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INFORME DE
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
DE LA CONFLICTIVIDAD
EN BOLIVIA
Correspondiente al
mes de Agosto de 2010
Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos
de la Fundación UNIR Bolivia
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
2
Índice
Presentación p. 3
1. La conflictividad en Bolivia p. 4
2. Tipología de los conflictos p. 11
3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 13
4. Ámbitos de los conflictos p. 20
5. Medidas de presión y violencia p. 23
6. Salida de los conflictos p. 25
7. Conclusiones p. 27 Guía rápida p. 29
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
3
Presentación
El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de agosto de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.
La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Correspondiente al mes de Agosto de 2010
1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos en Bolivia, los cuales se presentan
en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN AGOSTO DE 2010
Nº ACTOR DEMANDANTE ACTOR DEMANDADO ASUNTO
1
Comité Cívico Potosinista
(COMCIPO) y otros actores de
Potosí
Gobierno central Pliego de demandas regionales
2 Pobladores de Coroma Gobierno central Solución a conflicto de límites
3 Pobladores de Llallagua Gobierno central Demanda de solución de conflicto
de Potosí y pliego petitorio
4 Sindicato mixto de trabajadores
mineros de Huanuni Gobierno central
Demanda de solución de conflicto
limítrofe entre Oruro y Potosí
5
Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Oruro
(FSUTCO)
Gobierno central Solución a conflicto limítrofe con
Potosí
6
Comité Cívico de Oruro y Comité
Interinstitucional de Defensa
Territorial del Departamento de
Oruro
Gobierno central Pliego petitorio regional
7 Pobladores de Uyuni (Potosí) Comité Cívico Potosinista
(COMCIPO)
Demanda de levantamiento de
medidas de presión a actores del
conflicto regional de Potosí
8 Confederación Nacional de
Gremiales de Bolivia Gobierno central
Rechazo a proyecto de ley de
modificación del Código
Tributario y la Ley General de
Aduanas
9 Confederación Sindical de Choferes
de Bolivia Gobierno central
Rechazo a proyecto de ley que
modifica el Código Tributario y la
Ley General de Aduanas
10 Federación Departamental de
Trabajadores de Educación Urbana Gobierno central Rechazo a nueva Ley de Pensiones
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
5
de Potosí
11
Central Obrera Departamental
(COD) de Oruro y Sindicato Mixto
de Trabajadores Mineros de
Huanuni
Gobierno central Rechazo a nueva Ley de Pensiones
12 Vecinos del Distrito 4 de la ciudad
de Oruro Gobierno central
Rechazo a la aprobación del
proyecto de Ley 780 que modifica
el Código Tributario y a la Ley
General de Aduanas
13 Comité de Vigilancia de Warnes Concejo Municipal de Warnes y
Movimiento al Socialismo
Rechazo a suspensión de Alcalde
electo Nyls Carmona
14
Federación Agraria Provincial de
Colonizadores de Caranavi
(FAPCCA)
Gobierno central, Ministerio
Público y Senador Fidel Surco
Rechazo a persecución judicial a
dirigentes y renuncia del senador
Fidel Surco
15 Militantes de la agrupación
ciudadana Insurgencia Martín Uchu
Movimiento al Socialismo y
Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba
Control de la Alcaldía de Punata
16
Federación Departamental Única de
Trabajadores Campesinos de La Paz
Túpac Katari
Gobierno central Demanda de reestructuración del
gabinete ministerial
17
Concejales del Movimiento Sin
Miedo (MSM) del Concejo Municipal
de Oruro
Concejales por el Movimiento
al Socialismo (MAS) del
Concejo Municipal de Oruro
Defensa de la Alcaldesa Rossío
Pimentel
18
Central de Organizaciones de
Pueblos Nativos de Guarayos
(COPNAG)
Gobernación de Santa Cruz Rechazo a designación de
subgobernador
19
Pobladores de Ayacucho, La Merced
y Punta Rieles (provincia Ichilo,
Santa Cruz)
Gobernación de Santa Cruz
Demanda de ejecución de la
segunda fase del proyecto
caminero Ayacucho-Punta Rieles
20 Unión de Transportistas de Vaca
Díez (Beni)
Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC)
Demanda de mantenimiento de
carreteras interprovinciales e
interdepartamentales
21 Comité Cívico de Camargo Empresa constructora OAS Demanda de mantenimiento de
carreteras
22 Asociación de Transporte Libre
(ATL) de Potosí Alcaldía de Potosí
Demanda de refacción de calles y
avenidas
23 Juntas Vecinales del Distrito 1 de
Santa Cruz Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de pavimentación de
calles y avenidas
24 Asociación del Transporte Libre
(ATL) del Beni ABC
Demanda de mantenimiento de
carreteras
25 Pacto Intersindical de Trabajadores
Municipal de Sucre Alcaldía de Sucre
Demanda de restitución de
personal despedido
26
Trabajadores de la ex Compañía de
Servicios Eléctricos de Trinidad
(COSERELEC)
Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE)
Demanda de pago de salarios
atrasados
27 Central Obrera Departamental
(COD) del Beni
Órganos ejecutivo y legislativo
del Gobierno Departamental
del Beni
Demanda de solución del conflicto
laboral del Servicio Departamental de
Caminos (SEDCAM)
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
6
28 Trabajadores del Seguro Universal
de Salud Autónomo (SUSA)
Subgobernación de la
provincia Vaca Díez (Beni)
Demanda de pago de salarios
retrasados
29
Federación de Trabajadores de la
Caja Nacional de Salud
(FENSEGURAL)
Gobierno central Incumplimiento de acuerdos
laborales
30 Federación de Trabajadores
Municipales de Bolivia
Gobiernos municipales de
ciudades capitales del país
Rechazo a despidos de
trabajadores
31 Trabajadores del Hospital
Municipal de Camiri (Santa Cruz) Alcaldía de Camiri
Demanda de pago de bono de
antigüedad
32
Trabajadores del Servicio
Departamental de Caminos
(SEDCAM) del Beni
Gobernación del Beni Rechazo a despido de
trabajadores
33 Trabajadores del Hospital Materno
Infantil Germán Urquidi Alcaldía de Cochabamba
Demanda de incremento salarial
de 5%
34
Federación Departamental Única de
de Trabajadores Eventuales del
Plan Nacional de Empleo de
Emergencia (PLANE) y
Trabajadores del Plan de Empleo
Urgente (PEU)
Gobierno Departamental de
Tarija
Demanda de proyecto de ley
departamental del Plan de Empleo
Urgente (PEU)
35 Sindicato Departamental de
Desocupados de Oruro Gobierno central Demanda de fuentes de trabajo
36 Sindicato Mixto de Trabajadores del
Municipio de Oruro Alcaldía de Oruro Incumplimiento de acuerdos
37
Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Técnica de Oruro
(SINTRAUTO)
Autoridades universitarias de
la UTO Demandas laborales
38 Jugadores de Real Mamoré Directivos de Real Mamoré Demanda de pago de salarios
adeudados
39 Jugadores de The Strongest Dirigencia de The Strongest Demanda de pago de sueldos
atrasados
40 Docentes de la Universidad
Autónoma del Beni (UAB) Autoridades de la UAB
Demanda de pago de salarios
retrasados
41
Egresados de la especialidad en
lengua aymara de la Normal de El
Alto
Ministerio de Educación Demanda de ítems
42 Vecinos de la calle Amboró (Santa
Cruz )
Comerciantes de La Ramada y
Alcaldía de Santa Cruz
Rechazo a asentamientos
comerciales
43 Comerciantes de la Terminal
Bimodal de Santa Cruz
Comerciantes afines al
dirigente Clemente Chambillo Ocupación de puestos comerciales
44 Vecinos del distrito de Pompeya
(Trinidad)
Comerciantes del distrito de
Pompeya
Demanda de reubicación de
comerciantes
45 Vecinos y comerciantes de la zona
de Miraflores (Oruro) Alcaldía de Oruro
Demanda de pronta conclusión del
Mercado de Abasto
46 Junta vecinal del barrio Urbarí
(Santa Cruz) Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de uso de terrenos
municipales
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
7
47 Vecinos del barrio Ambrosio
Villarroel (Santa Cruz)
Concejo Municipal de Santa
Cruz
Demanda de derogación de
ordenanza municipal que dispone
de terrenos aledaños al río Piraí
48 Campesinos de Santa Bárbara (La
Paz) Hacendado Jorge López Videla
Demanda de utilización de
terrenos para construcción de
cancha
49 Concesionarios dragueros de oro de
la cuenca del río Piraí
Gobernación de Santa Cruz y
Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de protección de cuenca
del río Piraí y reglamentación de
actividades mineras
50
Central Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de las
provincias Velasco y Ñuflo de
Chávez
Gobernación de Santa Cruz
Demanda de construcción de un
puente entre las comunidades de
Santa Rosa de Roca, Piso Firme,
Bajo Paraguá y el Parque Nacional
Noel Kempff
51 Sindicato de Trabajadores del
Hospital Japonés Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de materiales y personal
para cubrir demanda de salud
52 Internos del penal de San Antonio
(Cochabamba)
Dirección del Régimen
Penitenciario
Demanda de pago de prediarios
adeudados
53 Transportistas de la línea W
(Quillacollo) Policía Nacional
Rechazo a detención del asesor
legal del sindicato
54
Estudiantes pensionados de la
Universidad Mayor de San Simón
(UMSS) de Cochabamba
Dirección Universitaria de
Bienestar Estudiantil (DUBE)
de la UMSS
Rechazo a irregularidades en la
gestión administrativa del
comedor estudiantil
55 Asociación de Matarifes de
Quillacollo Alcaldía de Quillacollo
Demanda de construcción de
nuevo matadero municipal
56 Vecinos de Pampa San Miguel
(Cochabamba)
Universidad Mayor de San
Simón
Demanda de regularización de
títulos de propiedad
57 Propietarios de terrenos del barrio
Ushpa Ushpa (Cochabamba)
Asentados en terrenos del
barrio Ushpa Ushpa
Demanda de desocupación de
terrenos ocupados con
asentamientos ilegales
58 Federación Especial de Transporte
Libre de Cochabamba
Concejo Municipal de
Cochabamba y Transporte
Federado de Cochabamba
Demanda de cumplimiento de
ordenanza municipal que permite
la circulación de transporte
público no sindicalizado
59 Mancomunidad de Municipios del
Chaco Chuquisaqueño (MMCH)
Gobierno central y
Gobernación de Chuquisaca
Demanda de atención a sequía en
la región
60 Federación de Estudiantes de
Secundaria (FES) de Sucre Gobernación de Chuquisaca
Demanda de mejores condiciones
para estudiantes
61 Confederación Sindical de Choferes
de Bolivia Gobierno central
Rechazo a reglamento de licencias
de tránsito para mayores de 60
años
62 Directores del Complejo
Hospitalario Viedma Alcaldía de Cochabamba
Demanda de dotación de mayores
recursos económicos
63 Importadores de vehículos de todo
el país Gobierno central
Demanda de devolución de
vehículos incautados
64
Federación Sindical de
Trabajadores en Salud Pública del
Beni
Ministerio de Salud Demanda de ítems para la región
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
8
65 Cooperativa de Comercializadores
de Carne Tauro Alcaldía de Tarija
Rechazo al aumento del precio del
faenado y demanda de renuncia
del Gerente del Matadero
Municipal
66 Movimiento por la Dignidad y la
Vivienda Alcaldía de Trinidad
Rechazo a expropiación de
terrenos baldíos
67
Subcentral del Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) y Central de Pueblos
Indígenas del Beni (CPIB)
Gobierno central
Rechazo a construcción de
carretera Villa Tunari - San
Ignacio de Moxos
68 Universidad Técnica de Oruro
(UTO) Gobierno central
Demanda de incremento
presupuestario
69 Sindicato de Trabajadores de la
Prensa de Oruro Gobernación de Oruro
Rechazo de avasallamientos a sus
terrenos
70 Empresa Minera Comunitaria Inca
Sayaña (EMCOISA) Gobernación de Oruro
Demanda de militarización del
distrito minero La Joya
71
Federación Departamental de
Juntas Vecinales (FEDJUVE) de
Oruro
Alcaldía de Oruro Rechazo a incremento de precio
del pan
72 Universidades públicas del país Ministerio de Economía y
Finanzas
Demanda de incremento
presupuestario
73 Federación de Padres de Familia
(FEDEPAF) Sur de El Alto
Dirección Distrital de
Educación de El Alto
Demanda de destitución de la
directora del colegio Andrés Bello
74 Federación de Juntas Vecinales
(FEJUVE) de El Alto Gobierno central
Rechazo a exclusión de las OTB de
la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (LMAD)
75 Federación de Artesanos
Trabajadores en Madera (FATMA) Gobierno central Rechazo a escasez de madera
76 Universidad Pública de El Alto
(UPEA) Gobierno central
Demanda de entrega de nuevo
edificio
77 Activistas de derechos humanos Gobierno central
Demanda de colaboración para
encontrar los restos de los
desaparecidos durante las
dictaduras
78 Dirigentes del Distrito 1 de El Alto
Presidencia de la Federación
de Juntas Vecinales (FEJUVE)
de El Alto
Pugnas por cargos dirigenciales
79
Federación Regional de
Comunidades Campesinas
(FERCOCA) de Palos Blancos
Gobierno central Rechazo a erradicación de coca
80
Estudiantes de secundaria del
colegio Andrés Bello Aeropuerto (El
Alto)
Junta escolar Demanda de renovación de
dirigentes de juntas
81 Federación de Padres de Familia
(FEDEPAF) de El Alto Alcaldía de El Alto Pliego petitorio
82 Padres de niños con discapacidad
de El Alto Gobernación de La Paz Demanda de ítems
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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83 Choferes de transporte público
mayores de 60 años de La Paz
Organismo Operativo de
Tránsito
Rechazo a reglamento de licencias
de tránsito para mayores de 60
años
84
Trabajadores de avance de obras de
la ciudad de Oruro y Federación
Departamental de Juntas Vecinales
(FEDJUVE) de Oruro
Concejo Municipal de Oruro Demanda de pronta aprobación
del POA reformulado
85 Vecinos de la urbanización Sajama
de la ciudad de Oruro Alcaldía de Oruro
Demanda de firma de resolución
judicial para la demolición de
construcciones clandestinas en la
urbanización Sajama
86
Afiliados a la Coordinadora
Departamental de Juntas Vecinales
Periurbanas de Oruro
(CODEJUVEPURO)
Alcaldía de Oruro
Demanda de aceleramiento de
Auditoria Técnica a los lotes de
terreno de diferentes
urbanizaciones
87
Suyus Jach´a Carangas, Jatun
Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru
Chipaya (Oruro)
Asamblea Legislativa
Departamental de Oruro
Demanda de proyectos de
desarrollo y cuotas de poder
88
Afiliados a la Asociación de
Comerciantes Minoristas de la
Súper Feria (Oruro)
Gobierno central Pliego petitorio sectorial
89 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
(Yacuiba) Gobierno central
Rechazo a pruebas sísmicas para
encontrar petróleo en el
Aguaragüe
90
Docentes y estudiantes de la
Universidad Autónoma del Beni
(UAB)
Gobierno central Demanda de respeto a
institucionalidad
91 Personal del Hospital Materno
Infantil de Trinidad Alcaldía de Trinidad
Demanda de designación de nuevo
administrador
91 TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
La cantidad de conflictos en agosto se mantuvo elevada y prácticamente invariable con respecto
al mes de julio. La gravedad de la conflictividad en el mes no sólo se evidencia por el alto número
de conflictos, sino también por los niveles de violencia que continuaron siendo elevados e
incluso, en algunas situaciones, se incrementaron.
Como se indicó en anteriores informes, parte de esta tendencia de alta conflictividad se explica
desde los procesos de transformación del sistema político, la formulación de leyes para la
implementación de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, y la operativización de
las autonomías, entre otros. Estos procesos han generado cierto malestar, en parte a raíz de las
altas expectativas que diversos sectores sociales tienen en torno a ellos, ya que consideran que
pueden resolver los problemas estructurales que aquejan al país y, en parte, debido a la forma
en que el partido de gobierno está desarrollando estos procesos.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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Existe otro elemento que ha coadyuvado al incremento de la conflictividad y que, de hecho, ha
sido un factor importante y evidente en el alto grado de confrontación que caracterizó al
conflicto de Potosí, el más importante del mes. Este elemento es el clima de confrontación
política, que una vez debilitada la oposición, se expresa al interior del bloque gobernante y
genera fuertes fricciones entre las tendencias centralistas y las aspiraciones de las regiones.
Evidentemente las elevadas cifras registradas se deben también a la presencia de problemas
recurrentes. La demanda de prestación de servicios públicos, la situación precaria de los
trabajadores y la pobreza de grandes sectores de la población son determinantes estructurales
de la conflictividad que, durante el mes de agosto, han estado marcadamente presentes.
A continuación se presenta un resumen de los casos de conflicto más importantes del mes:
- El principal caso de conflicto en agosto fue el del departamento de Potosí, que ya se había
iniciado en los meses anteriores. El paro departamental generalizado, los bloqueos de
carreteras interdepartamentales y la huelga de hambre de miles de ciudadanos en Potosí
y en otras regiones del país, agravaron en gran medida el conflicto que el Comité Cívico
Potosinista (COMCIPO) encabezaba desde hacía un tiempo. El conflicto giró en torno a las
siguientes demandas: puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa;
freno al deterioro del Cerro Rico; instalación de una fábrica de cemento en la localidad de
Coroma, próxima al cerro Pahua donde existen yacimientos de piedra caliza;
consolidación de la explotación e industrialización del litio del salar de Uyuni; conclusión
de los trabajos de la carretera del sur; construcción de un aeropuerto internacional;
solución al conflicto de límites interdepartamentales con Oruro; transferencia de
acciones de las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí, y solución al conflicto
con Chile en torno a las aguas del Silala. En el proceso de negociación entre las partes
estas demandas se concentraron en seis. La cohesión que lograron los pobladores del
departamento, sin que se presenten mayores fisuras entre áreas urbanas y rurales, fue
determinante en la efectividad y contundencia de las medidas de presión, las cuales
fueron progresivas y sostenidas. Es necesario destacar el hecho de que, durante el
conflicto, algunos líderes priorizaron su identidad regional por sobre su filiación político-
partidaria, fortaleciendo con ello las demandas potosinas. Pese a que, finalmente, se
arribó a acuerdos con el Gobierno central, el conflicto no fue del todo resuelto, ya que
algunas de las demandas no pudieron ser atendidas, incluyendo la resolución del
problema de límites con el departamento de Oruro, quedando aplazadas para futuras
negociaciones.
- El proyecto de modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario, que
impulsan las autoridades nacionales, sigue siendo un trascendental foco de malestar
social en sectores económicos dependientes del comercio. Aunque las medidas de
presión no adquirieron mayor contundencia pese a anuncios de cierre de mercados y de
fronteras, algunas derivaron en enfrentamientos con efectivos del orden e incluso se
presumió la culpabilidad de los manifestantes en el incendio de las oficinas de la Aduana
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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Nacional en Oruro. Las movilizaciones se desarrollaron a nivel nacional, con una mayor
concentración en la zona occidental del país, donde también se manifestaron sectores
ajenos a los gremiales. Cabe mencionar que el sector gremial no es un cuerpo
cohesionado; algunos de sus miembros, como los de la Confederación Única de
Trabajadores por Cuenta Propia y los gremialistas de Santa Cruz, adoptaron posiciones
más bien conciliadoras, aceptando las nuevas leyes a cambio de continuar en el régimen
simplificado y de contar con el tiempo suficiente para regularizar la tenencia de su
mercadería en el marco de las nuevas exigencias.
2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
En el mes de agosto los conflictos por medidas económicas/situación económica de las personas,
por temas laborales/salariales y de gestión administrativa ocuparon los primeros lugares con el
mismo porcentaje (16%). También se distinguieron los conflictos por prestación de servicios
públicos (11%) y por leyes/medidas legales (9%).
A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su
importancia:
CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
TIPO DE CONFLICTO Nº %
Medidas económicas/situación económica 23 15,86%
Laboral/salarial 23 15,86%
Gestión administrativa 23 15,86%
Prestación de servicios públicos 16 11,03%
Leyes/medidas legales 13 8,97%
Ideológico-político 10 6,90%
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 9 6,21%
Tierra 6 4,14%
Gestión del espacio urbano 6 4,14%
Recursos naturales y medio ambiente 6 4,14%
Límites político-administrativos 5 3,45%
Incumplimiento de convenios 2 1,38%
Derechos humanos 2 1,38%
Valores/ creencias/identidad 1 0,69%
TOTAL 1451 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
1 Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios casos están vinculados con más de una
categoría de tipo de conflicto.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
Las principales problemáticas que generaron conflictos en los pasados meses tuvieron
continuidad en el mes de agosto. Esto hizo que, con mínimas diferencias, se presenten los
mismos tipos de conflictos en un similar orden de distribución.
La conflictividad relacionada con temas económicos concentró un tercio de los casos. Dos fueron
las principales cuestiones que les dieron origen: la gestión y utilización de recursos naturales y
la modificación del Código Tributario y de la Ley General de Aduanas. Por otro lado, hubo casos
por atención a zonas que sufrieron desastres naturales, pedidos de incremento presupuestario
por parte de entidades universitarias y conflictos relacionados con la problemática de
asentamientos comerciales. Todas las controversias se dirigieron hacia algún nivel del Estado,
especialmente al Gobierno central.
Los conflictos laborales fueron ocasionados por demandas de creación de fuentes de trabajo o
defensa de éstas ante eventuales despidos masivos. Varios de los casos –como el de los
trabajadores municipales de ciudades capitales, el de los trabajadores del Servicio
Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni y el de los beneficiarios del Plan Nacional de
Empleo de Emergencia (PLANE) en Tarija– se originaron por la dilación en la atención de
demandas interpuestas desde el mes de junio e incluso mayo. Los actores demandantes lograron
obtener apoyo de otras organizaciones sociales, las cuales desplegaron medidas de fuerza, ya sea
por similares reivindicaciones o exigiendo la pronta solución del conflicto inicial. La
perseverancia de los actores involucrados en movilizaciones continuas y de alto coste personal,
como lo fueron las marchas y las huelgas de hambre, da cuenta de la difícil situación laboral del
país que determina que buscar una fuente de trabajo alternativa no sea parte de sus opciones.
Por otro lado, se registraron varios conflictos exigiendo el pago de salarios o bonos adeudados,
sobre todo por parte de funcionarios públicos; en el sector privado prácticamente no hubo
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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controversias de esta índole, aunque por segundo mes consecutivo se registraron conflictos
internos por temas salariales en dos clubes de fútbol profesional.
Destacaron también los conflictos por prestación de servicios públicos, siendo un común
denominador en estos las demandas de mantenimiento y mejoramiento de calles, avenidas y
carreteras, con mayor énfasis en las regiones oriental y sur del país.
La persistencia de conflictos por temas legislativos obedece al proceso de diseño del nuevo
sistema jurídico del país; en agosto se cuestionaron, ya sea de manera parcial o total, el proyecto
modificatorio de la Ley General de Aduanas, el proyecto de Código Laboral, el proyecto de Ley de
Pensiones y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Finalmente, se distinguieron tres nuevos casos de judicialización de la política: uno en Warnes,
otro en Punata y el tercero en la ciudad de Oruro; los mismos muestran que las pugnas políticas
entre el partido de gobierno y los partidos opositores continúan y se están convirtiendo en un
foco frecuente de conflictos.
3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS
3.1. Sectores y actores demandantes
El principal sector demandante fue, como es ya habitual, el vecinal/comunal, que concentró el
19% de los conflictos. El sector educación, cuyo perfil había bajado durante los dos últimos
meses, en agosto volvió a protagonizar una cantidad relevante de controversias, situándose en el
segundo lugar de la lista (15%). En tercer lugar aparecen organizaciones y grupos de la sociedad
civil que aglutinan el 12% de la conflictividad del mes.
CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES
SECTOR DEMANDANTE Nº %
Vecinal/comunal 20 19,42%
Educación 15 14,56%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 12 11,65%
Transporte 8 7,77%
Salud 8 7,77%
Agropecuario/Campesino 7 6,80%
Minero 5 4,85%
Gremial 5 4,85%
Indígena 4 3,88%
Cívico 3 2,91%
Entidad del ejecutivo municipal 3 2,91%
Otro 2 1,94%
Carcelario 2 1,94%
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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Entidad del ejecutivo departamental 2 1,94%
Empresarial 2 1,94%
Entidad del legislativo municipal 1 0,97%
Entidad del gobierno central 1 0,97%
Entidad del legislativo departamental 1 0,97%
Entidad del legislativo nacional 1 0,97%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 1 0,97%
TOTAL 1032 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
Durante el mes de agosto, los habitantes de áreas urbanas y rurales del país se movilizaron
fundamentalmente en torno a dos grandes temáticas: la gestión del espacio urbano y la demanda
2 Ver nota anterior para éste y otros casos similares.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
15
de atención al conflicto del departamento de Potosí. Aunque en menor medida, la prestación de
servicios públicos fue también un asunto que produjo controversias en el sector.
En cuanto al primer tema, la mayor cantidad de los conflictos se generó en torno a la
problemática de ocupación de terrenos para la construcción de viviendas. Algunos conflictos se
suscitaron por la demanda de desalojo de ocupantes presuntamente ilegales (vecinos del barrio
Ushpa Ushpa de la ciudad de Cochabamba, vecinos de la urbanización Sajama de la ciudad de
Oruro, vecinos del barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz), mientras que otros casos se
produjeron por el pedido de regularización de terrenos con problemas de derecho propietario
(vecinos de Pampa San Miguel en Cochabamba, miembros de la Coordinadora Departamental de
Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro y también vecinos del barrio Ambrosio Villarroel). Como
se puede observar, en el mes de agosto los escenarios privilegiados de estos conflictos fueron las
ciudades de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, pero sin duda es una problemática que atinge a
todas las grandes ciudades del país. Los procesos de reforma y las políticas de tierra en Bolivia
se han concentrado fundamentalmente en áreas rurales, mientras que la problemática de la
tierra urbana, que adquiere cada vez mayor importancia, ha ocupado un rol marginal en la
agenda pública. La escasa legislación existente sobre este tema y la falta de mecanismos
efectivos para velar por su cumplimiento, además de la apertura de un gran mercado informal
de la tierra urbana3, fomentan el asentamiento de grupos humanos en zonas de riesgo (caso del
barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz) y/o bajo condiciones irregulares, provocando
diversidad de problemas que, como se hizo evidente en el mes de agosto, pueden canalizarse
hacia el conflicto.
Otra problemática ligada a la gestión del espacio urbano que movilizó al sector vecinal en agosto,
fue la relativa a los asentamientos comerciales; nuevamente se hicieron evidentes las tensiones
entre vecinos, gremiales y gobiernos locales por este motivo. En términos generales, y como
sucede regularmente, los vecinos demandaron la reubicación de comerciantes asentados en las
vías públicas, alegando problemas de transitabilidad, salubridad y seguridad ciudadana. Los
conflictos se produjeron por la negativa de los gremialistas a trasladarse, debido a motivos
fundamentalmente económicos y culturales; algunos de estos casos derivaron en
enfrentamientos.
Entre los factores fundamentales que explican la recurrencia de conflictos vinculados a la tierra
urbana y a los asentamientos comerciales en varias ciudades del país, se encuentran los
acelerados procesos de migración campo-ciudad y el consecuente crecimiento demográfico de
las urbes, la pobreza estructural del país, el déficit estructural de gestión pública local, así como
cuestiones de carácter cultural.
Por otro lado, el sector vecinal/comunal no fue ajeno a los temas que marcaron la conflictividad
coyuntural de los últimos meses, como la implementación de la nueva Constitución Política del
Estado y la controversia del departamento de Potosí. En lo que se refiere al primero, tanto juntas
vecinales como vecinos organizados circunstancialmente cuestionaron algunos aspectos de la
3 www.renaseh-bolivia.org.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
16
Ley Marco de Autonomías y Descentralización y del proyecto modificatorio de la Ley General de
Aduanas y del Código Tributario. En relación al segundo tema, pobladores de diferentes
localidades del departamento de Potosí (ciudad de Potosí, Uyuni, Llallagua) fueron manifestando
progresivamente su apoyo a las reivindicaciones regionales y exigiendo una pronta solución al
conflicto al verse perjudicados por las múltiples medidas de presión adoptadas. Es necesario
destacar que algunos actores vecinales, a tiempo de pronunciarse sobre el conflicto regional,
hicieron propicia la oportunidad para plantear sus propias demandas al Gobierno central. Esto
pone una vez más en realce que cuanto mayor es la duración de un conflicto, mayores son las
probabilidades de que se complejice a través de la incorporación de nuevos actores y demandas.
El sector vecinal protagonizó solamente dos conflictos por la prestación de servicios públicos; en
ambos casos los movilizados señalaron que se trata de compromisos asumidos hace tiempo, lo
que evidencia que el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos da lugar a una
mayor conflictividad.
Por su parte, los actores de la educación volvieron a cobrar protagonismo en el mes de agosto,
luego de que en informes anteriores se destacara la reducción de los conflictos impulsados por el
sector. El pilar de las controversias de agosto fue de carácter administrativo financiero; algunas
derivaron en conflictos laborales, que constituyeron la mitad de los conflictos protagonizados
por el sector educación. Actores centrales fueron las universidades públicas, que se encuentran
nuevamente en tensión con el Gobierno central por el tema presupuestario. Varios centros
educativos reclamaron a las autoridades mejores condiciones para desempeñar sus funciones,
como la oportuna y suficiente provisión de materiales escolares y de escritorio. Algunos de estos
casos dieron lugar a controversias laborales puesto que por problemas financieros hubo
retrasos en el pago de salarios. El sector también se vio envuelto en conflictos por pugnas
dirigenciales (fundamentalmente en El Alto), además de otros vinculados con la clásica demanda
de ítems. Finalmente, es pertinente mencionar que el sector educativo de Potosí también se
plegó al conflicto departamental.
En cuanto a los conflictos del sector salud, el total de los casos fue protagonizado por
trabajadores dependientes del Estado, quienes plantearon demandas laborales (ítems, pago de
sueldos atrasados, incrementos salariales y pago de bonos), y de tipo administrativo (dotación
de material, contratación de nuevo gerente administrativo). Tres de los ocho conflictos
provienen del mes anterior: uno de estos resurgió por incumplimiento de convenio
(FENSEGURAL), otro se resolvió durante el mes de agosto (Trabajadores del Seguro Universal de
Salud Autónomo de la Provincia Vaca Díez) y el tercero continúa vigente (Federación Sindical de
Trabajadores en Salud Pública del Beni).
El sector transporte se movilizó sobre todo en rechazo a las normas que pretendían regular su
actividad (proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario;
reglamento de licencias de tránsito), y en demanda de construcción y pavimentación de calles y
carreteras para desempeñar mejor su labor. Seis de los ocho conflictos tuvieron que ver
directamente con alguno de estos dos temas.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
17
Por segundo mes consecutivo el sector campesino protagonizó siete conflictos, cantidad
relevante tomando en cuenta el bajo perfil que tuvo en la conflictividad del primer semestre del
año. En agosto, las controversias estuvieron principalmente relacionadas con temas económicos
y políticos. Entre los primeros se encuentran la demanda de solución al conflicto de Potosí por
sus efectos económicos sobre el sector, la construcción de un puente para facilitar el traslado de
sus productos y el rechazo a la erradicación de coca; entre los segundos destacan la demanda de
reestructuración del gabinete ministerial y las pugnas en el seno de la organización de
colonizadores de Caranavi, vinculadas con un alto dirigente/legislador del Movimiento al
Socialismo.
Igualmente es pertinente referirse al sector indígena, que en agosto continuó expresando
demandas ligadas a temas políticos, culturales y territoriales en el contexto de la
implementación de la nueva Constitución Política del Estado en general, y de las autonomías en
particular. Así, los pueblos del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
se manifestaron nuevamente en rechazo a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos -
Villa Tunari; los suyus del Jach´a Carangas, Jatun Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru Chipaya
demandaron su incorporación efectiva en la toma de decisiones del departamento de Oruro; la
Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos consideró ilegítima la designación de
un subgobernador y demandó su reemplazo; y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba
se opuso a la realización de pruebas de exploración hidrocarburífera en su territorio. Varios de
estos casos están vinculados al derecho a consulta establecido en la CPE (artículos 11, 30, 304 y
403) y en convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que establece, entre otros puntos, que los pueblos indígenas tienen derecho a ser
consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. En la medida en
que la legislación derivada de tales preceptos constitucionales pueda reflejar y aplicar
debidamente lo que estos establecen, los conflictos como los antes mencionados podrán ser
evitados o adecuadamente gestionados.
Es necesario señalar que aproximadamente 10% de los actores demandantes pertenecen a
entidades del ejecutivo y legislativo de los tres niveles estatales, lo que no es frecuente. En la
mayoría de los casos se trata de funcionarios públicos que expresaron demandas laborales. De
esta manera el Estado, además de hacer frente a conflictos que provienen de la sociedad civil,
también debe lidiar con controversias internas.
Finalmente, se debe mencionar que en agosto no se tuvieron registros de conflictos vinculados a
la problemática de género, ni de participación de mujeres en las controversias del mes.
3.2. Sectores y actores demandados
Durante el mes de agosto las demandas dirigidas hacia algún nivel u órgano del Estado
sobrepasaron el 80% del total. Las entidades del Gobierno central concentraron
aproximadamente el 35% de los conflictos, seguidas por las entidades de los ejecutivos
municipales (23%) y las entidades de los ejecutivos departamentales (15%).
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS
SECTOR DEMANDADO Nº %
Entidad del gobierno central 35 34,65%
Entidad del ejecutivo municipal 23 22,77%
Entidad del ejecutivo departamental 15 14,85%
Educación 5 4,95%
Entidad del legislativo municipal 4 3,96%
Gremial 3 2,97%
Vecinal/comunal 2 1,98%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 2 1,98%
Policía 2 1,98%
Personas individuales 2 1,98%
Empresarial 2 1,98%
Cívico 1 0,99%
Otro 1 0,99%
Transporte 1 0,99%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 1 0,99%
Órgano Electoral Departamental 1 0,99%
Entidad del legislativo departamental 1 0,99%
TOTAL 101 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
19
La cantidad de interpelaciones hacia el Gobierno central se mantuvo en un nivel muy similar al
registrado en el mes de julio. Como ocurre generalmente, las entidades del Poder Ejecutivo
central fueron demandadas por una pluralidad de sectores provenientes de todo el país, los que
plantearon una diversidad de pedidos. Sin embargo, los temas preponderantes por los que fue
interpelado el Gobierno central son los vinculados a la implementación de la nueva Constitución
Política del Estado. La controversia de Potosí fue también importante; diversos sectores –
vecinal/comunal, campesino, minero, cívico, entre otros– exigieron una solución al conflicto
regional. De igual manera, el Ejecutivo central tuvo que atender pliegos petitorios de varios
sectores; así, no sólo tuvo que dar respuesta a múltiples demandas en términos de cantidad, sino
que también se enfrentó con controversias que involucran intereses contrapuestos de distintos
sectores.
Las entidades municipales también se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el
mes de julio. Si se suman las demandas dirigidas hacia los ejecutivos y las orientadas a los
legislativos municipales se tiene que aproximadamente 27% de los conflictos fueron canalizados
hacia el nivel local de gobierno. Las entidades municipales más demandadas fueron las del
departamento de Santa Cruz (ocho casos, seis de los cuales se presentaron en la ciudad capital),
Cochabamba (cuatro casos, tres en la capital) y Oruro (tres casos en la capital). El Gobierno
Municipal de El Alto, al que usualmente se dirige una importante cantidad de demandas, en
agosto fue objeto de apenas una demanda. La prestación de servicios públicos, la problemática
de acceso a terrenos para vivienda (que ya fue abordada anteriormente) y los temas salariales
fueron los asuntos planteados con más frecuencia a las instituciones estatales locales.
Durante los últimos meses los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental han ido en sutil
pero constante aumento, alcanzando en agosto su máximo número en lo que va del año. Entre
las temáticas destacadas se puede mencionar la laboral, que presenta algunos casos iniciados en
el mes de julio, y la prestación de servicios públicos. Es notable que este tema, usualmente
concentrado en los niveles local y nacional, destaque entre las interpelaciones dirigidas hacia el
nivel intermedio.
Como ya se observó durante el mes de julio, la tendencia de cambio en los referentes de
interpelación parece estar acentuándose, reflejada en la progresiva reducción de la brecha
existente en cuanto a la cantidad de demandas que recibe cada uno de los niveles estatales. Esto
coincide con el proceso de implementación de las autonomías, que muy probablemente tenderá
a reforzar este fenómeno, como se ha mencionado en repetidas ocasiones.
Otra constatación global en referencia a los demandados es que, en algunos casos, determinados
sectores expresan pedidos a más de un nivel estatal simultáneamente. Un ejemplo de ello es el
conflicto de Potosí, en el que diferentes sectores pidieron atender sus demandas a las alcaldías, a
la Gobernación y al Gobierno central, aunque, sin duda, éste fue el destinatario principal de los
reclamos. Otro ejemplo es el de los concesionarios dragueros del río Piraí en Santa Cruz de la
Sierra, quienes plantearon sus demandas a la Alcaldía de la ciudad y a la Gobernación. Este
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
20
fenómeno puede significar que los sectores demandantes están solicitando la coordinación entre
los distintos niveles estatales para la atención efectiva y eficiente de sus reivindicaciones.
Finalmente, en lo que respecta a los conflictos que confrontaron a sectores de la sociedad civil
entre sí, en este mes se cuenta con aproximadamente una docena de casos.
4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS
4.1. Ámbito geográfico de los conflictos
En agosto, al igual que en el mes de junio, el departamento de Oruro concentró la mayor
cantidad de conflictos del país (21%); La Paz, que usualmente aglutina la mayoría de las
controversias con amplia diferencia respecto de los demás, esta vez se ubicó en el segundo lugar
de la lista (18%). El Beni por segundo mes consecutivo ocupó el tercer lugar (15%), seguido por
Santa Cruz (13%) y Cochabamba (11%).
CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO Nº %
Oruro 19 20,88%
La Paz 16 17,58%
Beni 14 15,38%
Santa Cruz 12 13,19%
Cochabamba 10 10,99%
Todo el país 7 7,69%
Potosí 6 6,59%
Chuquisaca 4 4,40%
Tarija 3 3,30%
TOTAL 91 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
21
Agosto es el tercer mes que presenta cambios en la tradicional distribución geográfica de la
conflictividad. Hasta junio del presente año, tomando en consideración incluso los años 2008 y
2009, eran los departamentos del eje, encabezados por La Paz, los que concentraban la mayoría
de los conflictos. Por su parte, Potosí se había posicionado en el cuarto lugar. En agosto no sólo
La Paz dejó de concentrar la mayoría de los conflictos, sino que se constató un incremento
sustancial de las controversias en los departamentos de Oruro y Beni, que en los meses
anteriores tenían índices reducidos de conflictividad.
A continuación se brinda un panorama de los conflictos por departamento para intentar
identificar algunos elementos que puedan explicar estas modificaciones.
La mayoría de los conflictos del departamento de Oruro se generó en la ciudad capital y tuvo un
carácter fundamentalmente económico, tendencia que se mantiene desde junio. Entre las
principales movilizaciones destacan las planteadas en rechazo a la Ley General de Aduanas y al
Código Tributario (lo que se explica por la condición comercial de la ciudad) y por
reivindicaciones laborales. Se trata de conflictos que, en su mayoría, provienen de meses
anteriores, y cuya atención por las autoridades ha sido tardía, ineficaz o inexistente. De manera
adicional, se produjeron varios conflictos (un cuarto del total) protagonizadas por vecinos y
relacionados con la gestión del espacio urbano; la ciudad de Oruro se ha convertido en un centro
receptor de migrantes de áreas rurales, lo que explica el surgimiento de conflictos relacionados
con la posesión de terrenos para viviendas. Finalmente, es importante destacar que también se
generaron controversias vinculadas al problema limítrofe con Potosí. En términos generales se
puede decir que el aumento de la conflictividad en el departamento tiene que ver, en gran
medida, con un incremento de la conflictividad en la ciudad de Oruro, el que se ha visto
alimentado por el anuncio de políticas gubernamentales que afectarán a la urbe y por la falta de
atención a conflictos originados meses atrás.
El departamento de La Paz registró menos conflictos en comparación con el mes pasado. En
agosto, más de la mitad (nueve) de las controversias se produjo en la ciudad de El Alto y cuatro
involucran a áreas rurales del departamento. Como es habitual dada su importancia en el mapa
político del país, la ciudad de La Paz fue uno de los núcleos de las grandes controversias
nacionales. En lo que respecta a los casos de El Alto, cabe reiterar que el Gobierno Municipal de
esa ciudad, que usualmente era uno de los más demandados, en agosto sólo fue cuestionado en
un conflicto. Así, la mayoría de las controversias, que son de carácter económico, fueron
dirigidas hacia el Gobierno central. De igual manera, se observa la existencia de conflictos por
pugnas dirigenciales internas en organizaciones de base. El importante rol político que han
adquirido algunas organizaciones sociales de El Alto, como la Federación de Juntas Vecinales o la
Federación de Padres de Familia, por ejemplo, hace que la lucha interna entre líderes que buscan
acceder a cargos dirigenciales sea frecuente, derivando incluso en violencia.
En lo que respecta al departamento del Beni, ocho de los trece conflictos registrados provienen
de meses anteriores, y tienen como actor demandado al Gobierno central (cuatro casos), al nivel
departamental (tres casos) y al nivel local (un caso). De esta manera es posible inferir que, en
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
22
gran medida, el Beni se mantiene desde julio con un nivel significativo de conflictos por falta de
atención oportuna por parte de las autoridades de los tres niveles estatales. Tres de los
conflictos nuevos tienen que ver con demandas salariales; sumando estos casos a los anteriores,
se puede decir que el pilar de la conflictividad del Beni en agosto fue laboral-salarial.
Por otra parte, todos los conflictos suscitados en el departamento de Santa Cruz estuvieron
dirigidos hacia gobiernos locales o hacia la Gobernación; no se registraron casos que
interpelaran al Gobierno central, lo que distiende, al menos provisionalmente, las relaciones
entre la región y el Poder Ejecutivo. El actor más interpelado de agosto fue el Gobierno
Municipal de Santa Cruz, que tuvo que lidiar mayormente con conflictos relacionados con la
planificación y manejo del espacio urbano (pugnas entre vecinos y gremiales por asentamientos
comerciales, luchas por terrenos para asentamientos humanos). Así, Santa Cruz junto a Oruro
fueron los más afectados por esta problemática que se hizo fuertemente presente en agosto. Es
pertinente destacar también que el departamento continúa siendo escenario de conflictos
políticos post electorales, los que se fueron reduciendo considerablemente en el resto del país.
El caso de Potosí es digno de ser destacado, puesto que fue en agosto cuando el departamento
alcanzó su índice más elevado de conflictividad de todo el año. Aunque el número de
controversias se mantuvo en un nivel similar al de los meses anteriores, las características del
conflicto que enfrentó al departamento con el Gobierno central hicieron que el conflicto cobrara
proporciones mayores, irradiándose a todo el país. La mayoría de los casos (cuatro de seis) está
directamente vinculada al gran conflicto departamental; los otros dos fueron temas aislados en
los que solamente se plantearon amenazas de medidas de presión. Así, todos los actores del
departamento, estratégicos y no estratégicos, concentraron sus recursos materiales y simbólicos
en la consecución de un fin común, que se sobrepuso a las tradicionales demandas sectoriales.
Sin embargo, es necesario destacar un matiz en este panorama de unidad generalizada que
presentó el departamento: la contundencia de las medidas de presión empleadas ocasionó
graves perjuicios a diferentes sectores de la sociedad potosina, generando “contra conflictos”.
Tal es el ejemplo de los pobladores de Uyuni, localidad dedicada a la actividad turística, quienes
a su vez recurrieron a acciones de hecho para demandar el fin de los bloqueos que los estaban
asfixiando económicamente. Este fenómeno, usual en conflictos de gran envergadura y larga
duración, contiene un alto potencial de violencia que puede estallar en cualquier momento. Se
registraron algunos episodios violentos de este tipo que, frente a la magnitud del conflicto
principal, quedaron como hechos aislados.
En cuanto a los casos que de alguna manera involucraron al conjunto del país, dos de ellos se
encuentran registrados entre los conflictos más importantes del mes: el de Potosí y el de los
sectores movilizados contra el proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código
Tributario. Los demás se refirieron esencialmente a temas económicos y laborales: las
universidades públicas del país demandaron un incremento presupuestario, los importadores
solicitaron la devolución de los vehículos incautados, los choferes rechazaron el reglamento que
inhabilitaba a los conductores de transporte público mayores de 60 años, la Federación de
Trabajadores de la Caja Nacional de Salud planteó demandas laborales, y la Federación de
Trabajadores Municipales de Bolivia rechazó los despidos de personal en varios gobiernos locales.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
23
Como se puede observar, muchos de los conflictos más importantes se originaron en meses
anteriores; algunos fueron resueltos en agosto, pero otros continuaron vigentes al terminar el mes.
5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA
5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos
Si bien en el número total de conflictos en agosto fue elevado, la cantidad de medidas de presión
ejercidas por los actores demandantes se redujo en comparación con el mes de julio: se registró un
total de 156 medidas de fuerza, es decir 16 menos que en el mes anterior. Sin embargo, esta variación
cuantitativa no necesariamente significa una reducción de la violencia ejercida por los actores.
CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
Pese a la ligera disminución global de las medidas de presión de violencia contundente, éstas
estuvieron dirigidas a afectar con mayor intensidad a terceros. Así, se registraron hechos como la
destrucción de bienes inmuebles y agresiones directas a personas, acciones que denotan una mayor
agresividad por parte de los movilizados. También se desplegaron con mayor rigurosidad bloqueos
de caminos y paros generalizados, entre los que destacan los llevados adelante en Potosí, donde se
paralizaron las actividades y el tránsito interdepartamental durante más de quince días, situación
que afectó no sólo a los pobladores del departamento, sino que, al encontrarse importantes centros
mineros en la región, y en un momento de alta cotización internacional de los precios de los
minerales, sin duda golpeó considerablemente a la economía boliviana en su conjunto.
Ningún conflicto derivó en una crisis seria que pudiera afectar a la gobernabilidad del Estado,
aunque, como ya se mencionó anteriormente, la gran tensión en la que desarrolló la controversia de
Potosí estuvo cerca de desembocar en una confrontación mayor. No sólo se paralizó todo un
departamento, sino que la solidaridad de los residentes potosinos en otras regiones del país llevó a
Oruro Beni La Paz Todo el país Potosí Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca No Porcentaje TotalAnuncio o
amenaza 15 7 13 8 6 6 2 2 1 60 39%Concentración
o vigilia 1 1 1 3 2 1 9 5% 98 / 64,1%Marcha 10 1 2 6 4 1 4 1 29 19%Paro o huelga 1 5 1 1 2 10 6,5%Bloqueo 7 2 3 6 1 19 12,4%Cerco 1 1 2 1,2% 47 / 30,7%Huelga de
hambre 4 1 2 7 2 16 10,5%Destrucción
de bienes 1 1 2 1,3%Toma física 1 1 2 4 2,6%Toma de
rehenes 1 1 0,7% 8 / 5,2%Agresión a
personas 1 1 0,7%
Total 31 23 22 20 21 18 11 3 4 153 100% 153 / 100%
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
24
una masificación de las medidas de presión en varios puntos; sólo en la ciudad de Potosí se
sobrepasó el número de 2.000 ayunadores y se instalaron piquetes de huelga de hambre en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Es probable que de haberse
prolongado por más tiempo las medidas de presión, el conflicto hubiese desencadenado una
desestabilización del país o una situación de violencia contundente.
Por último cabe decir que es preocupante el hecho de que dos tercios de los episodios de
enfrentamiento se hayan producido entre sectores de la sociedad civil. Dos de ellos fueron producto
de la tensión en el departamento de Potosí y el resto a raíz del constante problema de manejo del
espacio urbano en Santa Cruz.
5.2. Alcance de las medidas de presión
En agosto, como en casi todos los meses, las amenazas, las huelgas de hambre y las marchas fueron
las principales medidas de presión. La mayoría de estas acciones (48%) no llegó a afectar a terceros,
aunque el 24% repercutió sobre espacios vecinales/comunales.
CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN
ALCANCE Nº %
Intrainstitucional 44 48,35%
Vecinal/comunal 22 24,18%
Municipal 10 10,99%
Regional 10 10,99%
Nacional 4 4,40%
Departamental 1 1,10%
TOTAL 91 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
25
6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Al concluir el mes de agosto, más de la mitad (52%) de los conflictos registrados continuó vigente. Por otra parte, los acuerdos alcanzados (totales y parciales) sumaron 16%; 4% de los casos se encontraba en cuarto intermedio, 2% en negociación y en 1% se produjo el retroceso de uno de los actores. Además existió un caso en que la salida fue distinta de las anteriores.
De los diez acuerdos totales, uno de los más significativos fue el logrado entre el Gobierno
central y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia en relación con el proyecto de ley que
modificará el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, originalmente rechazado por dicha
organización. Entre los acuerdos parciales más importantes reportados en el mes se encuentran
los que alcanzaron el Gobierno central y COMCIPO sobre varias reivindicaciones regionales; y las
autoridades nacionales con el Comité Cívico de Oruro y el Comité Interinstitucional de Defensa
Territorial del Departamento de Oruro, a propósito de un extenso pliego petitorio.
El cuarto intermedio de mayor significación fue el declarado por los representantes de la
Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, en el
marco del conflicto por la demanda de cambio de algunos ministros de Estado cuestionados por
su trabajo.
Los dos conflictos que a finales de mes quedaron en fase de negociación fueron el protagonizado
por la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba, en demanda del cumplimiento
de una ordenanza municipal que garantiza la circulación normal de choferes no sindicalizados, y
por el personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad pidiendo la designación de un nuevo
administrador. En la segunda mitad del mes, los demandados en esos conflictos –el Concejo
Municipal de Cochabamba y el transporte federado de ese municipio, en el primero, y la Alcaldía
de Trinidad, en el segundo– iniciaron procesos de acercamiento con los demandantes, dejando
abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos.
El único caso de retroceso de una de las partes se produjo en el conflicto entre choferes mayores
de 60 años y el Organismo Operativo de Tránsito en torno a un reglamento de licencias que
establecía la pérdida de la licencia para dicho grupo de transportistas. Finalmente, tras un
contundente anuncio de medidas de presión por parte de quienes resultarían afectados, se
decidió no restringir el desempeño laboral de estos y mantener la normativa vigente que
establece un control médico cada tres años para sus miembros.
La única salida distinta de las anteriores se presentó en el conflicto llevado adelante por el
Comité de Vigilancia de Warnes en contra del concejo edil de ese municipio cruceño y del MAS
por la suspensión del Alcalde electo Nyls Carmona. Hacia fines de agosto se conoció la
destitución de Carmona y la designación del concejal por el MAS, Mario Cronembold, como su
sucesor. Hasta la conclusión del mes, el Comité de Vigilancia de Warnes no se había pronunciado.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS
SITUACIÓN Nº %
Continúa 48 52,75%
Se desconoce 20 21,98%
Acuerdo total 10 10,99%
Acuerdo parcial 5 5,49%
Cuarto intermedio 4 4,40%
En negociación 2 2,20%
Retroceso de uno de los actores 1 1,10%
Otra 1 1,10%
TOTAL 91 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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7. CONCLUSIONES
- Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos, ratificándose la tendencia
al incremento, constante desde enero, con la única excepción del mes de junio en que se
produjo un descenso.
- El conflicto más importante del mes fue, sin duda, el suscitado en Potosí en torno a un
pliego petitorio de demandas regionales. Este caso generó una serie de conflictos
paralelos, movilizando a múltiples sectores en varios departamentos e implicando la
interpelación de actores pertenecientes a los tres niveles del Estado, aunque el Gobierno
central fue el principal demandado, y empleando una importante cantidad de medidas de
presión de fuerte impacto. Otro caso que destacó es el conflicto protagonizado por los
gremialistas del país en rechazo a las modificaciones a la Ley de Aduanas y al Código
Tributario.
- Como en anteriores meses, un tercio de la conflictividad del período se originó en
problemas económicos. Los tres principales tipos de conflicto del mes, por medidas
económicas/situación económica de las personas, por cuestiones laborales/salariales y
por problemas de gestión administrativa de entidades públicas y privadas, presentaron
el mismo porcentaje (16%), observándose una continuación de las problemáticas
centrales de los meses de junio y julio.
- Los actores vecinales urbanos fueron algunos de los que mayor cantidad de conflictos
protagonizaron, movilizándose por dos de los problemas característicos de las grandes
ciudades del país: asentamientos comerciales y acceso a tierras para viviendas. En
agosto, el sector educación volvió a ocupar un lugar relevante en la conflictividad
nacional.
- De manera general, parece estar consolidándose un cambio en cuanto a los principales
sectores demandados, lo que se expresa en la paulatina reducción de la brecha existente
entre los distintos niveles estatales. Se observa una disminución en la cantidad de
conflictos dirigidos hacia el Gobierno central (de casi la mitad de los casos a un promedio
de 35%) y un ligero aumento en el número de casos canalizados hacia el nivel
departamental (de un promedio de 8% a 11%), mientras que el nivel local se mantiene
estable, concentrando alrededor de una cuarta parte de los casos. Es probable que la
implementación del proceso autonómico sea la causa de esta situación.
- La falta de atención de las autoridades nacionales, departamentales y locales a conflictos
que provienen del mes de julio, e incluso de meses anteriores, contribuyó a que en
agosto el nivel general de controversias se mantuviera elevado.
- En el mes de agosto parece tomar forma una tendencia detectada dos meses atrás, que
modifica el panorama tradicional de distribución geográfica de los conflictos: Oruro y
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010
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Beni se mantuvieron con cantidades elevadas de conflictos, ocupando el primer y tercer
lugares respectivamente, mientras que los departamentos del eje presentaron una cierta
reducción. Si bien Potosí no se ubicó en agosto entre los departamentos con mayor
cantidad de conflictos, la gravedad de los casos ocurridos es muy significativa.
- Pese a que en agosto se produjo similar cantidad de conflictos que en julio, se ha
registrado una menor cantidad de medidas de presión. No obstante, cualitativamente, los
niveles de violencia se mantienen e, incluso, se han incrementado en una mínima
proporción.
- Como en los meses precedentes, en agosto la mayor parte de los conflictos se mantuvo
vigente. Los acuerdos logrados representaron menos de la cuarta parte del total de los
casos registrados.
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GUÍA RÁPIDA4
CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen
objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a
alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte
percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o
las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg).
ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización
o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser–
incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes
pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial,
indígena y otros).
ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o
institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus
particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector
demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).
DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un
actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la
solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia
necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la
perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de
desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del
conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.
MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el
actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son
determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las
mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.
ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la
demanda.
ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha
dependencia de la gravedad que presenten las mismas.
4 La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.
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Misión
La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en
los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la
finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores
que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
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