GiraldoJessica Corts Casas

rea de comunicacionesAna Mara Rizo Daz

rea AdministrativaSandra Patricia GarznAnglica Rocha Prez

Diseo y diagramacinPopularmente Bueno! - Lorena [email protected]

Este material ha sido financiado parcial o ntegramente por la NationalEndowment for Democracy (NED). Los textos que se publican son deresponsabilidad de sus autores y no comprometen necesariamente el

pensamiento del cooperante y/o financiador.


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Fundada en 1996, la Fundacin para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organizacin no

gubernamental que monitorea sistemticamente las violaciones a la l ibertad de prensa enColombia, desarrolla actividades que contribuyen a la proteccin de los periodistas y de losmedios de comunicacin, y promueve el derecho fundamental a la libertad de expresin y elacceso a la informacin.

info flip.org.co* www.flip.org.co

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Twitter @FLIP_org

Informe sobre el estado de la Libertad de Prensa en Colombia en 2015

PAZEN LOS TITULARES,

MIEDO EN LA

REDACCION


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21

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36

43

54

61

1. editorial

2. LIBERTAD DE PRENSA

en cifras

3. Paz y Libertad

de Prensa:

Preguntas

por resolver

6. La Fiscalia y

los jueces:

la desconfianza

como censura

7. Imp

un circulo pe

de la vio

contra perio

4. Medios de Comunicacion

en Colombia

Legitimadores del

paramilitarismo?

5. ProteccIOn a

periodistas

en Colombia:15 ANos

apagando incendios

8. Luis y Flo

la denu

el entusias

apagaron las

9. El ambiente

parala lib

de exp


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11. CUANDO SER

PERIODISTAES UNA CUESTioN

DE CURVAS

12. casos

destacados

13.

Las presionesjudiciales no paran 15. recomenda

68 81 94

999074

10. Capacidad de vigilancia

de las comunicaciones

en Colombia

Por: Fundacin Karisma

El informe de memoria

colombiano sobre

contr

14. La memoria del s


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// 7//

editor

// Volver a Tabla de Contenido//

De cierta manera, la libertad de expre-

sin nunca ha sido tan popular ni ha

contado con tanto apoyo como en la

actualidad, pero por otro lado, hoy en da

hay que ser mucho ms valiente para ser

periodista.

Caroline Fourest, periodista francesa y

dibujante de Charlie Hebdo.


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// 8//

1La FLIP quiere destacar la iniciativa de Pitalito Sin Censura, que uni a decenas de

medios impresos de todo el pas y que sirvi para que un grupo de ocho periodistas se

desplazara hasta Pitalito para realizar diferentes investigaciones que desentraaron un

pacto de impunidad y de complicidad e n este municipio huilense, que ha impedido que

las investigaciones y capturas avancen.2El Centro Nacional de Memoria Histrica CNMH- present su informe La palabra y el

silencio, investigacin que presenta que desde 1977 han sido asesinados en Colombia

152 periodistas. Despus de revisar esas bases de datos la FLIP encontr casos de

asesinatos que desconoca y decidi homologar las cifras que histricamente haba

manejado e incluir estos nuevos casos.

Durante el 2015 la Fundacin para la Libertad de Prensa(FLIP) registr 147 agresiones directas contra la prensa enColombia, con un total de 232 vctimas; entre ellas hubo doshomicidios por razones de oficio.

A Luis Antonio Peralta, asesinado el 14 de febrero en el muni-cipio de El Doncello, departamento de Caquet y a Flor AlbaNez, el 10 de septiembre en la ciudad de Pitalito, al sur deldepartamento del Huila1, los eliminaron como consecuenciade su trabajo como periodistas. Se trataba de dos voces crti-cas, experimentadas, que denunciaron corrupcin local yencontraron la muerte. Luis, de 63 aos, era el director de lanica emisora que existe en el norte de Caquet. Por suparte, Flor, de 31 aos, era la periodista con mayor proyec-cin del Huila . Estos asesinatos muestran que la censura nodiscrimina. Con estos dos casos la dolorosa lista de periodis-tas asesinados en Colombia en el periodo 1977 - 2015 esde1522.

El 2015 supuso un claro retroceso en materia de libertad deexpresin. Los dos asesinatos ubican a Colombia en la posi-

cin nmero once de los pases ms mortales para ejercer elperiodismo, segnla lista elaborada por el Comit de Protec-cin a Periodistas,CPJ por sus siglas en ingls.

Adems del impacto que generaron estos dos asesinatos,tambin hubo un aumento en el nmero de periodistas vcti-mas, el ms elevado desde el 2009. Casi una tercera parte,77, fueron vctimas de amenazas, el tipo de agresin msfrecuente contra la prensa. En algunos casos a la amenaza le

sobreviene el desplazamiento, como fue el caso de EdisonBolaos, periodista de Popayn, quien tuvo que empezar denuevo en otra ciudad despus de haber investigado las activi-dades de una empresa minera.
https://www.cpj.org/killed/https://www.cpj.org/killed/https://www.cpj.org/killed/https://www.cpj.org/killed/https://www.cpj.org/killed/


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Una de las razones que explica el aumento de perio-distas vctimas fueron las amenazas y obstruccionescolectivas, que se presentaron los das previos a loscomicios locales en el mes de octubre. En menos detres semanas la FLIP registr 22 casos relacionadoscon el contexto electoral. El ambiente agresivo yhostil que vivieron varias regiones del pas afect de

manera negativa y directa la forma en la que losperiodistascubrieronlas elecciones.

Sorprende que el ao en el que el pas se encuentraa portas de la firma de un acuerdo histrico con laguerrilla de las FARC, sea tambin el periodo msviolento de los ltimos aos. Y no solo intimida elaumento de la violencia, tambin lo hace un nuevocaso de vigilancia ilegal contra periodistas, una vezms.

A finales de octubre, las periodistas Vicky Dvila yClaudia Morales empezaron a recibir informacin atravs de correos electrnicos annimos donde seplanteaba que miembros de la Polica haban orde-nado el seguimiento e interceptacin de sus comu-nicaciones privadas. En noviembre, los correosempezaron a incluir informacin muy concreta:registro de conversaciones telefnicas, reunionesprivadas, desplazamientos suyos y de sus familiares,incluyendo menores de edad.

Entre la informacin que hasta el momento ha cono-

cido la FLIP se hace referencia a una sala de inteli-gencia de la Polica Nacional dedicada a vigilar aperiodistas, militares o policas para blindar el pro-ceso de paz. Desde all se habra interceptado las

comunicaciones de periodistas comnell, Mara del Rosario Arrzola y Guzabal, entre otros.El presidente Juan Manuel Santos hano se chuza en su Gobierno sin emel tercer escndalo que se presenta

dos aos.La falta de transparencia y las investigaciones impide que la osepa quin, o quines, estn orquestcia. La prioridad del Presidente enmeses del 2016 debe ser ofrecer respblicas y asegurar sanciones ejemplnica forma en la que puede sosteGobierno no se chuza.

En medio del aumento de la violencidistas, la Unidad Nacional de Proteencargada de proteger a los comuniccuatro aos en medio de una prolonprograma a pesar de cumplir 15 aomiento contina afrontando cadariesgo que se presenta como si fuePero ms all de los mltiples probleten para su correcto funcionamientode proteccin a periodistas se encuencrucijada y debe replantear su obdia a periodistas no puede ser el nicatender el riesgo, resulta muy costosovo. La prevencin y la procuracin d

mandatos internacionales que Colomdiente de implementar. Para ello, esprograma de gobierno se queda cortoel riesgo y requiere ser transformado

147 232casos vctimas
http://flip.org.co/sites/default/files/pronunciamientos/Manual_elecciones2015_web%20(1).pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/pronunciamientos/Manual_elecciones2015_web%20(1).pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/pronunciamientos/Manual_elecciones2015_web%20(1).pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20Anual%202014%20FLIP_0.pdfhttp://bit.ly/1E5ReYuhttp://bit.ly/1E5ReYuhttp://bit.ly/1E5ReYuhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20Anual%202014%20FLIP_0.pdfhttp://bit.ly/1E5ReYuhttp://bit.ly/1E5ReYuhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20Anual%202014%20FLIP_0.pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/pronunciamientos/Manual_elecciones2015_web%20(1).pdf


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ca de Estado en la que otros organismos del Estado,como la Defensora del Pueblo, la Fiscala y las auto-ridades locales, tengan un rol protagnico, exigible ysancionable en caso de incumplimiento.

Este punto de inflexin ser una prueba para que elGobierno haga frente a la imperiosa necesidad de

cambiar el modelo de proteccin y que se ajuste a laResolucin 2222 del 27 de mayo de 2015, que expi-di el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas(ONU) que insta a los Estados a generar condicionespropicias para que los periodistas tengan un entor-no seguro y que puedan realizar su trabajo demanera independiente y sin injerencias indebidas.

Por otro lado, el 2016 ser un ao que no aceptams retrasos en la implementacin de las iniciativasque llevan ms de tres aos a fuego lento: el proce-so de reparacin colectiva a periodistas que adelan-ta la Unidad de Vctimas y la implementacin de laPoltica Pblica para garantizar la libertad de expre-sin de los periodistas.

El Presidente Santos anunci el 13 de mayo quedurante el 2015 el Gobierno Nacional iba a redactarun documento de poltica pblica y que habra com-promisos concretos. Si bien hubo avances significati-vos, como la conclusin de un documento de diag-nstico y unos borradores de propuestas de progra-ma de dicha poltica, an es prematuro para ser eva-

luado. Todava no se sabe el alcance y el nivel decompromiso de las diferentes entidades del Estadosobre estas propuestas y es preocupante que variasestn enfocadas en la Fiscala y en la Defensora del

numero de

Casos

numero de

victimasvictimas

Cifras e indicadores 2015

17

59

2

4

1

2

17

36

4

1

3

1

147

25

77

2

8

1

2

22

81

9

1

3

1

232

Agresin

Amenaza

Asesinato

Atentado contra infraestructura

Desplazamiento

Detencin Ilegal

Estigmatizacin

Obstruccin Trabajo

Otras

Secuestro

Trato inhumano o degradante

Violencia sexual

Total General


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Pueblo, entidades que el Gobierno no puede obligarmediante un decreto y cuyas cabezas terminanperiodo este ao.

Adems ser crucial conocer avances en los asesina-tos de Luis Peralta y de Flor Alba Nez, y que laFiscala, con una nueva cabeza, acepte el reto de

jugar un papel protagonista en la proteccin a losperiodistas y de la libertad de expresin. Ha resulta-do frustrante la gestin de los cuatro aos del FiscalGeneral, Eduardo Montealegre, quien de cara a lagalera se ha mostrado sensible con el tema perocuyas iniciativas, como la de crear un grupo enUnidad de Anlisis y Contexto para los casos deperiodistas y la priorizacin de casos, han fracasadorotundamente. Adems su susceptibilidad y falta detolerancia a la crtica lo mostraron como un clarocontradictor de los periodistas independientes y,por momentos, como un censor.

En el 2016 la prensa colombiana llenar sus titularescon la palabra Paz, al mismo tiempo que el Gobiernoenfilar sus bateras para que los periodistas descu-bran las buenas noticias. Que las buenas noticiassean las que ocupen los titulares de los peridicos,peda el presidente Santos a los asistentes a un Con-greso de Periodismo Independiente. Sin embargo, lapreocupacin del Gobierno no deben ser los conte-nidos, que finalmente deben ser asuntos autno-mos de cada casa periodstica, su preocupacin

debe girar alrededor del miedo que hay en lasredacciones y de las condiciones en las que se haceperiodismo. Los 50 aos del conflicto en Colombia

han impactado directamente a los medios nicacin, tambin a la libertad de expressobre todo a la verdad. Y esto debe ser rep

Por ltimo la FLIP resalta la rigurosa y ainvestigacin realizada por el Centro NaMemoria Histrica CNMH La palabra y e

La violencia contra periodistas en (1977-2015). Se trata del nico informe de que ha presentado el Estado colombianoviolencia contra los periodistas y medios decacin en el marco del conflicto armado.

La narracin de esta violencia, que recuerdal mismo tiempo que seala causas, patronsecuencias de la violencia, debera ser el lttulo que Colombia escriba al respecto.


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Las amenazas (40%)y las obstruc-

ciones al trabajo periodstico (24%)

fueron las agresiones contra la

prensa ms recurrentes en el 2015.

Mayo y octubre fueron los meses

ms difciles para la prensa en 2015.

En estos dos meses se cometi una

cuarta parte de las agresiones del

ao. La mayora de las agresiones de

octubre estaban relacionadas con el

cubrimiento de las elecciones loca-

les.

D L M M J V S D L M M J V S

MAYO OCTUBRE

Valle del Cauca y Blugares peor calificadde Libertad de Exprela Informacin. Fueroun puntaje menor a 4

LIBERTAD DE PRENen cifr

El 34%de las amenazas no se tienepistas sobre quin podra estardetrs de ellas. La fuerza pblica es elautor ms recurrente de obstruccio-nes a la prensa.

34%40%

24%

34%


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3En Quindo, Arauca, Magdalena y Atlntico los Funcionarios Pblicos

fueron el principal tipo de autor. En Cesar, Norte de Santander y Antioquia

fue la fuerza pblica.

LIBERTAD DE PRENS

//1//

Despus de Bogot, San Jos del

Guaviare y Valleduparson los muni-

cipios en los que se presentan ms

agresiones contra la prensa.

En el 2015, los particulares fueron

quines ms agredieron a la prensa

(23% de los casos), seguidos por

desconocidos (20%). La Fuerza

pblica pas a ocupar el tercer lugar

en esta lista (18%).

20%

18%23%

En7 departamentosdel pas el prin-

cipal autor de las agresiones contra

la prensa fueron los Funcionarios

Pblicos y la Fuerza pblica.3

7En el 2015 se realizaro

Evaluacin de Riesg

dacin de medidas

promedio se evaluar

periodistaspor CERR

dio, la UNP otorg m

de los periodistas c

hasta el CERREM

918

68%

CERREM

Casos

periodist

M

o

p


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// 14//

LIBERTAD DE PRENS

3 aosha tardado el Ministerio del

Interior en crear la Poltica Pblica

para la Garanta de la Libertad deExpresin. El 13 de mayo de 2015 el

Presidente de la Repblica dijo que a

final de ese ao estara lista. A la

fecha, slo se ha realizado un borra-

dor de programas de esa poltica.

Durante el 2015 prescribieron 4

casos de homicidios a periodistas.

Esto suma 78 homicidios prescritos.En el 2016 estn en peligro de pres-

cribir2ms.

En el 2015 el Congreso debati por

lo menos 7proyectos de ley relacio-

nados con Libertad de Expresin; laCorte Constitucional emiti por lo

menos 5sentencias sobre el tema.

2015 3

anos

pues4+74=78+2

2 periodistas fuer

por razones de su ofi

Colombia en el puescon ms asesinatos d

el mundo, segn el ra

por el Comit para la

Periodistas.

#11 2 3 4 5 6 7


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Paz y Libertad de Prens

Preguntas por resolv



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paz y libertad de prensa: preguntas po

En el punto 2 de los acuerdos de paz entre elGobierno Colombiano y las FARC, sobreparticipacin poltica, existe un compromiso para

habilitar un canal institucional de televisin cerradaorientado a los partidos y movimientos polticos conpersonera jurdica. Esto se plantea con el fin de quedichos grupos puedan divulgar sus plataformaspolticas. Adicionalmente, se establece que ese canalse usar para divulgar el trabajo de organizaciones ymovimientos sociales y la cultura democrtica de

paz y reconciliacin.

Las Farc

tendrnun canal de televisin?

NO

La cercana de un acuerdo de paz entre el GobiernoColombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionariasde Colombia-FARC ha trado preguntas sobre el rolde la prensa en el post-conflicto. Algunas estn rela-cionadas con aspectos ticos, otras con la forma en

que estn organizados los medios en el pas y otrassobre las responsabilidades que puedan darse porla forma en que se cubrieron algunos temas relacio-nados con la guerra. Varios de estos temas tienenque ver con el derecho a la libertad de expresin. Lafecha lmite que las partes escogieron para la firmadel acuerdo final es el 23 de marzo. A falta de casi unmes para ese da, es importante recordar los estn-dares que pueden servir para orientar algunas delas respuestas.


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Los acuerdos de paz entre el Gobierno Colombianoy las FARC plantean la importancia de los medios de

comunicacin comunitarios, institucionales yregionales para la paz. Para esto, se plantean cosascomo la apertura de nuevas convocatorias deadjudicacin de radio comunitaria en zonas deconflicto, promover capacitacin de trabajadores deese tipo de medios y financiar la produccin ydivulgacin de contenidos que fomenten la culturade paz con justicia social. Adems de esto, las partesacordaron cambiar la regulacin actual para la

pauta publicitaria en medios de comunicacin.

Aunque se puede considerar como una actituddeseable para la construccin de paz que los medios

de comunicacin se sintonicen con esta, esto no esobligatorio. La democracia se alimenta de laconfrontacin de posturas. La Corte Constitucionalha dicho que la libertad de expresin tambinprotege las expresiones contrarias a las creencias yposturas mayoritarias (Sentencia C 491 de 2011).Esto implica que la promocin de la paz, o ser crticoa ella o cmo se hace, son enfoques informativos y

de opinin con un margen de proteccin idntico.

NO NO

Se acord conlas FARC la creacin

de una ley de medios?

Los medios debenpromover la paz?


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El artculo 32 de la Ley 182 de 1995 establece que elPresidente podr usar los servicios de televisinpara dirigirse al pas en cualquier momento. Estanorma antes permita que este uso fuera ilimitado.La Corte Constitucional dijo que la caracterstica deilimitado era inconstitucional porque unaintervencin as sea del Presidente de la Repblicasin ninguna clase de lmite, restringe el derecho de

los ciudadanos a informarse de otros asuntos queles interesan, en el mbito cultural, ambiental,recreacional (Sentencia C 1172 de 2001). Cualquierobligacin que se imponga de darle difusin a estetipo de iniciativas del Gobierno debe ser acorde conestos principios. Mediante una ley se puedeimponer sa obligacin (como ya sucede en casosde desastres naturales por ejemplo, slo seadicionara un tema objeto de la difusin), sinembargo los criterios de razonabilidad en el tiempoo el espacio seguir siendo un parmetro lmite dedicha facultad. Usar ms tiempo del razonable sera

semejante a las cadenas nacionales que usan lospresidentes de Ecuador o Venezuela, estas prcticashan sido reconocidas internacionalmente como

formas de atentar contra la pluralidad de voces.

La Corte Constitucional ha dicho que la imposicinde contenidos es una forma de censura. La Corte hadicho al respecto que La categora de censuraproscrita cobija actos tales como () la imposicinarbitraria de informacin y la exigencia de adecuarcontenidos expresivos a la voluntad estatal(Sentencia T 391 de 2007). Este tipo de censura es untipo de Control previo que, segn esa Corte, est

prohibido.

parcialmente

Los medios deben

darle publicidad al

plebiscito de la paz?

no

El gobierno puedeobligar a los medios a

transmitir contenidos?


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El Principio 12 de la Declaracin de Principios sobreLibertad de Expresin habla de la necesidad queexistan leyes antimonoplicas. Adicionalmente, laCorte Interamericana de Derechos Humanos hadicho que los Estados deben equilibrar, en la mayor

medida posible, la participacin de las distintascorrientes en el debate pblico, impulsando elpluralismo informativo (Caso Granier y otros (RadioCaracas Televisin) vs. Venezuela). Esto no significaque los medios de comunicacin deban cambiar dedueo. Quitar la propiedad a unos para pasarla aotros grupos puede causar un desequilibrio en eldebate pblico. La labor del Estado debe estarencaminada en facilitar o promover la creacin denuevos medios con la apertura de licencias y la

creacin de subsidios para grupos determinados.

NO

Los medios deben

cambiar de dueo?

El artculo 13 de la Convencin Americana deDerechos Humanos establece que cualquierrestriccin a la libertad de expresin debe serposterior a la realizacin de las publicaciones.Adems de esto, las sanciones que se presentendeben ser proporcionales y necesarias para lassociedades democrticas. En la misma lnea de lodicho en la primera pregunta, se debe recordar quela construccin de paz tambin se alimenta de las

posiciones diversas.

no

Hay que prohibir lapublicacin de conte-

nidos que atenten

contra la paz?


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Los diferentes mecanismos que traiga el acuerdo depaz para llegar a la verdad sobre lo ocurrido en elconflicto, ya sea la comisin de la verdad o lo que sepresente en la jurisdiccin especial para la paz, sonuna de las versiones de la verdad que van a existir.La sociedad, y por consiguiente la prensa, no estobligada a aceptar una nica versin de la verdad, serequiere en cambio, mltiples insumos para hacersea una idea de lo que pasa o pas. La verdad es unasunto de identidad y argumentos cruzados donde

lo nico exigible a la prensa es un proceso deverificacin, concepto ms cercano a la verosimilitud

que a la verdad segn la Corte Constitucional.

En este caso es importante recordar que la CorteConstitucional y la Corte Interamericana deDerechos Humanos han hecho una distincin entreopiniones e informaciones. Las primeras se tratande posiciones subjetivas de cada persona, sobre lasque no se puede exigir algn tipo de veracidad oimparcialidad. Las segundas son hechos, sobre los

que s se pueden hacer dichas exigencias. Laveracidad consiste en que lo que se expone seacierto y verificable; no tiene que ser la verdad

NO

Los medios deben referirse a

una sola verdad?

El gobierno tiene la facultad de invertir recursos delEstado en la publicidad de la paz, tal y como lopuede hacer para promover difundir actividades,programas o polticas. Lo que no puede hacer elgobierno es presionar a los medios de comunicacina travs de esos dineros para que se modifiquencontenidos. Hacer esto es una forma de censuraindirecta. El Principio 5 de la Declaracin dePrincipios sobre Libertad de Expresin dice que Lacensura previa, interferencia o presin directa oindirecta sobre cualquier expresin, opinin oinformacin difundida a travs de cualquier medio

de comunicacin oral, escrito, artstico, visual oelectrnico, debe estar prohibida por la ley.

si

El gobierno puede

pagar contenidos que

publiciten la paz?

absoluta. La imparcialidad se refiere a la distanciaentre la opinin personal y los hechos o las fuentes,que exista un contraste de las mismas y que seofrezcan versiones alternas que permitan que la

audiencia tome una postura.


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Medios de Comunicacion en Colomb

Legitimadores del paramilitarism



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sugieren de manera superficial responsabilidades genricasa los medios.

De modo que como parte del derecho a la verdad de las vcti-mas, es importante determinar si los medios de comunica-

cin justificaron o legitimaron hechos victimizantes de laguerra. Si los tribunales judiciales estn analizando y emitien-do conceptos respecto de la relacin medios con los gruposarmados ilegales, bienvenido sea el debate. Sin embargo,hacer sealamientos injustificados puede estigmatizar yponer en riesgo a periodistas y medios de comunicacin ascomo crear un clima regresivo para la libertad de informar enColombia. La FLIP no desconoce que este es un captulo quedebe ser esclarecido, precisamente, para abonar un mejorclima para la libertad de expresin. Sin embargo, las senten-cias actuales se acercan ms a sealamientos perifricos,

subjetivos y genricos que a indagaciones posteriores, con-textuales, que resguardan la reserva de las fuentes y son indi-vidualizables conforme a los estndares internacionales delibertad de expresin.

A continuacin la FLIP presenta una sntesis de las acusacio-nes realizadas por las Salas de Justicia y Paz acompaadas depreguntas que stas generan en materia de libertad deexpresin y recomendaciones para futuras ocasiones en quese investigue si un medio de comunicacin apoy -o no- lacausa de un actor armado en conflicto.

Recientemente distintos tribunales judiciales del pas hanexpedido sentencias que afirman que los medios de comuni-cacin de Colombia han legitimado el discurso paramilitar y

justificado sus crmenes atroces. Si bien fueron sealadostodos los medios en su conjunto, las sentencias tambinmencionan algunos programas de televisin, revistas y peri-dicos en concreto: El programa La Noche de RCN, el programaCara a Cara de Caracol Televisin, las revistas Cambio ySemana, el peridico El Meridiano, entre otros.

Se trata de sentencias de gran impacto y trascendencia, todavez que son acusaciones muy graves que se lanzan desde lasSalas de Justicia y Paz como Tribunales Superiores de Colom-bia. Los sealamientos vienen de las entidades encargadasde establecer la verdad judicial frente a los hechos que rodea-ron el accionar del paramilitarismo en el pas.

La desmovilizacin de las AUC y las avanzadas conversacio-nes de paz entre el Gobierno y las FARC llevan a pensar en laposible llegada de un escenario de posconflicto en Colombia.Pero independientemente del xito o fracaso de sas nego-ciaciones, la construccin de paz debe contemplar el acata-miento a estndares internacionales si de indagar responsa-bilidades del papel de los medios en el conflicto se trata.

Se ha tejido una paradoja: en ausencia de investigacionesoportunas por parte de las autoridades, los registros de losmedios se han constituido en un insumo fundamental para la

poca justicia derivada del proceso de desmovilizacin parami-litar, al mismo tiempo que se interpretan los contenidos y se

medios de comunicacion en colombia Legitimadores del para


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4http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Aramis-Machado-Ortiz-2011.pdf5http://www.slideshare.net/juaneslewin/sentencia-bloque-catatumbo6http://www.saladejusticiaypazmedellin.com/comunicadopren-

sa/c16/23.04.2015-sentencia-bloque-cordoba-jorge-barranco-y-otros.pdf

El 29 de julio del 2011 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot asegur ensentencia en contra de alias Cabo Machado que el Bloque Catatumbo de lasAutodefensas Unidas de Colombia (AUC) se benefici de la difusin meditica denumerosas entrevistas a Carlos Castao4. Esa sentencia fue luego citada el 31 de octubredel 2014 por el mismo Tribunal en sentencia contra Salvatore Mancuso y otros miembrosdel Bloque Catatumbo. El Tribunal plante que los reportajes transmitidos por elprograma La Noche de RCN sobre Castao se constituyeron en un impulso ideolgicoa las AUC.5

Ninguna de esas dos sentencias argumenta cmo las entrevistas a Castao publicadasen medios beneficiaron a las AUC. Tampoco explica cmo llegaron a la conclusin de queesas publicaciones impulsaron ideolgicamente a ese grupo. Tampoco se indag, de sercierta la hiptesis, si esto obedeca a un criterio editorial del medio o a decisiones deperiodistas a cargo de cubrir esos temas.

El 23 de abril del 2015 el Tribunal Superior de Medelln llev las acusaciones a otro nivelal asegurar en una sentencia en contra de miembros del Bloque Crdoba de lasautodefensas6 que las entrevistas a paramilitares sirvieron para justificar lasviolaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo.

El derecho a entrevistar



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Aunque la Sala reconoce y respeta la libertad de prensa y opinindentro de los lmites fijados en la Jurisprudencia Constitucional y nopretende juzgar a los medios de comunicacin a nivel nacional yregional, ni emprender un juicio de responsabilidad sobre la forma

como ejercen sus derechos, no puede dejar de registrar que en nopocas ocasiones esas entrevistas y registros sirvieron para justificarhechos atroces y violaciones sistemticas de los derechos humanos yel Derecho Internacional Humanitario.

En Colombia -al igual que en muchos ordenamientos jurdicos de otraspartes del mundo- el periodismo goza de especial proteccinconstitucional. Esa proteccin se manifiesta entre otras cosas en laposibilidad de hacer uso del secreto profesional, que consiste en elderecho de todo periodista a no revelar informacin relacionada consus fuentes y en general con sus trabajos periodsticos. La razn de serde este derecho es facilitar el ejercicio de informar libremente y el

derecho de la ciudadana a ser informada. As, los periodistas puedenentrevistar a personas que estn siendo buscadas por la justiciasiempre y cuando lo hagan en cumplimiento de sus funciones y con elfin de obtener informacin de personajes, que aunque en lacriminalidad, son relevantes en la esfera pblica. Las sentenciasmencionadas anteriormente no han demostrado que las entrevistas aparamilitares se efectuaron por fuera del ejercicio legtimo del secretoprofesional.

De otra parte, calificar un discurso como justificante de una serie deviolencias debe tener en cuenta aspectos contextuales. Mientrasgrupos paramilitares debido a su poder no se preocupaban por

retaliaciones en su contra al brindar una entrevista, las vctimasestaban silenciadas, las dificultades de acceder a ellas tambin influy

en un equilibrio informativo. La deliberacin pblica no es un aque se pueda estudiar de manera lineal, bien haran los Tribunapreguntarse por qu entidades como la Defensora del Puefueron capaces en ausencia de versin de las vctimas pero

representacin de ellas de controvertir esas notas justificasituaciones similares podran atribuirse a instancias de Gobfuerza pblica y partidos polticos. No se trata de por qu se emdiscurso que mirado aos despus resulte justificante sino tade valorar por un lado si hubo una decisin deliberada al intermedio o a causa de un periodista, y evaluar qu suceda en el enpara impedir que otros discursos de balance se expresarcontroversia con el primero.

Desde sus inicios, al finalizar la dcada de los aos 80, las acllevadas a cabo por los miembros de estos grupos, inicialmemando de Fidel Castao Gil y posteriormente de Carlos Casta

fueron registradas por medios nacionales y regionales. La Semana tuvo la primicia de entrevistar por primera vez a Castao Gil. Esta constituira slo una de las numerosas ocasiolas que los paramilitares tendran a los medios de comunicacinpuente con la ciudadana a nivel nacional. De ah en adelantrecurrente la aparicin de Carlos Castao Gil en los medcomunicacin. En los distintos reportajes, ste resaltaba el avangrupo armado ilegal a travs del territorio como producto eliminacin de los grupos insurgentes y destacaba el apoyo que de distintos sectores sociales, econmicos y polticos. Gradualmun discurso que pretenda legitimar la existencia del grupo ailegal lleg a justificar las masacres y la crisis humanitaria,

consecuencia de sus acciones, especialmente en el departameCrdoba.



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La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de lln del 23 de abril del 2015 en contra de miembros del Bloque Cba dice que el peridico El Meridiano fue funcional a los interelas Autodefensas Unidas de Colombia. Para ello, parte de la evidaportada por el Tribunal consiste en transcribir en el fallo una seextractos de notas periodsticas de ese medio.

Algunas citas corresponden a noticias publicadas por el MeridOtras son apartes de columnas de opinin del peridico y otrson ms que opiniones expresadas por Carlos Castao o a SalvMancuso respondiendo preguntas de periodistas.

El grupo que ha tomado la vocera de las AUC son las AutodefCampesinas de Crdoba y Urab (ACCU) y responde al mando dtao, un antioqueo de unos 33 aos, refinado e hiperactivo, conseas de haber sido herido en combate: tomado de El Meridia

Crdoba del 27 de noviembre de 1997 y citado en sentencia delabril de 2015 del Tribunal Superior de Medelln, magistrado poRubn Daro Pinilla.

Castao quien orden esta incursin, al igual que otras tantasfiesa ser un hombre sensible, sumido en infinidad de conflictosse ha visto obligado a tomar caminos que nunca quiso tomarEntrevista de la Revista Cambio 16 a Carlos Castao en 1998, puda tambin por El Meridiano y citada en sentencia del 23 de ab2015 del Tribunal Superior de Medelln, magistrado ponente RDaro Pinilla.

Seleccin arbitraria denotas periodsticas


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Las autodefensas son causa y efecto de una subversin aptrida ydesestabilizadora, y con sobrados y merecidos mritos exigen un tratoigual por parte del gobierno, escucharlos y ser solidarios con ellosporque forman parte de una Colombia que protesta. Extracto decolumna de Flix Manzur Jattin, publicada por El Meridiano y citada en

sentencia del 23 de abril de 2015 del Tribunal Superior de Medelln,magistrado ponente Rubn Daro Pinilla.

No somos paramilitares, no dependemos de los militares ni delEstado. En Amrica Latina y en Colombia han existido organizacionesparamilitares, pero no es nuestro caso, nosotros por el contrario,somos una respuesta para conseguir la paz, a travs de la legtimadefensa. () No somos un factor de violencia, somos la respuesta legti-ma de la sociedad colombiana a la agresin de la guerrilla y a la indife-rencia del Estado. Entrevista a Salvatore Mancuso en El Meridiano del9 de septiembre de 1998 y citada en sentencia del 23 de abril de 2015del Tribunal Superior de Medelln, magistrado ponente Rubn Daro

Pinilla.

Al utilizar extractos de notas periodsticas como sustento para acusar aun medio, la sentencia despierta muchos interrogantes. Cmo sealara un peridico por las opiniones que expresaron sus columnistas attulo personal por cuestionables que hayan sido? Bajo qu circuns-tancias es posible concluir que un medio divulg el pensamiento para-militar si public entrevistas a lderes de las AUC? Y -aun siendo atroz elpensamiento de estos lderes- Por qu culpar a un medio por entrevis-tarlos si su accionar era un asunto de indiscutida relevancia noticiosa?

Tal vez lo ms difcil de evaluar sea la lnea editorial de El Meridianlisis de contenidos de notas periodsticas es un asunto comcausa de eterno debate en escuelas de comunicacin. Por probcas que puedan ser las notas transcritas en la sentencia PuTribunal de Justicia y Paz de Medelln usar ese puado de noticia

concluir que El Meridiano divulgaba la ideologa paramilitar?

La forma cmo se presentaba a los jefes paramilitares, sus disy su narracin de los hechos contribuyeron a la justificacin actos y de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derechonacional Humanitario. En este sentido, los extractos citados, pdos en El Meridiano de Crdoba, son un reflejo del nivel de pecin y aceptacin de las estructuras paramilitares en la regin captacin de la opinin pblica, con la cual se buscaba legitimacciones ilegales que afectaban masivamente a la poblacin. partir de ello tambin es claro que El Meridiano de Crdoba sidistintos momentos como caja de resonancia, justificacin de

meno paramilitar y como un instrumento para divulgar y propideario de dichos grupos, lo que lo hace responsable ante la Cocin y la Ley: sentencia del 23 de abril de 2015 de la Sala de JuPaz Tribunal Superior de Medelln, magistrado ponente RubnPinilla.



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Otro aspecto problemtico de las valoraciones que hacen losTribunales de Justicia y Paz tiene que ver con las implicaciones quetiene insinuar que un medio de comunicacin fue cmplice delparamilitarismo. Se est afirmando que toda la empresa estuvo alservicio de la causa de las AUC? Se est acusando a sus directivas?Se est acusando a los reporteros del medio y a sus editorestambin?

Es importante que los Tribunales de Justicia y Paz sean muycuidadosos, y ms que sugerir responsabilidades deberanesclarecerlas integralmente y de manera posterior como dictan losestndares de libertad de expresin. Esto porque, al haceracusaciones generalizadas podran estar sealando a periodistasinocentes de ser propagandistas del paramilitarismo por el simplehecho de ser parte de un medio que public una entrevista o columnade opinin. Difcilmente puede sealarse a un reportero por lasacciones de un colega o por la lnea editorial que determinan quienesdirigen el medio en que trabaja.

Por esta razn las responsabilidades que se determinen tienen queser individuales, no colectivas.

Si los dilogos de paz entre el Gobierno y las FARC contavanzando, este debate podra ampliarse. No han sido pocaoportunidades en que periodistas y medios de comunicacin hasealados de ser apologistas de las FARC por buscar una entrevhacer un documental. Es fundamental cualificar el debate, hacuso prudente del dedo inquisidor del Estado antes de levantarlosealar, y continuar indagando sobre el papel de los medios

conflicto para la construccin de la memoria histrica.

Esta es una buena oportunidad para recordar que decenaperiodistas en toda Colombia investigaron y denunciaron an condiciones ms difciles- los crmenes cometidos poparamilitarismo. Segn el informe del Centro Nacional de MeHistrica La Palabra y el Silencio, publicado en diciembre depasado, los paramilitares asesinaron a por lo menos 22 periodisrazn a sus trabajos periodsticos desde 1977 hasta la fechpublicacin de este informe. De esos, ms de la mitad, 12, muen los aos de mayor podero de las Autodefensas UnidColombia.

Responsabilidades

colectivas o individuales



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ProteccIOn a periodistas en Colomb

15 ANos apagando incendi



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En el ao 2015 se cumplieron quince aos de la publicacin deldecreto 1599 de 2000, que cre el programa de proteccin deperiodistas en Colombia, tiempo suficiente para hacer unbalance sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia A

continuacin la FLIP presenta un panorama sobre el funciona-miento actual del sistema de proteccin.

ProteccIOn a periodistas en Colombia:15 ANos apagand

La Unidad Nacional de Proteccin (UNP) la entideste programa en la actualidad, con 4 aos de opeproblemas enquistados, diagnosticados de tiesobre los cuales en el transcurso del 2015 no smanera significativa. Algunos de estos problemaver con el funcionamiento del programa:la atecin y atencin del riesgo.

Los tiempos de respuestasiguen siendo excesha observado que pueden pasar ms de 3 mesesmento en que un periodista reporta una situacila asignacin de medidas de proteccin.

Las estrategias de prevencincontinan siendconsidera importante pero sobre lo cual no exisefectivas y s errores graves, por ejemplo el caso dLuis Peralta en el municipio de El Doncello Caqpesar de haber alertado a las autoridades localesdo mientras su peticin era tramitada de una ent

Panorama general sobre elfuncionamiento del programa

de proteccin en 2015.

1.


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Una vecina alerta al periodis-ta Luis Peralta sobre el peligroque corra de inmediato elperiodista fue a la polica y a

la Fiscala de El Doncello, Ledijeron que era una amenazamuy vaga y que no vala lapena interponer una denun-cia por ello.

6 DE FEBRERO

DE 2015

Peralta acude el Comandantede la Estacin de Polica Muni-cipal de El Doncello, quienrealiz un informe de los

hechos.

7 DE FEBRERO

DE 2015

Desde la Estacin de Policade El Doncello se enva elinforme al Comando departa-mental de Caquet, solicitan-

do proteccin ante la insisten-cia del periodista de contarcon un uniformado que reali-zara rondas de vigilancia.

8 DE FEBRERO

DE 2015

Luis Peralta ffrente a las insLinda Stereo, sut herida y tra

mientos mdicjulio de 2015.

14 DE FEB

DE 20

Sin prevencin asesinan a periodistas porque no pueden ser prot

Nota: en 2010 la emisora de Peralta fue vctima de un atentado con artefacto explosivo, como la Fiscala no investig es un antecedente impune.

- El Comandante Departa-mental manifest conocerestas amenazas pero neghaber recibido una solicitud

de la polica de El Doncello.- El caso fue puesto en conoci-miento de la UNP y se solicitproteccin para Luis Peralta.Esta entidad nunca inici eltrmite.

TramitoloGIa

con fechas

no determinables.

Si la Fiscala no acta, el sistema de proteccin ser siempre deficiente.El colofn de las fallas en el funcionamiento actuales atribuible a la Fiscala General de la Nacin,organismo que si bien hace parte del sistema de proteccin a periodistas des-conoce de manera reiterada su funcin, no contribuye a la proteccin de periodistas y no avanza en las investigaciones, profun-dizando la impunidad que rodea las amenazas contra periodistas en Colombia.


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El 14 de mayo de 2013 en el foroLibertad de Prensa en Colombia yOtros Derechos el Fiscal General de laNacin se comprometi a que laUnidad de Anlisis y Contexto daraprontos resultados frente al atentadoal periodista Ricardo Caldern ascomo la creacin de un protocolo parala investigacin de amenazas contraperiodistas. A la fecha de publicacin

de este informe faltando slo 49 daspara que acabe el periodo EduardoMontealegre como Fiscal Generalestas promesas no se han cumplido.

De otra parte, la UNP en general y la proteccin a periodistacular atraviesan un momento crucial que deja en descubietamiento del paradigma de la proteccin que ha impulsadono de Colombia durante los ltimos 15 aos. Los esfuerzosson importantes pero insuficientes, en el 2015 fueron asesperiodistas por razones de oficio en Colombia sin que el proteccin pudiera jugar algn rol para evitar que esto su2015 la Unidad Nacional de Proteccin cont con un presu$449.664872.667 y se realizaron nueve Comits de EvaRiesgo y Recomendacin de medidas (CERREM). En estas rediscutieron ms de 150 casos de periodistas que solicitarcin y se le otorg medidas de proteccin a aproximadamede ellos.

En el 2015, la FLIP realiz uninforme con datos sobre los cotados y errores de la proteccin estatal a periodistas en susconcluy:

2.

Evaluacin de los 1aos del programa

proteccin:
http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/15%20a%C3%B1os%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20periodistas%20en%20Colombia_0.pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/15%20a%C3%B1os%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20periodistas%20en%20Colombia_0.pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/15%20a%C3%B1os%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20periodistas%20en%20Colombia_0.pdfhttp://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/15%20a%C3%B1os%20de%20protecci%C3%B3n%20a%20periodistas%20en%20Colombia_0.pdf


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En los ltimos 3 aos, 3 periodistas han muerto auncuando las autoridades locales o la UNP conocan deamenazas en su contra. Esto es una falla grave en elsistema de prevencin y en la articulacin del

Gobierno (Ministerio del Interior y UNP) con lasautoridades locales. De poco sirve un sistema deproteccin que no es capaz de reaccionar coneficiencia ante la amenaza. Actualmente, puedenpasar ms de 3 meses entre el momento en que unperiodista reporta una situacin de riesgo y la asig-nacin de medidas de proteccin.

Desde 2010, los cambios en la normatividad queregula el programa de proteccin a periodistas sehan enfocado en aumentar la cadena burocrtica delos trmites del programa, alargando tiempos,aumentando costos y agregando trabas. Cada vezhay ms actores involucrados, pero con menos nivelde responsabilidad poltica y mando dentro de lasentidades a cargo. Los mecanismos para garantizar

la participacin en la toma de decisiones se handebilitado con el tiempo. En este panorama, nadieasume las consecuencias de un programa debilita-do. Los funcionarios que operan el sistema dicenque las decisiones estn arriba y los directivos dicenque estn planeando como mejorar pero nadamejora. El Ministerio del Interior ha tardado ms de16 meses intentando convocar a las cabezas de enti-dades a cargo de proteccin.

Evaluacin de

los 15 aos

del programa

de proteccin:

Muchas leyes,

pocos avances:

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Proteccin o custodia?:

El Estado ha adoptado una concepcin de proteccin limitada a la seguridad fsica y la custodiade los periodistas. Las estrategias de prevencin de riesgo estn desligadas de las de proteccin,y, en todo caso, no han resultado en una disminucin de las agresiones contra la prensa. Laeliminacin del riesgo por medio de la justicia tampoco se relaciona con la proteccin de perio-distas, por eso se implementan medidas a largo plazo que son renovadas anualmente sin que setomen acciones para que se encuentren los responsables de las amenazas y sean condenados,se sabe cundo empieza la proteccin pero no cuando termina por la ineficiencia de la justicia.

El Estado debe tener presente que los ajustes que se realicen al Programa de Proteccin debe-rn tener en cuenta la Resolucin 2222 del 27 de mayo de 2015 del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas (ONU), sobre la proteccin de periodistas en zonas de conflicto.

Dicha resolucin, entre otras cosas, exhorta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas aque () creen y mantengan, en la legislacin y en la prctica, un entorno seguro y propicio paraque los periodistas, los profesionales de los medios de comunicacin y el personal asociadopuedan realizar su trabajo de forma independiente y sin injerencias indebidas en situaciones deconflicto armado.

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Costos y

corrupcin:Los costos del programa de proteccin han crecidoconstantemente desde su creacin. En promedio,hoy cada protegido le cuesta al Estado casi 15 veceslo que le costaba hace 15 aos. Sin embargo, esteaumento presupuestal no se ve reflejado en unamejor prestacin del servicio. Las quejas de losbeneficiarios son el pan de cada da y la ContraloraGeneral de la Repblica estim en 14790 millonesde pesos el detrimento patrimonial de la UNP en2014. Compra y alquiler injustificados de chalecosblindados, armamento y vehculos, fueron algunosde los hallazgos de la Contralora. En octubre de2015, la Contralora empez una actuacin especialde control fiscal en la UNP, con el objetivo de esta-blecer cul fue el impacto econmico de las irregula-ridades detectadas e individualizar responsabilida-des.

Los logros:

A pesar de todos estos problemas, la FLIP reconoceque el sistema estatal de proteccin a periodistas hatenido logros importantes. Por un lado, ha dejadoclara la responsabilidad del Estado para proteger alos periodistas, lo que ha aumentado el costo polti-co de no proteger a la prensa. Por otro lado, engeneral los periodistas beneficiarios del programasesienten ms seguros con las medidas de proteccinque les brinda el Estado que sin ellas.

enera os per o s as ene c aros e programasesienten ms seguros con las medidas de proteccinque les brinda el Estado que sin ellas.

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El crculo vicioso

del asistencialismo

y la impunidad:

En abril de 2015 el periodista Yesid Toro, quinhasta ese momento haba sido beneficiario de medi-das de proteccin por parte de la UNP confes que

seis meses antes haba realizado un panfleto atribu-yndoselo a Los Urabeos en el que se autoamena-zaba y amenazaba a siete compaeros suyos. Los 8periodistas recibieron medidas de proteccin a razdel panfleto. El caso demuestra varios de los proble-mas estructurales de la proteccin en el pas. Prime-ro, Toro se autoamenaz con el objetivo de recibirel pago de unos dineros que me adeudaba el Pro-grama de Proteccin y la prrroga del esquema deseguridad que me haba brindado el Estado. Esto

demuestra la dependencia econmica que pugenerar el otorgar subsidios en dinero comedida de proteccin. La situacin se agrcuando estos no se pagan a tiempo o se condicisu pago a la renovacin de la proteccin, puesbeneficiarios ya han adquirido obligaciones dapor hecho que los dineros van a llegar a tiemSegundo, la autoamenaza nunca fue descubiepor las autoridades demostrando la falta de intepor parte de la Fiscala de investigar las amenacontra los periodistas. Este caso demuestra cmfalta de coordinacin entre proteccin y justaumenta los costos que el Estado tiene que asupara proteger a la prensa.

En la actualidad existe una impunidad total enamenazas contra periodistas y debe ser el prxFiscal quien deber adoptar una poltica para hafrente a esto. A pesar de que el caso de Yesid Tdej en evidencia la necesidad de tener una Fiscactiva como parte del programa de proteccinFiscala no particip en ningn CERREM. Mienesto contine se mantendr el sistema de incevos perversos que permite que se presenten cacomo el de Toro.


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La Fiscalia y los juec

la desconfianza como censu


La Fiscalia y los jueces: la desconfianza co


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En el ao 2015 se cumplieron quince aos de lapublicacin del decreto 1599 de 2000, que cre elprograma de proteccin de periodistas en Colom-bia, tiempo suficiente para hacer un balance sobrelas lecciones aprendidas de esta experiencia A conti-nuacin la FLIP presenta un panorama sobre el fun-cionamiento actual del sistema de proteccin.

El ao 2015 fue un punto de inflexin para el FiscalGeneral de la Nacin, Eduardo Montealegre. Al iniciode su gestin, Montealegre prometi mejoras en lasinvestigaciones por ataques contra la prensa y en lasgarantas para los periodistas que son acosados

judicialmente, a poco ms de un mes que terminesu periodo el balance de su rol en la garanta de la

libertad de expresin es por lo menos cuestionable.El ao 2015 estuvo lleno de escndalos en los que elFiscal quiso imponer restricciones a la publicacin yacceso de informacin. Esto llev incluso a que laSociedad Interamericana de Prensa SIP manifes-tara en octubre en el marco de su Asamblea enCharleston- que le inquietaban los comportamien-tos de este funcionario frente a la prensa. No sedebe usar el nombre de la justicia para desconocerel derecho a informar y ser informado.

Actuaciones contra la

libertad de informacin

Durante el 2015, la Fiscala General de la Nacin,en cabeza de Eduardo Montealegre Lynett, pro-tagoniz varios incidentes con medios y perio-distas. El Fiscal ha mostrado una doble carafrente al trabajo de los medios: mientras defien-de la importancia de los periodistas para lademocracia, en temas que lo afectan, o que sonde su inters, arrecia contra ellos, los intimida,los seala y hasta los vincula a procesos judicia-les. Tambin ha circulado informacin no con-firmada- sobre contratos de publicidad a mediosy periodistas con el fin de moldear cubrimientode temas de Fiscala y filtraciones de informacinde investigaciones para facilitar su trmite judi-cial.

El primer incidente que demuestra esta doblecara fue la citacin que hiciera la Fiscala General

el 21 de mayo de 2015, con el fin dparecer a Mara Isabel Rueda. Lhaba entrevistado en 2014 al exviFrancisco Santos, quien durante manifest su inconformidad sobrefalta de imparcialidad del Fiscal Geinvestigaciones contra fichas claves Das despus, Rueda recibi la citactelefnica, le pidieron aportar el aude la entrevista. Esta citacin significindebida para presionar a la perioforzar la entrega de su material pedecir, una violacin del secreto provez que agentes del CTI le solicitarevelara. La FLIP intent tomar confuncionaria a quien se le atribuye pero no fue posible.

La Fiscalia y los jueces:la desconfianza co



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Esto no es un hecho aislado. La FLIP ha denunciadoreiterativamente decenas de casos donde los perio-distas son citados por la Fiscala General con el fin deque revelen informacin recogida en el desarrollode su labor. Estos procedimientos han sido justifica-

dos por esa entidad como necesarios e indispensa-bles para el avance de investigaciones sin ningntipo de descripcin.

El segundo incidente que ocurri en nombre de lajusticia, correspondi a declaraciones dadas por elFiscal General el 3 de julio de 2015. Posterior a lasexplosiones de baja intensidad que se registraronen distintos lugares de Bogot, Montealegre sealque los audios o videos sobre los hechos, en poderde los ciudadanos, deban ser entregados a la Fisca-

la General o a la Polica. Advirti que si alguienentregaba un audio o un video a particulares, comoa periodistas o a un medio de comunicacin, podaestar cometiendo un delito contra la administracinde justicia.

Las declaraciones del Fiscal General sin duda fueronun atentado contra la libertad de informacin.Primero, porque causaron una intimidacin genera-lizada en la que se amenazaba con procesos penalesa las personas que quisieran hacer llegar su material

a los medios de comunicacin. En segundo lugar,obstaculiz el derecho de los periodistas a acceder ainformacin esencial para su oficio. En tercer lugar,

pas por alto que cualquier restriccincho solo puede darse despus de que spublicacin y siempre debe ser proporsaria, es decir, debe ser el ltimo recusentido, se rompi la relacin fluida y

que debe existir entre los ciudadanoinformacin valiosa y los periodistas qtan, la procesan y la publican.

El Fiscal General ha pretendido mostracadeza de los casos que investiga justicin. Aun as, aunque se trate un teminters general, o un asunto de seguEstado, de ninguna manera se puedenlas garantas que existen para el oficioPor el contrario, con mayor razn debe

pues se trata de proteger la circulacin versiones sobre temas de inters pbli

En su momentola FLIP advirtique este en este tipo de circunstancias donddemocrticos estn llamados a hacegarantas a las libertades civiles y no, ccaso, enviar mensajes propios de regmtarios o sociedades de miedo que sonideal de ciudadanas libres y deliberantge la Constitucin.

http://flip.org.co/es/content/declaraciones-del-fiscal-general-de-la-naci%C3%B3n-eduardo-montealegre-son-contrarias-al-derechohttp://flip.org.co/es/content/declaraciones-del-fiscal-general-de-la-naci%C3%B3n-eduardo-montealegre-son-contrarias-al-derechohttp://flip.org.co/es/content/declaraciones-del-fiscal-general-de-la-naci%C3%B3n-eduardo-montealegre-son-contrarias-al-derechohttp://flip.org.co/es/content/declaraciones-del-fiscal-general-de-la-naci%C3%B3n-eduardo-montealegre-son-contrarias-al-derecho


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Pronunciamientos

de la SIP

Estas actuaciones fueron las que motivaron laresolucinque la Socie-dad Interamericana de Prensa SIP expidi en su asambleageneral de 2015. En ella resolvieron Exhortar a la Fiscala General de laNacin de Colombia para que cesen las presiones en contra de perio-distas, abstenindose de citarlos para consultarlos sobre sus fuentes,respetando el derecho constitucional a la reserva de la fuente y el

secreto profesional. Igualmente conminar al Fiscal General de laNacin para que respete el ejercicio pleno de la libertad de expresin.

Igualmente, en su informe sobre el estado de la libertad de expresinen Colombia durante 2015,la SIP se pronunci sobre el Fiscal General:Generan preocupacin, los comportamientos del Fiscal General de laNacin, Eduardo Montealegre. En por lo menos tres ocasiones laentidad a su cargo ha citado a declarar a periodistas en busca deinformacin que ellos han obtenido en el marco del ejercicio de suprofesin. En estos meses fue noticia tambin por haber criticado a losmedios que publicaron material audiovisual obtenido de cmaras deseguridad que grabaron la explosin de un petardo en Bogot. Afirm

entonces que este tipo de registro debe ser entregado a la Justiciaantes que publicarlo.

Actitud negativa

frente a la prensa.

Todo lo anterior ha estado enmarcado en otras situaciones queen deuda el papel de Montealegre frente al derecho a infPrimero, el poco avance frente a la impunidad en los crmenes periodistas, especialmente frente a las amenazas, sobre las cuase conoce ni la primera imputacin. Segundo, el trabajo insatisfy estril en resultados de la Unidad de Anlisis y Contexto de la F

que despus de haberse mostrado como una solucin pinvestigacin de la violencia contra periodistas, hasta el da ddespus de dos aos de trabajo, tiene un solo caso bajo investig

Las deficiencias en la tarea de investigacin quedaron demostra1 de julio de 2015, cuando una fiscal precluy el caso contra AleCrdenas, alias JJ, por el secuestro, la tortura y la violacin

Jineth Bedoya, y lo dej en libertad. El 3 de junio, el Fiscal Gcomunic la nulidad de esa decisin, el reestablecimiento investigacin y la nueva orden de captura. Fue una grave facoordinacin que dej en evidencia la poca diligencia y especialen los casos de violencia contra la prensa.

Finalmente, existe una tercera situacin que hace dudcompromiso del Fiscal General frente a la prensa. Se trata de la


http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-182/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-182/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-182/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-179/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-179/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-179/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-179/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-179/http://www1.sipiapa.org/asamblea/colombia-182/


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continua inasistencia de la Fiscala General a las reunCERREM y el poco inters que la entidad muestra por este eel cual se discute el grado de seguridad e inseguridaperiodistas amenazados, y en el cual se otorga y se decidecontinuidad o finalizacin de los esquemas de proteccin. Enescenarios, contar con los aportes de la Fiscala sera de grapara tomar decisiones que se soportan en el despliegue invque se supone adelanta esta entidad. Los enormes recursosy financieros que se asignan a la Fiscala no contribuyen a la pde los periodistas.

Sorprende que el Fiscal General reincida en este tipo de dec

y de situaciones, ms an cuando se conoce su trayectoria por la Corte Constitucional, donde produjo sentencias en ldefenda el derecho a informar y ser informado. El 2016, atermina la administracin de Montealegre, ser crucial parafuncionario, o quien sea asignado en el cargo, corrija sus acfrente a la prensa y cumpla las promesas del pasado.



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que, aunque los periodistas deben ser imparciales en el manejo de lainformacin, tambin tienen un margen de subjetividad que permiteinterpretar los hechos que se presentan, mucho ms cuando estn

desarrollando notas de opinin donde la imparcialidad deja de serobligatoria atendiendo a los lineamientos que sobre la materia hahecho la Corte Constitucional.

Se confirma que existe una postura desde la rama judicial, y desde losestudios de la justicia. Aunque reconocen la necesidad de no anular elderecho al acceso a la informacin, asumen que la libertad de informarde los periodistas debe ser ms restringida, tanto en el acceso a lasaudiencias y los procesos como en el modo en el que publican.

Ahora bien, esta situacin no solo se presenta a nivel de los jueces enlos municipios. Las resistencias tambin ocurren en las altas cortes. Unejemplo de esto fue recogido por el Ministerio del Interior en el

documento de diagnstico de la poltica pblica que busca garantizarla libertad de expresin de los periodistas: Es importante resaltar que,segn lo dicho por la Corte Suprema, se est evidenciando untrasplante del escenario del juez al escenario de la prensa. El

juzgamiento ya no lo efecta el juez, sino los medios.

De esta forma, algunos funcionarios judiciales han comenzado asembrar la idea de que el correcto desarrollo de la justicia requiere unnivel alto de secretismo al interior de los procesos, o, en otras palabras,un blindaje frente al acceso de los medios a los juicios. Se trata de unaidea que equivoca el sentido de la libertad de informacin,especialmente del acceso a ella, porque no permite ver que se trata de

un derecho fundamental tan importante como el acceso y la prode justicia.

La publicidad y el acceso son principios del proceso penal seCdigo de Procedimiento Penal, y solo pueden ser restringidmotivos precisos que se explican en el mismo cdigo (artculo 15152 y 152A): el orden pblico, la seguridad nacional, el respetolas vctimas menores de edad, la proteccin de testigos y el intela justicia. Sin embargo, el problema surge cuando los jueces adel poder que tienen de decidir cundo aplican o no las diferazones para restringir el acceso a las audiencias.

Este tipo de iniciativas e imaginarios, plantean una jerarqua enpareciera que es ms importante proteger a la justicia y para remedio es dificultar el cubrimiento judicial de los medios. La p

afecta enormemente el diseo constitucional y constituymodificacin del escenario de controversia. Los medios tiefacultad, y el deber en muchas ocasiones, de cubrir y escrujusticia. La justicia, por su parte, tiene facultades residuales de cposterior al trabajo de los medios mediante el estudio de solicde rectificacin. Es ese, y no otro, el escenario de controversinformaciones erradas o inexactas. Incluir controles al interproceso penal no es ms que un mecanismo muy sofisticacensura previa prohibida por la constitucin.



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Como se puede ver, las posiciones de los jueces y fiscales, la dedel juez de Yopal, el proyecto de ley, las declaraciones de laSuprema, el protocolo de Paloquemao en Bogot y el balanCorporacin Excelencia en la Justicia, comparten el objetivo de llreserva de los procesos a niveles donde se transgreden los prinde proporcionalidad y necesidad para prohibir el acceso, as seun motivo vlido como es la correcta provisin de justicia.

Negar el acceso de los periodistas a los mbitos judiciales, no sdesconocer el principio de publicidad que es garanta para las psino que deja a la administracin de justicia bajo un manto de sexagerado que impide el control ciudadano. No se puede olvid

los jueces y fiscales tambin son autoridades pblicas, tampoclos procesos penales son trmites del Estado que son de igeneral. Por lo tanto, sobre ellos tambin debe recaer un controque se puede hacer por la va de los medios y los periodistas. El a la informacin es un principio tan fundamental como el de la jen ese sentido debe complementarse, ponderarse, pero nuncaal punto de anularse.


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Impunida

un circulo pervers

de la violenc

contra periodista


Impunidad,un circulo perverso de la violencia contra


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7Para el ao 2015, la FLIP confront sus cifras de periodistas asesinados(as) en razn de

su oficio con los datos oficiales contenidos en el Informe del Centro Nacional de

Memoria Histrica, Entre la palabra y el silencio; dando como resultado la inclusin de 7

casos en el registro oficial de la FLIP.8Conmemoracin conferencia con motivo del Da Internacional contra la Impunidad en

Delitos Contra Periodistas. Sesin 7, 10 de octubre de 2015

El 2015 estuvo marcado por una serie de decisiones favorables en lajusticia que buscaban castigar las agresiones contra periodistas; sinembargo, el panorama se fue opacando ante los dos asesinatoscometidos este ao, el de Luis Antonio Peralta Cuellar y Flor AlbaNez, quienes ingresaron a la larga lista de periodistas asesinados en

razn de su oficio, la cual reporta ya 1527

crmenes letales.Hablar de impunidad se traduce en inexistencia de condenas contratodas las personas responsables por un delito, que incluye autoresmateriales como intelectuales. Cuando el Estado condena solo aquien dispar, est dejando por fuera de la justicia a la mente criminalque est detrs de una agresin contra un(a) periodista, lo que setraduce en una impunidad parcial y en una verdad a medias.

Entre el 9 y 10 de octubre de 2015 se realiz en San Jos (Costa Rica),en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Confe-rencia Internacional Fin a la impunidad en crmenes contra periodis-tas, que luego de las exposiciones de expertos(as) sobre libertad deexpresin y acceso a la informacin, concluy nuevamente los altosndices de impunidad en las ataques cometidos contra periodistas;segn la directora de Unesco para Centroamrica, Pilar lvarez actual-

mente slo ocho de cada 100 asesinatos de comunicadores sonesclarecidos.

De los 152 asesinatos contra periodistas de 1977

a 2015, slo hay 4 casos que registran condenas

contra autores intelectuales.

De tal forma, que la conferencia buscaba inducir a los Estadoformulacin de una poltica pblica eficiente, que contenga treres fundamentales que son la prevencin, la proteccin a losdistas amenazados y una procuracin de justicia eficiente y en la visin de los organizadores.

"La impunidad es la ltima etapa de una cadena

(de actos contra la libertad de expresin e infor-

macin), pero es importante porque alimenta el

crculo perverso de la violencia"

Guilherme Canela, asesor en comunicacin e

informacin de la Unesco.8



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9La prescripcin entendida como el agotamiento del tiempode 20 aos establecido en la ley para que la justicia colom-biana investigue y sancione a las personas responsables

por estos crmenes.

De los 152 casos de periodistas asesinados en raznde su oficio, han prescrito71 a diciembre de 2015,es decir el 46%.

Estos fueron los casos del 2015:

El prximo caso es el de Alfredo Antonio Matiz Espi-nosa, periodista y abogado. Fundador y copropieta-rio de la emisora La Voz del Cinaruco. Fue asesinadoen Tame, Arauca, cuando llegaba a la estacin radial,fue asesinado el 5 de enero de 1996.

El 10 de octubre de 2016, se agotar el tiempo parahacer justicia en el caso de Norvey Daz Cardona,

director y locutor de Rondando Los Barrios en Girar-dot (Cundinamarca).

PrescripcionesGildardo Ariza Olarte,

Asesinado el 19 de abril de 1995en Vlez, Santander. Director de laEmisora Ondas del Carare.

Ivn Daro Pelayo,

Asesinado el 17 de agosto de 1995en Puerto Rondn, Arauca. Direc-tor de la Emisora LlanormicaEstreo.

Asesinado el 11 de noviembre de1995 en Chin, Crdoba. Corres-ponsal de El Heraldo y El Especta-

dor.

Gabriel Cruz Daz,

asesinado el 12 de diciembre1995 en Armenia, Quindo. Direc-tor de El Informador Socioecon-mico y es el nico caso que no seencuentra archivado en la Fiscala.

Ernesto Acero,

9

Este es el panorama general del 2015:



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Despus de 13 aos del asesinato del periodista, el24 de junio de 2015 el Tribunal Superior de Maniza-les revoc la sentencia de primera instancia queabsolvi al excongresista Ferney Tapasco Gonzlez ya Fabio Lpez Escobar y Jorge Hernando Lpez Esco-bar. En su lugar, conden al poltico a 36 aos deprisin como instigador del crimen, y a los herma-nos Lpez como colaboradores a una pena de 28aos y 10 meses.

El asesinato de Sierra es el primer caso en Colombiaen el que la cadena criminal, desde los autoresmateriales hasta los intelectuales, es condenada porla justicia.

Sin embargo, en enero de 2016 se conoci que laSala Penal de la Corte Suprema de Justicia admiti elrecurso extraordinario de casacin presentada porla defensa de Ferney Tapasco, buscando que seanule el fallo condenatorio, argumentando vulnera-cin del debido proceso y el derecho a la defensa.

Condenas en el caso

Orlando Sierra



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El 23 de noviembre de 2015 qued en firme el fallodel Consejo Estado que condena a la Nacin colom-biana por su responsabilidad en el asesinato delperiodista Efran Varela, ocurrido el 28 de junio de2002, en Arauca. Esta decisin se sustenta en que secomprob la complicidad de miembros de la Briga-da XVIII del Ejrcito Nacional, en la medida que facili-taron el accionar violento del Bloque Vencedores delas AUC en contra del periodista.10

Si bien, esta decisin no sanciona penalmente aninguna persona por el asesinato del periodista, sies importante en cuanto pone en evidencia y la con-dena las actuaciones estatales que atentan contra lalibertad de expresin y, del otro, propende por repa-rar a las vctimas directas.

El estado cmplice en la muerte

del periodista Efran Varela

10Ver comunicado FLIP, El Estado colombiano es condenadopor la muerte del periodista Efran Varela, disponible enhttp://flip.org.co/es/content/el-estado-colombiano-es-con-denado-por-la-muerte-del-periodista-efra%C3%ADn-varela



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El 11 de noviembre de 2015 la Comisin Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH) present ante laCorte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso por la muerte del periodista Nelson Car-vajal, ocurrida el 16 de abril de 1998.

Ante la impunidad reinante a nivel interno, estaetapa se vislumbra como una luz para encontrar

justicia, ya que busca que la Corte Interamericanaprofundice su jurisprudencia en relacin con la obli-

gacin de los Estados de investigar diligentemente loscrmenes cometidos contra periodistas que cubrennoticias de corrupcin local11 Igualmente sealaeste organismo la muerte del periodista sucedicon el objetivo de silenciar su trabajo comoperiodista en la revelacin de actos il citos come-tidos bajo el amparo de autoridades locales .12

Caso Nelson Carvajal ante

el Sistema Interamericano

11Ver comunicado CIDH presenta caso sobre Colombia a laCorte IDH .Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/pren-sa/comunicados/2015/129.asp12Ibdem



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El 28 de mayo la fiscal responsable del caso precluy la investigacinen contra de Alejandro Crdenas, alias J.J., quien est vinculado comocoautor de los hechos y en el ao 2011 acept su responsabilidad en elsecuestro y la tortura de la periodista.

Este hecho que caus repudio a nivel nacional, gener varios pronun-ciamientos que incluyen al Fiscal General de la Nacin y al presidenteSantos. Por su parte, Crdenas fue dejado en libertad el 2 de junio yrecapturado esa misma semana tras la decisin de la Fiscala de decla-rar la nulidad de lo actuado en el proceso desde febrero de 2013.

Por tercera vez cambian de asignacin de Fiscala, siendo ahora com-petente la Fiscal 50 de la Unidad de Derechos Humanos. Este despachoconsider que existan elementos materiales suficientes para llevar a

juicio a Jess Emiro Pereira (alias Huevo de Pizca) y a Crdenas Orozco,como coautores de las agresiones contra la periodista, razn por la

cual el 22 de septiembre enva el proceso al juzgado de conocimiento.

Dilaciones e impunidaden el caso de Jineth Bedoya Lima



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13Ver comunicado FLIP, Son 171 das de un juicio que no comienza: nuevo aplazamiento en caso de la periodista Jineth Bedoya.Disponible en: http://flip.org.co/es/content/son-171-d%C3%ADas-de-un-jui-cio-que-no-comienza-nuevo-aplazamiento-en-caso-de-la-periodista-jineth14Ver comunicado FLIP, Jineth Bedoya y Jaime Garzn. La impunidad en Bogot y el reconocimiento en la Habana, en: http://flip.org.-

co/es/content/jineth-bedoya-y-jaime-garz%C3%B3n-la-impunidad-en-bogot%C3%A1-y-el-reconocimiento-en-la-habana15Ver comunicado FLIP. Quince aos de impunidad en caso de la periodista Jineth Bedoya. Disponible en: http://flip.org.co/es/content/-quince-a%C3%B1os-de-impunidad-en-caso-de-la-periodista-jineth-bedoya

Desde el 27 de marzo de 2015 el Juzgado 5 penal del Circuito Especia-lizado de Bogot, conoce del caso contra Mario Jaimes Meja, alias ElPanadero como coautor de los hechos. Orden las pruebas y cit paraaudiencia de inicio de juicio contra Mario Jaimes Meja alias Panadero,para el 13 de julio de 2015.

Sin embargo desde esta fecha se han presentado 3 aplazamientosms13 (28 de julio, 10 de septiembre y 14 de diciembre), por motivosatribuibles a la defensa de Jaimes Meja, al Tribunal Superior de Bogot Sala de Justicia y Paz, y la ltima al INPEC. Se espera que finalmenteel juicio contra El Panadero inicie en febrero de 2016.

Contradictorio con este mensaje de impunidad enviado en el procesode la periodista, sta fue reconocida al da siguiente, como una de lasdelegadas del grupo vctimas seleccionadas por la Mesa negociadorade la Habana para dar a conocer al mundo el acuerdo logrado en elpunto 5 sobre vctimas.14

Finalmente, en el mbito internacional en el 156 periodo de sesionesde la CIDH la FLIP acompa a la periodista Jineth Bedoya a una reu-nin con este organismo, donde evidenci el estado de impunidad enel que continan los hechos de los que fue vctima en mayo de 2000,con el fin de que el Estado colombiano cumpla su deber internacionalde investigarlos y juzgarlos.15



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16Cuestin que es reprochable para las organizaciones que representantes de vctimas y para sus familiares, ya queconsideran que este caso s es un delito de lesa humanidad por su gran impacto y afectacin para la sociedadcolombiana, y porque el asesinato del comunicador y periodista hizo parte de una prctica sistemtica y generalizadacontra amplios sectores de la sociedad civil organizada, ejecutada por grupos paramilitares bajo la determinacin de

altos mandos militares.

En junio de 2015, la Fiscala reiter que el asesinato de Garzn nopoda ser declarado como un crimen de lesa humanidad, porque en suconcepto este homicidio no ocasion un perjuicio directo a una colec-tividad con caractersticas tnicas, religiosas o polticas. 16

El 11 de agosto de 2015, despus de tres aos de su ltima declara-cin, Diego Murillo, alias Don Berna ante una comisin de la Fiscalavincul al General (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presi-dencia de la Repblica, y al General (r) Rito Alejo del Ro. Segn DonBerna, estos oficiales participaron en la estrategia para desviar el caso,que incluy el asesinato de varios miembros de la banda La Terraza,autores materiales del homicidio.

El homicidio de Jaime

Garzn camino haciala impunidad



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17Para ms informacin ver: El ventilador de 'don Berna' por el crimen de Jaime Garzn http://www.eltiempo.com/politica/justicia/asesi-nato-de-jaime-garzon-revelaciones-de-don-berna/16409868, Coronel Plazas Acevedo neg r esponsabilidad en crimen de Jaime Garznhttp://www.eltiempo.com/politica/justicia/caso-jaime-garzon-coronel-plazas-acevedo-niega-cargos/16407569

El 14 de diciembre fue aplazada la audiencia de juicio contra JosMiguel Narvez, vinculado desde hace 6 aos en la investigacin, estavez porque el ex Subdirector del DAS revoc poder a su abogado deconfianza, estrategia que gener un nuevo aplazamiento en el proce-so.

Al igual que Jineth Bedoya, la hermana de Jaime, Marisol Garzn fueuna de las delegadas en el grupo de vctimas en la Habana, reconoci-miento que contradice lo que sucede en instancias internas, donde nose les ha garantizado sus derechos a la verdad, la justicia y la repara-

cin.

En el marco del juicio contra el coronel (r), Jorge Elicer Plazas Acevedoquien est vinculado al proceso desde hace tres aos-, Don Bernaratific estas declaraciones, sin embargo el procesado neg su respon-sabilidad en la muerte de Garzn. 17



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En el marco del proceso por la tortura psicolgicaagravada de la que fue vctima la periodista CLAUDIA

JULIETA DUQUE por parte del DAS, as como delinicio de juicio oral, se han incrementado las amena-zas y hostigamientos hacia ella y su familia.

El 21 de julio 2015 fueron llamados a juicio RonalRivera Rodrguez, funcionario activo de MigracinColombia y exdetective del G-3 del DAS, actualmentedetenido; y el exdirector de Contrainteligencia delDAS, Rodolfo Medina Alemn, fugitivo desde el ao2013.

El 21 de septiembre de 2015 el juzgado SegundoPenal Especializado dict la tercera condena por latortura psicolgica de la que fue vctima la periodistaClaudia Julieta Duque entre el 2003 y el 2004. La sen-tencia condena a seis aos de prisin a Carlos Alber-to Arzays Guerrero, luego de que aceptara cargospor su responsabilidad en los hechos.

Se dej en l ibertad a Alberto Arzauz el 30 de eneroy a Giancarlo Aunqu Silvestri el 15 de agosto, porhaber cumplido las penas del caso de las chuzadaspor parte del DAS, esto sin considerar que seencuentran vinculados al proceso de la periodista.

El 24 de junio, inici la audiencia preparatoria contraJos Miguel Narvez, Giancarlo Aunqu y EnriqueAlberto Ariza (estos ltimos prfugos de la justicia,sin embargo el mismo no pudo terminarse y se

aplaz en dos oportunidades durante el ao).

Estos datos son un reflejo de lo que ocurre en los procesos dperiodistas son vctimas, por un lado se obtienen condenas y denes que propenden por la verdad, pero siguen existiendo obstenormes para que esa verdad sea completa y pueda hablarse decia.

Nuevas amenazas contra

Claudia Julieta Duque


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Luis y Flor Al

la denuncia y el entusias

que apagaron las bal


Luis y Flor Alba:la denuncia y el entusiasmo que apagaron


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A casi un ao de la muerte del periodista an no se ha podido encon-trar quien orden su muerte. A pesar de que hay una persona captu-rada como presunto autor material, hay varios aspectos que hacentemer que este caso termine en la penumbra de la impunidad.

Luis Peralta, la voz deCaquet que encontr

la muerte por

denunciar corrupcin

El 14 de febrero de 2015, frente a las instalaciones de la emisencontraba Luis Antonio en compaa de su esposa Sofa Pcuando un sicario que estaba a cien metros se baj desde unpara dispararles. A l le propin 3 disparos y muri instantnete, mientras su esposa qued gravemente herida y falleci despus, el 31 de julio de 2015.

De acuerdo a la hiptesis de la Fiscal del caso, en el momentohechos el sicario que dispar solo tena un pauelo que curostro, hecho que no impidi que varios testigos lo recono

Luego volvi a donde lo esperaba la moto y escap. No fue mupues al da siguiente tena otro trabajo que realizar en el pueblo, atacar a un hombre que sobrevivi a los 5 disparos propin.

Luis Antonio Peralta Cuellar era director y periodista de la eLinda Streo, filial de Caracol, En el municipio de El Doncello, ual norte del departamento de Caquet. Peralta era la voz mchada en esa regin y se haba convertido en un asiduo crticadministracin del alcalde Fernando Troncoso. All el micrfonomedio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupcinregin.

El da de los hechos



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Buscando justicia

Por el homicidio del periodista y su esposa se captur el pasado 2 demarzo a Yean Arlex Buenaventura Barreto, un mototaxista de laregin que tiene antecedentes de sicariato y lesiones personales. Sinembargo fue dejado en libertad al da siguiente luego de que un Juezde control de garantas declarara la ilegalidad de su captura. Dos dasdespus fue recapturado para ser acusado formalmente en junio porhomicidio agravado, tentativa de homicidio18 y porte ilegal de armas,cargos que no acept.

A pesar de la detencin de Buenaventura, a la fecha no se ha podido

vincular a ninguna persona como autor intelectual, situacin que espreocupante dados los indicios que existen de personas interesadasen acallar la voz del periodista, esto en razn a las fuertes denunciasque realizaba contra la administracin municipal y la empresa deservicios pblicos; que involucran directamente a altos funcionarioscon poder e influencia a nivel local y regional.

Adems de esto, el proceso ha tenido dilaciones y la audiencia prepa-ratoria ha sido aplazada en cuatro ocasiones, todas ellas atribuibles ala defensa del acusado; pues si bien este siempre ha contado con undefensor pblico asignado por el Estado, los abogados han manifesta-do impedimentos y suspensin de las diligencias para estudiar elexpediente ms detenidamente.

La FLIP ha manifestado su preocupacin frente a este escenario y al

18 A la fecha de la audiencia de acusacin la seora Sofa Peralta no haba muerto, por lo que

mente formalmente se le acusa de homicidio.19En el mes de agosto de 2015, fueron capturados(as): La Alcaldesa de Florencia, dos Secreta

despacho y once concejales por temas de corrupcin, ver Revista SEMANA, Por qu impor

corrupcin en Caquet?: http://www.semana.com/nacion/articulo/caqueta-corrupcion-pos

conflicto/438632-3

hecho que an no se haya vinculado a ninguna persona como intelectual del crimen, pues en una regin con altosndices de ccin como Caquet,19 es fcil intimidar testigos y alterar o des

cer pruebas, afectando el buen curso del proceso.Por su parte la Fiscala present en la audiencia de acusacin apersonas como testigos de los hechos; pero luego de que un pelocal revelara sus nombres completos, actualmente temen seguridad. Este temor no es infundado, pues el caso por el homdel periodista tiene enemigos e intereses en la regin, y estas nas pueden convertirse en una piedra en el zapato para el buendel proceso.

La FLIP solicit formalmente el cambio de radicacin a la UnidDerechos Humanos de la Fiscala General de la Nacin en Bogocomo la activacin del Programa de Proteccin a Testigos de est

tucin; esto con el fin de que la investigacin avance hacia la vcin de los autores intelectuales, se evite el entorpecimiento dceso por parte de terceros y para garantizar la proteccin de qconocieron de estos hechos. Sin embargo, y despus de 6 mepeticin de cambio de radiacin an est en trmite, mientras qtestigos(as) no aceptaron ser incluidos en el mencionado prograproteccin debido al traslado de residencia que ello implicaba.

http://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGuhttp://bit.ly/1GtpZGu


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El papel del Estado

para garantizar la

libertad de expresin

De acuerdo a los registros de la FLIP y del Centro Nacional de MemoriaHistrica (2015) de diciembre de 1977 a agosto de 2015, se registran30 casos de periodistas asesinados por denunciar corrupcin. El ase-sinato de Luis Peralta es uno de ellos, donde la causal que detona sumuerte es la violencia generada desde los funcionarios(as) estatales,cuando se les critica o denuncia por sus gestiones.

Las acusaciones del periodista iban dirigidas a la administracin muni-cipal, a la empresa de servicios pblicos de El Doncello y contra todasaquellas personas que se vieran involucradas en actos de corrupcin.Los meses previos a su asesinato, Peralta denunci las irregularidadesen los procesos de contratacin de ambas entidades. Una de ellas serefera a la contratacin de un ca

informe anual 2015-flip

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