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revista de pensamiento político número 10, julio-septiembre 2010

IndependencIa, soberanía, segurIdad nacIonal

Jesús Kumate RodRíguezdaniel e. HeRRendoRf

Raúl aRRoyoCésaR BenediCto CalleJas

maRio VelasCo toRRes de la Vegailiana RodRíguez santiBáñez

PedRo isnaRdo de la CRuzsamantHa g. lóPez guaRdiola

maRio antonio aRRoyo aRRazolateodoRo alonso feRnández

comité nacional editorialy de divulgación

comité ejecutivo nacional

Edición julio–agosto–septiembre 2010Órgano teórico trimestral del Partido Revolucionario Institucional

órgano teórico trimestral del Partido revolucionario institucional

Beatriz Paredes RangelPresidenta del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús Murillo KaramSecretario General del Comité Ejecutivo Nacional

Miguel González AvelarCoordinador del Comité Nacional

Editorial y de Divulgación

Mario E. Velasco Torres de la Vega

[email protected]

Elba DebernardiEditora de Arte

[email protected]

Delia CaudilloCorrección

Argelia Vazquez MontoyaAdministración y distribución

Oliver LeónIlustrador

CONFLUENCIA XXI, Año 2, 2010.Publicación trimestral editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Ave. Insurgentes Norte N° 59, Edificio 2, Subsótano, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 06359, México, D.F. , Teléfonos: 57.29.96.69 / 57.29.96.00, Ext. 4636.

Certificado de reserva de derechos: 04-2008-022718342400-102Certificados de Título y Contenido: en trámite

ISSN: en trámite.

Derechos de reproducción reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la previa autorización, por escrito, de la Dirección General.

Imprenta: Mac Impresos Comerciales S.A. de C.V., Lote 8, Manzana 3, Parque Industrial Exportec II, Toluca, México.El tiraje de este número de Confluencia XXI

es de 5,000 ejemplares. Julio 2010.

Distribuido por EGESA. Bertha 45, Col. Nativitas, Delegación Benito Juárez, C.P. 03500, México, D.F. Tel. 55.79.12.21

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Insti-tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 38, inciso H.

Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no repre-sentan necesariamente la opinión del PRI.

Índice

06 JEsús KuMATE RODRíGuEzVacunas, cultura de la prevención

12 DAniEL E. HERREnDORffracaso del derecho constitucional

28 RAúL ARROyOPara construir la democracia pendiente

36 CésAR BEnEDiCTO CALLEJAsA mí... mis héroes

46 MARiO E. VELAsCO TORREs DE LA VEGAEntre la soberanía y la seguridad nacional: Conceptos y un breve relato del interés nacional mexicano

62 iLiAnA RODRíGuEz sAnTiBáñEzLa seguridad nacional desde la perspectiva internacional

72 PEDRO isnARDO DE LA CRuzuna guerra presidencialista antinarco sin estrategia de mediano plazo: del oficio de la guerra al oficio del Estado

80 sAMAnTHA GABRiELA LóPEz GuARDiOLALa fallida estrategia de seguridad pública

98 MARiO AnTOniO ARROyO ARRAzOLAMedio ambiente y economía - un análisis de su vinculación en México

106 TEODORO ALOnsO fERnánDEzEl cabildeo en la notificación consular entre México y Estados unidos: propuesta de trabajo

PresentaciónEl acontecimiento fundacional al llegar a doscientos años de Independencia y cien de Revolución, ha propiciado una gran euforia celebratoria, no sin razón, ya que dos siglos de vida independiente y uno del movimiento social que transformó el rostro de México, ameritan el festejo, pero también la re flexión.

Durante la primera centuria, desde la consumación de la Independencia hasta la restauración de la República, fue una confrontación contra potencias extranjeras, e intercaladamente, una lucha fratricida, donde la soberanía y la estabilidad nacionales fueron siempre, las prendas en disputa.

Por lo anterior, no es excesiva la afirmación que han hecho varios pensadores mexicanos acerca de que la Independencia real de México no hace su aparición sino hasta la Reforma, o incluso, hasta el triunfo juarista sobre la intervención francesa y el príncipe austrohúngaro, que al final, fue dejado a su suerte por quienes lo animaron a la aventura mexicana.

Posteriormente, cuando se consolida el liberalismo, éste pierde su faceta democrática transformándose en dictatorial por lo que comienza un movimiento, no antagónico a la modernización, sino contra un capitalismo salvaje de usos y costumbres, si bien tropicalizadas, no por ello menos cruentas.

La Revolución mexicana, aportaría otras piezas para el ensamblaje de la soberanía y la seguridad nacionales: La independencia del latifundismo y de las compañías petroleras extranjeras.

En el presente, permanecen vigentes los objetivos de preservar la soberanía en un mundo globalizado e interdependiente así como lograr una seguridad extraviada debido a una estrategia inadecuada que ha demostrado fehacientemente su ineficiencia, con un gran baño de sangre y sin gran merma a las organizaciones criminales.

Además, al haber convertido el factor de la seguridad pública en su ideología, el presente Gobierno Federal descuida tareas también fundamentales como el combate a la pobreza y el desarrollo económico.

Por supuesto, se han presentado alternativas y críticas a la visión gubernamental de la seguridad pero el empecinamiento tiene nublada la vista del Ejecutivo.

Confluencia XXI aborda temas transversales a la independencia como el constitucionalismo, la salud pública en estas tierras y hace un recorrido por las garantías constitucionales, la seguridad nacional y la soberanía, para, igualmente, conmemorar el bicentenario, con una visión del presente más crítica y, eso espera, más honda.

Comité Nacional Editorial y de Divulgación.

06 : confluencia XXi

1810 2010

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confluencia XXi : 07

Vacunas, cultura de la prevención

Jesús Kumate Rodríguez

Más vale prevenir que lamentar, es mejor una onza de precaución que una arroba de atención, en la mi-tología griega, la diosa Hygeia era preferida sobre Panacea, son algunas expresiones del ideal deseado ante la realidad del aprecio por el médico usuario de medicamentos, prescripciones de alimentos o accio-nes físicas: imposición de manos, conversación.

◆◆◆


La observación durante la peste de Atenas, en el siglo V a.C., es que los supervivientes de la enfermedad quedaban protegidos de ataques ulteriores y podían auxiliar a los enfermos sin peligro de contraer nuevamente el padecimiento, es el ejemplo más anti-guo del concepto actual de memoria inmunológica.

Cómo padecer la enfermedad, sobrevivir y quedar inmune fue un objetivo buscado sin resultados prácticos hasta el siglo X d.C., cuando en China se aplicaron costras de pústulas por vía nasal en casos de viruela, con resultados alentadores de un menor riesgo en cuestiones de epidemias. La medida fue conocida en la ruta de la seda, que desde la capital china hasta el Mediterráneo, en una travesía de 10,000 kilómetros a través o cerca de India, Tíbet, Asia Central, Afganistán, Irán, Mesopotamia, Turquía y Palestina, en-tre otros, el procedimiento fue conocido como variolación.

En el imperio turco el método se aplicaba en las concubinas del harem y en el mercado de esclavas tenían mayor valor las va-rioladas. La costumbre de variolar no era frecuente, puesto que en algunos casos se presentaba la enfermedad con elevada mor-talidad. Fue hasta el siglo XVIII que se tuvo noticia en Europa por la esposa del embajador inglés en Constantinopla, Lady Mary Montagu, quien lo promovió a su regreso a Londres; se realizó el

experimento real por la princesa de Gales en 1721, cuando demos-tró que el procedimiento era inocuo, en 5 casos de “voluntarios” condenados a cambio de permitir que se les variolara y en la con-vivencia con un caso de viruela no hubo contagio.

A mediados del siglo XVIII, en Inglaterra se observó que las mujeres que ordeñaban vacas y se contagiaban de la pústula de las vacas cow.pox no padecían la viruela en las epidemias; el 14 de mayo de 1796, Edward Jenner, un médico rural, inoculó el cow.pox de Sarah Nelmes al niño James Phipps, de 8 años, y 5 semanas después lo varioló sin éxito, la experiencia se repitió más de 20 ve-ces en la vida de Phipps. El trabajo de Jenner no fue aceptado para su publicación en la revista de la Royal Society y se dio a conocer por el peculio de Jenner. El procedimiento fue aceptado en todo el mundo y se procedió a propagarlo brazo a brazo.

En 1804, a iniciativa de Joseph Flores, médico de San Cristó-bal de las Casas, por entonces en la capitanía de Guatemala, a la sazón médico de la Corte en Madrid, se organizó la expedición de la vacuna para llevarla a las colonias de España. Francisco Javier Balmis la trasladó a las Canarias, Puerto Rico y Yucatán, median-te el pase interhumano de niños expósitos del orfelinato en La


El uso de partículas virales llevaron a las vacunas contra Haemophilus influenzae “b”, neumococos, Hepatitis viral B, fiebre tifoidea


Coruña, Galicia, y después de aplicarla en varios estados la llevó a Filipinas y Macao (colonia portuguesa en China); fue inyectada en brazos de niños mexicanos de Zacatecas y Jalisco. Desde en-tonces la vacuna se conservó en el México independiente de brazo a brazo y después de su “animalización” en 1847, en terneras.

A la vacunación antivariolosa se agregó, en 1885, la vacuna antirrábica por Pasteur, en París, mediante preparados atenuados de médulas de conejos infectados por vía intracerebral. Eduardo Licega obtuvo la cepa de Pasteur y la primera dosis se aplicó en México en 1888, desde entonces se produce en México con las adecuaciones tecnológicas que consiguen producirla en células di-ploides, es una vacuna inactivada.

Desde la última década del siglo XIX se agregó la vacuna an-titifoidica en 1896 y le han seguido la vacuna híbrida de la difteria toxina/antitoxina de Behring en 1921, el BCG para la tuberculosis, los toxoides tetánico y diftérico en 1924-1928 y en los años 30 un extracto antigénico del bacilo Bordetella pertussis, el agente cau-sal de la tos ferina, en forma de vacuna bacteriana triple DPT.

La atenuación del virus de la fiebre amarilla por pases en em-brión de pollo y los virus de la influenza A y B posibilitaron la producción de vacunas efectivas contra esas enfermedades.

En 1949, el cultivo de poliovirus in vitro, su atenuación por pa-ses sucesivos y la demostración del efecto citopatogénico in vitro condujo al desarrollo de las vacunas con virus atenuados e inacti-vados contra la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis, la rubeola, la varicela, la hepatitis A, la influenza, los rotavirus y la fiebre tifoidea.

El uso de partículas virales o componentes antigénicos espe-cíficos, solos o combinados con proteínas, llevaron a las vacunas contra Haemophilus influenzae “b”, neumococos, Hepatitis viral B, fiebre tifoidea.

En este 2010, en México se aplican gratuitamente 13 vacunas: BCG al nacimiento, DPT + polio Salk + H. influenzae “b” en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, HVB al nacimiento y 2 dosis de vacuna de rotavirus a los 2 y 4 meses. Al año y a los 6 años de edad, vacuna viral triple (sarampión, rubeola, parotiditis) y la an-tineumococo 7 valente conjugada a los 2, 4 y 6 meses. Las vacunas de la varicela y papilomavirus no son gratuitas.

Desde el año 2007 se aplica la vacuna contra influenza A y B a las personas mayores de 60-65 años o de menor edad con facto-res de riesgo. La antitifoidica, antirrábica y los sueros antitóxicos hiperinmunes o la Ig específica en rabia y HVB son adiciones profilácticas de uso universal.

Se espera confiadamente se agreguen en la siguiente década las vacunas contra la hepatitis viral C, del paludismo, dengue, citome-galovirus, fiebre reumática, lepra, bronquiolitis y el SIDA, no menos de 20 vacunas a todos los niños.



Desde 1990, se trabaja para desarrollar una vacuna capaz de proteger contra 12 o más enfermedades contagiosas en una sola do-sis al nacimiento, por vía bucal, de inmunogenicidad permanente, sin efectos indeseables, termorresistente (eliminando la red fría) y al alcance del presupuesto en salas de los países más pobres. La Vacuna Universal ¿realidad o buenos deseos? La comunidad de inmunólogos la cree factible, tal vez en 20-30 años. Se prolongaría la esperanza de vida al nacimiento y la calidad de vida en más de una década para conseguir longevidades normales de 100 años.

Los recursos necesarios para desarrollar las tecnologías esen-ciales no serían mayores que los invertidos para la producción de las bombas atómicas y de hidrógeno, y mucho menos que los gas-tados para llegar a la Luna y las exploraciones a Marte y Venus. Cuesta mucho trabajo aceptar que a las superpotencias y a otros aprendices de grandes potencias les resulte más atractivo destruir vidas que proteger a los vivientes

Algunas limitaciones y carencias de las vacunas: en la ma-yoría de las infecciones crónicas, v.gr. tuberculosis, brucelosis, portadores de tifoidea, lepra y en casi todas las parasitosis, las vacunas son poco efectivas. En las enfermedades de transmisión sexual, salvo las hepatitis viral B y C, no tenemos vacunas contra la sífilis, gonococcias, herpes simple 1 y 2, clamidiasis, vaginosis y en papilomavirus la efectividad es limitada. En caries dentarias sorprende que no se haya desarrollado la correspondiente a Strep-tococcus mutans. En infecciones por estafilococos, enterobacterias y pseudomonas, la mayoría resistentes a los antimicrobianos cono-cidos, estamos como en los años treinta del siglo XX.

Puesto que las vacunas son una imitación de la enfermedad natural, no cabe esperar la misma protección ni la misma dura-ción. La aparición de microbios patógenos aparentemente nuevos seguirá como sorpresa y la necesidad de crear vacunas ad hoc será permanente.

México es uno de los países cuya población está bien prote-gida por vacunas, la política en salud de todos los gobiernos de la República ha mantenido la continuidad y actualización de los programas vacunales, es uno de los pocos rubros donde todos los mexicanos somos iguales.




Jesús Kumate Rodríguez es Médico Cirujano, egresado de la Escuela Médico Militar (1946); Doctor en Ciencias de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN (1963). Especializado en investigación en infectología pediátrica. Catedrático en la Escuela Médico Militar, Facultad de Medicina de la UNAM y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Fue Secretario de Salud.


Daniel e. Herrendorf◆◆◆

El transcurso jurídico del derecho constitucional puede verse en las siguientes pinceladas -a brocha gorda, está claro:

1. Un derecho constitucional racionalTan formal como ineficiente, fue un constitucionalismo premo-

lar que sentó las bases racionales del pensamiento lógico y metafísi-co en sentido laico; la tarea la cometieron los griegos, y la rubicunda puesta en marcha, los romanos. Como éstos eran gente práctica, cuando el Ejército empezó a ser más convincente que los pretores, profanaron el derecho en las orgías paganísimas del imperio.

La tesis de este artículo, con ser insólita, es muy simple y se dice así: la mundialización terminó con las fronteras mentales y ahora estamos ante un nue-vo derecho constitucional; no es imposible que deba llamarse derecho constitucional de los tratados. Es un derecho con una peculiaridad especial: resulta completamente inútil.

Fracaso del derecho constitucional


El resultado más lúdico del aquelarre fue el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente y el Imperio Otomano. Pero si es por llegar lejos -y eso que ya estamos en Otomania- me place decir que también hubo un derecho constitucionalmente sacro. Los preceptos conocidos como Diez Mandamientos -y aunque Kel-sen insista en que toda norma jurídica debe contener una sanción para serlo, sin saber que lo que le falta a un mandamiento para ser jurídico es una forma lógica y no un coscorrón para el indiscipli-nado- contenían una forma de constitucionalizar la conducta.

No matar, no desear la mujer del prójimo, respetar a nuestros mayores, no robar, no levantar falso testimonio ni traficar con el nombre de Dios, son preceptos que, si hubieran tenido rating de entrada, hubieran dejado a los constitucionalistas sin trabajo.

En este sentido, el derecho constitucional de la libertad y los derechos humanos son la prueba más evidente del fracaso moral de la humanidad para organizarse y darse una vida amable.

2. Un derecho constitucional del poderFue revolucionario y burgués -en el mejor sentido-, y se dedi-

có a organizar el poder y declarar garantías para nadie.Londres, en 1688; Virginia, en 1776; Francia, en 1789; y Fila-

delfia, en 1791, fueron las cunas de ese balbuceo. En Londres, los berridos los dio el Parlamento Largo; Franklin, en Virginia; Ro-berpierre y Danton, guillotina en mano, en París; y los algodone-ros del sur, en Filadelfia.

Esas constituciones corrieron suertes diversas: las múltiples francesas de años impares -1791/93/95/99- concluyeron con el bo-chorno bonapartista. Gran Bretaña, siguió un curso legal más o menos pacífico, con normas flexibles. El constitucionalismo nor-teamericano fue el único que prosperó desde entonces.

3. Un derecho constitucional de la libertadEs el contemporáneo de la segunda posguerra -sucesor del de-

recho decimonónico conocido como derecho constitucional mo-derno- que ha incorporado el concepto de Estado Social de Dere-cho y todo el arsenal de garantías que conocemos.

Con el desvanecimiento actual y real de las fronteras de los estados nacionales y la multiplicación de la vida jurídica inter-nacional, nos encontramos ahora con un novedoso derecho cons-titucional de los tratados, que tiene fundamento de validez en los derechos humanos y en el concepto original de persona humana.

Rondan dos definiciones de constitución: una en orden docu-mental, llamada definición en sentido estricto; otra en orden real, llamada definición en sentido laxo.

3.1. Constitución en sentido estricto es el documento constitucio-nal conformado por una serie de artículos con carácter normativo.

Daniel e. Herrendorf


Es la “tira de papel” de Lasalle y el “manual de instrucciones” de Loewenstein. Esta constitución es generalmente escrita y ha recibido un tipo de sanción especial, en general por alguna con-vención constituyente.

3.2. Constitución en sentido laxo es un conjunto de elementos que hace a la vida social, a la que hicimos referencia en el punto 1. Esos elementos serían los siguientes:

a. La constitución en sentido estrictob. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justiciac. La conducta habitual de los partidos políticosd. La conducta habitual de las instituciones públicase. Las costumbres jurídicas con rango constitucionalf. Los tratados internacionalesg. Los pactos interestadualesh. La conducta política habitual

El constitucionalismo que definimos ya, tiene orígenes lejanos.Su intención inicial fue limitar el poder.Si consideramos que el constitucionalismo es cualquier inten-

to por limitar el poder -aunque esa limitación sea muy modesta- y cualquier anhelo de libertad -aunque esa libertad sea muy escasa-, puede decirse que el constitucionalismo nació en la Grecia an-tigua y la Roma republicana; es lo que los teóricos han dado en llamar “constitucionalismo clásico”.

En efecto, en Grecia ya existían instituciones que respondían al principio de la democracia.1

La idea de “ciudadanía” nació en Grecia. El griego fue, ante todo, un ciudadano sujeto a la ley de la ciudad. La ciudad era su mundo, el mundo donde en efecto vivía y desarrollaba todas sus relaciones y actividades. La jerarquía de ciudadano era digna y moralmente alta; ser griego constituía una virtud y los diferencia-ba de los que no hablaban el griego.

Veamos qué características fundamentales permiten hablar de un constitucionalismo clásico en la Grecia antigua:

a. La idea de un reino de la ley (nomos)2 nació en Grecia. “Go-biernan las leyes y no los hombres”, expresión que reaparecerá en

fracaso del derecho constitucional

1. Hay que dejar sentado que la democracia griega estaba sumamente limitada, pues era una sociedad cuya economía se basada fundamentalmente en la esclavitud, de modo que de ninguna manera puede pensarse en la vigencia de derechos humanos, en la igualdad sustancial de los hombres, o principios por el estilo que hoy están indisolublemente incorporados a la democracia y al constitucionalismo.2. Anótese en nuestro beneficio que escribimos nomos y no nomoscomo hace la gente seria. Los manuales no pierden la oportunidad de perpetrar alguna que otra palabra en griego clásico y varios párrafos en latín. Los autores condescendientes traducen eso a renglón seguido; los más pendencieros no. Jamás encontramos los beneficios de semejante atenización, en especial porque sus autores suelen no saber nada de griego, ni son helénicos ni por azar.


los sistemas modernos. Es preciso recordar que Sócrates prefirió la muerte en Atenas que el exilio, pues perder la ciudadanía era un castigo más grande que la propia muerte y, además, la sujeción a la ley era honrosa.

b. La ley fue la negación de la anarquía y sinónimo del orden. “No tenemos más amo que la ley” decía una celebre expresión de Herodoto, que definía el ánimo griego. Esto es muy importante para el nacimiento del constitucionalismo que intentará poner una norma escrita (una constitución) por encima de todas las cosas.

c. El régimen griego se sustentó, formalmente, en la democra-cia, la igualdad, la libertad y la ley. La democracia era muy limi-tada como se ha dicho, pero los sistemas de votaciones entre los ciudadanos ilustres permiten hablar de este régimen; lo oponían al concepto de tiranía y oligarquía.

d. Para los demócratas griegos lo fundamental era la igualdad ante la ley, lo que es también un principio jurídico contemporá-neo. Claro que de esta igualdad estaban excluidos los esclavos. La pregunta actual es cuál era el sentido de la igualdad. Iguales para la desdicha somos todos.

La igualdad como concepto puro de lo político se concebía en tres planos: igualdad ante la ley (isonomía), igualdad ante los ne-gocios públicos (isegoría), igualdad ante el poder (isocracia).

e. Esta igualdad convenía a todos, pues protegía a las clases populares de una reacción oligárquica, y a la oligarquía de un go-bierno demagógico con base popular.

f. La igualdad social no existió en Grecia.g. La clase noble se reunía en asamblea, y la asamblea tenía

carácter soberano: era el supremo detentador del poder; había una preocupación fundamental, no obstante, en que la asamblea no fuera dominada por un hombre, una camarilla o un grupo -como ocurrió con la Asamblea francesa a partir de 1789-; se organizaba de tal manera que todos podían tener la misma influencia en las decisiones públicas.

h. Había una cantidad de órganos de control de la gestión pú-blica cuyo claro predominio quitaba a la Asamblea la posibilidad de ser despótica, irrazonable o caprichosa. Entre los procedimien-tos jurídicos más destacados en la época cabe señalar la graphé paranomón y el habeas corpus.

La graphé paranomón era una acusación que cualquier ciudada-no podía lanzar contra un funcionario que hubiera actuado con ilegalidad; se le podía destituir y hasta inhabilitar para ocupar otros cargos públicos.

El habeas corpus tomó forma en Roma, pero existió en Ate-nas como una manera de exigir al poder establecido que rindiera cuentas -a quien lo solicitara- de la detención de personas, mos-trando el cuerpo del detenido sano y a salvo (habeas corpus son las



dos primeras palabras de la frase latina que se pronunciaba ante el tribunal: Habeas corpus quo mostrabit, “que tengas el cuerpo para que me lo muestres”).

i. Entre las instituciones de control, destacaba el Areópago, que controlaba la gestión de gobierno. Es equiparable a una corte cons-titucional actual, que declara la inconstitucionalidad de una norma irrazonable o injusta. Si bien Grecia no contaba con una Consti-tución escrita, ya vimos más arriba que no es necesario que una sociedad tenga un documento escrito para tener Constitución.

j. El concepto de libertad griega podría atenerse a las siguien-tes pautas:

•Libertad civil después de que sabio Solón abolió la prisión por deudas;

•Libertad política, pues el griego sólo debía obedecer a la ley,•Libertad jurídica, con una legislación que protegía a las per-

sonas.k. Existía un sistema de sorteo de autoridades que hacía recaer

el cargo en cualquier ciudadano habilitado.Ahora bien, enumerados los principales elementos jurídico-

políticos que obran como antecedentes del constitucionalismo clásico, restaría preguntarnos por qué en Grecia sucedía esto y no en otras civilizaciones igualmente progresistas, como la hebrea -la primera en organizarse jurídicamente- o la árabe, que ya contaba con un arsenal de científicos, matemáticos, físicos, astrónomos y anatomistas que sólo ingresaron en la historia de la ciencia muy avanzada la Edad Media.

Es preciso recordar que toda la civilización occidental pudo desarrollarse sobre la base de la idea del mundo que Grecia legó a la humanidad. Los griegos descubrieron las posibilidades de la filosofía, la geometría y la aritmética; los filósofos presocráticos primero, Sócrates, Platón, Aristóteles y sus seguidores después, sentaron las bases del conocimiento válido; los siete sabios que todavía honra la humanidad3 desarrollaron entonces las primeras bases de la ciencia antigua; la religión griega fue sumamente pro-gresista: habían dado a los dioses forma humana y se relacionaban con ellos de modo peculiar. Una exquisita literatura nació en Gre-


Toda la civilización occidental pudo desarrollarse sobre la base de la idea del mundo que Grecia

legó a la humanidad

3. Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Bías de Priene, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene y Periandro de Corinto.


cia; las siete artes fueron descubiertas y desempeñadas: la gramá-tica, la retórica, la lógica (trivium), la aritmética, la geometría, la astronomía y la música (quadrivium). La filosofía fue seccionada en disciplinas: física, metafísica, ética, política, economía, mate-mática y dialéctica.

Los griegos descubrieron el poder de la razón y asentaron toda su organización social sobre la idea de razonabilidad. Por eso no debe sor-prender que buscaran una forma de organización política “razo-nable”, para lo cual inauguraron el dominio de la ley.

Finalmente, el constitucionalismo no es más que eso: El dominio ra-zonable de una ley suprema.

Por su parte, Roma constituyó un caso atípico en la historia de las instituciones del mundo. Es atípico porque Roma cumplió con todos los periodos políticos e históricos conocidos: fue una monarquía, fue una República y fue un imperio, y en cada una de esas formas conoció la autocracia, la tiranía, el despotismo, el ejercicio del poder ilustrado, la demagogia, la democracia (limita-da absolutamente a una clase social dominante).

Además, Roma engendró políticos de gran envergadura (en sentido positivo o negativo) como Julio César, Adriano, Cicerón, Séneca; dominó todo el mundo conocido, llegando a gobernar el norte de África, toda la Europa Occidental, gran parte de la Eu-ropa Oriental, la mitad de las islas británicas, Asia, llegando a someter a pueblos tan dispares como los judíos, persas, griegos, estagiritas, bitinios o normandos.

El sistema político y burocrático romano era inmenso. Pense-mos que para gobernar semejante imperio se requería una multi-tud de funcionarios dispersa en todo el mundo; este es uno de los motivos por el cual el latín clásico que era armonioso, complejo y riquísimo, al divulgarse por decenas de miles de kilómetros cua-drados degeneró en el latín vulgar, que sólo subsistió en las misas preconciliares de la iglesia lefebvrista disidente y en los seminarios eclesiásticos, y que engendró al italiano como su vástago último.

Asimismo, semejante polución de pueblos sometidos a un mismo poder imperial divulgó todas sus costumbres políticas, sus instituciones, su derecho y su propia corrupción. Es la razón por la cual en nuestras universidades se estudia todavía el derecho ro-mano, pues casi todos los derechos civiles europeos y americanos se han fundado en instituciones clásicas romanas.

Por ejemplo, las primeras asambleas tuvieron lugar durante el periodo del bajo imperio romano de occidente. Los propietarios de la tierra se reunían por regiones para deliberar en asuntos de interés común. Al comienzo cada uno se representaba a sí mis-mo, y unánimemente se tomaban las decisiones. Con el paso del tiempo, los propietarios que más se encargaban de los asuntos co-munes (recordemos que la palabra “república” significa algo que



es común) se reunían y decidían en nombre de todos, y para todos tenían validez y vigencia esas decisiones.

Es un origen muy lejano de la Teoría de la representación: los propietarios presentes decidían por los ausentes y, de alguna manera, los representaban, representaban sus intereses. Pero esta representación no era una relación jurídica todavía: era una cues-tión de hecho, una situación fáctica.

Ahora bien, iniciada la Edad Media, Europa se dividió en esta-dos nacionales por la gracia de Carlomagno, quien fue el último en intentar, hasta Napoleón en 1800, la unificación de toda Europa.

Los reyes y emperadores, junto con el papado, gobernaron au-tocráticamente, sin participación en las decisiones de ningún otro actor político que no fueran los nobles y el clero.

En el comienzo de la Edad Media, el señor feudal fue el dueño de la tierra, gozó de los honores de su condición, sirvió al monarca y lo obedeció: pagaba altos tributos para mantener a la nobleza, y vivía de su trabajo; la economía estaba fundada en la esclavitud; existía aún el sirvo de la gleba, que era un “objeto” que pertenecía, no al amo sino a la tierra, como un árbol: si el señor vendía su tie-rra, con ella vendía a sus esclavos: no podía llevárselos con él.

Al final de la Edad Media comenzó, en cambio, el comercio de esclavos.

Para identificar a un sistema político es indispensable pregun-tarse cuántos detentadores del poder hay: si hay un solo detenta-dor del poder (el rey, el emperador, un partido, una asamblea), el sistema es autocrático y difícilmente existen garantías de derechos individuales y respeto a los derechos humanos. Si hay más de un detentador (un rey y un parlamento, un presidente con un parla-mento y un poder judicial, un primer ministro y un parlamento, una asamblea y el electorado, y todas las múltiples combinaciones contemporáneas), el sistema es abierto en principio, pues sería preciso, para sostener esta afirmación, un análisis detallado y sin-gular de ese tipo de régimen.

En la Edad Media se dio el típico sistema de gobierno autocrá-tico. Pero si bien hemos visto que el señor feudal estaba bastante sometido a la monarquía, con el paso del tiempo las cosas cambia-ron. El comercio empezó a ser una de las actividades económicas más importantes. Aparecieron algunas tímidas actividades finan-cieras: el crédito, los préstamos y relaciones comerciales más o menos complejas.

Los mercaderes unieron las ciudades con sus carretas, y apare-cieron dos elementos nuevos:

1) Un nuevo actor social: el burgués, que fue generalmente un gran comerciante y poseedor de tierras,

2) Un nuevo escenario: las ciudades que crecieron al conjuro del nuevo sistema de comercio.



Los burgueses se dieron cuenta de que empezaban a enri-quecerse considerablemente; las monarquías, después de siglos de dilapidar fortunas en una vida repleta de sofisticaciones y excentricidades, comenzaron a ver sus arcas vacías. Es enton-ces cuando acudieron a los burgueses en busca de préstamos. Los burgueses asistieron a los monarcas, porque éstos servían a sus fines comerciales y los protegían. Pero el monarca dejó de ser un amo absoluto: se convirtió en el primero entre los igua-les (Primus inter pares). Se entiende entonces que existiera cierta igualdad entre los señores y el rey, y que éste fuera solamente el primero entre ellos.

A pesar de que durante la larga Edad Media no hubo ningún atisbo de constitucionalismo -pues el poder estaba en una sola mano y se ejercía discrecionalmente- ocurrió un fenómeno curio-so a finales del siglo XIV: aparecieron parlamentos, en la misma década, en cinco ciudades distintas: París, Londres, León, Ara-

gón y Castilla. En estas tres ciudades españolas, seguramente por transformación de los consejos feudales de los reyes en corpora-ciones representativas.

En aquella época, los lentos medios de comunicación no per-mitían que estas ciudades trasplantaran esta nueva institución de un lado a otro, por lo que es dable pensar que fue un azar curioso que en cinco puntos distintos y distantes naciera, al mismo tiem-po, la misma institución.

Es este uno de los acontecimientos más fascinantes de la his-toria. Y responde a un principio que la vida histórica guarda en sus entrañas y que se repetirá muchas veces: en lugares distintos y en circunstancias distintas, hombres distintos encuentran solu-ciones iguales a problemas iguales.

Estos parlamentos, si bien no tenían las facultades de los que aparecerán después con las revoluciones burguesas, ya significaron una quiebra en la unicidad del poder: una vez que el monarca debió convivir con estos parlamentos, ya el poder estuvo dividido: se ha-bía quebrado para siempre, pues nunca se recuperaría del todo.

Estos parlamentos surgieron de una necesidad económica y de una indignación: los señores feudales se oponían a que el rey ele-vara sus impuestos sin consultarlos. Elegían representantes para que se reunieran a deliberar sobre este asunto; éstos estaban, en principio, muy limitados, porque llevaban lo que se denomina un mandato imperativo, es decir, sólo podían decir y proponer aque-llo que les había sido dicho expresamente por sus representados.


La idea de un gobierno de leyes y no de hombres, llevó a los teóricos a imaginar una ley suprema que no fuera ser violada por los gobernantes ni por los ciudadanos


No podían aceptar ni tomar decisiones que no hubiesen estado en la voluntad de aquellos a quienes representaban. Pero ocurrió que cuando los representante se reunían, se encontraban con asuntos de urgencia que merecían resolución inmediata, entonces se des-ligaban de aquel mandato imperativo y por sí mismos decidían para todos: fue éste y no otro el nacimiento casual del mandato representativo o abierto, que es la clave de la teoría de la represen-tación política.

Por eso estamos en condiciones de afirmar, junto con una muy moderna teoría política, que la división del poder surgió conjunta-mente con la idea de la representación política. El poder, entonces, ya estaba de hecho dividido; la representación política, también de hecho, ya existía. Sin embargo, esta institución desapareció y sólo reaparecerá en el siglo XVIII.

Llegamos pues al siglo XVIII. La agitación en toda Europa es inmensa. El reinado de Luis XIV en Francia abochornó a todo el país; se gastaron fortunas multimillonarias en los caprichos de la nobleza, cada vez más ensoberbecida y más excéntrica; el rey llegá a afirmar que él era el Estado, despreciando totalmente a los actores sociales que en Francia recibían el nombre de estados (el estado noble, el estado monacal o clerical y el estado burgués).

Inglaterra vivía una gran convulsión desde el siglo XVII, en que ya se había producido la Revolución Puritana y se había san-cionado una serie de Bills que aseguraban los derechos del par-lamento y las garantías individuales; también existía un Habeas Corpus Act, que invocaba la ya citada frase latina por influencia del derecho romano (aunque Inglaterra es el único país que desarrolló un sistema jurídico totalmente diverso al continental europeo).

En Estados Unidos las rebeliones fueron frecuentes; la escla-vitud no duraría mucho, y la primera Constitución se sancionaría en Virginia, en 1776 (la primera Constitución escrita que conoce la humanidad) para sancionarse después los Artículos de Perpe-tua Unión, en 1787.

Italia estaba dividida; España todavía subsistía a los embates de la burguesía y sufría grandes problemas regionales e interna-cionales, como la rebelión de todas sus colonias y las campañas emancipadoras que iniciaron San Martín, Sucre y Bolívar en toda la actual América Latina, desde México hasta la Argentina.

Sólo subsistirán por algún tiempo el imperio alemán, el aus-tro-húngaro y el holandés; y, por supuesto, el zarismo ruso.

Es aquí donde nacieron los primeros parlamentos, en el senti-do casi actual de la palabra, las primeras declaraciones de derechos y garantías individuales, y la idea de derechos naturales que nadie puede usurpar. La libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, la vida, se convirtieron en derechos que declararon solemnemente los franceses, los ingleses y los norteamericanos.



Al mismo tiempo, el poder se dividió definitivamente.Veamos la cronología:

1688: Revolución Puritana en Inglaterra. Sanción de leyes que aseguran el parlamentarismo y los derechos naturales y políticos.

1776: Declaración de Derechos en Virginia y sanción de la pri-mera Constitución escrita.

1787: sanción de la Constitución de los Estados Unidos.1789: Revolución francesa. Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano. Sanción de una constitución que esta-blece el gobierno de la Asamblea.

1800: triunfo de Napoleón.1810: emancipación de las colonias españolas en Sudamérica y

en México. El virreinato del Río de la Plata (actuales Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile) declara su independencia por el cautiverio del rey.

1813: abolición de la esclavitud en el Río de la Plata.

Para tener presente el retraso descomunal de España ante estos hechos, cabe señalar que al mismo tiempo en que se sancionaba la primera Constitución escrita y republicana del mundo, Su Majes-tad Nuestro Señor Carlos III -con esos títulos- construía el edificio de la Santa Clerecía con un rescripto impreso en latín que puede leerse hoy en ese borbónico edificio de Madrid, en la calle de Al-calá, a pasos de la Puerta del Sol. España necesitó doscientos años más para tener una Constitución decente, en 1978 -es decir, antes de ayer-, que no fuera fulminada de un bayonetazo de Franco.

Estos hechos relatados y la abundantísima y brillante teoría que los acompañaron, iniciaron el periodo del constitucionalismo mo-derno. Esta teoría a la que nos referimos está fundamentalmente basada en las obras de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montes-quieu y Hobbes; en Estados Unidos, los teóricos más avezados fue-ron Jefferson, Jay y Hamilton, y en la práctica política, Franklin.

Supremacía de la Constitución y Derechos del HombreLa idea de un gobierno de leyes y no de hombres, llevó a los teóri-cos a imaginar una ley suprema que no pudiera ser violada por los gobernantes ni por los ciudadanos, y que no admitiera la existen-cia de ninguna otra norma inferior que la contradijera.

Sobre esta base, resultaría suficiente declarar en la Constitu-ción los derechos fundamentales y establecer un sistema de go-bierno planeado para que no recaiga en la autocracia y para que toda la sociedad política viviera un Estado de derecho.

Lo que sigue es relato conocido.Claro que la historia ha demostrado que no es suficiente el



formalismo de una Constitución escrita, pues ésta, a pesar de todo, puede ser violada, como ocurre habitualmente. No obstante, la idea de que una norma sea suprema inclusive para los más altos gobernantes, y que ninguna otra norma pueda oponérsele, resulta un gran principio jurídico que, adecuadamente implantado, ase-gura en efecto, la vigencia del Estado de derecho.

La idea de un sistema jurídico escalonado, con normas subor-dinadas y coordinas entre sí, vino en apoyo de la teoría de la su-premacía constitucional, ubicando justamente a la Constitución en la cúspide de la pirámide jurídica.

Llegados a este punto, no hay motivos para ignorar que la pi-rámide ha crecido hacia arriba, y que su cúspide está ahora en el derecho internacional público, y más específicamente, en el dere-cho constitucional de los derechos humanos.

El fracaso de la legalidad: violaciones sistemáticas a los derechos fundamentalesHasta aquí hemos visto el panorama del enorme esfuerzo intelec-tual, espiritual, de los pueblos de occidente para asegurarse una vida digna. Como ha podido verse, fue un esfuerzo que llevó al menos tres milenios y no careció de sangre, de dolores y fracasos.

Lo cierto es que hemos arribado con el siglo XXI a una es-tatura histórica que sorprende: el desarrollo de las ciencias y las tecnologías ha impactado favorablemente en la calidad de vida; el agua potable, los antibióticos, las anestesias y las analgesias han hecho la vida más larga; las personas llegan a vivir un siglo completo; y gozamos de milagros tecnológicos que no sólo hacen más eficiente la vida cotidiana, sino que también la tornan menos abrumadora.

Sin embargo, la contracara del mismo siglo XXI nos estropea la conciencia cada mañana: el desarrollo tecnológico y científico sólo puede ser disfrutado por una mínima porción de los habitan-tes del planeta, lo cual lo torna un desarrollo teñido de inmorali-dad: nace para las élites y nada más. El hambre y la sed matan aun hoy a millones de personas en el mundo pobre; las medicinas sólo están al alcance de muy pocos; en el mundo subdesarrollado la de-clamación de los derechos humanos es una ofensa que escandali-za: mueren de sed, de malaria, de fiebres básicas, se desarrollan en la desnutrición y viven en el dolor de la miseria indescriptible.

El mundo no ha querido distribuir sus riquezas. A esta altura de los esfuerzos políticos el diagnóstico está muy claro: la sociedad política de la prosperidad no quiere compartir su riqueza; hemos deseado, peleado y guerreado por un mundo con millones de miserables y menesterosos que mueren de hambre, y lo hemos logrado.

Al mismo tiempo, no nos hemos privado de librar guerras útiles e in-útiles, perfeccionar los instrumentos para el homicidio de destrucción masi-



va, realizar pruebas atómicas con regularidad, emitir gases tóxicos destru-yendo la calidad del aire y acabando con el agua dulce, dilapidar recursos naturales, deforestar sin límites y desproteger las zonas de reserva.

No hay miles de problemas en el mundo; hay dos: la miseria y el hambre.

La política internacional exhibe sus inútiles tratados, a los cuales sólo podemos atribuir un valor pedagógico: señalan un ca-mino, pero nadie lo sigue. El final del siglo XX y el comienzo del XXI, con la invasión de países árabes por parte de los Estados Unidos y las torturas cometidas públicamente por el Ejército nor-teamericano, han sido patéticos. Podemos tomarlo como ejemplo del enorme retroceso ético en que estamos hundidos.

Es sombrío que, al cabo de los siglos, las torturas y tormentos continúen. El tercer milenio de esta era inauguró sus azotes, como dijimos, en un escenario paradojal: en la vieja Persia.

Que haya tormentos y abusos es brutal; que los cause el país que más convencido cree estar de los beneficios de la libertad es una burla para escolares; que además esa nación pretenda que atormentar es un derecho que le fue conferido por la necesidad, o en todo caso sólo un “daño colateral” de sus grandes causas por la libertad, es también un modo de tirar a la basura su mejor tra-dición: ni Jefferson ni Washington ni Hamilton ni Lincoln ni Jay ni Franklin ni Adams ni Marshall soportarían hoy un minuto de política norteamericana.

Pero en la trampa del tiempo hemos caído nosotros, los cre-yentes en el Dios de la libertad.

Aunque no lo sepamos, seguimos aplicando al estudio de las ciencias sociales -en especial la ciencia de la historia- los paradig-mas del progreso que heredamos del cientificismo positivista. Ha sido tan fuerte el impacto de la sociología de Comte, la química de Pasteur, la física de Newton y la filosofía esquemática de Hegel y Marx, que seguimos creyendo en el progreso por el mero trans-curso del tiempo.

Eso es cierto en las ciencias exactas y naturales: es muy pro-bable que un matemático del siglo XXII sea más preciso que otro del siglo precedente, y que un biólogo actual se abstenga de aislar un virus que fue aislado en 1990. Pero en ciencias del espíritu no hay progreso: podemos volver a tener un pontífice nazi, y una nación puede ejercer la esclavitud otra vez; los hombres y mujeres pueden morir de hambre y de sed en África por milenios, y enfer-medades sencillas y curables -fiebre amarilla, tos convulsa, mala-ria, escorbuto- pueden desolar generaciones enteras de niños sin que la conciencia moral de los prósperos se altere demasiado. La ciencia histórica no progresa en hechos: simplemente transcurre, por eso narrar la historia es fascinante, y vivirla, angustiante.

La teoría general de la relatividad desarticuló la estructura del



universo y, de paso, de todas las ciencias exactas. La teoría del caos, del azar y el desacierto mostró la ineficacia de los paradig-mas previsibles de toda matemática. Stephen Hawking reescribió tres veces la física quántica y remodeló los agujeros negros en pleno siglo XXI como si fueran de arcilla. Y aún así, seguimos bruñendo nuestro cerebro iluminista suponiendo que el próximo año será mejor que éste porque viene después, como si el volun-tarismo del progreso indefinido no hubiera sido decapitado, tam-bién él, en los instrumentos tortuosos del Dr. Guillotin.

Una de las expresiones de asombro más usadas en el lengua-je coloquial es ésta: “cómo es posible que todavía ocurran estas cosas”. En el adverbio está toda la indignación: la conciencia es galileica y mecanicista; somos optimistas por la gracia de Dios: no debería ser posible, para nuestro imaginario dieciochesco, que ocurran atrocidades “todavía”.

En vano Sigmund Freud, en vano Jacques Lacan y todo el pesi-mismo de Cioran. La descripción del inconsciente y de los signos atávicos de la conducta no nos han bastado; las conductas bestia-les de la inconsciencia necrófila fueron muy bien detalladas, pero nos conviene no creerlas; la vida articulada a pura pérdida puede leerse cada día en la sección policial y atómica del periódico, pero

incluso así decidimos que la gente será más buena. Con cierta gra-cia somos esperanzados y dichosos para mirar el porvenir, aunque el transcurso de los hechos muestre episodios espantosos como el neonazismo joven, desapariciones forzadas, hambre evitable fá-cilmente y persecuciones masivas y “legales” de migrantes.

Todo ello puede ocurrir -y ocurre- porque la historia es on-tológicamente como el arte: no hay en ella progreso por el mero transcurso del tiempo. No es mejor pintor Botero que Picasso sólo porque nació después. El arte no registra progresos, y escritores deleznables de best-sellers tienen muchísimo éxito hoy, cuando está disponible la Divina Comedia a precios módicos en todas las lenguas del mundo.

En la historia social ocurre un fenómeno semejante: el III Reich pudo suceder después de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la primera era del constitucionalismo del siglo XX, precisamente porque las sociedades no aprenden de la histo-ria nada de nada.

Normalmente nos asombramos de que la miseria y el azote del dolor perduren, porque seguimos aplicando a la ciencia del


La teoría general de la relatividad desarticuló la estructura del universo y, de paso, de todas

las ciencias exactas


hombre un sistema de comprensión mecanicista propio del racio-nalismo: nos cuesta creer que no haya progreso en la ética cuando el progreso de la ciencia nos abruma.

La paradoja del siglo cibernético la describió Mannheim: un hombre fabrica y conduce un aeroplano de altísima sofisticación tecnológica, porque su inteligencia técnica es altísima; desde las alturas del cielo que domina, ese mismo hombre arroja una bom-ba atómica sobre Hiroshima, porque su inteligencia ética es míni-ma. El hecho no es difícil de comprender y sin embargo, cada vez que un nuevo suceso deleznable ocurre, nos asombramos de que “todavía” perduren viejas catástrofes tal y como si debiera haber un progreso mecánico en la historia de la ética.

La altura del tiempo no significa nada en la moral social, aun-que sea penoso darse cuenta de ello. El ejemplo más cabal lo ofreció Estados Unidos, con un presidente inepto y sin calidades morales ni mentales como George W. Bush, quien aceptó haber admitido la tortura “preventiva” en pleno siglo XXI; a quien sucedió de inmediato su contracara y paradoja: el primer presidente negro de la Unión -Barack Obama- que desea fin a los tormentos.

El progreso más sólido de los siglos XX y XXI fue conquistar el espacio y acelerar la transmisión de información de cualquier tipo, en formatos mínimos y a cualquier parte del universo. Una gran cantidad de información con imágenes, películas, sonidos y frecuencias puede ser transmitida en décimas de segundo a millo-nes de kilómetros de distancia. El hecho -meramente mecánico- sólo acortó las distancias; el horror de la guerra o del hambre llega ahora en tiempo real y a todo color al mismo living de casa, y el quantum de la tragedia es tal que ya no nos asombra que se reitere a sí misma con mayor gravedad cada vez. Simplemente la vemos porque nos la muestran.

Los siglos parecen reiterar sus manías más patéticas, en una versión cada vez inferior a la anterior. Al cabo de los años se-remos la caricatura de un ser humano. Una gran conflagración mundial con poderosos explosivos atómicos y letales armas quí-micas, no será nada en comparación con los desastres que hará el cambio climático a causa del calentamiento global. Grandes huracanes producto del calentamiento de las aguas, tsunamis que arrasarán con ciudades y países enteros, el descongelamien-to de los polos, y el agotamiento del agua dulce pondrán a la humanidad de rodillas. Países enteros desaparecerán a la zaga de las manías de sus habitantes; acaso no todos merezcan esa triste suerte, a pesar de que todos cooperamos diariamente con ese descalabrado exterminio.

Antes de mediar el tercer milenio le rezaremos a la Madre Tierra como hacían los aztecas hace quince mil años, pero segu-ramente sin tanta sabiduría ni tantos medios. Albert Einstein no



le temía tanto a una guerra con bombas como a una con piedras. Previsiblemente, la próxima conflagración será esa tórrida pesa-dilla, muy bien descrita en el cine por aquel joven Mel Gibson de la trilogía Bad Max: una guerra de malevos a pedradas y cuerpo a cuerpo por un poquito de agua potable.

Nosotros creamos este tiempo: nosotros, que somos su víctima.Un breve y tórrido resumen del intento humano por salir de

ese pantano pretende, veo ya que vanamente, esta nota. Me em-pecino, pues, en hablarle otra vez a una sólida y pertinaz muche-dumbre de sordos y pasar el arado por el desierto. Nadie dirá que no lo hemos intentado.


Daniel E. Herrendorf es escritor y jurista. Doctor en Jurisprudencia, profesor de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos. Subsecretario de Justicia de la República Argentina. Presidente y fundador de la Fundación Carlos Cossío y del Fondo de Cultura y Mecenazgo del Sur. Autor, entre otras obras, de ficción: Evita, la loca de la casa, Buenos Aires, 2003. Memorias de Antínoo, Buenos Aires, 2000. Mémoires d’Antinoüs, París, 2007. El sueño de Dante, Buenos Aires, 2000. Tratados: El poder de los jueces, Buenos Aires, 1994, y México, 1992. Los derechos humanos ante la justicia, Buenos Aires, 1997. Autopsie de la science du droit - Pour une Phénoménologie de la Science du Droit, Université de Droit, d’Aix-Marseille, París, 1996. El derecho a tener derechos, Buenos Aires, 1995. Derechos humanos y refugiados - La intemperie espiritual, Ed. ONU, 1994. Filosofía de los derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1993. Sociología de los derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1992. Teoría general y política de los dere-chos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1992. La situa-ción actual de la teoría general del derecho, México, 1991. Principios de derechos humanos y garantías, coautoría con Germán J. Bidart Campos, Buenos Aires 1991. El dere-cho internacional de los derechos humanos, México, 1990. Derechos humanos y vicever-sa, México, 1990. El poder de la policía en un sistema de derechos humanos, INCIPE México, 1990. Las corrientes actuales de la filosofía del derecho, Buenos Aires, 1989. Radiografía de la teoría egológica, coautoría con Carlos Cossío, Buenos Aires, 1987.


Recordemos que desde hace treinta años nuestro país comenzó a vivir una enorme transformación, una inmensa modernización económica, política, social y cultural. Se buscaba una forma de gobierno donde los representantes electos tomaran decisiones po-líticas sujetas al Estado de derecho que al mismo tiempo estuviera moderado por una Constitución y que se enfatizara la protección de los derechos y libertades individuales. Se pretendía arribar a un estado de cosas caracterizado por la tolerancia y el pluralismo, por ideas sociales y políticas diferenciadas y así llegar a la deno-minada Democracia Liberal, sostenida por un Estado de derecho universal y equitativo.

Con esa tarea enfrente los mexicanos iniciamos un proceso de ajuste a las instituciones, a las leyes y a las prácticas políticas, a su verdadera modernidad social. Las transformaciones efectuadas a

Para construir la democracia pendiente

Raúl arroyo

La celebración de los 200 años del inicio de la gesta independentista y los 100 del estallido de la Revolución es el referente básico para iniciar una serie de reflexiones sobre los pendientes políticos de nuestra democracia.

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lo largo de esas más de tres décadas permitieron, entre otras cosas, modificar la composición de los órganos de representación nacio-nal, fortalecer el régimen de partidos y elevar su competitividad; garantizar condiciones de equidad en la contienda, consolidar los atributos de independencia y autonomía de la autoridad electoral, y establecer mejoras sustantivas en el ámbito de la justicia electo-ral y los sistemas de elección a nivel local.

Paralelamente empezó a generarse un clima de respeto sos-tenido de los derechos humanos, al mismo tiempo que se exigía al Estado la creación de infraestructura institucional que tuviera la capacidad de remediar las violaciones a la dignidad humana y a respetar los derechos individuales como único proceso cierto y evidente de la justificación democrática. Se comenzó a discutir sobre derechos humanos como sinónimo de democracia: sin de-rechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia, sin democracia no existen las condiciones mínimas para la estabili-dad y la legitimidad de los regímenes políticos, y para la solución pacífica de conflictos.

Sin embargo, haber sentado las bases institucionales para el pleno respeto de los derechos del ciudadano no ha sido suficiente para referirnos a México como un régimen democrático estable, puesto que la democracia no se constriñe a elecciones y votos; es mucho más, implica una específica forma de relación entre socie-dad y Estado, y en ese contexto, un modo particular de ejercer la autoridad y la ciudadanía.

Como ejemplo están los resultados de las elecciones de julio de 2006, que pusieron sobre la mesa de la discusión la validez y aplicabilidad de los conceptos que rigieron el cambio democrá-tico. En esa votación presidencial el sistema electoral mexicano mostró su debilidad y despertó la sospecha del fraude. El estrecho margen de victoria del ganador, las limitaciones de la legislación vigente durante los últimos tres procesos de elecciones, los errores de la autoridad, sobre todo en el manejo de la información de los resultados en la noche misma de la jornada comicial; la decisión meditada y elaborada, sin evidencias, por el principal candidato opositor para calificar las elecciones de “fraudulentas”, todo eso que puso en evidencia un retroceso, un desagradable retorno hacia temas que parecían definitivamente resueltos y que creímos nos habían ubicado, ahora sí, en el carril correcto de la vida democrá-tica de México, agudizaron los problemas de gobernabilidad polí-tica y pusieron en entredicho los logros de la llamada transición democrática mexicana.

Incluso, los viejos reclamos de justicia, de protección de la li-bertad personal, de libertad de expresión, de democratización de los medios de comunicación, de acceso a la información, de conflictos étnicos, de aumento de la pobreza, de crecimiento de la desigualdad y de tirantez social, no se han podido resolver y, más aún, tienen

Raúl arroyo


vigencia y reclaman nuevas formas de atención y solución.Aún se buscan esquemas que promuevan la tolerancia, el res-

peto, la eliminación de uso de estereotipos, prejuicios y estigmas por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión o pertenencia política. También se pretende la de-fensa de los derechos de aquellos grupos que viven situaciones desiguales y de discriminación (mujeres, indígenas, niños y ni-ñas, personas con discapacidad, con orientación sexual diversa y adultos mayores, entre otros); acciones contra la tortura, derecho a los niños, derecho a las mujeres y trata de seres humanos.

A la defensa de estos derechos humanos tradicionales se su-man los que tienen por objeto la protección de los intereses co-lectivos y la solución conjunta y armonizada de problemas de carácter planetario (derecho al desarrollo, al medio ambiente, a la paz y los derechos de los consumidores, entre otros), derechos cuyo ejercicio efectivo está supeditado a la situación de un pueblo o sociedad, lo que por consiguiente, solamente puede ser garan-tizado en forma colectiva; es decir, los estados o la comunidad internacional y que sólo podrían tener cabida en un sistema en el que, como éste, la democracia sea la expresión de una concepción política y no de una teoría comprensiva.

¿Qué es lo que ha fallado? ¿Es suficiente lo conquistado hasta el momento para orientar la democracia en nuestro país? ¿Basta con hablar de transición y consolidación para que la democracia tenga la calidad suficiente que los mexicanos reclamamos? ¿Se requiere de un nuevo tipo de gobernante y de un nuevo tipo de ciudadano? Indudablemente, el camino es construir, o intentar construir, una democracia sostenida por un Estado de derecho universal y equitativo; o sea, una democracia liberal.

La discusión actual de lo “liberal” o del “liberalismo” es pro-fundamente compleja y contradictoria, ya que desde sus inicios se ha ramificado en formas diversas, dando origen a múltiples ten-dencias que incluso, en algunos momentos, llegan a parecer divi-didas por las tensiones entre dos de sus instituciones básicas: la democracia y el mercado. Es decir, por un lado, se reivindican las ventajas de la economía del mercado y, por otro, los derechos hu-manos contra toda forma de despotismo. Visto así, el liberalismo da una idea de libertad que en la mayoría de las mentes occidenta-les se asocia a una concepción bastante positiva de sus propuestas y de los resultados que propone. Sin embargo, a pesar de haber sido alguna vez una propuesta revolucionaria es pertinente recordar que el liberalismo se pervierte, una vez convertido en la doctrina de las élites gobernantes. El principal reto es avanzar en el diseño de un modelo que ayude a desplazar el eje político hacia los ciudadanos, como actores principales de la vida pública del país.

Por principio, se requiere la construcción de una nueva cultura política que incluya, por obvio que así parezca, el fortalecimiento



de nuestra democracia. Con la defensa de las elecciones libres y equitativas no se agota el modelo democrático, estamos obligados a pensar en la legitimidad de los gobiernos, la libertad e igualdad de los ciudadanos y el poder para controlar y evaluar el trabajo de los gobernantes. Adicionalmente, se debe insistir en el respeto irrestricto a la ley; o sea, la aplicación y observancia de un marco legal que garantice derechos e igualdad de todos los ciudadanos.

Lo anterior nos obliga a pensar en los mecanismos para acotar al Estado frente a las libertades de los ciudadanos y cómo forta-lecerlo para que garantice el piso común de derechos en que esas libertades descansan. El Estado debe ser suficientemente fuerte para obligar a todos a cumplir la ley y débil para no interferir con la libertad de nadie en ningún otro ámbito. De modo que logre-mos lo que pudiera parecer una contradicción: un Estado fuerte, pero débil.

Dentro de una democracia liberal el Estado debe ser imparcial legalmente, lo que significa consolidar un Estado de derecho, no el espacio de negociación discrecional de la ley, como sigue siendo en tantos órdenes. Sólo la certeza de la igualdad ante la ley puede ayu-dar a propagar la libertad de los ciudadanos en todos los ámbitos; esa libertad restringida sólo por el mandato de la ley que a la vez obliga y libera a todos, ya que les impide hacer lo que está expresa-mente prohibido, pero los deja libres en todo lo demás. Sin la apli-cación de la ley en forma parcial no hay piso firme para construir el resto de las libertades. Hay espacio sólo para la libertad de quienes pueden otorgársela a costa de otros, forzando o ignorando la ley.

La democracia liberal requiere de un Estado fuerte para la aplicación de la ley, con límites precisos para interferir con las li-bertades políticas, económicas o sociales de sus ciudadanos. No es ese el Estado que tenemos, más bien, el opuesto. En consecuencia, se requiere la revisión de las facultades de intervención en todos los órdenes. Esto significa que se pueden reducir las posibilidades de corrupción y abuso de los gobernantes y servidores públicos.

Esta forma de gobierno necesita eliminar las contradicciones entre justicia y legalidad. Los enormes poderes legales, políticos y económicos del Estado dan al gobierno una capacidad excesiva de constreñir o limitar las libertades de los ciudadanos: empezando con su aptitud para fabricar culpables. Debemos acabar con el uso retórico de la ley para apoyar a los más necesitados y más urgente es terminar con la tentación patrimonialista, consistente en apro-

Raúl arroyo

Sólo la certeza de la igualdad ante la ley puede ayudar a propagar la libertad de los ciudadanos en todos los ámbitos


piarse privadamente, en servicio del propio patrimonio, de bienes, derechos y recursos públicos: llámense fondos del erario, expro-piaciones, concesiones o cualquiera otra forma pública de lucro que se otorga a cambio de tratos y ventajas privadas en nombre de la justicia social.

La democracia liberal requiere de transparencia, rendición de cuentas y estricto escrutinio público del desempeño económico del gobierno. También precisa del saneamiento de las finanzas pú-blicas, hacer que los ciudadanos paguen hasta el último peso que cuesta y gasta el Estado, de modo que éste cuente con los recursos suficientes para cumplir el mandato de sus ciudadanos y ni un peso más.

Un Estado financiado solamente por sus ciudadanos es el fundamento del Estado liberal; no debe haber otros lugares para obtener recursos ni para rendir cuentas que en el bolsillo de los ciudadanos, cuyo dinero gasta. Ese es el origen estricto de la ca-pacidad ciudadana de controlar al gobierno. Esto significa acabar con la llamada autonomía financiera, que sólo provoca descontrol económico.

La democracia liberal necesita en México un gobierno eficaz en la toma de decisiones. Requiere de un presidente fuerte, sin más compromiso que el interés de la nación y de sus ciudadanos; un titular del Poder Ejecutivo ajeno a los grupos de interés eco-nómico y a las clientelas políticas, con amplias posibilidades de interlocución política: un jefe de Estado.

La democracia acota y contiene a los gobiernos mediante la competencia, pero no constituye en sí misma una garantía del ejercicio y la protección de las libertades fundamentales. Esto sólo puede garantizarse con un Estado que asegure la igualdad ante la ley y un gobierno sometido al control y a la rendición de cuentas por parte los ciudadanos.

El proceso de restauración democrática y legal que hoy requiere el país demanda el diseño de una nueva agenda política. Ciertamen-te vivimos tiempos de ingeniería política en los que cada situación es una suerte de rompecabezas que requiere acciones específicas. Por principio de cuentas, se necesita organizar un nuevo discurso político, más dinámico, menos hipócrita, acorde con nuestra vida pública y con las responsabilidades de un Estado liberal.

Así también requiere una agenda mínima que contenga, entre otros, los siguientes rubros:Demanda social de democracia. Es conveniente que el ciudada-no advierta a la democracia como un régimen deseable en razón de su superioridad ética y eficacia política sobre otros órdenes políti-cos alternativos para dirimir conflictos pacíficamente y solucionar problemas. Ello sólo será posible si entienden los principios de la democracia, sus valores, sus mecánicas institucionales, su evolu-ción histórica y sus diferencias de fondo con otros regímenes.



Mayor gobernabilidad democrática. La democracia no sólo debe demostrar su superioridad ético-política en términos abs-tractos, sino acreditar que es un orden al mismo tiempo estable y eficaz en la resolución de los problemas sociales, porque sólo de esa manera garantizará las dosis de legitimidad necesarias para sostenerse en el tiempo.Nueva ciudadanía. Dentro del proceso de democratización, el ámbito de menor desarrollo y sin duda el más importante ha sido el de los ciudadanos. Los mexicanos tradicionalmente vistos como súbditos alcanzaron derechos nada despreciables como el voto, pero no adquirieron la capacidad de hacer valer otros que son inherentes a los ciudadanos en otras democracias.1 Entonces, la tarea pendiente es fomentar la existencia de una ciudadanía comprometida y con una cultura política sólida, de la cual de-pende la viabilidad política en el país en el mediano plazo. En este sentido, se requiere construir un sólido anclaje en dos dimen-siones de cultura política del ciudadano mexicano: la conductual, que se refiere al activismo político, y la actitudinal, que hace re-ferencia a la aprobación de los ideales democráticos. Es decir, la consolidación de las reglas del juego democrático en México im-plica la conjunción equilibrada de instituciones democráticas y de ciudadanos participativos y conscientes de su peso específico, con el propósito de resistir las amenazas de desestabilización y los cuestionamientos autoritarios.2

Creación y fortalecimiento de las instituciones al servicio de la democracia. Para asegurar que en la sociedad no haya domi-nadores ni dominados. El principio republicano de igualdad de los ciudadanos en sus derechos sustantivos, se traduce en el fun-cionamiento imparcial y ecuánime de las instituciones. La mejor fórmula para garantizarlo no es multiplicar controles opacos, sino incrementar la dosis de transparencia. El objetivo es la garantía del proceso democrático, que pasa por mantener una esfera públi-ca donde sea posible discutir y articular todos los criterios de los ciudadanos.Rendición de cuentas. Si lo que pretendemos como sociedad y Estado es la construcción de una democracia en un sentido am-plio, no debe tolerarse el abuso del poder público, ya que ello pone en riesgo a la democracia misma. La rendición de cuentas exige transparentar el ejercicio del poder, informar sobre la gestión pú-blica y abrir canales para que la ciudadanía supervise y evalúe dicha gestión.Regulación de la política. La poca o nula capacidad de aten-

Raúl arroyo

1.Rubio, Luis. Súbditos y ciudadanos, Reforma (11 de agosto, 2002), p. 17A.2. Norris, Pipa. La Participación Ciudadana: México desde una política comparada; ponencia presentada en el Coloquio Para Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, organizado por CIDE, IFE, SEP, SEGOB y el ITAM. 14, 15 y 16 de agosto de 2003.


der las principales demandas ciudadanas, los escándalos de co-rrupción y nepotismo, la lacerante desigualdad social, así como la existencia de sectores ciudadanos en condiciones de pobreza extrema y la impartición discrecional de la justicia, entre muchos otros factores, han generado un penoso desprestigio de la política y los políticos. Se requiere mayor responsabilidad política de los gobernantes, combatir el nuevo fenómeno de la partidocracia y estimular mayor eficacia de los gobiernos.Certeza jurídica. La seguridad jurídica demanda que los jueces llamados a resolver una controversia cumplan su cometido apli-cando los preceptos de la ley escrita. Y cuando no hay ley aplica-ble y/o se han agotado los recursos que brinda la interpretación, la justicia exige y el derecho positivo permite que el juzgador se inspire en criterios de equidad u otros principios generales del derecho. El orden jurídico no se agota o resume en una serie de normas escritas. Un juez no se legitima con el poder que el Estado le confiere, sino con el respaldo justo y humano de sus decisiones. El problema es que el tema, presente en el discurso institucional de la impartición de justicia, es motivo de una gran exaltación y esporádicamente de acciones para concretarlo. La realidad presen-ta muchas variantes nuevas e inquietantes no siempre en la ruta de su consolidación.

La democracia liberal, como versión más acabada del Estado moderno, se instala como el arreglo político-institucional funda-do en los equilibrios de los poderes (públicos y privados) a partir de un conjunto de reglas constitucionalizadas -en primer lugar, el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales-, que por ello resultan obligatorias para todos y en el cual las decisio-nes políticas suponen un procedimiento incluyente, participativo y fundado en la regla de la mayoría. Lo anterior supone que la política y el derecho se encuentran en una relación muy estrecha, donde la primera influye únicamente a través de las vías legales establecidas y no puede ir más allá de determinadas reglas.

La compleja situación que ahora caracteriza a nuestro país obliga a todos a repensar el tema.


Raúl Arroyo es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo. Ha sido funcionario y directivo universitario, y magistrado del Poder Judicial hidalguense. Presidió el Tribunal Electoral de Hidalgo y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Integró el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y es miembro de la Red Latinoamericana de Jueces.


césar Benedicto callejas◆◆◆

A mí... mis héroes

son un ejercicio de reconocimiento propio, de lo local en lo uni-versal y de lo particular en lo general. Los símbolos son entida-des extrahistóricas, que poco o nada tienen que ver con la rea-lidad o que incluso puede decirse que rebasan la realidad para establecerse en un plano ideal o intelectual del que nutrimos el discurso y también el entendimiento.

No podemos imaginarnos a la Confederación Suiza sin Gui-llermo Tell, el emblema del hombre libre que por su propia fuerza, independencia y voluntad enfrenta al poder del feudal, es decir, al

Cada pueblo aspira a construir una identidad justo a la estatura de sus símbolos; decía Alfonso Reyes que la única manera de trazar un surco de manera recta es no mirando al suelo, sino hacia algún luce-ro en el horizonte; así, cuán romántica pueda sonar esta afirmación, lo cierto es que los símbolos repre-sentan lo mejor y lo más querido de cada nación;

1. Héroes y símbolos. Uso y desecho.


poder público personalmente encarnado y lo vence apostando lo mejor de cuanto tiene: su propio hijo. Me pregunto qué sucedería si a algún historiador bienintencionado se le ocurriera rastrear los registros parroquiales de la época de Tell para afirmar, des-pués de una sesuda investigación, que el mito de Guillermo Tell carece de sustento histórico, por cuanto el único sujeto así en la Suiza medieval carecía de una mano y en la otra tenía artritis, o peor aún, porque no tuvo hijos conocidos. ¿Qué sucedería en-tonces? ¿En aras de la verdad histórica habría que replantear el espíritu de la Confederación? ¿Echar por tierra el famoso monu-mento al padre y el hijo en Berna? O, más bien, escuchar atento la investigación y luego decir, “y bien... qué interesante, pero en fin, falso o cierto, todos los suizos somos Guillermo Tell”.

Ese primer escenario, nacido de la búsqueda de la verdad histórica, nos refleja la constante dinámica entre lo real y lo sim-bólico, entre lo material y lo espiritual, entre la verdad auténtica y la construcción intelectual, necesaria para asumirse en el mun-do. Existe, sin embargo, otro escenario, el de la reconstrucción histórica desde el poder para la reformulación de símbolos; ese es otro escenario que no está exento de riesgos y que no siempre obedece al simple amor por la verdad o la justicia histórica.

Hay héroes que dejaron de serlo porque ya nadie habla de ellos, porque sus causas finalmente fueron derrotadas o porque la fatiga de sus nombres echó más polvo que gloria sobre sus pedestales. Pavlik Morózov es uno de ellos. Él solía ser el héroe infantil número uno de la Unión Soviética, se le tenía como mo-delo de entrega a la Revolución y a la construcción del hombre nuevo, su historia, documentada desde el principio, no dejaba dudas sobre su realidad histórica, pero siempre hay campo abier-to para la interpretación y la reinterpretación.

La historia de Pavlik Morózov es interesante. Hijo de un comisario bolchevique en los primeros días de la sovietización estalinista, pertenecía a una de esas familias de kulaks que ya li-berados llenan los libros de Gorki y de Dostoievski; su padre, al frente de una numerosa familia que se alimentó por generaciones de las tierras de algún príncipe provincial, tenía problemas para mantenerlos en un régimen de libertad pese a los años transcu-rridos, así, aprovechó su puesto para obtener pasaportes y visa-dos para quienes trataban de huir de la recién nacida Unión So-viética. Pavlik, que acompañaba a su padre en casi todo momen-to, escuchó en alguna reunión del sóviet, de la importancia de denunciar a todos quienes corrompían la Revolución o lucraban con ella; el chico era listo, no cabe duda, así que en la siguiente reunión del comisariato del pueblo no tuvo dudas en denunciar a su propio padre por actividades contrarrevolucionarias y de ofrecer pruebas, nombres y domicilios para sustentar la veraci-dad de su dicho; desde luego, el padre fue fusilado y además de

césar Benedicto callejas


la orfandad, a Morózov le salieron al encuentro tanto la miseria como la venganza de su abuelo, quien lo degolló una tarde en que el niño había salido al bosque a recolectar frutos.1 Entonces, las autoridades centrales vieron el auténtico valor del niño como símbolo y lo convirtieron en el espíritu del movimiento juvenil soviético hasta que el enorme edificio de la Unión Soviética se hizo trizas, ya finalizando el siglo XX.

No había dudas sobre la veracidad histórica de la narración que sustentaba el heroísmo de Pavlik Morózov, nadie dudaba de ella, pero para el nuevo gobierno tales actos de heroísmo soviéti-co resultaban no sólo contraproducentes sino hasta incómodos, groseros y sospechosos. Un nuevo estilo de gobierno en Rusia proclamaba la vuelta a las tradiciones de la auténtica Rusia, se-pultada por el helado y largo invierno soviético; en esa nueva concepción del mundo, valores como la independencia de crite-rios, el amor filial y la fortaleza de la familia, desplazaban a los valores cívicos y políticos del universo soviético. Así, los hechos ocurridos en 1934 fueron vueltos a analizar en 1998, se propusie-ron teorías y con el auxilio de las fuentes más diversas como la Universidad de Moscú y la National Geographic Society, se pudo llegar a la conclusión de que Pavlik nunca había declarado nada contra su padre y que su hermano pequeño había muerto en el bosque víctima de un animal salvaje. Asunto concluido, hoy sólo hay una pequeña investigación sobre quién removió el mo-numento a Morózov de un suburbio de Moscú.

Aunque en apariencia ambos escenarios, el primero ficticio y el segundo real, son iguales, en el fondo son dos situaciones diversas. En el primero, la leyenda casi infantil (los mitos son afirmaciones elementales de una explicación histórica o natural que por su conformación tan básica pueden generalmente ser reducidos a cuentos infantiles) convive con la verdad históri-ca y no se tocan ni se afectan; es decir, explican dos realidades paralelas en las que vive la sociedad; a la pregunta ¿Realmente existió Guillermo Tell? Se puede ofrecer la respuesta histórica, pero a la cuestión ¿por qué los suizos son independientes y libe-rales? aquella es completamente inútil, mientras que la leyenda es completamente satisfactoria y explicativa; sobre todo, porque está enfocada a hacer comprensibles valores tan profundos que no sólo rondan la inteligencia, sino también la intuición, la mo-ralidad y la identidad populares. El poder público, para sobrevi-vir, legitimarse y proyectarse a la sociedad como algo más que un mero plan temporal, necesita implementar su propia mitolo-gía, por eso, puede sustituir símbolos y ni siquiera todos, sino apenas algunos cuantos, pero no puede desaparecerlos y dejar la nada en su sitio.

a mí... mis héroes

1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/392742/Pavlik-Morozov


2. Mal tiempo para los símbolosCada generación, por muchas razones, no todas ellas conscien-tes, selecciona una serie de valores colectivos, de actitudes y de pretensiones que supone dignas de heredar a la generación si-guiente. Esa moral colectiva, esa ética de grupo y si se quiere, ese volkgeist, constituye el centro alrededor del cual gravita la vida política y la organización jurídica.

Al finalizar la Guerra Fría, cuando ocurrió el agotamiento de los sistemas de socialismo de Estado, la tendencia general del aná-lisis político y del estudio de las formas jurídicas tuvo un fuerte elemento de temor, casi diríamos de terror atávico, las palabras “ideología” y “utopía” se convirtieron en vocablos incorrectos en política y se transformaron en sinónimo de opresión, de tota-litarismo o bien de deseos irracionales. Después del clímax que constituyó la caída del muro de Berlín, la planeación del Estado parecía haber dejado de tener sentido, el discurso público no pudo apelar sino a la temporalidad de los proyectos basados en la oca-sión y la circunstancia, en el concurso de las clases y de los sujetos para ir resolviendo conjuntamente los retos históricos; la palabra “democracia” trató de reunir los sueños perdidos y de ocupar los espacios que dejaron vacantes los proyectos vencidos. Pero ¿qué era ese discurso, llevado a su cima por Fukuyama en lo teórico y por Reagan y Thatcher en lo fáctico, sino una sustitución ideo-lógica? La muerte de las utopías y de las ideologías se presentó como la nueva forma de entender la vida política, no sólo como explicación de la realidad, sino como proyecto de futuro y en tan-to, como una nueva ideología y como una nueva utopía.

Estos hechos marcaron a toda una generación cuyos nombres, en el ambiente cultural de las décadas de 1980 y de 1990, “la gene-ración X”,2 “la generación Prozac”,3 respectivamente, implicaron no una sustitución de ideales o de proyectos, sino una vacuidad y una pérdida de identidad y pertenencia que nació de la imposibi-lidad de generar iconos y signos compartidos.

Identificada con el crecimiento económico, el esfuerzo empre-sarial individualista y con un lenguaje social empobrecido asimiló


2. Cfr. Para su estética, véase: Estrada, Isabel. Middlebury College. Victimismo y violencia en la ficción de la Generación X. http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v06/estrada.html. Para su sentido económico: Tulgan, Bruce. Managing Generation X: How to Bring Out the Best in Young Talent. W.W. Norton & Company. New York. 2000. Para su literatura, origen y dinámica: Coupland, Douglas. Generation X: Tales for an Accelerated Culture. St. Martin’s Press. New York. 1992.3. Este término se refiere más a una escala de valores y a un estilo de vida. Cfr. Smart, Donna. The Shooting Drugs. Prozac and ints Generation exposed on the Internet. P.C. Research. Los Ángeles, Ca., 2000. Wurtzel, Elizabeth. Prozac Nation: Young and depressed in America: A memoir. Riverhead Books. New York. 1997.


la solidaridad de clases y la conciencia social a la filantropía gene-rosa y selectiva; generó una gran masa de marginales que si bien anteriormente habían sido asumidos como enemigos de clase, posteriormente fueron apreciados como reservas humanas para el consumo, con lo cual el ciclo ideológico estaba completo. En otros términos, algo le había pasado al mundo, pero a nosotros, los individuos, no nos había pasado nada.

Por esa razón fue fácil la adopción del discurso ideológico de la posmodernidad, políticamente inocuo y con tendencias más a la disgregación histórica y social que a la unidad, pues se basó más en la deconstrucción del supuesto ideológico que en la afirmación de los símbolos de una nueva ideología.4 Sin embargo, como quedó de manifiesto en la conformación del fenómeno de la generación de la posmodernidad y en sus presupuestos teóricos, no se trató sino de un nuevo discurso ideológico; aunque en apariencia hubiera nacido como una reinterpretación histórica y no como una proyección de futuro, lo cual es común a todas las ideologías.

Generar utopías es una de las funciones elementales de la ideología; esto es, fabricar esperanzas y fomentar, como lazo de unión entre los miembros de la sociedad, la creencia en el futuro, como condición necesaria para aspirar a la perpetuación del grupo. El periodo que siguió a la Guerra Fría, pretendió fundamentarse en la ausencia total de utopías, asumió el final del conflicto histó-rico a través del ofrecimiento de la democracia representativa, de la economía liberal y de la globalización de las comunicaciones y de los modelos sociales, fincando con ello la contradicción íntima que se traduce en un estado de confusión y angustia permanente en el hombre contemporáneo. Proclamar la muerte de la utopía constituyó, en sí mismo, una contradicción en términos.

Las utopías son necesarias y podríamos decir que son conna-turales a todo grupo humano organizado en el ámbito de la cultu-ra occidental, son el primer producto de la ideología que subyace en todo discurso jurídico y político.

En México sucedió lo mismo que en el resto del mundo; la ola del revisionismo histórico -que no venía mal con el ansia de modernización- tocó turno a los héroes de la patria; muchos con


Las utopías son necesarias y podríamos decir que son connaturales a todo grupo humano organi-

zado en el ámbito de la cultura occidental

4. Para una explicación de los elementos de la posmodernidad véanse: Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. Siglo XXI. México. 1997. Baudrillard, Jean. América. Anagrama. Barcelona. 1987. Kolakowsky, Leszek. La modernidad siempre a prueba. Vuelta. México. 1990. Sloterdijk, Peter. Crítica de la razón cínica. T. I y II. Taurus. Madrid. 1989.


la simple intención de ser redimensionados y otros con el firme propósito de hacerlos desaparecer de la escena.

Al final de los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, la reinterpretación histórica se había cuidado de un extremo fun-damental; el primero, no convocar a un debate nacional respecto de la veracidad histórica y no tocar símbolos o mitos, sino situarse en la posición de la verdad histórica. Ya no se enseñaría nada del “Niño Artillero” y el Pípila sería una leyenda; pero no entraríamos a la discusión sobre el papel de Agustín de Iturbide y del Primer Imperio en la consumación de la independencia, ello en concor-dancia con algunas contrapropuestas: una mayor humanización de Porfirio Díaz y un mejor análisis de su tarea como modernizador, y alguna omisión de su carácter dictatorial. Desde luego, todo esto, en el marco de una bien planeada estrategia ideológica. Señala Natalia Vargas Escobar, en su tesis de maestría Los Libros de Texto Gratuitos de Historia de México, realizada en FLACSO, en 2008:

En el discurso que pronunció Salinas, en el mismo marco de la presentación de los nuevos LTG insistía en que:

Una educación pública de calidad crea oportunidades vitales para todos los mexicanos; al conocer mejor la historia de su patria los mexicanos participan en la realización del proyecto nacional; un país soberano y justo, convencido de la paz y el derecho, libre y también eficaz al actuar en la dinámica del mundo moderno, sin perder el amor por sus raíces ni la con-vicción de su destino propio. (Discurso 4 de agosto de 1992.)

En esa misma ocasión el entonces secretario de Educación Públi-ca, Ernesto Zedillo, indicó al respecto que:

Sin duda el libro de ciencias sociales que estuvo vigente du-rante casi dos décadas fue resultado de un esfuerzo muy me-ritorio que, en su momento, cumplió su cometido. Hoy, su es-tructura, sus acentos temáticos, su visión del mundo moderno y algunas explicaciones de la historia y sociedad mexicanas, no corresponden ya con lo que sabemos acerca de nuestro pa-sado, con la valoración de la complejidad social de ahora, y con las necesidades formativas que aseguren una identidad nacional enraizada en nuestra cultura y nuestra historia. El propio dominio de las ciencias sociales se encuentra sujeto a una honda recapitulación y evaluación de sus alcances, de la pertinencia de sus métodos y la naturaleza de las explicacio-nes que puede ofrecer. (Discurso 4 de agosto de 1992.)5

En efecto, esta transposición histórica movilizó un diálogo que


5. Vargas Escobar, Natalia. Dispositivos estatales de afirmación: La versión de nación que se registra en Los Libros de Texto Gratuitos de Historia de México. Tesis para obtener el grado de maestra. Director de tesis: Dra. Corina de Yturbe. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México, D.F., Agosto de 2008.


los gobiernos en turno no estaban dispuestos del todo a sortear y que, sin embargo, una vez sucedido fue asumido abiertamente y se tradujo en una variación mayor en la propia concepción histó-rica de México. Recuerda Vargas Escobar:

La polémica tuvo como nodo la percepción sobre que “las alte-raciones a la historia nacional, por parte del gobierno, supusieron una revisión ideológica de los manuales” (La Jornada, 20 de agosto de 1992, citado en Gilbert, 1997). Los representantes del gobierno, los autores de los textos y quienes respaldaban la iniciativa res-pondieron que “lejos de reescribir la historia para alinearla con las necesidades ideológicas del régimen, los nuevos textos reem-plazaban la historia maniquea de héroes y villanos oficiales por una historia objetiva, fundamentada en la enseñanza moderna.” (Aguilar Camín, 1992; Florescano, 1992. Nacional 14 de septiembre de 1994. Citado en Gilbert, 1997).6

Al final del día, la controversia se superó mediante la asimi-lación de los contenidos y su espíritu crítico; la variación quedó en una importante parte del legado que las nuevas generaciones recibirían, pero el aparato del poder público y más que ello, la con-cepción tradicional de la mexicanidad, permitieron la vigencia de la dinámica entre el símbolo y la verdad histórica. Este ejercicio puede considerarse como un intento de maduración, en el que fueron puestos a prueba valores fundamentales que no pudieron ser obviados; así, como recuerda Fernando Serrano Migallón, en ocasión del grito de Independencia, el presidente Salinas, en el momento sacramental del calendario cívico, recurre a un mito muy querido por los mexicanos:

Carlos Salinas de Gortari añade protagonistas dentro de los próceres independentistas rememorados: ¡Vivan los Niños Hé-roes! ¡Viva Juárez!7

2. El día que movieron a los héroesEn nuestro país y en general en América Latina parece evidente un constante retornar a las ideas originales en el campo de las ideas políticas latinoamericanas; no a un pasado real, sino a uno utópico y enriquecido por la memoria y el imaginario; un pasado de inocencia, donde los pueblos originarios vivieron en armonía, como en una edad dorada, y quienes llegaron de Europa buscaban una tierra de libertad para construir sus utopías; la simbología, el discurso y la ideología que aparece en momentos tan distintos como el liberalismo decimonónico o en las guerrillas marxistas de mediados del siglo XX y hasta el sandinismo revolucionario, nos


6. Vargas Escobar, Natalia. Op. Cit. pág. 115.7.http://www.expreso.com.mx/PortalNovo/sitio/interiores.php?s=vernota&id= 50143&cod_canal=


permiten pensar que ese querer retornar a un pasado más ima-ginario que real son huellas de ese utopismo originario del cual vienen nuestras primeras instituciones.

Se ha dicho no pocas veces del carácter mesiánico de la polí-tica latinoamericana; de su anhelo del hombre fuerte y a veces, a despecho nuestro, del dictador paternal; no obstante, parece que podemos ofrecer otra lectura, tal y como acontece con los prime-ros municipios americanos o con el deseo permanente de hacer lo éticamente correcto en momentos críticos de la conquista vio-lenta y es que la idea de predestinación de la región como tierra apta para los experimentos utópicos, nos hace anhelar permanen-temente un futuro inmediato más allá de lo que nuestras propias fuerzas nos autorizan; de ahí que las promesas de la política re-gional puedan ser desmesuradas, que el tiempo de nuestra vida pública no siempre coincida con el tiempo de nuestras sociedades y de que nos entreguemos con tal pasión a las transformaciones sociales aun cuando es evidente que se trata de obras perdidas. Mitos culturales como la martirización del héroe en nuestro con-tinente, o la promesa de una futura revolución que palpita en los actos cotidianos de la vida de nuestras naciones, pueden ser tam-bién interpretados en ese sentido.

Sin embargo, en este momento del Bicentenario de la Indepen-dencia, no deja de sorprender la ausencia de un discurso ordenado sobre el sentido de nuestras instituciones, una lectura de nuestros símbolos y sí, por otra parte, una sustitución de aquellos que nos parecían con la suficiente convocatoria. Esto evidencia la carencia de un proyecto ideológico con la suficiente amplitud y apertura.

El 30 de mayo de 2010, fueron extraídos de la Columna de la Independencia los restos de doce héroes de la Independencia, esto con la finalidad de:

Realizar un estudio de antropología forense, con análisis espe-cializados en diversos aspectos. “Justamente después de rea-lizar esos estudios estaremos en posibilidad de responder con base científica a las especulaciones que se hacen en torno de los restos de los héroes patrios”.8Además de las dos variables que hemos señalado respecto de

la movilización de los símbolos en una sociedad, aparece este cu-rioso ensayo: tratar de hacer científica una idea que tiene más que ver con sentimientos y autoconceptos que con gráficas de carbono y cadenas de ADN. Dicho de otro modo, el juego de los símbolos no puede sino hacerse desde el discurso, todos los demás elemen-tos, como el caso de Morózov o el imaginario de Guillermo Tell, están supeditados al discurso que todo lo ordena y le da sentido; de lo contrario, la verdad científica, siempre rebelde e irreductible,


8. http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1653764.htm


puede dar al traste con todo sentido interpretativo. En el caso de los héroes de la Independencia de México, qué sucede si en lugar de doce cuerpos, hay evidencia que nos hace pensar que en rea-lidad son trece, ¿de dónde inventamos otro héroe? o peor aún, si no hay evidencia de que en efecto sean doce sino tal vez once, ¿a quién eliminamos de la lista? y en el más siniestro extremo, da-mos rienda suelta a la libérrima interpretación imaginativa para responder lo que todos nos preguntamos: ¿Qué están buscando?

Jugar con la historia de este modo es recurrir al expediente desesperado de la reinterpretación ayuna de ideas. A mediados del siglo XX, se hicieron famosas algunas ediciones de libros que buscaban apoyar la ya de por sí golpeada fe de los cristianos en todo el mundo, su mecánica era realizar investigaciones arqueoló-gicas para fundamentar las afirmaciones bíblicas; temas como el diluvio universal, la caída de Jericó, los emplazamientos de las ba-tallas y en fin, un sinnúmero de eventos conocidos, eran puestos a la luz de la ciencia para confirmar la fe. Desde luego que dichos intentos tuvieron su momento de gloria y fama, pero se disolvie-ron en el tiempo porque lo que hacía falta era hablar desde la fe y no desde la ciencia, donde no había duda no había necesidad de sembrarla o, desde el reverso de la moneda, donde había certeza no existía necesidad de explicarla.9

Hay un peligro intrínseco en este fenómeno y es la pérdida de la posesión del símbolo; en toda sociedad humana quien posee el símbolo detenta el poder, porque al vaciar de contenido el símbo-lo, nace la urgente necesidad de volverlo a colmar, de lo contrario será otro, siempre, quien lo haga. Personalmente, no sé qué se ha-yan propuesto con la exhumación, pero en tanto, me quedo con lo que generaciones y generaciones de mexicanos habíamos logrado como un acuerdo tácito de identidad y futuro, yo me quedo en la afirmación tradicional, no sé de quiénes sean los cráneos que reposaban en el Ángel, pero a mí... a mí, mis héroes.


9. v. gr. Keller, Werner. Y la Biblia tenía razón. Ed. Omega. España.

César Benedicto Callejas es profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor de Propiedad Intelectual en su posgrado y Director del Seminario de Propiedad Intelectual de la misma facultad. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y Doctor en Derecho por la UNAM. Autor de La argumentación jurídica en la formación y aplicación del Talmud y Siete ensayos de Interpretación sobre la Utopía Latinoamericana.


Mario Velasco Torres de la Vega◆◆◆

Conceptos y un breve relato del interés nacional mexicano

Por supuesto que los tiempos de este estadista francés y príncipe de la Iglesia han cambiado enormemente. No obstante, esta tesis persiste entre algunos actores políticos contemporáneos, quie-nes consideran que las acciones de gobierno únicamente pueden ser juzgadas por su éxito.

Según Henry Kissinger, fue el Cardenal Richelieu quien, en el siglo XVII, acuñó el término raison d’État (razón de Estado), ahora también conocido como el interés de la seguridad nacional.(1)

1. Diplomacy. Henry Kissinger. Simon and Schuster. New York. 1994. p. 60. In pursuit of what would today be called a national security interest and was then labeled -for the first time- raison d’état… T del A.

EntrE la sobEranía y la sEguridad naCional:


Otros opinan que la seguridad del Estado (o seguridad nacio-nal), la estabilidad política y financiera o bien, la conveniencia del gobernante en turno son las principales razones de Estado.

Pero parece que el término seguridad nacional cobra vigor en la década de los sesenta del siglo XX, en el marco del enfrenta-miento Este-Oeste, también conocido como la Guerra Fría.

Para los ideólogos ligados a los sectores militares de los Es-tados Unidos de América, el comunismo se convirtió en el peor enemigo de la estabilidad de su país y en lo general, de las nacio-nes del tercer mundo.

Desde los centros de adoctrinamiento militar estadouni-denses como la U.S. Army School of the Americas o Escuela de las Américas, se difundieron los principios de la seguridad nacional que fueron recogidos por los gobiernos militares de países como Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Desde ahí, crearon centros de retransmisión para el resto de los países de la zona, donde comenzaron a impartir a los mi-litares latinoamericanos conocimientos en materia de ciencia política, economía, organización del gobierno, relaciones inter-nacionales, así como problemas sociales.

A pesar de que la doctrina militar indicaba en este contexto histórico que para perseguir los objetivos de la seguridad nacio-nal era fundamental subordinar los objetivos civiles a los mili-tares, es en el seno de las Fuerzas Armadas de algunas de estas naciones donde comienza a desdoblarse un concepto de la se-guridad nacional con enfoque latinoamericano, que también ha sido punto de partida para los investigadores civiles.

El coronel brasileño Golbery do Couto e Silva, en su obra Planteamiento Estratégico, afirma que la política de seguridad na-cional es “aquella que busca asegurar el logro de los objetivos vitales permanentes de la nación contra toda oposición, sea ex-terna o interna, evitando la guerra, si es posible, o llevándola a cabo si es necesario, con las máximas probabilidades de éxito”.

Su compatriota, el general Eduardo Domingues Oliveira, en el documento Seguridad nacional, comenta que esta es “el arte de garantizar, sin guerra si es posible, pero con guerra si es necesa-rio, la consecución y salvaguardia de los objetivos vitales de una nación por sobre los antagonismos que contra ellos se manifies-ten en el ámbito interno o en el campo externo”.

Cabe señalar que para el caso lo que se dejaba ver entrelí-neas, por supuesto, era que el enemigo externo, el comunismo de la época, no podía ser enfrentado por democracias liberales débiles, por lo que la dictadura militar se convertía en la única opción para sostener el conflicto.

Es claro que una visión de un Estado-cuartel modifica drás-ticamente la vida social de una nación, “donde se excluye de la

Mario Velasco Torres de la Vega


toma de decisiones a los ciudadanos, ya que (el Estado) se encuen-tra dominado por especialistas militares” (Harold Lasswell).

Al difuminarse la Guerra Fría y la tensión entre las ideolo-gías capitalista y comunista a finales de la centuria pasada (pese a que en el mundo multipolar contemporáneo existen variados conflictos), este tipo de planteamientos quedó en desuso para dar paso a una perspectiva democrática de la seguridad nacional (o de la seguridad del Estado), donde la fortaleza de los elementos de población, territorio y gobierno (agregando el de soberanía), son los ejes de la seguridad nacional moderna.

Es decir, fortalecer a uno de los elementos del Estado -el po-der político- a costillas de los demás, no es robustecer a la seguri-dad nacional, sino más bien, socavarla (como se había planteado anteriormente por el sector castrense latinoamericano capacita-do en la doctrina estadounidense de la seguridad nacional).

Un gobierno violador de la Constitución, de las libertades y de los derechos humanos, puede convertirse en aquello que se supo-ne combate, o sea, en un peligro para la seguridad de su nación.

Por el contrario, para que un Estado tenga seguridad, éste debe prestigiar al poder, defender la soberanía (ante peligros reales y no imaginarios ni fantasmales) y garantizar los dere-chos de todos sus habitantes, con las debidas excepciones legales (claramente establecidas en las leyes con los adecuados procedi-mientos), para enfrentar enemigos externos o internos, como en el caso del crimen organizado transnacional o el terrorismo.

De igual manera, últimamente se ha fortalecido la tesis de la dimensión ecológica de la seguridad nacional.

Los estados, luchan por el control de materias primas, fuen-tes de energía, recursos naturales, rutas marítimas y fluviales.

Hoy las amenazas no son sólo de carácter político, militar, del terrorismo o del crimen organizado, sino también del dete-rioro ambiental, cuando un Estado responsabiliza a otro de da-ños ecológicos en su propio territorio.

“Los estados empiezan a reconocer e incorporar dentro de sus preocupaciones de seguridad nacional a los fenómenos ecológicos, por su potencial para ocasionar severos trastornos sociales, eco-nómicos y políticos que podrían, incluso, desbordar fronteras y desestabilizar regiones enteras. Tal es el caso, por ejemplo, de los problemas relacionados con el cambio climático o con las migra-ciones provocadas por la desertificación o la sequía, que han lleva-do a algunos especialistas a hablar de refugiados ecológicos”.2

entre la soberanía y la seguridad nacional

2. La diplomacia ambiental. México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. Alberto Glender y Víctor Lichtinger (compiladores). SRE-FCE. 1994. Ensayo de Alberto Glender. XIII. Las Relaciones Internacionales del Desarrollo Sustentable. p. 254.


En otro orden de ideas, los estados, en el escenario de la glo-balización y los tratados internacionales, han revisado el con-cepto clásico de soberanía para adecuar sus marcos legales al flu-jo comercial de la modernidad.

La integración económica supone la remoción de barreras arancelarias que interfieren con el paso de capitales y personas.

Creo que cuando un Estado decide firmar un tratado de cual-quier índole, formar parte de un bloque económico o bien, de una superestructura supranacional, lo hace en uso pleno de su soberanía, es decir, con la plena decisión para llevarlo a cabo. En todo momento hace uso de su poder soberano.

Esto es muy, pero muy distante de aquella frase de triste memoria que rezaba más o menos así: “Hay que ceder inteligen-temente soberanía.”

Algo de historia nacional de la seguridadAl hablar del caso mexicano, necesitaríamos ahondar en la his-toria (apasionante por cierto) de la lucha que hemos sostenido desde hace casi 200 años por manifestar nuestra independencia frente a otras naciones (soberanía) y mantener cierto equilibrio entre el orden interno, el desarrollo económico y el manteni-miento de las libertades esenciales (seguridad nacional).

Curiosamente, todas las señales del pasado nacional (insis-to) nos indican que ha sido una lucha constante por la indepen-dencia, la soberanía y la seguridad nacionales.

Desde antes, y después, de las fechas que marcan inicio y finiquito de la emancipación mexicana, nuestros antepasados pelearon por independencia, soberanía y seguridad naciona-les (a veces sin éxito) frente al autoritarismo y cerrazón de la metrópoli (en la Colonia), invasiones de potencias extranjeras (México independiente), revueltas, piratas, filibusteros y demás aventureros que han visto como buen negocio atentar contra la seguridad de estas tierras.

Igualmente, si para este análisis ensamblamos al vector in-dígena de nuestra nacionalidad, existen antecedentes de que los antiguos y primarios habitantes de parte de lo que hoy es México, tomaban decisiones basadas en sus propias razones de Estado.

Es así que en el siglo XII se había formado una serie de pe-queños estados que ocupaban los linderos y orillas del gran lago de México. Entre ellos, las guerras y disputas eran permanentes por el control de las zonas más productivas.

El control y dominio de unos pueblos sobre otros cambió va-rias veces entre los siglos XII y XVI, donde en un principio do-minó Culhuacan, luego Azcapotzalco y después la triple alianza de México -Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco.

Tiempo después, los mexica de Tenochtitlan se constituye-



ron como el estado más poderoso del altiplano.Desde Acamapichtli (primer emperador azteca) en 1376,

todos los emperadores procuraron extender su dominio con el propósito de obtener más tributos, recursos y hasta carne hu-mana (prisioneros) para sacrificios rituales, y así, fortalecer a su propio estado.

Años más tarde, no sólo la seguridad de su estado, sino su existencia misma, se disolvió cuando un grupo no muy nume-roso de hombres con pelos en la cara, ataviados con armaduras, armas de fuego y montando caballos, los teules, en compañía de miles de guerreros de los pueblos sojuzgados, destruyeron la capital de imperio y su cultura, para colocar así los basamentos de lo que, aquí y ahora, conocemos como México.

Más tarde, en la Colonia y durante los primeros virreyes, se conocieron las conspiraciones, como aquella donde Martín Cortés planeaba un golpe en contra del Virrey Don Luis de Ve-lasco hijo o los levantamientos contra la esclavitud que ponían en riesgo la seguridad y el orden interno de la Nueva España, como el de Yanga, en Veracruz (quizá el primer levantamiento de todos), donde un esclavo negro se rebeló contra sus amos es-pañoles, o el de Jacinto Canek, en Yucatán, quien se autonombró emperador en una sangrienta revuelta de los mayas contra los dzules (españoles), que con más sangre aún, fue reprimida en su época, con gran crueldad, en la tierra del faisán y del venado.

Ni duda cabe que estos dos levantamientos fueron vistos por las autoridades militares y civiles de la época como un atenta-do a la seguridad imperial en una de sus colonias, y no como respuesta a las condiciones de esclavitud que se imponían a los gobernados y súbditos de la época.

El posterior inicio de la independencia marcaría el atentado más severo a la seguridad del imperio español: una de sus colo-nias más ricas y prósperas, que junto con Perú proporcionaban cuantiosas sumas a la Corona debido a sus riquezas minerales y que había servido como muro de contención a las ambiciones británicas hacia el sur del continente, se rebelaba gracias a un puñado de criollos y mestizos ligados a sectores medios de la Iglesia y el Ejército.

A fin de cuentas ninguno de los iniciadores vio cumplido su ideal, sino, paradójicamente, un pragmático militar criollo que


El término seguridad nacional cobra vigor en la década de los sesenta del siglo XX en el marco

del enfrentamiento Este-Oeste


había sido operador en la lucha contrainsurgente, Agustín de Iturbide, maniobraba entre los resquicios independentistas en-cabezados por Vicente Guerrero en lo que hoy conocemos como el estado que lleva su nombre, para posteriormente marchar a la ciudad de México como libertador y proclamar la independen-cia, para luego autocoronarse emperador. Su efímero imperio de un año terminaría con una asonada, y su vida, trágicamente con el paredón de fusilamiento al volver del destierro.

En el México independiente comenzaría la zozobra por lo-grar la soberanía y la seguridad de la nación frente a las ambi-ciones de reconquista de España (desembarque y derrota del bri-gadier español Isidro Barradas, en Tampico, por parte de Santa Anna), la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles, debido a las reclamaciones de comerciantes galos establecidos en México, la injerencia del embajador estadounidense Poinsett para dividir a la clase política mexicana, la guerra de indepen-dencia de Texas al sustituirse la Constitución federal de 1824 por la centralista de 1836 con el apoyo soterrado de los Estados Unidos a los muchos colonos de origen anglosajón y a los pocos de procedencia española y mexicana. Las presiones, por medios amistosos o bélicos, para ceder los territorios del norte, y la pos-terior guerra mexicano-estadounidense, la cual desembocaría en la gran pérdida territorial mexicana, para años después y ante la derrota conservadora en la Revolución de Ayutla y en la Refor-ma, “que en realidad consuma la independencia y le otorga su verdadera significación”,3 sufrir la segunda intervención fran-cesa de la mano de los conservadores, el clero mexicano y un príncipe de la monarquía austrohúngara. Y transversalmente, el primer estadista nacional, Benito Juárez, maniobrando frente a la guerra de Secesión de los vecinos del norte y a las ambiciones de los Estados Confederados del Sur, para en caso de ganar a la Unión norteña, iniciar la expansión hacia el sur (México) y el Caribe. La restauración de la República y todo ello aderezado con los necesarios levantamientos hasta el porfiriato y el naci-miento de la Revolución mexicana al acumularse la constelación de rebeliones, revueltas, levantamientos y cuartelazos frente al proceso del liberalismo dictatorial y de capitalismo salvaje en pos de la modernización mexicana.

Posteriormente, el cruento golpe a la seguridad del gobierno civil y elegido de Madero, la rebelión contra el usurpador Huerta, las reivindicaciones de Zapata y Villa, el gobierno carrancista y su habilidad para procurar la seguridad nacional al eludir los cantos


3. Octavio Paz. El peregrino en su patria. Historia y política de México. Obras Completas. Edición del Autor. FCE. 1993. p.130.


de sirena que el imperio alemán, durante la Primera Guerra Mun-dial, hacía para prometer la devolución de los territorios perdidos durante la guerra de 1847 a cambio de que México entablara una lucha armada contra los Estados Unidos de América.

El general Calles y su habilidad para resistir las amenazas (vedadas unas y otras no) del entonces secretario de Estado nor-teamericano, Frank B. Kellogg, y de quien era embajador de aquel país en México, James R. Sheffield (1924-1927).4

Ni qué decir de Lázaro Cárdenas y su determinación frente a las compañías petroleras extranjeras al defender los derechos de los trabajadores, la posterior expropiación del petróleo y la razón de Estado para salvaguardar la soberanía de la nación por este he-cho, además de lidiar con el sinarquismo y su oposición a las tres R: del Renacimiento, de la Reforma (protestante y mexicana) y de la Revolución (francesa, soviética y mexicana), la oposición al individualismo, el racionalismo y la secularización.5

Pocos años más tarde, México se convierte en escenario de intereses extranjeros (cuándo no) durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y después entra al lado de los aliados frente a las Potencias del Eje, debido al hundimiento de dos barcos petroleros portadores del Pabellón nacional.

Vaya periodo para estudiar los prolegómenos históricos de la seguridad y soberanía nacionales mexicanas.

La era del átomo y la evolución del concepto seguridad nacional en México La invención de la bomba atómica (y poco más tarde la de hidró-geno) vino a cambiar totalmente el concepto de seguridad nacio-nal: ahora un arma podría traspasar defensas, ejércitos, policías y servicios de seguridad para aniquilar, incluso, a un país. El mundo se daría cuenta de que la raza humana había adquirido el poder para su autodestrucción. Iniciaba la Guerra Fría entre los vence-dores al nazismo alemán, al fascismo italiano y al militarismo japonés, en el Este y Oeste.

En este contexto, México también escaló en los peligros para su seguridad al compartir una amplia frontera con una de las superpotencias nucleares: en caso de un ataque atómico, las ex-plosiones y radiaciones afectarían a la franja norte de nuestra nación. Además, los desperdicios radiactivos, a la par que las pruebas explosivas efectuadas en los estados limítrofes con la frontera mexicana, ponían en riesgo a la población, los cultivos,


4. John W.F. Dulles. Ayer en México. Una crónica de la Revolución (1919-1936). Cap. XXXVI. El programa revolucionario de las relaciones con EEUU. p. 289. FCE. Séptima reimpresión (2003).5. El Sinarquismo, el cardenismo y la Iglesia. 1937-1947. Jean Meyer. Tusquets. 2003.


el ganado y el agua. Durante la crisis de los misiles de Cuba, los analistas de nuestra seguridad nacional comenzaron a estudiar las posibilidades.

A diferencia de las naciones latinoamericanas con dictaduras militares, México no compartió el esquema tradicional respecto a la percepción de ubicar a un enemigo “interno” o “externo” (comunismo o imperialismo).

Previamente a 1982, la palabra misma, seguridad, se encuen-tra pocas veces en los documentos y menciones de funcionarios gubernamentales. Lo que había era una tarea de defensa nacio-nal encargada a las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina), y tareas de seguridad política interior o gubernamental, y de seguridad pública delegadas a la Secretaría de Gobernación que coordinaba diversos departamen-tos y organismos como la Dirección Federal de Seguridad.

En el comienzo del gobierno de José López Portillo, se fin-can los primeros esfuerzos por construir un sistema organizado de seguridad nacional. La orientación ideológica se justifica en nombre de la defensa de la soberanía política (también militar) ante circunstancias percibidas como amenazantes de EUA hacia el Caribe y América Central, y en general lo que en ese tiempo se mencionaba como “geopolítica de la energía”.

De esa etapa, destaca notablemente la conferencia ofrecida por el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de José López Portillo, general Félix Galván López, quien afirmó, con una visión comprensiva y amplia de la seguridad nacional, “como la búsqueda de equilibrio socioeconómico y político in-terno garantizado por las Fuerzas Armadas”.

Después, durante el mandato de Miguel de la Madrid, Méxi-co, por cuestiones no sólo constitucionales sino de seguridad na-cional (y no por doble moral o principista como dolosamente expresan algunos), se convirtió en un firme defensor de la paz y del diálogo.

Es decir, estos términos, ni abstractos ni huecos, en cambio, obedecían (y obedecen) a una estrategia clara de seguridad na-cional, “definiendo el código de conducta obligatorio que deben observar otros estados en su relación con México. Parte de la seguridad nacional es eliminar el uso de la fuerza en las relacio-nes internacionales. Ser vecino de una primera potencia obliga, por elemental astucia, necesidad y afán de sobrevivencia, a en-contrar vías pacíficas para dirimir las controversias. Emparejar legalmente lo que es disparejo en términos de poder es otro in-


El petróleo mexicano permanece como una obsesión de los intereses estratégicos de Estados Unidos


terés esencial consagrado en los principios de política exterior y que establece la igualdad jurídica de los estados. Para un país no industrializado, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo es un imperativo categórico, si se han de aprovechar los recursos externos para complementar y fortalecer el proyecto nacional de desenvolvimiento económico. Todo ello no podrá ocurrir si no hay condiciones para la paz y si el Estado mexi-cano no encuentra un entorno propicio que le garantice su pro-pia seguridad. Los intereses de la política exterior son también los intereses de la seguridad nacional. Pero la política exterior, como un instrumento para prevenir y evitar amenazas militares, ilegítimas interferencias políticas o coerciones económicas, es la primera línea de defensa”.6

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, Centroamérica se transforma en un polvorín, lo que por sí mismo, se alcan-za también a convertir en un riesgo para la seguridad nacional mexicana.

Los ejércitos de América Central, con el pretexto de com-batir la subversión, comienzan a equiparse con armas de mayor poder y sofisticación (por ejemplo, la Fuerza Aérea hondureña adquirió aviones de combate de mayor autonomía que podían alcanzar territorio mexicano).

Es así que la búsqueda de la paz, además de una vocación de política exterior, se convertía en un asunto vital para la seguri-dad nacional: la correlación de fuerzas en la zona comenzaba a cambiar.

Por esto, México dio un gran impulso al Grupo Contadora, que fue un mecanismo eficaz para frenar una guerra regional, que en la eventualidad hubiese afectado a la seguridad nacional mexicana.

En esos años, concretamente en 1985, comenzaría la debacle del principal organismo de seguridad: la Dirección Federal de Seguridad.

En su lugar nació la Dirección de Investigaciones Políticas y Seguridad Nacional, tras fusionarse la Dirección Federal de Se-guridad y la Dirección de Investigaciones Políticas dependiente de la Secretaría de Gobernación

Finalmente, alrededor de 1990, se consolidó el Centro de In-vestigación y Seguridad Nacional, con una infraestructura más moderna, tanto en instalaciones como en tecnología y se empe-zó a capacitar, según fuentes periodísticas, a sus miembros en la


6. La Política Internacional de México en el decenio de los ochenta. Compilación y prólogo de César Sepúlveda. Ensayo de Bernardo Sepúlveda Amor. Los Intereses de la Política Exterior. FCE.1994.


CIA estadounidense y en el Mossad israelí.Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, se formó

el Gabinete de Seguridad Nacional, lo que es otra evolución im-portante en la filosofía mexicana de la seguridad nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, por primera vez en la historia reciente los funcionarios gubernamentales evalúan aquellos factores externos que pueden incidir en la seguridad nacional de México.

El levantamiento zapatista de enero de 1994, sumado a la cri-sis política de ese año, no sólo provocó cambios sino que hizo necesaria una revisión de métodos y estrategias, ya que los ser-vicios de inteligencia mexicanos fueron tomados por sorpresa.

Con Ernesto Zedillo se funda la Policía Federal Preventiva, como el primer intento de crear una policía federal en México. Este cuerpo, creado de unir a los servicios de aduanas con la Po-licía Federal de Caminos, más elementos de la Marina que fue-ron incorporados, demostraron una gran eficiencia en la recupe-ración de las instalaciones de la Universidad Nacional Autóno-ma de México, con una operación incruenta durante la huelga estudiantil de finales de aquel sexenio.

Ya en el poder, el neopanista Vicente Fox desarrolló una es-pecie de gabinete con tareas y presupuesto a manera de gabinete ampliado en varios temas, entre ellos, el Consejo de Seguridad Nacional. Este consejo asesor fracasó (como otras áreas de apo-yo), debido a que varias secretarías se negaron a subordinarse a un organismo coordinado por alguien que no era el Presidente de la República precisamente. Por inoperantes, estos consejos asesores desaparecieron, sin antes bien, algunos de sus miem-bros mejor renunciaron.

La Ley de Seguridad Nacional de este periodo, aunque a mi juicio insuficiente, es una referencia obligada para el presente ensayo, ya que con su nombre, indica el alcance (o la aspiración) de que contribuya al propósito que indica su naturaleza, aunque presiento que obedecía un poco más a los intereses del gobierno que a los del Estado mexicano.

Con el gobierno de Felipe Calderón, la cruenta lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una especie de ideología de seguridad nacional para esta administración.

Para nadie queda duda de que el combate al narcotráfico obe-dece no sólo a cuestiones de salud, sino porque, de igual manera, es un elemento corruptor de las instituciones con lo que las fun-ciones fundamentales del Estado quedan mermadas y débiles.

Lo que es motivo de crítica, es si el método será el correcto, ya que alrededor de 20 mil personas muertas por esta lucha que parece no tener fin, atestiguan el terrible baño de sangre que hace parecer que estamos en Irak o en cualquier otro lugar del



planeta que viva una situación de guerra. Y falta todavía para que concluya esta administración… ¿Cuántos más?

La seguridad nacional de México y Estados Uni-dos, del año 2000 hasta nuestros díasDespués de la Guerra Fría, la reevaluación de la estrategia de seguridad nacional de EUA comenzó a incidir en México y en la conceptualización de la seguridad. Para beneficio de México, la estrategia norteamericana adoptó un conjunto de prioridades similares a aquellas que México ha impulsado por muchos años. La interdependencia, una palabra de uso común en los años ochenta, se transformó en una realidad para ambos países para la década de los noventa. Otro concepto que se llegó a acuñar fue internestic7 que describe mejor problemas antes considerados externos que hoy tienen un impacto doméstico en ambos países, por ejemplo, el tráfico de drogas y la migración.

Pese a que en Estados Unidos los eventos del 11 de septiem-bre de 2000 pusieron énfasis en el imperativo de cambios estruc-turales en la organización, en los servicios de inteligencia (crea-ción de la Secretaría de Seguridad Patria o Homeland Security y de la Dirección de Inteligencia Nacional que coordina todos los servicios de inteligencia de EUA), además de cambios en las leyes para investigar y detener a sospechosos de terrorismo sin orden judicial, este país comparte la preocupación por los temas migratorios que “Francia tiene con respecto al norte de África y Alemania, en lo que toca a las naciones de Europa del Este”.8

Para los ensayistas estadounidenses es muy difícil (si no es que imposible) hablar de la seguridad mexicana sin referirla a la de su propio país, siendo la estabilidad política otro de los facto-res vitales junto con el de la migración o el narcotráfico.

En el caso de la migración, la necesidad en Estados Unidos de mano de obra barata hace que se elabore un doble discurso de aquel lado de la frontera, ya que mientras existe una demanda objetiva por mano de obra barata, al mismo tiempo que se les indicia a los indocumentados como delincuentes achacándoseles todos los males o bien, como objetivo electoral cuando políticos necesitan elevar su popularidad en las encuestas. Tal es el caso


7. Seguridad nacional en México y Estados Unidos: la búsqueda de una filosofía común. Stephen Wager. El autor es profesor asociado de la Academia Militar de West Point y Doctor por la Universidad de Stanford con la tesis The Mexican Army, 1940-1982. The Country comes first. Traducción de José Luis Piñeyro. Profesor-investigador de la UAM Azcapotzalco. Revista El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. Sept. 1995. p. 111.8. Peter Katzenstein. The Culture of National Security. Norms and Identity in world politics. XIII. Conclusion: National Security in a Changing World. p.p. 498-524. Columbia University Press. New York. 1996.


actualmente de la gobernadora de Arizona y su ley antiinmi-grante, que equipara a los inmigrantes ilegales con delincuentes y permite las detenciones por parte de la policía. Esto ha creado un efecto-demostración para otros políticos, que al verificar que este tipo de medidas adquiere gran popularidad, copian literal-mente estas propuestas.

Por cierto, que el mausoleo militar norteamericano locali-zado en Arlington, Virginia, se encuentra repleto de nombres mexicanos que no dudaron en dar su vida por la defensa y segu-ridad de Estados Unidos. Las anteriores palabras fueron el argu-mento de la publicidad del senador por Arizona y ex candidato presidencial del Partido Republicano, John McCain, para los su-fragantes de origen mexicano durante la campaña presidencial en la que resultó vencedor Obama.

Por lo que toca al tema energético, cuando se descubrieron en el Golfo de México los grandes yacimientos petroleros, México contó con un plus, que incluso pudo modificar significativamen-te (sin desproporciones) la correlación de fuerzas.

Aún ahora, el petróleo mexicano permanece como una obse-sión de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Y el narcotráfico, uno de los principales problemas de la se-guridad bilateral, provocó hace relativamente poco que el go-bierno estadounidense proporcionara a México ayuda en especie (equipo aéreo y de detección de drogas) de forma ciertamente condicionada.

Esta ayuda que se proporciona bajo ciertos lineamientos y vigilancia, hace pensar que poco importan las necesidades de México.

Reiteradamente, los expertos de la seguridad nacional de EUA han visto como un signo de inmadurez por parte de algunos polí-ticos en México, el hecho de que no se haya superado la descon-fianza hacia su país con motivos de los agravios históricos.

Probablemente hay cosas que se deben superar con el ánimo de pasar a nuevas etapas de entendimiento y cooperación, pero cuando se toman medidas leoninas y se hace ver a México como un patio trasero, viene a la mente que no es posible confiar sin pensar en la seguridad nacional de México.

A manera de conclusiones.Ante la multiplicidad de definiciones que se han elaborado sobre el tema de la seguridad nacional, considero que debe partirse de aquello que los órganos del Estado describan como tal. Sin deme-ritar el esfuerzo de investigadores y académicos, cuyos diagnós-ticos tempranos anticipan determinados sucesos, éste de nada o poco sirve si los encargados de asesorar a quienes toman deci-siones son omisos o indolentes y no consideran a la investiga-



ción académica como un respaldo único y preponderante para los asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional. En muchos países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos o Rusia (por mencionar algunos) existe un vínculo indisoluble entre academia y Estado en temas que tienen que ver con la seguridad.

El Estado debe incorporar los estudios y textos que se ela-boran en los centros de investigación universitarios, para ya in-

corporados, crear una agenda de riesgos, que al ser dictada por el Estado adquiere un matiz de institucionalidad. Además, en el Congreso y los partidos políticos se diseñan también investiga-ciones (no sólo opiniones) que tienen que ver con el interés na-cional. Revisarse lo que se ha hecho, no con un ánimo de policía política, sino de verdaderos centros de inteligencia para procurar la seguridad nacional.

Además, para no caer en problemas de inseguridad nacional ocasionados por quienes buscan procurar lo contrario, debe exis-tir un apego a las garantías constitucionales y al marco normati-vo del que depende la legalidad de las acciones de los cuerpos de seguridad pública, seguridad nacional o defensa.

Desde hace años se avisó constantemente que había pro-blemas que “potencialmente” representaban un riesgo para la seguridad nacional como el narcotráfico… ahora que es así, la respuesta del gobierno es con creces cruenta, con un enorme y penoso saldo de sangre y muerte, sobre todo en el renglón de lo que se conoce como “daño colateral”.

En el presente, algunos estudiosos han puesto una alerta in-teresante respecto al debate estratégico del agua como asunto de seguridad nacional mexicana,9 o el caso del cultivo de maíz transgénico que puede poner en peligro las especies de maíz en un país de origen como lo es México.

Lo preocupante es que razones de Estado sean consideradas por gente que carece de visión de Estado. Puede ser muy, pero muy complicado para nuestra nación que los encargados de velar por la seguridad nacional elaboren conspiraciones o peligros que ni son tales ni existen más que en la imaginación de unos cuantos.


Lo preocupante es que razones de Estado sean consideradas por gente que carece

de visión de Estado

9. Agua y Seguridad Nacional. El recurso natural frente a las guerras del futuro, Gian Carlo Delgado, Colección Arena Abierta, Editorial Debate, año 2004, Primera Edición 2005.


Más aún, que con tal de obtener votos o subir en las encues-tas, inventen delitos, conspiraciones o intrigas que únicamente buscan desorientar a la opinión pública, para en la confusión obtener algún beneficio, reconocimiento o popularidad que sólo los estadistas, con sus acciones, pueden ganar.


Mario E. Velasco Torres de la Vega. Abogado y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en el Icadep del PRI y conferencista en El Colegio de Guerra de los Estados Unidos de América. Desde 1997 ha sido invi-tado a programas de radio y conferencias sobre el tema de la seguridad nacio-nal. Autor de más de 200 ensayos y artículos. Colaborador de los periódicos La Crónica, Milenio, unomasuno, Reforma y Los Ángeles Times. Colaborador de las revistas Voz y Voto, y Examen. En el gobierno ha laborado en instituciones como el Tribunal Superior Agrario, el ISSSTE y Bansefi. Director General del periódico La República, órgano de difusión del CEN del PRI y editor de la revista FORMA de la Fundación Colosio, A.C. Actualmente es editor de la revista ideológica y de pensamiento político Confluencia XXI del CEN del PRI. Compilador de dos libros sobre la prospectiva de la XVIII Asamblea Nacional del PRI: Documentos para el debate.



BIBLIOGRAFíA

En Busca de la Seguridad Perdida. Aproximaciones a la Seguridad Nacional Mexicana. Sergio Aguayo Quezada y Bruce Michael Bagley (compiladores). Siglo XXI editores. 1990. México.

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La diplomacia ambiental. México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Alberto Glender/Víctor Lichtinger (compiladores). SRE-FCE. 1994.

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CISEN. Auge y decadencia del espionaje mexicano. Jorge Torres. Debate. 2009.

Harry Thayer Mahoney y Marjorie Locke Mahoney. El espionaje en México en el Siglo XX. Promexa. 2000.

The Culture of National Security. Norms and Identity in world politics. Peter Katzenstein, Editor. Columbia University Press. New York. 1996.

Revista El Cotidiano. Núm 71. Seguridad Nacional. Sept. 1995. UAM Azcapotzalco.


La seguridad nacionaL desde La perspectiva internacionaL

iliana Rodríguez Santibáñez

La seguridad nacional, desde la perspectiva mun-dial, debe dejar atrás la idea de que el derecho in-ternacional no es un verdadero derecho, por ser aparentemente reacción de una comunidad de esta-dos que mantienen el monopolio de la fuerza y que le ha valido para cuestionarlo como orden jurídico,

al reducirlo a la respuesta de la conducta recíproca de los países considerados por antonomasia como los únicos capaces de crear un orden jurídico nacional.

De mantener esta afirmación, se soslayan las necesidades ac-tuales del Estado por relacionarse con otras entidades estatales, no exclusivamente como una reacción o respuesta al uso de la fuerza, sino con el afán de responder a las múltiples necesidades que de-sarrolla el Estado, respecto a las manifestaciones que surgen tanto

◆◆◆


en su interior como en el exterior, desde una sociedad civil or-ganizada hasta la cooperación mundial, a través de instituciones universales, organizaciones internacionales no gubernamentales, agencias intergubernamentales y otros sujetos con personalidad especial, entre otras formas que confirman que el Estado no es el único en crear un ordenamiento jurídico nacional, sino que en atención a su propia soberanía y aceptación de trato con otros es-tados y sujetos del derecho internacional, participa en la comuni-dad mundial creando y aceptando un derecho de carácter interna-cional regulador de la conducta de los sujetos que la componen, incluida la del propio Estado. Y aun cuando el derecho interna-cional no esté centralizado en el mismo grado que el nacional, la creación de sus normas y los órganos encargados de su aplicación sería entrar a un galimatías meramente técnico, que no es, bajo ningún esquema, una diferencia sustancial.1

Ambos conceptos buscan a partir de la concepción anterior relativa a la aplicación del derecho internacional, prevenir y san-cionar aquellas conductas que atentan contra los estados, consi-derando que detrás del derecho nacional se encuentra el Estado y detrás del internacional, lo hace la comunidad mundial. De ahí su participación más amplia en asuntos que parecieran sólo de competencia local.

La diversidad de sujeto, además del Estado en el plano inter-nacional, ha conformado una dinámica más compleja en el ám-bito mundial, que no sólo lo enriquecen sino que en ocasiones lo confrontan y lo vuelven testigo, e incluso cómplice, de nuevas formas que crecen al margen de la legalidad y se convierten en una amenaza para el Estado y para sus instituciones, atentando contra la posibilidad de un orden público interno e internacio-nal; un ejemplo de estas nuevas formas es el narcoterrorismo, que ante el fracaso de su combate ha fomentado el uso del término de Estado fallido por la falta de un Estado de derecho.

En el caso de México y el combate al narcotráfico, el pro-blema de nuestra seguridad desde una perspectiva internacional involucra a Estados Unidos de América, que para algunos “no sabe cómo reducir la demanda de drogas en su territorio, pues no está preparado para legalizarlas, lo que implica elegir entre el statu quo o el complejo recurso de intervenir en el problema; el que Estados Unidos imponga límites con posterioridad, supone seguir con la política recurrente y vivir con el problema”.2 Lo cual ha llevado al fortalecimiento de su frontera en ambos lados, sur y norte, y al endurecimiento de leyes migratorias, donde


1. Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. UNAM. Primera Edición, pp. 86.2. Ver Friedman, George, Mexico and the Failed State Revisited, Geopolitical Intelligence Report (April 6, 2010), disponible en: http://www.stratfor.com


amurallarse o atrincherarse poco servirá para garantizar la segu-ridad de sus fronteras, ya que no atacan el problema de raíz.

El último discurso de Felipe Calderón en aquel país -en mayo- fue, entre otros, en este sentido y si bien es cierto que tenemos serios problemas con el combate al narcotráfico en México, obser-vamos la necesidad de imbricar un frente común entre ambas na-ciones para consolidar eficazmente políticas de seguridad nacio-nal. Sin embargo, cada Estado tiene sus prioridades y aunque para nosotros en este momento resulta ser el combate al narcotráfico, lo cierto es que para Estados Unidos, por ejemplo, las prioridades son otras, por lo que se desprende del estudio del Centro Nacio-nal Contra el Terrorismo de ese país, que analiza esta actividad y su comportamiento, que una de las regiones en donde más se ha incrementado el número de muertes por el terrorismo hasta 2008, es el Medio Oriente y el sur de Asia,3 y que coinciden ciertamente son sus prioridades desde los ataques del 11/09.

En materia de seguridad nacional, los siguientes son conflic-tos que marcarían su historia. Primero, la política norteamerica-

na de aislacionismo que sobreponía el interés nacional de Estados Unidos, beneficiándose más al estar distante de los problemas de la comunidad internacional, se observó en diversos capítulos de la historia; como el de Herbert Hoover y el rompimiento de relaciones con Japón por la invasión a Manchuria en 1931; con Franklin D. Roosevelt de 1935 a 1937, para mantener la libertad del comercio cuidaba sus alianzas procurando la neutralidad a conveniencia como lo lograría en su relación con Winston Chur-chill y José Stalin, al lograr reparto sobre Alemania, Vietnam, Corea y Japón. Cambiando la política exterior hacia una nueva era que más tarde daría pie a la llamada Guerra Fría, desatada por las diferencias ideológicas entre Moscú y Washington, y su injerencia en Polonia y Alemania, misma que llevaría a Harry S. Truman, entonces Presidente de Estados Unidos, a pronunciar un dramático discurso ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, en que declaró que la política de Estados Unidos debía apoyar a los pueblos libres que combatían las subversiones de las mino-rías armadas o las presiones extranjeras. Hasta entonces no se habla como tal de terrorismo internacional o global.

la seguridad nacional desde la perspectiva internacional

El acatamiento del derecho internacional es el instrumento por excelencia para procurar la convivencia armónica de las naciones y

la unión de esfuerzos para superar desafíos comunes

3. Ver, Reporte sobre Terrorismo 2008, del Centro de Publicaciones del Centro Contra el Terrorismo (Abril 30, 2009), disponible en: http://www.nctc.gov/


Se justificaba plenamente el intervencionismo en detrimen-to del principio de no intervención ligado al de la libre autode-terminación de los pueblos, que está establecido en la Decla-ración Norteamericana de Independencia y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con este otro principio se adquirió identidad bajo la forma de un Estado independiente y soberano. Truman contribuyó al desarrollo de una nueva política que rebasaba la paz entre naciones, y que conllevó a la política de la contención.4

A la luz de esta doctrina, Truman intervino en Grecia, Tur-quía, Malasia, Israel, Kenia, Birmania, Liberia, así como llegó a tener injerencia en Japón, Taiwán, Johnston y Palau, entre otros territorios trastocados por su política exterior.

Se viviría la pérdida de Vietnam del Sur, que ya desde en-tonces Eisenhower (1953-1961) señalaba como las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Vendrían las intervenciones en Co-rea en 1951, Vietnam en 1954, el canal de Suez en 1956, Líbano en 1958, Irán en 1953, Guatemala en 1954, Irak, Kuwait. Hasta llegar al periodo de John F. Kennedy, de 1961 a 1963.

Con Kennedy surge la llamada Alianza para el Progreso, que consistió en un plan de desarrollo de diez años para Amé-rica Latina.5 Este plan permitió el crecimiento de transnaciona-les estadounidenses en el mundo, así como la enseñanza de la democracia en Asia, África y América Latina. La coexistencia pacífica entonces devendría de un adoctrinamiento a semejan-za del modelo norteamericano, donde no habría cabida para los más rijosos como Cuba.

Lyndon B. Johnson (1963-1968), quien desdijo su campaña pacifista al ligarse a dictaduras militares como las de Brasil, en la década de los 60, su apoyo a Israel con armas y su invasión a la República Dominicana, reforzando su seguridad nacional y manteniendo la política de la contención, estuvo acompañada por el soporte económico a naciones menos desarrolladas sus-ceptibles de dominio comunista.

Sin embargo, estos capítulos de la historia abrirían camino


4. La doctrina Truman constituyó la primera declaración posterior a la segunda Guerra Mundial de la política norteamericana, para dar ayuda contra la expansión soviética, a los estados que la solicitaran. Esta doctrina dio origen a una serie de programas de ayuda militar y económica que marcarían la política exterior de Estados Unidos.5. Con este plan Estados Unidos esperaba un flujo de capital público y privado de aproximadamente 20,000 millones de dólares, provenientes de inversionistas privados en los países con excedentes de capital de fuera de la región, para lograrlo se necesitaba la aportación de una suma cuatro veces mayor que la esperada para satisfacer las metas del programa, que a largo plazo suponían la intensificación de la modernización económica, política y social de la región, que ameritaban el compromiso de los estados de la modificación de leyes e implementación de reformas que modificaran el statu quo que mantenían.


hacia la diplomacia internacional. Richard Nixon sería el prime-ro en ponerla en práctica de 1969 a 1974, asesorado por el secre-tario de Estado, Henry Kissinger,6 quien produjo acercamientos con el bloque socialista, con fines económicos, a fin de generar acercamiento y evitar confrontaciones.

El petróleo sería el tema de dicho acercamiento con nacio-nes árabes, tras la crisis del petróleo en 1973. Estados Unidos inició tratos con naciones como Jordania, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Egipto e Israel; mientras que Irán, Libia y Siria queda-rían aún distantes de sus propósitos.

El petróleo no sería el único tema para justificar su política intervencionista, lo sería además bajo el estandarte de los derechos humanos, su injerencia en Somalia, Ruanda y Haití, por ejem-plo, bajo formas de ayuda humanitaria, intervenciones distintas a las logradas por la vía de la diplomacia, como los Acuerdos de Dayton, secundados plausiblemente y bajo las formas del derecho internacional por William Clinton y que resolvían la guerra de Bosnia-Herzegovina (1995), marcaban sus prioridades en materia de seguridad nacional a través de su política exterior.

Para 1999, la percepción de la política de Estados Unidos era que el mundo cada vez más respondía a sus intereses bajo la bandera de la democracia, exceptuando a Cuba. Responderían pronto a los ataques de sus embajadas en Kenia y Tanzania en 1998, bombardeando pronto a Sudán y Afganistán, y participan-do más tarde en la guerra de Kosovo, en 1999.

La continuidad de esta política altamente participativa de los problemas del mundo siguió con George W. Bush, que con los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 (11/09) dic-tara aquel memorable discurso del 7 de octubre del mismo año, en que señaló no sólo defender las libertades de Estados Unidos, sino la libertad de todo el mundo que quisiese vivir y criar a sus hijos libres de miedos, rematando con aquella frase célebre del mismo discurso y que le caracterizaría hasta nuestros tiempos: “El que no está con nosotros, está en nuestra contra.” Esta frase llevaría con-sigo su propio concepto de coexistencia pacífica, más allá de cual-quier ordenamiento internacional, exclusivamente atendiendo al concepto de su seguridad nacional aun cuando fuese por sobre el derecho internacional como en algún punto sucedió en Irak, bajo acciones reconocidas como actos de intervención, aunque luego fuese el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que avalara tales incursiones, regresando este capítulo de forma forza-da a los cauces del derecho internacional.

Los estados frente a este último evento del 11/09, como la gota


6. Ver Kissinger, Henry, La diplomacia, FCE, México, 1995.


de agua que derrama el vaso, ha dado como resultado la necesidad de estrechar fronteras y no sólo como resultado del paradigma de la globalización en términos económicos, sino precisamente en términos de su seguridad nacional, donde la cooperación interna-cional se vuelve tema común en la geografía mundial para conse-guir la coexistencia pacífica de los estados, que lejos de acotar una carga ideológica, en el purismo de su concepción, asumen como punto de partida la experiencia recabada en la posguerra.

Así las cosas, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en México, por ejemplo, en un diagnóstico de este sexenio, se ex-pone que la economía de los cárteles se había visto afectada por los cambios estructurales en el mercado internacional de las dro-gas, lo que explicaba en parte el reciente aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico y con ello se confirma lo que ya sabemos: el problema no es local, sino transnacional, lo que exige esta cooperación internacional sin que por ello se atente contra la soberanía, no nos quedemos amarrados a concepciones estatistas del siglo XIX, pues la problemática es distinta.

Al respecto vale la pena citar que el PND señala como la Estra-tegia 15.6: “promover la armonización entre la legislación nacional y los tratados internacionales firmados por México, de manera que puedan ser aplicados eficazmente para el combate a la delincuencia organizada. El acatamiento del derecho internacional es el instru-mento por excelencia para procurar la convivencia armónica de las naciones y la unión de esfuerzos para superar desafíos comunes. Por eso México seguirá inscribiendo su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado en el marco de los tratados internacionales. El gobierno federal pondrá especial empeño en ali-near la legislación nacional a los tratados internacionales de que México es parte, para contribuir con mayor eficacia en la lucha con-tra los transgresores del derecho y del orden”.7 No podemos negar el impacto del ámbito internacional en el interno, cuando se erigen como parte de una política nacional.

En la materia que nos ocupa, el Plan Nacional de Desarrollo, además del combate al narcotráfico, para ir acorde a su conteni-do y garantizar el orden y la legalidad de los flujos migratorios, comerciales y de diversa índole, que en nuestras fronteras se ven incrementados por la globalización, no sólo han acelerado el inter-cambio de bienes, servicios y personas, sino tambien han cambiado patrones sociales y culturales que han propiciado mayores índices de delitos y violaciones al derecho. La trata de personas se convierte en un tema recurrente y no se limita a la explotación sexual forza-da, ni al tráfico de órganos, sino incluso a la explotación laboral en


7. PND vigente en el sexenio.


términos de esclavitud. Estos problemas de literales tratantes o tra-ficantes de personas suelen vincularse a organizaciones criminales que lucran de forma ilícita mediante el narcotráfico y el contraban-do de armas provenientes de ambos lados de nuestra frontera y que en todos los casos desbordan de delitos de orden local (en el caso de la trata de personas en México no existe una regulación federal al respecto) para atentar contra la seguridad nacional, trascendiendo al término de seguridad pública.

En España, donde el terrorismo ha hecho sentir su fuerza, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) parte del concepto de na-ción soberana y los postulados de su propia Constitución son los que definen los intereses nacionales para construir el planteamien-to conjunto de una acción exterior e interior del Estado, por la que se establecen los objetivos en materia de seguridad nacional.

En ese país ibérico, proteger y salvaguardar estos intereses en materia de seguridad y defensa nacional, orientan y definen la ESN para el logro de objetivos como “la preservación de la paz y la seguridad internacionales, y la necesidad de fundamentar la estrategia en un sistema multilateral de acciones e iniciativas, ba-sado en el reconocimiento de que el Consejo de Seguridad de Na-ciones Unidas sigue conservando la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.8

Cabe señalar que la ESN considera no sólo una estrategia que promueva el progreso social, sino el establecimiento y consolida-ción de regímenes democráticos, así como la aplicación y defen-sa de los derechos humanos, tradición que se reforzó a través de su pertenencia a la Convención Europea de Derechos Humanos, y cuyo alcance tiene un impacto relevante en comparación con el sistema interamericano de derechos humanos, sin duda por el con-cepto de instituciones comunitarias inexistentes en nuestro con-tinente, por lo que las políticas de seguridad nacional que suelen ejercer las Fuerzas Armadas y que pueden no salir invictas de la co-misión de violaciones a derechos humanos, quedan en una posición más expuesta que en nuestro propio sistema al poder ser atraídas hacia los mecanismos jurisdiccionales internos, y a los del sistema de protección europeo de derechos humanos.

La ESN de España refleja igual que la de México la volun-tad nacional por participar activamente en el plano internacional, así como reforzar la cooperación entre sus aliados en el contexto internacional, con una clara determinación de contribuir activa-mente a preservar la paz y la seguridad internacionales.9

La preocupación por la seguridad nacional de España, recu-


8. Ver Documentos de seguridad y defensa. Principios y objetivos de la estrategia de seguridad nacional en España, pp. 18-19.9. Op. Cit. p. 19.


rrente blanco de ataques terroristas como los de la ETA, muestra una realidad distinta, que sin embargo privilegia la cooperación internacional de nueva cuenta y que en el modelo de la Unión Europea consolida políticas comunes de seguridad regional.

En Rusia los ataques terroristas del 11/09 en Estados Unidos mostraron al mundo la fragilidad de sistemas de seguridad nacio-nal que parecían infranqueables, lo que trajo de nuevo a cuenta el endurecimiento y la interacción en la lucha contra el terrorismo internacional.

Rusia formó coaliciones antiterroristas no únicamente de ca-rácter diplomático, sino además a través de la cooperación en ma-teria de inteligencia para detectar las fuentes y métodos de finan-ciamiento de grupos terroristas, así como forjó la aplicación de san-ciones contra entidades promotoras del terrorismo. La cooperación internacional atrajo no sólo el fortalecimiento de estas políticas en Rusia y en el mundo, sino que hay que decirlo, también las de estos grupos terroristas, que se dieron a la tarea de cambiar sus métodos, incluyendo el riesgo nuclear, químico, biológico y el incremento en ataques a gran escala contra blancos u objetivos civiles.

Este capítulo en la historia hizo que Rusia abriera su espacio aéreo a la Unión Americana una vez que habían comenzado los estadounidenses una campaña contra el Talibán y Al-Qaeda en Afganistán; la asistencia militar entre ambas naciones regresaba a su mutua conveniencia, el terrorismo adquiría nombre y apellido. No tardaron en sumarse en esta coalición entre Estados Unidos y Rusia de lucha contra el terrorismo, China, India e Irán. El Endu-ring Freedom reunía por primera vez a países alguna vez separados por la guerra y las ideologías, en el propósito propio de su seguri-dad nacional y que trascendía en el de la seguridad internacional.

Rusia pertenecía entonces a un nuevo esquema de seguridad nacional, el 11/09 cambió la faz de la Tierra en la materia que nos ocupa. Se observó el rostro de un terrorismo global.

En el derecho internacional cobraba vida el proemio de la Carta de San Francisco de 1945, que declara en cuatro enunciados que los pueblos de las Naciones Unidas se comprometen a: 1) pre-servar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces a la humanidad ha infringido sufrimientos indecibles; 2) reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de dere-chos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas; 3)


El esfuerzo de los estados en materia de seguridad nacional, puede hoy día llevar a la construcción de un Estado de derecho internacional


a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, y 4) promover el progreso so-cial y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Posteriormente, la Carta señala en sus principios la forma en que ha de lograrse lo anterior, a través de acciones como practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos veci-nos; unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; a asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo inter-nacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos.10

El esfuerzo de los estados en materia de seguridad nacional, y en relación con el párrafo anterior en materia de seguridad inter-nacional, puede hoy día llevar a la construcción de un Estado de derecho internacional, como estadio superior de una comunidad más justa, rebasando al orden público internacional que sólo im-plica mínimos de cumplimiento para vivir en sociedad.

Para redefinir la soberanía estatal se suman nuevas corrientes de la soberanía internacional, las que también acusan al igual que en la defensa de la soberanía estatal, manifestaciones del derecho natural, como ideas pacifistas, las ideologías económicas y el prin-cipio de seguridad, como tendencias que matizan en nuestros días la soberanía del Estado nacional y que o lo reclaman como atribu-to de la organización internacional o la exigen o afirman para el derecho internacional.


10. Artículos 1 y 2, Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, Junio 26, 1945.

Iliana Rodríguez Santibáñez es Doctora en Derecho, directora de la carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, especialis-ta en Derecho Internacional; coadyuva con el CICR en la capacitación de nues-tras Fuerzas Armadas en materia de Derecho Internacional Humanitario.


Una guerra presidencialista antinarco sin estrategia de mediano plazo: del oficio de la guerra al oficio del Estado

Pedro isnardo de la cruz◆◆◆


Error I. Pensar más en las prioridades de la Presidencia y menos en las del estado-naciónDesde Maquiavelo, pensar la política y el poder supone una ac-ción para los fines y propósitos de la conservación del poder y el engrandecimiento de la República. En el modelo de actuación antinarco de la presidencia de Calderón se ha querido postular el primero como equivalente del segundo.

Error II. El objetivo original era resolver el déf icit de legitimidad y de gobernabilidad En efecto, la presidencia de Calderón nunca tuvo un modelo inte-gral, una estrategia consensuada y un plan maestro de actuación con coordenadas, tácticas y metas, de corto y mediano plazos, ca-paz de imbricar a los nervios e instituciones de seguridad pública. Se privilegió un diagnóstico y un guión castrense, a riesgo incluso de la consolidación del afianzamiento de un Estado democrático de derecho.

Error III. Se endosa al Ejército mexicano el costo político de la guerra presidencialista antinarcoLa prudencia política supone calar las consecuencias de las de-cisiones presidenciales. Esta administración ha extralimitado las facultades constitucionales de la institución del Ejecutivo federal sin contrapesos reales en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en los gobiernos de las entidades, capaces de propiciar una deli-beración pública sobre la direccionalidad estratégica y táctica, los plazos y los recursos que deben ser invertidos por la nación.

Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los asesinatos indiscriminados en el terreno de las operaciones que se imputan a las Fuerzas Armadas evidencian sólo una madeja de ries-go estratégico a una batalla abierta que lesiona la imagen, la con-fianza social y política en el Ejército federal: no se visualizan por ningún lado los pilares de una operación política a escala republica-na, sobre todo durante los tres primeros años de esta lucha oficial, todo el peso bélico y la ofensiva antinarco parecían descansar en el despliegue y responsabilidad única del aparato castrense. Es un error craso originado en una visión y modelo presidencialista -por

Pedro isnardo de la cruz

Una evaluación de los cursos de acción de lo que va del régimen de Calderón permite identificar los al-cances de esta política gubernamental antinarco:


definición arbitraria y autoritaria-, en un contexto de gobernabili-dad que exige capacidad de interlocución desde el Ejecutivo, delibe-ración pública de decisiones, rearticulación política entre poderes, gobiernos y oposición partidista.

Así, de las necesidades presidenciales no se hizo virtud polí-tica. Mientras, bajo los regímenes priístas se administró el pro-blema del crimen organizado y el narcotráfico bajo los códigos de la secrecía y el liberalismo vostro, con los gobiernos de Fox y Calderón, ambos regimenes decidieron enfrentar este fenómeno como una campaña mediática permanente y, sobre todo en esta administración, como una fuente de credibilidad gubernamental y heroicidad presidencial.

El riesgo se mantiene delicado para el país: la preeminencia de un principio de militarización de cargos públicos en el ámbito de la seguridad, de la guerra antinarco y en la renovación de las es-tructuras policiales federales y locales, ha significado al menos dos procesos estrechamente enlazados: efectivos y mandos castrenses han sido victimados por el crimen organizado1 [desvelando el grado de enquiste de las estructuras gubernamentales y de seguridad pú-blica por parte del narco] y ha postrado al Ejecutivo federal ante el esquema de rehabilitación nacional del poder del Ejército en la vida civil y pública: se expande la órbita política y metaconstitucional del Ejército mexicano en la asunción de responsabilidades y com-petencias que corresponden, en una República moderna, al terreno, conducción y primacía del poder y liderazgo civil.

La decisión gubernamental de un curso predominantemente militar al problema del narco en el país -con su réplica mediática y propagandística- muestra que el oficio de guerra que se atribuye la Presidencia sólo se festina cuando se alcanzan logros efímeros y efectistas, y que se incurre en procesos perniciosos de negación de los hechos: se exige a una institución formada para la guerra defensiva, avezada en inteligencia y experiencia antiguerrilla, una responsabilidad sin respaldo del sistema político, constitucional y judicial; se criminaliza a jóvenes victimados y se oculta evidencia testimonial y documental que imputa responsabilidades a policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, se ha llevado al Ejército mexicano a desplegar sus operaciones antinarco sin observancia de sus excesos en la persecución de delitos asociados al tráfico de dro-gas -y más allá de esta órbita-, al ejercicio paralelo de la función ministerial, a la detención preventiva arbitraria y a la realización de actividades punitivas -con niveles de impunidad y actuación anti-constitucional- que sólo se conocían en las décadas del predominio de los movimientos guerrilleros y bajo la égida de gobiernos autó-cratas y represores del pasado de nuestro país.

una guerra presidencialista antinarco

1. Véase Celis, Agustín, La historia del crimen organizado. Madrid, Libsa, 2009.


El nervio castrense de esta seudoguerra de inspiración presi-dencialista reivindica la disciplina del Ejército mexicano y su status de pilar patrio para garantizar la defensa de la patria ante cualquier enemigo. No obstante, ni la milicia ni la guerra pueden ser oficio privado de ciudadanos hechos soldados y/o mandos militares: al ser autores de abusos y delitos bajo el prisma de estos acontecimientos narcobélicos, habrá de demostrarse si actuaron respondiendo a sus intereses particulares, y no al desempeño de sus operaciones y mi-siones asumiéndolas como oficio público.

En efecto, los episodios trágicos que acumulan evidencia anti-militar -segando vidas de ciudadanos inermes- están teniendo una influencia inesperada en el destino próximo de esta política presi-dencial antinarco en un ámbito clave: el sistema político mexicano; los gobernantes del país -y las élites por supuesto- no saben ahora si las Fuerzas Armadas son la divisa que garantiza lo que se bus-ca [una actuación republicana, eficiencia anticriminal, una barrera infranqueable de honestidad y respeto a los derechos humanos a toda prueba] y a su vez, las Fuerzas Armadas -mandos y ejércitos regulares- no saben si pueden confiar en la probidad de los gober-nantes -y de sus subordinados y corporaciones policiales-, en todos los niveles de la administración de la justicia, la inteligencia policial y la investigación criminal del país.

Esta aporía político-militar es consecuencia natural de la au-sencia de una estrategia de mediano plazo en el diseño de una serie de batallas que acumulan más costos que beneficios para el país. No se trata de cuestionar la legitimidad de las intenciones presidenciales, sino de la inteligencia política y militar con la que se han confeccionado, creado y solventado ante una realidad que desnuda sus limitaciones, consecuencias y excesos sistémicos. Su solidez y orden, que no su sentido patriótico de disciplina, pare-cen estar en entredicho.

Una nueva legislación de seguridad nacional que actualice el papel del Ejército en la seguridad pública debe ser realista también en otro ámbito clave: la necesidad de que los gobiernos de los es-tados rindan cuentas, sean más corresponsables y demuestren ma-yor eficacia anticrimen. De lo contrario, la resistencia militar a ser normada su actuación bajo la égida de los gobernadores -quienes dictarían la intervención castrense según sus escenarios regionales, estatales y locales de excepción- muestra cómo la ausencia de una visión y actuación estratégica presidencial anticrimen simplemen-te se transferiría a ejecutivos estatales y locales que, por un lado, pondrían en evidencia una mayor incompetencia para manejar sus escenarios de narcocrisis e incidencia delictiva, y que activarían su peso político y sus alianzas con las decisiones del gobierno federal como divisa de intercambio de una mayor y más duradera presen-cia militar en sus territorios.



Asimismo, la apuesta por una seudoguerra efectista, mediáti-ca, propagandística, implicó una supuesta inteligencia estratégica que busca mostrar al gobierno federal como una entidad que sabe lo que hace y cómo lo hace, pero que en el terreno de los hechos ha dejado mucho que desear: se fabrican a modo cifras oficiales, se consignan presuntos narcotraficantes de tales o cuales cárteles (o narcocélulas) y cientos de detenciones con biografías narradas como si se tuviera ciencia cierta de las trayectorias criminales: se muestra a un gobierno supuestamente informado a detalle de la vida privada, intereses y traiciones que se dan al interior de los cárteles, pero que es incapaz de erosionar su vigor y expansión criminal. De hecho, en círculos oficiales todo parece conocerse del narco y de sus patrones de comportamiento, pero todos los días se dan testimonios -salvo anécdotas, acciones heroicas de efecti-vos policiales-militares y episodios que se ofrecen como avances y victorias espectaculares- de las incompetencias sistémicas de gobiernos e instituciones a todos los niveles de la administración de la seguridad pública.

Error IV. Incomprensión gubernamental de la evolución y la inteligencia criminal del crimen organizado y el narcotráf ico mexicano Hoy la presidencia de Calderón se sabe sorprendida por la mag-nitud y el arraigamiento en la economía y en las estructuras del Estado que han generado el crimen organizado y el narcotráfico. Este error es esencialmente atribuible a una estratagema de inspi-ración presidencialista.

En efecto, los clanes criminales del narcotráfico en México ofrecen evidencia palpable de su adaptación a una seudoguerra que sabe que disecciona selectivamente las alianzas para azuzar a cárte-les rivales o preservar la hegemonía de otros.

Se trata de una guerra presidencialista poco realista ante la in-fluencia y dominación que desde hace más de década y media ha alcanzado el crimen organizado y el narcotráfico en México: su status financiero, logístico, delictivo obedece a patrones, tutelas y mercados esencialmente transnacionales.

Asimismo, los barones del crimen asociados al tráfico de dro-gas, armas y a la perpetración de secuestros en el país evidencian que su repliegue, resistencia y capacidad de respuesta opera con una doble tenaza: I) actúa con inteligencia política y estratégica de corto y mediano plazos y II) conoce las fibras más endebles y socialmen-te sensibles de la matriz gubernamental antinarco.2


2. Véase Lupo, Salvatore, Historia de la mafia: desde sus orígenes hasta nuestros días. México, FCE, 2009, traducción Stella Mastrangelo.


Hasta ahora los cárteles han evitado al máximo que sus obje-tivos centren su atención en atentados contra gobernadores y la Presidencia de la República, pero no están lejos de asumir el costo político de atentados que no se centren solamente en empresa-rios y funcionarios públicos del Poder Judicial, del Legislativo y la seguridad; diversifican sus giros criminales con facilidad como estrategia de repliegue; afianzan sus mercados de extorsión, se-cuestro y corrupción policial y gubernamental, al amparo de la socorrida impunidad del país.

Por este camino, la política presidencial antinarco deteriora las condiciones de seguridad nacional y evidencia un filón más riesgoso que endosa una advertencia ominosa al país: el limitado proceso de aprendizaje del Estado mexicano en el oficio de la vio-lencia. Su pérdida del monopolio y la legitimidad exclusivas de ésta, bajo los escenarios actuales y la propensión a que se agraven los resultados para este gobierno y para nuestra sociedad, anuda las condiciones para un monopolio privado de la guerra y de las funciones vitales que debiesen recaer en la esfera de poder y man-do del Estado mexicano.

En efecto, más de 21,000 decesos asociados al narco y al cri-men organizado en lo que va de este sexenio muestran un saldo sistémico negativo sin contrapartida en el terreno en un historial de investigación profesional que permita avizorar el seguimiento y el procesamiento de los responsables de cometerlos. Es un filón táctico de vulnerabilidad de la política presidencial que muestra intacto el músculo criminal y la magnitud financiera, logística y bélica de los clanes del narcotráfico de nuestro país -y de su creciente expansión hemisférica-. El otro es el desencanto de la opinión pública y los líderes sociopolíticos de nuestro país ante una campaña bélica que desfonda.

Compuerta estratégica. Hacia una política no presidencialista de seguridad nacional.

1. Cinco años es un periodo plausible para que el país reforme, renueve sus pilares institucionales y su visión estratégica contra el crimen organizado y el narcotráfico: lo que resta de esta presidencia y los primeros tres años de la próxima. De lo contrario, se seguirá navegando sin brújula política presidencial y sin inteligencia inter-nacional -que aproveche los recursos, la tecnología y la experiencia de Washington, Bogotá, Unión Europea- contra este fenómeno.

2. La corrupción y ausencia de resistencia que ofrecen las es-tructuras de poder político y económico son la sangre que oxigena una narcoeconomía que, con el paso del tiempo, muestra que esta seudoguerra presidencialista no contiene una visión, una estrate-gia, recursos y metas, promisorios y realistas.

3. Es necesario transformar la articulación política, legislativa y sistémica de la seguridad nacional, así como el procesamiento de la



toma de decisiones en esta arena tan delicada para la vida pública, el futuro de las Fuerzas Armadas y la gobernabilidad del país.

Compuerta realista. Elogio único a la seudoguerra presidencial: no evitar la disposición, la decisión y la lucha que supone la nece-sidad de combatir este flagelo mundial en nuestro país. Antielogio: el desafío que implica la violencia, la inteligencia y el tráfico de las drogas y armas en México no tiene futuro como guión de guerra, donde sólo el gobierno mexicano sufraga los muertos y los costos, y no puede ser, como los resultados hasta ahora lo evidencian, un oficio de la guerra tutelado por la Presidencia, sino oficio de Estado presidencial en organización con los poderes de la República.


Pedro Isnardo de la Cruz es especialista en temas de seguridad nacional y seguri-dad pública. Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesor de Asignatura por Oposición de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Fue asesor del Gral. Álvaro Vallarta Ceceña, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el H. Senado de la República.


La faLLida estrategia de seguridad púbLica

Samantha Gabriela lópez Guardiola

La sociedad actual reclama hoy más que nunca la atención del Estado a la problemática de inseguri-dad que en los últimos años se ha recrudecido con expresiones tanto del crimen convencional (delitos patrimoniales, contra la libertad y el normal desa-rrollo psicosexual, contra la vida y la integridad corporal, privación ilegal de la libertad)como de aquel que no lo es como son los delitos contra la salud, el tráfico de armas, contra la administración de justicia, contra la seguridad nacional, entre muchos otros.

La inseguridad de la mano con el desempleo es una de las prin-cipales preocupaciones de la sociedad mexicana. Sin embargo, es importante citar que en ciertos casos es una percepción subjetiva, construida en gran parte por los medios de comunicación o mass media, que hoy por hoy son los que en gran medida se encargan de

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posesionar en la agenda social ciertos problemas sociales, sin que éstos sean verdaderamente los que más preocupen a la sociedad. Lo cierto es que la actuación de los cuerpos de policía se ha caracteri-zado por ser ineficiente; corruptos, no aptos para desarrollar trabajo de inteligencia, además de no estar vinculados con la sociedad.

El Estado, por su parte, únicamente ha mostrado una visión equívoca respecto del combate al crimen, que es la de dotar de más funciones a los cuerpos armados, sin visualizar que el problema de la seguridad pública es multifactorial y en ese sentido, se re-quiere de un análisis profundo de los factores que generan, produ-cen y reproducen el delito y el crimen dentro de nuestra sociedad. Más funciones para la policía de la mano con una mayor punición de los delitos convencionales, mayor control social formal, simu-lan simples retoques legislativos que parecen paliativos para un enfermo terminal.

La seguridad pública considerada en nuestra Carta Magna como una de las obligaciones a cargo del Estado en sus tres niveles de gobierno, misma que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesiona-lismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.1

De igual manera, encontramos la obligación del Estado de or-ganizar un sistema de planeación democrática del desarrollo na-cional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la demo-cratización política, social y cultural de la nación.

Es así como el Ejecutivo se encuentra facultado para estable-cer los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Eje-cutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En la actualidad presenciamos una profunda crisis en las con-diciones de seguridad o bien, desbordamiento de las condiciones de los gobernantes que ha devastado la paz social y determinado promesas de los gobernantes, y angustias en los gobernados. Ce-


1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 1 de junio de 2009.


diendo ante la urgencia y trascendencia de reintegrar y reorgani-zar las corporaciones policiales.

Así, para José Manuel Suárez Mier, “el gobierno desempeña sus obligaciones esenciales como la seguridad física de los ciuda-danos y sus propiedades, en forma cada vez más ineficaz, lo que hace que el Estado de derecho pase a ser una cruel ficción”.

El Plan Nacional de Desarrollo Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Planeación, se con-ceptualiza a la planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los re-cursos naturales, tienen como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.2

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Encontramos el fundamento legal del Plan Nacional de Desa-rrollo tanto en el artículo 26 constitucional como en los artículos 2, 3, 4, 5, 12 y 21 de la Ley de Planeación. En este sentido, el Eje-cutivo está obligado a realizar una Consulta Ciudadana, que para la actual administración constó de 205 foros de consulta popular, 38,179 visitas a la página de Internet, 26,755 consultas al centro de atención telefónica, 12,369 correspondencia postal y 2,618 correos electrónicos, dando un total de 131,918 participaciones ciudadanas,3 donde los ejes centrales fueron:

•seguridad •pobreza y •empleo

La participación ciudadana fue únicamente del 1% de la pobla-ción. Lo cual denota que los mecanismos que han sido utilizados hasta el momento para fomentar la participación ciudadana no son los más idóneos, debido a que esta pequeña muestra no es representativa.

El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento programá-tico normativo, en el cual, el primero de los objetivos nacionales es justamente:

“Garantizar la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la in-tegridad, la independencia y la soberanía del país, y asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia”.

la fallida estrategia de seguridad pública

2. Ley de Planeación.3. Plan Nacional de Desarrollo.


La visión de Estado al inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, fue:

1. Desarrollo Humano Sustentable, dentro de un proceso per-manente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Conceptualizado el Desa-rrollo Humano Sustentable como motor de la transformación de nuestro país a largo plazo y como instrumento para la mejora en las condiciones de vida de los mexicanos.

2. Perspectiva de México en el año 2030, basada en un cambio de actitud frente al porvenir y detonar un ejercicio de planeación y prospectiva que amplíe los horizontes de nuestro desarrollo.

3. Se presta especial atención a la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la falta de oportunidades educati-vas, la mortalidad materna y la infantil, la insuficiente generación de empleo, los rezagos en el campo y la pérdida de recursos natu-rales, entre otros.

Estado de derechoUn punto toral dentro del concepto de Estado es justamente el que sea un Estado social democrático y de derecho, respecto de este tema, el diagnóstico al principio de la presente administración en-cabezada por Felipe Calderón Hinojosa, determinó que “la impu-nidad, la corrupción y la simulación han sido obstáculos para el de-sarrollo del país a lo largo de la historia. Esta distorsión que, entre otras cosas, ha derivado en ocasiones en un ejercicio discrecional del poder, ha generado desconfianza en la sociedad respecto a las instituciones de gobierno y a la actuación de las autoridades”.

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciu-dadanas del año 2005,4 revela que el 59% de la población advierte que las leyes en México se utilizan para defender los intereses de gente poderosa (33%) o como una simple excusa para cometer arbitrariedades (26%).

Igualmente grave es la desconfianza que prevalece entre la ciudadanía. De acuerdo con el estudio de Latinobarómetro,5 en México sólo el 28% de los ciudadanos piensa que se puede confiar en la mayoría de las personas. Esta cifra habla por sí sola de la des-confianza existente entre la población, y la predisposición negati-va de la ciudadanía, lo cual trae consigo una desconfianza entre la misma, que se plasma en la falta de organización y formación de redes ciudadanas y de capital social indispensables para articular e implementar soluciones a los problemas de la esfera pública. Esto trae como consecuencia inmediata la falta de cohesión social.


4. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas del año 2005.5. Latinobarómetro 2009.


Los vasos comunicantes del Estado de derecho y la cohesión social tienden los puentes de comunicación para la gobernabili-dad. Un Estado social, democrático y de derecho debe ser con-ceptualizado como productor de bienestar social, no únicamente como legitimador de la paz interior, para lo cual, además, se re-quiere de estabilidad política y seguridad, ya que todo Estado que pretenda alcanzar objetivos de legitimación sólida debe, para dar resultados, generar y consolidar instituciones políticas, jurídicas y económicas que motiven el bienestar.

Para generar ese bienestar, el Estado debe procurar:•Combate a la pobreza, a través de la distribución equitativa de la riqueza, de la generación de empleos y •Crecimiento sostenible, por medio de un sistema democráti-

co, gestión pública e instituciones de mercado.

Cohesión socialAsí, encontramos que los elementos primordiales para la cohe-sión social son:

•Capital social, que es la capacidad que tienen los ciudadanos para tener acceso a los bienes que satisfagan sus necesidades bá-sicas. Inclusión social y acceso a satisfactores previos al capital humano.

•Inclusión social.•Integración social.•Capital humano, invertir en la educación y capacitación de

los ciudadanos para que éstos se encuentren en condiciones de competir en el mercado laboral y así, poder cumplir con los um-brales mínimos de bienestar social que determinan la calidad de la experiencia vital y constituyen la base de la infraestructura social, sin la cual, no se puede desarrollar ninguna garantía social.

El Plan Nacional determina que se requiere de cohesión en los esfuerzos y persistencia en las acciones para revertir las tenden-cias nocivas antes citadas, así como para la articulación de las me-didas y reformas necesarias para garantizar la plena probidad en el ejercicio del poder y el apego a la legalidad en los ciudadanos.

La cohesión social no es obra de la casualidad, se requiere de trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno; es decir, la conjuga-ción de gobierno electo y reconocido por la sociedad, y para que funcione se requiere mínimo de dos ejes:

•Estabilidad política.•Capacidad de los partidos políticos para lograr acuerdos.Dando como resultado:•Estado productor de bienestar. •Estado legitimado por garantizar la paz interior.Es claro que sin seguridad no existe gobernabilidad, sin embar-



go, la gobernabilidad es algo más que seguridad y se compone de:•Seguridad social.•Seguridad jurídica.•Cohesión social.•Trabajo y educación, y•Distribución equitativa de la riqueza, para lo cual es requisi-to indispensable trabajar en el combate a la pobreza y el creci-miento sostenible de una nación.

Lograr el equilibrio entre los puntos citados es una tarea de gobernabilidad que da como resultado tanto un Estado democrá-tico y de derecho como una sociedad que se siente cohesionada y legitima la actuación gubernativa de aquellos que eligió. Sólo así es posible que un Estado se desarrolle armónicamente y se sienten las bases sociales del combate al crimen. Además de:

•Generar integración social de los ciudadanos. •Inclusión social.•Capital humano.

Cuando existe cohesión social la sociedad es capaz de cons-truir mejores instituciones y se genera la confianza necesaria para llevar a cabo e implementar las reformas necesarias. Sin estas ba-ses es prácticamente imposible que una reforma se pueda implan-tar y rinda frutos, como es el caso mexicano con la Reforma Penal Constitucional, que busca cambiar y transformar las institucio-nes dedicadas a la administración y procuración de justicia, cuya implementación, a ocho años, puede presentar un camino largo y sinuoso, y sin un puerto seguro de llegada, si las condiciones sociales no cambian.

Se menciona en reiteradas ocasiones que nuestra situación actual es el resultado de gobiernos con tintes incompetentes, ineficaces y manipuladores; que manejaron al país a través del populismo, la ma-nipulación, el intervencionismo, el corporativismo y autoritarismo, todas estas cualidades forman parte de la ineficacia de los gobiernos; los tiempos modernos refieren a un cambio de paradigma hacia una democracia y con ella, hacia la eficacia directiva de los gobiernos electos por y para su sociedad. Para que esto sea producto del trabajo conjunto, se requiere básicamente de una agenda social compartida, donde la sociedad intervenga en el planteamiento de la problemática pero también en las posibles soluciones y sea parte activa de ellas. Estipulando normas técnicas de operación, procedimientos de im-plementación y evaluación de esas políticas, ya que de lo contrario los objetivos sociales permanecerán en el mundo de las buenas in-tenciones y no serán susceptibles de materializarse en realidades y sobre todo en los cambios de fondo que requiere la sociedad.



Resultado de la unívoca visión de Estado respecto de la se-guridad pública y la delincuencia organizada, encontramos una profunda crisis en las condiciones de seguridad o bien, un desbor-damiento de las condiciones de los gobernantes que ha devastado la paz social y determinado promesas de los gobernantes y angus-tias de los gobernados. Así, en palabras de José Manuel Suárez Mier, “el gobierno desempeña sus obligaciones esenciales como la seguridad física de los ciudadanos y sus propiedades en forma cada vez más ineficaz, lo que hace que el Estado de derecho pase a ser una cruel ficción”.

En el PND 2007-2012,6 si bien el Estado no es ciego a la di-versificación del crimen organizado, se toma una sola carretera para el combate de tan importante problema, planteando un único objetivo, el cual es:

“Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convi-vencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”. Esto, a través de cua-tro estrategias:

1. Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para re-cuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.

2. Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al nar-comenudeo.

3. Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita.

4. Desarticulación de cadenas delictivas mediante la destruc-ción de los nodos de creación de valor.

En torno al punto número uno, el gobierno federal lleva a cabo la tarea de enviar tanto tropas militares como policías federales a diversos estados del territorio nacional, para combatir al crimen organizado, en específico al narcotráfico. Respecto del despliegue militar, se han enviado más de 45 mil elementos7 a diferentes pun-tos, entre ellos Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Colima, Jalisco, México, Nuevo León, Chihuahua. Este despliegue militar no ha sido del todo bien visto ni por los mexicanos ni por extranjeros, por ejemplo el periódico The Washington Post, en su publicación del 27 de diciembre de 2009, resalta que los militares mexicanos carecen de la experiencia para abordar investigaciones criminales y con fre-cuencia han sido acusados de violaciones a los derechos humanos.

En tiempos recientes, la militarización de la seguridad públi-ca, como respuesta a la falta de resultados y a la creciente crimina-lidad, aunado a la carencia de reformas en la materia, ha sido una


6. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.7. www.ssp.gob.mx


salida de diferentes gobiernos y en especial del mexicano. A pesar de la necesidad de mantener estos dos ámbitos separados, pues los militares además de no estar capacitados para realizar tales tareas, por ley no tienen dicha competencia. Las Fuerzas Armadas, por lo general, han tenido una buena reputación y el hecho de que estén llevando a cabo tareas de seguridad, ha mermado drásticamente su imagen ante la sociedad.

Cabe señalar que de acuerdo con la Encup8, el Ejército ha perdido 5 puntos porcentuales respecto del año 2006, quedando como sigue:

Y las instituciones con menor confianza continúan siendo:•Sindicatos con 59%•Policía con 57%•Partidos políticos con 55%

A pesar de estos datos, la militarización de la policía es hoy por hoy una realidad. Más allá de la percepción subjetiva de inseguridad, que es aquella que se gesta a través de la idea de los ciudadanos res-pecto de su seguridad. Encontramos que los militares ni se encuen-tran preparados para llevar a cabo tareas de seguridad ni tampoco están facultados para hacerlo; es decir, falta certeza jurídica tanto para la autoridad como para el gobernado en relación con estas ac-ciones. Es por eso que es tan necesario que la Ley de Seguridad Nacional, misma que ya fue revisada por el Senado de la República, sea clara respecto de temas como: concepto de seguridad interior y los supuestos en los cuales se debe considerar que ésta se encuentra afectada, así como los casos y procedimientos para hacer uso de las Fuerzas Armadas y sus atribuciones específicas.

Ahora bien, la situación actual del país, así como la del mundo entero, requiere que los gobiernos emprendan acciones conjuntas con el objetivo de disminuir la comisión de delitos, cuando éstos atañen a dos o más estados nación; en este orden de ideas, el Es-tado mexicano firmó, en marzo del año 2007, con Estados Unidos cuando aún era presidente de esa nación George W. Bush, la Ini-


8. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008.

Institución Mayor confianza 2006

Mayor confianza 2008

Ejército 77.2% 67%Iglesia 76% 72%IFE 70% 66%CNDH 69% 68%SCJN 66% 66%


ciativa Mérida, también conocida como Plan Mérida, misma que busca no solamente con nuestro país, sino también con algunas otras naciones de Centroamérica, promover acciones conjuntas en contra de la delincuencia, su capacidad operacional y su cada día mayor capacidad financiera transnacional, acciones que repre-sentan una amenaza tanto para la salud como para la seguridad pública de los ciudadanos.

A través de este mecanismo de cooperación, se estableció como prioridad combatir el poder y la impunidad de las organiza-ciones criminales y del narcotráfico, que amenazan la salud y la seguridad pública de sus ciudadanos, así como la estabilidad y la seguridad de la región.

La Iniciativa Mérida considera acciones específicas para:1. Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México;2. Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos,3. Y ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional orga-nizada.Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, plantea otra

estrategia, un tanto diferente de la de Bush, y que tiene un enfo-que relacionado con los siguientes puntos:

1. Fortalecimiento de las instituciones mexicanas.2. Reforma del sistema judicial y la creación de programas de prevención del crimen juvenil.Nuevamente, se observa que cuando no existe una visión cla-

ra de hacia dónde vamos ni objetivos planteados con base a la rea-lidad y cuando las políticas en materia de seguridad son utilizadas por los diferentes gobiernos como una moneda electoral, se pierde la orientación y no se consigue ningún resultado.

Resultados Los rendimientos obtenidos a la fecha9 son:

•5,500 funcionarios de los tres niveles de gobierno capacitados.•4,300 policías graduados en técnicas básicas de investigación. •Curso Anticorrupción impartido en 22 estados de la República.

Seguridad públicaLos estados surgen para dotarnos de seguridad, por ende la fun-ción primigenia de aquellos es ésta, refiere Hobbes.

El gobierno federal se propuso, a inicios de la presente admi-nistración, restablecer el sentido original de la función de seguri-


9. www.presidenciadelarepublica.gob.mx


dad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la so-ciedad, bajo los principios fundamentales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, mismos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Con apego a ese propósito, la Secretaría de Seguridad Pública ha construido la premisa “Proteger y Servir”, misma que es su misión institucional, articulada en dos dimensiones:

1. Las personas, mismas que esperan ser protegidas en su inte-gridad física, sus derechos y sus bienes, y

2. La sociedad, salvaguardando las libertades, el orden y la paz públicos.

Al cumplimiento de esta misión institucional está dirigido el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública, con acciones policiales y no policiales en distintos planos:

•El plano de la coordinación con otras instituciones federales, tanto para combatir a la delincuencia como para corregir condi-ciones sociales que han dado origen a conductas proclives a la comisión de delitos y han alterado las relaciones de convivencia y respeto en la comunidad. En el primer aspecto se ubican las dependencias que integran el gabinete de seguridad pública y en el segundo, las del gabinete de desarrollo social.

Desafortunadamente, consideramos que la visión es equivoca-da, ya que si bien se plantea la participación del gabinete de desarro-llo social, donde deberían interactuar tanto las secretarías de Desa-rrollo Social, como la de Salud, Educación, éstas nunca han asistido al de seguridad pública; es decir, una política integral en materia de seguridad pública, debe cumplir con una visión multifactorial del problema, incluyendo los aspectos tan importantes de:

•Educación•Salud•Trabajo•Cultura•Social

En tanto persista la idea de que únicamente con más armas, más policías y más equipo, por un lado, y una mayor punición es la única forma viable de combatir a la delincuencia, ya sea común, ya sea organizada, las políticas públicas no tendrán éxito, porque los vectores que dañan el tejido social por la falta primero de opor-tunidades y después de igualdad para tener acceso a ellas, son los que generan una fractura en el tejido social, provocando y gene-rando, si bien no en su totalidad pero sí en gran medida, la mayor comisión de delitos, sobre todo los patrimoniales.

José Antich considera que “la seguridad no puede ser emplea-da como moneda de uso electoral ni tampoco con fines políticos y partidistas. Los gobernantes han de protegernos y si pueden hacerlo sin asustarnos, mejor”. Desafortunadamente, el mensaje



oficial es que nos encontramos en guerra contra aquellos consi-derados como enemigos de la patria, enemigos de la nación, ha-ciendo una distinción entre los ciudadanos mexicanos y aquellos que se encuentran en contra de México, situación que genera una desfragmentación social, pérdida del sentido de pertenencia, au-sencia de valores comunes, etiquetamiento, anomia y falta de co-hesión social. Y como resultado, nos encontramos en una situa-ción de inseguridad subjetiva creada más por los mass media que por la realidad.

La inseguridad genera sumisión y permite control, a más in-seguros, más sumisos, y por ende se permite la instalación de re-tenes en cualquier lugar, a cualquier hora, a pesar de que, al igual que la intromisión de los militares en tareas de seguridad pública, sean inconstitucionales, se permite la restricción de las libertades en específico de la libertad deambulatoria y de tránsito, y todo porque apostamos a toda costa a “acabar con el delito” cuando es bien sabido que el delito acompaña al hombre. En este orden de ideas, la brújula de la seguridad pública, se pierde.

Es necesario elaborar una evaluación a las instituciones de se-guridad, misma que deberá estar compuesta por dos rubros fun-damentales:

•Campo situacional, integrado por:•Dimensión objetiva•Dimensión subjetiva•Campo institucional, compuesto por:•Marco normativo•Gobierno de la seguridad •Sistema Institucional de Prevención Social de la Violencia y el Delito•Sistema policial•Sistema de persecución penal•Participación comunitaria y•Seguridad privada

Las fases de la evaluación comprenden:•Delineamiento y diseño del marco de referencia del proceso evaluatorio•Trabajo de campo•Reporte de resultados con análisis y la apreciación interpreta-

tiva y valorativa.Desarrollo de un taller de validación de resultados obtenidosFormulación de lineamientos generales de políticas y estrate-

gias de seguridad ciudadana y tácticas de modernización institu-cional, así como de las estrategias de control de la violencia y el delito. Conceptualizando a las políticas de seguridad ciudadana como aquellas estrictamente dirigidas a proteger a la ciudadanía de actos violentos y delictivos, provenientes de otros individuos



o a través de medidas de prevención, control y persecución de dichos actos (eje sustantivo). Y aquellas orientadas a reformar y modernizar las instituciones del sistema de seguridad ciudadana (eje instrumental). El objetivo último de esta evaluación es pro-ducir una situación social libre de riesgos y conflictos violentos.

Lo anterior forma parte de lo que la OCDE10 conceptualiza como “Reforma del Sector de Seguridad” y que alude a transfor-maciones que impulsan el área de seguridad y justicia de confor-midad con normas democráticas y principios de buen gobierno (participación y transparencia), poniendo especial énfasis en:

RolesCuerpos de Seguridad Responsabilidades Acciones

El objetivo de esta evaluación es promover el análisis integral que sea la guía en el diseño de nuevas políticas públicas coheren-tes, sostenibles, participativas y eficaces que no reduzcan la segu-ridad ciudadana de los habitantes.

Los campos de evaluación se conforman por:•Situación de la violencia, conflictos vulneratorios del orden

público y el delito.•Respuesta y abordaje estatal y social a la violencia, al conflic-

to vulneratorio, al orden público y al delito.Encontrando que los factores que favorecen, inciden o deter-

minan la violencia en México, son principalmente:•Desempleo y salarios bajos•Falta de oportunidades de acceso a:

•Salud•Vivienda•Educación

•Falta de cohesión e integración social •Desigualdad social•Falta de respeto a la norma (anomia) y falta de cultura de la legalidad

En nuestro país, como respuesta a la falta de eficiencia de una institución, se busca ya sea su desaparición, su cambio de nom-bre y/o cambio de imagen, con la firme creencia de que este acto es suficiente para que una institución encargada de la seguridad funcione, y se olvida que un Estado débil e ineficiente en la apli-cación de leyes y en el cumplimiento de sus disposiciones y polí-ticas vulnera a las instituciones.


10. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.


Antes de visualizar una nueva policía, se deberían tomar en cuenta, además de un análisis profundo a la institución, las si-guientes consideraciones de fondo:

Alcances Límites Del sistema Dificultades Potencialidades

Todo dentro de la dimensión objetiva del delito, que considera: •Condiciones sociales e institucionales de la violencia, los

conflictos y el delito.•Conflictos vulneratorios del orden público, tales como pro-

testas, movilizaciones políticas y violentas, tumultos cercenato-rios de normas básicas de convivencia ciudadana.

•Delito en general.•Criminalidad compleja y•Violencia delictiva.Vectores que nos aportarían los elementos necesarios para co-

nocer el panorama al cual se tiene que enfrentar la institución y entonces proceder a la evaluación institucional, misma que tie-ne como objetivo el abordar y apreciar la inserción normativa e institucional de seguridad ciudadana y la organización jurídica e institucional, en dos vertientes:

•Estructura organizativa: dividida a su vez en:•Normativa, leyes, decretos, reglamentos.•Institucional, organismos integrantes del sistema, y•Dinámica funcional, integrada por:•Proceso institucional, acciones y procedimientos de las ins-tituciones.•Prácticas institucionales, que son las concepciones de valores e interpretaciones que hacen los actores del sistema. Con esta información y analizando a la institución policial en

los rubros siguientes, se podría estar en condiciones de saber que funciona y que es necesario cambiar sobre una base científica de la eficiencia de la institución, analizando:

•Estructura de mando•Sistema de Seguridad Preventiva•Sistema de Seguridad Compleja•Estructura del Personal Policial•Régimen de profesión policial (servicio civil de carrera)•Sistema de control policial, que abarca:

•Principios de actuación policial •Sistema de control policial•Sistema externo•Defensoría policial



Con una evaluación que considere estos rubros, se podría ha-ber diseñado una conceptualización clara de la situación actual del crimen en nuestro país y los requerimientos policiales para combatirlo, y no únicamente dotar de mayores facultades a un cuerpo policiaco que en esencia pretendía ser único. Facultades que se encuentran en la nueva Ley de la Policía Federal, expedida el día 2 de junio de 2008, y que plantea diferentes funciones, ob-jetivos y atribuciones, como las operaciones encubiertas o inter-vención de líneas telefónicas, sin que exista como precedente una evaluación, ni un análisis científico.

De la mano con la nueva Ley de la Policía Federal y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reformado las siguientes leyes:

•Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.•Ley Federal de Seguridad Privada.•Estatuto de las Islas Marías.•Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro.•Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.•Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales.•Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamien-to al Terrorismo.Cabe señalar que algunas funciones constituyen violación a las

garantías individuales y a los derechos humanos; sin embargo, se encuentran sustentadas en que nos encontramos en un estado de “guerra”. Aunque los resultados de la lucha contra el crimen no son nada alentadores, ya que la delincuencia continúa adueñándose de las calles, de los espacios públicos, de los jóvenes y niños que día tras día ya sea que se sumen a sus filas como menores en conflicto con la ley o que caigan en las garras de las drogas y se vuelvan adic-tos. Los delitos se cometen con más y mayor violencia.

Con las dependencias que forman parte del gabinete de segu-ridad pública, se llevaron a cabo 41 reuniones para lograr acuer-dos interinstitucionales para mejorar la operación en contra de la delincuencia organizada y que derivan en acciones coordinadas entre las diferentes dependencias del gobierno federal, con los si-guientes logros de la Policía Federal:11

• 766 operativos, que llevaron al desmantelamiento de dos la-boratorios clandestinos y la detención de 217 presuntos narcotra-ficantes.

• 1,723 acciones en apoyo al Ministerio Público y cuatro con las autoridades de procuración de justicia estatales.


11. Tercer informe de gobierno, 2009.


• 1,378 operativos en coordinación con otras autoridades, en cumplimiento de órdenes ministeriales.

• 241 operativos por solicitudes hechas por autoridades estata-les y municipales.

Sin embargo, el consumo de drogas en nuestro país cada día va en aumento.

Las funciones otorgadas a la Policía Federal forman parte de las reformas que se han implantado paso a paso en nuestro país, con el objetivo de modernizar y hacer eficientes a las institucio-nes encargadas de la administración e impartición de justicia; sin embargo, desde la óptica de muchos académicos genera violencia y desigualdad solamente en contra de algunos grupos sociales, lo cual trae consigo desfragmentación social, así como abandono de políticas sociales que garanticen la preservación de derechos uni-versales básicos. El liderazgo se encuentra en manos de la policía y de esta manera se propaga la idea de que nos encontramos en estado de guerra, siendo necesario acotar que en todo caso es una guerra interna de mexicanos contra mexicanos; en estas condicio-nes, no es posible generar capital social ni mucho menos cohesión social. Nos encontramos en un conflicto grave social y económi-camente hablando que da como resultado, entre otras cosas:

•Desfragmentación social•Anomia•Implementación del derecho penal del enemigo•Falta de rumbo•Falta de gobernabilidad•Restricción de garantías individuales y sociales •Y un largo listado.

Conclusiones:Recordemos que la seguridad comprende todas las organizaciones autorizadas para el uso de la fuerza, como último recurso y con el fin de proteger a la ciudadanía de actos de violencia y coerción provenientes de otros estados o individuos, y por otro lado, a las instituciones encargadas de su dirección, control y supervisión.

La participación ciudadana es punto toral dentro de la trans-formación de cualquier política y de su implementación, evalua-ción y control. Así, la capacidad social de transformación de los propósitos en realidades, se encuentra en la sociedad, sólo con ella se pueden hacer efectivos los objetivos planteados por una polí-tica pública. Es justamente lo que el concepto de gobernanza en-fatiza, ya que la participación ciudadana tiene un enfoque social con objetivos y procedimientos de dirección, gerencia y operación para ser capaz de concretizar esos objetivos y transformarlos en respuestas sociales a problemáticas claras y objetivas. Sin embar-go, la gobernanza no es susceptible de ser real sin una ciudadanía



participativa, comprometida, informada, interesada en los proble-mas sociales y en participar de sus probables soluciones. De igual manera, delimita claramente la actuación del gobierno, sus roles, facultades, instrumentos y alcances.

Buscando garantizar la seguridad nacional, se ha dotado a los cuerpos policiacos de mayores facultades, a través de la Ley de la Policía Federal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, derivada de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como resultado ambas de la Reforma Penal.

Hasta hoy, observamos con tristeza un ejercicio discrecional del poder, donde la impunidad, la corrupción y la simulación son los ejes que mueven al sistema, donde a través de la inseguridad y el miedo se manipula a la sociedad, inseguridad que se sustenta en la subjetividad y que está construida por:

–Opiniones y percepciones sobre la violencia, el delito y la seguridad ciudadana.

–Evaluación del desempeño de la policía, el gobierno y la jus-ticia penal.

Y no así sobre una dimensión objetiva integrada por:•Condiciones sociales e institucionales de la violencia, los conflictos y el delito, mismas que son condicionantes deter-minantes de la realidad.•Conflictos vulneratorios del orden público.•Delito en general.•Criminalidad compleja. •Violencia delictiva. La seguridad pública es una garantía que todo Estado demo-

crático y de derecho debe garantizar a sus ciudadanos, siempre so-bre una tesitura de respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías individuales, aquel Estado que no lo haga, se encuen-tra en un estado de vulnerabilidad y hace uso de todas aquellas he-rramientas que contravienen los derechos humanos universales, así como tratados internacionales en la materia. Situación ésta, que es una muestra de la falta de gobernanza y de la incapacidad de gobernabilidad de esas administraciones, que se sustentan en el uso de las armas y de la construcción del miedo en la sociedad para poder continuar en el poder.




Samantha Gabriela López Guardiola es Maestra en Ciencias Penales, Criminología y Política Criminal. Especialista en Garantías Individuales y Amparo, por el Inacipe. Licenciada en Derecho y en Administración de Empresas, por la Universidad del Valle de México. Colaboración en el desarrollo del guión cien-tífico del Proyecto del Museo Inacipe Asesora en materia jurídico-criminológica de Cadena Tres.

BIBLIOGRAFíA Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, última reforma publicada 27 de abril de 2010. Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de junio de 2009.Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2009.Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de enero de 1983. Pegoraro, Juan S., Corrupción, impunidad y sistema penal. Conferencias Magistrales. Inacipe, 2005. Peñaloza, Pedro José, Seguridad Pública, voces diversas en un enfoque multidisciplinario. Editorial Porrúa, México, 2005.

ARTíCULOS:Aguilar, Luis F., Hacia una disciplina de las políticas públicas, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, Ciudad de México. 1993. Aguilar, Luis F., La eficacia directiva de los gobiernos. Cuarto Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas. Ponencia presentada el día miércoles 29 de junio de 2005, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Daroqui, Alcira, Las seguridades perdidas, Argumentos 1 (2) mayo 2003.Las políticas de Seguridad Pública, octubre 2005, Centro Regional de Conocimientos y Servicios para el Desarrollo en América Latina y el Caribe SURF-LAC. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED.Damert, Lucía, Reforma policial y participación militar en el combate a la delincuencia, análisis y desafíos para América Latina. FLACSO Chile. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 19, Número 1, 2005. pp. 133-152.Militarización de la Seguridad Pública en México. Serie de Cuadernos del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde), Mesa de debates 27 de abril 2006, ciudad de México. Sain, Marcelo Fabián, Guía de evaluación del estado de la seguridad ciudadana en América Latina, Centro Regional de Conocimientos y Servicios para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, SURF-LAC. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.Guedán, Manuel, Gobernabilidad y cohesión social en América Latina. XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4-7 noviembre 2008.

Mario antonio arroyo arrazola◆◆◆


Medio aMbiente y econoMía

Los recursos naturales y el medio ambiente siempre han estado vinculados, de alguna forma, al desem-peño de la economía. Ha sido una relación cam-biante dinámica, que evoluciona en forma cíclica.

En un inicio esta relación era cercana, estrecha: los recursos na-turales eran la fuente fundamental de la riqueza y la prosperidad, que podría venir ya sea de la actividad agropecuaria o de la activi-dad extractiva de metales y minerales del subsuelo.

Los incentivos para las amplias expansiones que llevaron los grandes imperios fundamentalmente estuvieron motivados por la posesión de nuevas tierras y el control de la explotación de yaci-mientos minerales. Es cuestión de revisar cómo se llevó a cabo la colonización de América Latina por parte de España, potencia do-minante en aquella época, que buscó la anexión de nuevas tierras,

Relación histórica entre medio ambiente, recursos naturales y paradigmas económicos

- un análisis de su vinculación en México


siendo las más ricas aquellas que ofrecieran una mayor cantidad de yacimientos minerales.

Así, los grandes potentados de la época eran los terratenientes y los dueños de las amplias minas de las colonias. El poder de la metrópoli se medía por el tamaño de su extensión y por las reser-vas de oro, plata y otros metales preciosos, y joyas.

Esta forma de operar del Estado español de los siglos XVI, XVII y XVIII se fundamenta en la corriente de pensamiento económico denominada mercantilismo, la cual considera que la prosperidad de una nación depende del capital que pueda tener y que está represen-tado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder.

En Francia se critica la forma de operar del mercantilismo, a través del surgimiento de la escuela de pensamiento económi-co denominada fisiocracia (a los integrantes de ésta se les conoce como fisiócratas), postulando la idea de que sólo en las activida-des agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio.

De este modo, la fuente de la creación de riqueza se traslada a otro recurso natural: la tierra fértil, junto a su complemento indis-pensable asociado: la mano de obra. En las prácticas coloniales de la metrópoli en la Nueva España, los postulados de esta corriente de pensamiento económico se plasman en los modelos de la Ha-cienda Colonial y la Encomienda.1

Las haciendas tienen su origen en concesiones otorgadas fun-damentalmente a españoles peninsulares que buscaban mejorar posición y estatus en las Américas. En México, el sistema de la hacienda surgió a partir de 1529, cuando la Corona Española con-cedió a Hernán Cortés el título de Marqués del Valle de Oaxaca.

Significativamente, la concesión incluía a todos los indios que vivían de la tierra, y el poder sobre la vida y la muerte de las almas que habitaban en esos dominios. No había jurado de apelaciones gobernando la hacienda.

La Encomienda desapareció a fines del siglo XVIII y la Ha-cienda Colonial perduró como institución por mucho tiempo más, sobrevivió a la guerra de independencia y de hecho se fortaleció durante el régimen del porfiriato; éstas desaparecieron como re-

Mario antonio arroyo arrazola

1. La encomienda fue una institución característica de la colonización española de América y Filipinas, establecida como un derecho otorgado por el Rey en favor de un súbdito español (encomendero), con el objeto de que éste percibiera los tributos que los indígenas debían pagar a la Corona, en consideración a su calidad de súbitos de la misma; a cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. Sin embargo, se produjeron abusos por parte de los encomenderos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse, en muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero.


sultado de la Revolución de 1910, tanto por los efectos directos de la contienda armada, como por las políticas de Reforma Agraria, emanada de los principios de la Revolución y emprendida por el Gral. Lázaro Cárdenas.

Mientras la Hacienda se fortalecía en el México independien-te del siglo XIX, en Europa surgía y se expandía un modelo eco-nómico que derivaba la creación de la riqueza al capital plasmado en la industria: el capitalismo. Esta corriente de pensamiento eco-nómico surgió en la Inglaterra del último tramo del siglo XVIII, impulsada por ilustres pensadores como Adam Smith y David Ricardo, y por el fenómeno socioeconómico conocido como la Re-volución Industrial. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra, dominada por la industria y la manufactu-ra. La Revolución Industrial comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro.

De esta forma, el núcleo de la generación de riqueza y, por tanto, de poder, se traslada de la posesión de la tierra a la posesión de industrias. La aristocracia terrateniente languidece y va siendo sustituida por la burguesía, dueña de industrias y capital.

En este contexto la tierra y los recursos naturales dejan de ser el eje de la creación de valor y riqueza, pasando a un segundo plano, como un factor de producción complementario. Es signifi-cativo que en los libros de texto clásicos de economía, los autores mencionaban como factores de producción: “tierra, trabajo y ca-pital”. En cambio, los autores de textos neoclásicos, ya completa-mente imbuidos del fenómeno de la Revolución Industrial, citan al “capital y trabajo” como los únicos factores productivos.

De esta manera, el modelo de desarrollo industrial se conso-lidó y arraigó en las estructuras socioeconómicas. Ciertamente, tuvo sus distintas variantes que dependían de la propiedad del capital y de la plusvalía y del rol del Estado ante la actividad eco-nómica. Así aparecieron, entre otras, escuelas de pensamiento económico como el marxismo, el keynesianismo, el liberalismo, el neoliberalismo, el monetarismo. Aunque sus enfoques son di-vergentes en aspectos sustanciales diversos, coinciden en que la generación de valor surge a través del stock de capital que potencia y multiplica la capacidad productiva de la mano de obra.

Es la época de la industrialización que alcanzó el súmmum des-pués de la Segunda Guerra Mundial, en la que la capacidad de la industria bélica norteamericana fue uno de los factores decisivos en la definición de la contienda.

En México este proceso tardó en llegar. Curiosamente, la ma-yor parte de la industrialización de finales del siglo XIX y princi-pios del XX se dio, no tanto en la manufactura, sino en la extrac-ción de materias primas.

Es a partir de los años 40 que se genera un proceso de industria-lización intensivo, basado fundamentalmente en el paradigma de la

Medio ambiente y economía


sustitución de importaciones. Ahí surge una nueva clase influyente y hasta cierto punto dominante, poseedora de las grandes industrias.

A nivel internacional, el modelo industrial comienza a res-quebrajarse en los años 70, cuando la crisis energética da cuenta que un modelo de desarrollo ajeno a los límites que impone la naturaleza, no es sostenible indefinidamente.

Y es en los años 90 cuando el modelo industrial cede ante la economía de la información y del conocimiento, donde la crea-ción de la riqueza se centra ahora en la capacidad de desarrollar conocimiento y divulgarlo, plasmándolo como un bien de consu-mo ante la sociedad.

Asimismo, toma preponderancia el concepto desarrollo sus-tentable, el cual postula que todo desarrollo económico debe inter-nalizar las restricciones que impone el entorno natural, si es que se pretende un nivel de bienestar estable y duradero a través del tiempo. Esto es, un desarrollo que se apalanca en el consumo del capital natural, más pronto que tarde se revierte, deteriorando la productividad y la calidad de vida.

Ahora la industrialización pasa a un segundo término, es más relevante contar con un stock de tecnología e información, con un medio ambiente de calidad y un stock preservado de recursos na-turales. Esto se refleja en los grupos emergentes de grandes indus-trias y de empresarios poderosos, en los que destacan los dueños de empresas tecnológicas (Microsoft, Apple), de telecomunica-ciones (nuestro célebre Carlos Slim) y en los patrones de consu-mo, donde el consumidor verde y el consumidor responsable son una evolución del consumidor tradicional. Aquí el bienestar no es intrínseco sólo al producto o servicio en sí mismo, sino también a su vinculación con el medio ambiente y el entorno social.

Cierto que los hidrocarburos, preciados recursos naturales, han desatado conflictos y guerras en el siglo XX, pero esto ha sido por su rol como complemento indispensable de la actividad industrial y el estilo de vida de naciones desarrolladas. Pero aho-ra, algunos recursos naturales, antes abundantes y accesibles, co-mienzan a perfilarse como potenciales fuentes de conflicto a cau-sa de su posesión. Un ejemplo claro: el agua. Y lo mismo puede suceder con bosques tropicales, con hábitats de clima estable, con tierras fértiles. Los recursos naturales y el medio ambiente vuel-ven a ser una fuente de riqueza, poder y calidad de vida.

Medio ambiente y seguridad nacionalPor tanto, para los estados en la actualidad, la calidad del medio ambiente y la posesión y control de recursos naturales se han con-vertido en un tema de seguridad nacional.

Tal como menciona el Programa de Cambio Climático y Se-guridad Nacional de México:

“Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional con-



sistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados (la guerra clásica), en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo, los riesgos medioambientales y fenóme-nos sociales de escala global como las migraciones masivas.”2

¿En qué sentido los riesgos medioambientales se convierten en amenaza de seguridad nacional? El mismo Programa de Cam-bio Climático y Seguridad Nacional nos da una interpretación:

“El cambio climático se presenta como un riesgo muy serio en el intento de reducir la pobreza y amenaza con impedir el desarrollo social y económico de las naciones. De seguir la tendencia actual, para el año 2050 este fenóme-no reducirá un 25% el área cultivable del país, la mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más secos, mientras que la desertifica-ción y las sequías serán tan severas y extensas que, según el Banco Mundial, afectarán al 80 por ciento de la población en rápido crecimiento de México; es decir, aquella población concentrada en las áreas del norte y centro, las cuales representan más de 80% del PIB, más de 90% de la irrigación y el 75% de la actividad industrial. La inactividad implica costos pagaderos a futuro. La Organización Meteorológica Mundial señala que la prevención de desastres cuesta seis veces menos que la respuesta a emergencias, las cua-les pueden representar una pérdida de 5% a 20% del PIB de México.”

Asimismo, el autor Andrés Ávila Akerberg menciona que:“Como resultado del fin de la Guerra Fría existe una necesidad auto-

mática de revisar la noción de seguridad nacional bajo el nuevo contexto mundial. Temas como el narcotráfico y el terrorismo se consolidan al frente de las preocupaciones de la seguridad de las naciones, pero también destaca el surgimiento de otros asuntos que tienen el potencial de atentar contra la seguridad de los Estados. Para el caso de México, el deterioro ambiental y la escasez de recursos naturales tienen el potencial suficiente para atentar contra la estabilidad de las naciones y, en algunas ocasiones, pueden dar lugar a conflictos violentos. Como potenciales causas de con-flicto se mencionan los efectos adversos del cambio climático, la escasez de agua y otros recursos naturales, la deforestación, el crecimiento demo-gráfico y los emigrantes ambientales, por mencionar algunos.3”

Por tanto, en naciones poderosas se están identificando algu-nos de los bienes naturales como recursos estratégicos y han ido determinando políticas encaminadas a ejercer el control sobre los mismos, dentro y fuera de sus fronteras.

A este respecto, la autora Stéphanie Lavaux menciona que:“Una serie de recursos, esenciales o estratégicos para la supervivencia y

el desarrollo, como el agua o el petróleo que suelen ser motivo de numerosos conflictos armados. Cada vez es más frecuente que determinados conflictos sociales deriven en violencia por efecto de la escasez ambiental. Y a la vez, la escasez ambiental irá en aumento a consecuencia de los conflictos violentos.


2. http://www.cambioclimaticoyseguridadnacional.org/cambioclimatico.php3. Ávila Akerberg, Andrés. Seguridad nacional y medio ambiente: una visión global, en http://vlex.com.mx/vid/nacional-medio-ambiente-vision-global-56593035


“Dichos conflictos ambientales se manifiestan como conflictos políti-cos, sociales, económicos, culturales, étnicos, religiosos y territoriales, o como conflictos por recursos naturales de interés nacional. Son conflictos tradicionales inducidos por una situación de degradación ambiental cau-sada por una sobreutilización (o mala administración) de los recursos, contaminaciones o empobrecimiento del espacio de vida.”

En resumen, seis tipos de problemas ambientales podrían ser la causa de conflicto violento: el cambio climático inducido por el efecto inverna-dero; la degradación de la capa de ozono; el agotamiento y la pérdida de tierras cultivables; la degradación de los bosques; la escasez y la con-taminación de las fuentes de agua dulce, y el agotamiento de los recur-sos pesqueros. Obviamente, dichos cambios afectan de manera diferente cualquier situación de inseguridad, dependiendo de dónde suceden geo-gráficamente, a qué nivel ocurren (local, nacional, regional o global), de la velocidad en que ocurren y del tipo de problemas sociales, económicos y políticos, presentes originalmente en el escenario en cuestión.4

La misma autora comenta que:Aquellos efectos sociales basados en la escasez ambiental contribuyen

al desarrollo de tres tipos de conflictos inducidos por el medio ambiente en cuanto a recursos renovables: (1) los conflictos de simple escasez entre estados, (2) los conflictos de grupo e identidad al interior o entre los esta-dos y (3) los conflictos relativos a la degradación económica, institucional y política al interior o entre los estados.

En este punto del análisis estamos frente al escenario de una trayectoria histórica cíclica. Así como en la Edad Media los señores feudales combatían entre sí por el control de tierras y riquezas na-turales, en la actualidad, en un entorno y un mundo completamente distintos, en caso de no actuar proactivamente disminuyendo y des-articulando el riesgo de seguridad ambiental, podría surgir el mismo tipo de conflicto: guerras por el control de recursos naturales.

Las crisis de escasez alimentaria y de hambruna parecían con-juradas definitivamente, quedando relegadas como fantasmas del pasado, gracias al explosivo aumento en la productividad agrícola ocasionado por la mecanización y la aplicación de la genética y otros avances científicos y tecnológicos en el agro.

Sin embargo, ese fantasma está emergiendo y vuelve a ame-nazar por los estragos actuales y sobre todo, por los potenciales a futuro que está generando el cambio climático y la degradación de los recursos naturales. Cuando parecía que desgracias como las siete plagas de Egipto, provenientes de causas naturales, no volverían a ser amenaza. Cuando parecía que las amenazas pro-vendrían de la carrera armamentista y hasta del espacio exterior, la naturaleza reclama el maltrato que ha propiciado el modelo


4. Lavaux Stéphanie. Medio ambiente y seguridad: una relación controvertida pero necesaria. Capítulo publicado en Cardona, Labatut, Lavaux, Sánchez, Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas. CEPI-Universidad del Rosario, Agosto de 2004.


orientado primero a la producción industrial y ahora al consumo exacerbado (que son dos caras de la misma moneda), y vuelve a convertirse en riesgo y amenaza a la calidad de vida y a las formas de vida tal cual las conocemos ahora.

Pero este riesgo puede ser controlado y acotado, todo depende de que en la actualidad se tomen las medidas correctas y pertinen-tes. Que se modifique el paradigma actual, en el que la variable a maximizar el consumo y que el medio ambiente y los recursos naturales son un simple dato dentro de la ecuación, por un para-digma en el cual el consumo debe acotarse dentro del marco que ofrece la dotación de capital natural y recursos naturales. Por un paradigma que postule que mayor consumo no es equivalente a mayor calidad de vida. Que la preservación del entorno también puede ser fuente de valor y calidad de vida.

Comentarios f inalesEn México nos encontramos aún lejos de un paradigma orientado al productor y consumidor responsable y verde. Sigue primando la búsqueda de utilidad a través del consumo y del beneficio inme-diato que postula el sistema neoclásico.

Y como argumentamos en este ensayo, el sostener una ten-dencia de este tipo, de clara visión cortoplacista, comprometerá el bienestar, la seguridad nacional, regional y global.

Cabe señalar que los movimientos en el sentido ambienta-lista van en aumento. También la inserción en el mundo global tiene sus efectos, al requerir estándares mínimos de protección ambiental y responsabilidad social para transacciones internacio-nales. La legislación ya considera el tema ambiental de manera adecuada, aunque adolece del gran mal nacional de la aplicación parcial y discrecional de la ley. Y la economía del conocimiento y la información hace su parte, evidenciando a una cada vez mayor porción de la población mexicana la importancia de un desarrollo armónico con el medio ambiente.

La transición está en camino, aunque falta aún buen trecho para homologarnos con naciones desarrolladas. Y es indudable que los recursos naturales y el medio ambiente se están convir-tiendo nuevamente en un eje del desarrollo económico y la cali-dad de vida. El ciclo se vuelve a cerrar.


Mario Antonio Arroyo Arrazola es licenciado en Economía, Universidad Iberoamericana. Maestro en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad de Concepción, Chile.


Teodoro alonso fernández◆◆◆

La actividad diplomático-consular es también una labor de relaciones públicas. Por lo que resulta in-dispensable favorecer enlaces con funcionarios de alto nivel con los que pueda dialogarse en torno a la notificación consular.

El cabildeo en la notificación consular entre México y Estados Unidos: propuesta de trabajo

Teodoro alonso fernández


En esta estrategia político-diplomática, el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, es pieza clave para medir el pul-so político e interactuar con el liderazgo gubernativo en la capital estadounidense. La red consular podría también desempeñar acti-vidades paralelas de acercamiento con las autoridades federales, es-tatales y locales a nivel de consulados y ciudades que se encuentran en su circunscripción consular. En México, el secretario o subse-cretario para América del Norte podría ser un factótum en esta polí-tica de acercamiento, cooperación y persuasión con las autoridades estadounidenses. Los funcionarios norteamericanos clave podrían ser los siguientes: Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México; Hillary Clinton, secretaria de Estado; la ex gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y quien ahora ocupa la titularidad del Departamento de Seguridad Interna (DHS); Eric Holder, titu-lar del Departamento de Justicia, quien goza además de la cercanía y confianza del presidente Barack Obama. Incluso, al interior de la Suprema Corte se desempeñan magistrados como el juez Ste-phen Breyer, nombrado durante la administración del presidente Bill Clinton, quien tiene inclinación favorable sobre la notificación consular y se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de la pena de muerte. En este mismo tenor se encuentra la recientemente designada juez en la Suprema Corte de Estado Unidos, Sonia Soto-mayor; Hilda Solís, titular del Departamento de Trabajo. Kathleen Sebelius, secretaria de Salud y Servicio Humanos, que se opone a la pena de muerte y quien es además una experimentada y reco-nocida política, cabildera y legisladora, estuvo además en la lista corta de las posibles opciones para vicepresidente al lado de Barack Obama.39 En esta misma lista podríamos incluir a miembros del Congreso, líderes hispanos de ascendencia mexicana, empresas con las que México mantiene importantes relaciones comerciales. En ese sentido, el reto fundamental de la Secretaría de Relaciones Ex-teriores, la embajada de México en Washington y la red consular, consiste en identificar tanto a individuos como a instituciones que incidan en las decisiones del gobierno estadounidense para aceptar la notificación como parte de su derecho interno. En esta tarea de identificación de líderes hispanos y estadounidenses, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) tiene un poder de convocatoria que no debe desaprovecharse. En conversación reciente, un líder mexicano-norteamericano, cercano al presidente Barack Obama, me señalaba que no entendía por qué el gobierno de México no utilizaba el capital político de este grupo minoritario en lograr obje-tivos políticos que beneficiaran a ambas naciones.

39. Véase Kathleen Sebelius en: http://en.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Sebelius

el cabildeo en la notif icación consular


El gobierno de México desarrolló políticas públicas con alto impacto en Estados Unidos sólo en las administraciones del pre-sidente Carlos Salinas de Gortari y en inicios de la del presidente Vicente Fox, en la que el doctor Jorge Castañeda (ex secretario de Relaciones Exteriores) jugó un papel notable. No porque el primer mandatario tuviera una visión clara de la importancia de una política estratégica hacia nuestro vecino del norte en mate-ria migratoria, sino por la autonomía, relevancia e influencia que tenía Castañeda con el primer mandatario y en el gabinete para entenderla y ejecutarla. En la administración del presidente Feli-pe Calderón únicamente el embajador Arturo Sarukhán, repre-sentante en Washington, conoce y practica la diplomacia pública en el primer círculo del gobierno estadounidense.40 Los desafíos, sin embargo, son enormes ante un escepticismo en nuestro país sobre una estrategia de este calibre. La comunidad diplomática mexicana, la prensa escrita y electrónica, los intelectuales mexi-canos y líderes políticos no toman con seriedad la contratación de cabilderos en Estados Unidos para coadyuvar a la existencia de una diplomacia pública activa. En la Secretaría de Relaciones Ex-teriores se sustenta que esa labor la pueden realizar los miembros del servicio exterior mexicano. Argumentación que es parcial-mente cierta, sin embargo, muchos de los diplomáticos y cónsules desconocen los mecanismos complejos de toma de decisiones en materia de políticas públicas de los gobiernos locales, estatales o federales. En cambio, las firmas de prestigio cuentan con accesos directos a miembros clave del Ejecutivo federal y del Congreso para cualquier estrategia seria con la que esté comprometida la administración del gobierno de México. No es ninguna casuali-dad que los israelíes, los cubanos en Miami, los empresarios y los gobiernos japonés, saudita y chino, entre otros, y empresa-rios cuenten con firmas de prestigio contratadas para influir en decisiones de política interior y exterior estadounidense.41 Creo conveniente señalar que en contraste con el gobierno de México, empresas privadas exitosas como la de Carlos Slim Helú y Lo-renzo Hormisdas Zambrano Treviño sí reconocen la importancia de los cabilderos para sus conglomerados. A principios del mes de febrero de este año, se emitió una convocatoria para licitar la contratación de empresas especializadas en imagen y marketing. Lo que indica que el presidente Felipe Calderón está reconociendo

40. Manuel Roig-Franzia, Mexico Tries a Slower Path To Changes on Immigration Strate-gy Includes Strengthening Domestic Job Market, The Washington Post, 12 March 2007.41. Un estudio interesante sobre los vaivenes políticos en la diplomacia pública de nuestro país hacia nuestro vecino del norte puede verse en: Pamela K. Starr, Mexican Public Diplomacy: Hobbled by History, Interdependence and Asymmetric Power. Public Di-plomacy Magazine. Summer 2009.



la necesidad de este tipo de estrategias, que inciden en la toma de decisiones de empresas que por temor a la inseguridad están rehu-sando invertir en proyectos productivos en el país.42

La notificación consular enfrenta retos que podrían resolver-se a nivel de la red consular de la siguiente manera: a) cabildear a las autoridades locales e ICE para que aquellas personas de na-cionalidad mexicana que sean detenidas puedan tener acceso a sus representantes consulares, b) en la zona fronteriza desplegar la misma actividad de cabildeo con Custom and Border Protection (CBP), con los jueces y departamentos de policía, autoridades carcelarias y liderazgos empresariales. Para lograr este objetivo se debe evitar que el personal de protección sea utilizado en otras actividades de la red, como por ejemplo, documentación consu-lar. Ya que se afecta en forma directa el trabajo y la asistencia que se les proporciona a los connacionales que acuden a diario en busca de ayuda en nuestras representaciones consulares. La plantilla laboral de los departamentos de protección en la red consular se debe integrar y utilizar con una visión estratégica sobre la clase de recursos humanos que son necesarios para un trabajo con resultados cuantificables. Con ese objetivo político, la Subsecretaría para América del Norte y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior deben realizar estudios de prospectiva en materia de políticas de protección en Estados Unidos, donde los consulados se ven constantemente rebasados por las necesidades de una población documentada e indocu-mentada en continuo crecimiento.43 The Pew Hispanic Center re-portó el 15 de abril de 2009 que la población nacida en México y que está viviendo en Estados Unidos para el año 2008 fue de 12.7 millones. De este número 7 millones se clasificaron como indo-cumentados.44 La aceptación de la notificación consular puede

42. Afecta a México la imagen del gobierno, El Universal, 10 de febrero de 2010.43. Con respecto a los objetivos políticos de un país y a la capacidad de influir en forma importante en las relaciones bilaterales en tiempos de crisis, los diplomáticos que se especializan en ciertos temas o áreas geográficas, así como las habilidades y trato personal con funcionarios del país receptor son elementos necesarios para el buen desempeño de un diplomático. Sobre el particular véase, Yoav J. Tenembaum, The Role of the Diplomat in the Modern Era: There is simply no substitute for the personal touch skillful diplomatas bring to their mision. Foreign Service Journal, January 2010.44. Mexican Immigrants in the United States, 2008. The Pew Hispanic Center. 15 April 2009. http://pewhispanic.org/files/factsheets/47.pdf Véase también A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States. The Pew Hispanic Center April 14, 2009; p. 52. http://pewhispanic.org/files/reports/107.pdf El Departamento de Seguridad Nacio-nal (DHS) señala en un reporte de enero de 2010, elaborado por Michael Hoefer, Nancy Rytina, et al, que la población indocumentada fue de 7.030,000 en 2008 y de 6.650,000 en 2009. http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2009.pdf



negociarse también a nivel de los estados, donde se concentra el mayor número de liderazgos mexicano-norteamericanos como en Texas, California e Illinois. Estos líderes son nuestros mejo-res cabilderos, porque conocen el sistema y tienen accesos que difícilmente podría lograr un funcionario consular.

Políticas públicas a corto plazoReconocer los liderazgos mexicano-norteamericanos como ca-bilderos en la meta de lograr que la notificación consular sea respetada a nivel estatal y federal.

Contratar una consultoría de reconocido prestigio en Esta-dos Unidos que se especialice en el manejo de recursos huma-nos, gerencia, relaciones públicas y cabildeo. El propósito de la misma sería realizar una evaluación de las fortalezas y debili-dades de los consulados mexicanos en esas áreas, la que podría iniciarse, en una primera etapa, en los cinco consulados genera-les más importantes en Estados Unidos: Los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Diego y Phoenix.

La empresa estadounidense contratada deberá contar con una trayectoria sólida en materia de sondeos de opinión pública, en el manejo de campañas políticas y de relaciones públicas. La meta de esta empresa sería el desarrollo de estrategias de acer-camiento con funcionarios clave en el sistema político-jurídico estadounidense. Trabajaría, asimismo, en forma coordinada con la embajada de México en Estados Unidos, con la Subsecretaría para América del Norte, con la Dirección General de Protección a Mexicanos y con la red consular.

En el estado actual de las relaciones consulares México-Es-tados Unidos resulta indispensable crear una Subsecretaría de Protección para América del Norte. La actividad consular de pro-tección no debe seguir siendo considerada un apéndice de otras subsecretarías. La comunidad mexicana residente en Estados Unidos debe recibir el mensaje de que para el gobierno de México la relación con los mexicanos es de la mayor importancia.

Se requiere que los cónsules generales cuenten con personal eficiente en cada una de las áreas. En particular, estos funciona-rios deberán procurar delimitar estrategias con la empresa espe-cializada en cabildeo para la consecución de objetivos cuantifi-cables a corto plazo.

Proyectar una nueva imagen profesional como servidor pú-blico, estrechar las relaciones con la prensa, afianzar lazos con la comunidad empresarial, con las organizaciones políticas y con la comunidad mexicana.

Realizar una selección cuidadosa del perfil del funcionario



que será el responsable de la titularidad del consulado y del de-partamento de protección. En particular, en representaciones difíciles como Los Ángeles, San Diego, Santa Ana, Chicago, Phoenix, Tucson, Houston, Dallas, Atlanta y Raleigh.

Existen consulados que son más importantes que nuestras embajadas en el exterior por el peso político-económico que tie-nen en la relación bilateral o por los senadores, congresistas o

gobernadores que representan esos distritos. Por ejemplo: los consulados generales de México en Austin, en Los Ángeles, en Sacramento, en San Diego, en Boston, en Indiana, en Albur-querque y en Chicago. La responsabilidad directa en el nombra-miento debería ser presidencial, con funcionarios de reconocida trayectoria y habilidad política.

Sensibilizar a los departamentos de policía, de inmigración, a jueces, asambleístas, diputados, senadores, periodistas, clubes de oriundos y opinión pública dentro de la circunscripción de cada consulado sobre la importancia de la notificación consular. Teniendo como plataforma un trabajo conjunto y permanente entre el departamento de protección, la oficina de prensa, el de-partamento de asuntos políticos y el representante del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Destacar entre las autoridades locales y federales que Esta-dos Unidos y México son signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención Consular entre México y Estados Unidos de 1942. Que estos convenios internacio-nales garantizan derechos y obligaciones para ambos estados.

ConclusionesMediante diversos tratados o convenios el gobierno de México logró, aun en las circunstancias difíciles de la gran emigración hacia Estados Unidos, en el primer cuarto del siglo XX obtener la aquiescencia de la diplomacia norteamericana en materia de políticas de protección consular. Los convenios bilaterales que se lograron fueron: a) La Convención para Impedir la Importación Ilegal de Mercancías, Narcóticos y otros Productos, la Migración Ilegal de Extranjeros, así como para Favorecer el Mejoramiento de la Salud Humana y Proteger la Vida Animal y Vegetal, y para Conservar y Desarrollar los Recursos de Vida Marina frente a Al-

Mediante diversos tratados o convenios el gobierno de México logró, obtener la aquies-cencia de la diplomacia norteamericana en materia de políticas de protección consular



gunas de sus Costas y b) La Convención Consular entre México y Estados Unidos de 1942. Estos acuerdos han sido la base sobre la cual se dio forma a la relación consular bilateral, la que se con-solidó posteriormente con tres tratados multilaterales en materia consular: 1) La Convención de La Habana sobre Agentes Consu-lares firmada por el representante diplomático de nuestro país el 20 de febrero de 1928; 2) La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y 3) el Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias en el Marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificado por el Senado mexicano el 4 de diciembre de 2001.

A pesar de que el sistema político norteamericano constitu-ye un Estado de derecho consolidado, tiene un pobre récord en materia de cumplimiento de dictámenes derivados de juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Internacional de Justicia. Ante este hecho innegable y buscando una defensa efectiva de los derechos humanos de nuestros na-cionales en territorio estadounidense, la única opción efectiva disponible es que la notificación consular pudiera ser incorpora-da al sistema legal estadounidense y su cumplimiento sea obli-gatorio para las autoridades migratorias y policiacas de ese país. Hoy en día dependemos de la buena fe de esas autoridades para el cumplimiento de los convenios internacionales en materia consular. Ante esta realidad, la única opción disponible es des-plegar una diplomacia pública proactiva que tenga como meta la incorporación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a un código (statute) para su aplicación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en Medellín vs Texas que aunque el Senado estadounidense había ratificado la convención, se carecía de un mecanismo jurídico para apli-carlo.45 Lo creativo de la diplomacia mexicana sería utilizar el cabildeo también a nivel estatal, para incorporar la notificación consular a ese nivel.

Nuestra práctica diplomática ha sido históricamente de-fensiva por la relación asimétrica y un complejo psicológico de nuestras élites en la relación con Estados Unidos; un hito se produjo durante las administraciones del presidente Carlos Sa-linas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio, y en inicios de la de Vicente Fox, en materia migratoria. Fue durante estos dos gobiernos que se originaron sendos procesos dignos de es-tudio, de que la diplomacia proactiva es viable. Nadie como el presidente Salinas entendió que lograr la firma y ratificación del

45. Loc. Cit. Supreme Court of The United Status: Medellin v Texas.



TLC podría ser factible sólo con la contratación de cabilderos en ese país. En la administración del presidente Fox la fuerza en la negociación bilateral la otorgó el capital político logrado con la derrota del PRI y el desplegar una imagen de demócrata que cautivó al público norteamericano. Sus dos cabilderos principa-les fueron el doctor Jorge Castañeda Gutman y su hermano el ex embajador Andrés Rozental Gutman. El primero como secreta-rio de Relaciones Exteriores y el segundo como embajador para misiones especiales del presidente Vicente Fox. El establishment político estadounidense deseaba acercarse al hombre que había logrado lo imposible: derrotar al Partido Revolucionario Institu-cional. El canciller Jorge Castañeda y su hermano Andrés Ro-zental desplegaron una labor de cabildeo impresionante en la ca-pital norteamericana. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 modificaron las prioridades del gobierno de ese país y la reforma migratoria no prosperó.

Una de las prioridades políticas en la administración del presidente Vicente Fox Quesada fueron los derechos consula-res violados de los nacionales mexicanos sentenciados a la pena de muerte. La importancia otorgada por el Ejecutivo federal al tema de la notificación consular creó una percepción positiva en la élite política de ese país. Su intervención directa durante la administración del presidente George Bush, en los casos de pena de muerte mostró la importancia del cabildeo por el Ejecutivo cuando el tema forma parte de su agenda política.46 Administra-ciones de todo signo se han opuesto a la mediación directa del Ejecutivo, bajo el argumento de la no intervención en los asun-tos internos de ese país. La realidad supera el mito, el gobierno de Estados Unidos interviene y ha intervenido en forma cons-tante en los temas y la agenda política y económica del gobierno de México. Después de la firma del TLC, México es parte de la política doméstica de ese país, nos agrade o nos desagrade, por este motivo es recomendable una política exterior imaginativa e inteligente liderada por los mejores hombres, pertenezcan o no al servicio exterior mexicano.

La contratación de una consultoría especializada en manejo de recursos humanos que se encargue de realizar un diagnós-tico de las fortalezas y debilidades de nuestros consulados en Estados Unidos debe colocarse dentro de las prioridades de la relación bilateral. Su objetivo sería el de contar con personal ad

46. La intervención personal del titular del Ejecutivo federal y del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, logró las conmutaciones de la pena de muerte para los nacionales mexicanos Gerardo Valdez Maltos y Osvaldo Torres en el estado de Oklahoma.



hoc para la tarea propuesta en materia de cabildeo y notificación consular. Esta operación estaría unida a la contratación de una firma especializada en cabildeo, cuyo fin último sería la iden-tificación de problemas y la búsqueda de soluciones en el ám-bito de la notificación consular. Con una estrategia de acción política coordinada entre la firma de cabildeo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra embajada en Estados Unidos y la red consular, los consulados en ese país pueden ser mucho más eficaces en la defensa de los derechos más elementales de nuestros paisanos. La meta político-diplomática sería lograr que la notificación consular forme parte del derecho positivo estado-unidense y sea respetada por las autoridades federales, estatales y locales. De igual forma, resulta indispensable que las autori-dades responsables de la relación bilateral incluyan una política de incentivos para lograr incorporar cuadros de funcionarios es-pecializados en materia migratoria y en el ámbito constitucional del derecho estadounidense.

Segunda y última parte.

Teodoro Alonso Fernández es egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Las opiniones que aparecen en este documento son a título personal y no reflejan la posición oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema expuesto en este documento.

Esta edición consta de 5,000 ejemplares

y se terminó de imprimir en julio de 2010 en los

talleres de Mac Impresos Comerciales, S.A. de C.V., Lote 8, Manzana 3, Parque

industrial Exportec II, Toluca, México.

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