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  • C o n s e j e r a d e D e r e c h o s d e l o s P u e b l o s I n d g e n a s , D e r e c h o s H u m a n o s , D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l H u m a n i t a r i o y P a z . O r g a n i z a c i n N a c i o n a l I n d g e n a d e C o l o m b i a - O N I C

    Informe 2014

  • Informe 2014

    Consejera de Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz

    Organizacin Nacional Indgenas de Colombia ONIC

    Organizacin Nacional Indgena de Colombia (ONIC), Consejera de Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos Humanos, DIH y Paz, Calle 12B No. 4 38 Telfonos:(57+1) 284 21 68 - 281 18 45 Correo e: [email protected] Pgina Web: www.onic.org.co Bogot D.C., Colombia

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    1. Presentacin

    Este es un aparte del captulo interminable de los 50 aos de conflictos entre grupos armados legales e ilegales como son el Ejrcito Nacional, los herederos post-desmovilizacin de las AUC: Gaitanistas, Rastrojos, Urabeos, guilas Negras, entre otros, el M-19, el EPL, el ELN y las FARC-EP, quienes a lo largo de este tiempo continan vulnerando la vida de los pueblos indgenas. En la noche interminable de colonizacin y conflicto, la violencia desproporcionada vivida por los sectores estructuralmente vulnerables de la sociedad colombiana, ha desatado un tipo de violencia y formas perjudiciales que invisibilizan nuestra situacin, circunstancia que como vctimas del conflicto, se precisa una aclaracin de las ramificaciones polticas del mismo. En condicin de defensores de los derechos de los Pueblos Indgenas, queremos hacer nfasis en la problemtica de visibilidad de la violencia y los procesos que son invisibles, identificar estas dinmicas especialmente donde la historia reciente de violencia poltica armada y narcotrfico, sigue siendo un secreto pblico, y donde nuestra poblacin en general se ve atrapada en el miedo a niveles indescriptibles.

    En trminos ms generales, llamar la atencin sobre las formas en que la violencia estructural se conecta con las formas invisibles de violencia, es particularmente importante en la era contempornea de neoliberalismo globalizado, industrializacin de la tierra y la creciente ostentacin de acciones criminales, muertes organizadas y acciones blicas, que oscurecen las jerarquas de poder histricamente constituido e imponen un sufrimiento desproporcionado sobre los Pueblos Indgenas segn violaciones y vulneraciones predecibles.

    Nuestro enfoque hace nfasis en la forma en la que grandes fuerzas polticas y econmicas, histricamente arraigadas causan estragos en los cuerpos de los sectores de la poblacin socialmente vulnerable. A pesar de su invisibilidad, la violencia estructural est moldeada por instituciones, relaciones y campos de fuerza identificables, tales como la discriminacin, la inequidad de gnero, la poltica de desarrollo, la poltica de despojo y los trminos desiguales de intercambio en el mercado global entre las naciones industrializadas y las no industrializadas.

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    As vemos a travs del concepto de violencia normalizada llamar la atencin sobre la produccin social de indiferencia ante las brutalidades institucionalizadas, que coincide con el argumento de un cultura del terror (Taussig, 1992), por el cual la omnipresencia de la brutalidad y las violaciones a los Derechos Humanos crea un espacio de muerte que normaliza el asesinato, la amenaza y silencia la oposicin. As reconocemos que para los Pueblos Indgenas, cada da es un Estado de Emergencia.

    Despus de un comunicado emitido para finales del ao 2013 por el grupo armado guilas Negras en contra de nuestras organizaciones indgenas y su dirigencia, sealndonos de colaboradores de la guerrilla y obstculo para el desarrollo del pas, deslegitimando y estigmatizando nuestra justa accin de protesta colectiva, para defender la vida y la autonoma de nuestros pueblos, adems de las reiteradas acciones del crimen organizado, las polticas de Estado, el accionar de los armados, han constituido constantes violaciones de los derechos humanos - DDHH - e infracciones al derecho internacional humanitario -DIH-, siendo los ms afectados los pueblos indgenas Ember Cham, Ember Dobida, Ember Eybida, Ember Kato, Epedara Siapidara, Nasa, Zen, Wayuu, Sikuani, Wiwa Wounaan y Nukak.

    Los intereses de la fuerza pblica por combatir la insurgencia en Colombia ha producido una fuerte presin en bsqueda de resultados militares, lo que ha desencadenado que el Ejrcito colombiano genere combates violentos en territorios indgenas, adems de los combates por control territorial entre fuerzas armadas legales e ilegales, lo que en consecuencia ha dado pie para el sembrado de minas antipersona y acciones blicas, produciendo numerosas vctimas por desplazamiento forzado, amenazas y homicidios principalmente. Ante este panorama la situacin de los Pueblos Indgenas en gran parte es invisible ante instancias nacionales e internacionales, si a esto le sumamos la ineficaz intervencin y respuesta de las instituciones del Estado responsables de la atencin a las vctimas y el silencio que deben guardar ante las represalias por posibles denuncias.

    El anlisis que presentamos a continuacin sobre los impactos de las violaciones a los DHH e infracciones al DIH, perpetradas en contra de los pueblos indgenas en Colombia, para el presente ao est correlacionado con tipos de violaciones concernientes a: Amenazas colectivas e individuales, Amenazas a personas protegidas, Homicidios, Confinamiento, Desplazamiento forzado, Mortalidad Infantil, Reclutamiento forzado y

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    Acciones blicas. Las fuentes sobre las que se hace este informe se argumentan desde los comunicados y denuncias que hacen nuestras regionales desde sus territorios y que desde la Consejera de los Derechos de los Pueblos indgenas, hemos coadyuvado para dar a conocer a las entidades del Estado los hechos que vulneran la vida de nuestros Pueblos. Los pueblos indgenas en Colombia han sido, sin lugar a dudas, la poblacin ms vulnerada por el conflicto armado colombiano en los ltimos aos. El escenario de la guerra se ha trasladado materialmente a los territorios indgenas, por lo cual nos ha victimizado directamente. Como se ver en este informe los pueblos indgenas han sido vctimas de una secuencia escalofriante de vulneraciones por parte de los grupos armados ilegales, y en algunos casos, segn se denuncia, por parte de miembros de la Fuerza Pblica. Varios lderes, lideresas y comunidades han sido declarados objetivo militar por distintos grupos armados, lo que ha causado el desplazamiento de amplios segmentos de diferentes pueblos, tanto en forma masiva como individual. Dado que la causa principal de afectacin de los pueblos indgenas ha sido la intromisin en sus territorios de grupos armados, ha generado los sealamientos y vinculacin directa e indirecta de sus miembros con las partes en confrontacin y su incorporacin forzada al conflicto, por lo cual las amenazas se han incrementado con relacin a cifras de aos anteriores. Los Pueblos Indgenas y sus territorios siempre nos hemos declarado por fuera del conflicto, somos sujetos polticos colectivos para construir propuestas de Paz, que garanticen nuestro derecho fundamental a la vida y la pervivencia. Por tanto, hemos exigimos a las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pblica, no vincular a nuestras comunidades en su guerra y conflicto y mucho menos intimidarnos con sus amenazas. Para los Pueblos Indgenas en Colombia, la Paz no es solo una palabra o un discurso, es una prctica que cotidianamente vivimos y practicamos en los territorios, en nuestros ciclos de vida y con todos aquellos que nos relacionamos.

    2. Violaciones a los Derechos Humanos DDHH

    Pese a las rdenes dadas por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la proteccin de al menos 64 pueblos indgenas en estado de alto riesgo de exterminio fsico y cultural, por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado, el contexto de vulneraciones que presentamos a continuacin reafirma la ineficacia de las

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    medidas de proteccin emitidas por instancias nacionales e internacionales a favor de los pueblos indgenas.

    En la base de la afectacin de los pueblo indgenas por el conflicto armado se encuentra el hecho de que el territorio tradicional se transform en escenario de operaciones militares, por la presencia de las tres partes en conflicto, sus confrontaciones y el involucramiento de la poblacin indgena, en el conflicto. As presentamos la tabla general de afectaciones para este ao.

    Tabla I. Violaciones a los DH de los Pueblos Indgenas e infracciones al IDIH. Enero a septiembre de 2014.

    Impacto del evento

    Accin Blica 7

    Amenaza 21

    Amenaza Colectiva 3

    Amenaza individual a persona protegida 11

    Amenaza individual a persona protegida - DIH 1

    Ataque a misin humanitaria 3

    Atentado persona protegida 2

    Confinamiento 236

    Desplazamiento Forzado 2819

    Detencin arbitraria 1

    Fumigacin 1

    Herida 1

    Herida intencional de persona protegida 9

    Homicidio 10

    Intento de homicidio 7

    MAP/MUSE 3

    Mortalidad Infantil 45

    Reclutamiento Forzado 11

    Tortura 1

    Violencia sexual 1

    Total general 3193 Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Informacin de la Consejera de los Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos

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    2.1 Homicidio

    En cuanto a los asesinatos de miembros de los pueblos indgenas la informacin aportada por mltiples fuentes, especialmente por los comunicados emitidos por las diferentes organizaciones indgenas regionales, han sido asesinados por los actores armados por mltiples razones: a) sealamientos infundados; b) negarse a colaborar con los grupos armados presentes en sus territorios; c) ser sealados de colaborar con alguno de los actores armados; d)denunciar violaciones a los derechos humanos en los territorios. Algunos haban sido amenazados con anterioridad. Muchos eran lderes o autoridades que haban sido intimidados. En algunas ocasiones se atribuyen los asesinatos de indgenas a miembros de la Fuerza Pblica. El nmero de vctimas reportadas hasta el mes de septiembre por este hecho son (10) personas, como consecuencia de asesinatos selectivos de lderes y lideresas por el accionar de fuerzas armadas, por lo cual, se ven afectados el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (3) personas, el pueblo Aw del departamento de Nario, con (2) vctimas, el pueblo Ember Cham con (2) personas asesinadas, seguido del pueblo Ember Dobida con (2) personas asesinadas y pueblo Ember Eybida con (1) persona asesinada.

    Paralelo a esta vulneracin se presentaron afectaciones que atentan contra la vida e integridad fsica de nuestros compaeros, lderes y lideresas indgenas entre esos siendo el ms afectado el pueblo Nasa con un reporte de (9) personas protegidas vctimas de heridas intencionales, seguidamente el pueblo Wounaan con (1) persona herida, el pueblo Aw con (1) atentado a persona protegida. El pueblo Wiwa reporte (1) persona por intento de homicidio a persona protegida, igual que el pueblo Ember Cham con (1) persona.

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    Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Informacin de la Consejera de los Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

    2.1. Amenazas

    Entre las mltiples violaciones de derechos humanos las vctimas han sido, las autoridades tradicionales, lderes indgenas y comuneros que resaltan las amenazas de diferentes tipos perpetrados por agentes estatales, en particular por miembros de la Fuerza pblica, grupos guerrilleros y paramilitares, ocurrieron principalmente en el contexto del conflicto armado interno y de abuso militar y policial en el desarrollo de movilizaciones pacficas de indgenas y miembros de organizaciones sociales, y la participacin en poltica de los mismos. Mientras que hay amenazas atribuidas a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN que obedecen a controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte de estos grupos armados ilegales. Estos controles se materializan en el establecimiento de reglamentos y cdigos de conducta que se ejecutan mediante amenazas e intimidaciones, que impiden de raz el desarrollo de las prcticas culturales autctonas. En tanto que las

    Tabla II. Perpetrador de homicidio, 2014.

    Perpetrador Impacto del evento

    guilas Negras 2

    Desconocido 5

    FARC-EP 2

    FARC-EP/Ejercito Nacional

    1

    Total general 10 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

    Aw

    Ember Cham

    Ember Dobida

    Embera Eybida,

    Nasa

    Ho

    mic

    idio

    Grfica I. Homicidio por Pueblo. Enero-septiembre 2014

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    que son responsabilidad de grupos paramilitares se dieron en el contexto de hostigamientos, sealamiento y persecucin poltica. La situacin por la que atraviesan los pueblos indgenas en relacin a esta violacin es supremamente alarmante, el nmero de comunicados emitidos por los grupos armados ilegales y post-desmovilizados de las AUC va en aumento, los fuertes sealamientos de lderes y lideresas indgenas y las amenazas de muertes contra su vida a travs de estos, crea alrededor de la poblacin Indgenas una atmosfera de miedo y terror con la intencin de acallar las voces de protesta y denuncia, de la cua,l el Estado colombiano ha hecho caso omiso a esta situacin. Pese a las Acciones Urgentes que se han emitido a las unidades encargadas para la proteccin de nuestros dirigentes, al da de hoy, nada se ha hecho para garantizar su vida y por el contrario se incrementa esta estrategia de silenciamiento. En lo que va corrido del ao se han presentado un reporte de (36) amenazas en contra de nuestros compaeros indgenas, en donde se estigmatiza su labor como defensores de los derechos de los pueblos indgenas y las acciones colectivas de exigencia de derechos ante el Estado colombiano. Las vctimas por esta violacin se presentan en el pueblo Eperara Siapidara de los departamentos del Valle del Cauca y Choc con (6) indgenas amenazados, el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (6) reportes, el pueblo Ember Cham del departamento de Risaralda, con (3) victimas, el pueblo Bari del departamento de Norte de Santander con (1) vctima y el pueblo Zen con (1) amenaza.

    2.1.1. Amenazas Colectivas

    De esta violacin se han reportado (4) amenazas colectivas en contra de organizaciones indgenas correspondiente a la Asociacin de Cabildos Indgenas del Valle del Cauca -ACIVA-RP- y la Organizacin Indgena del Valle del Cauca ORIVAC-, donde grupos post-desmovilizacin pertenecientes a las guilas Negras y Rastrojos del bloque militar Valle del Cauca, han declarado objetivo militar a estas organizaciones, por su presunto papel de auxiliadores de la guerrilla y obstaculizar la industrializacin de la tierra. De la misma manera el Consejo Regional Indgena del Cuaca -CRIC- y la Organizacin Nacional Indgena de Colombia -ONIC- han sido estigmatizadas y sealadas gravemente por estos grupos paramilitares.

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    As mismo el pueblo Nasa del departamento del Cauca, reporto (1) amenaza y a su vez el pueblo Siona del departamento del putumayo tambin ha sido afectado con esta violacin (1) reportando amenazas al grueso de la comunidad.

    2.1.2. Amenaza individual en persona protegida

    Sobre este tipo se han perpetrado (10) amenazas en contra de nuestros lderes, lideresas y indgenas, de los cuales los pueblos afectados han sido el Ember Cham del departamento del Valle del Cauca, con (4) afectaciones, el pueblo Nasa del departamento del Cauca con (2) casos reportados, el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira con (2) lderes amenazados, seguido del pueblo Wounaan con (1) reporte.

    2.1.3. Amenaza individual en persona protegida- DIH

    Las afectaciones en este tipo se han generado contra el pueblo Nasa del departamento de Cauca con (1) persona la cual es autoridad espiritual y dirigente, quien ha sido amenazada por la insurgencia en el departamento del Cauca. La regin se constituye como un lugar de conflicto por los diversos actores armados que se disputan el control territorial, es as que los indgenas Nasa han sufrido distintas vulneraciones que los hacen vctimas de asesinatos selectivos a lderes y lideresas, reclutamiento forzado en mayor medida, violencia sexual, entre otras violaciones por llevar acabo dinmicas de organizacin indgena para frenar estas afectaciones y ejercer el legtimo derecho a la determinacin territorial.

    Tabla III. Amenazas por Perpetrador. Periodo Enero-septiembre de 2014

    Impacto del evento

    guilas Negras 12

    Amenaza 4

    Amenaza Colectiva 3

    Amenaza individual a persona protegida 5

    guilas Negras y Rastrojos 1

    Amenaza 1

    guilas Negras/ Rastrojos 8

    Amenaza 8

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    Desconocido 7

    Amenaza 4

    Amenaza individual a persona protegida 3

    Ejrcito Nacional 1

    Amenaza individual a persona protegida 1

    FARC-EP 4

    Amenaza 1

    Amenaza individual a persona protegida 2

    Amenaza individual a persona protegida - DIH 1

    Rastrojos 2

    Amenaza 2

    Urabeos 1

    Amenaza 1

    Total general 36 Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Informacin de la Consejera de los Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos

    Humanos, DIH y Paz

    2.2. Detenciones Arbitrarias

    Esta afectacin hasta la fecha se ha presentado en el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira con (1) persona afectada. Esta persona fue conducida a la estacin departamental de polica de la Guajira, en la ciudad de Riohacha, sin presentar orden de captura y sin que se aclaren los motivos de detencin ilegal a la vctima y a sus familiares.

    2.3. Mortalidad Infantil

    Esta afectacin preocupa en gran medida a la Organizacin Nacional Indgena de Colombia -ONIC-, pues el Estado colombiano no ha sido ineficiente en el acompaamiento de los procesos de retorno a los pueblos indgenas vctimas de desplazamiento forzado. De este accionar se ha desarrollado un gran nmero de violaciones a los derechos individuales y colectivos de nuestra infancia indgena.

    La ONIC aboga por el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indgenas. Asimismo, protege la integridad tnica, fsica y cultural de los pueblos, a travs de la defensa y promocin de sus derechos, es por ello que rechaza las

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    vulneraciones a los derechos fundamentales de la niez indgena en Colombia. Sobre todo la situacin del pueblo Ember Kato del departamento de Choc en condicin de retornados, despus de haber sido vctima de desplazamiento forzado, por otro lado, est el pueblo Wayuu del departamento de la Guajira donde la poblacin vive en condiciones extremas de subsistencia. En este sentido, la falta de garantas en las responsabilidades asumidas por las entidades del gobierno, referidas a la atencin y prevencin de la mortalidad infantil por desnutricin y deshidratacin, sufrimientos de enfermedades prevenibles, falta de acceso a atencin oportuna, falta de afiliacin, ausencia de brigadas de salud en los territorios y carencia de programas de etno-salud, ha generado como consecuencia el deceso de la poblacin infantil.

    2.3.1. Pueblo Ember Kato

    La situacin de crisis humanitaria de las familias Ember retornadas al Alto Andagueda departamento del Choc persiste y, el incumplimiento en materia de cubrir necesidades bsicas como: alimentacin, vivienda, acceso a vas, salud y educacin, evidencia la omisin del Estado y acrecienta la posibilidad de nuevos desplazamientos por estas insuficiencias. Las instituciones del Estado han suscrito desde el ao 2000 un nmero importante de actas de compromisos para la atencin de esta poblacin, los cuales han venido siendo incumplidas de forma reiterada, sin que hasta la fecha exista una investigacin por parte de los rganos de control como la procuradura y la contralora a estas entidades.

    La importancia del cumplimiento de los compromisos pactados por la institucionalidad para la atencin de las vctimas es relevante por la obligatoriedad que existe del cumplimiento de las instituciones del Estado Colombiano en su orden municipal, departamental y nacional, pero tambin porque estas garantas a los derechos fundamentales son garantas que requieren estas comunidades para evitar el desplazamiento y no se vean abocados a soportar condiciones de mendicidad y de mayor vulnerabilidad a su integridad personal y cultural que venan viviendo en contextos urbanos.

    Para esta poblacin en retorno, ha sido una demanda que las brigadas de salud y las unidades mviles sean suficientes para su atencin, se requiere de atencin inmediata y

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    con carcter diferencial, adems de un centro de salud de fcil acceso, exigencia de los pueblos indgenas y compromiso del Estado que a la fecha se ha hecho esperar. El gobierno ha incumplido los acuerdos y no garantizo las debidas condiciones de seguridad y dignidad para el retorno, lo cual ha tenido como consecuencia la muerte de (45) nios y nias entre 0 y 8 aos de edad, situacin humanitaria que entre los meses de diciembre de 2013 y abril 2014, las autoridades indgenas del Alto Andagueda habran puesto en conocimiento de la institucionalidad la muerte de los primeros nios y nias, ante lo cual el gobierno nacional no tomo medidas efectivas frente a esta situacin y el nmero de nios y nias muertos se increment.

    La causa de la muerte de estos nios ha sido por enfermedades prevenibles, que por no tener una atencin mdica oportuna y no contar con carreteras en condiciones ptimas para llegar a tiempo a un hospital, se presenta el lamentable deceso.

    2.3.2. Pueblo Wayuu

    La crisis humanitaria que padece el pueblo Wayuu, es un problema de orden nacional, conocido por todos los entes locales, nacionales e internacionales, que evidencia la grave situacin que enfrentan nios, nias, madres gestantes y adultos pertenecientes al pueblo Wayuu, en particular al municipio de Riohacha, la muerte de ms de (4000) nios en los ltimos cinco aos por desnutricin, es una situacin por la cual los lderes y lideresas de las 145 comunidades Wayuu, han venido reclamando ante las autoridades estatales, por los nefastos incumplimientos de estos frente a esta problemtica, sin obtener respuesta que dieran cuenta de la dimensin de la situacin. Esta crisis humanitaria a la cual el estado colombiano no ha dado la cara, obedece al aumento de la situacin de desnutricin en la poblacin indgena de Riohacha, en particular de los nios y nias, a la situacin climtica y ambiental critica que incide en la escases de agua potable y alimentos, la ausencia de programas sociales que permitan enfrentar esta situacin, la acentuacin de la mortalidad infantil y materna y el sub-registro en los sistemas de informacin en relacin con los casos de muertes de nios y nias indgenas. Esta problemtica trajo consigo una serie de incumplimientos a diferentes compromisos asumidos por las entidades del gobierno nacional, que llev al pueblo Wayuu a travs de

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    sus lderes y apoyo de la ONIC, a protestar antes las instituciones municipales y departamentales por el cumplimiento de los acuerdos y en la adopcin de medidas efectivas frente a la crisis humanitaria. Situacin que fue objeto de la indiferencia de funcionarios y funcionarias de diferentes entidades del Estado.

    Gracias a la visibilizacin que se le dio a esta situacin a travs de comunicados pblicos, documentales con medios audiovisuales que fueron trasmitidos por televisin, y al apoyo de diferentes instituciones u organizaciones interesadas en la problemtica, se pudo determinar las cifras reales de la afectacin arrojando resultados aterradores, de diferentes fuentes investigativas as:

    Segn lo manifestado por Arismendi Morales, director departamental de Planeacin de la Guajira, durante el periodo 2008-2013 se logr identificar con nombre propio (196) muertes de nios y nias menores de cinco aos por desnutricin.

    Con base en cifras reportadas por el DANE: En el periodo 2008 2013 murieron oficialmente (2.969) nios menores de cinco aos, de los cuales slo (278) correspondieron a desnutricin, los restantes (2.691) casos corresponden a otras patologas que podan haber sido tratadas si los servicios de salud y dems entidades hubieran asumido sus competencias como lo consagra la ley. Muertes fetales, que en el periodo 2008 - 2013 fue de (1.202) casos.

    Escandalosa cifra de (4.171) nios y nias desde la gestacin y hasta los cuatro aos de edad han muerto en la Guajira. En lo corrido del ao 2014, y segn reporta el SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, en el departamento de la Guajira durante las primeras ocho semanas (enero y febrero de 2014), han muerto tres nios por desnutricin, han nacido 47 nios con bajo peso (lo que implica igual nmero de madres gestantes o lactantes con desnutricin), la morbilidad materna extrema presenta 47 casos y la mortalidad perinatal y neonatal tarda llega a 20 casos, ms otras patologas.

    No cabe duda que existen mltiples mandatos internacionales, nacionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales que obligan a adelantar una lucha decidida contra la desnutricin y la mortalidad infantil y que aquellos son las orientaciones sobre las cuales se deben construir las acciones concretas y efectivas, no asistencialistas, que

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    deben asumir las administraciones territoriales en articulacin y monitoreo de las instituciones estatales del nivel nacional y con la participacin permanente de las comunidades involucradas. Lo contrario, compromete de manera palmaria la responsabilidad del Estado tanto a nivel nacional como internacional.

    Bajo este argumento, las acciones estatales no pueden ser programas aislados y desarticulados a esta problemtica, que lejos est de superarse en tanto no se enfrenten las causas y los distintos factores de vulnerabilidad, requieren compromisos serios, responsabilidades determinadas, trabajo articulado, resultados verificables y monitoreo constante. En razn a ello, tanto la planeacin territorial como la actuacin estatal nacional tienen responsabilidad ineludible.

    Frente a la planeacin estatal basta con sealar que son las gobernaciones y alcaldas las llamadas a cumplir con su programa de gobierno como mandato de la ciudadana (art. 1 de la Ley 131 de 1994, en desarrollo del art. 259 de la Constitucin) y que no slo es un deber de todas las personas que se desempean como servidores pblicos formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos econmicos pblicos, o afectos al servicio pblico (art. 3 de la Ley 734 de 2002), sino que su incumplimiento constituye una falta disciplinaria (art. 50 de la Ley 734 de 2002), adicional a que como bien lo seala el Cdigo de Infancia y Adolescencia, el incumplimiento en materia de polticas pblicas de infancia y adolescencia es sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta y conlleva la rendicin pblica de cuentas (art. 204 de la Ley 1098 de 2006).

    Sin perjuicio de lo anterior, se requiere que todas las instituciones tengan en cuenta que no slo es crtica la situacin de los nios y las nias indgenas, dado que las mujeres embarazadas y lactantes y los adultos sufren una situacin tambin preocupante y por lo mismo sus problemticas y especificidades deben estar tambin en el centro del accionar, atendiendo siempre los factores de vulnerabilidad.

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    3. Violencia Sexual Distintas afectaciones se han asociado al impacto que tiene la violencia sexual en la vida de las mujeres. La vergenza, la prdida de autoestima, las heridas espirituales, culturales y emocionales, el miedo al rechazo y a las represalias, la falta de garantas de seguridad, los daos en la salud fsica, mental y social, entre muchas otras, inmovilizan1. Estas afectaciones juegan un papel importante en la decisin de las mujeres para denunciar los hechos de lo que han sido vctimas, en razn a ello las mujeres no denuncian inmediatamente ocurren lo hechos, incluso pueden pasar aos para que se decidan a hablar. La recuperacin espiritual y la recomposicin de la armona afectada, no slo del cuerpo sino del alma, son necesarias para enfrentarse a un aparato judicial, lo que explica que slo meses e incluso aos despus se hable y denuncien los hechos. En este sentido, resulta factible y comprensible que el registro de estas violaciones en un determinado periodo, de cuenta de hechos ocurridos con anterioridad al periodo reportado. Por otro lado, la violencia sexual, como una violacin a los derechos humanos de las mujeres, le impone al Estado una obligacin reforzada basada en la debida diligencia que se debe seguir en las investigaciones y sanciones, para que sean, en particular, efectivas, disuasivas y reparadoras, pero sobre todo en escenario de dignificacin de las mujeres. Uno de los principios de esta debida diligencia es la oportunidad2, en la medida que la investigacin debe iniciarse de manera inmediata y ser llevada a cabo en un plazo razonable. Lo contrario constituye una violacin de las garantas judiciales3 y una re-victimizacin4, dejando entre tanto un palmario mensaje: denunciar no tiene ningn efecto reparador en la vida de las mujeres. As, el contexto de impunidad, que se ha constatado en materia de violencia sexual, da un clara idea de tolerancia a la violencia en

    1 Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 factores culturales tales como la vergenza, aislamiento y estigmatizacin sociales generados sobre una mujer por el hecho de haber sido vctima de violencia sexual, las llevan a ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el honor de la afectada o de sus parientes. 2 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Debida Diligencia en la Investigacin de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Argentina, 2010. 3 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, prr. 66. 4 La tarea de esclarecer las dimensiones y la sistematicidad de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano registra importantes dificultades. Esto ocurre por la pervivencia de aspectos sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer y la poblacin LGBTI, en especial la violencia sexual. La estigmatizacin y revictimizacin que ocurren tanto en mbitos sociales como institucionales han inhibido la denuncia y silenciado estos hechos. Grupo de Memoria Histrica. Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe General Grupo de Memoria Histrica. 2013.

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    el marco de una cultura discriminatoria que reproduce la violencia contra las mujeres, pero adems incide en que ao tras ao las mujeres dejen de denunciar los hechos de violencia y justifica que continuamente se visibilicen los hechos de violencia sobre los cuales el aparato de justicia no presenta avances contundentes.

    4. Infracciones al Derecho Internacional Humanitario-DIH

    Los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indgenas estn sujetos a violaciones de naturaleza permanente, sistemtica y generalizada, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. No cabe duda de que los pueblos indgenas en Colombia atraviesan por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas con antecedentes en la historia de los pueblos indgenas colombianos, que les ponen en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.

    Esta reconfiguracin e intensificacin del conflicto armado ha incrementado las infracciones al DIH, a travs de desplazamientos de comunidades, reclutamiento forzado de jvenes, uso de informantes de la poblacin civil, para estrategias militares de inteligencia del Ejrcito Nacional, la guerrilla o los paramilitares lo que afecta nuestras formas propias de gobernabilidad y autonoma en el control del territorio y jurisdiccin propia.

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    4.1. Desplazamiento Forzado

    A pesar de los cinco aos trascurridos hasta la fecha de la expedicin del auto 004 y la Sentencia T-025, donde se establecen condiciones claras para la proteccin de la poblacin indgena en situacin de desplazamiento, se han estableciendo rdenes especficas a las entidades del gobierno y estas en su inters de mostrar el cumplimiento han desplegado programas en pro de ayudar a la poblacin vctima de la violencia armada; lo que no ha trascendido en la proteccin y reparacin efectiva y no repeticin de los daos causados por las violaciones cometidas, lo que deja ver claramente que el accionar de las entidades estatales ha sido insuficiente y no garantizan la proteccin de los derechos de los pueblos vctimas del conflicto armado. Las vulneraciones a los derechos de los pueblos indgenas va cada da en aumento y las vctimas son cada vez mayores, notndose que los acompaamientos por parte del Estado a los procesos de retorno para la poblacin en situacin de desplazamiento han sido ineficientes.

    Los desplazados sufren una ruptura cultural, junto con malas condiciones de vida y violencia en los lugares de llegada. Adems de ser vctimas del desplazamiento forzado, se ven enfrentados a prejuicios, intolerancia y discriminacin, donde las medidas de atencin por parte del Estado, son transitorias, inadecuadas y carentes de un enfoque diferencial, lo que devela el incumplimiento en lo ordenando en el Decreto Ley 4633 de 2011, en cuanto a prevencin, proteccin, atencin y reparacin.

    El desplazamiento forzado ha afectado la integracin familiar, comunitaria y el proceso de reconstitucin tnica de nuestros pueblos indgenas en Colombia, lo que genera graves efectos sobre el territorio, entre esos la disminucin de la capacidad productiva, que amenaza la seguridad alimentaria de las comunidades indgenas, al perder contacto con los espacios crticos del territorio se debilita la identidad individual y colectiva, los procesos organizativos de los pueblos indgenas se ven afectados ya que muchas familias o comunidades prefieren marginarse por temor e inseguridad y a su vez aislarse para protegerse.

    En lo que va corrido de este ao se han cometido una serie de actos que violentan el buen vivir de los pueblo indgenas debido a las agresiones producidas por la incursin armada de grupos armados en los territorios, la coaccin y amenaza a lderes, lideresas y miembros de las comunidades indgenas, el asesinato selectivo, los enfrentamientos

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    armados y acciones blicas de la fuerza pblica, los grupos guerrilleros y paramilitares en nuestros territorios, adems del reclutamiento forzado de menores, sealamientos por grupos insurgentes y de la fuerza pblica, las masacres perpetradas en las comunidades, la siembra de Minas Anti Persona, han generados nuevos desplazamientos forzados.

    Siendo el pueblo ms afectado el Ember Dobida ubicado en el departamento del Choc en el Alto Baud con (2631) personas pertenecientes a (563) familias, seguido por los Ember Kato del Alto Andagueda con (118) personas, por otro lado en el departamento de Guaviare el pueblo Nukak con (37) personas, el pueblo Zen del departamento de Crdoba con (22) personas, el pueblo Siona del departamento del Putumayo con (10) personas y el pueblo Nasa con un (1) vctima que solicito medidas de proteccin ante la UNP y que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta, situacin preocupante al tratarse de una autoridad espiritual que ha velado en contra del reclutamiento forzado de menores de su comunidad y por lo cual se vio despojada de su territorio. De este hecho se da un total de (2819) vctimas.

    Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Informacin de la Consejera de los Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos

    Humanos, DIH y Paz

    Tabla IV. Desplazamiento forzado por pueblo Indgena.

    Pueblo Indgena Impacto del evento

    Ember Dobida 2631

    Ember Kato 118

    Nasa 1

    Nukak 37

    Zen 22

    Siona 10

    Total general 2819

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    EmberDobida

    EmberKato

    Nasa Nukak Siona Zen

    Desplazamiento Forzado

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    20

    050

    100150200250

    Aw EmberaEybida

    Wounaan

    Confinamiento

    Grfico II. Confinamiento por pueblo. Enero-septiembre 2014

    4.2. Confinamiento

    En los territorios indgenas se han presentado una fuerte presencia de grupos armados legales e ilegales, incrementndose los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza pblica, resultando afectados los miembros de las comunidades indgenas quienes son el centro de los combates y los bombardeos, para este perodo es de suma preocupacin el conflicto que se vive en el departamento del Choc. En este contexto, los grupos armados ilegales y la Fuerza Pblica ejercen un fuerte control sobre la poblacin civil restringiendo su movilidad. Los confinamientos son radicales y se impone el orden de los armados que ocupan vas principales de acceso a los territorios, generan como primera consecuencia graves situaciones de desabastecimiento alimentario y de salud, y sumen a los pueblos afectados en situaciones de total incomunicacin durante perodos prolongados de tiempo que pueden durar varios meses. En lo que va corrido del ao esta infraccin al derecho internacional humanitario se incrementa cada da, se han reportado hasta la fecha un total de (236) vctimas por esta violacin, siendo los ms afectados son el pueblo indgena Wonaan, ubicados en los departamentos de Choc y Valle del Cauca con (200) personas afectadas.

    El pueblo Ember Eybida, ubicados entre el departamento del Valle del Cauca y Choc tambin ha sido vctima de esta infraccin, con un reporte de (35) vctimas.

    Tabla IV. Perpetrador. Confinamiento

    Perpetrador Impacto del evento

    Desconocido 35

    Ejrcito Nacional 200

    FARC-EP/Ejercito Nacional

    1

    Total general 236

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    Fuente:(Enero-Septiembre de 2014) Sistema de Informacin de la Consejera de los Derechos de los Pueblos Indgenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

    4.3. Acciones Blicas

    Las acciones blicas producidas en los territorios como consecuencias de los frecuentes enfrentamientos entre la fuerza pblica y los grupos insurgentes han generado una serie de vctimas entre esas el ms afectado es el pueblo Nasa, ubicado en el departamento del Cauca con (800) personas afectadas por este hecho, este accionar tambin ha dejado al pueblo Inkal Aw del departamento de Nario con (16) vctimas.

    Aunque hay pueblos que han sido afectados por esta infraccin el nmero de sus vctimas no ha sido mayor entre esos el pueblo Uwa con (1) persona afectada y a su vez la Asociacin Indgena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera AZICAT, en Amazonas, reporto (1) vctima, para un total de (5) eventos.

    4.4. Reclutamiento Forzado

    El reclutamiento forzado de menores, jvenes y miembros de las comunidades por actores armados irregulares, genera gravsimas repercusiones tanto para su vida e integridad personal, como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. El involucramiento en el conflicto armado de miembros de las comunidades indgenas, tanto por parte de las guerrillas como de los paramilitares, en calidad de informantes, guas o traductores, bien sea a cambio de dinero, o mediante amenazas, generan sealamientos y estigmatizaciones.

    Por otra parte, la vida comunitaria de los diferentes pueblos indgenas ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en los resguardos. La fuerte presencia militar en los territorios indgenas no ha redundado en disminucin de la violencia, sino que por el contrario, se ha traducido en enfrentamientos militares dentro de sus territorio y por ende violaciones de sus derechos.

    Grupos paramilitares o de la fuerza Pblica, reclutan indgenas en sus filas y los usan para hacer operaciones de inteligencia en las comunidades, este hecho es de suma preocupacin pues en muchos de los casos esto desencadena represalias en contra de la

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    poblacin indgena general y por otra parte, estos informantes terminan siendo vctimas de ejecuciones extrajudiciales. La Fuerza Pblica, fuerzan a los indgenas para que se conviertan en sus informantes, aprovechando su situacin de empobrecimiento, este desprende conflictos internos en las comunidades por los niveles de riesgo que esto implica para el grueso de la poblacin indgena, exponindose as a ser vctimas de asesinatos, sealamientos, hostigamientos, persecuciones y amenazas.

    La organizacin Nacional Indgena de Colombia mira con gran preocupacin el accionar de la Fuerza pblica, grupos insurgentes y paramilitares, rechaza el hecho de que se use a la poblacin indgena como sus informantes o colaboradores y de igual modo que los nios y jvenes de nuestros pueblos indgenas sean reclutados para prestar el servicio militar.

    Se han presentado estas afectaciones contra el pueblo Aw del departamento de Nario (10) jvenes comuneros de este pueblo han sido reclutados por parte del Ejrcito Nacional, (1) vctima del pueblo Wayuu y (2) jvenes Muruy del departamento de la Amazonas por la guerrilla. Estas vctimas de reclutamiento forzado han sido usadas tanto como informantes del Ejrcito Nacional y forzadas a prestar servicio militar.